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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 7

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Septiembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (12:09 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores y de las señoras Senadoras para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Andrade Quezada Humberto, Arce René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Cota Cota Josefina, Creel Miranda Santiago, Delgado Rannauro Dante, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Alcocer Alejandro, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Monreal Avila Ricardo, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Uriegas María de los Angeles, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Trujillo Fuentes Fermín, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas Guillermo, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Díaz Delgado Blanca Judith, González Carrillo Adriana, Jara Cruz Salomón, Mazón Alonso Lázaro, Moreno Valle Rosas Rafael, Ramón Valdés Jesús María, Ybarra de la Garza Rosario, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Senadores con aviso de inasistencia: Cué Monteagudo Gabino (inasistencia justificada), Menchaca Castellanos Ludivina (inasistencia justificada), Mendoza Garza Jorge (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada), Obregón Espinoza Francisco Javier (inasistencia justificada), Sánchez Anaya Alfonso (inasistencia justificada)

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 122 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y tres minutos del día martes quince de septiembre de dos mil nueve, encontrándose presentes noventa y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el lunes catorce de septiembre de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 23 al 25 de septiembre de 2009, con el objeto de realizar una visita de trabajo a Nueva York y participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como en la Tercera Cumbre de Líderes del G-20, que se celebrará en la Ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos de América.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

(Comunicaciones de las Legislaturas de los Estados)

Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Acuerdo por el que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a dictaminar y aprobar el proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Municipal, y de Estudios Legislativos, Primera.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al licenciado Rodolfo Noble San Román, como Secretario General de Servicios Administrativos.- Sin discusión, se aprobó en votación económica. El funcionario rindió su protesta.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Comisión de Vivienda, informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Eduardo Nava Bolaños, informe de la Delegación Mexicana que participó en la Reunión de parlamentarios de América para la región del Caribe, realizada en Puerto Príncipe, Haití, del 19 al 22 de agosto de 2009.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Jesús Dueñas Llerenas, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, comunicación por la que solicita el descargo de un Acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, recibido el 28 de abril de 2008.- La Presidencia instruyó descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

(Minuto de Silencio)

A petición del Senador Jesús Garibay García, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas el 15 de septiembre de 2008, en el zócalo de la ciudad de Morelia, Michoacán.

(Iniciativas)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Francisco Arroyo Vieyra, a nombre propio y de diversos Senadores, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crean, reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Análisis del Informe de Gobierno)

Se llevó a cabo la comparecencia de la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el análisis del Tercer Informe de Gobierno, en el ramo de política exterior.

En la primera ronda, intervinieron los Senadores: Luis Alberto Villareal García, Ricardo Monreal Ávila, Dante Delgado Rannauro, Francisco Agundis Arias, Rosario Green Macias, César Augusto Leal Angulo y José Guadarrama Márquez.

La embajadora Patricia Espinosa Cantellano, contestó a los cuestionamientos de los Senadores.

Intervinieron los Senadores Dante Delgado Rannauro, Ricardo Monreal Ávila y Humberto Andrade Quezada.

Hicieron uso del derecho de réplica los Senadores Rosario Green Macias, Luis Alberto Villareal García, José Guadalupe Guadarrama Márquez y Dante Delgado Rannauro.

En la segunda ronda intervinieron los Senadores Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, Carlos Sotelo García, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Carlos Jiménez Macías.

La embajadora Patricia Espinosa Cantellano, contestó a los cuestionamientos de los Senadores.

En la tercera ronda intervinieron los Senadores Salomón Jara Cruz, Eloy Cantú Segovia y Rubén Camarillo Ortega.

La embajadora contestó a los cuestionamientos de los Senadores.

El Senador Rubén Camarillo Jara hizo uso de su derecho de réplica.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, proposición con punto de Acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se considere la asignación de recursos suficientes para las universidades públicas, en particular para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora Rosario Green Macias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República conmemora el Día Internacional de la Democracia.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones)

El Presidente informó de la recepción de una comunicación del Senador René Arce, para solicitar adecuaciones a los registros de trabajo que lleva el Senado con respecto a los nombres de los Senadores.- Quedó de enterado, se remitió copia de la comunicación a las Secretarías Generales de Servicios Administrativos y de Servicios parlamentarios.

(Análisis del Informe de Gobierno)

El Presidente informó sobre las comparecencias que acordaron las comisiones encargadas del análisis del Tercero Informe de Gobierno, en materia de política social:

Doctor José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud. 21 de septiembre, 17:00 horas, piso 12 de la Torre Caballito.

Doctor Alfonso Lujambio, Secretario de Educación. 23 de septiembre, 10 horas, Sala de Usos Múltiples del edificio de Xicoténcatl 9.

Licenciado Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Desarrollo Social, 24 de septiembre, 16:00 horas, Sala “Herberto Castillo”, piso 27 de la Torre Caballito.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Se aprobó en votación económica.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas, y citó a sesión ordinaria el próximo martes veintidós de septiembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha acta.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muy bien.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL; la cual se acompaña del dictamen de impacto presupuestario, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“C. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
Presente.

La función administrativa que realiza el Ejecutivo Federal tiene como objetivo último la satisfacción de los intereses colectivos, según las necesidades y prioridades que se van transformando en el tiempo; por tal razón, se considera que la Administración Pública Federal es permanente en el ejercicio de su función, pero es dinámica en su organización y estructura.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90) de la Constitución, la distribución de los negocios del orden administrativo de la Federación se realiza conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión. En este sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, con sus múltiples reformas y adiciones posteriores, es el ordenamiento que determina cuáles son las dependencias del Ejecutivo Federal, así como los ramos administrativos que a cada una de ellas les corresponde ejecutar.

El Ejecutivo Federal a mi cargo considera ineludible realizar una reorganización del sector público y, por ende, propone a la representación popular modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de que su estructura se ajuste a los retos nacionales y necesidades de la sociedad mexicana, teniendo como objetivo la satisfacción de los intereses colectivos de manera más eficiente, buscando evitar la duplicidad de funciones y reducir costos de operación.

La necesidad de una reestructuración administrativa se abre paso en el marco de una de las más severas crisis financieras y económicas a nivel internacional, en la que el Gobierno Federal ha implementado una serie de importantes medidas que en su conjunto representan una estrategia integral para la racionalización del gasto público.

Tales circunstancias representan una oportunidad óptima para fortalecer a la Administración Pública Federal, agrupando en forma congruente el despacho de los asuntos del orden administrativo, así como para actualizar el marco normativo de las dependencias involucradas y reformar aquellos aspectos que se encuentran obsoletos.

En este contexto, la presente Iniciativa plantea la desaparición de las secretarías de la Función Pública, Reforma Agraria y de Turismo. Nótese que se trata de la supresión de las estructuras administrativas de esas dependencias, más no de eliminar las funciones que tienen asignadas o de soslayar la importante función administrativa a su cargo. El objetivo es hacer más con menos, aprovechando estructuras existentes y evitando, además, posibles duplicidades.

De esta manera las funciones fundamentales de dichas dependencias -más no el gasto administrativo que hoy representan- se trasladarían a otras secretarías afines.

Por otra parte, se establecen mecanismos y plazos específicos a fin de que los recursos destinados al servicio de las dependencias que desaparecen, así como sus asuntos en trámite, sean transferidos a las dependencias que las sustituyen, o bien a la Presidencia de la República, respectivamente, con la finalidad de que puedan iniciar la plena ejecución de sus nuevas funciones en un plazo razonable.

Debe insistirse que la Iniciativa no implica un menoscabo en las funciones sustantivas que las leyes asignan a esas secretarías, ni tampoco significa una disminución en el nivel de atención a los intereses colectivos que tienen conferidos, sino que únicamente propone nuevas formas de organización más eficientes.

En términos generales, el criterio que se ha optado para elegir a las dependencias que asumirían las funciones de las que desaparecerían, es el de seleccionar los ramos administrativos que funcionalmente resultan más compatibles; por ejemplo, si a la Secretaría de Economía le corresponde formular las políticas generales de industria y comercio interior, lo más lógico es que en éstas se incluya el desarrollo turístico, toda vez que es un importante componente de la actividad económica nacional.

En este orden de ideas, en el caso de las secretarías de la Reforma Agraria y de Turismo, salvo excepciones muy puntuales, se ha privilegiado trasladar las funciones en bloque a las secretarías de Desarrollo Social y de Economía, respectivamente. En el caso de la Secretaría de la Función Pública su competencia se distribuiría entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mención particular merece el traspaso de funciones de la Secretaría de la Función Pública, toda vez que, en este caso, se trata de que la Presidencia de la República determine y vigile ciertas políticas y directrices que impactan en forma transversal a la Administración Pública Federal en aspectos que implican la mejora de la gestión pública y la implantación de políticas de gobierno electrónico, entre otras.

1. Desaparición de la Secretaría de la Función Pública

La Secretaría de la Función Pública fue concebida originalmente como la dependencia encargada de la fiscalización del uso de los recursos públicos; así como la investigación de actos u omisiones de los servidores públicos que constituyan probables responsabilidades administrativas y la imposición de las sanciones correspondientes.

En su competencia actual, a la Secretaría de la Función Pública se le ha encargado también la mejora de la gestión pública, la evaluación del desempeño, el cumplimiento de los objetivos de los programas, las adquisiciones y obras públicas, los programas de gobierno digital, la conducción del servicio civil de carrera y el manejo del patrimonio inmobiliario nacional.

El cambio fundamental que se propone es la creación de la Contraloría General de la República, como una dependencia que focalice todos sus esfuerzos a las funciones relativas a la investigación de conductas u omisiones que probablemente constituyan responsabilidades administrativas, es decir, un órgano dedicado a vigilar el cumplimiento de la legalidad en el servicio público, la prevención y atención oportuna de los casos específicos de corrupción.

El replanteamiento de las funciones en materia de contraloría interna en la Administración Pública Federal, conlleva la separación, por un lado, de las funciones de investigación de las conductas u omisiones de los servidores públicos constitutivas de responsabilidades administrativas y, por el otro, la competencia para imponer las sanciones correspondientes distintas a aquellas que correspondan a la autoridad jurisdiccional.

Por otro lado, la iniciativa plantea la posibilidad de que los órganos internos de control, además de la función de investigación, conozcan de las responsabilidades administrativas que ameriten sanciones menores, señaladamente la amonestación pública o la privada, la suspensión menor a quince días o, incluso hasta treinta, en caso de reincidencia. Con ello se evitará llevar ante el Tribunal conductas que si bien pueden constituir una irregularidad sancionable, no ameritan poner en marcha todo un procedimiento del orden jurisdiccional para ser sancionadas.

Como ya se señaló, los órganos internos de control quedarán adscritos orgánica y funcionalmente a la Contraloría General de la República, por lo que corresponderá a ésta nombrar a sus titulares; coordinar su actuación; homologar procedimientos; dictar las políticas de su actuación; solicitar la rendición de cuentas por sus actividades y, por consecuencia, conocer de las responsabilidades de los titulares de los citados órganos. De esta forma, los órganos internos de control se convertirían esencialmente en investigadores y, como consecuencia, habrán de reducir su estructura de forma tal que se generen importantes ahorros.

Con la propuesta anterior se mantiene y refrenda el compromiso del Ejecutivo Federal a mi cargo de prevenir y combatir frontalmente la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las funciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Por lo que hace la materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, la propuesta que se somete a la consideración de esa Soberanía indica que corresponderá a la propia Contraloría General de la República asumir las funciones que al día de hoy competen en dichas materias a la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior, dado que en estas materias debe existir un adecuado control normativo que dé certeza y seguridad jurídica tanto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realizan contrataciones, así como a los proveedores y contratistas, toda vez que es de suma relevancia y de la más alta sensibilidad el asegurar que el ejercicio del gasto público se apegue a las normas que regulan tales materias.

La Contraloría General de la República asumiría las funciones que implican la aplicación de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la atención de quejas, inconformidades, conciliaciones y la imposición de sanciones a proveedores y contratistas.

El propósito es también el dictar las políticas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, a fin de controlar directamente las materias que son fundamentales para el ejercicio del gasto público, principalmente el de infraestructura que es una de las prioridades de esta administración; asimismo, el hecho de controlar directamente las funciones inherentes a dichas materias implicará, necesariamente, mayor agilidad y pronta atención de los procedimientos de conciliaciones, quejas e inconformidad es, dado que ello implica agilizar el gasto público.

Con el objeto de que continúe la mejora en la gestión pública, se propone que esta función se asuma directamente por la Presidencia de la República y se desvincule de las actividades de contraloría, toda vez que el enfoque que debe prevalecer es el de la mejora continua y no el de sanción en aspectos que no tienen que ver con responsabilidades administrativas, sino con el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Otra función que implica una acción centralizada directamente desde la Presidencia de la República, tiene que ver con el establecimiento de políticas en materia de gobierno electrónico, las cuales impactan en forma transversal en toda la Administración Pública Federal.

Las funciones indicadas requieren el impulso de acciones desde la Presidencia de la República, a efecto de estandarizar procedimientos y criterios para lograr un mayor y mejor control en la Administración Pública Federal.

Ahora bien, por lo que se refiere a la administración del patrimonio inmobiliario federal, se plantea que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la dependencia que asuma las funciones que hoy en día viene realizando la Secretaría de la Función Pública, en virtud de que esa función se encuentra estrechamente vinculada con la racionalización en el ejercicio del gasto público para la administración, mantenimiento, conservación, mejora y estandarización del uso de espacios de los inmuebles que constituyen el patrimonio inmobiliario federal.

Por su parte, el control en materia de servicios personales y, por consiguiente, la organización y dirección del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se consolidaría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ya tiene asignada la competencia en materia de servicios personales, lo que a su vez tiene una estrecha vinculación con el ejercicio del gasto público. Al efecto, se propone que previo dictamen de suficiencia presupuestal de la propia Secretaria, la Presidencia de la República apruebe las estructuras orgánicas y ocupacionales.

2. Desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria

En 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional, el Constituyente Permanente declaró concluido el reparto agrario y, por ende, la dotación de tierras a ejidos y comunidades, así como la creación de centros de población, funciones que tenía a su cargo la Secretaría de la Reforma Agraria. De hecho, en el régimen transitorio de la reforma citada se dispone que dichos asuntos tendieran a desaparecer, pues esa dependencia únicamente tendría a su cargo la atención de aquéllos que estuvieran pendientes.

La legislación agraria vigente establece que el ámbito competencial de la Secretaría de la Reforma Agraria se concentra en funciones como la de administrar los terrenos nacionales y baldíos, así como el ordenamiento de la propiedad rural. En paralelo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios tienen a su cargo la defensa y representación de ejidos y comunidades, así como la resolución y atención de cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de aquéllos.

De manera acorde con la evolución de las funciones de esa dependencia y la necesidad de vincularlas con el desarrollo de las comunidades rurales y con las acciones gubernamentales en materia de regularización de la tenencia de la tierra, se propone la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Desarrollo Social.

La propuesta es congruente, puesto que la Secretaría de Desarrollo Social tiene competencia en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial; asimismo, ejecuta programas para sectores sociales desprotegidos, lo que se complementaría con las funciones de ordenamiento de la propiedad rural y la atención de conflictos agrarios que actualmente realiza la Secretaría de la Reforma Agraria.

Es pertinente dejar en claro que en la Iniciativa se establece de forma genérica que la Secretaría de Desarrollo Social aplicará las leyes, reglamentos y demás disposiciones en materia agraria, con el objeto de otorgarle las facultades suficientes para atender aquellos asuntos que si bien se originaron al amparo de ordenamientos agrarios que ya se encuentran abrogados, hoy en día pudieren requerir una resolución jurídica.

Por otra parte, se pretende que los programas a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria sean ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social, en tanto que el Registro Agrario Nacional formaría parte de su estructura orgánica.

3. Desaparición de la Secretaría de Turismo

Es indudable que el ramo turístico es uno de los sectores económicos más dinámicos e importantes para el Estado Mexicano, ya que constituye una fuente importante de ingreso, movilización de divisas y generación de empleos, así como para la atracción de inversión extranjera, todos ellos factores determinantes para apoyar, promover e impulsar el desarrollo nacional y crecimiento económico.

En razón de su importancia, la reorganización de la actividad turística es un elemento esencial para fomentar y promover el desarrollo de la riqueza cultural, la biodiversidad de ecosistemas y recursos naturales del país, atraer la inversión extranjera en proyectos de infraestructura turística y consolidar a nuestra Nación hacia el exterior como un país competitivo y atractivo.

En este contexto, se propone la desaparición de la Secretaría de Turismo y la transferencia de las funciones que actualmente tiene encomendadas a la Secretaría de Economía. Ahora bien, en relación con lo anterior, se modificaría la denominación de la Secretaría de Economía por la de Secretaría de Economía y Turismo, por considerar que esta última indica de manera más exacta los ramos y actividades respecto de los cuales dicha dependencia ejercerá sus atribuciones.

La asignación de las funciones en materia turística a la Secretaría de Economía obedece a que ésta es la encargada de conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior y atraer la inversión extranjera, actividades todas encaminadas a impulsar el crecimiento económico nacional. De ahí la plena compatibilidad con el fomento y la regulación de la actividad turística, como área prioritaria para alcanzar un alto nivel de desarrollo y, con ello, elevar el bienestar de la población.

Asimismo, la integración de la actividad turística a la Secretaría de Economía y Turismo conservará el enfoque cultural, histórico, educativo y ambiental necesario para el desarrollo sostenido de dicho sector que, desde hace varios años, la Secretaría de Turismo ha venido promoviendo.

Desde luego, se propone que las entidades paraestatales con atribuciones en materia turística, señaladamente el Fideicomiso Fondo Nacional de Turismo y el Consejo de Promoción Turística permanezcan sin modificación alguna, pero ahora en el sector coordinado por la Secretaría de Economía.

En este sentido, la reestructura administrativa propuesta está orientada a focalizar recursos y esfuerzos, y a fortalecer la labor que realizaría la Secretaría de Economía y Turismo.

En correspondencia con el propósito de la reforma, se plantea que la Corporación Ángeles Verdes forme parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que ésta asuma las funciones relativas a la prestación de servicios de asistencia, emergencia mecánica, auxilio y apoyo al tránsito de personas por los caminos y puentes federales.

4. Otras modificaciones

Con motivo de las modificaciones que se proponen, se actualiza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para eliminar la referencia a los departamentos administrativos, toda vez que constitucionalmente no existen; asimismo, se actualiza la referencia a la denominación, fundamentalmente, de la Secretaria de Economía y Turismo.

También se precisa la obligación de las secretarías y la Contraloría General de la República de someter a consideración de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal todos los proyectos de instrumentos presidenciales que deseen proponer al titular del Ejecutivo Federal.

Por otra parte, en consistencia con las propuestas de la reestructura administrativa, se precisan ciertas funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de evaluación de desempeño, o bien se eliminan funciones que no tienen razón de ser, como lo es vigilar el cumplimiento de normas, que es un aspecto que debe corresponder a la contraloría.

Implementación de las reformas

En primer lugar, se propone una vacatio legis de noventa días, plazo durante el cual las dependencias involucradas trabajarán conjuntamente para instrumentar de manera ordenada la transferencia de funciones y recursos de una Secretaría a otra, o bien a la Presidencia de la República.

Para tal efecto, en ese plazo las secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria y de Turismo ejecutarán una serie de actividades tendientes a garantizar tales aspectos. Entre otras acciones, deberán elaborar inventarios sobre los recursos asignados y relaciones sobre los asuntos pendientes que tengan a sus cargos, con lo cual la Presidencia de la República o las dependencias que asumirán las funciones contarán con la información necesaria para cumplir sus nuevas tareas, sin que se afecte la continuidad en la prestación de los servicios públicos.

De manera también relevante, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Comunicaciones y Transportes y la Presidencia de la República, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, llevarán a cabo un análisis e implementarán las modificaciones a su normativa interna y estructura orgánica.

Dado que uno de los objetivos de la reestructura es la racionalización del gasto público, se deja en claro que se transferirán los recursos estrictamente necesarios para que las dependencias ejerzan sus nuevas funciones, es decir, de ninguna manera se transferirá la totalidad de los mismos, como si se tratara de una sustitución tradicional de una dependencia por otra.

Cabe señalar que en todo momento se respetarán íntegramente los derechos de los trabajadores que concluyan su relación laboral con el Gobierno Federal, en términos del marco jurídico laboral. Bajo esta premisa, se establecerán mecanismos para que los trabajadores opten por el retiro voluntario o la indemnización en los casos que resulte procedente.

El Gobierno Federal apoyará de manera directa a los trabajadores que se separen del sector público para que continúen su vida productiva. Los mecanismos y programas que se pondrán a disposición incluyen apoyos en asesoría, capacitación y becas para ayudar a la reinserción en el mercado laboral. Asimismo, se extenderá temporalmente la cobertura de los servicios médicos prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los trabajadores de las dependencias y entidades que concluyan su relación laboral con motivo de la reestructura y compactación.

Finalmente, con el propósito de mantener la uniformidad del orden jurídico, se dispone que todas aquéllas referencias que en las disposiciones normativas se hagan a las dependencias que desaparecerían, se entenderán hechas a las dependencias que las sustituyen o que asumen sus funciones, o bien, a la Presidencia de la República, según sea el caso.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 1, párrafo segundo; 2 fracción II; 6; 7; 8; la denominación del Capítulo 1; 10; 11; 12; 13, párrafo primero; 16, primero y segundo párrafos; 17;18; 19; 20; 21, párrafo primero; 23; 24; 25; la denominación del Capítulo II; 26; 27, fracción VIII; 31, fracciones II, III, V, VII, X, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV y XXV; 32; 32 Bis, fracción XX; 34, fracciones I, II, IV, V, VIII, XII, XVII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXX y XXXI; 35, fracciones IX y XXI, inciso g); 36, fracción XXI; 38, fracción XXX bis; 40, fracción III; 48 y 50; se ADICIONAN los artículos 31, con las fracciones IV, XXII, XXVI y XXVII; 34 con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI, y 44, y se DEROGAN los artículos 15; 37; 41 y 42, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

“Artículo 1.- ...

La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Contraloría General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

Artículo 2.- ...

I.…

II.- Contraloría General de la República, y

III.-…

Artículo 6.- Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los secretarios de Estado y el Procurador General de la República.

Artículo 7.- El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de secretarios de Estado y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las mismas, que estará adscrito a la Presidencia de la República.

Artículo 8.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el propio Ejecutivo determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, las cuales estarán encargadas, entre otras atribuciones, de la evaluación de la gestión pública, del seguimiento en el cumplimiento de planes y programas de la Administración Pública Federal y del establecimiento de políticas de gobierno electrónico.

Asimismo, corresponderá a la Presidencia de la República la aprobación de las estructuras orgánicas y ocupacionales, así como sus modificaciones, previo dictamen de suficiencia presupuestaria.

CAPITULO I

De las dependencias de la Administración Pública Federal

Artículo 10.- Las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.

Artículo 11.- Los titulares de las dependencias ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República.

Artículo 12.- Cada Secretaría de Estado y la Contraloría General de la República formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, a efecto de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los someta a su consideración, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 13.- Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo y, cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de las mismas.

Artículo 15.- (Se deroga)

Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las dependencia el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refiere el artículo 14, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las secretarías de Estado, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los propios titulares de las dependencias también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías, Oficialía Mayor y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

Artículo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 18.- En el reglamento interior de cada una de las dependencias, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 20.- Las dependencias establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

Artículo 21.- El Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias dependencias.

Artículo 23.- Los secretarios de Estado una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Artículo 24.- En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.

Artículo 25.- Cuando alguna dependencia necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos.

CAPITULO II

De la competencia de la Administración Pública Federal

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Energía

Secretaría de Economía y Turismo

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Contraloría General de la República

Artículo 27.- ...

I. a VII.…

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los titulares de las dependencias y del Procurador General de la República;

IX. a XXXII. ...

Artículo 31.-...

I.…

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal;

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación;

IV. Formular la Cuenta Pública;

V. Manejar la deuda pública de la Federación y, con respecto al Distrito Federal proponer al Congreso de la Unión los montos de su endeudamiento, previa consideración de la propuesta que remita el Jefe de Gobierno;

VI. …

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;

VIII y IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y Turismo, y con la participación de las dependencias que correspondan;

XI. a XVI. ...

XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación financiera del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos;

XVIII. Coordinar la evaluación y el seguimiento del desempeño que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; concertar los indicadores de resultados con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validarlos;

XIX. Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para la formulación del Informe Presidencial e integrar dicha documentación;

XX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obras públicas de la Administración Pública Federal;

XXI. Ejercer el control presupuestal de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro, así como dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

XXII. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXIII. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad; así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXIV. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, por conducto del Procurador General de la República;

XXV. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;

XXVI. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, desincorporación de activos y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, y

XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional;

III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, buscando. en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de las entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más des protegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

VII. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los ejecutivos de las entidades federativas para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

VIII. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

IX. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

X. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y los sectores social y privado;

XI. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía y Turismo;

XII. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XIII. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XIV. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía y Turismo así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;

XV. Administrar los terrenos baldíos y nacionales;

XVI. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos;

XVII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos dictados por el Presidente de la República en materia agraria;

XVIII. Administrar el Registro Agrario Nacional;

XIX. Intervenir en la titulación y el parcelamiento ejidal;

XX. Conocer para efectos administrativos de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

XXI. Resolver conforme a los ordenamientos aplicables las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, con la participación que en su caso corresponda a las autoridades estatales y municipales;

XXII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades, y

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 32 Bis.- ...

I. a XIX. …

XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía y Turismo el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación o aprovechamiento;

XXI. a XLI. ...

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía y Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir las políticas generales de competitividad, desarrollo empresarial, atracción de la inversión, industria, comercio exterior, interior, de desarrollo de la actividad turística nacional, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal;

II. Regular, promover y vigilar la comercialización y distribución de bienes y servicios;

III. …

IV. Fomentar, promover y facilitar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país y el intercambio y desarrollo turístico en el exterior;

V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior y estímulos fiscales para el fomento a la actividad turística, administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

VI. y VII. …

VIII. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor, así como vigilar, en este último caso, su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades de las entidades federativas y municipios;

IX. …

X. …

XbisyXI. …

XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y atraer la inversión extranjera;

XIII. a XVI. …

XVII. Promover, organizar, coordinar y, en su caso patrocinar actividades de promoción industrial, comercial y de atracción turística;

XVIII. a XXII. …

XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional, así como fomentar la transferencia de tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como su vinculación con los sectores productivos y de servicios que incidan en la mejora de la productividad de la industria nacional y de la competitividad del país;

XXIV. Promover, orientar, fomentar, estimular y apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, así como regular la organización de productores industriales;

XXV. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia industrial y turística; así como regular la transferencia de tecnología y fomentar su vinculación con los sectores productivos y de servicios que incidan en la mejora de la productividad de la industrial nacional y de la competitividad del país;

XXVI. Registrar los precios de mercancías, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los contratos o pedidos respectivos; autorizar las compras del sector público en el país de bienes de procedencia extranjera, así como, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizar las bases de las convocatorias para realizar concursos internacionales;

XXVII. a XXIX. …

XXX. Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las entidades federativas, para que se facilite su traslado con infraestructura industrial;

XXXI. Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva;

XXXII. Registrar a los prestadores de servicios turísticos en los términos señalados por las leyes; fijar y, en su caso, modificar las categorías de dichos prestadores de servicios por ramas; promover y apoyar su coordinación, así como fomentar y opinar el otorgamiento de facilidades y franquicias a los mismos;

XXXIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de los precios y tarifa de los bienes y servicios turísticos a cargo de la Administración Pública Federal, tomando en cuenta las leyes reglamentos y además disposiciones que regulan las facultades de las dependencias y entidades;

XXXIV. Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que en esta materia efectúe las entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales, y promover la que efectúan los sectores social y privado;

XXXV. Fijar e imponer, de acuerdo a las leyes y reglamentos, el tipo de monto de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística, y

XXXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 35.-

I. a VIII. …

IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo;

X. a XX. …

XXI. …

a) a f) …

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y

XXII. …

Artículo 36.-

I. a XX. …

XXI.Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales, las estaciones y centrales de autotransporte federal, y proporcionar los servicios de asistencia, emergencia mecánica, radiocomunicación, auxilio y apoyo que se requieran al transitar o encontrarse en ellas;

XXII. a XXVII. …

Artículo 37.- (Se deroga)

Artículo 38.-

I. a XXX. …

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3 constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de Estado, y

XXXI. …

Artículo 40.-

I. y II. …

III. Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero, en cooperación con las secretarías de Gobernación, de Economía y Turismo y de Relaciones exteriores;

IV. a XIX. …

Artículo 41.- (Se deroga)

Artículo 42.- (Se deroga)

Artículo 44.- A la Contraloría General de la República corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Conocer e investigar, por sí o por conducto de los órganos internos de control las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones respectivas en los términos de la ley de la materia, distintas a la que correspondan a la autoridad jurisdiccional y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración correspondiente y aportando los elementos que hubiere reunido en relación con la acreditación de conductas delictivas a cargo de servidores públicos federales;

II. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

III. Organizar y coordinar el sistema de control gubernamental, así como inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos;

IV. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;

V. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización;

VI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las que se requieran en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control, quedando obligadas dichas instituciones a proporcionar la información que para tal efecto se le requiera;

VII. Atender las quejas, inconformidades y conciliaciones que promuevan los particulares con motivo de convenios y contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública y Federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

VIII. Establecer normas,políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal;

IX. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;

X. Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública;

XI. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control gubernamental, delegados ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control que ejercerán funciones en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, los cuales dependerán jerárquica y funcionalmente de la Contraloría, tendrá el carácter de autoridades y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al Titular de dicha dependencia;

XIII. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XIV. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la fiscalización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas;

XVI. Ejecutar y dar seguimientos al cumplimiento de los tratados y convecciones internacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción, y

XVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 48.- A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las secretarías de Estado.

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el Sistema Nacional de Planeación y con los alineamientos generales en materia de gastos, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito, sin perjuicio de las atribuciones que competan a las coordinadoras de sector.”

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los artículos segundo, tercero y cuarto, transitorios.

SEGUNDO.-Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación:

I. Las secretarías de la Función Pública, de Reforma Agraria y de Turismo, se sujetarán a lo siguiente:

a) Se abstendrán de asumir compromisos adicionales más allá de los necesarios para la continuación en la atención de los asuntos pendientes a su cargo o los que resulten por ley, garantizando la continuidad, en su caso, de los servicios públicos;

b) Dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto elaborarán una relación detallada de los asuntos, juicios y procedimientos pendientes que tengan a sus respectivos cargos, con la finalidad de que se transfieran a las dependencias que asumirán sus funciones o a la Presidencia de la República, según corresponda, Dicha relación deberá ser actualizada dentro de los sesenta y noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, y

c) Dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, elaborarán una relación del personal adscrito al servicio de las mismas, detallando nivel, funciones y área de adscripción, para entregarla a las dependencias que asumirán sus funciones o a la Presidencia de la República, según corresponda, La citada relación deberá ser actualizada dentro de los sesenta y noventa días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto.

II. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como la Presidencia de la República, se sujetarán a lo siguiente:

a) Dentro de los cincuenta días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, realizarán un diagnóstico sobre las modificaciones a sus normativas internas y estructuras orgánicas respectivas, que sean necesarias para ejecutar las funciones que tendrán a su cargo por virtud del presente Decreto, para lo cual aprovecharán las estructuras de las dependencias que desaparecerán, atendiendo a los principios de racionalidad administrativa, eficiencia de unidades administrativas y no duplicidad de funciones, y

b) Con el auxilio de las secretarías de la Función Pública, de Reforma Agraria y de Turismo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, realizarán un diagnóstico de los bienes que las dependencias que desaparecerán vienen utilizando, para que se destinen los que resulten necesarios para sus nuevas funciones.

Los bienes que no resulten necesarios para el desarrollo de las nuevas funciones de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Comunicaciones y Transportes y de la Presidencia de la República, tendrán el destino que corresponda conforme los ordenamientos aplicables.

TERCERO.- En el caso de los órganos internos de control, sus titulares aplicarán, en lo que resulte conducente, lo establecido en el transitorio anterior, a efecto de que la información se proporcione a la Presidencia de la República.

Una vez que entre en funciones la Contraloría General de la República, los recursos materiales de los órganos internos de control quedarán bajo la responsabilidad de ésta; asimismo, los recursos presupuestarios o financieros programados en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estarán disponibles o serán transferidos en lo que resulte estrictamente necesario, para la continuación de las funciones de dicha dependencia.

CUARTO.- A partir del día siguiente en que se publique el presente Decreto, los oficiales mayores de las secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria y de Turismo fungirán como responsables para, en su caso, coordinar y formalizar la transferencia de recursos financieros, materiales y humanos, en lo que resulte procedente o necesario, aún antes de que se realice el traspaso de funciones por ministerio de ley.

Dichas dependencias brindarán las facilidades necesarias para que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Comunicaciones y Transportes y la Presidencia de la República, según sea el caso, puedan tener acceso a las instalaciones y documentación correspondientes.

QUINTO.- Los derechos de los trabajadores de las secretarías de la Función Pública; de la Reforma Agraria y de Turismo, así como de aquéllos que laboren en los órganos internos de control en las dependencias y entidades, se respetarán conforme a la ley.

SEXTO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República y las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y Turismo y de Comunicaciones y Transportes, ejecutarán las funciones que por virtud de éste se les asignan.

Por lo tanto, la Presidencia de la República y dichas dependencias se sustituirán por ministerio de ley en las secretarías que desaparecen, en el ámbito de las competencias que resulten por virtud del presente Decreto, incluyendo el manejo de los recursos materiales y financieros, servicios personales y cualquier tipo de asuntos conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero, séptimo, décimo y décimo primero.

SEPTIMO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, todos los asuntos en trámite o pendientes de resolución a cargo de las secretarías de la Función Pública, Reforma Agraria o de Turismo, serán atendidos hasta su conclusión por la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República y las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y Turismo, y de Comunicaciones y Transportes, según corresponda.

En cualquier tipo de acto jurídico, documento y procedimientos celebrados, tramitados o en que intervengan las secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria o de Turismo, se entenderá que la Presidencia de la República, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y Turismo y de Comunicaciones y Transportes, así como la Contraloría General de la República, sustituyen a aquéllas por ministerio de ley, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que les corresponda de acuerdo con el ámbito de competencia atribuido en el mismo.

OCTAVO.- Las referencias que las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas hagan a las secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria y de Turismo, se entenderán hechas a la Presidencia de la República, a la Contraloría General de la República o a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y Turismo, y de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con las funciones que les correspondan en términos del presente Decreto.

NOVENO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá de las dependencias que desaparecen en virtud del presente Decreto, a las dependencias que asuman sus funciones o a la Presidencia de la República, los recursos presupuestarios estrictamente necesarios para la ejecución de las nuevas funciones que asumirán, con base en los documentos a que se refiere el artículo segundo transitorio anterior.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará los ajustes que correspondan a los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, con motivo del traspaso de los órganos internos de control a la Contraloría General de la República.

DECIMO.- El órgano desconcentrado de la Secretaría de Turismo denominado Corporación Ángeles Verdes formará parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quién asumirá las funciones relativas a los servicios de asistencia, emergencia mecánica, radiocomunicación, auxilio y apoyo en caminos y puentes federales.

Las atribuciones relacionadas con la prestación de servicios de información y orientación al turismo que venía desempeñando dicho órgano, quedarán a cargo de la Secretaría de Economía y Turismo.

DECIMO PRIMERO.- Los asuntos, trámites, procedimientos, juicios o recursos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán atenderse, sustanciarse o resolverse de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento; sin embargo, serán atendidos por las dependencias o la Presidencia de la República.

De acuerdo con lo anterior, los procedimientos y recursos a cargo de la Secretaría de la Función Pública, que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto no hubieran sido concluidos, serán sustanciados y resueltos por la Contraloría General de la República.

DECIMO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Reitero a Usted Ciudadano Presidente, las seguridades de mi consideración más distinguida.

México, Distrito Federal, a 15 de septiembre de 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

“2009, Año de la Reforma Libera”
SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1488/09
México, D.F., a 18 de septiembre de 2009

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto y en alcance a mi oficio número SEL/UEL/311/1476/09, atento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del oficio número 353.A.-1328 signado por el Lic. Max A. Diener Sala, Director General Jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales se acompaña el Dictamen de Impacto Presupuestario de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente
El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”





- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Por favor, el siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoración que otorga la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.

“2009, Año de la Reforma Liberal”
SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1460/09
México, D.F., a 14 de septiembre de 2009

Secretarios de la Camara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 09599, el Emb. Jorge Castro Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Joaquín Chavelas Carrillo, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla Especial y la Cinta, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese el presente oficio a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.






PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Compañeros Senadores, informo a ustedes que se recibió en tiempo y forma de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de Convocatoria para la Elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA

La Cámara de Senadores de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de sus Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, párrafos primero, quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 10 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 85, numeral 2, inciso a y 86, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

CONVOCA

A las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos a que manifiesten sus opiniones y propuestas de la persona que a su juicio deba ser designada como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014; bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional delos Derechos Humanos, la persona propuesta para ocupar el cargo de Presidente deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y,

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República evaluarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas propuestas.

SEGUNDA.-Las propuestas de candidaturas al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán presentarse dentro del plazo comprendido entre la publicación de la presente convocatoria y el 09 de octubre del año en curso, en la oficialía de partes del Senado de la República, ubicada en Xicoténcatl número 9, planta baja, Centro Histórico, Código Postal 06010, Distrito Federal, de lunes a viernes, en horario de las 9:00 a 20:00 horas.

TERCERA.- Al presentar la propuesta de candidatura al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se deberán adjuntar los siguientes documentos, tanto por escrito como en formato electrónico:

a) Currículum Vitae actualizado del candidato propuesto, con copias simples de documentos que acrediten lo que se exprese en el mismo;

b) Copias certificadas de acta de nacimiento y credencial de elector del candidato propuesto;

c) Tratándose de propuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de interés público, deberán adjuntar copia del Acta Constitutiva o Estatutos respectivos;

d) Proyecto de trabajo del candidato propuesto, que considere los principales aspectos de la función que ejercerá durante los cinco años del encargo, en caso de ser designado como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

e) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; y,

f) Escrito rubricado por el candidato propuesto en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

La falta de alguno de los requisitos previstos en la presente convocatoria, dará lugar a la desestimación de la propuesta de candidatura dentro del procedimiento relativo.

CUARTA.- Transcurrido el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, procederán a determinar en Reunión de Trabajo el 12 de octubre, las candidaturas que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y satisfagan los requisitos impuestos en la Base TERCERA de esta convocatoria.

QUINTA.- Una vez determinada la lista de los candidatos que sean elegibles, se publicará, exclusivamente para efectos informativos y de transparencia, en al menos dos diarios de circulación nacional y en la página de internet del Senado de la República, así como las fechas y orden de comparecencias de los propios candidatos ante las Comisiones Unidas.

SEXTA.- Con el objeto de cumplir con el principio de apertura que rige este procedimiento de elección, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos podrán formular opiniones relacionadas a las propuestas, que aporten mayores elementos de juicio para analizar a loscandidatos. Estas opiniones, para ser consideradas, deberán cumplir con el requisito establecido en el inciso c) de la Base TERCERA, y presentarse los días 13 a 15 de octubre en el domicilio, días y horario señalados en la base SEGUNDA de esta Convocatoria.

SÉPTIMA.- Fijadas las fechas de comparecencia de los candidatos al cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su desarrollo se llevará a cabo en Sesión pública ante los Senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, y serán trasmitidas por el canal del Congreso bajo el siguiente formato:

a) Cada aspirante tendrá derecho a exponer sus ideas y argumentos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos, hasta por un máximo de 10 minutos.

b) Expondrán los principales aspectos de la función que ejercerán durante los cinco años del encargo, en caso de ser designados en el cargo.

c) Una vez concluida la presentación de sus ideas y argumentos, se abrirá un espacio de preguntas por parte de los Senadores de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, en el orden y tiempo que acuerden sus Directivas.

d) El candidato deberá de contestar en un tiempo no mayor de 3 minutos cada pregunta que se le formule.

e) Los Senadores tendrán derecho de réplica.

OCTAVA.- Para los efectos de la designación de la terna de candidatos de la cual el Pleno de la Cámara de Senadores elegirá a quien ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a más tardar, el 26 de octubre del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República se reunirá en sesión de trabajo para analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen respectivo.

La elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizará por el Pleno del Senado de la República a más tardar el 29 de octubre de 2009, en tanto que la toma de protesta constitucional se realizará ante el propio Pleno del Senado el 16 de noviembre.

NOVENA.- Una vez concluido el procedimiento para la designación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se notificará por escrito el resultado del mismo a todos y cada uno de los candidatos.

DÉCIMA.- Las cuestiones no previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por mayoría simple de los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

Dado en el Recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil nueve”.

En consecuencia, la Asamblea ha quedado debidamente enterada de este envío.

Y se instruye a la Secretaría Parlamentaria para que publique el documento en la Gaceta del Senado, la convocatoria, cuyo proyecto hemos recibido, será sometida a consideración del Pleno en la sesión próxima.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACION

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió una comunicación del Senador Jesús Dueñas Llerenas, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite el informe de sus actividades en la Conferencia Interparlamentaria sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria, celebrada los pasados días 3 y 4 de septiembre, en la ciudad de Panamá.

“México, D.F., 15 de septiembre de 2009.

Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Presidente de la Mesa Directiva
Presente.

Me dirijo a usted, con la finalidad de rendirle informe de las actividades que realicé los pasados días 3 y 4 del presente, en la Cd. de Panamá, República de Panamá, dentro de la Conferencia Interparlamentaria sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria, convocada por la FAO y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), donde llevé la representación de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Senadores.

En la Ciudad de Panamá, nos reunimos parlamentarios de diferentes Naciones del Continente Americano y del Caribe, para analizar y debatir los documentos emanados de las reuniones preparatorias del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y El Caribe.

Acordamos que el grupo será abierto a cualquier parlamentario que deseé participar, que se reunirá en forma periódica para darle seguimiento a las situación alimentaria y a las acciones tomadas, así mismo, se conforma por los Presidentes de la Comisiones de Agricultura, Salud y Derechos Humanos del Parlatino y recibirá apoyo de la FAO, para recabar ayuda de la ONU y otros organismos en las labores de combate al hambre. Anexo copia del acta de la “Constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un caluroso saludo y reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sen. Jesús Dueñas Llerenas”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas… sé que hay aún reuniones previas en curso, de grupos parlamentarios, por temas importantes que el Senado tiene en procesamiento, y sé que hay consultas de comisiones en diversos temas, también; pero vamos a avanzar en el apartado de iniciativas, y para ello, tiene el uso de la palabra el Senador Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 18 inciso A) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 18 INCISO A) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Presentada por el C. Senador Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Andrés Galván Rivas: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Señor Presidente, en obvio de tiempo, solicito respetuosamente se inserte el texto en el presente Diario de los Debates.

De la fusión de la cultura europea con las culturas indígenas en nuestro país, se originó nuestra nación, nuestro pueblo. Los mexicanos somos frutos de esa fusión, la caída de la ciudad de Tenochtitlán, aquel 13 de agosto de 1521, fue el acontecimiento más fatídico para los pueblos indígenas que habitaban en aquellas fechas el territorio, que hoy ocupa nuestro país.

Y es este hecho el símbolo del inicio de una nueva cultura, de un nuevo pueblo, el inicio de lo que hoy es la nación mexicana, con sus costumbres, su identidad, su historia, en fin, toda esa riqueza cultural que nos caracteriza y de la que somos parte.

Sin embargo, hace 500 años de la conquista y colonización de nuestra patria, nuestros pueblos indígenas continúan viviendo en condiciones de indiferencia, marginación e injusticia social. La mayoría de ellos, no cuenta, siquiera, con los servicios básicos de subsistencia.

No obstante que formalmente nuestro país está por cumplir 200 años de independencia, los indígenas mexicanos siguen siendo el sector más discriminado y olvidado de nuestra nación.

En las últimas dos décadas, el texto mexicano ha ido tomando conciencia del papel tan importante que nuestros pueblos indígenas han tenido y representan para nuestra nación, como parte indispensable de nuestra propia identidad.

No son siquiera suficientes las políticas concebidas y puestas en práctica para beneficio de los mexicanos indígenas.

Una expresión de esa conciencia de justicia que el Estado le adeuda a nuestros pueblos, fue precisamente la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del año 2001, de la cual, el artículo segundo representa la máxima expresión de buena voluntad del pueblo mexicano para con sus hermanos indígenas; ya que es, en este precepto constitucional, el que consagra y garantiza los derechos fundamentales más importantes para la conservación de la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas.

Con la publicación y entrada en vigor de esta reforma, se da inicio a una nueva forma de convivencia con nuestros pueblos, y es para ellos, el inicio de una nueva etapa, de una nueva vida, más justa y más digna.

Por eso es importante, que los mexicanos recordemos el 14 de agosto del año 2001, como el día en que nuestra nación asumió de manera definitiva el compromiso de respeto y de justicia para nuestros pueblos indígenas.

Hoy en día, no hay en nuestro marco normativo algún ordenamiento que declare el día de los pueblos indígenas de México.

Por lo que propongo, que se reforme el inciso A) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de que se adicione, para integrar el día 14 de agosto a la lista de fechas solemnes conmemorativas, como el Día de los Pueblos Indígenas de México, como un recuerdo perenne de la gratitud y el compromiso de justicia que la nación mexicana le adeuda a nuestros mexicanos indígenas.

Que la nación conozca y celebre el 14 de agosto como el día en que el Estado mexicano asumió su compromiso con los pueblos originarios, en el ánimo de reconocerles su papel como parte trascendental de nuestra identidad y por tanto, se lleven a cabo los honores que toda fecha importante amerite.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES.

Andres Galvan Rivas, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Articulo 18 inciso A) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es históricamente conocido por todos que la conquista de América inició con el descubrimiento de este continente el 12 de octubre de 1492 y en el caso específico de los territorios que hoy ocupa el Estado mexicano, la conquista se inició a partir del 08 de febrero de 1517, fecha en que zarpó la primera expedición de la isla Fernandina, ahora cuba, hacía la tierra que hoy conocemos como México, esta primera expedición arribó en los primeros días de marzo de ese 1517 a lo que hoy es isla mujeres en el Estado de Quintana Roo.

A esa primera expedición siguió una segunda emprendida en 1518, sin embargo, fue hasta la tercera encabezada por el entonces alcalde de Santiago, Hernán Cortés, la cual inició a partir de la firma de lo que conocemos como capitulaciones e instrucciones entre el propio Cortés y el gobernador Diego Velázquez de Cuéllar el 23 de octubre de 1519, que la colonización del territorio mexicano, de sus pueblos y sus culturas se concretó para desgracia de los pueblos originarios.

La conquista de México se enmarca en el sometimiento del pueblo mexica por Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521 con la rendición de México-Tenochtitlán, ello con la colaboración de otros pueblos tributarios de los propios aztecas que confiaron en la insidia de Cortés de mejorar sus condiciones a partir de la caída del imperio Azteca, promesa que no hizo realidad y en su lugar sufrieron del asedio, la esclavitud y todas las desgracias de las que todavía hoy no se han liberado.

A la conquista siguieron 300 años de colonia con todas las desventajas, vejaciones, olvido, abuso y sufrimiento para los pueblos originarios, los que teóricamente terminaron en 1821 con la firma de independencia de México, lo que a la postre hoy en día no les ha redituado la justicia histórica de la que son acreedores centenarios.

En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 09 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con lo cual la ONU reconoció el derecho a existir y con ello todos y cada uno de sus derechos humanos como pueblos y como individuos de los pueblos indígenas del mundo a partir de este acto en el mundo se inició un movimiento pro indigenista que devino en la mejora de los derechos de los pueblos originarios de muchas naciones.

En nuestro país el 14 de agosto de 2001 casi 500 años después de la caída del imperio mexica, evento que simboliza la conquista de México, el Estado mexicano publicó la reforma en materia de derechos indígenas, donde se reconoce los derechos de los pueblos originarios de México.

Es esta reforma la que consagra y garantiza todos y cada uno de los derechos fundamentales y es por medio de ella que el Estado mexicano se compromete a promover esos derechos, a hacerlos cumplir y es a partir de ese momento que se ha venido avanzando en el mejoramiento del marco normativo de nuestro país, en pro de los pueblos originarios, lo que ya ha dado como resultado la promulgación de algunas leyes que contienen el espíritu del segundo Constitucional así como la creación de diferentes entes de gobierno para garantizar la aplicación de políticas públicas con sentido indigenista y encaminadas a solventar las necesidades de este importante sector de la nación mexicana.

El artículo 2 Constitucional, emblema de la reforma sobre derechos y cultura indígenas de 2001, sentó los cimientos jurídicos para que a los mexicanos indígenas se les reconociera y respetara el derecho que tienen a definir y poner en práctica sus propios modelos de desarrollo social, económico, político y cultural, de conformidad con el respeto de sus Derechos Humanos, se les reconoce su derecho a la libre autodeterminación y con ello su dignidad.

Trascendente ha resultado el espíritu de dicha reforma, representa hasta hoy, el logro más importante para los que creemos en la dignidad e igualdad de todos los mexicanos y añoramos el finiquito de la deuda de justicia que les corresponde a nuestros hermanos indígenas, vimos en esa reforma la mayor expresión de voluntad del Estado mexicano para empezar a abonar a esa deuda, es la renovación de la esperanza para más de doce millones de mexicanos indígenas de que la promesa de justicia que el Estado mexicano les consagró en el 2 Constitucional pronto será cumplida.

La historia de la nación mexicana es motivo de diferentes festejos en los que recordamos acontecimientos que le han causado dolor o júbilo al pueblo, sin embargo, esas fechas solemnes asentadas en los incisos a) y b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales, se cuentan a partir del movimiento de independencia de nuestro país, en un claro olvido de que nuestra identidad es consecuencia de la conquista de América y la rendición de México-Tenochtitlán.

La fusión de la cultura europea e indígena, dieron como resultado nuestro pueblo, nuestra nación, por lo que son motivo de júbilo y orgullo nacionales nuestros pueblos originarios y todos los esfuerzos que se hagan para promover el respeto, la conservación y la difusión de nuestra riqueza cultural.

Consciente de que después del fatídico13 de agosto de 1521, nuestros pueblos indígenas sólo han tenido un acontecimiento propio y justo para celebrar, el 14 de agosto de 2001 día en que se publicó la reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, con todas las implicaciones benéficas en pro de nuestras culturas originarias, por ello esta fecha debeser considerada dentro del catalogo de fechas solemnes establecidas en el inciso A) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, como recuerdo perenne de la gratitud y el compromiso de justicia que la nación mexicana le adeuda a nuestros mexicanos indígenas, con esta reforma se pretende que toda la nación conozca y celebre el 14 de agosto como el día en que el Estado mexicano asumió su compromiso con los pueblos originarios en el ánimo de reconocerles su papel como parte trascendental de nuestra identidad y por tanto se lleven a cabo los honores que toda fecha solemne merece.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL INCISO A) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTICULO UNICO: SE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 18.-En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a)A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

21 de enero:

Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779.

1 de febrero:

Apertura del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

5 de febrero:

Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

19 de febrero:

“Día del Ejército Mexicano”.

24 de febrero:

“Día de la Bandera”.

1o. de marzo:

Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.

(15 de marzo.- Derogada)

18 de marzo:

Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938.

21 de marzo:

Aniversario del nacimiento de Benito Juárez en 1806.

26 de marzo:

Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.

2 de abril:

Aniversario de la Toma de Puebla en 1867.

(15 de abril.- Derogado)

1o. de mayo:

“Día del Trabajo”.

5 de mayo:

Aniversario de la Victoria sobre el ejército francés en Puebla en 1862.

8 de mayo:

Aniversario del nacimiento en 1753 de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México.

15 de mayo:

Aniversario de la Toma de Querétaro, por las Fuerzas de la República, en 1867.

1o. de junio:

“Día de la Marina Nacional”.

21 de junio:

Aniversario de la Victoria de las armas nacionales sobre el Imperio en 1867.

14 agosto:

Día de los pueblos indígenas de México.

1o. de septiembre:

Apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

14 de septiembre:

Incorporación del Estado de Chiapas, al Pacto Federal.

15 de septiembre:

Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de septiembre:

Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810.

27 de septiembre:

Aniversario de la Consumación de la Independencia, en 1821.

30 de septiembre:

Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765.

12 de octubre:

“Día de la Raza” y Aniversario del Descubrimiento de América, en 1492.

22 de octubre:

Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810.

23 de octubre:

“Día Nacional de la Aviación”.

24 de octubre:

“Día de las Naciones Unidas”.

30 de octubre:

Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873.

(1° de noviembre.- Derogado)

6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813.

20 de noviembre:

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.

23 de noviembre:

“Día de la Armada de México”.

29 de diciembre:

Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859.

Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 15 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Galván Rivas. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Estamos en el apartado de iniciativas, señoras Senadoras y señores Senadores.

Por tanto, se concede la palabra al Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN CUATRO PARRAFOS A LA FRACCION I DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Carlos Jiménez Macías: Gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores:

La práctica de la donación en tiendas comerciales o en cajeros automáticos, conocida popularmente como “redondeo”, es un ejemplo de la creciente alianza entre empresas y organizaciones civiles de asistencia social para cumplir con el objetivo principal de estas últimas de acercar recursos a los sectores más vulnerables que requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Esta práctica de solidaridad ciudadana ha venido asentándose cada vez más como una forma ágil, consistente y duradera para recaudar recursos económicos de carácter privado, al grado tal que las organizaciones civiles de socorro social han encontrado en ella un nicho importante de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.

Sin duda que este esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil de asistencia social es loable y digno de reconocerse por la función que persiguen.

Desafortunadamente, hay instituciones que no llevan en sus procesos de recaudación medidas que permitan transparentar sus actos, lo que provoca descrédito para el resto de las asociaciones que ven en este ejercicio una buena estrategia para hacerse llegar de recursos y ayudar así a los más desamparados. Pero más importante aún, generan un desaliento entre la población en general que dona aunque sea unos centavos de su gasto diario en apoyar estas campañas de beneficencia social.

Son numerosas las voces en la sociedad que se han manifestado en contra de estas prácticas que en la mayoría de las veces no se realizan con ánimo altruista, sino más bien de forma inducida, casi forzada.

Hemos observado que quienes organizan distintas colectas con fines determinados, entregan a sus destinatarios las cosas o bienes que reciben en nombre propio.

Peor aún, se tiene la sospecha de que muchas veces estas empresas los deducen de impuestos como si fueran recursos propios.

El presente proyecto de reformas que hoy pongo respetuosamente a la consideración de esta Soberanía, tiene como finalidad acabar con los excesos y abusos, así como con los privilegios de los que gozan algunas empresas que haciendo uso de prácticas como el redondeo permiten la evasión fiscal, la triangulación o la desviación de los recursos captados.

Con ella se pretende que quienes organizan con fines benéficos y altruistas campañas de redondeo a favor de las distintas organizaciones civiles de asistencia social, llámense asociaciones civiles, fundaciones, patronatos, asociaciones de asistencia privada o sociedades civiles, registrarán en el comprobante simplificado o nota de venta respectiva la cantidad donada y la denominación o razón social de la entidad beneficiaria.

Con la reforma a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se propone, los establecimientos que presten servicios o enajenen productos están obligados a registrar por separado en su contabilidad los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación realizada, de los que informarán al Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

Se pretende asimismo que cuando estos establecimientos que organizan campañas de redondeo entreguen los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación, exigirán a la organización civil de asistencia social beneficiaria el recibo correspondiente, la que en todo caso estará obligada a expedirlo a nombre del público en general.

Señoras y señores legisladores:

Si exigimos que tanto los establecimientos que realizan las campañas de donación como las organizaciones de asistencia social beneficiarias de las mismas informen clara y oportunamente acerca de la recepción, uso y destino de los recursos recolectados por virtud de las campañas de redondeo, se promovería mucho más la cultura de la donación en general y la confianza entre la población acerca del uso que a sus contribuciones se les está dando.

Mientras más información ofrezcan las organizaciones civiles de asistencia social sobre sus acciones, resultados y fuentes de financiamiento, la ciudadanía tendrá mayor confianza y participará mucho más activamente, lo que contribuirá a que existan más donantes informados y comprometidos con las organizaciones que buscan el desarrollo social de México.

El espíritu de esta reforma es justamente asegurar que las campañas de donación se realicen en un marco de plena transparencia y rendición de cuentas, que además brinde total certidumbre al donante de que sus recursos y/o bienes son utilizados correctamente en la causa para los que fueron otorgados.

La presente iniciativa no tiene en ningún momento como finalidad limitar o acotar las prácticas filantrópicas bajo los mecanismos tradicionales de financiamiento, como en todo caso lo es el redondeo.

Lejos de ello, busca contribuir a generar una cultura de la solidaridad por los caminos institucionales, como en todo caso lo es la creación y el crecimiento de fundaciones y patronatos de asistencia privada que, sin duda alguna, fomentan el desarrollo, coadyuvan a disminuir las desigualdades y promueven el mejor de los niveles de bienestar social.

Creemos, finalmente, que de aprobarse esta iniciativa estaríamos logrando sacar del ambiente hostil en que se encuentra actualmente la práctica altruista del redondeo, debido a la desconfianza que la gente tiene sobre ella, estableciendo mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a fin de fomentar la relación de confianza y participación.

Por la atención de todos ustedes, muchas gracias señor Presidente. Le ruego insertar el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Carlos Jimenez Macias, Senador de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La práctica altruista de la donación en tiendas comerciales de autoservicio o en cajeros automáticos de las instituciones financieras del país, conocida popularmente como “redondeo”, es un ejemplo de la creciente alianza entre empresas y organizaciones civiles de asistencia social para cumplir con el objetivo principal de estas últimas de acercar recursos a los sectores más vulnerables que requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Esta práctica de solidaridad ciudadana ha venido asentándose cada vez más como una forma ágil, consistente y duradera para recaudar recursos económicos de carácter privado, al grado tal que las organizaciones civiles de socorro social han encontrado en ella un nicho importante de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.

Así, vemos un cúmulo de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares que a través de programas como el Teletón, Bécalos, Compuredondeo, Un Kilo de Ayuda, Del amor nace la vista y otros más, realizan campañas intensas, muchas de ellas permanentes, de recaudación entre la población en general a través de la figura del “redondeo”, cuyos recursos obtenidos representan una buena parte de los aproximadamente 40 mil millones de pesos que en 2006 los ciudadanos, fundaciones y empresas aportaron como donativos a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos, según un informe del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El programa de “redondeo”, como su nombre lo dice, consiste en redondear las cuentas de los clientes para ser donadas a favor de una causa de beneficencia determinada: becas para estudiantes de escasos recursos económicos; alimentos básicos a familias en situación de pobreza y pobreza extrema; computadoras para aulas, especialmente de zonas rurales; tratamiento y aparatos ortopédicos para niños con problemas de discapacidad o necesidades especiales; en general, para la atención de personas en situación de riesgo o afectadas por desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental; maltrato, abuso o abandono; por encontrase en situación de calle; ser víctimas de tráfico de personas, pornografía y comercio sexual; infractores y víctimas de delito; mujeres en estado de gestación y lactancia; adultos mayores en desamparo, entre otras vulnerabilidades más.

Sin duda que este esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil de asistencia social es loable y digno de reconocerse por la función que persiguen, pues no podemos dejar de reconocer que cuando una sociedad civil se organiza debidamente puede verdaderamente obtener mucho en beneficio de los que menos tienen.

Desafortunadamente, hay instituciones que no llevan en sus procesos de recaudación medidas que permitan transparentar sus actos, lo que provoca descredito para el resto de las asociaciones que ven en este ejercicio una buena estrategia para hacerse llegar de recursos y ayudar así a los más desamparados. Pero más importante aún, generan un desaliento entre la población en general que dona aunque sea unos centavos de su gasto diario en apoyar estas campañas de beneficencia social.

Efectivamente, son numerosas las voces en la sociedad que se han manifestado en contra de estas prácticas que en la mayoría de las veces no se realizan con ánimo altruista, sino más bien de forma inducida, casi forzada; y cada vez son más los proveedores de productos o servicios que “invitan al redondeo” por intermediación de ellos, sin que trabajen directamente con los grupos en situación de vulnerabilidad, dedicándose en todo caso a apoyar la labor de las organizaciones civiles que se ocupan de estos grupos.

Se ha observado en algunas oportunidades que quienes organizan distintas colectas con fines determinados, muchas veces al entregar a sus destinatarios las cosas o bienes que reciben lo hacen en nombre propio, es decir, sin especificar el origen de los bienes donados, con lo cual la irregularidad del acto queda sin ser detectada.

Peor aún, se tiene la sospecha de que muchas veces estas empresas los deducen de impuestos como si fueran recursos propios.

Por si esto fuera poco, cuando en la tienda de autoservicio solicitamos un recibo deducible de impuestos de la donación realizada, la respuesta inmediata que recibimos es la devolución al momento de los centavos o pesos donados sin que se molesten siquiera en dar al donante la información suficiente sobre dónde y cómo obtener el recibo correspondiente.

Es verdad que ninguna empresa propietaria de tiendas de autoservicio o instituciones financieras está exenta de que las organizaciones civiles de asistencia social a quienes apoyan hagan mal uso de los recursos que recolectan para ellos, como tampoco estas últimas están libres de que las intermediarias en la captación de los donativos los deduzcan como propios, haciendo caravana con sombrero ajeno -como el dicho lo dice-, pero ello no exime que en sus procesos de recolección no implementen mecanismos que transparenten la recepción, uso y destino de los recursos que les han sido donados.

Es así que el presente proyecto de reformas que hoy pongo respetuosamente a la consideración de esta Soberanía, tiene como finalidad acabar con los excesos y abusos, por un lado, así como con los privilegios, por el lado opuesto, de los que gozan algunas empresas que haciendo uso de prácticas como el redondeo permiten la evasión fiscal, la triangulación o la desviación de los recursos captados, buscando así con esta Iniciativa regular la donación de cosas y/o bienes que se reciben por parte de terceras personas, a través de campañas de donación creadas y operadas por organizaciones civiles de asistencia social con el apoyo de tiendas de autoservicio o instituciones financieras.

Con ella se pretende que quienes organizan con fines benéficos y altruistas campañas de redondeo a favor de las distintas organizaciones civiles de asistencia social legalmente constituidas, llámense asociaciones civiles, fundaciones, patronatos, asociaciones de asistencia privada, sociedades civiles y, en general, de todas aquellas organizaciones donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, registrarán en el comprobante simplificado o nota de venta respectiva la cantidad donada y la denominación o razón social de la entidad beneficiaria.

Con la reforma a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se propone, los establecimientos que presten servicios o enajenen productos estarán obligados a registrar por separado en su contabilidad los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación realizada, de los que informarán al Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

Se prevé asimismo que cuando estos establecimientos que organizan campañas de redondeo entreguen los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación, exigirán a la organización civil de asistencia social beneficiaria el recibo correspondiente, la que en todo caso estará obligada a expedirlo a nombre del público en general.

Siguiendo una preocupación de usuarios de cajeros automáticos de bancos o instituciones financieras que al realizar operaciones “donan” por error cierta cantidad a favor de algún programa altruista, sin haber tenido plena conciencia de la operación realizada, se propone se establezca en la Ley que toda donación del público en general esté sujeta a aclaración, de conformidad con las reglas que para el efecto determine el Sistema de Administración Tributaria.

Luego entonces, aquellas personas que hayan contribuido para llevar adelante el fin propuesto, podrán enterarse con certeza cuánto y a quién han sido entregado los recursos donados por terceros, esencialmente particulares, y que han suministrado para llevar a cabo con éxito la loable campaña de beneficencia social.

Si bien es cierto que debemos estimular el que organizaciones y entidades de distintos tipos de asistencia social lleven a cabo campañas de donación a favor de aquellos que más lo necesitan, a través de la figura del redondeo, como por ejemplo, también es cierto que se debe dotar a estas prácticas de un marco regulatorio para evitar anomalías y opacidades, previniendo con ello la evasión fiscal a partir de la triangulación de utilidades de las empresas.

En ese contexto, es necesario sujetar los donativos obtenidos a un régimen más transparente. Si exigimos que tanto los establecimientos que realizan las campañas de donación como las organizaciones de asistencia social beneficiarias de las mismas informen clara y oportunamente acerca de la recepción, uso y destino de los recursos recolectados por virtud de las campañas de redondeo, se promovería mucho más la cultura de la donación al generar confianza entre la población acerca del uso que a sus contribuciones se les está dando, con lo que se estaría legitimando mucho más sus acciones.

La transparencia y la rendición de cuentas debe ser un principio fundamental en este tipo de prácticas altruistas. Mientras más información ofrezcan las organizaciones civiles de asistencia social sobre sus actividades, resultados y fuentes de financiamiento, la ciudadanía tendrá mayor confianza y participará mucho más activamente, lo que contribuirá a que existan más donantes informados y comprometidos con las organizaciones que buscan el desarrollo social de México.

No está por demás advertir que, por desconfianza, a la sociedad no le gusta invertir ni dar donativo alguno si no sabe a ciencia cierta a dónde va a parar su dinero. No saben si ese donativo es realmente para ayudar a un niño o grupo de niños en situación de vulnerabilidad o ha sido desviado para otros fines; y es aquí precisamente en donde la transparencia debe hacerse presente para que la organización civil y la tienda, establecimiento o institución financiera participante de la campaña de redondeo rindan cuentas sobre los donativos recolectados y sobre su uso y destino final.

Como ejemplo de ello, permítanme citar un estudio que el ITAM presentó en marzo 2005, del que se observa que un 74 por ciento de los mexicanos tiene poca o nula confianza en el sector de la filantropía; del que podemos ver también que un 79 por ciento prefiere dar su apoyo directo a una persona necesitada que a una institución legalmente constituida y autorizada para recibir donativos deducibles, y solo un 13 por ciento a una institución.

Esta desconfianza ha dado como resultado la creencia generalizada, muchas veces injustificada, pero desconfianza al fin y al cabo, de que los recursos obtenidos por virtud de campañas de donación a través de la práctica del redondeo son utilizados para fines distintos para los que fueron solicitados.

El espíritu de esta reforma es justamente asegurar que las campañas de donación se realicen en un marco de plena transparencia y rendición de cuentas, que además brinde total certidumbre al donante de que sus recursos y/o bienes son utilizados correctamente en la causa para los que fueron otorgados.

No deseo pase por desapercibido el hecho de que la presente iniciativa no tiene en ningún momento como finalidad limitar o acotar las prácticas filantrópicas bajo los mecanismos tradicionales de financiamiento, como en todo caso lo es el redondeo. Por el contrario, se trata de que se conozca con claridad el origen de los recursos provenientes de donativos, así como que éstos lleguen en tiempo y forma a sus destinatarios, y no sea un pretexto para que las grandes empresas utilicen la buena voluntad de la sociedad con el fin de evitar el cumplimiento de una obligación fiscal, como lo es el contribuir a los gastos públicos.

Lejos de ello, el debate central debe estar en cómo generar movimientos solidarios y de apoyo a las causas que defienden las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de las de asistencia social, sostenidas en mayor medida por las aportaciones ciudadanas, con lo que dejaríamos atrás la cultura paternal y omnipresencia del Estado. Esto significa que las organizaciones de la sociedad civil pueden dar a conocer sus acciones y la eficacia de su trabajo apoyándose en instrumentosde transparencia y rendición de cuentas, con lo que estarían contribuyendo a generar una cultura de la solidaridad por los caminos institucionales, como en todo caso lo es la creación y el crecimiento de fundaciones y patronatos de asistencia privada que, sin duda alguna, fomentan el desarrollo, coadyuvan a disminuir las desigualdades y promueven mejores niveles de bienestar social.

Creemos que de aprobarse esta Iniciativa estaríamos logrando, primeramente, sacar del ambiente hostil en que se encuentra actualmente la práctica altruista del redondeo, debido a la desconfianza que la gente tiene sobre ella, estableciendo mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a fin de fomentar relaciones de confianza y participación; pero también estaríamos consiguiendo que las organizaciones sociales autorizadas para recibir donativos deducibles salgan más que fortalecidas, pues obtendrían un mecanismo asegurado de financiamiento, debidamente regulado por supuesto, para poder cumplir la difícil labor que realizan, que es el ayudar a los sectores más vulnerables del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adicionan cuatro párrafos a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

“Artículo 31.- Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. …..

a) a f) …..

…..

…..

…..

Cuando los contribuyentes que presten servicios o enajenen productos realicen campañas de redondeo en beneficio de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, deberán registrar en el comprobante simplificado o nota de venta la cantidad donada y la denominación o razón social de la entidad beneficiaria.

Registrarán por separado en su contabilidad los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación realizada, de los que informarán al Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

Al hacer entrega de los recursos obtenidos, exigirán a la persona moral beneficiaria de la campaña de donación el recibo correspondiente, la que en todo caso estará obligada a expedirlo a nombre del público en general.

Toda donación del público en general estará sujeta a aclaración, de conformidad con las reglas que para el efecto determine el Sistema de Administración Tributaria.

II a XXII. …..”

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto que sí, Senador Jiménez. Túrnese la presente Iniciativa a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, quien presentará iniciativa con proyecto de Decreto para el diagnóstico y ajuste de las estructuras de los Poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA EL DIAGNOSTICO Y AJUSTE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PODERES DE LA UNION Y ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, la clase política en México, la clase política en México lo que dice en los discursos, lo que dice en los discursos es lo que se convierte en obstáculo para cambiar este país.

A la clase política no le conmueve, no lo obliga a reflexionar la inviabilidad de México en las condiciones actuales.

Por la atención que se presta, les diré a quienes presiden entre otras comisiones a la de Seguridad Social, si acaso pasó por su mente, si acaso en la Comisión de Seguridad Social tienen un ejercicio de cuánto valen en México los pasivos de seguridad social.

Si acaso saben cuánto cuesta para el año que viene y para las dos o tres décadas siguientes hacer frente a la transición en el sistema pensionario del IMSS o al sistema pensionario del ISSSTE, o si acaso saben cuánto cuestan los pasivos laborales de Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza del Centro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 70 organismos de control presupuestario indirecto, de universidades públicas, de regímenes de seguridad social de los estados absolutamente quebrados.

Es más, creo que no han visto el paquete económico y no saben que para el año que viene para hacer frente al tema del IMSS y del INFONAVIT se requieren más de 260 mil millones de pesos.

Equivale a tres veces o a cuatro veces todo lo que tenga que ver con la inversión en infraestructura carretera. Pero ese es un referente malo, comparémoslo con el tema de educación.

Le digo a esta interesadísima Asamblea, señor Presidente, que lo que yo propongo es un Decreto, el Congreso hace Decretos agotado el proceso legislativo y leyes, un Decreto con una temporalidad específica para que los tres Poderes de la Unión nombremos representantes que el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados y en lo que muere definitivamente, si así lo aprueba el Congreso, la Secretaría de la Función Pública, hagamos un esfuerzo para diagnosticar y, en su caso, ajustar la estructura burocrática de los tres Poderes de la Unión.

Aquí no causa ningún rubor, a la Comisión de Justicia de donde formo parte, que el día de hoy mejor los periódicos nacionales digan que hay un tráfico de influencias permanente en la estructura del Poder Judicial Federal.

Pero eso no interesa aquí, hay que discutir, hay que ir a la rebatinga del presupuesto y hay que equilibrarlo con la Ley de Ingresos. Más de 50 millones de mexicanos no tienen un ingreso, hay una situación encarecida patrimonial y el 20% de la población no tiene para comer.

Yo le pido, señor Presidente, ordene que la iniciativa de Decreto, cuya temporalidad en él se establece, se incorpore íntegra al Diario de los Debates. Este país no tiene futuro si la clase política, si el Congreso de la Unión sigue en su empeño de mantener una condición de privilegio que no deja que los demás tengan cuando menos para comer.

Que el silencio los acompañe también cuando el reclamo social nos alcance en la tarea frente a la nación que tenemos que hacer.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, TomAs Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México atraviesa la crisis económica más severa de su historia reciente. Una crisis que amenaza con cancelar nuestras posibilidades de desarrollo por décadas y que ha profundizado la ya de por si alarmante situación de desigualdad y pobreza de millones de mexicanos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la economía de México enfrentó en el segundo trimestre del año una contracción de 10.3%, el peor resultado económico en muchos años.

El desempleo continúa con una tendencia a la alza y algunos especialistas estiman que el número de puestos de trabajo cerrados en este año superará el millón. Estos mismos especialistas calculan que más de 12 millones de personas trabajan en la economía informal de nuestro país, en condiciones precarias, con salarios mediocres, sin servicios de salud ni prestaciones sociales y con nulas posibilidades de movilidad social.

Por otra parte, hoy casi 20 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir una mínima canasta de alimentos: son personas que ganan menos de 32 pesos diarios si viven en zonas urbanas o menos de 24 pesos diarios si habitan en el campo y para quienes comprar un trozo de carne, un litro de leche y siete cucharadas soperas de frijol resulta inalcanzable.

En tanto, los ingresos totales del sector público registraron una contracción superior al 8% en los primeros siete meses del año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los ingresos públicos en 2010 serán menores en más de 470 mil millones de pesos, respecto a los contemplados para este año.

Desafortunadamente, muchos de los recursos adicionales obtenidos por el gobierno en años pasados gracias a los altos precios internacionales del petróleo, que pudieron destinarse a fortalecer la economía nacional, fueron dilapidados en un incremento irracional de los puestos y salarios de la alta burocracia, que ha no ha generado los resultadosque México requiere. Basta señalar que en los últimos cinco años las plazas de los altos funcionarios con salarios que superan los 100 mil pesos mensuales y que gozan de prestaciones anuales de más de 700 mil pesos en promedio, han crecido en más de 60%.

Adicionalmente, en los últimos años se han creado un número importante de estructuras gubernamentales y organismos destinados a atender diversos aspectos de la vida pública. Pero en muchos casos sólo han servido para consumir recursos, sin que aporten beneficios tangibles a la ciudadanía.

Ante este escenario, resulta necesario disminuir el gasto burocrático del gobierno e incrementar sus niveles de eficiencia a fin de liberar recursos para impulsar la construcción de infraestructura, la generación de empleos y el bienestar de todas las familias de nuestro país.

Es urgente que el Estado recupere su papel como promotor del crecimiento económico; pero la consecución de este objetivo sólo será posible si evitamos el despilfarro de recursos públicos en estructuras gubernamentales duplicadas y en procesos y áreas innecesarias que no reportan beneficios para la población.

Debemos señalar que en días pasados, como parte del Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2010, el titular del Poder Ejecutivo federal propuso una serie de medidas en materia de austeridad, destinadas a generar ahorros. Entre ellas se encuentra la desaparición de las secretarías de Reforma Agraria, Función Pública y Turismo.

Sin embargo, dichas medidas son ante todo coyunturales y no forman parte de una política pública integral, capaz de hacer más eficiente y austera a la estructura de los Poderes de la Unión y de otros organismos del Estado.

Consideramos que es necesario llevar a cabo un diagnóstico responsable, basado en los principios de racionalidad, eficiencia, austeridad y transparencia, en el que no sólo participe el Ejecutivo sino el Congreso y el Poder Judicial, además de los organismos constitucionales autónomos, con la colaboración de diversas instituciones y centros de investigación.

A través de la presente iniciativa buscamos generar un mecanismo de coordinación, análisis y seguimiento que permita alcanzar los objetivos planteados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se expide el Decreto para el diagnóstico y ajuste de las estructuras de los Poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La severa crisis económica que enfrenta nuestro país y que amenaza con cancelar las posibilidades de desarrollo del país y profundizar la situación de pobreza de millones de personas, hace necesario impulsar una política de Estado que disminuya el gasto burocrático del gobierno e incremente su eficiencia, a fin de liberar recursos para construcción de infraestructura y generación de empleos.

Artículo 2.- Dicha política de Estado deberá estar fundada en un diagnóstico informado y responsable, basado en los principios de racionalidad, eficiencia, austeridad y transparencia.

Artículo 3.- Se crea la Comisión para Impulsar la Eficiencia y Austeridad en la Estructura del Estado Mexicano.

Esta Comisión estará integrada por representantes de los Tres Poderes de la Unión, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, los titulares de los órganos constitucionales autónomos y un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Artículo 4.- Para el buen desempeño de sus funciones, la Comisión contará con una subcomisión redactora encargada de elaborar los documentos que considere necesarios.

Artículo 5.- La Comisión realizará un diagnósticode las estructuras de los Poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos, en el que identificará y señalará:

a) Dualidad y repetición de procesos y funciones;

b) Procesos, funciones y áreas imprescindibles.

c) Ajustes presupuestales necesarios.

d) Monto de los pasivos laborales derivados de condiciones generales de trabajo del sector público.

e) Pasivos de seguridad social derivados del aparatado A del artículo 123 constitucional.

f) Cuantía de las liquidaciones derivadas de posibles ajustes en las estructuras.

Artículo 6.- El diagnóstico deberá ir acompañado de un documento en el que se propongan las medidas administrativas de ajuste, así como de las iniciativas de ley, que permitan alcanzar los objetivos del presente Decreto.

Artículo 7.- La Comisión deberá presentar un diagnóstico preliminar en un plazo de tres meses contados a partir de su integración, a fin de que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados realicen con oportunidad las adecuaciones de ingreso y gasto que resulten necesarias para implementar el ajustede las estructuras.

Artículo 8.- La Comisión propondrá las políticas públicas y programas que permitan atender a quienes pierdan su trabajo como resultado de los ajustes en las estructuras de los Poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- La Comisión para Impulsar la Eficiencia y Austeridad en la Estructura del Estado Mexicano, deberá quedar integrada e instalada dentro de los quince días naturales siguientes de la entrada en vigor de este Decreto.

Artículo Tercero.- El presente Decreto concluirá su vigencia transcurridos seis meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscribe
Sen. Tomás Torres Mercado”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Gracias a usted, Senador Tomás Torres. Como lo solicita, se instruye la incorporación íntegra de su proyecto de Decreto en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Para el Senado de la República, el bienestar de la clase trabajadora es una prioridad. Por eso estamos presentando la siguiente iniciativa de ley, con la que buscamos afianzar los derechos y fortalecer las prestaciones sociales de quienes hacen entrega total de su vida al servicio público.

En ocasión anterior propusimos reformar la Ley del ISSSTE para que las y los trabajadores puedan acceder a sus licencias médicas sin condicionamientos de antigüedad en el servicio. Hoy les estamos proponiendo analizar y discutir una segunda enmienda a este ordenamiento legal, con el objetivo de sustituir las fórmulas que determinan la duración de las licencias médicas y en su lugar establecer que su duración sea determinada por el tiempo necesario para que el trabajador recupere su salud y bajo la valoración médica correspondiente.

Actualmente la ley dispone un tiempo de hasta 15 días de licencia para un trabajador con menos de un año de servicio, en tanto que para los trabajadores con más de 10 años de labores su licencia es de hasta 60 días. Del mismo modo, las licencias de hasta 30 días son para aquellos que tienen de 1 a 5 años de servicio, mientras que los trabajadores de 5 a 10 años de labores reciben una licencia de hasta 45 días.

Rebasados dichos periodos, los trabajadores del sector público caen en un verdadero predicamento al ver angustiosamente que vence la licencia médica, y con ella se les despoja de prestaciones vitales, como el sueldo íntegro y la atención a sus familiares.

Lo que estamos planteando con esta iniciativa es corregir el artículo 111 de la Ley del ISSSTE, y adecuarlo a las circunstancias actuales que tenemos en el país, como la grave crisis económica y la amenaza real de un rebrote de influenza. Pensemos en los 3 millones de trabajadoras y trabajadores del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales que serán a quienes la República les exige mantenerse en la línea de batalla, ya sea por los recortes al gasto o ya sea para una contingencia sanitaria.

En esas condiciones ellas y ellos, y sus familiares derechohabientes, así como los pensionados y jubilados deben ser los primeros a quienes la República les garantice el acceso total a los servicios de salud. Debemos eliminar las restricciones que existen para el otorgamiento de las licencias médicas, porque además de ser injustas y discriminatorias le restan a la República y a los tres niveles de gobierno la fortaleza para afrontar los retos que están por venir.

No debemos pasar por alto que el bienestar de las y los empleados del sector público es el pilar de todos los gobiernos, sin importar sus orígenes partidistas y bajo el cual radica su capacidad para darle resultados a la población. Por eso, con esta segunda enmienda a la Ley del ISSSTE las Senadoras y los Senadores de la República atendemos un reclamo muy sentido de la clase trabajadora, y cumplimos son el mandato de fortalecer el compromiso social de las instituciones sin poner en riesgo la viabilidad financiera de esta noble institución, como lo es el ISSSTE.

Acercándonos a la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, en donde las clases trabajadoras aportaron su cuota para forjar la justicia laboral que hoy nos rige, corresponde a esa lucha construyendo el acuerdo de todos los partidos políticos para sacar adelante esta propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de las Senadoras y los Senadores de la República la siguiente enmienda al artículo 111 de la Ley del ISSSTE para garantizarle al trabajador del sector público que acceda a su licencia médica por enfermedades no profesionales, por todo el tiempo que sea necesario, según se dictamine médicamente la valoración correspondiente.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho laboral burocrático forma parte del derecho social, mismo al que se le puede caracterizar como una rama autónoma del derecho atendiendo a sus finalidades como lo son las de ser proteccionista de los económicamente débiles, buscando el equilibrio entre la fuerza del poderoso y la debilidad económica y social de la población, así como velar por la dignidad del ser humano.

En este sentido, el derecho social es la norma que busca la igualdad social y económica entre los miembros de la sociedad, satisfaciendo sus necesidades fundamentales, garantizando un sistema que reconozca a las clases sociales la posibilidad de crear una sociedad más justa, obligando al Estado a intervenir para resolver la cuestión social, dentro de los principios de justicia social.

De este universo del derecho al trabajo, sobresale el derecho laboral burocrático como aquel que regula las relaciones laborales entre la Federación, los Estados y los Municipios y las personas que prestan un servicio público y que son contratadas por esas entidades públicas.

Dicha rama del derecho encuentra su fundamento en el Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez dio paso a la Ley Reglamentaria que nos ocupa, en el año de 1963. En ella se consignan, entre otras cuestiones, los derechos y obligaciones de los trabajadores y de “patrones” (es decir, los titulares de las dependencias y entidades públicas), la manera en que dirimirán sus controversias, la forma en que se organizan colectivamente los trabajadores, sus condiciones general de trabajo, así como la manera en que se tratará lo relativo a los riegos profesionales y las enfermedades no profesionales que sufran los trabajadores.

Es este aspecto en el que nos queremos detener y que a su vez constituye la razón de ser de la presente iniciativa. En este sentido, queremos recordar que en días pasados presentamos otra iniciativa que tenía como objetivo llevar a cabo una modificación a la Ley del ISSSTE para eliminar la distinción de que son objeto los trabajadores al servicio del Estado, al momento de otorgarles licencias médicas por enfermedades no profesionales, dependiendo del tiempo que llevaran laborando. Sin embargo, en su momento manifestamos que la enfermedad o accidente que pueda sufrir un trabajador no depende de dicho condicionamiento, sino simplemente de causas fortuitas y, en todos los casos, debe estar protegido de forma total por la ley.

Derivado de lo anterior, es que ahora pretendemos con este instrumento legislativo, proponer que dicha hipótesis también se contemple en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Para tal efecto, debemos tener presente que la misión del ISSSTE consiste precisamente en contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.

Por ello consideramos que la licencia médica se deberá otorgar siempre por el Instituto a los trabajadores que se encuentren incapacitados para laborar, por todo el tiempo que la valoración hecha por los médicos tratantes determine necesaria para incorporarse a sus labores, sin depender, de ninguna manera, del tiempo que lleven prestando sus servicios.

Asimismo, también debemos decir que esta Ley no hace distinción al momento de definir el concepto de “trabajador”, por lo cualconcluimos que no se deben otorgar licencias médicas de manera diferenciada en perjuicio de los mismos trabajadores, tomando en cuenta criterios a los que la propia Ley no hace referencia.

De la misma forma, se debe tener en cuenta que el ISSSTE, al ser la entidad gubernamental que de manera integral otorga seguridad social a los trabajadores del Estado, cubriendo tanto la asistencia a la salud como las prestaciones sociales, culturales y económicas, y cuyos beneficios se extienden a los familiares de los trabajadores, tiene como uno de sus objetivos centrales, el lograr la satisfacción general de los derechohabientes con los seguros, prestaciones y servicios otorgados por el propio Instituto.

Ello sin dejar de mencionar que en nuestro país, los esfuerzos para conformar un cuerpo sólido de derechos laborales, en respuesta a las necesidades de la clase trabajadora, han tenido en el Estado a un promotor consciente de rica tradición histórica.

En este contexto, como ya quedó de manifiesto, la Constitución otorgó a la seguridad social carácter ineludible al incorporarla al artículo 123, para posteriormente incorporar en este universo a los trabajadores al servicio del mismo Estado.

Es por todo ello que no podemos soslayar dicha tradición ni los argumentos esgrimidos a favor de la propuesta que nos ocupa; lo contrario implicaría hacer nugatorio el marco jurídico que da vigencia y validez a la lucha por fortalecer el derecho laboral en nuestro país.

Ahora bien, la Ley multicitada actualmente dispone, en la parte conducente, lo siguiente:

Artículo 111.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho a que se les concedan licencias, para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica, en los siguientes términos:

I.- A los empleados que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días más con medio sueldo.

II.- A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo.

III.- A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y

IV.- A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo integro y hasta sesenta días más con medio sueldo.

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con sueldo y medio continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses.

La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año contado a partir del momento en que se tomó posesión del puesto.

Dichos preceptos se encuentran reproducidos prácticamente igual en la Ley del ISSSTE, disposiciones que igualmente hemos propuesto que se eliminen en aras de contribuir a un mejor estado de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Derivado de lo anterior es que ahora proponemos que también se eliminen las actuales fracciones I a IV del artículo 111, así como sus disposiciones subsecuentes, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentarios del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, y en su lugar se establezca que a todos los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, independientemente del tiempo que tengan de servicios, se les concederá licencia por todo el tiempo que sea necesario, según las evaluaciones y dictámenes médicos correspondientes, hasta que recupere un estado de salud que le permita incorporarse a su actividad laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

ARTICULOUNICO: Se reforma el Artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

Artículo 111.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho a que se les concedan licencias, para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica, en los siguientes términos:

A todos los trabajadores, independientemente del tiempo que tengan de servicios, se les concederá licencia por enfermedad no profesional, por todo el tiempo que sea necesario hasta que recupere un estado de salud que le permita incorporarse a su actividad laboral.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009”.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador Velasco Coello. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se le concede la palabra al Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN NUEVO INCISO I) A LA FRACCION III DEL ARTICULO 115, Y ADICIONA UN CUARTO PARRAFO A LA FRACCION II DE LA BASE TERCERA DEL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Alejandro González Yáñez: Con la venia de la Presidencia; señoras Senadoras; señores Senadores:

La iniciativa a consideración tiene dos propósitos centrales: el primero es fortalecer el municipalismo mexicano otorgándole la facultad de fedatario público y el segundo propósito es otorgar a los ciudadanos que no tienen recursos económicos suficientes en este país, y que son la mayoría, los servicios gratuitos de notaría pública.

Presento esta iniciativa de reforma para dotar a los municipios, así como a los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal de fe pública.

En la actualidad las normas que rigen la conducta humana deben ir encaminadas ya no sólo a obtener la igualdad formal; resulta indispensable que se promueva una igualdad material, que consiste en que la sociedad mexicana goce de una identidad de oportunidades reales, no sólo formales, en el sentido de que se encuentre garantizado el acceso a los derechos que les otorgan las leyes a los ciudadanos, sin embargo el Estado Mexicano presenta un asimetría inaceptable, los índices de pobreza y desigualdad de ingresos en México figuran entre los más altos de los países de la OCDE, y en el escenario de la actual crisis nacional tienden a agudizarse.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares del año 2008, por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cristalizan la desigualdad en cuestión.

Dichas cifras son preocupantes pues significa que los hogares más pobres de nuestro país, no pueden satisfacer los gastos que no se encuentren relacionados con las necesidades básicas. Es ahí, donde surge la imposibilidad de una parte importante de los ciudadanos para sufragar gastos que son fundamentales para la vida en las sociedades contemporáneas, como lo son las erogaciones en materia de servicios notariales.

En efecto, la función notarial debe estar al servicio de la sociedad, pues a través de ella se otorga seguridad y certeza jurídica a los actos de los ciudadanos, o incluso su propia validez, lo que constituye una cuestión trascendental en la convivencia social.

De esta forma la fe pública no debe verse como objeto de comercio, sino que debe encontrarse al servicio de la sociedad, y en ese sentido no puede verse supeditada al pago de altos honorarios, máxime cuando la población de escasos recursos se encuentra imposibilitada para sufragarlos.

Sin embargo la realidad es distinta, pues la diversa capacidad económica de la sociedad mexicana deriva de una profunda desigualdad de hecho y de acceso a los servicios notariales, lo que constituye un impedimento en la vida democrática y plural de nuestro país, pues las distintas herramientas de seguridad jurídica, como lo es la función notarial, sólo se encuentran garantizados para un sector y no para la totalidad de la población mexicana.

Es en este contexto que la presente iniciativa propone facultar a las autoridades municipales, así como a los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal para que conozcan de operaciones notariales, en las cuales intervengan persona de escasos recursos, cuya función se rija por los principios de gratuidad, honestidad, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y seguridad jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

Le solicito, señor Presidente, sea tan amable de instruir para que se integre el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Alejandro Gonzalez Yañez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo inciso i) a la fraccion III del articulo 115, y adiciona un cuarto parrafo a la fraccion II de la Base Tercera del articulo 122, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposicion de Motivos

En la actualidad, las normas que rigen la conducta humana deben ir encaminadas ya no sólo a obtener una igualdad formal, es decir, que se produzca una similitud de trato entre las personas ante la ley, sino que además, resulta indispensable que se promueva una igualdad material, que consiste en que la población mexicana goce de una identidad de oportunidades reales, es decir, que se encuentre garantizado el acceso a los derechos que les otorgan las leyes, independientemente de los ingresos que perciba, para que en último término, el índice de desigualdad vaya en descenso.

Lo anterior, cobra especial relevancia en el Estado mexicano, pues en 1995, la relación entre las personas más ricas y las más pobres se encontraba de la siguiente manera: mientras que un 10% de la población disponía de casi el 48% de los ingresos totales del país, 40% de la población apenas acumulaba el 7% de dichos ingresos totales, lo que da cuenta de una elevada disparidad y distribución de riqueza. Posteriormente, en el año 2000 no sólo se mantuvo elevado el nivel de desigualdad, sino que incluso se acentuó.[1]

Hoy, los índices de pobreza y de desigualdad de ingresos de México figuran entre los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues la diferencia entre el ingreso de la clase media y el del sector más rico es mayor que la de cualquier otro país.

En efecto, la desigualdad de ingresos en México es 1.5 veces superior a la de un país promedio de la OCDE y dos veces mayor que el de países con baja desigualdad, como Dinamarca.[2]

Asimismo, el 22% de niños y cerca de 30% de la gente mayor de 65 años de edad vive en hogares con un ingreso inferior al de la línea de pobreza. Además, para uno de cada cuatro hogares con un jefe de familia en edad de trabajar, tener una persona asalariada en el hogar no es suficiente para escapar de la pobreza.[3]

La desigualdad también se ve reflejada al interior en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2008 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los cuales demuestran que el decil I de los hogares en México, es decir, el 10% de los hogares que corresponden a los más pobres del país, obtienen un ingreso mensual aproximado de $2,038 pesos; mientras que los hogares que se ubican en el decil X, en el cual se encuentra el 10% de los hogares de mayor ingreso económico, obtienen más de $44,349 pesos mensuales, es decir, existe una profunda distancia entre ambos ingresos, pues los últimos obtienen alrededor del 2200% de ingresos más que los primeros.

Pero más grave aún, es que en los términos estadísticos de la mencionada Encuesta, los hogares del decil I gastan aproximadamente $2,241 por mes en necesidades básicas, mientras que los hogares del decil X, es decir, los de mayores ingresos, realizan erogaciones por $20,293 aproximadamente, de lo que se colige que los primeros tienen que gastar más de lo que perciben para subsistir, y que los segundos pueden tener un ahorro de más de la mitad de sus ingresos.

En tales términos, es evidente que los hogares más pobres de nuestro país, no pueden satisfacer los gastos que no se encuentren relacionados con las necesidades básicas, mientras que los hogares más ricos, sí tienen la capacidad económica para garantizar tales egresos.[4]

Es ahí, donde surge la imposibilidad de una parte importante de la población de nuestro país, para sufragar gastos que no se encuentran relacionados con cuestiones meramente primordiales, pero que son fundamentales para vida en las sociedades modernas, entre los que se encuentran las erogaciones en materia notarial, la cual consiste en otorgar a actos y hechos jurídicos un grado de certeza en cuanto a su realización y existencia, a través de la expresión que en ese sentido hace una persona facultada para ello.[5]

Efectivamente, tomando como referencia el Arancel de Notarios del Distrito Federal,[6] es indiscutible que una persona que no cuenta con más ingresos que los suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, tiene fuera de sus alcances el acceso a los servicios notariales.

Por ejemplo, para emitir un testamento, tan sólo por ello, el notario cobrará al testador $2,366.[7] También, en los instrumentos en los cuales se haga constar operaciones traslativas de bienes o derechos o actos jurídicos definitivos y estimables en dinero, cuando dicha operación no exceda de $118,303, el notario cobrará la cantidad de $4,302; asimismo, las operaciones que excedan de dicha cantidad, les será agregado porcentaje adicional.[8]

De esta forma, es obvio que una persona que pertenezca a los hogares que cuentan con menor capacidad económica, y que desee adquirir una vivienda -que es un derecho fundamental del que gozamos los mexicanos, pues se encuentra establecido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna-, no podrá costear los honorarios de un notario, lo cual produce una clara desigualdad material, que a todas luces es injusta, pues en la realidad, la población mexicana carece ciertamente de las mismas oportunidades, ya que unas personas si tienen acceso a dichos servicios notariales y otras no.

Además, la falta de oportunidad de acceso a la fe pública o función notarial, en materia de inmuebles, trae como consecuencia que éstos tengan una situación legal irregular, es decir, que carezcan de escrituras, tal como lo expresó el Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en el sentido de que existen alrededor de 53 millones de personas que habitan en viviendas y terrenos que carecen de escrituras.[9]

Al respecto, el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, señala que existen 21’513,235 viviendas en el país, y que sus ocupantes afirman que 16’836,377 viviendas, que representan el 78.2%, son propias.

Sin embargo, 14’099,141 viviendas que corresponde al 65.53% del total, son las que se encuentran totalmente pagadas, pues 2’121,388 viviendas, que representa el 9.8% aún se están pagando, y el resto, el 2.8% está en otra situación o no fue especificado,[10] lo que se traduce en que existe un alto porcentaje de viviendas que reflejan una inseguridad jurídica tanto para la sociedad, como para sus ocupantes, pues no se asegura que tengan una situación legal regular.

En adición, los ocupantes de 4’569,555 viviendas, que constituye el 21.24% del total de viviendas en el país, afirman que no son propias, sino que 2’818,055 que es el 13% del total de viviendas las rentan, o que 1’714,271 viviendas, que equivalen al 7.9% son prestadas o se encuentran en otra situación, o finalmente, que 37,229 que es el 0.1% del total de viviendas, simplemente no lo especificaron.[11]

Así, en suma las viviendas que se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica, pues su situación no fue especificada o fue otra, ascienden aproximadamente a una cantidad de 2’353,870 aproximadamente, que corresponde al 10.98% del total de las viviendas en México, lo cual es una cifra inadmisible y preocupante, pues significa que una de cada diez viviendas se encuentran en una situación jurídica irregular, o bien, uno de cada diez hogares, vive en la incertidumbre.

Otro elemento relevante, es el trámite de las sucesiones ante un fedatario público, pues una persona que pertenezca al 10% de los hogares con menos ingresos, la cual necesite adjudicarse un bien inmueble que le fue heredado, no tendrá los recursos necesarios para sufragar los gastos notariales por dicho concepto, máxime que en adición a los honorarios por la operación traslativa de bienes, deberá pagar el 0.50% del valor del activo adjudicado,[12] lo cual es una muestra de los obstáculos reales que se presentan para que aquélla persona pueda regularizar jurídicamente, la situación que le corresponde a su inmueble.

Lo anterior, trae como consecuencia una inseguridad e incertidumbre jurídica tanto para las personas que anhelen comprar un inmueble o que lo hayan heredado, como para el vendedor en su caso, e incluso para terceros, pues ante la falta de realización de los trámites registrales que por su elevado costo no pueda sortear la persona interesada, no podrá precisarse en el registro público correspondiente, a quién le pertenece la propiedad del inmueble.[13]

Lo mismo ocurre para la cancelación o extinción de obligaciones, ya que los notarios cobrarán una cuota mínima de $2,151 que va en ascenso dependiendo del monto de la obligación correspondiente.

Asimismo, en el caso de poderes generales, el otorgante deberá pagar al notario $1,183 pesos;[14] por instrumentos en que se hagan constar declaraciones o informaciones testimoniales, el notario percibirá $1,183 pesos;[15] por un instrumento que ratifique o reconozca firmas, se cobrará un mínimo de $1,183.[16]; por las diligencias tales como notificaciones, fe de hechos, entre otras, corresponderá un pago al notario de $2,366 por cada hora o fracción;[17] incluso, el apartado 32 del arancel en cuestión, plantea el cobro de honorarios por el estudio, análisis, planteamiento y resolución correspondientes a la instrumentación hasta por la cantidad de $4,302,[18] es decir, dicha cantidad puede ser agregada a las sumas anteriores de forma discrecional, ante lo cual es inconcuso que una persona que pertenece al citado decil I, no podrá pagar la suma adicional.

De esta forma, es incuestionable la imposibilidad en que se encuentran ciudadanos de escasos recursos para sufragar una función notarial, la cual debe estar al servicio de la sociedad, mediante la cual se otorgue seguridad y certeza jurídica a sus actos, o incluso su propia validez, que es una cuestión trascendental en la convivencia social.

La distinta capacidad económica de la pluralidad de la población mexicana causada por la marcada desigualdad entre las personas con mayores ingresos de los que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, deriva en una profunda desigualdad de hecho, que constituye un impedimento a la vida democrática y plural del país, en virtud de que las distintas herramientas de seguridad jurídica que se mencionaron sólo se encuentran garantizadas para unos cuantos, y no para la totalidad de la población mexicana, ya que los honorarios notariales, no se encuentran ajustados a la capacidad económica de las personas, pues se aplican a todos los ciudadanos por igual, independientemente de los ingresos que obtengan mensualmente.

Dicha circunstancia, no ha sido debidamente atendida, lo que exige acciones urgentes que promuevan la llamada igualdad material como garantía de similares oportunidades para todos los habitantes de este país, instrumentando las herramientas necesarias para asegurar y conseguir una igualdad de acceso a servicios públicos como es la labor notarial.

En ese sentido, es menester implementar medidas que tiendan a erradicar los obstáculos que impiden a las personas el acceso a las mismas oportunidades, en este caso, los servicios notariales, que como se mencionó anteriormente, hoy en día se traducen en recursos útiles e indispensables para la vida en sociedad.

En tales términos, debe destacarse que la función notarial encuentra su justificación en la necesidad de hacer constar como ciertos, los actos y hechos jurídicos que realizan las personas, a través de un proceso de representación de actos y hechos jurídicos en forma documental o instrumental, dándoles autenticidad, es decir, que a través de esa autenticación, se otorga una garantía oficial de que aquéllos son ciertos y auténticos.[19]

La verdadera función del ejercicio notarial, es la seguridad jurídica que se brinda a los particulares gracias a la elaboración de instrumentos jurídicos que aportan fe pública y que asientan con toda certeza los derechos de que aquéllos son titulares.[20]

Además, más allá del beneficio directo que representa para el propietario individual el disponer de un título de propiedad seguro, las ventajas económicas de la titulación se trasladan a la sociedad, al volver innecesaria la resolución por la vía del litigio de las disputas respecto de la titularidad de los derechos sobre un bien inmueble particular, además de que la propiedad se encuentra consignada en una escritura pública y depositada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que constituye prueba plenaante cualquier autoridad judicial en México.[21]

En ese tenor, la función notarial es desempeñada por los notarios, que son personas dotadas de facultades legales para hacer constar como ciertos y veraces actos y hechos jurídicos.

Sin embargo, la facultad o prerrogativa de la persona a la que se encomienda esa manifestación de fe, le es otorgada por el propio Estado, a efecto de que actúe en su nombre y por su cuenta, es decir, en su representación.

En efecto, por función notarial se puede entender el acto jurídico unilateral, realizado a nombre y por cuenta de la entidad estatal, por persona física o moral investida por las facultades legales necesarias para hacer constar documentalmente la certeza y autenticidad de actos y hechos jurídicos.[22]

Así, la fe pública no solamente es ejercida por los notarios públicos, sino también por otras personas como cónsules, secretarios de juzgados y tribunales, de otros institutos oficiales, entre otros, con el objeto de autentificar los documentos que autorizan en debida forma, para que su contenido sea tenido por verdadero mientras no exista prueba en contrario.[23] El propio artículo 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles corrobora lo anterior, en el sentido de que los documentos que expidan las autoridades, hacen fe pública, siempre y cuando sean emitidos en ejercicio de sus funciones.

De esta forma, la fe pública no debe verse como objeto de comercio, ya que es de interés social, en virtud de que es una facultad del Estado, pero que ha sido delegada a los notarios.

En ese contexto, y con el fin de conseguir una igualdad material entre la población mexicana, sobre el acceso a los servicios públicos como es la labor notarial, se propone facultar a los Municipios y a los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, para que en términos de las leyes correspondientes que al efecto emitan las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instaure la figura jurídica de los notarios públicos estatales, cuya naturaleza se traduzca en la conservación de la facultad de la fe pública por parte del Estado, es decir, que no se delegue en los particulares.

Así, a través de los notarios públicos estatales, funcionarios públicos municipales o de los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, deberán conocer de operaciones notariales traslativas de bienes o derechos o actos jurídicos definitivos y estimables en dinero, de la adjudicación de bienes en las sucesiones testamentarias o intestamentarias; asimismo, podrán emitir instrumentos en que consten declaraciones o informaciones testimoniales, poderes generales, cancelación o extinción de obligaciones e instrumentos que ratifiquen o reconozcan firmas, entre otras.

De esta forma, la desigualdad material entre la población mexicana disminuirá, pues dicha atribución de la autoridad se dirigirá únicamente a las personas de escasos recursos, que como se explicó, carecen de los ingresos necesarios para sufragar el pago de operaciones notariales cuya realización resulta indispensable en las sociedades contemporáneas.

Lo anterior, tiene sustento toda vez que la función notarial es una actividad estatal delegada en personas particulares, por lo que resulta apegado a nuestro orden constitucional que el Estado conserve obligatoriamente su ejercicio en las cuestiones anteriormente descritas.

Asimismo, en virtud de que la función notarial es competencia de las Entidades Federativas, se facultará a los órganos legislativos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus competencias, establezcan en sus normas jurídicas respectivas, los términos y procedimientos a través de los cuales se llevará a cabo la función respectiva, la cual siempre se apegará a los lineamientos señalados en la Constitución como son los principios de gratuidad, honestidad, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y seguridad jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN NUEVO INCISO i) A LA FRACCION III DEL ARTICULO 115, Y ADICIONA UN CUARTO PARRAFO A LA FRACCION II DE LA BASE TERCERA DEL ARTICULO 122) DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único.- Se adiciona un nuevo inciso i) a la fracción III, y se recorre el actual, del artículo 115,y adiciona un cuarto párrafo a la fracción II de la Base Tercera del artículo 122) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I a II...

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

i).- Notarial, la cual se encontrará dirigida a la población mexicana de escasos recursos, en los términos que las leyes estatales establezcan, rigiéndose por los principios de gratuidad, honestidad, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y seguridad jurídica; y

j).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Art. 122.-

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:

II.- Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal.

Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, tendrán a su cargo la función notarial dirigida a la población mexicana de escasos recursos, en los términos que establezca el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la cual se regirá por los principios de gratuidad, honestidad, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y seguridad jurídica.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor doscientos días después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los órganos legislativos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, deberán modificar sus normas jurídicas respectivas, para que en un plazo máximo de cien días contemplen la nueva atribución de los municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en materia notarial.

Asimismo, los gobiernos estatales, del Distrito Federal, municipales y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán dentro de los ochenta días siguientes a la publicación de las reformas señaladas en el párrafo anterior en los medios de difusión correspondientes, los organismos para llevar a cabo las nuevas atribuciones constitucionales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Alejandro González Yánez”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador González Yáñez. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Y se instruye se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros Senadores, se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, y con su anuencia, se turna directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.


[1] CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN. “La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México”, 1ª ed., México, diciembre 2005, 29 y 30.

[2] “Pobreza y desigualdad de ingresos en México, entre los más altos de OCDE”. La Jornada. 21 de octubre de 2008.

[3] “Es México país de la OCDE con mayor desigualdad social”. El Universal. 21 de octubre de 2008.

[4] Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2008 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

[5] SEPÚLVEDA SANDOVAL, Carlos. “Fe pública”. 1ª Ed., Porrúa, México, 2006, pág. 6.

[6] Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de marzo de 2009.

[7] Apartado 25 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[8] Apartado 15 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[9] SILVA-HERZOG F., Jesús. “La dimensión económica del notariado”. 1ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, Pág. 64.

[10] “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos”, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Tomo III, México, 2001, Pág. 1571 y 1584.

[11] “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos”, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Tomo III, México, 2001, Pág. 1571 y 1584.

[12] Apartado 26 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[13] Mientras, en el año de 2006, las 250 notarías del distrito federal, tuvieron un ingreso global para todo el año equivalente a 2775 millones de pesos, lo cual se traduce en una media de ingresos cercanos a los 8 millones de pesos por notaría. Dichos ingresos, no constituyen las ganancias del titular, sino lo que ingresa a la notaría por sus servicios prestados. SILVA-HERZOG F., Jesús. “La dimensión económica del notariado”. 1ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, Pág. 63.

[14] Apartado 24 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[15] Apartado 27 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[16] Apartado 28 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[17] Apartado 30 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[18] Apartado 32 del Arancel de Notarios del Distrito Federal.

[19] SEPÚLVEDA SANDOVAL, Carlos. “Fe pública”. 1ª Ed., Porrúa, México, 2006, Págs. 5 y 20.

[20] SILVA-HERZOG F., Jesús. “La dimensión económica del notariado”. 1ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, Pág. 63.

[21] SILVA-HERZOG F., Jesús. “La dimensión económica del notariado”. 1ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, Pág. 64.

[22] SEPÚLVEDA SANDOVAL, Carlos. “Fe pública”. 1ª Ed., Porrúa, México, 2006, Págs. 7 y 8.

[23] PALOMAR DE MIGUEL, Juan. “Diccionario para Juristas”, México, Ediciones Mayo, 1981, pág. 590.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 182-R DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Adolfo Toledo Infanzon, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde la pasada Legislatura, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Soberanía ha velado por establecer las mejores condiciones legales para que el Estado mexicano haga frente a las actividades delictivas del crimen organizado en nuestro país, siempre de manera continua, atingente y responsable, pero sobre todo con absoluta sensibilidad.

Por ello, y bajo esta tesitura, en el Senado de la República se han impulsado reformas legales que permiten a las instituciones y los cuerpos policiacos federales del país prevenir y combatir los delitos de alto impacto, por ser éstos los que más laceran la confianza de nuestra sociedad, al sufrir el menoscabo irreparable en sus propiedades e integridad física.

Sin embargo, el desempeño de las instituciones militares de nuestro país en el combate al crimen organizado no ha sido del todo reconocido. Ciertamente, aún cuando su participación en esta campaña obedece a cuestiones coyunturales y de extrema necesidad, también es cierto que su encomiable labor requiere ser recompensada, a fin de evitar las deserciones y, en consecuencia, conservar su imagen impoluta ante la sociedad.

Es imposible soslayar que la participación de las fuerzas armadas del país se enmarca en una realidad sin precedentes que, tan sólo en lo que va del año, comporta más de tres mil ejecuciones relacionadas con el crimen organizado; cifra record si tomamos en consideración que las ejecuciones se han incrementado en casi un 80% con respecto al año anterior, al registrarse 1,071 ejecuciones durante el mismo periodo del año 2008. En tal virtud, es impostergable la toma de decisiones relacionadas con la dignificación de nuestras fuerzas armadas, principalmente a través de estímulos económicos destinados a diversos fondos constituidos para el desarrollo personal y familiar de sus miembros, tales como el seguro de vida, de educación, de vivienda, recompensas, etc.

Es cierto que no se puede obviar la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, la cual nos obliga a que en la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación debe primar la austeridad, el cuidado del gasto corriente, y la inversión en áreas prioritarias para el desarrollo del país, principalmente.

Sin embargo, los recursos económicos destinados a los fondos de servicios para las fuerzas armadas pueden provenir, justamente, de recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; lo cuales se destinarían igualmente y en la misma proporción a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud, tal y como actualmente lo establece el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Al igual que se argumentó durante el proceso de adición del precitado artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales en el año 2002, el Estado mexicano requiere incidir en aspectos fundamentales de la columna vertebral del crimen organizado, y en particular de su capacidad financiera. Debiendo actuar, por lo tanto, en contra de sus bienes, asegurándose y decomisándose los mismos, a fin de contribuir al ingreso del Estado que ve mermado su presupuesto en rubros estratégicos para el combate al crimen organizado.

En tal virtud, es absolutamente justo y necesario que el presupuesto asignado a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se vea incrementado por los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes anteriormente señalados.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-R.- Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1) de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, en partes iguales, a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.

Los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes.

Los recursos que correspondan a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina deberán destinarse a cubrir las prestaciones a que se refiere el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Se recibió de los Senadores Carlos Sotelo García y María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por la materia y contendido, corresponde conocer como Cámara de origen a la Cámara de Diputados, por lo tanto se turna a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 17 Y 226 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por los CC. Senadores Carlos Sotelo García y María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del PRD)

“Los que suscriben, Senadores Carlos Sotelo Garcia y Maria Rojo e Inchaustegui, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71) de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentamos ante la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, iniciativa de Decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de establecer que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable, al tenor de los siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección y promoción de las industrias culturales son temas estratégicos para el país: construyen la identidad nacional y aportan al desarrollo económico. Son recursos igualmente trascendentales para la comunicación y participación de la ciudadanía.

En particular, la cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y, a la vez, es industria con potencial para producir una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos; al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e idiosincrasia de nuestro pueblo.

Sin embargo, el eslabón inicial de la industria cinematográfica mexicana (el de la producción) afronta debilidades estructurales. Entre otras: la baja capacidad desde el punto de vista de la oferta, los necesarios altos capitales de riesgo y limitada expectativa de obtención de márgenes de utilidad, el intrincado acceso al crédito preferencial y al sistema de garantías, la sujeción a altos costos financieros, la dificultad de constitución empresarial para esta actividad encargada de congregar y organizar un conjunto de creaciones, recursos y necesidades logísticas.

En los eslabones siguientes de la cadena, se dan también graves elementos perturbadores: las distribuidoras y exhibidoras de películas no tienen interés en promover las producciones mexicanas, enfocadas como están en sacar jugosas ganancias de las cintas estadunidenses. Es por ello que piden pocas copias de filmes nacionales, les dan escasa publicidad y los exhiben en salas lejanas, lo que inhibe al espectador.

No existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana, no existen cadenas ni medios de distribución adecuados, el cine mexicano se produce en difíciles condiciones y, no obstante, las películas tienen un alto valor.

Lo más lamentable es que México cuenta con todos los elementos para lograr una cinematografía pujante: además del talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con sólida asistencia a las salas.

Con más de 5 mil pantallas, México ocupa el quinto lugar mundial en asistencia de público a sus salas con 182 millones de boletos vendidosy el décimo tercero en recaudación de ingresos en taquilla, con alrededor de 7 mil millones de pesos.

No obstante, de los 165 millones de boletos que se venden cada año en el territorio nacional, sólo el cinco por ciento de ellos toca a la exhibición de películas hechas por cineastas mexicanos.

Se estima también que el mercado cinematográfico, tan sólo en su sector primario (ingresos en salas cinematográficas, dulcería, comisión por estacionamiento, etcétera) puede valer 10 mil millones de pesos; o sea, sin contabilizar el volumen que representa su distribución y promoción en otras ventanas como el DVD y la televisión abierta y de paga.

Por esto, resulta inconcebible que desde el Ejecutivo federal no se vislumbre que una política pública adecuada de fomento al cine produciría enormes beneficios para el país: actualmente, el sector de la cultura aporta 7 por ciento del PIB, porcentaje que aumentaría considerablemente con una industria cinematográfica sana y vigorosa.

Inmersa así en una absurda ausencia de políticas públicas para su promoción, en la década pasada, la industria cinematográfica nacional estuvo al borde de la extinción. En 1977, se produjeron sólo 9 películas, la cifra más baja en 65 años, cuando en la denominada época de oro producía un promedio de 122 películas al año que se exhibían en toda América Latina.

Como respuesta, aunque tardía, en 1998, el Estado mexicano creó el FOPROCINE y, en 2001, el FIDECINE, fideicomisos de apoyo a un cine de arte y documentales, el primero, y de un buen cine comercial, el segundo. Empero, durante los años subsecuentes, quedó evidenciada la insuficiencia de las aportaciones fiscales que se canalizaron al sector, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad y del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

Asimismo, en esa etapa, el capital privado nacional observó con desaliento por un mercado que aunque potencialmente rico en oportunidades, no ofrecía incentivos fiscales como en las industrias similares en el extranjero.

Atendiendo a esta difícil situación de la industria cinematográfica, el 11 de noviembre del 2004, el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, consistente en otorgar un estímulo fiscal para proyectos de inversión productiva por las inversiones en la producción cinematográfica nacional, hasta por un monto de 500 millones de pesos, a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente.

Pero a pesar que la adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta recogió la voluntad unánime de todos los partidos políticos representados en el Congreso y recibió el beneplácito de amplios sectores sociales que vieron en ella un paso fundamental para recuperar el papel del Estado en el fomento de la cultura nacional, por una actitud negativa e ilegal de las autoridades hacendarias, el artículo 226 ha presentado difíciles problemas en su aplicación para la comunidad cinematográfica y los potenciales inversionistas.

En principio, el Servicio de Administración Tributaria pretendió hacer nugatorio los beneficios del estímulo fiscal mediante la dilación en la publicación de las reglas de operación, lo que hizo ineficaz la aplicación del recurso por parte de los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y en base a sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación.

Al mismo tiempo, la norma contenida en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, desde su instauración 1º de diciembre del 2004, y su correspondiente reforma, en diciembre del 2005, fue objeto de innumerables interpretaciones contradictorias tanto por parte de las autoridades fiscales, como por parte de los órganos técnicos encargados de su aplicación, que hicieron prácticamente inaplicable la disposición, ya que el Servicio de Administración Tributaria no definió a lo largo de dos años, contra qué actividades se debía acreditar el 10% del Impuesto Sobre la Renta.

Como respuesta a esta resistencia de parte de las dependencias del Ejecutivo federal para aplicar el incentivo fiscal, el 28 de noviembre de 2006, Senadores de la República de los distintos grupos parlamentarios presentamos iniciativa de decreto para efectuar la interpretación auténtica del primer párrafo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estableciendo que en el texto del primer párrafo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005, y en vigor a partir del 1 de enero de 2006, la voluntad y espíritu del legislador fue:

• Establecer un estímulo fiscal a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñaban, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente.

• Determinar que el estímulo fiscal se acreditaba contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente.

• Prescribir que el estímulo fiscal consiste en acreditar hasta el 10% sobre el Impuesto Sobre la Renta que el contribuyente cause en el ejercicio”. Es decir, que el estímulo fiscal radica en un acreditamiento hasta del 10% en contra del mismo ISR del ejercicio a cargo del contribuyente. Lo cual para fines prácticos deriva en utilizar hasta un 10% del monto a pagar por concepto de ISR, para invertirlo en uno o varios proyectos de largo metraje mexicano.

Y el 7 de diciembre de 2006, también Senadores de los distintos Grupos Parlamentarios, presentamos otra iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar nuevamente el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El objeto de dicha iniciativa fue eliminar la ambigüedad en la interpretación de la norma mencionada, y estar en consecuencia, en plena aptitud de aplicar el recurso establecido en la ley, por la vía de inversiones a los productos cinematográficos que sean calificados por los Comités respectivos, brindando así plena seguridad jurídica a los posibles inversionistas, para evitar colocarlos en estado de indefensión ante las amenazas de las autoridades fiscales por una interpretación adversa al espíritu de la ley en ese momento vigente, y por ende, de correr el riesgo de incurrir en inversiones poco seguras y sujetas a los procedimientos de fiscalización respectivos y la imposición de sanciones administrativas que deriven de tales procedimientos.

También, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los inversionistas que participaron en los más de cuarenta proyectos cinematográficos en 2006, ante la posible interpretación adversa de la disposición vigente en ese momento por parte de las autoridades, en la iniciativa se estableció una disposición transitoria, con la finalidad de hacer retroactiva en beneficio de los contribuyentes, el nuevo texto de la disposición.

Por tanto, aprobada la iniciativa y publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma, en el texto vigente del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta quedaron establecidas con precisión las características legales del EFICINE:

• Es un incentivo fiscal a los contribuyentes del ISR o el IMPAC por sus aportaciones a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional.

• El monto total del estímulo es hasta por 500 millones de pesos.

• El monto máximo por contribuyente y por proyecto es de 20 millones de pesos.

• La aportación tiene un tope de 10% del ISR a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior o contra el impuesto al activo.

• La aprobación del estímulo tiene como sustento la aplicación de las Reglas Generales y a través del Comité Interinstitucional.

De esta manera, con la aprobación de esa iniciativa de dejó perfectamente claro que los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que sean residentes en México, ya sean personas físicas o morales, sin perjuicio que se dediquen a otra actividad que no sea la industria cinematográfica, y que aporten en efectivo un monto que no exceda del 10% del Impuesto Sobre la Renta pagado en el ejercicio inmediato anterior, y que no sea superior a los 50 millones de pesos, podrán acreditar dicho monto contra el Impuesto Sobre la Renta a pagar en el ejercicio en que se efectúe la aportación correspondiente.

Sin embargo, aún cuando el contenido normativo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue establecido de manera muy precisa, hoy nuevamente las autoridades fiscales hacen una interpretación ilegal para aplicarlo, que pone en riesgo la misma vigencia y la futura aplicación del estímulo fiscal al cine mexicano.

El 12 de diciembre de 2008, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su sitio de Internet el criterio normativo 2/2008/ISR2, en cuyo texto, bajo el título “ los estímulos fiscales constituyen ingresos acumulables para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, se señala: a) El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, señalando expresamente en el párrafo segundo que no se consideran ingresos, aquéllos que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la reevaluación de sus activos y de su capital; b) Los estímulos fiscales constituyen un ingreso en crédito, el cual no se encuentra señalado en la excepción contenida en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; c) Así, los estímulos fiscales son ingresos acumulables en términos del primer párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto para el caso en donde haya una disposición expresa, estableciendo que no se considere como un ingreso acumulable.

De ahí que según el erróneo criterio del Servicio de Administración Tributaria, al constituir el EFICINE un ingreso en crédito y no encontrarse exceptuado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el estimulo fiscal al cine debe considerarse un ingreso acumulable para efectos del ISR. Porque según la apreciación del SAT el EFICINE siempre modifica positivamente el patrimonio de los contribuyentes que lo aplican, pues disminuye la cuantía del ISR a pagar y, de esta manera, extingue parcialmente la obligación de pagar del ISR del ejercicio.

Es absolutamente ilegal esta interpretación. Del mismo texto del artículo 226 se desprende que el estímulo fiscal a la producción cinematográfica no es de pleno derecho un impuesto acumulable para el que lo utiliza, sino hasta que modifique positivamente su patrimonio.

Quien recibe el estímulo y lo acredita contra el impuesto sobre la renta a su cargo, no está recibiendo de inmediato ningún incremento patrimonial, porque si bien es cierto que cubre menos impuesto; también es cierto, que tuvo que erogar obligatoriamente el importe de la misma cantidad ahorrada en la inversión efectuada en la obra cinematográfica.

No hay ninguna duda, el estímulo fiscal al cine es de los que están condicionados a erogar la misma cantidad ahorrada fiscalmente, por lo que de inmediato no puede considerarse un ingreso acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta.

Asimismo, la interpretación que pretende la Secretaria de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, violenta la esencia, naturaleza y finalidad jurídicas de los estímulos fiscales. Efectivamente, como acertadamente los establecen las Licenciadas María Fernanda Cervantes Estrada y Gabriela Valencia Ayala, un subsidio es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante períodos determinados.

Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando, asimismo, los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables, una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto.

De esta manera, como estímulo fiscal, el EFICINE constituye una ayuda económica que otorga el legislador a aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito.

Este apoyo económico no desaparece la obligación tributaria, sino que tiene como efecto que sea el Estado quien absorba la carga fiscal. Lo que se entiende y justifica en virtud de que con la instauración de dicho estímulo fiscal se busca la consecución de un fin parafiscal específico, que consiste en la promoción y desarrollo de la industria cinematográfica nacional.

El hecho de que el Estado asuma la obligación impositiva del beneficiario del EFICINE, implica que el contribuyente pueda aplicarlo en contra del Impuesto Sobre la Renta a su cargo y por ende que este último se vea disminuido. Esto en concordancia con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los estímulos fiscales pueden traducirse en un impuesto negativo o en un no pago del impuesto a cargo.

En consecuencia, resultaría contrario al espíritu de la ley que si la aplicación del EFICINE se traduce en una disminución del impuesto a cargo de los contribuyentes o en un no pago del impuesto, también sea considerado simultáneamente como un ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta.

La intención de considerar al EFICINE como un ingreso acumulable implicaría que el estímulo deje de ser un beneficio para los contribuyentes que aportan para el desarrollo del cine mexicano, puesto que por un lado, el Estado no estaría asumiendo la carga contributiva respectiva y, por otro, el contribuyente no vería reflejada la disminución del impuesto correspondiente.

Es evidente, bajo ningún criterio de interpretación, el estimulo fiscal al cine establecido en el artículo 226 debe ser considerado un ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta. No obstante, la interpretación que se pretende en la Secretaría de Hacienda, se traduciría en que los contribuyentes que aportaran a un proyecto cinematográfico para acreditar 20 millones de pesos tendrían que desembolsar el 28 por ciento adicional, que equivale a erogar 5.6 millones de pesos, lo que indudablemente implicará la disminución sustancial del número de empresas dispuestas a utilizar el estímulo fiscal este año, produciendo un daño irreversible para la industria cinematográfica.

La experiencia de los años recientes y las cifras del IMCINE demuestran que aún con las grandes dificultades que hubo que superar para lograr su instrumentación y aplicación, el EFICINE ha sido trascendente para la industria cinematográfica. En el mismo 2007, la producción de películas mexicanas aumentó a 70 largometrajes, de las cuales 41 fueron apoyadas por el Estado, la cifra más alta de los 18 años anteriores.

Respecto a la exhibición, en 2007, se estrenaron 43 películas mexicanas de las cuales 34fueron apoyadas por el Estado. La asistencia al cine nacional fue 13.4 millones de asistentes, la cifra más alta en los 5 años anteriores, con un ingreso de 500 millones de pesos.

En 2008, la producción de películas mexicanas también fue de 70 largometrajes, de las cuales 57 fueron apoyadas por el Estado.En relación a la exhibición, en 2008, se estrenaron 49 películas mexicanas de las cuales 38 fueron apoyadas por el Estado. La asistencia al cine nacional fue 13.3 millones de asistentes, con un ingreso de 533 millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones también del IMCINE, los 500 millones de pesos de EFICINE han tenido un efecto multiplicador en más de 2500 millones de pesos en la economía cinematográfica. Además, la inversión cinematográfica genera empleos directos e indirectos. Atendiendo a información estadística del IMCINE, los proyectos cinematográficos apoyados por EFICINE del 2006 al 2008 han generado al menos 17 mil 500 empleos directos, sólo en el proceso de producción de la película, aparte de los empleos y beneficios económicos indirectos que conlleva la realización de un film. Cifras que no consideran la distribución y exhibición cinematográfica, que representa la mayor proporción del ingreso de la industria.

Del mismo modo, con datos duros del FIDECINE, se demuestra que todo lo que el Estado ha invertido en apoyo a la producción cinematográfica, ha sido recuperado vía de impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otro de los efectos positivos de la aplicación de EFICINE es la formación de nuevas sinergias en el sector cinematográfico con empresas privadas, pues corporaciones que participan en el financiamiento de proyectos cinematográficos han utilizado sus diferentes nichos de mercado para promocionar el cine mexicano. Además de que ha logrado incorporar nuevos sectores productivos a la inversión cinematográfica y ha aumentado la participación de los inversionistas privados.

Por ello, en aras de preservar y mantener todos los efectos positivos y multiplicadores producidos por el EFICINE a favor no sólo de la industria cinematográfica sino de la cultura y de la economía nacionales, resulta urgente reformar y adicionar los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer de manera expresa en el texto legal que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este orden, conforme al contenido de la iniciativa, se proyectaestatuir en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que para efectos del Título relativo, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por la disposición del estímulo fiscal a la producción cinematográfica.

Asimismo, se propone adicionar el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el siguiente contenido normativo

• El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

• Los contribuyentes podrán acreditar el importe del estímulo fiscal contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

• Los contribuyentes que consolidan su resultado fiscal, estarán a lo siguiente: a) La sociedad controladora podrá acreditar el estímulo fiscal aplicado por cada una de las sociedades controladas o por ella misma, contra el impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio, en la participación consolidable; b) La participación consolidable será la que se determine conforme a los dispuesto por el artículo 68 de esta ley; c) El monto del estímulo fiscal acreditado por la sociedad controladora no podrá exceder del importe que cada una de las sociedades controladas, que hayan tenido derecho al mismo, apliquen de manera individual en cada ejercicio, en la participación consolidable, ni del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como siguen:

Artículo 17. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital o por la disposición del estímulo fiscal a la producción cinematográfica.

Laspersonas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta.

No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Sin embargo, estos ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 226.Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estimulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Los contribuyentes podrán acreditar el importe del estímulo fiscal contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Los contribuyentes que consolidan su resultado fiscal, estarán a lo siguiente: a) La sociedad controladora podrá acreditar el estímulo fiscal aplicado por cada una de las sociedades controladas o por ella misma, contra el impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio, en la participación consolidable; b) La participación consolidable será la que se determine conforme a los dispuesto por el artículo 68 de esta ley; c) El monto del estímulo fiscal acreditado por la sociedad controladora no podrá exceder del importe que cada una de las sociedades controladas, que hayan tenido derecho al mismo, apliquen de manera individual en cada ejercicio, en la participación consolidable, ni del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I.- Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad.

II.- El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional.

III.- El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

IV.- Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2010.

Segundo.- Las personas físicas o morales que hayan efectuado inversiones utilizando el estímulo fiscal a la producción cinematográfica durante el ejercicio de 2009, podrán aplicar para el ejercicio fiscal de 2009, lo dispuesto en el presente Decreto.

Sede del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Carlos Sotelo García”.

Procede ahora ofrecer el uso de la palabra al Senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre propio y de los Senadores Antonio Mejía Haro y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales, en materia de recursos fitogenéticos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES

(Presentada por el C. Senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre de los CC. Senadores Antonio Mejía Haro y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, señor Presidente.

Hay necesidad de subir a la tribuna para iniciar el periodo legislativo.

Esta iniciativa que propongo compañeras y compañeros, junto con nuestros colegas Antonio Mejía Haro y José Luis Máximo García Zalvidea, tiene que ver con algo ciertamente técnico, pero no menos importante, por supuesto, se trata de generar las condiciones para que el gobierno pueda tener la autorización para iniciar, para elaborar un registro de las variedades fitogenéticas que tenemos en nuestro país, porque el carácter estratégico de México en cuanto a diversidad biológica y riqueza genética es contrastante con la falta de mecanismos legales para su protección y conservación; históricamente, su gestión se ha manejado con base en un esquema comunitario, más debe gozar de protección del orden jurídico en cuanto a conocimientos, semillas y especies.

No atender esta situación, pone en riesgo la viabilidad de nuestra riqueza, lo cual resulta irresponsable y sobremanera, más aun cuando somos uno de los pocos países megadiversos.

El derecho de uso de estos recursos y conocimientos no puede ser restringido a la vía de la propiedad intelectual, pues no sólo los que ostentan un título de propiedad tienen derecho de uso y de generar nuevos conocimientos o variedades genéticas.

En este sentido la FAO estableció en la Convención Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, serie de disposiciones mínimas, con miras a garantizar un uso más eficaz de la diversidad genética para hacer frente al desafío de la erradicación del hambre en el mundo.

Tal convención ofrece un marco para garantizar el acceso a los recursos fitogenéticos, a conocimientos y tecnologías relacionadas, así como a los fondos comprometidos internacionalmente.

Se cuenta pues, con un instrumento centrado en la agricultura y la suficiencia alimentaria, desde el cual se puede avanzar a relaciones más equitativas y asegurar la conservación de los recursos genéticos.

Hasta ahora ha prevalecido las presiones para patentar o asegurar otros derechos de propiedad intelectual sobre plantas y sus recursos genéticos. Ante este problema, se establece que aquellos que reciban germoplasma no pueden reclamar ningún derecho de propiedad u otros derechos que limiten un acceso facilitado a los recursos genéticos.

Asimismo, consideramos de vital importancia la colaboración entre los organismos mexicanos y sus pares en otros estados, por lo que restablecemos las herramientas suficientes para poder intercambiar información y para crear políticas y programas para la mejor utilización de las colecciones de germoplasma y los procesos de mejoramiento de los recursos fitogenéticos; todo ello aprovechando la estructura del INIFAP, que es el organismo público especializado en la materia.

Otro de los avances es el de esclarecer los derechos a los obtentores de variedades vegetales en cuanto al consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla como insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales, siempre y cuando no se lucre con el producto o la variedad obtenida, estableciendo sanciones para perfeccionar esa norma.

Finalmente, se establece que los recursos fitogenéticos son de dominio público y por tanto nadie podrá ejercer derechos o imponer restricciones ostentándose como obtentor de éstos, cuando su acceso tenga por objetivo el desarrollo de investigaciones para la alimentación o la agricultura.

Considerando pertinente obligar por consiguiente a la Secretaría a garantizar el acceso a los recursos fitogenéticos, siempre y cuando se asegure su conservación y aprovechamiento sostenible y los receptores le remitan periódicamente un informe sobre las investigaciones y aplicaciones.

Respecto a la comercialización de un producto que incorpore material genético procedente de los recursos fitogenéticos recibidos, ésta se permitirá mientras el producto esté sin restricciones a disposición de cualquier interesado para su uso en investigación y mejora genética.

Estas son las razones por las que proponemos esta iniciativa, y yo le pido, señor Presidente, que instruya se publique en el Diario de los Debates íntegra para conocimiento de todos los compañeros y le agradezco que me haya cedido la palabra.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y José Luis García Zalvidea, Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales en materia de Recursos Fitogenéticos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El carácter estratégico de México en cuanto a su diversidad biológica y riqueza genética es actualmente contrastante con la falta de mecanismos legales para la protección y conservación del conocimiento tradicional, así como la generación y diversificación de las plantas y hongos con que contamos; históricamente, su gestión se ha manejado con base en un esquema comunitario, mismo que hoy debe acompañarse de una protección del orden jurídico en cuanto a conocimientos, semillas y especies y requiere verse beneficiado de los avances de la tecnología.

No atender esta situación, pone en riesgo la viabilidad de nuestra riqueza, lo cual resulta irresponsable en sobremanera, más aún cuando somos uno de los pocos países megadiversos.

En este sentido, la presente propuesta parte de la perspectiva de queel derecho de uso de estos recursos y conocimientos no puede ser restringido a la vía de la propiedad intelectual ni a la legislación en materia civil, por tanto, no sólo los que ostentan un título de propiedad y pueden pagar por ellos, tienen derecho de uso y de generar nuevos conocimientos o variedades genéticas (o en casos absurdamente comunes, de registrar aquellas como invenciones originales).

En este sentido, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estableció en la Convención Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, una serie de disposiciones mínimas, equiparables a una ley marco, con miras a garantizar un uso más eficaz de la diversidad genética para hacer frente al desafío de la erradicación del hambre en el mundo.

Tal convención es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, que ofrece un marco para garantizar el acceso a los recursos fitogenéticos, a conocimientos y tecnologías relacionadas, así como a los fondos comprometidos internacionalmente. En este sentido, el Director General de la FAO, Jaques Diouf, es claro al precisar que “El Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es la encrucijada donde se encuentran la agricultura, el medioambiente y el comercio. Es un instrumento internacional de primer orden que reconoce el significado del acceso y el reparto de beneficios como la base para el uso continuo y sostenible de los recursos fitogéneticos en la alimentación y la agricultura”.

Se cuenta pues, con un instrumento internacional del mismo nivel de jerarquía que los acuerdos comerciales, pero centrado en la agricultura y la suficiencia alimentaria, desde el cual se puede avanzar a relaciones más equitativas y asegurar la conservación de los recursos genéticos.

Lo anterior, ha quedado claro en diversos países (de entre los que destacan los pertenecientes a la Unión Europea), los cuales han comenzado ya a hacer las leyes de recepción pertinentes

Hasta ahora han prevalecido las presiones para patentar o asegurar otros derechos de propiedad intelectual sobre plantas y sus recursos genéticos. Ante este problema, la convención –así como la ley que proponemos, que toma como base los compromisos internacionales asumidos por México y aquí aludidos- indica que aquellos que reciben germoplasma no pueden reclamar ningún derecho de propiedad u otros derechos que limiten un acceso facilitado a los recursos genéticos.

En este sentido, tomamos la Ley Federal de Variedades Vegetales, que nos parece la norma idónea para introducir conceptos que aunque básicos en la materia, no se encuentran contemplados por la Ley; así las cosas, establecemos el de Recurso fitogenético, conservación IN SITU y EX SITU, programas de recolección de semillas y muestras de germoplasma, entro otros, todo ello encaminado a aprovechar las colecciones con que ya cuenta el estado (principalmente a través del INIFAP y Universidades Públicas.

Asimismo, consideramos de vital importancia la colaboración entre los organismos mexicanos y sus pares en otros Estados, por lo que establecemos las herramientas suficientes para poder intercambiar información y para crear políticas y programas para la mejor utilización de las colecciones de germoplasma y los procesos de mejoramiento de los recursos fitogenéticos; todo ello aprovechando la estructura del INIFAP, que es el organismo público especializado en la materia.

Cabe destacar la concepción de Recurso fitogenético, como cualquier material genético de origen vegetal (incluidos los hongos) con valor real o potencial para la agricultura y la alimentación, susceptible de utilización directa o de uso con fines de mejoramiento de cualquier variedad vegetal, que requieren de protecciones específicas para asegurar su conservación y explotación sostenible.

Asimismo, comprendemos como variedad de Conservación a aquella vegetal o fitogenética cuya conservación es necesaria para la salvaguarda de la riqueza y diversidad biológica y genética, consideradas en situación de amenaza por la SEMARNAT, así como aquellas especies calificadas como endémicas por dicha Secretaría.

En este sentido, fue necesario ampliar las facultades de la secretaría a efecto de establecer formalmente la de conservar y mantener una colección de variedades vegetales y recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, promoviendo para los efectos, la cooperación nacional e internacional, pública y privada que sea necesaria; así como para establecer limitaciones al aprovechamiento o explotación de Variedades Vegetales o Recursos fitogenéticos, cuando existan indicios de riesgos a la salud humana, la sanidad animal, el medio ambiente o cuando existan riesgos de contaminación genética de otras especies o de cultivos.

Otro de los avances que incorporamos, es el de esclarecer los derechos a los obtentores de variedades vegetales en cuanto al consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla como insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales, siempre y cuando no se lucre con el producto o la variedad obtenida, estableciendo sanciones para perfeccionar esta norma.

Además, establecemos un capítulo denominado “Operaciones de Control” en el que desarrollamos normas para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de las Normas Oficiales Mexicanas. De esta forma, la Secretaría deberá elaborar programas generales para el control de la calidad de variedades vegetales y recursos fitogenéticos y fomentará su evaluación para mejorar el rendimiento y calidad de los productos.

Finalmente, cabe destacar la introducción de un título quinto, denominado De los Recursos Fitogenéticos, que es precisamente la norma de recepción, adecuada y compatible con la Legislación Internacional en la materia. En dicho título, se establece que Los recursos fitogenéticos son de dominio público y por tanto nadie podrá ejercer derechos o imponer restricciones ostentándose como obtentor de éstos, cuando su acceso tenga por objetivo el desarrollo de investigaciones para la alimentación ola agricultura.

Asimismo, consideramos pertinente obligar a la Secretaría a garantizar el acceso a los recursos fitogenéticos, siempre y cuando se asegure su conservación y aprovechamiento sostenible y los receptores le remitirán periódicamente un informe sobre las investigaciones y aplicaciones obtenidas del recurso obtenido, salvo en los casos de secreto industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto de la comercialización de un producto que incorpore material genético procedente de los recursos fitogenéticos recibidos, esta se permitirá mientras el producto esté sin restricciones a disposición de cualquier interesado para su uso en investigación y mejora genética.

Según establece la FAO, Para que la conservación y la utilización sostenible de los RFAA tengan éxito se requiere la actuación de personas muy diversas en cada país: encargados del germoplasma, mejoradores, científicos, agricultores y sus comunidades, administradores de zonas de recursos, planificadores, autoridades y ONG. Se necesitan mecanismos sólidos de planificación, evaluación y coordinación a nivel nacional para permitir una participación constructiva de todos. En este contexto, consideramos necesario establecer desde la Ley, un Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, encargado de la conservación y utilización sostenible de recursos fitogenéticos, que aprovecharía la estructura de Organismos como INIFAP, SENASICA y demás pertinentes, según los ajustes internos que en uso de sus facultades haga la Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se adicionan las fracciones V, VI X y XI al artículo 2, XII y XIII del artículo 3, los incisos a y b de la fracción II del artículo 4, la fracción I del artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 14, el párrafo tercero del artículo 25, los párrafos primero y cuarto del artículo 48 y se crean los artículos 7 bis, 28 bis, 28 ter y 28 quater, 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quintus y 37 sextus, adicionando un Título Quinto, denominado De los Recursos Fitogenéticos; todo ello, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue:

“Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.- a IV.- (…)

V.- Proceso de mejoramiento: Técnica o conjunto de técnicas y procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal y que hacen posible su protección por ser nueva, distinta, estable y homogénea, incluyendo la manipulación genética;

VI. Recurso Fitogenético: Cualquier material genético de origen vegetal con valor real o potencial para la agricultura y la alimentación, susceptible de utilización directa o de uso con fines de mejoramiento de cualquier variedad vegetal, que requieren de protecciones específicas para asegurar su conservación y explotación sostenible;

VII.- a IX.- (…)

X. Variedad de Conservación: Variedad vegetal o fitogenética cuya conservación es necesaria para la salvaguarda de la riqueza y diversidad biológica y genética, consideradas en situación de amenaza por la Secretaría, así como aquellas especies calificadas como endémicas por la Secretaría, y

XI.- Variedad vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea, incluyendo los hongos.

Artículo 3o.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I.-a XI.- (…)

XII. Conservar y mantener una colección de variedades vegetales y recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, promoviendo para los efectos, la cooperación nacional e internacional, pública y privada que sea necesaria, y;

XIII.- Las demás atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos.

Artículo 4o.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

I. a II.- (…)

a) Quince años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y

b) Diez años para las especies no incluidas en el inciso anterior.

(…)

Artículo 5o.- No se requiere del consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla:

I.- Como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales, siempre y cuando no se lucre con el producto o la variedad obtenida, en cuyo caso quienes usen o aprovechen la variedad vegetal, estarán a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 14 de este ordenamiento;

II. y III. (…)

Artículo 7 BIS. La Secretaría podrá establecer limitaciones al aprovechamiento o explotación de Variedades Vegetales o Recursos fitogenéticos, cuando existan indicios de riesgos a la salud humana, la sanidad animal, el medio ambiente.

Cuando existan riesgos de contaminación genética de otras especies o de cultivos, la secretaría impondrá al obtentor las medidas de seguridad necesarias para que puedan ser utilizadas sólo en determinadas zonas o condiciones de cultivo.

Artículo 14.- (…)

(…)

(…)

Las variedades vegetales obtenidas a partir de recursos fitogenéticos sólo podrán aprovecharse o explotarse previo permiso de la Secretaría y comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el título Quinto de esta Ley.

Artículo 25.- (…)

(…)

Las posibles situaciones de emergencia podrán ser denunciadas por cualquier persona, pero únicamente la secretaría podrá calificarlas como tal.

CAPITULO QUINTO
OPERACIONES DE CONTROL

Artículo 28 BIS. El aprovechamiento y explotación de variedades vegetales y recursos fitogenéticos estará sometido al control del Comité, a efecto de determinar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta Ley.

Artículo 28 TER. Para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de las Normas Oficiales Mexicanas, el Comité establecerá planes específicos de ensayos de campo y laboratorio, con muestras tomadas para tal fin.

El obtentor, los beneficiarios, cesionarios o causahabientes, deberán estar en todo momento en capacidad de comprobar el apego a la normativa aplicable.

Artículo 28 QUATER. La Secretaría elaborará programas generales para el control de la calidad de variedades vegetales y recursos fitogenéticos y fomentará su evaluación para mejorar el rendimiento y calidad de los productos.

TITULO QUINTO
DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS

Artículo 37 BIS. Los recursos fitogenéticos son de dominio público, por lo tanto ninguna persona podrá ejercer derechos o imponer restricciones ostentándose como obtentor de éstas, ni subsistirá reconocimiento alguno para su aprovechamiento y explotación en forma exclusiva.

Los receptores de recursos fitogenéticos no podrán reclamar derecho alguno que limite su acceso para la alimentación, la agricultura o la investigación científica.

Artículo 37 TER. El acceso a los recursos fitogenéticos, estará garantizado por la Secretaría, siempre y cuando esté garantizada su conservación y aprovechamiento sostenible.

Las variedades de conservación, tendrán la consideración de recurso fitogenético mientras subsista la necesidad de protección.

Artúculo 37 QUATER. Los receptores de recursos fitogenéticos remitirán a la Secretaría cada dos años, durante un periodo de veinte años contados a partir de la recepción, un informe sobre las investigaciones y aplicaciones obtenidas del recurso fitogenético obtenido, salvo en los casos de secreto industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

La secretaría autorizará la comercialización de un producto que incorpore material genético procedente de los recursos fitogenéticos recibidos, siempre y cuando el producto esté sin restricciones a disposición de cualquier interesado para su uso en investigación y mejora genética.

Artículo 37 QUINTUS. La Secretaría establecerá un Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, encargado de la conservación y utilización sostenible de recursos fitogenéticos, que tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conservar, facilitar y fomentar el uso sostenible de la riqueza genética nacional;

II. Impulsar el uso de variedades en peligro de desaparición, con potencial genético susceptible de utilización directa o de uso para la mejora genética de variedades vegetales;

III. Elaborar y mantener un inventario de recursos fitogenéticos, incluso los de uso potencial, documentando los conocimientos tradicionales sobre dicho recurso;

IV. Evaluar cualquier amenaza a los recursos fitogenéticos e implementar las medidas oportunas para su protección;

V. Promover e incentivar la conservación de recursos fitogenéticos dentro y fuera de su hábitat natural;

VI. Conservar muestras debidamente identificadas y en condiciones adecuadas de conservación del material de propagación de los recursos fitogenéticos;

VII. Asesorar técnicamente al receptor de recursos fitogenéticos;

VIII. Elaborar un programa para la conservación y utilización sostenible de recursos fitogenéticos, y

IX. Las demás que le otorgue está ley y el reglamento.

Artículo 37 SEXTUS. El reglamento establecerá mecanismos suficientes y efectivos para proteger y promover los derechos de agricultores y comunidades indígenas, y distribuir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos.

Artículo 48.- Sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles, administrativas o penales en que se incurra, la Secretaría impondrá, con arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por las infracciones que a continuación se indican, las multas siguientes:

I.-a VIII. (…)

(…)

(…)

En todo caso, deberá garantizarse la reparación del daño causado al obtentor el cual no podrá ser menor al límite mínimo de la sanción que corresponda.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría contará con un plazo de seis meses para establecer el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos y emitir las disposiciones reglamentarias conducnetes.

Tercero. El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos contará con un plazo de dos años contados a partir del día siguiente de su instalación, para integrar el inventario de recursos fitogenéticos a que se refiere la fracción III del artículo 37 QUINTUS.”

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen.José Luis García Zalvidea”.

- El C. Presidente García Cervantes: Sí, Senador RubénVelázquez, ¿está usted de acuerdo en que suscriban junto con usted su iniciativa los compañeros Senadores que están indicando esa intención?, para que la Secretaría Parlamentaria tome debida nota de los compañeros Senadores que quieren adherirse a su iniciativa.

- El C. Senador Rubén Fernando Velázquez López: Sí, como no. Muchas gracias, gracias, Heladio; gracias, Arturo.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, Senador RubénVelázquez. Los señores Senadores que han manifestado su intención de adherirse a esta iniciativa han sido registrados por la Secretaría Parlamentaria.

Como lo ha solicitado el proponente, el Senador Velázquez López, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente, son muchas comisiones, ojalá el proponente pueda insistir en una reunión de Comisiones Unidas para que pueda encontrar pronto análisis y dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 64 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Javier Castelo Parada: Con su permiso, señor Presidente; amigas Senadoras y amigos Senadores:

Deseo compartir con ustedes una iniciativa que pretende evitar la incertidumbre jurídica que genera una norma cuestionada y que su vigencia pueda causar graves daños, incluso irreversibles e irreparables al interés público.

El 5 de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reformas a diversos preceptos de la Constitución, con el objetivo de consolidar la transformación del Poder Judicial; en dicha iniciativa, se reconoció la importancia de la Suprema Corte para mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión, al dirimir las controversias que se susciten entre los órganos del Estado.

El eje fundamental de la reforma de 1994, fue asignarle facultades de Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la creación de la acción de inconstitucionalidad y la ampliación de los supuestos de procedencia de las controversias constitucionales, entre otros elementos.

En la actualidad, la tarea del Tribunal Constitucional consiste en ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que incluye la revisión de la actuación de los poderes legislativo federal y de los estados, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos.

Un Tribunal Constitucional tiene la función de ser el garante de la Constitución, lo cual implica vigilar no solo el cumplimiento de la ley sino sobre todo hacer cumplir a los órganos del Estado y a los gobernados los valores intrínsecos de la Constitución.

En atención a ello y en concordancia con la experiencia obtenida en estos quince años, se considera fundamental fortalecer la calidad de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte. Sabedores de que ya cuenta con instituciones jurídicas como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, ambos instrumentos aún deben perfeccionarse y ponerse en correlación con las nuevas experiencias alcanzadas en estos años.

En este sentido y con la finalidad de lograr una mayor eficacia en el control constitucional, se plantea reformar la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, para efectos de facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de la acción de inconstitucionalidad, pueda declarar también la suspensión, como lo existe para controversias, en este caso, de la norma cuestionada, al darse determinados supuestos hasta en tanto no se dicte respectiva.

Con esta reforma se busca fortalecer este medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano, respondiendo a la necesidad fundamental de evitar la incertidumbre jurídica que genera una norma cuestionada, y evitar que su vigencia pueda causar graves daños irreversibles e irreparables al interés público.

Revisando el derecho comparado, en Alemania, se prevé una facultad suspensiva de la norma cuestionada, al establecer que “El Tribunal Constitucional Federal, podrá en un litigio determinado, regular una situación mediante un auto provisional cuando fuere necesario para prevenir perjuicios graves, para impedir una amenaza de violencia o para el bien común como otra razón importante”. En dicho caso, la legislación alemana admite excepcionalmente el efecto suspensivo de la vigencia de la ley con el sólo cuestionamiento de la misma.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de acción de inconstitucionalidad se ha visto hasta la fecha imposibilitada para evitar la suspensión de normas generales, a diferencia de lo que sucede en las controversias constitucionales.

Actualmente la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución establece en el último párrafo del artículo 64 que “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”, sin embargo, debemos considerar que en la práctica hay casos que por su naturaleza y trascendencia, se requiere suspender la aplicación de la norma impugnada en lo que se resuelve el fondo del asunto, para prevenir perjuicios graves, por estimar que pueda haber una posible contradicción entre una ley con un tratado internacional por una parte, y la Constitución por la otra o una inconstitucionalidad manifiesta que pudieran perjudicar gravemente el interés social.

La propia Corte ha reconocido dentro de la controversia constitucional como instituciones de derecho procesal, la Apariencia del Buen Derecho y el Peligro en la Demora, como parámetros de valoración y siendo la acción de inconstitucionalidad también una medida cautelar, consideramos que puede ser factible, hacer una apreciación anticipada de carácter provisional de la inconstitucionalidad, con el fin de aplicar la suspensión.

Estos dos conceptos de derecho procesal, La Apariencia del Buen Derecho y el Peligro de la Demora, fortalecen la toma de decisiones de los señores Ministros y les proporcionan medidas de apreciación sólidas, que coadyuvan al control constitucional, como sucedería de aplicarse a las acciones de inconstitucionalidad, dándole mayor certeza a los gobernados.

En la valoración por parte de la autoridad judicial, basada primordialmente en los conceptos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora antes mencionados, también debe tomar en consideración, aspectos como la materia de la norma general cuya invalidez se demande, al constituir un elemento que puede ayudar a que el ministro correspondiente, norme su criterio sobre la procedencia o no de la suspensión.

Actualmente, sucede en la práctica que al no existir la suspensión de normas generales, ha ocasionado que normas que finalmente resulten declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvieron surtiendo efectos durante la sustanciación del proceso, sin que exista posibilidad de imprimirle a las sentencias efectos retroactivos, afectando gravemente presupuestos públicos, el interés social y generando pérdidas patrimoniales a los estados y municipios, siendo los ciudadanos los más afectados, e incluso dejando a gobiernos entrantes sin capacidad de resarcir los graves daños.

Es necesario reconocer la necesidad de introducir la suspensión al interponerse una acción de inconstitucionalidad y por supuesto que el Ministro de la Suprema Corte a quien se le turnó el asunto valore la necesidad de autorizarla.

En estas condiciones proponemos que el artículo 64 quede con la siguiente redacción en el párrafo III:

La admisión de una acción de inconstitucionalidad en principiono dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. El ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá concederla en un plazo no mayor a seis días naturales, por estimar que pueda haber una inconstitucionalidad manifiesta de la Ley o por considerar puede perjudicar gravemente el interés público.

Le solicito, señor Presidente, se integre la iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CAMARA DE SENADORES;
HONORABLE ASAMBLEA.

Javier Castelo Parada, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el presente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Articulo 64, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 5 de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reformas a diversos preceptos de la constitución, con el objetivo de consolidar la transformación del Poder Judicial; en dicha iniciativa, se reconoció la importancia de la Suprema Corte para mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión, al dirimir las controversias que se susciten entre los órganos del Estado, de esta forma se estableció que:

“…La fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación de la Suprema Corte de Justicia son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de Justicia…

Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad, exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige ampliar su competencia, para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno, y para fungir como garante del federalismo…”1

El eje fundamental de la reforma de 1994, fue asignarle facultades de Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la creación de la acción de inconstitucionalidad y la ampliación de los supuestos de procedencia de las controversias constitucionales, entre otros elementos.

En la actualidad, la tarea del Tribunal Constitucional consiste en ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que incluye la revisión de la actuación de los poderes legislativo federal y de los estados, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos.

Un Tribunal Constitucional tiene la función de ser el garante de la constitución, lo cual implica vigilar no sólo el cumplimiento de la ley sino sobre todo, hacer cumplir a los órganos del Estado y a los gobernados, los valores intrínsecos de la Constitución.

En atención a ello y en concordancia con la experiencia obtenida en estos años, se considera fundamental fortalecer la calidad de Tribunal Constitucional de nuestro máximo tribunal. Sabedores de que ya cuenta con instituciones jurídicas como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, ambos instrumentos aún deben perfeccionarse y ponerse en correlación con las nuevas experiencias alcanzadas en estos años.

En este sentido y con la finalidad de lograr una mayor eficacia en el control constitucional, se plantea reformar la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, para efectos de facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de la acción de inconstitucionalidad, pueda declarar también la suspensión, en este caso, de la norma cuestionada, en determinados supuestos, hasta en tanto no se dicte la sentencia respectiva.

Con esta reforma se busca fortalecer este medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano, respondiendo a la necesidad fundamental de evitar la incertidumbre jurídica que genera una norma cuestionada, y evitar que su vigencia pueda causar graves daños irreversibles e irreparables al interés público.

Revisando el derecho comparado, en Alemania, se prevé una facultad suspensiva de la norma cuestionada, al establecer que “El Tribunal Constitucional Federal, podrá en un litigio determinado, regular una situación mediante un auto provisional cuando fuere necesario, para prevenir perjuicios graves, para impedir una amenaza de violencia o para el bien común como otra razón importante”. En dicho caso, la legislación alemana admite excepcionalmente el efecto suspensivo de la vigencia de la leycon el sólo cuestionamiento de la misma.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de acción de inconstitucionalidad se ha visto hasta la fecha imposibilitada para dictar la suspensión de normas generales, a diferencia de lo que sucede en las controversias constitucionales, como se advierte de los criterios emitidos por dicho Órgano Jurisdiccional, entre otros, en la siguiente Tesis:

SUSPENSION EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES; PARA RESOLVER SOBRE ELLA, ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIACION ANTICIPADA DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (en base a la APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)

Actualmente la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el último párrafo del artículo 64 que “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada” sin embargo, debemos considerar que en la práctica hay casos que por su naturaleza y trascendencia, se requiere suspender la aplicación de la norma impugnada en lo que se resuelve el fondo del asunto, para prevenir perjuicios graves, por estimar que pueda haber una posible contradicción entre una ley o un tratado internacional por una parte, y la Constitución por la otra o una inconstitucionalidad manifiesta que pudieran perjudicar gravemente el interés social.

La propia Corte ha reconocido dentro de la controversia constitucional como instituciones de derecho procesal, la Apariencia del Buen Derecho y el Peligro en la Demora, como parámetros de valoración y siendo la acción de inconstitucionalidad también una medida cautelar, consideramos que puede ser factible, hacer una apreciación anticipada de carácter provisional de la inconstitucionalidad, con el fin de aplicar la suspensión.

Por apariencia de buen derecho, se entiende el análisis realizado a las particularidades del caso, que lleven a la convicción de que existe una razonable probabilidad, de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad.

Por peligro en la demora, se entiende la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.

Estos dos conceptos de derecho procesal, fortalecen la toma de decisiones de los Señores Ministros y les proporcionan medidas de apreciación sólidas, que coadyuvan al control constitucional, como sucedería de aplicarse a las acciones de inconstitucionalidad, dándole mayor certeza a los gobernados.

En la valoración por parte de la autoridad judicial, basada primordialmente enlos conceptos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora antes mencionados, también debe tomar en consideración, aspectos como la materia de la norma general cuya invalidez se demande, al constituir un elemento que puede ayudar a que el ministro correspondiente, norme su criterio sobre la procedencia o no de la suspensión.

Actualmente, sucede en la práctica que al no existir la suspensión de normas generales, ha ocasionado que normas que finalmente resulten declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvieron surtiendo efectos durante la sustanciación del proceso, sin que exista posibilidad de imprimirle a las sentencias efectos retroactivos, afectando gravemente presupuestos públicos, el interés social y generando pérdidas patrimoniales a los Estados y Municipios, siendo los ciudadanos los más afectados, e incluso dejando a gobiernos entrantes sin capacidad de resarcir los graves daños a sus presupuestos.

Una razón básica que consideramos justifican sólidamente la suspensión mediante la apreciación anticipada por el Señor Ministro de la inconstitucionalidad de la norma impugnada esevitar que quienes promueven acciones violatorias de la Constitución, puedanrealizar actos que ya no tienen reversa y aquellos pueden perjudicar a terceros, dado que las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen efectos retroactivos.

Es necesario reconocer la necesidad de introducir la suspensión al interponerse una acción de inconstitucionalidad y por supuesto que el Ministro de la Suprema Corte a quien se le turnó el asunto valore la necesidad de autorizarla.

En ese tenor, se propone reformar y adicionar el Artículo 64 tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL PARRAFO ULTIMO DEL ARTICULO 64, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el párrafo último del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 64...….

……….

La admisión de una acción de inconstitucionalidad en principio no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. El ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá concederla en un plazo no mayor a seis días naturales, por estimar que pueda haber una inconstitucionalidad manifiesta de la Ley o por considerar puede perjudicar gravemente el interés público.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias a usted, Senador Castelo Parada. Como lo solicita, se instruye la inserción íntegra de su iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores, si me permiten, la Mesa Directiva, y estoy seguro todas y todos los integrantes de esta Asamblea, expresamos en este momento nuestra solidaridad y un abrazo de condolencia a nuestro compañero Senador Santiago Creel Miranda, por el sensible fallecimiento de su señor Padre.

Vaya desde aquí un abrazo fraterno y solidario al Senador Santiago Creel Miranda.

(Aplausos)

Se recibió de los Senadores María del Socorro García Quiroz, Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón, Carlos Lozano de la Torre, María Elena Orantes López y Ernesto Saro Boardman, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 206 de la Ley del Seguro Social y 196 Bis de la Ley de ISSSTE, que con la anuencia de los proponentes se turna directamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda y se incorpora la solicitud de opinión a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.


1 GONZÁLEZ COMPEÁN, Miguel y Peter Bauer, Jurisdicción y democracia. Los nuevos rumbos del Poder Judicial en México, México, Ediciones Cal y Arena, 2002, p. 903.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 206 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SE ADICIONA EL ARTICULO 196 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por los CC. Senadores María del Socorro García Quiroz, Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón y Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI)

“Los suscritos, Maria del Socorro Garcia Quiroz, Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Pacheco Rodriguez, Adolfo Toledo Infanzon y Carlos Lozano de la Torre, Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el articulo 228 del Codigo Penal Federal, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy en día, la igualdad de oportunidades en el empleo, la situación económica y los cambios culturales en México han provocado que tanto mujeres como hombres busquen ayuda profesional para el cuidado de los hijos.

De 1990 a 2005 se duplicó el número de mujeres que son cabeza de familia llegando a casi 6 millones, es decir, el 24% de los hogares en México; esta es una de las consecuencias de la migración de hombres a Estados Unidos, por necesidades económicas, así como de la crisis en el seno de las relaciones personales y en el conjunto de la familia.

Las mujeres juegan un papel importante en la sociedad mexicana, pues representan más de 50% de la población y al mismo tiempo son las encargadas de generar 40% de los ingresos del país.

La quinta parte de los hogares en México es sostenido por una de las 22.1 millones de mujeres que trabaja, sin embargo la familia sigue siendo la prioridad para ellas, señalan diversos estudios.

El 23% de los hogares mexicanos tiene un jefe del sexo femenino, y el 41% de los 54 millones de esta población trabaja, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Actualmente las jefaturas femeninas se duplican, vemos un fenómeno importante de que casi 65% es de asalariadas y 30% de ellas el sostén del hogar, aun cuando el promedio de lo que gana es de dos a cuatro salarios mínimos.

Por otra parte, si bien las mujeres comparten cada vez más el papel de proveedoras, los hombres no asumen de manera equivalente una redistribución de las tareas domésticas, lo cual implica una sobrecarga importante y contribuye a generar tensiones entre la vida laboral y la familiar.

En tal virtud el cuidado de los hijos se hace cada vez más difícil y se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a las guarderías o estancias infantiles a dejar a sus hijos, para poder desempeñar sus actividades.

Por ello, se debe considerar el hecho de que cuando una mujer toma la decisión de estar al frente del hogar, debe ser considerada y apoyada adicionalmente por las instancias de gobierno y empresarios para aportarles mejores prestaciones y opciones que les beneficien directamente, puesto que es una carga muy fuerte, responder a este papel de proveedoras que socialmente no les correspondía.

El Estado dentro de sus objetivos, tiene la tarea de proporcionar los medios necesarios a los gobernados para su desarrollo y bienestar social, por tal motivo debe de llevar acabo todas las gestiones necesarias con la finalidad de que las mujeres trabajadoras cuenten con un centro de cuidado y atención de sus hijos.

En atención a lo anterior, dentro de las prestaciones de seguridad social se encuentra el servicio de guarderías, las cuales reciben a niños de 43 días hasta que cumplan 4 años. Igualmente en elPrograma de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras y también padres solos, las edades van desde 1 año hasta 3 años 11 meses y entre 1 año hasta 5 años 11 meses en caso de niños con alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos de hasta 6 salarios mínimos.

Este sistema soluciona parcialmente los problemas cuando ambos progenitores trabajan, mientras los infantes se encuentran dentro del rango de edad, pero en el caso de que el menor cumpla la edad límite antes de que inicie el período lectivo escolar es sacado de la guardería o estancia infantil, situación que pone en conflicto a los padres, sobre todo cuando no se cuenta con alguien que los ayude en casa para cuidar a los hijos.

Los padres de familia han presentado varias quejas al respecto, manifestando que es una falla de las guarderías y estancia infantiles aplicar este tipo de medidas, pues en ocasiones este tipo de eventos llega a suceder a mitad del período escolar, por consiguiente es difícil encontrar escuelas públicas en donde inscribirlos.

Ante esta perspectiva, es necesario hacer modificaciones al ordenamiento jurídico que le permita al Estado brindarle a sus gobernados un derecho a la asistencia social de calidad, que atienda y de soluciones a sus necesidades.

En tal virtud, someto el día de hoy a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa a través de la cual se pretende garantizar la permanencia de los niños que cumplan 4 años de edadantes de que inicie el período lectivo escolar que establece la Secretaría de Educación Pública, en las guarderías y estancias infantiles, como medida de apoyo a los padres trabajadores, cuyos ingresos les impiden acudir a otras instancias.

Es indispensable continuar generando políticas públicas, que contribuyan al desarrollo y bienestar social de los trabajadores y de sus hijos, que les permitan acceder a mejores condiciones de vida.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un párrafo al artículo 206 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 206.- Los servicios de guarderías se proporcionaran a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años.

Los menores que cumplan la edad límite antes del mes de agosto, podrán permanecer en la guardería hasta que inicie el siguiente período escolar.

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 196 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 196 Bis.- Los servicios de estancia infantil serán proporcionados a los menores de entre 1 y 4 años, garantizando su permanencia en la misma hasta que comience el siguiente período escolar, de aquellos menores que cumplan 4 años antes de que inicie éste.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. María del Socorro García Quiroz.- Sen. Carlos Aceves del Olmo.- Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez.- Sen. Adolfo Toledo Infanzón.- Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

Ahora se concede el uso de la palabra al Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y de los Senadores Rosalinda López Hernández, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Consejo, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta por 5 minutos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 91 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y de los CC. Senadores Rosalinda López Hernández, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador José Luis Máximo García Zalvidea: Gracias, señor Presidente.

En el informe del gobernador de Quintana Roo, el año pasado, me presentó como el Senador Maximiliano, y le digo: “No es para tanto, no es para tanto”.

Además, expreso mi solidaridad con el señor Santiago Creel Miranda, por la pérdida de su padre, que seguramente está en un lugar mejor en estos momentos.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Esta iniciativa tiene tres propósitos fundamentales: primero, que la Secretaría de la Defensa integre al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como sucede en la mayoría de los países; segundo, establecer requisitos constitucionales para quien ocupe la titularidad de dicha dependencia, y entre ellos, la condición de que sea un civil, y tercero, que el nombramiento del Secretario de la Defensa sea ratificado por las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República.

La profesionalización y la participación de civiles en los Ministerios de Defensa permite dos cuestiones importantes: se contribuye al afianzamiento del liderazgo civil en el sector de la defensa y, por la otra, consolida la gestión pública militar como parte de las políticas públicas que desarrolla el Ejecutivo Federal.

Lo anterior, es consecuencia de los debates sobre las relaciones cívico-militares que paralelamente evolucionaron tras la consolidación de los procesos democráticos en América Latina. Si en un primer momento hubo la preocupación por la intervención de los militares en la escena política en las incipientes democracias, en otro momento, y tras la consolidación de los regímenes políticos, esa visión cambió al lograrse el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Actualmente, desde fines de los años noventa, comenzó una fase signada por el estudio de la gestión de la defensa, de su administración y sus prácticas.

Estas prácticas en el ámbito gubernamental implican una demanda por una mayor racionalización de los recursos y del personal involucrado, de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno. También se plantea, como otra exigencia para el manejo del sector, una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos, por supuesto, en la medida de lo posible.

Las estructuras modernas de la defensa deben dar respuesta a los llamados ciclos anuales, el más importante de ellos es la discusión parlamentaria del Presupuesto; resolver los ciclos de vida de los sistemas de armas, y elaborar político-estratégicas que respondan a los nuevos retos que desafían al sector. Desde otra perspectiva se puede señalar que Defensa debe formular políticas públicas, decidir estrategias y asignar recursos racionalmente.

Me parece que los buenos ejemplos que se han emprendido en otros países deben ser seguidos por el nuestro.

Se debe subrayar que uno de los agentes más activos en impulsar la presencia de civiles en los Ministerios de Defensa ha sido el gobierno de los Estados Unidos, desde la reunión de Williamsburg, en 1995.

Colombia y Chile, como pocos países de la región, han desarrollado estos procesos para la incorporación de civiles en las estructuras de las Fuerzas Armadas. Por de pronto, en Chile, desde 1990 prácticamente todos los Ministros y Subsecretarios de la cartera han sido civiles. En Colombia, el Ministro de Defensa es actualmente un político que hizo prácticamente su carrera en la diplomacia. En Brasil, el titular del Ministerio de Defensa es un abogado quien tiempo atrás se desempeñó como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

Se puede señalar que en las corporaciones militares celosas de su autonomía resisten tanto la dirección de los políticos, como de los profesionales civiles en el ejercicio de la gestión ministerial. La gestión pública del sector, con sus exigencias de eficiencia y eficacia y de transparencia, constituyen muchas veces un desafío para las instituciones de la defensa más tradicionalistas y menos profesionales.

En nuestro país, las Fuerzas Armadas han dado algunas señales positivas respecto a aceptar la colaboración de civiles en el sector. Por otro lado, en términos generales la colaboración entre civiles y militares en estos años ha sido fluida, sobre todo cuando se trata de enfrentar a la delincuencia organizada. Y hoy, ante los nuevos desafíos en materia de seguridad nacional los militares tienen que ver a los civiles como aliados y no como competidores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 91.

A. Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

B. Conforman a la Secretaría de la Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mexicanas.

Para ser Secretario de la Defensa se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; estar en ejercicio de sus derechos; tener treinta y cinco años cumplidos el día de designación; ser civil; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El Secretario podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

El Secretario de la Defensa será designado por el titular del Ejecutivo Federal con la ratificación de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores.

TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben, además de su servidor, los señores Senadores y señoras Senadoras Rosalinda López Hernández, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Silvano Aureole Conejo, Carlos Sotelo García, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Rubén Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 91 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primera.- Un elemento continuo a lo largo de la historia ha sido la nula injerencia del poder civil y político en la institución militar propiamente tal, dejando a ésta siempre en un plano de exclusividad y de un fuero completamente distinto.

En estos años de consolidación democrática se han iniciado procesos incipientes de modernización en la institución castrense pero el debate sobre las fuerzas armadas es una asignatura pendiente. Avances los hay. Hoy tenemos una participación más activa de las mujeres en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Por otro lado, se los cuerpos castrenses reciben formación en materia de derechos humanos.

En los últimos tiempos se comienza a hablar bastante de que el conocimiento de los temas de defensa no debe ser patrimonio exclusivo de los militares. Pero en la práctica se notan muchos vacíos.

Por muchos años los civiles se han desentendido de temas como el de la defensa y han considerado que los militares son los que tienen que decidir algunas políticas que, por su naturaleza, deben ser iniciativa de la autoridad civil; el instrumento son las fuerzas armadas, pero la política misma debe venir de la autoridad civil

Por ello, es encomiable propiciar un debate entre los actores políticos con los temas relacionados con la seguridad nacional, y por supuesto, con relación a las fuerzas armadas, estableciendo los intereses nacionales como prioridad.

Sin duda, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es una preocupación constante, pero el debate debe ir más allá.

En este sentido, la iniciativa tiene tres propósitos fundamentales: primero, que la Secretaría de la Defensa integre al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como sucede en la mayoría de los países; segundo, establecer requisitos constitucionales para quien ocupe la titularidad de dicha dependencia, y entre ellos, la condición de que sea un civil, y tercero, que el nombramiento del Secretario de la Defensa sea ratificado por las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República.

Segundo.- La profesionalización y la participación de civiles en los Ministerios de Defensa permite dos cuestiones importantes: se contribuye al afianzamiento del liderazgo civil en el sector de la defensa y, por la otra, consolida la gestión pública militar como parte de las políticas públicas que desarrolla el Ejecutivo Federal.

Lo anterior, es consecuencia de los debates sobre las relaciones cívico-militares que paralelamente evolucionaron tras la consolidación de los procesos democráticos en América Latina. Si en un primer momento hubo la preocupación por la intervención de los militares en la escena política en las incipientes democracias, en otro momento, y tras la consolidación de los regímenes políticosesa visión cambió al lograrse el control civil sobre las fuerzas armadas. Actualmente, desde fines de los años noventa, comenzó una fase signada por el estudio de la gestión de la defensa, de su administración y sus prácticas.

Estas prácticas en el ámbito gubernamental implican una demanda por una mayor racionalización de los recursos y del personal involucrado, de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno. También se plantea, como otra exigencia para el manejo del sector, una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos, por supuesto, en la medida de lo posible.

Tercera.- Las estructuras modernas de la defensa deben dar respuesta a los llamados ciclos anuales, el más importante de ellos es la discusión parlamentaria del Presupuesto; resolver los ciclos de vida de los sistemas de armas y elaborar político-estratégicas que desafían al sector. Desde otra perspectiva se puede señalar que Defensa debe formular políticas públicas; decidir estrategias y asignar recursos racionalmente.

De esta manera, la defensa comienza a ser administrada por lo que podríamos denominar una burocracia permanente, uno de cuyos capitales es la memoria institucional, y que debe contar con cierta capacidad de colaboración, diálogo y negociación con las otras secretarías o entidades públicas, tales como la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, las comisiones legislativas o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cuarta.- Se debe subrayar que uno de los agentes más activos en impulsar la presencia de civiles en los Ministerios de Defensa ha sido el gobierno de los EE.UU., desde la reunión de Williamsburg (1995).1

Colombia y Chile, como pocos países de la región, han desarrollado estos procesos para la incorporación de civiles en las estructuras de las fuerzas armadas. Por de pronto, en Chile desde 1990 prácticamente todos los Ministros y Subsecretarios de la cartera han sido civiles.2 En Colombia, el Ministro de Defensa es actualmente un político que hizo prácticamente su carrera en la diplomacia.3 En Brasil el titular del Ministerio de Defensa es un abogado quién tiempo atrás se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de justicia de ese país.4

Se puede señalar que las corporaciones militares celosas de su autonomía resisten tanto la dirección de los políticos, como de los profesionales civiles en el ejercicio de la gestión ministerial. La gestión pública del sector, con sus exigencias de eficiencia y eficacia, de transparencia, constituyen un desafío para las instituciones de la defensa más tradicionalistas y menos profesionales.

Quinta.- En nuestro país, las Fuerzas Armadas han dado algunas señales positivas respecto a aceptar la colaboración de civiles en el sector. Por otro lado, en términos generales la colaboraciónentre civiles y militares en estos años ha sido fluida, sobre todo cuando se trata de enfrentar a la delincuencia organizada. Y hoy, ante los nuevos desafíos en materia de seguridad nacional los militares tienen que ver a los civiles como aliados y no como competidores.

Pero la implementación de una carrera civil en la cartera de Defensa también puede generar alguna renuencia entre otros actores, como en la dirigencia política: los progresos de la burocracia y de la gestión hacen perder peso específico a la autoridad política: como señaló hace mucho tiempo Max Weber, “la institución social de la burocracia implica la transferencia de poder desde el líder al experto”.

Respecto a la formación de funcionarios civiles se requiere una política especialmente diseñada, cuestión que por lo demás tampoco ocurre en el conjunto de la administración pública. Debe cambiar el hecho de que los egresados de los programas especiales sobre temas de defensa y conexos -estratégicos, de defensa o estudios internacionales- rara vez van a trabajar a los ministerios de defensa.

Finalmente, para amplios sectores de la izquierda el avance de la modernización en el sector defensa debiera ser una prioridad; tanto por los ingentes recursos que están involucrados en el área, como por lo clave de este proceso en la profundización de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se por el que se reforma y adiciona el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 91.

A. Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

B. Conforman a la Secretaría de la Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mexicanas.

Para ser Secretario de la Defensa se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; estar en ejercicio de sus derechos; tener treinta y cinco años cumplidos el día de designación; ser civil; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El secretario podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

El Secretario de la Defensa será designado por el titular del Ejecutivo Federal con la ratificación de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores.

TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se fija un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que se expidan las adecuaciones legales relacionadas con esta reforma constitucional.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. Rubén Velázquez López.- Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. Minerva Hernández Ramos.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Carlos Sotelo García.- Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador García Zalvidea. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos.

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional.


1 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CDMA). La conferencia, que se realiza cada dos años. Las conferencias se vienen realizando desde 1995, cuando tuvo lugar la primera reunión en Williamsburg, Virginia, para ofrecerles a los líderes civiles y militares de la región un mecanismo para abordar las cuestiones de seguridad. Los asistentes aprobaron entonces un conjunto de principios que destacan que la democracia forma la base de la seguridad mutua. En cada una de las reuniones subsiguientes, las delegaciones de la CDMA reafirman los Principios de Williamsburg: 1) La seguridad mutua depende de la preservación de la democracia; 2) Las fuerzas militares y de seguridad tienen un papel crítico en el apoyo y defensa de los intereses legítimos de estados soberanos y democráticos.; 3) Las fuerzas armadas regionales deben estar subordinadas a autoridades controladas democráticamente; y 4) Las medidas de transparencia en materia de defensa deben promoverse mediante un diálogo más extenso entre civiles y militares y un mayor intercambio de datos inclusive sobre los gastos de defensa.

2 El Actual ministro es Francisco Vidal Salinas quien es Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Chile. En el ámbito público se desempeñó como Consejero del Gobierno Regional Metropolitano y Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Luego fue designado Ministro Secretario General de Gobierno y, más tarde, Ministro del Interior.

3 Gabriel Silva es politólogo con concentración en economía de la Universidad de los Andes en Bogotá y cursó estudios de postgrado en Economía y Relaciones Internacionales en el School of Advanced International Studies de Johns Hopkins University, en Washington DC., como becario honorario de la Fundación Ford. Silva fue embajador de Colombia en EUA y representante del GATT y hasta 2002 era el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,

4 Nelson Jobim.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXIX-G DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Legorreta Ordorica: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1871, publicado por Don Benito Juárez es el primer antecedente mexicano de legislación protectora de animales. En dicho documento se prohibían los espectáculos con animales y no se hacían excepciones; desde entonces ya existía la conciencia en el Poder Legislativo de castigar los actos o las omisiones crueles con los animales.

En los años cuarentas, ya en el siglo XX, se expidió una ley que sancionaba administrativamente los actos de crueldad con los animales en el Estado de México.

En el año de 1981 se expidió en el Distrito Federal una Ley de Protección a los Animales, la cual se refería a cuestiones tan amplias como la protección del medio ambiente, la protección y regulación de la vida y el crecimiento natural de las especies no nocivas, la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad para con los animales, y a la formación del individuo inculcándole actitudes responsables y humanitarias hacia los animales.

A partir de lo anterior, se han expedido 23 leyes estatales de protección a los animales, lo que significa que nueve estados de la Republica se encuentran aún sin este tipo de Legislación, además de que varias de estas normas adolecen de técnica legislativa, llegando en algunos casos a no contemplar a la autoridad competente para aplicarla, o bien, dejando tan elemental previsión a un reglamento que jamás se ha expedido.

Nuestra Carta Magna, tratándose de protección a los animales, sólo prevé que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá legislar en tal materia, pero respecto de los demás estados es omisa, por lo que atendiendo al principio constitucional de que lo que no está reservado a la Federación se entiende competencia local, podemos deducir que la protección de los animales es materia estatal. Solo en cuanto a especies silvestres o animales usados para consumo, docencia o experimentación hay previsiones en leyes federales que aluden al trato humanitario y sancionan a los infractores.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, que ha adquirido cada vez más conciencia de la importancia de fomentar, entre otros valores, el del respeto hacia todos los seres vivos, a 138 años de la primera normatividad que en nuestro país sancionó la crueldad, todavía existe un gran vacío en esta materia, ya que gran parte del territorio se encuentra sin ella, y no existe unidad ni coherencia en las leyes que se han decretado, además de las comentadas deficiencias de técnica legislativa, lo que desde luego coloca a México en un grave rezago legal, pues conforme a los diversos e importantes estudios que han demostrado que la peligrosidad de un individuo que tortura o mata a animales es similar a la de quien lo hace con humanos, deberíamos considerar de alta prioridad que el tema del abuso a los animales sea materia federal. Sólo así podrá atenderse la problemática en cualquier parte del país, promoviendo educación ética, cultura de la denuncia y, primordialmente la seguridad pública desde la raíz, es decir, generando actitudes sensibles y compasivas hacia los animales.

Ante estos vacíos, los gobiernos municipales y estatales aplican en muchas ocasiones, medidas sin fundamento científico y tan sólo con una visión a corto plazo repercutiendo en una disparidad de conceptos, técnicas y medidas.

En los países más avanzados del mundo existe legislación en materia de protección animal que se relaciona directamente con el reconocimiento de la necesidad de proteger la calidad de vida de los animales y de propiciar generaciones de seres humanos más comprometidos con la vida y una ética de no-violencia.

Asimismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se señala en el artículo 79, fracción VIII que para lograr la preservación y aprovechamiento sustentable de flora y fauna se deberá incluir el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. Sin embargo, esta declaración solo abarca a las especies silvestres. La Ley Federal de Sanidad Animal y diversas Normas Oficiales Mexicanas regulan el trato humanitario de animales de granja, los de consumo humano, o los usados en docencia y experimentación. Pero existen grandes lagunas en cuanto a animales usados para diversión, para uso deportivo y también hay lagunas, inconsistencias y debilidades en cuanto a animales domésticos. La Ley General de Vida Silvestre y otras normas federales y estatales, no definen lo que se considera trato digno y respetuoso ni el concepto de crueldad, lo cual la hace inaplicable.

Por todo lo anterior, resulta necesario que el H. Congreso de la Unión, tenga facultades para dictar lineamientos de observancia general en todo el país, relativas al trato a los animales, tanto de especies silvestres como de granja, domésticos y de otros usos, e independientemente de que el hombre les utilice o no, con el objeto de que exista una política uniforme en esta materia, facilitando que se fomente una nueva ética ambiental y así coadyuvar al mejor uso y aprovechamiento de la naturaleza, acorde con las necesidades de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, agregando una fracción donde se incluya la protección a los animales.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1871, publicado por Don Benito Juárez es el primer antecedente mexicano de legislación protectora de animales. En dicho documento se prohibían los espectáculos con animales y no se hacían excepciones; ya existía la conciencia en el legislativo de castigar los actos o las omisiones crueles con los animales.

En los años cuarentas, ya en el siglo XX, se expidió una ley que sancionaba administrativamente los actos de crueldad con los animales en el Estado de México.

En el año de 1981 se expidió en el Distrito Federal una Ley de Protección a los Animales, la cual se refería a cuestiones tan amplias como la protección del medio ambiente, la protección y regulación de la vida y el crecimiento natural de las especies no nocivas, la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad para con los animales, y a la formación del individuo inculcándole actitudes responsables y humanitarias hacia los animales.

Desde entonces, se han expedido 23 leyes estatales  de protección a los animales, lo que significa que nueve estados de la Republica se encuentran  aún sin este tipo de Legislación, además de que varias de esas normas adolecen de técnica legislativa, llegando en algunos casos a no contemplar a la autoridad competente para aplicarla, o bien, dejando tan elemental previsión a un reglamento que jamás se expidió.

Nuestra Carta Magna, tratándose de protección a los animales, sólo prevé que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá legislar en tal materia, pero respecto de los demás estados es omisa, por lo que atendiendo al principio constitucional de que lo que no está reservado a la Federación se entiende competencia local, podemos deducir que la protección de los animales es materia estatal. Solo en cuanto a especies silvestres o animales usados para consumo, docencia o experimentación hay previsiones en leyes federales que aluden al trato humanitario y sancionan a los infractores.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, que ha adquirido cada vez más conciencia de la importancia de fomentar, entre otros valores, el del respeto hacia todos los seres vivos, a 138 años de la primera normatividad que en nuestro país sancionó la crueldad, todavía existe un gran vacío en esta materia, ya que gran parte del territorio se encuentra sin ella, y no existe unidad ni coherencia en las leyes que se han decretado, además de las comentadas deficiencias de técnica legislativa, lo que desde luego coloca a México en un grave rezago legal, pues conforme a los diversos e importantes estudios que han demostrado que la peligrosidad de un individuo que tortura o mata a animales es similar a la de quien lo hace con humanos, deberíamos considerar de alta prioridad que el tema del abuso a los animales sea materia federal. Sólo así podrá atenderse la problemática en cualquier parte del país, promoviendo educación ética, cultura de la denuncia y, primordialmente la seguridad pública desde la raíz, es decir, generando actitudes sensibles y compasivas hacia cualquier ser capaz de sufrir.

Ante estos vacíos, los gobiernos municipales y estatales aplican en muchas ocasiones, medidas sin fundamento científico y tan sólo con una visión a corto plazo repercutiendo en una disparidad de conceptos, técnicas y medidas.

En los países más avanzados del mundo existe legislación en materia de protección animal que se relaciona directamente con el reconocimiento de la necesidad de proteger la calidad de vida de los animales y de propiciar generaciones de seres humanos más comprometidos con la vida y una ética de no-violencia.

El FBI, entre otras instituciones relacionadas con la seguridad pública en países avanzados, sí atiende al hecho científicamente demostrado de que la violencia infantil que se ejerce sobre los animales tiene una relación causal para determinar la violencia de los adultos con otros seres humanos. Al fomentar una ética de respeto hacia los animales, se fomenta indirectamente la creación y sostenimiento de valores en el ser humano. El respeto hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre sí mismos.

Cabe señalar que en 1977 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su reunión en Londres proclamó por vez primera la “Declaración de losDerechos del Animal”. En el preámbulo de dicha declaración se reconoce:

1) Que los animales son susceptibles de tener derechos.

2) Que el desconocimiento de los derechos de los animales ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza.

3) Que el reconocimiento por parte de la especie humana de dichos derechos constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.

De igual manera, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se señala en el artículo 79 fracción VIII que para lograr la preservación y aprovechamiento sustentable de flora y fauna se deberá incluir el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. Sin embargo, esta declaración solo abarca a las especies silvestres. La Ley Federal de Sanidad Animal y diversas normas oficiales mexicanas regulan el trato humanitarios de animales de granja, para consumo humano, o los usados en docencia y experimentación. Pero existen grandes lagunas en cuanto animales usados para diversión, para uso deportivo y también hay lagunas, inconsistencias y debilidades en cuanto a animales domésticos. La Ley General de Vida Silvestre y otras normas federales y estatales, no definen lo que se considera trato digno y respetuoso ni el concepto de crueldad, lo cual la hace inaplicable.

Por todo lo anterior, resulta necesario que el H. Congreso de la Unión, tenga facultades para dictar lineamientos de observancia general en todo el país, relativas al trato a los animales, tanto de especies silvestres como de granja, domésticos y de otros usos, e independientemente de que el hombre les utilice o no, con el objeto de que exista una política uniforme en esta materia, facilitando que se fomente una nueva ética ambiental y así coadyuvar al mejor uso y aprovechamiento de la naturaleza, acorde con las necesidades de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCION XXIX-G DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Unico.- Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a la XXIX-F...

XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así comoen materia de protección de los animales.

TRANSITORIO

Unico.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Legorreta Ordorica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 31 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Presentada por el C. Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Sebastián Calderón Centeno: Con su permiso, señor Presidente.

Las Fuerzas Armadas son la fortaleza en las instituciones del Estado Mexicano. Las tareas que se le han encomendado por virtud de los mandatos constitucionales y legales, derivan necesariamente en el incremento de los riesgos que tienen que enfrentar. Ese sacrificio y la labor insustituible que realizan mujeres y hombres leales y comprometidos con la seguridad y el bienestar de los mexicanos, debe ser, justamente, valorado y recompensado, motivo por el cual consideramos necesario mejorar de forma permanente las condiciones de vida de aquéllos que forman parte de las instituciones más respetadas por los mexicanos: la Armada de México, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Esta preocupación ha quedado expresada en las recientes reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuyo análisis y discusión por parte de los Diputados y posteriormente por los Senadores, hubo el consenso en el sentido de procurar el mejoramiento a las condiciones de vida tanto de los militares en activo con 30 o más años de servicios como del personal retirado.

En esas discusiones propias de la vida democrática del país, varios legisladores observaron que en dicha reformas, no se contemplaron beneficios similares para el personal de 20 a 29 años de servicios y que constituyen el grueso de la población en activo y en retiro.

Es por ello que promovemos esta iniciativa, con el objeto de que los derechos que fueron otorgados al personal que cuenta con 30 o más años de servicio, mediante la reforma reciente a la Ley del IFAM, se aplique de igual manera al personal que cuente con 20 años de servicios y menos de 30 años.

El beneficio que se pretende con la presente iniciativa, constituye un reconocimiento a los servicios prestados en las Fuerzas Armadas durante un mínimo de 20 años, y asimismo, un estímulo para la continuación en el servicio activo; precisamente con el ánimo de alcanzar la antigüedad necesaria para obtener una pensión acorde a sus esfuerzos y sus necesidades.

El artículo 31 de la Ley del IFAM, debe ser actualizada a la realidad social, ya que las Fuerzas Armadas tienen el genuino interés de que sus integrantes permanezcan el mayor tiempo posible en el servicio activo y por ello, nos parece justo el otorgamiento en los haberes de retiro en proporción a los años de servicio, sea incrementado al personal desde que cumplen 20 años de servicios.

Consideramos conveniente eliminar la fracción III del artículo 31 de la Ley, motivo de la presente iniciativa, el concepto de efectivos, toda vez que dicha expresión excluye los años de servicios prestados por el militar, como lo son: el tiempo de servicios prestados en campañas u operaciones de guerra, singladuras, horas de servicio en área de radiología o nucleares, entre otros; motivo por el cual sólo deberá referirse a “20 o más años de servicios”.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este Honorable Pleno, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma el artículo 31 fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 31. Para integrar el monto total de:

Fracción III. A los militares que pasan a situación de retiro con 20 ó más años de servicios, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla anexa.

Señor Presidente, atentamente le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa, se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES DE LA LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Sebastian Calderon Centeno, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los esfuerzos por reafirmar la dignidad y la igualdad de los hombres y las mujeres frente al Estado, podemos distinguir el mérito indiscutible del Constituyente de Querétaro al incorporar los derechos sociales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plasmados en el artículo 123.

Cabe recordar que los derechos sociales, producto del movimiento revolucionario de 1910 constituyen una conquista invaluable de los trabajadores y las trabajadoras de México.

Desde ese entonces, la seguridad social ha experimentado importantes cambios con el fin de continuar ofreciendo protección y bienestar a los trabajadores.

Gracias a la visión de diversas reformas legislativas, se ha logrado alcanzar mejores condiciones de salud, prestaciones sociales y pensiones más justas y equitativas, que garantizan bases más sólidas para el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos.

En nuestro país, la seguridad social adquiere verdadero sentido al proteger a los trabajadores y las trabajadoras frente a todos los riesgos tradicionalmente considerados, proporcionándole las prestaciones no solo a través del IMSS o del ISSSTE, sino también al personal de las fuerzas armadas, a través del ISSFAM.

Nos queda claro que las fuerzas armadas son la fortaleza de las instituciones del Estado mexicano. Las tareas que se les ha encomendado por virtud de los mandatos constitucionales y legales derivan necesariamente en el incremento de los riesgos que tienen que enfrentar.

Es cada vez más común que, el personal de las fuerzas armadas mexicanas tenga que intervenir en tareas más difíciles y arriesgadas convirtiéndose en el escudo protector de la sociedad.

La razón que guía al personal de las fuerzas armadas es la defensa del supremo interés de la Nación, es el más sólido baluarte para la defensa de la independencia, soberanía, libertad, legalidad y democracia, es la mejor garantía para la tranquilidad social, así como para la seguridad y la estabilidad del país.

El sacrificio y la labor insustituible que realizan mujeres y hombres leales y comprometidos con la seguridad y el bienestar de los mexicanos debe ser, justamente, valorado y recompensado, motivo por el cual consideramos necesario mejorar de forma permanente las condiciones de vida de todos aquéllos que forman parte de una de las instituciones más respetadas por todos los mexicanos: la Armada de México, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Esta preocupación ha quedado expresada en las recientes reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en cuyo análisis y discusión por parte de los diputados, y posteriormente de los senadores, hubo el consenso en el sentido de procurar el mejoramiento de las condiciones de vida tanto de los militares en activo con treinta o más años de servicios como del personal retirado.

En efecto, los beneficios que se otorgan al personal de las fuerzas armadas con las recientes reformas, son fundamentalmente las siguientes:

Se incrementa del 11 al 15% el monto de las aportaciones del Gobierno Federal equivalente a los haberes, haberes de retiro y de las pensiones.

Se incrementa el porcentaje de 70 a 80% que se aplica al haber que sirve de base para calcular el haber de retiro y la compensación.

Se incrementa del 60 al 80% en el concepto relacionado con las pensiones.

Como reconocimiento a la permanencia en el servicio activo de los militares con más de 30 años de servicios, se establece un factor para calcular el monto del haber de retiro.

En el Seguro Colectivo de Retiro, se incrementa la aportación del Gobierno Federal, del 0.5% al 3.0% del haber y sobrehaber mínimo vigente del personal de las Fuerzas Armadas.

Y la creación de una aportación del Gobierno Federal para el Servicio Médico Integral del 15% sobre las pensiones.

En la fracción I del artículo 31 se dispone que para calcular el monto total del haber de retiro, se tomará como base el porcentaje del haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará a éste el 80% de dicho haber, más las primas complementarias del haber que corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico, cuando las están percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de esta Ley, o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción VI del artículo citado anteriormente.

En la fracción III del citado numeral, se establece que a los militares que pasen a situación de retiro con 30 o más años de servicios, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I.

Sin embargo, también vale la pena destacar que en esas discusiones propias de la vida democrática del país, varios legisladores observaron que en dichas reformas no se contemplaron beneficios similares para el personal con veinte a veintinueve años de servicios y que constituyen el grueso de la población en activo y en retiro.

Basta con observar la cantidad de militares en situación de retiro, con 20 a 29 años de servicios; actualmente hay 7740 elementos en la Armada de México, y en el Ejército y la Fuerza Aérea hay 37,038. Siendo un total de 45,298; todos ellos, militares que se retiran sin la posibilidad de llegar a los treinta años de servicios pero que sin duda sirvieron a la patria con la misma intensidad, vocación de servicio y espíritu de sacrificio.

Todos ellos, activos y retirados, sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios tienen derecho a contar con mejores condiciones de vida sociales y económicas más atractivas. Sólo así puede crearse un ambiente positivo al interior de las fuerzas armadas, que garanticen su calidad de vida.

El personal de las fuerzas armadas mexicanas, que tienen que defender incluso con su vida los más altos intereses de la sociedad y el Estado, debe contar con los derechos que justamente se merece, sobre todo el personal que cuenta con veinte años hasta los que tienen veintinueve años de prestar sus servicios en la carrera de las armas.

Es por ello que promovemos esta iniciativa, con el objeto de que los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución Política, y que fueron otorgadas al personal que cuenta con treinta o más años de servicios, se aplique de igual manera al personal que cuenta con veinte años de servicios y menos de treinta.

Lo anterior, en virtud de que no quedaron suficientemente definidos los razonamientos necesarios para haber determinado en las reformas mencionadas con antelación, que los militares con treinta o más años de servicios obtendrían los beneficios derivados de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero sin considerar en dichos beneficios a los militares que cuentan cuando menos con veinte años de servicios.

A este respecto y continuando con el espíritu de la reforma para el personal retirado con treinta o más años de servicios, es importante también considerar un incremento a los haberes de retiro del personal de las fuerzas armadas que hayan cumplido veinte hasta veintinueve años de servicios, con un porcentaje que vaya del 40 al 58%, con base en la tabla siguiente:

Años de servicios

2010

2011

2012

29

29.00%

43.50%

58.00%

28

28.00%

42.00%

56.00%

27

27.00%

40.50%

54.00%

26

26.00%

39.00%

52.00%

25

25.00%

37.50%

50.00%

24

24.00%

36.00%

48.00%

23

23.00%

34.50%

46.00%

22

22.00%

33.00%

44.00%

21

21.00%

31.50%

42.00%

20

20.00%

30.00%

40.00%

Lo anterior, en virtud de que como ya lo hemos señalado, actualmente solo se alcanza el máximo beneficio de la ley, al contar cuando menos con treinta años de antigüedad.

El beneficio que se pretende con la presente iniciativa, constituye un reconocimiento a los servicios prestados en las fuerzas armadas durante un mínimo de veinte años, y asimismo, un estímulo para la continuación en el servicio activo, precisamente con el ánimo de alcanzar la antigüedad necesaria para obtener una pensión acorde a sus esfuerzos y sus necesidades, atendiendo con ello a los principios de seguridad social que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone, tomando en cuenta los factores presupuestarios que se lo permitan.

En ese contexto, el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que fija el haber de retiro para militares en esta situación, con una antigüedad mínima de treinta años, con un porcentaje que va del 60 al 90%, de manera que solamente se alcance el máximo beneficio de la ley al contar con cuarenta y cinco años de antigüedad, debe ser actualizado a la realidad social, ya que las fuerzas armadas tienen el genuino interés de que sus integrantes permanezcan el mayor tiempo posible en el servicio activo y por ello, nos parece justo que el otorgamiento de los haberes de retiro en proporción a los años de servicios, sea incrementado al personal desde que cumple veinte años de servicios.

Por otra parte, consideramos conveniente eliminar de la fracción III del artículo 31 de la Ley motivo de la presente iniciativa, el concepto de “efectivos”, toda vez que dicha expresión excluye los años de servicios prestados por el militar, como lo son: el tiempo de servicios prestados en campañas u operaciones de guerra; singladuras; horas de servicios en áreas de radiología o nucleares; vigilancia y protección de instalaciones núcleo-eléctricas, horas de servicios en atención a enfermos infectocontagiosos, así como el tiempo extra de un día por cuatro horas en las actividades de Vuelo e Inmersión, motivo por el cual sólo deberá referirse a “20 ó más años de servicios”.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se considera que en el pago adicional de sobrehaberes de retiro que habrán de cubrirse por virtud del beneficio derivado de la reforma propuesta, se requerirán al menos 449.5 millones de pesos adicionales para el ejercicio 2010, 811.9 millones de pesos para el ejercicio 2011 y 1 mil 173.3 millones de pesos para el ejercicio 2012.

A partir del año 2012, cada militar retirado con entre 20 y 29 años de servicio requerirá un incremento promedio del 24.9 por ciento en sobrehaber de retiro, impacto que deberá cubrirse con el presupuesto que para tal efecto les sea asignado a las secretarías de Marina y de Defensa Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este Honorable Pleno, la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

UNICO: Se reforma el artículo 31 fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Para integrar el monto total de:

I.- …

II.- …

III.- A los militares que pasan a situación de retiro con 20 ó más años de servicios, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:

Años de servicios

Tanto por ciento

20

40.00%

21

42.00%

22

44.00%

23

46.00%

24

48.00%

25

50.00%

26

52.00%

27

54.00%

28

56.00%

29

58.00%

30

60.00%

31

62.00%

32

64.00%

33

66.00%

34

68.00%

35

70.00%

36

72.00%

37

74.00%

38

76.00%

39

78.00%

40

80.00%

41

82.00%

42

84.00%

43

86.00%

44

88.00%

45 ó más

90.00%

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los militares que pasen a situación de retiro y los que se encuentren en dicha situación con 20 ó más años de servicios, a partir del mes de enero de 2012 percibirán su haber de retiro con el total del porcentaje adicional que se establece en la fracción III del artículo 31; para dicho efecto, a partir del mes de enero de 2010 se aplicará al monto del haber de retiro integrado con la suma de los conceptos a los que se refiere la fracción I del citado numeral; el porcentaje para cada año se indica en la tabla siguiente:

Años de servicios

2010

2011

2012

29

29.00%

43.50%

58.00%

28

28.00%

42.00%

56.00%

27

27.00%

40.50%

54.00%

26

26.00%

39.00%

52.00%

25

25.00%

37.50%

50.00%

24

24.00%

36.00%

48.00%

23

23.00%

34.50%

46.00%

22

22.00%

33.00%

44.00%

21

21.00%

31.50%

42.00%

20

20.00%

30.00%

40.00%

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Sebastián Calderón Centeno”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Calderón Centeno. Y se instruye a la Secretaría, para que la iniciativa se incorpore íntegra al Diario de los Debates.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del apartado B del artículo 20 constitucional, el cual, con su anuencia, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL APARTADO B DEL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Adolfo Toledo Infanzon, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que sereforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen cerca de 2 millones de personas con discapacidad. Pero, aún cuando estas personas diariamente se enfrentan a limitaciones para acceder en igualdad de condiciones a la educación, empleo, salud, cultura, entre otros derechos básicos, lo cierto es que, lamentablemente, nuestro país no tiene una política de estado que les facilite su quehacer diario.

Ciertamente, pero lo más indignante y desafortunado para estas personas es el hecho de que en múltiples ocasiones sus derechos sufren una vulneración o menoscabo en alguno de sus derechos fundamentales, entre los que se cuentan el de propiedad o, incluso, el de la libertad misma.

En efecto, hasta el día de hoy nuestro país carece de una política pública específica para garantizar a la comunidad sordomuda una interpretación eficaz y segura a servicios y al sistema de justicia.

La Ley General de las Personas con Discapacidad afirma, en su artículo 12º, que la Lengua de Señas Mexicana es una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Esto último, por lo tanto, hace suponer que el Estado mexicano estimula el estudio y conocimiento de dicha lengua, principalmente en aras de fomentar su observancia en escuelas, hospitales, transportes públicos, Agencias del Ministerio Público, dependencias federales e, incluso, en juzgados.

Sin embargo, desafortunadamente el Estado no garantiza la presencia, asistencia o auxilio de intérpretes para personas con problemas de discapacidad auditiva o del lenguaje, en caso de que éstas lo requieran, con el riesgo que ello conlleva para el menoscabo de sus derechos fundamentales.

En tal virtud, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy someto a la consideración de esta Soberanía una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone elevar a rango constitucional la obligación, por parte del Estado mexicano, de garantizar la asistencia de un intérprete certificado, específicamente para aquellos imputados en algún proceso penal que, en razón de algún tipo de discapacidad, lo necesiten

Efectivamente, en nuestro país existen cerca de 400 mil personas con problemas de comunicación a consecuencia de una discapacidad auditiva o del leguaje, mismos que están en grave riesgo de sufrir un menoscabo en sus derechos fundamentales en caso de que sean parte en algún proceso judicial, toda vez quea consecuencia de una mala interpretación por su parte, o por quien le asista sin la debida certificación, le puede ocasionar la pérdida de su patrimonio o, en el peor de los caso, de su libertad.

A propósito de esto último, cabe señalar que de cada 100 indígenas procesados en el país 82 no contaron con el apoyo de un traductor, violentando así la fracción VIII, apartado A, del artículo 2º de esta Constitución, que a la letra establece que “los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

En tal virtud, es menester de esta representación establecer las acciones legislativas tendientes a propiciar una verdadera política pública que obligue de manera categórica al Estado mexicano a prestar auxilio a todas las personas con este tipo de discapacidad, sobre todo tratándose de una situación en la que se coloca en riesgo su patrimonio o la libertad misma del individuo.

Es verdaderamente lamentable que a la fecha no haya un sólo intérprete certificado de la Lengua de Señas Mexicanas en el país, con mayor razón cuando, según información del INEGI, el 70% de las personas con problemas auditivos en edad de trabajar están desempleadas. En efecto, la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, que agrupa a la mayoría de los profesionales calificados en el país, únicamente cuenta con 168 miembros, pero ninguno de ellos certificado para realizar labores como traductor.

Así las cosas, es evidente el completo abandono a las personas con discapacidad por parte del gobierno federal, al no implementar verdaderas políticas públicas que constituyan avances significativos para el goce y disfrute de los derechos de las mismas.

Es realmente lamentable que estas personas diariamente se enfrenten a limitaciones para acceder en igualdad de condiciones a diversos derechos, pero es aún más lamentable que estos derechos desaparezcan por completo a consecuencia del abandono de las autoridades que deben de velar por el respeto y garantía de los mismos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción VIII del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20 (…)

A (…)

I - X (…)

B.- (…)

I.- (…) VII.- (…)

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Además, el Estado garantizará la asistencia de un intérprete certificado siempre que se trate de imputados que, en razón de algún tipo de discapacidad, lo necesiten; o cuando se trate de lo previsto en la fracción VIII, apartado A, del artículo 2º de esta Constitución. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX.- (…)

C.- (…)

I.- (…) VII.- (…)

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Tiene la palabra la Senadora María Serrano Serrano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 18 de julio de 2001, por el que se reformaron los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2001, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 14 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, POR EL QUE SE REFORMARON LOS ARTICULOS 1º, 2º, 4º, 18 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Serrano Serrano, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora María Serrano Serrano: Con el permiso de la Presidencia; señoras Senadoras y señores Senadores:

El Decreto del 18 de julio de 2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto, que ya lo mencionó el Senador Andrés Galván, en relación con la más completa reforma en materia indígena, en el cual se reformaron los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y con estas reformas se inició el desarrollo jurídico de la pluriculturalidad de la nación mexicana, y a partir de entonces, ya no sólo se reconoce la existencia de varias culturas en el territorio nacional, sino que se establece su plena protección jurídica.

El artículo 2 de la Constitución, en su apartado B, establece: “La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para garantizar el cumplimiento de todo lo anterior, se estableció en el Artículo Segundo Transitorio, que al entrar en vigor las reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constitucionales locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

Esta disposición, hasta esta fecha, no estableció plazo para la realización de las adecuaciones mencionadas.

Y esto ha motivado que a pesar de que han transcurrido más de siete años, en muchos de los estados de la República, como lo mencionaré, se han hecho algunas reformas, en este caso constitucionales, pero no se ha transitado por las reformas secundarias, es decir, las leyes secundarias y por la creación de instituciones que den plenitud a lo que el artículo 2º constitucional, así como los otros artículos que mencioné, han establecido para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Entre estos estados está el de Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, estados que solamente han transitado por la reforma constitucional, pero no han llevado a cabo las leyes secundarias necesarias, ni la creación de instituciones necesarias para la protección de estos derechos.

Por ello, la reforma indígena de 2001, que tanto significa para el desarrollo y progreso de millones de indígenas en nuestro país, se encuentra limitada en sus efectos por la falta de desarrollo legislativo, a consecuencia de la inactividad de las legislaturas de los estados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina jurídica en nuestro país han denominado a esta falta de actividad de los congresos locales como una omisión legislativa absoluta. La omisión legislativa absoluta es una forma de inobservancia o incumplimiento de la Constitución Federal.

En desacato a las disposiciones transitorias de los Decretos reformatorios de la Constitución, no sólo afectan a la materia indígena. Incluso en este momento también está afectando a la reforma electoral, porque si bien saben ustedes, o a la mejor es necesario informales, el estado de Sinaloa, mi estado, hasta estos momentos no ha llevado a cabo las reformas constitucionales y legales en materia electoral tal y como lo mandató este Constituyente Permanente en su Artículo Sexto Transitorio, otorgando un plazo de un año. Y a pesar de ello estamos en un serio peligro de acciones e inconstitucionalidad de una elección que puede ser catalogada inconstitucional.

En Sinaloa, que el próximo año tendremos la elección, porque no se han adecuado las leyes constitucionales y legales a las reformas que hizo este Constituyente Permanente en el 2007.

Es importante que este Senado de la República, como parte del poder reformador de la Constitución, considere que las omisiones legislativas absolutas constituyen, como ya lo ha dicho la Corte, una violación a la Constitución por omisión.

El 13 de marzo del presente año presenté ante esta Soberanía iniciativas de reformas y adiciones al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer la acción de omisión legislativa absoluta y garantizar a través de este procedimiento el cumplimiento pleno de nuestra Carta Magna.

Hoy presento esta iniciativa ante esta Honorable Soberanía para establecer un plazo en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 14 de agosto de 2001 en relación a la materia indígena. En este estamos adicionando que a la fecha en que se apruebe este Decreto reformatorio se conceda un plazo de un año tanto a la Federación, al gobierno federal como a los Congresos de los Estados para que se realicen las reformas y adecuaciones necesarias para la protección de los derechos indígenas de nuestros pueblos y comunidades.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

MarIa Serrano Serrano, Senadora de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presenta ante esta Soberanía con fundamento en la fracción II del artículo 71 y artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona al artículo segundo transitorio del Decreto de fecha 18 de julio de 2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del mismo año, por el que se reformaron los artículos 1º, 2º, 4º,18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Decreto de fecha 18 de julio de 2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del mismo año reformó los artículos 1º, 2º,4º,18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma se inició el desarrollo jurídico de la pluriculturalidad de la nación mexicana, y a partir de esta fecha yano sólo se reconoce la existencia de varias culturas en el territorio nacional, sino que se establece su plena protección jurídica.

Esta reforma constitucional impactó distintos ámbitos y estableció que:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnicoo nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas.”( a. 1º, párrafo tercero)

Además, señala en el artículo 2º que:

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Y en el párrafo cuarto se precisa:

“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”

Y en el artículo 115, fracción III, último párrafo se dice:

“Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.”

En el artículo 2º, eje fundamental de la reforma indígena, se reitera nuestra composición pluricultural bajo un esquema de autoadscripción de la identidad indígena. Definiéndose a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a todas aquellas personas que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; o parte de ellas.

El artículo 2º tiene dos grandes apartados; el “A” que se refiere de manera específica a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y a su libre determinación en el marco de su autonomía y dela propia Constitución. Y el “B” en el que se establece que:

“B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

Para garantizar el cumplimiento de todo lo anterior el poder reformador de la Constitución estableció en su disposición transitoria segunda, que: al entrar en vigor las reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde la fecha de publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, todavía existen estados que no han cumplido con este mandato. La información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que sólo los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, esto es, 20 estados han realizado la adecuación pertinente en sus constituciones locales, pero no han creado las leyes secundarias y las instituciones necesarias para garantizar la vigencia plena de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

De los estados anteriores sólo Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí han establecido instituciones gubernamentales para la atención especializada de los asuntos indígenas, y han realizado el desarrollo legislativo de la disposición constitucional.

Por otro lado los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, a la fechano han realizado ni la adecuación constitucional correspondiente, ni creado las leyes secundarias, ni la institución pública responsable de la política indígena en sus respectivas entidades.

La construcción jurídica y desarrollo legislativo de esta reforma tiende a garantizar la pluriculturalidad mexicana, debe asegurar entre otros objetivos; el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado, que se vincula directamente con reformas a los códigos civiles y penales, y especialmente a los códigos procesales; también se requiere de la urgente adecuación de leyes para el tratamiento de menores infractores indígenas, normas mínimas sobre readaptación social a sentenciados y liberados indígenas, pero sobretodo, a establecer reglas y procedimientos para la protección y promoción de las culturas indígenas de nuestro país.

Así, la reforma indígena de 2001, que tanto significa para el desarrollo y progreso de millones de indígenas en nuestro país se encuentra limitada en sus efectos por la falta de desarrollo legislativo, a consecuencia de la inactividad legislativa de las legislaturas de los estados.

Esta iniciativa se funda en el antecedente de adición de un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005 por el que se declararon reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y recorridos en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma que se señala estableció el sistema integral de justicia aplicable a menores de 18 años, pero mayores de 12, y en sus disposiciones transitorias omitió fijar el plazo para la implementación de este sistema por lo que corresponde a la federación. Por la anterior razón el 14 de agosto del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que establece el plazo de un año para implementar por la federación el sistema de justicia penal para adolescentes.

Por lo anterior, esta iniciativa propone reformar el artículo segundo transitorio del decreto que establece la reforma indígena, con el objetivo de establecer un plazo de un año para que los estados que no han realizado la adecuación constitucional, la realicen. Igualmente, en este plazo deberán establecer la institución responsable de la política indígena local y el desarrollo legislativo de la disposición constitucional. El plazo señalado deberá contarse a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto reformatorio de la aludida disposición transitoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Sereforma el artículo Segundo Transitorio del Decreto que reformó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 para quedar como sigue:

TRANSITORIOS

PRIMERO…

SEGUNDO. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

TERCERO…

CUARTO…

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. María Serrano Serrano”.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO DEL 18 DE JULIO DE 2001 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 14 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1º,2º,4º, 18 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficialde la Federación.

PRIMERO…

SEGUNDO. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

SEGUNDO. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

TERCERO. Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.

TERCERO…

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto integro de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenara su difusión en sus comunidades.

CUARTO…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Serrano Serrano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para los efectos correspondientes.

Se recibió del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 40 de la Ley General de Vida Silvestre; y 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO I) Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 170 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el C. Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Senador de la República en la LXI Legislatura, Francisco Herrera León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso i), así como la modificación del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre y el primer párrafo del artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1997 se estableció el Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA), con el propósito de contribuir a compatibilizar y a reforzar mutuamente las acciones de conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico en el sector rural.

Este sistema integró bajo un concepto los sitios que hasta 1996 se conocían sólo y de manera dispersa como: viveros, jardines botánicos, zoológicos, criaderos y ranchos cinegéticos, entre otros. Para comprender mejor este sistema es necesario conocer los componentes que lo integran, es decir, las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMA), su filosofía, funcionamiento y finalidad.

Las UMA se distinguen de acuerdo a su manejo en dos categorías, extensivas e intensivas, de especies de flora y fauna silvestres. En el primer caso, se consignan los ranchos cinegéticos, el aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestre de los espacios naturales, incluido los protegidos, previo estudios de población y plan de manejo que permitan determinar las tasas de aprovechamiento, así como la práctica del ecoturismo.

La segunda categoría de manejo, las intensivas, incluyen las granjas, criaderos, zoológicos, circos, viveros, invernaderos y todas las alternativas viables que permitan la reproducción y propagación de especies, así como la elaboración de productos y subproductos que puedan incorporarse al mercado legal de vida silvestre.

En este marco y en cada Unidad, es necesario el manejo a través de un Plan autorizado y registrado, que permita obtener los beneficios derivados de las actividades productivas y garantice la viabilidad de las poblaciones de cada especie que ahí se distribuye. Estos beneficios que se pretenden, coadyuvarán a solventar los gastos de operación y serán reinvertidos en programas de conservación, monitoreo e investigación, con lo que se asegurará la permanencia de capital natural. Esto es, impulsar el desarrollo de fuentes alternativas de ingreso para las comunidades rurales, valorizando la diversidad biológica para propiciar su conservación en todo el territorio nacional.

Con las UMA se promueven esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, y que frenan o revierten los procesos de deterioro ambiental. Modifican sustancialmente las prácticas de subvaloración, el uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente empleados en el país para la gestión de la vida silvestre.

Las UMA’s han dado respuesta a las demandas de la sociedad respecto de las alternativas viables de desarrollo socioeconómico en México, toda vez que buscan promover la diversificación de actividades productivas en el sector rural, basadas en el binomio conservación-aprovechamiento de los recursos naturales, a efecto de generar fuentes de empleo, de ingreso para las comunidades rurales, generación de divisas, valorización de los elementos que conforman la diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales focales que prestan al lugar y a sus áreas aledañas.

Las UMA’s son y funcionan como centros productores de pies de cría, como bancos de germoplasma, como alternativas de conservación de hábitat y reproducción de especies, en labores de investigación, educación ambiental, capacitación, restauración, protección, recuperación, repoblación, reintroducción, rescate, resguardo, exhibición, así como unidades de producción de ejemplares, partes y derivados que puedan incorporarse a los diferentes circuitos del mercado legal.

Las UMA’s se distinguen de acuerdo al tipo de aprovechamiento en Extractivas y No Extractivas. En el primer caso se registran la cacería deportiva, mascotas, ornato, alimento, insumos para la industria y la artesanía, exhibición y la colecta científica.

El aprovechamiento No Extractivo incluye la práctica de ecoturismo, investigación científica, educación ambiental, así como la fotografía, video y cine.

Una de las características más sobresalientes de estas Unidades es la adhesión convencida de sus dueños (comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios) a la protección y el manejo de los hábitat y la vida silvestre, al comprobar que la conservación es rentable en términos sociales, económicos y ambientales y que pueden acceder legalmente a esos beneficios cuando cumplen la normatividad establecida, a través de técnicas específicas de manejo y monitoreo.

Por todo lo anterior, propongo se adicione un inciso i) al artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre, que si bien es cierto en él se establece los requisitos que se deben de cumplir para el registro de los predios como unidades de manejo, también es cierto se debe de especificar la información biológica de los géneros sujetos a manejar, para que de esta manera la Secretaría tenga un mejor control y ubicación de todas aquellas especies que se pretendan reproducir en cada una de las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.

Estimados compañeros legisladores:

Preservar y cuidar la biodiversidad a través de las UMA’s, es una práctica que nos ayudará a disminuir la explotación ilegal de la flora y fauna en nuestro país, toda vez que contribuyen a fortalecer la diversificación productiva en el sector rural, a través del conocimiento adecuado de los ciclos de vida de los organismos de manera que puedan explotarse de forma sustentable.

No obstante cualquier conducta que atente contra la integridad de esa riqueza de la flora y fauna, tendrá que ser sancionada enérgicamente y emitir una señal a la delincuencia e ignorancia, de que no permitiremos que el ambiente se vaya deteriorando y cause un desequilibrio ecológico que pueda afectar a los ecosistemas en nuestro país.

Por lo expuesto anteriormente, someto a esta Honorable Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

POR EL QUESE ADICIONA EL INCISO i), ASI COMO LA MODIFICACION DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 170 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el inciso i), así como la modificación del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre y se modifica el primer párrafo del artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo 40. …

El plan de manejo deberá contener:

a) - h) (…)

i) Información biológica de la o las especies sujetas al plan de manejo.

El plan de manejo deberá ser elaborado por el responsable técnico, quien será responsable solidario con el titular de la unidad registrada, de la conservación de la vida silvestre y su aprovechamiento sustentable, en caso de otorgarse la autorización y efectuarse el registro.

Artículo 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño, deterioro grave a los recursos naturales, contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, la biodiversidad o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar que se practiquen las siguientes medidas de seguridad:

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Francisco Herrera León”.

Ahora se concede el uso de la palabra a la Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA YLA ACTIVIDAD ARTESANAL

(Presentada por la C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Rosalía Peredo Aguilar: Muchas gracias, señor Presidente.

La que suscribe, Senadora Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos.

En diciembre de 1987 se expidió esta Ley. En enero de 1988 se hizo una modificación de erratas de dos detalles y en julio de 1991 se hicieron 11 reformas a igual número de artículos; sin embargo, prevalece el error de que los artículos 10 y 11 prácticamente tienen la misma redacción por un error de origen en la reforma del artículo 11 en el año de 1991.

Con la presente iniciativa se subsana esa deficiencia, pero el espíritu de las reformas, adiciones y derogación planteadas son de fondo y se enmarcan en el contexto de las iniciativas que he tenido a bien presentar en esta Soberanía y que se refieren a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a la Ley Orgánica de la Financiera Rural, que a la vez forman parte de la estrategia de fomento económico de la fracción de Acción Nacional y que han quedado plasmadas en los trabajos realizados por el Senado en el Foro de Propuestas y Compromisos, México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?

No deja de sorprender que estando registrado un error en esta Ley, persista por años y se omita su corrección, lo cual demerita el trabajo legislativo. Pero más sorprendente resulta que persista sin actualizarse cuando ya muchas dependencias han desaparecido, como es el caso de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como el Departamento del Distrito Federal, lo cual pudiera explicarse como que son detalles que no tienen trascendencia, sin embargo, el legislativo tiene la ineludible obligación de que todas sus propuestas sean lo mejor sustentadas y elaboradas.

Pero el asunto de fondo es que además y primordialmente lo anterior refleja que en este tiempo de vigencia de la Ley no se ha puesto realmente interés en fomentar la microindustria y la actividad artesanal, y aún más, la actual Ley presenta un carácter excluyente al no considerar ni para consulta a los microempresarios en la conformación de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, resultando poco factible desarrollar e impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales y su actividad artesanal sin la presencia de quienes se dedican a dicha actividad.

Esta exclusión se hace también evidente cuando se relaciona con las entidades federativas, ya que a pesar de existir un capítulo exprofeso, se omite al Distrito Federal y a sus Delegaciones, que tienen una participación importante en el Producto Interno Bruto y además representan el principal mercado para la comercialización de artesanías.

Estos aspectos justifican en sí, que se realice una actualización a la presente Ley, pero lo más relevante es que aunque se llama Ley Federal de Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, el capitulado de la misma prioriza los aspectos administrativos y de trámite, mucho más que el fomento de la propia actividad artesanal.

En este sentido, aparte de las reformas anteriores, se incluyen más participación de los municipios y delegaciones ya que es a este nivel donde la pequeña industria y la actividad artesanal tiene mayor relación, ya que los artesanos en general, disponen de pocos apoyos y de estrategias de desarrollo muy locales y, por ende, de un mercado reducido, a pesar de que nuestro país tiene una amplia gama de artesanías, y éstas son, en gran medida, un reflejo de nuestra pluriculturalidad.

El desarrollo de la microindustria artesanal tiene un gran potencial que no se ha logrado impulsar, y que se evidencia con los escasos recursos que disponen instancias encargadas de su fomento, como es el caso del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), lo que implica que éste no tenga una estrategia de largo plazo como lo plantean las evaluaciones realizadas a dicho organismo, donde además se hace necesario disponer de mayor presupuesto para que a partir de un diagnóstico actualizado, pueda verdaderamente fomentar el desarrollo de las artesanías y que los dedicados a esta actividad, puedan establecer procesos integrados para un desarrollo microindustrial.

Por otro lado, las estructuras de los tres órdenes de gobierno no fomentan de manera importante el desarrollo de la microindustria y la actividad, ya que en sus adquisiciones relegan la compra de artículos artesanales que disponen además de un uso utilitario. Incluso, en las grandes erogaciones que los diversos funcionarios hacen en los regalos decembrinos, desestiman erróneamente el obsequio de lo nuestro, de lo artesanal, pudiendo ser un momento importante y de congruencia para apoyar a dicha microindustria.

Apoyar y fomentar el desarrollo de la microindustria artesanal es, implícitamente, valorar nuestra esencia cultural, es rescatar nuestra propia historia, es mantener nuestra identidad pluricultural, es en concreto, una forma económica de ser congruentes con nosotros mismos porque le damos importancia a lo que somos como expresión artística de nuestra identidad mexicana.

Procede indicar que la Organización para la Educación de las Naciones Unidas (UNESCO), estableció el Plan de Acción Decenal para el Desarrollo de la Artesanía en el Mundo (1990-1999), y desde entonces se consideró necesario e importante apoyar a los artesanos en diversos aspectos, desde los técnicos como diseño y calidad, hasta los de comercialización y financiamiento, ya que esta actividad ocupa una gran cantidad de trabajo y no de capital, por lo que resulta que impulsar económicamente la microindustria y la actividad artesanal representan un incremento importante en disminuir el desempleo y la pobreza, aspectos que ante la grave crisis múltiple que afecta al mundo y a nuestro país, es una oportunidad que debe desarrollarse.

De tal manera que resulta conveniente y necesario que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal,sea reformada para verdaderamente fomentar la microindustria y la actividad artesanal, y no se quede en el plano administrativo que, sin negar su importancia, no es lo fundamental para el fomento de dicha microindustria, por lo que con la presente iniciativa se pretende dar con esta Ley, instrumentos y criterios para desarrollar la microindustria y la actividad artesanal, además de actualizarla con respecto a las dependencias que se involucran y de corregir algunos detalles de exclusión y técnica legislativa.

Así es que en el artículo 1º se incluye a las delegaciones; en el Diario Oficial de la Federación en el artículo 3, darle más espacio de participación al Distrito Federal en el 7, 20, 36, 37, 44 y 45; lo de adquisiciones en el 6, 7 y 43; lo de eliminar algunas dependencias inexistentes en el 16, 36 y 40; la incorporación de dependencias en el 36; la consulta a sectores en el 37; y el que los gobiernos fomenten esta actividad en el 44 bis.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito presentar este proyecto de Decreto que por obvio de tiempo y encontrarse publicado en la Gaceta, omito su lectura y solicito, señor Presidente, se inserte íntegro al Diario de los Debates.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La que suscribe, Senadora RosalIa Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En diciembre de 1987 se expidió esta Ley. En enero de 1988 se hizo una modificación de erratas de dos detalles y en julio de 1991 se hicieron 11 reformas a igual número de artículos; sin embargo, prevalece el error de que los artículos 10 y 11 prácticamente tienen la misma redacción por un error de origen en la reforma del artículo 11 en el año de 1991.

Con la presente iniciativa se subsana esa deficiencia, pero el espíritu de las reformas, adiciones y derogación planteadas son de fondo y se enmarcan en el contexto de las iniciativas que he tenido a bien presentar en esta soberanía y que se refieren a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a la Ley Orgánica de la Financiera Rural, que a la vez forman parte de la estrategia de fomento económico de la fracción de Acción Nacional y que han quedado plasmadas en los trabajos realizados por el Senado en el Foro de Propuestas y Compromisos, MEXICO ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?

No deja de sorprender que estando registrado un error en esta Ley, persista por años y se omita su corrección, lo cual demerita el trabajo legislativo. Pero más sorprendente resulta que persista sin actualizarse cuando ya muchas dependencias han desaparecido, como es el caso de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como el Departamento del Distrito Federal, lo cual pudiera explicarse como que son detalles que no tienen trascendencia, sin embargo, el legislativo tiene la ineludible obligación de que todas sus propuestas sean lo mejor sustentadas y elaboradas.

Pero el asunto de fondo es que además y primordialmente, lo anterior refleja que en este tiempo de vigencia de la Ley no se ha puesto realmente interés en fomentar la microindustria y la actividad artesanal, y aún más, la actual Ley presenta un carácter excluyente al no considerar ni para consulta a los microempresarios en la conformación de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, resultando poco factible desarrollar e impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales y su actividad artesanal sin la presencia de quienes se dedican a dicha actividad.

Esta exclusión se hace también evidente cuando se relaciona con las entidades federativas, ya que a pesar de existir un capítulo exprofeso, se omite al Distrito Federal y a sus Delegaciones, que tienen una participación importante en el Producto Interno Bruto y además representan el principalmercado para la comercialización de artesanías.

Estos aspectos justifican en sí, que se realice una actualización a la presente Ley, pero lo más relevante es que aunque se llama Ley Federal de Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, el capitulado de la misma prioriza los aspectos administrativos y de trámite, mucho más que el fomento de la propia actividad artesanal.

En este sentido, aparte de las reformas anteriores, se incluyen más participación de los municipios y delegaciones ya que es a este nivel donde la pequeña industrial y la actividad artesanal tiene mayor relación, ya que los artesanos en general, disponen de pocos apoyos y de estrategias de desarrollo muy locales, y por ende, de un mercado reducido, a pesar de que nuestro país tiene una amplia gama de artesanías, y éstas son, en gran medida, un reflejo de nuestra pluriculturalidad.

El desarrollo de la microindustria artesanal tiene un gran potencial que no se ha logrado impulsar, y que se evidencia con los escasos recursos que disponen instancias encargadas de su fomento, como es el caso del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), lo que implica que éste no tenga una estrategia de largo plazo como lo plantean las evaluaciones realizadas a dicho organismo, donde además se hace necesario disponer de mayor presupuesto para que a partir de un diagnóstico actualizado, pueda verdaderamente fomentar el desarrollo de las artesanías y que los dedicados a esta actividad, puedan establecer procesos integrados para un desarrollo microindustrial.

Por otro lado, las estructuras de los tres órdenes de gobierno no fomentan de manera importante el desarrollo de la microindustria y la actividad, ya que en sus adquisiciones relegan la compra de artículos artesanales que disponen además de un uso utilitario. Incluso, en las grandes erogaciones que los diversos funcionarios hacen en los regalos decembrinos, desestiman erróneamente el obsequio de lo nuestro, de lo artesanal, pudiendo ser un momento importante y de congruencia para apoyar a dicha microindustria.

Apoyar y fomentar el desarrollo de la microindustria artesanal es, implícitamente, valorar nuestra esencia cultural, es rescatar nuestra propia historia, es mantener nuestra identidad pluricultural, es en concreto, una forma económica de ser congruentes con nosotros mismos porque le damos importancia a lo que somos como expresión artística de nuestra identidad mexicana.

Procede indicar que la Organización para la Educación de las Naciones Unidas (UNESCO), estableció el Plan de Acción Decenal para el Desarrollo de la Artesanía en el Mundo (1990-1999), y desde entonces se consideró necesario e importante apoyar a los artesanos en diversos aspectos, desde los técnicos como diseño y calidad, hasta los de comercialización y financiamiento, ya que esta actividad ocupa una gran cantidad de trabajo y no de capital, por lo que resulta que impulsar económicamente la microindustria y la actividad artesanal representan un incremento importante en disminuir el desempleo y la pobreza, aspectos que ante la grave crisis múltiple que afecta al mundo y a nuestro país, es una oportunidad que debe desarrollarse.

De tal manera que resulta conveniente y necesario que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, sea reformada para verdaderamente fomentar la microindustria y la actividad artesanal, y no se quede en el plano administrativo que, sin negar su importancia, no es lo fundamental para el fomento de dicha microindustria, por lo que con la presente iniciativa, se pretende dar con esta Ley, instrumentos y criterios para desarrollar la microindustria y la actividad artesanal, además de actualizarla con respecto a las dependencias que se involucran y de corregir algunos detalles de exclusión y técnica legislativa.

Así es que en el artículo 1º se incluye a las delegaciones; en el DOF en el artículo 3; darle más participación al Distrito Federal en el 7,20, 36, 37, 44 y 45; lo de adquisiciones en el 6, 7 y 43; lode eliminar algunas dependencias inexistentes en el 16, 36 y 40; la incorporación de dependencias en el 36; la consulta a sectores en el 37; y el que los gobiernos fomenten esta actividad en el 44 bis.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito presentar el presente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforman los artículos 1o; la fracción I del artículo 3o; el párrafo primero y la fracción I del 7; el párrafo segundo del artículo 16; el artículo 20; el párrafo segundo del artículo 33; los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 36; las fracciones I y V, y los incisos B) y C) de la fracción IX del artículo 37; el párrafo segundo del artículo 40; el párrafo primero del artículo 42; el párrafo primero del artículo 44; y los párrafos primero y segundo del artículo 45. Se adicionan las fracciones V y VI del artículo 7; el párrafo segundo del artículo 10; el párrafo segundo del inciso A de la fracción IX del artículo 37; el párrafo segundo del artículo 42; la fracción VI del artículo 43; y el artículo 44 bis. Y se deroga el artículo 11; todos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales tanto municipales como delegacionales para este último objeto.

ARTICULO 3o.- …:

I.-Empresas microindustriales, a las unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine la Secretaría, los cuales se publicarán cada tres años en el Diario oficial de la Federación;

II.- y III.- …

ARTICULO 7.- La Secretaría, con la participación en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, y el DistritoFederal, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I.- Determinar las actividades que sean más conveniente para que se desarrollen lasmicroindustrias y señalar las zonas propias para su instalación, a fin de otorgar mayores estímulos

II.- aIV.-….

V.- Impulsar que en los casos que proceda, las adquisiciones de bienes que realice el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados y Municipios, así como el Distrito Federal, se hagan con empresas registradas en el Padrón Nacional de la Microindustria y con denominación comercial indicada en el artículo 9 de la presente Ley.

VI.- Propiciar condiciones favorables para que en los centros turísticos se fomente el comercio de productos artesanales, en forma directa a los microempresarios artesanales registrados en el Padrón citado.

ARTICULO 10. …

La propia Secretaría comunicará a las autoridades correspondientes la cancelación de la inscripción y la cédula, a fin de que se dejen sin efecto, a partir de la cancelación, los beneficios que se hayan otorgado.

ARTICULO 11.- …. Se deroga

…..

ARTICULO 16.-

No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o administrativas. Las Secretarías de Economíay la que corresponda vigilarán se cumpla lo dispuesto en este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes.

ARTICULO 20.-La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas. En la elaboración del Padrón podrán participar las autoridades estatales y municipales, así como las del Distrito Federal, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al capítulo VII de la presente Ley.

ARTICULO 33.-….

Si la cancelación no implicare al mismo tiempo impedimento para que la sociedad subsista y continúe operando, ésta deberá, dentro del término de 60 días naturales, proceder a modificar su contrato social, a fin de eliminar en él, toda referencia a su condición de microindustria salvo el caso de que optare por su disolución y liquidación. Asimismo suprimirá de su anuncio y publicidad la referencia a microindustria.

ARTICULO 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes propietarios de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, del Gobierno del Distrito Federal ligado a este sector, así como de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

La presidencia de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Economía.

A propuesta de cualquiera de los integrantes de la Comisión podrá invitarse a participar en sus sesiones a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de Gobiernos de los Estados y de los Municipios y el Distrito Federal, así como de los sectores social y privado.

ARTICULO 37.- Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión realizará las siguientes funciones:

I.- Acordar la coordinación de trámites y despacho de asuntos relacionados con las microindustrias a cargo de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades para la operación de estas microindustrias;

II.- a IV.-….

V.- Ser el conducto por medio del cual se definan por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las materias cuya coordinación debe promoverse ante los Estados, Municipios yel Distrito Federal, para la obtención de los apoyos a que se refiere esta ley, especialmente para alcanzar los fines señalados en la fracción I;

VI.-….

VII.- Formular las recomendaciones pertinentes a las dependencias de la Administración Pública del país, para consolidar y ampliar los niveles de adquisiciones del sector microindustrial, así como para facilitarles el abastecimiento de insumos para su actividad; y

VIII.-….

IX.- …:

A)….

Para mostrar los avances en la materia, la Comisión informará permanentemente en la página web de la Secretaría, los compromisos que se derivan de la aplicación de la presente Ley.

B) Proponer los criterios para otorgarlos certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación, para lo cual, se deberá consultar a representantes de los sectores social y privado en los términos del artículo 36 de la presente Ley;

C. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los Estados yel Distrito Federal, para fomentar la producción y comercialización de artesanías, involucrando la participación de organismos especializados en la materia, y

D)….

ARTICULO 40.-…

La Secretaría que corresponda vigilará el cumplimiento de lo previsto en este artículo y, en su caso, propondrá la simplificación correspondiente.

ARTICULO 42.- De acuerdo con el programa nacional de financiamiento para el desarrollo o su equivalente, el sistema financiero, a través de mecanismos crediticios, fomentará el desarrollo microindustrial a nivel nacional, para que las microindustrias cuenten con liquidez suficiente y puedan realizar las inversiones necesarias.

La Secretaría de Economía será la encargada de procurar que la microindustria artesanal, disponga de los suficientes recursos para su desarrollo.

ARTICULO 43.-

I.-aV.- ….

VI.- Se promoverá la adquisición de productos de la microindustria artesanal en las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipio, y en el Gobierno del Distrito Federal.

ARTICULO 44.- Dentro del marco del sistema nacional de planeación y de conformidad con los acuerdos que se celebren, se establecerán las bases de coordinaciónentre la Federación, los Estados y Municipios, así como el Distrito Federal, a fin de impulsar el establecimiento y apoyar el fortalecimiento de empresas microindustriales, orientado hacia una eficiente descentralización de la planta productiva y un desarrollo más equilibrado.

….

ARTICULO 44 bis. La Secretaría tendrá la atribución de convenir con los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, y para que, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las acciones a realizarse se planeen de manera coordinada.

ARTICULO 45.- La Secretaría tendrá la atribución decelebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de los Estados, municipios y el Distrito Federal para promover la descentralización de actividades y funciones que correspondan al Padrón Nacional de la microindustria. Lo cual se hará con la reglamentación que se defina y las evaluaciones y metaevaluaciones que se definan.

En dichos acuerdos se establecerán las acciones, mecanismos y procedimientos que podrán llevar a cabo los Estados,municipales y el Distrito Federal para el logro de lo señalado en el párrafo anterior, de manera que las empresas microindustriales puedan realizar sus trámites con mayor agilidad, y se eliminen aquéllos que sean innecesarios.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Rosalía Peredo Aguilar”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Peredo Aguilar, la Senadora Minerva Hernández solicita si acepta que suscriba con usted la iniciativa. Por favor que la Secretaría tome nota y también se instruye el que se incluya íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 2º, 8º Y 16; Y ADICIONA CUATRO PARRAFOS AL ARTICULO 21 DE LA LEY PARALA COORDINACION DELA EDUCACION SUPERIOR

(Presentada por el C. Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Felipe González González: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

En un país como el nuestro, en vías de desarrollo, donde una amplia capa de la población se compone principalmente de jóvenes, la educación reviste la mayor importancia. La educación se caracteriza entonces por su valor estratégico para los miles de jóvenes que demandan igualdad de oportunidades en el proyecto nacional y en el plan de vida humana.

En México el ordenamiento que regula la educación superior entró en vigor en 1978. En 30 años la nación ha cambiado, y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior permanece casi igual.

Todavía invoca a la antigua Ley Federal de Educación, de ahí que propongo la reforma de los artículos 2º, 8º y 16 de la ley. En estas tres décadas se han multiplicado las instituciones de educación superior hasta llegar a 36 universidades públicas, con lo que cada entidad federativa cuenta al menos con un plantel de este nivel educativo.

El promedio nacional de jóvenes en edad de cursar la educación superior que tienen acceso a la enseñanza es el del 26%. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea la meta de alcanzar el 30% de matriculación de los jóvenes en edad de estudiar una licenciatura o equivalente.

Los fondos extraordinarios para la educación privilegian el incremento de la matricula en congruencia con dicha meta del 30% por razones de justicia social y equidad. Más allá del crecimiento de la matrícula, marcado por la tendencia creciente de estudios de educación superior, es importante consolidar la diversificación de la oferta educativa.

En efecto, uno de los grandes problemas de la educación superior en México radica en la orientación de la demanda hacia áreas tradicionales, pese a la política de cupos y a la promoción de programas pertinentes con la dinámica del mercado laboral en el país y en las regiones.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha planteado la modernización de la legislación en la materia. Entre otros aspectos, en el estudio denominado a la educación superior del siglo XXI se establece lo siguiente, cito: “de acuerdo con las tendencias del empleo, para el año 2020 el 90% de la mano de obra estará ocupada en la micro, pequeña y mediana empresa. En los escenarios económicos más factibles a futuro, los mercados de trabajo tendrán un comportamiento distinto al actual. Las instituciones educativas deberán formar técnicos y profesionales con una fuerte orientación para el autoempleo y la creación de microempresas.” Concluyo la cita.

Documentos de la misma ANUIES se refieren a la necesidad de que las instituciones de educación superior también participen en los esfuerzos institucionales de transparencia y rendición de cuentas. Por ello, vengo en esta ocasión a presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 2º, 8º y 16; y adiciona los cuatro párrafos al artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Se trata de que al asignar los fondos la Federación se clarifique la correlación que debe haber entre la educación superior y las prioridades y necesidades del país, de las regiones y de los estados.

Se trata de que dicho nivel educativo se establezca un marco de referencia que permita a las y los jóvenes tomar una decisión más y mejor informada acerca de la viabilidad de entrar al ejercicio profesional en función tanto del mercado de trabajo, como de las oportunidades de establecer una empresa propia.

Se trata de incentivar la diversificación de la oferta educativa acorde con las necesidades, no sólo de la planta productiva del país, sino también para hacer realidad los derechos sociales consagrados en la Constitución Política a favor de todas y todos los mexicanos.

Se trata de formar los cuadros idóneos para el desarrollo nacional, todo ello a partir de los planteamientos que la propia asociación que aglutina las instituciones de educación superior en el país, ha venido formulando en los últimos años.

Con el propósito de actualizar el ordenamiento de la materia a los retos que demanda la educación en el siglo XXI, en particular en cuanto a lograr la diversificación de la oferta educativa, en función de las necesidades del país, y sus regiones y entidades federativas, así como para introducir la transparecia sobre los recursos de origen público que reciban, aplique y manejen dichas instituciones, me permito presentar esta iniciativa que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Le solicito respetuosamente, señor Presidente, que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates, como aparece en la Gaceta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

FELIPE GONZALEZ GONZALEZ, SENADOR DE LA LXI LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RELACION CON EL ARTICULO 55, FRACCION II DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA H. SOBERANIA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 2º, 8º Y 16; Y ADICIONA CUATRO PARRAFOS AL ARTICULO 21 DE LA LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para México, como cualquier otro país, y en particular los que se encuentran en vías de desarrollo, resulta de primer orden cuidar sus recursos, a efecto de que cumplan una función social y no se desperdicien y se destinen específicamente al gasto público. La racionalidad en la distribución de los recursos financieros y en la congruencia de los mismos con las prioridades y necesidades del desarrollo nacional, reviste así relevancia estratégica para la conservación, mantenimiento y viabilidad del país. En materia educativa, a pesar del esfuerzo sostenido que se aprecia en el lugar preponderante que este renglón ocupa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los fondos económicos disponibles siguen siendo escasos ante el tamaño inconmensurable de las necesidades de los sistemas, planes y programas educativos.

Sin embargo, y a pesar de que está en vigor la Ley Para la Coordinación de la Educación Superior, es un hecho público y notorio que hacen falta al país profesionistas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, mientras que en otros ámbitos profesionales, en particular las llamadas tradicionales, se padece una saturación. La sociedad no absorbe a las generaciones de ciertas profesiones que año con año concluyen sus estudios pensando en la esperanza de plazas de trabajo o de oportunidades para el desempeño independiente. La razón principal no radica en la inclinación por otras opciones de vida. El descubrimiento de errar en la vocación no es factor toral del abandono profesional. Es la falta de oportunidades ocasionada por la saturación del mercado.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la matrícula en el ciclo 2006-2007 fue de 2,150,146 alumnos en Licenciaturas Universitarias y Tecnológicas, lo cual representa el 86% de la población escolar en este nivel; 136,339 en Licenciaturas de Educación Normal (5%); Técnicos Superiores se registraron 80,176 (3%) y Posgrados 162,003 (6%). De los anteriores, 66.9% corresponde a instituciones públicas y 33.1% a particulares. La demanda de estudios de educación superior muestra una tendencia creciente, que se ha denominado la universalización de la educación superior. Es de reconocerse que el esfuerzo institucional para recibir a un mayor número de jóvenes se ha enfocado a la diversificación de la oferta y mejora de los indicadores de eficiencia y calidad de los programas educativos. Sin embargo, se observa que uno de los grandes problemas de la educación superior sigue siendo la orientación de la demanda hacia áreas tradicionales, pese a la política de cupos y a la promoción de programas pertinentes en la dinámica del mercado laboral en país y regiones. La educación superior debe asegurar la formación de cuadros idóneos para el desarrollo nacional y de las regiones. Aunado a las preferencias vocacionales, la educación superior debe buscar que se cubra la formación de alumnos en las ciencias diversas a efecto de que se alcance la satisfacción de los derechos sociales de los habitantes de la república, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la competitividad y la explotación de las ventajas comparativas del país.

La composición de la demanda por programa académico, no escapa a la tendencia nacional de concentrarse en unos cuantos programas tradicionales. Medicina, Derecho, Administración, Comunicación, Psicología. No obstante, ha sido prácticamente imposible revertir la tendencia de la concentración de la demanda en unos cuantos programas.

El Fondo Concurrente para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (fondo irreductible de concurso) contempla que uno de los retos actuales de la educación superior es lograr la pertinencia de la oferta educativa, entendida ésta como la atención tanto a las vocaciones y necesidades de los educandos, como a las planteadas por el desarrollo nacional, regional y estatal.

En momentos de crisis económica es claro que en algunos estados y regiones del país se están destinando recursos, en el ámbito de la educación superior, que pueden guardar una mejor relación con las necesidades profesionales que exige la sociedad. Existe una distorsión entre algunos aspectos de la oferta educativa y los requerimientos de la sociedad. No se trata sólo de las prioridades de la planta productiva. En primer lugar está el cuadro o catálogo de profesionistas necesarios para estar en aptitud de cubrir, haciendo una realidad, los derechos sociales de los mexicanos consagrados en la Constitución. Ingenieros, médicos, maestros para el efectivo ejercicio de los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación.

Por otro lado, la expansión descontrolada de la oferta de licenciaturas tradicionales, también conocidas como “liberales” se erige en un obstáculo para la realización de jóvenes que apartándose de los indicadores de la vocación profesional, son atraídos hacia un campo donde de antemano se tiene la certeza de que no encontrarán espacio para su normal desenvolvimiento profesional. Mientras que el país, según el polo de desarrollo de que se trate, requiere que las instituciones de educación superior formen jóvenes en el sector de las ciencias de la computación, de las telecomunicaciones, de la robótica; de la biotecnología, de la sustentabilidad ambiental; del mejoramiento genético: para lograr un equilibrio y no depender de especialistas extranjeros, si bien la Ley General de Población, de conformidad con los artículos 32, 33 y 48, frs. V y VI en relación con el Artículo 7o de la Ley Federal del Trabajo,establece que éstos capaciten a los nacionales.

En el Estudio elaborado por la ANUIES y denominado La Educación Superior en el Siglo XXI, se establece que “de acuerdo con las tendencias del empleo, para el año 2020 el 90% de la mano de obra estará ocupada en la micro, pequeña y mediana empresa, tanto en el sector industrial como en el de servicios. En ambos casos, es muy posible que los establecimientos de menor tamaño se integren en cadenas de producción relacionadas con las grandes empresas. En los escenarios económicos más factibles a futuro, los mercados de trabajo tendrán un comportamiento distinto al actual. No se requerirá formar profesionales o técnicos para puestos fijos, sino para la continua cualificación profesional con vistas a la movilidad en el trabajo. Las instituciones educativas deberán formar técnicos y profesionales con una fuerte orientación para el autoempleo y la creación de microempresas.”

Por lo anterior es importante que la ley contemple que en las diversas áreas del conocimiento los jóvenes reciban una formación que les permita al egresar la opción de organizar su propia micro o pequeña empresa, para la creación de empleos hacia los más desprotegidos.

En nuestro orden jurídico el ordenamiento que regula esta materia, y al cual pensamos hay que adicionar; establece claramente que la coordinación de la educación superior gira en torno a la atención de las necesidades nacionales, regionales y locales. La Federación provee a dicha coordinación mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria de las instituciones de educación superior y la asignación de recursos, de acuerdo al criterio de complemento de las necesidades ya mencionadas, de conformidad con los artículos 1º, 5º, 6º, 11, 12, frs. I y IV; 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Finalmente, una lectura integral y detenida del ordenamiento invocado permite percibir que en algunos de sus preceptos se relaciona el texto legal con el diverso de la Ley Federal de Educación, la cual se ha transformado en Ley General de Educación. De ahí que se propone la modificación correspondiente de los artículos 2º, 8º y 16 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior a efecto de que la invocación del ordenamiento rector de la educación en México sea apropiada, es decir, referida a la Ley General de Educación.

En consecuencia, a fin de clarificar y hacer operable la congruencia entre la atención de las prioridades y necesidades del país con la coordinación en materia de educación superior, de modo que la asignación de los recursos públicos se lleve a cabo en función de las objetivos y lineamientos de este tipo de educación, me permito elevar a la consideración del Senado, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 2º, 8º Y 16; Y ADICIONA CUATRO PARRAFOS AL ARTICULO 21 DE LA LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 2º, 8º y 16; y se adicionan cuatro párrafos al artículo 21 de la Ley Para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo 2.- ...

A falta de disposición expresa de esta ley se aplicará supletoriamente la Ley General de Educación.

Artículo 8.- La Federación, los Estados y los Municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley General de Educación.

Artículo 16.- La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley General de Educación, por la presente Ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento.

Artículo 21.-

La Federación, para efectos de la asignación de recursos y del fomento de la relación armónica y solidaria entre las instituciones de enseñanza superior y previa opinión a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, formulará un análisis de la oferta educativa existente en contraste con las prioridades y necesidades para el desarrollo integral del país, las regiones y los Estados. En dicho análisis, se tomarán en cuenta los programas de la Federación y los Estados que contemplen apoyos para que los egresados apliquen sus conocimientos en empresas propias, en función de la creación de empleos a través de incubadoras de negocios.

Cuando una profesión se encuentre saturada en una entidad o región, se llevará a cabo un análisis actuarial para determinar cuándo será susceptible la licenciatura correspondiente de una nueva asignación de recursos, sin perjuicio de que las instituciones de educación superior destinen dichos recursos a otras licenciaturas que permitan lograr la diversificación de la oferta educativa.

Las instituciones de educación superior incluirán en sus programas de orientación profesional un marco de referencia con datos sobre el estado que guarde el mercado de trabajo, con avisos de saturación y la oportunidad para los egresados de establecer un negocio propio. Para este último propósito, las instituciones de educación superior considerarán brindar la opción a los futuros egresados de contar con formación para desarrollar una actividad empresarial propia.

Los recursos que se otorguen a las instituciones de educación superior de conformidad con esta Ley serán objeto de transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones que gocen de autonomía brindarán esta información a la comunidad que las integre, en la forma y términos que sus órganos de gobierno determinen. Las publicaciones especializadas en temas de educación superior tendrán acceso a dicha información.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Felipe González González”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador González González. Y se instruye a la Secretaría para que se obsequie su solicitud y se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra al Senador Guillermo Tamborrel Suárez, a nombre propio y de los Senadores Emma Lucía Larios Gaxiola, Luis Coppola Joffroy, Juan Bueno Torio, Humberto Andrade Quezada, Humberto Aguilar Coronado y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 14, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el C. Senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, a nombre propio y de los CC. Senadores Emma Lucía Larios Gaxiola, Luis Alberto Coppola Joffroy, Juan Bueno Torio, Humberto Andrade Quezada, Humberto Aguilar Coronado y Alfredo Rodríguez y Pacheco, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Guillermo Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia.

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que en el año 2010 habrá cerca de 9. 9 millones de personas adultas mayores.

15 millones en el 2020 y poco más de 22 millones en el 2030; de modo que este grupo poblacional incrementará su peso al 17.5 por ciento del total de la población, respectivamente.

Este envejecimiento poblacional es sin duda muestra clara de la evolución en la estructura de la sociedad, en donde observamos que la edad media de la población, pasó de 21.8 años en el año 1970 a casi 27 años en el 2000, y se estima que para el año 2030, México tendrá una edad media de 37 años y de casi 43 en el año 2050. Lo anterior aunado a que la esperanza de vida seguirá en aumento, al pasar de 75.2 años en el año 2004, a 76.6 en el 2010, y se pevén 79.8 para el año el 2030.

Esta inevitable inversión de la pirámide poblacional nos obliga a diseñar y a poner en marcha a la brevedad las medidas que le permitan una inclusión y revalorización de las personas adultas mayores en todos los ámbitos, y especialmente en el campo laboral.

Por su parte, el estudio ofertas laborales en México, realizado en el 2007, por la Asociación, por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, reveló que el 46 por ciento de los casos de discriminación tienen como motivo principal la edad.

Por ello, es de reconocer el esfuerzo del gobierno federal en la implementación de una serie de mecanismos tendientes a estimular y fomentar la integración de las Personas Adultas Mayores al campo laboral en igualdad de condiciones.

Todo ello fundamentado a partir de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en donde se menciona que se debe aprovechar la experiencia de los adultos mayores.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha instituido el reconocimiento, “Empresa Incluyente”, el cual se entrega a empresas socialmente responsables comprometidas con la inclusión laboral tanto de personas adultas mayores como personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad son otro sector que ha sido relegado históricamente de las oportunidades de trabajo y junto con las personas adultas mayores, son catalogadas como aquellos sectores que son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos.

En virtud de ello y como una respuesta ante esta situación, el Poder Legislativo aprobó en el año 2003 el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual tiene entre sus principales aportaciones dar preferencia a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del 5 por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, fomentando que las empresas contraten personas con discapacidad y les garanticen una relación laboral permanente y formal.

Sin embargo, la medida que ha sido tomada es perfectamente aplicable a otro sector poblacional que sin duda, como se ha expuesto ha sido relegado en el ámbito laboral: las Personas Adultas Mayores.

Por ello, en plena coincidencia con la estrategia plasmada en el citado dictamen, se considera viable y necesario que sea adicionado en estas leyes, como un criterio de desempate, dar preferencia a las empresas que contraten a las personas adultas mayores brindado con ello mayor posibilidad de ganar el concurso para la adquisición de bienes o servicios a las empresas que cuenten con personal con discapacidad y adultos mayores.

Compañeras y compañeros Senadores, hay que recordar que las Personas Adultas Mayores, han dedicado su vida entera a trabajar a favor de México, además de que cuentan con un sin fin de experiencias y conocimientos que ninguna educación a cualquier nivel es capaz de otorgar.

En virtud de ello, es necesario que correspondamos, que seamos agradecidos y siempre tengamos presente lo que ellos han dado al país, y qué mejor manera que fomentando su participación formal y permanente dentro de la esfera laboral.

Por lo anteriormente expuesto, los invito a que apoyen esta iniciativa que tiene como propósito fomentar la contratación y desarrollo laboral de las Personas Adultas Mayores.

Y no me queda sino pedirle, señor Presidente, que la iniciativa sea integrada al Diario de los Debates, por su atención y por su comprensión, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

GUILLERMO TAMBORREL SUAREZ, EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA, LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, JUAN BUENO TORIO, HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, HUMBERTO AGUILAR CORONADO Y ALFREDO RODRIGUEZ Y PACHECO, Senadores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), quienes representaban 7.5 por ciento del total de la población.

Para 2010, se calcula habrá 9.9 millones, 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030; de modo que este grupo poblacional incrementará su peso a 8.9, 12.5 y 17.5 por ciento del total de la población, respectivamente.

Como se lee, en los próximos 20 años prácticamente se triplicará la población de adultos mayores en nuestro país, debido a que la población de la tercera edad es la que crece de manera más rápida desde hace quince años, ya que su tasa de crecimiento pasó de 2.5 por ciento anual en 1970 a 3.5 por ciento en 2000 y 3.6 por ciento en 2004, mientras el incremento anual fue de 237 mil personas adultas mayores en 2000 y en 2004 ascendió a 281 mil.

Ello significa un crecimiento demográfico inédito de la población de la tercera edad, situación en la cual radica uno de los principales cambios de la estructura de la población y, por ende, la forma en la que se debe de atender.

Asimismo, se prevé que esta dinámica continuará acelerándose hasta alcanzar un ritmo promedio anual de 4.3 por ciento a finales de la segunda década del presente siglo.

Este envejecimiento poblacional es sin duda muestra clara de la evolución en la estructura de la sociedad, en donde observamos que la edad media de la población, pasó de 21.8 años en el año 1970 a casi 27 años en el 2000, indicadores que confirman que nuestra sociedad ha entrado en este proceso.

De igual manera se estima para el año 2030, México tendrá una edad media de 37 años y de casi 43 en el 2050. Por su parte, la esperanza de vida seguirá en aumento, al pasar de 75.2 años en el año 2004, 76.6 en el 2010, 78.5 años en el 2020 y 79.8 en el 2030.

Derivado de ello, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) señala que el crecimiento demográfico de la población envejecida en nuestro país ha generado una serie de preocupaciones en torno a los servicios que se requieren para atender a este grupo poblacional de 60 y mas años de edad, fenómeno que sin duda tiene efectos políticos, sociales, culturales, económicos yde salud que ha preocupado a las instancias de investigación médica y social, así como a organismos públicos, privados y asociaciones académicas.

Asimismo y considerando que el grupo de la tercera edad es muy heterogéneo, con características demográficas, culturales, biológicas, sociales y económicas diferentes, este Sistema Integral estima necesario implementar programas que den respuesta a sus necesidades, comprendidos dentro de un modelo multidisciplinario para su atención que beneficie tanto a las personas adultas mayores institucionalizadas como a las de la comunidad y a sus familias, siempre dentro de un marco de atención con calidad y humanismo que les permita una vida digna.

2.- En la actualidad, observamos con gran pesar que las Personas Adultas Mayores son relegadas frente a las oportunidades laborales.

Datos de la Asociación por la no Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG) señalan que existen 1 millón 144 mil 329 personas desempleadas por discriminación laboral, además de que el 90 por ciento de las ofertas dejan fuera del mercado laboral a las personas mayores de 35 años, situación que se ha agravado en los últimos 5 años debido a que antes de este tiempo la edad promedio era de 45. De igual manera, el 10 por ciento de las ofertas a las que pueden acceder, solo el 2.7 por ciento son empleos reales y formales.

Asimismo, el estudio “Ofertas laborales en México” realizado en 2007 por esta asociación y el Centro Mexicano de Filantropía, reveló que 46 por ciento de los casos de discriminación tienen como motivo principal la edad, 27 por ciento al no cubrir los requisitos de apariencia física, 8.7 por ciento debido a su preferencia u orientación sexual y 4 por ciento en virtud de su estado de salud.

Por ello, el Gobierno ha decidido implementar una serie de mecanismos tendientes a estimular y fomentar la integración de las Personas Adultas Mayores al campo laboral en igualdad de condiciones.

Lo anterior, se fundamenta a partir de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en donde en el Eje 3, Igualdad de oportunidades, en su punto 3.6, Grupos vulnerables, dentro del Objetivo 17, señala como una de las prioridades para este sector, abatir la marginación y rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Asimismo, en la Estrategia 17.4 menciona que se debe aprovechar la experiencia de los adultos mayores, generando las oportunidades que les permitan desarrollarse en actividades productivas de relevancia para su comunidad, ofreciendo estímulos fiscales a las empresas que den empleo a adultos mayores que desean continuar su vida de manera productiva, con el propósito de estimular la generación de empleos para este sector de la población.

Además, se impulsarán acciones que permitan aprovechar la experiencia de estos adultos y que, al mismo tiempo, les generen un ingreso adicional para que puedan hacerle frente al empobrecimiento progresivo que padecen, producto del desempleo o de la insuficiencia de su pensión o jubilación.

En ese mismo sentido, el pasado 30 de julio del presente, por instrucciones del Gobierno Federal y como una muestra más del interés por trabajar a favor de este sector poblacional, se inauguró la Expo Feria del Empleo del Adulto Mayor 2009, la cual ofrece 2 mil 279 puestos de trabajo que tiene como finalidad sentar las bases de una sociedad equitativa con igualdad de oportunidades.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha estipulado el reconocimiento “Empresa Incluyente”, el cual se entrega a empresas socialmente responsables comprometidas con la inclusión laboral tanto de personas adultas mayores como personas con discapacidad, entre otras.

Ello, es indicio de la importancia que tiene el tema de la inclusión laboral de los grupos más vulnerables, pues con estas medidas se busca que cualquier persona, con independencia de su condición y edad, pueda acceder a derechos tan básicos como lo es el derecho al trabajo.

3.- De igual manera, las personas con discapacidad son otro sector que ha sido relegado históricamente de las oportunidades de trabajo y desgraciadamente ellas junto con las personas adultas mayores, son catalogadas como aquellos sectores que son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos, situación que se hace más aguda en tiempos de recesiones y crisis eco nómicas, escenario como el que hoy vivimos, mismo que nos exige redoblar esfuerzos mediante acciones más firmes y eficaces a favor de la inclusión laboral de estas personas.

Como una respuesta ante esta situación, el Poder Legislativo aprobó en el año 2003 el Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Este Dictamen tiene entre sus principales aportaciones que en el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios, en igualdad de condiciones, se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del 5 por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con ello, se fomenta que las empresas contraten personas con discapacidad y no solo eso, sino que además se les garantice una regularidad en la permanencia laboral y que su contratación no sirva únicamente para cumplir un requisito.

Sin embargo, la medida que ha sido tomada es perfectamente aplicable a otro sector poblacional que sin duda, como lo muestra el apartado anterior, ha sido relegado en el ámbito laboral: Personas Adultas Mayores.

Por ello, en plena coincidencia con la estrategia plasmada en el citado dictamen, se considera viable y necesario que sea adicionado en estas leyes, como un criterio de desempate, dar preferencia de igual manera a las personas adultas mayores o a las empresas que las contraten dándole por obvias razones una mayor posibilidad de ganar el concurso para la adquisición de bienes o servicios a las empresas que cuenten con personal con discapacidad y adultos mayores.

Asimismo, con esta medida se estaría hablando de una congruencia en cuanto a materia legislativa se refiere, ya que esta propuesta va de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 debido a que tiene como finalidad hacer más atractiva la contratación de trabajadores con discapacidad y personas adultas mayores de una manera formal y permanente.

Por último, hay que recordar que las Personas Adultas Mayores han dedicado su vida entera a trabajar a favor de México, además de que cuentan con un sin fin de experiencias y conocimientos que ninguna educación, a cualquier nivel, es capaz de otorgar; en virtud de ello, es necesario que correspondamos, seamos agradecidos y siempre tengamos presente lo que ellos han dado al País y qué mejor manera que fomentando su participación formal y permanente dentro de la esfera laboral.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio y en virtud de la necesidad de fomentar la contratación y desarrollo laboral de las personas adultas mayores, se propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 14.-…

En el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios, en igualdad de condiciones, se dará preferencia a personas con discapacidad y personas adultas mayores o a la empresa que cuente con personal con discapacidad o adultos mayores en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de cada sector poblacional, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social o, tratándose de personas adultas mayores que por su situación no puedan ser dados de alta en el mencionado régimen del Seguro Social, con los comprobantes de pago correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, para quedar como sigue:

Artículo 38.

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad y personas adultas mayoreso la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad o adultos mayores cuando menos en un cinco por ciento, de cada sector poblacional, de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente o, tratándose de personas adultas mayores que por su situación no puedan ser dados de alta en el mencionado régimen del Seguro Social, con los comprobantes de pago correspondientes.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola.- Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy.- Sen. Juan Bueno Torio.- Sen. Humberto Andrade Quezada.- Sen. Humberto Aguilar Coronado.- Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco.- Sen. Guillermo Tamborrel Suárez”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Tamborrel Suárez. Conforme a su solicitud, se instruye a la Secretaría se incluya la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates, y se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de Acuerdo en torno a la industria productora de hule natural.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones tendientes a fomentar el desarrollo de la industria productora de hule natural.

Una vez recibida por este órgano legislativo, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 94 y 97) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor siguiente:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Pleno del Senado, celebrada el día 4 de noviembre de 2008, el Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, presentó la proposición con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones tendientes a fomentar el desarrollo de la industria productora de hule natural.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la propuesta citada a la Comisión de Agricultura y Ganadería, mediante oficio No. DGPL-1P3A.-7918, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO

El Senador proponente manifiesta que el hule natural es un producto estratégico y de gran importancia económica, tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que su uso es indispensable en la elaboración de más de 40 mil artículos manufacturados para uso industrial y doméstico, tales como neumáticos, calzado, látex, material médico, equipamiento de automóviles, adhesivos, entre otros.

A raíz del elevado precio del petróleo a nivel internacional se ha generado un notable incremento en la demanda de hule natural, lo cual representa una oportunidad para los países productores de esta materia prima. El cultivo de hule puede impulsarse notablemente contribuyendo al desarrollo sustentable de las regiones tropicales del país, por los beneficios que aporta a la sociedad en su conjunto, entre ellos sobresale la generación de empleos permanentes, ya que se requiere mano de obra durante todas las fases del cultivo; otro beneficio es la aportación en materia ecológica sobre servicios ambientales, ya que a través del cultivo de hule se están recuperando las áreas arboladas que fueron deforestadas; por último contribuye y genera arraigo del productor a su comunidad.

La capacidad instalada para procesar hule en nuestro país alcanza las 16,200 toneladas, pero sólo se procesan siete mil, debido a los bajos índices de cantidad y calidad a razón de las plantas que en su mayoría están en su etapa terminal, aunado a ello se tiene estructuras obsoletas o deterioradas.

La situación se agrava ante la falta de normas de calidad para el hule fresco y a que los precios ofrecidos por la industria no son un estímulo que motive al productor a tener mayor cuidado en su cosecha.

CONSIDERACIONES

I. En nuestro país el hule natural, es un producto de gran importancia económica, por lo que debe ser apoyado a este sector a todos los eslabones de la cadena productiva del hule, la SAGARPA lo considera como un Sistema Producto;y está definido este término por el artículo 3, fracción XXXI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como un conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

II. Con la integración del Sistema Producto Hule, se ha mejorado el desarrollo del proceso productivo, se ha fomentado el acceso a tecnología avanzada y programas de capacitación y asistencia técnica, así como el desarrollo de infraestructura ecológica, con optimización de los costos de operación en beneficio de su industria y comercialización, sin embargo aún no se satisfacen las necesidades del sector, lo que ha ocasionado un estancamiento en la producción de este insumo.

El hule natural se puede obtener de distintas plantas como la castilloa elástica, el Guayule y del árbol del hule hevea brasiliensis que se explota a nivel comercial y que produce el 99% del hule natural del mundo.

Este producto, tiene importantes beneficios ecológicos, debido a que contribuye a mejorar el medio ambiente, fijando grandes cantidades de carbono y oxígeno en la atmósfera; además su cultivo es considerado de selva artificial, donde prolifera la fauna silvestre y otras especies vegetales.

III. Las propiedades físico-químicas del hule natural, lo hacen un producto único, especialmente por su alta resistencia a la fuerza tensil, convirtiéndose en insumo básico para más de 40 mil artículos, entre los que destacan: neumáticos, cámaras, mangueras, suelas, guantes, pegamentos, aislantes, trajes espaciales que evitan la radioactividad, lo han hecho insustituible en diferentes industrias; en particular para la medicina debido a su gran utilidad en la fabricación de catéteres e instrumentos médicos y farmacéuticos.

En particular, la madera del árbol del hule es de extraordinaria calidad y actualmente ha logrado el nacimiento y consolidación de importantes industrias muebleras que aprovechan sus propiedades, tienen características de compresión y flexión estática, muy apreciable también en la elaboración de herramientas, juguetes, utensilios de cocina, pisos y molduras.

Existe tecnología capaz de aumentar los rendimientos por unidad de superficie, lo que se traduciría en mayores ingresos para el productor. Para el caso de plantaciones viejas e improductivas se tiene la opción de aprovecharla como madera, la cual comienza a tener aceptación en el mercado, dada la escasez de madera proveniente de los bosques naturales.

IV. De acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, de los 9 millones de toneladas que se producen en el mundo, el 80 % es del sureste asiático: Indonesia aporta el 35%, Malasia 13%, China 7% e India 6%, por lo que productores de América Latina, enfrentan desventajas debido a que el hule natural importado de estos países es competitivo en precio y calidad. De lo anterior se deben de buscar mecanismos de protección para los productores nacionales de hule natural, por lo que resulta conveniente la revisión de los esquemas arancelarios de importación y exportación, para lograr el fortalecimiento de la industria nacional.

V. El hule natural en México, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene un déficit comercial en el país que representa el 90% de las necesidades de hule que requiere la industria nacional mexicana, ya que únicamente se está produciendo el 10% de las necesidades del mercado interno.

Nuestro país, cuenta con el potencial productivo de aproximadamente 413 mil hectáreas para su cultivo, distribuidas en los estados de Oaxaca con 165 mil 200 hectáreas, Chiapas 123 mil 900 hectáreas, Veracruz con 82 mil 600 hectáreas, y Tabasco con 41 mil 300 hectáreas. Por ello, el aprovechamiento de tales superficies beneficia a toda la rama productiva, en particular a sus productores, impactando en el orden económico y social de la zona rural.

VI. El proceso productivo del hule natural requiere de una gran cantidad de mano de obra durante todas las fases del cultivo, desde el establecimiento de los viveros y mantenimiento de plantaciones, aunque su producción es una fuente generadora de empleos. Aún no es suficiente, debido a que la industria productora de hule ha venido transformándose y es necesario fortalecer las políticas públicas, para lograr la competitividad y desarrollo del sector.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se otorgó una partida presupuestal en el apartado de Ramas Productivas, para el apoyo de las acciones y programas que se orienten a incrementar la productividad ycompetitividad del hule natural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; y generar condiciones para la constitución y consolidación de empresas productoras de hule natural, por lo que es necesario lograr que las diferentes entidades coordinadas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de las instancias que prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, agilicen la operación y entrega del recurso.

VII. De lo anterior, esta comisión considera necesario darle continuidad a las acciones del plan rector del Sistema-Producto Hule, a efecto de que a mediano y largo plazo se pueda incrementar la producción de hule natural, a niveles que permitan eliminar las importaciones que se realizan, así como tener autosuficiencia y lograr exportar este producto al mercado internacional, para hacer de este cultivo un elemento que coadyuve al desarrollo integral de las regiones del trópico húmedo del país. Por ello de considera necesario darle efectividad a cada uno de los eslabones que conforman el Sistema-Producto Hule con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes de la cadena productiva y así impulsar un proceso de transformación social y económica que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, para procurar la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, el objeto es fomentar la productividad, rentabilidad, competitividad y el empleo de la población rural.

Por lo anteriormente expuesto los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a instrumentar acciones y mecanismos que apoyen e impulsen el desarrollo de la industria productora de hule natural, asimismo remita un informe detallado a esta Soberanía, sobre la situación que guarda el sector y de los programas gubernamentales existentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía, a efectuar una revisión al esquema arancelario respecto a la importación y exportación de hule natural, y así coadyuvar en la recuperación y fortalecimiento de la industria productora del hule natural de nuestro país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias. En consecuencia, está a discusión, y ha solicitado el uso de la palabra el Senador Rubén Velázquez López, del grupo parlamentario del PRD, seguramente a favor, Senador.

- El C. Senador Rubén Fernando Velázquez López: Gracias, señor Presidente.

Y por supuesto que subo a apoyar el dictamen de nuestro amigo Gabino Cué, y pues yo creo que hay algunas zonas huleras en nuestro país, no es tan común, pero hay; ojalá los Senadores de esa zona los invito a que suban a apoyar este dictamen.

El dictamen en estudio parte de la propuesta presentada por el Senador Gabino Cué, que a su vez da cuenta de la grave crisis que enfrenta la industria hulera mexicana y exhorta a la SAGARPA a instrumentar políticas públicas que impulsen el desarrollo de esta industria, y a la Secretaría de Economía, a revisar el esquema arancelario de importaciones y exportaciones de hule con miras a establecer los ajustes necesarios para la recuperación y fortalecimiento de tan importante industria.

En efecto, este ramo que sostiene cuando menos 20 mil empleos se encuentra en riesgo de desaparecer debido a la apertura de nuestra frontera a la importación de llantas, cabe señalar que ya se había dado una baja del 29 al 20 por ciento para productos de hule provenientes de Asia y de Europa del Este.

De hecho, los riesgos inminentes son la cancelación de inversiones de hasta por 950 millones de dólares, y la pérdida de 15 mil empleos, que se sumaría a los casi 6,000 que se han perdido en el último lustro.

Así las cosas, la problemática que enfrentan los productores de hule no es menor, en los últimos años han perdido competitividad de manera acelerada, a grado tal que varias empresas llanteras han amenazado con cerrar sus plantas aquí en México, y ahora en esta crisis tenemos que ocuparnos por fomentar el empleo, y no por perderlo.

Esta industria se encuentra hoy subutilizada como bien señala el Senador Cué, en la proposición de mérito, lo que contrasta con el enorme potencial por aprovechar, amigos y amigas, tan solo en Chiapas fue recientemente anunciado por Luis Rey Uscanga, Presidente del Consejo Estatal de Productores el establecimiento de 40 mil nuevas hectáreas de plantaciones adicionales a las 4,200 actualmente sembradas.

En ese sentido dicho presidente hace notorio el contraste con el actual líder en el mercado señalando que los productores hindúes tienen cultivados en tan sólo 38,000 kilómetros cuadrados más de 650,000 hectáreas de árboles de producción, en tanto que en Chiapas con más de 73 mil kilómetros de superficie tan sólo cuenta con 643 productores, y poco más de 4,200 hectáreas sembradas, de las cuales sólo 1,300 hectáreas, el 30 por ciento están en producción, y el resto en crecimiento y desarrollo. Es decir, hay potencial, podemos crecer en este cultivo industrial, y ahora en esta etapa de crisis de nuestro país se hace mucho más importante que tanto la SAGARPA como Economía pongan el ojo en este tipo de cultivos. Por esas razones subimos a apoyar este dictamen para que sea votado a favor.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Velázquez López. En virtud de haberse agotado la lista de quienes han solicitado la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Comuníquese.

Pasamos a la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo presentada por los Senadores José Julián Sacramento Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Monreal Avila integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y por el Senador Salomón Jara Cruz integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y con relación a la solicitud realizada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que el Puente Internacional Río Bravo-Donna y su acceso de jurisdicción federal, lleve el nombre de Ríobravense Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con punto de Acuerdo, en relación con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 26 de marzo de 2009, ante el Pleno de esta Soberanía, los Senadores José Julián Sacramento Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Monreal Avila integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y por el Senador Salomón Jara Cruz integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;, presentaron proposición con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que el Puente Internacional Río Bravo-Donna y su acceso de jurisdicción federal, lleve el nombre de Ríobravense Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

2. Con la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente”.

3. Esta dictaminadora ha resuelto establecer dictamen, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 85, por los artículos 86, 90, 103) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En Sesión celebrada el día miércoles 19 de agosto de 2009 y durante el desahogo del punto correspondiente del orden del día, el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, en su calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sometió a la consideración del Pleno de la misma, el presente dictamen, de acuerdo con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Contenido de la proposición del 26 de marzo de 2009.

El Lic. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (30 de noviembre de 1958- 29 de noviembre de 2007), fue un riobravense destacado, un político mexicano que ocupó los cargos de Presidente Municipal y Diputado local por Río Bravo, así también fue Diputado Federal por Tamaulipas.

Hijo del empresario Juan José Guajardo Garza y la Señora Estela Anzaldúa de Guajardo, fue el tercero de nueve hermanos. Fue Licenciado en Administración de Empresas por el ITESM. Estudió las especialidades en comercio exterior, administración municipal, aspectos fiscales y problemas de la frontera.

En el año de 1992, a la edad de 32 años, fue invitado a participar como candidato externo a presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, por parte del Partido Acción Nacional, convirtiéndose en presidente municipal para el periodo 1993-1995.

A lo largo de su carrera representó a varios partidos políticos, pero nunca perteneció a uno, una de sus máximas fue “la gente hace al partido”, por lo que sus actividades políticas se centraron en las clases más desprotegidas, círculo social donde logró amplio respaldo, sin embargo, su acreditación y reconocimiento abarcó todos los géneros sociales. En Tamaulipas, junto con el Partido Acción Nacional, tenía los mismos principios de respeto a los derechos humanos y de un gran compromiso con el bien común.

En 1998 se integró al Congreso Federal de la LVII Legislatura, representando a Tamaulipas, donde se le distinguió como presidente de la comisión de asuntos fronterizos. Se postula por segunda ocasión como candidato a presidente municipal de Río Bravo Tamaulipas, por las siglas del PT, para la administración 2002-2004, obteniendo el triunfo.

Fue Diputado Federal por segunda ocasión por su circunscripción para el periodo 2003-2006, distinguido como presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios en la LIX Legislatura Federal.

Su obra, en el servicio público, social, político y cultural, abarca desde el rompimiento de la autocracia política, unipartidista en su municipio, hasta el fuerte impulso al desarrollo del mismo, con tareas importantes de obra pública y acciones sociales, enmarcadas siempre por el respeto y la atención a la ciudadanía.

En su primer periodo en el Congreso Federal, logró beneficios para la transferencia de dinero por parte de los inmigrantes mexicanos en el extranjero, en el mejoramiento del precio de las gasolinas, en la importación de vehículos para los ciudadanos de la frontera, logro también la ampliación sobre el periodo para internar temporalmente vehículos extranjeros a México, así mismo para los mexicanos residentes en el extranjero.

Fomentó que el Poder Legislativo Federal se integrara a la vigilancia del programa paisano, con la finalidad de proteger a los connacionales, participó en el aumento de recursos adicionales al campo y consiguió aumentar el presupuesto para Tamaulipas por parte del gobierno federal.

Como presidente municipal, logró que Río Bravo recibiera la tarifa más baja por la CFE, construyó la delegación de policía, adquirió por vez primera patrullas nuevas y camiones de bomberos nuevos.

Se preocupó por mejorar el sistema de drenaje y pavimentación. Construyó la delegación de Nuevo Progreso, creó la policía turística, amplió y remodelo el puente internacional Las Flores, obtuvo la introducción de una escuela de nivel medio superior en aquel lugar y re pavimentó la avenida Juárez.

Construyó el Almacén Regional para los libros de texto, para todos los niños de Río Bravo, restauró completamente la red de bibliotecas municipales. Otorgó mas becas a estudiantes riobravenses, como ninguna otra administración.

Construyó cuatro centros de cómputo gratuitos para los estudiantes. Apoyo a muchos adultos mayores con despensas y un bono mensual, atrajo programas de cirugías de cataratas, estrabismo, carnosidad, cáncer cervicouterino, etc., adquirió modernas ambulancias. Inauguró un hospital dental móvil, entrego 350 viviendas para familias pobres.

Su preocupación fueron los niños, entregó desayunos escolares a chicos de bajos recursos, apoyo con becas, alimentación, educación y otros.

Apoyó para que por vez primera todos los niños de secundaria en Río Bravo recibieran sus libros de texto completamente gratis, proyecto que fue tomado por el gobierno de Tamaulipas. Inicio la restauración del edificio que albergó a la hacienda la Sauteña y restauró la plaza que rodea dicho monumento, se preocupó por el arte y la cultura.

Era experto en temas de derecho constitucional, administrativo, aduanero, electoral, tanto estatal como federal, fiscal, laboral, civil, penal e incluso internacional, entre otros.

Truncando la exitosa y loable labor política en Río Bravo, el 29 de noviembre de 2007 fue asesinado junto a cinco de sus acompañantes, dos de ellos agentes federales asignados a su protección. Los hechos se suscitaron al salir de uno de sus negocios particulares.

A un año de su asesinato y en el marco de su cumpleaños, que sería el número 50, y sumado a una serie de homenajes postmortem, se develó una estatua alusiva, se le entregó el premio estatal al mérito ciudadano “Benito Juárez García” y el destacado escritor José María Báez dio a conocer su memorial, así como varios homenajes.

Los habitantes de Río Bravo y aledaños donaron llaves y objetos de bronce, así como el apoyo incondicional para construir dicha estatua.

El Lic. Juan Antonio siempre luchó por mejorar la ciudad, por abrir oportunidades, por procurar la paz y la seguridad social en Río Bravo, siempre en pro de mejorar la educación de los jóvenes, en ayudar al más necesitado.

El pueblo de Río Bravo siempre confió en el Lic. Juan Antonio Guajardo, porque dicen “él luchó todo lo que pudo por el bienestar de Río Bravo, con el ideal de darle seguridad a su gente”.

“La presencia del Lic. Guajardo en el contexto político, social y cultural, marcó una huella indeleble para adquirir una relevancia trascendental que le permite extenderse a la dignidad de insigne hijo de Río Bravo”, mencionó el escrito José María Báez en su memorial.

En Río Bravo, se han emprendido varias acciones para consolidar la competitividad comercial y de transporte de todo el país, por tal motivo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) puso en marcha un programa de desarrollo de la infraestructura fronteriza. Con base en ello, en noviembre del año 2008, se iniciaron los trabajos de construcción del Puente Internacional Río Bravo-Donna, ubicado en la frontera entre Tamaulipas y Texas, donde se invertirán alrededor de 300 millones de pesos.

Debido a que esta obra busca promover el desarrollo e infraestructura, no sólo de Río Bravo y Tamaulipas, sino de todo México, resulta idóneo para plasmar en él el nombre del Lic. Juan Antonio Guajardo.

Se prevé que el puente que conectará Río Bravo, Tamaulipas, con Donna, Texas, inicie operaciones a más tardar en mayo de 2010.

Este nuevo Puente Internacional multiplicará, sin duda, las oportunidades para los habitantes de la región tamaulipeca y contribuirá a hacer de Río Bravo un ejemplar centro de desarrollo y orgullo del país, cosa por la que siempre luchó el Lic. Guajardo.

El nuevo cruce contará con una longitud de 304.80 metros, estará conformado por seis carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, dos carriles para bicicletas y un andador lateral; será construida en un área de 27 hectáreas, donde se ubicarán oficinas administrativas, aduanas y patios fiscales, entre otras, que se complementarán con vialidades de acceso, así como una reserva territorial de más de 300 hectáreas para la instalación y desarrollo de parques industriales y otros servicios.

Para la construcción de tal obra se firmó, el 14 de diciembre de 2005, un Convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Tamaulipas, el cual tuvo por objeto coordinar acciones de apoyo entre ambas, para el establecimiento de las bases bajo las cuales se instrumentó el nuevo esquema de concesión federal para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente Internacional Río Bravo-Donna, y su acceso de jurisdicción federal, ubicados en el municipio de Río Bravo, Estado de Tamaulipas, compuesto por un puente de 167.40 metros de longitud, correspondientes a la parte mexicana, y con terminación en la línea divisoria México-E.U.A. y su acceso con inicio ubicado en el entronque de la autopista Matamoros-Reynosa, así como la obligación de construcción de las instalaciones del puerto fronterizo, al igual que los compromisos que sobre el particular asumen las partes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Para analizar la propuesta de los Senadores José Julián Sacramento Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Monreal Avila integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; y por el Senador Salomón Jara Cruz integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;, presentaron proposición con punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que el Puente Internacional Río Bravo-Donna y su acceso de jurisdicción federal, lleve el nombre de Ríobravense Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

SEGUNDA.- A partir de lo anterior, es fundamental resaltar las contribuciones del Lic. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (30 de noviembre de 1958- 29 de noviembre de 2007), fue un riobravense destacado, un político mexicano que ocupó los cargos de Presidente Municipal y Diputado local por Río Bravo, así también fue Diputado Federal por Tamaulipas.

En su primer periodo en el Congreso Federal, logró beneficios para la transferencia de dinero por parte de los inmigrantes mexicanos en el extranjero, en el mejoramiento del precio de las gasolinas, en la importación de vehículos para los ciudadanos de la frontera, logro también la ampliación sobre el periodo para internar temporalmente vehículos extranjeros a México, así mismo para los mexicanos residentes en el extranjero.

Fomentó que el Poder Legislativo Federal se integrara a la vigilancia del Programa Paisano, con la finalidad de proteger a los connacionales, participó en el aumento de recursos adicionales al campo y consiguió aumentar el presupuesto para Tamaulipas por parte del gobierno federal.

TERCERA.-Como presidente municipal, logró que Río Bravo recibiera la tarifa más baja por la CFE, construyó la delegación de policía, adquirió por vez primera patrullas nuevas y camiones de bomberos nuevos.

Se preocupó por mejorar el sistema de drenaje y pavimentación. Construyó la delegación de Nuevo Progreso, creó la policía turística, amplió y remodelo el puente internacional Las Flores, obtuvo la introducción de una escuela de nivel medio superior en aquel lugar y re pavimentó la avenida Juárez.

CUARTA.-Construyó el Almacén Regional para los libros de texto, para todos los niños de Río Bravo, restauró completamente la red de bibliotecas municipales. Otorgó mas becas a estudiantes riobravenses, como ninguna otra administración.

Construyó cuatro centros de cómputo gratuitos para los estudiantes. Apoyo a muchos adultos mayores con despensas y un bono mensual, atrajo programas de cirugías de cataratas, estrabismo, carnosidad, cáncer cervicouterino, etc., adquirió modernas ambulancias. Inauguró un hospital dental móvil, entrego 350 viviendas para familias pobres.

QUINTA.-Apoyó para que por vez primera todos los niños de secundaria en Río Bravo recibieran sus libros de texto completamente gratis, proyecto que fue tomado por el gobierno de Tamaulipas.

SEXTA.- Es incuestionable que era experto en temas de derecho constitucional, administrativo, aduanero, electoral, tanto estatal como federal, fiscal, laboral, civil, penal e incluso internacional, entre otros.

SEPTIMA.- En suma, los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocen el interés de los Senadores promoventes por el reconocimiento postmortem a la figura exitosa y a loable labor político de un Tamaulipeco como lo fue José Antonio Guajardo Anzaldúa, quién el 29 de noviembre de 2007 fue asesinado junto a cinco de sus acompañantes, dos de ellos agentes federales asignados a su protección; y con base en lo anteriormente expuesto y fundado se someten a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la Repúblicapara su atención y en su caso aprobación, el siguiente:

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes la que contiene proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Tamaulipas que el Puente Internacional Río Bravo-Donna y su acceso de jurisdicción federal, lleve el nombre de RíoBravense Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

Unico. La Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que el Puente Internacional Río Bravo-Donna y su acceso de jurisdicción federal, lleve el nombre del Ríobravense Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.

Dado en el Pleno del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”.






COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Mario López Valdez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de telefonía móvil.

Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con punto de Acuerdo, en relación con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.El 20 de Junio del 2007, se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de regular de manera eficaz el uso y servicio de la telefonía móvil en México, en donde se enfatizaba la problemática relativa a las extorsiones y fraudes telefónicos.

2. Con la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente”.

3.Considerando que a raíz de los acontecimientos de inseguridad vividos en nuestro país, y con el ánimo de contribuir en la solución de esta problemática, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad dicho Decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue publicado por el Ejecutivo Federal el pasado lunes 9 de febrero, e inició su vigencia 60 días después, el 10 de abril del 2009.

4.Esta dictaminadora ha resuelto establecer dictamen, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del Artículo 85, por los Artículos 86, 90, 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el Artículo 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En Sesión celebrada el día miércoles 19 de agosto de 2009 y durante el desahogo del punto correspondiente del orden del día, el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, en su calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sometió a la consideración del Pleno de la misma, el presente dictamen, éste hizo observaciones que se incluyen, de acuerdo con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Contenido de la Proposición del 28 de abril de 2009.

En la proposición presentada por el Senador Mario López Valdez, el 28 de abril de 2009, se señala que las modificaciones llevadas a cabo a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de Telefonía Móvil tienen el objetivo de evitar que la tecnología pueda caer en manos de la delincuencia para lastimar a la sociedad, mediante la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que observe de forma fehaciente los datos personales que permitan la identificación y ubicación de los usuarios que adquieren chip inteligentes para acceder a la red de telefonía móvil.

De acuerdo a los antecedentes, esta situación permitió la comercialización de miles de aparatos móviles que no estaban registrados a nombre de un determinado usuario, tal y como ocurre con los teléfonos contratados bajo los sistemas de plan tarifario o los llamados teléfonos fijos, con lo cual la imposibilidad de allegarse de información suficiente para localizar a aquellos delincuentes dedicados al fraude, extorsión telefónica y otros delitos, era más que evidente, pues aún cuando las autoridades conocieran el número telefónico no existían medios legales para saber quien era el titular o usuario de dicha línea, o cualquier otro dato que permitiera su localización.

El compromiso ante la sociedad mexicana era el adecuar los ordenamientos jurídicos a los sucesos y realidades sociales que nos hanido imponiendo día con día los delincuentes y las organizaciones delictivas. Sin embargo, desafortunadamente este flagelo a la sociedad mexicana no va disminuir por obra y gracia de un decreto legislativo; ya que se requiere de su estricta aplicación y cabal cumplimiento, sin que alguna de las dependencias gubernamentales y órganos reguladores obligados a acatar la reforma en toda su extensión, eximan su responsabilidad por comodidad o acuerdo político sin sustento en su cumplimiento.

En este sentido, es conveniente señalar diversos puntos que en su observancia, a más de dos semanas de su entrada en vigor, al parecer no se ha cumplido con lo establecido en la Ley.

En primer término, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) en su artículo 7, fracción XIII, claramente establece que las únicas autoridades facultadas para supervisar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL); de la misma forma, de acuerdo a la fracción IX del artículo 44, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones son los únicos facultados para llevar un registro y control de usuarios.

Al respecto, se puede observar que tanto la SCT como COFETEL, no han sido los encargados de poner en marcha estas disposiciones, sino la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, a través del llamado RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por sus siglas), instituciones a quienes ninguna ley o decreto les otorga dicha facultad, a pesar de que tal como aparece en su página web, utilizan el Decreto de 9 de febrero como su fundamento legal.1

De manera específica, la misma página web describe la función del RENAUT como “el encargado de llevar el registro de los usuarios de telefonía móvil, a través de una asociación del número de línea y el CURP del usuario o propietario...

Así la fracción XI del artículo 44, establece sin lugar a dudas que los únicos facultados para llevar un registro y control de usuarios son los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

Se desconoce con qué objeto se estén utilizando o puedan utilizarse los datos conservados en el RENAUT, ya que la Ley en su artículo 44, fracción XIII, establece que la utilización de los datos conservados para fines distintos a investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, está absolutamente prohibida, y los mismos sólo pueden ser entregados al Procurador General de la República y a los procuradores locales, cuando la reforma llevada a cabo y trabajada a conciencia desde está soberanía, tenía como fundamental objetivo el otorgarle seguridad y protección a los ciudadanos mexicanos.

En segundo lugar, el procedimiento de registro de las líneas de telefonía móvil instaurado por el RENAUT de Gobernación y el RENAPO, mediante el simple envío de un mensaje de texto al número 2877 con los datos de la Cédula Única del Registro Nacional de Población (CURP), no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44, fracción XII, en cuanto a que en los casos de contratación, los concesionarios deberán solicitar la Credencial para votar emitida por el IFE y/o CURP y/o Pasaporte, además de acompañarlo con constancia de domicilio oficial con recibo de agua, luz y/o teléfono, además de la impresión de la huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente.

De la misma forma, el sencillo registro con un mensaje de texto o SMS, tampoco acata lo establecido en el artículo 64, fracción XVI, de la Ley, que obliga a los concesionarios a conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control.

Las omisiones anteriores, no sólo no atienden a lo que dice la Ley vigente, sino que traen consigo algunos problemas e inconvenientes graves que van en contra del espíritu de la reforma.

Esto permite que cualquier persona pueda registrar libremente las líneas que sean y hacer uso de ellas como le plazca, con sólo con saber el nombre completo, el lugar y la fecha de nacimiento de alguien, ya ni se diga conociendo el CURP de otra persona; es decir, un delincuente puede registrar todos los teléfonos que quiera, a nombre de otra persona, y utilizarlos a su gusto para seguir delinquiendo.

Independientemente de que el procedimiento de registro y que las dependencias que supervisan el RENAUT no se apegan al marco jurídico aprobado por esta Soberanía, el párrafo segundo del Artículo Cuarto Transitorio del Decreto establece la obligación, por parte de los concesionarios, de realizar una campaña de información sin costo adicional, dirigida a sus clientes para informarles de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando la documentación correspondiente, y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo de un año, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna; campañas informativas que hasta la fecha no hemos visto se hayan puesto en marcha.

Es importante mencionar la obligación por parte de los concesionarios que establece el Cuarto Transitorio, de también realizar campañas y programas informativos a sus clientes y usuarios tendientes a incentivar la obligación de denunciar en forma inmediata el robo o extravío de sus equipos celulares, para prevenir cualquier uso indebido de las líneas, así como en los casos que se trate de venta o cesión de una línea telefónica, trayendo como consecuencia la desinformación del usuario del servicio telefónico móvil y en consecuencia, haciendo inoperantepor parte de los órganos reguladores y las dependencias de la Administración Pública Federal, el espíritu real de la reforma.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 59, 60, 159 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Para analizar la propuesta del Senador Mario López Valdez es fundamental establecer con precisión los acuerdos exigibles por el Senado de la República al titular del Ejecutivo Federal exhortándolo para que a través de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las razones que motivaron a ambas dependencias a ser las encargadas de supervisar y llevar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), en lugar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que de acuerdo al hoy vigente Decreto de Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones de fecha 9 de febrero del 2009, son las únicas instituciones facultadas para tal efecto.

De igual manera, se solicita que dicho informe contenga los fines y objetivos con que se están utilizando los datos conservados por el RENAUT, así como una amplia explicación jurídica y práctica sobre el procedimiento de registro de usuarios mediante el envío de mensajes de texto instaurado.

SEGUNDA.- A partir de lo anterior, esta Soberanía, respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, remita:

a) Informe sobre los avances a la fecha del cumplimiento del registro y control de los usuarios de telefonía móvil.

b) Informe detallado sobre el cumplimiento, por parte de los concesionarios del servicio de telefonía móvil, de las campañas y programas informativos para clientes y usuarios de telefonía móvil, para informarles de la obligación de registrar y actualizar sus datos, y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado por la Ley, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

TERCERA.- Se solicita se informe sobre el cumplimiento, por parte de los concesionarios del servicio de telefonía móvil, de las campañas y programas informativos para clientes y usuarios de telefonía móvil, a fin de incentivar la denuncia, prevención de uso indebido, venta o concesión de líneas de telefonía móvil.

CUARTA.- En suma, los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocen el interés del Senador promovente por la situación que guarda la implementación y los ajustes jurídicos y prácticos en torno a la nueva legislación de telefonía móvil; y con base en lo anteriormente expuesto y fundado someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes relativo a la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en materia de telefonía móvil.

PRIMERO.- La Cámara de Senadores solicita al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, proporcione a esta Soberanía, información detalladay actualizada sobre las razones que motivaron a ambas dependencias a ser las encargadas de supervisar y llevar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), en lugar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que de acuerdo al hoy vigente Decreto de Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones de fecha 9 de febrero del 2009, son las únicas instituciones facultadas para tal efecto.

De igual manera, se solicita que dicho informe contenga los fines y objetivos con que se están utilizando los datos conservados por el RENAUT, así como una amplia explicación jurídica y práctica sobre el procedimiento de registro de usuarios mediante el envío de mensajes de texto instaurado.

SEGUNDA.- A partir de lo anterior, esta Soberanía, respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, remita

a) Informe sobre los avances a la fecha del cumplimiento del registro y control de los usuarios de telefonía móvil.

b) Un informe detallado sobre el cumplimiento, por parte de los concesionarios del servicio de telefonía móvil, de las campañas y programas informativos para clientes y usuarios de telefonía móvil, para informarles de la obligación de registrar y actualizar sus datos, y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado por la Ley, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

TERCERA.- Se solicita se informe sobre el cumplimiento, por parte de los concesionarios del servicio de telefonía móvil, de las campañas y programas informativos para clientes y usuarios de telefonía móvil, a fin de incentivar la denuncia, prevención de uso indebido, venta o concesión de líneas de telefonía móvil.

Dado en el pleno del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”.






COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“Comisión de Comunicaciones y Transportes

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, laproposición con punto de Acuerdo en materia de Seguridad y Educación Vial.

Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87, 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente dictamen con punto de Acuerdo, en relación con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 19 de marzo de marzo de 2009, los Senadores Javier Orozco Gómez, José Isabel Trejo Reyes, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Martha Leticia Rivera Cisneros, José Luis Máximo García Zalvidea, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Lázaro Mazón Alonso y Angel Alonso Díaz Caneja, presentaron una proposición con punto de Acuerdo en materia de seguridad y educación vial.

2. Ese mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones, ordenó el turno a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

3. En Sesión celebrada el día miércoles 19 de agosto de 2009 y durante el desahogo del punto del orden del día correspondiente, el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero en su calidad de Presidente de la Comisión Dictaminadora, sometió a consideración del Pleno de la misma el presente dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad y educación vial, las observaciones realizadas por los Senadores integrantes de la Comisión, fueron vertidas en el texto del mismo que hoy se pone a consideración del Pleno del Senado de la República, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El problema de los accidentes de tránsito, ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como epidemia, dado que dichos eventos a nivel mundial se han convertido en un serio problema de salud pública, en virtud de su alto índice de mortalidad y morbilidad. En nuestro país de acuerdo con datos oficiales, cada año mueren alrededor de 20 mil personas por accidentes de tránsito, 750 mil son hospitalizadas, entre 25 y 40 mil personas resultan con algún tipo de discapacidad y su costo anual promedio asciende a 120 millones de pesos.

SEGUNDA: El Tema de la Seguridad y Educación Vial, debe constituirse en una política de Estado, que incluya la participación de todos los órganos que lo componen y de la sociedad en su conjunto, es ya un problema de gran magnitud, que requiere de la toma de decisiones y la realización de acciones encaminadas a disminuir de manera significativa el número de accidentes viales, ya que estos inciden no solo en la afectación de quienes lo sufren, sino que, debe reconocerse que también lo hacen en el desarrollo nacional.

TERCERA: La Seguridad y la Educación Vial abordadas desde el ámbito de las atribuciones y corresponsabilidad de cada una son materias concurrentes, que requieren ser tratadas y atendidas en el ámbito Federal por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Seguridad Pública Federal, y Salud. Por lo que respecta al ámbito local deben participar las diversas entidades federativas y su respectivo órgano legislativo.

CUARTA: Esta Comisión Dictaminadora estima necesario realizar un exhorto a todas las entidades e instituciones públicas encargadas de las tomas de decisiones en el ámbito de sus atribuciones; a implementar programas y campañas permanentes; a tomar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas, así como a revisar y actualizar todos los ordenamientos legales en materia de seguridad y educación vial.

Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, como resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de Acuerdo turnado a la misma, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Seguridad Pública Federal, y Salud, a implementar programas y campañas permanentes en materia de seguridad y educación vial.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de los Gobiernos Estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad y educación vial.

TERCERO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar y actualizar todos los ordenamientos legales en materia de seguridad y educación vial.

Dado en el pleno del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”.






COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 2 de julio de 2008, con relación a la condonación de multas a los transportadores turísticos de Los Cabos en el Estado de Baja California Sur, y que el Gobierno del Estado les otorgue concesiones estatales por la afectación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 4 de junio de 2008.

Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente Proyecto de Dictamen con punto de Acuerdo, en relación con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 2 de julio de 2008ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Baja California Sur con relación a la condonación de multas a los transportadores turísticos de Los Cabos en el Estado de Baja California Sur, y que el Gobierno del Estado les otorgue concesiones estatales por la afectación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 4 de junio de 2008.

2. Con la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente”.

3. El 10 de enero de 2005, 520 taxistas de San José del Cabo bloquearon los accesos a unos 15 hoteles de lujo, en protesta porque las TTTSPF ofrecen sus servicios a turistas en sitios donde la atención corresponde únicamente a los chóferes de alquiler, por tratarse de la jurisdicción local, según lo establece el artículo sexto de la legislación arriba mencionada. Los trabajadores levantaron su bloqueo 43 días después. El movimiento mantuvo prácticamente paralizada la actividad turística en San José del Cabo, y dejó pérdidas millonarias calculadas en dólares. De continuar las prácticas ilegales que las empresas transportadoras han realizado en los 15 años pasados, podría renacer la crisis.

La Unión de Transportadoras Turísticas Terrestres -que pertenecen a las TTTSPF- amenazó con promover un amparo contra la decisión del gobierno bajacaliforniano, de incrementar la multa hasta 4 mil salarios mínimos, sanción que actualmente asciende a mil 400 pesos. Esto causó que se rompieran las negociaciones en el comité de evaluación y seguimiento al conflicto y laimposición de multas podría ser una salida momentánea al problema, que aminoraría la actividad de las transportadoras ante el temor de que se apliquen infracciones; sin embargo, ante la posibilidad de que un juez de distrito conceda el amparo, “se necesita entrarle de manera definitiva al fondo del problema”, de lo contrario se volvería al inicio de las dificultades por las que se bloquearon los accesos a los principales hoteles locales.

4. Con la mediación del gobierno del estado y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo, en el mes de agosto de 2008, transportistas turísticos y taxistas del municipio de Los Cabos establecieron un acuerdo de responsabilidad, el cual pone fin al conflicto que enfrentaban los dos gremios desde hace casi 20 años y que abre una nueva etapa en el desarrollo de Los Cabos como destino turístico.

El Gobernador Narciso Agúndez Montaño, dijo que este acuerdo es único a nivel nacional, resultado de la voluntad y el compromiso de prestadores de servicios, así como de los gobiernos estatal, federal y municipal con la estabilidad y el desarrollo de Los Cabos y de Baja California Sur, considerado uno de los principales destinos turísticos del país y motor de la economía regional.

A través de este documento, integrado tras 39 reuniones de negociación efectuadas en menos de tres semanas entre el Secretario General de Gobierno Luis Armando Díaz, el Director del Centro SCT José Antonio Ramírez Gómez, funcionarios de SECTUR y el Presidente Municipal René Núñez, taxistas y transportadoras se comprometen a evitar la disputa por el pasaje, el bloqueo de carreteras y de accesos a hoteles; privilegiando el diálogo y la concertación para resolver cualquier inconformidad.

5. Esta dictaminadora ha resuelto establecer dictamen, de conformidad con lo estipulado por el numeral 2 del artículo 85, por los artículos 86, 90, 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidosMexicanos; así como elartículo 60 y demásrelativos delReglamentoparaelGobiernoInterior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Derivado de la inconstitucionalidad entre la Ley Estatal de Transporte de Baja California Sur y lo dispuesto en la Ley General de Vías de Comunicación así como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es indispensable resolver la problemática planteada con motivo de la interpretación de leyes, las cuales jurídicamente entran en contradicción, ya que por un lado en la prestación del servicio de autotransporte federal, se considera federal los caminos de jurisdicción federal y aquellos que no siéndolo sean necesarios para llegar a destino y por el otro existe resistencia de los gobiernos estatales y municipales de acatar lo antes señalado en virtud de que en sus disposiciones normativas se señala la obligación.

7. La restricción de las que han sido objeto los concesionarios locales y agremiados de distintas Asociaciones de Transportistas, permite dilucidar el modus operandi de varias empresas que capitalizan los servicios y que generan mediante los procedimientos actuales, grandes beneficios para unos cuantos concesionarios y no para la totalidad. Basados en la vinculación y el procedimiento administrativo no avalado ni estudiado hasta estos momentos por la Comisión Federal de Competencia, órgano administrativo que determina en su caso, si las prácticas comerciales que efectúan los concesionarios locales en la zona de La Paz, B.C.S., se encuadran como monopólicas absolutas con fundamento en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia.

8. En Sesión celebrada el miércoles 19 de agosto de 2009 y durante el desahogo del punto correspondiente del orden del día, el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, en su calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sometió a la consideración del Pleno de la misma, el presente dictamen, éste hizo observaciones que se incluyen, de acuerdo con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Contenido de la Proposición del 2 de julio de 2008.

En la proposición presentada por el Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, el 2 de julio de 2008, se señala que el 3 de junio de 2005, un grupo de 36 empresas cuyo objeto social es la explotación del servicio público federal de auto transporte en su modalidad de turismo, todas ellas con permisos expedidos por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal ante el C. Juez Segundo de Distrito del Estado de Baja California Sur, en La Paz, juicio ventilado bajo el expediente número 383/05.

El acto reclamado se hizo consistir fundamentalmente en órdenes dictadas por el Director de Transporte del Estado de Baja California Sur (B.C.S.), en el sentido de detener a los vehículos de las empresas transportadoras del servicio público federal de auto transporte en su modalidad de turismo, bajo la circunstancia de que éstas no cuentan con permiso expedido por las autoridades locales para la explotación del servicio de turismo, aplicando en consecuencia infracciones por violación a los artículos 6º y 9º de la Ley de Transporte del Estado de B.C.S. así como en sus correlativos del reglamento de dicha ley.

Las autoridades responsables del Gobierno del Estado, entre otras fueron: C. Gobernador Constitucional; Secretario General de Gobierno; Director de Transporte del Gobierno; Subdirector de Transporte del Gobierno, en el Municipio de Los Cabos; H. Consejo Municipal de Transporte del H. Ayuntamiento Municipal; Presidente Municipal; Subdirector de Transporte Municipal del H. Ayuntamiento; y Secretario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Posteriormente se amplió la demanda de amparo en contra de las autoridades de la Secretaría de Finanzas del Estado, en razón de querer hacer efectiva la imposición de las multas levantadas a las transportadoras federales de turismo.

El fundamento legal de la demanda de amparo se hizo consistir en los artículos, 8º, 14º, 16º, 73º fracciones XVII, XXIX - K, en relación con el artículo 124º de nuestra Constitución Federal; así como los artículos de la Ley Ordinaria denominada Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Como consecuencia de la interposición de la demanda de amparo, el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional y después la definitiva, a efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, es decir sin que las autoridades pudieran detener vehículos, o sancionarlos.

No obstante lo anterior, las responsables siguieron levantando infracciones a todas las transportadoras sin respetar la medida suspensiva concedida por el Juez de Distrito; infracciones que a la fecha ascienden a la cantidad de $90,000,000.00. seguido que fue el procedimiento de amparo, éste fue fallado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, decretando un sobreseimiento respecto de una quejosa y concediendo el amparo y protección de la justicia de la unión a otras empresas quejosas.

Las responsables, interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia; así como también los terceros perjudicados (taxistas), haciendo hincapié en que éstos últimos nunca acreditaron ante el juzgador fehacientemente su interés jurídico, es decir, nunca exhibieron los permisos o concesiones para explotar el servicio de taxis, o en su defecto para acreditar que son titulares de permisos para realizar el servicio de transporte de turismo en el Estado.

El recurso de revisión interpuesto fue del conocimiento del tribunal colegiado del Vigésimo Sexto Circuito con sede en La Paz, quien falló en el sentido de declarar firme el sobreseimiento decretado; modificando el considerando décimo primero y resolutivo quinto y sobresee respecto de algunas quejosas, y se declara incompetente para conocer de los recursos de revisión principal promovidos por los terceros perjudicados y por las autoridades responsables: Gobernador y Secretario General de Gobierno, consecuentemente, el expediente en revisión fue enviado para su conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 4 de junio de 2008, la Corte a través de la Primera Sala, falló dicho recurso de revisión, manifestando por mayoría de tres votos contra dos, que en el presente asunto no existe invasión de la esfera de facultades constitucionales de carácter federal, por parte de las autoridades estatales responsables y también determina que el expediente en cuestión regrese al Tribunal Colegiado de origen para el estudio de la legalidad correspondiente, circunstancia que está por acontecer.

En este orden de ideas, es necesario dejar en claro que mientras sucede lo señalado en el punto anterior, la resolución del los expedientes en cuestión y su análisis todavía se encuentran en estudio jurídico, es decir, aún no hay sentencia que cause estado o lo que es lo mismo, no hay cosa juzgada; de lo que se concluye, que en este momento, jurídicamente las empresas quejosas gozan de la suspensión definitiva concedida por el Juez de Distrito.

En razón de lo anterior, y con el fallo pronunciado por la Corte, arbitrariamente las autoridades responsables han girado instrucciones para que ninguna transportadora federal de turismo realice su actividad normal, esto es, actualmente ninguna transportadora se encuentra trabajando, lesionando con ello toda la actividad en ese sector turístico, y además están siendo amenazados por las autoridades, de ejecutar los embargos por el cúmulo de infracciones levantadas ilegalmente a las transportadoras. Y la consideración de esta ilegalidad es porque las responsables, sin observar la suspensión definitiva concedida a las quejosas del amparo, constantemente levantaron infracciones durante el procedimiento de amparo, violando dicha medida cautelar.

Grandes empresas mayoristas de la Unión Americana, principal proveedor de turismo para nuestra región, ya están manifestando su preocupación. Este 26 de junio pasado mediante documento, empresas como; Aplee Vacations, Classic Vacations, Funjet Vacations, GOGO, Travel Impressions, MLT Vacations, Inc. manifestaron su gran preocupación al Gobernador por las medidas adoptadas y la cerrazón de su gobierno, solicitándole su intervención urgente, de lo contrario, estarían dispuestos a retirarse del destino turístico; medida catastrófica que al día de hoy ya costó a Los Cabos pérdidas por el orden de los cincuenta millones de dólares.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Para analizar la propuesta del Senador. Luis Alberto Coppola Joffroy y establecer con precisión los acuerdos llevados a cabo con relación a la condonación de multas a los transportadores turísticos de Los Cabos en el Estado de Baja California Sur, y que el Gobierno del Estado les otorgue concesiones estatales por la afectación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 4 de junio de 2008, exhortando al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Baja California Sur que se resuelva el asunto a la brevedad.

SEGUNDA.- El 10 de enero de 2005, 520 taxistas de San José del Cabo bloquearon los accesos a unos 15 hoteles de lujo, en protesta porque las TTTSPF ofrecen sus servicios a turistas en sitios donde la atención corresponde únicamente a los chóferes de alquiler, por tratarse de la jurisdicción local, según lo establece el artículo sexto de la legislación arriba mencionada. Los trabajadores levantaron su bloqueo 43 días después. El movimiento mantuvo prácticamente paralizada la actividad turística en San José del Cabo, y dejó pérdidas millonarias calculadas en dólares. De continuar las prácticas ilegales que las empresas transportadoras han realizado en los 15 años pasados, podría renacer la crisis.

TERCERA.- Con la mediación del Gobierno del Estado y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo, en el mes de agosto de 2008, transportistas turísticos y taxistas del municipio de Los Cabos establecieron un acuerdo de responsabilidad, el cual pone fin al conflicto que enfrentaban los dos gremios desde hace casi 20 años y que abre una nueva etapa en el desarrollo de Los Cabos como destino turístico, considerado uno de los principales destinos turísticos del país y motor de la economía regional.

CUARTA.-Los Cabos es el tercer receptor de turismo de negocios en México y la muestra de que México puede recibir a visitantes de alto poder adquisitivo, sin embargo, la Ley de Transporte para el estado de Baja California Sur establece las disposiciones para la explotación de vías públicas de jurisdicción estatal, así como los requisitos para obtener una concesión para la prestación del servicio.

Precisa como vías estatales los caminos, avenidas, calzadas, calles, paseos y carreteras pavimentadas o revestidas con terracería, para tránsito de vehículos de cualquier clase, a excepción de caminos construidos por particulares dentro de sus propiedades o las carreteras federales.

QUINTA.- La prestación del servicio del transporte terrestre federal de pasajeros está regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en los artículos 33 y siguientes y, específicamente, en los artículos 7 y 28 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Está sujeto al permiso que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La obtención de permisos para prestar el servicio de autotransporte federal de turismo, están previstos en el artículo 8 del Reglamento citado. Así mismo, el artículo 28 del mismo Reglamento prevé que en la expedición del permiso para la prestación del servicio de transportación terrestre o hacia destinos marítimos o aéreos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración del puerto marítimo o aeropuerto.

SEXTA.-. Los permisos anteriormente mencionados autorizarán la libre circulación de los vehículos en todos los caminos de jurisdicción federal, siempre que se tenga como punto de origen o destino el puerto marítimo o el aeropuerto correspondiente. Por otra parte, los artículos 48 y 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, regula los permisos y concesiones que otorga la Secretaría para prestar los servicios de transporte de turismo, el cual se prestará en todos los caminos de jurisdicción federal y autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos marítimos, aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente contratados.

SEPTIMA.- En cambio las cuestiones relativas al transporte de pasajeros en las vías estatales y en los municipios, está regulada en la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur, en su artículo 2º dispone: “...La prestación del servicio público de transporte terrestre es una atribución del Estado. Compete al Gobernador del Estado concesionario con observancia en las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento”.

Por lo tanto, en el caso que se plantea, se habla en estricto derecho de competencias económicasentre permisionarios o concesionarios autorizados por las autoridades federales y estatales.

OCTAVA.- Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora estima que, en el caso, procede solicitar información del Secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre las acciones y medidas que haya adoptado o esté implementando con respecto a la conveniencia de interponer una controversia constitucional en contra de la Ley Estatal de Transporte de Baja California Sur y su Reglamento.

NOVENA.- Con relación alservicio de transporte terrestre y los acuerdos establecidos en el conflicto del transporte especializado para turistas en el Estado de Baja California Sur y más específicamente en Los Cabos, se requiere que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes informe de manera detallada las acciones realizadas en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal y con el Gobierno del Estadopara resolver el conflicto entre los permisionarios federales y estatales que prestan el servicio público turístico y que conlleva a que la aplicación irregular por parte de las autoridades federales de la Ley de Caminos y Puentes en vías de jurisdicción federal, provoquen competencia desleal, ya que el Estado de Baja California Sur no permite a los permisionarios federales utilizar las vías de jurisdicción estatal o municipal de acuerdo con la legislación local.

DECIMA.- También se resuelve remitir el asunto al Gobernador del Estado de Baja California Sur, para que se solucione el otorgamiento de concesiones estatales a los permisionarios federales con base en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de junio de 2008, así como para su conocimiento y efectos legales, en el ámbito de su competencia constitucional, informando a esta Soberanía sobre las prontas acciones al respecto, ycon base en lo anteriormente expuesto y fundadosometen a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre la condonación de multas a los transportadores turísticos de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur y que el Gobierno del Estado les otorgue concesiones estatales por la afectación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 4 de junio de 2008.

Primero. La Cámara de Senadores solicita atenta y respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proporcione a esta Soberanía, información detallada y actualizada sobre el estado que guarda el conflicto del servicio de transporte terrestre y los acuerdos establecidos en el conflicto del transporte especializado para turistas en el Estado de Baja California Sur y más específicamente en Los Cabos, puntualizando las acciones realizadas en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal y con el Gobierno del Estado para resolver el conflicto entre los permisionarios federales y estatales que prestan el servicio público turístico en Los Cabos, Baja California Sur.

Segundo.- El Pleno de esta Soberanía, procede solicitar información del Secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre las acciones y medidas que haya adoptado o esté implementando con respecto a la conveniencia de interponer una controversia constitucional en contra de la Ley Estatal de Transporte de Baja California Sur y su Reglamento.

Tercero.- Que derivado de las restricciones de tránsito de que han sido objeto los concesionarios locales y agremiados de distintas Asociaciones de Transportistas, se solicita al Presidente de la Comisión Federal de Competencia, con base a sus atribuciones legales y de ser pertinente, inicie un procedimiento de investigación correspondiente, a efecto de que se determine en su caso, si las prácticas comerciales que efectúan los concesionarios locales en la zona de Los Cabos y La Paz B.C.S., se encuadran como monopólicas absolutas que señala el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia.

Cuarto.- Se resuelve remitir el asunto al Gobernador del Estado de Baja California Sur para que, con base a sus atribuciones constitucionales, se analice la búsqueda de soluciones al otorgamiento de concesiones estatales a los permisionarios federales con base en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de junio de 2008, así como para su conocimiento y efectos legales y mantenga informada a esta Soberanía sobre las prontas acciones al respecto.

Dado en el pleno del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”.






COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación al exhorto realizado a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para proponer se liberen y ejerzan los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para la terminación de las obras de mantenimiento y reconstrucción de la autopista de Ocozocoautla - Las Choapas, en el Estado de Chiapas.

Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con punto de Acuerdo, en relación con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 9 de marzo de 2009, ante el Pleno de esta Soberanía, la Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que se liberen y ejerzan los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para la terminación de las obras de mantenimiento y reconstrucción de la autopista de Ocozocoautla- Las Choapas, en el Estado de Chiapas.

2. Con la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente”.

3. Esta dictaminadora ha resuelto establecer dictamen, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del Artículo 85, por los Artículos 86, 90, 103) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el Artículo 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En Sesión celebrada el día miércoles 19 de agosto de 2009 y durante el desahogo del punto correspondiente del orden del día, el Senador Angel Heladio Aguirre Rivero, en su calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sometió a la consideración del Pleno de la misma,el presente dictamen, de acuerdo con el siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Contenido de la proposición del 9 de marzo de 2009.

En la proposición presentada por la Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional quién presentó proposición con punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes para que se liberen y ejerzan los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para la terminación de las obras de mantenimiento y reconstrucción de la autopista de Ocozocoautla - Las Choapas, en el Estado de Chiapas.

La autopista Ocozocoautla - Las Choapas tiene una extensión de 197 kilómetros de longitud y es una vía prioritaria para el Estado de Chiapas puesto que lo comunica con la Ciudad de México y favorece el tráfico entre los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, e incluso, es una de las principales vías de comunicación con Centroamérica.

En el mes de enero de 2007, el gobierno del Estado de Chiapas organizó una reunión interinstitucional para coordinar los esfuerzos y agilizar las obras de reconstrucción y mantenimiento de la supervía Ocozocoautla - Las Choapas, con el fin de mejorar su servicio y activar la afluencia de usuarios.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos que se han realizado por parte del gobierno del Estado de Chiapas, la Federación mantiene su paso lento y tortuoso para la liberación de recursos para el mantenimiento y reconstrucción de algunos tramos carreteros severamente dañados por fenómenos climáticos, a fin de recuperar la calidad de esta importante arteria.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Para analizar la propuesta de la Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional quién presentó proposición con punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes paraque se liberen y ejerzan los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para la terminación de las obras de mantenimiento y reconstrucción de la autopista de Ocozocoautla- Las Choapas, en el Estado de Chiapas.

SEGUNDA.- A partir de lo anterior, es urgente que los proyectos de infraestructura a nivel nacional sean detonados, y que el ejercicio de los recursos fluya de una manera más ágil, para promover el empleo y aminorar la crisis económica.

En este año se aplicaran alrededor de mil 991 millones de pesos para el mantenimiento, conservación y modernización de diversas carreteras en el Estado de Chiapas, de los cuales 240 millones de pesos serán aplicados para la reconstrucción del 80% de la autopista Ocozocoautla - Las Choapas.

Sin embargo, los recursos como en muchos otros proyectos de infraestructura mexicana, se encuentran a la espera de ser liberados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TERCERA.- La autopista Ocozocoautla - Las Choapas tiene una extensión de 197 kilómetros de longitud y es una vía prioritaria para el Estado de Chiapas puesto que lo comunica con la Ciudad de México y favorece el tráfico entre los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, e incluso, es una de las principales vías de comunicación con Centroamérica.

En el mes de enero de 2007, el gobierno del Estado de Chiapas organizó una reunión interinstitucional para coordinar los esfuerzos y agilizar las obras de reconstrucción y mantenimiento de la supervía Ocozocoautla - Las Choapas, con el fin de mejorar su servicio y activar la afluencia de usuarios.

CUARTA.- Sin embargo y a pesar de los esfuerzos que se han realizado por parte del gobierno del Estado de Chiapas, la Federación mantiene su paso lento y tortuoso para la liberación de recursos para el mantenimiento y reconstrucción de algunos tramos carreteros severamente dañados por fenómenos climáticos, a fin de recuperar la calidad de esta importante arteria.

La región que abarca esta autopista es rica en recursos naturales y posee una gran capacidad productiva agrícola, pecuaria y forestal; abastece de estos productos al centro de nuestro país, y a su vez, provee de bienes manufacturados a los estados por los que atraviesa. La región abarca importantes zonas turísticas del Sur-Sureste, es decir, esta ruta tiene un gran significado económico.

QUINTA.-Es un hecho que las malas condiciones en las que se encuentra esta carretera, ocasionan fuertes trastornos económicos a la industria, el comercio, el transporte y al sector turístico, por la demora y la peligrosidad que representa transitar por esta importante vía de comunicación.

Por otra parte, el recorrido por esta vía en las condiciones en las que se encuentra, expone a los transeúntes a varios riesgos como accidentes automovilísticos y asaltos, lo que merma el arribo de visitantes hacia el Estado de Chiapas.

SEXTA.- Debido a estos inconvenientes, empresarios de todos los sectores en Tuxtla Gutiérrez, han colocado anuncios en lonas a las afueras de sus respectivos negocios, en las que solicitan a las autoridades de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), la terminación de las obras de reparación.

SEPTIMA.- Es por ello, que el llamado es para que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de CAPUFE, realicen un reconocimiento integral de las condiciones de la carretera mediante un recorrido en compañía de las autoridades estatales competentes, con la finalidad de definir el plan de mantenimiento y reparación, y la conclusión de un calendario de finalización de las obras.

OCTAVA.- Es pertinente solicitar a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de CAPUFE, brinden información acerca de los recursos que se han invertido en estos últimos años a la autopista Ocozocoautla-Las Choapas, así como los que se destinarán próximamente, debido a que las malas condiciones en las que se encuentra esta vía, no coinciden con las inversiones destinadas y aplicadas para su reconstrucción y mantenimiento en años anteriores.

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes la que contiene proposición con punto de Acuerdo para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se liberen y ejerzan los recursos presupuestales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para la terminación de la obra de mantenimiento y reconstrucción de la autopista de cuota Ocozocoautla-Las Choapas, en el Estado de Chiapas.

Primero.- El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes,  se liberen y apliquen de inmediato los recursos destinados al mantenimiento y reconstrucción de la autopista Ocozocoautla - Las Choapas.

Segundo.-El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), realicen un reconocimiento de las condiciones de la carretera mediante un recorrido en compañía de las autoridades competentes del Gobierno de Chiapas, con la finalidad de definir el plan de mantenimiento y reparación, así como la conclusión de un calendario de finalización de las obras.

Tercero.-El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes, brinden información pormenorizada acerca de los recursos que se han invertido en estos últimos años a la autopista Ocozocoautla - Las Choapas, así como los que se destinarán próximamente, debido a que las malas condiciones en las que se encuentra esta vía, no coinciden con las inversiones destinadas y aplicadas para su reconstrucción y mantenimiento.

Dado en el pleno del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: De los anteriores Acuerdos, el Senador Rubén Velázquez reservó para su discusión…

- El C. Senador Rubén Fernando Velázquez López: (Desde su escaño)Ya no, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Ya no. Entonces no está reservado hasta este momento ninguno.

En ese caso, si no hay oradores para ninguno de los Acuerdos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los 5 dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los 5 dictámenes emitidos por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los 5 dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobados. Comuníquense.

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar las campañas de concientización, prevención de accidentes y de seguridad vial.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: (Leyendo)

“COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo mediante la cual el Senado de la República exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones legales, refuercen las campañas de concientización, prevención de accidentes y de seguridad vial.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 60) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 octubre de 2006, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

La Comisión se abocó al examen de la proposición con punto de Acuerdo descrita al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 1 de abril de 2009, los Senadores Lázaro Mazón Alonso, Guillermo Tamborrel Suárez, Javier Orozco Gómez y Sebastián Calderón Centeno, presentaron al Pleno la Proposición con punto de Acuerdo mediante la cual el Senado de la República exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones legales, refuercen las campañas de concientización, prevención de accidentes y de seguridad vial.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- La Comisión instruyó a su Secretario Técnico para realizar el Proyecto de Dictamen, mismo que fue distribuido con fecha 21 de mayo de 2009.

4.- Con fecha 1° de junio de 2009, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proposición con punto de Acuerdo tiene un solo resolutivo a la luz del cual es intención de los proponentes que el Senado de la República exhorte a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones legales, refuercen las campañas de concientización, prevención de accidentes y de seguridad vial.

CONSIDERACIONES

1.-Los Senadores proponentes argumentan como consideraciones las afirmaciones que en meses pasados expresó el Secretariado Técnico del Centro Nacional de Accidentes en el sentido de que la principal causa de muertes en menores de 14 años de edad son los accidentes de tránsito.

Establecen que al día mueren entre 4 ó 5 niños en el país a causa de accidentes automovilísticos, teniendo un común denominador: ninguno de ellos tenía puesto el cinturón de seguridad, no viajaba en silla especial para infantes o no tuvo opción de escoger en qué lugar viajaría, muriendo anualmente alrededor de 1,800 niñas y niños por la ausencia de una cultura y respeto de las normas mínimas de tránsito y civilidad, lo anterior aunado que en todos los accidentes de tránsito los menores de edad son los más propensos a sufrir daños irreversibles.

Lo más lamentable de todo es que el 90% de tales accidentes pudieron haber sido prevenidos cumpliendo con condiciones mínimas de seguridad, disminuyendo por mucho la alta tasa de mortalidad en accidentes viales: tal es el caso del uso del cinturón de seguridad para todos los pasajeros, abstenerse de realizar actividades a la vez que se conduce, el debido conocimiento y respeto de las normas previstas en el respectivo reglamento de tránsito, así como una constante revisión y mantenimiento de los puntos de seguridad del parque vehicular.

Respecto de la necesidad de cumplir con la debida protección de los derechos de laniñez previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, menciona los relativos a la obligación de todos aquellos que tengan a su cuidado a niñas y niños.

Argumentan los Senadores que esta Convención es un instrumento internacional que dispone de obligaciones mínimas que el Estado se compromete a ejecutar con el propósito de sentar las bases que permitan que niñas y niños, gocen de los derechos que prescribe.

Mencionan algunas medidas que gobiernos estatales han realizado en cuanto a la prevención de accidentes, como por ejemplo el caso de aumentar las sanciones y establecer nuevas conductas reprochables en materia de tránsito y seguridad vial.

Señalan, que reiteradamente las acciones que realizan los gobiernos estatales en diversas ocasiones resultan ineficaces por su proclividad a la corrupción y porque no son permanentes.

Argumentan como ejemplo el endurecimiento y establecimiento de sanciones y prohibiciones que aplican algunos gobiernos estatales, concluyendo que su aplicación viene a ser solo una moda pasajera y mediática.

Los proponentes consideran que las autoridades estatales y del Distrito Federal deben redoblar esfuerzos en aquellos programas de educación vial y prevención de accidentes dentro del ámbito de sus atribuciones, pues estiman que no basta con establecer medidas y sanciones más severas e implementar supuestos “operativos” si tales acciones carecen de una política anticorrupción que evite que quienes deban aplicar tales sanciones y multas, se conviertan en promotores de la impunidad al extorsionar a los infractores, utilizando como método de persuasión la severidad de las mismas.

Finalmente, los Senadores externan la necesidad de apostar en mayor medida a la prevención de los accidentes que a la atención de ellos y sus consecuencias, motivos por los cuales proponen el Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen.

2.- Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ven con agrado la preocupación que externan los Senadores relativo a la protección de los derechos de la niñez, aunado al hecho de promover una cultura de prevención en beneficio no solo de personas menores de edad sino de la ciudadanía en general.

Sobre lo anterior, los Senadores expresan una serie de argumentos encaminados a solventar y resolver un fenómeno social que cada vez va en aumento, pues los accidentes de tránsito tienen en su mayoría como denominador común la imprudencia, la ausencia de mantenimiento adecuado de los sistemas de seguridad, los excesos y el alcohol, entre otros.

De ahí que se haga hincapié en la necesidad de reforzar las medidas efectivas a erradicar y prevenir accidentes en materia vial.

3.- En esos términos, debe precisarse que las autoridades locales tienen en principio la obligación de establecer en reglamentos de tránsito las normas y disposiciones que deberán cumplir aquellas personas que circulen en vehículos automotores, pero el cumplimiento de tales medidas igualmente son responsabilidad de los gobiernos municipales a través de sus áreas de tránsito.

Pero no solo se trata de campañas en materia de cumplimiento integral de los reglamentos de tránsito de cada uno de los estados, pues igualmente la labor de tales acciones es crear conciencia de las implicaciones y consecuencias que se dan con la combinación de aspectos como la imprudencia, el alcohol, los excesos, la falta de conocimiento de los reglamentos y normas, la ausencia de mantenimiento en los puntos de seguridad de los vehículos; causantes todos estos elementos, juntos o por separado, de pérdidas millonarias, lesiones, discapacidad y la vida, baste recordar que de acuerdo a cifras del Secretario Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el 18% de personas que viven con una discapacidad, obtuvieron tal condición a consecuencia de accidentes, principalmente de tránsito.

Debido a ello, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se pronuncian en coincidencia con lo establecido por los Senadores, en hacer un llamado a las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, para invitar a los respectivos gobiernos a realizar acciones que tengan como propósito la prevención y erradicación de accidentes viales, conjuntándose tales esfuerzos con los respectivos gobiernos de los municipios o delegaciones que las integren, teniendo siempre como propósito una debida prevención de ellos dentro de sus territorios.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Dictaminadora considera que es de aprobarse con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen quedando en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones legales, refuercen las campañas de concientización, prevención de accidentes y de seguridad vial, así como a coordinarse con los gobiernos de las delegaciones o municipios que los integren, para cumplir con dichos efectos.

Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 22 de septiembre de 2009.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Está a discusión.

- El C. Senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente, a favor.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: El Senador Guillermo Tamborrel, a favor, tiene el uso de la palabra, por el grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia.

Según datos del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (CENAPRA), la principal causa de muerte en menores de 14 años son los accidentes de tránsito.

Al día mueren entre 4 y 5 niñas y niños en el país a causa de accidentes automovilísticos, teniendo un común denominador: ninguno de ellos tenía puesto el cinturón de seguridad, no viajaba en silla especial para infantes o no tuvo la opción de escoger en qué lugar viajaría, falleciendo así anualmente alrededor de mil 800 niñas y niños por la ausencia de una cultura y respeto a las normas mínimas de tránsito y civilidad.

Sobre las causas que provocan estos accidentes de tránsito, se tiene que más del 90 por ciento de ellos pudieron ser evitados.

Es de reconocer que existen esfuerzos de gobierno estatales y del Distrito Federal en materia de prevención de accidentes, como son el aumento a las sanciones y el establecimiento de nuevas conductas reprochables en materia de tránsito y seguridad vial. Ejemplo de ello son la prohibición del uso del celular mientras se conduce; la prohibición de conducir con cierto nivel de alcohol en la sangre; endurecimiento de las sanciones y operativos anti-alcohol a los conductores. Desgraciadamente, tales acciones resultan ineficaces por su proclividad a la corrupción, y sobre todo porque no son permanentes, pues algunos operativos sólo son propios de épocas navideñas y días festivos.

Es el caso también del endurecimiento y establecimiento de sanciones y prohibiciones, toda vez que su aplicación viene a ser sólo una moda pasajera y mediática. Basta con circular por las calles de la ciudad para darse cuenta de ello.

Compañeras y compañeros:

Debido a las graves consecuencias de la inseguridad vial, consecuencias que pueden y deben ser prevenidas, no sólo es necesario, sino imperante que las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal redoblen los esfuerzos de los programas de educación vial y prevención de accidentes.

Estamos convencidos que es más fácil apostarle a la prevención de los accidentes que a la atención de ellos y sus consecuencias, entre ellas, 750 mil personas al año visitan un hospital; entre ellas, entre 40 y 50 mil personas quedan permanentemente con una discapacidad, y lo que también es muy grave, cerca de 20 mil personas al año pierden la vida. Y debemos recordar que otras muchas viven con consecuencias graves a consecuencia de los accidentes, y me refiero a los peatones.

Es por ello, que al día de hoy acudo a esta tribuna para apoyar este dictamen e invitarlos a votar a favor del mismo, con la finalidad de exhortar a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; Seguridad Pública, y Salud, así como a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, Congresos Locales y Asamblea Legislativa, para que redoblen los programas, campañas y acciones dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar conductas viables, que como ya se mencionó, ponen en peligro la vida y la salud de niñas, niños y adolescentes, conductores y peatones en general.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Tamborrel Suárez. ¿Algún otro Senador solicita la palabra?

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Comuníquese.

Ahora informo a la Asamblea de las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo, que con la anuencia de sus promoventes, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados.






PROPUESTAS

Del Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un Fondo Nacional de Apoyo a Becarios de Programas de Postgrado en México y en el Extranjero.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CREAR UN FONDO NACIONAL DE APOYO A BECARIOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO EN MEXICO Y EL EXTRANJERO

“H. ASAMBLEA:

El suscrito, Carlos Lozano de la Torre, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los programas oficiales sobre ciencia y tecnología, la participación de México en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y, su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no han sido suficientes para que nuestro país, haya jugado un papel relevante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología mundiales.

Igualmente, se ha mantenido un papel de subordinación en la adquisición tecnológica, aunque se generó un proceso de diferenciación en áreas tecnológicas obsoletas y otras de punta, ambas dependientes del consumo de conocimiento externo. El factor que explica esta situación es, sin duda, la falta de políticas de educación superior y de ciencia y tecnología.

El crecimiento de la comunidad científica de México es “microscópico, en rigor, minúsculo”, de ahí la urgencia de crear los mecanismos que permitan aumentar el número de graduados de postgrado y garantizar que se incorporen al sistema de investigación científica y tecnológica del país.

México es el país de la OCDE que menos invierte en Ciencia y Tecnología y al no invertir seriamente en la formación de sus jóvenes y el desarrollo científico y tecnológico no tiene un futuro promisorio.

Asimismo, las empresas modernas requieren cada vez más, contar con áreas de investigación y desarrollo que permitan incorporar nuevas tecnologías o desarrollar las propias para mantener y mejorar su nivel de competitividad.

En abril del presente año, se decretó en el país una contingencia sanitaria por la aparición del virus de la influenza denominado A H1N1, que puso en evidencia la falta de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el país, al grado de que tuvieron que recurrirse a laboratorios extranjeros para que analizaran las muestras obtenidas.

También, el país esta siendo afectado por una sequía que ha acabado con varias hectáreas de cosechas y ocasionado la muerte de cabezas de ganado. El problema del agua debe ser atendido de manera inmediata, sino se quieren enfrentar mayores inconvenientes en el futuro.

Si México contara con la capacidad intelectual suficiente para desarrollar nuevas tecnologías que coadyuven en la solución de esta problemática, podríamos contar con una solución alternativa viable.

Del mismo modo, en materia de desarrollo de patentes tenemos un gran retraso y los laboratorios de origen extranjero están aprovechando la falta de recursos económicos y talento en el país, para apropiarse de nuestros recursos.

Por otro lado, resulta incongruente que después de que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa hubiese manifestado el compromiso de su gobierno para apoyar a la ciencia en México, anunciará la reducción en el presupuesto destinado a las becas de nivel de postgrado.

En general, el sector educativo sufrió un reporte presupuestal por la cantidad de 800 millones de pesos, equivalente al 1% del presupuesto aprobado.

Las becas para los estudios de postgrado a nivel nacional son otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aunque también lo hacen para el extranjero, quien recientemente informó sobre el nuevo sistema de asignación de apoyos, que afecta principalmente a los postgrados en desarrollo o de reciente creación con la implementación del nuevo tabulador.

En este rubro también podemos mencionar el Fideicomiso para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) del Banco de México, que otorga préstamos para el estudio de postgrados en materia de administración y finanzas;la Fundación Mexicana para la Educación, Ciencia y Tecnología (FUNED); y la Comisión México-Estados Unidos (Comexus), que administra los programas de becas internacionales denominados Fulbright-García Robles.

Existen otras fundaciones y asociaciones civiles que también ofrecen este tipo de apoyos a los estudiantes mexicanos.

Para beneficiarse de los procesos de internacionalización, es necesario que México cambie sus modelos educativos para abatir los rezagos lo más pronto posible. Si bien es cierto que se ha logrado tener avances significativos en la materia, los problemas torales continúan.

Los programas que existen actualmente se enfocan en el área económico administrativa y de humanidades, que si bien es cierto que repercuten en la economía del país, no solucionan los problemas actuales, es decir, conforme a las circunstancias que imperan actualmente en el mundo, como es la escasez de agua, la falta de alimentos, la aparición de nuevas enfermedades, es necesario impulsar la investigación en la ciencia, que nos permita afrontar este tipo de dificultades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, en el ámbito de sus respectivas facultades, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, un Fondo Nacional de Apoyo a Becarios de Estudios de Postgrado en México y el Extranjero, con el objeto de fomentar e impulsar la competitividad en el país, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

De la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar en el Paquete Fiscal 2010, un aumento al Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A NO APROBAR, EN EL PAQUETE FISCAL 2010, UN AUMENTO AL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

“La suscrita, Senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El 1º de julio del 2008 entró en vigor el entonces nuevo Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), un impuesto creado para combatir a la economía informal y que grava conuna tasa de 2% a los depósitos en efectivo, realizados en las cuentas bancarias de una persona y que superen los $ 25,000.00 en un mes. Este impuesto recaudó 17,756 millones de pesos en los 6 meses del año 2008 en que operó, contra 2,906.3 millones esperados. Para este año, las autoridades tributarias confiaban en obtener 7,511.5 millones de pesos, en todo el año, pero en los primeros siete meses ha recaudado aproximadamente 16,872 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.- La creación de este impuesto fue muy cuestionada, ya que el artículo 31, fracción cuarta, de nuestra Carta Magna, establece textualmente: “… son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. La proporcionalidad no es respetada en este impuesto, ya que grava los depósitos en efectivo, y no los efectuados por otros medios; además de quees contrario a la garantía de certeza jurídica de nuestra Constitución, toda vez que este impuesto se apoya en la presunción de que las personas que realizan depósitos en efectivo llevan a cabo actividades informales ó evaden impuestos sin que se permita desvirtuar tal presunción.

3.- En el proyecto de Paquete Fiscal para el Ejercicio 2010, que propone el Ejecutivo, se incluye un incremento de un punto porcentual a la tasa del IDE (3%) y disminuir el monto de los depósitos en efectivo exentos, de 25 mil a 15 mil pesos mensuales.

4.- El aumento en la tasa de este impuesto y la disminución en el monto exento traerá como resultado un aumento en los precios de los artículos expedidos al menudeo por pequeños comercios, que son los que preferentemente reciben efectivo, y con ello se afectará, aún más, la competitividad del pequeño comercio ante los grandes centros comerciales que reciben pagos por otros medios, y que por sus volúmenes pueden efectuar, mediante convenios, depósitos en efectivo a las cuentas de instituciones financieras para que estas las transfieran electrónicamente a sus cuentas bancarias, evadiendo así el pago de este impuesto.

5.- Al disminuir el monto exento para la aplicación de este impuesto, de 25 mil a 15 mil pesos, la afectación mayor será para las microempresas, y debemos recordar que en México, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 64% de la ocupación y contribuyen con el 40% del Producto Interno Bruto. Una de las principales preocupaciones del Gobierno Mexicano debe ser conservar y fomentar el empleo, yaumentar el IDE no abona en ese camino.

6.- Como vimos en el primer considerando, la recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo ha superado en 400% las expectativas de las autoridades fiscales y, este tiempo de recesión económica, de aumento del desempleo y de empobrecimiento de las mayorías, no es el mejor para aumentar impuestos, y menos para aumentar un gravamen que perjudica a los actores económicos de menores ingresos. Otro efecto negativo previsible del aumento al IDE será la disminución del ahorro bancario y el aumento de la economía informal, ya que muchos de los pequeños ahorradores y de los pequeños empresarios optarán por no depositar en instituciones bancarias el dinero en efectivo quemanejen.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados para que en la aprobación del Paquete Fiscal 2010 no apruebe ningún incremento en la tasa del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ni autorice disminución alguna en el monto exento de ese impuesto.

Salón de sesiones del H. Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Claudia Sofía Corichi García”.

De los Senadores María de Lourdes Rojo e Incháustegui, Francisco Arroyo Vieyra, Ricardo García Cervantes, Carlos Sotelo García y Rubén Fernando Velázquez López, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos FIDECINE y FOPROCINE para el ejercicio 2010, con el objeto de fortalecer a la industria cinematográfica nacional.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE REASIGNE RECURSOS AL INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA Y A LOS FIDEICOMISOS FIDECINE Y FOPROCINE PARA EL EJERCICIO 2010, CON EL OBJETO DE FORTALECER LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL

“La suscrita, Senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En reiteradas ocasiones he tenido la oportunidad de dirigirme a esta Soberanía con el objeto de presentar iniciativas y puntos de acuerdo tendientes a fortalecer al cine mexicano que; en cada una de esas acciones he contado con el apoyo de mis compañero de todos los partidos puesto que todos los integrantes de este cuerpo legislativo estamos conscientes de la importancia de la cinematografía como industria.

Sin embargo, de nuevo me veo en la urgente necesidad de llamar su atención sobre el tema ya que con motivo de la presentación del llamado paquete económico para el ejercicio 2010, particularmente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, hemos encontrado que en el mismo se hace un recorte al subsector cultura de casi un 25% y al Instituto Mexicano de Cinematografía se le afecta en casi un 50% de su presupuesto y los recursos destinados a los dos fideicomisos creados para apoyar la producción cinematográfica nacional.

La gravedad del caso debe advertirse en el siguiente dato: las industrias culturales en nuestro país, representan el 7% del PIB y en particular la industria cinematográfica significa el 1.7% del PIB, lo cual significa que la cultura en sus diferentes manifestaciones, mismas que son fomentadas y con frecuencia apoyadas por el Estado, están muy lejos de representar un gasto improductivo.

La actividad cinematográfica ha dado muestra constante de ser un gran detonante de inversión, que crea empleos y genera valor agregado, además de ser un vehículo de transmisión de identidady como un bien cultural de gran difusión, penetración e impacto en la sociedad.Por ello, se debe considerar sector estratégico que debe ser incentivado para coadyuvar a la reactivación de la economía y en crear y mantener empleos en el país.

Para dar una idea de la importancia de la producción cinematográfica y de su impacto en la vida económica y cultural de nuestro país, además de su reconocimiento mundial, es importante tomar en cuenta algunos datos:

1. En 1997 se filmaron 9 películas, la producción más baja del país en 65 años. En contraste, en 1958, por ejemplo, se llegaron a filmar 135.

2. En 1998 se creó el FOPROCINE y en 2001 el FIDECINE. El primero se ocupa del apoyo a un cine de calidad, más bien autoral, y el segundo del fomento a lo que se ha denominado “buen cine comercial”. Ambos fideicomisos han sido instrumentos fundamentales para lareactivación de la industria en los últimos años.

3. Con la participación de estos instrumentos de fomento, el Estado ha coadyuvado de manera determinante en la producción cinematográfica al propiciar un crecimiento sostenido, lo que permitió que en 2007 y 2008, se produjeran en el país 70 largometrajes, respectivamente, cifra no vista en 18 años en el país.

4. Con los apoyosa la producción cinematográfica, se estima que en los últimos tres años se habrán generado más de 35 mil empleos directos sin considerar la derrama que se generó en sectores paralelos y de servicios relacionados a la producción cinematográfica, como el de alimentación, transporte, turismo, entre otros.

5. Frente a un escenario de disminución de apoyos a la producción, existe gran presión de la comunidad cinematográfica por mantenerlos en los niveles de 2009.Gracias a la actividad de fomento que ha desarrollado el IMCINE, la demanda ha crecido sustancialmente. Cabe señalar aquí que las actividades de descentralizaciónhacia las entidades federativas han sido determinantes para este crecimiento.

6. Por ejemplo, en 2009, se recibieron casi 100 propuestas en una de la convocatoria de FOPROCINE de apoyo a la producción de ficción, hecho inédito y asombroso si se considera que en 2008 se recibieron 38proyectos.

7. La industria cinematográfica en México cuenta con un mercado doméstico que se ubica dentro de los diez primeros del mundo, así como infraestructura tecnológica modernizada y talento técnico y artístico de alta calidad y reconocimiento internacional. Con políticas públicas integrales de fomento, esto puede ser una palanca detonante de desarrollo y reactivación de la economía interna.

8. El cine mexicano ha venido obteniendo cada vez mayor poder de negociación obteniendo mayores estrenos en la cartelera nacional. Poco a poco, el cine mexicano va posicionándose en el gusto del público, recuperándolo y ampliándolo, y va encontrando espacios en una cartelera abrumadoramente saturada por el cine hollywoodense. De no mantenerse cierto nivel de producción, se pondrán en riesgo los avances alcanzados en esta materia.

9. El cine mexicano ha ingresado en taquilla más de 2 mil doscientos millones de pesos en los últimos seis años.

Hasta aquí, las cifras nos hablan de logros, pero para dimensionar elproblema que podemos afrontar si no se reconsidera el presupuesto es necesario referirnos a lo que puede hacerse y lo que sucedería si no se actúa con responsabilidad.

1. El Anteproyecto de presupuesto del IMCINE para 2010 es de 192.7 millones de pesos, es decir, casi el 50% menos con respecto al presupuesto modificado 2009.

2. Para 2010, la propuesta de presupuesto sólo permite asignar 42 millones de pesos a los fideicomisos (FOPROCINE y FIDECINE).

3. Tal reducción representaría un impacto negativo en la inversión cinematográfica por más de 300 millones de pesos, lo que pondrá en riesgo de desaparecer el entramado industrial y propiciará una pérdida de 10,250 empleos directos y 20,500 indirectos.

4. De mantenerse los apoyos en los niveles de 2009, se estima que para el 2010, el Estado podría estar en condiciones de apoyar a través de todos sus instrumentos 50 proyectos cinematográficos que representarían la creación de más de 12 mil quinientos empleos directos, además de los empleos y beneficios económicos indirectos que conlleva la realización de una película.

5. De no contar con los recursos mínimos indispensables para mantener los apoyos a la producción cinematográfica en los niveles de 2009, se considera que se pondrá en riesgo el crecimiento del sector.

6. En los últimos 6 años la participación del Estado ha contribuido en el 70% de la producción nacional.

7. Por cada peso que invierte el Estado, dos son aportados por el sector privado, lo que propicia un efecto multiplicador de la inversión pública en esta industria.

8. Todas las industrias cinematográficas competitivas en el mundo cuentan con apoyos permanentes de sus respectivos Estados para apoyar la producción, tales como: contribuciones directas, estímulos fiscales, créditos favorables, así como legislaciones de fomento y desarrollo.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Senadores LXI Legislatura, resuelve exhortar a la H. Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus atribuciones en materia presupuestal, reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos FIDECINE y FOPROCINE para el ejercicio 2010, con el objeto de fortalecer la industria cinematográfica nacional.

Dado ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el 22 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui”.

De los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4% a las telecomunicaciones.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS A NO APROBAR UN IMPUESTO DE 4% A LAS TELECOMUNICACIONES

“Los que suscriben, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, Senadores de la República de la LXI Legislatura, e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4% a las telecomunicaciones, con base en las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

 

El desarrollo de la sociedad de la información, a partir de la expansión de la red de Internet, ha generado innumerables ventajas en la disponibilidad de información de todo tipo, cambiando patrones de comportamiento entre los usuarios y transformando formas de organización de la sociedad.

En México, cerca del 30% de los hogares tiene acceso a Internet. Además, la mayoría de las universidades públicas del país cuentan con acceso masivo a dicha red y un gran número de mexicanos acceden a ella gracias a diversos servicios públicos, como son los llamados cyber.

En el caso de la educación, el Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación para la difusión del conocimiento. La educación en la era del Internet ha resultado fuertemente alterada por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que hoy en día es impensable separar a la educación del desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Asimismo, muchas de las comunicaciones financieras actualmente se realizan por internet y de manera creciente la actividad económica se desplaza a través de las comunicaciones que conlleva la red.

Las tendencias nos indican que el número y diversidad de operaciones que actualmente se desarrollan a través de Internet, así como los servicios que se prestan a través de ella, seguirán multiplicándose de forma importante en el corto plazo.

Según el estudio Communications Outlook 2009 publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la banda ancha más cara por megabit por segundo (Mbps) de los 30 países que conforman dicha organización, al tenertarifas que van desde los 18 dólares por mes y que se elevan hasta los 115 dólares.

La OCDE expone que en septiembre de 2008, el precio más bajo por Megabit estaba ubicado en Japón, con 0.07 dólares por mes, seguido de Francia con 0.22 dólares, Corea con 0.31 dólares, Suecia con 0.32 dólares y Finlandia con 0.38 dólares.

En cuanto a la telefonía, el mismo estudio indica que las llamadas en el segmento empresarial menos caras están disponibles en Alemania, con un precio de 0.10 dólares, Turquía con 0.18 dólares y Noruega con 0.21 dólares.

Mientras que las llamadas más caras de negocio son en México, donde cuesta 2.43 dólares en términos de Poder de Paridad de Compra (PPP) o 1.77 dólares que usan tasas de cambio nominales. Además, refiere que la llamada internacional cuesta 22 veces más en México que en Alemania, en términos de PPP, e incluso en términos nominales, el precio en México es 12 veces más alto que en Alemania.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hasta diciembre de 2008 existían en nuestro país alrededor de 23 millones de usuarios de Internet, lo que representa que de cada cien mexicanos, veintitrés tienen acceso a la red, en cualquiera de sus modos, ya sea de manera pública o privada, personal o de forma corporativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal planteó como meta incrementar la penetración de la conectividad a Internet a niveles superiores al 60% de la población.

En la estrategia 14.4 de dicho Plan se establece modernizar el marco normativo, a fin de permitir el crecimiento de las telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas.

El pasado 8 de septiembre del año en curso, el Gobierno Federal entregó a la Cámara de Diputados la Propuesta del Paquete Económico para el 2010, la cual incluyó, los criterios generales de política económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

En dicho Paquete, el Ejecutivo Federal planteó un Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de 4% a las telecomunicaciones, lo que tendría un gran impacto en toda la población, ya que se gravarían servicios como celulares, teléfonos fijos (con excepción de la telefonía rural, los teléfonos públicos y los servicios de interconexión), televisión por cable y el uso de Internet.

Además, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Dr. Agustín Carstens Carstens, al entregar el Paquete Económico, declaró ante la prensa que el impuesto a las telecomunicaciones gravaría básicamente todos los servicios de telecomunicación, por lo tanto, el servicio de Internet sí estaría incluido.

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto especial a las telecomunicaciones que propone es adecuado, ya que el esquema vigente de derechos sólo grava a los concesionarios en función de la cantidad de los megahertz (MHz) que utilizan, sin que se encuentren gravadas de manera específica las percepciones que se obtienen por la prestación de servicios, a través de una red pública de telecomunicaciones y sin que, en algunos casos, los concesionarios cubran aprovechamientos calculados sobre dichos ingresos.

Continuando con los argumentos de la SHCP, el IEPS a las telecomunicaciones será efectivo en su recaudación por tratarse de un servicio que presta un número reducido de empresas, por lo que recaerá en grupos con altos ingresos dentro de la población.

Además del impuesto en cuestión, la Secretaría de Hacienda propuso al Congreso de la Unión la creación de un nuevo impuesto general a las ventas con una tasa del 2%, denominado “Contribución para el Combate a la Pobreza”, el cual incluye todas las transacciones de todo tipo de bienes y servicios, es decir, un gravamen de aplicación general.

Lo anterior nos muestra que la propuesta del Ejecutivo Federal representa un “impuesto sobre impuesto”, pues implica un incremento real del 6% a los servicios de telecomunicación, pues al 4% de IEPS se sumaría el 2% del llamado “Impuesto a la Pobreza”, además del 15% de IVA.

En días pasados, un grupo de empresas dedicadas a las telecomunicaciones en el país, publicó un desplegado en algunos diarios nacionales en el que consideran que la nueva propuesta del Ejecutivo implicará: encarecer la competitividad, retrasar el modernización tecnológica, ampliar la brecha digital, desincentivar la inversión de nuevos oferentes de este tipo de servicios, castigar a pequeñas y medianas empresas que pagarán más por mantenerse comunicadas, así como salir de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país.

Coincidimos con el sector de las telecomunicaciones en México, en el sentido de que el nuevo impuesto atenta contra un sector estratégico que impulsa la modernización y el desarrollo económico del país, lesionando la economía de las familias y de las empresas mexicanas, pues la comunicación constituye un servicio de primera necesidad.

El uso de Internet, al igual que el de la telefonía, no puede ser considerado un lujo, pues la realidad nos muestra que este tipo de servicios cada vez son más usados por los mexicanos, atendiendo necesidades básicas y actividades prioritarias de millones de familias y empresas; además de que el desarrollo de las telecomunicaciones contribuye al desarrollo de la economía nacional y permite cerrar la brecha de desigualdad que tanto daña a nuestro país.

La creación de un impuesto especial que grave las telecomunicaciones será un golpe más para los consumidores, pues seremos nosotros, más que las empresas de este sector, quienes “carguemos” con un aumento de este tipo.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del Paquete Económico para el año 2010, no apruebe la creación de un Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de 4% a las telecomunicaciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Carlos Sotelo García.- Sen. Lázaro Mazón Alonso”.

De los Senadores Irma Martínez Manríquez y Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, se aprueben recursos crecientes a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, establecido en la Ley General de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2010, SE APRUEBEN RECURSOS CRECIENTES A LA EDUCACION, CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR PAULATINAMENTE EL 8 POR CIENTO DEL PIB NACIONAL, ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, a nombre propio y del Senador FERMIN TRUJILLO FUENTES, del Partido Nueva Alianza, e integrantes de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se aprueben recursos crecientes a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional, establecido en la Ley General de Educación, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la educación de todas y todos los mexicanos, consagrado en nuestra Carta Magna y en infinidad de instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, sólo puede ejercerse a condición de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar el acceso a una educación pública bajo criterios de gratuidad, calidad y equidad.

En el momento actual, el ejercicio del derecho a la educación se encuentra en entredicho, toda vez que entre las estrategias del gobierno federal para enfrentar la crisis económica y el déficit en las finanzas públicas, se ha planteado unadisminución de los recursos destinados a la educación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, el cual contempla un recorte por 4 mil 712 millones de pesos en el rubro educativo. De aprobarse dicho proyecto, se asignarían 473 mil 883 millones de pesos, en comparación con los 478 mil 595 millones destinados para el actual ejercicio fiscal.

La disminución del presupuesto educativo para el 2010 constituiría una decisión equivocada, ya que pondría en riesgo una de las áreas más sensibles del bienestar social y el desarrollo nacional,como lo es la educativa; contribuyendo a perpetuar las causas que inciden en la desigualdad social y la inequidad, las cuales consisten –entre otras cosas- en ofrecer malos servicios a quienes más padecen los flagelos de la vulnerabilidad y la pobreza.

Desde esta tribuna queremos expresar que estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno federal, en el sentido de recortar el gasto público en actividades y áreas que no son sustantivas, y en proteger el gasto social. Precisamente porque estamos a favor de estas medidas, es que no justificamos la pretensión de recortar el gasto educativo, el cual forma parte del denominado gasto social.

La eventual aprobación de un recorte presupuestal a los recursos destinados a la educación, afectaría a cientos de miles de estudiantes, pues como todos sabemos la educación es decisiva para superar la pobreza, igualar oportunidades, promover una mayor equidad de género y de bienestar entre las nuevas generaciones, además de que constituye la base para la formación de recursos humanos para el futuro.

Considerando la grave afectación que un eventual recorte presupuestal supondría para los estudiantes y sus familias, así como para los docentes y las instituciones educativas en su conjunto, es que nos pronunciamos a favor de una estrategia que ponga el énfasis en una reforma hacendaria que incremente las finanzas públicas, y en contra de un recorte al presupuesto destinado a la educación, ya que con ello sólo se agravarían aún más las precarias condiciones de millones de compatriotas que viven en condiciones de pobreza y de falta de acceso a los más elementales servicios públicos, entre los que destacan los educativos.

Como todos sabemos, el porcentaje del Producto Interno Bruto PIB que el gobierno federal destina a la educación en México, es muy inferior al 8 por ciento que recomienda la UNESCO como mínimo. Dicho porcentaje es vergonzosamente bajo, si lo comparamos con el que destinan el resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, organización a la que México también pertenece.

Para el ejercicio fiscal del presente año, el Presupuesto aprobado en los Ramos que atienden al Sector Educativo representó apenas el 3.71% del PIB nacional. Muy lejos aún nos encontramos del 8 por ciento recomendado y mandatado por los artículos 25 y 27 de la Ley General de Educación.De ahí la necesidad de renovar esfuerzos para evitar cualquier intento por reducir los recursos destinados al sistema educativo nacional.

Ante ello, proponemos exhortar a nuestra colegisladora para que se realicen los ajustes necesarios para que se apruebe un presupuesto con equidad social, que privilegie el lugar fundamental que la educación ocupa como base del desarrollo nacional; y que si el gobierno federal carece de la capacidad para generar mayores ingresos, y se ve obligado arecortar, que sea en el gasto corriente de las dependencias y alta burocracia federales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010, SE APRUEBEN RECURSOS CRECIENTES DESTINADOS A LA EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR PAULATINAMENTE EL 8 POR CIENTO DEL PIB NACIONAL ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, el 22 de septiembre de 2009”.

Asimismo se turnan de manera directa a comisión, los siguientes puntos de Acuerdo:

Del Senador Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre el procedimiento de autorización y en base a qué criterios fue sustituido por la Secretaría de Educación de Guanajuato el libro de biología para primer grado de secundaria del ciclo escolar 2010-2011, el cual se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A RENDIR UN INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION Y EN BASE A QUE CRITERIOS FUE SUSTITUIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO EL LIBRO DE BIOLOGIA PARA PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011

“Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presente.

El que suscribe Francisco Arroyo Vieyra,Senador de la República por el Estado de Guanajuato ante la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que Senado de la RepUblicaexhorta a la Secretaria de EducaciOn PUblica a que rinda un informe sobre el procedimiento de autorizaciOn y en base a quE criterios fue sustituido por la Secretaria de EducaciOn de Guanajuato el libro de BiologIa para primero de secundaria, esto con fundamento en los siguientes:

ANTECEDENTES

El gobierno del Estado de Guanajuato a través de su Secretaria de Educación estatal sustituyo el libro de biología para el primer año de secundaria que se venía utilizando en las secundarias del estado. El cambio según autoridades educativas estatales obedece a que el nuevo texto se basa en una educación sexual en el matrimonio y la abstinencia y asimismo modifica el contenido sobre la equidad de género, enfermedades sexuales y métodos anticonceptivos.

Al respecto cabe mencionar que hay antecedentes que la Secretaria de Educación de Guanajuato en el año de 2006 no había determinado que libro de texto sobre biología seria autorizado para el primer año de secundaria, cuyo contenido sobre sexualidad fue criticado en su momento por el entonces Alcalde de León Ricardo Alaniz al calificarlo como “una tragedia moral”.

El libro de texto gratuito correspondiente al ciclo escolar 2008-2009 que fue vetado por las autoridades educativas locales, define al machismo como una conducta que se trasmite socialmente y alienta a los hombres a tener varias parejas despreciando la dignidad de las mujeres, que son libres de estudiar, trabajar y ser independientes. Explica que desafortunadamente nuestra sociedad y las de muchas partes del mundo son patriarcales; es decir, dominadas por los hombres y que las mujeres han sido relegadas.

Incluía también que mitos y tabúes dificultan un sano desarrollo sexual de las personas y explica los cambios físicos de la pubertad, la producción de óvulos, espermatozoides, estrógenos, progesterona y testosterona, e incluía graficas de los aparatos reproductores femenino y masculino

Habla del uso de métodos anticonceptivos como píldoras, parches inyecciones, espermaticidas y el dispositivo intrauterino; además de los preservativos masculino y femenino, que también sirven para prevenir enfermedades de trasmisión sexual.

El nuevo libro editado por la Secretaria de Educación de Guanajuato incluye entre otros cambios, la reforma que se hizo a la Constitución de Guanajuato que define a la persona como todo ser humano desde su concepción hasta la muerte natural.

Al respecto el Secretario de Educación estatal refirió que las autoridades debieron hacer los ajustes pertinentes, el texto se enriqueció con una visión más humanista, pedagógica y didáctica para que los alumnos tengan una orientación más clara y muy precisa de la sexualidad.

El nuevo libro de biología advierte que hombres y mujeres deben sentir amor y no buscar el placer personal pues priva una visión parcial de la sexualidad, reducida al instinto.

La publicación trata de inhibir el uso de métodos anticonceptivos y enumera sus efectos negativos en la mujer. Dice que el único medio ciento por ciento garantizado para evitar el sida y otras enfermedades venéreas es esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales, y mantener la fidelidad conyugal.

También expone a los estudiantes que el coito sin compromiso afecta no sólo las relaciones con amigos y familia sino el rendimiento académico, mientras “la virginidad es un tesoro” que se debería entregar a la persona más importante de sus vidas.

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 establece entre otras cosas que:

La educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientara a esa educación se basara en los resultados del progreso científico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Lo que establece precisamente ese libro de texto editado por la Secretaria de Educación de Guanajuato es ignorancia, fanatismo y prejuicio. No podemos dejar que se establezcan este tipo de conductas que dañen a la juventud de nuestro país por que determinadas autoridades piensan que está mal enseñar un tema tan delicado como es la sexualidad en nuestros jóvenes.

Diversos profesores de secundarias en el estado de Guanajuato han manifestado que el giro en la educación sexual cuyo gobierno promueve el matrimonio y la abstinencia para prevenir embarazos y enfermedades venéreas puede empeorar lo que se trata de evitar. Cuando los adolecentes no tienen una buena educación sexual buscan en internet, en la calle, en la televisión o en donde pueden esa información,y si el nuevo libro elimina los conocimientos científicos expuestos conforme a normas internacionales, corren el riesgo de procrear y contraer enfermedades venéreas.

Es de reconsiderar que existan intereses políticos partidistas y hasta religiosos en las autoridades locales para influir en la educación que reciben los estudiantes de nivel primaria, secundaria y bachillerato.

Los hechos descritos nos obligan a profundizar en el tema y a revisar los planes de estudio y los textos que son aprobados por las autoridades educativas, que no pueden estar sujetos a discrecionalidades fanáticas de determinadas personas algo tan importante como es la educación de nuestra juventud, hay que abordar la educación desde una nueva perspectiva, despojándola de cualquier intento de manipulación ideológica o religiosa.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de EducaciónPública a que rinda un informe sobre el procedimiento de autorización y en base a qué criterios fue sustituido por la Secretaria de Educación de Guanajuato el libro de Biología para primer año de secundaria.

Segundo.- Se solicita a las comisiones de Educación de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión, emitan una opinión sobre el particular, y propicien una acercamiento con las autoridades educativas, a fin de revisar que los contenidos de las publicaciones en los libros de texto, se apeguen a los preceptos establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Francisco Arroyo Vieyra”.

De los Senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo y Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República realiza un extrañamiento al gobierno federal por su grave omisión durante el juicio penal de Zhenli Ye Gon en los Estados Unidos de América, y exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a agilizar el proceso de extradición del señor Ye Gon a nuestro país, a fin de que sea procesado y, en su caso, condenado por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero, el cual se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL POR SU GRAVE OMISION DURANTE EL JUICIO PENAL DE ZHENLI YE GON EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A AGILIZAR EL PROCESO DE EXTRADICION DEL SEÑOR YE GON A NUESTRO PAIS, A FIN DE QUE SEA PROCESADO Y, EN SU CASO, CONDENADO POR DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, CONTRA LA SALUD Y LAVADO DE DINERO

“Los suscritos Senadores Cleominio Zoreda Novelo y Fernando Castro Trenti, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Señores Legisladores:

Resulta una grave y penosa omisión que hasta ahora, el gobierno mexicano haya sido incapaz de aportar ante autoridades estadounidenses, las pruebas que confirmarían la participación del empresario mexicano de origen chino, el señor Zhenli Ye Gon, en delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero; siendo que según declaraciones de la Procuraduría General de la República, en el expediente de esta persona figura una sólida investigación sobre tráfico de enervantes, en particular del principal precursor para elaborar metanfetaminas, la efedrina.

Ha sido gracias a una actitud de negligencia, que raya en la complicidad, que hoy no sería una sorpresa que la justicia norteamericana deniegue a nuestro gobierno la extradición del empresario Zhenli Ye Gon; quien desde 2007 está acusado de diversos delitos en nuestro país y su caso fue materia de un estruendoso espectáculo mediático, el encarcelamiento de supuestos cómplices, una controversia nunca aclarada sobre el origen de su rápida naturalización como ciudadano mexicano, y un sospechoso viaje del actual secretario del Trabajo a las cortes estadounidenses.

Efectivamente, el pasado 28 de agosto de 2009, una Corte federal estadounidense desestimó de manera definitiva la acusación por tráfico de drogas y lavado de dinero en contra del señor Ye Gon. En esa misma audiencia, se programó otra para el día 14 de septiembre en la que se determinó el destino de los bienes incautados al señor Ye Gon en los Estados Unidos, entre los que se cuentan dinero y automóviles con una valor aproximado de 1.7 millones de dólares;

La corte federal decidió liberar los fondos del empresario mexicano, luego de rechazar la petición del Departamento de Justicia de dar oportunidad a otros países a que solicitaran los fondos o las propiedades, bajo el argumento principal de que ningún país, principalmente México, compartió pruebas o evidencias de las drogas decomisadas al señor Ye Gon; afirmando, finalmente, que México había desairado a los Estados Unidos de América.

Según relata la prensa internacional, el juez se mostró visiblemente molesto con los abogados del gobierno de los Estados Unidos, al momento en que desechaba el caso con prejuicio, lo cual significa que ningún gobierno podrá reclamar dichos bienes.

La fiscalía norteamericana fue incapaz de convencer al juez de la causa sobre la conveniencia de no liberar los fondos decomisados al empresario de origen chino. Sin embargo, en ningún caso esto es atribuible a una ineptitud por parte de la fiscalía norteamericana sino, más bien, a la grave omisión del gobierno de nuestro país, al no haber sido capaz de presentar una petición formal para la retención de estos fondos, a fin de reclamarlos posteriormente.

En suma, nos queda muy claro que el juez rechazó la petición de la fiscalía, por considerar que tras dos largos años de pretextos e incumplimientos, el gobierno de México no fue capaz de exhibir alguna prueba o testimonio sobre las presuntas actividades delictivas del señor Ye Gon, razón por la cual finalmente consideró conveniente desechar el caso.

Por si esto último no fuera suficiente, la resolución de la petición de extradición presentada por México, prevista para el día 17 de septiembre, fue pospuesta a petición del equipo legal del empresario, concretándose el juez en dicha audiencia a otorgar veinte días hábiles a la defensa del señor Ye Gon, a fin de que ésta pueda recabar información y presentar una moción a favor de su libertad y, en consecuencia, en contra de la petición de extradición que ha presentado el gobierno de México.

En tal virtud, es necesario que el gobierno mexicano, a través de laProcuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, agilice el proceso de extradición del señor Zhenli Ye Gon a nuestro país, a fin de que sea procesado, y en su caso condenado, por las autoridades mexicanas por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero

La posible exoneración del señor Ye Gon, sería un escandaloso precedente en el combate que el gobierno y la sociedad mexicana libran contra la delincuencia transnacional organizada, máxime que en este caso fueron involucrados altos funcionarios del gobierno federal.

¿Cuál es el mensaje que se envía a los cuerpos de seguridad pública y a las fuerzas armadas, que despliegan sus esfuerzos en la lucha cotidiana al crimen organizado?

¿De que sirven instrumentos jurídicos que el legislativo ha provisto para el combate a la delincuencia organizada, como es la “extinción de dominio”, si el gobierno se muestra sospechosamente negligente y parece no importarle el origen y destino de bienes cuyo valor supera ampliamente aquellos que ocasional y fortuitamente encuentra a su paso?

La referencia al caso Ahumada es obligada, porque también ahí el gobierno federal fue incapaz u omiso para presentar delitos federales ante el Gobierno de Cuba.

Urgen explicaciones del gobierno federal sobre los responsables de estas omisiones, que ponen en entredicho ante la comunidad nacional e internacional, el compromiso de México en el combate a la delincuencia organizada.

Con base en lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República realiza un severo extrañamiento al Gobierno Federal por su grave omisión durante el juicio penal del señor Zhenli Ye Gon en los Estados Unidos de América, en virtud de su exoneración de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero por parte de un Tribunal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que el Gobierno mexicano no presentó evidencia o testimonio alguno sobre las supuestas actividades delictivas de la persona citada.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, agilice el proceso de extradición del señor Zhenli Ye Gon a nuestro país, a fin de que sea procesado, y en su caso condenado, por las autoridades mexicanas, por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Cleominio Zoreda Novelo.- Sen. Fernando Castro Trenti”.

Ahora se concede el uso de la tribuna al Senador Angel Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes para que en las escuelas de nivel básico y medio superior se lleven a cabo jornadas sobre el ejercicio de la democracia.

- El C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores, compañeros todos:

No quiero dejar pasar la oportunidad para proponer este punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes para que en las escuelas hasta nivel básico como medio superior, se lleven a cabo las jornadas sobre el ejercicio a la democracia, como una contribución de nuestro país a la celebración del Día Internacional de la Democracia, ya que la ONU designó el día 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, y los mexicanos pues obviamente tenemos el Grito de Independencia, que lo tenemos que festejar obviamente mucho más por ser el Día Internacional de la Democracia, por lo tanto pido se inserte el texto íntegro del punto de Acuerdo en el Diario de los Debates y que quede la constancia de que pedimos a las autoridades competentes la promoción de este Día de la Democracia, pero sobre todo el ejercicio a la democracia y los valores democráticos que debemos de impulsar en México y que para el próximo año que se celebra el tercer año del Día Internacional de la Democracia, ojalá pudiéramos tener algunos eventos previos para no disminuir nuestro festejo del Grito de Independencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE EN LAS ESCUELAS, TANTO DE NIVEL BASICO COMO MEDIO SUPERIOR, SE LLEVEN A CABO JORNADAS SOBRE EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, COMO UNA CONTRIBUCION DE MEXICO A LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA

“Angel Alonso Díaz Caneja, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales en esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente, el presente punto de Acuerdo, atendiendo las siguientes:

CONSIDERACIONES

México se congratula en participar con la comunidad internacional para conmemorar el Día Internacional de la Democracia, asumiendo con ello su responsabilidad y compromiso de cooperar con los organismos internacionales a fin de considerar los principios democráticos en la solución de los problemas que aquejan al mundo, comola grave crisis económica y financiera global; la amenaza del crimen organizado transnacional, y el deterioro del medio ambiente, que han puesto en riesgo a las economías, el desarrollo y bienestar del conjunto de la humanidad; así como los procesos democráticos en diversas partes del mundo.

El gran reto que enfrenta la democracia, es que las consecuencias de la crisis económica mundial y del crimen organizado transnacional no afecten los niveles alcanzados en algunos países, donde puede resurgir la intolerancia provocando con ello la exclusión, discriminación y violencia. Por ello es imprescindible enaltecer los valores de la democracia como el pluralismo, la legalidad, la igualdad, la soberanía, la representación, la paz social, la diversidad, los derechos humanos y la tolerancia.

El artículo 1° de laDeclaración de Principios sobre la Tolerancia (1995) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señala que la tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la riqueza infinita de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos; la fomentan el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia.

Estos valores son parte fundamental del trabajo de la Unión Interparlamentaria, quien promueve una mayor participación de las mujeres y los grupos vulnerables en el proceso parlamentario y vigila los derechos y libertades de los parlamentarios en las democracias en las que sus libertades de acción y expresión están en riesgo.

Es importante mencionar que la Unión Interparlamentaria cuenta en su estructura con el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, órgano único en su clase que se reúne cuatro veces al año para analizar los casos concretos de las violaciones cometidas en contra de los representantes del pueblo y sus derechos fundamentales; realiza visitas in situ a fin de verificar la situación que guardan los derechos humanos y la democracia en los casos denunciados.

En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Democracia, la UIP eligió el tema “Democracia y Tolerancia Política” con el propósito de poner de manifiesto la importancia de crear una cultura de la tolerancia en la sociedad, y en la vida política en particular.

La tolerancia en todas sus formas es un componente deseable de la democracia, ya que permite la convivencia de los individuos aun cuando éstos expresan creencias, opiniones o preferencias distintas a las de la mayoría.

En su Declaración Universal sobre la Democracia (1997), la Organización Mundial de los parlamentos manifestó que en las sociedades tanto homogéneas como heterogéneas, las instituciones y los procesos democráticos deben favorecer la participación popular para proteger la diversidad, el pluralismo y el derecho a ser diferente en un clima de tolerancia.

De acuerdo con la UIP, la tolerancia política consiste en aceptar y respetar los derechos fundamentales y las libertades civiles de las personas y los grupos cuyas opiniones difieren de las nuestras; y es un componente fundamental para el funcionamiento de los parlamentos.

Las instituciones gubernamentales y los legisladores no se deben encontrar al margen de este valor democrático, sino todo lo contrario, pueden dar cabida a la pluralidad de ideas y el diálogo con la finalidad de dirimir las diferencias y los conflictos en el trabajo diario.

Los ciudadanostendrían que dar continuidad a esta celebración fortaleciendo los procesos democráticos a través de su participación en las elecciones, su afiliación a los partidos políticos; ejerciendo sus derechos como la libertad de expresión y credo.

Siendo la educación parte integral de la formación de los jóvenes, es imprescindible inculcarles los valores democráticos desde las aulas a fin de propiciar una mejor convivencia entre los ciudadanos, el respeto por los derechos humanos y una mayor tolerancia hacia los grupos vulnerables.

El Congreso de la Unión ha trabajado en esta gran tarea, realizando diversas actividades que involucran a la niñez en la vida política del país, como el Parlamento de los Niños para que desde temprana edad se familiaricen con este concepto y sus principios.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Seexhorta a las autoridades competentespara que en las escuelas tanto a nivel básico como medio superior se lleven a cabo jornadas sobre el ejercicio de la democracia, tomando en cuenta que la educación es un medio por el cual puede haber un mejor conocimiento y entendimiento de los problemas que aquejan a nuestras sociedades.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a los partidos políticos y los parlamentarios en general para que coadyuven a través de su trabajo en los procesos democráticos en un clima de tolerancia y respeto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Angel Alonso Díaz Caneja”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: A usted, Senador Alonso Díaz Caneja, y conforme a su solicitud se instruye a la Secretaría para que se incluya íntegra la versión de la proposición con punto de Acuerdo en el Diario de los Debates, y para sus efectos correspondientes túrnese a la Comisión de Educación.

Tiene el uso de la palabra el Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se constituya El Programa Emergente para la Producción de Alimentos.

- El C. Senador Arturo Herviz Reyes: Con su venia, señor Presidente.

Como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento, comparezco para presentar proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se constituya El Programa Emergente para la Producción de Alimentos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para el gobierno del licenciado Felipe Calderón, no es un problema de seguridad nacional la crisis alimentaria que se presentan en países con un alto nivel de pobreza como México, los precios de los productos básicos hoy son manipulados por los países ricos, algunos alimentos básicos han ido en aumento, aún cuando no existen indicios de un incremento de la demanda.

La crisis alimentaria fue anunciada por los legisladores que se opusieron a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, incluyera el Capítulo Agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los resultados están a la vista, hoy la mayoría de los productos básicos que comemos los mexicanos los importamos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Recientemente el Banco Mundialanunció que la crisis alimentaria provocó un incremento de 100 millones de pobres, diez millones de estos pobres son de países latinoamericanos, según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los organismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los gobiernos ricos, impusieron la industrialización de la agricultura con la liberación de los mercados que se rigen por la competencia y la especulación, destruyeron en los últimos 25 años las bases de la seguridad alimentaria de América Latina.

La crisis alimentaria se agudizará por el problema de la sequía que se presenta en diversas regiones del mundo, en México el 2009 es el primer aviso de este fenómeno producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos es el problema de la escasez del agua.

La sequía ha afectado en México aproximadamente 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 850 mil están comenzando a recibir apoyos del gobierno federal, 329 mil fueron decretadas como pérdida total, los principales productos afectados por la falta de lluvias son: maíz, 500 mil hectáreas; sorgo, 250 mil hectáreas; trigo, 40 mil hectáreas; y fríjol, 50 mil hectáreas.

Hoy la alimentación de los mexicanos depende de las empresas transnacionales como: Cargill y Monsato, organismos que imponen y manipulan el mercado interno de los productos básicos; teniendo como aliados a las empresas mexicanas productoras de alimentos como: Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, entre otros.

El gobierno del licenciado Calderón debe de investigar a estos consorcios empresariales que manipulan y especulan en el mercado interno y los precios internacionales de los alimentos, esto es resultado del desmantelamiento de las agencias y empresas como Conasupo, la liberación de los precios de los alimentos en México ha provocado que la pobreza se incremente y que empresas como Cargill, Monsato, Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, entre otras, incrementen sus millonarias ganancias.

Por todo esto, el Estado mexicano deberá de declarar como un problema de seguridad nacional la crisis alimentaria e incluir en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, recursos suficientes para reactivar el mercado interno y la producción de los alimentos.

Si el gobierno federal anuncia en sus discursos que defiende a los más pobres, deberá de aplicar los criterios de las políticas económicas keynesianas, para proteger la alimentación de los mexicanos. Para garantizar la producción y el consumo de los productos del campo se tiene que establecer los precios de garantía.

En otras palabras, tenemos que aplicar subsidios a los productores del campo mexicano, para que la producción garantice el consumo interno de los alimentos, El Programa Emergente para la Producción de Alimentos, tiene como principio fundamental, alimentar a más mexicanos en el futuro, evitar que la sequía y la escasez del agua provoquen desabasto o hambruna.

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 2010, se tiene que establecer la partida presupuestal para la creación del Programa Emergente para la Producción de Alimentos y garantizar que la manipulación de los productos básicos no provoquen más pobreza en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo.

UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se constituya El Programa Emergente para la Producción de Alimentos.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION PARA QUE SE CONSTITUYA EL PROGRAMA EMERGENTE PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

“El suscrito, ARTURO HERVIZ REYES, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que se constituya El Programa Emergente para la Producción de Alimentos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no es un problema de seguridad nacional la crisis alimentaria que se presentan en países con un alto nivel de pobreza como México, los precios de los productos básicos hoy son manipulados por los países ricos, algunos alimentos básicos han ido en aumento, aún cuando no existen indicios de un incremento de la demanda.

Esta crisis alimentaria fue anunciada por los legisladores que se opusieron a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, incluyera el Capítulo Agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los resultados están a la vista, hoy la mayoría de los productos básicos que comemos los mexicanos los importamos de los Estados Unidos de Norteamérica.

Recientemente el Banco Mundial (BM) anunció que la crisis alimentaria provocó un incremento de 100 millones de pobres, diez millones de estos pobres son de países latinoamericanos, según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los organismos como el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la mayoría de los gobiernos ricos, impusieron la industrialización de la agricultura con la liberación de los mercados que se rigen por la competencia y la especulación, destruyeron en los últimos 25 años las bases de la seguridad alimentaria de América Latina.

La crisis alimentaria se agudizará por el problema de la sequia que se presenta en diversas regiones del mundo, en México el 2009 es el primer aviso de este fenómeno producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos es el problema de la escasez del agua.

La sequía ha afectado en México aproximadamente 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 850 millones están comenzando a recibir apoyos del gobierno federal, 329 mil fueron decretadas como pérdida total, los principales productos afectados por la falta de lluvias son: maíz con 500 mil hectáreas, sorgo 250 mil hectáreas, trigo 40 mil hectáreas y frijol 50 mil hectáreas.

Hoy la alimentación de los mexicanos depende de las empresas transnacionales como: CARGILL y MONSATO, organismo que imponen y manipulan el mercado interno de los productos básicos, teniendo como aliados a las empresas mexicanas productoras de alimentos como: BIMBO, MASECA, MINSA, ADN, entre otras.

El gobierno de Felipe Calderón debe de investigar a estos consorcios empresariales que manipulan y especulan el mercado interno y los precios internacionales de los alimentos, esto es resultado del desmantelamiento de las agencias y empresas como CONASUPO, la liberación de los precios de los alimentos en México ha provocado que la pobreza se incremente y que empresas como: CARGILL, MONSATO, BIMBO, MASECA, MINSA, ADN, entre otras incrementen sus millonarias ganancias.

Por todo esto el Estado Mexicano deberá de declarar como un problema de seguridad nacional la crisis alimentaria e incluir en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, recursos suficientes para reactivar el mercado interno en la producción de los alimentos.

Si el gobierno federal anuncia en sus discursos que defiende a los más pobres, deberá de aplicar los criterios de las políticas económicas keynesianas, para proteger la alimentación de los mexicanos. Para garantizar la producción y el consumo de los productos del campo se tiene que establecer los precios de garantía.

En otras palabras tenemos que aplicar subsidios a los productores del campo mexicano, para que la producción garantice el consumo interno de los alimentos, El Programa Emergente para la Producción de Alimentos, tiene como principio fundamental alimentar a más mexicanos en el futuro, evitar que la sequia y escases del agua provoquen desabasto o hambruna.

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 2010, se tiene que establecer la partida presupuestal para la creación del Programa Emergente para la Producción de Alimentos y garantizar que la manipulación de los productos básicos no provoquen más pobreza en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que se constituya El Programa Emergente para la Producción de Alimentos.

Muchas gracias

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Arturo Herviz Reyes”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Herviz Reyes. Los Senadores Velázquez López, Mejía, Garibay García, Jiménez Macías, Toledo Infanzón y Dante Delgado, solicitan su anuencia para suscribir el punto de Acuerdo, por favor que la Secretaría tome nota de los demás Senadores que suscriben el punto de Acuerdo. Y túrnese a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta informar sobre las negociaciones de los acuerdos internacionales entre México, Estados Unidos y Cuba, para proteger los yacimientos petroleros y de gas natural en la zona del Polígono Oriental del Golfo de México.

- El C. Senador Carlos Jiménez Macías: Gracias, señor Presidente, con su venia; señoras y señores Senadores:

En noviembre de 2000, la LVIII Legislatura del Senado de la República, ratificó el tratado entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas.

Este instrumento internacional establece los límites territoriales para el uso y aprovechamiento de la zona del Golfo de México, conocido como Polígono Occidental.

Sin embargo, en el resto de la frontera marítima con Estados Unidos de América y Cuba, en lo que se conoce como Polígono Occidental y el Cinturón Plegado Perdido, no existe ningún tratado que nos proteja de una indebida extracción unilateral de hidrocarburos.

Después de un largo tiempo, a casi 10 años de la ratificación del Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, la delimitación de las fronteras marítimas que comparte en el Polígono Oriental del Golfo de México con Cuba y Estados Unidos, con los que ya negocia acuerdos bilaterales para la protección de yacimientos petroleros y de gas natural que pudieran encontrarse en la zona.

Lo anterior debido a que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, aceptó la reivindicación mexicana para ampliar su Plataforma Continental más allá de las 200 millas marítimas en un Polígono Occidental ubicado en la parte occidental del Golfo.

Esta medida, a mi juicio, es tardía. La protección de la riqueza petrolera nacional es un elemento vital y estratégico para el desarrollo de nuestro país. Dado que empresas extranjeras ya se encuentran perforando pozos e invirtiendo en la extracción de petróleo en zonas muy cercanas a nuestra frontera con Estados Unidos de América, es fundamental brindar una adecuada protección de los posibles recursos naturales que se encuentran en estas zonas.

Al respecto, quiero señalar que el 1° de abril de 2008, la Senadora Rosario Green presentó un punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal a emprender diversas acciones destinadas a concluir el trazo de su frontera marítima en el Golfo de México y, al mismo tiempo, a proteger a todo lo largo de la línea fronteriza con Cuba y Estados Unidos, los intereses de nuestra nación -decía ella en los resolutivos- a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que pueden estar localizados en el fondo marino a través de dicha demarcación, ya que se estimaba como probable que en el área identificada como Polígono Oriental también existían yacimientos de petróleo y gas natural.

Es cierto que las acciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores merecen reconocimiento, pero si partimos de este punto de Acuerdo de la Senadora Green, la verdad es que se han tardado demasiado. Sin embargo debemos ser claros, en los últimos 10 años la Administración Pública ha carecido de una efectiva y eficiente planeación estratégica, de una mala ejecución en sus políticas y proyectos y de una deficiente continuidad al desarrollo de esos proyectos.

Por estas razones, señoras y señores Senadores, considero que esta Soberanía debe ser informada sobre este amplio proceso negociador, debido a que se será aquí en el Senado de la República, en donde habremos de ratificar estas acciones llevadas a cabo por la cancillería.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

UNICO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a la mayor brevedad informe a esta Soberanía sobre las negociaciones de los acuerdos internacionales entre México, Estados Unidos y Cuba para proteger los yacimientos petroleros y de gas natural en la zona del Polígono Oriental del Golfo de México.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LAS NEGOCIACIONES DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES ENTRE MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CUBA PARA PROTEGER LOS YACIMIENTOS PETROLEROS Y DE GAS NATURAL EN LA ZONA DEL POLIGONO ORIENTAL DEL GOLFO DE MEXICO

“H. ASAMBLEA:

El que suscribe, Carlos Jiménez Macías, Senador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En noviembre de 2000, la LVIII Legislatura del Senado de la República ratificó el “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México mas allá de las 200 millas náuticas”.

Este instrumento internacional establece los límites territoriales para el uso y aprovechamiento de la zona del Golfo del México, conocido como polígono occidental.

Sin embargo, en el resto de la frontera marítima con Estados Unidos de América y Cuba, en lo que se conoce como Polígono Occidental y el Cinturón Plegado Perdido, no existe ningún tratado que nos proteja de una indebida extracción unilateral de hidrocarburos.

Después de un largo tiempo, a casi 10 años de la ratificación del “Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas” la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas la delimitación de las fronteras marítimas que comparte en el Polígono Oriental del Golfo de México con Cuba y Estados Unidos, con los que ya negocia acuerdos bilaterales para la protección de yacimientos petroleros y de gas natural que pudieran encontrarse en la zona.

Lo anterior, debido a que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental aceptó la reivindicación mexicana para ampliar su plataforma continental más allá de 200 millas marítimas en un polígono ubicado en la parte occidental del Golfo, conocido como Hoyo de Dona, el Subgrupo de Gestiones Diplomáticas y Plataforma Continental Extendida bajo coordinación de la cancillería, alista la presentación ante la ONU de argumentos para delimitar la plataforma continental en el polígono oriental, región en la que se presumen derechos de México, EU y Cuba.

Esta medida a mi juicio, es tardía. La protección de la riqueza petrolera nacional es un elemento vital y estratégico para el desarrollo de nuestro país. Dado que empresas extranjeras ya se encuentran perforando pozos e invirtiendo en la extracción de petróleo en zonas muy cercanas a nuestra frontera con Estados Unidos de América, es fundamental brindar una adecuada protección de los posibles recursos naturales que se encuentren en estas zonas.

Al respecto, debo señalar que el 1º de abril de 2008, la Senadora Rosario Green presentó un punto de Acuerdo, por el que se exhortó al Ejecutivo Federal a emprender diversas acciones destinadas a concluir el trazo de su frontera marítima en el Golfo de México y, al mismo tiempo, a proteger, a todo lo largo de la línea fronteriza con Cuba y Estados Unidos, los intereses de nuestra nación en lo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que puedan estar localizados en el fondo marino a través de dicha demarcación, ya que se estimaba como probable que en el área identificada como Polígono Oriental también existían yacimientos de petróleo y gas natural.

Es cierto que las acciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores merecen reconocimiento, sin embargo debemos ser claros, en los últimos 10 años la Administración Pública ha carecido de una efectiva y eficiente planeación estratégica, de una mala ejecución en sus políticas y proyectos y de una deficiente continuidad al desarrollo de los proyectos.

Por estas razones, considero que esta Soberanía debe ser informada sobre este amplio proceso negociador, debido a que el Senado de la República es quien ratificará estas acciones llevadas a cabo por la SRE.

Por lo expuesto me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía sobre las negociaciones de los acuerdos internacionales entre México, Estados Unidos y Cuba para proteger los yacimientos petroleros y de gas natural en la zona del Polígono Oriental del Golfo de México.

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Jiménez Macías”.

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Garibay, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Para solicitar al proponente si acepta que suscriba yo también el punto de Acuerdo.

- El C. Senador Carlos Jiménez Macías: Con muchísimo gusto.

- El C. Senador Jesús Garibay García: (Desde su escaño) Gracias, Senador.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senadora Green Macías, Senadora Fonz Sáenz, por favor que la Secretaría tome nota, el Senador Jara Cruz, el Senador Renán Cleominio…

Túrnese a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió de la Senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal, a honrar con una escultura alusiva la memoria de las mujeres que participaron en la Independencia y en la Revolución, el cual se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Equidad y Género para sus efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION, SE HONRE CON UNA ESCULTURA ALUSIVA LA MEMORIA DE LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN DICHOS PROCESOS

“La suscrita, Senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nadie puede dudar del papel fundamental de la mujer en todos los aspectos de la vida de México. Sin embargo, tal reconocimiento frecuentemente se resuelve en conmemoraciones protocolarias y en el apartado de efemérides; pareciera que a la mujer se le reduce a ser la sombre del hombre, como si la frase “detrás de un gran hombre hay una gran mujer” fuera el premio de consolación para quien es limitada a tener un papel de reparto donde el protagónico le corresponde al hombre.

En efecto, la mujer ha tenido que conformarse con un honroso anonimato y, en el mejor caso, con verse representada por unas cuantas mujeres que de manera extraordinaria han logrado “colarse” en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

De la independencia nos quedan los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, La “Güera” Rodríguez y Gertrudis Bocanegra; de la Revolución las Hermanas Serdán y La Soldadera (tal vez la imaginaria Adelita); la profunda desmemoria, la imperdonable omisión de nombres y proezas nos conduce a la ignorancia prácticamente absoluta de quienes han sido las mujeres que han forjado nuestra Nación.

Por ello, se hace necesario reparar la injusticia; una manera de hacerlo sería crear un monumento en el que se vayan inscribiendo los nombres de nuestras grandes mujeres, como un gesto digno de recuperación de la memoria histórica; el lugar para ese monumento: el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, pues si ahí se honra a los héroes de uno de los períodos de mayor importancia y trascendencia para nuestra vida como Nación, ¿por qué no abrirle un espacio a nuestras heroína, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución? ¿Por qué no celebrar anualmente el Día Internacional de la Mujer con la incorporación de nuevos nombres, avalados por historiadores expertos en la vida de México y sus mujeres?

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, LXI Legislatura, resuelve exhortar al titular del Gobierno del Distrito Federal, para que con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se honre con una escultura alusiva la memoria de las mujeres que participaron en dichos procesos.

Dado en la sede del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui”.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo sobre los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

En estos días, la Comisión Organizadora para el Festejo del Segundo Centenario de la Independencia y el Primer Centenario de la Revolución, han elaborado un catálogo de festejos para conmemorar estas fechas históricas que han dado a nuestra patria independencia y han forjado un país autónomo.

Estos festejos se coronan en el 2010 con dos eventos centrales, según la información de la propia comisión encargada de la celebración de estos festejos.

Dos festejos centrales, uno con motivo del Segundo Centenario o el Bicentenario en el 15 de septiembre y el otro el 20 de noviembre, ambos del 2010.

Aparte de los casi 600 eventos que se celebrarán a lo largo del año, con festividades, inauguraciones y otro tipo de celebraciones cívicas.

Sin embargo, para estos dos festejos centrales paradójicamente se ha contratado a una empresa extranjera, dos empresas extranjeras, una australiana y una norteamericana. La australiana es la que se ha encargado de las últimas cuatro Olimpiadas en su evento de inauguración. Es una empresa australiana que en Sydney cobró la cantidad de casi 50 millones de dólares. Y en Beijing, en el 2008, la erogación por la apertura de las Olimpiadas fue de casi 100 millones de dólares.

Eso es lo que creemos nosotros le va a costar al país por un evento de cuatro horas aproximadamente del 15 de septiembre, 100 millones de dólares, más otro evento el 20 de noviembre de otros 100 millones de dólares. Es decir, estos dos eventos costarán cerca de los 200 millones de dólares, más de 2 mil 500 millones de pesos por una fastuosa fiesta oropelesca, una fiesta insultante de cuatro horas: artistas, fuegos artificiales. Cuando pudiéramos ahorrarnos una gran cantidad de recursos yendo solamente con los compañeros de Tultitlán que son expertos en juegos pirotécnicos.

Pero además me parece que es equivocado este tipo de celebraciones. Por eso mi punto de Acuerdo es rechazar y que se cancele este tipo de gastos onerosos en un momento tan difícil para el país de la peor crisis económica en la que nos encontramos.

Yo no digo cancelar la celebración y el recordatorio del Bicentenario y de la Revolución, hay que hacerlo en fiestas cívicas, en fiestas de reflexión, en fiestas populares austeras, en las escuelas, en las plazas cívicas, en las plazas públicas. Debemos recordarlo como una serie de reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos.

Por eso el punto de Acuerdo es solicitar la cancelación y reorientar esos recursos a temas como el de la adquisición de vacunas contra la influenza o bien destinarlo a gasto social. Este es un tema muy delicado.

Recuerden y recordemos todos que Porfirio Díaz en 1910 celebró el Primer Centenario de la Guerra de Independencia con una fiesta oropelesca, fastuosa.

Desde el 1° de septiembre hubo fiestas, brindis, festejos, inauguraciones. Todos los días desde el 1° de septiembre una gran fastuosidad.

El 15 de septiembre se inaugura, o se da por concluido, el Angel de la Independencia con la presencia de embajadores de todo el mundo y una fiesta enorme de fastuosidad y de verdadero insulto a la pobreza de México.

A los dos meses estalló la Revolución Mexicana y a los ocho meses, el 25 de mayo de 1911, el dictador Porfirio Díaz presentó su renuncia y salió del país.

Ese es el tema de fondo. Porfirio Díaz quería mostrarle al mundo un México que no existe. Porfirio Díaz quería mostrarle al mundo que México tenía avances significativos, progreso, paz, estabilidad. Fue equivocado.

Por cierto el 15 de septiembre, el día del cumpleaños del dictador, fue enorme la fiesta de simulación. Y repito, a los ocho meses después Porfirio Díaz estaba renunciando a la Presidencia de la República.

Por esa razón nosotros planteamos con toda seriedad y con toda responsabilidad no se erogue esta cantidad enorme de recursos. Es una paradoja que para celebrar nuestra Independencia y nuestra Revolución se esté contratando a empresas extrajeras que con 200 millones de dólares dejarán diez millones si acaso para quienes verdaderamente harán el espectáculo, subcontratarán talentos mexicanos, cuando pudiera hacerse de manera directa.

Por esa razón solicito a la Presidencia turnarlo a la Comisión para su análisis y su resolución, y posteriormente turnarla al Pleno.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

“En estos días, la Comisión Organizadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución del Gobierno Federal dará a conocer de manera oficial su programa oficial de eventos para el próximo año, sin embargo, por diversos despachos informativos se ha informado de la preparación de un evento central, que tiene la pretensión de abrir y cerrar estos festejos con un diseño escénico similar al de unos juegos olímpicos. Es decir, con luces, fuegos artificiales, desfiles y participación de grupos musicales.

Un espectáculo de apertura y cierre de una olimpiada, como las que organiza la empresa australiana que se pretende contratar, ronda entre los 50 y 100 millones de dólares cada evento. Sólo la ceremonia de Apertura de la Olimpiada de Beijing 2008 costó 100 millones de dólares, mientras que la de Sydney 2000 costó 42 millones de dólares. Estos son los parámetros de costo, entre una ceremonia fastuosa y una “austera”, por decirlo de alguna forma.

Si consideramos los parámetros más bajos y contemplamos que en México deberán celebrarse dos ceremonias similares, una el 15 de septiembre y otra el 20 de noviembre, se estarían erogando por ambos eventos una suma no menor a los 85 millones de dólares; es decir, una cantidad aproximada a los mil 130 millones de pesos, con la paridad al día de hoy. Eso sin tomar en cuenta dos festejos que se pretenden celebrar en territorio extranjero.

La pregunta que hago es: ¿Está el país para un festejo de este tipo, en medio de la crisis económica más severa del último siglo?

Es una pregunta de forma y de fondo.

En los aspectos de forma, debemos responder las siguientes interrogantes: ¿tiene sentido gastar cientos de millones de pesos en ceremonias efímeras que duran un promedio de cuatro horas? ¿Es necesario importar productores de espectáculos para festinar la Independencia, cuando en el país existe talento nacional para este tipo de producciones? (los coheteros de Tultitlán son exportadores de juegos y espectáculos pirotécnicos) ¿Por qué celebrar los dos eventos más importantes de nuestra historia con el formato porfiriano de un espectáculo oropelesco y de entretenimiento masivo, en lugar de un formato de conmemoración histórica, ciudadana y popular?

Recordemos que Porfirio Díaz organizó en 1810 el festejo del primer centenario de la Independencia, con un formato espectacular y olímpico para aquella época. Cada día del mes de septiembre de aquel año hubo fiesta, inauguraciones, brindis y oropel. Especialmente el 15 de septiembre, día del cumpleaños del Dictador, cuando se inauguró el Ángel de la Independencia. Hubo mandatarios y embajadores de todas partes del planeta. Se quería dar la imagen al mundo de que México era moderno, de que disfrutaba de paz, estabilidad y progreso. Dos meses después estallaba la Revolución Mexicana y ocho meses después de aquellos festejos, el 25 de mayo del 1911,Porfirio Díaz presentaba su renuncia.

En los aspectos de fondo, las preguntas son: ¿hay algo qué festejar en materia de independencia, democracia y justicia social, las banderas centrales de 1810 y 1910? Por ejemplo: ¿Somos más independientes hoy que hace 200 años en materia económica y comercial? ¿Somos una nación más justa y menos desigual que hace 100 años, con la mitad del cuerpo social sumido en algún grado de pobreza?

Tenemos mucho que conmemorar en términos de reflexión, recuerdos y fiesta cívica y popular. Pero no hay nada que festejar en términos porfirianos, oropelescos y olímpicos.

El presupuesto de 60 millones con que cuenta la Comisión Organizadora podría bien destinarse en productores mexicanos para la conmemoración de estas dos fechas, toda vez que la empresa extranjera subcontratará a personal, artistas, productores e historiadores mexicanos, por lo que lo mejor sería evitar el gasto y hacerlo de forma directa.

Todas estas festividades en el marco de la presentación del paquete económico 2010, con impuestos nuevos, y recortes de risa en el gasto corriente del gobierno federal. ¿Cómo explicarle a la gente que necesitamos que pague mas para organizar unas fiestas?, no podemos cometer esta injusticia con el pueblo.

Por ello, lo más conveniente sería cancelar estos festejos que prepara el gobierno federal con un formato olímpico y un gasto dispendioso e insultante para la situación económica del país y para la mayoría de las familias mexicanas. En su lugar, deberían realizarse festejos conmemorativos de la Independencia y la Revolución Mexicana con formatos más republicanos, austeros y con mayor participación ciudadana y popular.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal, para que se cancelen los festejos con erogaciones presupuestales descomunales, y se celebren celebraciones republicanas, austeras y con mayor participación de la ciudadanía.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de Septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Ricardo Monreal Avila”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los procesos de subasta pública que han sido celebrados en 2009 por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mismo que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE SUBASTA PUBLICA QUE HAN SIDO CELEBRADAS EN EL PRESENTE AÑO DE 2009, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

El suscrito, C. Carlos Jiménez Macías, Senador de la República en la LXI Legislatura por el Estado de San Luis Potosí, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe de manera detallada a esta Soberanía sobre los procesos de subasta pública que han sido celebradas en el presente año de 2009, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De manera regular, la gestión de bienes públicos que tiene a su cargo el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), representa una función relevante para las finanzas públicas y la promoción del desarrollo económico y social; esta responsabilidad tiene un valor aún mayor en la presente coyuntura de crisis económica y fiscal.

De ahí que sean motivo de preocupación de integrantes del GPPRI, los procesos de subasta pública realizados en lo que va del presente año por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Nuestra inquietud con respecto al proceso de subasta celebrado el 31 de marzo y 1º de abril pasado, como el correspondiente al 3 y 4 de septiembre, tiene dos vertientes principales.

Primero, conocer a cabalidad el origen de los bienes subastados, en particular porque al parecer se trata de bienes incautados al crimen organizado, en su modalidad de actividades de narcotráfico y contrabando de mercancías. Lo cual incide en la percepción pública sobre la eficacia y contundencia de la estrategia de combate al crimen transnacional organizado, y el manejo transparente por parte del SAE de los recursos incautados por las autoridades públicas.

Segundo, el destino y uso de de los recursos financieros obtenidos por el SAE debe ser esclarecido de manera expedita; pues aunque queda clara la responsabilidad de canalizarlos a la Tesorería de la Federación, como lo establece la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, aún queda la preocupación pública por conocer el monto del gasto incurrido por el SAE en la administración de los bienes subastados, antes y después de este proceso, así como los términos y temporalidad del proceso de transferencia del ingreso financiero obtenido a la Tesorería de la Federación.

En ambos casos, nuestra preocupación no es gratuita y tiene su origen en la falta de transparencia con que se ha manejado la administración de los bienes incautados al crimen organizado, por parte de las distintas instancias públicas involucradas en el proceso que va del decomiso a la subasta, de una impresionante variedad de bienes muebles e inmuebles.

En realidad, esta no es una inquietud novedosa por parte de esta soberanía y de la opinión pública, y así lo ratifican algunas proposiciones con punto de acuerdo presentadas al menos desde 2007, en las que se expresaba la preocupación por los lineamientos sobre donación de bienes, los bienes transferidos por el SAE, el fondo generado por los bienes administrados por el SAE, los remanentes de las operaciones de enajenación y los servicios prestados a particulares, entre otros aspectos derivados de la ampliación de facultades al SAE, a partir de las reformas a la ley respectiva del 23 de febrero de 2005.

Debemos advertir que, a partir de entonces, una visita a la página electrónica del SAE permite advertir avances en la transparencia y rendición de cuentas de las finanzas de este organismo descentralizado. Sin embargo, la información es aún muy escueta y poco específica: una página escasa, de informe financiero y presupuestal por periodo.

Lo cual despierta inquietud, especialmente ahora que se difunde que las subastas públicas celebradas en este año han arrojado ingresos extraordinarios por un monto de 83 millones en la primer subasta y 105 millones en la realizada en días pasados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe de manera detallada a esta Soberanía sobre los procesos de subasta pública que han sido celebradas en el presente año de 2009, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Salón de sesiones del senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Jiménez Macías”.

Se concede la palabra a la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, quien presenta punto de Acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Federal de Electricidad informen sobre la justificación financiera y los beneficios económicos que traerá al país la licitación de la red de fibra óptica oscura.

- La C. Senadora María Elena Orantes López: Gracias, señor Presidente.

El gobierno federal anunció que licitará la red de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad para los servicios de telecomunicaciones, con la cual se creará la tercera red nacional en el país para el transporte de voz, datos y video.

Con la participación de concesionarios en esta red, se busca crear una nueva columna vertebral que podrá transformar al sector de telecomunicaciones y acelerará a la competencia de este rubro.

Actualmente, existen dos redes nacionales para los servicios de telecomunicación: la de Teléfonos en México y la conformada por los operadores de cable.

Sin embargo, los operadores dependen principalmente de la red nacional, con la que consistentemente han tenido conflictos por las tarifas de acceso a su red, por lo que desde hace un par de años habían solicitado al gobierno la apertura de una red de la CFE para poder generar una alternativa que pueda introducir de manera más competitiva al mercado de las telecomunicaciones.

La Comisión Federal de Electricidad es la encargada de establecer las condiciones técnicas para poder instalar, operar y dar mantenimiento a los equipos de la red para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

Esta red troncal de 21 mil 400 kilómetros de fibra óptica que está tendida a lo largo del país, permitirá mejorar los servicios de telecomunicaciones para la población y poder bajar los costos de los mismos.

Para ello, se instalarán puntos de acceso a la red, denominados hoteles de telecomunicaciones, que es donde se ponen los equipos para que los operadores puedan interconectarse, y el generador de la concesión será el que transporte esas comunicaciones y puedan cobrar un proceso.

Con ello, es previsible que puedan existir más operadores de redes locales que aprovecharán esta infraestructura para poder ofrecer los servicios telefónicos y de banda ancha, con tarifas más accesibles en las diferentes regiones del país donde los costos actuales han sido demasiado altos para los usuarios finales.

Con el uso de esta red troncal de la Comisión Federal de Electricidad será posible ofrecer velocidades de 10 Mbps, lo cual es similar a lo que en otros países que son socios comerciales de México y que han logrado importantes avances en esta materia de comunicaciones y reducciones económicas importantes.

Es claro que nuestro país requiere de una industria de telecomunicaciones ordenada y debidamente regulada, que permita una competencia, que puedan hacer uso los proveedores de sus servicios con un objetivo único de beneficiar al ciudadano y al consumidor.

Por todo lo anterior expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- El Senado de la Repúblicasolicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Electricidad, informen a esta Soberanía sobre la justificación financiera y los beneficios económicos que traerá al país, la licitación de una fibra óptica oscura de la propia Comisión Federal de Electricidad, para poder brindar servicios de telecomunicaciones, con lo cual se creará la tercera red nacional en el país para el transporte de voz, datos y video.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INFORMEN SOBRE LA JUSTIFICACION FINANCIERA Y LOS BENEFICIOS ECONOMICOS QUE TRAERA AL PAIS, LA LICITACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA OSCURA

“La suscrita, Senadora MarIa Elena Orantes LOpez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdocon base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

El Gobierno federal anunció que licitará la red de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para servicios de telecomunicaciones, con lo cual se creará la tercera red nacional en el país para el transporte de voz, datos y video.

Con la participación de concesionarios en esta red, se busca crear una nueva columna vertebral que transformará al sector de las telecomunicaciones y acelerará la competencia en este rubro.

Actualmente, existen dos redes nacionales para servicios de telecomunicaciones: La de Teléfonos de México (Telmex) y la conformada por los operadores de cable.

Sin embargo, los operadores dependen principalmente de la red de Telmex, con la que consistentemente han tenido conflictos por las tarifas de acceso a su red, por lo que desde hace un par de años habían solicitado al gobierno la apertura de la red de la CFE para tener una alternativa que pudiera introducirlos de manera más competitiva al mercado de las telecomunicaciones.

La CFE es la encargada de establecer las condiciones técnicas para instalar, operar y dar mantenimiento a los equipos de la red para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.

La red troncal de 21 mil 400 kilómetros de fibra óptica que está tendida a lo largo del país, permitirá mejorar los servicios de telecomunicaciones para la población y bajar los costos de los mismos.

Ahora bien, la red troncal de la CFE no contempla el acceso de última milla, que es la conexión o la parte de la red que llega a las casas o empresas, por lo que el gobierno federal realizará la licitación del espectro radioeléctrico de manera paralela, con la idea de que los operadores cuenten con una infraestructura que les permita llegar hasta el consumidor.

Para ello, se instalarán puntos de acceso a la red, denominados hoteles de telecomunicaciones, que es donde se ponen los equipos para que los operadores se interconecten, y el ganador de la concesión será el que transporte esas comunicaciones y cobre por ese proceso.

Con ello, es previsible que existan más operadores de redes locales que aprovecharán esta infraestructura para ofrecer servicios de telefonía y banda ancha, con tarifas asequibles en diferentes regiones del país donde los costos actuales son demasiado altos para los usuarios finales.

Con el uso de la red troncal de la CFE será posible ofrecer velocidades de 10 Mbps, la cual es similar a la que ya existe en países que son socios comerciales de México y que han logrado importantes avances en materia de telecomunicaciones.

Es claro que nuestro país requiere de una industria de telecomunicaciones ordenada y debidamente regulada, que permita una competencia sana entre los proveedores de servicios con el objetivo único de beneficiar al ciudadano consumidor.

Sin embargo, es importante que el Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los beneficios y las posibles repercusiones que pudiera traer una licitación de estas características sobre el mercado de las telecomunicaciones, así como las consecuencias que generará sobre un bien público de la Nación.

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someto a la consideración de la Honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la Repúblicasolicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informen a esta Soberanía sobre la justificación financiera y los beneficios económicos que traerá al país, la licitación de la red de fibra óptica oscura de la propia Comisión Federal de Electricidad, para brindar servicios de telecomunicaciones, con lo cual se creará la tercera red nacional en el país para el transporte de voz, datos y video.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senadora Orantes López. Y se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para sus efectos correspondientes.

Se concede la palabra a la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a convenir en imponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano.

- La C. Senadora Lazara Nelly González Aguilar: Compañeras y compañeros Senadores:

En días recientes el gobierno de Canadá comenzó la aplicación de visas a los mexicanos que deseen visitar ese país del norte, procedimiento que se suma a la visa estadounidense que históricamente ha significado para los mexicanos un trámite engorroso y caro debido a su costo, el cual no se reembolsa si es negada la visa, lo que le significa una fuente de ingresos al gobierno norteamericano por este concepto.

Por lo que es necesario que en esta materia de la política exterior busquemos más equidad en el trato de estos flujos migratorios. Sabemos que las relaciones internacionales del Estado Mexicano con el resto del mundo generan una gran diversidad y complejidad de asunto, lo que obliga a generar mecanismos de conducción diplomática por parte del gobierno mexicano que logren responder a los desafíos en materia de política exterior que se presentan día con día.

Es importante destacar que el mayor flujo por divisas del sector turismo lo generan precisamente los canadienses y estadounidenses. Por tanto, es pertinente generar un equilibrio que permita la existencia del cobro de una visa o cuota equitativa que conciba el respeto entre todos los países y de tal forma que genere un mecanismo ágil que no dificulte la entrada de turistas a nuestros destinos nacionales.

Por lo que propongo que la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores convengan imponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano. Este mecanismo será que a ningún turista extranjero se le niegue el acceso al país siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige la normatividad, y verifique el pago por los derechos correspondientes al otorgamiento, ya sea de visa si su país es de los que deben hacer este trámite, o bien, permiso de turista para los casos en que su país de origen no le sea exigida la visa, para lo cual en cada aeropuerto internacional y puertos de arribo se colocará una caja de cobro por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación a efecto de que se realice este pago de manera expedita por parte de los turistas.

El pago que deberán realizar los turistas será el que establezca el tabulador que para tal efecto elaboren de común acuerdo la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, el cual contendrá los cálculos que resulten equivalentes o proporcionales al pago que el país de origen exija a los mexicanos por ingresar a dicho territorio.

Los recursos económicos que ingresen por este cobro serían destinados a financiar la promoción y el turismo en México.

Al incorporar esta cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa, las relaciones del Estado mexicano se sitúan en un plano de paridad frente al resto de la comunidad internacional, lo cual generará un mayor respeto a la dignidad de los ciudadanos mexicanos cuando intenten visitar otro país.

Por su atención, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A QUE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y DE RELACIONES EXTERIORES A CONVENIR EN IMPONER UNA CUOTA PARA LOS TURISTAS QUE PROCEDAN DE PAISES EXENTOS DE VISA AL INGRESAR AL TERRITORIO MEXICANO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Lazara Nelly Gonzalez Aguilar, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a que las SecretarIas de Gobernacion y de Relaciones Exteriores convenganimponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano .

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las relaciones internacionales del Estado Mexicano con el resto del orbe generan una gran diversidad y complejidad de asuntos, lo que obliga a generar mecanismos de conducción diplomática por parte del gobierno mexicano que logren responder a los desafíos en materia de política exterior que se presentan día con día.

Así, México ha mantenido un prestigio en el escenario mundial basado enuna tradicional labor diplomática que ha sido generada desde hace varias décadas.

Un asunto de vital importancia para México, es lavisita de ciudadanos extranjeros alpaís, la cual se genera por diversos motivos: turismo, negocios o de estudio y pasajeros en tránsito. Sin embargo, el ingreso de los extranjeros a territorio nacional, no siempre se da de una manera equitativa, puesto que se hace distinción de un país a otro.

La diferenciación de un visitante de un país con respecto a otro se entiende, aunque no siempre se aplican los mismos criterios, lo que crea en algunas ocasiones unapolítica exterior inequitativa, en lo referente al tema de otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros.

Ejemplos hay muchos, como el de los Estados Unidos de Norte América, país que exige a nuestros connacionales una serie de requisitos para otorgar una visa de turista y en cambio México no impone los mismos requisitos a los ciudadanos estadounidenses para que puedan ingresar al país. Otro caso reciente, es el gobierno de Canadá que aplica también un procedimiento para otorgar visas que supera con mucho los requisitos para que los canadienses puedan ingresar a México. Este asunto ha generado polémica en la sociedad, ya que además estos dos países son los mayores socios comerciales de México.

Es importante destacar que el mayor flujo por divisas del sector turismo lo generan precisamente los canadienses y estadunidenses. Por tanto, es pertinente generar un equilibrio que permita la existencia del cobro de una visa equitativa que concibael respeto entre todos los países y de tal forma que genere un mecanismo ágil, que no dificulte la entrada de turistas a nuestros destinos nacionales.

Este mecanismo será, que a ningún turista extranjero se le niegue el acceso al país siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige la normatividad, y verifique el pago por los derechos correspondientes al otorgamiento de la visa de turista, para lo cual, en cada aeropuerto internacional y puertos de arribo se colocará una caja de cobro por parte de las autoridades de de la Secretaria de Gobernación, a efecto de que se realice este pago de manera expedita por parte de los turistas.

El pago que deberán realizar los turistas, será el que establezca el tabulador que para tal efecto elaboren de común acuerdo la Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el cual contendrá los cálculos que resulten equivalentes o proporcionales al pago que el país de origen exija a los mexicanos por ingresar a dicho territorio.

Los recursos económicos que ingresen por este cobro serian destinados a financiar la promoción y el turismo en México.

Al incorporar esta cuota para los turistas que proceden de países exentos de visa, las relaciones del Estado Mexicano se sitúan en un plano de paridad frente al resto de la comunidad internacional, lo cual generará un mayor respeto a la dignidad de los ciudadanos mexicanos cuando intenten visitar otro país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la presente Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que convenganimponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano.

Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Lázara Nelly González Aguilar”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador González Aguilar. Túrnese a la Comisión de Turismo para los efectos correspondientes.

Se recibió del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República que integre con la debida diligencia la averiguación derivada de la denuncia relacionada con el presunto fraude perpetrado por la empresa Inverban, S.A. de C.V., el cual se turna a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE INTEGRE CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA AVERIGUACION DERIVADA DE LA DENUNCIA NUMERO 5297-2009 RELACIONADA CON EL PRESUNTO FRAUDE PERPETRADO POR LA EMPRESA INVERBAN S.A. DE C.V.

“El que suscribe, Silvano Aureoles Conejo, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

La empresa InverBan se constituyó el 23 de junio del 2008 y se registró ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF) como empresa prestadora de servicios financiera en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros y se anunció en medios impresos prometiendo rendimientos muy atractivos, por lo que aproximadamente 700 personas en las ciudades de México, de León y de Monterrey depositaron sus ahorros, algunos de toda la vida.

A mediados del año 2008 la empresa InverBan había sido investigada por captar en los últimos meses recursos públicos a través de ofrecer rendimientos de hasta 60 por ciento anual sin contar con la autorización para realizar este tipo de operaciones. Lo que significaba que los depositantes no contaban con cobertura ante perdidas.

En un comunicado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que data del 26 de febrero de 2009, precisa que InverBan no podía captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

En el mismo comunicado detalla que tampoco podía solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Desde ese entonces en el mismo comunicado exhortó al público en general, evitar llevar a cabo operaciones que implicaran captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La CNBV clausuró InverBan administrativamente en marzo de 2009 y sus ejecutivos argumentaron que se trató sólo de revisión y de hecho, algunos de los depositantes recibieron sus rendimientos en marzo y abril. Sin embargo, a partir de mayo no han vuelto a tener noticia de sus inversiones por lo que, alguno de ellos, levantaron una denuncia.

Estamos enfrentando la peor de crisis económica en los últimos lustros y sabemos que en muchos casos cada peso que se logra ahorrar representa un sacrificio muy importante. Rechazamos absolutamente este fraude a la confianza y al bolsillo de la gente.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República que integre con la debida diligencia la averiguación derivada de la denuncia número 5297-2009 relacionada con el presunto fraude perpetrado por la empresa Inverban S.A. de C.V.

Dado en el salón de Plenos del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

Se concede la palabra al Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de Acuerdo en relación con el brote del virus del dengue en el estado de Nayarit.

- El C. Senador Francisco Javier Castellón Fonseca: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero comentar a esta Soberanía que en el estado de Nayarit, en los últimos días, ha habido un brote como en otras regiones del país, ha habido un brote muy fuerte de la enfermedad conocida como dengue, que es producida por un mosquito que se ha combinado también con el rebrote de la influenza AH1N1 y que ha provocado una alarma médica y sanitaria en nuestro estado.

Quiero comentar que en los últimos días han aparecido ya cerca de 2 mil casos de dengue, algunos de dengue clásico y algunos de dengue hemorrágico prácticamente en todo el estado de Nayarit. La capacidad de los servicios de salud del estado de Nayarit se encuentran en su más alto nivel de utilización, y en este momento todas las instituciones públicas de salud están prácticamente en estado de alerta en contra de esta enfermedad que crece de manera muy fuerte debido, sobre todo, a la falta de una campaña pública que permita reducir los riesgos para contraer dengue y otras enfermedades que comienzan a estar afiliadas a dicha enfermedad.

Por esa razón el punto de Acuerdo que estoy presentando en este momento, considera los siguientes puntos.

Primero. Que el Senado de la República, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorte al titular de la Secretaría de Salud para que con la participación que corresponda a los estados de la República y a los municipios, refuerce también a nivel federal las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el brote del virus del dengue en el estado de Nayarit, que ha adquirido proporciones alarmantes.

Segundo. Que el Senado de la República solicita al Secretario de Salud del estado de Nayarit, a que remita a esta Soberanía un informe detallado, acerca de las medidas concretas que el gobierno del estado de Nayarit realiza para prevenir el brote del virus del dengue, así como las acciones que lleva a cabo para combatir su propagación.

Esto, por supuesto, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, en el mejor ánimo de contribuir a preservar las condiciones de la salud pública en nuestros estados y en este caso, en el estado de Nayarit.

Muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL BROTE DEL VIRUS DEL DENGUE EN EL ESTADO DE NAYARIT

“El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, Senador de la República por el estado de Nayarit a la LXI Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo en relación al brote del virus del dengue en el estado de Nayarit, con base en las siguientes:

  CONSIDERACIONES

El dengue es una enfermedad que se presenta principalmente en temporada de lluvias y en climas cálidos, y se transmite de una persona enferma a una sana, a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti, cuya larva se reproduce principalmente en charcos y agua acumulada en cacharros y basura.

La propagación del dengue comenzó a extenderse en esta temporada en nuestro país, especialmente en la región central y en la periferia de la ciudad de México, debido a las altas temperaturas, las lluvias y a la falta de precaución sanitaria.

En agosto del presente año, autoridades federales de salud alertaron a la población de al menos 14 estados de la República ante la propagación del dengue, pues para ese entonces en el país, ya sumaban 4 mil 118 casos de dengue clásico y 469 del tipo mortal o hemorrágico.

El pasado fin de semana, la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Nayarit, encendió los “focos rojos” de alerta en los 20 municipios de dicho estado, ante el aumento de casos de dengue clásico y hemorrágico.

Según información dada a conocer por el Secretario de Salud estatal, Omar Reynoso Gallegos, hasta la fecha se han presentado alrededor de 127 mil casos de dengue (952 de clásico y 75 de hemorrágico, presentándose de este último un deceso).

Los municipios más afectados han sido Bahía de Banderas, donde se han confirmado 338 casos de dengue clásico, lo que representa el 33%; Santiago Ixcuintla tiene 285 casos, es decir, el 27%; Tepic con 136; y Compostela con 104 casos, el 10% del total. Otros municipios afectados por el virus del dengue son San Blas, Tuxpan, Acaponeta, Rosamorada y Tecuala.

Aunado a lo anterior, el responsable de la salud en el estado de Nayarit ha señalado que a pesar de que se han venido implementando campañas de combate contra ese vector, los casos de dengue van en aumento, pues esta enfermedad ha cambiado su comportamiento, ya que ahora no sólo aparece dengue de temporal y lluvia, sino que ha surgido en el invierno, y no solamente en la costa, sino también en la zona serrana.

El gobierno estatal, por medio de los Servicios de Salud, ha implementado acciones para evitar la propagación del virus del dengue, a fin de garantizar salud y atención a la sociedad nayarita. Es así que se han girado instrucciones para que en cada hospital haya un estudio de valoración médica para diferenciar los casos de dengue e influenza.

También se ha alertado a la población de la entidad para que no se automedique, pues muchas veces la persona al tener dolor de cabeza o de cuerpo toma aspirinas, complicando aún más la enfermedad, ya que en casos de dengue hemorrágico, el tomar este tipo de medicamentos puede causar sangrado y provocar la muerte.

Además, se ha alertado a los nayaritas para que tomen medidas de precaución como la limpieza de cacharros y agua estancada en viviendas y escuelas de los 20 municipios; así como limpiar patios, eliminar llantas, floreros y cubetas donde se acumule agua, ya que los criaderos del mosquito del dengue están cerca o dentro de las viviendas y su tamaño va desde una corcholata con agua, hasta una cisterna.

Los mosquitos adultos reposan dentro de las habitaciones y cerca del domicilio, en lugares protegidos del viento y cerca del suelo en matorrales.

La propagación del dengue en el país es alarmante, por lo que se requieren las medidas sanitarias correctas para “frenar” que esta enfermedad continúe reproduciéndose entre la población.

Y el caso de Nayarit la forma en como el dengue se ha reproducido es preocupante, ya que se encuentra entre las entidades con mayor incidencia de casos de dengue a nivel nacional, según informes de la propia Secretaría de Salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que con la participación que corresponda a los estados y municipios, refuerce las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el brote del virus del dengue en el estado de Nayarit.

SEGUNDO. El Senado de la República solicita al Secretario de Salud del estado de Nayarit a que remita a esta Soberanía un informe detallado acerca de las medidas concretas que el gobierno del estado realiza para prevenir el brote de virus del dengue, así como las acciones que lleva acabo para combatir su propagación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias a usted, Senador Castellón Fonseca. Túrnese a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

Solicito a la Secretaría pasemos al siguiente punto.






EXCITATIVAS

- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió una solicitud de excitativa del Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma el inciso b) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

“El suscrito, Silvano Aureoles Conejo, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 85 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Asamblea la solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- En la sesión ordinaria del Senado de la República del jueves 9 de octubre de 2008, presente una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma el inciso b) del artículo 18) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Segunda.- La iniciativa tiene como objetivo recordar que el 15 de septiembre de 2008 en la Ciudad de Morelia, Michoacán, ocurrió el primer acto terrorista en México en contra de la población civil.

La muerte de ocho personas y 132 heridos causadas por la explosión de dos granadas, es un hecho inédito a causa de la narcoviolencia y la delincuencia organizada.

El cobarde atentado cegó la vida de niños, mujeres y hombres del pueblo moreliano, quienes en un acto de tradición cívica asistían a conmemorar lo que debía ser un aniversario más de nuestra fiesta de independencia. Sus cuerpos, a la par de sus sueños, y los de muchos mexicanos, quedaron destrozados, como víctimas inermes de una violencia incontenible y desbordada.

Tercero.- En el primer aniversario de este cobarde atentado, la propuesta cobra nueva relevancia ante el incremento de fenómenos delictivos que ha levantado un clamor generalizado de seguridad y justicia, ya que todo indica que la violencia en México continuará por un largo plazo.

Ha transcurrido casi un año desde que la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República sin que hasta la fecha se haya presentado el dictamen correspondiente.

Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- Se excita a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, a que presenten dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso b) del artículo 18) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Silvano Aureoles Conejo”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Presidencia emite excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda a fin de que presenten el dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Así también, se recibió una solicitud de excitativa del Senador René Arce, del grupo parlamentario del PRD, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Me permito enviar la iniciativa, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que se cambia la denominación y se dota de autonomía al Ministerio Público, presentada el 13 de noviembre de 2008 ante el Pleno del Senado.

El interés de hacerle llegar esta iniciativa, que se encuentra asentada en la Comisión de Puntos Constitucionales, es producto del debate que se ha abierto en este Senado a partir del proceso de ratificación del nombramiento del C. Lic. Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República.

Sin obviar los argumentos que se han vertido para evaluar favorable o desfavorablemente la trayectoria profesional de la persona en quien ha recaído el nombramiento del titular del Ministerio Público Federal, y sin entrar en una discusión sobre los méritos del mismo, es de mi interés expresar que en el fondo del debate está la calidad de la institución ministerial y si ésta puede trascender a convertirse en puntal de una procuración de justicia que no esté manchada por la consigna ni la judicialización de la política y tampoco por la politización de la justicia.

En razón de ello, le compartimos esta iniciativa para proponer que se abra el análisis de la misma y se avance en el correspondiente dictamen, pues hemos leído y oído con gran entusiasmo las distintas voces que en esta coyuntura han expresado que es el momento de dotar de autonomía plena al Ministerio Público con el objetivo de que sea un órgano independiente que sirva a los intereses del Estado y no de los gobiernos en turno.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. René Arce”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para que presenten el dictamen que corresponda al asunto referido.






PROPUESTAS

Informo a la Asamblea que se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, en coordinación con Petróleos Mexicanos, remitan un informe pormenorizado sobre los proyectos de modernización del Sistema Nacional de Refinación y Reducción de partículas contaminantes del diesel comercializado en México, con la finalidad de observar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, el cual se turna de la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARIAS DE ENERGIA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN COORDINACION CON PETROLEOS MEXICANOS, REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PROYECTOS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE REFINACION Y REDUCCION DE PARTICULAS CONTAMINANTES DEL DIESEL COMERCIALIZADO EN MEXICO, CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005

“La suscrita, Senadora Maria Elena Orantes Lopez,integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con puntos de Acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

Los motores a diesel tienen aplicaciones muy variadas en las diferentes actividades productivas desarrolladas por diversos sectores de la industria, el comercio y el transporte, principalmente. Lo anterior, debido a que son máquinas de combustión interna que aprovechan más eficientemente la energía y tienen mayor durabilidad, comparadas con otras de su tipo.

Su utilización la podemos encontrar en:

• Camiones de servicio ligero y pesado.

• Autobuses de servicio urbano y de pasajeros.

• Locomotoras.

• Propulsión de motores de embarcaciones.

• Maquinaria agrícola y de la industria de la construcción.

• La generación de energía eléctrica, entre otros.

Los motores a diesel transforman la energía química contenida en el combustible en fuerza mecánica. El combustible es inyectado bajo presión al cilindro del motor donde se mezcla con aire y produce la combustión. Los gases del escape que descarga el motor contienen varios componentes que son nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

La siguiente es una breve descripción de los materiales tóxicos, provenientes de la combustión del diesel:

• Monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), y aldehidos, son generados en el escape debido a la combustión incompleta del combustible.

• Los óxidos de nitrógeno (NOx) se generan por la reacción del oxígeno y del nitrógeno bajo condiciones de alta presión y temperatura en el interior de cilindro del motor. El NOx consiste en óxido nítrico (NO) y un bajo porcentaje de dióxido de nitrógeno (NO2), muy tóxico. Las emisiones de NOx son altamente contaminantes del medio ambiente.

• El dióxido de azufre (SO2) se genera por el azufre presente en el combustible, y su concentración depende de la cantidad de azufre contenido en él.

• Las partículas de azufre son invisibles al ojo humano y entran con gran facilidad al cuerpo, incrustándose en el pulmón, pudiendo provocar cáncer.

• El material particulado del diesel (PM), son los residuos de una combustión incompleta, que se componen en su mayoría de carbón, cenizas y de fragmentos de materia que se emiten a la atmósfera en fase líquida o sólida a través del escape de un vehículo automotor. Su origen son partículas de carbono, generadas en el cilindro del motor durante la combustión. Las principales partículas de carbono de grandes moléculas, combinadas con otras, ambas orgánicas e inorgánicas, son componentes del escape del diesel.

• El material particulado del diesel es totalmente respirable y tiene un impacto significativo en la salud humana. Se ha clasificado en diversos estudios de organismos y organizaciones internacionales a favor de la protección de la salud y el medio ambiente como “cancerígeno o probablemente cancerígeno para el hombre”. Es sabido que el riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias aumenta.

Los hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP) son hidrocarburos con dos o más anillos de benceno. Muchos compuestos de esta clase son conocidos como cancerígenos humanos. Los HAP en el escape diesel están divididos entre fases gaseosa y particulada. Los compuestos más nocivos de cuatro y cinco anillos están presentes en la porción orgánica del material particulado diesel (FOS).

Ahora bien, el combustible de los vehículos de carga y transporte público es el diesel que contiene el origen de las partículas finas y ultra finas, que pueden causar cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2002, más de 800 mil personas en el mundo mueren prematuramente cada año y varios millones sufren enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido a la contaminación del aire por partículas. Los principales afectados son los niños, los adultos mayores y los enfermos de pulmones y corazón.

También, como ya se mencionó, los contaminantes asociados con los problemas de salud son diversos, pero son principalmente las exposiciones de corta duración a partículas respirables (PM10 y PM2.5), ozono, monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno y bióxido de azufre los que impactan directamente el sistema respiratorio, causando varias afectaciones a la salud, como son:

• Muerte prematura.

• Cáncer de pulmón.

• Bronquitis crónica.

• Exacerbación del asma.

• Tos crónica y otros problemas respiratorios.

• Cambios en la función pulmonar, y

• Envejecimiento prematuro de los pulmones.

En México, al menos el 40% de la población urbana del país vive en ciudades con problemas de contaminación del aire. Además del Valle de México, otras áreas metropolitanas donde se registran niveles de contaminación del aire fuera de las normas de protección a la salud son Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Toluca y Coatzacoalcos.

En el país el consumidor principal del diesel son los automotores, que representan el 75% de la demanda y el resto, 25%, es empleado por otras actividades (agrícolas, industriales, etc.).

Según un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA-DF), en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) circulan 2 millones 431 mil 112 vehículos. En este sentido y no obstante que los vehículos a diesel son sólo el 4% del total, constituyen el principal emisor de contaminantes de partículas finas y óxidos de nitrógeno en el medio ambiente, como se puede ver a continuación:

• El 60% de los vehículos (modelo 1993 y anteriores) emiten el 72% de los compuestos orgánicos volátiles, así como de los óxidos de nitrógeno.

• Los vehículos años modelo 1994 a 1997 (tecnología EPA 94) representan el 13% de la flota vehicular, y emiten el 11% de los compuestos orgánicos volátiles y el 12% de los óxidos de nitrógeno.

• Los vehículos que corresponden a los años modelo 1998-2002 (tecnología EPA 98) representan el 27% de la flota de vehículos a diesel y aportan 17% y el 16% de los compuestos orgánicos volátiles y de los óxidos de nitrógeno, respectivamente.

Consideraciones

Actualmente, a nivel internacional el problema ambiental juega un papel preponderante en las políticas del desarrollo de los países.

Además del impacto sobre calidad de vida, hay argumentos económicos que demuestran que el costo del tratamiento de las enfermedades generadas por la contaminación es mucho mayor que los costos económicos de adelantar una adecuada gestión ambiental urbana, por lo tanto, no todas la medidas de gestión ambiental urbana son populares; su efecto positivo, no necesariamente se hace evidente tan pronto se implanta una medida, pero su beneficio social es masivo y permanente a lo largo del tiempo.

De esta forma, en muchos países los organismos reguladores han dado prioridad a la reducción de los niveles de azufre contenidos en el combustible diesel y en la medida que adoptan estos programas también adoptan estándares más estrictos para controlar las emisiones generadas por los nuevos motores diesel.

Muestra de lo anterior, ha sido el desarrollo y mejoramiento de las tecnologías de control de emisiones realizados a consecuencia de los estándares de emisiones más estrictos impuestos en Norteamérica, Europa y Japón, los cuales dieron como resultado una buena reducción de las emisiones contaminantes tóxicas de los vehículos en las últimas décadas.

Como ya hemos visto, el problema de contaminación atmosférica en México es muy grave. Cinco de las principales ciudades del país presentan altos índices de contaminación, lo que se traduce en una población enferma y vulnerable. 

Los dos contaminantes de mayor importancia en la Ciudad de México, Ozono y PM10 (material particulado), ellos son causantes de que miles de mexicanos mueran prematuramente al año por complicaciones de enfermedades respiratorias, así como de innumerables admisiones hospitalarias por problemas respiratorios y cardiovasculares, pérdida de días laborables e ingresos asociados y ausencias escolares. Tan solo en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Toluca, por lo menos 26 millones de habitantes están expuestos frecuentemente a la contaminación en niveles nocivos.

Organizaciones ambientalistas internacionales como el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), mencionan que aproximadamente dos tercios de los óxidos de nitrógeno y alrededor de 70 por ciento de la materia particulada fina que respiran los residentes de la Ciudad de México son generados por vehículos que utilizan diesel como combustible.

Asimismo, organizaciones ambientalistas en México, han mencionado la comercialización de diesel altamente contaminante al interior del territorio nacional, que llega a contener 350 unidades de azufre por cada millón de partículas, es decir, doscientas veces más que la concentración permitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la frontera norte de México, Petróleos Mexicanos ofrece diesel que sí cumple con las normas internacionales; lo anterior, debido a que el gobierno de Washington se opone a que los camiones de carga mexicanos que entran diariamente a la Unión Americana utilicen el tipo de combustible que se usa en México y que es altamente cancerígeno.

Por otra parte, en lo que se refiere a la normatividad aplicable a los vehículos que usan diesel como combustible, en términos de impacto al medio ambiente, se tienen establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las siguientes normatividades:

NOM-044-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos.

NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel ó mezclas que incluyan diesel como combustible.

NOM-077-SEMARNAT-1995. Que establece el procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.

NOM-042-SEMARNAT-2003. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos.

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006. Que tiene como objetivo establecer los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano (HCNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), partículas (Part) y opacidad del humo proveniente del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así como provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores.

A su vez, la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, considera que las industrias y vehículos automotores que usan combustibles generan diversos contaminantes cuya emisión produce deterioro en la calidad del aire, lo cual hace necesario mejorar la calidad de los combustibles, la de los procesos de combustión y, en su caso, la de los equipos de control.

En las disposiciones de esta última Norma, se puede constatar lo dicho anteriormente sobre la oferta de un combustible más limpio en la Frontera Norte de México, disponible para los camiones mexicanos que entran a territorio estadounidense. Se contemplaba que este mejoramiento en el diesel iba a ser paulatino y que traería resultados favorables para el año que transcurre, sin embargo, esto no ha sucedido así.

Asimismo, y no obstante que la regulación se antoja suficiente por lo que hace a la cantidad y calidad de las disposiciones para reducir la contaminación por diesel, que dicho sea de paso, se enfocan principalmente en los automotores a diesel de modelos recientes equipados con tecnologías exigidas en estándares internaciones, el gran problema radica en los vehículos de modelos viejos, que no son estrictamente reglamentados y, aún más, no han sido debidamente catalogados para retirarlos dela circulación e impulsar incentivos para renovar este parque vehicular.

Como vemos es necesario atender los problemas de contaminación del país y mejorar la calidad de los combustibles, en particular, en lo que se refiere a aquellos emisores de azufre a la atmósfera, al tiempo de incluir en los vehículos los sistemas más avanzados de control de emisiones.

Recordemos que las zonas críticas son justamente las áreas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y del Valle de México que, en su conjunto, abarcan 42 municipios del territorio nacional.

Además, incluye las regiones y centros de población con alta concentración de actividad industrial, en las cuales el consumo elevado de combustibles impacta la calidad del aire.

Por su parte, Petróleos Mexicanos ha comenzado a licitar la modernización del Sistema Nacional de Refinación (Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo; Minatitlán, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca y Cd. Madero, Tamaulipas), para integrar a dicho sistema la infraestructura necesaria para producir diesel con calidad ultra bajo azufre que le permita dar cumplimiento a la normatividad establecida en la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.

Con ello se espera que la reducción del nivel de azufre en los combustibles automotrices (gasolina y diesel), en combinación con la renovación del parque vehicular, permita evitar:

• 63 mil muertes prematuras

• 270 mil casos de bronquitis crónica

• 15 millones de días laborales perdidos y

• 136 millones de días con actividad restringida

El beneficio económico de estas reducciones para el periodo 2008-2040 en materia de salud, ha sido calculado en 17 mil millones de dólares.

No obstante los recursos administrativos previstos para comenzar el proceso de modernización del Sistema Nacional de Refinación, México contabiliza un retraso de más de cinco años en esta materia. Lo anterior, acarrea como consecuencia el deterioro del medio ambiente y la salud de la población afectada, en tanto, no se llegue a la meta contemplada en la citada Norma que establecía que para enero de 2009, se reduciría a 15 unidades de azufre por cada millón de partículas en el diesel comercializado en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México, y para septiembre de este mismo año, la medida se aplicaría al resto del país.

La experiencia internacional ha demostrado que si además de mejorar la tecnología del motor se mejora la calidad del combustible, la reducción de emisiones podría ser muy importante para el medio ambiente, lo cual justifica hacer ambos cambios en forma simultánea, aprovechando el efecto sinérgico entre la calidad del combustible y la tecnología.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con Petróleos Mexicanos, a remitir información pormenorizada a esta Soberanía, sobre los proyectos de modernización del Sistema Nacional de Refinación y reducción de partículas contaminantes del diesel comercializado en todo el territorio nacional, con la finalidad de dar cumplimiento estricto a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que aplique la normatividad y los programasmediante el otorgamiento de incentivos para la reconversión vehicular de carga y transporte con motor a diesel, así comolas medidas para la introducción paulatina de tecnología que permita mejorar la eficiencia en el consumo de combustible en los automotores que circulan actualmente por todas las carreteras del país.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desarrolle un programa permanente de verificación de automotores a diesel, con la finalidad de reducir la emisión de contaminantes tóxicos a la atmósfera.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. María Elena Orantes López”.

Se recibió del Senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del PRD, punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta a consideración del Pleno la constitución de un grupo plural de trabajo, integrado por Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios, para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los funcionarios y ex funcionarios del estado de Michoacán, procesados por presuntos vínculos con una organización criminal, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA SOMETA A CONSIDERACION DEL PLENO LA CONSTITUCION DE UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO, INTEGRADO POR SENADORAS Y SENADORES DE LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACION JURIDICA Y PROCESAL DE LOS EX FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, PROCESADOS POR PRESUNTOS VINCULOS CON LADELINCUENCIA ORGANIZADA

“Los que suscriben, Carlos Sotelo García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Castro Trenti, Ramiro Hernández García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García y Marko Antonio Cortés Mendoza, Senadores integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentamos ante la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto deAcuerdo:

En cumplimiento de órdenes de localización y presentación giradas por la Procuraduría General de la República, en operativo conjunto con la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano, el 26 de mayo pasado, fueron detenidos 27 servidores públicos del estado de Michoacán, por presunta colusión con la delincuencia organizada.

Se trata de un operativo sin precedentes de un gobierno federal en contra de funcionarios estatales y mandatarios municipales de una entidad federativa. Entre los aprehendidos destacan 7 presidentes municipales; la ex Secretaria de Seguridad Pública estatal, asesora del Gobernador; el ex Procurador de Justicia del Estado,ex Subprocurador estatal y coordinador de asesores del Procurador General de Justicia de la entidad; el director Instituto Estatal de Información Policiaca, y el jefe de agentes de la Dirección de Gobierno Estatal.

El impacto social y político provocado por este operativo policiaco-militaren todo el país ha sido de tal magnitud, que exige de los órganos de procuración y administración de justicia federales fundar y motivar debidamente las detenciones sin dejar duda alguna, en aras de preservar intacta la soberanía de una entidad integrante del pacto federal.

Más allá de que pudieran existir o no hechos visibles que provocaran sospecha en contra de los ahora inculpados, para estar debidamente fundadas y motivadas, sus detenciones debieron partir del principio constitucional de presunción de inocencia y de la consiguiente carga de la prueba para quien acusa.

Sin embargo, en los últimos meses, hemos escuchado de los familiares y abogados de los detenidos, diversos testimonios respecto de la posible violación de distintas garantías constitucionales que rigen el proceso penal, específicamente la defensa y debido proceso, entre otros las siguientes:

1.- Que las detenciones se efectuaron mediante órdenes de presentación y por la vía del allanamiento, sin orden judicial previa.

2.- Que aprehendidos, los indiciados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con residencia en esta ciudad de México, Distrito Federal. Que en esa etapa, los indiciados fueron presentados con excesiva tardanza ante el Ministerio Público, hasta 30 horas después de ser detenidos en promedio; que al rendir su declaración ministerial en la mayoría de los casos no se permitió fueran asistidos por defensor particular; que no se informó a los inculpados del contenido de las imputaciones, ni del contenido de los partes rendidos por la Policía Federal Preventiva; que además, en relación a las declaraciones de los funcionarios, aparecen posteriormente ampliaciones en las deposiciones y correcciones de los testigos protegidos para modificar fechas y datos que previamente había afirmado.

3.- Que el 18 de junio de 2009, se libró el mandamiento de captura solicitado. Es decir, que el juez de la causa recibió el pliego de consignación y los tomos que lo sustentan el 17 de junio, y resolvió la orden de aprehensión en menos de 24 horas, a las 9:30 horas del 18 de junio, algo que se antoja imposible porque en ese momento los autos constaban de más de 350 fojas que tuvieron que ser analizadas a plenitud.

4.- Que para decretar el auto de formal prisión, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit se fundó esencialmente en cinco elementos de convicción: la declaración de tres testigos protegidos; acta circunstanciada de un cateo practicado en esta ciudad de México, Distrito Federal, donde incautan una computadora que contieneuna grabación telefónica y la correspondiente acta de inspección ministerial, que da fe del contenido de la mencionada grabación.

5.- Que de acuerdo a lo ordenado por el artículo 19 de la Constitución, el auto de formal prisión es la base de todo proceso y para dictarlo se requiere que estén plenamente comprobados todos los elementos del tipo penal del delito que se le imputa y que existan datos bastantes para hacer probable la responsabilidad del inculpado. Arguyendo que la comprobación del cuerpo del delito tendrá que ser plena e indiscutible, que un auto de formal prisión requiere que los antecedentes que arroje la averiguación sean suficientes no sólo para hacer "posible" la responsabilidad del inculpado, sino antes bien, para hacerla "probable", entendiéndose por tal la calidad no sólo de ser factible, sino que sea verosímil y que se pueda probar. Además los familiares y abogados sostienen que las pruebas en que se fundó el juez de la causa para decretar auto de formal prisión en contra de los servidores y ex servidores públicos del estado de Michoacán, presentan las siguientes inconsistencias:

• Que los testigos protegidos tienen carácter de procesal de singulares, porque cada uno de ellos declara sobre hechos diferentes y sin ninguna conexión.

• Que los testigos protegidos emiten declaraciones con carácter de confesiones, por que confiesan la comisión de diversos delitos, sin la presencia de abogado defensor, violando el artículo 20 constitucional.

• Que los testigos protegidos deben considerarse testigos de oídas porque deponen sobre hechos y circunstancias que les refirieron terceros.

• Que contrariando los principios de audiencia y de igualdad procesal, el Ministerio Público Federal amplio la declaraciones de los testigos protegidos, cuando ya se había decretado el arraigo en contra de los inculpados.

• Que los testigos protegidos declaran sobre hechos y situaciones muy posteriores a su ingreso al “programa de testigos protegidos”.

• Que los testigos protegidos ya habían declarado en otras averiguaciones que dieron origen a otros procesos, vulnerando lo establecido en la fracción primera del artículo 35 de la Ley Federal contra laDelincuencia Organizada que establece que elmiembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra y este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona.

• Que los testigos protegidos deponen en diferentes ocasiones, ya sea para corregir datos, para ampliarlos o incluso para cambiar versiones.

Y por ultimo; que las familias y abogados manifiestan que en este caso la persecución del crimen organizado fue utilizada con fines políticos.

Indudablemente que este cúmulo de dichos y declaraciones de los familiares y abogados sobre inconsistencias procesales hace cuando menos presumir que en la detención y posterior procesamiento de los indiciados pueden haberse violentado diversas garantías constitucionales que rigen el proceso penal: la de Audiencia y Debida Defensa; la de Legalidad; la Garantía de Presunción de Inocencia; la de Igualdad Procesal; la de Valoración de Pruebas, y la de Justicia Pronta Y Expedita.

Situación que justifica que en el seno del Senado de la República se cree una Grupo Plural de Trabajo que dé seguimiento a la situación jurídica y procesal de los ex servidores públicos del estado de Michoacán procesados por presuntos vínculos con una la delincuencia organización.

Reconocemos que el Poder Legislativo debe regirse con absoluto respeto del principio constitucional de división de poderes y, en especial, a la independencia del Poder Judicial.

Aceptamos que la delincuencia organizada ha infiltrado todos los niveles de gobierno. Por ello respaldamos de manera decidida toda acción frontal contra las organizaciones criminales en el país. Pero siempre el combate a la delincuencia con estricto apego a la ley.

El combate de la delincuencia organizada, de la corrupción y de la impunidad requiere la cooperación y el trabajo conjunto del gobierno federal y los gobiernos estatal y municipal, a través de un entendimiento mutuo, la coordinación y, respeto de la soberanía de todas las entidades federativas.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 82, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, eleve a la consideración del Pleno la constitución de un Grupo Plural de Trabajo, integrado por senadoras y senadores de los distintos Grupos Parlamentarios, para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los funcionarios y ex funcionarios del estado de Michoacán, procesados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Segundo. Que la Junta de Coordinación Política, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, defina la integración de dicho Grupo Plural de Trabajo; así como las actividades que deba realizar para el cumplimiento de sus fines.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. Carlos Sotelo García.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. Ramiro Hernández García.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Jesús Garibay García.- Sen. Marko Antonio Cortés Mendoza”.

Senador Sotelo García, ¿con que objeto?

- El C. Senador Carlos Sotelo García: (Desde su escaño) Señor Presidente, de informarle que esta propuesta de punto de Acuerdo también la suscriben los Senadores Manlio Fabio Beltrones, Jorge Castro Trenti, Ramiro Hernández García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García y Marko Antonio Cortés Mendoza, que ahorita aquí el equipo le hará llegar el documento pertinente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Solicito a la Secretaría pasemos al siguiente asunto

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias. Así las cosas, se cita a la siguiente sesión el jueves 24 de septiembre a partir de las 11:00 horas.

Se tiene previsto en el Orden del Día también atender el resolutivo sobre el Procurador General de la República.

(Se levantó la sesión a las 15:00 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO































PROPUESTAS

- Del C. Senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo nacional de apoyo a becarios de programas de postgrado en México y el extranjero.



- De la C. Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar, en el paquete fiscal 2010, un aumento al Impuesto a los Depósitos en Efectivo.



- De los CC. Senadores María Rojo e Incháustegui, Francisco Arroyo Vieyra, Ricardo García Cervantes, Carlos Sotelo García y Rubén Fernando Velázquez López, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos FIDECINE y FOPROCINE para el ejercicio 2010, con el objeto de fortalecer la Industria Cinematográfica Nacional.



- De los CC. Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4% a las telecomunicaciones.



- De los CC. Senadores Irma Martínez Manríquez y Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, se aprueben recursos crecientes a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional, establecido en la Ley General de Educación.



- Del C. Senador Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre el procedimiento de autorización y en base a qué criterios fue sustituido por la Secretaría de Educación de Guanajuato el libro de Biología para primer grado de secundaria del ciclo escolar 2010-2011.



- De los CC. Senadores Cleominio Zoreda Novelo y Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República realiza un extrañamiento al gobierno federal por su grave omisión durante el juicio penal de Zhenli Ye Gon en los Estados Unidos de América y exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a agilizar el proceso de extradición del Señor Ye Gon a nuestro país, a fin de que sea procesado y, en su caso, condenado por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.



- Del C. Senador Angel Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes para que en las escuelas, tanto de nivel básico como medio superior, se lleven a cabo jornadas sobre el ejercicio de la democracia, como una contribución de México a la celebración del Día Internacional de la Democracia.



- Del C. Senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se constituya el Programa Emergente para la Producción de Alimentos.



- Del C. Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las negociaciones de los Acuerdos internacionales entre México, Estados Unidos y Cuba para proteger los yacimientos petroleros y de gas natural en la zona del Polígono Oriental del Golfo de México.



- De la C. Senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal para que, con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se honre con una escultura alusiva la memoria de las mujeres que participaron en dichos procesos.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo sobre los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.



- Del C. Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los procesos de subasta pública que han sido celebradas en 2009, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.



- De la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad informen sobre la justificación financiera y los beneficios económicos que traerá al país, la licitación de la red de fibra óptica oscura.



- De la C. Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a convenir en imponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano.



- Del C. Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República que integre con la debida diligencia la averiguación derivada de la denuncia número 5297-2009 relacionada con el presunto fraude perpetrado por la empresa Inverban S.A. de C.V.



- Del C. Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación al brote del virus del dengue en el estado de Nayarit.



PROPUESTAS

- De la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con Petróleos Mexicanos, remitan un informe pormenorizado sobre los proyectos de modernización del Sistema Nacional de refinación y reducción de partículas contaminantes del diesel comercializado en México, con la finalidad de observar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.



- De los CC. Senadores Carlos Sotelo García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Castro Trenti, Ramiro Hernández García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García y Marko Antonio Cortés Mendoza, que contiene punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta a consideración del Pleno la constitución de un grupo plural de trabajo, integrado por Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios, para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los funcionarios y ex funcionarios del estado de Michoacán, procesados por presuntos vínculos con una organización criminal.


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