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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 4

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Septiembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (11:40 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce Islas René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Cárdenas Jiménez Alberto, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Díaz Delgado Blanca Judith, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Zalvidea José Luis Máximo, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Larios Gaxiola Emma Lucía, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Sacramento Garza José Julián, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Trejo Reyes José Isabel, Trujillo Fuentes Fermín, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Anaya Gutiérrez Alberto, Cota Cota Josefina, Delgado Rannauro Dante, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, García Quiroz María del Socorro, González Aguilar Lázara Nelly, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Navarrete Ruiz Carlos, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Ruiz del Rincón Gabriela, Torres Origel Ricardo.

Senadores en comisión oficial: Galindo Noriega Ramón, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Garibay García Jesús, Moreno Uriegas María de los Angeles.

Senadores con aviso de inasistencia: Cortés Mendoza Marko Antonio (inasistencia justificada), Jiménez Rumbo David (inasistencia justificada), Mazón Alonso Lázaro (inasistencia justificada), Menchaca Castellanos Ludivina (inasistencia justificada), Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (inasistencia justificada), Sánchez Anaya Alfonso (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Agundis Arias Francisco.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se han registrado un total de 117 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión del Senado de la República. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido en tiempo y forma, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Y agrego, que por Acuerdo de la Mesa Directiva y con la instrucción correspondiente a nuestro equipo de apoyo parlamentario, desde la noche anterior a las sesiones se ha enviado a los aparatos electrónicos de cada Senadora y Senador el proyecto de Orden del Día, seguramente lo habrán notado ya, de tal manera que podrán ir verificando y consultando los puntos que solamente son complementados por la mañana de martes y jueves, antes de cada sesión.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL MARTES OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y nueve minutos del día martes ocho de septiembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento dieciocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.

(Acta de laSesión anterior)

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento expedido a favor del C. Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, “Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-junio de 2009)”.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión considerar dentro de sus prioridades la eliminación del impuesto empresarial a tasa única.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

(Minuto de Silencio)

Se guardó un minuto de silencio en memoria del señor José Francisco Fuentes Esperón, candidato a diputado local del Congreso del Estado de Tabasco, y de su esposa e hijos.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

El Presidente informó que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el período 2009-2014, se difiere para la próxima sesión.- Al respecto intervino el Senador Ricardo Monreal Ávila.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, Acta de la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicho Parlamento, celebrada los días 20 y 21 de agosto en Lima, Perú.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Carlos Jiménez Macías, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Informe de labores de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.-Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Fernando E. Ortega Bernés, oficio por el que informa su decisión de optar por el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Campeche.- Quedó de enterado.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

(Iniciativas)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 69 bis a la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Murillo Karam, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y se adiciona el artículo 74 quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Carlos Sotelo García, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES.

(Iniciativas)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

La Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y de los Senadores Fermín Trujillo Fuentes y Gerardo Montenegro Ibarra, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes al artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a nombre propio y del Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Minerva Hernández Ramos,del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos b) y e) del segundo párrafo de la fracción III del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Mario López Valdez, a nombre propio y de los Senadores Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

PRESIDE EL SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYA

(Agenda Política)

En relación a la situación del campo mexicano y los ajustes en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, intervinieron los siguientes Senadores: Ricardo Monreal Ávila, Javier Orozco Gómez, Silviano Aureoles Conejo, Heladio Ramírez López, Jesús Dueñas Llerenas, Héctor Miguel Bautista López, Ramiro Hernández García y Eduardo Nava Bolaños.

(Proposiciones)

Se recibió de la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se instruya a la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación atienda a la brevedad la queja ciudadana relativa a la discriminación de que son objeto niños con capacidades diferentes en las instalaciones del parque Plaza Sésamo, en Monterrey, Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo para que el próximo 27 de enero del 2010, el Senado sea la sede del “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Proposiciones)

Se recibió del Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se lleve a cabo la ubicación del Estado de Campeche en el área Geográfica “A”, con el objeto de igualarlo con otros estados petroleros del país.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Proposiciones)

Se recibió de los Senadores Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García, Rubén Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y José Guadarrama Márquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de Acuerdo con relación a la construcción de la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Manzanillo, Colima.- Se turnó a las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

PRESIDE EL SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES.

(Proposiciones)

Se dio lectura a las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

Presentada por los Senadores Luis Alberto Villareal y Humberto Andrade Quezada, por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar diversas acciones a favor de los agricultores guanajuatenses.

Presentada por los Senadores Lázaro Mazón Alonso, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a gestionar una partida emergente que compense los recortes al gasto público de los municipios, que funcione con reglas similares al Ramo 28.

Presentada por la Senada Adriana González Carrillo, por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastre para los municipios afectados por las inundaciones acontecidas en el Estado de México.

Presentada por la Senadora Emma Larios Gaxiola, por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como zona de desastre diversos municipios del Estado de Sonora, afectados por la tormenta tropical “Jimena”, y le sean asignados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el auxilio de la población y de las actividades económicas que resultaron perjudicadas

Consideradas de urgente u obvia resolución. A discusión intervinieron:

En relación al punto de Acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, intervinieron los Senadores Luis Alberto Villareal García, Francisco Arroyo Vieyra, Silviano Aureoles Conejo, quien presentó propuesta de adición, misma que se aceptó a discusión.

En relación al punto de Acuerdo relativo al exhorto al Ejecutivo del Estado de Guerrero para que gestione una partida emergente que compense el gasto público, intervinieron los Senadores Lázaro Mazón Alonso, Ramón Galindo Noriega y Ricardo Monreal Ávila. Se aprobó en votación económica.

En relación al punto de Acuerdo relativo al exhorto al Ejecutivo Federal para hacerla declaratoria de desastre en los municipios inundados en el Estado de México, intervino la Senadora Adriana González Carrillo. Se aprobó en votación económica.

En relación al punto de Acuerdo relativo al exhorto al Ejecutivo Federal para declarar zona de desastre diversos municipios del Estado de Sonora, intervinieron los Senadores Emma Larios Gaxiola y Fermín Trujillo Fuentes.

Se aprobaron conjuntamente en votación económica con sus respectivas propuestas de adición.

(Proposiciones)

El Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo para crear una comisión de seguimiento a las investigacionesdel asesinato del Presidente de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, Diputado Armando Chavarría Barrera.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Excitativa)

Se recibió del Senador Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.

(Acuerdos de los Organos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de la Comisiones.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veinte minutos, y citó a sesión Ordinaria el próximo jueves 10 de septiembre, a las once horas”.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite los informes de labores de diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Presidencia informa a la Asamblea, que los informes de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal fueron ya debidamente distribuidos a los señores Senadores y señoras Senadoras, y a las comisiones correspondientes.

Pasemos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También de la Secretaría de Gobernación se recibieron oficios con solicitudes de permiso a los que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1226/09
México, D.F., a 2 de septiembre de 2009.

SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 09187, la Cons. Aureny Aguirre O.Sunza, Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Manuel Arango Arias, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El titular de la Unidad
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1276/09
México, D.F., a 3 de septiembre de 2009.

SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 09458, la Cons. Aureny Aguirre O.Sunza, Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Enrique Hernández Cisneros, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla Conmemorativa Primero de Agosto, que le otorga el Gobierno de la República Popular China.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

El titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- El C. Secretario Zoreda Novelo: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió un oficio con el que remite la información correspondiente al paquete económico 2010.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Informo al Pleno, que la información relativa a este paquete ya fue distribuida a los señores Senadores. Y cuando hablo de paquete, hablo literalmente, es una caja, más o menos voluminosa, de documentos que han sido recibidos y turnados a las oficinas de los señores Senadores; y los que aún no hayan llegado estarán, seguramente, en trayecto.






SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, para asistir a la ceremonia conmemorativa del Izamiento de Bandera en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre del año de 1985, a realizarse el próximo sábado 19 del mes en curso, en esta ciudad.

“SecretarIa de Cultura

Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural

“2008-2010, Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México”

CPHAC/1384/09
México, D. F., a 24 de julio de 2009

CC. Secretarios de la H.
Camara de Senadores
Xicotencatl N° 9Centro Historico
Delegación Cuauhtemoc
Presente

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de septiembre de 2009, de la cual anexo su descripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Sábado 19

07:19 horas

Izamiento de bandera en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985

Asta de la Plaza Solidaridad, ubicad en Av. Juárez y Balderas, Delegación Cuauhtémoc

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes el nombre del Senador que asistirá al evento de referencia en representación de la H. Cámara de Senadores, Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dicho acto.

Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área Cívica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León

Coordinadora”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores, a la ceremonia conmemorativa del Izamiento de Bandera, por los acontecimientos ocurridos en septiembre de 1985, se designa a la Senadora Rosario Ybarra de la Garza, para que asista.

Adelante, señor Secretario.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Alberto Cárdenas Jiménez, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del día de hoy, 10 de septiembre.

“ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ

México, D.F., a 10 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPUBLICA.

Estimado Senador Navarrete:

A través de la presente, hago de su conocimiento que a partir de esta fecha reinicio mis labores como Senador de la República.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: La Asamblea ha quedado enterada de esta comunicación.

Y a nombre de la Mesa Directiva y de sus compañeros Senadores y Senadoras, le damos la más cálida bienvenida al Senador Alberto Cárdenas Jiménez en su reincorporación como Senador de la República, y esperamos que sea productivo.

(Aplausos)

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una comunicación del Senador Jesús Dueñas Llerenas, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por la que informa que el proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de manejo integral de cuencas hidrográficas, se encuentra en estudio y análisis, por lo que se solicita se otorgue una prórroga para la presentación del dictamen. Lo anterior a partir de la excitativa que fuera emitida el 3 de septiembre pasado.

“COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CAG/LXI/ Of. 004/09.

México, D. F., a 8 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Hago de su conocimiento sobre la solicitud de excitativa presentada por el Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, formulada a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria; y Estudios Legislativos Segunda, para emitir dictamen con proyecto de Decreto por el que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de manejo integral de cuencas hidrográficas, presentado el 3 de septiembre de 2009.

De lo anterior, estas comisiones dictaminadoras se encuentran en estudio y análisis del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Por las razones expuestas, se solicita tenga a bien otorgar una prórroga para la presentación del dictamen de la iniciativa referida; al otorgar dicha petitoria nos permitirá concluir con los trabajos correspondientes.

Sin otro particular, reitero mi más sincero agradecimiento.

Atentamente

Sen. Jesús Dueñas Llerenas, Presidente”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado enterada, y autoriza una prórroga para que las comisiones encargadas del asunto presenten el dictamen que corresponda.

Pasemos, señor Secretario, al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron las siguientes comunicaciones de comisiones:

Una, de la Comisión de Gobernación; y una de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con las que remiten sus respectivos informes de labores correspondientes al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su informe de labores correspondiente al último año y el correspondiente a los tres años de ejercicio de la LX Legislatura.

Una, de la Comisión de Juventud y Deporte; y una de la Comisión de Relaciones Exteriores, con las que remiten sus informes de labores correspondientes a la LX Legislatura.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea queda debidamente enterada.

En otro apartado del Orden del Día, señoras Senadoras, señores Senadores, tiene la palabra el Senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Presentada por el C. Senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Santiago Creel Miranda: Con su permiso, señor Presidente.

En primer lugar, sumarme para darle la más cordial bienvenida al Senador Alberto Cárdenas.

Y, por supuesto, para reconocer la labor de nuestra compañera, de nuestra amiga, Eva Contreras, en la labor que realizó con todos nosotros durante el tiempo que estuvo en el Senado de la República.

Muchas gracias a la Senadora Eva Contreras Sandoval.

(Aplausos)

Y bienvenido el Senador Alberto Cárdenas.

Señoras y señores Senadores, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esta reforma que presento el día de hoy, aquí ante ustedes, tiene por objeto otorgar nuevos derechos ciudadanos, y de manera muy particular, a los servidores públicos sindicalizados, para que se puedan conocer con transparencia los montos, el destino de todos los recursos públicos que el gobierno entrega a los sindicatos públicos de este país.

Se trata de contar con un derecho ciudadano de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental, que permita romper con la opacidad que hoy campea en muchas de las tesorerías de los sindicatos públicos del país.

Se busca, precisamente, con estas reformas, provocar un ejercicio de rendición de cuentas, para que los mexicanos podamos saber, podamos conocer con exactitud, cuánto dinero reciben los sindicatos públicos por parte del gobierno, cuál es su fundamento jurídico de esa entrega, cuál es el destino que originan esos recursos, qué gastos se llevan a cabo, qué inversiones se realizan, quienes son los beneficiarios de esos recursos públicos, y sobre todo, quiénes son los responsables del buen manejo que hagan de ellos.

En una época como la que estamos viviendo los mexicanos, en una época de crisis económica, con mayor razón se hace necesario transparentar todos los recursos gubernamentales que se entregan a los sindicatos públicos.

Habrá que decirlo, esta ha sido una reforma que ha estado pendiente por muchos años. Es hora, como bien lo dijo el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, de pasar de las reformas posibles a las reformas de fondo que permitan transformar el país.

Esta propuesta que hoy presento va al fondo precisamente de muchos de los problemas que viven las organizaciones sindicales públicas del país, y que precisamente se vinculan.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señor Senador, si me permite un momento, por favor.

Esta Presidencia hace un respetuoso llamado a los integrantes de la Asamblea, y también a nuestro equipo de asesores y auxiliares para que intentemos concentrarnos con el debido silencio para escuchar al orador. Les pido por favor su colaboración a los miembros de la Asamblea y a nuestros asesores integrantes del equipo de apoyo.

Tiene usted la palabra, Senador Creel.

- El C. Senador Creel Miranda: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía yo que esta propuesta va al fondo de muchos de los problemas que viven nuestras organizaciones gremiales públicas y que se vinculan con la opacidad en el manejo de sus recursos y con la consecuente debilidad en su sistema de rendición de cuentas que hacen a la sociedad.

Los sindicatos públicos tienen una condición muy especial dentro del Estado mexicano.

Por una parte, se abocan a la defensa de los legítimos derechos e intereses de los servidores públicos en su condición de trabajadores al servicio del estado.

Y, por la otra, los sindicatos públicos coadyuvan en el desempeño de las tareas sustantivas del gobierno. Por eso, precisamente por estas razones la transparencia en el manejo de los recursos públicos se vuelve indispensable.

De aprobarse esta iniciativa que hoy presento, los poderes y los órganos federales seguirán siendo los sujetos directamente obligados por la Ley de Transparencia.

En tanto que los sindicatos públicos lo serán de manara indirecta a través de distintas obligaciones de transparencia que habrá de manera puntual y escrupulosa como condición para seguir recibiendo recursos públicos federales.

Es muy importante señalar y que ustedes conozcan que esta propuesta en nada afecta o interfiere de forma alguna con la autonomía sindical; por el contrario, esta iniciativa es una fuente de transparencia para esa autonomía, lo que fortalece sin duda la vida sindical del país.

Como legisladores no podemos permitir que un solo peso de los contribuyentes quede sin escrutinio, sin rendición de cuentas, independientemente de dónde se encuentre ese recurso público.

Concluyo, señor Presidente.

Por eso, les propongo legislar por sindicatos públicos más transparentes, sujetos a controles ciudadanos, más fiscalizados, más ordenados y, sobre todo, obligados a rendir cuentas a los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LACAMARA DE SENADORES DEL
CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Santiago Creel Miranda, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante los últimos tres lustros, México ha avanzado –de manera muy importante– en la democratización y en la transparencia en diversos ámbitos de su vida política.

Con la reforma electoral de mil novecientos noventa y seis, la organización de los procesos electorales dejó de ser una función a cargo del Poder Ejecutivo Federal y, desde entonces, se depositó en un organismo autónomo, ciudadanizado e imparcial.

Poco tiempo después, la Ley Fundamental de la República fue nuevamente modificada. En esta ocasión, el Constituyente Permanente –representante directo de la soberanía popular– creó la Auditoría Superior de la Federación, como organismo de fiscalización superior de la Nación facultado para revisar, auditar y fiscalizar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos federales, dondequiera que éstos se encuentren y quienquiera que sea el responsable de erogarlos.

Con el nuevo texto de la Carta Magna, se pasó de la consolidación de la democracia electoral, al fortalecimiento de la democracia ciudadana, mediante la creación de una instancia que hace más eficaz la rendición de cuentas y la transparencia, al tiempo que mejora el equilibrio de poderes y fortalece el sistema de frenos y contrapesos establecido en la Constitución.

La modificación a la Carta Magna es muestra clara de que el avance democrático del país no puede ni debe detenerse. Los beneficios de su aprobación se van consolidando día a día.

Con ese ánimo, la presente iniciativa retoma los esfuerzos por que nuestra democracia continúe avanzando, evolucionando y perfeccionándose; en particular, se basa en el espíritu de la reforma constitucional que dio paso a la entidad de fiscalización superior de la Federación, mismo que fue explicitado en el dictamen, fechado el catorce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sometió a la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados, que fungió como cámara de origen en el procedimiento a cargo del Órgano Revisor de la Constitución:

“Acreditar el recto y correcto ejercicio de todos los recursos públicos federales, sea que hayan sido asignados a los Poderes de la Unión o a las entidades públicas del Gobierno Federal, incluso las no sectorizadas y con autonomía e independencia para el desempeño de sus propias funciones sustantivas, como es el caso –a modo de ejemplo– del Instituto Federal Electoral, de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea que se trate de aquéllos manejados o utilizados por las entidades federativas, por los municipios, o aun los particulares (debe destacarse que en este último caso, la facultad revisora y fiscalizadora de la entidad de fiscalización superior no se extiende a cuestiones fiscales o tributarias, sino solamente a la verificación del manejo adecuado que sobre fondos o recursos federales lleven a cabo los particulares). En conclusión, el ente técnico de fiscalización, perteneciente a la Cámara de Diputados, estará encargado de revisar y fiscalizar a todas las personas, físicas o morales, privadas o de carácter público, que manejen recursos de la Federación –esto incluye, desde luego, la fiscalización de los recursos federales manejados por los partidos y agrupaciones políticas nacionales.”

Algunos años más tarde, en dos mil dos, el Poder Legislativo Federal expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con ella, México tuvo –por primera vez– disposiciones legales que hicieron posible el ejercicio genuino del derecho a la información y que, al mismo tiempo, impusieronobligaciones claras y precisas de transparencia y de rendición de cuentas a las autoridades frente los ciudadanos.

La expedición y el posterior inicio de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental constituyeron –sin lugar a dudas– la verdadera institución de controles sociales sobre la información que generan los poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos –controles, claro está, indispensables en todo régimen político que se precie de ser democrático–.

El principio de máxima publicidad de la información del gobierno es ahora la regla y no la excepción. En consecuencia, los mexicanos tienen, hoy, acceso expedito a los documentos y a la información que, por definición, debe ser –y es– pública; es decir, la información es de los ciudadanos y las excepciones a la publicidad se restringen a cuestiones que deban reservarse por motivos de interés público, de seguridad nacional o de protección de datos personales.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido, también, modelo para la adopción de legislaciones análogas o similares en las entidades federativas que conforman la República.

Por su parte, la propia LX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la Constitución en materia electoral, así como la expedición de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tales cambios obedecieron, entre otros fines, a la intención de transparentar la actuación de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y medios electrónicos de comunicación, en aras de mayor equidad en la competencia electoral.

Esta misma Asamblea votó en favor de una adición fundamental al artículo 6° constitucional, imponiendo nuevos deberes a la Federación, a los estados y al Distrito Federal, frente a los ciudadanos que ejerzan su derecho de acceso a la información.

En tal contexto, a una década de la creación de la Auditoría Superior de la Federación y a casi siete años de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace indispensable proponer nuevas medidas e iniciativas que persigan los mismos objetivos y que se inspiren en los mismos propósitos: continuar la marcha por el sendero de la democratización de la vida pública nacional, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, que son instrumentos elementales en cualquier democracia al servicio de sus ciudadanos.

En tal virtud, la presente iniciativa pretende incluir –como sujetos obligados indirectos de los principios, obligaciones y disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– a otro tipo de instituciones de interés público, que también revisten gran trascendenciapara la vida nacional, como lo son las organizaciones gremiales que se integran por servidores públicos –es decir, los sindicatos de cualquier autoridad, dependencia, órgano u organismo– cuando reciban o manejen recursos públicos federales, tal y como se explicita en el texto del artículo 1°, así como en la fracción XII-Bis del numeral 3° del proyecto de Decreto.

La intención de la iniciativa consiste en establecer vías para que los sujetos destinatarios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental documenten, precisen, expliciten y publiquen la información en torno a la entrega, uso y destino de los recursos públicos federales que reciben las organizaciones gremiales de servidores públicos, en los términos que proponen los artículos 7°, fracción IX-Bis y párrafo último, y 11-Bis del proyecto de Decreto.

Al mismo tiempo, también se pretende que tales sindicatos integrados por servidores públicos lleven registros contables y administrativos separados e independientes por cuanto hace a los recursos públicos federales que reciban, con objeto de que sus agremiados –y, por supuesto, también los ciudadanos– estén en condiciones de distinguirlos frente a otras fuentes de ingresos, tales como las cuotas o aportaciones de sus miembros, según lo establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 11-Bis del proyecto de Decreto.

Asimismo, el párrafo segundo del artículo 11-Bis también propone medidas adicionales de transparencia y de rendición de cuentas, como la obligación, a cargode los sindicatos de servidores públicos, de presentar informes en los que se dé cuenta puntual de los montos de los recursos públicos federales recibidos, así como de su uso, aplicación y destino e, incluso, de su afectación en fideicomisos o a través de cualquier otra figura jurídica.

Igualmente, de aprobarse la propuesta de párrafo último de los artículos 7° y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los mexicanos y, en particular, los servidores públicos que formen parte de las organizaciones gremiales referidas –cuando éstas reciban o manejen recursos públicos federales– tendrán la posibilidad de conocer la información básica respecto del funcionamiento; de la estructura y organización; de la situación financiera; de los directorios, tabuladores salariales y escalafones; de los contratos otorgados, así como de los programas de trabajo y presupuestos o recursos ejercidos, por mencionar algunos rubros específicos.

Las nuevas obligaciones a cargo de los sujetos obligados por la Ley, así como de las organizaciones gremiales en comento, resultan plenamente compatibles con el espíritu que ha animado al legislador ordinario –como también al Poder Revisor de la Constitución– respecto de la rendición de cuentas en torno al uso y destino de los recursos públicos federales y de la eficiencia y la eficacia en la gestión pública.

El objetivo principal consiste en que no existan recursos públicos federales –dondequiera que se encuentren, cualquiera que sea su destino y quienquiera que los reciba o maneje– que se mantengan fuera del alcance de las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, la transparencia y la rendición de cuentas en la relación entre los sujetos obligados por la Ley y las organizaciones gremiales de servidores públicos, serán factor indiscutible de legitimidad en la actuación de las dirigencias sindicales y, también, de construcción de liderazgos incuestionables frente a los trabajadores que integran tales organizaciones, así como frente a los ciudadanos en general –quienes aportan los recursos públicos y son la razón de ser del servicio público–.

La existencia y prevalencia de sindicatos opacos, alejados de las demandas de sus trabajadores y ajenos al escrutinio social, en nada beneficia a sus agremiados ni a la sociedad.

Por el contrario, el México democrático del siglo veintiuno no merece menos que organizaciones gremiales de servidores públicos autónomas pero, al mismo tiempo, transparentes en la recepción, uso y destino de los recursos públicos federales que manejan; sujetas al imperio de la ley, y cuyas dirigencias asuman responsablemente la delicada tarea de administrar el patrimonio de sus agremiados y los recursos públicos que la ciudadanía les confía, rindiendo cuentas puntuales de su actuación.

La intención de la propuesta no es otra que contribuir a la transparencia y al acceso más amplio de los ciudadanos a cualquier información relacionada con el manejo y la erogación de recursos públicos federales, así como con las actividades y responsabilidades de los servidores públicos.

En síntesis, el espíritu de la iniciativa radica en que ningún centavo, ningún peso a disposición de la Federación y que provenga de los contribuyentes pueda estar al margen de la auditoría o del control ciudadano.

A la luz de lo anterior, con objeto de edificar una democracia más representativa, más efectiva, genuinamente orientada al bien común, capaz de generar más dividendos sociales y, al mismo tiempo, más transparente y más responsable frente a los ciudadanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 1°, y se adicionan los artículos 3°, fracción XII-Bis, 7°, fracción IX-Bis y párrafo último, 11-Bis y 14, párrafo último, todos ellos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, cualquier otra entidad federal, así como las organizaciones gremiales que se integran por servidores públicos, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, cuando estas últimas reciban o manejen recursos públicos federales.

Artículo 3°.-

I. a XII. …

XII-Bis.- Sindicatos de servidores públicos: Las organizaciones gremiales que se integran por servidores públicos legalmente constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, así como sus federaciones o confederaciones, que reciban o manejen recursos públicos federales;

XIII. a XV. …

Artículo 7°.-

I. a IX. …

IX-Bis. La información relativa a la entrega de recursos públicos federales a los sindicatos de servidores públicos, la cual deberá precisar los montos entregados, las fechas de entrega, los fundamentos jurídicos y los objetivos de la entrega, la persona que recibe los recursos y la calidad jurídica con que lo hace, el uso y destino de losrecursos, así como los informes anuales que entreguen dichos sindicatos en los que se dé cuenta de su aplicación, uso y destino;

X. a XVII. …

Los sujetos obligados se asegurarán de que los sindicatos de servidores públicos pongan a disposición del público y actualicen la información a que se refiere este artículo, en todo aquello que les resulte aplicable, para que dichos sindicatos sean susceptibles derecibir o manejar recursos públicos federales.

Artículo 11-Bis.- Los sujetos obligados deberán documentar la entrega de recursos públicos federales a los sindicatos de servidores públicos, a través del instrumento jurídico correspondiente.

En el instrumento jurídico deberán quedar precisados los montos entregados, los objetivos de la entrega, el uso y el destino de los recursos públicos federales, así como la obligación, a cargo de los sindicatos de servidores públicos, de llevar registros contables y administraciones de los recursos públicos federales separadas respecto de las cuotas o aportaciones o de cualquier otra fuente de ingresos. Asimismo, a más tardar en el mes de abril, los sindicatos de servidores públicos deberán entregar un informe anual, soportado con documentación comprobatoria, que dé cuenta de la aplicación, uso y destino de los recursos públicos federales, incluyendo, entre otras cosas, su afectación en fideicomisos o en cualquier otra figura jurídica, la institución fiduciaria, los fideicomisarios y los fines del fideicomiso.

Los sindicatos de servidores públicos deberán publicar y actualizar, en lo que les resulte aplicable, la información a que se refiere el artículo 7° de esta Ley.

Cualquier persona podrá solicitar a los sujetos obligados información relativa a la entrega, aplicación, uso y destino de los recursos públicos federales que reciban los sindicatos de servidores públicos. Para responder a dichas solicitudes, los sujetos obligados podrán, en todo caso, requerir a los sindicatos los informes respectivos y demás documentación comprobatoria.

Artículo 14.-

I. a V. …

Tampoco podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información sobre la entrega, aplicación, uso y destino de los recursos públicos federales a los sindicatos de servidores públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: ¿Con qué objeto, SenadoraGonzález Carrillo?

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, para solicitarle pueda preguntar al Senador Santiago Creel si puedo suscribir la iniciativa que ha presentado.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Consulto al Senador Santiago Creel, respecto a la iniciativa que acaba de presentar, si acepta que diversos Senadores y Senadoras del PAN, del PRD, el Senador Govea Arcos; Senadores, estamos tomando nota de todas las participaciones y que puedan suscribir la iniciativa presentada hace unos momentos.

Se acepta por parte del Senador Santiago Creel y se toma nota de la intención de las señoras Senadoras y Senadores en esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra al Senador Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 6 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 20 BIS DE LA LEY DE EXPROPIACION

(Presentada por el C. Senador Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Ricardo García Cervantes: Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros Senadores:

Es muy brevemente, presentar a ustedes la iniciativa que pretende corregir y colmar deficiencias de nuestra propia reforma a la Ley de Expropiación del pasado mes de julio de 2009.

Esta iniciativa contiene una corrección, toda vez que el gobierno del Distrito Federal a través del Jefe de Gobierno puede emitir la declaratoria de expropiación, sin embargo se le obliga a que la notificación sea mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y no de la Gaceta del Distrito Federal.

Esta iniciativa pretende corregir esa omisión. Así como garantizar que los que se vean afectados por una declaratoria de expropiación e interpongan, mediante procedimiento administrativo o judicial, para hacer valer sus derechos puedan hacerlo en los términos no de un recurso, sino de cualquier procedimiento.

Son los contenidos de esta iniciativa que solicito se integre al Diario de los Debates y agradeceré y estoy confiado en que la Comisión de Gobernación y la Comisión de Estudios Legislativos que encabeza el Senador Tomás Torres, podrán valorar y, en su caso, dictaminar esta iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presentes.

Ricardo Francisco GarcIa Cervantes, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara la iniciativa que reforma el artículo 6 y segundo párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado, en su concepción más tradicional, nos dice Francisco Porrúa Pérez en su obra “Teoría del Estado” (Editorial Porrúa, México, 1987), es considerado como una sociedad humana asentada permanentemente en un territorio creado, estructurado y regido por un ordenamiento jurídico asentado permanentemente en busca del bien público temporal.

Más allá de reflexionar sobre los elementos constitutivos del Estado, es menester formular un comentario respectoa los fines del mismo y particularmente a su fin genérico que es el bien común.

El bien común desde la perspectiva estrictamente jurídica, o bien, desde el ámbito de la Ciencia Política ha sido uno de los factores primordiales en la justificación de la institución Estatal. La sociedad creó al Estado por su propia insuficiencia para realizar fines sociales. Se crea el Estado para subsistir y para hacer posible la vida social, merced al bien común, es decir, como lo señala Andrés Serra Rojas en su libro “Ciencia Política” (Editorial Porrúa, México 1981), como un “orden justo, estable y seguro para la vida suficiente de una comunidad”.

De esta manera el Estado moderno, asume una acción política y administrativa de enorme trascendencia. La actividad estatal puede entonces clasificarse como: 1. Actividad jurídica tendente al aseguramiento y la preservación del Estado de Derecho; 2. Actividad patrimonial económica o financiera, encaminada a la gestión del propio patrimonio, a la obtención de recursos y su correlativo empleo para la realización de los servicios públicos; y 3. Actividad social para promover el adelanto de la sociedad en sus más variadas manifestaciones, desde el punto de vista económico, físico e intelectual. Inclusive el propio Jellinek en su “Teoría General del Estado” (Compañía Editorial Continental, 2ª edición, México, 1981) señala como fines del Estado: el bienestar del individuo y de la colectividad manteniendo y protegiendo su existencia; asegurar la libertad y la seguridad de las personas y el mantenimiento del orden jurídico; conservar, ordenar y fomentar las manifestaciones de la vida solidaria de los integrantes de la sociedad y el aseguramiento de los servicios públicos, entre otros.

En esa medida, el Estado y los sistemas jurídicos han permitido la sistematización de las categorías jurídicas, la construcción y el perfeccionamiento de instituciones y la evolución de las mismas, garantizando la certidumbre jurídica de los particulares y preservando la potestad del Estado de establecer leyes para asegurar el bienestar general.

Un ejemplo claro de la convivencia de los principios enunciados anteriormente es la figura jurídica de la propiedad y su contraste con la expropiación, éste último relativamente reciente y surge probablemente de manera conjunta con la consideración del Derecho administrativo como una disciplina jurídica especial.

Numerosas constituciones que fueron elaboradas a principios del siglo pasado han recogido el concepto de la propiedad como una función social.

La propiedad privada es un derecho público subjetivo o garantía individual y como tal está protegida a través del juicio de amparo frente a cualquier autoridad que la afecte si no es seguido en un procedimiento en el que se respeten plenamente las garantías de legalidad y audiencia. Sin embargo, la garantía de propiedad tiene la restricción de la expropiación por causa de utilidad pública y de las modalidades que dicte el interés público.

Así, la expropiación debe entenderse como un acto de derecho público consistente en desposeer de una cosa a su propietario, por una causa de utilidad pública, dándole a cambio una indemnización.

En nuestro orden jurídico, encontramos la base constitucional de la expropiación en el segundo párrafo del artículo 27 que señala que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

De igual manera, la fracción VI, párrafo segundo del mismo precepto establece las bases para saber la autoridad que determina la utilidad pública, la forma en la que se fija la indemnización y la posible intervención de la autoridad judicial en la expropiación.

Asimismo, se faculta expresamente al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para expedir leyes de expropiación. A mayor abundamiento, el párrafo de referencia determina:

“Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.”

Sin embargo, el principio de legislar en materia de expropiación se encuentra limitado para el Distrito Federal, ya que, por un lado, no existe facultad expresa en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le permita a la Asamblea Legislativa legislar en la materia y, consecuentemente, tampoco existe disposición relativa en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En tal sentido el procedimiento de expropiación que aplica el Distrito Federal se encuentra previsto por la Ley de Expropiación, cuyo artículo 21 determina el carácter federal de la ley en aquellos casos en que la realización de la expropiación esté dirigida a un fin federal y de carácter local para el Distrito Federal.

De igual manera, el artículo 20 bis de este ordenamiento señala las reglas generales a las que deberá ajustarse el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo el procedimiento de expropiación. El artículo 20 bis vigente en comento señala:

“Artículo 20 BIS.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta ley, podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.

La declaratoria de expropiación se hará en los términos previstos en esta ley.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá del procedimiento a que se refiere el artículo 2o de esta ley”.

Cabe destacar que éste artículo –entre otros- fue reformado recientemente mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de de junio de 2009. Con anterioridad a la reforma el artículo 20 bis señalaba:

“Artículo 20 BIS.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta ley, podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá y resolverá el recurso administrativo de revocación previsto en la presente ley”.

Como es de observarse, con la reforma al referido artículo se establece que la publicación de la declaratoria de expropiación se haga conforme a lo determinado por la ley, mientras que con anterioridad se establecía que dicha publicación se realizaría en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y sería notificada personalmente a los interesados. Igualmente, refería el procedimiento de una segunda publicación en el mismo medio, encaso de que se ignorara el domicilio de los interesados, publicación tal, que haría los efectos de una notificación personal.

El caso es que conforme al procedimiento determinado por la ley vigente la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en un diario de la localidad de que se trate, y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados. Además, se prevé que en caso de desconocerse el domicilio de los afectados, se procederá a una segunda notificación en el Diario Oficial de la Federación que hará las veces de notificación personal (Artículo 2 fracción II párrafo segundo).

En tal medida el Gobierno del Distrito Federal tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de expropiación en lugar de hacerlo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Ahora bien, mediante el Decreto Presidencial de fecha 23 de enero de 1946 fue creado el periódico de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, posteriormente con fecha 21 de septiembre de 1987, se emite el Acuerdo por el que se reglamenta la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el cual se regula la publicación, distribución y venta de la misma.

Conforme al artículo 3 del referido Acuerdo, se establece que serán materia de publicación en la Gaceta:

• Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares u otros documentos de carácter local que para su validez oficial deban ser publicados
• Bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno
• Ejecutorias, tesis jurisprudenciales sobresalientes y jurisprudencias definidas
• Resoluciones emitidas por unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno del Distrito Federal
• Convocatorias
• Relaciones de obras del Gobierno del Distrito Federal
• Edictos, avisos notariales y judiciales
• Resoluciones judiciales a petición de la unidad emisora.
• Otorgamientos de concesiones de bienes y servicios en el Distrito Federal
• Nombramientos de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública
• Cualesquiera otra que a juicio del Gobierno del Distrito Federal, a través de la unidad administrativa correspondiente, deban ser publicadas

Toda vez que la declaratoria de expropiación es un acto emitido en su caso por unaunidad administrativa del Gobierno del Distrito Federal (la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal) y que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala en su artículo 67 como facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, conforme a las leyes del Congreso de la Unión, y que este tipo de actos son considerados como formal y materialmente ejecutivos, es de subrayarse la importancia de éstos y en tratándose de un acto de la esfera de competencia del Distrito Federal, independientemente de que se rija conforme al procedimiento señalado en la Ley Federal, se considera conveniente que la declaratoria –tal y como estaba previsto con anterioridad a la reforma– se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, órgano oficial de difusión del gobierno local.

Es así que en términos de lo dispuesto por el artículo 2 del Acuerdo por el que se reglamenta la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, se determina que la Gaceta es el órgano que tiene como finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito del Distrito Federal. Una vez más, si se considera que la expropiación emana del Jefe de Gobierno y dicho acto jurídico tiene aplicación en el ámbito del D.F., queda debidamente sustentado que la publicación de la declaratoria debe hacerse en la gaceta.

Desde el ámbito de la certeza jurídica de los gobernados, no puede justificarse la reforma señalada a la ley de junio de 2009, es decir, la preocupación del legislador se origina en la debida publicitación del acto, misma que se encuentra garantizada mediante la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Además, se imponen cargas adicionales al Gobierno del Distrito Federal en lo que corresponde al pago de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, así como llevar a cabo el trámite “SGOB-01-001 - Publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación”, lo cual a la luz del principio de desregulación, no hace sino provocar una dilación en el procedimiento de expropiación y eventualmente en la publicación de la declaratoria deexpropiación.

En el mismo sentido, tampoco puede identificarse ni en la exposición de motivos que originó la reforma en comento ni en los dictámenes emitidos por las Comisiones de ambas Cámaras la justificación para sustituir dicho procedimiento y con ello imponer al Distrito Federal la obligación de publicación en elDiario Oficial de la Federación. Por tales razones se propone reformar el primer párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

“Art. 20 bis. …

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

…”

Es decir, el primer párrafo que corresponde a la facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de expropiación quedará en sus términos, se reforma el párrafo segundo para que quede con eltexto previo a la reforma de junio y finalmente el tercer párrafo al ser congruente con el procedimiento señalado en la ley vigente, se conserva en los términos de dicha reforma.

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley, igualmente fue objeto de lareforma de junio de 2009, quedando como sigue:

“Artículo 6o.- De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del recurso respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda”

De lo anterior, se establece la hipótesis jurídica en la que se cuestione lapropiedad del bien o derecho expropiado, otorgando certidumbre jurídica respecto del monto de la indemnización, mismo que debe ser depositado ante la autoridad que conozca del procedimiento de cuestionamiento de la titularidad, sin hacer distinción entre autoridad judicial o administrativa, local o federal. Sin embargo, se emplea el término “recurso”, que se considera poco preciso.

La palabra “recurso” en su concepción más amplia se utiliza en el derecho procesal para designar al medio de impugnación que se interpone contra una resoluciónjudicial o administrativa pronunciada en un proceso ya iniciado, generalmente ante un juez o un tribunal – o autoridad administrativa -de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador o autoridad que emitió la resolución con elfin de revocarla, modificarla o anularla.

Por tales razones, desde el punto de vista procesal, el término “recurso” empleado por la reforma a la Ley de Expropiación puede ser inexacto y equívoco, dando lugar a diferentes interpretaciones, pudiendo inclusive hacer nugatorio el derecho de indemnización que pretende tutelar.

Sobre el mismo tema, ni siquieraes necesaria la fijación de una litis para el caso de reconocimiento de latitularidad de un bien o derecho, ya que una jurisdicción voluntaria puede válidamente ser promovida porquien tiene derecho a la titularidad del bien para que éstele sea reconocido.

Por lo anterior, se considera más adecuado el empleo del término “procedimiento”, ya que éste hace referencia al conjunto de reglas y preceptos a que debe acomodarse el curso y ejercicio de una acción. La normatividad que recoge, desde el ámbito delderecho común a nivel federal las reglas del juicio es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que determina en su artículo 1:

“ARTICULO 1º.- Sólo puede iniciar un procedimiento o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario”.

De igual manera, en el ámbito administrativo, los procedimientos tanto sustantivo como adjetivo, se prevén en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ambas, refieren al procedimiento como el conjunto de actos para la emisión del acto administrativo y en sucaso –desde elámbito adjetivo-para designar al conjunto de los actos en que se controvierta ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa una resolución expedida por autoridad administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman el artículo 6 y segundo párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación.

Artículo Unico. Se reforman el artículo 6 y segundo párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda.

Artículo 20 BIS.-…

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador García Cervantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Quiero pedirle al Senador Heladio Ramírez López haga uso de la palabra a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General Agroalimentaria.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL AGROALIMENTARIA

(Presentada por el C. Senador Heladio Ramírez López, a nombre propio y de diversos Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD)

- El C. Senador Heladio Ramírez López: Gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa de ley efectivamente está suscrita por toda mi fracción parlamentaria, encabezada por el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; y por los Senadores del PRD, Silvano Aureoles Conejo, Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García, Jesús Garibay García y Rubén Fernando Velázquez López.

Señoras y señores Senadores:

Vengo a presentar ante esta Honorable Asamblea la iniciativa de Ley General Agroalimentaria producto de un esfuerzo colectivo encabezada por el grupo plural al que ustedes confiaron la responsabilidad de analizar a fondo el marco jurídico del campo mexicano para actualizarlo y modernizarlo.

Lo hago en una de las coyunturas políticas económicas más delicadas de nuestro país. Soy consciente, sin embargo, que la profundidad de la crisis que vive el campo, que es estructural, no puede esperar y necesita con urgencia soluciones.

El espíritu que anima a esta iniciativa es que el campo se eleve a una más alta prioridad en las políticas de Estado. Esto es así porque el campo y sus viejas dolencias se han agravado seriamente con la crisis global. Lo golpean con más dureza que nunca, la sequía, y en algunas zonas otros fenómenos meteorológicos.

El desempleo, la inmigración, el minifundio, la pobreza, el hambre y las desigualdades, y si esto no fuera suficiente, dos preocupantes fenómenos atormentan en forma dramática al mudo rural: el envejecimiento de sus productores y la resistencia de las jóvenes generaciones para formar su vida en la agricultura, desilusionados por la falta de expectativas y opciones.

El desafío es indiscutible, o reaccionamos como país y nos decidimos a realizar las reformas integrales que el campo necesita o dejamos que la inercia burocrática, las medidas paliativas y coyunturales lo sigan reduciendo a la simple condición de país dependiente frente al poder productivo y expansivo de nuestros socios comerciales y sus transnacionales.

El sector rural necesita, hoy más que nunca, un replanteamiento a fondo de su modelo de crecimiento, necesita una estrategia nueva para hacerlo competitivo. Necesitamos revalorar nuestra agricultura, como lo han hecho ya los países más desarrollados desde sus legislaciones nacionales, y como lo están intentando también las naciones emergentes.

Particularmente estos últimos tienen la experiencia, como nosotros, de que la dependencia alimentaria está fuertemente atada a la baja rentabilidad agropecuaria, marcada por su escasa productividad, su atraso tecnológico y su descapitalización.

Los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial en el Tratado de Libre Comercio, cuenta con su Ley de Seguridad e Inversión Agrícola; Canadá, con su Ley de Agricultura y Agroalimentos; Europa con su Política Agrícola Común; China fortalece su agricultura y aumenta la competitividad de sus productores en sus planes quinquenales.

Nosotros en cambio tenemos dispersas las leyes del campo, complejidad e inoperancia en las reglas de operación, un crónico subejercicio presupuestario, deficiencias de algunas normas, particularmente en lo que se refiere a la sanidad vegetal y animal.

Estas son, entre otras consideraciones, las que determinaron al grupo plural del Senado a convocar a todas las organizaciones de productores, tanto del sector social como agroindustriales, académicos, a las universidades del campo, a los legisladores locales, para que en una discusión libre y abierta construyéramos una iniciativa de ley como la que hoy presentamos a ustedes.

Los contenidos básicos de la Ley Agroalimentaria son: La creación, recuperación y ordenamiento de la institucionalidad, las políticas y los instrumentos para reactivar la agricultura.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Senador Heladio, ¿me permite un minuto por favor?, discúlpeme. Compañeras y compañeros Senadores, quisiera rogarles atención, silencio y respeto a quien está presentando una iniciativa a nombre de un grupo de trabajo de este Senado de la República. Continúe, señor Senador.

- El C. Senador Heladio Ramírez López: Gracias. El establecimiento de la planeación agrícola de largo plazo, mediante planes de siete años, la definición de los productos estratégicos para la seguridad alimentaria, la elevación a rango de ley de programas para insumos, infraestructura, financiamiento, asistencia técnica, extencionismo, ingreso, objetivo, agricultura por contrato, comercialización y lineamientos para la reglas de operación.

Establecimiento de un marco de apoyo para impulsar la organización y fomento de la empresa agropecuaria y agroindustrial, la reivindicación de la importancia de la actividad pecuaria y su vinculación a las cadenas de valor.

La definición de programas especiales para los productos con ventajas comparativas para la exportación, la creación de reservas estratégicas.

Con base en estos lineamientos, proponemos que la actividad agropecuaria, en función de las condiciones que rigen en el mercado, sea una actividad estimulada por el Estado, para que nuestros agricultores cuenten con ventajas competitivas, estables, y no dependan solamente de sus ventajas comparativas.

Ello implica una vigorosa política de fomento a la producción, a la productividad, a la rentabilidad y a la competitividad; a la generación de empleos y riqueza para los campesinos.

Significa que el Estado, como rector de la economía, no gobierne para los campesinos, sino con los campesinos. Buscamos fortalecer al ejido, la comunidad y la pequeña propiedad poniendo en sus manos los instrumentos técnicos, crediticios y comerciales que les permitan sacar provecho y valor de todas las etapas del ciclo productivo.

Lo que está en el centro de nuestra propuesta es una nueva política que hace de la planeación el instrumento fundamental para la reactivación del campo. Desde el replanteamiento del uso del suelo, la organización y capacitación campesina como política de Estado, la creación de una institución autónoma independiente para determinar el ingreso objetivo, las reglas de operación y la reformulación del PROCAMPO, hasta los presupuestos multianuales y nuevas formas de relación con el mercado.

Esta iniciativa, señor Presidente, es un intento para hacer avanzar al campo mexicano hacia la modernidad, impulsando la federalización, cimentando condiciones para una profunda transformación en los sistemas productivos y de comercialización, proponiendo una nueva cultura de los negocios y de la gestión empresarial de todos nuestros productores.

Estoy convencido, señores Senadores, que estamos ante la gran oportunidad de pagar la deuda histórica que tenemos con el campo mexicano, de dejar atrás inercias, ineficiencias y abandonos, y de abrir los caminos de transformación y desarrollo que necesitan con urgencia, hoy más que nunca, el agro mexicano, nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
H. ASAMBLEA:

Los suscritos Senadores Heladio RamIrez LOpez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Aceves del Olmo, Angel Heladio Aguirre Rivero, Francisco AgustIn Arroyo Vieyra, Fernando Baeza MelEndez, Eloy CantU Segovia, Fernando Jorge Castro Trenti, Ramiro HernAndez GarcIa, Francisco Herrera LeOn, Carlos JimEnez MacIas, Pedro JoaquIn Coldwell, Francisco Labastida Ochoa, Mario LOpez Valdez, Carlos Lozano de la Torre, RaUl JosE MejIa GonzAlez, Jorge Mendoza Garza, Gerardo Montenegro Ibarra, Melquiades Morales Flores, Rafael Alejandro Moreno CArdenas, JesUs Murillo Karam, Ricardo Fidel Pacheco RodrIguez, JesUs MarIa RamOn ValdEs, Rogelio Humberto Rueda SAnchez, Adolfo Toledo InfanzOn, RenAn Cleominio Zoreda Novelo, Carmen Guadalupe Fonz SAenz, MarIa del Socorro GarcIa Quiroz, Amira Griselda GOmez Tueme, Rosario Green MacIas, MarIa de los Angeles Moreno Uriegas, MarIa Elena Orantes LOpez, Silvano Aureoles Conejo, Antonio MejIa Haro, JesUs Garibay GarcIa, RubEn Fernando VelAzquez LOpez y Claudia SofIa Corichi GarcIa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones XXIX-D y XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que expide la LEY GENERAL AGROALIMENTARIA, con arreglo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La grave deficiencia alimentaria que agobia particularmente a los países que carecen de una clara estrategia agrícola; el calentamiento global causante del cambio climático que magnifica los huracanes y ciclones e intensifica las sequías ocasionando muerte y destrucción; la debacle financiera que ha provocado la quiebra de empresas y la pérdida incontenible de empleos en prácticamente todos los países, poniendo en evidencia las graves insuficiencias de control de que adolecen las políticas económicas de libre mercado y que están provocando ya el retorno de los proteccionismos, son, entre otros, los grandes problemas que han provocado el gran desequilibrio mundial que conocemos como la crisis global.

Evidentemente, en México estamos inmersos en esa crisis y justamente por esa razón, debemos reaccionar como país, no con medidas paliativas y coyunturales, sino a partir de una profunda reflexión de Estado y de la sociedad mexicana en su conjunto, respecto al modelo económico y las políticas públicas idóneas para encauzar a la nación en la senda del crecimiento económico y del desarrollo humano y social.

No es exagerado afirmar que nuestro sector rural y sus actividades económicas son los más golpeados por la crisis; que los ejidos y comunidades viven una situación muy precaria y que es demasiado grande su rezago respecto a la evolución general de la economía; que tal rezago no se explica por la naturaleza misma del ejido, sino por las políticas que menguaron su organización, sus recursos naturales y ecológicos, su estructura financiera y su capacidad de adecuación tecnológica.

Cuando el sector agropecuario tuvo el respaldo del Estado, mostró siempre tasas de crecimiento superiores a las de la población y la economía. Desafortunadamente, este trato preferente terminó a mediados de los años 60, cuando se dejó que el campo se descapitalizara y disminuyera su ritmo de producción y productividad. Hoy es un hecho la pérdida de rentabilidad de prácticamente todas las ramas de la producción agropecuaria y, en general, del sector rural.

Esa es la innegable realidad de nuestro campo: siguen prevaleciendo el atraso, la falta de incentivos y de decisión para impulsar su transformación, ya que sólo el 6% de los productores está altamente tecnificado, el 18% en un proceso de transición hacia la productividad, y el 76% vive en la incertidumbre y el abandono de las políticas públicas.

Desde hace décadas, es notoria la ausencia de una visión de Estado para el fomento agropecuario en su conjunto y, desde luego, nula para disminuir la asimetría entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina, y para defender los intereses de nuestros productores de las prácticas desleales en el comercio internacional.

La globalización y el TLCAN han hecho del mercado la esfera decisiva donde confluyen la economía y la política. Ello ha influido para que la desregulación y el adelgazamiento del Estado, por una errónea decisión interna, hayan ido más allá de lo necesario para cumplir con los compromisos comerciales, trayendo como consecuencia que miles de campesinos y pequeños productores se hayan hecho inviables, sus fuentes de trabajo e ingreso hayan desaparecido y su pobreza se haya hecho extrema.

La reforma estructural profunda que es impostergable emprender, debe abrir a la modernidad y a la competitividad a nuestra producción agropecuaria y, simultáneamente, impulsar el desarrollo rural.

Para ello se necesita una nueva institucionalidad donde los aspectos productivos sean vistos y tratados como tales, con sustento en la especialización científica, tecnológica, administrativa y financiera que corresponde a la modernidad de la economía de mercado y a la internacionalización del comercio de los alimentos y las materias primas. Al mismo tiempo resulta indispensable realizar modificaciones, adecuaciones y ajustes en la legislación, para garantizar la aplicación de los apoyos, la realización de la infraestructura apropiada, el acceso fluido y eficiente a los insumos, créditos, sistemas de capacitación y asistencia técnica. Antes que desaparecerla es necesario devolver a la Reforma Agraria su finalidad histórica, y aun más, convertirla en la responsable del Desarrollo Rural Integral del Campo Mexicano.

Ese es el espíritu profundo de la ideología social sustentada en nuestra Constitución Política. Ningún país prevalece como nación soberana sin resolver el problema elemental de la alimentación. Cuando en una nación existe incertidumbre en la disponibilidad de alimentos para sus pobladores, se le condena a la dependencia del neocolonialismo y al subdesarrollo.

Por eso los países más poderosos del orbe diseñan políticas de Estado, para asegurar que sus tierras agrícolas produzcan los alimentos e insumos que les permitan garantizar el consumo de sus habitantes y fortalecer sus agroindustrias y su comercio exterior.

Cuando encuentran eslabones débiles en sus economías, esas potencias propician el debilitamiento de las cadenas productivas agropecuarias de los países en desarrollo volviéndolas dependientes de las importaciones de sus excedentes alimentarios. En nuestro caso, las cuantiosas importaciones mexicanas de alimentos, provienen mayoritariamente de un solo país, lo que pone de manifiesto que México está transitando por la equivocada senda de la dependencia alimentaria. De no actuarse puntualmente y con oportunidad, se corre el riesgo de hacer ese camino irreversible.

Es obvio que esta inadmisible dependencia alimentaria está fuertemente atada a la baja rentabilidad de la actividad agropecuaria mexicana, marcada por su escasa productividad, su atraso tecnológico y su descapitalización.

En el creciente deterioro de nuestra capacidad productiva prevalecen el problema del minifundismo, la obsolescencia de la infraestructura, el deterioro de los recursos naturales y el abandono de las tierras por la emigración masiva.

Un recuento general de los datos demográficos y geográficos ofrece una visión de la magnitud del reto que enfrenta el agro nacional:

• El 30% de los 106 millones de mexicanos vive en localidades con menos de 5,000 habitantes;

• De los 2,454 municipios existentes, más del 50% (1,391) son totalmente rurales;

• Se tiene registrados 6.4 millones de unidades censales agropecuarias, de las cuales 5.5 millones son unidades con terrenos lejanos a las viviendas y de ellas sólo el 73.4% (4.1 millones) reporto actividad en 2007;

• Existen 3.8 millones de ejidatarios y comuneros;

• 1.6 millones de propietarios privados;

• 206,000 colonos y nacionaleros;

• 1 millón de mujeres está al frente del trabajo de la tierra;

• 4 millones de campesinos con tierras improductivas o sin tierra, son jornaleros agrícolas;

El territorio nacional, según INEGI, cuenta con 195.9 millones de hectáreas. De ellas:

• 112.7 millones de hectáreas (57%), constituyen todas las unidades de producción rural;

• 75.2 están cubiertas de pastos o son agostaderos;

• 31.5 millones constituyen la superficie de labor.

• El maíz, el frijol y el sorgo se cosechan en 9.9 millones de hectáreas que representan el 78% de la superficie cultivada.

Existe una alta concentración de ciertos productos por regiones. Por ejemplo, el maíz se concentra en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Chiapas; el trigo en Sonora y el sorgo en Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa.

La dependencia alimentaria, que se mide comparando las importaciones con el consumo aparente, arroja cifras preocupantes: En soya y maíz amarillo, dependemos en un 98%; en arroz, en un 80%; en trigo, en un 50% y cárnicos en un 30%.

Existe la opinión, entre las personas ajenas a la actividad primaria, de que en México la ganadería es más próspera que la agricultura y que los productores pecuarios están en mejores condiciones que los agrícolas. Esta noción no corresponde a la realidad, sobre todo a partir de la liberalización comercial.

La actividad pecuaria mexicana ha sufrido con gran intensidad la competencia desleal generada por los altos subsidios que otorgan los países exportadores de carne y leche a esos productos, y por el desplazamiento desleal de sus excedentes comerciales a través de la exportación. Citaremos los ejemplos más relevantes:

• Los inventarios de carne de res congelada, no colocada a tiempo en el mercado de Estados Unidos, se desplazan a México, desde 1994, aprovechando que nuestras normas oficiales no consideran fecha de caducidad para la carne congelada.

• En los Estados Unidos los muslos y las piernas de pollo tienen poca demanda pues su mercado prefiere las pechugas. Por ello las exportaciones de piernas y muslos a México son muy baratas y desploman los precios del pollo en perjuicio de los avicultores mexicanos.

• En el mercado de Estados Unidos el precio de la grasa de la leche, debido a su alta demanda por la industria de alimentos, es muy alto; esto genera enormes cantidades de leche descremada en polvo, muy baratas, que se exportan a México y que han desplomado los precios nacionales de la leche fluida de vaca.

• Un embate muy dañino para los productores pecuarios de México, fue el alza de los precios internacionales del maíz amarillo por su demanda emergente en Estados Unidos para la fabricación de etanol. Esto condujo a un incremento de hasta un 25% en los costos de producción de pollo, huevo y carne de cerdo en el país.

• La reciente Ley de Etiquetado de Origen de Estados Unidos, ocasionó una disminución en la demanda de los becerros mexicanos de exportación y, consecuentemente, una significativa caída del precio poniendo en peligro la viabilidad de la ganadería de los estados exportadores del norte de la República.

Todo esto explica en parte, la enorme pérdida de rentabilidad de la ganadería mexicana y la necesidad de diseñar un sistema de apoyos efectivos de fomento pecuario para asegurar su viabilidad.

Hace 25 años México ingresó al GATT y, a partir de entonces, presiones internas y externas nos indujeron a aplicar las recetas del modelo neoliberal. Las promesas del libre mercado, crearon una vana ilusión de progreso para el campo mexicano que nos indujo a modificar apresuradamente leyes y políticas que sustentaban el incipiente desarrollo del campo.

Se nos aseguró que, al adoptar ese modelo, los empresarios volcarían sus inversiones al campo para crear una agricultura moderna y competitiva.

Sin embargo, lo que propició el modelo neoliberal fue el cambio de rumbo de nuestras políticas públicas.

Hubo una reducción del gasto público en el sector agropecuario; disminuyó el papel del Estado en la organización de la producción primaria; se privilegió a la agricultura de exportación; hubo un imprudente y radical desmantelamiento de las instituciones de fomento agropecuario, lo mismo que en el manejo de reservas estratégicas de alimentos, en el financiamiento al campo y en la producción de insumos básicos como fertilizantes y semillas. Fue así como fueron eliminados Conasupo, Fertimex, Pronase, Banrural, Banpesca, Anagsa, Inmecafe, la Comisión Nacional de Fruticultura y Azucarera, entre otras agencias gubernamentales para el financiamiento y fomento agropecuarios.

Pero el cambio de mayor envergadura para el campo mexicano en los últimos 50 años, fue la entronización del TLCAN. Sin soslayar la mayor participación del comercio exterior mexicano en el PIB y el mayor dinamismo de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, el TLCAN ocasionó la disminución de la rentabilidad e incluso el abandono de la actividad para muchos productores que proveían al mercado interno de granos, oleaginosas, carne y leche.

Mientras los agricultores de los Estados Unidos recibieron compensaciones de su gobierno cuando sus costos de producción superaron los precios de mercado, los agricultores mexicanos enfrentaron precios deprimidos y una total falta de competitividad frente a los generosamente subsidiados productores de nuestros socios comerciales y, sobre todo, por la aplastante asimetría que existe, no sólo en las políticas gubernamentales de apoyo, sino en la propia estructura productiva y de soporte institucional.

Por eso el movimiento campesino mexicano pidió vigorosa y reiteradamente la revisión de ese tratado, cuyos principales efectos negativos son:

• Pérdida de la rentabilidad, competitividad e ingresos para la gran mayoría de productores de granos, oleaginosas, leche y carne;

• Empobrecimiento y pérdida de la fuerza de trabajo rural por emigración a las ciudades y a los Estados Unidos;

• Deterioro de la calidad de vida y aumento de la desnutrición;

• Dispendio y deterioro de los recursos naturales.

• Debilitamiento y hasta desaparición de controles aduanales no arancelarios, especialmente de los mecanismos institucionales mexicanos que tienen que ver con la inocuidad, la sanidad y la calidad de los productos alimenticios y materias primas de origen agropecuario.

Hemos sido testigos de cómo nuestros socios comerciales, los países más desarrollados y los emergentes, ante el drama del hambre y la crisis alimentaria que azota a vastas regiones del planeta, adoptan políticas y medidas proteccionistas, limitando o prohibiendo sus exportaciones a fin de asegurar el abasto nacional.

Países como China, Corea del Sur y Japón, se han convertido en compradores netos, o rentan tierras cultivables por todo el mundo para ganar la batalla de la alimentación.

Esto quiere decir que países desarrollados y potentes economías en desarrollo, tienen una estrategia y una política agrícolas que ven en la agricultura una actividad económica en la que sustentan su poderío.

Los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial cuenta con una ley muy específica de Seguridad e Inversión Agrícola que desde hace décadas ha sido el eje principal para planear y apoyar sus procesos productivos. Desde el inicio de su vigencia se buscó con ella:

• Asegurar liquidez de ingreso y rentabilidad a los productores.

• Apoyar los procesos de comercialización.

• Otorgar créditos a tasas preferenciales a los compradores de productos agropecuarios de exportación.

• Sustentar programas para compensar pérdidas de mercados.

• Garantizar pagos de emergencia por condiciones climatológicas adversas.

• Asegurar políticas integrales de productividad, asistencia técnica, transferencia de tecnología e investigación científica;

• Imponer barreras no arancelarias, a través de requisitos de etiquetado y otras causas no contempladas en el TLCAN.

• Hacer accesibles los insumos a precios competitivos y subsidiados;

• Realizar la planeación y presupuestación multianual, a partir de la evaluación y revisión periódicas de dicha Ley.

Canadá tiene su Ley de Agricultura y Agroalimentos (ACAAF, por sus siglas en inglés) que programa recursos por un periodo de cinco años para apoyar el desarrollo rural sustentable, fortaleciendo sus programas productivos y capturando oportunidades de mercado, para aumentar sus exportaciones agropecuarias.

La Política Agrícola Común de la Unión Europea, es un instrumento proteccionista de los agricultores, cuyos objetivos son:

• Incrementar la productividad de la agricultura, asegurando el empleo óptimo de los factores de producción, especialmente la mano de obra;

• Garantizar un nivel de vida equitativo a la población rural, especialmente mediante el incremento de los ingresos de los trabajadores del campo.

• Estabilizar los mercados;

• Garantizar la seguridad del abasto a precios razonables.

China ha desarrollado el concepto del plan de 5 años cuyos objetivos son: fortalecer la agricultura, incrementar la productividad, mejorar la calidad de los productos, aumentar la competitividad, fortalecer la ciencia y tecnología para la agricultura, promover la modernización del sector y transferir a otros sectores la mano de obra excedente.

En contraste con nuestros socios comerciales, México no cuenta con un marco legislativo actualizado que asegure la programación y ejercicio presupuestarios a largo plazo, y ofrezca certidumbre a productores, agroindustriales y consumidores nacionales.

Además, con la dispersión de las leyes del campo, resentimos la ausencia de programas realistas y viables, la inoperatividad, la complejidad y la proliferación caótica de las reglas de operación, así como el crónico subejercicio presupuestal.

Cambiar la agobiante situación del campo mexicano, exige un replanteamiento estructural, soluciones compartidas y diferenciadas; una verdadera revolución modernizadora que incorpore y resuelva los problemas asociados a la producción y a la justicia campesina; un proceso modernizador desde la base, con una elevada participación de todos los actores involucrados, para garantizar la estabilidad política económica y social de este sector que ha sido y es determinante para la vida de la nación.

No podemos aceptar que nuestro campo se siga deteriorando, poniendo en riesgo, no sólo la vida digna de sus habitantes, sino la seguridad y la soberanía alimentarias del país.

Pensamos que la actividad agropecuaria debe ser una actividad apoyada y fomentada por el Estado -como lo hacen los países más desarrollados o muchos de los emergentes- que permita a los productores rurales generar ventajas competitivas estables y no sólo ventajas comparativas. Para ello se requiere, no instrumentos de política asistencial, sino fundamentalmente instrumentos de política agropecuaria, esto es, una vigorosa política pública de fomento a la productividad, rentabilidad y generación de empleos y riqueza. Sólo así se podrá frenar el éxodo imparable, el proceso de desagrarización y despoblamiento que vive particularmente la geografía del minifundio.

El desarrollo y modernización del campo implican el fortalecimiento del ejido, la comunidad y la pequeña propiedad. Es necesario poner en sus manos los instrumentos técnicos, crediticios y comerciales que les permitan, sin paternalismos, sacar provecho de todas las etapas del ciclo productivo. Hace falta también reconocer las nuevas fuerzas de productores que transitan hacia la agricultura comercial para apoyarlos sin ambigüedades; precisar la forma en que habrán de convertirse en empresas sociales, multi integradas; mejorar sustancialmente sus métodos de producción, sus procesos de industrialización, comercialización y procuración de servicios, y, desde luego, reconocer la potencialidad de las organizaciones superiores de productores y de las empresas modernas agroalimentarias, que sostienen hoy nuestras políticas de exportación.

Resulta indispensable,, instrumentar las políticas diferenciadas que acorten la distancia entre la grave y lacerante realidad que vive la economía campesina y que se expresa en inviabilidad, pobreza e iniquidad, y los desafíos que enfrentan los agricultores comerciales y los agroindustriales, que tampoco están teniendo respuestas eficaces a las barreras que con cualquier pretexto, violando las reglas del juego de los tratados de libre comercio, les imponen nuestros socios comerciales.

El gobierno no puede soslayar, ni menos desentenderse de ninguno de estos actores de nuestro sector rural.

Cambiar esta agobiante situación del campo mexicano, exige un replanteamiento estructural, soluciones compartidas y diferenciadas; una verdadera revolución modernizadora que incorpore y resuelva los problemas asociados a la producción y a la justicia campesina; un proceso modernizador desde la base, con una elevada participación de todos los actores involucrados, para garantizar la estabilidad política económica y social de este sector que ha sido y es determinante para la vida de la nación.

No podemos aceptar que nuestro campo se siga deteriorando, poniendo en riesgo, no sólo la vida digna de sus habitantes, sino la seguridad y la soberanía alimentarias del país.

Durante nuestras consultas, los productores pequeños, medianos y grandes urgieron insistentemente eliminar las asimetrías y desigualdades entre los productores de aquí y del mundo; retomar la concepción con que la Reforma Agraria concibió al ejido, a la comunidad y a la pequeña propiedad: como unidades productivas, como centros de justicia redistributiva, como células de producción agropecuaria cuyo objetivo es crear riqueza, trabajo y prosperidad. Los principios de esta Ley se sustentan en una reiterada demanda nacional: la revalorización de nuestro sector rural; lo que el campo significa para garantizar nuestra soberanía alimentaria, su multifuncionalidad, no sólo como fuente de alimentos, empleo, energía, sino en la dimensión de sus funciones ambientales, su ecocondicionalidad, referidas a la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios, incluyendo los valores comunitarios.

Lo que está en el centro de este pensamiento, es el surgimiento de una nueva política de Estado para el campo; la revisión integral de nuestro marco jurídico; los presupuestos multianuales; una nueva institucionalidad y nuevas formas de relación con el mercado. Es un intento por hacer avanzar al campo mexicano a la modernidad, en todo el territorio nacional, impulsando la federalización, es decir, una mayor participación directa de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impidiendo la marginación de unas zonas, para privilegiar a otras. Lo que se busca al plantear una nueva Ley Agroalimentaria, es cimentar condiciones para una profunda transformación en los sistemas productivos y de comercialización; avanzar hacia la nueva cultura de los negocios y de la gestión empresarial de nuestro mundo rural, pero con el apoyo decidido del Estado. Lo que se quiere es que se reactive el campo mexicano y que la agricultura juegue el papel que le ha destinado la nación: asegurar los alimentos de los mexicanos y la justicia y prosperidad que históricamente han reclamado los campesinos de este país.

Por eso hemos considerado como un imperativo, impulsar las reformas estructurales y la actualización del marco jurídico que la modernización del campo mexicano necesita. Por razones de seguridad nacional es preciso sentar las bases de una política de Estado para el campo mexicano, definiendo con claridad el papel que juega la actividad agrícola, dentro del desarrollo rural.

Debe existir por tanto una definida concepción del desarrollo -de los enfoques de los programas y subprogramas, de la filosofía y espíritu que los genera- entre los beneficiarios del esfuerzo institucional. Los planes agroalimentarios deben descansar en la decisiva participación de los productores, de sus organizaciones a nivel regional, estatal y nacional.

Con ellos -como parte protagónica, no subordinada o secundaria- deben discutirse, consensuarse y fijarse las estrategias, prioridades, los tipos de inversión, los créditos, las obras de infraestructura y el proceso de articulación con el mercado. Las cadenas productivas, los sistemas producto, las inversiones en pequeñas y medianas empresas rurales, la asistencia técnica, la política de subsidios, el ingreso objetivo, deben ser producto de esa estrategia de colaboración y cooperación que hace a todos los actores responsables de un proyecto agroalimentario.

La agricultura y el desarrollo rural no giran en órbitas independientes sino que están ligados por múltiples vínculos. Reactivarlos y hacerlos florecer requiere de cambios profundos, estructurales y adecuados a las particularidades regionales y a los valores diferentes, en un país como el nuestro, caracterizado por su diversidad social, étnica y geográfica.

Por eso es imperativo impulsar, de manera simultánea, una Ley que fomente la producción agroalimentaria; y otra que promueva el desarrollo de la economía campesina, es decir, la organización económica del minifundio, para que juntas hagan viable la lucha contra la pobreza en el medio rural.

El sector primario, particularmente la producción agropecuaria, debe ser el motor del desarrollo y la garantía de nuestra soberanía alimentaria. Por lo mismo, nuestra seguridad alimentaria debe sustentarse preponderantemente en la producción nacional y en la constitución de nuestras reservas alimenticias y no en hacer descansar nuestra política de abasto, en la tesis inaceptable de importar nuestros granos donde vendan más barato porque –según dicen-es incosteable producirlos internamente.

Para ello se requiere urgentemente de una estrategia agrícola clara, fundada en la planeación, capaz de modernizar los sistemas de producción y productividad; se necesita una estrategia que integre a los pueblos y regiones productoras, y los vincule de manera organizada a los mercados nacional y externo.

Se requiere de una reconversión productiva ordenada, regional y por tipo de productores, instrumentando para ello un programa de subsidios, de capacitación y asesoría técnica.Asimismo, definir una política de precios y subsidios que tienda a compensar las graves desigualdades entre los precios de los insumos y el precio de los bienes agropecuarios en los mercados finales e intermedios.

Se necesita también priorizar los programas de inversión para investigación y desarrollo tecnológico; la infraestructura de apoyo como son el extensionismo, el almacenamiento, el transporte, las obras de riego y los instrumentos de capital de riesgo.

Se requiere una clara definición de los controles no arancelarios que garanticen la inocuidad, la calidad y la sanidad de los productos alimenticios y materias primas que ingresan al país, cualquiera que sea su procedencia. La idea de los sectores productivos y de todos los actores del mundo rural frente a la crisis de rentabilidad del campo, es construir los dispositivos y leyes que garanticen la productividad y competitividad de nuestros productores y, al mismo tiempo, la sanidad de nuestro campo y la salud de nuestra población.

Conforme a las anteriores consideraciones debe impulsarse una política de Estado a partir de los siguientes principios básicos:

• Planeación de la producción agropecuaria.

• Inversiones prioritarias.

• Reglas de operación, sencillas, fluidas y eficaces.

• Acceso competitivo a insumos de producción.

• Impulso a la investigación, a la asistencia técnica y a la extensión agropecuaria.

• Política de créditos, seguros, innovación tecnológica, almacenaje y comercialización.

• Innovación agropecuaria.

• Creación de reservas estratégicas.

• Una nueva institucionalidad y un nuevo marco jurídico.

La iniciativa de Ley que proponemos para la planeación, el fomento agroalimentario, las reservas estratégicas, la nueva institucionalidad agropecuaria y un nuevo marco jurídico, busca asegurar que el país disponga de los instrumentos que son necesarios e indispensables para la planificación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos; así como para ordenar las acciones públicas, en coordinación y corresponsabilidad con la sociedad, y lograr los objetivos nacionales de soberanía y seguridad alimentarias.

Pensamos que la planeación debe partir del replanteamiento del uso del suelo. El territorio del país tiene una gran variedad de ambientes naturales. México está dentro de la zona tórrida del planeta. Contamos con regiones y microrregiones únicas por su clima, su altitud, sus variadas distancias del mar. Hay tierras cálidas, templadas, frías, extensas llanuras, selvas tropicales, bosques de altura, montañas ricas en minerales, desiertos, zonas áridas y semiáridas. Sobre ellas debe planearse cada una de las actividades agroalimentarias.

Por eso planteamos en la iniciativa la elaboración de la cartografía nacional de clasificación de usos de suelo agropecuario y forestal, a cargo del INEG, para que sean la potencialidad del suelo, sus recursos hídricos y naturales, los que orienten los proyectos campesinos sustituyendo así la improvisación, la intuición o la inercia de la burocracia.

En la iniciativa se enfatiza la planeación, que tiene que tomar como referencia y como una orientación importante, a las cuencas hidrográficas, para enriquecer y garantizar un uso sustentable de los recursos naturales en la producción de alimentos; debe reconocer y promover el desarrollo de todas las formas productivas existentes, diferenciadas por tamaños: a las unidades que están orientadas a la producción para el mercado; a las pequeñas unidades con excedentes y de autoconsumo, lo mismo que otras formas comunitarias e individuales de acceso y usufructo de los recursos naturales.

Es a partir de la planeación como se deben constituir programas de apoyo a la productividad, rentabilidad y competitividad nacional agropecuaria; estimular la organización de los productores por ramas de producción.

Más todavía: hacer de la organización y capacitación campesina, una creativa política de Estado.

El Decreto de Iniciativa, una vez aprobado, será la base para proponer cambios y reformas a nuestra legislación nacional y al marco jurídico agrario; impulsar una Ley de Desarrollo de la Economía Campesina, que combata la pobreza a partir de las acciones productivas; revisar el marco jurídico de sanidad agropecuaria, de financiamiento, de comercio y competencia económica, de integración orgánica de la administración pública, de normalización, de investigación, de asistencia técnica y desarrollo tecnológico, de sistematización de programas de apoyo, inversiones y reservas estratégicas, de seguridad jurídica a los contribuyentes; urge la actualización de la Ley Federal del Trabajo en su capítulo dedicado a los trabajadores del campo.

También dará la pauta para revisar las leyes Forestal, de aguas nacionales, de pesca y de la Banca de Desarrollo; las de semillas, de la caña de azúcar, del café y de fertilizantes; para adecuar el marco legal para el almacenamiento rural, entre otras más.

Particularmente en lo que se refiere a esto último, es indispensable la desregulación de los Almacenes Generales de Depósito, para fomentar una mayor competencia y dar oportunidad a un mayor acceso a estos servicios a todos los campesinos, de manera que puedan almacenar sus cosechas en sus propios almacenes; y crear incentivos para que los productores y sus organizaciones rescaten bodegas y almacenes hoy en abandono o deterioro.

Por otra parte, las insuficiencias con que opera nuestra actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable que, aunque constituye un indiscutible avance en el ordenamiento de la política sectorial, al ser eminentemente enunciativa y general, se ha detectado que en gran parte a ello se debe que los programas sectoriales existentes operen con tan bajo impacto, escasa penetración y propicien discrecionalidad y subejercicio presupuestario.

Además de establecer las bases del fomento a la producción, en el cuerpo normativo propuesto se perfila el diseño de una política para la creación de reservas estratégica de granos, oleaginosas y leche en polvo, a efecto de impedir que México sea un país inerme ante las variaciones de los mercados internacionales, y carente de una reserva razonable de alimentos ante las contingencias.

Parte esencial de los contenidos de la Iniciativa se refiere a la sanidad animal y vegetal, la inspección y verificación de los alimentos, la apropiación de los insumos, el fomento, los fertilizantes, la producción de semillas, los cuales no pueden estar ni dejarse en manos de las corporaciones transnacionales; deben ser, por el contrario, asuntos del Estado por razones, incluso, de seguridad nacional.

También se establece los criterios que debe cumplir el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el marco de una planeación a siete años, y se faculta al Congreso para revisar, evaluar y actualizar el siguiente Plan Agroalimentario.

Algo que resulta fundamental en esta Iniciativa es que se define y sistematiza con nitidez tres grupos de programas que se complementan entre sí: los de apoyo al ingreso, los de apoyo a la productividad, y los de apoyo a la comercialización.

A través de ellos se busca dar certidumbre y permanencia a PROCAMPO y PROGAN al elevarlos a rango de Ley, buscando que sean equitativos y definiendo el apoyo al ingreso de los productores agrícolas por unidad de superficie sembrada, de acuerdo con la fracción XV del artículo 27 constitucional en cuanto a límites y equivalencias, y un pago mínimo equivalente a cinco hectáreas para beneficiarios con predios de menor tamaño. En el PROGAN se plantean los apoyos al ingreso de los productores pecuarios por unidad animal.

Se da permanencia y actualización al ingreso objetivo para: maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, oleaginosas y leche entera pura de vaca, con una fórmula en la que el ingreso objetivo debe garantizar los costos de producción y una utilidad razonable para los productores, lo mismo que pagos compensatorios cuando el precio de mercado (precio de indiferencia en zona de consumo) sea inferior al ingreso objetivo.

Se vincula al ingreso objetivo el acceso a granos forrajeros para el sector pecuario y se crean los componentes ambientales de PROCAMPO Y PROGAN.

Se fortalece los programas de fomento a la productividad, la agricultura por contrato, las coberturas oportunas a los mejores precios y plazos, el aseguramiento de las cosechas y compensación de bases en zonas de consumo para fletes y otros servicios, lo mismo que a los programas para la reconversión productiva; y se incorporan diversos programas: los pecuarios como los de ganado mejor, recría de hembras, sacrificio en rastros TIF, salas de extracción y/o envasado de miel, etc.

Para asegurar certidumbre y continuidad a los programas y los diversos apoyos que se contienen en esta Iniciativa de Ley, se crea la Comisión Federal Reguladora de Apoyos Agropecuarios (COFEREA) como un órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, con autonomía técnica y operativa, que será la encargada de determinar las reglas de operación de los programas establecidos en la Ley; determinará el ingreso objetivo y actualizará los programas de PROCAMPO y PROGAN, entre otras funciones.

Otros elementos que resultan sustanciales en la Iniciativa son las disposiciones relativas a la obligatoriedad de crear la reserva estratégica de granos, oleaginosas y leche en polvo; y para garantizar los insumos estratégicos para la producción nacional, a través de convenios con los estados y las organizaciones de productores, para lo cual se impulsará un programa de apoyos estratégicos a fletes y cabotaje para la movilización de la producción regional a las zonas de almacenamiento o consumo.

De igual forma resultan capitales el Título y los capítulos de la Iniciativa referidos a las Inversiones Prioritarias para el sector y la precisión de su direccionamiento hacia:

• El mejoramiento de la competitividad de los productores orientados al mercado; en especial, apoyo para aquellos con mayores rezagos tecnológicos;

• La restauración, conservación y uso sustentable del patrimonio biológico, suelo y agua;

• El desarrollo de infraestructura y servicios para los sistemas producto y cadenas de valor;

• La información económica y agroclimática relevante, oportuna y de acceso general;

• La creación y consolidación de instituciones financieras rurales y dispersores de crédito;

• El desarrollo de fuentes alternativas y aseguramiento de la eficiencia energética;

• La disponibilidad y acceso a semillas de calidad;

• La recuperación de la infraestructura para la fabricación y distribución de fertilizantes a precios competitivos.

Esta Iniciativa considera indispensable aprovechar a plenitud las áreas donde tenemos claramente ventajas comparativas, sobre todo en nuestras zonas de trópico húmedo y seco, donde se pueden impulsar frutales, como cítricos, mango, plátano, guayaba, uva, piña, naranja, aguacate, cacao y frutas exóticas, así como la floricultura, entre otros productos. Actualmente, teniendo ese gran potencial, nuestro país destina únicamente el 6% de su superficie agrícola a la producción de frutales y los productores están prácticamente abandonados a su suerte.

Dispersos los especialistas en esta rama de producción y desmantelada la Comisión de Fruticultura que apoyaba esta especialización en nuestras regiones únicas por su clima en el mundo, nuestros productores frutícolas no sólo tienen dificultades para acceder a los mercados extranjeros, sino que resienten la invasión masiva de frutas frescas de otros países. Por eso creemos que es indispensable recuperar instituciones como CONAFRUT y el Banco de Germoplasma; dotar a los productores de apoyos y estímulos, no sólo para que produzcan con la calidad que exige el mercado sino para que participen con éxito de los beneficios que plantean la globalización y la interdependencia en el mundo actual.

Para el rescate de organismos que recuperen e impulsen esas actividades estratégicas se plantean como parte del ordenamiento, las normas correspondientes en sus artículos transitorios, emplazando al ejecutivo Federal para que en un plazo que no exceda de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se creen e implementen entidades con esos fines.

Se debe estimular asimismo el desarrollo de la agricultura orgánica, donde hoy los sectores más pobres del ámbito rural, particularmente los grupos indígenas se organizan y producen por su cuenta, prácticamente sin la intervención del gobierno. No debemos desperdiciar este nicho de mercado que se abre en el mundo. No es una moda pasajera. Es ofrecer otras alternativas viables de producción y comercialización a los productores más abandonados y al mismo tiempo responder a la convicción cada día más extendida de los consumidores de adquirir alimentos, libres de productores químicos y cualquier otra sustancia o transformación peligrosas para la salud humana. Para ello se contemplan diferentes disposiciones en el articulado de la Iniciativa.

México puede convertirse en gran exportador de productos orgánicos, a condición de que el gobierno acompañe, apoye y potencialice los esfuerzos; tome en cuenta las ventajas agroecológicas de nuestras microrregiones; desarrolle una campaña nacional e internacional de información; organice el sistema nacional de certificación y un sello nacional orgánico, además de apoyar la formación de mercados locales orgánicos, entre otros apoyos, para cuyos fines se aprobó recientemente una ley en la materia y perspectiva en la cual busca también alinearse la presente iniciativa.

La apicultura no puede quedar fuera de la Ley Agroalimentaria. Es necesario que en México comprendamos la importancia de la polinización en los cultivos. Entre las cosechas que dependen de la polinización están los frutos (manzanas, aguacate, pepino, zarzamora, uva, mango, melón, durazno, pera, ciruela, fresa y sandía) y las cosechas de semilleros (por ejemplo: alfalfa, espárrago, brócoli, col de Bruselas, col, zanahoria, algodón, cebolla, rábano, calabaza, canola).

En el estado de California, Estados Unidos, sólo la billonaria industria de la almendra requiere más de dos millones de colmenas. Esta importancia de la apicultura merece todo el apoyo de las políticas públicas.

Estos los argumentos principales a cuya luz nos permitimos proponer y poner a la alta consideración de este H. órgano legislativo, para su trámite constitucional, la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General Agroalimentaria.

TITULO PRIMERO.

CARACTER, DURACION, OBJETO Y OBJETIVOS

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. El Ejecutivo Federal, diseñará, aplicará y evaluará la política de Estado para el sector agroalimentario nacional, con visión de largo plazo, a través de los instrumentos previstos en esta Ley.

El Ejecutivo Federal a través de sus dependencias y organismos auxiliares, con la participación y concurrencia de las entidades federativas será responsable del cumplimiento de la presente Ley, en el marco de sus atribuciones y competencias.

En las tareas de evaluación general de la política de Estado y de los diferentes programas e instrumentos contemplados en esta Ley, el Congreso de la Unión participará conforme a lo establecido en el Título VIII del presente ordenamiento.

Artículo 3. Son sujetos de esta Ley, las personas físicas o morales dedicadas a la actividad Agrícola.

Artículo 4. El Ejecutivo Federal deberá conducir los sistemas y programas, inversiones y reservas establecidos en esta Ley, y asegurar su sustentabilidad financiera en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 5. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley se establecen los siguientes instrumentos:

I. El Sistema Nacional de Planeación Agrícola;

II. Programas Agrícolas;

III. Programa de Inversiones Prioritarias Agrícolas;

IV. Programas de Financiamiento Agrícola, y

V. Reservas de Productos Estratégicos Agrícolas.

Artículo 6. Para efectos de esta Ley se entiende por:

I. Agrícola: Lo relativo a la Agricultura, Ganadería, Forestal y Alimentación.

II. Apoyos: Son las aportaciones gubernamentales que reciben los sectores productivos como estímulo a la organización, producción, productividad y comercialización y que son ajenos a los precios de mercado.

III. Comisión: La Comisión Federal Reguladora Agrícola establecida en esta Ley.

IV. Consejo Mexicano: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

V. Estímulos Fiscales: Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el ejercicio de la tributación;

VI. Extensionismo Agrícola: Acción de acompañamiento de los técnicos especializados en las tareas de producción y productividad campesina, que incluye el proceso de divulgación, transferencia y uso de las tecnologías generadas por la investigación agrícola.

VII. Ingreso Objetivo: El monto en moneda nacional de ingreso al productor agrícola por tonelada, kilogramo o litro que permita cubrir el costo promedio nacional de producción más la utilidad razonable.

VIII. Inocuidad Agrícola: Es la cualidad que posee un alimento para el consumo humano o animal que garantiza su sanidad e higiene.

IX. Ley: La Ley General Agroalimentaria.

X. Precio de Indiferencia en Zona de Consumo: Es el nivel de precio en el cual, al comprador le resulta indistinto adquirir un producto de origen nacional o importado en la zona de consumo.

XI. PEC: Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

XII. Productos Elegibles: maíz, fríjol, trigo, arroz, sorgo, oleaginosas yleche entera pura de vaca, así como los que en su momento dictamine la Comisión.

XIII. Productos Estratégicos: Los productos para la constitución y operación de reservas agroalimentarias son: maíz, sorgo, fríjol, arroz, trigo, soya, cártamo, canola, y leche entera pura de vaca y los que dictamine la Comisión.

XIV. Programas Federalizados: Programas que se ejecutan con recursos federales y estatales a través de las entidades federativas.

XV. Reconversión Productiva: Es el cambio de la actividad agrícola o de los métodos de producción para mejorar la rentabilidad y asegurar la sustentabilidad.

XVI. Reservas: Las constituidas con los productos estratégicos, preferentemente de origen nacional, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.

XVII. Sanidad. La que tiene por objeto preservar la salud, así como prevenir, controlar y erradicar las enfermedades o plagas de los productos agrícolas;

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XIX. Seguridad Agroalimentaria: Es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente de éstos por parte del público consumidor;

XX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Planeación Agrícola. El mecanismo de coordinación integrado por el Consejo Mexicano y la Comisión Intersecretarial.

XXI. Sistemas Producto: Los previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

XII. Subsidios: Las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general, y compensar las distorsiones de precios del mercado.

Artículo 7. En lo no previsto por esta Ley se aplicarán supletoriamente la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo ForestalSustentable, laLey de Energía para el Campo, la Ley Orgánica de la Financiera Rural, la Ley del Fondo de Garantía para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, la Ley de Fondo de Aseguramiento Agrícola y Rural; la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la Ley de Bioseguridad, la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Organizaciones Ganaderas, la Ley de Asociaciones Agrícolas, la Ley para la Protección y Fomento de Semillas, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás leyes aplicables vigentes.

Capítulo II
Objetivos Generales

Artículo 8. Los objetivos generales de la presente ley son:

I. Dar certidumbre económica a los sujetos de esta Ley, mediante la planeación de mediano y largo plazos de las actividades agrícolas, garantizándoles los apoyos, incentivos e inversiones estratégicas a la producción, procesamiento, distribución y comercialización de sus productos, y

II. Asegurar la creación y mantenimiento de reservas de productos estratégicos para la seguridad agroalimentaria.

TITULO SEGUNDO
SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION AGRICOLA

Capítulo I
Del Sistema Nacional

Artículo 9. Se crea el Sistema Nacional de Planeación Agrícola, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como un mecanismo de coordinación integrado por la Comisión Intersecretarial, el Consejo Mexicano, los Sistemas Producto y las organizaciones de productores. Estará presidido por el titular de la Secretaría.

Para los efectos del presente ordenamiento la Comisión Intersecretarial será la encargada de implementar los acuerdos del Sistema Nacional de Planeación Agrícola.

Artículo 10. El Sistema tiene por objeto coordinar el proceso de planeación y conducción de las actividades agrícolas, con el propósito de incrementar su eficiencia, productividad y competitividad mediante el mejoramiento de la relación con los elementos naturales, la aplicación de la tecnología y el desarrollo de la investigación, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los productores; así como establecer las bases y principios para la integración y participación de los productores en el proceso agrícola.

Capítulo II
De la Planeación

Artículo 11. La planeación agrícola será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Establecer los lineamientos y métodos que apoyen a los productores a identificar sus necesidades y alternativas de solución a los problemas de producción, distribución, comercialización e infraestructura;

II. Establecer lineamientos para el diseño de las políticas públicas que contengan los apoyos a la producción agrícola, y su comercialización, a través de previsiones presupuestales de corto, mediano y largo plazos;

III. Atender las necesidades básicas y la mejoría en los eslabones de la cadena productiva, procurando la participación de las entidades federativas, municipios y de los actores de la producción agrícola;

IV. Coordinar las acciones y esfuerzos en la planeación nacional, estatal y municipal;

V. Buscar equidad en la distribución de los beneficios a los factores de la producción: mano de obra, capital, tierra y agua;

VI. Contribuir al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, inducidos y cultivados para su preservación y conservación;

Artículo 12. Para el logro de los objetivos a que se refiere el artículo anterior, la planeación se sujetará a las siguientes líneas de acción:

I. Participación de las entidades federativas, municipios, sectores productivos, e instituciones de investigación en el ámbito de la planeación;

II. Fortalecimiento de la incorporación de las mujeres en las actividades agrícolas;

III. Fomento del retorno e integración de los jóvenes a las actividades agrícolas;

IV. Fomento de la producción agrícola mediante una mejor tecnificación de la producción, que alcance mayores niveles de eficiencia con criterios de rentabilidad y sustentabilidad;

V. Diseño, evaluación y actualización anual de los planes rectores de los sistemas producto en concordancia con las disposiciones de esta ley;

VI. Fomento de las prácticas de sanidad animal y vegetal, para garantizar la inocuidad agroalimentaria;

VII. Impulso a la simplificación de las acciones financieras y de otorgamiento de los apoyos económicos;

VIII. Desarrollo de los mecanismos que promuevan las buenas prácticas comerciales y de los proveedores;

IX. Orientación de las compras agroalimentarias de las entidades y organismos gubernamentales a la adquisición en primer término de la producción nacional;

X. Impulso a la reconversión productiva del campo, bajo criterios de rentabilidad y sustentabilidad de los recursos naturales;

XI. Fomento del ordenamiento del mercado de insumos para la producción agrícola, y

XII. Integración y sistematización de la información estratégica para la planeación agrícola.

Artículo 13. El proceso de planeación observará los criterios generales de democracia, federalismo, participación de los sectores público, privado y social; concurrencia de los tres órdenes de gobierno; temporalidad de corto, mediano y largo plazos; y actualización permanente con base en la evaluación sistemática.

Artículo 14. Las entidades federativas y municipios, con la participación de los productores y sus organizaciones, serán corresponsables de diagnosticar e identificar las propuestas y proyectos para la adecuada integración de las cadenas productivas, con objeto de incorporar a nivel nacional los requerimientos programáticos para cada ciclo productivo y año agrícola, con un enfoque multianual y de integración territorial cuando así se requiera.

Las propuestas que resulten de este proceso de planeación serán integradas por el Ejecutivo Federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 15. Con el propósito de propiciar el uso óptimo de los recursos edafológicos y de vegetación del país, se elaborará la Cartografía Nacional de Clasificación de Usos de Suelo Agrícola, que deberá señalar la distribución geográfica en el territorio nacional según las distintas calidades de suelos de riego, de temporal, frutícolas, forestales, agostaderos naturales y praderas inducidas y cultivadas.

La elaboración de la Cartografía Nacional de Clasificación de Usos de Suelo Agrícola, estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que pondrá a disposición del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, la base de datos que estará disponible para los productores agrícolas.

Artículo 16. Esta ley establece la política de apoyos y subsidios, como factores esenciales para la producción y productividad de la economía agrícola y su otorgamiento será responsabilidad del Estado.

Artículo 17. Los diversos apoyos y subsidios serán permanentemente actualizados y ajustados a las condiciones económicas prevalecientes en el país.

Artículo 18. Los beneficiarios de los apoyos y subsidios deberán estar registrados en el Padrón Nacional Productores Agrícolas.

Artículo 19. Los apoyos y subsidios podrán ser complementados con aportaciones de recursos de los gobiernos de las entidades federativas y municipales.

Capítulo III
Del Presupuesto

Artículo 20. La asignación de los recursos presupuestales a los instrumentos y programas de esta Ley, deberá sustentarse en un proceso de planeación por siete años. El Ejecutivo Federal realizará las previsiones presupuestarias para incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo 21. Los montos presupuestales aprobados para los Programas e Inversiones Prioritarias y las Reservas de Productos Estratégicos previstos en esta Ley no serán objeto de reducciones.

TITULO TERCERO
DE LA INSTITUCIONALIDAD

Capítulo I
Comisión Federal Reguladora Agrícola

Artículo 22. Se crea la Comisión Federal Reguladora Agrícola como un órgano autónomo desconcentrado de la Secretaría con las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer las reglas de operación de los programas agrícolas a cargo de la Secretaría;

II. Realizar los estudios y consultas con los sectores productivos, las dependencias y entidades gubernamentales y conforme a las condiciones del mercado determinar los montos del ingreso objetivo de los productos elegibles;

III. Realizar los estudios técnicos y propuestas correspondientes para determinar la actualización de las cuotas anuales de PROCAMPO y PROGAN;

IV. Colaborar en el diseño de mecanismos, instrumentos y modalidades de cobertura de precios para la agricultura por contrato;

V. Realizar los estudios técnicos y propuestas correspondientes para determinar el precio de indiferencia en zona de consumo para los productos elegibles;

VI. Realizar los estudios técnicos y propuestas correspondientes para determinar los montos máximos de apoyo por productor de acuerdo con la especie y Sistema Producto para el Acceso Competitivo a Granos Forrajeros para el Sector Pecuario;

VII. Crear y operar el Centro de Inteligencia Competitiva de las Cadenas Agroalimentarias vinculado al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, y

VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.

Capítulo II
Integración y Políticas Internas de la Comisión

Artículo 23. La Comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al presidente de la misma. Deliberará en forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos.

La Comisión tendrá el personal necesario de acuerdo con su presupuesto autorizado y tendrá atribuciones para firmar con instituciones de investigación y educación superior y otras para el cabal desempeño de sus funciones.

Artículo 24. Los comisionados serán propuestos por el Consejo Mexicano y serán designados por el titular del Ejecutivo Federal; y deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Cubrir un perfil profesional en materias afines al objeto de esta ley;

II. Abstenerse de desempeñar otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de las actividades docentes, y

III. Estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos del reglamento.

Artículo 25. Los comisionados serán designados para desempeñar sus puestos por un periodo de siete años y sólo podrán ser removidos por el Titular del Ejecutivo Federal.

Artículo 26. El Presidente de la Comisión será designado por el titular del Ejecutivo Federal, y tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar los trabajos de la Comisión;

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas que se establezcan en la materia;

III. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, que incluya los resultados de sus acciones;

IV. Actuar como representante de la Comisión; nombrar y remover al personal administrativo, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto, así como delegar facultades, y

V. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

Artículo 27. La Comisión contará con un Secretario Técnico designado por el Presidente de la propia Comisión, quién tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa.

CAPITULO III
DE LA INOCUIDAD AGRICOLA

Artículo 28. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria de la Secretaría deberá fortalecer y ampliar sus funciones con acciones especializadas de inocuidad agroalimentaria para coordinar y ejecutar las acciones, recursos humanos y materiales a través de la inspección, constatación, verificación y certificación de los productos agrícolas utilizados en la alimentación humana y animal.

Artículo 29. Las acciones para garantizar la sanidad e higiene agroalimentaria se efectuarán en los sitios de origen. Los productos de importación serán inspeccionados en el punto de ingreso o en el sitio de origen cuando así lo determine la Secretaría.

En el caso de los alimentos importados, los importadores deberán garantizar que serealicen las acciones de inspección, constatación y verificación conforme al marco legal vigente en México.

Artículo 30. Las acciones de inspección, constatación, verificación y certificación de la sanidad e higiene agroalimentaria se realizarán en todos los medios de transporte terrestres, aéreos y marítimos, los almacenes y centros de acopio y redistribución, corrales y estaciones de acopio y redistribución de animales vivos destinados al consumo, almacenes refrigerados, centros de recolección y acopio de leche fluida de vaca, cabra y borrega, rastros y frigoríficos establecidos en el territorio nacional y en los puertos aéreos, marítimos y fronteras y las demás áreas e instalaciones relacionadas con el manejo de los productos agrícolas establecidas por la Secretaría.

Artículo 31. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria desarrollará un programa de fortalecimiento, mejora y ampliación de las instalaciones y equipamiento de los laboratorios de constatación en sanidad, calidad e inocuidad alimentaria y de los puntos de inspección, verificación y control fitozoosanitario, así como para la formación, capacitación, actualización permanente y acreditación de personas físicas y morales dedicadas a las acciones de inspección, constatación y verificación de los productos agrícolas utilizados en la alimentación humana y animal.

Artículo 32. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria de la Secretaría en coordinación con la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Substancias Toxicas tendrá la responsabilidad de impedir la introducción y uso de insumos agroquímicos y fármacos de uso veterinario, nacionales e importados, que puedan afectar la salud vegetal, animal, humana y el medio ambiente.

Capítulo IV
Instituto Nacional de Innovación Agroalimentaria

Artículo 33. Se crea el Instituto Nacional de Innovación Agroalimentaria como unórgano desconcentrado de la Secretaría con autonomía técnica, operativa y de gestión, queatenderá las demandas de capacitación, extensión y asistencia técnica de los sistemas productoy de los productores agrícolas, conforme a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para estos propósitos el Instituto asume el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural, establecido en el artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El Instituto contará con un Secretario Ejecutivo que será nombrado por el Ejecutivo Federal, y su presupuesto formará parte del Programa Especial Concurrente.

TITULO CUARTO
PROGRAMAS AGRICOLAS

Capítulo I
Disposiciones sobre los Programas Agrícolas

Artículo 34.Los Programas Agrícolas amparados por esta Ley son los siguientes: Programas de Apoyo al Ingreso; Programas de Apoyo a la Productividad; y Programas de Apoyo a la Comercialización.

I. Son Programas de Apoyo al Ingreso los siguientes:

a) PROCAMPO;

b) PROGAN;

c) Ingreso Objetivo;

II. Son Programas de Apoyo a la Productividad, los siguientes:

a) Agricultura de Temporal para Productos Elegibles;

b) Reconversión Productiva;

c) Cultivos con Ventajas Comparativas;

d) Agricultura Orgánica.

e) Plantaciones Industriales;

f) Semillas;

g) Fertilizantes;

h) Pecuarios;

i) Desarrollo de la Apicultura;

j) Componentes Ambientales de PROCAMPO y PROGAN, y

k) Organización y Capacitación de Productores.

III. Son Programas de Apoyo a la Comercialización:

a)Agricultura por Contrato;

b) Fomento y Consolidación de Organizaciones para la Comercialización;

c) Información Comercial de Productos Agrícolas, y

d) Adquisición de Leche de Producción Nacional por LICONSA.

Artículo 35. El Ejecutivo Federal tendrá bajo su responsabilidad la operación y administración de los programas agrícolas. Para su ejecución, celebrará los acuerdos y convenios de coordinación y de concertación con los gobiernos de las entidades federativas, las organizaciones de los sistemas producto y las organizaciones económicas legalmente constituidas, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley de Planeación.

Capítulo II

Programas de Apoyo al Ingreso

Sección 1

PROCAMPO

Artículo 36. El PROCAMPO tiene como objetivo general contribuir al ingreso de los productores agrícolas activos, a través de una cuota de apoyo anual y por unidad de superficie sembrada, hasta un total no mayor de 100 hectáreas de riego o sus equivalencias de acuerdo con la fracción XV del artículo 27 constitucional.

Artículo 37. El PROCAMPO será operado por la Secretaría y tiene como beneficiarios a los productores titulares de la propiedad o de los derechos de uso y usufructo de los predios que integran las unidades de producción registradas en el padrón de PROCAMPO con base en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 38. El Ejecutivo incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo, un programa de mediano plazo para eliminar las asimetrías que dieron origen al PROCAMPO.

Artículo 39. A efecto de lograr optimizar los resultados de la aplicación del PROCAMPO, la Secretaría deberá cuidar que sea instrumentado de manera coordinada y complementaria con otros Programas que opere la propia Secretaría u otras dependencias.

Artículo 40. Las Reglas de Operación de PROCAMPO, deberán incluir las siguientes disposiciones:

I. El pago de PROCAMPO se realizará, anualmente, en una sola exhibición, previo a las labores agrícolas;

II. Para el pago de PROCAMPO a los beneficiarios, se fijará una cuota única por hectárea, a la cual se le aplicarán reducciones porcentuales en función del tamaño del predio, en los términos siguientes:

a Para superficies menores a una hectárea y hasta 10 hectáreas, se recibirá el 100% de la cuota por hectárea establecida.

b. Para superficies mayores a 10 hectáreas y hasta 25 hectáreas, el apoyo será del 90% de la cuota por hectárea establecida.

c Para superficies mayores a 25 hectáreas y hasta 50 hectáreas, el apoyo será del 70% de la cuota por hectárea establecida.

d. Para superficies mayores a 50 hectáreas y hasta 75 hectáreas, el apoyo será del 50% de la cuota por hectárea establecida.

e. Para superficies mayores a 75 hectáreas y hasta 100 hectáreas, el apoyo será del 40% de la cuota por hectárea establecida.

III. Los productores que tengan superficies menores a cinco hectáreas tendrán derecho a recibir un monto de apoyos tal que sea equivalente a cinco hectáreas.

IV. La Secretaría actualizará anualmente las cuotas por hectárea que prevea el PROCAMPO a partir de la publicación de esta Ley, con base en los resultados de los estudios técnicos que realice la Comisión.

Artículo 41. Se conformará un sistema de actualización permanente del padrón de PROCAMPO el cual deberá identificar claramente a la población beneficiaria con base en el Registro Agrario Nacional, para evitar el fraccionamiento de superficies.

Sección 2

PROGAN

Artículo 42. El PROGAN tiene como objetivo general contribuir al ingreso de los productores pecuarios a través de una cuota de apoyo por unidad animal, que será determinada por la Comisión, para las especies bovina, ovina, caprina, porcina, gallina de postura, pollo de engorda, sus reproductoras pesadas y ligeras y las especies consideradas en el sistema producto ganadería diversificada.

Habrá una cuota de apoyo a los productores apícolas por colmena instalada, estimulando así los servicios de polinización.

Artículo 43. El PROGAN será operado por la Secretaría y los productores beneficiados deberán estar inscritos en el Padrón

Ganadero Nacional, además de registrar en su caso a los semovientes, en el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.

Artículo 44. La Secretaría actualizará anualmente las cuotas por unidad animal que prevea el PROGAN, a partir de la publicación de esta Ley de acuerdo con la opinión técnica emitida por la Comisión.

Sección 3

Programa Ingreso Objetivo

Artículo 45. El Programa Ingreso Objetivo tiene como propósito establecer montos de apoyo que además de recuperar el costo de producción, agregue una utilidad razonable que será determinada por la Comisión de acuerdo con los criterios económicos prevalecientes en el mercado. Este apoyo se otorgará al productor solamente cuando el precio de mercado resulte inferior al costo de producción más la utilidad razonable, previo análisis y dictamen de la Comisión.

Artículo 46. Serán elegibles para el Programa Ingreso Objetivo los siguientes productos agrícolas: maíz; fríjol, trigo; arroz, sorgo, oleaginosas y leche fluida pura de vaca y los productos que dictamine la Comisión en forma temporal o permanente.

Artículo 47. El límite superior de apoyo en toneladas o en litros de leche será determinado por la Comisión, así como para aquellos productos que dictamine la Comisión en forma temporal o permanente.

Artículo 48. Las personas morales elegibles para participar en el Programa de Ingreso Objetivo, no podrán recibir un apoyo superior al de la suma de los apoyos individuales de sus asociados.

Artículo 49. Para el cálculo del ingreso objetivo, se tomará como base el costo de producción por tonelada y hectárea expresado en pesos mexicanos, que será establecido por la Comisión, tomando como referencia los costos de producción regionales, los precios internacionales y otras referencias metodológicamente validadas.

Artículo 50. A efecto de que el productor agrícola pueda planear su producción, la Secretaría, previo dictamen de la Comisión, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en los medios de comunicación impresos nacionales y estatales, cuando menos con dos meses de antelación a la fecha de inicio de las siembras de los cultivos elegibles, los montos del Ingreso Objetivo vigente.

Artículo 51. Para el cálculo del ingreso objetivo de la leche fluida entera pura de vaca, se tomará como base el costo de producción por litro, que será establecido por la Comisión con base en los promedios metodológicamente validados de los costos de producción por vaca/día, divididos entre los promedios metodológicamente validados de los rendimientos por vaca/día expresados en litros.

Capítulo III

Programas de apoyo a la productividad

Sección I

De la Agricultura de Temporal para Productos Elegibles

Artículo 52. El Programa de Apoyo a la Agricultura de Temporal tiene como objetivo proporcionar a los pequeños y medianos productores de temporal los recursos necesarios para incrementar de manera sostenida su participación en la producción de alimentos.

Artículo 53. El Programa de Apoyo a la Agricultura de Temporal comprende las acciones y recursos necesarios para impulsar la organización económica y la integración productiva local y regional. Asimismo, apoyará la organización de empresas agrícolas sociales y apoyará sus proyectos productivos y de comercialización.

Artículo 54. La Secretaría proveerá los recursos presupuestales y humanos necesarios para emprender las acciones de capacitación, asistencia técnica y extensionismo.

Artículo 55. La Secretaría apoyará a las organizaciones económicas agrícolas sociales en la adquisición, construcción, ampliación y acondicionamiento de infraestructura productiva, de acopio, almacenamiento, distribución y transporte.

Artículo 56. La Secretaría apoyará a las organizaciones económicas agrícolas sociales en extracción, captación, distribución y manejo eficiente del agua y del suelo.

Artículo 57. La Secretaría apoyará a las organizaciones sociales productivas, para que de manera consolidada puedan comprar sus insumos y vender sus productos.

Sección 2

De la Reconversión Productiva

Artículo 58. El Programa de Reconversión Productiva otorgará apoyos directos a los productores para el cambio en el uso del suelo, reemplazando un cultivo o actividad con problemas de productividad, comercialización o de degradación de los recursos naturales, por otros cultivos y actividades sustentables que contribuyan a la rentabilidad, e ingreso de los productores y la conservación de suelo y agua.

En caso de que los productores no cuenten con propuestas propias de reconversión, la Secretaría, les presentará las alternativas de reconversión.

Artículo 59. La agricultura de temporal de pequeños y medianos productores tendrá prioridad en este programa, para fortalecer su actividad, combinarla con otras o cambiar de actividad productiva.

Artículo 60. Para la operación y ejecución del Programa de Reconversión Productiva, la Secretaría celebrará los acuerdos y convenios institucionales necesarios, con los gobiernos de las entidades federativas y las organizaciones de productores agrícolas.

Sección 3

De los Cultivos con Ventajas Comparativas

Artículo 61. La política agrícola del Estado mexicano deberá fortalecer la producción de cultivos con ventajas comparativas en el mercado internacional. Para este objetivo se crean instrumentos de apoyo específicos a la fruticultura, horticultura y floricultura y la Comisión Nacional de Fruticultura. Estos apoyos serán operados por la Secretaría.

Artículo 62. El Programa de Apoyo de estos cultivos impulsará:

I. Fomento a la organización;

II. Asesoría y apoyo económico para el diseño de los proyectos productivos, y

III. El extensionismo y asistencia técnica para la producción, manejo, control y erradicación de plagas, acopio, envase, empaque y embalaje para la comercialización en el mercado nacional y de exportación.

Sección 4

De las Plantaciones Industriales

Artículo 63. El Programa de Apoyo a Plantaciones Industriales tiene por objeto rescatar, fomentar y elevar la producción y la productividad de los siguientes cultivos: cacao, café, caña de azúcar, algodón, vainilla, copra, palma aceitera, hule, jatropha, agaves, candelilla y otros de importancia económica.

Artículo 64. La Secretaría diseñará, formulará y ejecutará los programas en coordinación con las entidades federativas, y los sistemas producto respectivos.

Artículo 65. Los programas considerarán recursos para la organización, capacitación, asistencia técnica, extensionismo, para el acopio, procesamiento y comercialización; así como recursos para la adquisición de los insumos productivos necesarios.

Sección 5

De la Agricultura Orgánica

Artículo 66. El Programa de Apoyo a la Agricultura Orgánica tiene por objeto promover y fomentar la conversión de métodos y técnicas de cultivo convencionales a los de la agricultura orgánica, así como apoyar los procesos de certificación, difusión y comercialización de esta producción.

La Secretaría diseñará y ejecutará el programa en coordinación con las entidades federativas y los sistemas producto respectivos.

Sección 6

Del Programa Nacional de Semillas

Artículo 67. El Programa Nacional de Semillas tiene por objeto garantizar a los productores el acceso a semilla certificada. Para ello estimulará la creación de empresas sociales productoras y distribuidoras de este insumo.

Artículo 68. La Secretaría establecerá los lineamientos para la constitución de dichas empresas, los criterios de certificación y acreditará a las personas físicas y morales certificadoras.

Artículo 69. La Secretaría brindará asistencia técnica y financiera para la constitución de estas empresas y será la responsable de dotarlas del germoplasma necesario para la reproducción de las semillas certificadas.

Sección 7

Del Programa Nacional de Fertilizantes

Artículo 70. La Secretaría, de acuerdo con las disposiciones sobre fertilizantes de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, establecerá el Programa Nacional de Fertilizantes que incluya la elaboración del padrón de productores beneficiarios, impulsando preferentemente la compra consolidada por parte de las organizaciones de productores.

Este programa deberá armonizarse con las acciones orientadas a incentivar la producción y uso de los fertilizantes de origen biológico que incluye entre otros las compostas y la lombricultura.

Sección 8

Programas Pecuarios

Artículo 71. Los programas pecuarios son los siguientes: Acceso a Granos Forrajeros, Ganado Mejor, Recría de Hembras Reproductoras, Estímulo por Sacrificio en Rastros Tipo Inspección Federal y Apoyo a la Apicultura.

Artículo 72. El Programa de Acceso a Granos Forrajeros para el Sector Pecuario tendrá como beneficiarios a los avicultores, porcicultores, criadores y engordadores de ganado bovino, ovino y caprino y a los productores de leche de vaca. Los granos elegibles serán maíz, sorgo, cebada, trigo y avena.

Tratándose de personas morales conformadas por productores, para recibir el apoyo deberán estar constituidas y vigentes bajo las leyes mexicanas, con lo cual recibirán una cantidad igual a la entrega al productor individual multiplicada por el número de socios.

Artículo 73. Los apoyos al Programa de Acceso a Granos Forrajeros para el Sector Pecuario se otorgarán únicamente cuando el precio de indiferencia en zona de consumo sea superior al ingreso objetivo calculado por la Comisión. El monto del apoyo se calculará restando el ingreso objetivo del precio de indiferencia en zona de consumo.

Artículo 74. El Programa de Ganado Mejor tiene por objeto mejorar la ganadería a través de la inversión federal, estatal y privada de los productores pecuarios para la adquisición de sementales, semen y embriones, y abeja reina de alta calidad.

Artículo 75. Para la realización del Programa de Ganado Mejor, la Secretaría deberá signar el acuerdo correspondiente con el gobierno de la entidad federativa participante y con las organizaciones de productores.

Artículo 76. El Programa de Recría de Hembras Reproductoras de las especies bovina, ovina, caprina y porcina tiene como objetivo mantener e incrementar el inventario del hato nacional y está dirigido a los productores de esas especies que cumplan con los requisitos que establezcan las reglas de operación de este programa.

Artículo 77. El Programa de Estímulo por Sacrificio en Rastros Tipo Inspección Federal, consiste en un apoyo económico a los productores pecuarios que envíen semovientes para sacrificio en estos rastros.

Artículo 78. El Programa de Apoyo y Desarrollo de la Apicultura tiene como objetivo elevar la producción y la productividad de miel, veneno, polen, jalea real, propóleo y cera de los productores apícolas y sus organizaciones, a través de apoyos para la adquisición y reposición de colmenas y núcleos de abejas, organización y capacitación; asistencia técnica, extensionismo, producción, adquisición de insumos; control y erradicación de plagas de las abejas; acopio, procesamiento, salas de extracción, envase, embalaje, distribución, gestión de marca, certificación de origen, producción orgánica y comercialización de la miel de abeja y sus derivados, así como de sus subproductos veneno, polen, jalea real, propóleo y cera.

Artículo 79. La Secretaría diseñará, formulará y ejecutará el Programa en coordinación con las entidades federativas, el sistema producto y las organizaciones de apicultores. Para tal efecto, realizará las previsiones presupuestales correspondientes. El Programa también considerará recursos para la cría certificada de abejas reina, núcleos y paquetes de abeja.

Sección 9

Componentes Ambientales de PROCAMPO y PROGAN

Artículo 80. Los Componentes Ambientales de PROCAMPO y PROGAN deberán cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes y normas correspondientes en la materia.

Artículo 81. Los Componentes Ambientales de PROCAMPO consisten en pagos adicionales a la cuota de apoyo por unidad de superficie de PROCAMPO, a cambio de llevar a cabo actividades de conservación de suelo, agua y ecosistemas de bosques y selvas, manejo adecuado de envases y residuos tóxicos que estén dentro de los predios registrados así como prácticas agrícolas sustentables.

Artículo 82. Los Componentes Ambientales de PROGAN consisten en pagos adicionales a la cuota por unidad animal, a cambio de llevar a cabo actividades de control y erradicación de las enfermedades sujetas a las campañas nacionales, actividades de conservación de suelo, agua y ecosistemas de bosques y selvas que estén dentro de los predios registrados, así como prácticas de pastoreo sustentables, tratamiento de aguas residuales, procesamiento ecológico y reciclaje de estiércol y desechos animales incluyendo la producción de energía.

Artículo 83. Para la operación y ejecución de los componentes ambientales de PROCAMPO y PROGAN, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, celebrará los convenios necesarios con los gobiernos de las entidades federativas, organizaciones de los Sistemas Producto y organizaciones de productores legalmente constituidas.

Sección 10

Programa de Organización y Capacitación

de Productores

Artículo 84. El Programa de Organización y Capacitación de Productores, tiene como objeto promover, constituir y consolidar empresas agrícolas a través de acciones de capacitación, asistencia técnica y extensionismo para el fortalecimiento de sus capacidades productivas y empresariales de dirección, administración y gestión. La Secretaría es la responsable de diseñar y ejecutar este programa.

Artículo 85. La Secretaría a través de convenios y acuerdos procurara la concurrencia de las instituciones de educación superior e investigación en los programas que se refieren a investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.

Artículo 86. El Programa para el Desarrollo de Capacidades de los Productores Agrícolas para la Comercialización tiene por objeto fortalecerlos para participar organizadamente en la comercialización de sus productos, en los procesos de acopio, almacenamiento, transformación, distribución, transporte, financiamiento de cosechas e información de mercados.

Artículo 87. El Programa de Desarrollo de Capacidades de los Productores para la Exportación establece apoyos directos en capacitación y asesoría a los productores con potencial o en vías de exportar productos agrícolas de manera individual o a través de sus organizaciones.

Capítulo IV

De los Programas de Apoyo a la Comercialización

Artículo 88. Los Apoyos a la Agricultura por Contrato tienen como propósito apoyar al productor mediante instrumentos de cobertura de precios; aseguramiento contra contingencias de siniestralidad, así como apoyos para fletes, almacenaje y maniobras.

Artículo 89. Para este programa se consideran como productos elegibles los señalados en el Programa de Ingreso Objetivo.

Artículo 90. Para proteger la economía de los productores agrícolas, se crea un programa de aseguramiento contra la siniestralidad en la agricultura por contrato.

Artículo 91. El Programa de Apoyo para el Fomento y Consolidación de Organizaciones para la Comercialización apoyará la adquisición, construcción, ampliación y acondicionamiento de infraestructura de acopio, almacenamiento, control de calidad, verificación, envase y embalaje de productos.

Asimismo incluye la adquisición e instalación de sistemas de información, arrendamiento de infraestructura y equipo, y compensaciones a la capacidad instalada ociosa de los centros de acopio por las bajas escalas de operación temporales.

Artículo 92. Se crea el Programa de Información Comercial de Productos Agrícolas para promover el consumo de los productos mexicanos, en los mercados nacional e internacional.

Artículo 93. El Programa de Adquisición de Leche de Producción Nacional será a través de Leche Industrializada CONASUPO, S. A. de C. V. (LICONSA), por el 75 por ciento de su adquisición anual de leche, a través de la oferta directa de los productores nacionales de leche de vaca, mediante un padrón de productores.

Artículo 94. El Programa de Adquisición de Leche de Producción Nacional está dirigido para el productor de leche fluida entera pura de vaca con una producción de hasta diez mil litros diarios con base en la norma de calidad establecida.

Artículo 95. El precio pagado al productor en el Programa de Adquisición de Leche de Producción Nacional, será el del ingreso objetivo de la leche fluida entera pura de vaca vigente de conformidad con la presente Ley.

TITULO QUINTO

DE LAS INVERSIONES PRIORITARIAS

Capítulo Unico

Disposiciones Generales para las Inversiones

Artículo 96. Las inversiones prioritarias son aquellas que se aplican a los Servicios Gubernamentales y a la Infraestructura Productiva Agrícola.

Artículo 97. Las inversiones prioritarias orientadas a los servicios gubernamentales comprenden los siguientes apoyos:

I. El Programa de Infraestructura y Equipo de Acopio, Procesamiento, Envasado y Transporte de la leche pura de vaca de adquisición nacional para LICONSA, tiene por objeto fortalecer la capacidad de adquisición, procesamiento y distribución de los volúmenes de leche que determine la Comisión, para el programa de abasto social de leche de LICONSA.

II. El Programa de Infraestructura de Acopio, Almacenamiento, Distribución y Transporte de Distribuidora CONASUPO, S.A. tiene por objeto fortalecer la capacidad de acopio, almacenamiento, distribución y transporte de sus programas además de ser el soporte de la política nacional de las reservas estratégicas.

III. El Programa de Fortalecimiento de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios tiene por objeto asegurar la producción de todos los biológicos y reactivos requeridos para las campañas nacionales de control y erradicación de enfermedades de los animales.

IV. El Programa de Fortalecimiento de los Laboratorios de Diagnóstico en Salud Animal y Sanidad Vegetal, tiene por objeto asegurar los recursos humanos especializados y la capacidad instalada para la operación eficiente de estas actividades incluyendo los organismos genéticamente modificados de acuerdo con lo establecido en las Leyes y en la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 98. Las inversiones prioritarias para la Infraestructura Productiva Agrícola comprenden los siguientes Apoyos:

I. Directos a los productores o a sus organizaciones, para promover la adquisición, construcción, ampliación y acondicionamiento, de infraestructura de acopio, almacenamiento, distribución y transporte de los productos.

Estas inversiones priorizarán el desarrollo de las potencialidades de los recursos locales, el empleo temporal y todas aquellas acciones productivas que detonen el desarrollo regional.

II. Al desarrollo de infraestructura de vías de comunicaciones y transportes, puertos terrestres, ferropuertos, centros de acopio, almacenamiento, redes de frío, servicios de logística y servicios relacionados con los sistemas producto y cadenas de valor;

III. A la mecanización sustentable para la agricultura;

IV. A la creación y consolidación de Instituciones Financieras Rurales y Dispersoras de Crédito de los productores, almacenadoras de granos y oleaginosas, así como fondos de aseguramiento y empresas aseguradoras agrícolas;

V. Al desarrollo y mantenimiento para la captación y manejo eficiente del agua de uso agrícola;

VI. A la producción nacional de semillas mejoradas, fertilizantes, biofertilizantes y otros insumos estratégicos agrícolas;

VII. Al acceso a la información agrícola;

VIII. A la innovación tecnológica agrícola;

IX. A la investigación y la educación rural enfocada a las actividades agrícolas; y

X. A la extensión agrícola y asistencia técnica.

TITULO SEXTO

Investigación, Tecnología y Extensionismo

Capítulo I

De la Investigación y la Tecnología

Artículo 99. El Programa Nacional de Desarrollo y Transferencia de Tecnología Agrícola estará a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y vinculado a las Instituciones de Educación Superior, así como al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. El Programa, tiene por objeto fomentar la investigación, el desarrollo, y la innovación tecnológica en la agricultura.

Para el logro de sus objetivos este programa deberá incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación y estará sujeto a la evaluación anual por el Consejo Mexicano. Para la transferencia de tecnología en la producción agrícola, la Secretaría establecerá los convenios de concertación con las entidades federativas y las organizaciones de productores privados y sociales.

Artículo 100. El Programa de Investigación y Uso de Semillas Mejoradas tendrá por objeto fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, y la implementación de mecanismos de integración entre la investigación y el desarrollo tecnológico con la producción, comercio y uso de las semillas mejoradas por parte de los productores y sus organizaciones.

Artículo 101. Se crea el Programa Nacional de Germoplasma como un componente prioritario de la política agrícola. Su objetivo es colectar, conservar y mantener el germoplasma de las especies vegetales de uso agrícola de interés nacional. Dicho programa estará a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y vinculado a las Instituciones de Educación Superior.

Artículo 102. Se crea el Programa Nacional de Investigación sobre Biofertilizantes y Fertilizantes Orgánicos para el desarrollo de tecnologías para la producción de los mismos.

Capítulo II

Extensionismo y Asistencia Técnica

Artículo 103. El extensionismo y la asistencia técnica serán una política prioritaria del Estado, correspondiendo a la Secretaría aplicarla a nivel de unidad de producción favoreciendo a los pequeños y medianos productores.

Artículo 104. En su aplicación la Secretaría estimulará y facilitará la participación de los técnicos, profesionales y expertos de las instituciones nacionales de enseñanza superior, de los técnicos calificados de los sistemas producto y las organizaciones de productores a través de sus programas de vinculación y de servicio social.

Capítulo III
Del Crédito, Garantías, Seguros, Coberturas y Capital de Riesgo

Artículo 105. La Financiera Rural, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, la aseguradora AGROASEMEX, y otras instituciones de la Banca de Desarrollo para el Campo, asegurarán a los pequeños y medianos productores el acceso a través de una regulación simple y unificada al crédito, garantías, seguros, coberturas de precios y capital de riesgo para la agricultura, difundiendo con oportunidad y claridad las condiciones del mercado financiero.

TITULO SEPTIMO
CREACION Y MANTENIMIENTO DE RESERVAS
DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS

Capítulo Unico
Disposiciones para la Creación y Mantenimiento de Reservas de Productos Estratégicos

Artículo 106. La Secretaría tendrá bajo su responsabilidad la política de las reservas estratégicas alimentarias de la nación, con los excedentes de la producción nacional, para lo cual celebrará los acuerdos y convenios necesarios tanto con organizaciones de productores, como con instituciones públicas o privadas.

Artículo 107. La Secretaría definirá los volúmenes de adquisición de productos agrícolas estratégicos y las condiciones de los contratos de compra venta para crear y mantener las reservas.

TITULO OCTAVO

DE LA REVISION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS,

Capítulo Unico
De la Evaluación

Artículo 108. La política, instrumentos, programas deberán ser evaluados periódicamente por el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social. El seguimiento de los programas derivados de esta Ley estará a cargo de la Comisión Intersecretarial y del Consejo Mexicano a través de los sistemas producto respectivos.

Artículo109. Una vez efectuada la revisión y evaluación de los resultados de la aplicación de esta Ley, el Congreso de la Unión deberá actualizarla o adicionarla para el siguiente periodo de siete años.

TITULO NOVENO

Capítulo Unico
Sanciones y Responsabilidades

Artículo 110. La trasgresión a los principios y programas que prevé esta Ley será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la misma, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, cuando sean constitutivas de delito.

Artículo 111. Las autoridades responsables que realicen actos de negligencia u omisión que impliquen el incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley, su reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 112. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 44, 46 y 47 de esta Ley, se sancionaran con multa equivalente de 1,500 a 2,000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Al que dolosamente denuncie falsos hechos o actos en los términos de lo previsto por esta Ley, se le impondrá multa equivalente hasta 2,000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 113106.- A los sujetos beneficiarios de los programas establecidos en este ordenamiento que proporcionen información falsa o utilicen para un fin distinto al previsto por esta Ley los recursos asignados, se les impondrá multa de 1,000 a 1,500 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y serán dados de baja del padrón que le corresponda.

Artículo 114. A las personas morales que de acuerdo con el artículo 47 del presente ordenamiento proporcionen información falsa o alterada, se les impondrá una multa de 2,000 a 3,000 salarios mínimos vigente en el Distrito Federal.

Artículo 115. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento que aplique la Secretaría se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se derogan todos aquellos ordenamientos y disposiciones que se contrapongan.

Artículo Segundo. El Sistema Nacional de Planeación Agrícola a que se refiere esta Ley, deberá de ser integrado dentro de los 30 días que sigan a la entrada en vigor de la misma.

Artículo Tercero. La Comisión Federal Reguladora Agrícola, deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo Cuarto. El Presidente de la Comisión presentará a la Secretaría, dentro de los 160 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la asignación presupuestal para la operación de la Comisión.

Artículo Quinto. El Ejecutivo Federal expedirá dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, el reglamento que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento.

Artículo Sexto. El reglamento interno de la Comisión se aprobará y publicará dentro de los 190 días siguientes a la vigencia de la Ley.

Artículo Séptimo. La Secretaría, a través del Sistema Nacional de Información de Desarrollo Rural Sustentable dispondrá de doce meses para integrar y publicar el Padrón de Productores Agrícolas.

Artículo Octavo. Debido al carácter estratégico de la información Agrícola, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión y el Sistema Nacional de Planeación Agrícola, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizarán todas las previsiones presupuestarias a efecto de integrar en tiempo y forma los Censo Agrícolas, Ganadero y Forestal, cada diez años, iniciando con el IX Censo que deberá levantarse en el año 2011.

Artículo Noveno. Las disposiciones sobre PROCAMPO, establecidas en esta Ley entrarán en vigor en el año 2012, al siguiente día de la fecha en que concluya la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo Décimo. A partir del año cinco de la entrada en vigor del PROCAMPO, contenido en esta Ley, darán de baja del Padrón aquellos productores con superficie mayores a 75 hectáreas; a partir del año 10 aquellos productores con superficie mayores a 50 hectáreas; a partir de los 15 años los productores con una superficie mayor a 25 hectáreas; a partir de los 20 años aquellos productores que tengan una superficie mayores a 10 hectáreas y a partir del año 25 el resto de los productores. Con lo anterior se daría por concluido la vigencia, aplicación, ejecución y operatividad del PROCAMPO.

Artículo Onceavo. El Ejecutivo Federal constituirá dentro de los siguientes 120 días siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento, la Comisión Nacional de Fruticultura, sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, y determinara la asignación presupuestal para la operación de la Comisión.

Dado en el salón de sesiones, a 10 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, Senador Heladio Ramírez López. La iniciativa que usted ha presentado a nombre propio y de Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.

Se concede ahora el uso de la tribuna, rogando a las señoras y señores Senadores conservar el debido orden, silencio y atención a los oradores. Hará uso de la tribuna el Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Señor Presidente.

Quiero presentar la iniciativa que usted ha anunciado, en lugar de una moción de orden. Me parece que el Senador Heladio Ramírez, usted mismo, que me han precedido en el uso de la palabra, traen a esta tribuna propuestas de la mayor importancia en el contexto de la vida política presente de este país. Y no quiero aludir a nadie, porque pudiéramos ser todos, pero tal parece el inicio de clases de una escuela de educación básica.

El esfuerzo que contiene la iniciativa, señoras y señores Senadores, se han presentado ya varios documentos que plantean institucionalizar el Seguro de Desempleo.

Comparto el contenido de muchas de esas iniciativas. Sin embargo debo decirles que en la mayoría de los casos, a la madre de las instituciones de la seguridad social en este país, que por cierto, está en proceso de muerte, financieramente hablando, se le ve como una institución de beneficencia pública.

La propuesta que les traemos, compañeros, es incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social el Seguro de Desempleo.

Pero al igual que el Seguro de Riesgos de Trabajo o de Prestaciones Sociales y de Guarderías, el de Retiro, el de Vejez, el de Cesantía, deben tener una fuente de financiamiento.

Si no hay fuente de financiamiento las propuestas quedan en la demagogia.

Hay dos ejemplos ahora de un esfuerzo de Seguro de Desempleo, pero que disponen de recursos fiscales, el caso del Distrito Federal, que hay que aplaudirlo, es un subsidio al desempleo.

Y el caso de Zacatecas, subsidios a quien no tiene trabajo, con recursos fiscales.

Si los seguros no tienen fuente de financiamiento, llámenle como quieran, pero no son seguros.

Por eso hoy día el IMSS está pidiendo autorización para que pueda disponer ¿De cuánto? ¿De 18 mil millones de pesos para hospitales y para medicamentos?

¿Por qué razón? Porque lo que tiene en sus reservas y las fuentes de financiamiento no es suficiente hacer frente a sus obligaciones.

¿Qué plantea la iniciativa?

Se incorpora al régimen obligatorio, como les he dicho, de la Ley del IMSS un nuevo seguro, el de desempleo.

Se instituye una fuente de financiamiento, con una aportación del gobierno, del patrón y de los trabajadores.

Si realizados los estudios actuariales correspondientes, la fuente es insuficiente, el consejo técnico del instituto podrá incrementar o podrá disminuir el porcentaje de la prima.

El Seguro de Desempleo incluye la prestación del de enfermedades y de maternidad para los derechohabientes del trabajador.

Y una posición, sobre todo, para aquellos que dicen, y que puedo coincidir con ellos, que está crujiendo el régimen de cuentas individuales, que las reservas las maneje el IMSS, puede prestárselas; que disponga de los instrumentos financieros que vea pertinentes con una condición: si el Fondo del Seguro de Desempleo, que tiene fuente de financiamiento, no lo usa el trabajador, cuando se retire, cuando obtenga otra pensión, se le liquida o se le incorpora a la pensión de retiro con una garantía, rendimiento que no debe ser inferior al costo de la inflación, o no debe ser inferior a la media de los rendimientos que otorguen las administradoras de fondos para el retiro.

Finalmente, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, no podrá haber Seguro de Desempleo si no hay reservas constituidas.

En el primer semestre traemos 500 mil desempleados y no cuentan los informales y no cuentan los que se están yendo a Estados Unidos. Hay que dejarle la tarea al IMSS para que nos diga, teniendo fuente de financiamiento, cuándo entraría en vigor el Seguro de Desempleo. Y no quiero que me tilden de neoliberal, de izquierda, sino que abandonen la demagogia en las propuestas para ser viables instituciones como ésta, y si no, podemos seguir repitiendo: “Que el desempleo tiene que ser cobijado”.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Tomas Torres Mercado, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con los datos del INEGI, durante el primer semestre de este año, el PIB tuvo un caída del 10.5%, lo cual da evidencia de que vivimos una de las peores recesiones de la economía mexicana en su historia moderna. Su expresión más tangible es su impacto en el empleo.

Lo cierto es que una de las características del actual modelo económico es una incapacidad estructural de generación de empleos. Del año 2000 a la fecha no se han podido generar de manera constante el millón 100 mil plazas que requiere el mercado laboral anualmente, a esto se suma la endeble situación del sistema de seguridad social en materia de desempleo. A diferencia de países desarrollados como Estados Unidos o España, los cuales cuentan con políticas pasivas de atención de la población desempleada, México ha carecido de políticas de Estado que sirvan como herramientas para subsanar los efectos del ciclo económico en periodos de recesión.

De enero a junio se perdieron 437,790 empleos formales registrados en el IMSS. Afectando a 27 de las 32 entidades del país, la mayoría (17) registraron una contracción de 5% y contribuyeron a un 48% de los despidos.

Peor aún, se estima que el desempleo causado por la recesión alcanzará los 850 mil a finales de este año, lo que sumado a la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral que ronda por l millón de jóvenes, llevará a un déficit total de puestos de trabajo cercano a los 2 millones de, sin contar que en dicha metodología no considera la población que tuvo que emigrar a los Estados Unidos por falta de empleo, los trabajadores que trabajan menos de 8 horas diarias o laboral en el sector informal. La falta de medidas emergentes de parte del Estado mexicano para atender el impacto social puede revertir el esfuerzo realizado en el combate a la pobreza extrema y generar condiciones movilización social.

La emergencia económica que vivimos requiere de todos los instrumentos que cuenta el Estado mexicano para contener los efectos del desempleo. Consideramos que una política de estado fundamental para enfrentar la situación descrita será la creación de un seguro de desempleo, como un ramo de aseguramiento más dentro de la Ley del Seguro Social.

Nuestra propuesta, contiene los siguientes elementos:

a) Se incorpora al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social el Seguro de Desempleo, considerándolo como un ramo específico más de aseguramiento.

b) Se instituye la fuente de financiamiento de este nuevo ramo de aseguramiento obligatorio. Al gobierno federal le corresponderá aportar el 1% del salario base, 0.5% a los patrones y 0.5% a los trabajadores.

c) El Instituto podrá, en su caso, disminuir o incrementar el porcentaje de la prima de conformidad con los estudios técnicos y actuariales que se realicen en el proceso de instrumentación.

d) Si el trabajador no hace uso de su ahorro por concepto de Seguro de Desempleo, éste se sumara a la pensión de retiro o se le liquidará globalmente.

e) El disfrute del seguro de desempleo incluirá el de enfermedad y maternidad para los derechohabientes del asegurado.

f) El Instituto administrará directamente la reserva constituida con este nuevo seguro, pudiendo manejar instrumentos de inversión para su viabilidad financiera.

g) Los rendimientos que reciba el trabajador por el ahorro que reúnan para su Seguro de Desempleo, no podrán ser inferiores al índice de inflación o a la media de rendimiento que otorguen las Administradoras de Fondos para el Retiro en el manejo de cuentas individuales.

En realidad, las características del seguro de desempleo que ponemos a consideración del Senado tienen diversas bondades.

En primer lugar, la forma en que se integra la prima para cubrir las prestaciones del seguro de desempleo, los rendimientos derivados del ahorro del trabajador y las prestaciones de enfermedades y maternidad incluidas en el mismo seguro, estimularán e incentivarán la incorporación de trabajadores al sector formal.

Por otra parte, la reserva que se genere con la creación de este nuevo seguro y la capacidad del Instituto para administrarla directamente, pudiendo manejar instrumentos de inversión, creará una herramienta para fortalecer sus finanzas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforman el artículo 2; el artículo 15 en su fracción VII; el artículo 27, tercer párrafo, el artículo 40 B en su párrafo tercero; el artículo 40 D en su párrafo tercero; el artículo 40 E en su párrafo segundo y el artículo 117 en su párrafo segundo. Se adicionan el artículo 5 A, inciso XX; el artículo 22, en su párrafo quinto; el artículo 264, fracción XVIII; el artículo 281 fracción VIII; el artículo 281 en su párrafo primero, y los artículos 164 A, 164 B, 164 C, 164 D, 164 E, 164 F, 164 G, 164 H, 164; todos, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de un seguro de desempleo y una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. al XIX. (…)

XX.- Seguro de desempleo: Ingreso mensual que percibirá el trabajador cuando por causas ajenas a su voluntad cese su relación laboral con el patrón, hasta por un periodo de seis meses. El disfrute del seguro de desempleo incluirá el de enfermedad y maternidad para los derechohabientes del asegurado.

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI.- Desempleo.

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. …

II. …

III. …

IV. …

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de esta Ley, en relación con el seguro de desempleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

VIII. a IX. (...)

(...)

(...)

Artículo 22. (...)

(...)

I. …

II. …

III. …

IV. …

(...)

(...)

La información derivada del seguro de desempleo, será proporcionada directamente por el Instituto y se regulará de acuerdo a las disposiciones de confidencialidad que emita el Consejo Técnico del mismo.

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

I. …;

II. …;

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de desempleo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV.

V.

VI:

VII.

VIII.

IX.

Artículo 40 B. (...)

(...)

Transcurrido el plazo señalado sin que el patrón hubiese aplicado la nota de crédito o solicitado su monetización, dentro de los quince días siguientes al referido plazo, el importe de la misma prescribirá a favor del Instituto. Las notas de crédito no serán aceptadas como medios de pago cuando se trate de créditos por concepto de cuotas o sus accesorios legales del seguro de desempleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

(…)

Artículo 40 D. Tratándose de cuotas del seguro de desempleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no pagadas oportunamente, sólo se podrá autorizar plazo para el pago diferido por periodos completos adeudados, sin condonación de accesorios.

(...)

El pago diferido de las cuotas del seguro de desempleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, también causará los accesorios a que se refiere el artículo anterior, depositándose las cuotas actualizadas y los recargos en la cuenta individual del trabajador.

De todas las prórrogas que involucren cuotas del seguro de desempleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el Instituto deberá informar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sin perjuicio de lo anterior, los patrones deberán proporcionar copia de las prórrogas que involucren dichas cuotas, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como a las entidades financieras que mediante reglas generales determine la misma Comisión.

Artículo 40 E. ...

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. ...

(..)

(...)

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cuotas a cargo del patrón. Las cuotas que correspondan al seguro desempleo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como las retenidas a sus trabajadores, deberán ser cubiertas en los términos y condiciones que esta Ley establece.

Artículo 117. Cuando cualquier pensionado traslade su domicilio al extranjero, podrá continuar recibiendo su pensión mientras dure su ausencia, conforme a lo dispuesto por convenio internacional, o que los gastos administrativos de traslado de los fondos corran por cuenta del pensionado.

Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos de trabajo, invalidez, vida, desempleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

SECCION TERCERA BIS
DEL RAMO DE SEGURO DE DESEMPLEO

Artículo 164 A. El desempleo involuntario se da cuando el asegurado queda privado de trabajo personal subordinado.

Artículo 164 B.- El seguro de desempleo es de carácter personal e intransferible y se otorgará a quienes:

I. Hayan cubierto sus cuotas por concepto de seguro de desempleo por un periodo de 52 semanas antes de perder su empleo.

II. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 164 C.- No podrá gozar de las prestaciones del seguro de desempleo en caso de:

I. Contar con otra relación de trabajo personal subordinada.

II. Que haya ejercitado acción laboral en la que exista sentencia firme que ordene el pago de de salarios caídos o la reinstalación al trabajo.

Artículo 164 D.- El trabajador estará obligado a solicitar la interrupción en el otorgamiento de las prestaciones de desempleo cuando se encuentre en los supuestos previstos en el artículo anterior.

Artículo 164 F.- El otorgamiento de las prestaciones económicas mensuales será el equivalente al promedio del salario base de cotización cubierto en el periodo previsto en el artículo 164 B.

El seguro de desempleo incluye prestaciones económicas y de enfermedades y maternidad al trabajador desempleado y sus derechohabientes hasta por un lapso de seis meses.

Artículo 164 G.- Si el trabajador no hace uso de su ahorro por concepto de Seguro de Desempleo, éste se sumara a la pensión o se le liquidará globalmente.

Artículo 164 H. El monto de la prima para cubrir las prestaciones del seguro de desempleo se compondrá de una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización aportada por el gobierno federal, una cuota del cero punto cinco por ciento aportada por el patróny una cuota delcero punto cinco por ciento aportada por el trabajador.

Los porcentajes de la prima podrán ser disminuidos o incrementados por acuerdo del Consejo Técnico de acuerdo con los estudios técnicos y actuariales que realice.

Artículo 164 I. El Instituto administrará directamente la reserva constituida con este nuevo seguro, pudiendo manejar instrumentos de inversión para su viabilidad financiera.

Los rendimientos que reciba el trabajador por el ahorro que reúna para su Seguro de Desempleo, no podrán ser inferiores al índice de inflación o a la media de rendimiento que otorguen las Administradoras de Fondos para el Retiro en el manejo de cuentas individuales, de conformidad con lo que resulte más favorable para el trabajador.

Artículo 264. El Consejo Técnico tendrá las atribuciones siguientes:

I. al XVII.- …

XVIII.- Constituir la reserva operativa y su administración, de tal manera que pueda solventar el seguro de desempleo y las prestaciones de de enfermedades y maternidad que incluye.

Artículo 281. Se establecerá una Reserva Operativa para cada uno de los siguientes seguros y coberturas:

I. Enfermedades y Maternidad;

II. Gastos Médicos para Pensionados;

III. Invalidez y Vida;

IV. Riesgos de Trabajo;

V. Guarderías y Prestaciones Sociales;

VI. Seguro de Salud para la Familia,

VII. Seguro de desempleo, y

VIII. Para otros seguros o coberturas, que en su caso, se establezcan con base en esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social determinará el inicio de la vigencia del Seguro de Desempleo para la constitución de la reserva, realizando los estudios técnicos y actuariales para tal efecto.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Suscribe

 Sen. Tomás Torres Mercado”

- El C. Presidente García Cervantes: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM)

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción IV del artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Grandes naciones del mundo, lo son, en buena medida, porque detentan administraciones públicas de alta calidad.

En los países administrativamente desarrollados el cuidado de los aspectos impersonal e interpersonal de la administración pública es muy riguroso. En efecto, los cargos tienen una definición precisa, en tanto que sus órganos representan fielmente una división administrativa del trabajo armónico.

El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es una política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y valor de la gestión pública, lo que se traducirá en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Este Sistema permite administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y garantizar su ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del mérito y la igualdad de oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad.

En nuestro país, se han sentado las bases para el Servicio Profesional de Carrera, en específico, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado “B”, detalla:

VII.La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública.

VIII.Los trabajadores gozaran de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función del os conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuentede ingreso en su familia”.

Por lo anterior, consideramos de suma importancia profesionalizar a los servidores públicos y de esta manera garantizar que su desempeño se lleve a cabo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, sin menoscabar en ninguna manera sus derechos fundamentales.

Actualmente la fracción IV del artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, es del tenor literal siguiente:

Artículo 60.- El nombramiento de los servidores profesionales de carrera dejará de surtir efectos sin responsabilidad para las dependencias, por las siguientes causas:

IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que esta ley asigna; la valoración anterior deberá ser realizada por la Secretaria de conformidad con el Reglamento de esta Ley, respetando la garantía de audiencia del servicio público.

….

De la lectura del anterior artículo, se desprende que se será el reglamento el encargado de emitir el procedimiento a seguir en caso de caer en el supuesto de la citada fracción, además se debe de respetar el derecho de audiencia del servidor público; en ese respecto los artículos 78, 79, 80 y 81 del reglamento de dicha Ley, establecen un procedimiento para el caso previsto por la fracción IV del citado artículo 60.

Si bien es cierto que de una u otra manera se respeta el derecho de audiencia, se violan diversos derechos constitucionales como:

1.El derecho de equidad procesal, en razón de que en el artículo 79 del citado reglamento, se otorga un plazo de 30 días hábiles para que la dependencia determine si son o no justificadas las conductas, pero, por lo que hace al presunto responsable, se establece que tendrá un plazo: “no menos a 5 días hábiles”, dicha redacción puede justificar que al presunto responsable cuente con un término de 5 días cuando la autoridad tendría 6 veces más de término resultando esté inequitativo y anticonstitucional.

2. Dentro de la citada fracción IV, no se establece, de forma general la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas, ya que de conformidad con las recientes reformas constitucionales, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por lo que consideramos, que se tendría que establecer un apartado en el citado articulo donde se prevea la posibilidad de que las partes puedan ofrecer pruebas como podrían ser: testimoniales, periciales, confesionales, documentales, etc.

3.-En el artículo 80 del reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, se prevé que una vez iniciado el procedimiento, se podrá suspender temporalmente al servidor público, sin que medie alguna resolución judicial o sentencia firme, hecho que resulta sumamente violatorio de todos los derechos fundamentales, ya que este servidor está siendo sentenciado previamente sin un juicio como marca nuestra Carta Magna, y lo más importante, le están privando de un ingreso económico, con lo que presumimos sostiene a su familia. La Suprema Corte de la Nación ha pugnado por eliminar de toda legislación aspectos de esta índole.

Si bien es cierto que algunas de las propuestas aquí planteadas podrían ser motivo de reforma al reglamento, consideramos necesario realizarlas en la ley toda vez que al ser principios protectores de derechos fundamentales no deberían de establecerse en un reglamento, además de que el acceso al procedimiento y discusión de un reglamento, está muy alejado de los ciudadanos y es un proceso difícil de completar sin la voluntad del ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 60.- El nombramiento de los servidores profesionales de carrera dejará de surtir efectos sin responsabilidad para las dependencias, por las siguientes causas:

IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que esta ley asigna; la valoración anterior deberá ser realizada por la Secretaria de conformidad con el Reglamento de esta Ley, respetando la garantía de audiencia, el derecho de las parte a ofrecer pruebas y la equidad en los términos.

No se podrá suspender temporalmente ni de forma definitiva, al servidor público de carrera, sino hasta tener una resolución, por parte del Órgano Interno de Control.

….

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días naturales a partir de su publicación para hacer las adecuaciones pertinentes al reglamento de la del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Recinto del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

Se recibió del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos para sus efectos de estudio y dictamen.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 40, SE DEROGA EL ARTICULO 41 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

(Presentada por el C. Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito, Senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de éste Senado de la República la siguiente “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 40, se deroga el 41 y se adiciona un diverso 11 Bis a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos,” de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es un hecho, la marina mercante mexicana esta en bancarrota y ello ha provocado una fuga de divisas cercana a los 18 mil millones de dólares al año, esto de acuerdo con datos de la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos, pues ante la obsolescencia o el desprecio por la flota nacional, los buques de bandera internacional realizan casi la totalidad de los viajes de exportación de productos mexicanos, entre ellos el petróleo.[1]

De esta forma, explicó la organización antes referida, el país pierde importantes recursos por concepto de fletes y seguros marítimos, debido a que los barcos mexicanos sólo tienen una capacidad de registro bruto aproximado a 700 mil toneladas, lo que representa 0.05 por ciento del total mundial, que se calcula en 875 mil millones.

Asimismo, la flota de la marina mercante mexicana sólo se compone de 374 embarcaciones, empadronadas en el Registro Público Marítimo Nacional, las cuales tienen en promedio una vida de 25 años, cuando el promedio mundial es de 15 años de antigüedad.

No hay, a decir de esta organización, embarcaciones que al menos hagan cabotaje de una sola gota de combustible, ya que todas estas operaciones las llevan a cabo barcos extranjeros no obstante que nuestro país tiene acuerdos comerciales con diversas naciones.

Así las cosas, la marina mercante está prácticamente desaparecida, ya que la de altura no existe, mientras la de cabotaje está reducida al transporte de pasajeros en las penínsulas de Baja California y Yucatán. En el resto del país no hay tráfico de cabotaje, aunque existen embarcaciones dedicadas al remolque. Para ilustrar lo anterior, baste mencionar que tan sólo entre 1995 y 2005 se pasó de casi 10 millones de toneladas brutas en embarcaciones registradas en el país a poco menos de 700 mil toneladas.

Aunado a lo anterior, las empresas navieras extranjeras gozan de estímulos fiscales en sus países de origen y reciben abiertamente subsidios de sus gobiernos, mientras que las compañías mexicanas carecen de cualquier apoyo y, por el contrario, deben enfrentarse a una carga fiscal que obstaculiza el crecimiento del sector, la cual es 40 por ciento mayor que la que pagan las empresas extranjeras.

En esta historia, la marina mexicana y el cabotaje están estancados, ya que empresas extranjeras han entrado en el mercado nacional en el que representan 60 por ciento de los barcos que operan en las costas del país.

La situación antes descrita ha traído como consecuencia que la pérdida de cientos de plazas laborales durante los últimos años, ya que por lo menos 7 mil marineros nacionales altamente calificados no han encontrado empleo.

La degradación de las condiciones laborales en este sector ha redundado en el solapamiento que las autoridades federales hacen respecto de las actividades que realizan empresas navieras extranjeras y nacionales, mismas que violan leyes mexicanas.

Existen infinidad de transgresiones a la seguridad social en los contratos de trabajo, en la aplicación de las normas de seguridad marítimas y en sus derechos humanos. Los marinos viven una indefensión laboral, una grave realidad con la contratación colectiva sometida al control, la corrupción y la simulación, lo que ha generado que más del 80 por ciento de los contratos colectivos de trabajo sean sólo de “protección patronal”. Los marinos mercantes siguen resistiendo el retraso de sus pagos de hasta 30 días después del último día laborado.

Muchas empresas contratan a los marinos por cuatro meses, luego cambian de razón social para evitar impuestos, antigüedad de los empleados, indemnizaciones, utilidades, aguinaldos; además de cotizarlos erróneamente al IMSS, según denunciaron líderes sindicales ante el propio Congreso de la Unión.[2]

Lo antes señalado se registra a pesar de que la Ley Federal de Trabajo, contempla dentro del Título Sexto "Trabajos especiales", un capitulo relativo a los trabajadores de los buques, donde se aprecia la especialización de su labor y lo complejo del marco normativo que rige la relación laboral.

Respecto de la flota de Petróleos Mexicanos, el 26 de septiembre del 2007, César Patricio Reyes Roel, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, afirmó ante la Cámara de Diputados que la empresa cuenta con una flota de buques tanque para el transporte de sus productos, que ha alcanzado en su mayoría una edad, que de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, ha llegado al límite de su vida útil y debe dejar de operar para no constituirse en un riesgo para la protección de la vida humana en el mar y la preservación del medio ambiente.

A decir del entonces funcionario, la situación actual de la flota de PEMEX es la siguiente: hay once embarcaciones que están amarradas por rebasar la edad para continuar transportando hidrocarburos y que tienen entre 29 y 41 años de haber sido construidas; el barco Quetzalcóatl quedó fuera de servicio en octubre de 2006, como consecuencia de un accidente, y el buque tanque Bacab operó hasta el 18 de marzo de 2007 con autorización especial y, finalmente, seis embarcaciones fueron sometidas a un programa de evaluación para determinar si pueden continuar operando hasta cumplir los 25 años de edad.

Sin embargo, aquí no terminan las penurias de la flota de Petróleos Mexicanos. Para nadie es un secreto que la transportación de los insumos para instalar las plataformas correspondientes la realizan barcos extranjeros, esto a pesar de que hace tres años entró en vigor la ley cuya reforma se pretende, a través de la cual se buscaba reservar a navieros mexicanos con embarcaciones nacionales las tareas de cabotaje.

Se afirmas lo anterior, toda vez que, amparándose en la prelación que planteaba el artículo 34 de la Ley de Navegación abrogada para otorgar permisos temporales de navegación interior y de cabotaje a navíos extranjeros, en caso de no existir embarcaciones mexicanas disponibles y en igualdad de condiciones técnicas y precio, los funcionarios de la paraestatal dejaron operar a empresas foráneas en esta clase de rutas.

La cuestión radica en que aun cuando existen embarcaciones disponibles en el país y en igualdad de condiciones técnicas y precio para llevar a cabo este tipo de transporte, es el caso que durante los últimos años han surgido decenas de empresas que en el papel exhiben contratos de arrendamiento financiero para izar la bandera mexicana en sus barcos y cambiarla en aguas profundas por la del país al que realmente pertenecen: Estados Unidos, Bahamas, Brasil o Grecia, principalmente.

Lo anterior, hay que decirlo con todas sus letras, es un fraude a la ley. Fraude que ha sido avalado por servidores públicos de PEMEX, quienes, de manera inexplicable, llegaron hace tres años al extremo de promover juicios de amparo en contra de la expedición de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, es decir, ¡el gobierno amparándose contra el propio gobierno!

Un panorama como el descrito no es más que el resultado de una grave crisis que se expresa en la pérdida de competitividad y empleos y, por supuesto, de negocios. Una situación que requiere de acciones decididas y contundentes para reactivar a un sector tan importante de la economía nacional. Lo que necesita el país con urgencia es el establecimiento de una política que tenga un proyecto de puertos y marina mercante en el que se pueda planear a mediano plazo, es decir, una estrategia nacional, de la cual carecemos hasta ahora.

En esta tesitura, si queremos ejercer nuestra soberanía económica, debemos contar con una marina mercante, moderna, competitiva, dentro de un ambiente de seguridad jurídica. Necesitamos una política decidida del gobierno que, con medidas claras, propicie las inversiones para el desarrollo portuario y de transporte marítimo de carga, si en realidad se desea que el país sea una opción para los flujos comerciales de Asia a EU, usando los puertos del Pacífico. Es justo en este sentido en el que se ubica la presente iniciativa.

A efecto de acabar de una buena vez con la simulación que desde Petróleos Mexicanos y otros sectores se viene dando en el ramo de la navegación de cabotaje, se propone la derogación de todas aquellas disposiciones incluidas en los artículos 40 y 41 de la multicitada ley, a fin de prohibir de manera tajante la realización de esta clase de actividades por empresas extranjeras, por medio de la obtención de permisos temporales, medida que, por cierto, resulta acorde con lo que al efecto tienen dispuesto el 95% de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

De igual forma, se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de provocar la renovación de aquellas embarcaciones iguales o mayores de quinientas unidades de arqueo, razón por la cual, para las que se pretenda obtener la matrícula y bandera mexicanas, no deberán exceder de los diez años de antigüedad en su construcción al momento de la solicitud, salvo justificación técnica aprobada por la autoridad competente, mediante una inspección a la embarcación; por lo cual el naviero mexicano o el interesado en el trámite tendrá que obtener previamente dicha aprobación, para confirmar la procedencia de su solicitud.

Si bien es cierto con fecha 12 de junio de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el que se establece la antigüedad que deben tener las embarcaciones que pretendan obtener la matrícula y bandera mexicanas, no deberán exceder de los veinte años de antigüedad en su construcción al momento de la solicitud, salvo justificación técnica aprobada por la autoridad competente, mediante una inspección a la embarcación; por lo cual el naviero mexicano o el interesado en el trámite tendrá que obtener previamente dicha aprobación, para confirmar la procedencia de su solicitud, esto no obsta para considerar que el plazo de antigüedad previsto en dicho acuerdo es aún excesivo, por lo que éste debe ser restringido a la mitad.

A fin de actualizar la reglamentación aplicable en esta materia, el Titular del Poder Ejecutivo Federal contará con noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las normas reglamentarias que resulten congruentes con el mismo.

Adicionalmente, y de conformidad con el artículo tercero transitorio de la presente iniciativa, el Gobierno Federal contará con un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para renovar en términos del artículo 11 bis todas aquellas embarcaciones sobre las cuales ostenta un derecho de propiedad, lo anterior a fin de estar en posibilidad de que flotas como la de Petróleos Mexicanos sean puestas al día y esto no sirva de pretexto para la suscripción de contratos que, en los hechos, desplazan a la industrias naviera nacional y dan origen a la generación de negocios privados con fondos públicos.

En concordancia con lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá proveer los recursos presupuestales suficientes para la consecución de los objetivos planteados en el artículo citado en el párrafo precedente.

Finalmente, y a fin de respetar el principio de no retroactividad de la ley plasmado en nuestra Constitución, se establece en el artículo quinto transitorio que los procedimientos administrativos pendientes de resolución al momento de entrar en vigor el Decreto promulgatorio, seguirán substanciándose conforme a las normas vigentes al momento de su instauración.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 40 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 40.- Sin perjuicio de lo previsto en los Tratados Internacionales, la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas.

Salvo lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, la operación y explotación de embarcaciones mexicanas por navieros mexicanos no requerirá permiso de navegación de la Secretaría.

La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje, destinadas a servicios turísticos, deportivos y recreativos, así como la operación y explotación de aquellas destinadas a la construcción y mantenimiento portuario, y el dragado podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros con embarcaciones mexicanas o extranjeras, siempre y cuando exista reciprocidad con el país de que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.

Salvo lo previsto en el artículo siguiente, en los supuestos señalados en el párrafo anterior, no se requerirá permiso de navegación de la Secretaría.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 41 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 41.- DEROGADO.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 11 bis a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 11 bis. Las embarcaciones iguales o mayores de quinientas unidades de arqueo, para las que se pretenda obtener la matrícula y bandera mexicanas, no deberán exceder de los diez años de antigüedad en su construcción al momento de la solicitud, salvo justificación técnica aprobada por la autoridad competente, mediante una inspección a la embarcación; por lo cual el naviero mexicano o el interesado en el trámite tendrá que obtener previamente dicha aprobación, para confirmar la procedencia de su solicitud.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las normas reglamentarias que resulten congruentes con el mismo.

TERCERO.- El Gobierno Federal contará con un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para renovar en términos del artículo 11 bis todas aquellas embarcaciones sobre las cuales ostenta un derecho de propiedad.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá proveer los recursos presupuestales suficientes para la consecución de los objetivos planteados en el artículo precedente.

QUINTO.- Los procedimientos administrativos pendientes de resolución al momento de entrar en vigor el presente Decreto seguirán substanciándose conforme a las normas vigentes al momento de su instauración.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Alejandro Moreno Cárdenas”.

Procede ahora ofrecer el uso de la tribuna al Senador Salomón Jara Cruz, a nombre propio y del Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.


[1] “Provoca crisis de Marina Mercante fuga de divisas por 18 mmdd.” Notimex. 16 de junio de 2009.

[2]Dávila Valero, Patricia. “SCT, STPS e IMSS solapan a navieras que violan leyes mexicanas: marinos mercantes.” Proceso. 28 de marzo de 2009.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN LA FRACCION A) DEL ARTICULO 34 Y LA FRACCION D) DEL ARTICULO 82 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Salomón Jara Cruz, a nombre propio y del C. Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente; con el permiso de todos los compañeros Senadores y Senadoras:

Vengo aquí a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Posiblemente en el actual periodo ordinario de sesiones, se llevará a cabo el proceso de discusión y, en su caso, aprobación del próximo Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La intención de esta iniciativa es aportar algunos elementos, que se cree podrían auxiliar…

- El C. Presidente García Cervantes: Senador Jara Cruz, ¿me permite?, disculpe que lo interrumpa.

Compañeras y compañeros Senadores, adicionalmente a las conversaciones entre los miembros de esta Asamblea, se encuentran en el salón un número muy grande de personas que no son legisladores y que no están permitiendo la debida atención y el debido respeto de la Asamblea a quien hace uso de la tribuna.

Yo quisiera solicitar la colaboración de las señoras y señores Senadores, y fundamentalmente, exigir a quienes no son miembros de esta Asamblea, que guarden el debido respeto y silencio cuando se está haciendo uso de la tribuna.

Continúe, señor Senador.

- El C. Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que posiblemente en el actual periodo de sesiones, se llevará a cabo el proceso de discusión y, en su caso, aprobación del próximo Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La intención de esta iniciativa es aportar algunos elementos que se cree podrían auxiliar en el procedimiento de formación de las leyes y legitimar el actuar del Congreso de la Unión de manera transparente y con la participación de los diversos sectores sociales.

La consulta prelegislativa ha sido un mecanismo que está probando algunos resultados, la Reforma del Estado, los Foros en Materia Energética y el Foro ¿Qué Hacer para Crecer?, son algunos de entre ellos. Sin embargo, ésta todavía no es una práctica en la que se encuentre obligado el Congreso de la Unión, por eso, mediante esta iniciativa se pretende reglamentar la etapa prelegislativa dentro del proceso de formación de la ley a través de un órgano consultivo colegiado.

El mecanismo que se plantea consiste en que la Junta de Coordinación Política, con la Mesa Directiva, propongan las iniciativas que entrarían en esta etapa con la finalidad de lograr los consensos suficientes dentro de la agenda de trabajo de cada periodo de sesiones.

Además de contemplar que las comisiones ordinarias, previo a que concluyan los dictámenes sobre las iniciativas, reformas, adiciones, los remitirán al órgano consultivo con la finalidad de que éste emita su opinión.

Así se abriría un periodo de consulta en el cual, el órgano consultivo brindaría el asesoramiento y el apoyo técnico y logístico para apoyar el trabajo del Senado y la Cámara de Diputados, así como indistintamente a las comisiones de acuerdo con las materias de su competencia.

La ventaja de reglamentar la etapa prelegislativa se encuentra en otorgar un método en el que destaca que se deberá implementar un proceso de recopilación sistemática de cualquier información histórica, doctrinal, de legislación comparada y jurisprudencial de fuentes nacionales e internacionales y de vigencia actual buscando una armonización y evitar contradicciones con otras leyes que integran el entramado jurídico vigente.

Por otra parte, el quehacer legislativo no sólo debe reducirse a la actividad de concretar las reformas legales o la formación de leyes.

El quehacer legislativo debe entrar en una etapa de evaluación de las reformas aprobadas con la finalidad de constatar su eficacia y que las consecuencias de la norma jurídica en los ámbitos social, cultural, político y económico, son las pretendidas o deseadas, pero, principalmente, para poder sustentar futuros cambios al sistema jurídico impidiendo la parálisis legislativa y posibilitando la armonización de las leyes.

Esta iniciativa tiene su origen en fortalecer el Estado democrático de derecho, buscando encontrar los consensos necesarios, no solamente con los distintos grupos parlamentarios, también con los distintos grupos o sectores sociales a quienes va dirigido las normas objeto de las distintas reformas.

En este sentido, la presente iniciativa deberá contar necesariamente con la posterior promulgación de reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se establezcan de manera precisa los alcances de las etapas pre y pos legislativas.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de

Decreto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Unico.- Se reforman la fracción a) del artículo 34 y la fracción d) del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

La Junta de Coordinación Política determinará con la Mesa Directiva, las iniciativas que se incluirán en etapa prelegislativa y establecerán las bases generales para su desahogo.

b) a i)…

ARTICULO 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) a c)…I

d) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del Orden del Día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos.

La Junta de Coordinación Política, determinará con la Mesa Directiva, las iniciativas que se incluirán en etapa prelegislativa y establecerán las bases generales para su desahogo;

e) a f)…

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los tres meses siguientes de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir las reformas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- La vigencia de las presentes reformas requiere de la adecuación del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes en un plazo que no exceda al primero de febrero de 2010, fecha de inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias de esta Honorable Legislatura.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

Es todo cuanto, señor Presidente. Y solicito sea inscrito en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Los que suscriben, Senadores Salomón Jara Cruz y Alfonso Sánchez Anaya , integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, modifican y adicionan la fracción a), del artículo 34 y la fracción d), del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosal tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Posiblemente en el actual período de sesiones, se llevará a cabo el proceso de discusión y, en su caso, aprobación del próximo Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La intención de esta iniciativa es aportar algunos elementos que se cree podrían auxiliar en el procedimiento de formación de las leyes y legitimar el actuar del Congreso de la Unión de manera transparente y con la participación de los diversos sectores sociales.

La consulta prelegislativa ha sido un mecanismo que está probando algunos resultados, la Reforma del Estado, los Foros en Materia Energética y el Foro Qué Hacer para Crecer; sin embargo, ésta todavía no es una práctica a la que se encuentre obligado el Congreso de la Unión, por eso, mediante esta iniciativa se pretende reglamentar la etapa prelegislativa dentro del proceso de formación de la ley a través de un Órgano Consultivo colegiado.

El mecanismo que se plantea consiste en que la Junta de Coordinación Política, con la Mesa Directiva, propongan las iniciativas que entrarían en esta etapa con la finalidad de lograr los consensos suficientes dentro de la agenda de trabajo de cada periodo de sesiones.

Además de contemplar que las comisiones ordinarias, previo aque concluyan los dictámenes sobre las iniciativas, reformas, adiciones, los remitirán al Órgano Consultivo con la finalidad de que éste emita su opinión.

Así se abriría un período de consulta en el cual, el Órgano Consultivo, brindaría el asesoramiento y apoyo técnico y logístico para apoyar el trabajo del Senado y la Cámara de Diputados así como indistintamente a las comisiones de acuerdo con las materias de su competencia.

La ventaja de reglamentar la etapa prelegislativa se encuentra en otorgar un método en el que destaca que se deberá implementar un proceso de recopilación sistemática de cualquier información histórica, doctrinal, de legislación comparada y jurisprudencial de fuentes nacionales e internacionales y de vigencia actual buscando una armonización y evitar contradicciones con otras leyes que integran el entramado jurídico vigente.

Por otra parte, el quehacer legislativo no sólo debe reducirse a la actividad de concretar las reformas legales o la formación de leyes.

El quehacer legislativo debeentrar en una etapa de evaluación de las reformas aprobadas con la finalidad de constatar su eficacia y que las consecuencias de la norma jurídica en los ámbitos social, cultural, político y económico, son las pretendidas o deseadas, pero, principalmente, para poder sustentar futuros cambios al sistema jurídico impidiendo la parálisis legislativa y posibilitando la armonización de las leyes.

Esta iniciativa tiene su origen en fortalecer el Estado democrático de derecho, buscando encontrar los consensos necesarios, no solamente con los distintos grupos parlamentarios, también con los distintos grupos o sectores sociales a quienes van dirigido las normas objeto de las distintas reformas.

En este sentido, la presente iniciativa deberá contar necesariamente con la posterior promulgación de reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se establezcan de manera precisa los alcances de las etapas pre y pos legislativas.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de

Decreto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Unico.- Se reforman la fracción a), del artículo 34 y la fracción d), del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

La Junta de Coordinación Política, determinará con la Mesa Directiva, las iniciativas que se incluirán en etapa prelegislativa y establecerán las bases generales para su desahogo;

b) a i) …

ARTICULO 82.

1.La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) a c) …I

d) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos.

La Junta de Coordinación Política, determinará con la Mesa Directiva, las iniciativas que se incluirán en etapa prelegislativa y establecerán las bases generales para su desahogo;

e) a f) …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir las reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- La vigencia de las presentes reformas requiere de la adecuación del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes en un plazo que no exceda al primero de febrero de 2010, fecha de inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias de esta H. LXI Legislatura.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

Sen. Salomón Jara Cruz.- Sen. Alfonso Sánchez Anaya”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Salomón Jara. Su Iniciativa además de quedar inscrita íntegramente en el Diario de los Debates, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Se ofrece el uso de la palabra al Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Rogándole que su intervención pueda ajustarse al tiempo previamente establecido.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Presentada por el C. Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Javier Orozco Gómez: Gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Entre todos los desafíos que México enfrenta en materia de gestión de los residuos, el relativo al manejo de los residuos peligrosos que se generan, precisamente, en los hogares constituye uno de los más complejos y difíciles de resolver.

Curiosamente, el mayor reto lo constituye atraer la atención de todos los ciudadanos para que adopten conductas que faciliten el manejo apropiado de dichos residuos.

Una tonelada de basura es la que genera al año una familia de cuatro integrantes. Y dentro de esos desperdicios podemos encontrar residuos peligrosos que representan el 1 por ciento del total, es decir, 10 kilos anualmente.

Numerosos productos de uso domésticos una vez utilizados, o al concluir su vida útil se convierten en residuos peligrosos, que tanto por su composición, como su manipulación, tratamiento y disposición final pueden acarrear los más diversos trastornos ambientales, con sus consecuentes perjuicios para la salud humana.

Dentro de ese grupo de residuos peligrosos generados en nuestros hogares, podemos mencionar los residuos patológicos, tales como las vendas, los algodones, las jeringas, sabanas o restos de comida; asimismo existen otros denominados también residuos con sustancias tóxicas, tales como las pilas y las baterías, los envases de los insecticidas, las pinturas y los solventes, los productos químicos de limpieza, por mencionar algunos y por último, también cabe resaltar los residuos domiciliarios que se transforman en residuos peligrosos por su mala manipulación y disposición final, como por ejemplo: la quema de residuos plásticos que generan una serie de sustancias tóxicas y persistentes en el ambiente y que la Organización Mundial de la Salud los ha catalogado como cancerígenas.

Los Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial, son aquellos materiales generados en las casas habitación que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos, pero que necesitan un manejo especial y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente.

En México, no existen sistemas nacionales de información ni monitoreo del sector de residuos sólidos. Las diversas instituciones y organismos que intervienen en el sector manejan información insuficiente en relación a sus propios requerimientos y es difícilmente compatible con la diversidad de criterios empleados en su captación.

En México, por ejemplo, se estima que sólo 12% de lo generado se manejan solamente de manera adecuada.

Es importante controlar su destino, ya que actualmente son depositados en los patios de las fábricas, en lotes baldíos o son llevados a los basureros a cielo abierto o a los rellenos controlados, ignorándose los daños que causan al ambiente y a la salud.

La mayoría de los países identifica como grave el problema de los residuos sólidos urbanos manejados conjuntamente con los residuos peligrosos, y considera que su solución debe enfrentarse de manera inmediata.

Existen proyectos piloto para el manejo de dichos residuos en varios países, algunos tienen carácter académico y otros de carácter técnico, pero son raros los casos los que permanecen durante varios años, debido a su falta de capacitación, a su falta de conocimiento y en muchos casos a mecanismos jurídicos, institucionales o también a la falta de apoyo económico.

Sabemos que es un problema complejo cuya solución requiere de acuerdos multidisciplinarios y multisectoriales, sobre todo cuando se incluye a los residuos peligrosos. El problema va más allá de la jurisdicción municipal y cualquier esquema que se sugiera debe contemplar su fortalecimiento.

Las poblaciones expuestas son los trabajadores formales e informales involucrados en los procesos de manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos de manejo especial; la población que no dispone de recolección domiciliaria regular; la que vive cerca de los sitios de tratamiento y disposición de los residuos sólidos; la población de segregadores y sus familias; y la población en general, a través de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, del consumo de carne de animales criados en basurales, y de la exposición a residuos peligrosos. Los principales factores que contribuyen en mayor o menor grado a esta situación son la poca atención y vigilancia de las autoridades públicas relacionadas con el sector de los residuos, y la deficiente calidad de servicios prestados por las instituciones responsables del aseo urbano.

Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Verde, presenta un proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la intención de que se contemplen en sus conceptos, como también en diversas disposiciones de dicha ley, los residuos sólidos urbanos de manejo especial.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cualse adiciona una fracción XXXIV-bis al articulo 5 y se reforman los artículos 20, 26, 39, 95, 96 y 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos , al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Entre todos los desafíos que México enfrenta en materia de gestión de los residuos, el relativo al manejo de los residuos peligrosos que se generan en los hogares constituye uno de los más complejos y difíciles de resolver.

Curiosamente, el reto mayor lo constituye atraer la atención de todos los ciudadanos para que adopten conductas que faciliten la minimización y el manejo apropiado de dichos residuos, dejando de lado actitudes que están obstaculizando la creación de la infraestructura necesaria para ello.

Una tonelada de basura, es lo que arroja al año una familia de cuatro miembros, entre la cual están incluidos los residuos peligrosos que representan el 1% del total, o sea 10 Kg. anuales. De esto a nadie le gusta hablar, pero sucede que estamos produciendo basura que ningún otro ser vivo puede utilizar.

Numerosos productos de uso domésticos una vez utilizados, o al concluir su vida útil se convierten en residuos peligrosos, que tanto por su composición, como su manipulación, tratamiento y disposición final pueden acarrear los más diversos trastornos ambientales, con sus consecuentes perjuicios en la salud humana.

Dentro de estos residuos peligrosos generados en nuestros hogares, podemos mencionar los residuos patológicos (ejemplo: vendas, algodones, jeringas, sabanas, remedios vencidos, restos de comida, etc., cuando se da la circunstancia de tener a un ser querido enfermo.), otra serie de residuos peligrosos lo constituyen las sustancias tóxicas y los envases que las contienen, los cuales son descartados una vez que su contenido se ha agotado (ejemplo: pilas y baterías, envases de insecticidas, herbicidas, pinturas y solventes, productos químicos de limpieza, etc.) y por ultimo hay una serie de residuos domiciliarios que se transforman en residuos peligrosos por su mala manipulación y disposición final, por ejemplo: la quema de residuos plásticos generan una serie de sustancias tóxicas y persistentes (dioxinas y furanos) en el ambiente y que la Organización Mundial de la Salud las ha catalogado como cancerígenas.

Es por ello que el espíritu de la presente iniciativa, se basa en la creación de la definición de los Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial, estableciendo que son aquellos materiales generados en las casas habitación que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos, pero que necesitan un manejo especial y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente.

Desde la publicación en 1988 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en Materia de Residuos Peligrosos, se incorporaron dos definiciones que dejan claro que cualquier ciudadano puede ser generador de residuos peligrosos, lo cierto es que el control solo se ha ejercido  hasta ahora sobre las actividades productivas (industriales, comerciales y de servicios) generadoras de los mismos y no sobre los resultantes de las actividades domésticas, creándose un vacío al respecto.

No existe coherencia entre las disposiciones jurídicas referidas a los residuos sólidos municipales, especiales y peligrosos y los riesgos que representan para la salud pública y el ambiente. La legislación es incompleta y ambigua respecto al ámbito de competencia de las instancias administrativas involucradas y es incompatible con las situaciones económicas, sociales y culturales imperantes, además hay abuso en la expedición y empleo de disposiciones complementarias y administrativas. La mayoría de las veces no se contemplan los múltiples compromisos internacionales asumidos por el Gobierno, y si se contemplan, no se aplican a su realidad.

En México, no existen sistemas nacionales de información ni monitoreo del sector de residuos sólidos. Las diversas instituciones y organismos que intervienen en el sector manejan información insuficiente en relación a sus propios requerimientos y es difícilmente compatible por la diversidad de criterios empleados en su captación. En la práctica, la información de las instituciones encargadas de definir las políticas y de asignar recursos no coincide con los requerimientos propios de su función. Además, la escasa información disponible no es compartida por las otras entidades y, con frecuencia, dicha información no es conocida por los diferentes niveles de una misma institución.

En casi todas las ciudades del país, los residuos especiales tales como los productos químicos y fármacos caducos, alimentos de consumo expirados, llantas, desechos de establecimientos pequeños como recicladoras de baterías, algunos lodos y los residuos voluminosos y escombros se manejan, autorizada o clandestinamente, en forma conjunta con los residuos sólidos municipales y se disponen en los rellenos sanitarios controlados o vaciaderos abiertos. Una parte de estos residuos especiales, cuya proporción es difícil de estimar, es manejada por los propios generadores y arrojada en cualquier lugar. Aún cuando se podría hacer una investigación para conocer a los generadores y aplicar las sanciones, sólo excepcionalmente las autoridades han procedido así, lo que contribuye a la proliferación de este tipo de basureros. En México, por ejemplo, se estima que sólo 12% de lo generado se maneja adecuadamente y que los escombros o residuos de la construcción representan 12.500 t/día, de los cuales el Distrito Federal genera 5.300.

Aunque el manejo de estos residuos no es responsabilidad de los operadores municipales, es importante controlar su destino, ya que actualmente son depositados en los patios de las fábricas, en lotes baldíos o son llevados a los basureros a cielo abierto o a los rellenos controlados, ignorándose los daños que causan al ambiente y a la salud.

Los residuos peligrosos referidos en el presente documento se limitan a los residuos sólidos o semisólidos peligrosos de las áreas urbanas y que autorizada o subrepticiamente se manejan conjuntamente con los residuos sólidos municipales, lo que implica riesgos de contaminación y accidentes a los trabajadores formales e informales del sector y al público en general.

La mayoría de los países identifica como grave el problema de los residuos sólidosurbanos manejados conjuntamente con los residuos peligrosos, y considera que su solución debe enfrentarse de inmediato. Sin embargo, lo anterior no se refleja en los pocos planes, programas y proyectos que están en ejecución.

En cuanto a los planes maestros metropolitanos y de grandes ciudades, hay gran demanda de ellos, pero pocos se han implementado y lamentablemente la mayoría de los "planes" para el manejo de residuos sólidos son improvisados y están influenciados por políticas ambientales pasajeras.

Existen proyectos piloto de manejo de residuos en el país, algunos tienen carácter académico y otros son técnicos, pero son raros los casos los que permanecen durante varios años. Esto se debe a que el diseño de los proyectos no incluyen prácticas de monitoreo ni seguimiento, ni tampoco la adopción de mecanismos jurídicos, institucionales, administrativos ni de auto-sostenibilidad económica ni financiera. La excepción son los proyectos de creación de microempresas de recolección y las cooperativas (especialmente de reciclaje) que hace 15 ó 20 años no existían y aunque actualmente necesitan apoyo para mejorar su capacidad gerencial y operacional, pueden considerarse como experiencias permanentes y exitosas.

En general, la participación de la población en el manejo de los residuos sólidos es débil pues todavía este concepto no ha echado raíces en el ámbito institucional ni en la sociedad. Como se estima que el manejo de los residuos es un problema que compete a las municipalidades, no existe representatividad de la población en la toma de decisiones sobre alternativas de solución. Su participación se limita, en la mayoría de los casos, a entregar los residuos al sistema de recolección y a pagar la tarifa correspondiente, si la hay.

La comunidad todavía no toma conciencia sobre las ventajas de la recuperación de materiales y menos aún de la separación domiciliaria de los residuos sólidos urbanos de manejo especial para facilitar la recuperación.

A través de los medios de comunicación se realizan esporádicamente campañas de divulgación promovidas por empresas privadas, para dar mensajes de concientización a la población. Los periódicos, en algunas oportunidades, publican reportajes sobre los impactos que genera la basura y los canales de televisión pasan videos y mensajes para mantener limpia la ciudad e inclusive promover actividades para recolectar materia prima para reciclaje.

Un avance es la introducción de la educación ambiental en los programas escolares formales. Se debe tener presente que la educación comunitaria sobre manejo adecuado de residuos sólidos urbanos de manejo especial es un proceso a largo plazo que definitivamente debe iniciarse en la infancia.

Tradicionalmente se sostuvo que el problema de los desechos sólidos urbanos de manejo especial, era un asunto exclusivamente municipal. Hoy se sabe que es un problema complejo cuya solución requiere de acuerdos multidisciplinarios y multisectoriales, sobre todo cuando se incluye a los residuos peligrosos. El problema va más allá de la jurisdicción municipal y cualquier esquema que se sugiera debe contemplar el fortalecimiento de las municipalidades.

La interferencia de la salud humana debido a agentes físicos, químicos y biológicos contenidos en los residuos sólidos urbanos de manejo especial, es el efecto principal de una deficiente gestión de los residuos en el país.

Las poblaciones expuestas son los trabajadores formales e informales involucrados en los procesos demanejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos de manejo especial; la población que no dispone de recolección domiciliaria regular; la que vive cerca de los sitios de tratamiento y disposición de los residuos sólidos; la población de segregadores y sus familias; y la población en general, a través de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, del consumo de carne de animales criados en basurales, y de la exposición a residuos peligrosos. Los principales factores que contribuyen en mayor o menor grado a esta situación son la poca atención y vigilancia de las autoridades públicas relacionadas con el sector de los residuos, y la deficiente calidad de servicios prestados por las instituciones responsables del aseo urbano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXXIV-Bis AL ARTICULO 5 Y SE REFORMA LOS ARTICULOS 20, 26, 39, 95, 96 Y 97DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

ARTICULO 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I…al XXXIII…

XXXIV-Bis. Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial:Son aquellos materiales generados en las casas habitación que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos, que necesitan un manejo especial y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente.

Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos de manejo especial así como los de manejo especial están sujetos a planes de manejo, se llevará a cabo de conformidad con los criterios que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que contendrán los listados de los mismos y cuya emisión estará a cargo de la Secretaría.

Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, sólidos urbanos de manejo especial así como los de manejo especial, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente:

I…

II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos;

III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos, residuos sólidos urbanos de manejo especial, así como los de manejo especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

Artículo 39.- Los tres órdenes de gobierno elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos residuos sólidos urbanos de manejo especial, así como los de manejo especial, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, para lo cual se basarán en los datos que les sean proporcionados por los generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en los ordenamientos jurídicos que de ella deriven.

Artículo 95.- La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo que establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las entidades federativas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. a IV…

V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de manejo especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales;

VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de manejo especial;

VII…

VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de y de manejo especial para su reciclaje;

Artículo 97.- Las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados.

Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones y los tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. Asimismo, plantearán en qué casos se puede permitir la formación de biogás para su aprovechamiento.

Los municipios regularán los usos del suelo de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los cuales se considerarán las áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos los residuos sólidos urbanos de manejo especial y los residuos de manejo especial.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del presente decreto relativo a la creación de programas locales, se establece un periodo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Recinto del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Javier Orozco Gómez. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

Compañeras y compañeros Senadores, en el apartado de presentación de iniciativas restan por escuchar la presentación de cinco iniciativas de compañeras y compañeros Senadores. Quisiera rogarles a quienes van ahacer uso de la palabra atenerse al tiempo disponible y a la Asamblea, guardar el mayor silencio posible para escuchar sus exposiciones.

Tiene el uso de la palabra el Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 21 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Felipe González González: Muchas gracias, señor Presidente.

En cuanto a que haga uso del tiempo que nos dan para presentarla, yo creo que sí cuente con eso, aunque haya silencio en la Cámara lo dudo, yo creo que eso va a estar difícil que se lo cumplan.

Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución Mexicana es reconocida por haber introducido una nueva técnica normativa fundamental.

La Declaración de Derechos Sociales de 1917 reflejó en la esfera de lo jurídico las grandes aspiraciones del pueblo de México.

En este orden de ideas, la educación ha sido, es y seguirá siendo una decisión política fundamental en nuestra Carta Magna.

En efecto, la educación es el mejor instrumento para mantener la movilidad social, sólo a través de la educación se logra la igualdad de oportunidades para todos. Es decir, es una buena medida del artículo 3º Constitucional, posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, consagrados también en nuestra Ley Fundamental, la libertad de creencias, la libertad de expresión, la libertad de asociación, un pueblo educado sabe exigir sus derechos.

- El C. Presidente García Cervantes: Compañeras y compañeros legisladores, el orador ha hecho una moción de orden a la Presidencia para solicitar que a su vez se requiera de la Asamblea el silencio y la atención debida.

Quisiera rogarles que tomáramos en consideración que todos y cada uno de ustedes se pueden ver en la circunstancia de estar haciendo el uso de la tribuna con la falta de respeto de todos los demás, por reciprocidad y por respeto entre nosotros, vuelvo a rogar que sus conversaciones sean en el menor volumen posible.

Continúe, señor Senador, por favor.

- El C. Senador Felipe González González: Estas dimensiones sociales, políticas y jurídicas hacen que los legisladores debamos estar muy atentos a lo que pasa en materia educativa en México.

En consecuencia es de reconocer la voluntad de las autoridades educativas y de las y los trabajadores de la educación, en particular del magisterio para llevar a cabo ejercicios de transparencia por medio de evaluaciones tanto a los alumnos como a los docentes que en sí entrañan un mecanismo indirecto de rendición de cuentas.

Sin embargo, los resultados de esas evaluaciones no han sido satisfactorios, hay mucho por hacer y mejorar. Por ello, en esta ocasión me quiero referir a la educación media superior, los jóvenes tienen derecho a una óptima educación por efecto del artículo 3º constitucional y de conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con una matrícula de 33 millones de alumnos en todo el sistema educativo, México es el país con la mayor población en estudios de Latinoamérica. En el nivel medio superior, contamos en el ciclo escolar 2007-2008 con 3 millones 830 mil 42 estudiantes, 3 millones 471 mil 415 en bachillerato y 358 mil 627 en educación profesional técnica, mientras que en el mismo ciclo ingresaron a las normales 86 mil 51 aspirantes a maestros, 39 mil 487 en el sistema particular.

En este contexto nos hemos percatado de que el profesor recién egresados de la licenciatura, ya sea en matemáticas, física, química, etcétera, no encuentran trabajo a pesar de que cuentan con la formación adecuada como docentes, en cambio, observamos que en bachilleratos y planteles de formación técnica al jubilarse los titulares con frecuencia le asignan horas a profesionistas sin que tengan preparación alguna para estar al frente de grupo.

En el proceso enseñanza-aprendizaje, es menester que el docente sea más que un promotor, un verdadero agente educativo. De ahí que para asegurar a las familias mexicanas que envían a sus hijos a estudiar en el nivel medio superior, que recibirán una educación de calidad, considero conveniente establecer una cláusula de idoneidad docente en la ley de la materia.

En consecuencia, me permito proponer que se adicione un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley General de Educación para el efecto de que se establezca que en el nivel de educación media, los profesores deberán de estar especializados tanto en la materia que impartan como en didáctica.

Con la presente iniciativa, buscamos que se inhiba la práctica que se está convirtiendo en cultura del sistema de educación media, de habilitar frente a grupo a docentes sin preparación, pues al fijar en la Ley a título de deber para los directivos y administradores, que los profesores en verdad cuenten con habilidades para transmitir conocimientos y formar actitudes positivas avanzaremos contra el rezago que padece la educación en nuestro país.

Muchas gracias.

Solicito al señor Presidente, tenga a bien que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Felipe González González, Senador de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley General de Educación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación ocupa un lugar de primer orden en nuestra Constitución. Dentro del Capítulo de las Garantías Individuales. Sólo después de la proclama de que los habitantes todos de la nación gozan de los derechos que la propia Ley Fundamental reconoce y otorga y enseguida de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se ocupa la Carta Magna de la enseñanza como derecho subjetivo público de los mexicanos.

Además de que la educación que imparta el estado busque desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; de que el criterio que oriente a esa educación se base en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, de conformidad con el Art. 3° constitucional, la educación debe ser también de calidad.

Para lograr los propósitos anteriores la propia Ley General de Educación contempla la formación de maestros como parte fundamental del servicio educativo que, de interés social, debe brindar el Estado. Las escuelas normales son el semillero para colmar de docentes a los niveles y modalidades educativos, en particular la educación básica.

Diversos organismos, en lugar destacado la OCDE, colocan a la educación en el centro de los esfuerzos para que un país salga del sub-desarrollo y alcance etapas de progreso más avanzado. El desarrollo de un pueblo se basa en la capacidad de su gobierno de aportar el sistema educativo que permita el desenvolvimiento de habilidades idóneas para el perfil de la propia nación en relación con el nivel de conocimientos, tecnología y adelantos científicos y técnicos que la comunidad internacional en general va generando.

Todas las corrientes políticas que encuentran expresión en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos concurren a un espacio común: el reconocimiento y compromiso hacia la importancia de la educación. Su valor deriva no sólo de ser condición para el avance social, económico y político del país, sino también del hecho de ser la educación un derecho de elemental justicia y equidad para la igualdad de oportunidades en el tejido social.

Las escuelas de nivel medio superior en el ciclo 2007-2008 contaron con 3’830,042 alumnos. De dicha matrícula total, 3’471,415 cursaron el bachillerato y 358,627 la profesional técnica.

De dicho universo de bachillerato, 12,009 escuelas son particulares. Lo anterior se traduce en que en el nivel medio superior, el bachillerato significa el 90.6% y la educación profesional técnica el 9.4%, estando a cargo particulares el 19.7%. La tendencia es que la matrícula aumente en los próximos años. La demanda de maestros de matemáticas, química, física: como se puede apreciar es, pues, creciente en nuestro país.

Pues bien, aunque la diversa Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece, en su artículo 6º, que la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, celebrará convenios con los gobiernos de los Estados a fin de asegurar que la expansión y el desarrollo de la educación normal respondan a los objetivos de la política educativa nacional y a las necesidades estatales, regionales y nacionales de maestros y de otros especialistas en materia educativa, nos encontramos con una gran paradoja que vulnera los fines del artículo 3º constitucional, la calidad de la educación y los derechos de adolescentes. En efecto, mientras un sinnúmero de jóvenes egresados de las normales como profesores no encuentran trabajo, amplios grupos de profesionistas imparten clases en dicho nivel educativo sin contar con las habilidades didácticas para ello. Esta situación se presenta por igual en las diversas opciones de bachillerato que brinda el Estado mexicano. Abundan abogados, ingenieros, médicos, contadores frente a grupo, portadores de conocimientos en matemáticas, biología, quizás lengua castellana, problemas sociales de México; pero sin capacidad para transmitir adecuadamente esos conocimientos. Esta ruptura del proceso enseñanza-aprendizaje por falta de atributos docentes en los profesionistas habilitados como docentes se traduce en la falsa sensación de aridez de las materias impartidas. En un grado de dificultad aparente que ocasiona además de la ignorancia de los alumnos, desviaciones vocacionales en momentos en que el país requiere de jóvenes preparados en disciplinas más allá de las profesiones liberales tradicionales.

Y no sólo se trata de improvisar al entrar en contacto con el grupo de estudiantes. ¿Cómo va a lograr los objetivos del curso el profesionista que goza de unas horas federales como maestro, sino sabe organizar las actividades didácticas derivadas del plan de estudios de la materia? No cuentan con capacidad para planear ni para evaluar su propio desempeño educativo. Salvo verdaderas excepciones, el proceso educativo queda en manos de la espontaneidad o de la buena fortuna.

En México en el ciclo 2007-2008 la matrícula en la licenciatura en las escuelas normales fue de 86,051 aspirantes a profesores, de los cuales un número importante no logrará obtener una plaza en el nivel de secundaria o bachillerato. Sin embargo, profesionistas son habilitados como maestros en esos mismos niveles.

Resulta así no solo oportuno, sino necesario que la ley garantice que los maestros en el bachillerato sean verdaderos docentes. Agentes y promotores reales del proceso educativo. La contra-cultura que ha dado lugar a esta distorsión en la educación en México hace imperativo que sea a través del trabajo parlamentario como se propicien las condiciones adecuadas e idóneas para la relación enseñanza-aprendizaje. Sólo con disposiciones con fuerza de ley se logrará vencer la inercia de la práctica que se vino consolidando de entregar horas-clase de bachillerato a profesionistas o pasantes sin formación docente. Conviene, entonces, imbuirnos de la preceptiva conducente: La Ley General de Educación, establece al respecto lo siguiente:

Articulo 21.- El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes.

El Estado otorgará un salario profesional para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como para que dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.

Las autoridades educativas establecerán mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social.

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio.

En consecuencia, considero que será mediante una adición al ordenamiento educativo con la ubicación normativa anterior que podremos asegurar el derecho de adolescentes a una educación de calidad, así como de los egresados de las normales a realizarse en la función donde sus servicios son imprescindibles. Es decir, resulta lógico y plausible que este decreto adicione al artículo 21 de la ley de la materia para introducir una cláusula de especialización para maestros normalistas en el proceso educativo que se despliegue en el nivel medio.

Con la finalidad de que los responsables de estar frente a grupo en los bachilleratos que dependan directamente de las autoridades educativas sean verdaderos promotores educativos, con habilidades y conocimientos suficientes para hacer del salón de clases un espacio de calidad para la educación, en armonía con los postulados del artículo tercero constitucional, me permito poner a consideración de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 21 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

ARTICULO 21...

...

En el nivel de educación media, los profesores que den clases deberán estar especializados tanto en la materia que impartan como en didáctica.

...

...

...

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

Sen. Felipe González González”.

- El C. Presidente García Cervantes: Con mucho gusto, Senador Felipe González González, como lo solicita así será, y además su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Adolfo Toledo Infanzón, a nombre propio y de la Senadora Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XI AL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Presentada por el C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, a nombre propio y de la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores; Senadoras:

A nombre propio y de la Senadora María del Socorro García Quiroz y de la Senadora María Elena Orantes López, vengo a presentar la presente iniciativa.

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el que se afirmaba sobre la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.

En efecto, hoy día las personas con discapacidad no tienen la misma posibilidad de ejercerlos que el resto de la población, debido en buena medida a las barreras de actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, entre las que destacan las pocas o nulas oportunidades para que se incorporen al mundo laboral.

Pese al desarrollo que se ha producido en los últimos años respecto a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, lo cierto es que la discriminación se hace visible en diferentes momentos de la vida de una persona, en el acceso a los bienes y servicios, la participación política y social e incluso en las relaciones laborales, comenzando en el acceso al empleo, y continuando en el día a día del trabajador con discapacidad como lo es la retribución, su asenso, sus condiciones, todo lo cual desalienta a las personas con discapacidad a conseguir un puesto de trabajo, aunado a la poca oferta existente para ellos.

En tal virtud, compañeras y compañeros Legisladores, el día de hoy someto a la consideración de esta Soberanía una iniciativa por la medio de la cual se propone adicionar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, apliquen una cuota de empleo directo para personas con discapacidad en todas sus oficinas y dependencias, misma que por ningún motivo podrá ser inferior al 2% del total de su planta laboral.

El establecimiento de una medida como esta no constituiría un gran esfuerzo para México como país, toda vez que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre los países que forman parte de dicho organismo, México ocupa el segundo lugar con mayores niveles de empleo para personas con discapacidad, situándose al nivel de los países más desarrollados del norte de Europa.

Finalmente, no resta más que afirmar el profundo compromiso que tenemos como legisladores de prever un marco jurídico que permita garantizar la equidad de los derechos de toda nuestra sociedad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, señor Presidente, se propone la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que le solicito, señor Presidente, que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates de esta sesión.

Es todo, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador Adolfo Toledo Infanzon, Senador integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el que se afirmaba sobre la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.

En efecto, hoy día las personas con discapacidad no tienen la misma posibilidad de ejercerlos que el resto de la población, debido en buena medida a las barreras de actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, entre las que destacan las pocas o nulas oportunidades para que se incorporen al mundo laboral.

Pese al desarrollo que se ha producido en los últimos años respecto a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, lo cierto es que la discriminación se hace visible en diferentes momentos de la vida de una persona, en el acceso a los bienes y servicios, la accesibilidad universal y eliminación de las barreras, la participación política y social e incluso en las relaciones laborales, comenzando en el acceso al empleo, y continuando en el día a día del trabajador con discapacidad como lo es la retribución, su asenso, sus condiciones, etc., todo lo cual desalienta a las personas con discapacidad a conseguir un puesto de trabajo, aunado a la poca oferta existente para ellos.

En tal virtud, Compañeras y Compañeros Legisladores, el día de hoy someto a la consideración de esta Soberanía, una Iniciativa por la medio de la cual se propone adicionar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, apliquen una cuota de empleo directo para personas con discapacidad en todas sus oficinas y dependencias, misma que por ningún motivo podrá ser inferior al 2% del total de su planta laboral.

El establecimiento de una medida como esta no constituiría un gran esfuerzo para México como país, toda vez que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los países que forman parte de dicho organismo, México representa ocupa el segundo lugar con mayores niveles de empleo para personas con discapacidad.

Así las cosas, México se sitúa al nivel de los países más desarrollados del norte de Europa en el indicador específico de emplear a personas discapacitadas, solamente abajo del nivel de Islandia y por encima de Finlandia, Dinamarca, Suiza y Suecia. Además, la tendencia a dar empleo a esas personas es creciente en México y en Finlandia, en tanto que en  Dinamarca, Suiza y Suecia se tiene una tendencia a la baja.

De esta forma, nuestra propuesta busca establecer que por Ley todos los órganos públicos y las autoridades federales atiendan diversas medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, entre ellas un mínimo del 2% de su planta laboral destinada única y exclusivamente a personas con algún tipo de discapacidad.

En este sentido, ya por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su convenio 159, se ha impuesto como objetivo buscar la readaptación profesional al empleo para las personas con discapacidad, procurando la igualdad entre el resto de los trabajadores y aquellos que cuenten con una discapacidad. Para tal efecto, ha propuesto políticas públicas para que no existan diferencias entre los derechos laborales, de una persona con discapacidad que habite en zona rural y otro que se encuentre en una ciudad; de tal suerte que, las personas con discapacidad podrán acceder a un empleo adecuado y prosperar en el mismo, siempre y cuando el Estado colabore en esa tarea, estableciendo las medidas y políticas que crea convenientes, a fin de lograr que toda persona con discapacidad obtenga y conserve un trabajo para asegurar su integración a la vida útil.

Entonces, para la Organización Internacional del Trabajo, las políticas siempre deberán buscar que existan las medidas para la readaptación y empleo para persona con discapacidad así como la promoción para la obtención de oportunidades al mercado laboral a las personas con discapacidad, sin distinción entre los trabajadores regulares y los que cuenten con alguna discapacidad.

De esta forma, finalmente, no resta más que afirmar el profundo compromiso que tenemos como legisladores de prever un marco jurídico que permita garantizar la equidad de los derechos de toda nuestra sociedad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.-Se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 13.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

I.- (…) X.- (…)

XI.- Establecer la cuota del empleo directo de personas con discapacidad en todas sus oficinas y dependencias, la cual no podrá ser inferior al 2% del total de su planta laboral.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al desu publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Atentamente
Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

- El C. Presidente García Cervantes: Se obsequia su solicitud y se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Se concede la palabra a la Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Con permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

La protección universal del Derecho a la salud, es un reto constante para el Estado Mexicano, que requiere del fortalecimiento de mecanismos de coordinación e inversión económica, entre los diferentes órdenes de gobierno, con el fin de procurar el bienestar físico y mental de todos los mexicanos. Sin embargo, un factor que dificulta la implementación de soluciones oportunas a los problemas de salud, es la fuerte desigualdad económica que existe en nuestro país.

Por ejemplo, en las regiones del sur de la República Mexicana, enfrentamos enfermedades ocasionadas principalmente por la escasez de los determinantes básicos, sin contar con el limitado acceso a los bienes y servicios de salud, a las cuales se conoce como enfermedades de rezago; esto, en contraste con las regiones del centro y norte del país donde las enfermedades están relacionadas principalmente con los hábitos alimenticios, la vida sedentaria y los altos niveles de presión nerviosa.

Por tal motivo, las políticas de salud pública deben trabajar de manera integral para atacar esta diversidad de factores a la vez, a los cuales hay que sumar el surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas como el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) y el Virus del Papiloma Humano (VPH) y, además, seguir controlando otras, que ya se han radicado como la viruela, sarampión, hepatitis, poliomielitis y hepatitis.

Cabe señalar que el crecimiento en los índices de transmisión del VPH se ha incrementado de forma notable en nuestro país, pues se estima que el 80% de la población se expone a él por la vía del contacto sexual; además, esta enfermedad no presenta síntomas en sus etapas tempranas, por lo que es muy importante detectarla ya que se desarrolla al término.

En la actualidad, el cáncer cérvico-uterino es la segunda enfermedad más común entre las mujeres, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula, que actualmente existen dos millones de mujeres en el mundo y, de estos, alarmantemente, el 80 por ciento de los casos se encuentran en los países en desarrollo, como el nuestro. Por esta razón, se han implementado campañas internacionales para concientizar a la población de la gravedad de la enfermedad y, sobre todo, para apoyar a las mujeres que la padecen.

En México, cada dos horas una mujer muere por cáncer cérvico-uterino, siendo ésta la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años de edad; registrando aproximadamente 5 mil fallecimientos durante el 2008, además de la aparición de 10 mil casos de lesiones tempranas en el cérvix. Cabe mencionar además que el cáncer cérvico-uterino, es una de las enfermedades más costosas para el Estado, ya que la erogación por cada caso es aproximadamente entre los 280 y los 300 mil pesos, por lo que atender a un paciente representa un elevado costo a la nación, y esto es debido a que los medicamentos y el tratamiento especializado es de un costo elevadísimo.

La seguridad social de nuestro país, absorbe los gastos del tratamiento del cáncer cérvico-uterino desde el año de 1943 a todas las afiliadas, pero no es sino hasta el 2004, que a través del Seguro Popular de Salud, las mujeres sin seguridad social accedieron al apoyo en el caso de las displasias a través del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud o del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para etapas mas avanzadas.

Es decir, el gobierno federal está consciente del problema y por esta razón a través de la Secretaría de Salud, emitió una Norma Oficial Mexicana “Sobre el control y el tratamiento del cáncer cervicouterino”, que define los lineamientos a seguir, tanto en el Programa Nacional de Tamizaje (PNT-CaCu), como del tratamiento de los casos identificados. Este programa realiza aproximadamente 7.2 millones de tamices anuales mediante citología cervical, de las cuales, 1.2 resulta positiva, lo cual permite alcanzar tres años la cobertura de 80 por ciento de la población femenina, de 25 a los 64 años. Sin embargo y a pesar de los logros alcanzados con la cobertura, este programa tiene limitaciones y retos, ya que en muchas veces no se realiza el muestreo de las lesiones por debajo de la superficie o los métodos de recolección pueden ser imperfectos, lo que pasaría por alto algunas lesiones. Además, la cobertura del programa de tamizaje se ha visto afectada debido a barreras de acceso en las cuestiones geográficas y culturales.

Por esa razón es que el gobierno federal en noviembre de 2008, con una inversión de 109 millones de pesos inició a través de la Secretaría de Salud un Programa Piloto de Vacunación contra el VPH, con un esquema de tres dosis, en una población de 82 mil niñas de alrededor de 12 años, que viven en los municipios situados en Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Por lo tanto, considero que es necesario dar el seguimiento al Plan Piloto, para establecerlo en la legislación, en aras de darle un seguimiento a los programas, considerando que en el mediano y el largo plazo será menos costoso el aplicar la vacuna que mantener el tratamiento en los pacientes con este cáncer.

El esquema sugerido para la vacunación incluye tres dosis ya conocidas. Esta vacuna confiere inmunidad para los tipos VPH, precursores del 70 por ciento de los contagios de los casos.

La vacunación contra el VPH permitiría reducir en dos terceras partes el número de muertes por cáncer cervicouterino en nuestro país, y aunque de inicio sería una fuerte carga presupuestal, a largo plazo se disminuiría la necesidad de cuidados médicos, biopsias y procedimientos invasores asociados con el seguimiento después de las pruebas de Papanicolaou.

Es por ello, que resulta sumamente necesario integrar esta vacuna en el Sistema Nacional de Salud, considerando el alto grado de efectividad que ha tenido la misma en Latinoamérica, y que nos hace reflexionar sobre los resultados que generan programas de salud de este tipo.

Las vacunas son un insumo que debe estar disponible de manera oportuna y en cantidad suficientes, se trata de un producto, de tal importancia, en términos de salud y de seguridad, por lo que resulta necesario reactivar la industria para lograr la autosuficiencia, así como preveer de vacunas y evitar la propagación de las enfermedades emergentes y reemergentes. No obstante, nuestro país no tiene, en este momento, la suficiente capacidad instalada para producir las vacunas que requiere, es por ello que se debe impulsar la generación de investigación e innovación en las entidades federativas en esta materia para que con ello, no se dependa de las empresas transnacionales y se logre ser autosuficiente.

La importancia de que nuestro Sistema Nacional de Salud y de los gobiernos de las entidades federativas apliquen medidas de prevención y en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen estrategias de vigilancia epidemiológica de este virus, es una oportunidad adicional para reforzar y dar continuidad a las acciones que se están realizando y representa un esfuerzo más en la búsqueda de la protección universal del derecho a la salud, consagrado en el artículo 4° de nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, propongo esta iniciativa, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y en razón que la iniciativa está publicada en la Gaceta del Senado, en este día, me abstengo de leerla en su totalidad, solicitándole, de manera atenta, al señor Presidente, que se registre íntegramente en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES:

EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección universal del Derecho a la salud, es un reto constante para el Estado mexicano, que requiere del fortalecimiento de mecanismos de coordinación e inversión económica, entre los diferentes órdenes de gobierno, con el fin de procurar el bienestar físico y mental de todos los mexicanos. Sin embargo, un factor que dificulta la implementación de soluciones oportunas a los problemas de salud, es la fuerte desigualdad económica que existe en nuestro país.

Es decir, en las regiones del sur de la República Mexicana, se enfrentan enfermedades ocasionadas principalmente por la escasez de los determinantes básicos, sin contar con el limitado acceso a los bienes y servicios de salud, a las cuales se conoce como enfermedades de rezago; esto, en contraste con las regiones del centro y norte del país donde las enfermedades están relacionadas principalmente con los hábitos alimenticios, la vida sedentaria y los altos niveles de presión nerviosa.

Por tal motivo, las políticas de salud pública deben trabajar de manera integral para atacar ésta diversidad de factores a la vez, a los cuales hay que sumar el surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), así como del Virus del Papiloma Humano (VPH), y, seguir controlando, otras que ya se han radicado como la viruela, sarampión, hepatitis, poliomielitis y hepatitis.

Cabe señalar que el crecimiento en los índices de transmisión del (VPH) se ha incrementado de forma notable en nuestro país, pues se estima que el 80% de la población se expone a él por mantener cualquier contacto sexual en algún momento de su vida; además, esta enfermedad no presenta síntomas en sus etapas tempranas, por lo tanto, es muy frecuente que se desarrolle y de paso a enfermedades más graves y peligrosas, como es el cáncer cérvico-uterino.

En la actualidad, el cáncer cérvico-uterino es el segundo cáncer más común entre mujeres a nivel mundial, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula, que actualmente hay dos millones de mujeres en el mundo y, de estos casos el 80 por ciento se encuentra en países en vías de desarrollo, como el nuestro.1 Por esta razón, se han implementado campañas internacionales para concientizar a la población de la gravedad de la enfermedad, y sobre todo, para apoyar a las mujeres que la padecen.

El cáncer cervicouterino, es una enfermedad en la cual se encuentra células cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello uterino, que suelen crecer lentamente por un período de tiempo. Antes de que se encuentre células cancerosas en el cuello uterino, sus tejidos experimentan cambios y empiezan a aparecer células anormales (proceso conocido como displasia). Posteriormente, las células cancerosas se diseminan con mayor profundidad en el cuello uterino y en las áreas circundantes, afectando drásticamente la salud de la enferma.

En México, cada dos horas una mujer muere por cáncer cérvico-uterino, siendo ésta la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años;[2] registrando aproximadamente 5 mil fallecimientos durante el 2008, además de la aparición de 10 mil casos de lesiones tempranas en el cervix. Cabe mencionar que el cáncer cérvico-uterino, es una de las enfermedades más costosas, considerando que el tratamiento promedio oscila entre 280 a 300 mil pesos[3], por lo que atender una paciente con cáncer representa un elevado gasto para el Sistema de Salud, debido a que los medicamentos y la atención es especializada.

La seguridad social de nuestro país, absorbe los gastos del tratamiento del cáncer cérvico-uterino de sus afiliadas desde 1943, pero es hasta 2004, que a través del Seguro Popular de Salud, las mujeres sin seguridad social, accedieron al apoyo en el caso de las displasias a través del Catalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud o al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para las etapas mas avanzadas.

Es decir, el Gobierno Federal está consciente del problema y por esta razón a través de la Secretaria de Salud, emitió la norma oficial mexicana NOM-014-SSA2-1994 “Sobre el control y tratamiento del cáncer cérvico uterino”, que define los lineamientos a seguir, tanto en el Programa Nacional de Tamizaje (PNT- CaCu), como del tratamiento de los casos identificados. El PNT- CaCu, este programa realiza aproximadamente 7.2 millones de tamices anuales mediante citología cervical (Papanicolaou) de forma gratuita, de los cuales el 1.2% resulta positiva,[4] lo cual permite alcanzar cada tres años una cobertura de 80% de la población femenina de 25 a 64 años.[5] Sin embargo y a pesar de los logros alcanzados de la cobertura, este programa tiene sus limitaciones y retos, ya que muchas veces no se realiza el muestreo de las lesiones por debajo de la superficie, o los métodos de recolección pueden ser imperfectos, lo que pasaría por alto algunas lesiones. Es por eso que la experiencia de los doctores que aplican las pruebas, es muy importante para lograr que la efectividad de la prueba sea adecuada. Además cabe señalar que la cobertura del programa de tamizaje se ha visto afectada debido a barreras de acceso por cuestiones geográficas y culturales.

Por esta razón es que el Gobierno Federal, en noviembre de 2008, con una inversión de 109 millones de pesos, la Secretaría de Salud inició un programa piloto de vacunación contra el VPH, con un esquema de tres dosis, en una población de 82 mil niñas de nueve a 12 años, que viven en los 125 municipios más pobres situados en Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Por tanto, considero que es necesario dar el siguiente paso al Plan Piloto, para establecerlo en la legislación en aras de darle seguimiento a los programas, considerando que en el mediano y largo plazo será menos costoso el aplicar la vacuna que mantener el tratamiento de las pacientes con cáncer cérvico-uterino.

La vacuna contra el VPH, se compone de proteínas que forman partículas semejantes al virus del VPH; éstas en conjunto con una sustancia adyuvante, inducen una respuesta inmunitaria de los tipos 16 y 18 vinculados con el cáncer cérvico-uterino. El esquema sugerido para la vacuna incluye tres dosis de 0.5 ml cada una. La administración de la segunda y tercer dosis se sugiere al segundo y sexto meses después de la primera. La vacuna se vende en jeringas precargadas y requiere que estas sean aplicadas por vía intramuscular.

La vacuna contra el VPH confiere inmunidad para los tipos de VPH precursores del 70% de contagio de los casos, por lo tanto al implementar la vacuna, estaremos invirtiendo en salud de forma preventiva, al establecer un sistema de defensa protector que tiene como cualidad el generar anticuerpos capaces de neutralizar el virus del VPH.

La vacunación contra el VPH, permitiría reducir en dos terceras partes el número de muertes por cáncer cérvico-uterino en nuestro país, y aunque de inicio seria una fuerte carga presupuestal, a largo plazo se disminuiría la necesidad de cuidados médicos, biopsias y procedimientos invasores asociados con el seguimiento después de pruebas de Papanicolaou, lo que ayudaría a reducir los costos de cuidados médicos y la ansiedad relacionada a tales pruebas de detección del VPH.

Es por ello, que resulta sumamente necesario integrar esta vacuna en el Sistema Nacional de Salud, considerado el alto grado de efectividad que ha tenido la misma en Latinoamérica, y que nos hace reflexionar sobre los resultados que generan programas de salud de este tipo, en los que se conjugan el desarrollo tecnológico, la voluntad política, el espíritu solidario de la sociedad y una respuesta organizada de los servicios de salud, en donde la participación y aceptación de la población son componentes decisivos para la introducción de vacunas y generación de demanda. Pero lo más importante y determinante en el éxito del programa de vacunación es la realización de alianzas estratégicas, socios e intercambio de ideas entre fabricantes de vacunas e instituciones académicas y una industria local que garantice la producción de vacunas elaboradas por los mejores especialistas.

Las vacunas son un insumo que debe estar disponible de manera oportuna y en cantidades suficientes, se trata de un producto de tal importancia, en términos de salud y seguridad, por lo que resulta necesario reactivar la industria para lograr la autosuficiencia, así como preveer de vacunas y evitar la propagación de enfermedades emergentes y reemergentes. No obstante, nuestro país no tiene la suficiente capacidad instalada para producir las vacunas que requiere, es por ello que se debe impulsar la generación de investigación e innovación en las entidades federativas en esta materia para que con ello, no se dependa de las empresas transnacionales y se logre ser autosuficiente.

La importancia de que apliquen medidas de prevención, en el marco del Sistema Nacional de Saludy de los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen estrategias de vigilancia epidemiológica de ese virus, es una oportunidad adicional para reforzar y dar continuidad a las acciones que se están realizando.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, considerando que la implementación de la vacuna es una importante medida para evitar contraer el virus, se propone el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XIV; recorriéndose en su orden la actual fracción XIV a ser la fracción XV; se reforman los artículos 135, 144 y 157 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. XIII…;

XIV. Virus del Papiloma Humano (VPH), y

XV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles, en particular del Virus del Papiloma Humano (VPH), que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República.

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano (VPH), así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Artículo 157 Bis.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y del Virus del Papiloma Humano (VPH).

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 10 de septiembre de 2009.

 Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola”.

- El C. Presidente García Cervantes: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Y se toma nota de la adhesión a esta iniciativa, del Senador Guillermo Tamborrel Suárez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 135 constitucional.


[1] Organización Mundial De La Salud, http//www.who.int/cancer/en/.

[2]Instituto Nacional de Cancerología, México, 2009.

[3]Consejo de Salubridad General en 2005 se registra en Costo de la atención del cáncer cervicouterino para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Unidad de Análisis Económico, Secretaría de Salud, México, 2005, disponible bajo solicitud. Fuente: Unidad de Análisis Económico, México, abril-agosto, 2007.

[4] Instituto Nacional de Salud Pública. Autotoma vaginal en casa para identificación de ADN de VPH y su utilidad en la detección oportuna de cáncer cervical: una intervención en usuarias del Seguro Popular. México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006.

[5] Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Informe de rendición de cuentas de la administración 2000-2006; etapa 3: informe que comprende del 1 de diciembre 2000 al 30 de noviembre 2006. México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Elena Orantes López: Con su permiso, señor Presidente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suele identificarse con el conjunto de normas que regulan, el modo fundamental de la organización y el ejercicio del poder estatal, así como las relaciones entre el Estado y la sociedad mexicana.

En consonancia con su función, la Constitución es un conjunto de normas jurídicas y su validez efectiva radica en su base consensual.

Su condición de derecho legal la hace mudable y necesita modificaciones. Sin embargo, en la propia Constitución que plantea los programas y los mecanismos para generar estos cambios a través del Consejo Jurídico Constitucional.

Las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o abrogadas, si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional (más complejo, respecto a los procedimientos de formulación de leyes).

Es precisamente el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece el mecanismo por el cual se consolida el propio principio de modificación constitucional o que le permite a las legislaturas de los estados pronunciarse a favor o en contra de una reforma.

La Constitución además de tener las normas de procedimiento de creación del orden jurídico y de establecer en forma positiva o negativa las normas sustanciales, definen las formas de modificar a la propia Constitución.

Esta misma establece como una exclusiva del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados, las reformas o adiciones a las normas constitucionales.

Tomando en cuenta lo anterior, y resaltando la trascendencia que una modificación en el texto constitucional podría traer, es preciso revisar las formalidades para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos establecidas en el artículo 135 de la misma, para que puedan ser adecuados.

Con la finalidad de eliminar cualquier diferencia de interpretación entre el Poder Constituyente reformador de nuestra Carta Magna y el criterio que pudieran sustentar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa que se pone a consideración busca solucionar el vacío legal que existe para realizar el cómputo más homogéneo, más ordenado y comprobatorio respecto a la votación en las legislaturas de los estados para poder dar validez a una reforma constitucional.

Dicho criterio lo dio a conocer al admitir a estudio uno de los juicios de amparo promovidos por los sectores empresariales del país, acompañados por un grupo de intelectuales, en contra de una reforma constitucional en materia electoral.

Con ello, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma que el procedimiento de cualquier reforma a la Constitución puede ser impugnado por la vía del amparo y admitido para su análisis de este tribunal, si no se cumple al procedimiento comprobatorio respecto a la votación en las legislaturas de los estados para poder dar validez a una reforma constitucional.

En este sentido resulta importante que para concluir con el proceso de reforma, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, haga el cómputo de los votos de las legislaturas estatales y de la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas y adiciones a partir de una redacción más clara del 135 constitucional. Lo anterior, debido a que en su actual redacción no se establece regla alguna, para poder normar el criterio que haga posible la aprobación de reformas constitucionales en los congresos locales.

Por consiguiente, la presente iniciativa busca plantear disposiciones en la Constitución Federal, de las cuales se desprenden normas que obligan a las legislaturas locales a poder adoptar un quórum determinado para la aprobación de reformas constitucionales.

De esta manera se aseguraría que las modificaciones a la Cara Magna sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas locales de una manera más homogénea y normada a nivel constitucional.

Lo anterior, con el propósito de evitar que dentro del procedimiento legislativo para poder reformar la Constitución Federal, se puedan dar inconsistencias de carácter formal que, una vez sancionadas pueden descubrir violaciones de procedimiento y, por consecuencia, invalidar los contenidos de la norma, en cuyo caso se pondría de manera indestructible fuente de una violación formal que trasciende en el fundamento de la propia norma.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiera que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas y adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas a través de la mayoría simple de los presentes, una vez comprobado el quórum legal de la reunión.

El Congreso de la Unión o Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, siempre y cuando se cumpla con el precepto anterior y, los congresos locales emitan la resolución respectiva conjuntamente con la votación nominal recogida durante el acto.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“MarIa Elena Orantes LOpez, Senadora de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suele identificarse con el conjunto de normas que regulan de modo fundamental la organización y el ejercicio del poder estatal, así como las relaciones entre el Estado y la sociedad.

En consonancia con su función, la Constitución es un conjunto de normas jurídicas y su validez efectiva radica en su base consensual.

Su condición de derecho legal la hace mudable y necesitada de modificaciones. Sin embargo, es la propia Constitución la que plantea los propios mecanismos para generar esos cambios a través del consenso jurídico-constitucional.

Las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o abrogadas, si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional (más complejo respecto del procedimiento de formación de las leyes).

Es precisamente en el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece el mecanismo por medio del cual se consolida el proceso de modificación constitucional, lo que les permite a las legislaturas de los Estados pronunciarse a favor o en contra de una reforma constitucional.

La Constitución además de tener las normas de procedimiento de creación del orden jurídico y de establecer en forma positiva o negativa las normas subsecuentes, establece las formas de modificación de la propia Constitución, señalando que, para que las reformas o adiciones lleguen a ser norma suprema, es necesario que sean acordadas por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión, y que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Es la propia Constitución la que establece como una competencia exclusiva del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados,  las reformas o adiciones a las normas constitucionales.

Tomando en cuenta lo anterior, y resaltando la trascendencia que una modificación al texto constitucional podría traer, es preciso revisar si las formalidades para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecidas en el artículo 135 de la misma, son las adecuadas.

Con la finalidad de eliminar cualquier diferencia de interpretación entre el Poder constituyente reformador de nuestra Carta Magna y el criterio que pudieran sustentar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa que se pone a consideración busca solucionar el vacío legal que existe para realizar el cómputo más homogéneo, ordenado y comprobatorio, respecto a la votación en las legislaturas de los estados para dar validez a una reforma constitucional.

Es por ello, que nos parece fundamental incorporar una disposición para que el procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional plantee reglas claras respecto a la votación en los congresos locales y, que las posibles reformas o adiciones a la Constitución, tengan que ser aprobadas por al menos la mitad de los miembros de las legislaturas estatales presentes en el recinto parlamentario.

De esta manera, se aseguraría que las modificaciones a la Carta Magna sean aprobadas por la mayoría de los legisladores locales de una manera homogénea y normada a nivel constitucional.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciendo su facultad de atracción, determinó aceptar la procedencia de uno de los 42 amparos presentados en contra de la reforma constitucional de 2007 en materia electoral y ordenó admitirla al juez de distrito que la desechó.

Dicho criterio lo dio a conocer al admitir a estudio uno de los juicios de amparo que promovieron todos los sectores empresariales del país, así como un grupo de intelectuales, en contra de la reforma constitucional en materia electoral que aseguran es violatoria de garantías, entre otras cosas, porque afecta la libertad de expresión al prohibirles contratar propaganda en los medios de comunicación para incidir en las campañas electorales.

Con ello, el máximo tribunal emitió un criterio que abre la posibilidad de que cualquier ciudadano, y no sólo los partidos políticos, puedan impugnar y echar abajo una reforma a la Constitución en materia electoral.

Fue por este motivo, que los ministros determinaron revocar la decisión que emitió un juez que, en primera instancia, se negó a admitir la demanda que promovió el Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal, en contra de la reforma electoral, por considerarla notoriamente improcedente.

Los ministros del máximo tribunal de justicia del país por seis votos contra cuatro (por la ausencia del ministro Mariano Azuela) determinaron que, mediante un juicio de amparo, sí se puede cuestionar el proceso legislativo que se siguió para aprobar una reforma a la Carta Magna si estima que dicho proceso, fue irregular o estuvo viciado de origen.

La mayoría de ministros se pronunció por admitir las demandas de los empresarios y de los intelectuales, que entre otras cosas, aseguran que la reforma atenta contra la libertad de expresión por prohibir que particulares puedan contratar espacios de radio y televisión para influir en las campañas electorales.

La resolución del máximo tribunal resulta inéditay sumamentetrascendente para nuestro país, debido a que cambia toda una posición que se había tenido en términos de si proceden o no, los juicios de amparo en caso de reformas constitucionales.

Con ello, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma que el procedimiento de cualquier reforma a la Constitución, puede ser impugnado por la vía del amparo y admitido para su análisis en ese tribunal de justicia, si no se cumple el procedimiento comprobatorio respecto a la votación en las legislaturas de los estados para dar validez a una reforma constitucional.

Con el antecedente y la decisión a favor de admitir vía amparo, impugnaciones al proceso por medio del cual el Poder Constituyente realiza reformas constitucionales, se abre la posibilidad de que puedan ser revisadas y resueltas por el máximo Tribunal.

En este sentido resulta importante que, para concluir con el proceso de reforma constitucional, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, haga el cómputo de los votos de las legislaturas estatales y la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas o adiciones a partir de una redacción más clara del Artículo 135 constitucional. Lo anterior, debido a que en su actual redacción no se establece regla alguna, para normar el criterio que haga posible la aprobación de reformas constitucionales en los congresos locales.

Posteriormente, el texto se remite al Ejecutivo Federal para la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Como vemos, esta iniciativa con proyecto de Decreto busca plantear disposiciones en la Constitución Federal, de las cuales se desprenden normas que obliguen a las legislaturas locales a adoptar un quórum determinado para la aprobación de reformas constitucionales.

Lo anterior, con el propósito de que dentro del procedimiento legislativo para reformar la Constitución Federal, se puedan dar inconsistencias de carácter formal que, una vez sancionadas por la Corte, descubra violaciones de procedimiento y, por consecuencia, invaliden el contenido de la norma, en cuyo caso nos pondría de manera irreductible frente a una violación formal que trasciende el fundamento de la propia norma.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas a través de la mayoría simple de los presentes, una vez comprobado el quórum legal de reunión.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, siempre y cuando se cumpla con el precepto anterior y, los congresos locales, emitan la resolución respectiva conjuntamente con la votación nominal recogida durante el acto.

TRANSITORIO

Unico.- Las reformas del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senadora María Elena Orantes López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Tome nota la Secretaría Parlamentaria de los Senadores que quieren adicionar su firma a la iniciativa presentada. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede el uso de la palabra al Senador José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 76, 89 y102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 76, FRACCION II; 89, FRACCIONES IV Y IX; Y SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL APARTADO B Y SE AGREGA UN APARTADO C DEL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre propio y de los CC. Senadores Rosalinda López Hernández, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Salomón Jara Cruz, Francisco Javier Castellón Fonseca y Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador José Luis García Zalvidea: Gracias, señor Presidente, con su permiso; señoras y señores legisladores:

Un grupo distinguido de Senadores, Rosalinda López Hernández, Rubén Fernando Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Salomón Jara Cruz, Silvano Aureoles Conejo, Carlos Sotelo García, Francisco Castellón Fonseca y su servidor, vemos la importancia de poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

Estamos viviendo un momento interesante en la historia de México, homenajes se preparan en este año que vamos a celebrar el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, el Bicentenario del inicio de la Independencia, y me parece que un homenaje que está pendiente es un auténtico homenaje a las Fuerzas Armadas, pero que no quede simplemente en el discurso, sino que realmente venga un refrendo para que la población, todos, reconozcamos este enorme servicio lleno de patriotismo que los soldados de México han prestado a este país.

Y me parece que es una tarea pendiente, además en este ambiente previo a la convocatoria que vamos a tener aquí en el Senado para la integración o la designación del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ¿por qué no impulsar una comisión de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas?

Los soldados son pueblo, pueblo con uniforme, y ellos también sufren injusticias, violaciones a sus derechos más fundamentales y muchas veces esas violaciones quedan completamente cubiertas con un manto de impunidad.

Por eso, aquí no quiero ser malinterpretado, no se trata de reforzar aquí de ninguna manera situaciones de impunidades, que ya estamos cansados de ello, por el contrario, a los soldados alcanzarlos de alguna manera con esta protección que tienen derecho para sus garantías, sus derechos humanos más fundamentales.

Reconocemos la importante participación del Ejército en muchos y señalados servicios que han prestado a la patria.

Quiero aportar simplemente en una reflexión que esta tesis sobre un ombudsman militar como institución del Congreso propone la reforma de las Fuerzas Armadas, como una condición para lograr un cambio en las instituciones del país.

Según el planteamiento la reforma del estado debe pasar inevitablemente por un cambio profundo en las Fuerzas Armadas para convertirlo verdaderamente en el guardián de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas, soportadas en una relación civil-militar democrática.

Y si revisamos con detenimiento, esta tesis no es novedosa.

Ya el general José Francisco Gallardo Rodríguez -que en esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompaña, señor general acompañado de su muy distinguida familia, muy bienvenido, a sus órdenes, bienvenido, general- había escrito un artículo titulado “Las Necesidades de un Ombudsman Militar en México”, el cual fue publicado en la revista Forum, número 22, de octubre de 1993.

Además, el general, como todos sabemos, ha sido víctima de esta situación de violación de los derechos humanos. Es víctima, y él quiere aportar algo para que se resuelva este problema.

Este ombudsman militar estaría dotado de autonomía y patrimonio propio, nombrado por las dos terceras partes de los Senadores, inamovible, apartidista, que podrá entrar sin previo aviso a cualquier cuartel, revisar listas de castigados, procesados, y de enfermos en los hospitales, supervisar el ejercicio del presupuesto de defensa y la administración militar, con la misión principalísima de salvaguardar los derechos humanos de militares para fortalecer las líneas de mando y la disciplina militar.

Las mismas características que exigiremos del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la firmeza, la independencia, la autonomía, la trayectoria indiscutible e intachable para todos los sectores de la sociedad, estas mismas características nos parecen fundamentales para este llamado ombudsman de la institución militar.

En la materia existen avances significativos, pero que aún son insuficientes.

Yo quiero pasar en aras de un ahorro del tiempo, quiero simplemente citar ante ustedes el elemento sustantivo de esta reforma que pongo a su consideración, es dentro del Apartado C.

El Congreso de la Unión establecerá para el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea Nacionales una Comisión de los Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas que contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho organismo conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos y donde estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

La Comisión de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores. Los consejeros del Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, y los cuales podrán ser ratificados para un segundo periodo. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia cámara.

Ruego al señor Presidente, si es tan amable de insertar íntegro el texto que se pone a la consideración de esta Asamblea y muchas gracias por su atención.

Iniciativa

“Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Velázquez López, Tomás Torres Mercado, Lázaro Mazón Alonso, Minerva Hernández Ramos, Salomón Jara Cruz y Francisco Javier Castellón Fonseca, Carlos Sotelo García integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 76, FRACCION II; 89, FRACCION IV Y IX; Y SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL APARTADO B, Y SE AGREGA UN APARTADO C DEL ARTICULO 102, TODOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero.- De acuerdo a los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que va del año de este año se han emitido 14 recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército.

Este número es similar a las recomendaciones que se emitieron durante el 2008.

El número de recomendaciones constituyen un indicador sobre lo que pasa en las Fuerzas Armadas desde que asumieron tareas de seguridad pública en todo el país.

Sin duda, debemos reconocer la importante participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en la lucha contra el crimen organizado. Sobre todo porque es decisiva la participación de las Fuerzas Armadas, en un país donde la mayor parte de las policías –federales, estatales y municipales- fueron corrompidas por la delincuencia organizada.

Sin embargo, no debemos soslayar en ningún momento la capacidad y el poder corruptor del crimen organizado. Si antes lo hicieron con autoridades civiles y cuerpos policíacos de todos niveles de gobierno, es posible que la delincuencia infiltre a las Fuerzas Armadas en todos los grados.

Ya lo ha hecho. Recordemos los casos degenerales de división: Juan Gutiérrez Rebolledo, Francisco Quiroz Hermosillo y Alfredo Morán Acevedo; los generales de brigada: Humbert Martínez López y Jorge Baca González; generales brigadier: Mario Acosta Chaparro y Alfredo Navarro Lara; el coroneles Carmen Oralio Castro; los mayores: Mario García García, Paulino Mendoza Contreras y Juan José Sánchez Gutiérrez; los capitanes Luis Rey Abundis Murga y Rigoberto Silva Ortega; los tenientes Jorge Luis Cervantes Muñoz y Antonio Javier Quevedo Guerrero; el sargento Juan Manuel Álvarez González, y el cabo, Julio César Santoyo López, todos ellos presos por sus ligas con el narcotráfico.

Y al involucrarse en el combate a las drogas, los militares fueron paulatinamente sucumbiendo al poder del crimen organizado, y muchos de ellos fueron, así mismo, recluidos y sujetos a procesos del fuero militar y penal por sus relaciones de protección a las Cárteles.

Hoy, el costo presupuestal, logístico y humano para combatir al narco aumenta día con día.

Recordemos que en mayo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se destina uno de cada cuatro pesos de su presupuesto para sufragar los gastos que implica la movilización, la alimentación y los costos de operación de los militares asignados a la lucha antinarco.

La Sedena estimó que el gasto diario por elemento dentro de la campaña contra el narcotráfico es de 672 pesos y tomando en cuenta que están asignados 451 mil militares, el costo que tiene la lucha contra el narcotráfico por día es de 30 millones 240 mil pesos, cifra que al año se eleva a 11 mil 037 millones 600 mil pesos y que representa el 25% del presupuesto que la dependencia tiene asignado para este año.

Esa inversión diaria de 30 millones 240 mil pesos, ha dado como resultados un promedio diario de 4.7 toneladas de mariguana aseguradas por los militares. Además de 28 kilos de cocaína, medio kilo de goma de opio y 400 gramos de heroína.

De acuerdo con las estadísticas de la Sedena, en promedio fueron necesarios cuatro soldados para la captura de cada uno de los 11 mil 125 presuntos narcotraficantes que fueron sorprendidos del 1 de diciembre del 2006 al 15 de febrero de 2009.

Por otro lado, no olvidemos que en aras de la seguridad pública, elementos de las Fuerzas Armadas han perpetrado delitos del orden común contra civiles en actos de servicio, a pesar de que ello es contrario a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos comprometidos por México.

Por otra parte, hay que precisar que en la CNDH se han presentado en este sexenio alrededor de 2 mil 500 quejas contra las Fuerzas Armadas, mientras que en el sexenio anterior se presentaron 1 mil 689 denuncias. Las quejas presentadas van desde ejecuciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, tortura, violaciones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones.

Segundo.- La tesis sobre el ombudsman militar como institución del Congreso propone la reforma de las Fuerzas Armadas, como una condición sine qua non para lograr un cambio en las instituciones del país. Según el planteamiento, la reforma del Estado debe pasar inevitablemente por un cambio profundo en las Fuerzas Armas para convertirlo verdaderamente en el guardián de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas, soportadas en una relación civil-militar democrática.

Y si revisamos con detenimiento, la tesis no es novedosa.

Ya el General José Francisco Gallardo Rodríguez había escrito un artículo intitulado “Las necesidades de un ombudsman militar en México”, el cual fue publicado en la revista Forum, número 22, de octubre de 1993, y el cual que coincidió con los 25 años de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Con instauración de un Ombudsman militar, según el propio general Gallardo, “se trata de cambiar la ocupación histórica del Ejército de ser tutela del orden interno al de defensa nacional, función constitucional que ubica al enemigo fuera de las fronteras nacionales y sobrepone la seguridad humana a la seguridad del Estado”.2

Así, Ombudsman militar dotado de autonomía y patrimonio propio, nombrado por las dos terceras partes de los senadores, inamovible, apartidista, podrá entrar sin previo aviso a cualquier cuartel, revisar listas de castigados, procesados y de enfermos en los hospitales, supervisar el ejercicio del presupuesto de defensa y la administración militar, con la misión principalísima de salvaguardar los derechos humanos de militares para fortalecer las líneas de mando y la disciplina militar.

Hoy, cuando la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene implicaciones complejas, la instauración de un Ombudsman militar encuentra nuevos asideros.

Sin duda, en la materia existen avances significativos pero aun insuficientes.

Recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional instituyó la Dirección General de Comunicación Social y la Subprocuraduría de Derechos Humanos; por primera vez en la historia, los tribunales castrenses toman en consideración el principio del debido proceso, y en las escuelas militares incorporan en sus programas el tema de los derechos humanos, así como en los programas de adiestramiento en los cuerpos de tropa. El Estado Mayor considera la cuestión dentro de la planeación estratégica y emite varias publicaciones sobre el tópico, incluyendo el derecho internacional humanitario; además elaboró una cartilla de derechos humanos que trae consigo cada soldado durante su desempeño en las operaciones que realiza en el orden interno.

Se abrieron libros de registro de amparos; los abogados civiles y actuarios de los juzgados pueden ingresar a las prisiones militares, incluso los representantes de organismos de los derechos humanos.

Frente a ello, podemos afirmar que ninguna institución del Estado puede quedar exenta del escrutinio social, menos el Ejército, quien tiene el mandato de ser salvaguarda de la Soberanía nacional.

Tercero.- En otro asunto trascendental, es el que tiene que ver la reforma de la justicia militar.

Por lo que se refiere a la justicia militar, la adecuación al funcionamiento de un sistema democrático requiere una serie de condiciones que difícilmente se cumplen en su totalidad, pero es loable transitar hacia un nuevo régimen. Las esenciales son las siguientes: a) la justicia militar no debe aplicarse a ciudadanos civiles; b) debe limitarse a delitos militares y no a juzgar los delitos de todo tipo cometidos por los militares; c) debe integrarse en el poder judicial único con controles civiles y no puede constituir una jurisdicción aislada y, d) los mandos militares no pueden tener capacidades jurisdiccionales, es decir no pueden ser jueces, presidir o integrar tribunales o aceptar sentencias.

Hay que decir, que la adecuación de la justicia militar tropieza en muchos países con el grave problema de la exigencia de responsabilidades por los crímenes cometidos en los años de dictadura militar. Sin embargo, estos temas están normalmente residenciados en los tribunales civiles. La defensa de los derechos humanos en las circunstancias actuales exige enfrentarse a la reforma de la justicia militar, dejando sentada su subordinación a la justicia única si quieren evitarse situaciones de impunidad. Conviene que si el ejecutivo ordena misiones de carácter interno a las fuerzas armadas, deje claro que se realizan con sumisión a la justicia civil.

No olvidemos por ejemplo, que la justicia castrense repetidamente ha atraído los casos en los que elementos del Ejército han atacado a civiles injustificadamente, generando con ello incertidumbre, y en algunos casos, cierto grado de impunidad bajo el amparo del fuero de guerra. Tal fue el caso de Badiraguato, Sinaloa, donde cinco civiles resultaron muertos cuando elementos del Ejército les dispararon aparentemente sin razón alguna, en marzo de 2008. Así, la Sedena atrajo las investigaciones. Actualmente Reynalda Morales, viuda de Zenón Medina López, una de las víctimas de este ataque, tiene ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proceso de revisión de amparo por el que el pleno de la corte podría sacar de la jurisdicción militar la investigación y llevarla a los tribunales civiles.

Lo anterior nos alienta para plantear la necesidad de que el Senado de la República ratifique los nombramientos del Procurador Militar, así como el de los magistrados del Supremo Tribunal Militar.

Cuarto.- Por otro lado debemos, asentir que el control civil de las fuerzas armadas es un proceso y no es una situación en la que, una vez alcanzada, no sea necesario seguir actuando por parte de las autoridades civiles. Como tal proceso debe adaptarse a la evolución de las relaciones civiles-militares a medida que se asienta el funcionamiento de un régimen democrático. Como tal proceso, debe también modificarse con las transformaciones de la sociedad, del contexto internacional y de la propia profesión militar. Incluso en situaciones de democracia consolidada exige una gestión permanente por parte de los responsables civiles, como lo prueba la evolución de las relaciones civiles-militares.

Así mismo, el control civil no es cuestión limitada al gobierno y a los ejércitos. La sociedad cuenta. La normalización democrática de las relaciones civiles-militares exige un acuerdo a tres bandas en el que cada agente (la sociedad, el gobierno y los militares) tenga una relación cómoda con los otros dos y un suficiente nivel de confianza sobre su posible actuaciónfutura. Las relaciones de la sociedad con su gobierno son de gran trascendencia para determinar las posibilidades de control de los militares por parte de ese gobierno. Por último, podemos también decir que las relaciones entre los tres agentes están normalizadas en democracia cuando las fuerzas armadas tienen el ámbito de autonomía decidido por el gobierno, ámbito que es coherente con el papel que la sociedad quiere que las fuerzas armadas lleven a cabo.

En este sentido, el mayor problema que plantean algunas propuestas que defienden la autonomía militar no radica tanto en el hecho de que propongan un margen de autonomía para las fuerzas armadas como su deseo de querer aislar a los ejércitos de la sociedad civil para mantener los valores marciales aún cuando los de la sociedad están evolucionando. Una gran diferencia de valores entre la sociedad y los militares es un factor de inestabilidad del sistema democrático y también puede ser causa de ineficacia de los propios ejércitos: difícilmente pueden realizarse con diligencia las misiones polivalentes que la sociedad exige de su ejército si no se comparten los mismos valores.

Por tanto, los mecanismos democráticos de control civil deben implicar a los propios militares en la medida de lo posible. El autocontrol no es suficiente como garantía, ni puede sustituir al control civil en la medida en que éste implica reservar las decisiones de política militar a las autoridades civiles. Sin embargo, la lealtad al poder democrático establecido es un elemento clave del control de las fuerzas armadas en las democracias consolidadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se por el que se reforman y adicionan los artículos 76, fracción II; 89, fracción IV y IX; y se adiciona un párrafo segundo al apartado B, y se agrega un Apartado C del artículo 102, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I…

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Procurador General de Justicia Militar, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, magistrados integrantes del Supremo Tribunal Militar, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III a XI…

Artículo 89.- Las facultadesy obligaciones del Presidente son las siguientes:

I a III…

IV. Nombrar con aprobación del Senado, a los magistrados integrantes del Supremo Tribunal Militar, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, y los empleados superiores de Hacienda;

V a VIII…

IX Designar, con ratificación del Senado, a los procuradores General de la República y General de Justicia Militar.

X a XX…

Artículo 102

A…

B. El Congreso de la Unión …

Los organismos…

Para los asuntos donde estén involucrados miembros del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales será competente la Comisión de los Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas.

El organismo…

La Comisión Nacional…

El Presidente…

El Presidente…

La Comisión…

C. El Congreso de la Unión establecerá para el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea Nacionales una Comisión de los Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas, que contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho organismo conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos y donde estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

La Comisión de los Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores. Los consejerosdel Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, y los cuales podrán ser ratificados para un segundo periodo.La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara.

El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

TRANSITORIO

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se fija un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que se expidan las adecuaciones legales relacionadas con estas reformas constitucionales.

Tercero.- En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de las adecuaciones legales a que se refieren en el artículo anterior, la Cámara de Senadores o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, deberán elegir al Procurador General de Justicia Militar; a los magistrados integrantes del Supremo Tribunal Militar; al Presidente y a los Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, fracción II; 89, fracción IV y IX, y 102, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforman por este decreto. Para tal efecto, la Comisión de Derechos Humanos establecerá sendos procedimientos que atiendan los principios de transparencia, certeza, imparcialidad, equidad y consulta a la sociedad civil.

Cuarto.- En tantoel Congreso de la Unión expide las adecuaciones legales relacionadas con estas reformas constitucionales, la Procuraduría General de Justicia Militar, los magistrados del Supremo Tribunal Militar, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejercerán las atribuciones y competencias por la ley respetiva vigente hasta dicha expedición.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Rosalinda López Hernández.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Rubén Velázquez López.- Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. Minerva Hernández Ramos.- Sen. Salomón Jara Cruz.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. Carlos Sotelo García”.

- El C. Presidente García Cervantes: Por supuesto, Senador José Luis García Zalvidea, se obsequia su solicitud, y además su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Hemos agotado el apartado en el Orden del Día de la presentación de iniciativas. Estamos, como ustedes pueden darse cuenta, sobre el tiempo que adicionalmente o pretendemos que tradicionalmente esta Asamblea se dedique a un debate político.

Sin embargo, desde la apertura de esta sesión, el Presidente Navarrete dio preferencia a la presentación de las iniciativas para luego pasar a la discusión de un punto de Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para la elección de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2009-2014.


[1] En el combate al narcotráfico está destinada una cuarta parte de sus 203 mil efectivos

[2] Ponencia del General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez ubicada en la página web del 28 de agosto de 2009 en http://prdleg.diputados.gob.mx/publicaciones/libros/Amnistia/Amnistia%2037-42.pdf






JUNTA DE COORDINACION POLITICA













Esta Presidencia tiene conocimiento de que habrá oradores a favor y en contra de este punto de Acuerdo que se encuentra, por supuesto, publicado en la Gaceta de este día, que estuvo inscrito en el Orden del Día de la sesión anterior y se reservó para esta sesión.

Por lo tanto, con el apoyo de la Secretaría Parlamentaria procederé a establecer la lista de oradores, primero, en contra, y luego en pro. Compañeras y compañeros que se vayan a inscribir para integrar la lista de oradores, en contra; oradores en pro.

Tiene la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Quisiera distraer la atención de los ciudadanos legisladores para que abordemos con una gran reflexión el tema que nos ocupa, que es la aprobación o no del Acuerdo que somete a la consideración del Pleno la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, relativo al nombramiento y su procedimiento para hacerlo, de quien fungirá los próximos cinco años como Presidente nacional o Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es un asunto muy delicado, porque pudiera surgir un procedimiento de origen viciado, que pudiera dar paso a interpretaciones distintas y a la interposición de recursos ante los órganos jurisdiccionales de cualquier ciudadano, incluyendo los ciudadanos que se inscriban como posibles candidatos o como candidatos a fungir como Presidente de Derechos Humanos.

Hay razones históricas, hay razones jurídicas y hay razones políticas que debemos atender. Las razones jurídicas las describe con perfecta claridad el artículo 102 de la Constitución en su apartado B, que fue modificado recientemente en 1999.

Los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, y los artículos 85, 86, 87 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Este fundamento jurídico te describe, desde nuestro punto de vista, que sólo es una comisión la que debe dictaminar y la que debe de llevar a cabo el proceso para la auscultación de los candidatos y, en su caso, una vez concluida la auscultación y la audiencia pública que ellos, en la que ellos estarán, proponer al Pleno la terna que la comisión determine.

Nosotros sostenemos que el intentar poner otras comisiones va a generar un vicio de origen, y podrá ser impugnado por cualquier persona, incluyendo la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, o cualquier Senador que sienta que se está violando esta disposición.

Pero además de las razones jurídicas que serían suficientes, porque cualquier abogado, yo estoy seguro que aquí, independientemente de que hay buenos abogados en los partidos o en los grupos parlamentarios que representan a los partidos, también hay gente con sentido común.

Yo por ejemplo he sentido mucho reconocimiento por gente que sin ser abogados tienen un sentido muy jurídico, provocado por el sentido común, y me parece que no da margen a la interpretación las disposiciones jurídicas a las que me he referido.

Pero por si no fuera suficiente, los antecedentes históricos más inmediatos. Recordemos que esta es una institución relativamente nueva, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá, en su existencia, apenas dos décadas y años de estar instituida con la autonomía y como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio.

Precisamente en 1999 se modificó la Constitución en el artículo 102 constitucional, y ahí en la discusión que se dio en el Constituyente, se demostró que era conveniente que el Senado de la República por mayoría calificada de las dos terceras partes aprobara ese nombramiento, y ahí en la discusión, porque el propio Constituyente dijo que la Comisión correspondiente sería la que hiciera todo el trabajo del procedimiento y presentaría la terna, y así se hizo.

En el tercero transitorio de esta reforma, si ustedes lo ven con cuidado y lo leen con cuidado, dice que la Comisión correspondiente será la Comisión de Derecho Humanos. La Comisión correspondiente se interpretó por el Senado de la República en 1999 por unanimidad, que se trataba de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, y así fue.

En 1999, cuando por vez primera se aplica el procedimiento descrito en los artículos 102 constitucional y en el 10 y 11 de la Ley Orgánica, fue únicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que llevó a cabo una consulta, una auscultación, se presentaron ocho candidatos y resultó electo el actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que había estado luchando la propia señora Rocatti, que dejó el cargo al actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Es más, quien presidía la Cámara de Senadores era un miembro de este parlamento actualmente, era la Senadora, si mal no recuerdo, María de los Angeles Moreno; ella era la Presidenta y la Comisión de Derechos Humanos llevó a cabo todo el procedimiento sin que nadie, ningún Senador se opusiera, desde entonces la interpretación auténtica de esta disposición lo fue el que la Comisión de Derechos Humanos era la Comisión correspondiente.

No sólo eso, sino que las propias convocatorias, las convocatorias pertinentes para la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, todas eran lanzadas y suscritas por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.

Más tarden en el 2004, cuando concluyó el primer plazo de los cinco años de "Soberanes", este Senado, en aquel momento lo ratificó y de nueva cuenta quien hizo la auscultación, la convocatoria y todo el trabajo relativo al procedimiento, fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En una primera instancia la presidía un presidente originario del “PRI”, la segunda fue Sadot, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y solamente la Comisión fue la que llevó a cabo todo el trabajo. Pareciera ser una situación nimia, pequeña, sin ninguna trascendencia, no lo es así, por eso yo les pido su reflexión.

Ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Derechos Humanos, les quiero decir que me alegró que ésta se hubiera llevado a cabo mediante un ambiente de armonía, de respeto y en donde hubo intercambios de puntos de vista.

Creo que todavía estamos a tiempo de mejorar la redacción del Acuerdo.

Nosotros no estamos a favor de este Acuerdo. Si se sostiene como está, vamos votar en contra, y les adelantamos que vamos a interponer el recurso pertinente ante los órganos jurisdiccionales.

Hay tres vías: Acción de inconstitucionalidad; controversia constitucional, que para muchos no se juntan los extremos jurídicos para la hipótesis, y un último que es el amparo, precisamente de quien se sienta lastimado o agraviado para interponer el recurso ante los órganos jurisdiccionales federales.

Por eso, quizás, con el tiempo dirían: “Vamos a ganarlo, hablamos con el juez, la corte”. Sí, pero es un procedimiento largo.

Nosotros sostenemos que quienes quieren que las comisiones sean las que dictaminen, se equivocan.

Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos…

- El C. Presidente García Cervantes: Senador Ricardo Monreal, le solicito terminar.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Sí, señor Presidente, perdón.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Concluyo.

Finalmente, la Comisión tiene un voto ponderado en su integración. Se requieren dos terceras partes, tendremos que llevar a cabo un proceso amplio, como la ley lo determina. No habría, pues, necesidad de entrar a ninguna situación de debate que resultara, de inicio, muy desafortunado para esta elección y más en estos momentos.

Señor Presidente, me reservo, para que una vez de que se concluya el proceso, hacer una propuesta de modificación, en su momento, de algunos puntos concretos del Acuerdo que se somete a la consideración del Pleno.

Muchas gracias por su tolerancia.

- El C. Presidente García Cervantes: Senador Ricardo Monreal, le solicitaría no abandone la tribuna, por lo siguiente.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han agotado los oradores inscritos en contra y en pro.

Por lo tanto le solicito, Senador Ricardo Monreal, ya que usted ha planteado la oportunidad de presentar modificaciones, que las haga en este momento para que la Asamblea pueda tomar en consideración su propuesta de modificación antes de procesar en los términos del acuerdo.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: ¿No hay oradores, señor Presidente?

- El C. Presidente García Cervantes: No hay oradores inscritos.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Sí, voy a presentar la propuesta.

Bueno, miren, simple y sencillamente estoy proponiendo modificaciones a los siguientes artículos:

Al primero, para quedar como sigue. Si ustedes ven, en el primero, señala las tres comisiones.

Quedaría: “La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República emitirá una convocatoria para invitar a las organizaciones sociales representativas de los diversos sectores de la sociedad”.

¿Por qué estoy proponiendo esta modificación? Y si me permite, señor Presidente, en un solo acto agotaré las propuestas de los cuatro artículos para que no haga una intervención en cada artículo, también solicitándole su consideración del tiempo, para que en un solo acto agote las propuestas de los cuatro artículos.

- El C. Presidente García Cervantes: Sí, es lo que la Presidencia le solicita, que en una sola intervención haga sus propuestas de modificaciones para poder procesar correctamente y ordenadamente, tanto las modificaciones como el punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Miren ustedes, me parece un exceso -si ustedes revisan el Acuerdo- lo que la Junta de Coordinación Política intenta hacer.

En su Artículo Primero dice: “Para la elección de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, -tres comisiones- con la conducción de la primera de dichas comisiones, deberán presentar a la Junta de Coordinación Política un proyecto de convocatoria”.

Son facultades que no son de la Junta de Coordinación Política, ni tampoco de la comisión presentarle un proyecto a la Junta para que esta apruebe la convocatoria. No se ha hecho nunca, es una actitud sobradamente innecesaria de la Junta de este artículo, que estoy proponiendo su modificación.

Segundo.- De nueva cuenta en el segundo dice lo siguiente: “La Junta de Coordinación Política, fíjense nada más, desplaza y sustituye a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos”.

En el Artículo Segundo, primero tiene la Junta que someterlo, el proyecto de convocatoria, para que la Junta lo apruebe.

Segundo.- La Junta de Coordinación Política tomará conocimiento de este proyecto de convocatoria y, en su caso, lo aprobará. O sea, la Junta lo aprobará, ni siquiera el Pleno.

La Comisión de Derechos Humanos y las tres comisiones tienen la obligación de consultarle. Y después la Junta de Coordinación dirá: si está bien o está mal, y dirá: si se publica o no; y dirá: “También la Junta de Coordinación Política cuándo deberá publicarse”. Todo eso ha sido materia de la Comisión de Derechos Humanos durante toda la vida. ¿Por qué ahora se le intenta sustituir?

Tercero.- Por si no fuera esto, fíjense ustedes, dice así: “La convocatoria aprobada -en el punto tercero- la convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política”.

Es decir, es una dictadura de la Junta de Coordinación Política, no es la facultad de la Junta de Coordinación Política aprobar este tipo de procedimientos que son de la Comisión de Derechos Humanos.

Y por último, una vez transcurrido el plazo para la recepción de opiniones y propuestas, la Comisión de Derechos Humanos, se presentará el punto de Acuerdo conteniendo la terna, exclusivamente de la Comisión de Derechos Humanos.

Yo suprimiría también -y esta es mi propuesta- uno de los Artículos del Cuarto o el Sexto.

Fíjense lo que dicen, hasta mal redactada. O sea, copiaron, quienes hicieron el punto de Acuerdo, copiaron la convocatoria del ’99 y 2005, la copiaron y agregaron tautológicamente términos que no tenían las otras.

Miren ustedes, el Artículo Cuarto dice: “Las personas que sean propuestas como candidatos, deberán cubrir los requisitos establecidos por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Pues claro.

Es obvio que quienes quieran participar, tengan que cumplir con los requisitos.

Pero el artículo sexto, más adelante dice: “Las tres comisiones evaluarán la idoneidad de las mismas, de las propuestas, y verificarán que los candidatos cumplan con los requisitos de legibilidad establecidos en el artículo 9 de la ley.

Es decir, si ustedes ven en la Gaceta los Artículos Cuarto y Sexto, van a ver que es exactamente lo mismo.

Entonces, eliminen uno de ellos, y que quede solamente: “Que se cumplan los extremos que previene el artículo 9.

Yo quiero comentarles que, en el ambiente que se vivó ayer en la Comisión de Derechos Humanos, hubo sustitución de dos miembros: del Senador Cleominio Zoreda Novelo y del Senador Fernando Elizondo Barragán.

Y hubo una discusión racional, incluso por la mañana la Senadora Teresa Ortuño propuso una modificación al Artículo Séptimo, que me parece correcta y me parece muy sensata, que yo le dije: “Ojalá y esto nos pueda ayudar a allanar el camino para que no surja de origen viciado el procedimiento para elegir al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Este Artículo Séptimo, que señala la Senadora, está contenido aquí en mi propuesta, que dice textualmente o dice, para no leerlo textualmente: “Que las tres comisiones no serán las que emitan el dictamen que contenga la terna, sino que una vez concluido el plazo y una vez concluido el análisis y las comparecencias de los candidatos, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, será únicamente la que suscriba el dictamen que al Pleno enviará y que contenga la terna”.

Es decir, se suprime: el que sean las tres comisiones al final y que sea sólo la Comisión de Derechos Humanos la que emita, envíe y firme el dictamen que contenga la terna que al Pleno llegará para su votación definitiva, y por dos terceras partes elegir o designar al futuro Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Yo le pediría, señor Presidente, para no gastar más tiempo, porque este día como decía el Senador Felipe González, como que hay mucho barullo, hay mucha inquietud, hay mucho ruido y hay poca atención.

Yo sé que sus llamados han sido insistentes a la atención, no de todos, no tienen que pagarla todos, veo mucha gente atenta y les agradezco porque el tema es muy importante. Pero luego en los pasillos se llena de barullo, de ruido y no se atiende a los oradores que están en turno.

Le pediría, señor Presidente, que la Secretaría leyera concretamente la propuesta para no detenerme más tiempo. Y hay una actitud de todos, yo lo sentí, positiva. No hay una actitud de descalificación, me parece que eso puede ser un buen principio.

Yo vi ayer una discusión racional, civilizada, con argumentos en pro y en contra, y podemos, creo, iniciar un proceso que lejos de impugnarse surja por unanimidad, es muy sencillo. Ojalá y lo logremos.

Señor Presidente, muchas gracias por la tolerancia y su atención.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Ricardo Monreal.

Quiero rogar que la Secretaría antes de dar lectura tenga por escrito para no sujetarnos a interpretaciones de la Mesa, sino las propuestas por escrito del Senador Ricardo Monreal.

Quiero señalar a la Asamblea que también a partir de las proposiciones planteadas en tribuna por el Senador Ricardo Monreal, ha solicitado el uso de la palabra el Senador Felipe González. Antes de proporcionarle la palabra y para efectos de que toda la Asamblea pueda estar en condición de dar seguimiento a este procesamiento, les señalo a ustedes lo siguiente:

Hay una proposición con punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la cual un Senador ha planteado tres modificaciones. La Secretaría recibirá las tres modificaciones propuestas y se dará lectura a cada una de ellas y la Asamblea decidirá si se aceptan o no para ser incorporadas en el proyecto de Decreto o de punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Y finalmente la Asamblea votará el punto de Acuerdo con las modificaciones que la Asamblea haya introducido. Ese será el procesamiento y por ahora sólo ha solicitado el uso de la palabra para referirse a las propuestas planteadas por el Senador Ricardo Monreal, el Senador Felipe González, a quien se le otorga el uso de la palabra para referirse a las propuestas de modificación planteadas por el Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Felipe González González: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Buscando el poder tener una transparencia para el cumplimiento de la Constitución y al mismo tiempo poder llevar a buen término este acuerdo que se tuvo en la Junta de Coordinación Política, quiero proponer a ustedes que el séptimo punto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre el procedimiento de la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará como sigue, y lo pongo a su consideración.

Séptimo.- Concluida la fase de comparecencias a la que se refiere el apartado anterior, la Comisión de Derechos Humanos de manera exclusiva elaborará y emitirá un dictamen en el cual propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores, una terna de candidatos seleccionada entre las propuestas recibidas en virtud de la convocatoria.

Hasta ahí es la propuesta y se la entrego, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, Senador Felipe González.

Compañeras y compañeros, tenemos un proyecto de punto de Acuerdo planteado por la Junta de Coordinación Política, sobre ese proyecto de punto de Acuerdo tenemos tres proposiciones de modificación por parte del Senador Ricardo Monreal y una proposición de modificación a su texto por parte del Senador Felipe González.

Quiero rogar a la Secretaría dé lectura a una por una de las proposiciones de modificación y pregunte al término de su lectura a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no la modificación al proyecto de punto de Acuerdo. Presentadas tres por el Senador Ricardo Monreal y una por el Senador Felipe González.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Gómez.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño)De las proposiciones del Senador Monreal, hay una que se refiere al artículo primero del proyecto de Acuerdo. El Senador Monreal está objetando que la Junta de Coordinación Política subordine la actuación de una comisión y está proponiendo que sea subordinar al Pleno, que la Comisión de los Derechos Humanos le presente al Pleno un proyecto de convocatoria.

Entiendo yo, señor Presidente, que es para no sentar el precedente de que una comisión de dictamen requiere la aprobación previa de algo que va a ser de parte de la Junta. Y que sí se le requiera al Pleno del Senado la autorización para aplicar lo que dice el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entonces yo le sugiero, le pido, que el artículo primero sea votado por separado, porque es de naturaleza diferente, es un asunto interno nada más del funcionamiento y la jerarquía de los órganos del Senado. Y una vez que la propuesta del Senador Monreal en el primero se vote sí o no, lo que ya resulte de eso pues que se aplique al resto en lo conducente y después se voten las propuestas de modificación del mismo Senador Monreal versus la que presentó el Senador González.

- El C. Presidente García Cervantes: Senador Pablo Gómez, precisamente tratando de ser hasta escrupuloso en la explicación, he dicho que en todos los casos propuesta por propuesta será leída para conocimiento de la Asamblea y votada en términos económicos en forma separada una de otra. Y empezaremos por supuesto con la que se refiere al artículo primero del punto de Acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política que a su vez es la primera proposición de modificación del Senador Ricardo Monreal.

Estamos en ese procedimiento y quiero solicitar la colaboración de todos ustedes para poderlo procesar.

Senador Ricardo Monreal, desde su escaño, sólo por si es alguna moción, porque estamos haciendo un procedimiento.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Es moción sobre el procedimiento, señor Presidente. En efecto, lo que Pablo Gómez ha aclarado es correcto. Y yo le diría, señor Presidente, como procedimiento, que se lea para ilustrar a la Asamblea, que se lea el texto actual que tiene el Acuerdo, el texto propuesto por la Junta de Coordinación y el texto que estoy proponiendo en el caso del primer punto, porque en el caso del tercero y en el caso del quinto, que según mi tercera propuesta es exactamente lo que dice Pablo, para que no se subordine el trabajo de la Comisión a la Junta de Coordinación Política.

Si me permite, yo puedo auxiliar ahí al Secretario.

- El C. Presidente García Cervantes: No, intentaremos la Mesa Directiva, le agradezco mucho su propuesta, pero intentaremos la Mesa Directiva procesar correctamente.

Y para ello, obsequiando además su solicitud que plantea como moción, que simplemente consiste en solicitar que la Secretaría dé lectura a un documento y por lo tanto se concede y se obsequia.

Y voy a proceder de la siguiente manera, voy a solicitar al Secretario Rivera Pérez, dé lectura al texto del artículo primero del proyecto de punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Sólo eso, para que no haya confusión de la Asamblea, lo que nos lea el Secretario Rivera es la propuesta original de la Junta de Coordinación Política, y al señor Secretario Cleominio, le voy a pedir que, por favor, lea exclusivamente la propuesta en relación al artículo primero del punto de Acuerdo.

Proceda a dar lectura al documento solicitado, señor Secretario.

- El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: (Leyendo)

ACUERDO

PRIMERO.- Para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, con la conducción de la primera de dichas comisiones deberán presentar a la Junta de Coordinación Política, un proyecto de convocatoria abierta que atienda las disposiciones constitucionales y legales que regulan dicha elección. Este proyecto deberá someterse a la consideración del órgano de dirección a más tardar el día 21 de septiembre del presente año.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Pido al Secretario Zoreda lea la proposición en relación a este punto de modificación.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Con mucho gusto, señor Presidente, la propuesta dice:

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República emitirá una convocatoria para invitar a las organizaciones sociales representativas de los diversos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores de los derechos humanos a participar en una amplia auscultación que conduzca a determinar a quienes se considere idóneos para ser candidatos en la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Ahora por favor, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta de modificación planteada por el Senador Ricardo Monreal y leída por usted hace un instante.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada por el Senador Ricardo Monreal Avila, a la que se le acaba de dar lectura. Los que estén porque se acepte esta modificación, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Los que estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Se rechaza, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Bien, vamos a proceder a poner a consideración de la Asamblea, la segunda proposición planteada por el Senador Ricardo Monreal, que se refiere a modificaciones al artículo tercero del punto de Acuerdo. Si ustedes están de acuerdo y me autorizan a procesar de la misma manera, que el señor Secretario Rivera nos haga favor de leer el artículo tercero del punto de Acuerdo.

Por favor, sonido en el escaño del Senador Francisco Arroyo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Mire usted, para orientar el procedimiento parlamentario, yo le rogaría, fuese usted tan bondadoso de explicarnos el conjunto de las votaciones y el sentido que tendría a favor o en contra respecto de las reservas y quiénes las han presentado, si sólo están las reservas del Senador Monreal o entendemos que hay alguna del Senador Felipe González.

- El C. Presidente García Cervantes: No son reservas, son proposiciones de modificación al texto del punto de Acuerdo.

Estimados compañeros, no se puede votar un punto de Acuerdo y después modificarlo, lo que hace la Asamblea es, autoriza las modificaciones a los puntos de Acuerdo y posteriormente ya con las modificaciones la Asamblea decide si lo aprueba en esos términos.

Por lo tanto, cuando se rechaza una proposición se entiende que queda el texto de la propuesta original, la misma que será sometida a votación integralmente una vez desechadas o aprobadas las propuestas de modificación. Esa es la respuesta que puedo dar atendiendo su solicitud.

Espero haber sido claro y además espero haber sido correcto.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño)Señor Presidente, usted siempre es claro y siempre es correcto. Eso no está a duda ni a discusión, se nota y se ve, y además se aprecia y se agradece.

Pero mire usted, es una cortesía de compañeros de Mesa.

Pero mire usted, señor Presidente, la información que quisiéramos tener en la Asamblea es cuántas reservas hay y quiénes las han presentado, ya quedamos que no son reservas porque no estamos siguiendo el hilo conductor de votar en lo general y en lo particular en tratándose de un Acuerdo.

¿Cuáles son las propuestas de modificación?

- El C. Presidente García Cervantes: Las propuestas de modificación son: tres del Senador Ricardo Monreal, una que se refería al artículo primero del punto de Acuerdo, que ha sido leída, votada y no admitida; segundo, sobre el artículo tercero del punto de Acuerdo, también presentada por el Senador Ricardo Monreal, entregada por escrito, y se refiere al artículo tercero del punto de Acuerdo, que ahora procederemos a leer; y por último, una tercera proposición de modificación del texto en el artículo sexto de el texto original de la Junta de Coordinación Política; adicionalmente a estas tres, hay una propuesta del Senador Felipe González, que se refiere al texto en su artículo séptimo. Entonces iremos desahogando en orden cada una de ellas y al final la Asamblea sabrá cuál es el texto que está aprobando o rechazando.

Quiero advertir a la Asamblea, que también es ordinario que durante estos debates, y en estas aclaraciones continúa el trabajo político de acercamiento de las posiciones.

De tal manera que, si la Junta de Coordinación Política logra armonizar y logra un acuerdo, podrá hacer propuestas de modificación adicionales que ya estando en manos de la Asamblea es la Asamblea la que las recibe, las acepta o no.

Senador Santiago Creel, sonido en su escaño, por favor.

- El C. Senador Santiago Creel Miranda: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Independientemente del procedimiento que decida la Presidencia y la Mesa Directiva respecto a este punto, quiero informarle a la Mesa y a la Presidencia que hay un acuerdo respecto de las modificaciones que se han planteado, el acuerdo consiste en lo siguiente, que respecto a la convocatoria no pase por la Junta de Coordinación Política, sino que la propia comisión lo presente directamente al Pleno, para que sea aprobada por el Pleno la convocatoria.

- El C. Presidente García Cervantes: Le rogaría Senador que, esta proposición por escrito, referida puntualmente a uno de los artículos del proyecto de la Junta de Coordinación pueda presentarse en la Secretaría y procesarlo.

- El C. Senador Santiago Creel Miranda: (Desde su escaño)Correcto señor Presidente, simplemente para informar primero a usted, a la Presidencia, pero también a la Asamblea la parte sustantiva del acuerdo, de tal manera que posteriormente pueda yo hacer la presentación ya por escrito, si usted me lo permite, nada más terminar con el planteamiento.

- El C. Presidente García Cervantes: Por supuesto. En el ínter seguiremos procesando las proposiciones de modificación planteadas.

Bien, perdón, sonido en el escaño del Senador Madero Muñoz.

- El C. Senador Gustavo Madero Muñoz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para comentar que a nombre de la Junta de Coordinación Política queremos hacer propios los planteamientos expresados tanto por el Senador Felipe González, el Senador Ricardo Monreal también respecto al artículo séptimo, y la expresión del Senador Santiago Creel, para que puedan ser presentados, incluidos en el Acuerdo en esos términos.

- El C. Presidente García Cervantes: Muy bien. Yo les rogaría a los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política hagan saber en sus bancadas sobre estos apoyos, porque tendrán que ser reflejados en la votación en el momento en que se solicite.

Voy a proceder a desahogar… Sí, es que vamos a seguir otorgando la palabra, y la Presidencia tiene que procesar las proposiciones que se han planteado. Senador Ricardo Monreal, desde su escaño, por favor.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, en efecto, usted ha otorgado algunos trámites que desde nuestro punto de vista son correctos; sin embargo, por la multiplicidad y por no observar el procedimiento no se han desahogado las propuestas, sino que en el proceso de la discusión y de la reserva han surgido otras.

Yo le sugeriría, de manera respetuosa, para evitar confusiones, que nos diéramos 30 minutos los que estamos interesados o un representante de cada grupo parlamentario, para revisar el texto puntualmente y poder lograr este acuerdo del que usted hacía referencia, que es válido, aún cuando estemos en proceso de discusión.

Pero por la importancia del tema me parece que vale la pena intentar un acercamiento entre todos, porque escuché al Senador Madero, escuché al Senador Creel, al Senador Felipe González, y todos hicieron propuestas. Y en la formalidad del procedimiento sólo está la discusión de las propuestas que hicimos el Senador González y nosotros.

Esto altera o no altera, sino coincide con nuestras propuestas, que yo creo que en una buena redacción pudiéramos lograr ese consenso general.

- El C. Presidente García Cervantes: El propósito de esta Presidencia es servirle a la Asamblea y por supuesto a los grupos parlamentarios. Hemos iniciado un proceso de discusión, no es exacta y estrictamente una moción, me permite Senador Francisco, una moción suspensiva; sin embargo, si la Asamblea respalda la proposición que ha hecho el Senador Monreal, pues entonces quedaría suspendida esta discusión.

Pero esta Presidencia quisiera sostener que una vez iniciado el proceso de discusión de un punto pudiera desahogarse. Sin embargo, insisto, es un punto de Acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, por lo tanto si la Junta de Coordinación Política solicita espacio de tiempo para concluir una negociación, la Mesa Directiva no tiene ninguna objeción, si no la tiene la Asamblea.

Senador Francisco, tiene usted el uso de la palabra desde su escaño.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Mire usted, propongo con todo respeto el siguiente procedimiento. El Senador Monreal tiene derecho a presentar sus modificaciones y a que la Asamblea se pronuncie. Uno de los caminos sería que el Senador Monreal retirara sus modificaciones de tal suerte de hacer propias de la Junta de Coordinación Política que se ha expresado por medio de la voz de los Senadores Felipe González y Santiago Creel.

La otra es agotar en un solo evento las modificaciones del Senador Monreal e inmediatamente pasar a las modificaciones propuestas por los Senadores Creel y González, que la Junta de Coordinación Política ha hecho propias.

- El C. Presidente García Cervantes: Es lo que yo había propuesto. Que agotemos las proposiciones que ya se tienen. Al Senador Creel le pedí haga llegar a la Secretaría por escrito para, acto seguido, desahogar las propuestas del Senador Ricardo Monreal, la del Senador Felipe González, puedan conocerse los textos propuestos por la Junta de Coordinación Política.

Pero, bueno, vamos a seguir de curul en curul y de escaño en escaño. Senador Silvano Aureoles, desde su escaño.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: (Desde su escaño) Señor Presidente. A ver, yo quiero pedirle que continúe usted con el procedimiento que ya estaba llevando a cabo la Mesa, porque además las propuestas que se han vertido aquí se nota que hay mucha coincidencia.

Mientras se agota el procedimiento, que estaba ya usted implementando, se termina o se elabora la propuesta de agregado que planteaba el Senador Creel. En consecuencia, no vemos la necesidad de hacer una suspensión para continuar con el tema. Yo le ruego que continúe con el tema.

- El C. Presidente García Cervantes: Mire, la suspensión se está dando de hecho. Todas estas intervenciones están permitiendo que terminen sus negociaciones y me manden la redacción; pero no me parece como muy claro el estar acudiendo al procedimiento para estar ganando este tiempo.

Lo que yo tengo que hacer es procesar las solicitudes que han llegado a la Secretaría de esta Mesa Directiva en orden y en el tiempo que fueron planteadas. Si no se retiran se procesan y la Asamblea decide si el Senador Creel hace llegar el texto también se procesa, y por ahora le ofrezco el uso de la palabra, desde su escaño, al Senador Creel.

- El C. Senador Santiago Creel Miranda: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Ya se envió a la Secretaría, están por terminar esa redacción. Quizá un procedimiento más sencillo, si así lo acepta la Presidencia y la Mesa, podría ser, ya que está consensando las modificaciones que se han planteado a la Secretaría, ya que hay un acuerdo en ello, que simplemente se lean, se pongan a votación, y que el resto que no haya sido modificado quede tal y como se presentó originalmente.

- El C. Presidente García Cervantes: Senador Creel, yo le agradezco mucho la sugerencia de buscar un procedimiento sencillo, pero yo me tengo que ir por el procedimiento más apegado a los reglamentos y a la Ley Orgánica, más cuando en la intervención que esta Presidencia ha escuchado, se señala la pretensión de llevar a una consideración jurisdiccional el procedimiento que este Senado haga de este asunto.

Por lo tanto, trato de ser escrupuloso, más que por la facilidad, por la legalidad y el apego al Reglamento para los efectos de dejar clara constancia del procesamiento de este asunto por el Senado de la República. Por lo tanto, solicito, vamos a referirnos a la propuesta planteada por el Senado Ricardo Monreal que versa sobre el texto del artículo tercero de la propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Solicito al señor Secretario Rivera Pérez, dé lectura al texto del artículo tercero de la propuesta de la Junta de Coordinación Política e inmediatamente después el Secretario Zoreda Novelo le dé lectura a la proposición del Senador Ricardo Monreal.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Artículo tercero del Acuerdo de la Junta de Coordinación.

La convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política, se publicará a más tardar el día 30 de septiembre del presente año, en por lo menos dos diarios de circulación nacional, a efecto de que las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos manifiesten sus opiniones y propuestas.

La propia convocatoria deberá publicarse en la página de Internet del Senado de la República con la finalidad de brindarle la más amplia difusión posible.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario.

Pueden ustedes seguir la lectura en el texto que está en su Gaceta, y tienen sobre su escaño.

Señor Secretario, por favor dé lectura a la propuesta de modificación hecha por el Senador Ricardo Monreal.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Tercero.- La convocatoria aprobada por el Senado, se publicará a más tardar el día 30 de septiembre del presente año, en por lo menos dos diarios de circulación nacional, a efecto de que las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos manifiesten sus opiniones y propuestas.

La propia convocatoria deberá publicarse en la página de Internet del Senado de la República con la finalidad de brindarle la más amplia difusión posible.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Ahora le solicito, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación planteada por el Senador Ricardo Monreal, y leída por usted mismo.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de modificación presentada por el Senador Ricardo Monreal Avila, a la que acabo de dar lectura. Los que estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Los que estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Vamos a proceder en los mismos términos, con la tercera propuesta del Senador Ricardo Monreal.

Inmediatamente después entregaré a la Secretaría el texto de la propuesta de modificación, que incorpora la del Senador Felipe González y las de la Junta de Coordinación. Agotado el punto de las propuestas del Senador Ricardo Monreal.

Pido a la Secretaría dé lectura al texto propuesto por la Junta de Coordinación Política, del artículo sexto. E inmediatamente después, a la propuesta de modificación al artículo sexto, planteado por el Senador Ricardo Monreal.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Artículo sexto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

Una vez transcurrido el plazo para la recepción de opiniones y propuestas, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, evaluarán la idoneidad de las mismas y verificarán que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario.

Secretario Zoreda Novelo, por favor.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Artículo sexto. Una vez transcurrido el plazo para la recepción de opiniones y propuestas, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, evaluará la idoneidad de las mismas y verificarán que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Ahora consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la propuesta de modificación.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Senador Ricardo Monreal Avila, que se refiere al artículo sexto de la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Los que estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea no asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aprueba la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias a los dos señores Secretarios.

A esta Presidencia informa el Senador Felipe González, que retira su propuesta que dejó por escrito en la Secretaría, para adherirse, y toda vez que está incluida en la propuesta de modificación que hace llegar a esta Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política.

Por lo tanto, solicito al Secretario Cleominio Zoreda, primero, dé lectura a la propuesta íntegra de modificación planteada por escrito por la propia Junta de Coordinación Política.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Propuesta de modificación.

Primero.- Para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, con la conducción de la primera de dichas comisiones deberán presentar al Pleno, un proyecto de convocatoria abierta que atienda las disposiciones constitucionales y legales que regulan dicha elección. Este proyecto deberá someterse a la consideración de la Asamblea del Senado a más tardar el día 21 de septiembre del presente año.

Segundo.- El Pleno del Senado tomará conocimiento de este proyecto de convocatoria, y en su caso, lo aprobará a más tardar el día 28 de septiembre del presente año.

Tercero.- La convocatoria aprobada por la Cámara, se publicará a más tardar el día 30 de septiembre del presente año, en por lo menos dos diarios de circulación nacional, a efecto de que las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos manifiesten sus opiniones y propuestas.

La propia convocatoria deberá publicarse en la página de Internet del Senado de la República, con la finalidad de brindarle la más amplia difusión posible.

El siguiente artículo modificado, es el séptimo. Dice:

Séptimo.- Concluida la fase de comparecencias a la que se refiere el apartado anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, emitirá un dictamen en el cual propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores, una terna de candidatos, seleccionada de entre las propuestas recibidas en virtud de la convocatoria.

El siguiente artículo, cuya propuesta es que se modifique, es el noveno. La propuesta dice:

Noveno.- Si durante la primera elección no se alcanzara el voto necesario para ocupar la vacante en los términos establecidos en el párrafo anterior, la Mesa Directiva ordenará, en su caso, que se lleve a cabo una segunda votación de la terna de que se trate.

Si concluida la segunda votación no se logra la votación requerida, el dictamen que contiene la terna correspondiente será devuelto a la Comisión de Derechos Humanos para que a la brevedad, presente un dictamen con una nueva terna de candidatos en los términos previstos por este Acuerdo Parlamentario.

Los demás artículos, a los que no se les dio lectura, permanecen en sus mismos términos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. Ahora le ruego que consulte a la Asamblea, en votación económica, si admiten las modificaciones propuestas, de las cuales usted ha dado cuenta con la lectura de las mismas.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas de modificación al acuerdo a las cuales se acaba de dar lectura. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban las propuestas, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, y no habiendo más propuestas de modificación, le ruego señor Secretario, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política con las modificaciones autorizadas por esta Asamblea.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si aprueba el punto de Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política y que ha sido modificado en los términos de las modificaciones a las cuales hemos procedido a votar. Los que estén por que se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con sus modificaciones, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Antes de declarar aprobado, para efectos de la moción que quiere presentar sobre procedimiento, que se ponga el sonido en el escaño del Senador Ricardo Monreal.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, le propondría simplemente que pudiera hacerse la votación nominal, porque es muy grave lo que está pasando, y yo creo que va a haber errores y vicios de procedimiento, pero es un asunto que ya se discutió.

Yo sí quisiera que quedara asentado en el Diario de Debates, quienes estuvimos en contra de este Acuerdo.

- El C. Presidente García Cervantes: Está votado, la Presidencia procede hacer la declaratoria, se aprueba en los términos el punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente al procedimiento para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se pide a la Secretaría Parlamentaria se deje clara constancia del voto en contra del Senador Ricardo Monreal Avila, y de quienes en este momento puedan identificar el sentido de su voto.

Muy bien, la Secretaría Parlamentaria toma la debida nota y deberá reflejarse en el Diario de los Debates el sentido de su voto, con mucho gusto.

El siguiente punto del Orden del Día, es la primera lectura de tres dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de Decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.






PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

(Dictámenes de primera lectura)

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Carlos Eduardo Jiménez Macotela, pueda aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/1099/09, de fecha 1 de septiembre de 2009, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Carlos Eduardo Jiménez Macotela, pueda aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las FuerzasArmadas de la República de Colombia.

B. El 3 de septiembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Carlos Eduardo Jiménez Macotela, pueda aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2009.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden de Dannebrog”, en grado de “Comendador 1ª Clase”, que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/300/975/09, de fecha 2 de marzo de 2009, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden de Dannebrog”, en grado de “Comendador 1a Clase”, que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca.

B. El 11 de marzo de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Mario Rodolfo Segura Villaseñor, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden de Dannebrog”, en grado de “Comendador 1ª Clase”, que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, D. F., a 10 de septiembre de 2009.

COMISION DE GOBERNACION”.

“COMISION DE GOBERNACION

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de permiso enviada por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para que el C. Hugo Argote Oropeza, pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil, en virtud de que fue sometida a la aprobación del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, la Comisión de Gobernación presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/1202/09, de fecha 2 de septiembre de 2009, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. Gonzalo Altamirano Dimas, se dirigió al Senado de la República, solicitando se diera trámite ante el H. Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Hugo Argote Oropeza, pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

B. El 3 de septiembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión de Gobernación recibió la solicitud con los documentos anexos, en donde se desprende que se acredita la condición de ciudadano mexicano del solicitante, con la copia simple de la copia certificada de su acta de nacimiento, así como copia simple de su curriculum vitae, identificación oficial y del escrito por el que el ciudadano solicita autorización para aceptar la condecoración referida.

II. En virtud de que en el presente caso no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, no implica sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

III. De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos para ser autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo asentado en los considerandos de este dictamen, la Comisión de Gobernación somete a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso para que el C. Hugo Argote Oropeza, pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, en México, D. F., a 10 de septiembre de 2009.

COMISION DE GOBERNACION”.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Quedan de primera lectura.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos para votarlos de manera conjunta en un solo acto. Si algún Senador desea referirse a alguno de ellos, por favor haga manifestación para reservarlo y darle una discusión en lo particular. Proceda el Secretario a dar lectura a los dictámenes.






COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS, NORTE

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE ASUNTOS FERINTERIZOS, NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República, fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen, la propuesta con punto de Acuerdo presentado por los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, José Luis García Zalvidea, Silvano Aureoles Conejo, Lázaro Mazón Alonso y Amira Gricelda Gómez Tueme, en el cual el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a rechazar de manera determinante la aplicación del herbicida Imazapyr o cualquier otro que tenga efectos negativos en la salud pública o el equilibrio ecológico, en la zona fronteriza del Río Bravo.

Esta Comisión, con las facultades que le confieren los artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 26 de marzo de 2009, los Senadores Rubén Velázquez López, Antonio Mejía Haro, José Luis García Zalvidea, Silvano Aureoles Conejo, Lázaro Mazón Alonso y Amira Griselda Gómez Tueme, presentaron la proposición con punto de Acuerdo en el cual el Senado de la República exhorta ala Secretaría de Relaciones Exterioresa instruir a la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a rechazar de manera determinante la aplicación del herbicida Imazapyr o cualquier otro que tenga efectos negativos en la salud pública o el equilibrio ecológico, en la zona fronteriza del Río Bravo.

En la misma fecha, se turno el referido punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su estudio y dictamen correspondiente.

Los promoventes del punto de Acuerdo hacen referencia en la parte expositora, que el 18 de marzo el gobierno municipal de Laredo Texas, en el país vecino, aprobó la aplicación de un herbicida llamado Imazapyr a lo largo de aproximadamente dieciséis millas del río bravo del lado estadounidense, para eliminar el carrizo especie invasiva que no obstante, es común en los sistemas de humedades y hasta cierto grado, contribuye al tratamiento natural de las aguas, favoreciendo su oxigenación convirtiéndose además en albergue, comida o parte importante del ecosistema de cientos de especies animales.

También explican que la aplicación de este herbicida sería con helicóptero lo que representaría un grave daño al ecosistema al no ser selectiva la forma de su utilización sin contar los efectos y repercusiones en la población como irritaciones en los ojos y piel, afectaciones moderadas en el sistema respiratorio, temblores, pérdida de coordinación, desmayos y vómitos severos, todo esto se generaría debido a que la toma de agua potable de Nuevo Laredo se encuentra a menos de quinientos metros de la toma principal de agua potable, misma que abastece al ochenta por ciento de la población en el estado de Tamaulipas.

Dicha medida no contempla lo postulado por los especialistas quienes destacan que de aplicarse el herbicida se pondría en peligro el hábitat de más de mil especies de aves, igualmente seres vivos acuáticos y vegetales, un costo muy elevado solo para que la patrulla fronteriza pueda realizar sus funciones y los indocumentados ya no encuentren un escondite en los carrizos.

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República procede a la elaboración del presente dictamen conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes suscriben el presente dictamen reconocen las consecuencias nocivas que generaría la aplicación del herbicida denominado Imazapyr o cualquier otro que generen daños y afectaciones a los seres humanos y el ecosistema de la zona del Río Bravo.

1. Derivado de lo anterior, esta comisión solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informara sobre las acciones emprendidas por esa institución respecto a la aplicación del herbicida, de igual forma a la Comisión Internacional de Límites y

2. Aguas, para que indicará cuales son las medidas que se implementarán así como el acuerdo al que se llegó con los representantes del gobierno norteamericano a fin de evitar la aplicación de herbicidas o cualquier otro que cause un daño al hábitat del Río Bravo.

3. Respecto lo anterior, se recibió de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el comunicado de prensa número 30/09 de fecha 25 de marzo, por el cual informa el titular de esta dependencia el Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, “que ambas naciones elaborarán un análisis binacional para determinar la manera de controlar el problema migratorio sin tener que recurrir a medidas que afecten al medio ambiente.” De igual forma indica que tanto la institución a su cargo y la Comisión Internacional de límites y Aguas continuarán trabajando para que el gobierno de los Estados Unidos reconsideré la aplicación de herbicidas.

4. También se recibió de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el oficio número CEU00503/09 de fecha 6 de abril de 2009, por el cual el Comisionado Mexicano Interino el Ingeniero Luis A. Rascón Mendoza, informa lo siguiente:

• En julio de 2008, nuestra contraparte estadounidense nos informó sobre la intención del Gobierno de los Estados Unidos de realizar un proyecto piloto de eliminación de maleza(carrizo) en un tramo de 25.9 KM de longitud y de 100m de ancho, en la ribera izquierda del Río Bravo en el área de Laredo, Texas.

• El proyecto incluye una primer etapa de 2.7 KM de largo a partir de 180 m hacia aguas arriba de la toma de agua potable de Nuevo Laredo, Tam., haciendo uso de diversos métodos de control (corte manual con aplicación de herbicida, remoción mecánica, aspersión aérea de herbicida) y tres tipos de herbicidas (“Rodeo”, “Hábitat” y “Aquamaster”), para definir cuál de los métodos y productos químicos serán utilizados posteriormente en el proyecto de 25.9 KM.

• De acuerdo a la información estadounidense, los herbicidas mencionados son productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) para uso en o cerca de ambientes acuáticos al ser aplicados conforme a los procedimientos autorizados.

• Con base en la revisión de la información proporcionada por Estados Unidos y de acuerdo a las consultas realizadas, esta Sección mexicana ha manifestado a la parte estadounidense, desde septiembre de 2008, su objeción al proyecto de uso de herbicidas en sitios cercanos al Río Bravo, debido a sus potenciales efectos por factores tales como: nivel de toxicidad, vida media, métodos de aplicación ubicación respecto a plantas potabilizadoras y riesgo de deriva hacia el Río Bravo.

• Las autoridades estadounidenses han dado respuesta a las preocupaciones presentadas por la parte mexicana y han planteado una serie de acciones adicionales para prevenir la contaminación de las aguas del Río Bravo.

• El 24 de marzo pasado, la CILA coordinó una reunión binacional en donde las autoridades de ambos países discutieron el proyecto, con el resultado de que la aplicación de herbicidas que se había programado para el 25 de marzo, se suspendió en tanto no se presentara el estudio de impacto ambiental trasfronterizo y la parte mexicana tuviera la oportunidad de revisarlo y pronunciarse sobre el mismo.

• En este contexto, el 31 de marzo pasado se recibió de la Sección estadounidense la Evaluación Final de Impacto Ambiental realizada por Estados Unidos, la cual se distribuyó a las autoridades mexicanas competentes, y se ha programado una nueva reunión técnica binacional sobre el tema para el próximo 20 de abril.

5. Se recibió de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el oficio número CEU00597/09 de fecha 21 de abril de 2009, por el cual el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmon Castelo, informa lo siguiente:

• La parte mexicana expresó su acuerdo en que se utilice el método de remoción mecánica.

• La parte mexicana manifestó que el estudio impacto ambiental realizado por Estados Unidos no analizó los impactos de México, y en particular sobre la Potabilizadora de Nuevo Laredo, Tam., por lo que se solicitó a la parte estadounidense llevar a cabo la evaluación de los impactos del proyecto en México y ésta tenga la oportunidad de revisarla y emitir su opinión sobre la misma.

• La parte estadounidense reiteró que se ha descartado la aspersión aérea, que se ha iniciado con la remoción mecánica, pero que no puede garantizar que no se aplicarán herbicidas en forma tópica.

• En este contexto, este Organismo continuará expresando su oposición al proyecto de aplicación de herbicidas en tanto no se determine su impacto en el lado Mexicano.

6.- De igual forma se recibió en fecha 7 de mayo del año en curso, procedente de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, oficio número SEL/300/2029/09 de fecha 29 de abril de 2009, por el cual el Subsecretario Cuauhtémoc Cardona Benavides, informa lo siguiente:

• Mediante oficio No. 170/UCVPS/DGAVS/547/09, el Dr. Lucio Galileo Lastra Marín, Director General Adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, remite información relacionada con la proposición con punto de acuerdo, relativa al rechazo de la aplicación del herbicida Imazapyr o cualquier otro que tenga efectos negativos en la salud pública o el equilibrio ecológico.

7.- Oficio No. 170/UCVPS/DGAVS/547/09, suscrito por Dr. Lucio Galileo Lastra Marín, Director General Adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud concluye lo siguiente:

• Al respecto, me permito acompañar oficio CEMAR/1/OR/165/2009, suscrito por la M. en C. Rocío Alatorre Eden-Wynter, Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

8.- Oficio CEMAR/1/OR/165/2009, suscrito por la M. en C. Rocío Alatorre Eden-Wynter, Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios concluye lo siguiente:

Sobre el particular me permito comentarle que el plaguicida Imazapyr está registrado en México para “Uso urbano” y en especial para el “control de malezas en áreas no cultivables”. Sin embargo los registros que actualmente se han otorgado en México NO sustentan su uso para el control de malezas acuáticas.

Finalmente, la política de esta Dependencia respecto del control de plagas en zonas urbanas es que el uso de plaguicidas debe ser la última alternativa, ya que en primera instancia se deben implementar alternativas no químicas y únicamente en caso de haber agotado éstas se podrán emplear plaguicidas, asimismo sólo se podrán usar los plaguicidas que específicamente hayan sido aprobados por esta Comisión.

9.- Oficio CEU01104/09 de fecha 8 de julio de 2009, suscrito por el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo, por el cual informa a esta comisión el último estado del asunto en cuestión y manifiesta lo siguiente:

• Como resultado de las gestiones de la CILA, mencionadas en nuestro escrito referido, el gobierno de Estados Unidos determinó el método de aspersión aérea de herbicidas, era el de mayor preocupación por la parte mexicana.

• En reunión binacional celebrada en el marco de este organismo, el día 20 de abril en ciudad Juárez Chih, se le reiteraron a la parte estadounidense las preocupaciones y oposición de México al uso de herbicidas, hasta en tanto no se realice un estudio de impacto transfronterizo que considere los riesgos potenciales del proyecto en México, lo cual también se expresó por la vía diplomática a través de la cancillería.

• El día 27 de abril, el gobierno estadounidense inició unilateralmente la aplicación de herbicidas en territorio de ese país, contra lo cual esta Sección Mexicana manifestó nuevamente su protesta y oposición, a la vez que notificó sobre el inicio del proyecto a las autoridades mexicanas competentes a fin de tomas medidas procedentes.

• A partir del inicio de la aplicación de herbicidas, el personal de esta sección mexicana ha venido realizando visitas de inspección periódicas al sitio del proyecto para su seguimiento.

• El 29 de abril la Sección Mexicana solicitó el apoyo de las autoridades de la CONAGUA para efectuar el monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo en el área, el cual se ha llevado a cabo con apoyo también de la COMAPA de Nuevo Laredo, sin que a la fecha se haya detectado la presencia de herbicidas en las muestras tomadas.

• El 8 de mayo esta Sección Mexicana solicitó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), realizar estudios para evaluar los posibles impactos del proyecto estadounidense en territorio mexicano y las medidas de remediación procedentes.

• El día 15 de junio en Nuevo Laredo Tam., se efectuó una reunión entre personal de esta Sección Mexicana, el IMTA y la COMAPA de Nuevo Laredo, en donde se identificaron en forma preliminar, diversas medidas preventivas, incluyendo entre otras, la aplicación de carbón activado en las Plantas Potabilizadoras para inhibir la potencial presencia de herbicidas en el agua del Río Bravo. COMAPA ya procedió a la aplicación de esta medida preventiva iniciando en la planta sur.

• El 7 de julio la parte estadounidense nos remitió escrito dando respuesta a las preocupaciones y solicitud de evaluación de impacto transfronterizo planteadas por México. En esta respuesta se indica que no existe riesgo de preocupación por efecto del proyecto, ya que las concentraciones que pudieran llegar a presentarse en el Río Bravo como resultado del mismo aun considerando los escenarios más críticos, estarían muy por debajo de los umbrales de seguridad establecidos por las Agencias Estadounidenses competentes. Esta información se remitió al IMTA para su opinión sobre lo expresado por la parte estadounidense.

• Los resultados finales del estudio del IMTA se esperan para el mes de octubre próximo.

• Se tiene información de que los trabajos de eliminación del carrizo concluirán a mediados del mes de septiembre.

MODIFICACIONES A LA PROPOSICION

De lo vertido anteriormente esta Comisión considera realizarle modificaciones al Punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Que a sabiendas que la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha trabajado sobre el tema e informando a esta comisión legislativa, consideramos que se complemente el punto de acuerdo para que el propio organismo informe a este Senado sobre los acuerdos futuros a que llegue en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a que no se apliquen herbicidas en el Río Bravo evitando que se cause un daño a la población y un deterioro a los ecosistemas y la biodiversidad de la frontera norte.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, nos permitimos someter a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República rechaza cualquier medida nacional o foránea que pueda afectar la salud de los mexicanos y equilibrio ecológico, por lo que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, informe sobre los acuerdos a que se lleguen en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a que no se apliquen herbicidas en el Río Bravo, evitando se cause un daño a la población y un deterioro a los ecosistemas y la biodiversidad de la frontera norte, consiguiendo medios alternativos para la eliminación del carrizo.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE”.






COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, NORTE”.

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura a otro dictamen.

“COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República, fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen, la propuesta con punto de Acuerdo presentado por la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, en el cual el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a la Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que cada una dentro de sus atribuciones, hagan valer los acuerdos firmados entre México y Estados Unidos, y utilicen los instrumentos legales y diplomáticos con los que cuenta nuestro país, a fin de impedir que en las márgenes del Río Bravo sean vertidas sustancias que puedan afectar la salud de los habitantes, o afectar la biodiversidad de la región, y con esto hacer que se cumpla la normatividad aplicable a este caso, así también la Comisión Internacional de Límites y Aguas remita a esta Cámara de Senadores, copia de los estudios técnicos con los que cuenta.

Esta Comisión, con las facultades que le confieren los artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En la sesión celebrada el 31 de marzo de 2009, la Senadora Lázara Nelly González Aguilar presentó la proposición con punto de Acuerdo en el cual, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a la Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que cada una dentro de sus atribuciones, hagan valer los acuerdos firmados entre México y Estados Unidos, y utilicen los instrumentos legales y diplomáticos con los que cuenta nuestro país, a fin de impedir que en las márgenes del Río Bravo sean vertidas sustancias que puedan afectar la salud de los habitantes, o afectar la biodiversidad de la región, y con esto hacer que se cumpla la normatividad aplicable a este caso, así también se solicite a la Comisión Internacional de Límites y Aguas remita a esta Cámara de Senadores, copia de los estudios técnicos con los que cuenta.

En fecha 13 de mayo de 2009, se turno el referido punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su estudio y dictamen correspondiente.

La promovente del punto de Acuerdo hacen referencia en la parte expositora, que el 18 de marzo el gobierno municipal de Laredo Texas, en el país vecino, aprobó a la patrulla fronteriza la aplicación de un herbicida llamado glifosfato o Imazapyr, para eliminar el carrizo a lo largo del río bravo del lado estadounidense, con la justificación de la seguridad de los municipios fronterizos de Texas, para tener mayor visibilidad de detectar el cruce de migrantes a territorio de los Estado Unidos.

También habla sobre el tratado que se suscribió entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de fecha 1944, por el cual se establece además de la cantidad de agua que corresponde a cada nación, el compromiso de mantener la calidad del agua no solo del río bravo, sino de los afluentes que lo alimentan. Señala además la legisladora, en este sentido, existe una normatividad que compromete a ambas naciones a impedir que se viertan cualquier tipo de contaminantes que pudieran atentar contra la salud de la población, aun so pretexto de la seguridad nacional.

De igual forma hace referencia que la aplicación de este herbicida, representaría un grave daño en la población como irritaciones en los ojos y piel, sin contar sobre la afectación sobre la biodiversidad, por último se hace mención que la Universidad de Cornell en Nueva York, reconoce que esta substancia no debe ser aplicada cerca de acuíferos, pozos o ríos

Dicha medida no contempla lo postulado por los especialistas quienes destacan que de aplicarse el herbicida se pondría en peligro el hábitat de más de mil especies de aves, igualmente seres vivos acuáticos y vegetales, un costo muy elevado solo para que la patrulla fronteriza pueda realizar sus funciones y los indocumentados ya no encuentren un escondite en los carrizos.

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República procede a la elaboración del presente dictamen conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Quienes suscriben el presente dictamen reconocen las consecuencias nocivas que generaría la aplicación del herbicida denominado Imazapyr o cualquier otro que generen daños y afectaciones a los seres humanos y el ecosistema de la zona del Río Bravo.

2. Derivado de lo anterior, esta comisión solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, informara sobre las acciones emprendidas por esa institución respecto a la aplicación del herbicida, de igual forma a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para que indicará cuales son las medidas que se implementarán así como los acuerdos que se llegaron con los representantes del gobierno norteamericano a fin de evitar la aplicación de herbicidas o cualquier otro que cause un daño al hábitat del Río Bravo, así como se remitieran los estudios técnicos con los que cuenta.

3. Respecto lo anterior, se recibió de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el comunicado de prensa número 30/09 de fecha 25 de marzo, por el cual informa el titular de esta dependencia el Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, “que ambas naciones elaborarán un análisis binacional para determinar la manera de controlar el problema migratorio sin tener que recurrir a medidas que afecten al medio ambiente.” De igual forma indica que tanto la institución a su cargo y la Comisión Internacional de límites y Aguas continuarán trabajando para que el gobierno de los Estados Unidos reconsideré la aplicación de herbicidas.

4. También se recibió de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el oficio número CEU00503/09 de fecha 6 de los corrientes, por el cual el Comisionado Mexicano Interino el Ingeniero Luis A. Rascón Mendoza, informa lo siguiente:

• En julio de 2008, nuestra contraparte estadounidense nos informó sobre la intención del Gobierno de los Estados Unidos de realizar un proyecto piloto de eliminación de maleza(carrizo) en un tramo de 25.9 KM de longitud y de 100m de ancho, en la ribera izquierda del Río Bravo en el área de Laredo, Texas.

• El proyecto incluye una primer etapa de 2.7 KM de largo a partir de 180 m hacia aguas arriba de la toma de agua potable de Nuevo Laredo, Tam., haciendo uso de diversos métodos de control (corte manual con aplicación de herbicida, remoción mecánica, aspersión aérea de herbicida) y tres tipos de herbicidas (“Rodeo”, “Hábitat” y “Aquamaster”), para definir cuál de los métodos y productos químicos serán utilizados posteriormente en el proyecto de 25.9 KM.

• De acuerdo a la información estadounidense, los herbicidas mencionados son productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) para uso en o cerca de ambientes acuáticos al ser aplicados conforme a los procedimientos autorizados.

• Con base en la revisión de la información proporcionada por Estados Unidos y de acuerdo a las consultas realizadas, esta Sección mexicana ha manifestado a la parte estadounidense, desde septiembre de 2008, su objeción al proyecto de uso de herbicidas en sitios cercanos al Río Bravo, debido a sus potenciales efectos por factores tales como: nivel de toxicidad, vida media, métodos de aplicación ubicación respecto a plantas potabilizadoras y riesgo de deriva hacia el Río Bravo.

• Las autoridades estadounidenses han dado respuesta a las preocupaciones presentadas por la parte mexicana y han planteado una serie de acciones adicionales para prevenir la contaminación de las aguas del Río Bravo.

• El 24 de marzo pasado, la CILA coordinó una reunión binacional en donde las autoridades de ambos países discutieron el proyecto, con el resultado de que la aplicación de herbicidas que se había programado para el 25 de marzo, se suspendió en tanto no se presentara el estudio de impacto ambiental trasfronterizo y la parte mexicana tuviera la oportunidad de revisarlo y pronunciarse sobre el mismo.

• En este contexto, el 31 de marzo pasado se recibió de la Sección estadounidense la Evaluación Final de Impacto Ambiental realizada por Estados Unidos, la cual se distribuyó a las autoridades mexicanas competentes, y se ha programado una nueva reunión técnica binacional sobre el tema para el próximo 20 de abril.

5. De igual forma se recibió de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el oficio número CEU00597/09 de fecha 21 de abril de 2009, por el cual el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmon Castelo, informa lo siguiente:

• La parte mexicana expresó su acuerdo en que se utilice el método de remoción mecánica.

• La parte mexicana manifestó que el estudio impacto ambiental realizado por Estados Unidos no analizó los impactos de México, y en particular sobre la Potabilizadora de Nuevo Laredo, Tam., por lo que se solicitó a la parte estadounidense llevar a cabo la evaluación de los impactos del proyecto en México y ésta tenga la oportunidad de revisarla y emitir su opinión sobre la misma.

• La parte estadounidense reiteró que se ha descartado la aspersión aérea, que se ha iniciado con la remoción mecánica, pero que no puede garantizar que no se aplicarán herbicidas en forma tópica.

• En este contexto, este Organismo continuará expresando su oposición al proyecto de aplicación de herbicidas en tanto no se determine su impacto en el lado Mexicano.

6.- Se recibió en fecha 5 de junio del año en curso, procedente de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, oficio número SEL/300/2369/09 de fecha 2 de junio de 2009, por el cual el Subsecretario Manuel Minjares Jiménez, informa lo siguiente:

• Mediante oficio No. 170/UCVPS/DGAVS/696/09, el Dr. Lucio Galileo Lastra Marín, Director General Adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, remite información relacionada con la proposición con punto de acuerdo, relativa al rechazo de la aplicación del herbicida Imazapyr o cualquier otro que tenga efectos negativos en la salud pública o el equilibrio ecológico.

7.- Oficio No. 170/UCVPS/DGAVS/696/09, suscrito por Dr. Lucio Galileo Lastra Marín, Director General Adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud concluye lo siguiente:

• Al respecto, me permito acompañar oficio CEMAR/196/2009, suscrito por la M. en C. Rocío Alatorre Eden-Wynter, Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

8.- Oficio CEMAR/196/2009, suscrito por la M. en C. Rocío Alatorre Eden-Wynter, Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios concluye lo siguiente:

• La política en salud es sin lugar a duda, coadyuvar en el cumplimiento de estos acuerdos, además de prevenir cualquier riesgo a la salud, por lo que las opiniones que esta Comisión Federal ha emitido con relación al tema en cuestión, han consistido en fomentar métodos alternativos para el control de maleza y en caso de ser necesario como última alternativa utilizar métodos de control químico siempre y cuando estos cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes.

9.- Oficio CEU01104/09 de fecha 8 de julio de 2009, suscrito por el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo, por el cual informa a esta comisión el último estado del asunto en cuestión y manifiesta lo siguiente:

• Como resultado de las gestiones de la CILA, mencionadas en nuestro escrito referido, el gobierno de Estados Unidos determinó el método de aspersión aérea de herbicidas, era el de mayor preocupación por la parte mexicana.

• En reunión binacional celebrada en el marco de este organismo, el día 20 de abril en ciudad Juárez Chih, se le reiteraron a la parte estadounidense las preocupaciones y oposición de México al uso de herbicidas, hasta en tanto no se realice un estudio de impacto transfronterizo que considere los riesgos potenciales del proyecto en México, lo cual también se expresó por la vía diplomática a través de la cancillería.

• El día 27 de abril, el gobierno estadounidense inició unilateralmente la aplicación de herbicidas en territorio de ese país, contra lo cual esta Sección Mexicana manifestó nuevamente su protesta y oposición, a la vez que notificó sobre el inicio del proyecto a las autoridades mexicanas competentes a fin de tomas medidas procedentes.

• A partir del inicio de la aplicación de herbicidas, el personal de esta sección mexicana ha venido realizando visitas de inspección periódicas al sitio del proyecto para su seguimiento.

• El 29 de abril la Sección Mexicana solicitó el apoyo de las autoridades de la CONAGUA para efectuar el monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo en el área, el cual se ha llevado a cabo con apoyo también de la COMAPA de Nuevo Laredo, sin que a la fecha se haya detectado la presencia de herbicidas en las muestras tomadas.

• El 8 de mayo esta Sección Mexicana solicitó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), realizar estudios para evaluar los posibles impactos del proyecto estadounidense en territorio mexicano y las medidas de remediación procedentes.

• El día 15 de junio en Nuevo Laredo Tam., se efectuó una reunión entre personal de esta Sección Mexicana, el IMTA y la COMAPA de Nuevo Laredo, en donde se identificaron en forma preliminar, diversas medidas preventivas, incluyendo entre otras, la aplicación de carbón activado en las Plantas Potabilizadoras para inhibir la potencial presencia de herbicidas en el agua del Río Bravo. COMAPA ya procedió a la aplicación de esta medida preventiva iniciando en la planta sur.

• El 7 de julio la parte estadounidense nos remitió escrito dando respuesta a las preocupaciones y solicitud de evaluación de impacto transfronterizo planteadas por México. En esta respuesta se indica que no existe riesgo de preocupación por efecto del proyecto, ya que las concentraciones que pudieran llegar a presentarse en el Río Bravo como resultado del mismo aun considerando los escenarios más críticos, estarían muy por debajo de los umbrales de seguridad establecidos por las Agencias Estadounidenses competentes. Esta información se remitió al IMTA para su opinión sobre lo expresado por la parte estadounidense.

• Los resultados finales del estudio del IMTA se esperan para el mes de octubre próximo.

• Se tiene información de que los trabajos de eliminación del carrizo concluirán a mediados del mes de septiembre

10.- Oficio CEU 01305/09 de 17 de agosto de 2009, suscrito por el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo, mediante el cual envía a esta Comisión copia de los estudios técnicos con los que cuenta esa Comisión, así mismo un disco compacto proporcionado por su contraparte estadounidense y que contiene lo siguiente:

• Manifestación Final de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

• Ficha técnica del fabricante (Monsanto) sobre el herbicida “Aquamaster”.

• Información técnica sobre el herbicida “Aquamaster”.

• Información sobre seguridad del herbicida “Aquamaster”.

• Información técnica sobre el herbicida “ Rodeo”

• Información sobre seguridad del herbicida “Rodeo”.

• Ficha técnica del fabricante (BASF) sobre el herbicida “Hábitat”

• Información técnica sobre el herbicida “hábitat”.

• Información sobre seguridad del herbicida “Hábitat”.

• Información para la CILA (IBWC) sobre herbicidas (26 de marzo de 2009)

• Documento de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) intitulado “Re-regitration Eligilibility Decisión” sobre el químico glifosfato.

• Documento de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) intitulado “Re-registration Eligilibility Decisión” sobre el químico imazapyr.

• Manual técnico sobre el imazapyr.

• Manual técnico sobre el glifosfato.

• Preguntas frecuentes y respuestas sobre el proyecto estadounidense de control de carrizo en Laredo, Texas (versiones en inglés y español).

• Asimismo, envía copia impresa del documento intitulado: “Respuestas a los cuestionamientos del Gobierno de México sobre la aplicación de los herbicidas Imazapyr y Glifosfato para el control y erradicación del carrizo en la margen estadounidense del Río Grande”, mediante el cual la parte estadounidense responde a los señalamientos de México respecto a la necesidad de un estudio de impacto transfronterizo que considere los riesgos potenciales del proyecto en nuestro país, en conformidad con lo indicado en nuestros escritos Núms. CEU 00503/09 y CEU 01104/09, de fechas 6 y 21 de abril, y 8 de julio de 2009 respectivamente, remitidos a la Secretaria Técnica de su digno cargo describiendo las gestiones desarrolladas por esta Sección Mexicana en relación al proyecto estadounidense de control de carrizo en Laredo, Texas.

MODIFICACIONES A LA PROPOSICION

De lo vertido anteriormente esta Comisión considera realizarle modificaciones al Punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Que a sabiendas que la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha trabajado sobre el tema e informando a esta comisión legislativa, consideramos que se complemente el punto de acuerdo para que el propio organismo informe a este Senado sobre los acuerdos futuros a que llegue en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a que no se apliquen herbicidas en el Río Bravo evitando que se cause un daño a la población y un deterioro a los ecosistemas y la biodiversidad de la frontera norte.

Así también que la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, haga valer la aplicación de los Tratados de Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América celebrados en 1944.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, se permite someter a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se informen los acuerdos a que se lleguen en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la finalidad que no se apliquen herbicidas para evitar se cause un daño a la población fronteriza y undeterioro a los ecosistemas y la biodiversidad de la región en ambos lados, consiguiendo medios alternativos para la eliminación del carrizo.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se haga valer la aplicación de los Tratados de Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de 1944.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE”.






COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS, NORTE

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República, fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen, la propuesta con punto de Acuerdo presentado por el Senador Fernando Castro Trentri, en el cual la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emita una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por la decisión que tomó el gobierno del Estado de California para preliberar reos anticipadamente y, posteriormente, proceder a expulsar a los mexicanos que carecen de documentos migratorios, sin informar previamente al Gobierno Mexicano sobre esta decisión por la frontera de Baja California, toda vez que se pone en riesgo la seguridad de la región y del país.

Esta Comisión, con las facultades que le confieren los artículos 85, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

En la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el 26 de agosto de 2009, el Senador Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de Acuerdo en el cual, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores emita una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por la decisión que tomó el gobierno del Estado de California para preliberar reos anticipadamente y, posteriormente proceder a expulsar a los mexicanos que carecen de documentos migratorios, sin informar previamente al Gobierno Mexicano sobre esta decisión por la frontera de Baja California, toda vez que se pone en riesgo la seguridad de la región y del país.

En fecha del 28 de agosto, se turno el referido punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para su estudio y dictamen correspondiente.

El promovente del punto de Acuerdo hace referencia en la parte expositora, recientemente el Secretario del Departamento de Prisiones, Mathew Cate, mencionó que “Los Tribunales Federales han excedido su autoridad bajo el Acta de Reforma de Litigio de las Prisiones, y que impugnarían la orden de la corte para liberar anticipadamente a los reos”.

El procurador de California, Jerry Brown, calificó como “ambigua y poco clara” la resolución judicial, ya que los jueces sólo disponen el adelgazamiento de la población carcelaria, pero nunca definen cuáles presos serían liberados, o qué pasará si éstos reinciden.

Es así, que en el mes de noviembre del año en curso, el Estado de California excarcelará a 40 mil internos de sus cárceles, como parte del programa de despresurización carcelaria.

La decisión se tomó como solución para dar cumplimiento al fallo que emitió un Tribunal Federal en el que ordena al gobierno estatal desarrollar un plan para reducir la población carcelaria, pero nunca definen cuáles presos serían liberados, o qué pasará si éstos reinciden.

Jesse Navarro, director de relaciones públicas de la Procuraduría de California en San Diego, reconoció que el 60% de los internos que saldrán de prisión carecen de documentación migratoria por lo que no podrán permanecer en el país. Por tal motivo las autoridades de Baja California deberán tomar las medidas necesarias para recibir a los mexicanos que ingresaran por las garitas de México.

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República procede a la elaboración del presente dictamen conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Quienes suscriben el presente dictamen reconocen las consecuencias nocivas que generará para la parte norte de nuestro país, la deportación de convictos sin conocer su situación legal en México.

Cabe mencionar que esta medida de deportación, es el resultado de un panel integrado por tres jueces federales, los cuales resolvieron ordenar al gobierno estatal de California desarrollar un plan para reducir la población carcelaria a 110 mil internos en los próximos dos años, a fin de alcanzar los estándares de la nación.

La decisión del panel de los jueces, se da como resultado de un juicio de demandas colectivas que interpusieron por los familiares de los internos de las cárceles del estado de California en contra del gobierno de Schwarzenegger, el cual inició el 18 de noviembre de 2008, por el inadecuado sistema de salud mental y médico de las prisiones estatales.

El proyecto de deportación, comenzará a tener aplicación en el transcurso del mes en curso, ante los graves problemas sanitarios que afectan a las prisiones estatales por la sobrepoblación de internos.

California enfrenta un déficit presupuestal y una sobrepoblación en sus cárceles, lo que ha obligado a las deportaciones masivas de los presos que se encuentran ilegalmente en ese país.

Evitar la transgresión de los derechos humanos de los mexicanos que eventualmente serán deportados de la Unión Americana, así como prescindir de los maltratos y la estigmatización de la que puedan ser víctimas, es la petición que debe formular la cancillería mexicana al gobierno de los Estados Unidos de América, sobre la medida ordenada por las autoridades judiciales.

Así también no se confundan a los migrantes con delincuentes que hayan cometido algún ilícito.

MODIFICACIONES A LA PROPOSICION

De lo vertido anteriormente esta Comisión considera realizarle modificaciones al punto de Acuerdo, conforme a lo siguiente:

Es evidente y se observa que la medida que se menciona, no es una decisión del gobierno del estado de California, sino que se desprende del mandamiento de un órgano jurisdiccional como resultado de un proceso jurídico que se presentó por las malas condiciones carencias de medidas de salud que existen en las cárceles del estado de California.

Por lo que al tratarse de una disposición de carácter Judicial, la autoridad del estado de California está obligada a acatarla para no infringir la ley.

Por lo que se considera que resulta pertinente que la cancillería mexicana, únicamente solicite sean enviadas las fichas criminales de los mexicanos que vayan a ser deportados y de igual forma sea informado el gobierno mexicano con antelación a la deportación.

Así mismo la cancillería solicite al gobierno de los Estados Unidos de América, sean respetados los derechos humanos de los mexicanos durante su regreso al país.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno de Estados Unidos de América, las fichas criminales de los reos con nacionalidad mexicana que serán deportados ante la aplicación del programa de despresurización carcelaria en el Estado de California, así como sea notificado de las fechas en que sucedan.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite al gobierno de Estados Unidos de América, sean respetados y en todo momento observados los derechos humanos de los mexicanos que sea deportados durante su trayecto a México.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Están a discusión. Por no haber oradores, consulte la Secretaría si son de aprobarse los resolutivos leídos.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de Acuerdo por el que se exhorta a remitir un informe sobre la producción nacional de cacao.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de Acuerdo a fin de incentivar la producción nacional de cacao para la industria de chocolate.

Una vez recibida por la comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 94 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria, celebrada el día 28 de octubre de 2008, el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de incentivar la producción nacional del chocolate.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Agricultura y Ganadería mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-7609, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO

El senador expone en su proposición sobre la grave situación que presenta la producción nacional del cacao, en particular la industria chocolatera. Considera que el cacao tuvo un papel fundamental en la economía de los pueblos prehispánicos y que es una de las grandes aportaciones de América, concretamente los pueblos del altiplano mesoamericano.

Los principales componentes de la semilla del cacao son los hidratos de carbono con un 45% y las grasas 24%; y proporciona 293 calorías por cada 100 gramos, aproximadamente la mitad de las calorías presentes en una ración igual de chocolate. Por ello, entre mayor cantidad de cacao contenga el chocolate en cualquier presentación, mayor será su calidad nutricional.

Actualmente, México ya no es considerado como productor importante de cacao, sino como un consumidor; nuestro país consume entre el 2% y 2.5% de la producción mundial del chocolate.

Cabe señalar, que el cacao producido en México es de la variedad conocida como criolla. A pesar de que es un árbol frágil y de escaso fruto, por su calidad, se reserva para la fabricación de los chocolates más finos.

La industria chocolatera nacional enfrenta varios problemas como la baja producción de cacao, lo que obliga a importar la materia prima. Sin lugar a dudas, la importación de cacao afecta a la industria chocolatera nacional. De hecho, en un intento por preservar una parte importante de los consumidores mexicanos, los empresarios impulsaron la creación de la norma NOM-Chocolate que entró en vigor en el 2004 y que califica como producto de origen a las chocolateras mexicanas. Pero esto no ha sido suficiente.

Por último, el cacao está sujeto a los vaivenes del mercado mundial y a la especulación, razón por la que, pese al incremento de la demanda, el producto tiende a encarecerse. El senador señala que se debe apoyar a este sector mediante el fortalecimiento de las zonas de producción de Tabasco y Chiapas, la reintroducción del cultivo en zonas donde se dejó de producir, la introducción del cultivo del cacao en otras regiones de clima semejante, e incentivarla en las zonas de producción tradicional, como Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

CONSIDERACIONES

La agroindustria del cacao en México, se ha convertido en un sector reconocido a nivel nacional e internacional por su alta calidad de productos, y por tener una cadena integrada que va de la producción en el campo hasta productos semi-elaborados de cacao, la cual está integrado con empresas de clase mundial que utilizan sus productos en la elaboración de productos terminados, generando 4.98 millones de empleos al año, lo cual representa una actividad económica importante para el país.

El chocolate, es un producto distintivo de la cultura mexicana, reconocido por sus múltiples usos en la cocina mexicana, debido a su sabor y olor particular que lo hace único, además de sus beneficios energéticos debido al contenido de vitaminas como A y B1 y minerales como calcio, fósforo, cobre, hierro, magnesio y potasio.

Según datos de la Organización Internacional del Cacao, sesenta países producen cacao en todo el mundo. Los principales productores de cacao son Costa de Marfil y Ghana, concentrando el 35% y el 16% respectivamente de la producción mundial del grano, seguidos de Indonesia 14% y Nigeria 8%. América Latina produce el 12% del cacao mundial, especialmente Brasil y Ecuador. Brasil, a pesar de ser productor, no se considera exportador, ya que su producción se destina al consumo interno.

En lo que respecta al consumo, Europa concentra el 42% del total, América el 35% y Asia el 13% del consumo total. El principal consumidor individual de chocolate es Estados Unidos con el 37.5%. Este año se prevé que a nivel mundial se cosecharán 3 mil 659 millones de toneladas de cacao y se procesarán 3 mil 691 millones de toneladas, lo que arrojaría un déficit de 323 mil toneladas.

Los principales importadores de cacao son Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, seguidos por Estados Unidos que prácticamente monopolizan la producción de chocolate fino. A estos países se han unido a últimas fechas Japón y Singapur. Los principales consumidores de chocolates son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega, Dinamarca y Rusia.

Las importaciones de chocolate en México, provienen principalmente de Estados Unidos y Canadá, aunque también hay una fuerte presencia de productos de Francia, Bélgica y Colombia. A últimas fechas estas importaciones han aumentado por la pérdida de las cosechas provocada por fenómenos meteorológicos en entidades del sureste que concentran prácticamente la totalidad de la producción nacional de cacao. Por lo que hace a Tabasco, participan alrededor de 40 mil familias en 368 comunidades, en 17 municipios del estado. Y si bien el gobierno estatal ha implementado un programa de recuperación mediante apoyo al sector por más de 115 millones de pesos, es preciso que el Gobierno Federal se involucre más con la producción del cacao.

La producción de cacao en México está concentrada principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas, en 83 mil 350 hectáreas, sin embargo no es suficiente por lo que los fabricantes del ramo, importan miles de toneladas de cacao pagando altos aranceles, considerando que para producir chocolate a partir de las habas requiere de un proceso complicado, en consecuencia esta industria adquiere lapasta para después elaborar con métodos tradicionales el clásico chocolate mexicano.

Si bien es cierto, con la integración del Sistema-Producto Cacao, se ha mejorado el desarrollo del proceso productivo, fomentando el acceso a tecnología avanzada y programas de capacitación y asistencia técnica, con optimización de los costos de operación en beneficio de su industria y comercialización, aun no se satisface las necesidades de la cadena productiva, debido a la pérdida de cosechas, provocada por plagas e inundaciones que se han enfrentado los principales estados productores de cacao, lo que ha ocasionado un estancamiento en la producción de este insumo.

Ante tal panorama nacional e internacional, es necesario revertir estas tendencias, reconociendo el carácter estratégico del desarrollo del sector chocolatero, y por tanto, implementar políticas adecuadas para su fortalecimiento, teniendo como eje rector la Soberanía Alimentaria, dando paso a políticas públicas activas y renovando con ello el papel del Estado para establecer y regir con autodeterminación, políticas de autosuficiencia alimentaria, procesamiento, distribución y acceso de alimentos.

En busca del fortalecimiento de este sector, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsaran políticas, acciones y programas en el medio rural que sean considerados prioritarios para el país. En este sentido el Gobierno Federal y la Entidad Federativa de Tabasco, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, han decidido a apoyar a sus productores considerando que destina 41 mil 718 hectáreas a este cultivo, firmando un convenio de 982 millones de pesos para apoyar a los agricultores cacaoteros, cañeros, palmeros, plataneros, citricultores, maiceros, entre otros, así como al sector ganadero.

En consecuencia se debe apoyar este sector, fortaleciendo la estrategia conceptualizada a través de los Sistema-Producto, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lograr un esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del sector primario, a través de la identificación de la problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de mejora por parte de los tres órdenes de gobierno, involucrando a los diferentes agentes económicos del sistema, logrando la inclusión de todos los eslabones de la cadena productiva.

Por lo anteriormente expuesto los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que remita un informe detallado a esta Soberanía, sobre la producción nacional de cacao, en particular la que se destina a la industria chocolatera; y la situación de los planes y programas que actualmente se implementan en este sector.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar estudios con el fin de conocer la viabilidad de implementar la reintroducción del cultivo de cacao en diversas entidades federativas, y así coadyuvar en la recuperación de la industria chocolatera de nuestro país.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de su competencia remitan un informe detallado a esta soberanía sobre la participación y postura de México en la Organización Internacional de Cacao.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 10 de septiembre de 2009.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias. Comuníquese.

Antes de continuar, y solicitando la presencia de algún vicepresidente, para los efectos a que haya lugar.

Vamos a proceder a la agenda política. Los oradores registrados para la agenda política, referente a la situación de Pemex y del sector energético, son en este orden los siguientes Senadores: Ricardo Monreal Avila, del PT; Arturo Escobar y Vega, del PVEM; Graco Ramírez Garrido, del PRD; Francisco Labastida Ochoa, del PRI; y Juan Bueno Torio, del PAN.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila. Recuerdo a la Asamblea, y particularmente a los oradores, que estamos intentando que el debate político se circunscriba a intervenciones de hasta 7 minutos, en primera ronda, y de hasta 3 minutos en segunda ronda. Por ahora sólo tenemos inscrito, en primera ronda, a quien se ha dado lectura y se les ruega limitar su intervención hasta 7 minutos.

Tiene usted el uso de la palabra Senador Ricardo, ya lo extrañábamos.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Ricardo Monrel Avila: Señor Presidente.

Petróleos Mexicanos está en el centro de la actual crisis económica del país, desafortunadamente el gobierno ubica a Pemex entre una de las causas de la crisis, y no como un motor para salir de ella.

El boquete fiscal que presentan las finanzas públicas y que tienen al gobierno y al pueblo de México en esta situación, a la que le atribuyen un “shock” financiero, y que fue provocado por la caída de la recaudación fiscal, pero también por el efecto combinado de una baja de los precios de exportación del petróleo mexicano con el desplome en la producción del principal yacimiento que sostiene esta exportación, que es Cantarell.

Es cierto, por el desempleo, el cierre de empresas y la caída del comercio el gobierno recibe menos de los contribuyentes, pero también recibe menos del principal contribuyente cautivo de este país, que es Petróleos Mexicanos.

Es producto de una política depredadora del gobierno, y de un modelo neoliberal en el que se insiste de manera obcecada seguir aplicando.

Durante la última década, 40 centavos de cada peso recaudado salieron de la renta petrolera, ocasionando con ello una de las adicciones fiscales más fuertes del gobierno mexicano, y una de las prácticas gubernamentales más nocivas y perniciosas del Petro-Estado.

Durante estos años de excedentes petroleros el gobierno mexicano vivió auténticamente en jauja, el gasto corriente representó el 40% del gasto público, se gastó el gasto burocrático, se disparó de manera enorme y se generó una casta dorada con sueldos y prestaciones de ensueño.

Hay estudios aquí en el Senado que muestran que en los últimos cinco años se duplicó la alta burocracia; las plazas con sueldos de cien mil pesos mensuales o más, y las prestaciones anuales de 700 mil pesos crecieron un 64%, pasaron de 4 mil 612 puestos a 7 mil 568, con un dato adicional.

El 85% de estos nuevos puestos de la alta burocracia han sido ocupados por militantes destacados y ex candidatos a cargos de elección popular del partido en el gobierno.

Contraviniendo no solamente la Ley del Servicio Civil de Carrera, sino las normas de profesionalización de la administración pública.

Mientras tanto, en estos cinco años la inversión en Pemex, exploración, perforación, refinación, que son las áreas estratégicas de la paraestatal, fueron irrisorias.

La caída libre de la producción en Pemex coincidió en estos años con el crecimiento exponencial de la alta burocracia, demostrando cuáles eran las verdaderas prioridades nacionales de los últimos gobiernos.

Pero los excedentes generados por Pemex no sólo sirvieron para sostener a esta burocracia dorada, se utilizaron también para condonar o regresar impuestos a los grandes contribuyentes fiscales. Por cierto, muchos de ellos no tributaron al fisco durante el sexenio pasado, pero sí a la Fundación Vamos México.

Eso es lo que debemos de entender de la convocatoria del día 2 de septiembre. Hay el intento de nueva cuenta de privatizar; hay al interés del gobierno, con su convocatoria de las legislaciones de segunda generación, única y exclusivamente con el espíritu privatizador.

Por esa razón, en este contexto, debemos analizar el nombramiento del nuevo Director de la paraestatal. No es exagerado afirmar que una de las salidas a la crisis económica pasa por la reforma de Pemex. Nadie en sus cinco sentidos puede sostener que se requiere una privatización.

El nombramiento del actual director de Pemex, más bien pareciera ser un pago de facturas, sigue siendo el señor Calderón rehén de estos intereses nefastos y oscuros que al país lo tienen postrado y sometido.

Grandes negocios se esperan. Privatizar de manera salvaje a Pemex. Les decimos desde ahora no lo vamos a aceptar; haremos lo que sea posible, pero también lo que sea imposible para evitar que Pemex sea entregado a la voracidad de los extranjeros o de los nacionales depredadores de nuestros recursos nacionales.

Les decimos desde ahora: nos vamos a oponer con toda nuestra fuerza de convicción, de manera pacífica, siempre recurriendo al debate enérgico y a la movilización pacífica. Yo sé que están preparando estas reformas de segunda generación.

A eso obedece el nombramiento de este personaje siniestro, a esto obedece el que haya nombrado el señor Calderón al más mal funcionario que haya tenido la administración pública. El sabe a lo que va, y lo sabe cumplir bien, va a defender y a cumplir intereses, los más oscuros y nefastos del país; va a incrementar la corrupción y a entregar pedazos de la industria petrolera nacional. Pero no lo vamos a permitir, ahí estaremos, se los aseguramos.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Gracias al Senador Ricardo Monreal Avila. Y ahora le solicitamos haga uso de la palabra, por el grupo parlamentario del PVEM, al Senador Arturo Escobar y Vega.

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, señor Presidente.

Hace unos días señalábamos en esta misma tribuna que, independientemente de los esfuerzos que se hicieron, la reforma energética aprobada el año pasado quedó corta.

Yo soy Senador de la República, y seguramente las probabilidades serán que no voy a serlo. Entonces, yo no me voy a quedar callado y no voy a buscar que ningún interés partidista se posicione por arriba de lo que merece este país.

La realidad mundial es muy clara. El esquema que tenemos hoy en Petróleos Mexicanos es un esquema absolutamente rebasado.

La reforma del año pasado estuvo truncada y estuvo advertida por parte de un grupo minoritario que no estaba de acuerdo en la posibilidad que empresas privadas participaran en los sectores estratégicos de Petróleos Mexicanos.

Esta Soberanía, junto con la Cámara de Diputados, cedimos, cedimos estas pretensiones porque, independientemente que era un grupo minoritario, y algunas voces del Partido Revolucionario Institucional, la realidad es que nuestra reforma quedó corta, y México y sus ciudadanos no se merecen más discursos parcializados, partidistas, discursos de guerra o discursos de cara de guerra para querer transformar la única empresa que tenemos, que puede ser la solución para que México salga adelante.

Durante las discusiones de la reforma energética del año pasado, sostuvimos que hubo un grupo de Senadores que se trasladó a Brasil junto con el Presidente de la Comisión, Francisco Labastida.

Llegaron de Brasil fascinados con el esquema mixto que Petrobras tiene en este momento.

Llegaron sorprendidos sobre lo que Petrobras hizo de 1980 para acá. Cómo se modernizó, cómo se capitalizó, cómo obtuvo reservas.

Cada uno de ellos, de estos Senadores, incluyendo a aquellos que estaban en contra de la propuesta de permitir un esquema mixto, manifestaron que Petrobras era sorprendente en lo que se había convertido.

Y ante una pregunta de un servidor, que no fue a Brasil, yo les pregunté a las comisiones ¿Qué esperábamos para tener un esquema, si no similar, un esquema que pudiera ser parecido para modernizar a Pemex? Estos Senadores se quedaron callados, se quedaron callados, porque es muy fácil levantar la bandera de un partido político o de una ideología, la cual respeto, pero que ya no tiene vigencia en este momento, y no poner los intereses de todos los mexicanos como la gran bandera para sacarlo adelante.

México vive una de sus peores crisis en su historia. Y todavía Petróleos Mexicanos puede ser nuestro motor de salvación.

Aquellos que quieran detener la transformación de Pemex, no cuenten, ni conmigo, ni con el grupo parlamentario del Partido Verde.

Nosotros vamos a ir allá con todos los Senadores, con todos los legisladores que quieran modernizar a Pemex al 100%, discutiendo absolutamente todo; no permitiendo que se atore la discusión de reforma energética por posiciones radicales de un lado o del otro.

Entendamos nuestra responsabilidad y entendamos el presente que estamos viviendo. Pemex puede ser el motor de salvación.

Pero si seguimos oyendo -en esta Soberanía- discursos absolutistas y radicalismos, seamos valientes aquellos que estamos en contra de eso para que, independientemente de las presiones externas hagamos lo que tengamos que hacer con Pemex: modernizarlo al costo que sea. Esa es la posición del Verde en Pemex; esa es la posición del Verde en la reforma política, y esa es la bandera, que cada vez que podamos, en esta tribuna, defenderemos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Arturo Escobar y Vega por su intervención. Y ahora es el turno del Senador Graco Ramírez Garrido, a nombre del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Gracias; estimadas amigas y amigos Senadoras y Senadores:

En este Senado de la República se hizo posible un acuerdo de gran trascendencia. Convocamos al debate de la reforma petrolera y construimos un acuerdo, que llamaríamos “Histórico”, y que reconocemos como de gran trascendencia.

Sobre todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, construimos una reforma energética.

Yo le aclaro al Senador Arturo Escobar, que yo no vengo deslumbrado de Brasil por lo que ha hecho Petrobras.

Regresé de Brasil sorprendido por lo que hicieron en Pemex en el mismo lapso en que se construyó Petrobras, y que los técnicos mexicanos enseñaban a perforar a los brasileños en aguas someras.

Durante 20 años Petrobras creció como empresa de Estado; se reconfiguró como empresa pública, pero no es el secreto de Petrobras, lo decía la empresa, con participación privada lo que le permite ser lo que es.

Lo que debe reconocerse es que Pemex en esos 20 años, fue desmantelada y abandonada.

En los 70’s éramos la quinta potencia petroquímica, los mejores en perforación en aguas someras.

Y lo que hicimos en palabras, más o menos, de consenso de todos, fue hacer una reforma que le expropiara a la Secretaría de Hacienda, la empresa del Estado mexicano, que es Pemex.

No compartimos el proyecto de entregar a terceros la refinación.

No compartimos los contratos descentivados, y no compartimos ninguna regresión. Por el contrario, le dimos a Pemex y a su Consejo de Administración las facultades necesarias para que esa empresa se dirigiera como tal.

Le quitamos a Hacienda su preponderancia y su visión recaudatoria en precios de transferencia que nos llevaron al absurdo de dejar de producir fertilizantes en México, porque era más rentable extraer y sobreexplotar la producción de petróleo, que producir amoniaco y seguir siendo productores de fertilizantes.

Se desmanteló y chatarrizó la industria petroquímica; se cometieron graves crímenes; se endeudó a Pemex por la vía de pidiregas, mientras tanto se recababa de Pemex todo lo que se podía.

Se llegó a la lógica de corto plazo, y no me digan que hoy estamos sorprendidos porque nos alcanzó el destino de 800 mil barriles menos porque se desmanteló toda la estrategia de ingeniería, de prospectiva, de perforación en Pemex.

Se desmanteló el Instituto Mexicano del Petróleo. Y si hoy no tenemos 800 mil barriles en la producción por la caída de Cantarell, fue por el acto irresponsable de sobreexplotar el yacimiento de Cantarell. Ese absurdo Foxista de verlo todo en corto plazo y pensar en ingresos como tendero, como empresario de quinta y no como un presidente responsable de este país.

Es lo que ocurrió con Pemex y cuando nosotros construimos, no hay alusiones personales a eso, no es, hay gentes que han trabajado como comerciantes y son dignos representantes.

Cuando se planteó en el consenso y en las propuestas nuestras que hubiera, compañeras y compañeros, la aprobación del Senado de las propuestas de consejeros profesionales, agregamos que también la del director de Pemex, porque entendíamos que era importante poder sancionar como empresa del Estado mexicano por este Senado a quien se le colocara como responsable de Pemex.

Habíamos aceptado únicamente que fueran los consejeros profesionales, se nos fueron planteando nombres y sugiriendo propuestas, porque se quería de parte del Ejecutivo tener un consenso.

Se mencionó el nombre del señor Juan José Suárez Coppel, y las fuerzas del Senado unánimemente dijimos que ese nombre no transitaba porque el señor tenía antecedentes gravísimos de daño patrimonial a la empresa petrolera cuando durante dos años 2004-2006, fue director corporativo de finanzas, otra de las gentes de este zar peligroso en este país que es Francisco Gil Díaz y ahora un empleado de Roberto Hernández convertido en director de Pemex, le causó daño patrimonial con lo que hizo con Repsol, con lo que hizo con los bonos que emitieron, le entrega a su… una empresa de la familia de los hijos de Martha Sahagún, los famosos chicos Bibriesca.

Está cuestionado como director por daño patrimonial que le hizo a la empresa. Y amigas y amigos, compañeras y compañeros, no entiendo qué pretende ahora el Ejecutivo Federal proponiendo de director a quien por antecedentes fue negado para ser consejero profesional y ahora lo proponen como director cuando estamos cuestionando a quien era el director anterior, Jesús Reyes Heroles, por no echar a andar y cumplir con el compromiso que tenía de aplicar la reforma energética acordada por esta Soberanía y por la Cámara de Diputados.

No entiendo cuál es el mensaje, qué paga Felipe Calderón a Roberto Hernández para entregarle Pemex, qué pagan para entregarle a este funcionario tan cuestionado la conducción de una empresa que hemos preservado por acuerdo de todas las fuerzas políticas para que siga siendo del país y de los mexicanos, no entendemos de qué cambios habla Calderón.

El día dos dijo una cosa y nos resultó después una propuesta como la que tenemos hoy en Pemex que es una bofetada a la reforma que hemos hecho.

No vamos a permitirlo, tenemos las facultades legales para negarnos a eso. Pero vamos a plantearnos un gran acuerdo político para que rectifique Felipe Calderón, no puede ser que imponga a Pemex un nombre contrario al espíritu de la reforma que se hizo aquí en el Senado de la República por todas las fuerzas políticas.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Graco Ramírez Garrido. Y por el PRI, el Senador Francisco Labastida Ochoa.

- El C. Senador Francisco Labastida Ochoa: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la fracción parlamentaria del PRI, quiero expresar nuestra opinión sobre este nombramiento. Quisiera poner en contexto nacional mis reflexiones y mis comentarios sobre el nombramiento del director de Pemex.

La situación de Pemex, su producción, sus finanzas, la industrialización del petróleo y del gas, son vitales, son críticos, son fundamentales para el país.

Lo son porque el país depende en 90% de hidrocarburos para su consumo energético, mucho más que el promedio en el mundo.

Lo son porque más del 30% de los ingresos federales y antes el 40% y vía participaciones los estados y los municipios, dependen de los recursos que Pemex obtiene.

Lo son porque Pemex está prácticamente quebrado, porque por cada peso de capital debe más de 230 pesos.

Lo son porque la petroquímica es una sangría diaria para el país, porque anualmente importamos del orden de 20 mil millones de dólares.

Lo son porque la producción de fertilizantes está prácticamente en cero.

Lo son porque la producción de petróleos se contrajo en más de 800 mil barriles por día respecto a su máximo que se obtuvo en 2003 y 2004, y cerca de medio millón sobre la plataforma normal de producción.

Lo son porque esto significa una pérdida de 300 mil millones de pesos respecto al máximo de producción por año y 150 mil millones de pesos por año respecto a la plataforma normal de producción.

Lo son porque la reforma energética que este Honorable Senado autorizó en noviembre del año pasado y en 2007 la reforma a la Ley Federal de Derechos no se ha instrumentado en varios puntos.

Y menciono todo esto como antecedente y como marco y contexto global, porque el nombramiento del director de Pemex, facultad constitucional exclusiva del Presidente de la República, no es un asunto de partidos, atañe a todo el país.

Tampoco es un asunto personal, aquí no hay filias ni fobias, es un asunto de interés nacional porque los problemas de producción y financieros de la empresa han agravado sin duda alguna los problemas del país.

¿Por qué menciono todo esto?

Porque estoy totalmente convencido de que los problemas que hoy se viven se originan en la Ley Federal de Derechos que estuvo vigente hasta el año 2007, que cobraba más del 80% del valor, no de las utilidades, lo enfatizo, del valor del petróleo y del gas producido.

Y el 76% del valor del petróleo no producido sobre una plataforma obligatoria de cerca de 3 millones 500 mil barriles de producción por día que es el esquema fiscal más absurdo que conozco.

Y ocurre que cuando esta ley de derechos se hizo, Juan José Suárez Coppel era el Director de Pemex, y su pariente, su tío, Francisco Gil, el Secretario de Hacienda.

La decisión de elevar a 4 millones de barriles por día la producción de petróleo, que no se cumplió por la sencilla razón de que no había petróleo suficiente, originó la rápida caída de la producción petrolera que hoy sufrimos, también era el Director de Finanzas el señor Suárez Coppel.

No fue casual entonces que cuando fuimos consultados si podría ser consejero, unánimemente lo enfatizo, unánimemente opinamos que no era un personaje adecuado.

No lo es tampoco porque parte central de la reforma es fortalecer la independencia de Pemex, su nombramiento va en sentido contrario a lo que decíamos y buscamos con la reforma, fortalece el control financiero sobre la empresa. Este hecho fortalece la propuesta de que estos nombramientos sean ratificados por el Senado.

Creemos, en síntesis, que es un error su nombramiento. Es propio, es natural de los seres humanos que los seres humanos nos equivoquemos, pero es de sabios corregir. Ojalá que por el bien del país el Presidente de la República actúe sabiamente y corrija, con ello crecería.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Francisco Labastida Ochoa. Ahora por el grupo parlamentario del PAN, tiene la palabra el Senador Juan Bueno Torio.

- El C. Senador Juan Bueno Torio: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Sin duda el problema energético de nuestro país se complica cada vez más con la problemática que estamos viviendo en todo el sector energético en México.

No es particular de Petróleos Mexicanos la problemática que enfrentamos, también tenemos problemas en el sector de la energía eléctrica y tenemos que resolverlo hacia delante, sobre todo impulsando desde este Congreso las reformas que hicimos para fortalecer y detonar la generación de energía eléctrica con características renovables, la energía eólica, la energía solar, impulsar más la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, porque como bien decía el Senador Labastida, en nuestro país dependemos del más del 90% en los hidrocarburos para generar energía en nuestro país.

Sin duda tenemos que voltear a estas otras formas de suministrar energía al país, y porqué no hablar también de la energía nuclear.

El problema que atraviesa hoy Pemex y que tendrá impacto importante en la energía de México, en la medida que hemos caído con la producción de crudo, en la medida que hemos caído también en las reservas del mismo crudo y de gas, pues obedece al rezago que tuvimos en inversión por tantos y tantos años, desde 1983 que encontramos el yacimiento de Cantarell y que a partir de ese momento se empezó, como bien se dijo aquí, a financiar las finanzas públicas con los recursos del petróleo y nos olvidamos de trabajar en la modernización del sistema tributario para apuntalar el desarrollo de México.

Y hoy, ante la caída de los problemas del petróleo, pues se nos abre la oportunidad o la necesidad de buscar ingresos tributarios por otras formas, por otros medios diferentes a los del petróleo. Y esa es una realidad, y hoy el Presidente de la República manda un planteamiento para fortalecer las finanzas públicas por la vía de la recaudación tributaria en vista de que los ingresos del petróleo se nos han caído por las razones aquí expuestas y que además para fortalecer a Pemex en su capitalización, también reducimos los impuestos que Pemex debe pagar a la nación por derechos de extracción de crudo.

Estamos en esa disyuntiva que nos presenta la realidad actual de nuestro país. No es privativo de México la caída de la producción y la caída de las reservas. Países que en otros tiempos fueron fuertes en ese sentido, como el Reino Unido, como Noruega, como los Estados Unidos, el mismo Venezuela, han perdido reservas y han perdido volumen de producción porque sus yacimientos se agotan.

Nosotros tenemos un gran potencial en yacimientos más complejos como el de Chicontepec, como aguas profundas, tenemos un gran potencial en la zona sureste, en donde afortunadamente no todas son malas noticias, hemos encontrado algunos pozos en el activo Bellota Jujo, el pozo Terra 1 con 12 mil barriles diarios de producción, el pozo Glicol, con 8 mil barriles diarios de producción y otros más en ese campo que nos están dando petróleo crudo hasta con 42 grados API, el de mejor calidad que podemos encontrar en el mundo.

Pero este esfuerzo de Petróleos Mexicanos que hacen nuestros técnicos con los elementos y las características de sus propias capacidades es insuficiente para garantizarle a México una explotación de nuestros recursos naturales a capacidad razonable para seguir permitiendo que el crudo, que el petróleo siga siendo palanca de desarrollo de nuestro país.

En aquellos países en donde se han caído la producción y las reservas o en aquellos otros que hoy están entrando al mercado, a suplir aquello que se ha perdido, no lo hacen sólo las empresas estatales ni los propios gobiernos, participan muchos otros en la explotación de esos recursos en beneficio de sus propios países.

Ya se habló del caso de Brasil, pero tenemos muchos otros, el caso de Noruega, el de la Gran Bretaña, el de los propios Estados Unidos, el de Cuba, el de China, en donde están sumando la capacidad, la tecnología, el capital de muchos para detonar la riqueza de esos países en beneficio de su desarrollo económico y de su propia productividad.

Tenemos capacidad para hacerlo a través de Petróleos Mexicanos, pero, ¿por qué concentrarme sólo en Petróleos Mexicanos? ¿Por qué dejarle a nuestra empresa nacional palanca de desarrollo que ha sido la responsabilidad de atacar todas las oportunidades que tenemos de explotación y de desarrollo, no sólo en crudo, sino en refinación y en petroquímica? ¿Por qué tenemos que mantener esa circunstancia a través de la evidencia que hoy tenemos de que Pemex por razones de falta de inversión entre 1983 y el año 2000 se ha quedado a la zaga en la producción de crudo?

Quiero recordar que a partir del año 2000 se inició un proceso de inversión muy importante en la exploración y producción que nos ha permitido reponer más de 800 mil barriles del millón y medio de barriles que se ha perdido en la producción de Cantarell, y eso es un logro del gobierno del presidente Fox y es un logro del gobierno del Presidente Felipe Calderón.

Por eso amigas y amigos, yo los invito a respondernos varias preguntas, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para que Petróleos Mexicanos continúe con los procesos de exploración y de producción de crudo en esos yacimientos más complejos que se han encontrado como es Chincontepec, Aguas Profundas y otros más?

Se requieren solamente 25 mil millones de dólares por año para este segmento de la producción. Lo mismo se necesitan 30 mil millones de dólares sólo para atender los rezagos de refinación y el transporte de productos, independientemente del recurso que se requiere para la inversión en tres nuevas refinerías cuya primera iniciará en el año 2011, y qué decir del cierre de plantas de petroquímicas porque han perdido su capacidad en la economía de escala y no tienen ahora para competir con el resto de las empresas del mundo, ni siquiera en nuestro mercado nacional y ahí también se requieren inversiones de poco más de diez mil millones de dólares por año.

De dónde van a salir los recursos si se piensa por un lado no en contratar deudas -termino, señor Presidente- si se piensa en no contratar deuda, siquiera para atender las necesidades apremiantes del Estado mexicano y ahora tampoco tenemos los recursos del Petróleo para hacer las propias inversiones.

Yo creo que asumir nuestra responsabilidad con las reformas que ha planteado el Presidente Calderón en este contexto es fortalecer nuestra soberanía, porque hoy la estamos perdiendo en la medida que dependemos cada vez más del suministro de energéticos de otros países.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Bueno Torio por su intervención.

Pasamos ahora a una segunda ronda con intervenciones hasta por 3 minutos, esta Presidencia tiene en este momento inscritos al Senador Ricardo Monreal Avila, por el PT, y al Senador Pablo Gómez Alvarez, por el PRD.

Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Una política energética de estado es por definición nacionalista y soberana; es decir, atiende primero los requerimientos del crecimiento interno mediante el abasto de energía barata, limpia y de calidad.

Otorga el mayor rango de seguridad nacional al cuidado, explotación y operación racional de sus fuentes de energía, y equipara la soberanía con el bienestar social de la población y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

Nada de esto, creemos, va a suceder con el actual Director de Pemex. Alejado de estos principios está este señor, porque desde nuestro punto de vista el actual director representa la avanzada más voraz de los intereses depredadores de nuestros recursos energéticos.

No obedece su nombramiento, por tanto, a la representación de los intereses nacionales, sino a una anticipada entrega descarada e ilegal de los recursos estratégicos del país. Una entrega descarada e ilegal a una pandilla de rufianes que actúan con impunidad y desenfreno en su abusiva actitud de apoderarse de todo por encima de todo, sin que nadie los detenga ni los frene.

Representa este señor, desde nuestro punto de vista, por los antecedentes que los miembros de la Comisión de Energía obtuvieron hace unos meses en la discusión de la reforma energética, representa la continuidad en el tráfico de influencias, la extensión de la corrupción, la complicidad con el sindicato, cuyos dirigentes más corruptos del mundo siguen actuando como damas de la caridad.

Actúan de manera impune, se rodean de amplios sectores de seguridad, están en los mejores restaurantes y en los mejores hoteles, caminan libres, solo con la complicidad del gobierno. ¿Quién puede creer que le esperan buenos tiempos a Pemex? No creo que haya uno, ni siquiera en el Partido Acción Nacional que piensen que este señor va ayudarle a Pemex.

No pueden decir, más allá de eso, es parte de la disciplina de su partido, pero qué pena estar discutiendo la idoneidad de funcionarios cuando nos envían a dirigir empresas estratégicas del gobierno a sátrapas, verdaderos sátrapas.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Ricardo Monreal Avila. Y tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Gracias, señor Presidente.

Creo que el Senador Bueno no vino a la tribuna del Senado hablando a nombre de su grupo a defender la designación de Felipe Calderón en favor de Suárez Coppel para que se haga cargo de la Dirección General de Pemex. Vino a hablar de Pemex.

Yo pensé, como hablaba tanto de Pemex, que al final iba hablar de la idea, que de seguro tiene el Ejecutivo, de cómo poder ayudar a resolver los gravísimos problemas de Pemex, la mejor persona para Director General es Suárez Coppel. Pero conforme iba hablando de los problemas de Pemex me fui dando cuenta que uno de los peores para dirigir Pemex es justamente Suárez Coppel.

A ver, la recesión petrolera es anterior a la recesión del país, y a diferencia de ésta no tiene elementos exógenos, sino fue producida adentro de México, totalmente, por una política financiera equivocada, una política equivocada de finanzas públicas y una presión bárbara del gobierno para que sobreprodujera Pemex.

Coppel tomó parte de esto y, como ya se ha dicho aquí por parte de Labastida, obligaron a Pemex, Suárez, entre otros, a pagar impuestos por no producir, eso era multa, eso no es un pago de un tributo, eso más bien es una multa. ¿Qué es lo que nos propone Suárez Coppel y, digo, Bueno Torio? Privaticemos.

Privaticemos una parte, el mar y Chicontepec. Fíjense que Petrobras, que tiene capital privado, está buscando la manera, con el apoyo de Lula y buscando el apoyo del Congreso, para que los nuevos campos en aguas profundas no estén dependiendo de Petrobras para no tener que repartirles ganancias a los capitalistas privados, y todo el producto de la explotación petrolera en los nuevos yacimientos de aguas profundas se lo pueda quedar el estado brasileño bajo un programa de utilización productiva de los productos del petróleo.

Lo que un país tiene que hacer, Senador Bueno, no es lo que usted propone y que nos propuso Calderón, y que el Senado y el Congreso rechazaron. Lo que un país tiene que hacer es utilizar su riqueza para impulsar su desarrollo y la justicia interna, porque se trata de un bien de toda la nación.

¿Para qué quiere usted inversionistas privados si se van a llevar una parte de la ganancia de lo que es de usted? Dice: “¿De dónde va a venir el dinero?”, dice Bueno, pues de donde viene a los inversionistas privados.

Ustedes creen que un inversionista privado tiene en la bolsa 10 mil millones de dólares para hacer una inversión. Pues claro que tiene que ir al mercado financiero, ahí lo obtiene, si el negocio es bueno como lo va hacer, se lo van a prestar y va a poder pagar, y aún así va a poder…

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Gómez, le ruego que concluya su tiempo.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Tan exactos somos. Yo digo porque Bueno habló más de un minuto de más.

A ver, esto ya lo hemos discutido hasta el cansancio durante los foros petroleros. Si eso es lo que quieren, volver a lo mismo, y en parte para eso ponen a Suárez Coppel, les decimos dos cosas: primera cosa, “no estamos de acuerdo”, como una vez les dijo el propio Labastida: “¿En qué idioma quieren que se los diga para que lo entiendan?”.

No estamos de acuerdo, uno, dos, no estamos de acuerdo con Suárez Coppel, pongan a otro, consulten al Congreso, no hagan las cosas autoritariamente; y agregaría una tercera, les propongo, señores y señoras Senadoras, que les pongamos un impuesto, que no pagan, a los de la industria minera, hablando del subsuelo. Ahí no se pagan impuestos por la utilización de un día de dominio público.

Ahora que estamos en quiebra de finanzas públicas los reto, ya no son exhortos porque ya hay que cambiar de canción. Los reto a que pongamos un impuesto a los concesionarios de los recursos mineros de México.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Pablo Gómez Alvarez.

Honorable Asamblea, conforme a la autorización otorgada a la Mesa Directiva, se turnarán desde este momento a Comisiones aquellas proposiciones con puntos de Acuerdo inscritas en la agenda de hoy, cuyos autores así lo determinaron.

Quienes prefieran mantener inscritas sus propuestas lo pueden informar a la Secretaría Parlamentaria y se desahogarán cuando llegue su turno. En tal virtud, se turnan de manera directa las siguientes proposiciones:






PROPUESTAS

Del Senador Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a rendir un informe detallado del incremento del 20% en sólo dos años en la partida presupuestal de servicios personales que incluye plazas, sueldos y prestaciones, el cual se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO A RENDIR UN INFORME DETALLADO DEL INCREMENTO DEL 20% EN SOLO DOS AÑOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE SERVICIOS PERSONALES QUE INCLUYE PLAZAS, SUELDOS Y PRESTACIONES

“Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
Presente.

El que suscribe, Francisco Arroyo Vieyra Senador de la República por el Estado de Guanajuato ante la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de Acuerdo, a través del cual, el Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Gobernador del Estado de Guanajuato a rendir un informe detallado del incremento del 20% en solo dos años en la partida presupuestal de Servicios Personales que incluye plazas, sueldos y prestaciones, esto con fundamento en los siguientes:

ANTECEDENTES

De acuerdo con el informe de la cuenta pública que presenta la Secretaria de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo, el gobierno del estado de Guanajuato gastó mil 378 millones de pesos más en la partida presupuestal de Servicios Personales en el primer semestre de 2009, en comparación con el gasto ejercido en el mismo lapso de 2007.

De enero a junio de 2007, el gasto en esta partida que incluye sueldos y prestaciones de los servidores públicos del estado fue de 5 mil 401 millones de pesos, y en los primeros 6 meses del presente año, el gasto en esta misma partida aumento a 6 mil 779 millones de pesos es decir más del 20%, esto solamente en un periodo de dos años.

El rubro de Gubernatura también aumento considerablemente, ya que de enero a junio del 2007 se erogo un importe de 82 millones y en el mismo periodo de 2009 subió a 119 millones de pesos, es decir 37 millones más en un periodo muy breve.

Es de resaltar que en la mayoría delas dependencias de la administración pública centralizada y paraestatales también tuvieronincrementos importantes en la partida de sueldos.

CONSIDERACIONES

Estos aumentos, en especial en la partida de Servicios Personales son considerables, ya que se acrecentaron los sueldos y las plazas en un periodo demasiado corto y no acorde con la realidad económica por la que atraviesa nuestro país y en especial el estado de Guanajuato.

Varios municipios del estado se han declarado en quiebra, algunos hasta han suspendiendo servicios públicos municipales; de los cuales hay que estar en alerta porque varios de ellos no tendrán para pagar nominas y sobretodo aguinaldos a finales de año; en este sentido, hay que garantizar un uso responsable de las finanzas públicas estatales, más aun, cuando se prevé un fuerte recorte en las participaciones federales en el próximo año, lo cual, afectaría en gran medida los ingresos del estado por su gran dependencia hacia la federación.

Es de reconsiderar el grado de incremento que ha realizado el gobierno de Guanajuato a su gasto, principalmente porque el aumento se da en plazas, y no en proyectos productivos que pudieran estimular a la economía del estado; en cambio, lo que representa este aumento es un gobierno obeso y sin rumbo, con gastosestratosféricos como la adquisición de más de 900 hectáreas propuestas para PEMEX de mil 602 millones de pesos,por cierto, en un proceso de compra poco claro y lleno de contradicciones y en el cual no se sabe qué se hará en esa gran extensión de terreno, el relativo a los festejos del bicentenario de la independencia nacional y del centenario de la revolución mexicana, con la construcción de un Parque Bicentenario con una erogación de más de 700 millones de pesos que solo funcionará durante 6 meses.

La administración estatal debe reconsiderar su política económica, si noquiere un estado y municipios en quiebra, previendo un cierre de año complicado y un año 2010 sumamente difícil con el recorte en las participaciones federales y sobretodo, ejercer un gobierno austero para realizar más, con menos recursos, que es lo que espera la sociedad guanajuatense.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Gobernado del Estado de Guanajuato a rendir un informe detallado del incremento del 20%, en solo dos años, en la partida presupuestal de Servicios Personales que incluye plazas, sueldos y prestaciones.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Sen. Francisco Arroyo Vieyra”.

Del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, un punto de Acuerdo sobre el conflicto magisterial en el estado de Oaxaca, el cual se turna a la Comisión de Educación para sus efectos correspondientes.

Punto de Acuerdo SOBRE EL conflicto magisterial en el Estado de Oaxaca

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Gabino CuE Monteagudo Senador del grupo parlamentario de Convergencia en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo para referirse al conflicto magisterial en el Estado de Oaxaca, al tenor de lassiguientes:

CONSIDERACIONES

Contrario a las versiones oficiales, el conflicto magisterial que inició en el 2006 no está resuelto. Una vez más Oaxaca es presa de la falta de capacidad política para dar cause pacífico a las demandas magisteriales.

El incumplimiento de los acuerdos contraídosen las minutas suscritas desde el año 2006, en donde el gobierno estatal se comprometió a entregar las escuelas ocupadas por profesores de la sección 59 del SNTE, dieron pie a que maestros integrantes de la sección 22 del Magisterio iniciaran acciones para recuperaralgunas de estas instalaciones educativas.

Así, cerca de tres mil maestros de la sección Pinotepa Nacional pidieron la intermediación de las autoridades municipales de San Pedro Jicayán sin que obtuvieran respuesta. Ante la negativa,los maestros de la costa acordaron recuperarlas instalaciones por cuenta propia.

Lamentablemente, ante la incapacidad de interlocusión del gobiernoy por falta de pericia política para dar cause la demanda legitima de los maestros para recuperar los espacios laborales, el pasado 28 de octubre durante el intento por recobrar la escuela primaria Libertad, ubicada en el municipio de San Pedro Jicayán, se desarrollaron acciones violentas en las que perdió la vida el profesor Artemio Camacho Sarabia y resultaron lesionadas y heridas 20 personas más entre maestros y padres de familia.

Este hecho origino que alrededor de un millón trescientos mil alumnos de educación básica iniciaran el ciclo escolar 2009-2010 con un paro labores de cuatro días.

Asimismo, como protesta por estos penosos acontecimientos, se iniciaron diversas movilizaciones y actos de protesta en las siete regiones de la entidad para exigir el castigo a los responsables del homicidio del profesor Camacho Sarabia y de los 28 homicidios ocurridos durante el movimiento del 2006, así como el cierre de las escuelas “irregulares”, la recuperación de cerca de 130 escuelas controladas por la sección 59 y el desconocimiento de las autoridades municipales de San Pedro Jicayán.

Nos parece compañeras y compañeros senadores que en estos hechos existe, sin duda, una gran responsabilidad por parte del gobierno estatal por la evidente falta de oficio para atender los compromisos adquiridos desde el 2006, y de haber servido como intermediadores se hubiera evitado los enfrentamientos por las instalaciones educativas y con ello elfatal desenlace.

Una vez más se pone en evidencia la evasión de la responsabilidad de las autoridades estatales para atender con prontitud las demandas gremiales y dar soluciones definitivas.

Como siempre, el remedio llega ya pasada la tempestad, pues finalmente el pasado 5 de septiembre, se logro la instalación de una mesa de negociación tripartita entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca IEEPO, la Secretaría General de Gobierno y la Sección 22 con el objetivo arribar a soluciones, lográndose los siguientes acuerdos:

Que el ejecutivo estatal turne al Congreso local la solicitud de desaparición de poderes en el municipio de San Pedro Jicayán, donde fue asesinado un profesor de esa Sección.

1. Que laProcuraduría General de Justicia del Estado integre veintisiete órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados en el asesinato del maestro Carlos Norberto Camacho Sarabia y en las agresiones sufridas por los maestros y padres de familia.

2. Que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspenderá el pago a los trabajadores autoubicados de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de implementar una estrategia para recuperar las 50 escuelas en poder de ese sector del sindicato.

3. Que el gobierno estatal garantizará la indemnización de los deudos del profesor muerto en San Pedro Jicayán, así como a los lesionados.

Como principio de la solución de la problemática el gobierno del estado, y en particular autoridades encargadas de la procuración de justicia y educativas, están obligadas a cumplir con los acuerdos de manera pronta y satisfactoria. De no ser así, los maestros aseguran que regresarán a las calles para demandar lo pactado.

Situación que nos preocupa, pues sí a lo largo de tres años, las autoridades gubernamentales no pudieron dar cumplimiento a estos mismos acuerdos,ahora con los ánimos enardecidos por la muerte de otro maestro la situación puede desencadenar un conflictosimilar al del 2006, y desafortunadamente con los incalculables daños sociales yeconómicos que aún se sufren en el estado.

Estamos ante un asunto que pone el peligro la estabilidad y la paz social en el estado, si no se actúa en consecuencia y se da cumplimiento a lo acordado. Por lo tanto hacemos un llamado urgente a las autoridades correspondientes a fin de que sin dilación se trabaje decididamente para arribar a soluciones definitivas en beneficio de los miles de niños que estas siendo afectados en su derecho a la educación, y para evitar la perturbación de las actividades económicas y productivas en el estado. Que dicho sea de paso aun no se ha podido recuperar del todo.

No olvidemos que Oaxaca se encuentra en los últimos lugares de aprovechamientoy rendimiento escolar, por lo que consideramos que por el bien de nuestros niños y para superar los altos niveles de pobreza, todos, gobierno, maestros y sociedad se comprometan a construir los acuerdos necesarios para consolidar unmodelo educativo quefunja como artífice del desarrollo económico y del bienestar social de nuestro estado.

La herida continua abierta, y los oaxaqueños vuelven a respirar un ambiente de zozobra y encono social.

Recordemos que desde el surgimiento del conflicto social y político se han registrado muertes de activistas sociales, así como un centenar de desapariciones, levantones, agresiones a periodistas y un sin número de atropellos y abusos de autoridad que hasta el momento no se han resuelto, mucho menos hay indicios de responsabilidad alguna.

Todas estas muertes y hechos de abuso de autoridad han quedado impunes. Por lo que es momento de que las autoridades estatales encargadas de impartir y procurar justicia asuman su responsabilidad y rindan resultados concretos en los avances de las investigaciones de todos y cada unos de estos casos y de muchos otros.

Por este motivo hacemos un llamamiento al Procurador de Justicia del Estado para que investigue de manera exhaustiva los hechos en donde perdió la vida el profesor Artemio Camacho Sarabia, a fin de dar con los responsables y se finquen las responsabilidades penales que correspondan.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca a que de cumplimiento cabal a los acuerdos a los que arribaron enla mesa de negociación con los integrantes del Magisteriode la Sección 22 el pasado 5 de septiembre, a fin de evitar el desencadenamiento de nuevas protestas.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular delPoder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a que en el ámbito de su competencia instruya al Procurador General de Justicia del estado para que realice las investigaciones necesarias para dar con los responsables del homicidio del Profesor Antonio Camacho Sarabia a fin de que se finquen responsabilidades y se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Gabino Cué Monteagudo”.

De la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las estrategias que se llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los medicamentos que adquirirá nuestro país para atender debidamente el rebrote de la Influenza Humana A(H1N1), el cual se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE SE LLEVARAN A CABO PARA SUMINISTRAR LAS VACUNAS Y LOS MEDICAMENTOS QUE ADQUIRIRA NUESTRO PAIS PARA ATENDER DEBIDAMENTE EL REBROTE DE LA INFLUENZA HUMANA A(H1N1), ANTE LA LLEGADA DEL INVIERNO EN EL HEMISFERIO NORTE

“La que suscribe, María Elena Orantes López, Senadora de la República por el estado de Chiapas en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante la falta de recursos financieros y la necesidad urgente de evitar futuras complicaciones de salud pública a partir de los eminentes rebrotes de la gripe humana tipo A(H1N1) anunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es fundamental dosificar correctamente los medicamentos y las vacunas que adquirirá nuestro país para su aplicación previa a la época invernal.

La cepa pandémica H1N1 actualmente se ha expandido a 177 países y ha causado aproximadamente 3,000 muertes en todo el mundo.

En nuestro país todas las entidades federativas han reportado contagios, alcanzando un total de 22,763 casos confirmados de personas infectadas por este virus, mientras que las muertes por esta enfermedad ascienden a 207 personas.

Siendo Chiapas, Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Nuevo León, las entidades federativas que registran más casos hasta el momento.

Resulta fundamental exhortar desde el Congreso de la Unión a las autoridades de salud en nuestro país, a prepararse para enfrentar una segunda oleada de gripe humana tipo A(H1N1), así como dosificar y administrar fármacos y vacunas contra esta enfermedad en casos graves y para grupos de alto riesgo, así como generar los protocolos de atención en clínicas y hospitales para la atención de los enfermos y evitar las complicaciones registradas en el pasado.

A pesar de que los medicamentos se recomiendan básicamente para las embarazadas y pacientes con patologías previas tales como problemas cardíacos, diabetes, insuficiencia renal o asma, así como para niños menores de 5 años debido a su riesgo mayor de padecer síntomas más severos de la enfermedad en todo el mundo, alrededor del 40 por ciento de los casos graves se han reportado en adultos de menos de 50 años, por lo que es necesario plantear directrices bien estructuradas sobre el uso de fármacos y la aplicación de posibles vacunas por parte de la Secretaría de Salud en los próximos meses.

Decidir quiénes necesitarán antivirales y atención hospitalaria no será una decisión fácil para los médicos y las autoridades sanitarias, ya que existen pacientes que pueden experimentar un deterioro repentino y muy rápido en su situación clínica, en el quinto o sexto día posterior a la aparición de los primeros síntomas, dado que el riesgo de desarrollar una enfermedad grave por la infección es muy alto.

La neumonía viral que no responde a los antibióticos puede provocar insuficiencia en varios órganos, entre ellos, el corazón, los riñones y el hígado, por lo que los pacientes requerirán cuidados intensivos y tratamiento adicional al antiviral.

Sin embargo, hoy se sabe que prácticamente la mitad de quienes murieron por esta cepa pandémica, estaban embarazadas o sufrían problemas de salud previos, en especial, diabetes y afecciones vinculadas a la obesidad.

Por ello, es recomendable que la Secretará de Salud enfoque la prevención y tratamiento a los pacientes con enfermedades graves o cuyo estado se deteriora rápidamente en caso de infección, grupos de alto riesgo, incluidas a las mujeres embarazadas y personal medico, y no así, a las personas saludables sin complicaciones, dado que la mayoría se recupera completamente en una semana.

Existen hoy en el mercado medicamentos que pueden reducir significativamente el riesgo de la neumonía, una de las principales causas de muerte por gripe pandémica o estacional.

Hoy, la experiencia nos dice que el tratamiento temprano preferentemente dentro de las primeras 48 horas de la aparición de los síntomas está fuertemente vinculado con un mejor resultado clínico.

Como podemos apreciar, es indispensable que nuestro país se prepare para una segunda oleada de gripe humana tipo A(H1N1), al tiempo de solicitar a las autoridades sanitarias informen al Congreso de la Unión, sobre las estrategias que se llevarán a cabo para suministrar las posibles vacunas y los medicamentos que adquirirá nuestro país a través de un préstamo con el Banco Mundial (BM), para atender debidamente esta pandemia.

Existen 24 laboratorios farmacéuticos de todo el mundo que rivalizan por producir una vacuna segura y efectiva contra el virus A(H1N1) al acercarse el invierno en el hemisferio norte. Sin embargo, y a pesar de lo que ha venido informando el Secretario de Salud, el Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, al día de hoy, aún no se cuenta con una vacuna efectiva, mientras que para las farmacéuticas será imposible surtir en su totalidad los pedidos que les realicen los diferentes gobiernos del mundo. De ahí la importancia de prevenir cualquier sorpresa y atender con mejores estrategias institucionales un eminente rebrote del virus causante de la influenza humana.

El Gobierno federal deberá enfrentar con conocimiento previo de la enfermedad y con una experiencia ya adquirida, el adecuado suministro de vacunas y tratamientos contra la influenza estacional, así como plantear directrices y crear guías de atención médica en clínicas y hospitales para la atención de pacientes contagiados con el virus de la influenza humana A(H1N1) ante la llegada del invierno.

Existen grupos prioritarios para la implementación de una protección inicial a los que se debe enfocar la prevención, dado que el suministro tanto de vacunas como de medicamentos será extremadamente limitado durante varios meses como lo ha previsto la Organización Mundial de la Salud (OMS).

México cuenta con una experiencia enriquecedora y con el apoyo de la investigación científica internacional (fundamentada por los análisis y los datos estadísticos), para tomar las mejores decisiones y enfrentar con éxito la epidemia sin mayores sobresaltos.

Cabe recordar que la OMS anunció recientemente que los países del hemisferio norte han pedido más de 1.000 millones de dosis de vacunas contra el virus de la influenza humana A(H1N1) a los laboratorios farmacéuticos, que, sin embargo, no podrán suministrar más que una cantidad limitada a principios del otoño.

Es a partir de lo antes descrito, que creemos conveniente que la Secretaría de Salud informe pormenorizadamente a esta Soberanía, sobre las estrategias que se llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los medicamentos que adquirirá nuestro país para atender debidamente esta pandemia, así como los criterios y evaluaciones que tomará en cuenta en el momento de aplicar y suministrar vacunas y tratamientoscontra el virus de la influenza humana A(H1N1) ante la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, informe pormenorizadamente a esta Soberanía, sobre las estrategias que se llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los medicamentos que adquirirá nuestro país para atender debidamente el rebrote de la influenza humana A(H1N1), ante la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

De los Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación a la disminución del monto de becas que otorga Conacyt para el estudio de posgrados nacionales, el cual se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA DISMINUCION DEL MONTO DE BECAS QUE OTORGA CONACYT PARA EL ESTUDIO DE POSGRADOS NACIONALES

“Los suscritos Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, Senadores de la República de la LXI Legislatura e integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemosa consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo en relación a la disminución del monto de becas que otorga CONACYT para el estudio de posgrados nacionales, con base en las siguientes:

 CONSIDERACIONES

El pasado 7 de agosto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, emitió la convocatoria Agosto – Octubre 2009 de Becas Nacionales, en la misma, por primera vez se establecieron montos diferenciados de acuerdo con las cuatro categorías del tabulador de competencia para los estudios de ese nivel académico: internacional, consolidado, en desarrollo y de reciente creación.

Con estas nuevas reglas se disminuyó el monto de las becas en un 30 por ciento para los posgrados en desarrollo y de 40 por ciento en posgrados de nueva creación, estas disminuciones afectan de manera directa a los estudiantes que cursarán estos programas, asimismo genera una competencia inequitativa entre las instituciones que ofrecen posgrados consolidados con respecto a los de competencia internacional.

Antes de esta modificación, el CONACYT ofrecía becas por 7 mil 400 pesos para maestría y 9 mil 800 pesos para doctorado, ambos en el nivel de creación o desarrollo del posgrado, que por cierto son los que más ofrecen las instituciones en los estados, ya que el 70 por ciento de los de calidad internacional se concentran en la ciudad de México, con lo que se fortalece la tendencia centralista referente a la oferta de programas de posgrado. Ahora con el recorte presupuestal el apoyo para maestrías bajo a 4 mil 400 pesos y para doctorado en 5 mil 900 pesos; mientras que para un posgrado de calidad internacional es de 9 mil 200y 11 mil 500 respectivamente.

Por otra parte, esta nueva tabulación de Becas Nacionales atenta contra los programas que se encuentran en la vertiente de reciente creación y en desarrollo, programas que aún requieren de tiempo y trabajo para alcanzar o demostrar los niveles de excelencia exigidos por el CONACYT.

Diversas instituciones de Educación Superior del país como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Aguascalientes han manifestado al Director del CONACYT su preocupación por esta nueva reglamentación.

Estos recortes son un severo golpe al mantenimiento de la calidad de los posgrados y la cantidad de estudiantes que estos atraigan porque la mayoría de ellos son de tiempo completo, lo cual le impide al investigador tener una actividad alterna y el ingreso de la beca es al cien por ciento para su manutención, además debe considerarse que la mayoría de los estudiantes de doctorado tienen una familia que mantener.

Aunque es un discurso reiterativo y así ha sido recomendado por diversos organismos internacionales como la OCDE, que en tiempos de crisis, las políticas de ciencia y tecnología deben ocupar un lugar central, resulta lamentable que el Gobierno Federal no tomé en cuenta estas recomendaciones, y más aún, no cumpla a su compromiso de impulsar la educación científica y tecnológica de los mexicanos. Mientras otros países han decidido apoyar a la ciencia y tecnología e innovación para sacar de la crisis a sus naciones, en México caminamos en sentido contrario.

El Senado de la República, debe manifestarse de forma enérgica contra de la disminución de montos a las becas ya que estas medidas van en contra del desarrollo social y económicodel país. En periodos difíciles como el que tenemos, invertir en educación, ciencia y tecnología de manera creciente es la única forma segura de combatir el rezago social y económico del país.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaLic. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, para que a la brevedad remita a esta soberanía un informe detallado en el que se expliquen los criterios y razones que llevaron a la disminución de los montos de becas nacionales para programas de Posgrado en desarrollo y nueva creación, en la convocatoria Agosto – Octubre 2009, así como el proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno a esta convocatoria.

SEGUNDO.-Se solicita al titular del CONACYT para que en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, realice las gestiones necesarias para que se mantenga el monto de las becas en los mismos niveles de la convocatoria Enero-Junio 2009, sin establecer diferenciaciones por el grado de consolidación de los programas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2009.

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca.- Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz.- Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López”.

Del Senador Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expresar al gobierno de los Estados Unidos de América, el rechazo del gobierno de México a la aplicación de las leyes migratorias, bajo el Programa 287 (g) por parte de autoridades locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia, el cual se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION DEL
PRESENTE.

LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA, SENADOR DE LA REPUBLICA POR EL ESTADO DE GUANAJUATO, INTEGARNTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y LA RED CONSULAR, EXPRESE AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS, EN SUS TRES NIVELES, EL RECHAZO DEL GOBIERNO DE MEXICO A LA APLICACION DE LAS LEYES MIGRATORIAS BAJO EL PROGRAMA 287 (G) POR PARTE DE AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES ENCARGADAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA, ASI COMO A TODOS AQUELLOS PROGRAMAS Y MEDIDAS QUE FOMENTEN DETENCIONES CON PERFILES RACIALES, VIOLACIONES DE LOS DERECHOS CIVILES Y TEMOR ENTRE LA COMUNIDAD MIGRANTE, ASIMISMO, EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE PROTECCION QUE PERMITA DEFENDER LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS CONNACIONALES RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CALIDAD MIGRATORIA Y DE SU SITUACION JURIDICA, DE ABUSOS BAJO EL PROGRAMA 287 (G), ASI COMO RESALTAR LOS BENEFICIOS QUE APORTAN A LAS COMUNIDADES EN LAS QUE RESIDEN DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección de nuestros connacionales que residen en el exterior debe de ser una actividad prioritaria del gobierno de México. Sin duda alguna, en todo momento debemos mantenernos atentos al respeto irrestricto de sus derechos, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica. Si bien, México es respetuoso de los procesos internos de los Estados y de los marcos legales instituidos en los mismos, no podemos ser simples observadores frente a aquellos casos en los que las acciones de las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia violan dichos marcos legales y atentan en contra de los migrantes.

En septiembre de 1996, el Presidente Clinton firmó la Ley de Reforma y Responsabilidad de la Inmigración Ilegal (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), la cual, entre otras medidas, adicionó la sección 287 (g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA, por sus siglas en inglés).

El Programa 287 (g) permite la celebración de acuerdos entre Departamento de Seguridad Interior y agencias locales y estatales encargadas de la procuración de justicia, con el objetivo de que oficiales encargados de la aplicación de la ley en los ámbitos local y estatal sean entrenados por autoridades federales para llevar a cabo, de manera conjunta con oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), actividades de investigación, detención y traslado de inmigrantes indocumentados. En ese sentido, cabe destacar que las leyes en materia migratoria son del ámbito federal, por lo que su aplicación corresponde a autoridades pertenecientes a ese ámbito de gobierno. El primero de estos acuerdos se firmó en 2002 y hasta febrero de 2009, se reportaron 67 acuerdos de este tipo.

El 30 de enero de 2009, la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, dio a conocer su plan de acción en materia de migración y seguridad fronteriza. El plan contempla la ejecución de acciones coordinadas con sus contrapartes en el ámbito local y federal para llevar a cabo una revisión exhaustiva y el diseño de políticas dirigidos a: criminales y fugitivos extranjeros; tráfico de armas; cooperación con la Guardia Nacional; centros migratorios de detención, entre otros. Como parte de los programas que serían revisados se encontraba el 287 (g).

Entre los principales problemas que presentaba ese programa estaban la falta de reglas de aplicación que permitan la implementación homogénea del mismo y la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte Immigration Enforcement, Controls over Program Authorizing State and Local Enforcement of Federal Immigration Laws Should be Strengthened, publicado el 4 de marzo, por la United States Government Accountability Office (GAO), el programa no contaba con controles internos.

El reporte describe que “…Específicamente, los objetivos del programa no han sido documentados en los materiales relacionados con el mismo; la explicación sobre cómo y cuándo debe de ser usada la atribución otorgada por el programa es inconsistente; la definición sobre cómo los agentes de ICE llevan a cabo las actividades de supervisión de las autoridades participantes no ha sido desarrollada; la información sobre el seguimiento de las agencias y los reportes al ICE no ha sido puntualizada; y no han sido elaborados índices que permitan evaluar y seguir el progreso hacia la consecución de los objetivos del programa. Con base en lo anterior, la falta de controles internos dificulta a ICE asegurar que ese programa opera como se pretendía”1.

Asimismo, el reporte describe que “oficiales de más de la mitad de los 29 estados y agencias locales encargadas de la aplicación de las leyes reportaron preocupaciones de los miembros de sus comunidades por el uso de las atribuciones concedidas por el 287 (g), así como por sus impactos en violaciones menores y por un enfoque con perfil racial”2. Lamentablemente, el programa, en múltiples ocasiones, ha servido de herramienta para la detención de inmigrantes, particularmente hispanos, en lugares en los que hay fuerte rechazo a los mismos.

Un ejemplo de lo anterior es el uso que el Sheriff del Condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, ha hecho de esta prerrogativa. En abril del año pasado, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, solicitó al Departamento de Justicia que iniciara una investigación a Arpaio por acoso, discriminación, detenciones, investigaciones y arrestos inapropiados de latinos en las ciudades de Guadalupe, Mesa y Phoenix, Arizona. Asimismo, el 11 de febrero, una Corte Federal en Phonix aceptó una demanda en contra del Sheriff Arpaio, acusado de establecer retenes carreteros para verificar si los conductores y pasajeros latinos están en el país legalmente, acción (corroborar su estancia legal en el país) que no podría realizar si no hubiera firmado un memorando bajo el 287 (g).

Al 12 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que 230 mexicanos indocumentados fueron confinados por órdenes de Arpaio en el centro de detención conocido como Tent City (Cárcel campamento), en Maricopa, Arizona.

El 10 de julio, la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, anunció que ICE había estandarizado el memorándum de entendimiento que se utiliza en el marco de las asociaciones bajo el 287 (g), asimismo, dio a conocer la firma de 11 nuevos acuerdos de este tipo. La Secretaria Napolitano explicó que el nuevo memorándum alineaba al 287 (g) con los objetivos de ICE, particularmente en lo relativo a la identificación y deportación de criminales inmigrantes. En ese sentido, explicó que en esta nueva versión se buscó fortalecer las labores de supervisión por parte del ICE de la implementación del programa.

Por otra parte, el 17 de julio, la organización no gubernamental American Civil Liberties Union (ACLU) dio a conocer que después de haber revisado la nueva versión del memorándum, el programa tenía cambios menores. Destaca que el nuevo memorándum de entendiemito incluye una lista de niveles de prioridad con diferentes clasificaciones de violadores de la ley, pera aún asumiendo que esas prioridades son adecuadas, el memorándum no incluye medidas para garantizar que dichas prioridades se traduzcan en prácticas. Adicionalmente, expresaron su rechazo a las modificaciones llevadas a cabo en los años de experiencia solicitados a los funcionarios locales para participar en el programa y a la ampliación de las atribuciones en el marco del mismo.

Asimismo, en julio la Alianza del Liderazgo Latino en Nueva Jersey pidió al Presidente Barack Obama que revocara la decisión de poner en marcha el programa 287 (g) en ese estado.

El 25 de agosto, más de 500 organizaciones estadounidenses defensoras de los derechos de los migrantes y de los derechos civiles de diversas comunidades étnicas enviaron una carta al Presidente estadounidense, Barack Obama, en la que solicitan que se termine con el programa 287 (g), debido al uso que dan al mismo las agencias locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia para dirigirlo en contra de comunidades en las que la mayor parte de la población tiene un origen étnico, incluidas de manera particular y en grandes números las comunidades latinas. En la carta explican que, bajo el pretexto de ejecutar las leyes migratorias, agencias locales y estatales detienen a los conductores, motivados por su origen racial, para cuestionarlos y llevan a cabo cateos en comunidades con una población mayoritariamente migrante.

En la misiva, explicación que la Fundación de Policía, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación de Jefe de Ciudades Grandes, han expresado su preocupación por la aplicación de las leyes migratorias por parte de agentes estatales y locales porque va en detrimento de su misión principal que es mantener tanto el orden, como la seguridad y exacerba el miedo entre las comunidades, al mismo tiempo que genera desconfianza hacia las autoridades encargadas de la aplicación de la ley.

Al respecto, si bien celebramos los anuncios hechos por el Presidente Barack Obama y por la Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, relativos a la revisión de programas cuyo objetivo es la implementación de la ley migratoria, así como su intención de reformar el sistema migratorio estadounidense, vemos con preocupación el incremento de acciones con claro perfil racial hacia migrantes residentes en Estados Unidos, principalmente frente a las personas de origen mexicano.

Estas acciones están generando un clima de temor, cuyo resultado ha sido incrementar el estado de vulnerabilidad de los connacionales residentes en ese país, facilitar los abusos en su contra y no contribuir a la observancia de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la presente Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular, exprese al gobierno de Estados Unidos, en sus tres niveles, el rechazo del gobierno de México a la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g) por parte de autoridades locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia, así como a todos aquellos programas y medidas que fomenten detenciones con perfiles raciales, violaciones de los derechos civiles y temor entre la comunidad migrante.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia de protección que permita defender la estricta observancia de los derechos de los connacionales residentes en Estados Unidos, independientemente de su calidad migratoria y de su situación jurídica, de abusos bajo el programa 287 (g) y resaltar los beneficios que aportan a las comunidades en las que residen.

Dado en el salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Luis Alberto Villarreal García”.

Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se asignen recursos al menos de 1,500 millones de pesos para la rama del café, mismo que se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010 SE ASIGNEN RECURSOS AL MENOS DE 1,500 MILLONES DE PESOS PARA LA RAMA DEL CAFE

“El que suscribe, Senador Adolfo Toledo Infanzon, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La industria del café es en México, la principal fuente de ingreso para casi cuatro millones de mexicanos; a lo largo del territorio nacional es cultivado en 4 mil 500 comunidades, perteneciendo una importante proporción de estas a alguna etnia indígena. Representa el 5% del Producto Interno Bruto y el 14% de las exportaciones agrícolas; es de esta manera como la producción de café en el país constituye una de las actividades agrícolas más importantes, que de acuerdo al padrón de productores realizado por el gobierno federal, identifica a más de 500 mil productores.

Este aromático es uno de los principales productos genéricos que se comercializan alrededor del mundo, por lo regular su producción se realiza en zonas tropicales. Al menos 80 países lo cultivan, y poco más de 50 lo exportan. Por el valor que representa, el café es uno de los principales productos agrícolas con un peso importante en el comercio internacional que llega a generar ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dólares para los países exportadores, ocupando directa e indirectamente a poco más de 20 millones de personas dedicadas al cultivo, transformación, procesamiento y comercialización del producto. (Consejo mexicano del café.)

La topografía nacional, la altura, los climas y suelos permiten cultivar y produciren más de 760 mil hectáreas variedades de café clasificadas dentro de los mejores del mundo, principalmente en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Estar dentro de la lista de los cinco mayores productores de café a nivel mundial hacen del sector un área de oportunidad de desarrollo y crecimiento nacional.

Para entidades federativas como Oaxaca, con alrededor de 173,765 hectáreas de tierras cultivadas y poco más de 55 mil productores, el sector cafeticultor tiende a ocupar un lugar preponderante dentro de la vida de las familias que dependen de esta actividad económica.

No obstante, durante los primeros años del siglo XXI, una crisis sin precedentes sumió a los productores de café a un devastador decrecimiento; las ventas entre el 2000 y el 2004 llegaron a reducirse hasta en un 70 %. Resultado de la reducción de los precios internacionales, la sobre valuación de la moneda nacional y la reducción del precio de hasta un 35% significó el empobrecimiento generalizado de la mayoría de los cafeticultores.

A partir del 2005 se tiene una mejoría en los precios internacionales, que con el esfuerzo de los productores se ha traducido en un aumento de la producción; para el ciclo 2008 – 2009 se han obtenido alrededor de 4.8 millones de sacos, lo cual equivale a un aumento alrededordel 30 % en los últimos cuatro ciclos. De igual forma el consumo durante los últimos 5 años se ha incrementado en un 30%; la instalación de nuevas cafeterías y puntos de venta que ofrecen mayor calidad y mejor preparado que esta atrayendo a más consumidores ha sido uno de los motivos.

El sector productor de café tiene un gran potencial para mejorar los ingresos de las familias cafetaleras y de generar empleo, esto se refleja en que a pesar de la fuerte recesión económica que enfrentamos, es uno de los sectores productivos que tiene un crecimiento importante. Por tal razón, la necesidad de contar con un presupuesto público adecuado que permita la gestación de un Plan de Reactivación que fortalezca la cafeticultura nacional es imperante; que permita aumentar la producción y la calidad, incrementar el consumo y fortalecer a las organizaciones de productores en sus esquemas de beneficio y comercialización directa.

Del 2003 al 2006, se aprobó un presupuesto etiquetado para los diferentes programas del sector, como el Fondo de estabilización de precios, fomento productivo, promoción al consumo, padrón de productores de café, cobertura de precios alrededor de 1600 millones de pesos por año, sin embargo aún con los recursos etiquetados, por parte de la SAGARPA no se ejerció un gran porcentaje de los recursos asignados.

Durante los tres últimos años, del 2007 al 2009; el presupuesto decreció y además de que lo que se aprobó ya no aparece etiquetado por rubros, sino en conceptos generales como: Atención a productores de café, Apoyo en ramas productivas, situación, que lejos de ayudar dificulta el ejercicio y operación de los programas.

Considerando los montos que se han aprobado en los últimos años y las problemáticas que produce la poca intensidad y la vasta generalidad en la asignación de presupuesto, para el 2010 debe estipularse directamente a la rama del café al menos 1500 millones de pesos.

Dada la importancia del cultivo de este grano debemos fomentar su producción y consumo, así como implementar mecanismos para que los productores tengan estabilidad, aumenten su competitividad y mejoren sus niveles de ingreso. El café mexicano, puede ser un área de oportunidad, para fomentar el crecimiento y desarrollo estratégico de la economía nacional y del bolsillo de las miles de familias mexicanas que dependen de su producción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2010, apruebe recursos de al menos de 1500 millones de pesos para apoyar al sector cafeticultor del país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

Del Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a incorporar a los municipios del estado de Yucatán que indebidamente fueron marginados de los beneficios del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INCORPORAR A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN QUE INDEBIDAMENTE FUERON MARGINADOS DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS

“El suscrito, Senador Renan Cleominio Zoreda Novelo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de éste Senado de la República la siguiente “proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, a efecto de que sean incorporados los municipios del estado de Yucatán que indebidamente fueron marginados de los beneficios del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas”, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer hace unas semanas un dictamen por el que se declara a 30 municipios yucatecos afectados por una sequía “atípica, impredecible y no recurrente”, ocurrida entre los meses de junio y julio, lo cual se traducirá en el otorgamiento de apoyos a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos, como consecuencia de lo previsto en el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.

Estamos conscientes de que en la sesión del martes 8 de septiembre de 2009, se aprobó un punto de acuerdo mediante el cual, se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incrementar el presupuesto destinado a asistir a los productores que están sufriendo el impacto de la sequía en todo el territorio nacional.

No obstante lo anterior, en el caso especifico de Yucatán, se considera que este exhorto debe complementarse con uno nuevo que aplica a un caso especifico, toda vez que fue emitido un dictamen que no refleja la realidad que se está viviendo en el estado, y que trajo como consecuencia que de manera indebida se excluyera a un número importante de municipios del Programa antes referido.

El resultado de la sequía en Yucatán alcanza niveles de desastres: 10,000 cabezas de ganado han muerto durante los últimos meses. 3 mil apicultores arruinados, gracias a que sólo alcanzaron una producción de siete mil toneladas de miel. La citricultura se encuentra amenazada por el “dragón amarillo” y los cultivos de maíz por el gusano cogollero. La producción anual de 20 mil toneladas de sandía se desplomó al pasar apenas a cinco mil toneladas, como consecuencia de la aparición de la mosca blanca que ocasionó pérdidas por más de 80 millones de pesos a mil horticultores.

La situación por la que atraviesa el sector agrario yucateco dista mucho de verse reflejada en el dictamen antes mencionado, toda vez que, inexplicablemente, se eliminó en unprimer momento, de dicho instrumento a un número importante de municipios de aquella entidad, a pesar de que buena parte de las penurias antes señaladas guardan una estrecha relación con las escasas precipitaciones pluviales, las que no llegan siquiera al 50 por ciento del nivel máximo histórico.

Debido a esta decisión de la CONAGUA, los referidos municipios yucatecos han quedado marginados de cualquier auxilio financiero, lo cual implicará una fuerte erogación para el gobierno del estado de Yucatán al no contar con el apoyo financiero de la Federación. Un panorama como este hace pensar que difícilmente se podrán recuperar las cabezas de ganado muertas, las hectáreas de maíz siniestradas y las pérdidas registradas en el sector apícola.

Ante esta circunstancia, el gobierno del Estado de Yucatán solicitó un nuevo dictamen a la CONAGUA, a fin de que los municipios hasta ahora excluidos del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas sean incorporados a los beneficios que por virtud del mismo deben otorgarse a los productores, considerando un tiempo de estudio comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de agosto de 2009.

De no acordar de manera positiva la CONAGUA la petición formulada por el gobierno del estado, la crisis del sector agrario alcanzará niveles de verdadera calamidad, puesto que la situación de precariedad originada por la sequía vendría a agravar la ya de por sí difícil situación que venía enfrentando este sector, derivado de la crisis económica mundial.

Como consecuencia de esto se hace necesario que a la mayor brevedad posible, la SAGARPA, a través de la CONAGUA, emita un dictamen realista sobre la falta de lluvias en el Estado, toda vez que la escasez de precipitaciones pluviales continuará hasta lo que resta del año, empobreciendo todavía más al sector agrario yucateco.

Resultaría inaceptable que, sin mediar estudios técnicos debidamente sustentados y carentes de credibilidad, las autoridades federales pretendieran ausentarse de sus responsabilidades cargando la solución de esta problemática a las finanzas del estado, privando de esta manera a los productores peninsulares de los apoyos a que tienen derecho por virtud del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, política pública que en este, como en todos los casos, deberá ejercerse sin distingo de filiaciones partidistas o fobias ideológicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, y a fin de impedir inmediatamente el quebranto de uno de los más importantes sectores de la economía del Estado de Yucatán, solicito a esta Soberanía sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, a efecto de que sean incorporados los municipios del Estado de Yucatán que indebidamente fueron marginados de los beneficios del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo”.

Del Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se rechaza la violencia y represión en el estado de Oaxaca, el cual se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECHAZA LA VIOLENCIA Y REPRESION EN EL ESTADO DE OAXACA

“Quien suscribe, Salomon Jara Cruz, Senador de la República por el estado de Oaxaca, e integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo segundo de la Ley Fundamental, 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 60, 89, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a esta Soberanía como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Ante la grave situación de represión que se vivió en el estado de Oaxaca, el día de hoy, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, para que sea considerado de urgente y obvia resolución y sea votada en la misma, por la urgencia que ella amerita.

LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:

RECHAZO A LA VIOLENCIA Y REPRESION EN EL ESTADO DE OAXACA PRIMERO.- DE RECHAZO A LA REPRESION Y VIOLENCIA QUE SE VIVIO ESTE DIA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, CON MOTIVO DE LA INICIATIVA DE LEY DE ABORTO.

SEGUNDO.- EXHORTANDO A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE OAXACA Y A LAS ONGS Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, A CONDUCIRSE EN UN AMBIENTE DE RESPETO A LA PLURALIDAD DE LAS IDEAS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2009”.

Ahora, se concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, a nombre propio y de la Senadora Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos a respetar tanto las obligaciones establecidas en el COFIPE, así como en sus propios estatutos referentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las Cámaras del Congreso.

- La C. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Yo tengo hoy el gusto de presentar ante ustedes un punto de Acuerdo.

Y vengo a pedirles su apoyo, en virtud de que además estamos solicitando su urgente y obvia resolución.

Básicamente tiene que ver con el asunto que se ha dado en Cámara de Diputados, específicamente, no solamente en este inicio de trabajo en esta legislatura, sino ya en varias ocasiones ha estado sucediendo esto, que yo recuerde es la tercera ocasión que sucede.

En donde algunas mujeres que fueron electas, por diversos partidos políticos, piden licencia y dejan sus espacios a varones en esos lugares.

Es muy lamentable lo que está pasando. Porque si dentro del Cofipe, y básicamente cuando lo aprobamos aquí en la Cámara de Senadores, en un acuerdo de diferentes grupos parlamentarios, hablando de que la participación de la mujer, que los partidos políticos tenían que tender a la paridad; pero que acordamos incrementar la famosa cuota del 40-60, en vez de 30-70 la participación de las mujeres, pues resulta bastante lamentable que en muchas fracciones parlamentarias se estén burlando con esta situación, y que se esté permitiendo, pues, que pidan licencia las mujeres y que lleguen hombres a ocupar su lugar.

Es más lamentable todavía, que quienes lo estén haciendo sean plurinominales. Porque si tomamos conciencia de ello, es precisamente, exclusivamente los espacios plurinominales, en donde la cuota famosa se aplica.

A mí me parece que ya tenemos que poner un alto a los dobles discursos. Me parece que ya tenemos que terminar con las simulaciones. Y es por eso que yo quiero, en esta tribuna, dejar claro, que las mujeres de este Senado no estamos de acuerdo. Queremos enviar un mensaje a los partidos políticos, que eso es lo que estoy solicitando, lo que estamos solicitando la Senadora Beatriz Zavala y una servidora en este punto de Acuerdo.

Estamos solicitando que se exhorte a los partidos políticos a que respeten tanto las obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como sus propios estatutos, referentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Y el segundo punto es, exhortar respetuosamente a la Colegisladora, a que convoque a un diálogo con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación y los inste a respetar la legislación en materia de equidad de género.

No podemos seguir teniendo dobles discursos. Rellenamos los espacios y luego les pedimos que pidan licencia. Los rellenamos para cumplir con la ley, y luego cuando llegan al poder, ahora sí, se van para su casa mis chulas, porque ya vienen los hombres a tomar el cargo.

Y a mí me parece que las simulaciones, verdaderamente, queremos dejar claro que no estamos de acuerdo, me parece que es el momento que les pongamos un alto.

Así que yo vengo a pedir el apoyo de todos ustedes, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, en virtud de que todos votamos las modificaciones al Cofipe; en virtud de que me parece que todos aquí, nosotros, tenemos conciencia de lo que está pasando.

Y yo si quiero pedirles a todos ustedes que se sumen a este punto de Acuerdo, y que lo hagamos de urgente y obvia resolución.

Y pedirles, también, que todo el texto de este punto de Acuerdo, si es usted tan amable, señor Presidente, quede inscrito en el Diario de los Debates.

Y agradecer su atención. Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS A RESPETAR TANTO LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ASI COMO EN SUS PROPIOS ESTATUTOS REFERENTES AL TEMA DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES Y SU PARTICIPACION EQUITATIVA EN LAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Las suscritas, Blanca Judith Díaz Delgado y Beatriz Zavala Peniche, Senadoras de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXILegislatura de este H. Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Partidos Políticos a respetar tanto las obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como en sus propios estatutos referentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las Cámaras del Congreso de la Unión , al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda alguna, un gran avance en nuestra Legislación, fue la aprobación del nuevo Código Federal de Instituciones Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Esta reforma contemplalas obligaciones de los partidos políticos entre otras, la de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular, además, establece los procedimientos de registros de candidatos, especifica que tanto las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, este tipo de acciones afirmativas han favorecido a eliminar en cierto grado las desigualdades por razón de género.

Los artículos torales del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el tema que nos ocupa son:

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) a r)…

s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

Artículo 218

1. …

2. …

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. …

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. …

Artículo 220

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

En diversas ocasiones se ha manifestado que la mujer ha estado inmersa y ha formado parte de los movimientos sociales, económicos y políticos de nuestro país, y es necesario puntualizar que fue a raíz de un movimiento que la mujer obtuvo su primer batalla ganada, el derecho al voto en el año de 1953.

Desde esa fecha hasta nuestros días, se han derivado reformas a la legislación nacional que han permitidoel libre desarrollo denuestros derechos políticos sociales económicos y culturales.

En el año 2002 se establece por primera vez en el Cofipe como una obligación para los partidos políticos la denominada cuota de género(70-30) dentro de la lista de candidatos, cabe hacer mención que esta no era la primera medida que se llevaba a cabo ya que años antes se había contemplado en el Código citado, pero en un artículo transitorio la misma medida,sin embargo los partidos políticos la utilizaban a su conveniencia, debido a que la practica recurrente era que acomodaban a sus candidatas al final de las listas donde no tenían oportunidad alguna de ganar.

Hemos visto con el paso del tiempo, que los partidos políticos han buscado la manera de evadir la ley y las obligaciones, no hay voluntad política ni mucho menos cultura de la equidad de género.

Estimadas compañeras y compañeros:

La denominada cuota de género no es limitante, es una acción afirmativa y como tal hay que verla, es la cantidadmínima de mujeres que debe de haber en puestos tanto en el ámbito público como privado y no el techo como se ha querido ver.

Vemos con profunda tristeza que la participación de la mujer en la política no es valorada ya que siguen cediendo sus lugares a los hombres, tal es el casoque sucedió en la cámara de diputados el día jueves 3 de septiembre, donde en el primer día de inicio de la LXI Legislatura se contemplaban en el apartado de comunicaciones de la gaceta parlamentaria 10 solicitudes de legisladores para pedirlicencia de las cuales 8 de estas solicitudes eran de mujeres.

Entre las legisladoras que solicitan licencia se encuentran 4 del Partido Verde Ecologista de México, 2 del Partido Revolucionario Institucional, 1 del Partido de la Revolución Democrática y 1 del Partido del Trabajo.

Partido del Verde Ecologista de México

1.- Mariana Ivette Ezeta Salcedo de la segunda Circunscripción y su suplente es Carlos Alberto Ezeta Salcedo.

2.- Kattia Garza Romo de la Segunda Circunscripción y su suplente es Guillermo Cueva Sada.

3.-Laura Elena Ledesma Romo de la Primera Circunscripcióny su suplente es Maximino Alejandro Fernández Ávila.

4.- Carolina García Cañón de la Quinta Circunscripción y su suplente en Alejandro Del Mazo Maza.

Partido Revolucionario Institucional

1.- Ana María Rojas Ruiz de la Tercera Circunscripción y su suplente es Julián Nazar Morales

2.- Yulma Rocha Aguilar de la Segunda Circunscripción y su suplente es Guillermo Raul Ruiz De Teresa.

Partido de la Revolución Democrática

1.- Olga Luz Espinoza Morales de la Tercera Circunscripción y su suplente es Carlos Enrique Esquinca.

Partido del Trabajo

1.- Anel Patricia Nava Pérez de la Primera Circunscripción y su suplente es Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

Ahora bien, vale la pena recordar una nota publicada por elDiario el Universal el día miércoles 15 de abril de 2009, en donde se da a conocer quela dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional preparaba una estrategia para alterar la integración de sus listas de candidatas a diputados plurinominales, esta nota el día jueves 3 de septiembre quedo materializada ya que como se había mencionado se solicitaron las licencias.

Con frecuencia se utiliza a las mujerespara cumplir con el requisito de cubrir la cuota, para después someterlea acuerdos que las obligan a renunciar a sus cargos para que a final de cuentas estos puestos sean ocupados por hombres o peor aún se les asignan candidaturas en los distritos donde saben perfectamente los partidos políticos que no obtendrán el triunfo, desafortunadamente en nuestro país lo que esta sucediendo entonces es que esta legislación no es aplicada y si es simulada por algunos partidos políticos.

Ante este hecho, las Senadoras de la República nos manifestamos en contra de este tipo de prácticas,requerimos congruencia en los partidos políticos para que la equidad de género no solo se quede de manera discursiva sino que se vea plasmada en hechos, queno solo intenten cumplir con la cuota en la lista de candidatos, sino que ello se vea reflejado en las curules y enlos escaños.

Es lamentable escuchar la posición que toma la hasta hoy diputada electa Yulma Rocha del Partido Revolucionario Institucional donde trata de argumentar y justificar la decisión de solicitar licencia al decir que: “las posiciones plurinominales son espacios del partido, y no fueron votos directamente para Yulma Rocha el partido puede hacer con esos espacios lo que más le conviene”.

Es importante recordar que en las candidaturas plurinominales también es aplicable la cuota de género, y que no, en este caso los partidos no pueden hacer con estos espacios lo que mas les convenga como la diputada comenta, porque hay una ley de por medio y un compromiso que cumplir, sino que entonces lo manifiesten en los debates, porque en todos sus discursos su partido habla de luchar por la equidad e inclusive por la paridad.

Quisiéramos recordarletodo el camino que una mujer tiene que recorrer para llegar a un puesto de elección popular, todas y cada una de las Senadoras y Diputadas tieneuna historiade los obstáculos que se puede encontrar en el camino, en un mundo en donde la mujer ha sido permanentemente discriminada, por ello es inadmisible el quelleguen a acuerdos políticos para ceder esos espacios que con tanto sacrificio se han ganado.

Hago un llamado a las compañeras,para que permanezcan en sus puestos de elección popular, para que respeten la voluntad ciudadana, y sobretodo que adquieran un compromiso real con respeto a la legalidad, a las instituciones y al voto popular.

Este es un asunto de congruencia, por ello exhorto a mis compañeras para que trabajemos juntas por la dignificación de la política en especifico la femenina y en los asuntos que se encuentran pendientes para la equidad de género, entre ellos el buscar endurecerlas sanciones a los partidos políticos que incumplen la ley, para que situaciones como la que estamos tratando el día de hoy no se vuelvan a repetir.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a los partidos políticos a que respeten tanto las obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoralesasí como en sus propios estatutosreferentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las cámaras del Congreso de la Unión.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la colegisladoraa que convoque a un dialogo con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinacióny los inste a respetar la legislación en materia de equidad de género.

Dado en el salón de sesiones, a 10 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Delgado. Desde luego se insertará en el Diario de los Debates.

Con el propósito de sumarse y suscribir el punto de Acuerdo. La Secretaría Parlamentaria toma nota.

Como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Bueno, no impugné el quórum, porque es muy difícil observar que haya quórum.

Pero sin embargo el tema es muy importante. Por eso, voté en favor. Voté en favor, porque en efecto, yo creo que se trata de un fraude a la ley.

Pero debería de decir a la Senadora y a las proponentes, que un exhorto no va a resolver nada, lamentablemente. Lo que deberíamos hacer es legislar; legislar y establecer una composición de los órganos legislativos y colegiados en general.

Porque eso es la verdadera equidad de género. Porque en efecto hay trampas. Hay una clara muestra de una actitud tramposa de los partidos políticos, que lleven a mujeres en lugares privilegiados para cubrir la obligación legal y luego llegan, toman protesta y se retiran.

Algo me decía el Senador del Partido Verde, que en el caso también del PAN, fueron 70 licencias las que se hicieron en la Cámara de Diputados -yo no tengo conocimiento- pero ese es otro tema.

Pero en todo caso yo les propongo que legislemos, porque tampoco se les puede evitar en este momento a los Diputados o Senadores que quieran pedir licencia hacerlo.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Senador Monreal, la Senadora Beatriz Zavala tiene uso de la palabra, por favor, sonido al escaño de la Senadora Zavala.

- La C. Senadora Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Concordando plenamente con lo que nos plantea, Senador, la intervención va en el sentido positivo de esperar una respuesta positiva suya en cuanto a varias iniciativas que ya se han presentado, que han sido turnadas a comisión, una de ellas, de hecho hay un exhorto para el día de hoy, para que sea dictaminada, y es en cuanto a que las suplencias de las candidatas mujeres en ese listado plurinominal o cuando la legislación así lo permita en las candidaturas de mayoría pudieran ser mujeres para que no se haga trampa a la ley que usted señala, y trampa a los ciudadanos también, porque se les ofrece pues un listado que no corresponde a quienes van o pretenden ejercer el cargo de legisladores.

Muchas gracias, Senador.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, incluso yo le diría, le doy mi voto por anticipado, porque me parece que lo que se ha hecho hasta ahora sí es un fraude, de todos los que lo hayan hecho, y han cubierto de manera formal los requisitos, pero en este momento hay una gran discusión en la Cámara de Diputados con diez mujeres propietarias que están solicitando licencia.

Pero, cómo se les obliga también a las mujeres a decirles, no renuncies o no pidas licencia, pues es su voluntad, ya están bastante grandecitas.

Entonces, yo le diría, Senadora, que estoy de acuerdo con usted, en el exhorto estoy de acuerdo, y es más, convoquémonos de inmediato para hacer modificaciones, es un asunto no sólo jurídico, de ética, de ética política, y de los partidos políticos que usan a las mujeres sólo para efectos de presentación pública, es un asunto de moral pública; y por esa razón yo estoy de acuerdo con ustedes. Hagamos algo e incluso en los propios estatutos internos de los partidos establezcamos sanciones, sanciones ahí si para los militantes que se presten a ese tipo de maniobras, porque son maniobras que burlan el cumplimiento de la ley.

Yo las felicito y le digo, por anticipado tendrán mi voto a favor.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Ricardo Monreal. Bien, si no hay otro orador, por favor la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.


[1] United Status Government Accountability Office, Immigration Enforcement, controls over Program authorizing State and Local Enforcement of Federal Immigration Laws Should be Strengthened, 4 de marzo de 2009, p.2.

[2] Ibid, p.3






EXCITATIVA

Se recibió de las Senadoras Blanca Judith Díaz Delgado, Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con las iniciativas que modifican el COFIPE en materia de equidad de género presentadas el 19 de marzo y el 27 de mayo de 2009.

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Las suscritas Blanca Judith DIaz Delgado, Beatriz Zavala Peniche y Adriana GonzAlez Carrillo, Senadoras de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXILegislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en el inciso g del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicitan a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que emita excitativa a las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El día 19 de marzo del 2009, presentaron la Senadora Adriana González Carrillo, a nombre propio y de las Senadoras Claudia Sofía Corichi García, Eva Contreras Sandoval, Blanca Judith Díaz Delgado, Irma Martínez Manríquez, Ludivina Menchaca Castellanos, María Serrano Serrano, María Beatriz Zavala Peniche, Rosalía Peredo Aguilar y María Elena Orantes López una iniciativa que reforma el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el objetivo de dicha iniciativa es que cuando un partido o una coalición registren a una candidata propietaria en las listas de representación proporcional para cargos legislativos federales, la suplencia debe estar ocupada también por una mujer.

Ese mismo día la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente dio turno a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos

De igual manera, el día 27 de mayo del año 2009, la Senadora Beatriz Zavala presento una iniciativa que modifica el artículo 219 del citado código cuya finalidad es que los partidos políticos garantizarán que el 40 por ciento de candidatos al congreso serán mujeres, y su suplente será del mismo género.

Ese mismo día la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente dio turno a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Toda vez que ya excedió el plazo fijado para su debido análisis y dictaminación y ante los hechos ocurridos este pasado día 3 de septiembre del presente en la colegisladora, sometemos a consideración la siguiente:

EXCITATIVA

UNICO.- Se emite excitativa a las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos a fin de que dictaminen la iniciativas que modifican el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de equidad de género, presentadas el día 19 de marzo del 2009 y el 27 de mayo de 2009 suscritas por Senadoras de distintos grupos parlamentarios.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de2009.

Sen. Blanca Judith Díaz Delgado.- Sen. Beatriz Zavala Peniche”.

Esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos a fin de que en los términos del artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso presenten el dictamen correspondiente al asunto ya referido.

La Junta de Coordinación Política ha hecho llegar un Acuerdo por el que se establece el formato único para normar las comparecencias y rendición de informes de los Secretarios de Estado, del Procurador General de la República y de los Directores de las Entidades Paraestatales que sean citados ante el Pleno o en las comisiones con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Rivera Pérez: (Leyendo)

ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO UNICO PARA NORMAR LAS COMPARECENCIAS Y RENDICION DE INFORMES DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LOS DIRECTORES DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES QUE SEAN CITADOS ANTE EL PLENO O EN LAS COMISIONES DE LA CAMARA DE SENADORES, CON MOTIVO DEL TERCER INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

“La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 30 numeral 1 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los resolutivos Cuarto y Quinto del Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del Senado de la República el 4 de septiembre de 2008 y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 82 numeral 1, inciso a), de la propia Ley Orgánica del Congreso General, presenta a la consideración del Pleno este ACUERDO al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que el nuevo régimen constitucional derivado de las reformas al artículo 69 de la Carta Magna, vigente desde el 16 de agosto del año en curso, estableció nuevas normas relacionadas con la presentación y el análisis del informe que sobre el estado general que guarda la administración pública del, país debe presentar el Presidente de la República, así como en lo relativo a las comparecencias de los servidores públicos para ampliar información respecto de los contenidos de dicho informe y las preguntas por escrito que las Cámaras pueden formular al Ejecutivo Federal con motivo del propio informe.

II. Que el Presidente de la República presentó en tiempo y forma su tercer informe en la Sesión de Congreso General para la apertura de los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones de la LXI Legislatura, el pasado 1 de septiembre del año en curso.

III. Que en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General no ha sido aun reformada para adecuarla al texto vigente del artículo 69 constitucional, el pasado 3 de septiembre el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las normas para el análisis del informe presentado por el Presidente de la ­República sobre el estado que guarda la administración pública del país, así como los criterios generales a los que se sujetarán las comparecencias de servidores públicos y la formulación de preguntas parlamentarias por escrito al Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2008.

IV. Que el Acuerdo Parlamentario aludido establece en su Resolutivo Cuarto que las comparecencias de los servidores públicos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional se llevarán a cabo en el plazo comprendido entre el 14 y el 25 de septiembre, podrán tener lugar ante el Pleno o en comisiones y que unas y otras se ajustarán al formato único que apruebe el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

V. En razón de lo anterior se hace necesario que este órgano de gobierno proponga al Pleno el formato único al que se ajustarán dichas comparecencias de servidores públicos.

Con base en los fundamentos legales invocados en el proemio y en las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República propone a la Asamblea Plenaria el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Las comparecencias de los servidores públicos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para rendir informes bajo protesta de decir verdad en relación con el tercer Informe presentado por el Presidente de la República, se desahogarán observando el mandato constitucional y con arreglo a lo dispuesto en los resolutivos Cuarto, Quinto y Sexto del Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno el 3 de septiembre de 2009 y a lo que en lo particular establece el presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Las comisiones del Senado de la República podrán citar a comparecer ante ellas, en reuniones conjuntas, a cualquiera de los servidores públicos del Gobierno Federal a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 constitucional. Las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno, serán aprobadas por la Junta de Coordinación Política.

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva actuará en términos de lo dispuesto por el numeral 4 del Resolutivo Cuarto del Acuerdo Parlamentario del 3 de septiembre, para los efectos de las citas a los servidores públicos que deberán comparecer.

Los Presidentes de las comisiones convocantes a las reuniones conjuntas ante las cuales deban comparecer servidores públicos, notificarán oportunamente al Presidente de la Mesa Directiva para que formalice los citatorios correspondientes a dichos servidores públicos.

CUARTO.- Las comparecencias de servidores públicos, tanto las que tengan lugar ante el Pleno como las que se desarrollen en reuniones conjuntas de comisiones se ajustarán al siguiente formato único:

1. La reunión de comisiones conjuntas será moderada por el Presidente de la comisión que corresponda, conforme a lo que dispone el Punto Segundo del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las normas para el análisis del Informe presentado por el Presidente de la República sobre el estado que guarda la Administración Pública del país, aprobado el 3 de septiembre pasado.

2. El Presidente de la comisión encargado de convocar y moderar la reunión tendrá un mensaje inicial para abrir la comparecencia del servidor público y explicar los motivos de la reunión.

3. Inmediatamente despuésel Presidente de la comisión encargado de moderar la reunión hará saber de viva voz al servidor público compareciente que para todos los efectos que correspondan, a partir de ese momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad con la obligación establecida en el artículo 69 constitucional.

4. Acto seguido se abrirán tres rondas de preguntas en las que los grupos parlamentarios podrán exponer sus cuestionamientos en el siguiente orden:

PRIMERA RONDA:

a) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

b) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

c) Grupo Parlamentario de Convergencia.

d) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

e) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

f) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

g) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

SEGUNDA RONDA:

a) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

b) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

c) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

d) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

TERCERA RONDA:

a) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

b) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

c) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Los oradores dispondrán de hasta tres minutos para sus intervenciones en las rondas de preguntas. El servidor público compareciente dispondrá de diez minutos para contestar, al final de las preguntas en cada una de las tres primeras rondas.

2. En caso de que lo soliciten, los senadores tendrán derecho a réplica por un tiempo de hasta un minuto para su intervención.

3. Al finalizar las 3 rondas de oradores, el Presidente preguntará a los senadores asistentes si se considera necesaria una última ronda de intervenciones. En el caso de ser así se procederá en los siguientes términos: Se abrirá un espacio para que un senador de cada uno de los grupos parlamentarios, en el orden establecido para la primera ronda, puedan hacer una intervención final hasta por tres minutos. En su caso, el servidor público compareciente contestará por un espacio igual de tiempo.Si así lo solicitan, los senadores tendrán derecho a réplica hasta por un minuto.

4. El Presidente de alguna de las comisiones asistentes, distinto al que condujo la reunión, tendrá una intervención final para dar por terminada la comparecencia.

Dado en la Cuidad de México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2009.

Junta de Coordinación Política: Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.- Sen. Dante Delgado Rannauro, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, Integrante de la Junta de Coordinación Política.- Sen. Santiago Creel Miranda, Integrante de la Junta de Coordinación Política.- Sen. Melquíades Morales Flores, Integrante de la Junta de Coordinación Política”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el Acuerdo. Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal, por el grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Yo sé que están cansados, pero la semana que entra van a ser como seis días seguidos para descanso, después del martes. Además ya hay poco quórum, ya la mayoría se fue, los que están es que realmente les interesa el tema del Senado.

No, miren, en efecto hace un rato Víctor Orduña me pasó el proyecto de dictamen. Yo quiero dejar asentado nada más nuestra reflexión de inconformidad, porque miren, cada vez nos excluyen más. Ciertamente las tres rondas de preguntas y réplicas a los comparecientes, están bien, pero solamente en una tenemos derecho por 3 minutos los grupos parlamentarios: PT, Convergencia y Verde.

Nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque es acotar demasiado la representación parlamentaria, no es de esa manera como el Parlamento ha funcionado históricamente, y tampoco se puede excluir a los grupos con escasa representación en las comparecencias.

Según veo en el acuerdo, sólo tendremos 3 minutos, 3 minutos con un Secretario o con un compareciente. Lo que a mí me parece totalmente insuficiente; pero además le damos la oportunidad al Secretario que se luzca porque él sí tendrá 10 minutos para que pueda cerrar con broche de oro, cuando siempre cierra en los parlamentos el parlamentario, no el funcionario, ese es un derecho de mucho tiempo atrás.

El parlamentario siempre cierra, porque entonces el funcionario se luce, y ahora se están alterando con este tipo de acuerdos parlamentarios, el sentido, el sentido y el propósito del Parlamento.

Tú le preguntas al Secretario alguna cosa, y divaga 10 minutos y se va y no te contesta, y ya no puedes hacer nada, o te puede decir lo que quiera en tu casa y no vas a hacer nada. Entonces me parece que esto debería posponerse y revisarse de nueva cuenta son las dictaduras de la Junta de Coordinación Política que está en una desmesura, o sea, ya no hay parlamento, sólo hay Junta de Coordinación Política; el Parlamento no importa, lo que acuerde la Junta es lo que vale.

Por eso yo estoy en contra y le solicito al señor Presidente, incluso, votación nominal porque ahora sí aprovechando la falta de quórum, ojalá y esto no pase.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias al Senador Ricardo Monreal. Sonido al escaño del Senador José Isabel Trejo.

- El C. Senador José Isabel Trejo Reyes: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Solamente quiero aclararle al Senador Ricardo Monreal que no cierra el servidor público, independientemente de la legitimidad de su inconformidad, que por cierto yo comparto, sino que sí cierra el Senado.

Al final cualquier Senador puede hacer con un minuto cualquier réplica al funcionario; y un presidente de cualquier otra comisión cierra, no es el funcionario quien cierra. Entonces sí nos estamos abrogando el derecho en el Senado de todas las fuerzas políticas hacer una réplica al funcionario, al final de un minuto, y al final un presidente distinto del que preside la Mesa, también dará una opinión final, no sé si a nombre del Senado o no, de las comisiones, pero dará su versión finalmente. Solamente aclararlo porque sí era preciso.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias por su precisión, Senador Trejo Reyes.

El Senador Ricardo Monreal, desde su escaño.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Tiene razón, reconozco que en el punto siete, y advierto que Víctor me lo estaba diciendo en este momento, pero apenas hace tres, cuatro minutos que lo leí y que me lo entregaron y que lo había firmado.

Eso es lo que nos lleva a la premura, pero reconozco la intervención del Senador Isabel Trejo, y en efecto sí está. Entonces solamente quedaría mi protesta por la no inclusión en hacer rondas, salvo en una.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, Senador Ricardo Monreal. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado el Acuerdo por el que se establece el formato único para normar las comparecencias y rendición de informes de los Secretarios de Estado, del Procurador General de la República y de los Directores de las Entidades Paraestatales que sean citados ante el Pleno o en las Comisiones con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones correspondientes del Senado. Publíquese en la Gaceta del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Gracias, señor Secretario. Se cita a la siguiente sesión el próximo lunes 14 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:40 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

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Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx


Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO





COMUNICACIONES

- Del C. Senador Alberto Cárdenas Jiménez, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 10 de septiembre del año en curso.



- Del C. Senador Jesús Dueñas Llerenas, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por la que informa que el proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de manejo integral de cuencas hidrográficas, se encuentra en estudio y análisis, por lo que solicita se otorgue una prórroga para la presentación del dictamen, a partir de la excitativa emitida el 3 de septiembre pasado.



- De la Comisión de Gobernación, con la que remite su informe de labores correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

- De la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con la que remite su informe de labores correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.



- De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su informe de labores correspondiente al último año y el correspondiente a los tres años de ejercicio de la LX Legislatura.



- De la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su informe de labores correspondiente a la LX Legislatura.



- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite su informe de labores correspondiente a la LX Legislatura.





















PROPUESTAS

- Del C. Senador Francisco Arroyo Vieyra, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a rendir un informe detallado del incremento del 20% en sólo dos años en la partida presupuestal de Servicios Personales que incluye plazas, sueldos y prestaciones.



- Del C. Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, que contiene punto de Acuerdo sobre el conflicto magisterial en el estado de Oaxaca.



- De la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las estrategias que se llevarán a cabo para suministrar las vacunas y los medicamentos que adquirirá nuestro país para atender debidamente el rebrote de la influenza humana A(H1N1), ante la llegada del inverno en el hemisferio norte.



- De los CC. Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación a la disminución del monto de becas que otorga CONACYT para el estudio de posgrados nacionales.



- Del C. Senador Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expresar al gobierno de los Estados Unidos el rechazo del gobierno de México a la aplicación de las leyes migratorias bajo el programa 287 (g) por parte de autoridades locales y estatales encargadas de la aplicación de la justicia. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar una estrategia de protección que permita defender la estricta observancia de los derechos de los connacionales residentes en Estados Unidos.



- Del C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se asignen recursos al menos de 1,500 millones de pesos para la rama del café.



- Del C. Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incorporar a los municipios del estado de Yucatán que indebidamente fueron marginados de los beneficios del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.



- Del C. Senador Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se rechaza la violencia y represión en el estado de Oaxaca.



- De la C. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, a nombre propio y de la C. Senadora Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos a respetar tanto las obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en sus propios estatutos referentes al tema de la participación política de las mujeres y su participación equitativa en las Cámaras del Congreso de la Unión. Intervienen al respecto los CC. Senadores Ricardo Monreal Avila y Beatriz Zavala Peniche. Se aprueba.




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