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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 3

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Septiembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

         - El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguirre Rivero Angel, Alonso Díaz Caneja Angel, Alvarez Mata Sergio, Anaya Llamas José Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce Islas René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dueñas Llerenas Jesús, Elizondo Barragán Fernando, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Alcocer Alejandro, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Leal Angulo Augusto César, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mejía González Raúl José, Mendoza Garza Jorge, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rodríguez y Pacheco Alfredo, Rojo e Incháustegui María, Sacramento Garza José Julián, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Origel Ricardo, Trujillo Fuentes Fermín, Velasco Coello Manuel, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo Alejandro, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Agundis Arias Francisco, Anaya Gutiérrez Alberto, Baeza Meléndez Fernando, Castelo Parada Javier, Contreras Sandoval Eva, Cortés Mendoza Marko Antonio, Creel Miranda Santiago, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Escobar y Vega Arturo, González Aguilar Lázara Nelly, González Morfín José, Larios Gaxiola Emma Lucía, Legorreta Ordorica Jorge, Mazón Alonso Lázaro, Monreal Avila Ricardo, Orozco Gómez Javier, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Trejo Reyes José Isabel, Velázquez López Rubén Fernando, Zavala Peniche María Beatriz.

Senadores en comisión oficial: Núñez Jiménez Arturo.

Senadores con aviso de inasistencia: Aguilar Coronado Marco Humberto (inasistencia justificada), Berganza Escorza Francisco (inasistencia justificada), Döring Casar Federico (inasistencia justificada), Mejía Haro Antonio (inasistencia justificada), Menchaca Castellanos Ludivina (inasistencia justificada), Sánchez Anaya Alfonso (inasistencia justificada), Torres Mercado Tomás (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Cota Cota Josefina, Obregón Espinoza Francisco Javier.

       - El C. Secretario Adrián Rivera Pérez: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 118 ciudadanos Senadores.

       En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

       - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL JUEVES TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veinticuatro minutos del día jueves tres de septiembre de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento trece ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.
(Acta de la  Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Junta Previa celebrada el lunes treinta y uno de agosto de dos mil nueve.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, adoptado en Ginebra, el siete de febrero de dos mil seis, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Trabajo y Previsión Social.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo Internacional del Café de 2007, adoptado en Londres, el veintiocho de septiembre de dos mil siete, en el marco de la Organización Internacional del Café (OIC).- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Agricultura y Ganadería.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General Iberoamericana relativo al Establecimiento en México de una Oficina de Representación, firmado en la Ciudad de México el ocho de julio de dos mil nueve.- Se turnó a a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que conforman el Patrimonio Natural que hayan sido Materia de Robo o de Tráfico Ilícito, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Justicia.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Bogotá, Colombia, el trece de agosto de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Hacienda y Crédito Público.
(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Comunicaciones y Transportes.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Gobernación.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el treinta de julio de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Gobernación.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México, el 5 de abril de 1994, hecho en la Ciudad de México y la ciudad de San José, el diecisiete de julio de dos mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, hecho el treinta de junio de dos mil nueve.- Se turnó a a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el instrumento internacional consistente en el, Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que Modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias de Capital, firmado en la Ciudad de México el 2 de junio de 1994, suscrito en la Ciudad de México, el veintitrés de abril de dos mil nueve.- Se turnó a a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite ejemplares del Tercer Informe de Gobierno del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.- El Presidente informó que dichos documentos fueron ya distribuidos entre los señores Senadores.
(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período abril-junio de 2009.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Secretaría de Energía, el Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2009.- Se remitió a la Comisión de Energía.

(Comunicaciones)

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.- Se turnaron a la Comisión de Gobernación.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2009; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2009 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio de 2009.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 162 aniversario de la Batalla del Molino del Rey, a celebrarse el martes 8 de septiembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador Rubén Fernando Velázquez López.

(Comunicaciones de las Legislaturas de los Estados)

Se recibió del Congreso del Estado de Guerrero, invitación para asistir a la sesión solemne con motivo del 196 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, que se llevará a cabo el 13 de septiembre del año en curso, a las 18:00 horas, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.- Se designó en comisión al Senador David Jiménez Rumbo.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se integra la Junta de Coordinación Política.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo relativo a la integración de Comisiones del Senado y delegaciones permanentes a foros internacionales.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo que establece las normas para los trabajos de análisis del informe de gobierno del Presidente de la República.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
(Minutas de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente con minuta desechada, relativo al proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos.

(Minutas de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente con minuta desechada, relativo al proyecto de Decreto Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189 y el primer párrafo del artículo 190 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Minutas de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente con minuta desechada, relativo al proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Energía; y de Estudios Legislativos.

(Minutas de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente con minuta desechada, relativo al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

(Minutas de la Cámara de Diputados)

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente con minuta desechada, relativo al proyecto de Decreto que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

(Minutas de la Comisión Permanente)

Se recibió de la Comisión Permanente, el inventario de asuntos del último receso de la Sexagésima Legislatura, acompañado del nombramiento a favor del C. Emilio Rafael José Goicoechea Luna, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

(Minutas de la Comisión Permanente)

Se recibió de la Comisión Permanente el inventario de asuntos del último receso de la Sexagésima Legislatura, acompañado de la relación de asuntos para turno a comisiones de la Cámara de Senadores.- El listado de proposiciones con punto de Acuerdo y sus respectivos turnos se publicó en la gaceta del Senado.

(Acuerdos de los Órganos de Gobierno)

Se sometió a consideración de la Asamblea, de la Mesa Directiva, un Acuerdo por el que se designa a los integrantes del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Ricardo García Cervantes, Informe de Actividades de la Comisión de Estudios Legislativos correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.- Quedó de enterado.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Canal de Televisión del Congreso, el Segundo Informe Anual de Actividades mayo 2008-abril 2009.- Quedó de enterado.

El Presidente informó que la Mesa Directiva acordó turnar a Comisiones las proposiciones con punto de Acuerdo inscritas en la agenda de hoy, cuyos autores así lo autoricen. En consecuencia se dio turna a las siguientes:

(Proposiciones)

Del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal liberar los recursos del FONDEN en Baja California Sur, a fin de mitigar los estragos que dejó a su paso el huracán “Jimena”, se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Proposiciones)

De la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita a la Junta de Coordinación Política evalúe la creación de la comisión especial sobre el cambio climático, se turnó a la Junta de Coordinación Política.

(Proposiciones)

De los Senadores Heladio Ramírez López y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo para solicitar a la sagarpa un programa de emergencia contra la sequía; a sedesol, que mantenga los precios de los productos básicos que vende diconsa; al Programa de Atención a las Contingencias y a las instituciones de seguros, operen de inmediato, se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

Del Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, otorgar mayores recursos a la educación náutica, se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Del Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar e informar sobre la denuncia pública hecha por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción-Tijuana, relacionada con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de extorsión y abuso de autoridad de que fueron víctimas integrantes de ese organismo por parte de elementos de la policía federal en la carretera Tijuana-Ensenada, Baja California, se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.
(Proposiciones)

De la Senadora María Serrano Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados a fin de que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se aumenten, en la medida de los posible, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena, se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Del Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a fomentar el flujo de turistas de la región de Medio Oriente hacia México, se turnó a la Comisión de Turismo

(Proposiciones)

De la Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Educación Pública y a la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones en materia de presupuesto de egresos, consideren el fortalecimiento del presupuesto del subsector cultura para el ejercicio 2010, para qué no sea menor al del ejercicio previo, se turnó a la Comisión de Educación.

(Proposiciones)

Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar la vigilancia respecto del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados, se turnó a la Comisión de Atención a grupos Vulnerables.

(Proposiciones)

Del Senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se solicita la comparecencia del director general del infonavit para que informe sobre el proceso de cesión de cartera vencida, en especial, la vendida a empresas trasnacionales, se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Proposiciones)

Del Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se cita a comparecer al director de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los proyectos de las presas “El Zapotillo” y “arcediano”, que se pretenden construir en el estado de Jalisco, se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

(Proposiciones)

Del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a expedir un Acuerdo que salvaguarde los derechos de los trabajadores que han utilizado y que utilicen el apoyo por desempleo, se turnó a la Comisión de Seguridad Social.
(Proposiciones)

Del Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a implementar a la brevedad posible un programa encaminado a reforzar los servicios aeronáuticos en el estado de Sinaloa, en particular los relativos a la seguridad del tránsito aéreo en la entidad, se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Proposiciones)

Del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una mesa de trabajo con las comisiones de Agricultura y Ganadería del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, en la que se diseñe de manera conjunta un plan emergente que atienda la sequía, se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(Proposiciones)

De los Senadores Carlos Lozano de la Torre, Carlos Aceves del Olmo y Fidel Pacheco Rodríoguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al infonavit a flexibilizar las condiciones actuales de reestructura de adeudos hipotecarios, a impulsar un programa de rescate de cartera vencida y protección a beneficiarios que han perdido su empleo, se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

(Proposiciones)

De los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de Acuerdo relativo a las relaciones entre México y Japón la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico., se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico.

(Proposiciones)

Del Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a implementar un plan estratégico e integral de promoción turística en los estados que conforman la región sur-sureste de nuestro país, asimismo, emita un informe sobre el estado que guarda y los resultados obtenidos en el Programa Mundo Maya, se turnó a la Comisión de Turismo.

(Proposiciones)

De la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no efectuar recortes a los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior en el ejercicio fiscal de 2009; así como solicitar a la Cámara de Diputados se destinen mayores recursos a estas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se turnó a la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Del Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos para apoyar a los productores agrícolas y ganaderos que se han visto afectados por la temporada de sequía, se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
(Iniciativas)

El Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Ley de Protección a Mexicanos en el Exterior.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Bibliotecas Multimedia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa con proyecto de Decreto que deroga los artículos del 97 al 112 comprendidos en el Capítulo VII de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Jorge Legorreta Ordorica, Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y del Senador Fermín Trujillo Fuentes, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso f, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Rafael Moreno Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 194, la fracción II del artículo 198 y el artículo 204 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora María Elena Orantes López, a nombre propio y de las Senadoras Guadalupe Fonz Sáenz y María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 204 de la Ley del Seguro Social y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Salomón Jara Cruz, a nombre propio y del Senador Alfonso Sánchez Anaya y, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, modifica y adiciona la fracción I del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.
(Iniciativas)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, en nombre propio, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 153, 156, 163 y 172 de la Ley del Seguro Social y los artículos 86 y 90 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

El Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Minerva Hernández Ramos, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos.

(Agenda Política)

Para referirse al mensaje del Presidente de la República en torno a su Tercer Informe de Gobierno, intervinieron los siguientes Senadores: Ricardo Monreal Ávila, José Luis Lobato Campos, Arturo Escobar y Vega, Pablo Gómez Álvarez, Pedro Joaquín Coldwell, Gustavo Madero Muñoz, Irma Martínez Manríquez, Francisco Castellón Fonseca, Santiago Creel Miranda y Alejandro González Yáñez.

(Proposiciones)

La Senadora Rosario Green Macías, a nombre propio y del Senador Eloy Cantú Segovia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rinde homenaje al Senador estadounidense Edward M. Kennedy, con motivo de su reciente fallecimiento y envía al Senado de Estados Unidos un mensaje de solidaridad por este suceso.- Se guardó un minuto de silencio en memoria del Senador Edward Kennedy. Considerado de urgente u obvia resolución. A discusión intervino el Senador Luis Alberto Villarreal García. Se aprobó en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe sobre el desarrollo de las funciones que ejercen el titular del Servicio de Administración Tributaria, el Administrador General de Grandes Contribuyentes, así como el Administrador Central de Fiscalización a Precios de Transferencia.- Al respecto intervinieron los Senadores Francisco Arroyo Vieyra, José Isabel Trejo Ávila y Ricardo Monreal Ávila. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

(Proposiciones)

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al Ejecutivo sobre los avances de la estrategia militar en contra de crimen organizado.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.
(Excitativas)

Se recibió de la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia formuló excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos

(Excitativas)

Se recibió del Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas.- La Presidencia formuló excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cinco minutos, y citó a sesión Ordinaria el próximo martes 8 de septiembre, a las once horas”.

       El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. Y en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

       - El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

       Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

       Aprobada el acta, señor Presidente.
      
- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

         - El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

“2009, Año de la Reforma Liberal”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1329/09
México, D.F., a 7 de septiembre de 2009.

Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes.

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones VIII y XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Presidente de la República tuvo a bien designar al Lic. Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

Por lo anterior, ruego a ustedes se sirvan someter a la aprobación de ese Organo Legislativo, la ratificación del nombramiento del Lic. Arturo Chávez Chávez.

Anexo al presente, el original del escrito mediante el cual el titular del Ejecutivo Federal, comunica a esa Cámara de Senadores la citada designación, asimismo copia de sus datos curriculares.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese, el presente asunto, a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

                Pasemos al siguiente asunto.





COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

         - El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibió de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el “Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-junio de 2009).”

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Remítase el informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

                Por favor, el siguiente asunto.





ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

         - El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un Acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión considerar dentro de sus prioridades la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Unica.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a la Cámara de Diputados.

         Señores y señoras legisladores, ruego a ustedes un momento de su atención.

         Si fueran tan amables de ocupar sus lugares, señores Senadores, para tocar un tema muy lamentable que la Mesa Directiva quiere proponerle al Pleno del Senado.

         Como todo mundo sabe, ha ocurrido una tragedia de impacto nacional en el estado de Tabasco.

El clima de violencia que azota al país ha cobrado nuevas víctimas y todos los grupos parlamentarios, las señoras Senadoras y Senadores, hemos tenido conocimiento del asesinato del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, distinguido militante del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Tabasco, y también de su esposa Liliana Argüelles Beltrán, y también de los niños Fernando y José Francisco Fuentes Argüelles.

Las autoridades han iniciado la averiguación correspondiente y han empezado a localizar a presuntos responsables; pero la magnitud de la tragedia, la información que estamos recibiendo, los testimonios de los presuntos responsables; lo que ha ocurrido cimbra al país y evidentemente lastima a la sociedad del estado de Tabasco y a la sociedad de todo el país.






MINUTO DE SILENCIO

         Por ello, a propuesta de la Mesa Directiva y a petición del Senador Herrera León, solicito al Pleno que guardemos un minuto de silencio en memoria y en recuerdo del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, de la señora Liliana Argüelles Beltrán y de los niños Fernando y José Francisco Fuentes Argüelles.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

         Muchas gracias, señoras y señores Senadores.

         Informo a la Asamblea que se encuentra anotado en el Orden del Día correspondiente, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que se encuentra en consulta con las coordinaciones de los grupos parlamentarios.

         Por lo tanto, a la espera de que sea posible consensar un turno adecuado para este punto, pasaremos al siguiente punto del Orden del Día.

         - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: El Senador Ricardo Monreal tiene el uso de la palabra.

         - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo quiero hacer notar lo siguiente.

         Independientemente de no meterme a la discusión del tema en este momento por la indicación y por el esfuerzo que está haciendo usted y los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo el Presidente de la Junta de Coordinación Política, recordarán que en la última sesión que sostuvimos yo me reservé mi firma, e incluso voté en contra del Acuerdo.

         Aparece mi firma en el documento. Cuando me lo pasó el Secretario técnico, Víctor Orduña, le dije, yo no voy a votar. No voy a firmar porque estoy en contra del Acuerdo, hasta en tanto no conversemos con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
        
         Luego, sólo le solicito que en el dictamen se establezca que yo no firmé, en este momento, y no estaba en favor, ni estoy en favor del acuerdo.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Ricardo Monreal, no está a discusión el tema. No se ha presentado ningún Acuerdo aún en el Pleno.

         Por lo tanto, creo que ese tema debe ser procesado en consulta con los integrantes de la Junta de Coordinación Política para su tratamiento adecuado.

         Por lo tanto, pido que no abramos este tema, puesto que está en procesamiento y en consulta. Y en su momento podrá plantearse qué tipo de Acuerdo y con qué firmas se presenta, si es que así se resuelve por la mayoría de la Junta de Coordinación Política.          
        
- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Adelante.

         - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) De acuerdo, señor Presidente.

         Sin embargo, sí aparece en la Gaceta mi firma. Lo que le pido es que no aparezca porque yo no firmé y no estuve de acuerdo.

         Voté en contra y así lo establece el acta. Entonces, simplemente, que se tome nota, es todo. No voy a entrarle al debate en este momento, hasta en tanto se procese, se lea y el procedimiento parlamentario se ponga en marcha.

         - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se toma nota del planteamiento del Senador Ricardo Monreal.

         Y se ratifica el criterio de esta Mesa Directiva, de que es un tema que se está procesando en la Junta de Coordinación Política donde están los coordinadores parlamentarios.

         Informo a ustedes que en el intento de mantener abierta la posibilidad de que sesión a sesión el Senado de la República pulse la situación del país, abra el debate político necesario sobre temas de interés, al final de la presentación de las iniciativas de las señoras Senadoras y señores Senadores, se abrirá un espacio para la agenda política y el debate correspondiente. Hoy tocaremos el tema de la situación del campo mexicano, de la emergencia por la ausencia de lluvias en varias partes del país, por la situación dramática en varias partes del país y vinculado con el reciente nombramiento de un nuevo Secretario del gabinete del Ejecutivo Federal, encargado de esta materia.

Por lo tanto informo a ustedes para que los grupos parlamentarios precisen sus representantes, que se establecerá el mecanismo ya adoptado la vez pasada, de una fijación de posición hasta por 7 minutos por cada grupo parlamentario, y una posible segunda ronda de ser necesario, hasta por 3 minutos, y adelanto además que se ha consensado con los grupos parlamentarios que la agenda política del próximo jueves esté dedicada al tema de Pemex, de su funcionamiento, del informe de la Comisión de Energía, y del nombramiento del nuevo director de esta importante empresa mexicana.

Por lo tanto, planteados estos temas, se procede pasar al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Rivera Pérez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores. Una del Senador Jorge Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite el Acta de la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicho Parlamento, celebrada los días 20 y 21 de agosto en Lima, Perú.

Una del Senador Carlos Jiménez Macías, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite el informe de labores de dicha comisión correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Y una del Senador Fernando Ortega Bernés, por la que informa su decisión de optar por el cargo de gobernador Constitucional del Estado de Campeche.

“Fernando E. Ortega Bernés

México, D. F., a 1 de septiembre de 2009.

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO
PRESENTE.

A través de este conducto, le comunico que el 15 de septiembre del año en curso, asumiré el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, por tanto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que he decidido optar por dicho cargo para el que fui electo el pasado 5 de julio.

Por lo anterior, solicito dar el curso adecuado a esta comunicación para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, protesto a usted la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debidamente enterada, y estoy cierto y seguro que los integrantes del Senado de la República le desean a nuestro compañero Fernando Ortega toda clase de beneplácito y de felicitación por la opción de su cargo a gobernador constitucional del estado de Campeche.

Honorable Asamblea, en otro apartado del Orden del Día, se concede el uso de la voz al Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 69 Bis a la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 69 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Felipe González González: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Recientemente se alzaron voces en contra del abuso sexual que sufren infantes en las escuelas. La red por los derechos de la infancia, externó su preocupación por la impunidad que priva en los planteles tratándose de este ilícito, este crimen es en agravio de los más vulnerables.

La posibilidad de defensa de niñas y niños frente a un ataque de esta índole es escasa. La Convención de los Derechos del Niño, de la cual México es signatario, se refiere expresamente al maltrato y al abuso sexual y dispone en su artículo 19 que “los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

A fin de adoptar las medidas legislativas a las que estamos comprometidos en nuestra condición de representantes del Pacto Federal, ¿cuál es la situación de los derechos de la infancia en relación con el abuso sexual?

La Secretaría de Educación Pública informó que tan sólo en la ciudad de México se registró durante el año 2008 un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos. Según esas mismas cifras el abuso sexual y las violaciones en las escuelas públicas crecieron en un 31 por ciento. Es probable que los indicadores en el resto de la República sean similares.

Ante la creciente incidencia de este ilícito, ¿qué pasa? Pues nos encontramos con una cultura de la impunidad, de solapar, ya que la práctica inveterada, salvo contadas excepciones, consiste en simplemente cambiar de adscripción al maestro, al intendente, no se denuncian y esta costumbre perversa no sólo impide que dicho delito produzca en contra del responsable las consecuencias jurídicas que trae aparejada de conformidad con nuestras leyes, sino que hace nugatorios los derechos de las víctimas que no reciben la atención al grave daño que les han infligido.

Se vulnera su derecho al normal desarrollo psico-sexual al de su integridad, a la indemnización por el daño moral sufrido, en suma, a su dignidad como personas.

Para que el Estado Mexicano adopte las medidas legislativas a efecto de proteger a la niñez del abuso sexual en las escuelas, tanto públicas como privadas, es necesario a partir de que dicho acto criminal se desarrolla en un comienzo con un acercamiento o enganche, la repetición de esos acercamientos para ganarse la confianza de la víctima, lo cual se denomina continuidad y finalmente la consolidación de una situación de control o de poder del agresor sobre el infante o el adolescente.
El proyecto de Decreto que vengo a presentar hoy a esta Asamblea tiene el propósito de que a través de la capacitación a los diversos integrantes de la comunidad escolar, pero principalmente a los trabajadores de la educación se puedan crear redes en contra del abuso sexual, redes que identifiquen al probable infractor, a las víctimas potenciales, a los lugares y ocasiones propicias a las situaciones de control en las que algún adulto pueda ir envolviendo a un niño, niña o adolescente.

Se propone un protocolo para saber cómo actuar una vez que se haya identificado alguno de estos factores criminógenos. Se hace especial hincapié en que los propios infantes deben, con técnicas didácticas, acordes a su edad, saber defenderse. Se plantea de igual modo cómo deben interrogar y tratar los maestros a una víctima cuando se lleguen a enterar de una probable agresión sexual.

En fin, con una amplia participación de la comunidad escolar, que incluya a maestros, alumnos, y padres de familia, se establecen reglas básicas a partir de las cuales los padres tengan derecho a solicitar a la autoridad administrativa planes y programas para prevenir y atender los casos de abuso sexual en las escuelas.

Para erradicar la impunidad y transformar la contracultura prevaleciente que favorece la opacidad. La iniciativa contiene disposiciones que fijan claramente el deber de los directivos y supervisores de la tarea escolar, de denunciar todos los casos de que tengan noticia y facilitar las investigaciones a fin de alcanzar una cultura de legalidad en las escuelas frente a este delito, se propone sancionar, por igual, con la separación del cargo a los directivos y supervisores que deliberadamente sean omisos en la denuncia ante el Ministerio Público, pues dicha actitud va más allá de la mera apología tácita del deleito, ya que la reubicación del infractor es fuente de nuevos ataques para la desprevenida población escolar del plantel.

Con esta iniciativa pienso que México da un paso más en sus compromisos internacionales en términos de la Convención de los Derechos del Niño, avanza en el impacto normativo derivado de la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y complementa la Ley General de Educación con una preceptiva específica frente al abuso sexual en contra de infantes.

Un Estado se caracteriza y califica como tal en medida que protege lo más valioso, sus niñas y niños.

Señor Presidente, le solicito con toda atención se disponga lo necesario para que el proyecto de Decreto en su totalidad se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

Felipe González González, Senador de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en  lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación  con el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 69 bis a la Ley General de Educación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

México fue de las primeras naciones en adherirse a la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Con posterioridad, la comunidad internacional, por acuerdo de un número importante de países, coincidió en cristalizar y dar fuerza vinculante a los principios de la Declaración y se concretó la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es signatario y, en consecuencia, adquirió el deber de actualizar el orden jurídico de la república a efecto de que en las instituciones, figuras y actos jurídicos relacionados con esta materia, prive con primacía el interés superior del niño.

En cumplimento de dicho deber se expidió la Ley de protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 19 de dicha Convención se refiere expresamente al maltrato: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

Muchos niños son objeto de abuso sexual. Lamentablemente observamos que en nuestro país, las buenas intenciones y altos propósitos del espíritu de las leyes corren por un sendero, del deber ser y las prácticas en la realidad transitan por una cultura donde se anteponen los derechos de los adultos o de plano las acciones sin justificación por encima de los derechos de la infancia. La postergación de los derechos de la niñez se manifestó con claridad en el incendio de la guardería ABC en Sonora, donde la falta de supervisión y vigilancia dio pie a una de las más graves violaciones a los derechos de niñas y niños en los últimos años, por la falta de una cultura y sensibilidad protectora en los tres niveles de gobierno.

A diario se conculcan los derechos de la infancia en una situación similar al caso registrado en Hermosillo. En las escuelas, tanto públicas como privadas, es frecuente que tengan lugar casos de abuso sexual en pequeños y también en el nivel de secundaria. Sucede tanto en las escuelas privadas como en las públicas. A pesar de que conforme a los diversos Códigos Civiles en la república los maestros tienen, desde antes de que emergiera la moderna preceptiva protectora de la niñez, el deber de vigilancia y custodia sobre los niños por el período en que se encuentran bajo su guarda en la escuela, no se cuenta con la preparación adecuada para prevenir y atender el abuso sexual en las escuelas.

El diario El Universal publicó el cinco de agosto del dos mil nueve una nota relativo al abuso sexual en las escuelas. Las declaraciones son del director de la Red  por los Derechos de la Infancia. El abuso sexual y la violación a niños y jóvenes en las escuelas por parte de maestros o trabajadores continúa en ascenso, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no cuenta con una instancia nacional para identificar a profesores, conserjes y autoridades pederastas, cuya máxima sanción dentro del sistema educativo es su traslado a otro colegio.

Tan sólo en la ciudad de México, durante el año 2008, se registró en promedio un caso de abuso sexual por semana en los planteles educativos, revela la Secretaría de Educación Pública.

Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, asegura que nuestro país no cuenta con un mecanismo de denuncia penal que acompañe a los padres de familia y a los niños, para evitar que después del abuso sexual o la violación sólo se realicen procedimientos administrativos o negociaciones políticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que concluyen en la reubicación de los agresores.

Las denuncias ante el Ministerio Público son escasas y dependen mucho de como reacciona una familia o la comunidad escolar ante la agresión, afirma. Explica que en muchos de los casos las denuncias se solventan en el entorno escolar y no ante las instancias penales, lo que serviría para crear una red de protección en torno a los niños.

Cifras de la SEP revelan que en el DF, durante los últimos tres años, el número de casos de abuso sexual y violaciones en las escuelas públicas creció 31%. La Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP en el Distrito Federal documentó 45 denuncias en 2004.

Para 2008, la SEP responde -en la solicitud vía IFAI 00011000007409- que hubo 59 casos de abuso sexual.
Más allá de las diversas definiciones que se han elaborado sobre el abuso sexual, lo cierto es que se caracteriza por que se produce en una situación de poderío o control del agresor sobre la víctima; en un esquema de acercamiento o “enganche”, continuidad y confirmación del hecho. Estas circunstancias se pueden generar con facilidad en el entorno educativo, cuando algún integrante de la comunidad escolar, por lo general adulto, pero también pueden ser adolescentes, busca la oportunidad para obtener satisfacción sexual a través de los niños. En consecuencia, el trabajo legislativo debe sentar las bases generales, a partir de los derechos de niñas, niños y adolescentes al normal desarrollo psico-sexual, para cerrar la ocasión que permita que se genere una situación de control tendiente a lograr el enganche, concreción y continuidad de los actos que constituyan el abuso. Para ello, los integrantes de la comunidad escolar: docentes, trabajadores administrativos y de apoyo a la educación, padres de familia y terceros relacionados con los planteles, deben estar familiarizados con las técnicas más recientes para prevenir el abuso. Los propios niños deben saber, por medio de una pedagogía adecuada a sus edades, cómo identificar una probable agresión y buscar ayuda oportuna.

De igual modo, los docentes y sus directivos así como los supervisores deben estar capacitados para identificar a los probables agresores, a las víctimas y en particular cómo dar la atención inicial ante el hallazgo para lograr la confianza de un niño o niña y darle una atención digna que reconozca su condición de persona y de infante en desarrollo. Se requiere que la regulación del servicio educativo deje claro que el problema no se arregla. Se aplican las consecuencias jurídicas. No basta con otorgar una nueva asignación al infractor en otro plantel, donde los padres de familia no estén enterados de su perfil. El deber de denunciar los delitos de que uno tenga noticia, ya establecido en las leyes penales ha sido insuficiente para acabar con la impunidad en torno al abuso sexual en las escuelas. Para garantizar los derechos de la infancia en el plano normativo es menester la fuerza de ley de un mecanismo que contraiga a la denuncia: hay que hacer sancionable la omisión de los directivos de dar aviso a las autoridades competentes y obligar a la autoridad a una investigación profunda con el propósito de verificar si en años anteriores o en lugares precedentes el agresor llevó a cabo otros ataques.

En el marco del combate a la delincuencia que ha dado lugar a la Reforma Constitucional en Materia Penal se ha reiterado que el deber primordial del Estado es brindar seguridad a sus habitantes. Pues bien, el deber primerísimo del Estado es la protección integral de sus niñas, niños y adolescentes. De ahí que la finalidad de esta iniciativa es ampliar el desarrollo normativo, a partir de los instrumentos internacionales y preceptos constitucionales de protección de los derechos de la infancia, para establecer las bases que permitan a la comunidad escolar tener conocimiento de lo que es el abuso sexual y cómo prevenirlo mediante la identificación de los agresores potenciales o consumados, las víctimas probables y la ocasión en que la dinámica escolar resulta propicia para que se configure una circunstancia de control de un adulto sobre un niño o niña en el contexto del abuso sexual, así como asegurar mediante la clarificación del deber de la facultad de vigilancia de directivos y supervisores que los abusos se denuncien en el ámbito penal, con sanciones en caso de omisión para estar en condiciones de romper la práctica inveterada, arraigada en la cultura de la praxis educativa, de la impunidad, del no proceder frente al abuso sexual y sólo cambiar a otro plantel al agresor.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 69 BIS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 69 bis a la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 69 bis.- La Secretaría de Educación Pública capacitará a los trabajadores de la educación para prevenir el abuso sexual de las niñas, niños y adolescentes que estén bajo su guarda en los planteles escolares. Dicha capacitación comprenderá necesariamente aspectos como el acercamiento, concreción y continuidad de la agresión sexual por parte del agresor y el contexto de control o superioridad en que el abuso tiene lugar, y tendrá por objetivos lograr que dichos trabajadores desarrollen la habilidad de identificar a los agresores, a las víctimas y a las ocasiones propicias para los ataques de índole sexual. Esta capacitación se hará extensiva al resto de la comunidad escolar por medio de los consejos de participación social.
También se capacitará a los directivos y docentes de los planteles sobre la forma adecuada para entrevistar a un infante probable víctima de abuso sexual y cómo tratarlo en el proceso educativo una vez confirmada la agresión.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir por parte del sistema educativo instrucción, con técnicas didácticas acordes a su edad, sobre cómo prevenir el ser víctima de abuso sexual. Los directores de los planteles entregarán a los padres de familia una evaluación general sobre el resultado de la educación sexual.

Las autoridades educativas procederán a elaborar un protocolo para identificar los espacios de los planteles en que las niñas, niños y adolescentes estén más expuestos a un ataque o abuso sexual y adoptar medidas tendientes a inhibir dichos ilícitos. Dichas autoridades podrán solicitar a algún trabajador de la educación que presente características propias del abusador, que se le apliquen pruebas psicológicas para descartar dicho perfil.

Los directivos y supervisores del servicio educativo tienen el deber de presentar denuncia ante el Ministerio Público de inmediato y formular un aviso circunstanciado a la superioridad de cualquier evento con características de abuso sexual que se registre en las escuelas a su cargo y dar las mayores facilidades para su investigación.

La superioridad separará de inmediato del plantel al probable agresor y dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. De comprobarse el abuso sexual la sanción será la separación del cargo y la inhabilitación permanente para desempeñar cualquier otro en contacto directo con niñas, niños o adolescentes, la cual también será aplicable a los directivos o docentes que se abstengan de dar el aviso inmediato a que se refiere el párrafo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública dispondrá de un plazo de seis meses para completar la capacitación a que se refiere el presente Decreto.

Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Sen. Felipe González González”.

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 69 bis a la Ley General de Educación.

Problemática:

El abuso sexual va en aumento en las escuelas del país, según la Red de los Derechos por la Infancia.

En la práctica, las autoridades educativas se limitan a re-ubicar a los agresores sexuales, donde pueden atacar a otros niños.

Propuesta:

• Establecer el deber de la SEP de capacitar a los maestros para que identifiquen probables agresores y víctimas.

• Extender esta capacitación a los Consejos de Participación Social de cada escuela, pues se requiere la colaboración de la comunidad.

• Otorgar a niñas, niños y adolescentes el derecho a recibir instrucción para evitar ser víctimas de abuso sexual.

• Establecer el deber de directivos de denunciar ante el MP.

• Establecer la separación del cargo para el que incurra en abuso sexual y para el directivo que no lo denuncie al MP.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. ¿Con qué objeto, Senador García Zalvidea, Senador Salomón Jara? Para preguntarle a don Felipe González si pueden signar con usted la iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictamen.

Tiene el uso de la palabra don Jesús Murillo Karam, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 70 y 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 70 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 74 QUATER A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Jesús Murillo Karam, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Gracias, señor Presidente.

A todos nos ha pasado cuando llegamos a una caseta, en una carretera de cuota, que hacemos más tiempos haciendo cola en la caseta que el tiempo que nos tardamos en trasladarnos.

         Cuanto se concesionaron estas carreteras o las que maneja CAPUFE, tienen la obligación por ley, para poder ser de cuota, de darnos características de ventaja, es decir, de hacernos que podamos circular con más rapidez, con más seguridad. Y así lo dicen las concesiones y así lo dice la ley.

         Pero sucede que de repente en alguna carretera están arreglando un tramo en el que vamos por un solo carril a diez o quince kilómetros por hora, sin ninguna condición de seguridad, y de todas maneras pagamos la cuota completa.

         Osucede que nos quedamos atorados en una carretera en la caseta media hora, una hora y sin exageración a veces varias horas y también pagamos la cuota completa.

         Mi iniciativa se refiere simplemente a que debe medirse la velocidad que señalan ya los artículos de la ley a los que la carretera debe prestar el servicio y cuando ese tiempo no coincida, deba de ser fijado mediante una línea por la Policía Federal, se deban abrir las casetas para que no se cobre la cuota, puesto que no se está prestando el servicio.

         Es en esos términos en los que esta iniciativa va para modificar dos artículos con los que esto se resolvería y para la que les pido su apoyo y su estudio.

         La copia de la iniciativa la pueden tener todos, así que les ahorro la lectura.

         Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES.
PRESENTE.

El suscrito, Senador Jesús Murillo Karam, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y se adiciona el artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, regula la operación y explotación de los caminos o carreteras construidas por la Federación o por particulares, estados o municipios a través de concesión federal. Asimismo regula los servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

El artículo 62 de la referida Ley establece que los concesionarios de caminos y puentes están obligados a proteger a los usuarios por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso.

2. Por otra parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, establece que están obligadas al cumplimiento de esta ley “las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores”.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 7 de la citada Ley Federal de Protección al Consumidor, el gobierno federal y los concesionarios de vías generales de comunicación están obligados a “respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio”.

3. Las carreteras de cuota son vías alternas a las carreteras libres de peaje, el usuario de las primeras opta por ellas en virtud de que por sus características de construcción deben ser más seguras, cómodas y rápidas que las llamadas “libres”.

De conformidad con el artículo 15 fracciones III, IV y V de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cada título de concesión se deben especificar las condiciones de conservación y operación de la vía, las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas, así como los derechos y obligaciones de los concesionarios. En concordancia, el artículo 7 fracción III de la multicitada Ley  señala que es obligación del concesionario respetar las obligaciones consignadas en el título de concesión así como los requisitos de calidad de construcción y operación de la vía; finalmente el artículo 17 fracción I establece como causal de revocación de una concesión, el incumplir sin causa justificada con el objeto, obligaciones o condiciones contenidas en la misma.

4. La modalidad o categoría de una carretera y por lo tanto el monto de la cuota o peaje a pagar, se determinan según su longitud, el ancho de corona, el número de carriles, los ángulos de curvatura, las pendientes ascendentes y descendentes máximas, entre otras características de construcción.

En las carreteras tipo “A”, por ejemplo, el gobierno federal y/o los concesionarios están obligados a garantizar que los usuarios se desplacen a una velocidad de 110 kilómetros por hora, en las carreteras tipo “B” a 100 kilómetros por hora, y en las carreteras tipo “C” a 80 kilómetros por hora.

5. Es el caso que tanto Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) como los concesionarios de vías generales de comunicación, frecuentemente incumplen con los principales servicios que ofrecen “y cobran” a los usuarios y que están contenidos como obligación en los títulos de concesión: seguridad, comodidad y rapidez.

Incumplen con la seguridad y comodidad que ofrecen y cobran a los usuarios cuando, por ejemplo, en lugar de doble carril solo habilitan uno debido a obras de mantenimiento o reparaciones. Otro ejemplo es cuando incumplen con la rapidez que ofrecen y cobran a los usuarios debido a casetas de cobro insuficientes que provocan largas filas, perdida de tiempo y daños económicos de consideración a los automovilistas, sobre todo a los concesionarios de autotransporte federal de carga y pasajeros.

Cabe señalar que la rapidez no es un concepto abstracto, es la distancia recorrida por unidad de tiempo, es una cantidad a escalar, su vector equivalente es la velocidad definida como “desplazamiento por unidad de tiempo”.

6. El artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para inspeccionar, verificar y vigilar los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos; lo anterior con el propósito de garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas.

Para tal efecto, la Secretaría puede requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que le permitan conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

El artículo 74 faculta a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sancionar a quienes incumplan con las disposiciones contenidas en dicha ley.

Por su parte, los artículos 74 Bis y 74 Ter facultan a la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, para imponer sanciones a quienes infrinjan la citada ley y los reglamentos que de ella derivan en materia de tránsito, de servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación.

Sin embargo el legislador omitió darle facultades a ambas dependencias para aplicar medidas que permitan garantizar que el “concesionario proveedor” cumpla con su obligación de dar un servicio de calidad y el “usuario consumidor” lo reciba en los términos para los cuales pagó.

Para subsanar esta omisión, se propone darle facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para exentar a los usuarios del pago de peaje, en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía.

Asimismo se propone facultar a la Policía Federal para que en las vías de cuota habilite los carriles exentos de peaje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o en la modalidad de la vía.

Dicho en otras palabras, si de conformidad con el titulo de concesión o la modalidad de la vía un tramo de 100 kilómetros debe recorrerse en una hora, pero en la caseta de cobro hay una fila que implicará que el tramo se recorra en un tiempo superior, la policía federal deberá abrir carriles exentos de peaje para asegurarle al usuario la calidad del servicio que pagó.

En ambos casos la medida deberá levantarse una vez que el aforo vehicular se haya normalizado y quede garantizada la seguridad, comodidad y rapidez de la vía y por ende del servicio que ofrece.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 70 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 74 QUATER A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

La Secretaría ordenará la exención del pago de peaje en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad, comodidad y rapidez a que obligue el título de concesión o la modalidad de la vía. La medida deberá levantarse una vez que se reestablezca la calidad de la vía.

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las sanciones respectivas.

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 74 Quáter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, deberá habilitar los carriles exentos de paje que resulten necesarios, cuando en las casetas de cobro el tiempo de espera altere el desplazamiento por unidad de tiempo consignado en el titulo de concesión o el que corresponda según la modalidad de la vía. Para tal efecto, en la víspera de las casetas de cobro se señalará el lugar máximo de espera.

La medida deberá suspenderse una vez que se normalice la fluidez vehicular y quede garantizada la seguridad, comodidad y rapidez de la vía.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Sen. Jesús Murillo Karam”.

         - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Jesús Murillo Karam. Insértese el texto íntegro de la iniciativa. Senador Murillo Karam, ¿acepta usted la solidaridad como iniciantes de los Senadores Fernando Labastida Ochoa, Fernando Jorge Castro Trenti, Eloy Cantú Segovia, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González, Francisco Herrera León, Carlos Lozano de la Torre, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Melquiades Morales Flores, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Silvano Aureoles Conejo, Francisco Arroyo Vieyra, Carlos Jiménez Macías, Amira Gómez Tueme, Mario López Valdez, Pablo Gómez Alvarez y Cleominio Zoreda Novelo?

         Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

                Se concede el uso de la voz al Senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 73 constitucionales.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 27, 28 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Carlos Sotelo García, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

         - El C. Senador Carlos Sotelo García: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Presento a nombre propio y del grupo parlamentario del PRD la presente iniciativa.

         Después de que Felipe Calderón convocara a todos los sectores a conformar una agenda que incluya reformas legislativas y transformaciones a estructuras de gobierno, se ha insistido una y otra vez en que ha llegado el tiempo de las reformas legislativas necesarias y no sólo de las posibles.

         De no existir voluntad política para afrontar de inmediato estas reformas, como la que presento junto con otras de igual trascendencia, la propuesta de diez puntos que el titular del Ejecutivo consideró indispensables para impulsar la transformación de México, inexorablemente en mi opinión se convertirá en el canto del cisne de una administración fallida.

         De cara a la convergencia tecnológica es preciso que el Estado mexicano promueva una estrategia nacional de carácter general y con visión de futuro, en la que participen de manera abierta y activa la sociedad civil y los sectores público y privado.

         Las nuevas tecnologías son ya uno de los medios principales por los cuales se realizan diversos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, también son la base para una integración social y el fortalecimiento de la democracia.

         Por ello, el objetivo esencial de cualquier política o estrategia tecnológica debe centrarse en facilitar la plena utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación a todos los niveles de la sociedad.

         Resulta impostergable legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente y no discriminatorio, capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructura con la democratización del acceso y la calidad de los servicios recibidos por la población.

         La nueva legislación debe de estar orientada a promover el acceso y el uso universal de la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad.

         Por ello es que proponemos que en el campo de las telecomunicaciones y la radiodifusión se constituya un órgano regulador autónomo constitucional, que debe ser absolutamente independiente de los poderes públicos y de los agentes presentes en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión, la independencia del órgano se debe garantizar tanto por la forma de elección de los miembros como de su organización colegiada en la toma de decisiones.
      
         Con esta adición, la presente iniciativa propone reconocer en el texto de la Constitución General de la República tres elementos de regulación imprescindibles para sentar las bases hacia una nueva legislación convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

         El primer aspecto es ciertamente la creación de un órgano constitucional autónomo, rector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
         El segundo, el reconocimiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión como áreas prioritarias del desarrollo nacional.

Y tercero, facultar expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

         Mediante una adición al artículo 28 de la Constitución General de la República se proyecta crear un organismo autónomo de rango constitucional, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y de televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones y con autonomía, el órgano tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.

         La atribución del ejercicio de una función pública emergente a este Instituto, como órgano de nueva creación, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, distinto e independiente de los tradicionales órganos depositarios del poder público, entraña una clara descentralización política funcional que le permitirá en nuestra opinión ejercer su función en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.

         El texto propuesto propone otorgar a este Instituto autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para cumplir su trascendente función.

         El Pleno de dicho instituto será el órgano de gobierno y estará integrado por siete comisionados, incluyendo a su Presidente. Su integración será multidisciplinaría, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales.

         Los comisionados se propone durarán en su cargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Instituto.

         El comisionado Presidente y los demás comisionados del Instituto serán electos por las dos terceras partes del Senado de la República, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento se designarán a los comisionados suplentes en orden de prelación. La ley establecerá sus atribuciones, reglas y procedimientos correspondientes.

         Finalmente, señor Presidente, mediante adiciones también a los artículos 28 y 73 de la Constitución, en la iniciativa se propone el reconocimiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión como áreas prioritarias del desarrollo nacional, así como facultar expresamente al Congreso de la Unión para legislar en tales materias.

         Le solicito a la presidencia inserte el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“Senador Carlos Sotelo García, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, iniciativa de Decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 73 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los cambios operados en las tecnologías han comportado también cambios radicales en la organización del conocimiento, en los procesos cognitivos del ser humano y en la organización y prácticas sociales.

El conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la optoelectrónica han permitido crear entornos de comunicación totalmente nuevos, que no están sujetos a un medio físico y en los que la información se sitúa en un espacio no real, de modo que se puede transmitir la información de modo instantáneo y a nivel mundial.

La naturaleza ubicua de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su alcance global está incidiendo sobre la organización social y económica del país: los factores determinantes de las ventajas competitivas, la interacción entre compradores y vendedores, las formas de consumo, las características del empleo; inciden también sobre la manera de usar el tiempo libre y de acceder a la educación o a los servicios de salud, así como sobre diversas manifestaciones culturales propias de toda sociedad. Este ritmo creciente del cambio tecnológico, y la conectividad de personas e instituciones a redes digitales están generando nuevos productos, nuevos mercados y nuevas estructuras de negocios.

Al mismo tiempo, las innovaciones tecnológicas, en particular la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales, están produciendo una profunda revolución en la capacidad social de de procesar, almacenar y transmitir la información.

Asimismo, la convergencia de las tecnologías de la información con las telecomunicaciones y con los contenidos abre el acceso al portal de un nuevo sistema mediático de características económicas y sociales más complejas, que se va traduciendo a las estrategias de las organizaciones y a las nuevas políticas y regulaciones de la comunicación. La difusión audiovisual ya no sólo dispone de un espectro radioeléctrico analógico sino de muchos más canales hertzianos digitales, por cable, satélite y ahora también a través de Internet, mediante Protocolo IP. Esta ampliación de redes y tecnologías modifica algunas condiciones de la oferta y de sus modelos de negocio. Pero no sólo en las redes de difusión sino también en los sistemas y equipos de recepción, en los que convergen el televisor con el ordenador y el teléfono móvil. Esta convergencia doméstica puede traducirse en una especie de centro multimedia de servicios integrados del hogar.

Junto a los tradicionales radiodifusores surgen nuevos operadores de plataformas de integración de canales y de servicios así como nuevos modelos de negocio. De la oferta integrada múltiple de canales de televisión se ha pasado a un nuevo empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones y contenidos bajo lo que actualmente se denomina como triple play. Este modelo es propio y característico de los operadores de telecomunicaciones que, ante el riesgo de competencia de los nuevos servicios de telefonía gratuita ofrecidos a través de Internet, tratan de agregar más valor a sus ofertas tradicionales mediante la incorporación de televisión y contenidos audiovisuales.

Como consecuencia, las nuevas tecnologías son ya uno de los medios principales por los cuales se realizan diversos derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, también son la base para la integración social y el fortalecimiento de la democracia.

La capacidad y habilidad de una población para acceder, con calidad, a las nuevas tecnologías, a fin de poder utilizarlas y así mejorar su calidad de vida, es hoy uno de los elementos fundamentales del desarrollo político, económico y social del país. Es además, la forma más rápida y eficaz de integrar democráticamente a ciudadanas y ciudadanos, a las decisiones públicas y articularse productivamente con el crecimiento socioeconómico.
Sin embargo, a la par de este potencial de posibilidades, las nuevas tecnologías perfilan otra forma de exclusión y diferenciación social. Se trata de la línea divisoria que se crea entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las nuevas tecnologías y el grupo mayoritario que aún no tiene acceso a ellas. Brecha capaz de ahondar el abismo social que separa a regiones y ciudadanos de nuestro país.

Asimismo, la instrumentación de las nuevas tecnologías puede provocar disparidades respecto de que diversos bienes sociales. Por ejemplo, procedimientos de digitalización para fomentar el crecimiento económico no conllevan necesariamente el fortalecimiento simultáneo de la participación democrática; el goce de bienes culturales, arte y entretenimiento no mejora automáticamente la salud de los miembros de la sociedad, y así sucesivamente.

La convergencia puede ser de carácter tecnológico, empresarial, de contenidos o servicios. Burgelman (1995) la define como “la reunión de dos mundos de comunicación (telecomunicaciones y audiovisual) que gracias a la informática pueden converger en tres niveles: tecnológico, de actores y de servicios”. Pero lo relevante no es sólo el proceso sino el resultado y sus efectos. Es decir, los efectos de la convergencia en la sociedad y sobre el pluralismo mediático. Por una parte propicia la concentración e integración de servicios y por otra multiplica las posibilidades de incremento de la oferta tanto a través de la televisión digital como mediante las nuevas redes difundidas por la banda ancha e Internet. Pero ni una ni otra de esas consecuencias son automáticamente malas ni buenas. Depende de los resultados de su aplicación social.

La política regulatoria nacional no debe desconocer esta realidad tecnológica dinámica y cambiante, potencialmente rica en oportunidades, pero también llena de desafíos y riesgos sociales. Por ello, los derechos humanos, en particular la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información, y el desarrollo humano sustentable y duradero deben constituir las bases del desarrollo de de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

El Estado debe garantizar este derecho a las comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona de poder acceder igualitariamente a las nuevas tecnologías. Así concebida, esta garantía les debe permitir la utilización del recurso espectro-orbita, el uso de las frecuencias, las redes y la libre adquisición de los equipos y las aplicaciones.

En este sentido, la radiodifusión debe ser entendida como una forma de ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y no un simple negocio comercial. El Estado tiene el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

Esto implica garantizar el acceso universal a la información esencial para el desarrollo humano, además de a la infraestructura y a las formas más adecuadas de la tecnología de información y comunicación, e incentivar la apropiación de dichas tecnologías por parte de la sociedad civil.

De cara a la convergencia tecnológica es preciso que el Estado mexicano promueva una estrategia nacional de carácter general y con visión de futuro, en la que participen, de manera abierta y activa, la sociedad civil y los sectores público y privado. La participación de los distintos actores sociales es fundamental para el desarrollo racional y sostenible de infraestructuras, contenido y aplicaciones. De igual manera, es esencial que las políticas y estrategias tecnológicas sean acordes y se adapten a las necesidades específicas de las distintas regiones, comunidades y sectores sociales del país, y reflejen la etapa de desarrollo en el que se encuentra la economía nacional y sus características estructurales, respetando siempre los derechos humanos y nuestra identidad cultural.

En el entendido de que el objetivo esencial de cualesquier política o estrategia tecnológicas, deberá centrarse en facilitar la plena utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a todos los niveles de la sociedad y permitir de ese modo que todas las personas compartan los beneficios sociales y económicos gracias a un acceso ubicuo a las redes de información.
Resulta impostergable legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente y no discriminatorio, capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo, de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructuras con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos por la población.

La nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universales de la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, y especialmente los grupos marginados, como los habitantes de zonas rurales, las minorías étnicas, las mujeres, los discapacitados y los adultos mayores.

El ideal reside en proporcionar a todos los habitantes del país un acceso equitativo y adecuado a unas infraestructuras de redes de información y comunicación modernas, asequibles y de fácil uso. Para lograr un acceso asequible y universal es importante que las tecnologías nuevas y existentes proporcionen conectividad a todos, en particular a través de instituciones abiertas para el público tales como escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Porque indudablemente para lograr la provisión del acceso a las nuevas tecnologías como un bien público, es preciso formular proyectos públicos que reduzcan los costos del acceso individual mediante modelos de acceso compartido, financiados a través de mecanismos de tributación adecuados.

Asimismo, un nuevo marco regulatorio debe establecer reglas de competencia adecuadas y eficaces. Se requiere de reglas de competencia que permitan a la autoridad corregir las distorsiones del mercado y evitar que aquellos con poder sustancial abusen de su situación.

Una nueva legislación en la materia debe partir de instituir un órgano regulador autónomo e independiente, desvinculado jerárquicamente de la administración central del Estado, que genere un status de independencia tanto de las distintas coyunturas políticas como de las empresas y grupos empresariales para el ejercicio de una regulación en la que, entre otras cosas, se ventilan cuestiones esenciales que afectan a derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la defensa de la dignidad humana y la protección a la infancia.

El nuevo órgano regulador debe ser absolutamente independiente de los poderes públicos, y de los agentes presentes en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La independencia del órgano se debe garantizar tanto por la forma de elección de los miembros de su organización colegiada de toma de decisiones, como de cara a su financiación.  

No obstante, la realización de estos compromisos legislativos parte de la premisa de efectuar  las reformas constitucionales suficientes que otorguen certeza a la actuación del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Con esta visión, la presente iniciativa propone reconocer en el mismo texto de la Constitución General de la República cuatro elementos de regulación imprescindibles para establecer una legislación convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión: la creación de un órgano Constitucional Autónomo, rector de las telecomunicaciones y la radiodifusión; el reconocimiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión como áreas prioritarias del desarrollo nacional; la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

a).- Creación de un órgano constitucional autónomo, rector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Es indudable que una adecuada legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión exige dotar al órgano regulador de la estructura institucional y de facultades adecuadas, para asegurar su independencia absoluta.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) fue establecida, mediante un  artículo transitorio, al expedirse la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), como órgano desconcentrado de la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La LFT omitió señalar qué facultades eran para el órgano regulador, por lo que se establecieron las facultades de la COFETEL dentro del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el Decreto de Creación de la COFETEL. Al ser órgano desconcentrado, la COFETEL depende jerárquicamente de la SCT, careciendo de personalidad propia y, por tanto, tampoco tiene patrimonio propio.

A la COFETEL se otorgó competencia en materia de telecomunicaciones, excluyendo expresamente los servicios de radio y televisión abierta, hasta antes de las reformas a la LFT de 2006. En el Reglamento Interior de la SCT se originó lo que se ha conocido como la doble ventanilla, toda vez que ciertos procedimientos que debieran realizarse por el regulador, se fragmentaron limitando a COFETEL a la mera opinión sobre títulos habilitantes (por ejemplo, otorgamiento de concesiones y cesión de permisos) y sobre la procedencia de la sanción. El que la COFETEL sólo pudiera opinar si procedía una sanción, hizo del procedimiento de fiscalización de las empresas de telecomunicaciones uno de total ineficacia y la razón principal de la debilidad de la COFETEL.

Las reformas a la LFT de 2006 le añadieron a la COFETEL competencia en radio y televisión abierta. Al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad número 26/2006, el Ministro David Góngora Pimentel advirtió la impertinencia de que la COFETEL continúe siendo un órgano desconcentrado ahora que ha asumido competencia en radio y televisión abierta en atención a que éstas tienen una función social vinculada con el régimen democrático.

En efecto, toda vez que los órganos desconcentrados, por su propia naturaleza, están sujetos al principio de jerarquía y subordinación al Ejecutivo Federal, al haberse transmitido a la COFETEL las facultades en materia de radio y televisión, resulta pertinente asegurar la autonomía del órgano respecto de los poderes políticos y económicos, para lo cual es indispensable que su constitución se ubique fuera de la administración pública centralizada, previendo requisitos de idoneidad en el sistema de su integración, de tal manera que se asegurara la independencia de sus integrantes respecto de los órganos del poder político, así como respecto de los entes regulados.

Dentro del esquema del derecho a la libertad de expresión, dada la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de autonomía por parte del órgano técnico regulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como un bien social, de modo que su inmenso poder sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas.

El sentido de dicha autonomía es la de sustraer la dirección y el manejo de la radiodifusión del control de las mayorías políticas y de los grupos económicos dominantes. La libertad de acceso y el pluralismo que deben caracterizar a la radio y televisión, pueden resquebrajarse cuando los medios de comunicación se convierten en canales propagandísticos de la mayoría política o de los grupos económicos dominantes, de modo que la autonomía del órgano regulador en materia de radiodifusión se erige en una garantía funcional e institucional del derecho de acceso a los medios de comunicación, a fin de que aquél no sea un ejecutor de la política discrecional del Estado, sino únicamente de las directrices de la política de radiodifusión adoptadas por el legislador.

En suma, si bien la desconcentración administrativa favorece la especialización del ente para prestar el servicio público respectivo, no se desvincula de las atribuciones del órgano superior. En el caso de la actual COFETEL, el ser un órgano desconcentrado no evita la intervención de la SCT en el otorgamiento de concesiones, y si bien parecería suficiente desconcentrar la función técnica, en los hechos, las decisiones de la COFETEL se subordinan a los criterios unipersonales del Titular de la dependencia, lo cual convierte en falacia la idea de que su naturaleza desconcentrada transparenta la decisión política de otorgar las concesiones, particularmente en lo que corresponde a radiodifusión.
Mientras la COFETEL continúe siendo un órgano desconcentrado, estará sujeto a diversas manifestaciones del poder de jerarquía típico de la administración pública centralizada. Esto le resta autonomía del poder público.

En la sistematización y análisis documental para la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión realizada por el Grupo Plural, en este punto, se propone como uno de los escenarios de solución, dar a la COFETEL naturaleza jurídica de organismo descentralizado no sectorizado, que disponga de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se argumenta para ello que la figura de organismo descentralizado permitiría que la COFETEL goce de la autonomía necesaria para regular el sector de las telecomunicaciones con mayor libertad y con menores injerencias políticas. Esto, en cuanto que los organismos descentralizados forman parte de la llamada administración pública paraestatal, y no tienen esa relación de subordinación jerárquica de aquellas dependencias y entidades de la administración pública centralizada. Adicionalmente, los organismos descentralizados sí tienen personalidad y patrimonio propios, así como autonomía de gestión. La regla general es que los organismos descentralizados pertenezcan a un sector. Esto implica que al organismo descentralizado se le agrupa en el sector a fin. Una secretaría de Estado es la coordinadora de sector y es la encargada de definir los programas sectoriales, coordinar el presupuesto, evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno. Es así que el Ejecutivo Federal tiene injerencia en el organismo descentralizado a través de la secretaría coordinadora de sector.

Sin embargo, contrario a estos argumentos, jurídicamente es evidente que un organismo descentralizado no actúa de forma libre y exenta de control por parte del Ejecutivo, toda vez que el funcionamiento de los organismos descentralizados, y especialmente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal éstos desempeñan, están garantizadas y controladas a favor de los gobernados y de la administración pública, dado que la toma de decisiones de esa clase de entidades se identifica con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo. Luego, aun cuando los organismos descentralizados son autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada de una manera indirecta, existiendo reemplazo de la "relación de jerarquía" por un "control administrativo".

A mayor abundamiento, como la establecido la Suprema Corte de Justicia, si bien los organismos públicos descentralizados tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gozan de una estructura separada del aparato central del Estado, ello no significa que su actuación esté libre y exenta de control, toda vez que su funcionamiento y las facultades de autoridad que desempeñan están garantizados y controlados a favor de los gobernados y de la administración pública, pues las unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo o actividades estatales que les han sido conferidas; de manera que aun cuando aquellos organismos son autónomos, continúan subordinados a la administración pública federal de una manera indirecta, aspecto que marca la diferencia entre la administración centralizada y la paraestatal, pues mientras que en la primera la relación jerárquica con el titular del Ejecutivo Federal es directa e inmediata, en la segunda, especialmente entre los organismos descentralizados, es indirecta y mediata.

Resulta evidente, por tanto, que aún cuando se dotare a la COFETEL de naturaleza jurídica de órgano descentralizado, con ello no se garantizaría su autonomía como ente rector de las telecomunicaciones y radiodifusión frente a los poderes políticos y económicos.

En este sentido, mediante una adición al artículo 28 de la Constitución General de la República se proyecta crear un organismo autónomo de rango constitucional, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.

Se constituirá como un órgano de rector de las telecomunicaciones y la radiodifusión con amplias competencias y con total autonomía e independencia, asumiendo las facultades que en la materia hoy corresponden a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A diferencia de las funciones públicas tradicionales --legislativa, administrativa y jurisdiccional-- que los órganos del poder público desempeñan de manera centralizada, otras funciones públicas primarias –monetaria, electoral, fiscalizadora—suelen descentralizarse del Estado y encomendarse su ejercicio a órganos distintos de los tradicionales depositarios de las funciones del poder público, identificados en la doctrina como órganos constitucionales autónomos, los que, en la materia de su competencia, son la máxima autoridad, como es el caso del Banco de México en materia monetaria, del Instituto Federal Electoral en materia electoral y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en materia estadística y geográfica.

Los órganos constitucionales autónomos, de acuerdo a la doctrina, vienen a ser aquellos establecidos en la Constitución, que no se incluyen en ninguno de los poderes u órganos tradicionales del Estado; por lo general son órganos técnicos de control que no se guían por intereses de partidos o de coyuntura y requieren, para su adecuado funcionamiento, no sólo de autonomía de los poderes tradicionales sino de los partidos y de todo tipo de grupos o factores de poder.

La existencia de los organismos constitucionales autónomos se justifica en la doctrina por la necesidad de que los poderes tradicionales dejen de desempeñar el doble papel de juez y parte, de que el ejercicio de ciertas funciones se desvincule de los intereses políticos, de que se eviten o controlen los excesos y abusos de los funcionarios públicos, de los partidos políticos y de los grupos de interés nacionales y trasnacionales.

La atribución del ejercicio de una función pública emergente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como órgano de nueva creación, dotado de personalidad jurídica y patrimonio, distinto e independiente de los tradiciones órganos depositarios del poder público, no sólo personifica el ejercicio de dicha función sino que entraña una clara descentralización política funcional, que le permitirá ejercer su función en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el empleo de la potestad, el imperio y la autoridad del Estado, en todo el país, pues no se trata de una descentralización política territorial, como acontece en el caso de la entidad federativa o del municipio, sino de la descentralización de una función pública.

Por ello, de acuerdo al texto propuesto, se otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para cumplir su trascendente función.

El Pleno será el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo a su  presidente. Su integración será multidisciplinaria, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales.

Los comisionados durarán en su cargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Instituto y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

El comisionado Presidente y los demás comisionados del Instituto serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán a los comisionados suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las atribuciones, reglas y el procedimiento correspondientes.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

Atento a lo anterior, resulta indudable que conforme a las características propuestas en la iniciativa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se constituirá con todos los atributos que definen la naturaleza jurídica de los órganos constitucionales autónomos, en cuanto que: a) Su constitución estará establecida directamente por la Constitución Federal; b) Mantendrá con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Contará con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Atenderá funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

b) Las telecomunicaciones y la radiodifusión como áreas prioritarias del desarrollo nacional.

Se ha reconocido en el contexto internacional que la Constitución mexicana tuvo aportaciones relevantes para el desarrollo del llamado constitucionalismo social ¾se ha dicho incluso que con la Constitución mexicana de 1917 se inaugura esta corriente¾, de ahí su vigencia en lo que corresponde a las bases jurídicas que sustentan la organización social y económica de nuestro país.

De entre los aspectos fundamentales de nuestra Carta Magna, el principio de propiedad originaria ha hecho posible que la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes nacionales tenga un impacto no sólo económico sino también de carácter social que beneficia al conjunto de la población. En gran medida, en este efecto social se explica nuestro proyecto de nación.

En congruencia con lo anterior, al Estado también se le atribuye capacidad como rector del desarrollo nacional, a efecto de que esté en posibilidades, como lo señala el texto constitucional, de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional.

Adicionalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de nuestra Carta Fundamental, la finalidad rectora del Estado se orienta al cumplimiento de los grandes objetivos nacionales, para lo cual, el concepto de responsabilidad social se hace extensivo al sector privado, particularmente en lo que corresponde a la posibilidad de concesionar la explotación, uso y aprovechamiento de un bien propiedad de la nación, como en el caso concreto lo es el espectro radioeléctrico.

Es por ello que adquiere relevancia la categorización constitucional que divide a la actividad económica nacional en áreas estratégicas y prioritarias; las primeras asignadas de manera exclusiva al Estado, en tanto que en las segundas es posible la participación de los sectores social y privado. En todos los casos, estas actividades estarán orientadas al fortalecimiento del desarrollo nacional, cuyo ente rector, según dispone nuestra Carta Fundamental, es el propio Estado.

Conforme a lo anterior, ha sido común que al hacer referencia a las telecomunicaciones y la radiodifusión, se insista en que se trata de actividades de carácter prioritario, haciendo énfasis en que el bien público involucrado no es explotable en términos de exclusividad por parte del Estado.

En ambos casos, la fuente constitucional de mayor relevancia está prescrita en el artículo 27 de nuestra Carta Fundamental, precisamente bajo el principio de propiedad originaria de la nación, que categoriza al espacio aéreo sobre el territorio nacional como un bien del dominio de la nación.
Asimismo, el servicio de radiodifusión, por su naturaleza, está sustentado en lo dispuesto por el artículo 6º de nuestra Constitución, que regula la libertad de opinión y determina, además, la obligación estatal de garantizar el derecho a la información.

Por supuesto que nadie estará en desacuerdo en que los preceptos constitucionales aludidos se encuentran estrechamente vinculados con las telecomunicaciones y la radiodifusión, lo cual no significa, sin embargo, que con ello se derive su inserción dentro de las áreas prioritarias del desarrollo nacional, pues al respecto, el artículo 28 Constitucional sólo refiere, entre otros rubros, a “la comunicación vía satélite”, que tiene carácter de modalidad de las telecomunicaciones, en los términos que dispone el artículo 3º Fracción XIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Ante tal falta de precisión, es la Ley Federal de Telecomunicaciones la que señala su carácter prioritario, al regular, en el artículo 2º, segundo párrafo, que “corresponde al estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y soberanía de la nación”, lo cual no resulta idóneo pues su naturaleza debiera estar inscrita en el texto constitucional, para, de ahí, derivar en especificaciones concretas en la legislación secundaria.

No debe omitirse que una mención específica al concepto “telecomunicación” se encuentra en el artículo 2º fracción VI, apartado B, de la Constitución General de la República: “extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación”.

Al respecto, debe hacerse notar que en la norma constitucional los conceptos se encuentran diferenciados, lo cual sugeriría que las “vías de comunicación” y la “telecomunicación” son modalidades de las “comunicaciones”, lo cual no resuelve la necesidad de precisar la naturaleza prioritaria de las telecomunicaciones.

Lo mismo ocurre con el concepto “radiodifusión”, que según se ha explicado, debiera estar enlistada dentro de las actividades de naturaleza prioritaria para el desarrollo nacional. En esta materia, nuevamente el artículo 2º Constitucional en su fracción VI, del apartado B, hace referencia al tema, aunque no de manera expresa, pues el concepto que se utiliza es el de “medios de comunicación”. Señala el texto constitucional: “Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación…”

Otra referencia se encuentra en los artículos 41 y 116 del texto constitucional, al regular el acceso de los partidos políticos a “medios de comunicación social”, en clara referencia a la radio y la televisión, y si bien a través de una interpretación armónica del concepto (medios de comunicación) es posible inferir su referencia a la radiodifusión, se hace indispensable su inserción expresa en el texto constitucional.

c) Facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Es frecuente la interpretación jurídica en el sentido de que el fundamento para que el Congreso de la Unión legisle en materia de  telecomunicaciones y radiodifusión se encuentra en lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVII de la Constitución General de la República, que a la letra señala:

Artículo 73.   El Congreso tiene facultad:

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos […]”

Al respecto, resulta necesario precisar que, en lo que corresponde a las telecomunicaciones,         la Ley de la materia, en un intento de congruencia, precisa en su artículo 4º que “para los efectos de esta Ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite”; no obstante, esta referencia en la legislación secundaria no resuelve la cuestión, puesto que la ley especial (Ley de Vías Generales de Comunicación) no incluye a las telecomunicaciones como una de sus modalidades.

Una situación similar prevalece en lo que toca a la radiodifusión, pues no existe mención expresa en la Constitución General de la República que le atribuya facultades al Congreso de la Unión para legislar de manera específica en la materia. Es una interpretación de la doctrina la que ha permitido inferir que la radio y la televisión, por utilizar el espectro radioeléctrico para la propagación de señales, son susceptibles de formar parte del concepto “vías generales de comunicación”.

Sin embargo, lo anterior sólo puede sostenerse si se acude a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Federal de Telecomunicaciones al señalar que “para los efectos de esta Ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite”. Ahora bien, a efecto de precisar el alcance del concepto, resulta indispensable acudir a lo dispuesto por la ley de la materia (la añeja Ley de Vías Generales de Comunicación), que de las once modalidades que regulaba, sólo mantiene como tal la señalada en la fracción XI del artículo 1º (rutas del servicio postal).

Es así que resulta incierto asumir que las telecomunicaciones y la radiodifusión son materias debidamente regladas en cuanto a las facultades a que se refiere el citado artículo 73 fracción XVII de nuestra Carta Magna, como si se tratara en estricto sentido de “vías generales de comunicación”.

Conforme a lo anterior, no es óbice mencionar que conforme a los criterios y metodología que nos impone la técnica legislativa, cuando se enfrentan este tipo de situaciones, se acude a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXX, que faculta al Congreso “para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”.

Debe reconocerse, sin embargo, que lo ideal resulta atribuir al Congreso de la Unión, como órgano del Estado encargado de legislar, facultades para hacer efectivas las garantías, tanto individuales como programáticas consignadas en la Constitución General de la República, como es el caso que nos ocupa.

En tal sentido, es necesario que en consonancia con la intención de precisar la naturaleza de las telecomunicaciones y la radiodifusión como áreas prioritarias del desarrollo nacional, se atribuyan al Congreso de la Unión facultades específicas.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 27; que reforma en su párrafo cuarto y adiciona dos párrafos finales al artículo 28; que adiciona la fracción XVII del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. …


En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Estado, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

I a la XX. …

Artículo Segundo. Se reforma en su párrafo cuarto y se adicionan dos párrafos finales al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. …

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Las telecomunicaciones, entre ellas, la comunicación vía satélite; la radiodifusión y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.


Con personalidad jurídica y patrimonio propio, se crea el organismo constitucional autónomo denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la sana competencia, en la prestación de los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y ejercer la rectoría del estado en estas materias para garantizar la soberanía nacional.

El órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es el Pleno, que se integra por siete comisionados, incluido su Presidente, designados por la Cámara de Senadores. El Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

Los comisionados durarán en su cargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Instituto y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

El comisionado Presidente y los demás comisionados del Instituto serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán a los comisionados suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las atribuciones, reglas y el procedimiento correspondientes.

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XVII del artículo 73 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a la XVII. …

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, telecomunicaciones y radiodifusión, así como sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII. a la XXX. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Comisión Federal de Telecomunicaciones continuará ejerciendo las atribuciones que le corresponden conforme a la legislación vigente.

Tercero. Una vez creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todos los recursos humanos, materiales y patrimoniales en general de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pasarán a formar parte de dicho instituto.

Cuarto. Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del Instituto creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la suficiencia de recursos públicos.

Sede del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Sen. Carlos Sotelo García”.
- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, aun cuando no se solicite, se inserta el texto íntegro, ya de oficio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos para los efectos.

Tiene la palabra el Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 37 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Para el Senado de la República la salud de las trabajadoras y los trabajadores al servicio del estado es una prioridad.

Por ello, hoy presentamos esta iniciativa que busca enmendar la Ley del ISSSTE, porque consideramos que es discriminatoria el hacer distinciones de antigüedad para otorgar las licencias médicas.

Actualmente dicho ordenamiento legal establece que un trabajador público con menos de un año de servicio recibirá su licencia médica hasta por quince días con sueldo íntegro.

En cambio, para aquellos burócratas que tienen diez años o más de servicio, el beneficio es de 60 días de licencia, con el goce completo de su salario.

Lo que queremos señalar con estas fórmulas contenidas en el artículo 37 de la Ley del ISSSTE, es que son ordenamientos injustos, porque condicionan las prestaciones sociales y el derecho a la salud de las trabajadoras y trabajadores al servicio del estado.

Sólo por poner un ejemplo, si el trabajador con menos de un año de servicio sufriera un accidente que lo incapacite para trabajar durante un par de meses, por ley, no recibiría ni un sólo peso de su sueldo, quedando en total desamparo tanto él como sus familiares.

Por el contrario, si el trabajador con más de diez años de servicio llegara a rebasar los 60 días de su licencia médica, por ley sólo recibiría la mitad de su salario, comprometiendo así su situación económica y complicando la de sus familiares, también.

Estas distinciones son injusticias que impone la ley a los trabajadores al servicio público, no las comprendemos, y por lo tanto, no las compartimos.

Consideramos que frente a la grave crisis económica que atraviesa el país, y ante las amenazas de un rebote del virus de influenza, los burócratas y sus familiares deben ser los primeros a los que debemos asegurarles el acceso total a los servicios de salud y a las prestaciones que ello conlleva.

Por eso es que estamos proponiendo hacer las enmiendas correspondientes para omitir la distinción que actualmente hace la ley entre trabajadores, de tal manera que todos, sin excepción, gocen de los mismos derechos tratándose de las licencias médicas.
Lo que estamos pidiendo es el apoyo de las Senadoras y los Senadores de la República para garantizarles a las trabajadoras y a los trabajadores del sector público que la ley los proteja de forma total y sin condición de ningún tipo.

En nuestro caso particular, estamos convencidos de que no deben existir distinciones de clase entre los trabajadores y menos aún cuando está de por medio el derecho a la salud, que forma parte de las conquistas laborales de quienes entregan su vida al servicio público.

Con esta reforma el Senado de la República estaría beneficiando a cerca de 10 millones de personas que son atendidos por los servicios que ofrece el ISSSTE y, a su vez, estaremos fortaleciendo a esta institución que es pilar del sistema de seguridad social en México.

Debemos precisar que esta propuesta no representa una afectación económica para las finanzas del ISSSTE, antes bien, obliga a reforzar las medidas para elevar las condiciones de seguridad en que laboran las trabajadoras y los trabajadores, sin olvidar que tratándose de la salud, el Sector Público no debe de escatimar recursos ni esfuerzos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de las Senadoras y los Senadores de la República la siguiente iniciativa que reforma y enmienda la Ley del ISSSTE para hacer de la salud un derecho y una prestación al alcance de todas y todos los trabajadores al servicio del estado, sin distinción ni condicionamientos.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Recinto del Senado de la República,  Septiembre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MISIÓN DEL ISSSTE
Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.

Es en el año de 1959 cuando se adiciona el apartado B del artículo 123 constitucional,  incorporándose las garantías que el Estatuto Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores públicos. También es en ese mismo año que el entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley que daría origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue discutida, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, por lo que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma, en 1960, en el ISSSTE.

Las razones argumentadas para sostener el proyecto consistían en afirmar que la única forma de lograr una eficaz protección social, era establecer obligatoriamente la inclusión de todos los servidores públicos en los beneficios de la Ley, pues de otra manera no se protegería a los grupos económicamente más débiles y que más requerían de los servicios que se implantaban.

La Ley del ISSSTE se constituía en México como la primera en responder a una visión integral de la seguridad social, cubriendo tanto asistencia a la salud, como prestaciones sociales, culturales y económicas, cuyos beneficios se extendían a los familiares de los trabajadores.

En 1960, el ISSSTE amparaba a 129 mil 512 trabajadores, 11 mil 912 pensionistas y 346 mil 318 familiares, es decir, un total de 487 mil 742 derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones que marcaba la nueva Ley. De esta manera, con la Ley del ISSSTE, algunas prestaciones que habían sido complementarias pasaron a ser obligatorias para el Instituto.

En el renglón de atención a la salud se ampliaron los beneficios; ahora se cubrían los seguros de enfermedades profesionales y no profesionales, de maternidad, accidentes de trabajo y readaptación de inválidos.

El Instituto integró bajo la denominación "Servicios Sociales" un conjunto de prestaciones que se caracterizaban por apoyar socialmente al asegurado y su familia, básicamente a través de la atención a niños en guarderías, renta y venta de departamentos en desarrollos multifamiliares, prestación de servicios funerarios y apoyo en general a la economía familiar.

Tres años después se darían más cambios. El Estatuto Jurídico de los trabajadores al servicio del Estado quedó abrogado el 28 de diciembre de 1963, y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, se incluyeron los seguros, servicios y prestaciones establecidos en el capítulo de la seguridad social como contraprestación de la relación laboral con el Estado.

Actualmente el ISSSTE ha celebrado convenios con gobiernos estatales y organismos públicos descentralizados para ofrecer seguridad social a sus trabajadores. Atiende a más de dos millones de trabajadores y a más de cuatro derechohabientes por trabajador en promedio, con lo que en este momento son más de diez millones de mexicanos beneficiados.

Porque su principal función es la seguridad social, el Instituto se sustenta en el derecho constitucional a la protección de la salud de los servidores públicos, por lo que está obligado a dar cumplimiento a la Ley General de Salud y a todo el marco normativo inherente a su función primordial. (1)

Al respecto, no perdamos de vista que la Ley General de Salud establece que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras, las siguientes finalidades: la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

En este sentido, la presente iniciativa pretende dar plena vigencia y validez a tales postulados, a través de la ley del ISSSTE.

En este orden de ideas, tratándose de las licencias médicas que por enfermedad debe otorgar el ISSSTE, nos encontramos ante la incongruencia de que en dicha legislación se establece que su otorgamiento dependerá del tiempo que el trabajador tenga de servicio en la Entidad o Dependencia del Gobierno Federal que corresponda, como si existieran trabajadores de primer, segundo, tercer y hasta de cuarto nivel. Esto, de la siguiente manera:

“Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el Trabajador como la Dependencia o Entidad en que labore, darán aviso por escrito al Instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste.

Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la Dependencia o Entidad en que labore, conforme a lo siguiente:

(1) Página Web ISSSTE

I. A los Trabajadores que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días más con medio sueldo;

II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo;

III. A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y

IV. A los que tengan de diez años de servicios en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro y hasta sesenta días más con medio sueldo.

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del Trabajador para desempeñar su labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera licencia médica. Durante la licencia sin goce de sueldo el Instituto, con cargo a la Reserva correspondiente del seguro de salud, cubrirá al Trabajador un subsidio en dinero equivalente al cincuenta por ciento del Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir la incapacidad.

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses.

La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año contado a partir del momento en que se tomó posesión del puesto. A partir de ese momento, el pago estará a cargo de la Dependencia o Entidad conforme a las fracciones que anteceden.

Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el párrafo tercero del presente artículo el Trabajador sigue enfermo, el Instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo dictamen médico. De estas últimas el Instituto sólo cubrirá el subsidio a que se refiere el párrafo anterior hasta por veintiséis semanas.

A más tardar, al concluir el segundo periodo de cincuenta y dos semanas, el Instituto deberá dictaminar sobre la procedencia de la invalidez del Trabajador, que lo hiciere sujeto de una Pensión en los términos de la presente Ley. Si al declararse esta invalidez el Trabajador no reúne los requisitos para tener derecho a una Pensión por invalidez, podrá optar por retirar en una sola exhibición, el saldo de su Cuenta Individual, en el momento que lo desee.

De la simple lectura del precepto citado, se desprende que un trabajador tiene “derecho” a recibir una “prestación”, dependiendo del tiempo de servicio, como si la ley hiciera distinciones entre distintos tipos o clases de trabajadores. Definitivamente no lo comprendemos y no lo compartimos.
La enfermedad o accidente que pueda sufrir un trabajador no depende de dicho condicionamiento, sino simplemente de causas fortuitas y, en todos los casos, debiera estar protegido de forma total por la ley.

No hace falta mencionar que cualquier trabajador debe contar con las condiciones mínimas de seguridad social para poder desempeñar su trabajo en condiciones óptimas y eficientes, ya que ello le permite no solo a él, sino también a su familia, desarrollarse plenamente.

Un trabajador al servicio del Estado es eso precisamente, independientemente del tiempo que lleve laborando o prestando sus servicios. De ahí la necesidad de incorporar esta medida en legislación aplicable.

Pensemos simplemente en un trabajador que no ha cumplido un año se servicios y que desafortunadamente llegará a sufrir un accidente que lo incapacite para trabajar durante un par de meses, cuestión que no es muy alejada de la realidad. A partir del día 31 de su accidente, no percibirá un solo peso, dejando en total estado de precariedad e indefensión tanto a él como a su familia. ¿Podemos aceptar tal incongruencia? Ello sin dejar de mencionar la injusticia que se estaría cometiendo, de dentro del contexto de un Estado democrático que se supone, debe velar por las necesidades de todos, en particular de los sectores más necesitados y desprotegidos. 

En adición a lo anterior, a través de los “servicios de calidad” que el Gobierno Federal se ha comprometido a otorgar a los ciudadanos, encontramos que el trámite de la “Licencia Médica” se encuentra comprendido dentro de los mismos y que su objetivo consiste en:

“Otorgar licencia médica al trabajador o trabajadora cuando su médico tratante en el ISSSTE determine, previa valoración, que está incapacitado para laborar por enfermedad o por maternidad”. (2)

En tal compromiso no encontramos ninguna distinción que deba hacerse entre los trabajadores. Y no solamente eso, sino que también se hace referencia a la participación que debe existir por parte de la población para mejorar los servicios, de la siguiente manera:

(2) Página WEB “servicios de calidad.gob.mx

“Necesitamos de su participación para establecer un vínculo de calidad, conocer sus expectativas respecto al servicio y estar en posibilidades de satisfacer sus necesidades de atención. Recuerde que todos debemos hacer nuestra parte, ya que “Transformar al ISSSTE……es tarea de equipo”.

Entonces, en nuestra calidad de legisladores, debemos ser los primeros en ocuparnos de tal tarea, por eso nuestro interés en hacer esta pequeña aportación, en aras de democratizar no solamente la legislación aplicable, sino sobre todo, de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En este sentido es que pretendemos que en el artículo 37 de la Ley del ISSSTE se omita la diferenciación que actualmente existe entre trabajadores, de tal manera que todos, sin excepción, gocen de los mismos derechos, tratándose de las licencias médicas.

Para fortalecer dicha hipótesis, también haremos alusión a la Ley de Federal de los Trabajadores al Servicio del Estados, cuyo artículo 3º establece que

Artículo 3o.- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales

En dicho precepto tampoco encontramos la prescripción para hacer distinción entre los trabajadores, por lo cual concluimos que no se debe otorgar, en el caso de las licencias médicas, prestaciones de manera diferenciada en perjuicio de los mismos trabajadores.
Finalmente nos gustaría hacer una reflexión: Los Objetivos Institucionales del ISSSTE, además de contribuir a lograr los objetivos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, deben coadyuvar a lograr la visión de la institución establecida para el año 2030 y concretar la misión que tiene establecida, y uno de éstos objetivos dice lo siguiente:

“Objetivo Institucional 11. Mejorar la administración y gestión institucional de los procesos para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, elevando la satisfacción de los derechohabientes. Satisfacción general de los derechohabientes con los seguros, prestaciones y servicios otorgados por el ISSSTE”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el Trabajador como la Dependencia o Entidad en que labore, darán aviso por escrito al Instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste.

Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la Dependencia o Entidad en que labore, conforme a lo siguiente:

A todos los trabajadores, independientemente del tiempo que tengan de servicios,                 se les concederá licencia por enfermedad no profesional, por todo el tiempo que sea necesario hasta que recupere un estado de salud óptima, que le permita incorporarse a su actividad laboral.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:


SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
COORDINADOR


SEN.  FRANCISCO AGUNDIS ARIAS


SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA


SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS


SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO


SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ”

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Se agradece la intervención del Senador Manuel Velasco Coello, su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 85 Y 95 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Es de todos conocido el problema económico que está enfrentando nuestro país, la recesión económica mundial, la caída de los precios del petróleo, las altas tasas de interés, la nula capacidad recaudatoria del gobierno, así como los privilegios para aquellos que podrían ser sostén de una hacienda pública más fuerte.

Hay una realidad que no nos puede dejar mentir. Y por eso, cada legislatura, las cámaras determinan modalidades, innovaciones, reglas nuevas para su comportamiento y para su productividad; tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, más en la Cámara de Diputados se está discutiendo la integración de las comisiones legislativas.

Aquí, en la Cámara de Senadores no se está discutiendo la integración de comisiones legislativas, porque automáticamente de acuerdo con la historia y los antecedentes más remotos, siguen siendo las mismas comisiones con su misma integración, aún cuando se trate de una nueva legislatura.

Ahora, estoy planteando modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso, ¿por qué?, porque en época de crisis económica los Senadores tenemos que poner el ejemplo de austeridad republicana.

La Ley Orgánica establece sólo 30 comisiones legislativas ordinarias, y las que sean indispensables, transitorias o temporales o comisiones de investigación.

Por tal razón, yo estoy proponiendo una modificación a la Ley Orgánica para que sólo queden esas 30 comisiones legislativas, y que las demás comisiones puedan sumarse a una de carácter general.

Esto tendría un ahorro aproximado del Senado de entre 5 y 6 millones de pesos.

Actualmente hay 57 comisiones y la semana pasada se plantearon otras dos comisiones, la Comisión de Participación Ciudadana, y la Comisión de Protección Civil, para ser 60 comisiones, lo que me parece una cifra desproporcionada, porque la mitad de Senadores serían presidentes de una Comisión Ordinaria aparte de las Comisiones de Investigación, y aparte de las comisiones transitorias o que tienen un fin específico.

En ninguna parte del mundo funcionan los parlamentos de esta manera. Hay comisiones que se han reunido una, dos o tres veces en los tres años, y hay comisiones que incluso pocas veces se reúnen; los dictámenes normalmente los hacen que se firmen en el Pleno en el momento de la discusión.
Las comisiones con productividad son las 30 aproximadamente, y por esa razón estoy planteando que el Pleno pueda crear comisiones sí con fines específicos y con una temporalidad. Así funciona en todo el mundo, en España, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Hay comisiones ordinarias que nunca se alteran, que son las que menciona la Ley Orgánica en su artículo 89 y 90.

Por esta razón, yo estoy planteando que ahora que se inicia la Legislatura sólo sean las 30 comisiones ordinarias, sólo 30 comisiones ordinarias, porque incluso hay comisiones que son muy pequeñas en número y difícilmente se reúnen. Nosotros podemos hacerlo, depende de la voluntad política. En este momento en la Junta de Coordinación Política se está haciendo un estudio integral sobre el número de comisiones y su funcionamiento.

Mi propuesta es que no sea un Acuerdo político, sino que sea por disposición de ley la existencia de comisiones ordinarias, y no se vayan creando bajo presión o con acuerdo, porque hemos llegado al número de 57 por esa razón, por presiones internas del grupo, pero además por negociaciones entre los grupos parlamentarios, y eso va en detrimento del funcionamiento y de la austeridad de que debiera ser ejemplo el Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias. Le pediría al señor Presidente, inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

(Aplausos)

Iniciativa

“INICIATIVA QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 85 Y 95 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos XX y XX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es de todos conocido el problema económico que esta enfrentando nuestro país, la recesión económica mundial, la caída en los precios del petróleo, los altos intereses en las tarjetas de crédito, la nula capacidad recaudatoria del gobierno, así como los privilegios para aquellos que podrían ser sostén de una hacienda pública mas fuerte.

Hoy sólo queda a todos los sectores de la economía y del país, el apretarse el cinturón, como se dice coloquialmente, debido a que no hay visos de que esta crisis vaya a ser rápidamente superada.

Es por ello que ante la realidad que nos acosa, debemos tomar medidas trascendentales para salir adelante y generar un ahorro en el ámbito competencial de cada poder del Estado, en este caso del legislativo.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado contará con el número de comisiones ordinarias que necesite para el desahogo del trabajo legislativo, actualmente las comisiones ordinarias en la Cámara de Senadores asciende a 57, que erogan gastos aún cuando sesionen en contadas ocasiones o su nivel productivo sea deficiente. El proceso de austeridad que requiere el país debido a la situación económica presente va encaminado a que esta soberanía no incurra en excesos y por lo tanto el número de comisiones se reduzca.
El artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, señala 30 comisiones ordinarias como el mínimo con que debiera contar la Cámara, y se otorga la facultad al Pleno para crear otras tantas por considerarse necesarias, sin embargo algunas trabajan con temáticas similares, por lo que podrían ser agrupadas y así reducir el costo total significativamente.

La posibilidad de crear comisiones transitorias, resulta más prudente derivado del gasto que genera dejar todas las comisiones ordinarias.

Algunos ejemplos de eficiencia legislativa en cuánto a comisiones los tenemos en España o en Francia.

En España las comisiones se dividen de forma muy similar a la mexicana, cuentan con comisiones permanentes y de investigación o especiales. Las primeras se componen de legislativas y no legislativas.

El reglamento del Senado español contempla sólo 27 comisiones permanentes entre legislativas y no legislativas. La creación de las comisiones de investigación o especiales depende de un fin u objetivo determinado o algún suceso que requiera de atención especial como por ejemplo, la comisión especial sobre las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo.

En Francia, el Senado cuenta con sólo 6 grandes comisiones permanentes asentadas dentro del reglamento en las cuales se engloban los temas, estas son de Asuntos Culturales, Educación y Comunicación, de Asuntos Económicos y Planificación, de Asuntos Sociales, de Hacienda, de Legislación y de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas. Aunque cuentan también con la figura de comisiones especiales y comisiones bicamerales, las primeras son generadas por objetivos claros al igual que en sistema español.

Si países de corte parlamentario como los son España y Francia, donde el poder legislativo cuenta con mayores responsabilidades, funcionan eficientemente con un número menor de comisiones debiéramos analizar el modelo que tenemos para generar menores erogaciones y un mejor trabajo legislativo.

La presente iniciativa lo que propone es limitar las comisiones ordinarias a las 30 que señala la Ley Orgánica del Congreso, y determinar que sólo podrán existir las especiales, de investigación y bicamarales para casos especiales, para así generarle un ahorro al pueblo de México en estos momentos de crisis económica mundial.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 85 y 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 85, en su primer párrafo, y el 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

De las Comisiones

ARTICULO 85.

1 .LA CÁMARA DE SENADORES CONTARÁ CON 30 COMISIONES ORDINARIAS CUYA DENOMINACIÓN SERÁ LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, Y PODRÁ EL PLENO CREAR COMISIONES ESPECIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
2. Las comisiones serán:

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional.

ARTICULO 95.

1. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones transitorias y especiales, o subdividirlas en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente reforma.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de septiembre de 2009.”

- El C. Presidente García Cervantes: Con mucho gusto, Senador Ricardo Monreal, como lo solicita se insertará íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates, siendo oportuna y pertinente su iniciativa por los trabajos que se vienen realizando de reformas al Reglamento y a la Ley Orgánica. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Ahora se concede el uso de la palabra a la Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y de los Senadores Fermín Trujillo Fuentes y Gerardo Montenegro Ibarra, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 14 de la Ley General de Educación.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y de los CC. Senadores Fermín Trujillo Fuentes y Gerardo Montenegro Ibarra)

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Como todos sabemos, una de las características del sistema educativo nacional es el gigantismo derivado de la gran cantidad de alumnos que atiende, estimado éste en 25 millones aproximadamente. Como resultado el burocratismo constituye uno de los problemas más persistentes que padece el sistema educativo nacional desde hace décadas.

Los trámites administrativos y escolares consumen una gran parte del tiempo tanto para profesores como para estudiantes, lo que entorpece todo tipo de gestiones, mismas que podrían realizarse en forma más expedita y eficiente. Como parte de la atención que reclama este problema la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Información Educativa, el cual permite consultar información referente a escuelas oficiales y particulares, tanto del ámbito federal como estatal, que se encuentran incorporadas al sistema educativo.
Además del Sistema Nacional de Información Educativa, la Secretaría ha puesto en marcha desde el año 2005 una estrategia para que todas las entidades federativas se incorporen al Sistema Integral de Control Escolar, el cual registra el historial académico de los niños y jóvenes que están cursando la educación básica, simplificando y modernizando los procesos de control escolar en las escuelas mediante la capacitación de los directores y personal administrativo de las mismas.

Este sistema digitaliza la información de control escolar y la trayectoria académica de los alumnos de nivel básico, sustituyendo el anterior sistema manual. Simplifica los procesos de control escolar, tales como reportar la baja o alta de alumnos, corregir datos personales, como el CURP, el cambio de grupo, el nombre, también capturar calificaciones y generar estadísticas escolares, entre otros.

Las ventajas del SINCE son: aminora las cargas administrativas de los docentes en beneficio de la calidad educativa, los padres de familia pueden consultar por Internet las calificaciones y el desempeño de sus hijos a lo largo del ciclo escolar y disminuye el problema de los documentos escolares denominados apócrifos.

A pesar de sus bondades estos sistemas no se han implementado de manera homogénea en las distintas entidades federativas, pues mientras que en algunas se encuentra funcionando casi al cien por ciento, en otras no se han tomado medidas para su aplicación, lo que retrasa la solución al problema del burocratismo, cosa que resulta inadmisible dado el amplio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, hoy aplicadas en la gran mayoría de instituciones de educación media y superior en el país.

En función de lo anterior, consideramos necesario elevar a rango de ley dichos sistemas, ya que contribuyen a aumentar la eficiencia del Sistema Educativo Nacional, a trasparentar la información que se ofrece a la ciudadanía, así como abatir el burocratismo.

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto para quedar como sigue:

DECRETO

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente las atribuciones siguientes:

Fracción V.- Integrar un Sistema Nacional de Información Educativa, que contenga información de las escuelas oficiales y particulares de educación básica y normal en los ámbitos federal y estatales, así como un Sistema Nacional de Control Académico de todos los estudiantes inscritos en este nivel.

ARTÍCULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, solicito a la Presidencia que la presente iniciativa sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, Senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, a nombre propio y de los Senadores FERMIN TRUJILLO FUENTES y GERARDO MONTENEGRO IBARRA, Senadores de la República de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, AL  ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, la Secretaría de Educación Pública SEP, ya cuenta con un Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, el cual permite consultar información referente a Escuelas Oficiales y Particulares, tanto del ámbito federal como estatal, que se encuentran incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

En este portal se puede consultar la información más relevante y actualizada que describe las características, ubicación, estadísticas y principales indicadores de los servicios que conforman el Sistema Educativo Nacional.

El Sistema Nacional de Información Educativa SNIE cuenta con diversas opciones de consulta, entre las que destacan:

1. El Sistema Nacional de Información de Escuelas.

Permite localizar cualquier centro escolar, así como generar listados de centros escolares por tipo de servicios (preescolar, primaria, secundaria, etc.).

Una vez localizado el centro escolar deseado, se pueden obtener los siguientes datos sobre el mismo:

• Clave, turno, ubicación, teléfonos, correo electrónico y/o páginas web.

• Número de alumnos que tiene la escuela.

• Quienes integran la escuela (número de alumnos por grupo, total de profesores frente a grupo, personal de apoyo, total de profesores en carrera magisterial)

• Instalaciones con las que cuenta la escuela (agua, luz, bardas, canchas deportivas, patio, baños, sala de cómputo, total de aulas, número de computadoras para uso educativo, alumnos por computadora para uso educativo, estado del mobiliario, baños en mal estado y aulas en mal estado).

• Preparación que tienen los profesores (Egresados de Licenciatura, no egresados de licenciatura, cuentan con otros estudios)

• Cursos que han estudiado los profesores (Español, Matemáticas, Ciencias –Biología, Física y Química-, Historia, Tecnologías de la Información, Inglés, Segunda Lengua, Otros).

• Experiencia que tienen los profesores (menos de cinco años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 años o más).

• Cómo ha sido el aprovechamiento de los alumnos en el último ciclo escolar (resultados de la prueba ENLACE).

• Porcentaje de alumnos según su nivel de logro en: Matemáticas y Español.

2. El Catálogo Nacional de Escuelas.

Esta opción permite consultar información referente a centros educativos oficiales, y particulares incorporados al SEN, de todos los niveles y servicios, la situación que guarda cada uno, su ubicación, los servicios educativos que ofrecen, los estudios reconocidos y la dependencia normativa que los regula.
3. GEOSEP (Sistema de Información Geográfico para la Planeación Educativa)

Por medio de esta opción se puede localizar la ubicación geográfica de uno o varios centros educativos de todos los niveles y servicios en un mapa digital.  Se pueden obtener mapas temáticos sobre información educativa y sociodemográfica, que permiten realizar análisis educativos territoriales.

4. Estadísticas Educativas.

Contiene las cifras más relevantes del Sistema Educativo Nacional, y permite accesar el Sistema de Consulta de la Serie Histórica y Pronósticos de la Estadística del Sistema Educativo Nacional.

Además de contar con el Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, desde el año 2005, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha una estrategia para que todas las entidades federativas se incorporen al Sistema Integral de Control Escolar SINCE.

El SINCE es un sistema que permite simplificar y modernizar los procesos de control escolar en todas las escuelas de educación básica.  Con este fin, los directores de las escuelas están siendo capacitados, a fin de alimenten el sistema introduciendo las calificaciones de los alumnos de sus respectivas escuela.

Con la puesta en marcha de este sistema se está digitalizando toda la información relacionada con el control escolar y la trayectoria académica de los alumnos de nivel básico, lo que permite contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones.  Este sistema está sustituyendo el anterior sistema que se realiza manualmente con las hojas tipo “sábanas”, que implican un exceso de trámites administrativos, con la consiguiente pérdida de tiempo para realizarlos, así como la elaboración manual de las boletas de calificaciones.

Entre los beneficios para las escuelas, se encuentra la simplificación de los procesos de control escolar, así como una mejor y mayor confiabilidad de las tareas de esta área.  Como ejemplo: actualmente, para reportar la baja de algún alumno o alguna corrección de datos con respecto al nombre, la Curp, calificación o cambio de grupo, se tiene que acudir al Departamento de Registro y Certificación para hacerlo manualmente. Con el nuevo sistema tales datos se integrarán por computadora vía Internet, de manera inmediata.

El maestro tiene una clave para acceder al programa, pero únicamente puede entrar al módulo donde están sus grupos escolares. Este módulo se abre para la captura de datos y calificaciones.  El Sistema también permitirá la actualización permanente de las estadísticas escolares, de modo que este proceso ya no se hará anualmente como se había hecho hasta ahora.

El Sistema Integral de Control Escolar SINCE tiene como objetivo el ir registrando el historial académico de todos los jóvenes que están estudiando educación básica del país por medios magnéticos. Brinda la posibilidad de que los padres de familia puedan consultar a través de internet las calificaciones y el desempeño de sus hijos a lo largo del ciclo escolar; aminora las cargas administrativas de los docentes, promueve la calidad educativa, y disminuye el problema de los documentos escolares apócrifos, pues esa gran base de datos torna casi imposible que alguien pueda ostentarse como egresado de algún nivel educativo que no cursó.

Tanto el Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, como el Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, constituyen logros muy importantes en materia de eficiencia del Sistema Educativo Nacional, de avances en la transparencia y oportunidad de la información que se ofrece a la ciudadanía, así como de abatimiento del burocratismo y opacidad de la información que desde hace décadas han caracterizado al Sistema Educativo Nacional. Considerando las bondades de tales sistemas, considero necesario elevarlos a rango de Ley, con la finalidad de preservarlos de modas sexenales e incluso de limitaciones derivadas de posibles recortes presupuestales o de cambio en las políticas educativas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto para quedar como sigue:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al  artículo 14 de la Ley General de Educación,  para quedar como sigue:

Artículo 14.-  Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I.- a IV.- …

V.- Integrar un Sistema Nacional de Información Educativa, que contenga información de las escuelas oficiales y particulares de educación básica y normal en los ámbitos federal y estatales; así como un Sistema Nacional de Control Académico de todos los estudiantes inscritos en este nivel.

VI.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12;

VII.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística;

VIII.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;

IX.- Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica;

X.- Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones;

XI.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;

XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y

XIII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Irma Martínez Manríquez.- Sen. Fermín Trujillo Fuentes.- Sen. Gerardo Montenegro Ibarra”.
- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchas gracias a usted, compañera Senadora Irma Martínez Manríquez. Como lo solicita, quedará insertada en el Diario de los Debates de manera íntegra su iniciativa, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativo, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

         Y solicito a la Secretaría Parlamentaria tome nota de la suscripción que hace el Senador Tamborrel Suárez y algunos otros miembros de la Asamblea.

         Compañeras y compañeros Senadores, estamos procurando establecer el horario del debate de la agenda nacional alrededor de la 1:00 de la tarde, por lo que ruego atención a los oradores y a quienes faltan por presentar sus iniciativas, sujetarse al tiempo establecido de 5 minutos.

                Ahora ofrezco la palabra y el uso de la tribuna al Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a nombre propio y del Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 14 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a nombre propio y del C. Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI)

         - El C. Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo: Muchísimas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

A decir de los legisladores que promovieron la reforma realizada al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, con dicha iniciativa se pretendió superar la etapa de retraso que imperaba en nuestro país en materia restitutoria del Estado, al optar por la instauración de una garantía tendiente a proteger la integridad patrimonial de los individuos respecto de la actividad administrativa del Estado, así como establecer el deber de éste de reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad cauce en el patrimonio de todo individuo que goce de dicha garantía.

         Lo anterior trajo consigo la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con la cual se pretendió hacer eficaz la instrumentación del instituto resarcitorio, desarrollando así un sistema de responsabilidad general, objetiva, directa y ponderada del Estado, en mérito del cual se reconozca la obligación de éste, de resarcir los daños y perjuicios que cauce a los particulares cuando éstos no tengan la obligación jurídica de soportarlos y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia y el control de las actividades estatales en su conjunto.

         Ahora bien, los legisladores reconocieron que uno de los cuestionamientos que durante años impidieron la aprobación de la responsabilidad patrimonial del Estado, es el concerniente al problema financiero que en su incorporación y puesta en práctica conllevaría.

A fin de establecer medidas que atenúen los eventuales efectos económicos de la incorporación de la institución en México, se previó en los artículos 5º y 6º de la iniciativa que el monto presupuestal total que se puede destinar a este fin, guarde relación proporcional con el crecimiento o decrecimiento económico-presupuestal del país.

         Aunado a lo anterior y con relación al monto de las indemnizaciones que Estado debe cubrir por concepto de daño moral, se estimó conveniente fijar en el artículo 14, fracción II, párrafo segundo de la Ley un máximo de 20 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, como límite para cada reclamante, para recibir la indemnización a la que el Estado resulte obligado.

         Sin embargo, con relación a este tope, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido recientemente un criterio que vale la pena tomar en consideración.

Al revocar la sentencia de un juez de distrito y otorgar el amparo y protección de la justicia federal a una quejosa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró su inconstitucionalidad a favor de quien reclame una indemnización por daño moral.

         Los ministros precisaron que con inflexibilidad de este parámetro vulneran los artículos 1º y 113 de la Carta Magna.

De esta forma la Sala ad quem otorgó el amparo a la agraviada, a quien adujo que el límite establecido en el artículo 14 de la multicitada ley, la discrimina al ponerla en desventaja frente a las personas que tienen pretensiones indemnizatorias contra particulares, respecto de los cuales no se aplica un tope máximo.

         La Corte destacó en su ejecutoria que la remisión de la Constitución Federal a la Ley para que concrete las bases de determinación de la indemnización no implica que ésta última sea libre de establecer cualquier tipo de previsión al respecto. Los ministros señalaron que el juez, en cualquier caso, deberá tomar en cuenta el grado de responsabilidad del sujeto responsable, la naturaleza de los bienes y derechos lesionados, el perjuicio sufrido, así como todos los elementos que deberán acreditarse para que se acuerde un determinado monto indemnizatorio.    Por tal razón, el límite de la indemnización que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, constituye una disposición que restringe negativamente los alcances de un derecho constitucionalmente reconocido.

         En concordancia con lo anterior se propone la derogación del párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a efecto de que sea eliminado el tope al que hemos hecho referencia.

         Tomando en consideración que un procedimiento de esta naturaleza, el Estado acude a juicio no con el carácter de autoridad, sino como parte demandada, lo cual implica que se encuentra ubicado en un plano de igualdad respecto de aquel que lo demanda, se propone que en acatamiento al principio de irretroactividad de las leyes, se establezca en el artículo transitorio segundo la necesidad de que los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se encuentren instaurados hasta la entrada en vigor del Decreto que al efecto se expida se sigan sustanciando bajo las reglas que se encontraban vigentes al momento de ser iniciados.

         De contar la presente iniciativa con el apoyo suficiente para su aprobación, habremos dado un paso importantísimo en el establecimiento de un sistema que sea útil para reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad cause el estado en el patrimonio de los mexicanos.

         Señor Presidente, en virtud del tiempo concedido para la presentación del presente proyecto, muy respetuosamente le solicito se integre en todos sus términos en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchísimas gracias.

Iniciativa

“Los suscritos, Sen. Cleominio Zoreda Novelo y Sen. Fernando Castro Trenti, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente “iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado”, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A decir de los legisladores que promovieron la reforma realizada al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, con dicha iniciativa se pretendió superar la etapa de retraso que imperaba en nuestro país en materia restitutoria del Estado, al optar por la instauración de una garantía tendiente a proteger la integridad patrimonial de los individuos respecto de la actividad administrativa del Estado, así como establecer el deber de éste de reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad cause en el patrimonio de todo individuo que goce de dicha garantía.

Señalaron los legisladores que la incorporación de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado a nuestra Ley Suprema constituiría la base para establecer la obligación del Estado de indemnizar al particular que haya sufrido una lesión en su patrimonio, que no tenga la obligación legal de soportar, lo cual vendría a ser el fundamento expreso para que en los ordenamientos legales secundarios se desarrollen y pormenoricen los mecanismos a partir de los cuales los particulares podrán reclamar la indemnización correspondiente, respecto de aquellas lesiones patrimoniales causadas por la autoridad Federal.

Lo anterior trajo consigo la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con la cual se pretendió hacer eficaz la instrumentación del instituto resarcitorio, desarrollando así un sistema de responsabilidad general, objetiva, directa y ponderada del Estado, en mérito del cual se reconozca la obligación de éste, de resarcir los daños y perjuicios que cause a los particulares, cuando éstos no tengan la obligación jurídica de soportarlos y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia y el control de las actividades estatales en su conjunto.

Con la adopción de un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva y directa como el que se propuso en la iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se buscó perseguir los siguientes fines:

• Cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el Estado de Derecho mexicano;

• Elevar la calidad de los servicios públicos, y

• Profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, así como en la respetabilidad del Derecho como el mejor instrumento de solución de los problemas de la convivencia social.

De conformidad con lo anterior, la ley reglamentaria del artículo 113 constitucional contempla que todo daño, sea de carácter material, personal o, incluso, moral, debe ser indemnizado, en tanto pueda ser evaluable económicamente y provenga de la actividad o función administrativa del Estado expresada en forma de actos administrativos o hechos materiales. Por lo tanto, debe entenderse que la actividad o función de la Administración Pública comprende todos los actos o hechos administrativos que ésta realice.

Ahora bien, los legisladores reconocieron que uno de los cuestionamientos que durante años impidieron la aprobación de la responsabilidad patrimonial del Estado, es el concerniente al problema financiero que su incorporación y puesta en práctica conllevaría. Si bien no existe una estadística seria y confiable al respecto en otros países, lo que sí consta es que la implantación del sistema ha generado un mayor cuidado en la prestación de los servicios públicos, habida cuenta que se tiene mayor conciencia de que los errores voluntarios o involuntarios que ocasionan daños y perjuicios a los particulares tienen un costo que debe pagarse, sin menoscabo de que en muchos casos se han generado repeticiones de lo pagado por el Estado respecto de servidores públicos a quienes, después de un procedimiento de responsabilidad determinada, les ha sido acreditada la infracción grave.

No obstante lo anterior, y a fin de establecer medidas que atenúen los eventuales efectos económicos de la incorporación de la institución en México, se previó en los artículos 5º y 6º de la iniciativa que el monto presupuestal total que se pueda destinar a este fin, guarde relación proporcional con el crecimiento o decrecimiento económico-presupuestal del país. De esta forma, se evitaría que en un momento dado, ante una crisis de carácter económico, las consecuencias financieras de la responsabilidad patrimonial del Estado afectaran desproporcionadamente el presupuesto federal, comprometiendo otros rubros de vital importancia para el desarrollo nacional.
Aunado a lo anterior, y con relación al monto de las indemnizaciones que el Estado debe cubrir por concepto de daño moral, se estimó conveniente fijar en el artículo 14, fracción II, párrafo segundo de la ley un máximo de 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, como límite por cada reclamante para recibir la indemnización que el Estado resulte obligado.

Con las medidas apuntadas, el legislador secundario estimó que podrían resolverse las principales objeciones de carácter económico que normalmente se arguyen cuando se analiza la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Sin embargo, con relación al tope fijado en las indemnizaciones que por daño moral se encuentra obligado a pagar el estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido recientemente un criterio que vale la pena tomar en consideración.

Al revocar la sentencia de un juez de distrito y otorgar el amparo y protección de la justicia federal a una quejosa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del tope establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a favor de quien reclame una indemnización por daño moral.

Los ministros precisaron que la inflexibilidad de este parámetro vulnera los artículos 1º y 113 de la Carta Magna, siendo éste último el que, como vimos con anterioridad, prevé el derecho de los particulares a recibir una indemnización por daños que les infrinjan las instituciones estatales conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes de la materia.

De esta forma, la Sala ad quem otorgó el amparo a la agraviada, quien adujo que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la multicitada Ley, viola el derecho a una indemnización por daño moral, esto en virtud de que se le discrimina al ponerla en desventaja frente a las personas que tienen pretensiones indemnizatorias contra particulares, respecto de las cuales no se aplica un tope máximo. Para la quejosa el monto de la indemnización de 20 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por el cual se le puede condenar al Estado por daño moral, constituye una discriminación que atenta contra su dignidad, dado que el daño provocado consistió en la muerte de su hija por un cable de alta tensión colocado en un lugar y en condiciones irregulares por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a la cual le demandó el pago de una indemnización por daño moral.

La Corte destacó en su ejecutoria que la remisión de la Constitución Federal a la ley para que concrete las bases de determinación de la indemnización, no implica que esta última sea libre de establecer cualquier tipo de previsión al respecto. Los ministros señalaron que el juez, en cualquier caso, deberá tomar en cuenta el grado de responsabilidad del sujeto responsable, la naturaleza de los bienes y derechos lesionados, el perjuicio sufrido, así como todos los elementos que deberán acreditarse para que se acuerde un determinado monto indemnizatorio. Por tal razón, el límite de la indemnización que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, constituye una disposición que restringe negativamente los alcances de un derecho constitucionalmente reconocido.

Atentos a lo antes señalado, y toda vez que nuestro más Alto Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del dispositivo que contiene el tope para el pago de indemnizaciones por daño moral, resulta necesario que el legislador adecue la norma al parámetro ya fijado por la Corte, para así subsanar el vicio de inconstitucionalidad que afecta a la norma, contribuyendo así a los fines para los cuales fue aprobada la ley cuya reforma se propone a través de la presente.

En concordancia con lo anterior, se propone la derogación del párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a efectos de que sea eliminado el tope a que hemos hecho referencia en el párrafo precedente.
Si bien es cierto la ley tiene como intención que el Estado se haga responsable de sus hechos y omisiones que afecten de manera injustificada el patrimonio de los particulares, tampoco podemos dejar de lado que en un procedimiento de esa naturaleza, dicho ente legal acude a juicio no con el carácter de autoridad, sino como parte demandada, lo cual implica que se encuentra ubicado en un plano de igualdad respecto de aquél que lo demanda, razón que se estima suficiente para que, en acatamiento al principio de irretroactividad de las leyes, se establezca en el artículo transitorio segundo la necesidad de que los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se encuentren instaurados hasta la entrada en vigor del decreto que al efecto se expida se sigan substanciando bajo las reglas que se encontraban vigentes al momento de ser iniciados.

De contar la presente iniciativa con el apoyo suficiente para su aprobación, habremos dado un paso importantísimo en el establecimiento de sistema que sea útil para reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad cause el estado en el patrimonio de los mexicanos.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y en su caso aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- SE DEROGA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 14 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 14.- (…)

I. (…)

II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.

III. (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial instaurados hasta la entrada en vigor del presente Decreto seguirán substanciándose conforme a las reglas hasta entonces vigentes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Cleominio Zoreda Novelo.- Sen. Fernando Castro Trenti”.

         - El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchísimas gracias a usted, Senador Renán Cleominio. Como lo solicita, se instruye la incorporación íntegra de su iniciativa en el Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

                Procede ahora el ofrecer el uso de la tribuna a la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS B) Y E) DEL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION III      DEL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD)

         - La C. Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, señor Presidente; apreciables compañeros Senadores:

El 11 de diciembre de 2003, se presentó en el Senado de la República una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ella se propuso, entre otras cuestiones, la actualización del catálogo de los servidores públicos del Poder Legislativo Federal considerados como de confianza en razón de su nombramiento.

         Posteriormente, el 16 de febrero de 2006, la cámara revisora dictaminó y aprobó con modificaciones la minuta, destacándose entre éstas la realizada a la fracción III del artículo 5, en la que ha hecho una descripción de los puestos de confianza en el Poder Legislativo, en razón de las funciones realizadas por los trabajadores, quedando de tal manera que se alude a los trabajadores sólo de una de las Cámaras del Congreso de la Unión y se omite a la otra conforme al texto siguiente:

         “Con independencia del nombramiento expedido, en todos los casos a que se refiere esta fracción, será considerado trabajador de confianza cualquiera que desempeñe las siguientes funciones:

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados en el presupuesto de la Cámara de Diputados, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones.

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la Cámara de Diputados con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y las compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestamente considerados en estas áreas de la Cámara de Diputados.

         Como puede observarse, en ambos casos se hace referencia únicamente a la Cámara de Diputados, dejando a un lado a la Cámara de Senadores, misma que también forma parte del Congreso de la Unión.

         Por lo anterior, y en razón de que la fracción aludida en el artículo 5 de la Ley Burocrática se refiere a los trabajadores de confianza del Poder Legislativo, se considera pertinente que deba de incluirse también a los trabajadores de confianza de la Cámara de Senadores para efectos de las funciones tanto de inspección, vigilancia y fiscalización, como de control directo de adquisiciones en los mismos términos que a los trabajadores de la Colegisladora, y que por lo tanto, resulta pertinente esta adecuación a la Ley del ISSSTE.

         Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe, MINERVA HERNANDEZ RAMOS Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala a la LXI Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos b) y e) del segundo párrafo de la fracción III del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 11 de diciembre de 2003, se presentó en el Senado de la República una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional (en adelante Ley Burocrática). En ella se propuso, entre otras cuestiones, la actualización del catálogo de los servidores públicos del Poder Legislativo Federal considerados como de confianza, en razón de su nombramiento.

Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Senadores el 6 de diciembre de 2005 y turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, el 16 de Febrero de 2006, la cámara revisora dictaminó y aprobó con modificaciones la minuta, destacándose entre éstas la realizada a la fracción III del artículo 5, la cual se reacomodó en apartados A, B y C, y en un segundo párrafo con los incisos a) y g).

En los incisos adicionados se hace la descripción de los puestos de confianza en el Poder Legislativo, pero en razón de las funciones realizadas por los trabajadores, a diferencia de los apartados A, B y C, en donde el criterio es el nombramiento recibido.

El párrafo segundo y los incisos b) y e) adicionados en el párrafo segundo, dicen lo siguiente:

“Con independencia del nombramiento expedido, en todos los casos a que se refiere esta fracción, será considerado trabajador de confianza cualquiera que desempeñe las siguientes funciones:

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados en el presupuesto de la Cámara de Diputados, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son se confianza.

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la Cámara de Diputados con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de la Cámara de Diputados con tales características.”

Como se puede observar, en ambos casos se hace referencia únicamente a la Cámara de Diputados, lo cual deja a un lado a la Cámara de Senadores, misma que también forma parte del Congreso de la Unión, depositario del Poder Legislativo Federal, con base en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la entidad de fiscalización superior de la Federación adscrita a la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 79 constitucional.

Por lo anterior, y en razón de que la fracción aludida del artículo 5 de la Ley Burocrática se refiere a los trabajadores de confianza del Poder Legislativo, se considera que dichos incisos deben decir:

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados en el presupuesto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de la Auditoría Superior de la Federación, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de la Auditoría Superior de la Federación, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupen puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las entidades mencionadas, con tales características.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se reforman los incisos b) y e) del segundo párrafo de la fracción III del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 5. …
I. …

II. …

III. …

A. a C. …

a) …

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados en el presupuesto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de la Auditoría Superior de la Federación, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.

c) y d) …

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de la Auditoría Superior de la Federación, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupen puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las entidades mencionadas, con tales características.

f) y g)…

IV. …

V. …

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Minerva Hernández Ramos”.

         - El C. Presidente García Cervantes: Muchísimas gracias, Senadora Minerva Hernández Ramos. Como es acostumbrado, se insertará íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates. Y para su análisis y dictamen correspondiente, se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.

Se ofrece el uso de la tribuna al Senador Mario López Valdez, para que a nombre propio y de los Senadores Fernando Jorge Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI, presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY  DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Mario López Valdez, a nombre propio y de los CC. Senadores Fernando Jorge Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Mario López Valdez: Muchas gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

El derecho laboral y la seguridad social en el mundo, hacen una diferenciación de las actividades que realizan los trabajadores. De esta forma existen regímenes especiales como los trabajadores del campo, los mineros, los servidores públicos, entre otros, que tienen capítulos especiales en las leyes, y en algunos casos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

En nuestro país, la Ley del ISSSTE no hace una diferenciación de los trabajadores como sucede en otras disposiciones nacionales o internacionales. Por ejemplo, en su Capítulo Sexto referente alSeguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, trata por igual a todos los trabajadores al servicio del Estado.

Esta disposición no explora la posibilidad de rebajar, o anticipar la edad ordinaria de jubilación a aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos son de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica, insalubre o aquellos que acusen elevados índices de enfermedad, como es el caso de los controladores de tránsito aéreo, quienes ejercen tareas esenciales para la seguridad nacional y se les demanda estar al 100 por ciento física y mentalmente para dar el servicio; sin embargo, no se prevé que estas cualidades requeridas son precisamente las que disminuyen con el envejecimiento.

El control de tránsito aéreo resulta ser una actividad profesional muy particular que demanda cualidades muy específicas, como lo son: agilidad mental para procesar información que se le presente rápidamente, capacidad para dar respuestas eficaces en un corto espacio de tiempo, capacidad para poder mantener la atención concentrada y dividida, autocontrol en situaciones de estrés, madurez emocional, orientación espacial, razonamiento abstracto y resistencia a la fatiga, cualidades que lamentablemente, muchas de ellas, disminuyen de manera natural con el tiempo.

Es un hecho que en el caso de los controladores, la edad laboral termina más pronto que otros servidores públicos, razón de más suficiente para que la Ley del ISSSTE establezca diferencias entre trabajadores y sus actividades en particular, y establezca la misma regla para todos es una medida desigual, en acorde al principio jurídico aristotélico de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.

Como los controladoresde tráfico aéreo no son los únicos servidores públicos que tienen características especiales y existen otros trabajadores al servicio del Estado que deberían acceder a un retiro anticipado como son: policías especiales, pilotos aéreos y cuerpos de bomberos, entre otros, es que no nos limitamos a circunscribir dicho beneficio a una sola actividad, sin en términos generales a aquellas que se encargan de mantener la protección y seguridad misma de nuestro país.

Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, esta Iniciativa de adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Señor Presidente, atentamente le solicito sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, Senadores de la República por los estados de Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, respectivamente, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho laboral y la seguridad social en el mundo, hacen una diferenciación de las actividades que realizan los trabajadores. De esta forma existen regímenes especiales como los trabajadores del campo, los mineros, los servidores públicos, entre otros, que tienen capítulos especiales en las leyes, y en algunos casos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta diferenciación se refiere a las características particulares que tiene cada actividad, lo cual requiere conocimientos y aptitudes físicas diferentes en los trabajadores que las desempeñan.

En nuestro país, la Ley del ISSSTE no hace una diferenciación de los trabajadores como sucede en otras disposiciones nacionales o internacionales. Por ejemplo, en su capítulo sexto referente al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, trata por igual a todos los trabajadores al servicio del estado.

Esta disposición  no  explora la posibilidad de rebajar, o anticipar la edad ordinaria de jubilación a aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos son de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica, insalubre o aquellos que acusen elevados índices de enfermedad, como es el caso de los controladores de tránsito aéreo, quienes ejercen tareas esenciales para la seguridad nacional y se les demanda estar al 100% física y mentalmente para dar el servicio; sin embargo, no se prevé que estas cualidades requeridas son precisamente las que disminuyen con el envejecimiento.

El Sistema de Control de Tránsito Aéreo es una vasta red de personas y equipos que garantizan la operación segura y ordenada de las aeronaves comerciales, privadas y de gobierno, siendo los principales responsables de su operación los llamados controladores aéreos.

El objetivo principal de un Controlador de Tránsito Aéreo es el de salvaguardar la seguridad de los aviones en aire y su rodaje en tierra, y es en esta función donde  enfoca su atención la mayor parte del tiempo, pero sin permitirse la posibilidad de perder la concentración para que al mismo tiempo pueda mantener un flujo continuo y ordenado de las aeronaves que evite las demoras, además dar avisos de seguridad a pilotos y suministrarles los reportes meteorológicos, entre muchas otras labores.

El control de tránsito aéreo resulta ser una actividad profesional muy particular que demanda cualidades muy específicas, como lo son: agilidad mental para procesar información que se le presente rápidamente, capacidad para dar respuestas eficaces en un corto espacio de tiempo, capacidad para poder mantener la atención concentrada y dividida, autocontrol en situaciones de estrés, madurez emocional, orientación espacial, razonamiento abstracto y resistencia a la fatiga; cualidades que lamentablemente, muchas de ellas, disminuyen de manera natural con el tiempo.

Con la reducción natural de algunas de estas habilidades, el controlador aéreo disminuido en capacidad y reflejos por su edad envejecida, sin desearlo, inherente e inconscientemente puede llegar a comprometer las operaciones a su mando, incluso antes de llegar a la edad requerida de jubilación; razón por la cual consideramos que el Estado Mexicano, debe crear mecanismos que incentiven el retiro anticipado de los Controladores de Tránsito Aéreo, en aras de proteger la salud y eficiencia de los trabajadores que se encargan del resguardo de la seguridad del espacio aéreo mexicano.

Lo anterior ya se refleja en el Reglamento para la Expedición de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del Personal Técnico Aeronáutico, el cual señala dentro de los requisitos que se exigen para tener la Licencia de Controlador, que para aquellos a partir de los 40 años de edad, la vigencia del certificado de capacidades tendrá vigencia de sólo 12 meses y ya no de 24 como sucede con los más jóvenes por regla general.

Esto de acuerdo con las normatividad internacional vigente, por ejemplo la Directiva Europea 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril del 2006, relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo, que tienen la mismas disposiciones sobre la vigencia de la licencia de controladores aéreos.

Es un hecho que en el caso de los controladores, la edad laboral termina más pronto que otros servidores públicos; razón de más suficiente para que la Ley del ISSSTE establezca diferencias entre trabajadores y sus actividades en particular, y establezca la misma regla para todos es una medida desigual, en acorde al principio jurídico aristotélico de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.

Por eso es que proponemos esta reforma a la Ley en comento, a fin de que se establezca el retiro anticipado de aquellos Controladores de Tráfico Aéreo que hayan prestado 28 años de servicios, concediéndoles la oportunidad de  jubilarse y pensionarse al 100% sin importar su edad sino los años de servicio. Además de recibir como incentivo de jubilación temprana por “servicios especiales prestados al estado mexicano”, el poder acceder al Programa Federal de Retiro Voluntario, en aras de salvaguardar esta actividad de que depende la seguridad del espacio aéreo del Estado Mexicano.

Como los controladores de tráfico aéreo no son los únicos servidores públicos que tienen características especiales y existen otros trabajadores al servicio del estado que deberían acceder a un retiro anticipado como son: policías especiales, pilotos aéreos y cuerpos de bomberos, entre otros, es que no nos limitamos a circunscribir dicho beneficio a una sola actividad, sin en términos generales a aquellas que se encargan de mantener la protección y seguridad misma de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Artículo Unico. Se adiciona un último párrafo al artículo 84 y un último párrafo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 84. Para los efectos de esta Ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el Trabajador quede privado de trabajo a partir de los sesenta años de edad.


Los trabajadores al servicio del estado que tienen una actividad que sea peligrosa, insalubre, de seguridad nacional, que tenga altos índices de enfermedad o que requiera una capacidad física y mental completa y diferente para ejercerla, tienen derecho a solicitar su pensión con anticipación a la edad establecida por este artículo.

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de veinticinco años de cotización.

Los trabajadores al servicio del estado que tienen una actividad que sea peligrosa, insalubre, de seguridad nacional, que tenga altos índices de enfermedad o que requiera una capacidad física y mental completa y diferente para ejercerla, tienen derecho a solicitar su pensión con anticipación a la edad establecida en este artículo.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su  publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de  la Unión, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Mario López Valdez.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchas gracias a usted, Senador Mario López Valdez. Como lo solicita, se inserta íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates. Y para su análisis y dictamen, se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

Ofrezco ahora el uso de la palabra a nuestra compañera Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ruego a todas las señoras y señores Senadores un poco de silencio y atención a quien hace uso de la palabra.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA    UN NUMERAL 2 AL ARTICULO 219 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Los esfuerzos que se han llevado a cabo para lograr la equidad de género entre hombres y mujeres son considerables, pero pesar de ello en la práctica no se ha logrado concretar totalmente esta acción.
De acuerdo con el informe sobre la Brecha Global de Género 2009, realizado por el Foro Económico Mundial y las universidades de Harvard y de California en Berkeley, del lugar 93 que ocupaba México en el 2007, pasó a ocupar el lugar 97 de un total de 128 países en cuanto a equidad de género.

Este hecho lo ubica detrás de naciones como Honduras, Kenya y Malasia y, contrasta con las medidas legislativas, económicas y sociales que se han impulsado para reducir la brecha en el país.

Asimismo, en cuanto a la participación económica e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nuestro país ha pasado del lugar 109 al 112; de acceso a la educación ha transitado del puesto 49 al 86, y en participación política del lugar 57 al 55.

Respetables legisladores:

Durante la primera sesión de trabajo de la LXI Legislatura, 10 Diputados solicitaron una licencia indefinida para permitir que sus suplentes ocupen su puesto, lo destacable de esta situación es que 8 son mujeres y los suplentes son hombres, lo cual viene a contravenir el principio de equidad de género.

La realización de este tipo de prácticas ha sido común en las últimas legislaturas, sin embargo en esta ocasión, la noticia causó un gran impacto, que concluyó con un rechazo de las solicitudes y el envío de las mismas a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

La designación de las legisladoras se ha convertido en una cuestión de mero trámite para cumplir con la cuota legal de género. Las suplencias por lo general están a cargo de hombres, los cuales llegado el momento ocupan los puestos tras la petición de licencia de las legisladoras, lo cual constituye una práctica que es elusiva de la ley.

En la Cámara de Senadores las mujeres representamos el 20.3 por ciento y en la Cámara de Diputados, al día de hoy, el 28.1 por ciento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 4, tutelan la igualdad de los mexicanos. En el mismo sentido lo hace la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Para el caso que nos ocupa, el segundo párrafo del artículo 41 constitucional, señala lo siguiente:

“La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

1.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.”

Por tal motivo, no es necesario realizar una reforma al ordenamiento constitucional, para establecer los candados, que aseguren la permanencia de la equidad de género en el registro de candidatos.

En la pasada legislatura, Senadoras integrantes de diferentes grupos parlamentarios, presentaron al Pleno de esta Soberanía, dos iniciativas con las que se intenta poner un alto a este tipo de prácticas, sin que a la fecha exista un pronunciamiento al respecto.

En tal virtud, el día de hoy someto a su consideración una iniciativa de ley, con la que se pretende garantizar el principio de equidad de género que se encuentra tutelado no solamente en nuestra constitución, sino también en varios ordenamientos jurídicos, con la finalidad de establecer que las candidaturas plurinominales cumplan con la cuota de género entre los candidatos propietarios y suplentes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de Decreto.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un numeral 2 que recorre el actual a un numeral 3, ambos del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

2. Tratándose del registro ante el Instituto Federal Electoral de las candidaturas a representación proporcional por ambos principios deberá considerar que el género de candidato a propietario deberá ser el mismo que el del candidato suplente.

         UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
        
Atentamente

Guadalupe Fonz.

         Gracias, señor Presidente. Y le solicito que inserte íntegramente este Decreto en el Diario de los Debates.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Senadora de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los esfuerzos que se han llevado a cabo para lograr la equidad de género entre hombres y mujeres son considerables, a pesar de ello en la práctica no se ha logrado concretar totalmente esta acción.

De acuerdo con el informe sobre la Brecha Global de Género 2009, realizado por el Foro Económico Mundial y las universidades de Harvard y de California en Berkeley, del lugar 93 que ocupaba México en 2007, pasó a ocupar el lugar 97 de un total de 128 países en cuanto a equidad de género.

Este hecho lo ubica detrás de naciones como Honduras, Kenya y Malasia y, contrasta con las medidas legislativas, económicas y sociales que se han impulsado para reducir la brecha en el país.

Asimismo, en cuanto a participación económica e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nuestro país ha pasado del lugar 109 al 112; de acceso a la educación ha transitado del puesto 49 al 86, y en participación política del lugar 57 al 55.

Respetables legisladores:

Durante la primera sesión de trabajo de la LXI Legislatura, 10 diputados solicitaron una licencia indefinida para permitir que sus suplentes ocupen su puesto, lo destacable de esta situación es que 8 son mujeres y los suplentes son hombres, lo cual viene a contravenir el principio de equidad de género.

La realización de este tipo de prácticas ha sido común en las últimas legislaturas, sin embargo en esta ocasión, la noticia causó gran impacto, que concluyó con un rechazo de las solicitudes y el envío de las mismas a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para su análisis.

La designación de las legisladoras se ha convertido en una cuestión de mero trámite para cumplir con la cuota legal de género. Las suplencias por lo general están a cargo de hombres, los cuales llegado el momento ocupan los puestos tras la petición de licencia de las legisladoras, lo cual constituye una práctica que es elusiva de la ley.

En la Cámara de Senadores las mujeres representan el 20.3 por ciento y en la Cámara de Diputados, al día de hoy, el 28.1 por ciento, mientras que en la pasada legislatura, esa cifra fue del 26.4 por ciento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 4, tutelan la igualdad de los mexicanos. En el mismo sentido lo hace la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Para el caso que nos ocupa, el segundo párrafo del artículo 41 constitucional, señala lo siguiente:

“La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.”

Por tal motivo, no es necesario realizar una reforma al ordenamiento constitucional, para establecer los candados, que aseguren la  permanencia de la equidad de género en el registro de candidatos.

La norma jurídica electoral prevé que al menos el 40 por ciento de los candidatos propietarios de cada partido deben ser mujeres, en tanto que el máximo de los candidatos hombres es el 60%.

Por su parte el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, señala como obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la equidad de hombres y mujeres el tener acceso a cargos de elección popular.

En la pasada legislatura, senadoras integrantes de diferentes grupos parlamentarios, presentaron al Pleno de esta Soberanía, dos iniciativas con las que se intenta poner un alto a este tipo de prácticas, sin que a la fecha exista un pronunciamiento al respecto.

Además, no solo es necesario realizar modificaciones a nuestra legislación para cumplir cabalmente con este principio y erradicar prácticas de género discriminatorias, sino también fomentar la cultura de equidad, que permita continuar con el acceso de la mujer a distintos cargos, que contribuyan al desarrollo de país.

En tal virtud, el día de hoy someto a su  consideración una iniciativa de ley, con la que se pretende garantizar el principio de equidad de género que se encuentra tutelado no solamente en nuestra constitución, sino también en varios ordenamientos jurídicos, con la finalidad de establecer que las candidaturas plurinominales cumplan con la cuota de género entre los candidatos propietarios y suplentes.
El Gobierno mexicano tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para respetar y hace cumplir su ordenamiento jurídico, el cual sin duda es indispensable para regular las relaciones de sus gobernados dentro de un ambiente de igualdad y justicia.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un numeral 2 que recorre el actual, del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 219

1. (…)

2. Tratándose del registro ante el Instituto Federal Electoral de las candidaturas de representación proporcional, el total de las mismas deberá integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos de un mismo género, la fórmula anterior se aplicará para propietarios y suplentes.

3. (…).

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente
Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz”.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz. No es muy usual, pero esta Presidencia la felicita y saluda su iniciativa.
                        
Y solicito a la Secretaría Parlamentaria, tome nota de la adhesión que están haciendo a este proyecto nuestras compañeras Senadoras Rosario Ybarra y Rosario Green…
        
         Bueno, solicito a la Secretaría Parlamentaria tome nota de ello.

Quiero agradecer la colaboración que en esta sesión, es tan evidente y tan patente de nuestras compañeras y compañeros que han venido a presentar sus iniciativas con proyecto de Decreto, porque se han ajustado puntual y cabalmente al tiempo disponible.

Lo que nos permite estar a dos iniciativas de iniciar la agenda política, un debate que considero que es trascendente que el Senado de la República dé de cara a los mexicanos sobre la situación de nuestro campo y la circunstancia de los ajustes en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Empezaremos este debate alrededor de la una de la tarde. Lo que permitirá también a quienes nos acompañan desde el Canal del Congreso, y a los medios de comunicación, ir sabiendo que alrededor de la una de la tarde, el Senado de la República aborda un tema de interés nacional, con la visión plural y con la composición diversa de esta Cámara de Senadores.

La iniciativa presentada por la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Ofrezco el uso de la tribuna, al Senador Adolfo Toledo Infanzón. Inmediatamente después hará uso de la tribuna la Senadora María Elena Orantes López.

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, habrá de presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[1] SE RECORRE EL NÚMERAL 2 ORIGINAL, PARA QUEDAR EN EL TRES.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 77 DE LA LEY DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por el C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Adolfo Toledo Infanzón: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores y Senadoras:

La emergencia sanitaria que vivió nuestro país en los meses de abril y mayo de este año, fue un hecho sui generis que motivó a que el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, adoptara medidas de carácter extraordinario.

Aunque la urgencia sanitaria en esa ocasión, al parecer, se terminó y el brote de virus de influenza ya está controlado, todavía sigue activo el problema y un rebrote es cada vez más probable; si bien se trato de una situación única en la historia del país y puso a prueba al Sistema Nacional de Salud y a sus instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado; las cifras hasta el día de hoy son de 162 decesos y más de 18 mil contagiados.

El Estado mexicano ante estas emergencias debe contar con todos los instrumentos a su alcance para enfrentar situaciones excepcionales, así se prevé en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos principios fueron recogidos en la legislación secundaria, especialmente en la Ley General de Salud. También en otras leyes se contemplan medidas de emergencia, pero toma relevancia por su importancia económica la Ley de la Propiedad Industrial, que contempla en su artículo 77 el otorgamiento de licencias obligatorias de una patente en casos de emergencia nacional.

El problema de este artículo es el mecanismo que establece, el cual no corresponde a la realidad de una epidemia que tenga las magnitudes de la influenza y sus variedades. La actual disposición establece que el Consejo de Salubridad debe realizar una declaratoria de atención prioritaria, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas en ese momento podrán solicitar una licencia de utilidad pública al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, sobre las medicinas que tienen una patente vigente y sean para el tratamiento de la enfermedad motivo de la declaratoria. Esta se otorgará previa audiencia de las partes, con la opinión del Consejo, en un plazo no mayor de 90 días.

El mecanismo es complicado y establece un plazo de 90 días, un tiempo que es muy prolongado para una emergencia epidemiológica. Se requiere un mecanismo más eficaz para contrarrestar los efectos de una enfermedad grave entre la población.

Por ello, la presente iniciativa propone que, tomando en cuenta las facultades establecidas en la Constitución, el Consejo de Salubridad ordene al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial la repartición de licencias, ya que resulta evidente que el Consejo concentra la información de todo el país de los avances de una enfermedad y del peligro que ésta conlleve. Además, concentra la información del abasto de medicamentos en los hospitales y en las farmacias del país.

También, ante la rapidez con la que se extienden las epidemias, los plazos deben ser menores a tres días. No pueden ser los 90 días, si consideramos los avances de las telecomunicaciones, que de manera inmediata se pueden contactar entre las empresas farmacéuticas, el Instituto Mexicano de la Propiedad y el Consejo de Salubridad.

El titular de la patente no sufrirá menoscabo en su patrimonio, porque se mantendrá la disposición de que reciba regalías; además, esta medida debe ser de carácter temporal, mientras pase el punto crítico de la epidemia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.

Señor Presidente, dado que la iniciativa ha sido publicada el día de hoy en la Gaceta de esta sesión, le solicito que pueda integrarse de manera íntegra, total, al Diario de los Debates de esta sesión.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial al tenor de la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La emergencia sanitaria que vivió nuestro país en los meses de abril y mayo de este año, fue un hecho sui generis, esto motivó a que el Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, adoptara medidas de carácter extraordinario.

Aunque la urgencia sanitaria en esa ocasión, al parecer, se término y el brote del virus de influenza ya esta controlado, todavía sigue activo el problema y un rebrote es cada vez más probable; si bien se trato de una situación única en la historia del país y puso a prueba al sistema nacional de salud y a sus instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado. Las cifras hasta el día de hoy son de 162 decesos y más de 18 mil contagiados.

Por desgracia para México, el virus de la influenza no va a ser la única enfermedad que amerite medidas de emergencia, recordemos cuando apareció el VIH en la década de los ochenta, el brote de cólera y actualmente en algunos estados de nuestro país se encuentra muy activa la enfermedad del dengue.

El Estado Mexicano ante estas emergencias debe contar con todos los instrumentos a su alcance para enfrentar situaciones excepcionales, así se prevé en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establecen las reglas, para casos que implique un grave peligro para la sociedad, como es el caso de enfermedades; y de manera particular las establecidas en el artículo 73, fracción XVI, respecto a las facultades de las autoridades sanitarias.

Estos principios fueron recogidos en la legislación secundaria, especialmente en la Ley General de Salud. También en otras leyes se contemplan medidas de emergencia, pero toma relevancia, por su importancia económica, la Ley de la Propiedad Industrial, que contempla en su artículo 77 el otorgamiento de licencias obligatorias de una patente en casos de emergencia nacional.

El problema de este artículo es el mecanismo que establece, que no corresponde a la realidad de una epidemia que tenga las magnitudes de la influenza y sus variedades. Así, el Consejo de Salubridad debe realizar una declaratoria de atención prioritaria, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas en ese momento podrán solicitar una licencia de utilidad pública al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial sobre las medicinas que tienen una patente vigente y sean para el tratamiento de la enfermedad, motivo de la declaratoria. Está se otorgará previa audiencia de las partes, con la opinión del Consejo, en un plazo no mayor de 90 días.

El mecanismo es complicado y establece un plazo de 90 días, un tiempo que es muy prolongado para una emergencia epidemiológica. Se requiere un mecanismo más eficaz para contrarrestar los efectos de una enfermedad grave en la población.

Un ejemplo de mecanismos eficaces ante enfermedades lo establece en la misma Constitución en el artículo 73 fracción XVI, donde se constituye el Consejo de Salubridad y se facultad a las autoridades sanitarias para hacer las medidas necesarias para contener las enfermedades.

La iniciativa propone que, tomando en cuenta las facultades establecidas en la Constitución el Consejo de Salubridad, este ordene al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial la repartición de licencias; ya que resulta evidente que el Consejo concentra la información de todo el país de los avances de una enfermedad y del peligro que conlleve. Además, concentra la información del abasto de la medicina en los hospitales y farmacias del país.

También, ante la rapidez con que se extienden las epidemias, los plazos deben ser menores a tres días. No pueden ser los 90 días, si consideramos los avances de las telecomunicaciones, que de manera inmediata se pueden contactar entre las empresas farmacéuticas, el Instituto Mexicano de la Propiedad y el Consejo de Salubridad.

El titular de la patente no sufrirá menoscabo en su patrimonio porque se mantendrá la disposición de que reciba unas regalías; además, esta medida debe ser de carácter temporal, mientras pase el punto álgido de la epidemia.

Dicho procedimiento sobre las licencias obligatorias se contemplo en la declaración de Doha de la Organización Mundial de Comercio, cuando se trató la propiedad intelectual en una declaración especial en la Conferencia Ministerial de Doha, en noviembre de 2001. En este se convino que el “Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC) no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Así, también encomendaron al Consejo de los ADPIC la tarea de determinar cómo otorgar flexibilidad adicional para que los países que no tengan capacidad de fabricación en el sector farmacéutico puedan importar productos farmacéuticos patentados fabricados al amparo de licencias obligatorias.

Varios países en el mundo han adoptado las licencias obligatorias, incluso sus gobiernos se han enfrentado con la industria farmacéutica, como Sudáfrica y Brasil. Francia, por ejemplo, establece en el artículo 1613–16 del Código de Propiedad Intelectual, un procedimiento por interés en salud pública en el que el ministro competente de propiedad industrial, a petición del ministro de salud y en caso de que el titular de la patente no quiere llegar a un acuerdo amistoso, someterá el fármaco a régimen de licencia de oficio. El pago se establecerá después, si no se llega a un acuerdo amistoso, este se someterá a los tribunales competentes.

Resulta obvia, la dureza de la ley francesa respecto de lo establecido en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, dado que los franceses previeron la importancia las emergencias sanitarias que se podrían enfrentar en el futuro y el efecto de mecanismos normativos ágiles para enfrentarlas.

La industria farmacéutica tiene un peso aún mayor en la economía mundial. Está previsto que las ventas de productos farmacéuticos aumenten y lleguen a situarse entre 735 mil y 745 mil millones de dólares en 2008, con una tasa de crecimiento de entre un 6% y un 7% anual.

Los Estados Unidos son el mayor mercado del mundo, a ellos corresponde cerca del 48% del total mundial. Mientras que en 2005 el gasto en medicamentos por habitante ascendió a 1,141 dólares, lo que supone el doble que el del Canadá, Alemania o el Reino Unido y 10 veces más que el de México. Por lo que, una contingencia sanitaria sobre medicamentos específicos no necesariamente menguan los beneficios del sector con el mecanismo planteado, de cualquier manera la ley contempla un pago.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

artIculo Unico. se reforma el segundo pArrafo del artIculo 77 de la ley de propiedad industrial, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 77.- (…)

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria, en esta se ordenará el otorgamiento de licencias de utilidad pública. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, en un plazo no mayor a 3 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente
Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

- El C. Presidente García Cervantes: Con muchísimo gusto, Senador Adolfo Toledo Infanzón.

Se obsequia su solicitud y se insertará íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates de esta sesión. Y además, se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Se ofrece el uso de la tribuna a nuestra compañera Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI.

Y se solicita, previamente, a quienes están inscritos para el debate sobre la situación del campo mexicano, tomen en consideración que inmediatamente después de esta intervención iniciará la agenda política con el debate sobre la situación del campo mexicano.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

(Presentada por la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Elena Orantes López: Gracias, señor Presidente.

Subo a esta tribuna para poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El México del siglo XXI está marcado por una nueva realidad política. La transición que hoy vivimos implica un nuevo diseño institucional y la adopción de formas incluyentes y abiertas de participación ciudadana, con el propósito de redefinir o profundizar la relación entre Estado y sociedad en torno a un nuevo rumbo de nuestra nación.

Sin rebasar el actual marco constitucional que en su artículo 41, establece claramente que el pueblo “ejerce su Soberanía por medio de los Poderes de la Unión”, el espíritu de la presente iniciativa como se señala en el párrafo anterior, trata de aportar nuevos elementos para poder impulsar y fortalecer la participación ciudadana en el horizonte de diálogo y la colaboración entre Estado y sociedad.

El impulso que ha cobrado en nuestro país el tema de la rendición de cuentas y la transparencia no es casual. Tiene profundas raíces en los procesos de cambio que se están gestando a nivel global, pero fundamentalmente, parte de un proceso de orden histórico que se vincula a la evolución de la participación ciudadana en el desarrollo de este México contemporáneo.

En efecto, para poder incidir en los diferentes espacios, en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos o la sociedad civil organizada en México se ha abierto paso a todo tipo de estereotipos que puedan definir aspectos de participación social y, en particular, en el de las diferentes instancias formales del Estado Mexicano.

Así pues, los nuevos paradigmas de participación ciudadana abren un juego de fuerzas en el que todos los agentes sociales, económicos y políticos del país, cada uno desde su propio ámbito, adquieren un papel activo y complementario en el proceso del desarrollo del país.

Como vemos, la participación conjunta cotidiana entre Estado y sociedad, debe permitir una mejor solución de los problemas sociales. Hoy todos somos testigos de una mayor transparencia de las actividades en el ámbito público que nos permite una concepción más integral de la democracia participativa en nuestro país.

Las organizaciones civiles en nuestro país han evolucionado después de casi seis décadas y han descubierto que para poder garantizar la respuesta efectiva de las instituciones a los problemas públicos, se hace necesaria la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, operando en el sistema político con apego a la ley, pero al mismo tiempo, con la autonomía suficiente, para poder interactuar de forma positiva con los diferentes instancias formales de los poderes del Estado.

Actualmente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, no obliga a la Comisión de Vigilancia a dar causa formal a las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil para ser considerados por la Auditoría Superior de la Federación en el Programa Anual de Auditorías, visitas e inspecciones.

Por ello, consideramos fundamental que aquellas organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información contemplado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, puedan, en el ejercicio de sus facultades que se les pretende otorgar a partir de este proyecto de Decreto, estar en posibilidades reales de participar de manera más activa en la fiscalización de recursos al erario federal al tiempo de que sus esfuerzos se vean reconocidos por la Auditoría Superior y la Federación del Programa Anual de Auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán verse reflejados adecuadamente en los informes.

Teniendo en cuenta los antecedentes referidos y los motivos expuestos, la que suscribe, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

ARTÍCULO UNICO. Se reforma y adiciona el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 109.- La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información, en relación con el uso inadecuado de los recursos del erario federal, las cuales deberán ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y cuyos resultados formarán parte del informe del resultado.

Es cuando, señor Presidente. Gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe, Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motivos

En los estados modernos el fortalecimiento de la participación política apunta a la construcción de mayores espacios de actuación ciudadana.

Se trata de células organizadas y nacidas desde la sociedad civil, con suficiente calidad moral y autonomía para accionar como entes reguladores y de colaboración frente al poder público.

Las agrupaciones ciudadanas permiten oxigenar cada espacio de la vida social y del ámbito público, con el objeto de construir mecanismos de vinculación y rendición de cuentas más claros con el Estado.

La sociedad intenta desde lo más profundo y con acciones genuinas, poner límites al poder público. Por ello, esta tendencia de organizarse por sí misma y sin el patrocinio o interpretaciones políticas, tiene hoy más que nunca, un sentido positivo para el fortalecimiento de nuestra democracia.

Las agrupaciones genuinamente ciudadanas tienden a ser mediadoras de la conflictividad social y, en cierta medida, se convierten en partes articuladas de las actividades tradicionalmente encomendadas al Estado.

Las organizaciones sociales no buscan como meta primordial el ejercicio del poder público. Para las organizaciones ciudadanas resulta central vigilar primero como se ejerce.

Si bien es cierto que, ejercer el poder político no forma parte de la esencia de las organizaciones sociales, también lo es que dentro de sus proyectos, esta el de desarrollar o participar de las políticas públicas con una responsabilidad frente a la ciudadanía y el propio Estado en su conjunto.

El sistema político mexicano representado por los partidos políticos ha quedadorebasado en la oferta ciudadana, debido a las cada vez más crecientes necesidades sociales.

En este sentido, los partidos políticos necesitan avanzar más rápidamente en la coincidencia de los grandes temas nacionales, así como profundizar, ampliar y fortalecer los procesos de discusión y de vinculación con las organizaciones ciudadanas.

Es fundamental que entendamos claramente que la modernización y la consolidación democrática de México, solo podrá cristalizarse cuando entendamos la inevitable interdependencia de la ecuación social entre Estado y sociedad civil.

Esta argumentación ya ha dado resultados de mayor apertura democrática y de participación social en algunos países europeos, en donde sociedad civil y el Estado, coinciden con plenitud en una relación constructiva y eficiente.

Sin duda, que todos queremos un Estado que cumpla con sus obligaciones, uno reformado, democrático y moderno, cuyas funciones se cumplan cabalmente con apego estricto a la ley, auténticamente federal y representativo, donde los poderes se equilibren plenamente y donde exista una total rendición de cuentas.

La creación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 2004, tuvo por objeto fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil de una manera más ordenada, así como establecer los derechos y las obligaciones de las mismas, a fin de cumplir con los requisitos que la propia Ley establece para fomentar su participación en la agenda nacional.

En dicha Ley, se establecen los principios y mecanismos para la promoción y fomento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la planeación, ejecución y seguimiento de políticas públicas, así como el apoyo y estímulos a sus actividades en beneficio de la sociedad.

Esta Ley constituye además, el reconocimiento formal del Estado mexicano, al aporte de la sociedad civil organizada, nacional e incluso internacional, a las políticas de desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental en nuestro país, así como en el ámbito de los asuntos globales y de política exterior.

En este marco normativo se fomenta la participación ciudadana en las políticas públicas. Igualmente, contribuye a transparentar el manejo de recursos y apoyos públicos hacia este sector e instaura un registro de organizaciones para estos efectos.

Sólo con vínculos funcionales entre Estado, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, podremos recrear instituciones y prácticas que nos permitan el rediseño de organismos públicos en beneficio de la sociedad.

El México del siglo XXI está marcado por una nueva realidad política: La transición política que hoy vivimos implica un nuevo diseño institucional y la adopción de formas incluyentes y abiertas de participación ciudadana, con el propósito de redefinir a profundidad la relación entre Estado y sociedad en torno a un nuevo rumbo de nuestra Nación.

En este tenor y, para poder responder a las expectativas de la sociedad civil en esta materia, es necesario que los poderes públicos en México nos ubiquemos frente a ella desde una perspectiva diferente, dejando atrás prejuicios y prácticas del pasado. De igual forma, es necesario el impulso de una nueva cultura ciudadana de participación y de relación con los órganos del poder.

Sin rebasar el actual marco constitucional que en su Artículo 41, que establece claramente que el pueblo “ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”, el espíritu de la presente iniciativa como se señala en el párrafo anterior, trata de aportar nuevos elementos para impulsar y fortalecer la participación ciudadana en el horizonte del diálogo y la colaboración entre Estado y sociedad.

El impulso que ha cobrado en nuestro país el tema de la rendición de cuentas y la transparencia no es casual. Tiene profundas raíces en procesos de cambio que se están gestando a nivel global pero, fundamentalmente, parte de un proceso de orden histórico que se vincula a la evolución de la participación ciudadana en el desarrollo del México contemporáneo.

En efecto, para incidir en los diferentes espacios de toma de decisiones sobre los asuntos públicos, la sociedad civil organizada en México se ha abierto paso y roto estereotipos que definían aspectos de su participación social, y, en particular, en el de las diferentes instancias formales del Estado.

Así pues, los nuevos paradigmas de participación ciudadana abren un juego de fuerzas en el que todos los agentes sociales, económicos y políticos del país, cada uno desde su propio ámbito, adquieren un papel activo y complementario en el proceso del desarrollo del país.

Como vemos, la participación conjunta y cotidiana entre el Estado y sociedad, debe permitir una mejor solución de los problemas sociales. Hoy somos testigos de una mayor transparencia de las actividades en el ámbito público que nos permite una concepción más integral de la democracia participativa en nuestro país.

Hoy en día, la sociedad mexicana se ha convertido en un actor protagónico en el desarrollo de México. Lo anterior, a partir de un proceso donde se ha identificado así misma no solo como una fuerza capaz de reivindicar derechos ciudadanos, sino de participar de manera más activa de los problemas de ordenpúblico.

Las organizaciones civiles en nuestro país han evolucionado después de casi seis décadas y han descubierto que, para garantizar la respuesta efectiva de las instituciones a los problemas públicos, se hace necesaria la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, operando en el sistema político con apego a la ley, pero al mismo tiempo, con la autonomía suficiente, parainteractuar de forma positiva con las diferentes instancias formales de los poderes del Estado.

La propuesta legislativa que se pone a consideración para estudio y dictamen,busca como objetivo fundamental impulsar formas más acabadas de colaboración entre la sociedad civil organizada y las dependencias de la Administración Pública Federal, con el propósito de fiscalizar el uso de los recursos del erario público.

Actualmente, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, no obliga a la Comisión de Vigilancia a dar cause formal a las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil para ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones.

Lo anterior, se sostiene a partir de que la redacción del Artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dice a la letra que: “La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, que podrán ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el Informe del Resultado.”

Al incluir la palabra “podrán” en el párrafo anterior, se abre una gran discrecionalidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación para recibir o desechar denuncias fundadas y motivadas de parte de la sociedad civil respecto al manejo inadecuado de los recursos del erario federal. Lo anterior, pone en desventaja el poder de fiscalización de aquellas organizaciones de la sociedad civil, que desean de manera ordenada y bajo los preceptos establecidos en la propia Ley, participar y aportar elementos comprobatorios en el desvío de recursos o, en su defecto, la falta de eficiencia en la aplicación de los mismos, en la configuración de los programas sociales del sector público.

Por ello, consideramos fundamental que aquellas organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información contemplado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, puedan, en el ejercicio de las facultades que se les pretende otorgar a partir de este proyecto de Decreto, estar en posibilidades reales de participar de manera más activa en la fiscalización de los recursos del erario federal, al tiempo de que sus esfuerzos se vean reconocidos por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán verse reflejados adecuadamente en el Informe del Resultado.

Consideramos finalmente, que la presente iniciativa además de contribuir a impulsar y normar una saludable y necesaria participación ciudadana, imprescindible para el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, refuerza y complementa los ordenamientos que se derivan de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y, sobre todo, constituye una contribución positiva para el asentamiento de una cultura de rendición de cuentas, que redundará en una mayor transparencia y democratización del uso de los recursos públicos aplicados en programas de gobierno.

Teniendo en cuenta los antecedentes referidos y los motivos expuestos, la que suscribe, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION.

ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 109. La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información, en relación con el uso inadecuado de los recursos del erario federal,las cuales deberán ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados formarán parte delInforme del Resultado.

Transitorios

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, Senadora María Elena Orantes López. La iniciativa que usted ha presentado se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.

Y solicito a la Secretaría parlamentaria tome nota de las compañeras y compañeros Senadores que quieren suscribir dicha iniciativa. La Senadora Martha Leticia Sosa y otros compañeros.

Compañeras y compañero Senadores, hemos desahogado el capítulo relativo a la presentación de iniciativas de compañeras y compañeros Senadores. Antes de proceder al siguiente punto del Orden del Día, quiero recordar a esta Asamblea que el Presidente Carlos Navarrete informó que un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en relación al procedimiento para la elección de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el periodo 2009 - 2014, estaba siendo procesado entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que en definitiva este punto de Acuerdo, propuesto por la Junta de Coordinación Política formará parte del Orden del Día de la próxima sesión.

Ahora corresponde el desahogo de la agenda política el Senado de la República dedicará la próxima hora a las consideraciones de los grupos parlamentarios que integran el Senado de la República, sobre la situación del campo mexicano, así como los ajustes que se han hecho en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Informo a la Asamblea que han solicitado la palabra para intervenciones en representación de sus grupos parlamentarios por un máximo de 7 minutos los siguientes compañeros Senadores: Ricardo Monreal Avila, a nombre del grupo parlamentario del PT; Javier Orozco Gómez, en representación del grupo parlamentario del PVEM; Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del PRI, y Jesús Dueñas Llerenas, del grupo parlamentario del PAN.

Ruego a todas y todos los compañeros Senadores guardar la debida atención y respeto a quienes harán el uso de la tribuna en este debate.

Se ofrece el uso de la tribuna al Senador Ricardo Monreal Avila, hasta por 7 minutos, en representación del grupo parlamentario del PT, sobre este debate, sobre la situación del campo mexicano.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

En relevo, me alegra que la Mesa Directiva hoy esté ofreciendo sesión por sesión este espacio de debate político sobre los temas que más laceran al país, o los temas que más discusión ameritan.

El campo mexicano se encuentra en la peor crisis de su historia, abandonado por el gobierno, sin estímulos, con una gran migración interna y externa, sin créditos ni asistencia técnica, sin investigación y sin institutos que respalden su fortaleza, sin ninguna alternativa real de mejoría, y ahora agravada con una sequía atípica en gran parte del territorio nacional.

Los distintos sectores que conforman la actividad agropecuaria están desde hace varios años en quiebra. La ganadería, la agricultura, la fruticultura, la horticultura, la floricultura, todas las actividades se encuentran prácticamente en quiebra.

Los campesinos de México se encuentran en su actividad económica agonizando, con una política agropecuaria equivocada, una política agropecuaria mal orientada, una política agropecuaria que no se ha querido reconocer, es errática y es fallida.

No se ha querido de ninguna manera reconocer que este esquema neoliberal que se ha impuesto es equivocado.

Quienes aún piensan que es mejor exportar que producir, han acabado con el mercado interno.

La desaparición de la CONASUPO y de otras instituciones que si bien estaban perneadas por la corrupción, tráfico de influencias y enriquecimientos inexplicables de sus funcionarios, servían y atendían al campo mexicano. Era más fácil limpiarlos de corrupción que desaparecerlos.

Hoy nos encontramos en la peor crisis que algunos recordemos.

¿Qué nos muestra el relevo? Y aquí es donde se encierra y subyace el relevo del Secretario de Agricultura.

Les pregunto:

¿Qué nos muestra este relevo?

Nada. Un movimiento político, un movimiento que por alguna parte el Senado se verá reintegrado con su antiguo miembro, el ex Secretario de Agricultura, porque es Senador con licencia, es lo único que celebraremos.

Más bien lo que podríamos concluir es que los tres relevos que ayer se anunciaron se deben a presiones políticas, más a presiones políticas que a necesidades del Estado mexicano.

Se mantuvo intocado el gabinete económico que ha cometido desastre y medio contra el país.

Se mantuvo intocado el gabinete de seguridad que es la etapa peor del país.

Se acepta la renuncia del Procurador, que será tema de otra hora, de otro debate la semana próxima, por presiones políticas, por falta de lealtad, dicen algunos al titular del Ejecutivo.

Y yo les pregunto, ¿qué caso tiene que el Senado de la República reciba una propuesta para su ratificación en el caso del Procurador General de la República? Ningún caso.

Porque el Senado de la República por dos terceras partes ratifica a quien será el Procurador, pero el Presidente de la República olímpicamente puede despedirlo cuando quiera, sin que el Senado tenga una actitud al menos de valoración de lo que hizo el Procurador General de la República, bueno o malo.

Yo les propondría a los Senadores de la República: no aceptemos la propuesta, no la sometamos a la aprobación hasta que valoremos qué hizo el Procurador General de la República y por qué se le removió. Porque entonces el Senado sí será corresponsable.

Qué ganamos con nombrar a un fulano que no le va a dar información y a rendir cuentas al Senado. Basta con que el Presidente de la República le pida cuentas.

Yo creo que el Procurador salió por algo, por algo le pidieron la renuncia.

No quiso judicializar la política o no hizo caso de seguir utilizando la procuración de justicia como instrumento político contra los adversarios.

¿Qué sucedió?

¿Vamos a poner a otro peor?

Lo mínimo que debemos hacer es valorar el currículum y el desempeño del ex procurador, porque más tarde nos va a llegar con que será enviado de Embajador o de agregado a algún país, se los aseguro, porque no puede mantenerse aquí, se los aseguro.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
FRANCISCO ARROYO VIEYRA

- El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Ricardo Monreal. Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del PVEM, para referirse al mismo tema, hasta por 7 minutos. De tal suerte de poder cumplir con el tiempo que le tenemos dedicado a esta hora de agenda política.

- El C. Senador Javier Orozco Gómez: Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea:

Indudablemente en el uso de las facultades que le corresponden al Poder Ejecutivo Federal, ha procedido a realizar una serie de cambios dentro de su gabinete. No somos nosotros quienes debemos de objetar o no la facultad que tiene el Presidente de la República hasta hoy en día. Es su facultad remover libremente a los colaboradores que tiene a su cargo, pero sí como órgano legislativo dentro de nuestras funciones está la función también de evaluar como órgano de control y vigilancia, como debe de funcionar todo parlamento, cuáles son las funciones o los compromisos que hoy existen en cada una de las dependencias o entidades en las cuales se ha realizado cambios.

Una en lo particular, para el Partido Verde, es lo relativo a la problemática del campo mexicano.

Para nadie es ajeno que el campo mexicano se encuentre en abandono, entre otras causas, por la escasa transparencia de tecnología, la degradación de los recursos naturales, el escaso crédito de instituciones bancarias y la alta migración.

La falta de estímulos al campo es una de las principales causas por la que los jóvenes campesinos de nuestro país se ven orillados a abandonar sus tierras y bienes de uso común, para emigrar a las grandes ciudades no sólo del país, sino también de los Estados Unidos de América en busca de mejores oportunidades de bienestar y de desarrollo.

Es por ello, que creemos necesario desarrollar oportunidades agropecuarias acordes a la juventud a fin de evitar no sólo su migración, sino un real acceso a las tierras y aguas que les permita satisfacer sus necesidades de vida.

Por eso creemos que es uno de los principales retos que tendrá el nuevo titular de la SAGARPA, porque debe de entender que se deben de promover acciones que permitan generar políticas públicas acordes a las necesidades del sector juvenil y en el campo en específico.

Es necesario diseñarlas y ponerlas en marcha para incrementar el desarrollo rural y de igual forma orientarlas hacia la juventud para buscar su plena incorporación en el desarrollo nacional.

México desde varias décadas atrás ha mostrado su interés para integrarse al mundo, compartir sus problemas y participar en la construcción de su futuro. Estamos ciertos que en cualquier gran desafío que se deba afrontar no existen soluciones que sean exclusivamente internas o que tengan sólo un alcance nacional. En esta idea es también momento de buscar mecanismos de consolidación para la producción nacional.

Es necesario ofrecer a las personas dedicadas al campo programas de financiamiento para su actividad, buscar que las instituciones privadas de banca y crédito les ofrezcan verdaderas oportunidades de apoyo que no olviden al campo. Por ello en la fracción parlamentaria del Partido Verde apoyamos cualquier cambio por parte del Ejecutivo, pero que se realice con miras de resolver las problemáticas existentes.

Trabajaremos por nuestra parte para que se obtengan subsidios suficientes y eficientes que permitan lograr garantizar la soberanía alimentaria, para con ello, la necesaria movilización de los recursos y activen las economías regionales y locales.

Reconocemos que la gente del campo, además de cosechar sus productos producen la seguridad y la soberanía alimentaria que genera materias primas al tiempo que posibilita empleos, que son reproductores de nuestra cultura y de entidad, y que su mal manejo genera migración, pobreza, tráfico de personas e inconformidad social, situaciones que también lastiman a nuestro país.

En el medio rural mexicano se vive una problemática compleja, pobreza extrema en cientos de comunidades, y una degradación considerable en la mayoría de los ingresos en parte de los sueldos del uso agrícola, ganadero y forestal utilizados por los campesinos.

Pese a que hablar de la situación del campo parezca obsoleto y un asunto que no provoca en nada a una especial atención para los planificadores, el sector agropecuario enfrenta problemas cada vez más dramáticos y que crecen como una bola de nieve que al parecer nadie ha sido capaz de frenar.

Otro de los aspectos que se ha imposibilitado a los productores es la falta de crédito, los pocos recursos disponibles no están al alcance de las mayorías por cada una de las mayorías, por cada una de las garantías exigidas y por los trámites excesivos.

Las tecnologías modernas que pudieran hacer competente a la producción agropecuaria, aunque existen los técnicos capacitados para ponerlas en marcha, no pueden aplicarla porque requieren infraestructura y equipo difícil de adquirir, precisamente por la falta de los créditos.

Por otra parte, los precios internacionales juegan también un papel importante, ya que son inferiores a los costos en muchos casos de la producción que se tiene en nuestro propio país.

A este árido panorama, se agrega el hecho de que el desaliento en los productores ha provocado un debilitamiento de sus organizaciones, y como consecuencia su voz es progresivamente menos escuchada en las esferas de la planificación y las decisiones, a nivel de individuos y a nivel de legisladores tenemos la responsabilidad de asegurar una vida digna a aquellos individuos y grupos vulnerables que por las oportunidades y capacidades que poseen no se hayan en condiciones de satisfacer sus necesidades.

Tenemos que destinar mayores recursos y fortalecer los programas sociales, sólo así podemos combatir a la pobreza en la medida en la que seamos capaces de producir los mecanismos en las tendencias para una mayor producción, y por ende para una mayor generación de recursos e ingresos para las diversos sectores de la población.

Es por ello, que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes de las problemáticas y las encontramos en el campo mexicano. Las estadísticas que se realizan no nos hacen reflexionar que si no debemos priorizarnos en reactivar el campo mexicano, nuestro país entrará en una crisis más severa de la que hoy en día se encuentra.

La complejidad de la problemática se indudable, y su solución requiere de grandes acciones. Es necesario que el sector oficial, los productores, los técnicos, y las instituciones de enseñanza e investigación, de una vez por todas, sumemos esfuerzos y juntos procuremos resolver a fondo la problemática del campo.

Por todo lo anterior, es que tenemos que sumar fuerzas para enfrenar los graves problemas que enfrenta hoy en día el campo mexicano. En este sentido, debemos decir que el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de los avances en ciencia y tecnología que se puedan aplicar al campo mexicano, tomando en cuenta que su desarrollo es un elemento fundamental para la promoción del crecimiento económico, el desarrollo social, la seguridad y la integración nacional.

Por lo tanto, esperamos que el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se encuentre precisamente la solución a estas problemáticas, y no solamente sea un cambio de persona, sino también un cambio de mentalidad y un cambio en las acciones por porte del gobierno federal.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Javier Orozco, muchas gracias.

Tiene el uso de la voz el Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el mismo tema, hasta por 7 minutos.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor Presidente, Francisco Arroyo Vieyra:

En primer lugar, yo quisiera destacar que efectivamente es una potestad, es una facultad que le confiere la ley al titular del Poder Ejecutivo Federal hacer los cambios correspondientes en su gabinete. Eso no está a discusión. Ese papel, esa tarea le toca al Presidente de la República.

Pero en el marco de la situación que vive el país, de una situación tan crítica, con un problema económico severo, el más grave que haya vivido el país en las últimas décadas, con un problema de inseguridad a la alza; con problemas de todo tipo en el país. Se lee entonces el mensaje del Presidente como el reconocimiento de que al problema hay que entrarle de fondo. Y habrá que precisar aquí, compañeras y compañeros que para muchos, para muchos el tema, los puntos que planteó Felipe Calderón en su discurso del miércoles pasado, serían o son el reconocimiento de que las cosas no están bien, de que fracasó el modelo, de que seguir aplicando la misma política pública, los mismos criterios en el país ya no da resultado y no era conveniente.

Así se leyó por muchos, y también pensamos que el anuncio de los cambios en el gabinete puede ser una señal de inicio de esa disposición al cambio, esa disposición a cambiar.

Pero cuando se leen las propuestas de quienes van a sustituir a los que se cambian, porque ya no dieron para más, pues se queda uno desconcertado. Por meses pedimos que era urgente que hubiera un cambio en la PGR, porque el titular de la PGR, desde nuestro punto de vista estaba actuando de manera facciosa, utilizando una dependencia del Estado mexicano, una institución del Estado para fines distintos a los que le marca la ley y la Constitución; el procurador anterior había actuado facciosamente, utilizando ese espacio para golpear adversarios políticos.

Pero, cuando vemos el curriculum del que viene casi, casi, quiere decir que se quede el que se va. Entonces hay un retroceso en los perfiles y capacidades que se están proponiendo; cuando ves el perfil del de Petróleos Mexicanos, que se ha dicho hasta el cansancio, responsable del quebranto financiero de PEMEX, que es ahora el que proponen para titular de PEMEX, pues dónde está el interés y la voluntad del gobierno y de su titular para que cambie el rumbo ante una situación de reconocimiento de que las cosas están muy mal.

Y luego, cuando lee uno las primeras declaraciones del nuevo titular de la SAGARPA, que dice que: le dará seguimiento y continuidad puntualmente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pues lo que se ha venido reclamando es que se cambie al titular, porque la situación ha empeorado en los últimos años, porque el titular de la SAGARPA había perdido la interlocución con los productores, con las organizaciones, porque el atraso, el rezago en el campo se había agudizado en los últimos meses y años, y entonces, dice, generará continuidad a lo que se venía realizando. Ese no es un buen mensaje para una persona como Francisco Mayorga, que tiene experiencia, que ya estuvo en el cargo, y que sabe que los instrumentos de política pública aplicados hasta ahora han sido un fracaso.

Y yo esperaría entonces que el nuevo titular de la SAGARPA en lugar de estar diciendo que va a dar continuidad a lo que venía realizando su antecesor, estuviera planteando una agenda inmediata para reactivar el campo como un pilar fundamental del desarrollo del país.

Hay que revisar entonces el tema del arreglo jurídico que hoy aplica y prevalece en el sector agropecuario nacional.

Hay que revisar entonces el arreglo institucional, cómo están funcionando las dependencias del gobierno que tiene que atender el tema productivo en el campo; hay que revisar también los instrumentos de política pública aplicados hasta ahora, que no se han querido tocar ni con pétalo de una rosa; hay que revisar de manera inmediata qué resultados está teniendo el PROCAMPO, hay que revisar de manera inmediata qué ha pasado con los activos productivos, hay que revisar de manera inmediata qué ha pasado con los apoyos a la comercialización, y hay que revisar de manera inmediata qué ha pasado con el rubro del financiamiento para el sector agropecuario.

Es ridículo y ofensivo que durante el ejercicio que transcurre, las instancias responsables del financiamiento público al sector agropecuario sólo hayan podido cubrir el 2.5% de la demanda de financiamiento del sector. Destrozado entonces el sistema financiero para el sector agropecuario, y podremos enumerar una lista más de temas que urge que se revisen, que no aparece en la agenda del titular recién nombrado.

Esperamos pues que haya una revisión a conciencia de un tema que requiere una transformación de fondo. Las políticas aplicadas para el sector agropecuario en los últimos 30 años están agotadas, fracasaron, y si la oferta que hoy tenemos es de darle continuidad estamos ante un escenario muy complicado.

Y un último tema, compañeras y compañeros. Urge que este Senado se aboque a la revisión del capítulo agropecuario en el Tratado de Libre Comercio, que ha dejado en banca rota y en quiebra a más de la mitad de los productores nacionales, y que tampoco han querido que sea un tema de la agenda ni del Senado, ni mucho menos una propuesta de los responsables de la política pública en el país.

Si queremos de a de veras generar una propuesta de fondo, de transformación de fondo para hacerle frente a la delicada situación que vive el país, se tendrá que empezar por diseñar una política de rescate y de reactivación del campo, para que no siga siendo caldo de cultivo para la inseguridad y la delincuencia, y tampoco siga siendo el campo mexicano el que aporte la mayor parte de los migrantes y braceros que tiene nuestro país.

Señor Presidente, muchas gracias por su paciencia.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Aureoles Conejo.

Informo a la Asamblea que las comisiones del Senado, con fundamento en el punto II y para los propósitos del punto IV del acuerdo aprobado el 3 de septiembre pasado, en relación con el análisis del Tercer Informe de Gobierno, tendrán las siguientes actividades a fin de acordar la comparecencia de los funcionarios correspondientes:

Política Interior: Comisiones de Gobernación; Justicia; Defensa Nacional; Marina; Reforma del Estado; y Derechos Humanos, el jueves 10 a las 17:00 horas en la Sala “Octavio Paz” de Donceles 14.

Política Económica: Comisiones de Hacienda; Comercio; Energía; Agricultura; Ciencia; Recursos Hidráulicos; Trabajo; Medio Ambiente; y Turismo, también el jueves 10 a las 17:00 horas en el piso número 5 de la “Torre del Caballito”.

Política Exterior: Comisiones de Relaciones Exteriores; y las correspondientes a América Latina; América del Norte; Asia Pacífico; Europa; Africa; y los Organismos Internacionales, el propio jueves 10 a las 9:00 horas en la Sala “Ramos Arizpe” de Donceles 14.

Y Política Social: Las Comisiones de Desarrollo Social; Educación; Salud; y Vivienda, el lunes 14 a las 18:00 horas en el piso 5 en la “Torre del Caballito”.

La Mesa Directiva lo anuncia para coadyuvar a la publicitación y convocatoria del evento.

Tiene el uso de la voz el Senador Heladio Ramírez López, del grupo parlamentario del PRI, para el mismo propósito que nos ocupa en este momento de agenda política, hasta por 7 minutos.

- El C. Senador Heladio Elías Ramírez López: Señor Presidente; Honorable Asamblea:

La fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, me encomendó fijar nuestro posicionamiento en torno a este importante tema del campo mexicano. Nunca he acostumbrado a adjetivar o denostar contra el que deja un encargo público, más cuando como en este caso se trata de un compañero Senador de la República.

Seguramente muy pronto tendremos en este salón de sesiones al Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, y desde ahora le expresamos nuestra bienvenida. El Presidente de la República designó en la responsabilidad de conducir a la SAGARPA al Licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, un hombre preparado, sin prejuicios partidarios, con el que se puede dialogar, que ha sido ya titular de esa cartera, pero principalmente porque es un productor y comercializador de granos básicos que conoce por propia experiencia los problemas y las demandas más sentidas y urgentes del campo mexicano.

Particularmente tengo la esperanza de que las comisiones respectivas de esta Soberanía puedan iniciar con él un diálogo constructivo y fructífero a favor del sector rural. Lo importante hoy para el campo, cuya crisis es interminable y profunda, no es sin embargo sólo el cambio de hombres y de nombres, sino la definición de un rumbo, de un modelo de crecimiento que muestre hacia dónde lo queremos llevar, de las reformas estructurales para hacerlo competitivo, viable, y que asegure los alimentos para nuestro pueblo.

No es un secreto para nadie que hoy el estancamiento del campo mexicano obedece, entre otras cosas, a que esté lleno de programas e ideas contradictorias, que sus problemas sociales nacen de la forma dual en que está organizada la agricultura, de la manera como se distribuyen los recursos entre los productores. Su problema radica en las complejísimas y absurdas reglas de operación de los programas en la política de precios y apoyos, en la ineficacia de la burocracia, en el desmantelamiento institucional que los dejó inermes ante la competencia con nuestros socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio, en la ideología anticampesina que privilegia el asistencialismo en lugar de las políticas de producción.

Resultó un falso espejismo el reiterado discurso de que la modernización del campo era la vía para terminar con la pobreza y el desempleo. Todavía más, hubo negligencia o falta de visión para impulsar a fondo los cambios estructurales y la política de transición que urgía al campo para poder competir en el escenario de los acuerdos comerciales.

Ya se ha demostrado hasta la saciedad que este modelo de crecimiento nos ha hecho más dependientes y más desiguales al ensanchar la brecha entre el mundo del cultivo rentable, articulado a la agroindustria y al mercado externo del mundo de la economía campesina donde predomina la agricultura de la subsistencia y los bajos ingresos.

México es un país dependiente del exterior para satisfacer su demanda de alimentos. En el último año la balanza comercial alimentaria fue deficitaria en 2 mil 900 millones de dólares, por eso es necesario replantear las estrategias productivas del sector agropecuario de nuestro país.

A nivel mundial, la agricultura ha sufrido una depreciación que hoy se traduce en crisis alimentaria, como afirma la FAO, es una decepción que en los últimos años se hayan reducido en forma dramática los recursos destinados al sector agropecuario, declinó la inversión en investigación e infraestructura agrícola, y los resultados se reflejan dramáticamente en la grave crisis alimentaria que ha conmocionado a la economía agrícola internacional y ha puesto de manifiesto la fragilidad de la seguridad alimentaria.

Nuestra burocracia gubernamental afirma, pese a la gran sequía que ha siniestrado cerca de 2 millones de hectáreas y en algunas regiones los huracanes y tormentas tropicales han afectado ya la agricultura y la ganadería, que el campo mexicano está mejor que en muchos años y produciendo más que nunca.

Sin embargo, la realidad desmiente esas aseveraciones con cifras que muestran su indudable dependencia alimentaria y la ausencia de una política de estado que lo reactive, lo haga competitivo y atenúe sus enormes desigualdades regionales.

¿Por qué cada año tenemos que importar más de 15 millones de toneladas de granos destinados a nuestros programas pecuarios?

Nadie puede discutir que el desarrollo del campo ha crecido bajo la pesadilla de la inequidad, que de las entrañas mismas de la inversión pública fue surgiendo un poderoso sector empresarial en el campo con un proyecto productivo orientado por las reglas del mercado frente a una economía campesina viviendo en el desamparo.

Señor Presidente, qué bien que el Senado de la República haya incluido en el Orden del Día la discusión abierta de estos temas relevantes. El campo estaba reclamando esta oportunidad.

Esta misma semana presentaremos a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa de la Ley General Agroalimentaria como producto de la encomienda que el Senado le asignó a un grupo plural. Con este hecho reafirmo nuestra convicción de que para el campo lo decisivo es una política de estado que lo priorice, lo revalorice y lo impulse como motor del crecimiento del país.

El cambio de dirección en la SAGARPA es un anuncio importante, lo que ahora esperamos es que la esperanza se convierta en realidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, SenadorRamírez López.

Y en lo que refiere a los integrantes de la Mesa Directiva, le apreciamos mucho el comentario por este espacio de agenda política.

Tiene el uso de la voz el Senador Jesús Dueñas Llerenas, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al mismo tema, hasta por 7 minutos.

Esta Presidencia informa que se han inscrito en la segunda ronda, hasta por 3 minutos, Ricardo Monreal Avila, Miguel Bautista López, Ramiro Hernández García y Eduardo Nava Bolaños.

- El C. Senador Jesús Dueñas Llerenas: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeras y compañeros:

Efectivamente viene un relevo en SAGARPA, nuestro compañero Alberto Cárdenas Jiménez se incorpora a nuestras filas y se está designando a una persona que conoce el tema, que conoce el campo, que es Francisco Mayorga Castañeda.

¿Quién es Francisco Mayorga? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho?

Francisco Mayorga representa a una generación de productores del campo jalisciense exitosa, y la generación anterior representada por su padre, don Salvador Mayorga Canderos, que en paz descanse, que si algunos ganaderos de aquí, de mi edad más o menos nos acordamos, fue Líder Nacional de la Confederación Nacional Ganadera.

Francisco Mayorga es un productor del campo, sabe la problemática que tiene el porcicultor, sabe la problemática que tiene el avicultor, sabe la problemática que tiene el ejidatario, sabe la problemática que tiene el cañero, es una gente honesta, es una gente trabajadora, y cuando estuvo como Secretario de Desarrollo Rural, precisamente en su estado de Jalisco, tuvo el tino de continuar con ese empuje de la producción pecuaria, agropecuaria de Jalisco, donde sigue conservando Jalisco los primeros lugares en la producción precisamente de huevo, de pollo de engorda, de los porcicultores que son los líderes, y no se me va a olvidar que está enclavada en Jalisco la principal cuenca lechera del país, y que produce más leche que cualquier otra cuenca sin tener riegos, sin tener forrajes en una zona inhóspita, ahí está la característica del productor; ahí está la característica de sus gobernantes que en su momento aportaron buenas ideas, buenas estrategias, buenos apoyos para que estos productores alteños, como se les conoce, fíjense ustedes, les dén de comer a los defeños en un porcentaje muy grande. Toda esa producción viene a darle de comer al D.F.

Entonces, bueno para usted debiera de ser gratis…

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Están prohibidos los diálogos, señores Senadores.

- El C. Senador Jesús Dueñas Llerenas: Disculpe, señor. Cualquier pregunta, se la puedo contestar.

Señores, vamos a tener a un Secretario de Desarrollo Rural, que como decía Silvano, estoy de acuerdo con él, Heladio, va a hacer políticas mejoradoras para que nosotros sigamos creciendo en el campo mexicano, y quiero comentarles algunos detalles, de 186 millones de toneladas de alimentos pasamos a 200 millones.

En el 2006 exportamos 14 mil millones de dólares y en el 2008 exportamos 18 mil millones de dólares.

Tenemos tendencias importantes a reducir el déficit; se tienen coberturas de precios; se tienen apoyos a la comercialización para maíz, trigo, sorgo, apoyos a los ganaderos, como es el PROCAMPO e infinidad de apoyos para los productores de bajos ingresos, para los comuneros y para los ejidatarios.

Quiero referirme a la floricultura y al negocio de la exportación de follajes, que realmente es un potencial que tenemos en Estados Unidos de un mercado de 5 mil millones de dólares, y que voy a poner de ejemplo a mi tierra, porque mi tierra está exportando bastante a Estados Unidos, flores, precisamente, y follajes.

Y yo mencionaré, que mi antecesor comentó de que estaban en quiebra, pues hay un potencial en Estados Unidos, inclusive para plantas del desierto, y ese potencial está en Arizona, principalmente en Tucson, Arizona.

Pido permiso para concluir.

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Lo tiene.

- El C. Senador Jesús Dueñas Llerenas: Hay programas para jóvenes emprendedores que han sido exitosos, y esos programas los tiene Reforma Agraria.

Y quiero mencionarme a los sistemas-producto. Exportamos más de mil 100 millones de dólares en jitomate; más de 700 millones de dólares en aguacates; más de 300 millones de dólares en sandia, melones y pepinos; en ganado hemos exportado más de un millón, hasta un millón 700 mil becerros hacia Estados Unidos.

A pesar de la crisis económica, el sector agropecuario ha crecido más del 1%, crisis económica que no se había sentido desde 1929 en Estados Unidos, y que nos pegó a México y a todo el mundo. Y sin embargo, el sector agropecuario demostró que pudo crecer el 1%. Quiero decir que aquí hay un gran potencial generador de empleo.

Dice el Consejo Nacional Agropecuario: “Que por cada 1% de crecimiento en el área agropecuaria, se genera un 2% de empleo, mejorando la economía de la clase más pobre en este país”.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Dueñas Llerenas.

Señoras y señores legisladores:

Si nos permiten a los integrantes de esta Mesa Directiva una digresión de carácter afectuoso, porque “Nobleza obliga y porque la caballerosidad enaltece a quien la practica”.

Esta Mesa Directiva quiere hacer un reconocimiento al paso de nuestra compañera Eva Sandoval Contreras, quien nos acompañó durante un buen trecho en los trabajos de esta Cámara de Senadores.

Que la vida le sonría.

(Aplausos)

Tiene el uso de la voz el Senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario del PT, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

No vamos a discutir la facultad y la responsabilidad del Ejecutivo en el nombramiento de sus colaboradores, pero sí la idoneidad de los nombramientos que realiza.

Son empleados de quien despacha en Los Pinos. Sí, pero ante todo, servidores públicos con cargo de altos recursos públicos de la nación.

El campo mexicano enfrenta el desastre económico más severo y profundo de varias décadas.

Tenemos islas de prosperidad frente a un océano de miseria, migración y deterioro social y ambiental.

No haré la glosa de los viejos y nuevos problemas que enfrenta el campo mexicano en todas sus áreas: producción, comercialización, capitalización, capacitación, tecnificación, conservación del suelo agrícola, etcétera. Muchos de ustedes lo conocen demasiado bien.

La llegada del nuevo Secretario, del señor Francisco Javier Mayorga, les pregunto. ¿Significa una revisión y un cambio de fondo en la ruta de ese desastre del campo mexicano?

En otras palabras, para no personalizar este relevo. ¿Aquí, qué es lo que se necesita?

¿Qué necesita el campo mexicano?

¿Un cambio de secretario de gobierno o un cambio de modelo agropecuario del país? Creo que es lo segundo.

El campo mexicano, no sólo necesita más recursos, requiere de más visión y compromiso con su gente.

Mientras se le siga considerando un lastre en el desarrollo nacional y en el origen y la raíz de la economía nacional fuerte y soberana, el campo seguirá siendo, para muchos, un colapso.

Mientras se piense en la población del campo, que está demás, está de sobra, en el esquema de desarrollo, el campo seguirá siendo una bomba social.

Mientras se prefiera importar alimentos en lugar de financiar un plan alimentario nacional, seguiremos cediendo, seguiremos entregando nuestra soberanía.

Más que otorgar el beneficio de la duda a un funcionario, dudemos de los beneficios que ha reportado el modelo agropecuario del país los últimos años, especialmente la última década, cuando se empezó el desmantelamiento sistemático de la estructura productiva en el campo mexicano.

No vamos a denostar a quien se va, en efecto, ni tampoco entregaremos cheques en blanco del que llega. Tenemos nuestras dudas razonables y podemos exponerlas de manera libre.

Lo único que lamentamos es que no se esté construyendo una alternativa al desastre del campo mexicano. Sólo se trata de relevos provocados por presiones políticas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Monreal Avila. Tiene el uso de la voz el Senador Miguel Bautista, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Héctor Miguel Bautista López: Gracias, señor Presidente.

Frente al fracaso de las políticas de desarrollo económico y combate a la pobreza perpetuada por el Ejecutivo Federal, que nos ha llevado a la grave situación que vive nuestro país, el grupo parlamentario del PRD considera acertada la actitud del propio Ejecutivo que subyace en los recientes ajustes de su gabinete. Lo anterior, siempre y cuando los movimientos de funcionarios correspondan a un viraje de trascendencia en sus políticas de inversión públicas, en infraestructura productiva para el desarrollo industrial, el energético y el agropecuario, entre muchos otros sectores.

Específicamente en el sector agropecuario, consideramos que las políticas mantenidas durante la última década, no sólo han fracasado en su función esencial de desarrollar las capacidades de producción de granos básicos que garantice el abasto nacional para la población y el sector agroindustrial, sino que han exacerbado las críticas condiciones de trabajo de millones de campesinos y favorecido a un sector selecto de grandes productores y acaparadores que han maximizado sus ganancias a costa del gasto público y del bienestar de los mexicanos.

Por ello, que Alberto Cárdenas deje la Secretaría de Agricultura, es, en principio, una buena noticia.

Sin embargo, estamos convencidos que la titularidad de la SAGARPA, debe de recaer en alguien con un perfil y trayectoria que acredite su experiencia.

Ocupar un cargo de tal importancia y que requiere de una visión de Estado, así como del respaldo de los sectores involucrados para alcanzar los acuerdos necesarios para el desarrollo del campo mexicano.

Francisco Javier Mayorga, ha sido, sobre todo, un empresario. Fue el propio Alberto Cárdenas quien lo introdujo al medio de la administración pública, nombrándole Secretario de Desarrollo Rural de su gobierno en el estado de Jalisco. Papel que desempeñó sin mayor trascendencia para el sector rural de dicha entidad.

Después fue llamado por Vicente Fox, para unirse al conocido equipo de transición. Para la asunción del nuevo gobierno del 2000.

Nombrado, posteriormente, Director de Jefe de Apoyos de Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Cargo del cual se desvinculó dos años más tarde.

En el 2005, fue nombrado Secretario de Agricultura por el propio Vicente Fox, cargo que ocupó hasta finalizar el pasado sexenio.

En sus primeras declaraciones, Mayorga ha manifestado que su administración dará continuidad a la actual política agropecuaria, que parte del principio de insertar al campo mexicano en el marco de la competencia global; bajo el supuesto de que para alcanzar el desarrollo del sector, hay que fomentar la competitividad.

Por eso esa visión es errónea, parte de un mal diagnóstico, pues considera al sector agropecuario de nuestro país como homogénea formado por trabajadores del campo, que se enfrentan a iguales condiciones para la producción, lo cual puede ser una realidad en países desarrollados, mas no el nuestro.

Es preciso que el gobierno federal, en particular el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, reconozca las contradicciones estructurales a que se enfrenta el desarrollo del campo mexicano. Así como sistemas de almacenamiento y distribución, para que con ese diagnóstico, las políticas públicas se orienten a garantizar la seguridad alimentaria de la producción mexicana, y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del campo. A la vez que a la reinserción del sector.

Llamamos al gobierno federal a rectificar la política de desarrollo económico, particularmente en la que atiende al desarrollo del sector agropecuario, para dar contenido al discurso de cambio anunciado recientemente por el titular del Ejecutivo, más allá de los simples reacomodos del gabinete.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Bautista López. Tiene el uso de la voz el Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, para el mismo tema, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Ramiro Hernández García: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Estamos abordando hoy lo relacionado con el relevo del titular de la política agropecuaria del país, precisamente en un momento en donde el campo no atraviesa por el mejor momento.

Es probable que tengamos visiones diferentes, pero la realidad es una sola. Y no es la más alentadora. Por si hiciera falta, el país atraviesa por una de las sequías más dramáticas de la historia. Lo que seguramente va a contribuir a hacer más complicadas las condiciones por las que atraviesa el campo mexicano.

En esta coyuntura del relevo del responsable de la Secretaría de Agricultura, es importante no perder de vista lo que sucede, sobre todo con la idea de que se puedan hacer mejor las cosas.

No podemos perder de vista el que estamos importando el 40% de los granos que consumimos; que dependemos de las importaciones en más de un 90% de las oleaginosas; que en la producción de leche, importamos o dependemos de las importaciones en una tercera parte, y no somos capaces de manejar los excedentes estacionales, que representan menos de una décima parte de la producción.

No es posible, tampoco, que la industria azucarera atraviese por una de las peores crisis; no porque no esté produciendo lo suficiente, sino porque no se ha sabido qué hacer con los excedentes, y en este momento de escasez internacional, tenemos que importar o tenemos que recurrir a un mercado en donde los precios se han ido a las nubes.

Lo único que nos refleja esta situación, es que hay una ausencia de política agropecuaria; que no se ha encontrado el rumbo para darle certidumbre a los productores y poderlos sacar adelante.

Debe de quedarnos claro que no es suficiente solamente asignarse más recursos, porque pareciera que se ha confundido el gasto con la política.

Sí es cierto, se ha incrementado el Presupuesto en una proporción que nunca antes se había visto en el campo. Sin embargo los problemas ahí están, no se han resuelto.

Por eso es importante que en este relevo no perdamos de vista la realidad del campo. Que no hagamos cuentas alegres, que pongamos los pies en la tierra.

Espero, porque conozco a Francisco Mayorga Castañeda, que tenga la habilidad, la capacidad para poderle dar al campo mexicano un rumbo y una línea de política, que le dé atención y solución a los problemas más graves que vive.

Francisco Mayorga, es un conocedor de la problemática, conoce el tema, es una gente bien intencionada frente a los serios problemas que vive el campo, esperamos que pueda hacer su mejor esfuerzo y encontrar una salida.

En esto habrá que estar participando todos, porque además, la complejidad de los problemas así lo exige.

Le deseamos suerte. Y esperamos, pues, que su desempeño sea satisfactorio por el bien del campo y por el bien de esa población que tanto espera que el gobierno pueda darle respuesta a sus necesidades.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias a usted, Senador Ramiro Hernández.

Senador Eduardo Nava, tiene usted el uso de la voz hasta por 3 minutos para el mismo tema. Es como una llamada de teléfono.

- El C. Senador Eduardo Tomás Nava Bolaños: Gracias, señor Presidente.

Gracias por permitirme el uso de la palabra. Y creo que poder abordar este tema tan complicado, tan toral en la vida del país es bien importante.

Todo mundo está haciendo remembranza de que no tiene la política agropecuaria un rumbo fijo, por las decisiones del campo.

Pero aquí se pararon a hablar los del Partido Verde, y vamos a empezar que tenemos unas fallas estructurales tremendas, desde un principio.

Le hemos cambiado la vocación a la tierra, y no me van dejar mentir: convertimos los bosques en zonas de agostadero; convertimos los agostaderos en zonas agrícolas; y convertimos las zonas agrícolas en ciudades.

Y no sólo eso, reenderezar el rumbo de muchos años de políticas agropecuarias distorsionadas, que en nueve años que llevamos, llevamos un nuevo rumbo, cuesta trabajo.

Sólo para mencionar, antes del 2000, el 20% de la frontera agrícola no se sembraba. ¿Por qué? Diferentes causas.

Del 2000 al 2006, se dejaron de sembrar del 10 al 12%.

En este año, la siembra, la frontera agrícola sembrada es del 97%.

¿Qué es lo que ha pasado? Los programas sí han sido exitosos y es lento moverlos. Y estoy de acuerdo en que ha faltado el crédito, ha faltado el financiamiento, ha faltado la tecnología, ha faltado la aplicación de muchas causas.

Pero creo, y le quiero pedir a Heladio, que a ver si reconsideró también la parte de regionalización en su iniciativa que va a presentar, y si consideró también la parte de la especialización productiva en la rentabilidad del campo, no podemos continuar con los monocultivos, no podemos continuar con la costumbre de tener gente sembrando exclusivamente para autoconsumo.

Necesitamos pensar en la productividad, en las tierras rentables, en los cultivos que sean negocio. Impulsar a todas nuestras organizaciones a llegar a ese fin.

Nadie habló de cómo insertamos a esos productores dentro de las cadenas productivas, dentro de la del producto del campo, producto comercial. Cuándo los vinculamos, yo creo que tenemos que ver más allá de las posiciones partiditas, tenemos que pensar en un campo que sea redituable.

Ante la crisis alimentaria mundial, México tiene la oportunidad de ser un detonante de toda América Latina para estar en el nivel de ser exportadores en varios productos agropecuarios. Creo que tenemos que pensar en esa visión de darle de comer al mundo; tenemos dos millones de kilómetros cuadrados en el país que bien podríamos utilizar.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Senador Nava Bolaños.

Compañeras y compañeros, al igual que la sesión anterior, la Mesa Directiva acordó solicitarles su autorización para turnar desde este momento a comisiones, aquellas proposiciones con punto de Acuerdo inscritas en la agenda de hoy, cuyos autores estén así conformes.

Quienes prefieran mantener inscritas sus propuestas lo pueden informar a la Secretaría Parlamentaria y se desahogarán en cuanto llegue su turno.

Se turnan de manera directa las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo.






PROPUESTAS

De la Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender la queja sobre discriminación de niños con capacidades diferentes en las instalaciones del Parque Plaza Sésamo, en Monterrey, Nuevo León, el cual se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SE INSTRUYA A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION (CONAPRED), PERLA PATRICIA BUSTAMANTE CORONA, ATIENDA A LA BREVEDAD E INFORME A ESTA SOBERANIA, SOBRE LA QUEJA CIUDADANA RELATIVA A LA DISCRIMINACION DE LA QUE SON OBJETOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PLAZA SESAMO, UBICADO EN MONTERREY, NUEVO LEON; DONDE, AL RESTRINGIR EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS UBICADAS EN ESTA EMPRESA PRIVADA, SE INCURRE EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, A LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION, ASI COMO VIOLACIONES A DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA

“La suscrita, SEN. MARIA DEL SOCORRO GARCIA QUIROZ, Senadora de la República de la LXI, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La denuncia ciudadana que motiva esta proposición, tiene lugar a raíz de que al día de hoy han sido inútiles las gestiones realizadas ante organismos públicos, con la finalidad de llamar la atención y eventualmente sancionar la discriminación de que recientemente fue objeto un niño con discapacidad, en las instalaciones del Parque Plaza Sésamo ubicado en Monterrey, Nuevo León, al serle negado el acceso a las actividades recreativas de esa empresa.

Sucede que en el mencionado parque recreativo, los niños con discapacidad tienen vetado el acceso, a pesar de que la página electrónica del establecimiento mencionado, autoriza a los menores con discapacidad al uso de 12 de las 22 actividades que se ofrecen en el lugar.

Es así como el pasado 7 de agosto del presente año, le fue negado el uso de las instalaciones al pequeño Daniel, quien padece de parálisis cerebral. Las gestiones de su familia, fueron infructuosas para lograr el acceso del menor a las atracciones del parque; en donde además se dieron cuenta de la falta de infraestructura para personas con discapacidad así como, de la falta de entrenamiento de los empleados encargados de la atención al público y la carencia de sensibilidad del personal de seguridad y administración del lugar.

Efectivamente, los familiares del pequeño Daniel, realizaron gestiones ante la empresa mencionada sin obtener respuesta alguna, como tampoco ésta compañía ha reaccionado ante las denuncias publicadas en diarios nacionales, y de la correspondiente denuncia hecha ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Es relevante añadir, que la discriminación de que fue objeto el pequeño Daniel, no es la política que aplica la empresa en la atención que reciben los niños con discapacidad en los parques de su propiedad ubicados en Estados Unidos, Francia, India y Bangladesh; en México es evidente que la empresa Plaza Sésamo aplica criterios y medidas distintas, que resultan abiertamente discriminatorias.

Más aún, a pesar de que los contenidos televisivos de la empresa que tienen una perspectiva de inclusión de la niñez con discapacidad, sucede que en la subsidiaria ubicada en Monterrey no sólo se aplican políticas distintas sino que al hacerlo se incurre en violaciones a leyes nacionales y estatales, así como convenciones internacionales.

Específicamente, advertimos violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 9, fracción XXII considera como conducta discriminatoria impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, y en la fracción siguiente, considera también discriminatorio la restricción de la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales.

En términos similares, la empresa citada incurre en violaciones a la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, así como a diversos instrumentos internacionales como es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, por no hablar de la violación misma del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Llama la atención este caso en particular, porque así como se violaron las garantías individuales del pequeño Daniel, tal parece que de manera sistemática la niñez mexicana es sujeta de discriminación en instalaciones recreativas de origen público y privado. Como también es válido apuntar, que la ausencia de infraestructura para el acceso de personas con discapacidad a la vida cultural y pública, es igualmente causa de discriminación.

Vale la pena agregar, que a más de 6 años de creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, su labor ha sido infructuosa para la difusión y práctica de una cultura de inclusión para las personas con discapacidad.

Es por las razones expuestas, que solicito a esta Asamblea la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se instruya a la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Perla Patricia Bustamante Corona, atienda a la brevedad e informe a esta Soberanía, sobre las quejas ciudadanas relativas a la discriminación de que son objeto los niños con discapacidad, en las instalaciones del Parque Plaza Sésamo, ubicado en Monterrey, Nuevo León; en donde, al restringir el acceso a las actividades recreativas, se incurre en violaciones a los derechos fundamentales, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como a diversos instrumentos internacionales en la materia.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, presenten ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el trámite que se ha dado a todas las quejas ciudadanas presentadas ante el CONAPRED, respecto de actos discriminatorios en contra de la población en general, mismo que será analizado a detalle por esta Soberanía para proceder en consecuencia.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Constitucional del estado de Nuevo León para que, con urgencia atienda los casos de discriminación de que son objetos los niños con discapacidad, en las instalaciones del Parque Plaza Sésamo, ubicado en el municipio de Monterrey, Nuevo León; donde, al restringir el acceso a las actividades recreativas de esta empresa, se incurre en violaciones a los derechos humanos de los niños con discapacidad y a la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nuevo León.

Salón de sesiones del Senado de la República, 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. María del Socorro García Quiróz”.

Del Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, un punto de Acuerdo para que el próximo 27 de enero de 2010, el Senado sea la sede del Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PROXIMO 27 DE ENERO DEL 2010, EL SENADO SEA LA SEDE DEL “DIA INTERNACIONAL DE CONMEMORACION ANUAL EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO”

“La segunda guerra mundial fue uno de los acontecimientos más devastadores de la Historia Mundial, marcada por el fascismo, el genocidio y las violaciones a las libertades y los derechos humanos. El Holocausto es el punto que más marcó al conflicto, el significado de esta palabra de origen griego es “sacrificio por fuego”.

En el camino hacia lo que sería el más grande exterminio, con la instauración del Tercer Reich por parte de Hitler y su gobierno nacional socialista, la raza aria declaraba a todas las demás razas como impuras y por lo tanto debían ser sometidas, sólo la raza judía era considerada como su antítesis por lo que se creó un proceso encaminado a su desaparición.

Para 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos europeos como parte de la "Solución final" de la política nazi.

Pocos fueron aquellos que lograron burlar a la policía nazi conocida como la Gestapo, algunos lograron escapar a tiempo hacia otros países, otros tantos encontraron cobijo dentro de los consulados extranjeros y fueron auxiliados por diplomáticos, éste último es el caso de Gilberto Bosques Saldívar, quien fue enviado por el presidente Lázaro Cárdenas a la ciudad de Marsella en Francia para desempeñarse como Cónsul General durante los años de la ocupación nazi, y desde ahí instruyó al personal a su cargo para que se ayudara a cualquier persona que solicitara escapar hacia México, por lo que se convirtió no sólo en un representante del pueblo mexicano, sino que también defendió los derechos humanos de cientos de judíos que encontraron en su persona una oportunidad para salir del continente europeo y así escapar de la posibilidad de un exterminio.

Originario de Puebla, formó parte del Congreso Constituyente del estado dónde influyó para que se incluyeran en la ley poblana los derechos sociales para trabajadores promulgados en Querétaro. Entre 1922 y 1937 representó en dos ocasiones a su estado natal como diputado federal. Un año después fundó el ala Izquierda del Bloque Nacional Revolucionario y dirigió el periódico “El Nacional”.

Entre 1939 y 1943 Bosques cumplió con su encargo diplomático en el puerto de Marsella desde donde auspició la salida a México e un gran número de judíos, líderes de la resistencia austriaca y francesa, republicanos españoles y un gran número de perseguidos políticos. En 1943 el ejército nazi lo privó de su libertad y lo confinó junto con su familia en el poblado alemán de Bad Godsenberg por espacio de un año.

Un acuerdo entre el gobierno Mexicano y el régimen del Reich lo trajo de vuelta a nuestro país, para posteriormente ser nombrado Embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y Cuba. Como embajador plasmó el anhelo libertario de sus antepasados, su intensa labor por el bien de la humanidad le valieron, ser uno de los mexicanos con más reconocimientos internacionales.

Los poblanos le rindieron homenaje grabando su nombre en los muros del recinto del Congreso del Estado, y en el 2003, gracias a una iniciativa conjunta de la Embajada de México en Austria, la Fundación Raoul Wallenberg y las autoridades de Viena se le nombró a una calle de esa ciudad en su honor.

Es por ello que creo oportuno este reconocimiento a un mexicano de gran valía, visionario en tiempos de incertidumbre, y con los arrestos necesarios para ayudar al prójimo cuando más lo necesito, incluso poniendo su libertad personal y vida en riesgo.

La conmemoración de tan trágico acontecimiento merece la participación de esta Cámara integrante del Congreso de la Unión, el próximo 27 de enero del año venidero. La resolución de la ONU, firmada por nuestro país nos obliga a no dejar pasar desapercibida dicha fecha que será conmemorada en todo el mundo.

Derivado de lo anterior, es que me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Que el Senado de la República sea sede de la conmemoración del “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, a celebrarse el día 27 de enero de 2010, en términos de la resolución Número A/RES/60/7 aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 1° de noviembre de 2005.

SEGUNDO.- Que el nombre de Don Gilberto Bosques Saldívar, quede inscrito en una calle en su honor, por la valiosa labor que desempeñó durante el Holocausto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009”.

Del Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que se lleve a cabo la ubicación del estado de Campeche en el área geográfica “A”, con el objeto de igualarlo con otros estados petroleros del país, mismo que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para los efectos correspondientes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS PARA QUE SE LLEVE A CABO LA UBICACION DEL ESTADO DE CAMPECHE EN EL AREA GEOGRAFICA “A” CON EL OBJETO DE IGUALARLO CON OTROS ESTADOS PETROLEROS DEL PAIS

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES DE
LA LX LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, Senador de la República, a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo por la cual se formula respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que se lleve a cabo la ubicación del Estado de Campeche en el área Geográfica “A”, con el objeto de igualarlo con otros Estados petroleros del país, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Constituye por ende, un instrumento para garantizar un nivel mínimo de ingreso a los trabajadores de más bajos salarios, asociado a la preservación de una remuneración real que mantenga su poder adquisitivo a la luz de las condiciones económicas y sociales nacionales prevalecientes.

Conforme a la mencionada disposición constitucional, el salario mínimo se convierte en el instrumento idóneo para reducir la desigualdad e incrementar los salarios de los trabajadores de bajos ingresos y prevenir el pago de salarios excesivamente bajos.

Por lo tanto, al establecerse los salarios mínimos, se deberán tomar en consideración las condiciones generales de la economía, las variaciones del costo de la vida en cuanto a su entorno, de ahí la razón de la variabilidad en su monto de acuerdo a las áreas geográficas que al efecto ha dispuesto la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).

Es en este punto donde llamo la atención de mis compañeras y compañeros legisladores:

Campeche es el Estado más importante en producción petrolera, y no obstante la disminución en la extracción de hidrocarburo, sigue siendo un área fundamental para la economía nacional, ya que actualmente en la en la Sonda de Campeche se sigue generando la mayor producción de petróleo crudo del país.

La presencia de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, ha producido una derrama económica para el Estado, pero es indudable que también conlleva un incremento del costo de vida, colocando al trabajador campechano en condiciones de inferioridad respecto a los de la industria del petróleo, ya que no se puede comparar su salario con lo que gana un pescador, un artesano o un trabajador que realiza sus actividades en el rubro turístico.

Estas condiciones económicas y sociales prevalecientes en el Estado de Campeche, en nuestra consideración no han sido tomadas como parámetro por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Los Salarios Mínimos Vigentes a partir del 1 de enero de 2009, establecidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2008, el área geográfica para la aplicación del salario mínimo se encuentra distribuido en tres, que comprenden: El salario general del área geográfica “A” cuyo monto es de $54.80 diarios; en esta área se localizan el Distrito Federal y su área metropolitana, los estados de Baja California, Baja California Sur, las ciudades de Acapulco, Ciudad Juárez, Nogales, Matamoros y Coatzacoalcos, entre otras.

Para el área geográfica “B” el salario mínimo es de $53. 26. Algunas localidades pertenecientes a esta área son las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Tampico y Poza Rica.

Finalmente, en el área geográfica “C” el salario mínimo es de $51.95, el cual se aplica entre otros Estados, a Campeche.

No obstante el costo de la vida en el Estado de Campeche, los cambios observados en la evolución de las actividades económicas y laborales que impactan de manera negativa en la economía de las familias campechanas, aún está ubicado en el área geográfica “C”.

Por tal motivo, con fecha 27 de noviembre de 2007, y posteriormente el cuatro de septiembre del año 2008, presenté a consideración del cuerpo legislativo, un punto de acuerdo por el que se formuló exhorto a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para ubicar al Estado de Campeche de la composición del área geográfica “C” a la composición geográfica “A”.

Y en virtud de que no se obtuvo la respuesta que se requiere para mejorar el poder adquisitivo de los habitantes de Campeche, y toda vez que como legislador tengo el deber de impulsar las disposiciones que estimulen el crecimiento y consoliden las bases del desarrollo económico tanto de Campeche como de nuestro país, y pensando en establecer mecanismos que traigan como consecuencia elevar la calidad de vida del trabajador campechano, de forma muy especial de los trabajadores de la Isla de Carmen, que sea equiparable con la riqueza que se genera en la Sonda y así resarcir el impacto que ha dejado la actividad petrolera, ante el deterioro en el poder adquisitivo de los habitantes de la citada entidad, me presento de nueva cuenta en esta alta tribuna para hacer hincapié en la necesidad de ubicar al Estado de Campeche en el área geográfica “A”, para efectos del pago de salarios mínimos, previo análisis y evaluación de la información que sustente la factibilidad de que pertenezca a esta área geográfica.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se formula respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que lleve a cabo las investigaciones y estudios técnicos que permitan ubicar al Estado de Campeche de la composición del área geográfica “C” en la que actualmente se encuentra, a la composición geográfica “A”, previo análisis y evaluación de la información que sustente la factibilidad de que pertenezca a esta área geográfica, con el objeto de igualarlo con otros Estados productores de petróleo del país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Sebastián Calderón Centeno”.

Pasamos ahora a la presentación de las proposiciones con punto de Acuerdo que diversos Senadores inscribieron con peticiones de apoyo a los estados afectados por la sequía, y por los desastres naturales.

En virtud de la similitud del tema, la Mesa Directiva acordó que la Secretaría leyera las proposiciones alusivas, e inmediatamente consultaremos a la Asamblea si autoriza su dispensa de trámites para su discusión.

En consecuencia, se pide a la Secretaría sea tan gentil en dar lectura a las cuatro proposiciones que tienen que ver con los efectos causados por cuestiones climatológicas.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Doy lectura a la proposición de los Senadores Luis Alberto Villarreal García y Humberto Andrade Quezada.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIONA REALIZAR DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE LOS AGRICULTORES GUANAJUATENSES

“Sen. Carlos Navarrete Ruiz

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

Presente.

Luis Alberto Villarreal García y Humberto Andrade Quezada, Senadores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que realice diversas accionesa favor de los agricultores guanajuatenses. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Gran parte de la República Mexicana atraviesa por un período de sequía. Según reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), durante el mes de julio se registraron los menores niveles de precipitación en el período 1941-2009. De acuerdo a los pronósticos realizados por el Servicio Meteorológico Nacional y otras dependencias, se prevé que durante el resto del verano continúe un patrón de escasez de lluvias, con precipitaciones menores al promedio histórico, lo cual podría ocasionar, según dichas predicciones, que el país viviera una sequía como la registradaen 1997, la cual ocasionó la pérdida de 850,000 hectáreas de cultivo y que diez estados de la República fueran declaradas zonas de desastre.

El 80% de la precipitación anual de México ocurre entre los meses de mayo y octubre. En el período de mayo a julio de 2009, se tiene un déficit de 11% de precipitación comparada con el promedio histórico nacional.

La escasez de lluvia por la que atraviesa actualmente nuestro país, está afectando particularmente al estado de Guanajuato. Según datos del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato, el estado vive su peor sequía en los últimos treinta años, con una precipitación promedio 60% menor que la media histórica para la entidad, lo cual ha ocasionado que el nivel de las presas de la cuenca Lerma-Chapala se encuentren, en promedio, al 47% de su capacidad.

La sequía que vive Guanajuato ha causado estragos para los habitantes de la entidad, en particular para los campesinos. Alrededor de 743 mil 180 hectáreas fueron sembradas en el estado para la presente temporada de lluvia primavera-verano. Debido a las duras condiciones climáticas, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado ha anunciado que, a la fecha, 185 mil hectáreas de cultivo temporal en el estado están siniestradas, lo que representa el 35.71% del total del área de cultivo temporal, afectando directamente a 40 mil campesinos del estado.

El impacto de la actual sequía ha afectado especialmente a la agricultura de temporal. Según datos del Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de la Universidad de Guanajuato, en el estado se sembraron para la temporada primavera-verano 566,070 hectáreas de temporal, de las cuales ya se han siniestrado más de 80 mil hectáreas, y se calcula que en el norte del estado, en donde la condiciones climáticas han sido particularmente adversas, se cosecharon para esta temporada 200,000 hectáreas. Según la Confederación Nacional Campesina (CNC), más del 70% de estas cosechas ya se encuentran siniestradas.

La gran mayoría de los campesinos guanajuatenses que se dedican a la siembra de cultivos de temporal lo hacen para el autoconsumo. Asimismo, no participan en programas de financiamiento para el campo y no gestionan apoyos, ya que se encuentran lejos de los centros urbanos y con poca frecuencia manejan efectivo.

Por otra parte, los productores que cosechan para vender su producto reciben financiamiento de Cajas Solidarias (financiadas por el Gobierno estatal) y Cajas Populares.

Dada la situación actual, es muy posible que, al no producir grano para vender, estos agricultores incurran en cartera vencida. Si se les otorga un apoyo de 900 ó 1,000 pesos por hectárea, como lo han anunciado de manera conjunta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Gobierno de Guanajuato, seguramente lo utilizaran para la compra de alimentos, y pagos de servicios como luz y agua, por lo que no tendrán recursos para sembrar el próximo año, reduciendo así la producción agrícola del estado.

Finalmente, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones meteorológicas presentes en el país son muy similares a las que dieron origen a la sequía que vivió el país en 1997, la cual tuvo efectos devastadores en Guanajuato: 297,727 hectáreas siniestradas, equivalente al 47% de la superficie sembrada para el periodo primavera-verano de 1997.

Ante tal coyuntura, es apremiante actuar de manera expedita para asistir a los agricultores guanajuatenses.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, solicitando que sea considerado como de urgente u obvia resolución,el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, a incrementar el presupuesto destinado a asistir a los agricultores guanajuatenses, cuya producción depende de financiamiento público y privado, con el objetivo de que cuenten con recursos para producir durante la próxima temporada primavera-verano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, a implementar un plan de emergencia que considere otorgar recursos para la compra de forraje y la reposición de semillas para la producción del próximo año de los agricultores guanajuatenses que se dedican a la agricultura de temporal.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Luis Alberto Villarreal García.- Sen. Humberto Andrade Quezada”.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a la proposición de los Senadores Lázaro Mazón Alonso, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO A GESTIONAR UNA PARTIDA EMERGENTE QUE COMPENSE LOS RECORTES AL GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS, QUE FUNCIONE CON REGLAS SIMILARES AL RAMO 28

“Los que suscriben, Senador Lázaro Mazón Alonso, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdopor el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo local, a gestionar una partida emergente que compense los recortes al gasto público de los municipios, que funcione con reglas similares al Ramo 28, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERACIONES

A causa de múltiples circunstancias que afectan la administración económica actual de manera continua, aún nos encontramos ante una situación crítica que ha terminado por afectar a todo el país. Desafortunadamente las medidas urgentes que ha implementado el Gobierno Federal no han sido capaces de atender espacios que en un primer análisis general, parecieran carecer de importancia.

En esta situación se encuentran los 2440 municipios de todo el país, que a pesar de ser órganos públicos con responsabilidades fiscales, no poseen ningún tipo de derecho de decisión sobre los recursos Federales. Ello los ha dejado en completa indefensión para hacer frente a los trabajos prometidos y a los compromisos establecidos en el presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo tanto, la administración más cercana a la población y de mayor contacto con los problemas que ha dejado la crisis económica, se ve sometida decisiones externas y sin las herramientas necesarias para reducir dichas dificultades, ni para decidir el rumbo de las labores que se deberán tomar.

Al final estas decisiones se traducen en graves recortes a los recursos de los municipios. Para compensar la reducción en la recaudación por ejemplo, la SHCP realizó un recorte a los municipios de aproximadamente 12,500 millones de pesos, lo que representa una reducción de 12% en términos nominales pero un 20% en términos reales.

Ante este problema la Conferencia Nacional de Municipios de México se ha pronunciado en contra de la decisión para reducir en un 20% los recursos financieros en el primer trimestre del año que se le ha destinado a los municipios y por la persistencia de recortes a los presupuestos municipales desde un 40% hasta un 60% de las Participaciones y Aportaciones Federales.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se calculo una partida de 430 mil 182 millones para los estados y municipios (ramo 28), de los cuales el compromiso de los estados es distribuir entre los municipios al menos el 20%.

Además, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) emitió un comunicado de prensa en el cual señala que realizará un nuevo recorte al gasto público en 50 mil millones de pesos, adicionales a 35 mil millones de pesos ya recortados en mayo.

Estos continuos recortes a las herramientas básicas para la administración de los municipios, se traducirá en mayores y directas afectaciones a la población que dependen de los suministros que les proporcionen los ayuntamientos. Por su proximidad con la sociedad, los municipios no pueden reducir los subsidios o los ejercicios laborales incluso por menos de una semana.

Estas son acciones normales que el Gobierno Federal ha implementado, dejando sin protección a los municipios que a pesar de ser órganos públicos con responsabilidades fiscales, no poseen ningún tipo de derecho de decisión.

En este sentido, hay que recordar que 25 Entidades federativas padecen de índices de mayor marginalidad y deberán ser prioritarias para detonar proyectos de infraestructura que permitan hacer frente a la crisis.

Por estas razones solicitamos que se efectué una partida emergente para que los municipios del Estado de Guerrero puedan hacer frente a los asuntos más críticos y con ello resolver los problemas de una sociedad cada vez más desgastada por la crisis económica.

Solamente podremos salir de la grave situación en la que nos encontramos si trabajamos de manera continua y en cooperación constante con todos los ramos administrativos que trabajan para la sociedad. No debemos dejar a un lado aquellos espacios que significan tanto para la Nación en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a gestionar una partida emergente que compense los recortes al gasto público de los municipios, que funcione con reglas similares al ramo 28.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal del Estado de Guerrero para que garantice que el ejercicio de dicha partida sea llevado de manera transparente y mediante una correcta difusión.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. Lázaro Mazón Alonso.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea”.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a la proposición de la Senadora Adriana González Carrillo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTUAR LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES ACONTECIDAS EN EL ESTADO DE MEXICO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el quese exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastre para los municipios afectados por las inundaciones acontecidas en el estado de México, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado domingo 6 de septiembre del presente año, cayó en varios municipios del estado de México una tromba de catastróficas proporciones.

Las fuertes precipitaciones pluviales, trajeron como consecuencia la ruptura del emisor poniente, lo cual, generó graves inundaciones y afectaciones a domicilios de muchas familias mexiquenses.

El Director de Agua Potable y Saneamiento de la CONAGUA en el Valle de México, Antonio Gutiérrez, declaró que tras las lluvias registradas durante el domingo el túnel del emisor poniente sufrió daños en 20 metros. Asimismo, puntualizó que no es suficiente la capacidad del emisor y que es necesaria una obra alterna, pues precisamente ahora que se padece de desabastecimiento de agua es el momento idóneo para aprovechar las lluvias de manera más eficiente.

Durante la intensa lluvia, en el hospital público “Salvador González Herrejón”, el agua penetró hasta un metro de altura, por lo que trasladaron a enfermos a otros hospitales.

Igualmente, por dicha tromba, las pérdidas materiales han sido considerables: decenas de automóviles rebasados por el agua, cientos de viviendas inundadas y varios edificios dañados son el resultado del desastre natural.

En Tlalnepantla de Baz, estado de México, la fractura del tramo del referido emisor poniente que pasa por dicho municipio, ocasionó alrededor de mil doscientas casas inundadas, la evacuación de dos mil personas y dos mil automóviles dañados al ser arrastrados por la corriente de agua, lodo y basura. Además, un letrero de 15 metros de largo cayó en las instalaciones de los cines del centro comercial Mundo E. Jesús Badillo Vázquez de 84 años, fue encontrado en el interior de su casa en el número 422 de la calle Coquimbo en Valle Dorado, donde murió ahogado sobre su cama que quedó cubierta de aguas negras. Este es el segundo caso registrado de un adulto mayor fallecido por ahogamiento en el interior de su residencia; la primera fue una mujer de 74 años que murió en el número 144 de la calle de Budapest en este mismo fraccionamiento, en donde más de mil casas quedaron sumergidas en el agua.

Cientos de personas de Valle Dorado, quienes hasta la madrugada de este lunes aún no han podido evacuar sus casas, se encuentran profundamente angustiados al no conocer el estado de familiares y conocidos que tienen sus domicilios en la zona que sufrió los efectos de las inundaciones del pasado domingo.

Con notoria tristeza, cargando apenas con lo indispensable, decenas de familias salen de calles como Cali, Burdeos, Budapest, Quito, Edimburgo, del fraccionamiento Valle Dorado, en donde las familias vivieron y están pasando por momentos de angustia y pánico al ver subir el nivel del agua que cubrió totalmente el primer piso de su residencia.

Las intensas lluvias también afectaron varias viviendas y negocios ubicados en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, en Iztapalapa.

Según un vecino del lugar, Juan Pablo García, a las 22:00 horas comenzó a inundarse su vivienda, por lo que, al igual que otros vecinos, se dieron a la tarea de poner a salvo sus pertenencias del agua que inexorablemente ingresaba a sus hogares.

Dentro de la tragedia, es de destacarse la labor oportuna del Ejército mexicano, quien aplicó el Plan DNI para auxiliar a cientos de familias de Valle Dorado, Arboledas y una decena de fraccionamientos de Atizapán de Zaragoza que resultaron afectados por la tormenta. Aproximadamente, mil quinientas personas han sido evacuadas de Atizapán de Zaragoza gracias a los trabajos llevados a cabo por el Ejército.

Por lo menos tres ríos se desbordaron: el San Javier, el Moritas, el Cóporo, así como el Canal de Atizapán cuyas aguas negras penetraron a cientos de domicilios y negocios.

Muchas familias pasaron la noche tratando de salir de la zona afectada, en donde hasta la madrugada del lunes, personal del Ejército, bomberos y protección civil los sacaban con lanchas, especialmente en la zona de Valle Dorado y Las Arboledas.

La solicitud de que sea considerada la presente proposición con punto de Acuerdo como de urgente u obvia resolución, obedece a la necesidad de atender con la mayor rapidez posible las necesidades de los cientos de familias afectadas por el desastre natural en cuestión, no les desamparemos.

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastre para los municipios afectados por las inundaciones acontecidas en el estado de México, a fin de que se liberen los recursos necesarios a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para hacer frente con eficacia y prontitud a la contingencia.

Segundo.- La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, hace votos por que el Gobierno Federal, en coordinación con el del estado de México y los diversos municipios afectados de dicho estado, lleven a cabo las obras públicas preventivas necesarias para evitar que en el futuro sucedan catástrofes de esta naturaleza.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de Septiembre de 2009.

Sen. Adriana González Carrillo”.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Doy lectura a la proposición de la Senadora Emma Larios Gaxiola.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR COMO ZONA DE DESASTRE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL “JIMENA”, Y LE SEAN ASIGNADOS LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES PARA EL AUXILIO DE LA POBLACION Y DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE RESULTARON PERJUDICADAS

“H. ASAMBLEA:

PRESENTE.

EMMA LUCIA LARIOS GAXIOLA, Senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La llegada de la época de lluvias y tormentas que han azotado a gran parte de la República Mexicana, hace necesario que se tomen acciones inmediatas para superar los efectos negativos que a su paso van dejando estos fenómenos meteorológicos, sobre todo en las poblaciones más pobres y vulnerables ante los cambios climáticos. En días pasados, las torrenciales lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jimena”, han convertido el Sur de Sonora en zona catastrófica. Las inundaciones han dejado un saldo de 72 mil 500 damnificados y 193 mil afectados en los municipios de Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa.

Según los primeros cálculos dados a conocer el lunes por el Gobierno del Estado, los daños ocasionados por las históricas lluvias que azotaron el Sur de Sonora, son muy graves y podrían rebasar los 500 millones de pesos, considerando que el drenaje y el sistema de agua potable se colapsaron totalmente, además de los numerosos problemas causados en caminos viales y carreteras de la zona.

Por ejemplo, en el municipio de Navojoa, la circulación vehicular hacia el sur del Estado se interrumpió, ya que la cinta asfáltica quedó bajo las aguas de un arroyo ubicado en las inmediaciones del parque industrial.

Por lo que se refiere a los municipios de Empalme y Cajeme, estos están notablemente afectados en la infraestructura y requieren de ayuda para la reconstrucción y rehabilitación de sus viviendas.

En cuanto al municipio de Guaymas, el tránsito vehicular por las carreteras es sumamente lento, pues las rutas a Ciudad Obregón y a Hermosillo, se encuentran seriamente dañadas y el puerto está prácticamente incomunicado, considerando que la tormenta tropical “Jimena” provocó el mayor registro de precipitaciones de la historia de Sonora, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por lo anterior, es que se autorizó la declaración de zona de emergencia, en los municipios de Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Álamos, Quiriego y Rosario Tesopaco, para con ello iniciar el proceso para la entrega de una partida inicial del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que maneja la Secretaría de Gobernación, y apoyar a los damnificados y personas afectadas por este desastre natural.

El Fonden, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

A través del presente instrumento, se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales superan la capacidad financiera y operativa de respuesta, así como de las dependencias y entidades en la Administración Pública Federal.

Ante la magnitud de los hechos, considero que se requiere elevar el nivel decontingencia y declarar a los municipios sonorenses afectados por la tormenta tropical “Jimena” como zona de desastre natural, para que así, se asigne una partida superior para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de las personas afectadas, así como brindar apoyo y protección a los damnificados que resultaron perjudicados en su vivienda y actividad económica.

En estos momentos, la sociedad y los tres órdenes de gobierno debemos unir esfuerzos para apoyar a lo que más lo necesitan, considerando que ante los desafíos de la naturaleza, la solidaridad entre los mexicanos será un factor determinante para ayudar a las miles de familias sonorenses que han resultado afectadas por las inundaciones.

Por todo lo anterior, realizo desde esta Honorable Asamblea, esta proposición con el fin de sensibilizar a la sociedad y exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que realice la declaratoria de desastre natural y se apoye de inmediato a los municipios de Sonora que fueron afectados por la Tormenta Tropical de “Jimena”.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración desde esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que declare como zona de desastre los municipios de San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Alamos, Quiriego y Rosario Tesopaco, del estado de Sonora, afectados por la tormenta tropical “Jimena”, y le sean asignados a la brevedad posible los Recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el auxilio de la población y de las actividades económicas que resultaron perjudicadas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de septiembre de 2009.

Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola”.

Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RICARDO GARCIA CERVANTES

- El C. Presidente Ricardo García Cervantes: Gracias. El agrupamiento de estos puntos de Acuerdo ha sido solicitado que se tramiten en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y por tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores asuntos se consideran de urgente y obvia resolución y se ponen a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si los anteriores asuntos se consideran de urgente y obvia resolución y se ponen a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se consideran de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias. Como la Asamblea ha considerado estos asuntos de urgente resolución, se le solicita pase a la tribuna para hacer uso de la palabra, al Senador Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN, para fundamentar su posición y la del grupo al que pertenece.

- El C. Senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, señor Presidente.

Y particularmente para hablar del punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que realice diversas acciones a favor de los agricultores guanajuatenses, que hemos suscrito el Senador Humberto Andrade y un servidor.

Nos parece que es importante que esta Asamblea lo apruebe y después que la Secretaría en comento tome acciones que son urgentes en esa parte del país, pero también en todo el país.

Gran parte de México atraviesa por un periodo de sequía. Según los reportes de la Comisión Nacional de Agua, durante el mes de julio se registraron los menores niveles de precipitación en el periodo 1941-2009. De acuerdo a los pronósticos realizados por el Servicio Meteorológico Nacional y otras dependencias, se prevé que durante el resto del verano continúe un patrón de escasez de lluvias, con precipitaciones menores al promedio histórico, lo cual podrían ocasionar, según dichas predicciones, que el país viviera una sequía como la registrada en 1997, la cual ocasionó la pérdida de 850 mil hectáreas de cultivo y que 10 estados de la República fueran declarados zona de desastres.

El 80% de estas precipitaciones ocurren entre los meses de mayo y octubre. En el periodo de mayo a julio del 2009, tenemos ya un déficit del 11% de precipitación comparada con el promedio histórico nacional.

La escasez de lluvia por la que atraviesa actualmente nuestro país afecta particularmente al estado de Guanajuato. Según los datos del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato, el Estado vive su peor sequía en los últimos 30 años, con una precipitación promedio del 60% menor que la medida histórica para la entidad, lo cual ha ocasionado que el nivel de las presas de la cuenca Lerma-Chapala se encuentren en promedio al 47% de su capacidad.

La sequía que vive Guanajuato ha causado estragos para los habitantes de la entidad, en particular para los campesinos. Alrededor de 743 mil 180 hectáreas fueron sembradas en nuestro estado para la presente temporada de lluvias primavera-verano. Debido a las duras condiciones climáticas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Guanajuato ha anunciado que, a la fecha, 185 mil hectáreas de cultivo temporal, en el estado, están siniestradas, lo que representa el 35.71% del total del área de cultivo temporal, afectando directamente a 40 mil campesinos de Guanajuato.

El impacto de la actual sequía ha afectado especialmente a los agricultores de temporal. Según datos del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Guanajuato, en el estado se sembraron para la temporada primavera-verano 566 mil 070 hectáreas de temporal, de las cuales ya se han siniestrado más de 80 mil hectáreas y se calcula que en el norte del estado de Guanajuato, en donde las condiciones climáticas han sido particularmente más adversas, se cosecharon para esta temporada 200 mil de ellas. Según la Confederación Nacional Campesina, más del 70% de estas cosechas ya están siniestradas…

- El C. Presidente García Cervantes: ¿Me permite, Senador Villarreal García? Sonido en el escaño del Senador Francisco Arroyo, por favor.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Quisiera que tuviera la bondad de preguntarle a mi compañero y amigo, el señor Senador Villarreal, si me acepta una pregunta.

- El C. Presidente García Cervantes: ¿Acepta usted una pregunta, señor orador?

- El C. Senador Luis Alberto Villarreal García: Sí, con mucho gusto.

- El C. Presidente García Cervantes: Esta Presidencia la autoriza. Tiene usted el uso de la palabra.

- El C. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Quiero por este conducto apreciar el interés y el que haya llevado a la tribuna este tema de la sequía en Guanajuato al Senador Villarreal. No sólo se lo reconozco, sino me solidarizo y espero que me haga firmar como iniciante. Pero la pregunta versa en lo siguiente.

El gobierno del estado de Guanajuato ha aumentado en dos años un 20% en su gasto de honorarios y de personal para los cargos administrativos cercanos al señor gobernador.

El gobierno del estado de Guanajuato ha gastado aproximadamente 3 mil millones de pesos en la compra de tierra y en la organización de una Expo Bicentenario que va a costar, lo digo para que me escuche también el Senador Monreal que el día de hoy hace una denuncia muy interesante al respecto, 1139 millones de pesos y que va a durar 4 meses.

El gobierno del estado de Guanajuato no tiene medida y su actitud ha llevado a distintos sectores de la población a generar denuncias al respecto.

¿No cree usted, señor Senador, con ese altruismo y con esa buena voluntad que a usted lo caracteriza, que el gobierno podría derivar algunos programas de mano de obra intensiva para paliar esta triste situación que usted está llevando a la tribuna?

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Francisco Arroyo Vieyra. Senador Villarreal, le solicitaría proceder a responder la pregunta e indicar en el momento en que haya concluido su respuesta para reiniciar el uso del reloj que marca el tiempo disponible. Proceda, señor orador.

- El C. Senador Luis Alberto Villarreal García: Senador, me parece que no es un asunto ni de altruismo ni solamente de buen corazón, es un asunto de sentido común, es un asunto de responsabilidad, es un asunto de que las cosas como están no marchan bien, que el país y que el Estado y la sociedad mexicana y guanajuatense merecen un viraje en ese tipo de políticas. Yo estoy convencido que más de 1,300 millones de pesos para una fiesta del Bicentenario deberían de estar invirtiéndose en la generación de empleos y en el rescate no solamente de nuestro campo, sino de otros sectores económicos productivos de Guanajuato. Eso es un asunto que da para un debate muy largo.

En Acción Nacional habemos quienes creemos que más vale decir la verdad a tiempo y no quedarnos callados y decir mentiras que maten y que el día de mañana Guanajuato la pase mal.

- El C. Presidente García Cervantes: Ha concluido la respuesta. Reinicie el uso del tiempo.

- El C. Senador Luis Alberto Villarreal García: Sí, con mucho gusto.

Por otra parte, los productores que cosechan para vender su producto reciben financiamiento de cajas solidarias financiadas por el gobierno estatal y por cajas populares.

Dada la situación actual es muy posible que al no producir el grano para vender estos agricultores incurran también en cartera vencida.

Si se le otorga un apoyo de 900 ó de 1000 pesos por hectárea, como lo han anunciado de manera conjunta la SAGARPA y el gobierno del estado de Guanajuato, seguramente ese dinero lo utilizarán para la compra de alimentos y pagos de servicio como luz y agua, por lo que no tendrán recursos para sembrar el próximo año, reduciendo así la producción agrícola del estado.

Finalmente, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones meteorológicas que se presentan en el país son muy similares a las que dieron origen a la sequía de 1997, la cual tuvo efectos devastadores en Guanajuato sobre 297 mil 727 hectáreas siniestradas, lo equivalente al 47% de la superficie sembrada para el periodo primavera-verano en 1997.

Ante tal coyuntura, es apremiante actuar de manera expedita para asistir a los agricultores guanajuatenses. Desde luego que le solicito el voto a las Senadoras y a los Senadores aquí presentes para ese tema y por supuesto que contarán con el mío de manera incondicional para los otros que tienen que ver con asuntos similares en otras regiones del país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Luis Alberto Villarreal García. Para conservar el orden en la discusión que esta Asamblea está realizando de los asuntos que consideró de urgente resolución, quiero ofrecerle el uso de la tribuna al Senador Silvano Aureoles Conejo, porque se va a referir a una proposición en relación precisamente a ese punto de Acuerdo referente al estado de Guanajuato.

- El C. Senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor Presidente.

Bueno, buscando que no sea solamente un asunto entre guanajuatenses, quiero pedirle a mi amigo el Senador Villarreal, si es posible que acepte una propuesta, un agregado, un agregado al punto de Acuerdo que se ha leído aquí, coincidiendo con la exposición que ya hizo del mismo, pero agregando un par de cosas.

Miren, compañeras y compañeros, la sequía que ha azotado al país no se había registrado desde hace 70 años, 60 años, por lo menos de que se tengan registros, la última sequía de esta magnitud, se presentó en 1947, de tal manera que los estragos, los daños que ha causado este fenómeno, tienen impacto pues no solamente en Guanajuato, sino es un asunto generalizado, estaba revisando el dato, ahorita el caso de Michoacán, están contabilizadas ya 130 mil hectáreas perdidas por efectos de la sequía, y así seguramente podríamos revisar en varios estados de la República, en regiones completas que se perdieron las cosechas, se perdieron las cosechas de maíz y de frijol.

En las regiones de temporal, las zonas de temporal donde se cultivan fundamentalmente maíz y frijol, las plantas de maíz quedaron de 30 centímetros de altura, no hubo humedad, no hubo lluvia para que esto pudiera crecer, y esto tiene un impacto muy fuerte en, evidentemente, las cosechas, en la disponibilidad de granos para el consumo humano, pero también tiene muchos efectos en el consumo animal.

De tal manera que, Senador Villarreal, sé que lo están suscribiendo casi todos los de Guanajuato, incluido el Senador Arroyo y el Senador Navarrete, pero yo quisiera plantearles lo siguiente: El punto de Acuerdo dice, y está a discusión, dice lo siguiente: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, a incrementar el presupuesto destinado a asistir a los productores que están sufriendo el impacto de la sequía en todo el territorio nacional. Ese sería mi agregado.

Si quieren, para que no se quite Guanajuato, y del resto del país, pero la idea es que fuera una petición del Senado ante un problema que tienen casi todos los productores nacionales en distintas dimensiones.

Y, el segundo apartado del punto de Acuerdo o del resolutivo, dice lo siguiente: El Senado exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, a implementar un plan emergente que considere otorgar recursos para la compra de forraje y la redisposición de semillas para la producción del próximo año de los agricultores que están sufriendo el impacto de la sequía en general.

Son los dos agregados que pongo a su consideración.

Les agradezco mucho. Gracias, señor Presidente.

(Propuesta de adición)

ACTUAL

PROPUESTA

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar diversas acciones a favor de los agricultores guanajuatenses.

Solicita urgente resolución

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, a incrementar el presupuesto destinado a asistir a los agricultores guanajuatenses, cuya producción depende de financiamiento público y privado, con el objetivo de que cuenten con recursos para producir durante la próxima temporada primavera-verano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, a implementar un plan de emergencia que considere otorgar recursos para la compra de forraje y la reposición de semillas para la producción del próximo año de los agricultores guanajuatenses que se dedican a la agricultura de temporal.

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación del gobierno federal, a incrementar el presupuesto destinado a asistir a los agricultores que esta sufriendo el impacto de la sequía en todo el territorio nacional, cuya producción depende de financiamiento público y privado, con el objetivo de que cuenten con recursos para producir durante la próxima temporada primavera-verano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación del gobierno federal, a implementar un plan de emergencia que considere otorgar recursos para la compra de forraje y la reposición de semillas para la producción del próximo año de los agricultores que esta sufriendo el impacto de la sequía.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, gracias a usted, Senador Silvano Aureoles.

Para conservar el orden en la discusión y votación de estos asuntos, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea si están de acuerdo en incorporar los dos agregados presentados por el Senador Aureoles Conejo, que consiste en adicionar, valga la redundancia, además del estado de Guanajuato al resto del territorio nacional. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse las proposiciones del Senador Aureoles Conejo.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas hechas por el Senador Silvano Aureoles. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aceptan las propuestas, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, se reserva para su votación en conjunto el punto de Acuerdo presentado por el Senador Villarreal, con las adiciones autorizadas por esta Asamblea y presentadas por el Senador Silvano Aureoles.

Se concede el uso de la tribuna para fundamentar su propuesta, al Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

- El C. Senador Lázaro Mazón Alonso: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores:

El día de hoy vengo a presentar un punto de Acuerdo, y vengo en la defensa de los municipios del país, en la defensa de los municipios de México.

Se ha anunciado recorte a los municipios, se está recortando cada día más y más al orden de gobierno que está más cercano a la población.

Nuestro Presidente de la República, nuestro gobernador, difícilmente van a estar allá donde está el presidente municipal.

Estoy haciendo un llamado a todos los compañeros que ya en su momento fueron alcaldes, aquellos Senadores que estuvieron al frente de una alcaldía -está levantando la mano nuestro compañero Ramón Galindo- y quisiera en esta ocasión solicitar su apoyo.

El Presidente de la República ni el gobernador saben las necesidades de cada habitante de los municipios, pero sí el presidente municipal. Y de aquellas poblaciones donde la gente sabe dónde vive, y le están tocando todos los días la puerta.

Es el más castigado en estos momentos con los recortes presupuestales, en esta situación están los 2,440 municipios, y 7 de cada 10 están en quiebra. Están anunciando que no van a poder pagar los aguinaldos en el mes de diciembre, ¿y qué va a pasar entonces con ellos?

Hace algunos diez años, once años los municipios de Chile tomaron las calles, los alcaldes tomaron las calles, bloquearon carreteras y lograron un mayor presupuesto para ellos.

No queremos que esto pase aquí. Y la Conferencia Nacional de Municipios de México que aglutina a todos los partidos políticos está y ha hecho su declaración pidiendo no más recorte a los municipios, estamos pidiéndoles, en esta ocasión, este punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución en el cual el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo a gestionar una partida emergente para que compense los recortes al gasto público de los municipios, y que funcione con reglas similares al Ramo 28.

Y vamos a seguir insistiendo en esto, y varios alcaldes de diferentes partidos políticos se nos han acercado y nos han pedido una entrevista aquí en Hacienda, e incluso nos han dicho que están dispuestos a marchar en el país para pedir más respaldo a este orden de gobierno.

Compañeros, pido su respaldo, pido su apoyo porque todos ustedes viven en un municipio, y todos ustedes están en un lugar donde el encargado de poner drenaje, alumbrado, agua potable, es precisamente el presidente municipal.

Espero que podamos tener el respaldo de todos ustedes.

Muchas gracias.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchas gracias a usted, Senador Mazón Alonso.

Para referirse a este punto, se encuentra registrado el Senador Ramón Galindo, haga uso de la tribuna, y refiérase por favor en los términos solicitados en apoyo de este punto de Acuerdo.

- El C. Senador Ramón Galindo Noriega: Gracias, señor Presidente; damas y caballeros:

Lázaro Mazón y un servidor, así como algunos de ustedes hemos estado haciendo equipo en este tema de preocupación municipal, hoy esta preocupación es aún más dramática, porque en efecto, el eslabón más frágil, más débil del Estado mexicano, son los ayuntamientos y sus comunidades municipales.

Si a esto le agregamos el hecho, damas y caballeros, que la dependencia presupuestal de los ayuntamientos de participaciones y asignaciones federales es de un promedio del 80%, y que hay alrededor de 1,000 municipios en este país que dependen en un cien por ciento de las participaciones federales, entenderemos pues que al haber un recorte en los envíos de la Federación a los gobiernos subnacionales, a quien golpea de manera más severa es a los gobiernos municipales.

Por supuesto que estamos de acuerdo en el punto de Acuerdo los Senadores de Acción Nacional, agrego a ello lo siguiente: No es posible, amigos y amigas, seguir abordando el tema del fortalecimiento municipal a partir de abonarle a la dependencia presupuestal, es un asunto que Lázaro y yo hemos estado platicando de manera insistente, así como otros compañeros Senadores como Ernesto Saro y algunos de ustedes, y creemos que aún cuando hoy tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario y ayudar a los municipios no es suficiente para solucionar y resolver el problema de fondo. Tenemos que eliminar gradualmente esta dependencia presupuestal, de manera que los municipios poco a poco vallan dependiendo de lo que son capaces de generar en materia de aportación al Producto Interno Bruto en materia de impuestos al consumo, a la renta, cuyos elementos estén vinculados a la integración de su presupuesto.

A lo que me refiero entonces es, si hoy tenemos un incendio que apagar, una emergencia que atender, sin embargo esto es lo urgente. Lo importante tiene que ver con modificaciones tributarias que permitan que los problemas se resuelvan desde las comunidades.

Durante años, damas y caballeros, hemos estado desde el centro queriendo resolver todo tipo de problemas en las comunidades municipales. No solamente el presupuesto, sino asuntos de educación, de salud, de seguridad pública, e incluso, hoy estamos viendo cómo el gobierno de Felipe Calderón está haciendo llegar Ejército y Policía Federal Preventiva para solucionar problemas locales de inseguridad pública.

No podemos seguir dando este tipo de respuestas, tenemos que fortalecer al ayuntamiento para que tenga la capacidad propia de atender sus propios problemas. De manera que, amigo Lázaro Mazón, estamos de acuerdo en esta propuesta los Senadores de Acción Nacional, e invitamos nuevamente a este Senado de la República a que dictamine los asuntos que están en espera del dictamen en este momento, artículo 124 de la Constitución, subsidiariedad, eliminar la reelección del artículo 115 y establecer figuras de potestad tributaria que permitan fortalecer localmente los ingresos presupuestales de los ayuntamientos mexicanos.

Damas y caballeros, apoyamos la propuesta y pedimos el apoyo también de todos ustedes.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Galindo Noriega. La Secretaría Parlamentaria toma nota de la adhesión del Senador Melquiades Morales Flores a esta propuesta.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Monreal, por 5 minutos, para este tema en relación al bono municipal que se está tratando. Tiene usted uso de la palabra porque íbamos a pasar al tema, también calificado por la Asamblea de urgente y obvia, referente al Estado de México.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente.

Difícilmente algún miembro de esta Asamblea podría oponerse a este punto de Acuerdo, está planteado de manera adecuada, es un exhorto para salir en apoyo de los municipios del país. No hay, como aquí se dijo, un solo municipio que pueda enfrentar con éxito las circunstancias económicas provocadas por los recortes económicos.

Me parece que ese tema todos vamos a votar a favor, porque todos vivimos en un municipio, en efecto; sin embargo, la última parte de la reflexión de el preopinante es con lo que yo me quedo. Los exhortos en sí son un efecto de una voluntad política, no tienen más efectos; es más, si revisáramos cuántos exhortos que el Senado ha enviado se han atendido yo les diría: “a lo mejor ninguno de los miles, o dos, o tres”, te contesta el Secretario del Secretario del Secretario.

Hace unos días en la Junta de Coordinación Política analizamos un tema que es muy importante. La Comisión de Energía envió al Ejecutivo Federal una serie de recomendaciones y de observaciones que no habían sido atendidas de acuerdo con la ley aprobada por la mayoría de la Cámara de Senadores y Diputados.

El exhorto se envió a la Secretaría de Gobernación para que se enviara al Ejecutivo. El Secretario de Gobernación lo mandó al Subsecretario. El Subsecretario al Coordinador de Asesores del Subsecretario. El Coordinador de Asesor del Subsecretario a un asistente, y el asistente le contestó al Presidente de la Junta de Coordinación Política: “que no había posibilidades de atender y que estaban en proceso de atender los requerimientos”.

Es decir, yo me quedo con la parte última en el sentido de que sí debemos legislar. Hay un tema fundamental, la redistribución de las facultades potestativas, tributarias, de los ayuntamientos y de las entidades federativas, porque ya no sólo ahoga al municipio el centralismo de la Federación. Luego es más, más todavía, más perverso, el mecanismo de los estados a los municipios.

Por venganzas políticas o por no afinidad los secretarios de finanzas de los estados con fórmulas inconstitucionales disminuyen los ingresos que les corresponden a los municipios, detienen los recursos, claro, dicen: “ampárate, acude al juicio de garantías”; pero hay municipios que no tienen la más mínima idea.

Entonces, en efecto, hay que modificar facultades tributarias, facultades de los ayuntamientos, hay que modificar la Constitución para que no sea un regateo o un limosneo de un órgano que puede modificar la Constitución y la ley, y para que no estemos solicitando migajas a la Federación o al Estado, sino lo que le corresponde al municipio. Y el municipio también tiene una gran responsabilidad de hacer sus impuestos eficaces en el cobro, en sus impuestos.

El predial es uno de los impuestos más dinámicos en el mundo, y los municipios normalmente no se meten a cobrar el predial, porque están pensando en la siguiente elección, no están pensando en la otra generación. Es una responsabilidad mixta, pero yo sí creo que el exhorto es bueno en este momento, aunque necesitamos modificar la Constitución, la ley, incluso la Ley de Coordinación Fiscal para poderle otorgar al municipio constitucionalmente los recursos que necesitan para sobrevivir.

De lo contrario éste y los otros exhortos que nos planteen los vamos a votar todos a favor; pero les aseguro que no habrá respuesta de quién es el receptor de este mensaje o de este exhorto. Nosotros votaremos a favor.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Gracias, Senador Ricardo Monreal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar su punto de Acuerdo, a la Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo hablar a favor del punto de Acuerdo que he presentado al Pleno de este Senado para apoyar que el Ejecutivo Federal pueda efectuar la declaratoria de zona de desastre para los municipios afectados en el Estado de México por las inundaciones acontecidas en días pasados, particularmente el día domingo, para que se liberen los recursos necesarios a través del FONDEN, del Fondo de Desastres Naturales, para hacer frente con eficacia y prontitud a la contingencia.

Sabemos y conocemos de la labor, y quiero hacer un reconocimiento particular, de la labor que el Ejército Mexicano ha venido desempeñando, no solamente en el caso del Estado de México, sino en todo el territorio nacional, así lo hizo en días pasados en el municipio de Atizapán y Tlalnepantla, en donde miles de personas se vieron lastimadas en sus bienes y en la integridad personal por las inundaciones derivadas de la ruptura del emisor poniente que desgraciadamente elevó incluso hasta más de metro y medio, casi dos metros las casas, los negocios de quienes habitan Valle Dorado y una parte de Arboledas, fundamentalmente en el Estado de México.

Y desde aquí también aprovechar el enviar un mensaje de solidaridad a todas las familias que el día de hoy, incluso están haciendo la limpieza de sus hogares, están buscando recuperar propiedades, desde sus vehículos, sus pertenencias, su ropa, su despensa, sus muebles, sus electrodomésticos y que tienen que también cuidar la salud de los suyos vacunándose para evitar ser contagiados de virus o de algunas otras cuestiones como el tétanos.

También me parece muy importante comentar y decir que tenemos nosotros en el Senado de la República, la necesidad de seguir previendo que es necesario que tengamos realmente el drenaje que permita la salida de agua de lluvia, no solamente para evitar la inundación, sino también para aprovecharla, especialmente este bloque, que agradezco que la Mesa Directiva haya tenido la sensibilidad para poder nosotros expresar lo urgente en esta agenda que tenemos, decir que el tema del agua, el tema del cambio climático en distintas zonas de nuestro país, como es el caso anteriormente mencionado en Guanajuato donde la sequía está haciendo estragos a los cultivos y que desgraciadamente por el exceso de agua hoy en el valle de México, muchas familias se encuentran viviendo tristeza, incluso en algunos casos luto, porque hay personas que han fallecido a partir de esta tragedia.

Y bueno, por eso le pido al Senado poder avanzar en estos trabajos y exhortar y conminar al Ejecutivo Federal para que se liberen estos fondos y las personas afectadas puedan tener el apoyo que el Ejecutivo Federal ha brindado ya en otros estados de la República.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchísimas gracias, Senadora Adriana González Carrillo, y ojalá así sea.

Honorable Asamblea, para su conocimiento, nos faltaría ofrecer la palabra a la Senadora Emma Larios Gaxiola para fundamentar su punto de Acuerdo, votar en su conjunto todos estos puntos de Acuerdo que han sido agrupados por tratarse de las emergencias derivadas de la sequía o de las inundaciones, inmediatamente después se procesará un punto de Acuerdo y habremos llegado a la hora límite de esta sesión.

Por lo tanto, agradeceré a ustedes su colaboración para terminar la sesión a más tardar a las 03:15 pm, toda vez que iniciamos en lugar de las 11:00, a las 11:30 de la mañana.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Emma Larios Gaxiola, para fundamentar su proposición.

- La C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola: Muy buenas tardes a todos; con su permiso, señor Presidente:

La llegada de la época de lluvias y tormentas que han azotado a gran parte de la República Mexicana, hace necesario que se tomen acciones inmediatas para superar los efectos negativos que a su paso van dejando estos fenómenos meteorológicos, sobre todo en las poblaciones más pobres y vulnerables ante los cambios climáticos. En días pasados, las torrenciales lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jimena”, han convertido al sur de Sonora en una zona catastrófica, las inundaciones han dejado un saldo de 72 mil 500 damnificados y 193 mil afectados, particularmente en los municipios de Guaymas, Empalme y Navojoa.

Según los primeros cálculos dados a conocer el lunes por el gobierno del estado, los daños ocasionados por las históricas lluvias que azotaron el sur de Sonora, son muy graves y podrían rebasar los 500 millones de pesos, considerando que el drenaje y el sistema de agua potable se colapsaron totalmente, además de los numerosos problemas causados en caminos viales y carreteras de la zona.

Por ejemplo, en el municipio de Navojoa, la circulación vehicular hacia el sur del estado se interrumpió, ya que la cinta asfáltica quedó bajo las aguas de un arroyo ubicado en las inmediaciones del parque industrial.

Por lo que se refiere a los municipios de Empalme y Cajeme, estos están notablemente afectados en la infraestructura y requieren de ayuda para la reconstrucción y rehabilitación de sus viviendas.

En cuanto al municipio de Guaymas, el tránsito vehicular por las carreteras es sumamente lento, pues las rutas a Ciudad Obregón y a Hermosillo, se encuentran seriamente dañadas y el puerto está prácticamente incomunicado, considerando que la tormenta tropical “Jimena” provocó el mayor registro de precipitaciones de la historia de Sonora.

Por lo anterior, es que se autorizó la declaración de zona de emergencia en los municipios de Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Alamos, Quiriego y Rosario Tesopaco, para con ello iniciar el proceso para la entrega de una partida inicial del Fondo de Desastres Naturales que maneja la Secretaría de Gobernación.

Ante la magnitud de los hechos, considero que se requiere elevar el nivel de contingencia y declarar a los municipios sonorenses afectados por la tormenta tropical “Jimena” como zona de desastre natural, para que así, se asigne una partida superior para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de las personas afectadas, así como brindar apoyo y protección a los damnificados que resultaron perjudicados en su vivienda y actividad económica.

En estos momentos, la sociedad y los tres órdenes de gobierno debemos unir esfuerzos para apoyar a los que más lo necesitan, considerando que ante los desafíos de la naturaleza, la solidaridad entre los mexicanos será un factor determinante para ayudar a las miles de familias sonorenses que han resultado afectadas por las inundaciones.

Por todo lo anterior, realizo desde esta Honorable Asamblea, esta proposición con el fin de sensibilizar a la sociedad y exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que realice la declaratoria de desastre natural y se apoye de inmediato a los municipios de Sonora que fueron afectados por la tormenta.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración desde esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

El Senado de la República, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que declare como zona de desastre los municipios de San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Alamos, Quiriego y Rosario Tesopaco, afectados por la tormenta tropical “Jimena”, y le sean asignados a la brevedad posible los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el auxilio de la población y de las actividades económicas que resultaron perjudicadas.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, Senadora Larios Gaxiola, muchísimas gracias.

Hemos desahogado la exposición y discusión de los temas que fueron considerados…

- El C. Senador Fermín Trujillo Fuentes: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Tiene usted el uso de la palabra, Senador Fermín Trujillo, rogándole la mayor brevedad, tiene usted hasta 5 minutos.

- El C. Senador Fermín Trujillo Fuentes: Muchas gracias, señor Presidente.

Es importante también para quienes representamos al Partido Nueva Alianza, y como sonorenses, subir a asumir también la responsabilidad de sumarnos a lo que nuestra compañera Emma Larios, particularmente en este punto de Acuerdo nos está solicitando, y recordar, que siendo el estado de Sonora un lugar semidesértico, hay mucha preocupación por los dos temas que le dieron inicio a estos puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución; por un lado, la sequía, en el planteamiento de Guanajuato, y por el otro, los excesos de la lluvia, en el caso de los desastres naturales.

Y no es ajeno a quienes venimos de ahí de esos espacios, recordar que en aquel 1994 hubo ejidatarios que también perdieron absolutamente todo, pero que nos dejaron una gran enseñanza que me parece particularmente importante compartir con todas y con todos ustedes.

Yo recuerdo una reunión ejidal, donde el viejo ejidatario, Don Severino Ruiz, había perdido absolutamente todo por las inclemencias del tiempo de 1994.

Y en esa reunión ejidal, aún perdiendo todo, él nos expresó a aquellos que estábamos en el salón ejidal: “Que así como nos quitaba el Río de Sonora, también nos daba, que finalmente había que ser generosos y que había que generar una cultura distinta en razón de lo que el hombre ha provocado con la naturaleza”. Y yo estoy totalmente de acuerdo en los cuatro puntos que ahorita se dan y Nueva Alianza los asume, los suscribe.

Pero es fundamental recordar, reconocer que en medio de la sequía y en medio del exceso de las lluvias, está la acción del hombre, está fundamentalmente lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, y que es fundamentalmente importante también, entonces, cuando asumimos la aprobación de los puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución, hacer la autocrítica comos seres humanos y dejar el precedente de esto que estamos diciendo, de reconocernos como parte de ese fenómeno.

Y si bien hay 70 mil damnificados, hay que reconocer lo que dijo este viejo campesino: “Que más tarde nos volverá a dar lo que el agua nos llevó, nos volverá a dar ese patrimonio”. Y que finalmente, en ese momento, sí requiere la acción del gobierno, por supuesto que requiere la acción de todos nosotros y hay que sumarnos puntualmente a lo que se está exigiendo: que se le dé a los municipios lo que requieren para poder enfrentar lo que ahorita se ha expuesto con toda puntualidad, aunque con Lázaro, a lo mejor y por cuestiones de estadística no coincidamos en que sean 2 mil 440 los municipios, porque otra fuente nos dicen que son 2 mil 457.

Pero de ellos, mil 441 son de donde venimos nosotros; mil 441 tienen menos de 15 mil habitantes; mil 441 municipios del país tienen no más de 10 millones de habitantes de los 107 que tiene este país.

Y fundamentalmente, cuando hacemos puntos de Acuerdo como estos, me parece que debe haber unanimidad, y para el Partido Nueva Alianza era importante, señor Presidente, decirles a los proponentes, que en los 4 puntos que han propuesto, nos sumamos la Senadora Irma Martínez y un servidor, para que puedan ser todos por unanimidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, muchísimas gracias, Senador Trujillo Fuentes.

Hemos desahogado la discusión de los puntos de Acuerdo que fueron considerados por la Asamblea como de urgente y obvia resolución.

Y solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse en los términos propuestos; y en el caso del estado de Guanajuato, con las adiciones aprobadas por la Asamblea, presentadas por el Senador Silvano Aureoles Conejo.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobadas las propuestas, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias. Aprobadas las propuestas. Se instruye su debida comunicación.

Señoras y señores Senadores:

Desahogaremos la última proposición con punto de Acuerdo a cargo del Senador David Jiménez Rumbo.

Daremos algunas informaciones a la Asamblea, y a las 3:10 de la tarde estaremos levantando la sesión.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del PRD, quien presentará punto de Acuerdo para crear una Comisión de Seguimiento a las Investigaciones del Asesinato del Diputado Armando Chavarría Barrera.

- La C. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Permítame un momento, señor Senador.

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: Cómo no.

- El C. Presidente García Cervantes: Sonido en el escaño de la Senadora Judith.

- La C. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado: (Desde su escaño)Sí, señor Presidente, solamente quería preguntarle, porque yo también inscribí un punto de Acuerdo, sé que no estaba muy cercano, pero también lo pedí con la petición de la urgente y obvia resolución.

Quiero saber, ¿cuál va a ser el estatus del punto de Acuerdo que presentamos la Senadora Beatriz Zavala y una servidora, señor Presidente?

- El C. Presidente García Cervantes: En el trámite que hemos dado, todos los puntos de Acuerdo que han aceptado que sean turnados de inmediato a las comisiones, así ha sucedido.

Si ustedes están de acuerdo en que se turne, esta Presidencia dará de inmediato el turno a la comisión correspondiente.

Pero como está solicitado de urgente u obvia resolución, la propuesta es que sea en la lista de puntos de Acuerdo de la sesión del jueves el primero que se ponga a consideración de la Asamblea, para ver si se considera de urgente y obvia resolución. Tendríamos que excedernos en la duración de esta sesión para procesarlo el día de hoy.

Las opciones son: que se turne, por indicaciones de quienes la suscriben el día de hoy a comisión, o el jueves, en el primer punto de puntos de Acuerdo, se consulte a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.

- La C. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado: (Desde su escaño)Votamos por la segunda opción, si es usted tan amable, para que se pueda leer el jueves, ya que consideramos que es un punto muy importante que se ha tratado y discutido aquí en Cámara.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: No, al contrario, gracias a usted por la comprensión. Y se instruye a la Secretaría Parlamentaria que se agende en los términos propuestos para que la Asamblea conozca de la solicitud de urgente y obvia resolución.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Jiménez Rumbo, para referirse al tema señalado.

- El C. Senador David Jiménez Rumbo: Con su permiso, señor Presidente; distinguidas Senadoras y Senadores:

Como fue del conocimiento público, el pasado 20 de agosto del presente año fue asesinado -de forma artera y cobarde- un hombre que dedicara su vida a la lucha de las causas sociales más sentidas y a la defensa de las instituciones en este país. Su trayectoria así lo demuestra:

Servidor Público en la Administración Pública Estatal y Federal.

Distinguido colaborador en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Integrante de la Cámara de Diputados.

Legislador también en esta Cámara de Senadores.

Ex Secretario General de Gobierno de Guerrero, y el día que perdió la vida el Diputado Armando Chavarría Barrera, era el Presidente de la Comisión de Gobierno en el estado.

La forma violenta de su muerte es contradictoria con su ejemplo de vida.

Armando Chavarría fue -sin lugar a dudas- un hombre de conciliación y concordia, que creía que la política era el medio para resolver los conflictos, y era la forma de mejorar la situación de México y de Guerrero.

Con la muerte injustificable del ex Senador y Diputado, en ese día, Armando Chavarría Barrera, el estado de Guerrero perdió a un hombre espléndido en el trato político y personal, quien a lo largo de tres décadas supo trazar vínculos con todas las fuerzas políticas del país y, sin lugar a dudas, eso en el bien de nuestra República Mexicana.

México ha perdido, pues, al invaluable servidor público, y personalmente he perdido a un maestro admirado.

Por desgracia, el asesinato cometido en contra del ex Senador Armando Chavarría, desnuda nuestra situación en materia de seguridad pública, nadie está a salvo, todos estamos expuestos ante la delincuencia desbordada.

Está claro que el crimen cometido en contra del entonces Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, debe ser considerado de índole político, pues el atentado a su vida, fue un abierto desafío a los poderes de la nación y una afrenta directa a las instituciones del país.

Compañeros Senadores: Nadie puede pasar por alto, que el entonces Diputado Armando Chavarría Barrera, no sólo representaba la soberanía de un poder público, del Poder Legislativo, sino que además era el más claro precandidato del PRD a la gubernatura de Guerrero.

Por ello, también queda claro, que quienes planearon y ejecutaron su muerte, tuvieron la clara intención de convulsionar al sistema político y dañar al frágil equilibrio social que se vive en la entidad suriana, crispada por las notorias desigualdades sociales y económicas, la ancestral pobreza, el rezago político y social y la crisis económica que azota a todo el país, y en particular los estados más pobres.

Debe de entenderse, que la gravedad de la muerte del ex Senador Armando Chavarría, no sólo se magnifica por la trascendencia política, sino porque su crimen pone en zozobra a la ciudadanía, que percibe la impunidad, que percibe a la impunidad como un elemento cotidiano y ahora sin distingos; porque a 20 días de su muerte, no hay pista alguna, no hay ni siquiera procuradores que hayan renunciado, es decir, como en los viejos tiempos, en Guerrero sigue sin pasar nada.

El esclarecimiento del crimen político cometido en contra del ex Diputado Armando Chavarría, debe ser una tarea de todos.

Por ello, me he permitido, con apoyo en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General, y con la firma de varios Senadores, que ya está entregada, proponer la creación de una comisión que dé seguimiento a la investigación del homicidio del ex Presidente del Congreso Local del Estado de Guerrero; cuyos objetivos serán, vigilar que las actuaciones que realicen los órganos de procuración de justicia, involucrados en las pesquisas, el local y el federal, se ajusten conforme a derecho de forma eficiente y objetiva, hasta el total esclarecimiento y establecer un vínculo de colaboración entre esta Soberanía, informando de esos resultados.

Por último, y con todo respeto a esta Soberanía, me permito, a nombre de la familia Chavarría Obeso, agradecer las muestras que ha habido en el Congreso de la Unión, de solidaridad y apoyo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR UNA COMISION DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DEL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO DE LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIPUTADO ARMANDO CHAVARRIA BARRERA

Los suscritos, legisladoras y legisladores ante el H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 82, inciso c) y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El pasado 20 de agosto, fue asesinado el Presidente de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero, Diputado Armando Chavarría Barrera, lo cual se constituye en un grave acontecimiento que genera rasgos de desestabilización en un estado de la República de por sí impactado por la violencia criminal que se vive en importantes zonas del país.

2. El asesinato de Armando Chavarría Barrera, es el primer asesinato cometido contra el presidente de Congreso local en todo el país, y se suma a los de ex diputados o ex alcaldes, Diputados en funciones o alcaldes en funciones y candidatos a diputados o alcaldes, que se han perpetrado en los últimos años en el estado de Guerrero y otros estados de la República. Sin embargo, es de todos reconocido, que este crimen “escaló el nivel” de agresión a las instituciones políticas de Guerrero y del país.

3. Se han iniciado ya las investigaciones por parte de las autoridades ministeriales estatales y federales correspondientes. Ha sido un clamor ciudadano y de los distintos actores y sectores políticos del estado y del país que no se descarte ninguna línea de investigación que conduzca al esclarecimiento del homicidio y a la detención de los responsables materiales e intelectuales, si los hubiera, de este asesinato.

4. Al ser el Diputado Armando Chavarría Barrera, no sólo el presidente del Congreso estatal, sino uno de los más notables dirigentes políticos del estado e importante pre candidato a la gubernatura del mismo y dada la gravedad del asesinato mismo que cimbró las conciencias nacionales y estatales por su trascendencia política, consideramos que este Senado, del cual el diputado formó parte durante las LVIII y LIX Legislaturas, debe acompañar el proceso de esclarecimiento de su asesinato a través de la conformación de una Comisión de Seguimiento a las Investigaciones Judiciales del Asesinato del Presidente de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, que exprese la preocupación de este Senado por la estabilidad política y social en el estado de Guerrero.

5. Proponemos que la Comisión referida con anterioridad esté conformada por la pluralidad de la representación política del Senado y que la duración de su encargo esté limitada por la temporalidad misma del proceso de investigaciones ministeriales que están llevando a cabo las autoridades estatales y federales correspondientes, y hasta en tanto, se ponga a disposición de autoridad judicial a quienes, de acuerdo con estas indagaciones, resulten presuntos responsables materiales y/o intelectuales de la comisión de los delitos que condujeron al crimen de Armando Chavarría Barrera.

6. La Comisión que proponemos deberá ser aprobada por la Junta de Coordinación Política, a quienes por ley les corresponde “... a través de la Mesa Directiva, la integración de comisiones...” según el carácter que establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y entre otras funciones, proponemos:

a) Contactar a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Guerrero para coordinar con éstas las acciones que coadyuven al avance de las investigaciones;

b) Contactar con las autoridades ministeriales estatales y federales con el objetivo de conocer del avance de las investigaciones a través de los Informes que les proporcionen;

c) Reunirse con los actores y sectores políticos y sociales del estado para propiciar la confianza y colaboración de los mismos con las autoridades investigadoras correspondientes;

d) Las demás que determinen sus integrantes.

Por lo antes expuesto, las y los suscritos sometemos a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

UNICO. El Senado integra la Comisión de Seguimiento a las Investigaciones Judiciales del Asesinato del Presidente de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, Diputado Armando Chavarría Barrera.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Sen. David Jiménez Rumbo”.

- El C. Presidente García Cervantes: Al contrario, Senador Jiménez Rumbo.

Esta Mesa Directiva, reitera su solidaridad con la familia del Diputado Armando Chavarría Barrera; su exigencia en contra de la impunidad de éste y de cualquier otro crimen, pero en particular de éste, por sus connotaciones políticas.

Y se turna, como se ha solicitado, a la Junta de Coordinación Política.

Compañeras y compañeros, se ha recibido de los Senadores Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García, Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y José Guadarrama Márquez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo con relación a la construcción de la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, el cual se turna a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.

PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO DE MANZANILLO, COLIMA

“Los suscritos, Senadores Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo,Jesús Garibay García, Rubén Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, José Guadarrama Márquez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACION A LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO DE MANZANILLO, COLIMA, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los humedales son sistemas dinámicos que cambian sin cesar en forma natural como resultado del aporte de sedimentos de las áreas adyacentes, de la subsidencia -hundimiento del fondo- del clima extremo y, en el caso de los costeros, del incremento del nivel del mar; todo esto acelerado por las actividades humanas.

Anteriormente, los humedales eran considerados tierras inútiles, lugares inhóspitos y sin valor económico. Ello condujo a su mal manejo, azolvamiento, rellenado, modificación de su circulación, e incluso desaparición. No fue sino hasta hace pocos años que se empezó a darles atención por su valor ecológico y a pensar en su conservación.

Se ha estimado que a nivel mundial los humedales cubren una extensión de 7 a 9 millones de kilómetros cuadrados; sin embargo, diariamente disminuye esta superficie por las necesidades humanas de espacio y recursos. Existe actualmente un elevado número de países que han adoptado la política de poner coto a la destrucción y degradación de los humedales, reconociendo que deben utilizarse en forma sostenible con tendencia a la conservación.

México poseía apenas el 0.6% de total mundial de humedales, o sea unas 3,318,500 hectáreas, de las que 1,567,000 ha eran estuarinas costerasy 1,280,782 hectáreas continentales, ello sin tomar en cuenta áreas como manglares, ribereñas, arrecifales y artificiales. Sin embargo, por diversas razones ligadas al desarrollo la tendencia fue a su desaparición. Se estima que hemos perdido al menos 35% de los manglares.

Hay que resaltar que los humedales proporcionan gran variedad de bienes, servicios y funciones, tales como: mantenimiento de procesos naturales, biodiversidad en flora y fauna, y agua y recursos para la sociedad. Son buenos ambientes para la captura de bióxido de carbono que influye en el efecto invernadero. Infiltran y recargan los mantos freáticos, protegen contra fenómenos naturales y estabilizan el microclima local.

En el caso de los costeros, reducen el impacto de las olas, corrientes marinas, e incluso huracanes. Ayudan a controlar las inundaciones y aportan recursos pesqueros, madera, y sedimentos ricos en materia orgánica para la agricultura. Por su capacidad de filtrar y absorber contaminantes, se les considera los “riñones” de la tierra.

Gran parte de los desarrollos turísticos utilizan a los humedales como principal atractivo.

Dado que México está inscrito en la Convención Ramsar1 para sitios de humedales de importancia internacional, ello implica respetar y aplicar normas, políticas y actividades de conservación, y dentro de este compromiso el país debe formular planes de uso racional de los humedales.

Sin embargo, y pese a todo ello, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sigue otorgando permisos para deforestar estos manglares pese a que el Instituto Nacional de Ecología alerta que para 2050 tendremos sólo la mitad de los manglares que tenemos ahora. Actualmente tenemos aproximadamente 655 mil hectáreas, de las cuales estamos perdiendo 2.5 por ciento anual.

Y es que ahora, con la construcción de una Terminal de Gas Natural Licuado o regasificadora en los humedales de la Laguna de Coyutlán, Colima, se pone en riesgo un humedal con implicaciones desastrosas.

Al respecto, hay que precisar que la laguna de Cuyutlán representa el 90% de los humedales del estado de Colima, es el cuarto humedal costero más grande del país y el más grande en una distancia de las Marismas Nacionales en Nayarit hasta el centro de Guerrero. Según el último inventario de la Comisión Nacional de Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad (CONABIO), cuenta con 1,500 hectáreas de manglar que representan el 23% de los manglares de Jalisco, Colima y Michoacán y fue propuesta para ser considerada como Región Prioritaria de Manglares. De acuerdo a la misma CONABIO está registrada como una Región Marina Prioritaria, una Región Hidrológica Prioritaria y una Región Prioritaria para la Investigación Biológica, así mismo es una zona prioritaria de conservación de aves migratorias que vienen desde Estados Unidos y Canadá.

Incluso, el Atlas Mexicano de Aves Playeras derivado del Acuerdo Tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México, resuelve que la Laguna de Cuyutlán es el segundo sitio más importante de 98 incluidos en el monitoreo realizado en la mitad sureña de la costa mexicana y se ubica en el primer lugar en cuanto al número de Candelero Americano, himantopus mexicanus, y el cuarto lugar en el número de Avoceto Americano, recurvirostra americanus. Asimismo, es el único humedal costero grande en una distancia de aproximadamente 1,150 km desde las marismas nacionales en Nayarit hasta el centro de Guerrero.

No obstante de esta riqueza natural, se está construyendo una regasificadoraen los humedales de la Laguna de Cuyutlán.

Y esta situación se agrava por la destrucción de 98.05 hectáreas de humedales entre ellas 30 hectáreas de manglares en la Laguna de San Pedritoa causa de las obras de ampliación del puerto de Manzanillo, Colima, en las que solo se trata de beneficiar a las empresas Stevedoring Services of America (SSA) y a la compañía Mexicana de Dragados (Dragamex), proyecto impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este sentido, la Laguna de Cuyutlán -el principal humedal costero del estado de Colima, y punto estratégico a nivel local, regional y mundial, para la conservación de la biodiversidad- se encuentra bajo la inminente amenaza de ecocidio.

Recordemos que el 15 de julio del2008 el titular del Ejecutivo Federal, junto con el gobernador de la entidad, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, el entonces Presidente Municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, así como directivos del consorcio Terminal KMS de GNL, S. de R. L. de C. V, anunciaron el inició de las obras de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM).

Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dicha Terminal permitirá el manejo de hasta 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado a partir de 2011 y durante 20 años, con lo cual se garantiza el abasto de este combustible para la generación eléctrica.

En aquél entonces, la Presidencia de la República indicó que la terminal de almacenamiento y regasificación de Manzanillo es un proyecto estratégico con unainversión de 700 millones de dólares y la creación de 1,500 empleos.

Por su parte, CFE resaltó que el proyecto de la Terminal forma parte del Plan Nacional de Infraestructura yes una pieza clave para garantizar el servicio eléctrico a largo plazo en el occidente del país, ya que el proyecto permitirá el abasto de gas natural a futuro para las centrales eléctricas de la zona y para las que se construirán más adelante, lo que brinda la seguridad de disponer del suministro de este energético para garantizar la generación de electricidad en la región.

Según la CFE, el gas natural que se almacenará y regasificará en la planta será suministrado desde Perú en una cantidad de 500 millones de pies cúbicos diarios a partir de 2011, con un precio contratado entre los más bajos del mundo, lo que representará para la CFE un ahorro de 230 millones de dólares anuales.

La Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM)es un proyecto de infraestructura que consta de varios proyectos: el servicio de compra de gas natural licuado entregado en puerto; el puerto para los buques tanque; la terminal de regasificación; la conversión y repotenciación de la termoeléctrica de Manzanillo; el desarrollo del gasoducto Manzanillo-Guadalajara, que se licitará próximamente; la construcción de dos nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado en Guadalajara; y la red eléctrica asociada.

Dicha Regasificadora está siendo construida por el consorcio Terminal KMS de GNL, integrado por las empresas Mitsui, KOGAS y Samsung, que ganó la licitación pública internacional respectiva.

En el momento del inicio de la obras de la regasificadora, la CFE afirmó que “el proyecto tendrá diversos beneficios para el medio ambiente de la región, ya que permitirá una operación más limpia que se traducirá en la mejora sustancial de la calidad del aire en la zona de Manzanillo y, con ello, mejores condiciones para potenciar la industria turística local. Asimismo, se desarrollarán diversos proyectos asociados con el fin de contribuir a preservar y mejorar el medio ambiente en beneficio de la comunidad,enfocados al rescate, preservación y reforestación del mangle blanco y rojo de la Laguna de Cuyutlán, que permitirá la preservación y mejoramiento de la biodiversidad de este cuerpo de agua”.

Sin embargo, la CFE admitió desde un inicio del proyectoque existen riesgos en el proyecto de la terminal.

Y es que desde 2007, en el Estudio de Riesgo Ambiental entregado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la paraestatal mencionó que hay dos eventos de riesgo producidos en la planta de almacenamiento de gas LP perteneciente a la empresa Zeta Gas del Pacífico S.A. de C.V. que pueden dañar las instalaciones del proyecto, hasta el canal de Tepalcates.

Entre los probables daños considerados se encuentra el hecho de que el gasoducto puede sufrir una “desalineación, fractura o cambios forzados de dirección”, aunque en el estudio no se menciona la probable afectación a los vaporizadores o a los tanques de almacenamiento.

Ante ello, la Semarnat, solicitó a la CFE describir los daños que se puedan presentar en las instalaciones del proyecto de la TGNL derivados de los eventos en la planta de Zeta Gas del Pacífico y viceversa, así como las consecuencias de los eventos resultantes.

Lo más grave del asunto, es que pese a la violación a las disposiciones ambientales que protegen a los manglares,la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de Regasificadora en la laguna de Cuyutlán, Colima, con lo que alrededor de mil 500 hectáreas de esa vegetación están en peligro, así como especies endémicas en riesgo de extinción.

Asimismo, la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la Regasificadora, se autorizó en medio de irregularidades, como la adecuación del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán para que ese plan pudiera realizarse. Por ejemplo, la MIA no consideró la NOM 022 Semarnat que establece las especificaciones para la preservación, conservacióny restauración de humedales costeros y zona manglar.

De este modo se vulneró el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la tala de manglar, el relleno y la modificación del flujo hidrológico en zonas de manglar

Lamentablemente, para que la Semarnat aprobara este plan, el gobierno estatal de Colima modificó, sin sustento técnico jurídico, el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán para que se cambiara el uso de suelo con políticas de conservación a industrial de alto impacto y riesgo.

Así, el proyecto plantea la destrucción de ocho hectáreas de manglar, aunque las mil 500 hectáreas de esa vegetación en Cuyutlán están en riesgo con la apertura del canal de Tepalcates a 400 m de ancho y un dragado de 16 m de profundidad para la operación de esa planta y la termoeléctrica que ya funciona en la misma laguna. En la zona anidan tres especies de tortugas marinas y se encuentran especies en peligro como las iguanas verdes y negras, cocodrilos y aves migratorias todos enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2001.

La justificación que dan tanto la CFE como las autoridades municipales, estatales y federales es que este proyecto traerá grandes beneficios ambientales para la Laguna. Sin embargo la SEMARNAT no cuenta con los estudios necesarios para garantizar que no habrá daño al ecosistema y hace caso omiso de las opiniones de investigadores expertos que han trabajado en la zona y afirman que el daño será irreversible

Hay que advertir que la Regasificadora se encuentra sobre nueve unidades de gestión ambiental en las que sólo se permiten actividades de turismo de bajo impacto, pecuario, acuacultura y agricultura, además de que en la mayoría de ellas se establecen políticas de protección, conservación y restauración por la existencia en algunos casos de dunas costeras y sitios de desove de tortugas marinas.

Además dentro de las prohibiciones que marca el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán se encuentran, entre otras, deforestar, destruir, desecar o rellenar humedales, manglares, esteros o pantanos; modificar la línea de costa o modificar de alguna forma playas arenosas o rocosas y dunas costeras; realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas, sin antes haber realizado estudios técnicos pertinentes, así como instalar plataformas o infraestructura de cualquier otra índole.

Ante ello, desde entonces grupos ecologistas se han opuesto a la construcción de la Regasificadora.

Así, el 24 de mayo de 2007, Bios Iguana A.C. junto con residentes de Manzanillo, interpusieronun recurso de nulidad del Decreto por el que se reforma el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán, publicado en el Periódico Oficial “El Estado del Colima”, el día 3 de mayo de 2007 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colima, ya que fue modificado por el gobernador Silverio Cavazos Ceballos con la intención de beneficiar a la Regasificadora, sin contar con una justificación técnica ni jurídica para ello.

Sin embargo, ya han pasado más de dos años sin que dicho tribunal emita sentencia. La dilación procesal de dicho órgano jurisdiccional incumple con el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita y retraza el proceso de acudir a instancias superiores mientras el daño causado al ecosistema lagunar avanza.

Actualmente en el tribunal se nombró a un perito en discordia, con el fin de que el Tribunal Contencioso pueda emitir una resolución, ya que los peritajes de las partes demandadas y demandantes discreparon con relación al cambio de uso de suelo para la Regasificadora”.

De esta forma, el gobierno municipal, con la anuencia del gobierno de la entidad, modificó de manera ilegal el Programa de Desarrollo Urbano y posteriormente el gobierno del estado modificó, también ilegalmente, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial que regulaba los usos de suelo con políticas de protección, conservación y restauración, decretado en 2003, a un año y medio de su aprobación, fue modificado sin ningún sustento técnico ni jurídico, quedando como uso industrial de alto impacto y riesgo, para beneficiar a la CFE en la instalación de la Regasificadora y la potencial instalación del Puerto II de Manzanillo; de lo que resultará un proceso de impactos acumulativos que deterioraránirreversiblemente la totalidad del humedal costero

Debo agregar finalmente que, Bios Iguana A.C., organización ambientalista de la entidad,emprendió acciones legales para evitar el deterioro medioambiental y el ecocidio de la región, para lo cual ha interpuesto: a) Juicio de Nulidad de la Modificación al Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlan (OETSLC), ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado; b) Demandas penales contra 2 cabildos del Ayutamiento de Manzanillo (26 autoridades incluyendo 2 presidentes municipales) ante la PGJE por la modificación al Programa de Desarrollo Urbano para beneficiar los 2 proyectos Z Gas y Regasificadora; c) Demanda penal contra Gobernador del Estado y tres funcionarios mas por la modificación al OETSLC ante la Procuraduría General del Estado; d) Amparo por laautorización del proyecto Regasificadora; e) Recursos de Revision de las Autorizaciones de los proyectos Z Gas del Pacifico y Regasificadora ante la SEMARNAT; f) Amparo por silencio de la SEMARNAT a los recursos de revisión; g) Amparo por inicio de construcción de la Regasificadora(primera piedra puesta por el Presidente de la República; h) Amparo contra la PGJE por no iniciar la averiguación contra el gobernador del estado y otros funcionarios a un añode haberse interpuesto; i) Denuncias penales contra ocho autoridades federales por la autorización del proyecto TGNLM, ante la PGR por delitos ambientales y delitos de los servidores públicos; j) Denuncias contra seis autoridades federales ante la Secretaría de la Función Pública; k) Denuncia ante la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte, y l) Denuncias penales ante la PGJE contra autoridades federales, la CFE y la empresa KMS, la Subprocuradora Jurídica de Profepa, Directivos de la Semarnat por relleno de la laguna.

Debo advertir que los recursos administrativos y jurisdiccionales interpuestos aún no se resuelven por la autoridad competente. Algunos de los recursos tienen más de cuatro años de presentación.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República acuerda:

a) Exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que ordene la interrupción de las obras de construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado de Manzanillo, Colima, en tanto se resuelven de manera definitiva los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que se han iniciado con motivo de la afectación medioambiental en la zona de Subcuenca Laguna de Cuyutlán de Manzanillo, Colima.

b) Solicitar a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, remitan a esta Soberanía información completa y pormenorizada sobre la afectación, así comolas acciones de mitigación, de carácter medioambiental a la región de la Laguna de Cuyutlán, a causa de la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado de Manzanillo, Colima.

b) Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inicie una investigación por la presunta violación de los derechos humanos de los habitantes de la región que incluye la Subcuenca de la laguna de Cuyutlán, al alterarse considerablemente el sistema ecológico y dañar gravemente el medio ambiente, así como el desplazamiento de cientos de familias de pescadores y salineros que dependen de la Laguna, a causa de la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado de Manzanillo, Colima.

c) Exhortar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colima, para que de conformidad a lo que prescribe el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita de la justicia, resuelva el recurso de nulidad del Decreto por el que se reforma el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de Laguna de Cuyutlán, interpuesto en tal órgano jurisdiccional, el 3 de mayo de 2007.

e) Integrar una Subcomisión en el seno de la Comisión de Medio Ambiente para que visite la zona, conozca sobre las preocupaciones y quejas de la sociedad civil y dé seguimiento a las obras de la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado de Manzanillo, Colima, a efecto de conocer el impacto ambiental de la región por dicha obra.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Carlos Sotelo García.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Jesús Garibay García.- Sen. Rubén Velázquez López.- Sen. José Luis Máximo García Zalvidea.- Sen. José Guadarrama Márquez”.

También se recibió una solicitud de excitativa del Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, en relación con el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


1 El Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Actualmente cuenta con 123 Partes Contratantes (Estados miembros) en todo el mundo.

Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales).






EXCITATIVA

“C. Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Presente.

El suscrito, Pablo Gómez Álvarez, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, inciso c), 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción décimo sexta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El miércoles 14 de septiembre de 2006, el Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de Senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios presentaron ante el pleno de la H. Cámara de Senadores el proyecto de Decreto que adiciona al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la misma fecha se remitió el proyecto de Decreto anteriormente aludido, turnándose a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

CONSIDERACIONES

La propuesta en comento advierte la necesidad social de contar con un marco jurídico moderno que dote a la sociedad de mejores y mayores herramientas para un adecuado ejercicio democrático y que a su vez consolide la soberanía como un instrumento inherente al pueblo. De esta forma, se podrían garantizar nuevos causes legales para resolver conflictos políticos sumamente complejos, mediante la legítima toma de decisiones por parte del pueblo.

La vía que se propone es conocida como plebiscito revocatorio, figura según la cual se reconoce una potestad soberana de decisión para destituir a un funcionario público de un cargo de elección con anterioridad a la expiración del período para el cual fue nombrado y que iguala en importancia a la del ejercicio del voto.

Este mecanismo por lo tanto se propuso para que por petición popular se pueda llevar a cabo una consulta -plebiscito- capaz de revocar el mandato del Presidente de la República, los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, podrá ser operado después de dos años de ejercicio del mandato y antes de que se cumplan los tres años, es decir, la mitad del ejercicio constitucional. De esta manera, los ciudadanos podrían tener una idea precisa de la gestión del titular del Poder Ejecutivo y votar según los resultados.

Cabe mencionar que dicha propuesta surgió como resultado del compromiso social que el Senado de la República adquirió en los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, en el marco de la Reforma del Estado.

Es esencial entonces que resolvamos nuevos causes políticos que le permitan al pueblo limitar el poder a gobernantes que no han respondido de manera congruente a la gran responsabilidad que mediante el voto, les fue confiada. Por ello, solicito que se presente el dictamen correspondiente a fin de que el plebiscito revocatorio se convierta en una herramienta útil para el desarrollo de la democracia y para que los gobernantes tengan siempre presente que su elección no es una autorización para seis años sino un compromiso con el pueblo.

Señor Presidente; por lo antes expuesto el que suscribe, solicito de la manera más atenta de trámite a la siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO: Que en uso de la facultad que le confiere el artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 21, fracción décimo sexta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, Presidente de esta Cámara, instruya a dar seguimiento a los trabajos de estas Comisiones para efectos de concretar los objetivos previstos por este proyecto y se pueda contar en lo inmediato con el dictamen de la iniciativa que adiciona al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Câmara de Senadores, a 8 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Pablo Gómez Alvarez”.

Esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, a fin de que en los términos del artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso, presenten el dictamen correspondiente al asunto descrito.

Compañeras y compañeros legisladores…

- El C. Senador Carlos Sotelo García: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Senador Carlos Sotelo. Sonido en su escaño, por favor.

- El C. Senador Carlos Sotelo García: (Desde su escaño) Sí, respecto a mi punto de Acuerdo que yo consentí que fue turnado directamente a comisiones, he escuchado que se turna a la Comisión de Energía, éste es un planteamiento sustantivamente de carácter ambiental, de daño ambiental a los ecosistemas, por lo tanto, solicito que aparte de Energía, también se turne a la Comisión de Medio Ambiente.

- El C. Presidente García Cervantes: Con mucho gusto se obsequia su solicitud.

Se toma nota, y se agrega el turno a la Comisión de Medio Ambiente.

Compañeras y compañeros, las proposiciones que han quedado sin desahogo en esta sesión, formarán parte de la agenda del próximo jueves en el orden en que han sido inscritas y con la solicitud que las que se solicitan de urgente y obvia resolución el día de hoy, son las primeras en tramitarse en la agenda de la próxima sesión.

Igualmente, compañeras y compañeros, les recuerdo que la próxima sesión tendrá en su agenda política el análisis y consideraciones de unas empresas, si no es que la más importante de nuestro país, me refiero a la situación y consideraciones sobre el desarrollo de PEMEX.

Por lo tanto, agradeciendo la colaboración de todas y todos ustedes para la conducción de la sesión del día de hoy, sólo me queda reiterar nuestra súplica, de que podamos iniciar lo más cercano a las 11:00 de la mañana, que sea posible para desahogar nuestra agenda política al tenor de la una de la tarde, y desahogar las iniciativas y los puntos de Acuerdo.

Ruego a la Secretaría dé lectura al Orden del Día de la siguiente sesión.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

- El C. Presidente García Cervantes: Señor Secretario, si me permite.

Compañeras y compañeros, ha llegado a esta Presidencia la noticia de que viene en camino un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

En virtud de que, es la función de la Junta de Coordinación Política concertar los acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, me gustaría, con el apoyo de ustedes, obsequiar la solicitud de la Junta de Coordinación Política para que esta Asamblea conozca, en esta misma sesión, el contenido de dicho Acuerdo y sea la Asamblea la que pueda resolver en los términos adecuados.

Si tiene la Secretaría ya la proposición de la Junta de Coordinación Política. Bueno, como viene el secretario técnico y viene verdaderamente hecho una gacela, querrá decir que no nos tardaremos mucho en tenerlo, y entonces antes de dictar cualquier otro trámite, aprovecho el tiempo para reiterar el agradecimiento de esta Mesa Directiva por la comprensión, consideración y solidaridad de todos los miembros de esta Asamblea, tanto por su puntualidad, que hoy no fue tan eficiente el inicio, pero en el uso de la tribuna el comportamiento fue ejemplar de todos quienes hicieron y dieron contenido a esta Asamblea.

La Senadora María Teresa Ortuño está solicitando, para hacer tiempo, el uso de la palabra desde su escaño.

- La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: (Desde su escaño) Quiero simplemente, señor Presidente, decir que creo que a todos los miembros de esta Asamblea, nos enorgullece verle nuevamente como Presidente, en esta que es la primera sesión que le corresponde dirigir.

Muchas gracias.

- El C. Presidente García Cervantes: Fue muy ingenioso el consumo del tiempo de la Senadora María Teresa Ortuño. ¿Estamos listos? Ha llegado el punto de Acuerdo, y solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política en relación con la integración de comisiones.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Rivera Pérez: Doy lectura al Acuerdo.

“México, D.F., a 8 de septiembre de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA

Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 inciso c) de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa al Senador Fernando Elizondo Barragán, como Secretario de la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución del Senador Luis David Ortiz Salinas.

SEGUNDO.- Se integra a la Comisión de Derechos Humanos como miembro de la misma, el Senador Sergio Alvarez Mata en sustitución de la Senadora Martha Leticia Rivera Cisneros.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente y Coordinador del grupo parlamentario del PAN.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI.- Sen. Calos Navarrete Ruiz,Coordinador del grupo parlamentario del PRD.- Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador del grupo parlamentario del PVEM.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Coordinador del grupo parlamentario del PT.- Sen. Santiago Creel Miranda,grupo parlamentario del PAN.- Sen. Humberto Aguilar Coronado, grupo parlamentario del PAN.- Sen. Melquiades Morales Flores, grupo parlamentario del PRI”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Muchas gracias, señor Secretario. Como no hay oradores en este punto de Acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo leído.

- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo al que se le ha dado lectura. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente García Cervantes: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Se reitera a todos los miembros de esta Asamblea la invitación al Foro, muy importante, verdaderamente trascendente, el Foro Una Banca de Desarrollo para el Crecimiento Económico y la Generación de Empleo, organizado por el Comité de Competitividad, a celebrarse el día 9 de los corrientes.






CITA

Agotados los asuntos en cartera, se cita a la próxima sesión el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 horas.

Gracias a todos.

(Se levantó la sesión a las 15:25 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO




















PROPUESTAS

- De la C. Senadora María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se instruya a la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Perla Patricia Bustamante Corona, atienda a la brevedad e informe a esta Soberanía, sobre la queja ciudadana relativa a la discriminación de la que son objetos niños con discapacidad en las instalaciones del parque Plaza Sésamo, ubicado en Monterrey, Nuevo León; donde, al restringir el acceso a las actividades recreativas ubicadas en esta empresa privada, se incurre en violaciones a los derechos fundamentales, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como violaciones a diversos instrumentos internacionales en la materia.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo para que el próximo 27 de enero de 2010, el Senado sea la sede del “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”.



- Del C. Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se lleve a cabo la ubicación del estado de Campeche en el área Geográfica “A”, con el objeto de igualarlo con otros estados petroleros del país.



- Del C. Senador Luis Alberto Villarreal García, a nombre propio y del C. Senador Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar diversas acciones a favor de los agricultores guanajuatenses. Intervienen al respecto los CC. Senadores Luis Alberto Villareal García, Silvano Aureoles Conejo, quien presenta propuestas de adición que se aceptan, y Fermín Trujillo Fuentes. Se aprueba.



- Del C. Senador Lázaro Mazón Alonso, a nombre propio y de los CC. Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero a gestionar una partida emergente que compense los recortes al gasto público de los municipios, que funcione con reglas similares al Ramo 28. Intervienen al respecto los CC. Senadores Lázaro Mazón Alonso, Ramón Galindo Noriega, Ricardo Monreal Avila y Fermín Trujillo Fuentes. Se aprueba.



- De la C. Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastre para los municipios afectados por las inundaciones acontecidas en el Estado de México. Interviene al respecto la C. Senadora Adriana González Carrillo y Fermín Trujillo Fuentes. Se aprueba.



- De la C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como zona de desastre diversos municipios del estado de Sonora, afectados por la tormenta tropical “Jimena”, y le sean asignados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el auxilio de la población y de las actividades económicas que resultaron perjudicadas. Interviene al respecto la C. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola y Fermín Trujillo Fuentes. Se aprueba.



- Del C. Senador David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo para crear una comisión de seguimiento a las investigaciones del asesinato del Presidente de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, Diputado Armando Chavarría Barrera.



- De los CC. Senadores Carlos Sotelo García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García, Rubén Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y José Guadarrama Márquez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo con relación a la construcción de la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Manzanillo, Colima.




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