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Diario de los Debates


DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LXI Legislatura AÑO I Primer Periodo Ordinario Sesión Núm. 2

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Septiembre de 2009



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUIZ

APERTURA

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: (11:24 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores y las señoras Senadoras para conocer si existe el quórum reglamentario.

Aceves del Olmo Carlos, Aguirre Rivero Angel, Alonso Díaz Caneja Angel, Anaya Llamas Guillermo, Andrade Quezada Humberto, Arce Islas René, Arroyo Vieyra Francisco, Aureoles Conejo Silvano, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Calderón Centeno Sebastián, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Castellón Fonseca Francisco Javier, Castelo Parada Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Contreras Sandoval Eva, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Delgado Blanca Judith, Döring Casar Federico, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Fonz Sáenz Carmen Guadalupe, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo, García Quiroz María del Socorro, García Zalvidea José Luis Máximo, Garibay García Jesús, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Lázara Nelly, González Carrillo Adriana, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Govea Arcos Eugenio, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyes Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Jiménez Rumbo David, Joaquín Coldwell Pedro, Larios Gaxiola Emma Lucía, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Maldonado Venegas Luis, Martínez Manríquez Irma, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Montenegro Ibarra Gerardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Núñez Jiménez Arturo, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Orantes López María Elena, Orozco Gómez Javier, Ortuño Gurza María Teresa, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía, Pérez Plazola Héctor, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Pérez Adrián, Rojo e Incháustegui María, Rueda Sánchez Rogelio Humberto, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Saro Boardman Ernesto, Serrano Serrano María, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Trujillo Fuentes Fermín, Velasco Coello Manuel, Velázquez López Rubén Fernando, Zapata Perogordo Alejandro, Zavala Peniche María Beatriz, Zoreda Novelo Renán Cleominio.

Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Agundis Arias Francisco, Anaya Gutiérrez Alberto, Berganza Escorza Francisco, Bueno Torio Juan, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Murillo Karam Jesús, Navarrete Ruiz Carlos, Ramírez Núñez Ulises, Villarreal García Luis Alberto, Ybarra de la Garza Rosario.

Senadores en comisión oficial: Dueñas Llerenas Jesús, Moreno Uriegas María de los Angeles, Rodríguez y Pacheco Alfredo.

Senadores con aviso de inasistencia: Aguilar Coronado Marco Humberto (inasistencia justificada), Alvarez Mata Sergio (inasistencia justificada), Baeza Meléndez Fernando (inasistencia justificada), Cortés Mendoza Marko Antonio (inasistencia justificada), Cota Cota Josefina (inasistencia justificada), Dorador Pérez Gavilán Rodolfo (inasistencia justificada), González Alcocer Alejandro (inasistencia justificada), Leal Angulo Augusto César (inasistencia justificada), Menchaca Castellanos Ludivina (inasistencia autorizada), Obregón Espinoza Francisco Javier (inasistencia justificada).

Senadores ausentes: Labastida Ochoa Francisco, Sánchez Anaya Alfonso.

- La C. Secretaria Martha Leticia Sosa Govea: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 113 Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Informo a ustedes, que por Acuerdo de la Mesa Directiva el pase de lista se ha procesado desde los grupos parlamentarios, con las firmas correspondientes, para garantizar que en el recinto del Senado de la República estén presentes la mayoría de sus integrantes; y que en un esfuerzo de convencimiento y de ánimo de empezar a tiempo las sesiones, para desahogar el conjunto de temas, vamos a dar inicio a la sesión y hemos hecho un llamado para que los grupos parlamentarios apuren su presencia en el Pleno.

Por lo tanto, se abre la sesión.

El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA JUNTA PREVIA CELEBRADA
EL LUNES TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE.

PRESIDE EL SENADOR
GUSTAVO MADERO MUÑOZ

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las trece horas con treinta minutos del día lunes treinta y uno de agosto de dos mil nueve, encontrándose presentes ciento quince ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Declaratoria de Apertura)

El Presidente hizo la declaratoria de Apertura de la Junta Previa del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

(Lecturadel Orden del Día)

La Secretaría dio lectura al Orden del Día de la sesión de esta fecha.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Mesa Directiva, Informe de Actividades del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.- Se remitió al Archivo Histórico y Memoria Legislativa de la Cámara de Senadores.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Junta de Coordinación Política, Informe de Actividades del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.- Se remitió al Archivo Histórico y Memoria Legislativa de la Cámara de Senadores.

(Comunicaciones de los Senadores)

Se recibió del Senador Eugenio Govea Arcos, oficio por el que informa de su renuncia al Partido Acción Nacional y se declara Senador de la República sin grupo parlamentario.- Quedó de enterado.

(Elección de Mesa Directiva)

Se procedió a la elección de Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional; resultaron electos los Senadores:

Presidente:

Carlos Navarrete Ruíz

Vicepresidentes:

Francisco Arroyo Vieyra
Ricardo Francisco García Cervantes
Arturo Núñez Jiménez

Secretarios:

Martha Leticia Sosa Govea
Renán Cleominio Zoreda Novelo
Ludivina Menchaca Castellanos
Adrián Rivera Pérez

(Protesta de la Mesa Directiva)

Rindió protesta el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Carlos Navarrete Ruíz, y posteriormente tomó la correspondiente protesta a los vicepresidentes y secretarios de la misma.

PRESIDE EL SENADOR
CARLOS NAVARRETE RUÍZ

(Declaración de instalación)

El Presidente de la Mesa Directiva, declaró la constitución de la Cámara de Senadores para el Primer Año de Ejercicio Constitucional y dirigió un mensaje a la Asamblea.

(Envío de comunicaciones)

La Presidencia instruyó remitir comunicaciones al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las Legislaturas de los Estados para participar de la instalación de la Cámara de Senadores.

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con diez minutos, y citó a sesión de Congreso General el martes 1 de septiembre, a las diecisiete horas, y a la Primera Sesión de Cámara el jueves 3 de septiembre, a las once horas”.

El acta de la Junta Previa se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Orden del Día.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la Junta Previa. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

Hoy en día los dispositivos digitales ocupan un lugar central en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana.

Su presencia ha tenido enormes repercusiones en los campos de la comunicación, el gobierno, la investigación científica y la organización del trabajo.

Es un hecho incontrovertible que el uso de la computadora y el acceso a las redes globales de información está alterando las pautas de comportamiento de los individuos y sus familias, y el funcionamiento de la sociedad, los gobiernos y las empresas.

Estos avances tecnológicos han permeado prácticamente todas las actividades del ser humano y han permitido el desarrollo de la sociedad mediante la sistematización de datos que anteriormente requerían para su consecución de largos periodos y de considerables esfuerzos, ya que tanto las bases de datos como el manejo de los mismos, han adoptado procesos de naturaleza muy expedita que facilitan a los usuarios el envío, manejo, recepción y control de la información que es de su interés.

En México existen muchas instancias, tanto del sector público como del privado, que ya utilizan diversos medios electrónicos, y cuya aplicación ha simplificado por mucho el desarrollo de sus actividades.

Así, es cada vez más frecuente la realización de actos jurídicos y de numerosas negociaciones a través de medios electrónicos, los cuales se han constituido en el mecanismo fundamental para el intercambio de información, no siendo la excepción el ejercicio en la aplicación de políticas públicas.

Uno de estos medios tecnológicos es la llamada firma electrónica, utilizada en cuestiones bancarias, fiscales, comerciales, informáticas, entre otras, con gran aceptación por la seguridad que brinda a los usuarios. La regulación de estos medios electrónicos, se ha realizado conforme ha ido avanzando su utilización.

Por su parte, en el ámbito de la función pública se ha demostrado que la utilización de la firma electrónica ha contado con resultados muy satisfactorios y con altos niveles de eficiencia en el cumplimiento -por parte de los servidores públicos- de la presentación de declaración patrimonial.

En efecto, dicha obligación de los servidores públicos se encuentra señalada por los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, preceptos que refieren la presentación de las declaraciones inicial -para el caso de nuevo ingreso al servicio público-, conclusión -para los servidores públicos que se separan de su cargo- y modificación patrimonial en el mes de mayo de cada año. Para la recepción de dichas declaraciones se puso en funcionamiento desde 2002 el declaraNET. La implementación de dicho sistema, encuentra su antecedente normativo en el Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, a través de medios de comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2002.

Al respecto, es conveniente destacar que desde la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a finales de 1982, el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial se realizaba empleando formatos impresos, que se distribuían por medio de las también entonces 156 Agencias del Ministerio Público Federal en el interior de República, formato que el servidor obligado a presentar la declaración de su situación patrimonial tenía que proceder a su llenado de forma manual en cada uno de sus más de ocho rubros. Cabe destacar que en la mayoría de los casos el formato que obtenían a la fecha de la presentación no se encontraba vigente en su contenido, o bien, no estaba completo ni legible por tratarse de una copia fotostática de mala calidad.

La recepción se realizaba por medio del propio servidor público que acudía personalmente al módulo instalado en la Secretaría, a lo que la mayoría de servidores al no encontrar en su localidad los formatos, tenían que sufragar gastos para desplazarse a la Ciudad de México y obtener un formato de declaración para presentarla en tiempo y forma.

Para mayo de 2002, se impuso la obligación de la presentación de la declaración de situación patrimonial por Internet, utilizando para esto la firma electrónica, que podía obtenerse igualmente a través de la plataforma electrónica, la cual, está compuesta por dos archivos que certifican la autenticidad de la misma, siendo responsabilidad de cada servidor público su custodia y utilización, ya que hace las veces de una firma autógrafa.

El sistema declaraNET representa sin duda, una experiencia exitosa para el Gobierno Federal por lo que respecta a la utilización de una plataforma informática y una firma electrónica.

Cuenta con diversos aspectos positivos, entre los que destacan: a) Tanto la plataforma del proceso de certificación y de la aplicación de declaraNET son de fácil acceso y se encuentran disponibles en una versión amigable, con un lenguaje sencillo las 24 horas del día y los 365 días del año desde cualquier equipo de computo con Internet; b) Permite un gran ahorro monetario al ya no imprimir los casi 300,000 formatos al año en los tipos de declaraciones inicial, conclusión y modificación patrimonial; c) Recibe automáticamente por Internet la declaración patrimonial presentada, permitiendo contar con información personalizada; d) Se tiene siempre disponible la información patrimonial capturada por el servidor público en el sistema de declaraNET para rendir declaraciones futuras teniendo como antecedente la contenida previamente; e) Evita el desplazamiento de los servidores públicos a la Secretaría de la Función Pública para la obtención de un formato de declaración patrimonial vigente.

Por otra parte, pero bajo la misma dinámica de la firma electrónica, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha empleado el mecanismo conocido como "Firma Electrónica Avanzada", que es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.

Por sus características, la firma brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los contribuyentes, Con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar que no haya sido modificado. Este mecanismo ha sido empleado por el SAT para la remisión -en línea- de la declaración fiscal y se tienen prevista su implementación en usos de carácter obligatorio, como los pedimentos aduanales, los dictámenes fiscales, el acceso al expediente integral del contribuyente, los comprobantes fiscales digitales, la inscripción en el padrón de importadores, las devoluciones cuyo importe sea mayor o igual a 10,000 pesos, la inscripción en el padrón de impresores autorizados, entre otros.

Además, se tiene previsto que -en el mediano plazo- la firma electrónica sea empleada en la presentación de solicitud de devolución de impuestos para empresas altamente exportadoras, traspaso de la cuenta de AFORES, registro de constitución de Sociedades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por solo mencionar algunas.

Ambos mecanismos, desde el ámbito del Poder Ejecutivo, representan importantes avances en la perspectiva de gobierno electrónico, el cual, debe permitir a la postre la minimización de trámites, tiempos de espera y reducción de requisitos y la maximización de la transparencia, produciendo además procesos muy ágiles de la interacción entre la autoridad y los gobernados.

Consolidación de una justicia expedita.

Ahora bien, el ámbito de la impartición de justicia, tampoco ha permanecido ajeno a los procesos tecnológicos en el manejo de la información. Por un lado, la sistematización de la información jurídica ha permitido una más amplia difusión de los alcances de las sentencias que conforman tesis y criterios jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales y por otra parte, se ha contado con herramientas que han permitido avanzar hacia una impartición de justicia más expedita.

Nuestra Constitución Política Federal consagra como una garantía individual el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Prueba de ello, es que el propio andamiaje constitucional ha sido reformado en diversas ocasiones, a propósito de garantizar que dicha premisa encuentre las vías institucionales suficientes para que a través de los Tribunales y Juzgados que componen el Poder Judicial de la Federación, la impartición de justicia cuente de manera permanente con tales características.

Una de estas reformas fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal, que como señala el texto del artículo 100 de la propia Constitución, es un órgano con independencia técnica y de gestión que está facultado para expedir aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal.

El Consejo de la Judicatura Federal, se encarga de regular la actividad institucional para orientar las acciones en el cumplimiento de las funciones sustantivas de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales y Juzgados Federales.

En tal sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, han desarrollado estrategias que se traducen en diversos Acuerdos y que permiten preservar el ejercicio del derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial, con lo cual se contribuya al continuo desarrollo de nuestro país.

Cabe destacar que en este rubro, los resultados han sido congruentes con los esfuerzos emprendidos por los órganos jurisdiccionales. Así lo demuestran los contenidos del Informe Anual de Labores 2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en torno a los indicadores de eficiencia y eficacia.

Al respecto, se ha señalado que hasta el 14 de noviembre de 2008 estuvieron en funciones 188 Tribunales Colegiados de Circuito, 75 Tribunales Unitarios de Circuito y 322 Juzgados de Distrito. Es decir, 585 órganos jurisdiccionales federales al servicio de la población, cuya producción se refleja como sigue:

a) Por lo que corresponde a los Juzgados de Distrito, de la carga total de trabajo del periodo (523,486 asuntos) integrada por la suma de los asuntos pendientes de resolución y los ingresos, egresaron 355,904 amparos indirectos (82.9% de la carga total), 45,914 causas penales (75.6% de la carga total), y 21,550 de los juicios federales en materias civil y administrativa (64.1% de la carga total).

Lo anterior representa la resolución de 423,368 asuntos por 322 Jueces de Distrito, lo cual significa un déficit de más de 30 mil asuntos, respecto a los ingresos del año y una existencia actual de más de 100 mil asuntos.

b) En lo que toca a los Tribunales Unitarios del país, del total de la carga de trabajo conformada por 55,202 asuntos, que suman los pendientes y los nuevos ingresos, egresaron 2,901 amparos indirectos (83.2%), 43,448 apelaciones (85.1%) y 634 asuntos diversos (95.9%).

Esto es: 46,983 asuntos entre los 75 Magistrados Unitarios. La existencia actual es de más de ocho mil asuntos.

c) Finalmente, por lo que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, al inicio del año estadístico 2008, contaban con una existencia inicial de 58,132 asuntos, de los cuales 30,612 fueron amparos directos (52.7%), 18,744 amparos en revisión (32.2%), 1,706 quejas (2.9%) y 7,070 asuntos diversos (12.2%).

Además, durante el periodo ingresaron 266,801 asuntos, de los cuales 136,839 fueron amparos directos (51.3%), 74,222 amparos en revisión (27.8%), 16,044 quejas (6%) y 39,696 asuntos diversos (14.9%).

De la sumatoria de los dos rubros anteriores resulta la cifra de 324,933 asuntos, de los cuales fueron resueltos 135,565 amparos directos (81%), 70,907 amparos en revisión (76.3%), 15,944 quejas (89.8%). y 39.411 asuntos diversos.

Lo anterior se traduce en la resolución de 261,827 egresos entre los 188 Tribunales Colegiados. La existencia actual es de más de 63,000 asuntos.

Sin embargo, aunque estas estadísticas son favorables, también es necesario reconocer que aún existen rezagos que deben combatirse y que la dinámica social de nuestro país cada vez demanda mecanismos más ágiles en la impartición de justicia.

Lo anterior, independientemente del impacto en cuanto a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, exige la implementación de mecanismos que permitan la conjugación de fácil acceso de las partes a la consulta y promoción de actuaciones, la consulta de acuerdos de los órganos jurisdiccionales y el ejercicio de diligencias y otras actuaciones.

Los cambios en la demanda de los servicios judiciales obligan a establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional. Es decir, es urgente incidir en mecanismos flexibles que permitan al mismo tiempo dar respuesta a estas nuevas demandas, respetando los principios de la actividad jurisdiccional.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizó en 2003 la “Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”. Los resultados obtenidos fueron concluyentes: Los órganos jurisdiccionales requieren emprender un proceso de modernización en el que se consideren cuando menos:

1. Permitir como instrumentos jurídico-procesales las aplicaciones de mensajes de datos, Firma Electrónica Avanzada y la conservación por medios electrónicos de la información generada, comunicada y archivada mediante medios ópticos, electrónicos o cualquier otra tecnología equivalente.

2. Es urgente la promoción de la conversión de información contenida en papel a medios virtuales, para un manejo de la información más ágil.

3. Analizar la posibilidad de que el correo electrónico pueda utilizarse como medio válido para la remisión de correspondencia oficial entre órganos del Poder Judicial de la Federación.

4. Promover la utilización de la firma electrónica para permitir la consulta de expedientes, tomando como antecedente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se encuentra en operación desde 2001.

Además, otros órganos de impartición de justicia dependientes del Ejecutivo a mi cargo, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, han impulsado ejercicios de naturaleza semejante de los que se derivan propuestas cuyo alcance es congruente a las conclusiones anteriormente descritas.

En este propósito, con fecha 26 de marzo de 2009, se presentó a la consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para incluir la figura del "juicio en línea" que prevé la inclusión de la Firma Electrónica Avanzada, con lo cual se permite la substanciación del juicio contencioso administrativo en forma electrónica a través del Sistema de Justicia en Línea.

A su vez, el Sistema de Justicia en Línea es un sistema informático establecido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tiene por objeto registrar, controlar procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancia ante el mismo. Sobra decir que este mecanismo es muy similar al Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial de la Federación que se encuentra en funcionamiento desde 2001 y que actualmente se encuentra albergado en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal.

El proyecto contempla que la tramitación del juicio será por la vía tradicional, adicionando ahora la posibilidad a las partes de promover de manera electrónica, con el fin de garantizar el acceso a la justicia bajo cualquier mecanismo y atendiendo a las exigencias de la propia impartición de justicia.

Los aspectos positivos de este proyecto permitieron, su pronta discusión y aprobación en ambas Cámaras, prácticamente por unanimidad, permitiendo la incorporación de la figura de juicio en línea en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y publicándose el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de junio.

Por lo anterior, la homologación de los mecanismos con los que cuentan los órganos encargados de la impartición de justicia es una de las preocupaciones primordiales del Ejecutivo a mi cargo, razón adicional por la que se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa.

Inclusión de la Firma Electrónica a través de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Por otra parte, uno de los ejemplos de las nuevas exigencias en torno a la impartición de justicia es el caso del alto número de demandas recibidas con motivos de la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de las recibidas en contra del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU).

Por lo que respecta a la Ley del ISSSTE, durante 2007 se recibieron aproximadamente 169,000 demandas de amparo, mientras que en contra de la aplicación del IETU fue un aproximado de 30,172.

La presentación, seguimiento y desahogo de acciones presentadas, ha determinado la necesidad de inclusión de nuevos mecanismos para la atención de éstas, siendo indispensable el uso de tecnologías de la información para garantizar la expedites a la que nos hemos referido.

Algunas cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos son muy ilustrativas en este rubro: al inicio de 2008, la recepción de demandas se incrementó cuantiosamente en razón de la entrada en vigor del IETU, ya que en el primer semestre le fueron notificados un total de 314,155 documentos.

La presentación masiva de demandas de amparo, como ocurrió en el caso del IETU, provocaron una excesiva aglomeración de documentos, al recibir inicialmente 28,296 demandas, las cuales -en su gran mayoría- constaban de más de 300 hojas, provocando un colapso de los procesos de recepción y atención oportuna, generándose como consecuencia, el aumento de recursos materiales y humanos.

De igual forma, para la Secretaría de Gobernación, los amparos presentados en contra de IETU e ISSSTE, entre otras materias, le ha generado acumulación de grandes cantidades de papel y excesivos gastos en recursos humanos y materiales. Por mencionar sólo un dato, en el transcurso de 2008 recibió un total de 516,148 documentos.

Estas circunstancias originaron que el Consejo de la Judicatura Federal, tomara medidas inmediatas para hacer frente a esa extraordinaria carga de trabajo, para lo cual expidió los siguientes Acuerdos:

a) Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), aprobado el 14 de junio de 2007 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio de 2007.

b) Acuerdo General 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Acuerdo General 15/2008 del propio Pleno, relativo al inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con Residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con jurisdicción en la República Mexicana, para notificar la sentencia y recibir recursos por medio electrónico con utilización de la firma electrónica (FESE), aprobado el 03 de septiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del mismo año.

c) Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se modifican diversas disposiciones al Acuerdo de la propia Comisión, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), aprobado el 25 de septiembre 2008 y publicado en el Diario Oficial el 14 de octubre de 2008.

d) Aclaración al Acuerdo General 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Acuerdo General 15/2008 del propio Pleno, relativo al inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con Residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con jurisdicción en la República Mexicana, para notificar la sentencia y recibir recursos por medio electrónico con utilización de la firma electrónica (FESE), aprobado el 11 de septiembre de 2008 y publicado el 23 de septiembre de ese mismo año.

Por lo que respecta al primer Acuerdo citado, éste implemento la creación de un expediente electrónico, y para su consulta, una firma electrónica.

Dicho documento normativo tiene como antecedente inmediato el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El SISE encuentra su fundamento en diversos Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, algunos vigentes desde 2001, que establecieron la obligatoriedad de su uso como programa de captura y reporte de los datos sobre los movimientos de asuntos del conocimiento de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito; la publicación por Internet de las listas de acuerdos que pueden ser consultadas por el público usuario en la página del Consejo de la Judicatura Federal; el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema relativo a las sentencias relevantes, entre otros.

De esta forma, se instituye la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes como medio controlado de ingreso al sistema para presentar promociones o documentos, así como para consultar acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones oficiales y cualquier otra actuación que forme parte del expediente. La firma electrónica que es otorgada y certificada por los órganos jurisdiccionales, a su vez, es concentrada y controlada por la Unidad para el Control y Certificación de firmas.

Las partes en los juicios, terceros interesados, auxiliares en la administración de justicia o personas autorizadas por los órganos jurisdiccionales que soliciten la asignación de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y realicen la consulta respectiva, aceptan que se les tendrá como sabedoras del contenido de los acuerdos o resoluciones, promociones que legalmente le correspondan, informes previos y justificados, pruebas, dictámenes, inspecciones, diligencias y toda clase de documentos e información relativa al asunto donde sean partes o estén autorizados por el órgano jurisdiccional.

En tal medida, los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales podrán, entre sí y respecto de las personas con Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y de éstas para con aquellos, utilizar el sistema electrónico para remitir y recibir comunicaciones oficiales, promociones y documentos digitalizados relacionados con los expedientes de procedimientos judiciales.

De manera genérica, los demás Acuerdos señalan que el medio electrónico conocido como Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes contiene toda la información de los expedientes en los juicios que conocen los órganos jurisdiccionales, de manera que las partes, los terceros interesados, los auxiliares en la administración de justicia o personas autorizadas por los órganos jurisdiccionales puedan consultar en forma inmediata lo que legalmente les corresponda, y al mismo tiempo, establece los parámetros administrativos para la aplicación del mecanismo.

Los comentarios previos son muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la expedites a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Toda vez que existen experiencias de aplicación muy exitosas desde el ámbito del Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de la firma electrónica y una plena conciencia y permanente labor del Poder Judicial de la Federación en actualizar sus formas de impartición de justicia, se presenta a la consideración del Poder Legislativo Federal la presente iniciativa.

Además, con esta propuesta de reformas y adiciones, se otorgará mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales ya que incorpora al texto de la Ley de Amparo, la regulación del mecanismo de firma electrónica, así como otros temas que coadyuvan en la agilidad del procedimiento y a la participación de las autoridades responsables de promulgación y publicación, en tratándose de amparo contra leyes previsto por la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuidado del Medio ambiente y ahorros para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y para particulares.

Los datos anteriores son muestra significativa del alto índice de notificaciones y diligencias en general que las dependencias de la Administración Pública Federal desahogan a lo largo de la sustanciación del juicio de amparo y de los gastos en insumos que se generaban y se siguen generando en los casos de la no utilización de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes.

Por ello, es claro que la utilización de la firma electrónica, ha contribuido colateralmente a la preservación del medio ambiente y al cuidado de la economía nacional, ya que de acuerdo con datos proporcionados por las propias autoridades, una sola de ellas, la Procuraduría Fiscal de la Federación, con la utilización de la firma electrónica en los asuntos relativos a la Ley del ISSSTE y considerando solamente el universo de la documentación inherente a la rendición de informes previos y justificados, se ahorró $113'269,050 (ciento trece millones doscientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos) en la compra de papel, que significó además salvar 16,990 árboles.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación en el transcurso de 2008, recibió un total aproximado de 516,148 documentos, por lo que sin la utilización de la firma electrónica para la promoción y el desahogo de juicios de amparo, hubiese implicado un significativo incremento en la adquisición de papel, arrendamiento o compra de equipos de impresión y fotocopiado, así como la contratación adicional de personal, particularmente de analistas, auxiliares administrativos y mensajeros, con los incrementos correspondientes a los presupuestos previamente autorizados. Ello, sin mencionar los altos costos que se hubieran generado por concepto de servicios especializados de mensajería y áreas adecuadas para la clasificación y almacenamiento de expedientes.

Estas circunstancias hubiesen generado consecuentemente un indeterminable número de traslados con altos impactos negativos en materia ambiental particularmente en el rubro de emisión de gases contaminantes.

Situación similar ha ocurrido en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Mientras que en 2006, el Senado de la República recibió tan solo 8,202 demandas de amparo, en 2007 este número se incrementó hasta alcanzar el gran total de 37,453 demandas y en 2008 se alcanzó el número de 41,380.

Asimismo, la Cámara de Diputados tuvo un ahorro de aproximadamente 231,744 hojas respecto de la rendición de informes por amparos presentados en contra de la Ley del ISSSTE, mientras que en relación con los asuntos del IETU, se estima que ahorró más de 6 millones de hojas.

Estos datos son contundentes respecto a los ahorros que pueden generarse, así como respecto del impacto benéfico en el medio ambiente. Así, la firma electrónica además de ser una herramienta cuya eficacia ya ha sido plenamente comprobada, disminuye no solamente la inversión de las dependencias para la debida atención de los procesos jurisdiccionales de amparo, sino de igual manera, representa una disminución en los tiempos procesales para la tramitación de los mismos, ya que las notificaciones de acuerdos y resoluciones por parte de los órganos jurisdiccionales pueden realizarse por esta vía.

Por su parte, las autoridades jurisdiccionales en el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2007 al 20 de febrero de 2009 han emitido 562,254 formatos de constancias, así como 537,598 formatos de constancias emitidos para autoridades que cuente con la firma electrónica.

Según estimaciones del propio Consejo de la Judicatura Federal, se calcula que serán notificadas a través de la FESE un total de 20,123 sentencias del IETU.

Estos beneficios, como puede observarse son transversales a todas las partes en el juicio de amparo, incluidos todos los usuarios del sistema de impartición de justicia, ya que la utilización de la firma electrónica no solamente agilizará los trámites, sino que permitirá una comunicación constante entre el juzgador y quienes solicitan el amparo y protección de la justicia de la Unión, sin importar el día, la hora y el lugar, aunado a que los tiempos para la emisión de sentencia se reducen considerablemente.

Además, la inclusión de la firma electrónica en la Ley de Amparo, es congruente con diversos compromisos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país en materia ambiental. Ejemplo de estos son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que impone obligaciones al estado mexicano principalmente en materia de prevención en la emisión de gases contaminantes; el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, entre cuyas obligaciones destaca el correcto uso, destino, transformación y destino del papel, incluyendo los procesos de su elaboración.

Finalmente, el uso de la Firma electrónica coadyuvará a la mejor y más pronta implementación de políticas públicas dirigidas a la conservación y preservación del medio ambiente, particularmente el ahorro y utilización de papel, que ya se encuentra previsto en el Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de septiembre de 2007.

En tal sentido, además de los beneficios jurídicos, ecológicos y económicos actuales que representa la utilización de la firma electrónica, su inclusión en la Ley de Amparo permitirá que de manera gradual, dichos beneficios se incrementen, ya que puede preverse que la forma del litigio en nuestro país se orientará cada vez más a la utilización de medios electrónicos, empleándose cada vez menos, los mecanismos tradicionales de utilización del papel.

Descripción del contenido de la reforma.

La presente iniciativa propone establecer que en los juicios de amparo todas las promociones puedan hacerse por escrito, o bien, que la parte que así lo solicite expresamente pueda hacerlo vía electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siéndole aplicables las mismas reglas para el cómputo de los términos en el juicio de amparo.

Con motivo de la utilización de este mecanismo, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deberán integrar un expediente físico y paralelamente un expediente electrónico. Para el cumplimiento de esta disposición, los titulares de los órganos jurisdiccionales serán responsables respecto de la digitalización de las promociones y los documentos que presenten las partes.

A través de la Firma electrónica podrán presentarse promociones electrónicas hasta veinticuatro horas previas al día de su vencimiento. Así mismo, se establece que la presentación de las demandas o promociones de término podrán hacerse también ante la oficina de correspondencia común respectiva.

Se mantiene el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo que señala que las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.

Sin embargo, se adiciona este numeral para señalar que las notificaciones podrán realizarse por oficio, por telégrafo, en forma personal, por lista, o bien, por vía electrónica.

En cuanto a las notificaciones por lista se establece que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución en los estrados del órgano jurisdiccional que corresponda, así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. Debe destacarse que, en caso de que alguna de las partes del juicio, no se presentaren a oír la notificación personal, o no hubiesen generado la constancia electrónica de la consulta de los expedientes respectivos, en tratándose de que las partes cuenten con la firma electrónica, se tendrá por hecha a las catorce horas del mismo día, estableciéndose la obligación del actuario para asentar dicha razón.

Además, se prevén las notificaciones electrónicas, siempre que las partes así lo hayan solicitado expresamente.

Las partes que cuenten con firma electrónica les será generada una constancia de la consulta realizada, misma que acreditará que el usuario se hizo sabedor de una determinación judicial, la que, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por la otra, hará una impresión que agregará al expediente físico correspondiente como constancia de notificación para que surta todos los efectos legales correspondientes.

De igual manera se prevé que el agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tenga capacidad legal, quienes además podrán interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedan, pero, en estos casos, el agraviado o tercero perjudicado deberá comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, toda vez que la utilización de la misma, equivale a la firma autógrafa de quien siendo parte del juicio lleva a cabo cualesquiera de las referidas promociones. Se conserva desde luego el texto vigente de la ley que señala que en tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las personas autorizadas por el agraviado y el tercero perjudicado deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado.

Asimismo, se salvaguarda la redacción vigente del artículo 27 de la Ley en lo relativo a las notificaciones dirigidas al titular del Poder Ejecutivo, simplemente actualizándola para que puedan ser llevadas a cabo mediante el uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes.

Se propone reformar el artículo 28, a efecto de establecer que las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados que hayan solicitado el uso de la firma electrónica, la primera notificación les sea entregada por oficio escrito, o bien, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, o a través de la firma electrónica, en el entendido de que éste último supuesto solamente operará en los casos en los que así se hubiere solicitado expresamente.

En este orden de ideas, también se establece la obligatoriedad para las autoridades responsables que cuenten con la firma electrónica, de ingresar al sistema de información electrónica todos los días, a fin de obtener su constancia de consulta electrónica respectiva en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, salvo las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión que será en el plazo de veinticuatro horas. Se entiende generada la constancia de consulta electrónica cuando el sistema de información electrónico produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico.

La iniciativa también establece medidas para evitar que la autoridad responsable, o bien, el agraviado o tercero perjudicado se abstengan de ingresar al sistema con el fin de no generar la constancia de consulta, por lo que se propone facultar al órgano jurisdiccional para tener por hecha la notificación en esos casos, o bien, en asuntos que por su especial naturaleza así lo requieran, ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.

Como se dijo anteriormente, uno de los principales aspectos que motivan esta reforma es promover la simplificación de la actuación procesal tanto para los órganos jurisdiccionales como para los usuarios del sistema de impartición de justicia como una medida que contribuya a la desregulación. Por ello, se prevé que en aquellos asuntos en los que por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, como por ejemplo en tratándose de altas cargas de trabajo debidamente justificadas por la presentación de demandas masivas -como sucedió respecto de la expedición de la Ley del ISSSTE-, podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta. La resolución que recaiga a esta solicitud podrá ser recurrida a través del recurso de queja previsto en el artículo 99 de esta Ley, para los casos de la suspensión provisional.

Se conserva el principio de que los Juzgados de Distrito deberán notificar personalmente a los quejosos que se encuentren privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en el que se hallen recluidos si radican en el lugar del juicio, o por medio de exhorto si se encuentran fuera de él. Se adiciona la posibilidad de que igualmente dicha notificación sea hecha mediante el uso de la firma electrónica, salvo en el caso en el que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado.

Se señala que a los agraviados no privados de la libertad, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes y personas autorizadas para oír notificaciones, serán notificados a través de lista.

De igual manera, se dispone que en los juicios de amparo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito o de los procedimientos que se sigan ante cualquiera de ellos, derivados de la interposición de cualquier recurso o de la tramitación de cualquier asunto relacionado con el juicio de amparo, las notificaciones deberán realizarse de la siguiente manera:

a) A las autoridades responsables, autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, así como a cualquier otra que tuviere intervención en el procedimiento, por oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo o vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica.

b) Al Procurador General de la República, por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la competencia de la Suprema Corte, es decir, se conserva la redacción del texto vigente.

c) Al Agente del Ministerio Público de Federal, adscrito a los Tribunales Colegiados de Circuito, se le notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la competencia de dichos Tribunales y todas las demás por medio de lista. A este respecto igualmente se conserva el texto de la ley vigente.

d) Fuera de los casos anteriores, las notificaciones serán personales, en términos de las fracciones I y II del artículo 30. Este supuesto igualmente se conserva del texto vigente del artículo 29 de la Ley.

Finalmente, como un mecanismo complementario que permitirá la agilización del procedimiento y la forma en la que intervienen las autoridades señaladas como responsables en tratándose de amparo contra leyes se adiciona la vigente fracción III del artículo 116 para establecer que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios, con lo cual se pretende evitar la ociosa y costosa intervención de estas autoridades en el juicio que se ha venido desarrollando, aun cuando en la generalidad de los casos sus actos no son impugnados por vicios propios, sino por la simple circunstancia de intervenir en el proceso de formación de la ley y ser señaladas como autoridades responsables, a pesar de que, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos, carecen de legitimación para defender el contenido de la norma general que se impugne y aun concediéndose el amparo resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de estas autoridades.

En congruencia con lo anterior, se propone adicionar dos párrafos al artículo 132, en los que se señala que, en tratándose de amparo contra leyes, las autoridades que hubieren intervenido, únicamente rendirán informe previo cuando la impugnación refiera vicios propios de dichas autoridades. La omisión de la presentación de informe no dará lugar a sanción alguna, ni tampoco impedirá al órgano jurisdiccional que examine los actos referidos, si se advierte un motivo de inconstitucionalidad.

Una hipótesis jurídica de naturaleza semejante se propone en el artículo 149 en tratándose del informe con justificación. De esta manera, y de forma complementaria al mecanismo de firma electrónica, la reforma propuesta en este rubro contribuye al ahorro de recursos.

Por las razones expuestas anteriormente, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Soberanía somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 3, en su párrafo primero; 23, en su párrafo cuarto; 24, fracción I; 25, 27, párrafos segundo y tercero; 28, fracción I, fracción II, párrafos primero y tercero y fracción III, primer párrafo; 29, fracción I, párrafos primero y segundo, y tercer párrafo de la fracción II; 34, fracción II; y la fracción III del artículo 116. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 3; un quinto párrafo al artículo 23; un segundo párrafo, incisos a) a e), pasando el actual segundo a ser cuarto, un párrafo tercero, pasando el actual tercero a ser sexto, y un párrafo quinto al artículo 27, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a la fracción I del artículo 28; los párrafos segundo y tercero del artículo 33; la fracción III del artículo 34; los párrafos cuarto y quinto al artículo 132 y los párrafos sexto y séptimo al artículo 149, para quedar como sigue:

Artículo 3.- En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito, salvo las que se hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 de esta ley. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o digitalizada.

Los escritos en forma digitalizada se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

Con motivo de ello, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, deberán integrar paralelamente al expediente físico y de manera semejante, un expediente electrónico.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

Artículo 23.-...

La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los órganos jurisdiccionales, ante el secretario o la Oficina de Correspondencia Común respectiva, y en casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los jueces podrán habilitar los días y las horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo.

La presentación de las demandas o promociones de término en forma digital presentadas a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

Artículo 24.-...

I.-Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma digital a través del uso de la Firma Electrónica.

II. a IV. ...

Artículo 25.- Para los efectos del artículo anterior, cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia, o bien sean remitidos en forma digital a través del uso de la Firma Electrónica.

Artículo 27.-…

Las notificaciones se practicarán de la siguiente manera:

a) Por oficio;

b) Por telégrafo;

c) En forma personal;

d) Por lista, que se fijará y publicará en los estrados del órgano jurisdiccional que corresponda, así como en portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora del despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si dentro de las primeras catorce horas del día en que se fije y publique la lista, alguna de las partes que intervengan en el juicio no se presenta a oír notificación personal o no hubiere generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, tratándose de aquellos usuarios que cuenten con Firma Electrónica, tal notificación se tendrá por hecha, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente.

En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables y síntesis de la resolución que se notifique; y,

e)Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.

El uso de este medio electrónico generará una constancia de la consulta realizada, que acreditará que el usuario se hizo sabedor de una determinación judicial, la que por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente físico correspondiente como constancia de notificación para que surta todos sus efectos legales correspondientes.

El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer por escrito en forma impresa o digital a través del uso de la Firma Electrónica, los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionar los datos correspondientes en el escrito impreso o digital en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.

Cuando el agraviado o el tercero perjudicado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma.

Las notificaciones al Presidente de la República se entenderán con las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales referidos en el artículo 19. Las notificaciones a las autoridades deberán hacerse por escrito en forma impresa, dirigido al domicilio oficial que corresponda, o en forma digital, a través del uso de la Firma Electrónica.

Artículo 28.-...

I.-A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará la constancia respectiva, asentando en ella la razón correspondiente, o bien a través de la Firma Electrónica cuando así lo hubieren solicitado expresamente.

En este último caso, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos antes precisados y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de Firma Electrónica.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, y sólo excepcionalmente, por medio de oficio digitalizado, con la utilización de la Firma Electrónica.

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos.

Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere el último párrafo del artículo 33 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión en cuyo caso el plazo será de veinticuatro horas.

De no generarse la constancia de consulta a que se refiere el último párrafo del artículo 33, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.

En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica.

El auto que resuelva sobre la ampliación, podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los plazos y términos establecidos en el último párrafo del artículo 99 de esta Ley, para los casos de la suspensión provisional.

II.- Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica.

También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen. Estas notificaciones podrán practicarse también a través de la Firma Electrónica.

III.- A los agraviados no privados de la libertad, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista.

Artículo 29.-...

I.- A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, así como a cualesquier otra que tuviere intervención en el procedimiento, por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo o con el uso de la Firma Electrónica, cuando se trate de notificar el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesta la demanda; el que admita, deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso; el que declare la competencia o incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de un Tribunal Colegiado de Circuito; los autos de sobreseimiento y la resolución definitiva pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo del conocimiento de ellos. En todo caso, al oficio por el que se haga la notificación se acompañará el testimonio de la resolución, en su caso, previamente digitalizado. El acuse de recibo respectivo deberá agregarse a los autos.

Los Jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso o de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en juicios de amparo promovidos ante dichos jueces notificarán esas resoluciones a las autoridades responsables por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo o a través de la utilización de la Firma Electrónica, acompañándoles copia certificada y, en su caso, digitalizada de la resolución que tenga que cumplirse. El acuse de recibo respectivo será agregado a los autos.

II.-...

Las demás notificaciones al Ministerio Público, se harán por medio de lista.

III.-...

Artículo 33.- ...

En el caso de las autoridades que cuenten con Firma Electrónica, la notificación surtirá todos sus efectos legales a partir de que se genere la constancia de consulta electrónica respectiva.

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico.

Artículo 34.-...

I.-...

II.- Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en los juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación.

III.- Los quejosos o terceros perjudicados que cuenten con Firma Electrónica, están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere el último párrafo del artículo 33 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas.

De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.

Artículo 116.-...

I. a II. ...

III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.

IV. a VI. ...

Artículo 132.-…

Tratándose de amparo contra leyes, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.

La falta del informe previo conforme a lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia que ello no impide al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos, si advierte un motivo de inconstitucionalidad.

Artículo 149.-...

Tratándose de amparo contra leyes, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente rendirán el informe justificado cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios.

La falta del informe justificado conforme a lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna. En la inteligencia que ello no impide al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos, si advierte un motivo de inconstitucionalidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Palacio Nacional, a veinte de agosto de dos mil nueve.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió los siguientes instrumentos internacionales:

Convenio sobre el Trabajo Marítimo, adoptado en Ginebra, el 7 de febrero de 2006, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como copias simples del dictamen desfavorable emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contenido en los Antecedentes, Análisis, Conclusiones y Dictamen del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su Nonagésima Cuarta Reunión (Marítima), en febrero de 2006.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto del Orden del Día.

- El C. Secretario Renán Cleominio Zoreda Novelo: Se recibió también el Acuerdo Internacional del Café de 2007, adoptado en Londres, el 28 de septiembre de 2007, en el marco de la Organización Internacional del Café (OIC).

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Agricultura y Ganadería.

Pasamos al siguiente tema.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También se recibió el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General Iberoamericana relativo al Establecimiento en México de una Oficina de Representación, firmado en la ciudad de México el 8 de julio de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: De la misma forma se recibió el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que conforman el Patrimonio Natural que hayan sido Materia de Robo o de Tráfico Ilícito, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También se recibió el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.

Y también el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Bogotá, Colombia, el 13 de agosto de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnense ambos documentos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Asimismo, se recibió el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Igualmente se recibieron el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.

Y el Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de julio de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnense los dos instrumentos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Sosa Govea: La Secretaría de Gobernación remite el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de México, el 5 de abril de 1994, hecho en la ciudad de México y en la ciudad de San José, el 17 de julio de 2009.

Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, hecho el 30 de junio de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnense ambos documentos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasemos al siguiente asunto, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Además, la Secretaría de Gobernación remitió el Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias de Capital, firmado en la ciudad de México el 2 de junio de 1994, suscrito en la ciudad de México, el 23 de abril de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Así también, la Secretaría de Gobernación remitió oficio con ejemplares del Tercer Informe de Gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Presidencia informa a la Asamblea, que dicho documento ha sido ya distribuido entre los señores Senadores para su conocimiento y estudio.

Pasemos al siguiente tema.

- La C. Secretaria Sosa Govea: De la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2009, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y a la Comisión de Seguridad Social.

Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con similar de la Secretaría de Energía, remitiendo el Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2009.

- El C. Senador José Luis Lobato Campos: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Me está solicitando el uso de la palabra el Senador Lobato Campos, tiene por favor la palabra. Sonido al escaño del Senador Lobato.

- El C. Senador José Luis Lobato Campos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más para suplicarle, si ordena que me remitan una copia, de manera especial, del Informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se lo agradecería mucho, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se instruye a nuestro Servicio Parlamentario para que se atienda la solicitud del señor Senador, por supuesto.

En el caso mencionado, túrnese, remítase a la Comisión de Energía.

Y pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Por último, de la Secretaría de Gobernación, se recibieron dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/UEL/311/1202/09

México, D.F., a 2 de septiembre de 2009

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 09337, la Cons. Aureny Aguirre O.Sunza, Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Hugo Agorte Oropeza, pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré, que le otorga la Armada de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
El Titular de la Unidad

Lic. Gonzalo Altamirano Dimas”.

“SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

México, D.F., a 1 de septiembre de 2009

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08970, la Cons. Aureny Aguirre O.Sunza, Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Carlos Eduardo Jiménez Macotela, pueda aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, en grado único de Servicios Distinguidos, que le otorga las Fuerzas Armadas de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese el presente asunto a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente con nuestra petición comedida de que la comisión pueda, a la brevedad posible, tener el dictamen para conocimiento del Pleno.


[1] Fuente: Informe de Labores. Suprema Corte de Justicia de la Nación. http://www2.scjn.gob.mx/informe2008/






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2009; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2009 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió una invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal para asistir a la ceremonia conmemorativa del 162 Aniversario de la Batalla del Molino del Rey, a celebrarse el martes 8 de septiembre, en esta ciudad.

“SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACION DE PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL

“2008-2010”
Bicentenario de la Independencia y Centenario
dela Revolución, en la Ciudad de México
CPHAC/1384/09
México, D. F., a 24 de julio de 2009

CC. SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES
XICOTENCATL NO. 9
CENTRO HISTORICO
DELEGACION CUAUHTEMOC
PRESENTE.

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado la ceremonia conmemorativa correspondiente al mes de septiembre de 2009, de la cual anexo su descripción.

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Martes 8

10:00 horas

162 Aniversario de la Batalla del Molino del Rey

Monumento erigido en memoria de los Héroes de labatalla, ubicado en Anillo Periférico y Alencastre, Delegación Miguel Hidalgo

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes el nombre del Senador que asistirá al evento de referencia en representación de la H. Cámara de Senadores, Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dicho acto.

Para efectos de Coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área Cívica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Guadalupe Lozada León
Coordinadora”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a este evento al que ha sido invitado el Senado, se designa en comisión oficial al Senador Rubén Fernando Velázquez López.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió del Congreso del Estado de Guerrero una invitación para asistir a la Sesión Solemne con motivo del 196 Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, que se llevará a cabo el 13 de septiembre del año en curso, a las 18:00 horas, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero.

“PODER LEGISLATIVO
GUERRERO

ASUNTO: Invitación
Chilpancingo, Gro., julio 23 de 2009.

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO,
MEXICO, D.F.

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo...”

(Art. 12 Sentimientos de la Nación)

Con motivo del 196 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, la Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se honra en invitarle a la Sesión Solemne, que tendrá verificativo en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro., el 13 de septiembre del presente año, a las 18:00 horas, en la Catedral de nuestra Señora Asunción de María (anteriormente Parroquia de Santa María de la Asunción).

En ese trascendente evento el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón condensó en Los Sentimientos de la Nación, la aspiración que postulaba un mejor gobierno y una vida justa para los mexicanos, y que días después inspiraron la Declaración de la Independencia de la América Septentrional del 6 de noviembre de 1813.

Los principios invaluables legados por esa generación de hombres insignes trascendieron hasta nuestros días y orientan nuestra vida constitucional y democrática.

Por ese motivo, el Congreso Estatal decretó que el 13 de septiembre de cada año se realice sesión pública y solemne en Chilpancingo, elevado en ese tiempo a Capital de las Américas, para conmemorar este suceso, uno de los más importantes de nuestra historia patria.

Los guerrerenses apreciaríamos su presencia en este aniversario, para dar realce a una distinción de la que nos sentimos gratamente honrados y comprometidos.

Atentamente

Dip. Héctor Vicario Castrejón, Presidente de la Mesa Directiva”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Para asistir a esta ceremonia en representación de la Cámara de Senadores, se designa en comisión al Senador de la República por el Estado de Guerrero, David Jiménez Rumbo.

Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política hizo llegar un Acuerdo relativo a su integración.

Pido a la Secretaría por favor dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

“México, D. F., a 2 de septiembre de 2009

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión

En los términos de lo que dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se integra la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Senadores que funcionará durante el ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión.

SEGUNDO.- En los términos del párrafo 5º del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son miembrosde la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura, los Senadores:

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Sen. Carlos Navarrete Ruíz
Coordinadordel Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Sen. Jorge Legorreta Ordorica
Coordinador del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Sen. Ricardo Monreal Ávila
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Sen. Santiago Creel Miranda
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Sen. Humberto Aguilar Coronado
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Sen. Melquiades Morales Flores
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

TERCERO.- Es Presidente de la Junta de Coordinación Política para el Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

Sen. Carlos Navarrete Ruíz

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática

Sen. Jorge Legorreta Ordorica

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro

Coordinador del Grupo
Parlamentario deConvergencia.

Sen. Ricardo Monreal Ávila

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo

Sen. Santiago Creel Miranda

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Sen. Humberto Aguilar Coronado

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Sen. Melquiades Morales Flores

Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, señor Secretario. En tal virtud de que se ha presentado la integración de la Junta de Coordinación Política, está a discusión de las señoras Senadoras y Senadores, si alguien desea hacer uso de la palabra.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política es de aprobarse. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo por el que se integra la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que preside el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz.

La Junta de Coordinación Política hizo llegar también un Acuerdo sobre la integración de las comisiones del Senado y las delegaciones permanentes a foros internacionales, mismo que está publicado en la Gaceta para su conocimiento.

Pero antes de pasar a esta discusión, permítanme hacer a nombre de la Mesa Directiva una muy especial invitación.

Se ha elegido a la Mesa Directiva del Senado el lunes pasado.

Se ha aprobado hoy la integración de la Junta de Coordinación Política con su Presidente.

Mañana viernes, en el Patio Central de Xicoténcatl, se procederá a instalar el Consejo Directivo del Instituto Belisario Domínguez, que por acuerdo de la Mesa Directiva, firmado el día de hoy, será presidido por el Senador Manlio Fabio Beltrones.

Se hace una muy especial invitación a los Senadores y Senadoras de la República que puedan acompañarnos mañana por la mañana, y en unos minutos más tendrán la invitación formal en sus escaños.

La Junta de Coordinación Política ha hecho llegar el Acuerdo que hizo sobre integración de comisiones. Y está a discusión esta propuesta.

“CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la

H. Cámara de Senadores:

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fundamento en lo previsto en los artículos 82, inciso c), 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

Que la Cámara de Senadores, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se organiza en Comisiones Ordinarias, las que tendrán a su cargo los asuntos relacionados con la materia propia de su denominación;

Que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, permite a la Cámara de Senadores aumentar el número de comisiones, según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios;

Que por la anterior prerrogativa, la creación de Comisiones adicionales a las previstas en el artículo 90 de la propia Ley Orgánica, no exige una reforma a dicho ordenamiento;

Que la integración de las Comisiones, son una responsabilidad del más alto nivel, en tanto que son éstas las formas de trabajo que dan respaldo especializado, técnico y profesional a los asuntos que son presentados ante el Pleno del Senado de la República;

Por todo lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los párrafos uno, dos y tres del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Para los trabajos de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, las Comisiones de dictamen, las Comisiones Especiales, así como las Delegaciones Permanentes a Foros Internacionales, se mantienencon las directivas y la integración en que se encontraban al concluir la LX Legislatura, salvo las Comisiones de Administración y de Reforma del Estado, que continuarán rotando su presidencia.

SEGUNDO.- Los Grupos Parlamentarios podrán notificar a la Junta de Coordinación Política, la sustitución que decidan sobre la participación de sus Senadores en las Comisiones.

TERCERO.- El próximo día 23 de septiembre del año en curso, la Junta de Coordinación Política llevará a cabo una reestructuración total de las Comisiones Ordinarias, así como de sus integrantes y en el caso de las Comisiones Especiales y de los Grupos de Trabajo, la definición de su conclusión.

Ciudad de México,2 de septiembre de 2009.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

Sen. Carlos Navarrete Ruíz

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática

Sen. Jorge Legorreta Ordorica

Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Verde Ecologista de México

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro

Coordinador del Grupo

Parlamentario deConvergencia.

Sen. Ricardo Monreal Ávila

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo

Sen. Santiago Creel Miranda

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Sen. Humberto Aguilar Coronado

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Sen. Melquíades Morales Flores

Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional”.

Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado sobre la integración de comisiones.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo a que se ha hecho referencia. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo relativo a la integración de comisiones del Senado y las delegaciones permanentes a foros internacionales.

También la Junta de Coordinación Política entregó a esta Mesa Directiva un Acuerdo para normar los trabajos de análisis del Informe de Gobierno del Presidente de la República, el cual también está publicado en la Gaceta para conocimiento de la Asamblea. En tal virtud, está a discusión este Acuerdo de la Junta de Coordinación.

“ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA EL ANÁLISIS EN LA CÁMARA DE SENADORES DEL TERCER INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2009 SOBRE EL ESTADO GENERAL QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE SUJETARÁN LAS COMPARECENCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS POR ESCRITO AL EJECUTIVO FEDERAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3° numeral 1 y 80 y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 82 numeral 1, inciso a), todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración del Pleno este ACUERDO PARLAMENTARIO al tenor de los siguientes Antecedentes y Considerandos.

ANTECEDENTES

I.Con fecha 15 de agosto de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.Dicho Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que el texto de los artículos 69 y 93 constitucionales, actualmente vigentes, es del tenor siguiente:

“Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad”.

“Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos”.

III.De las disposiciones constitucionales reformadas y adicionadas, conforme a lo señalado en los Antecedentes que preceden, son las normas contenidas en el artículo 69 constitucional las que establecen el nuevo régimen relativo al informe presidencial, a las sesiones camarales destinadas a su análisis y, en su caso, a la comparecencia de servidores públicos con motivo de dicho análisis y a las preguntas parlamentarias que las Cámaras pueden formular al Presidente de la República.

IV.La anterior reforma constitucional requería de ajustes en la legislación secundaria, esto es, modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General y al Reglamento Interior del propio órgano legislativo, sin embargo, éstas no se llevaron a cabo en virtud de la brevedad del tiempo. Por lo tanto, para efectos del cumplimiento de la obligación y el ejercicio de las atribuciones señaladas en el párrafo anterior, el Pleno del Senado de la República aprobó con fecha 04 de septiembre de 2008, un Acuerdo Parlamentario que fijó las respectivas normas y procedimientos.

V.El 1° de septiembre del año en curso, en la Sesión de Congreso General para la apertura de los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, se recibió formalmente el tercer informe que presentó el Presidente de la República sobre el estado general que guarda la administración pública del país, habiendo dispuesto el Presidente del Congreso su remisión a las Cámaras de Diputados y de Senadores para su análisis correspondiente, en virtud de lo cual, el Senado de la República ha recibido formalmente dicho documento.

CONSIDERANDO

1. Que las reformas y adiciones introducidas por el Constituyente Permanente al artículo 69constitucional modificaron el régimen constitucional concerniente al análisis del informe presidencial que debe realizarse en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, con la posibilidad de citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán ante las Cámaras “y rendirán informes bajo protesta de decir verdad”, así como de solicitarle al Presidente de la República “ampliar la información mediante pregunta por escrito”.

2. Que el propósito del Constituyente Permanente al modificar el régimen constitucional relativo a estos importantes asuntos ha sido el de modernizar los mecanismos de comunicación entre los poderes de la Unión mediante el establecimiento de un nuevo formato para el informe anual que el Ejecutivo debe presentar por escrito al Congreso, sin obligación de que concurra personalmente pero bajo el principio de rendición de cuentas; así como la regulación de su análisis, normar las comparecencias de servidores públicos bajo protesta de decir verdad ante las Cámaras del Congreso y la introducción de la figura de la pregunta parlamentaria en nuestro texto constitucional.

3. Que la entrada en vigor de este nuevo régimen constitucional obliga a modificar la legislación secundaria para ajustarla a las nuevas disposiciones de la Ley Suprema, por lo que el H. Congreso de la Unión deberá introducir las reformas y adiciones pertinentes a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General.

4. Que con el propósito de dar cumplimiento a esta obligación, el Senado de la República aprobó con fecha 30 de abril de 2009, el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7°, 45, 85 y 97, y se adiciona un artículo 7° Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que, para los efectos del artículo 72 constitucional, fue turnado a la Cámara de Diputados mediante la Minuta correspondiente.

5. Que no obstante lo anterior, los contenidos actuales de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, mantienen aún la regulación correspondiente a los textos constitucionales anteriores a las reformas y adiciones referidas en los Antecedentes.

6. Que el desahogo del análisis del tercer informe presentado por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 1° de septiembre de 2009, así como de las comparecencias de los Secretarios de Estado, del Procurador General de la República y de los directores de las entidades paraestatales debe iniciar de inmediato y desarrollarse en su mayor parte en el transcurso del mes de septiembre, es decir, en el primer mes del presente Período Ordinario de Sesiones, sin que exista aun la adecuación necesaria a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual resulta absolutamente indispensable que las reglas para normar el análisis del informe y la posibilidad de que el Senado de la República solicite al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y cite a comparecer a servidores públicos, sean aprobadascuanto antes por la propia Cámara de Senadores, pues de lo contrario se haría nugatorio el cumplimiento del mandato constitucional ahora vigente por falta de normatividad pertinente.

7. Que en virtud de lo anterior, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión consideramos pertinente retomar los términos del Acuerdo Parlamentario que el Pleno aprobó con fecha 04 de septiembre de 2008 y suscribir, para efectos del presente año, un nuevo Acuerdo Parlamentario que haga posible, en ausencia de las normas secundarias pertinentes, dar cumplimiento cabal al mandato constitucional contenido en el artículo 69 relativo al análisis del tercer informe que presentó por escrito el Presidente de la República el pasado 1° de septiembre del presente año.

8. Que este nuevo Acuerdo Parlamentario se retoma con algunas adecuaciones derivadas de la experiencia, con el propósito de cumplir coherentemente con el espíritu del constituyente permanente de otorgar al nuevo formato del informe presidencial, un mejor esquema de rendición de cuentas a la sociedad.

Con base en los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en las disposiciones legales invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión somete a la consideración de su Asamblea Plenaria el siguiente

ACUERDO PARLAMENTARIO

PRIMERO.- Este Acuerdo Parlamentario tiene por objeto establecer las normas para el análisis en la Cámara de Senadores del tercer informe que sobre el estado general que guarda la administración pública del país presentó el Presidente de la República el pasado martes 1° de septiembre de 2009, ante el H. Congreso de la Unión y fijar los criterios generales para el desahogo de las comparecencias de los servidores públicos que deban comparecer en el Senado de la Repúblicapara rendir informes bajo protesta de decir verdad, así como para la formulación de preguntas parlamentarias por escrito al Presidente de la República para ampliar la información, todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.-El análisis del tercer informe presidencial se realizará en reuniones conjuntas de las comisiones del Senado de la República, que se celebrarán en el período comprendido entre la aprobación por el Pleno del presente Acuerdo Parlamentario y el día 11 de septiembre del año en curso.

Las reuniones o sesiones conjuntas de las comisiones para el análisis del tercer informe se clasificarán por materias: Política interior, política exterior, política económica y política social. Las comisiones que participarán en cada reunión temática serán:

a)Para el análisis en materia de política interior:

Gobernación; Justicia; Defensa Nacional;Marina; Reforma del Estado; y Derechos Humanos.

b) Para el análisis en materia de política exterior:

Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; Relaciones Exteriores América del Norte; Relaciones Exteriores Asia Pacífico; Relaciones Exteriores Europa; Relaciones Exteriores África, y Organismos Internacionales.

c) Para el análisis en materia de política económica:

Hacienda y Crédito Público; Comercio y Fomento Industrial; Energía; Agricultura y Ganadería; Ciencia y Tecnología; Recursos Hidráulicos; Trabajo y Previsión Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y Turismo.

d) Para el análisis en materia de política social:

Desarrollo Social; Educación; Salud y Vivienda.

Los Presidentes de las Juntas Directivas de las comisiones que participen en cada reunión de análisis convendrán la fecha en la que deba celebrarse, dentro del plazo a que se refiere este Resolutivo y decidirán de entre ellos a quien corresponda moderar dicha reunión.

En cada caso, el Presidente a quien corresponda moderar la reunión comunicará a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política la fecha en que tendrá lugar la reunión de análisis.

TERCERO.- Las reuniones conjuntas de las comisiones para el análisis del tercer informe se desarrollarán conforme al siguiente formato: Se registrarán intervenciones hasta por diez minutos de un senador o senadora en representación de cada Grupo Parlamentario para fijar su posición sobre el tema correspondiente del informe presidencial, observando el siguiente orden: Grupo Parlamentario del PT; Grupo Parlamentario de Convergencia; Grupo Parlamentario del PVEM; Grupo Parlamentario del PRD; Grupo Parlamentario del PRI; y Grupo Parlamentario del PAN.

Sólo se aceptarán intervenciones adicionales de los propios senadores, para el caso de alusiones personales.

CUARTO.- Una vez que hayan sido celebradas las reuniones conjuntas de comisiones parael análisis del tercer informe por escrito que presentó al H. Congreso de la Unión el Presidente de la República,el Senado de la República podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales que estime pertinente para que comparezcan y rindan informes adicionales ante el Pleno o ante las comisiones que correspondan en razón de la materia, observando los criterios generales siguientes:

1.Los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 69 constitucional podrán ser citados a comparecer ante el Pleno o en reunión de comisión o de comisiones conjuntas. En todo caso, dichos servidores públicos sólo podrán ser citados a comparecer una sola ocasión, cualquiera que sea la instancia del Senado ante la que comparezca;

2.Las comparecencias deberán celebrarse en el plazo comprendido entre el 14 y el 25 de septiembre;

3.Las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno serán aprobadas por la Junta de Coordinación Política. Las comparecencias que se realicen en reunión de comisión o comisiones conjuntas serán acordadas por ellas mismas, pero dichos acuerdos deberán notificarse a la Mesa Directiva; y

4.En cualquier caso, la cita a comparecer al servidor público le será notificada formalmente por el Presidente de la Mesa Directiva. El citatorio expresará con toda claridad la instancia del Senado ante la que comparecerá, la fecha y la hora de la comparecencia y precisará el tema o temas del informe presidencial respecto del cual se le cita a comparecer para rendir informes.

QUINTO.- Las comparecencias y rendición de informes de los Secretarios de Estado, del Procurador General de la República y de los directores de las entidades paraestatales se harán bajo protesta de decir verdad. Al inicio de cada comparecencia el Presidente de la Mesa Directiva o de la comisión correspondiente hará saber de viva voz al servidor público compareciente que, para todos los efectos que correspondan, a partir de ese momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, de conformidad con la obligación establecida por el artículo 69 constitucional y el compareciente deberá rendir la protesta respectiva.

Las comparecencias de los servidores públicos, tanto las que ocurran ante el Pleno como las que se celebren en comisiones, se ajustarán al formato único que apruebe el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

SEXTO.- Si el Pleno o las comisiones ante las cuales se haya desarrollado la comparecencia expresan insatisfacción respecto de los informes rendidos por el compareciente en términos de lo señalado por el artículo 69 constitucional, por considerar que existieron omisiones o faltas graves en la rendición de sus informes, el Presidente de la Mesa Directiva lo comunicará formalmente al Presidente de la República por conducto delSecretario de Gobernación. Para dar cumplimiento a lo anterior, las comisiones que conozcan de comparecencias de servidores públicos harán, en su caso, la notificación respectiva al Presidente de la Mesa Directiva, estableciendo las razones de las omisiones o faltas graves en que haya incurrido el servidor público compareciente.

SÉPTIMO.- Una vez celebradas las reuniones conjuntas de comisiones para el análisis del tercer informe, así como el desahogo de las comparecencias de los servidores públicos a que se refiere el resolutivo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 constitucional, el Pleno de la Cámara de Senadores podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información contenida en el informe presidencial mediante preguntas por escrito formuladas por los Grupos Parlamentarios. La Junta de Coordinación Política hará la propuesta de preguntas conforme a los criterios generales siguientes:

1.La atribución de formular preguntas parlamentarias al Presidente de la República para solicitarle información adicional al informe presentado corresponde exclusivamente al Pleno, conforme a las propuestas de los Grupos Parlamentarios.

2.Las preguntas se formularán por escrito, en términos claros y precisos y versarán sobre los contenidos del tercer informe o, en su caso, sobre las omisiones del mismo que el Senadoconsidere relevantes. Los Grupos Parlamentarios las formularán evitando las preguntas múltiples, de manera que por cada uno de los espacios que les correspondan en el cupo al que tengan derecho formulen una sola pregunta.

3.La Junta de Coordinación Política determinará, a más tardar en la semana siguiente a aquélla en la que hayan terminado las comparecencias, el número de preguntas por escrito que propondrá al Pleno para formular al Presidente de la República y precisará el cupo correspondiente a cada Grupo Parlamentario atendiendo al criterio de proporcionalidad, conforme al tamaño de los mismos en relación con la integración del Pleno. En la misma ocasión, la Junta determinará el plazo para recibir los pliegos de preguntas que cada Grupo Parlamentario presente.

4.Para los efectos de lo señalado en el numeral anterior, se considerarán única y exclusivamente las propuestas de preguntas presentadas de manera formal y debidamente firmadas por los coordinadores de los grupos parlamentarios registrados en la Junta de Coordinación Política. Las propuestas de preguntas serán presentadas en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política y la Secretaría Técnica deberá llevar el control del registro respectivo. No se recibirán propuestas de preguntas concluido dicho plazo.

5.Vencido el plazo que se haya establecido para la presentación de propuestas de preguntas por parte de los Grupos Parlamentarios, la Junta de Coordinación Política deberá reunirse de inmediato para conocer las propuestas de los Grupos Parlamentarios y aprobar el acuerdo que contenga la propuesta única y final de preguntas parlamentarias que por escrito se formulen al Presidente de la República, para someterlo a la aprobación del Pleno por conducto de la Mesa Directiva.

6.Una vez que haya sido aprobado por el Pleno el acuerdo único con las preguntas escritas formuladas por los Grupo Parlamentarios, el Presidente de la Mesa Directiva procederá a notificarlo formalmente al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación e instruirá su inmediata difusión mediante la publicación del acuerdo respectivo en la Gaceta y en la página de Internet del Senado de la República.

7.A partir de la notificación a la que hace alusión el numeral anterior, el Presidente de la República contará con 20 días naturales para enviar las respuestas a la Cámara de Senadores en atención a las preguntas parlamentarias que se le hubieren formulado, mismas que se harán del conocimiento del Pleno en la sesión inmediata siguiente a su recepción. El Presidente de la Mesa Directiva ordenará su inclusión en el orden del día y la publicación correspondiente en la Gaceta y en la página de Internet del Senado e instruirá el turno de cada respuesta a la comisión o comisiones con las que encuentre vinculación en razón de la materia, para su correspondiente análisis y valoración, así como a la Junta de Coordinación Política para su debido conocimiento.

8.Las comisiones a las que se hayan turnado las respuestas del Presidente de la República, se reunirán en un plazo no mayor a 15 días naturales, para deliberar en torno a su análisis y valoración y producirán un acuerdo de conclusiones en el que se pronuncien sobre las respuestas del Presidente de la República a las preguntas escritas que la Cámara de Senadores le haya formulado.

9.Las conclusiones derivadas del análisis y valoración que realicen las comisiones en términos del numeral anterior, se someterán a consideración del Pleno del Senado. Las comisiones remitirán las conclusiones referidas a la Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día, así como a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

OCTAVO.- Para la interpretación de las disposiciones de este Acuerdo Parlamentario se estará a lo que acuerde la Mesa Directiva del Senado de la República.

NOVENO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a los dos días del mes de septiembre de dos mil nueve.

Junta de Coordinación Política

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente

Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera

Sen. Carlos Navarrete Ruiz

Sen. Jorge Legorreta Ordorica

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

 

Sen. Dante Delgado Rannauro

Sen. Ricardo Monreal Ávila

Sen. Santiago Creel Miranda

Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Sen. Humberto Aguilar Coronado

 

Sen. Melquiades Morales Flores

Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

 

Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

 

Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo que establece las normas para los trabajos de análisis del Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Pasemos al siguiente asunto, por favor.






CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibió de la Cámara de Diputados el expediente de la minuta con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-3-2545.

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES,
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un primer párrafo al artículo 108, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., a 30 de abril de 2009.

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán, Secretaria.- Dip. Jacinto Gómez Pasillas, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Pasemos al siguiente asunto, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Así también la Cámara de Diputados remitió el expediente de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189 y el primer párrafo del artículo 190 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 60-II-1-2445
Expediente 2937

CC. SECRETARIOS DE LA H.
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se dio cuenta con el Dictamen en sentido negativo presentado por la Comisión de Salud por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente original correspondiente a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189 y el primer párrafo del artículo 190, de la Ley General de Salud.

México, D.F., a 28 de abril de 2009.

Dip. Margarita Arenas Guzmán, Secretaria.- Dip. Rosa Elia Romero Guzmán, Secretaria”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió el expediente de la minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-4-2294
EXP. NUM.: 1626

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES,
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

México, D.F., a 30 de abril de 2009.

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán, Secretaria.- Dip. Jacinto Gómez Pasillas, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Energía; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Igualmente la Cámara de Diputados remitió el expediente de la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-3-2546.

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES,
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que expide la Ley General de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales.

México, D.F., a 30 de abril de 2009.

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán, Secretaria.- Dip. Jacinto Gómez Pasillas, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Sosa Govea: Por último, de la Cámara de Diputados se recibió el expediente de la minuta con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LX LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 60-II-4-2293
EXP. NUM.:2873

SECRETARIOS DE LA
H. CAMARA DE SENADORES,
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la Fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

México, D.F., a 30 de abril de 2009.

Dip. Margarita Arenas Guzmán, Secretaria.- Dip. Jacinto Gómez Pasillas, Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

El siguiente asunto, señora Secretaria.





COMISION PERMANENTE
Remite inventario de asuntos que la Comisión Permanente del último receso de la LX Legislatura turna a las Comisiones de la Cámara de Senadores:

- Nombramiento a favor del C. Emilio Rafael José Goicoechea Luna, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva Zelanda.

- Relación de proposiciones con punto de Acuerdo, para turno a comisiones de la Cámara de Senadores.







MESA DIRECTIVA

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Acuerdo para designar al Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

ACUERDO PARA DESIGNAR AL PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO DEL INSTITUTO BELISARIO DOMINGUEZ

“La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Sexto del Reglamento del Instituto Belisario Domínguez, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se designa como Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez al Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO.- Se designa Secretarios del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez a los Senadores Ricardo Francisco García Cervantes, Fernando Jorge Castro Trenti y René Arce Islas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Mesa Directiva

Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra,Vicepresidente.- Sen. Ricardo García Cervantes, Vicepresidente.- Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vicepresidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea,Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez,Secretario”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está a discusión el Acuerdo presentado, si alguien desea hacer uso de la palabra. En tal virtud, al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo de la Mesa Directiva presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, y a los Senadores Ricardo Francisco García Cervantes, Fernando Jorge Castro Trenti y René Arce Islas como Secretarios del mismo. Comuníquese para los efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Ricardo García Cervantes, con la que remite el informe de actividades de la Comisión de Estudios Legislativos correspondiente al tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura;

Y una más del Canal de Televisión del Congreso, con la que remite el segundo informe anual de actividades, correspondiente a mayo de 2008 hasta abril de 2009.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó turnar desde este momento a Comisiones aquellas proposiciones con punto de Acuerdo inscritas en la agenda de hoy, cuyos autores así lo autoricen. Esto permitiría, señoras Senadoras, señores Senadores, que las Comisiones recibieran de inmediato los asuntos y tuvieran posibilidad de presentar sus respectivos dictámenes en corto tiempo.

Si los promoventes de puntos de Acuerdo prefieren mantener sus proposiciones inscritas hasta que ocurra su presentación en sesión plenaria así se mantendrán, por supuesto. Por lo que les solicito informen de ello a la Secretaría parlamentaria y esta Presidencia pueda tener conocimiento de ello.

Vamos a iniciar el turno de iniciativas presentadas por las señoras Senadoras y señores Senadores; pero es necesario informar a esta Asamblea plenaria para que norme su actuación en el transcurso de hoy. Que la Mesa Directiva ha acordado abrir un espacio para el debate político de asuntos de primera importancia del momento del país, que es una pretensión que la optimización del tiempo del Pleno permita que esta práctica de que el Senado tenga oportunidad y tiempo de debatir y tocar los temas del momento pueda ser algo permanente a partir del día de hoy.

Por ello, una vez que termine el apartado de iniciativas procederemos a abrir el debate político con una primera ronda de intervenciones y de posicionamientos hasta por 7 minutos por cada grupo parlamentario, y posteriormente una posible segunda ronda en función de las peticiones especiales, hasta por 3 minutos, que facilite un pleno debate con libertad, pero también el tratamiento de temas importantes para el Senado y para el país.

Para su conocimiento informo a ustedes de este Acuerdo de la Mesa.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Protección a Mexicanos en el Exterior.






INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE PROTECCION A MEXICANOS EN EL EXTERIOR

(Presentada por el C. Senador Felipe González González, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Felipe González González: Muchas gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

Considero importante atraer su atención hacia la circunstancia de que ante eventos recientes se ha hecho evidente la necesidad de mejorar la protección que nuestras leyes brindan a los mexicanos en el exterior. En este sentido, me parece que el brote epidémico de influenza se contuvo en beneficio del resto del mundo gracias al esfuerzo y sacrificio de las familias mexicanas; sin embargo, los contados casos que se registraron allende nuestras fronteras propagaron el virus de la discriminación en contra de mexicanos, casi sin excepción, en diversos países amigos.

En China nuestros connacionales no fueron informados con claridad de su situación al ser confinados sin portar infección alguna. El aislamiento y el desconocimiento por varios días de su ubicación fue el signo del trato a los estudiantes mexicanos segregados en Cuba.

Argentina prohibió naves mexicanas en su espacio aéreo en detrimento del intercambio comercial y cultural, medida inútil, según la propia Organización Mundial de la Salud. En contraste, México se ha caracterizado por una tradición de hospitalidad de la que pueden dar testimonio los refugiados españoles, chilenos y guatemaltecos, entre otros.

Antes de la influenza hemos tenido noticias de abusos de diversa índole contra nuestros paisanos. En una isla nación del Caribe se violaron sus derechos laborales, habiéndose quedado varados en dicha isla trabajadores mexicanos que fueron atraídos con engaños, se habla de mujeres mexicanas en burdeles del Lejano Oriente, modalidad de trata de personas en la cual es intrascendente que las trabajadoras den su consentimiento y en los últimos días las investigaciones en torno al paradero de infantes, de albergues de varios puntos de la República, llevan a una red de tráfico de niños en varios países, entre ellos Tailandia, donde es sabido que prolifera la explotación sexual infantil.

La intensidad de la globalización y la multiplicación del tráfico de personas, son signos de nuestro tiempo para el nuevo dinamismo internacional. Se hace necesario una nueva preceptiva en la protección de los derechos de las y los mexicanos en el exterior.

La ley debe de otorgar con certeza a los nacionales derechos tendientes a su defensa, más allá de la mera asistencia consular contemplada en el ordenamiento relativo al Servicio Exterior Mexicano.

Es importante la labor que llevan a cabo los consulados alrededor del mundo, destaca nuestra red consular en los Estados Unidos de América. El “Caso Avena” es ilustrativo de la lucha que debemos sostener permanentemente en el extranjero para hacer valer los más elementales derechos de nuestros connacionales.

La decisión del Estado Mexicano de llevar a la justicia internacional la cultura de reticencia de los Estados Unidos, hacia la asistencia consular, pactada en instrumentos multilaterales, es indicativa de la necesidad de actualizar el marco legal en esta materia.

El otorgamiento de derecho a los mexicanos para solicitar a la autoridad encargada de las relaciones exteriores, la aplicación de una amplia gama de opciones frente a violaciones a sus derechos, es el principal objeto de la Ley de Protección a los Mexicanos en el Exterior, que ahora presento a la mejor consideración de esta Asamblea.

La concepción jurídica de esta ley parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al constituir un espacio normativo común para la comunidad de las naciones, en razón de su indubitable fuerza moral, excluye cualquier autismo de extraterritorialidad.

La idea es exigir el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos con base en su dignidad como personas, recurriendo, según sea el caso, y la intensidad de la violación, a la gestión consular.

La intervención diplomática, la interpelación ante la justicia internacional y la posibilidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores adopte las medidas que considere convenientes en el marco de la relación bilateral, o multilateral para lograr el pleno respeto de nuestros nacionales como personas portadoras de derechos fundamentales. Todo ello en el contexto de la articulación de los principios normativos consagrados en nuestra Constitución Política.

Hoy día son juzgados decenas de mexicanos en los Estados Unidos de América, donde buscamos el pleno cumplimiento del espíritu de la resolución judicial internacional del Caso Avena; en España se ha dictado condena en contra de un estudiante de postgrado acusado de dañar a policías ibéricos, en un ambiente de xenofobia que ha registrado ataques, se han registrado ataques en el transporte público latinoamericano, hoy Ilse Michel Curiel Martínez, y otros infantes se encuentran desaparecidos muy probablemente en el extranjero.

En nombre de ellos, presento y pido el apoyo de mis compañeras y compañeros legisladores para que esta iniciativa de ley, con el propósito de establecer una preceptiva amplia, integral, oportuna y flexible para la protección de los mexicanos en el exterior.

Con base en el reconocimiento universal a la dignidad de la persona, consagrada en la Declaración Universal de los Derecho Humanos de las Naciones Unidas, y acorde al dinamismo que caracteriza las relaciones internacionales de nuestra época.

Muchas gracias por su atención. Le solicito, señor Presidente, se inserte el proyecto de Decreto íntegro en el Diario de Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE

FELIPE GONZALEZ GONZALEZ, SENADOR DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 55, FRACCION II DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACION DE ESTA H. ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE PROTECCION A MEXICANOS EN EL EXTERIOR, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México se ha caracterizado por ser un país que reconoce, respeta y protege en su territorio los derechos fundamentales de los extranjeros como si fuesen nacionales. Aún cuando no está claro en el ámbito académico y de la diplomacia internacional hasta dónde llega la no intervención en asuntos de otros paísesy si bien es cierto existe una declaración al respecto de las Naciones Unidas, nuestro país teniendo presente en su historia como si fuese ayer las diversas intervenciones que ha padecido, se ha cuidado, al proteger los derechos de las personas que provienen de más allá de nuestras fronteras, de no caer en pronunciamientos sobre los asuntos internos de los países de su nacionalidad de origen. Los refugiados españoles, chilenos y guatemaltecos dan testimonio fiel de nuestra tradición de protección de los derechos de las personas, sin distinguir por su origen y, mucho menos, por su condición social.

En el momento actual que vivimos de proceso de transición a la democracia, los principales actores políticos, en particular los partidos con presencia en las Cámaras del Congreso de la Unión, se han ocupado no sólo por modernizar y poner al día la organización e instituciones del Estado sino por acrecentar la esfera jurídica de los mexicanos, reconociéndoles derechos como el del acceso a la información pública, la protección de datos personales, el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, a no ser discriminados, a las personas discapacitadas, a niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Al mismo tiempo, hemos visto cómo en el ámbito internacional las distancias se estrechan y gracias a nuestra vocación por el libre comercio de manera natural es cada vez más frecuente la presencia de mexicanos hasta en los confines más remotos del planeta. Este dinamismo propio de la llamada globalización en ocasiones sufre obstáculos, que tienen qué ver con la forma de ver a los mexicanos según el contexto de la relación con el país de que se trate, así como de la percepción en algunas veces distorsionada de situaciones por las que atraviesa nuestro país y que se extienden a nuestros nacionales haciéndolos partícipes de dicha imagen formada de manera inexacta. El denominado Caso Avena es emblemático de la necesidad de hacer valer los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, sin pretensiones extraterritoriales de las leyes de la república, sino con base en la vocación moral universal de la Declaración de los Derechos del Hombre auspiciada, mantenida e impulsada por las Naciones Unidas.

En materia de procesos judiciales, a diario se detiene a mexicanos en los Estados Unidos de América, donde nuestros consulados luchan a diario contra una cultura jurídica reacia a la asistencia consular. En España, actualmente se sigue proceso en segunda instancia a un estudiante de post-grado mexicano acusado de haber causado daños a agentes de autoridad, en un contexto de prejuicios y ánimos xenofóbicos caracterizados por agresiones impunes a la integridad corporal de otros latinoamericanos. En Europa además de un juicio justicia y conforme al debido proceso legal, es menester asegurarnos de que el criterio judicial no esté contaminado por la discriminación imperante y excluyente en situaciones de crisis económica. En Cuba, los mexicanos bajo sospecha de portación del virus de la influenza se les aisló en un régimen riguroso en exceso, más allá de lo que apuntan las medidas epidemiológicas. En síntesis, es probable que las diversas amenazas a los países, de índole sanitaria, económica, etc. se traduzcan en situaciones propicias para la discriminación y los abusos de los mexicanos que en ellos se encuentren, lo que hace claro la necesidad de una nueva preceptiva que se adapte a los nuevos retos de nuestra presencia en el extranjero.

Destaca también la situación que padecieron trabajadores mexicanos en una isla-nación del Caribe, a donde fueron atraídos para prestar sus servicios, resultando durante su estancia que las condiciones laborales eran otras muy por debajo de lo aceptable que implicaban la renuncia de sus derechos, rayando en circunstancias de esclavitud. Recientemente se ha sabido, por investigaciones del Ministerio Público, de redes de explotación que conducen a niñas, niños y adolescentes a remotos países. Es probable, según investigaciones dadas a conocer hace poco, que algunos niños y niñas se encuentren en Tailandia. Si un Estado confirma su condición de tal al brindar protección a la niñez en su propio territorio, con mayor razón debemos cerciorarnos a que lo haga cuando algunos niños o niñas no encuentran el más mínimo apoyo o auxilio a miles de kilómetros de su hogar. La trata de personas con la esclavitud sexual que conlleva, en particular para jóvenes mujeres, hace imperativo el perfeccionamiento de nuestro orden jurídico a efecto de que los mexicanos dispongamos de un ordenamiento que nos confiera derechos para nuestra protección oportuna, firme e integral en el exterior.

Con la autoridad moral que nos da nuestra tradición de respeto a los derechos de los extranjeros en suelo patrio, la convicción surgida del consenso en la democracia hacia el valor absoluto de la dignidad de la persona y en ocasión de la creciente estancia de mexicanos en los diversos países que integran la comunidad internacional, es llegado el momento de expedir un ordenamiento que proteja los derechos fundamentales de los nacionales ante conculcaciones en el exterior.

Para cumplir dicho propósito es menester precisar los derechos fundamentales que nuestra Constitución Política reconoce a las personas, haciendo abstracción de los políticos que por su naturaleza y objeto se ejercen y agotan al interior de nuestras fronteras y estableciendo los aspectos básicos de los derechos ante la justicia que deben ser reconocidos en los demás países, sin cuestionar su sistema de administración pero apelando a la vinculación moral de la Declaración de Universal de los Derechos del Hombre.

En esta iniciativa planteamos una protección integral acorde con la plenitud de los derechos fundamentales reconocidos a la persona por la comunidad internacional. Dicha protección pone como piedra angular de la preceptiva el reconocimiento del Estado Mexicano de la dignidad de la persona que, por efecto de la validez moral de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, da pie al gobierno mexicano de solicitar a título de norma hipotética fundamental a cualquier otro gobierno que observe el más absoluto respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos. En este orden de ideas, como se puede apreciar, no se trata de pretender que nuestras leyes surtan efectos extraterritoriales. Para alcanzar el objeto de proteger a nuestros a nacionales en el exterior se invoca la validez universal de la dignidad de la persona, pues noes óbice que su vinculación sea moral pues igual es fuente de derechos inherentes a la condición de persona. Este axioma siempre estará por encima de los tratados internacionales que precisen diversos derechos fundamentales y será la máxima en relación con aquellas naciones con las que no se tenga convenio alguno en torno al derecho cuya afectación se tema.

Para desenvolver el derecho propio de los mexicanos en su condición de personas, aunado a la asistencia consular ya prevista en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y de manera simultánea, de estimarlo necesario nuestra diplomacia, se propone instrumentar otras acciones tendentes a lograr que no se violen los derechos de los mexicanos o a impedir que una violación en curso siga surtiendo efectos que van desde el agotamiento de los recursos del orden interno de la nación que se considere esté afectando a conacionales, la presentación de la solicitud simple y llana al gobierno del país, la exigencia respetuosa del cumplimiento de Convenios bilaterales, la denuncia por parte de nuestras misiones diplomáticas ante Organismos Internacionales y las medidas que los principios normativos de nuestra política exterior permitan.

A fin de que la ley resulte eficaz se otorga a cualquier mexicano el derecho de excitar al Servicio Exterior para que brinde la protección. En principio se tendrá derecho a la asistencia consular y quedará a la valoración de la Secretaría de Relaciones Exteriores elevar el nivel de acción en función de los tratados que se tengan celebrados con dicho país o de los instrumentos multilaterales de los que ambos países sean signatarios. Las medidas para exigir el respeto a la persona en el marco de los principios normativos de nuestra política exterior se reservan para casos graves y deberán contar con el respaldo del Senado. Se establece el deber del Servicio Exterior de agotar todas las instancias a su alcance, Ante una violación consumada deberá buscarse en el ámbito internacional un pronunciamiento sobre la afectación, una indemnización y lograr que los organismos multilaterales adopten instrumentos para que el incidente no se repita.

En cuanto a la estructura organizacional idónea para llevar a cabo esta política de protección, se plantea en la presente iniciativa por un lado que dentro de la formación de los miembros del servicio exterior se contemple la capacitación en general para estos efectos y en particular para el país en que se encuentre la sede diplomática a la que sean asignados y, asimismo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con una unidad administrativa que se especialice en evaluar y dar seguimiento a este tipo de casos.

Como medida adicional para verificar que los derechos fundamentales de los mexicanos allende las fronteras sean reales y efectivos, se establece el deber de la Secretaría de Relaciones Exteriores de rendir un informe anual al Senado sobre el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento de la materia.

Finalmente, con la finalidad de fortalecer, consolidar e impulsar el régimen jurídico de la protección de los derechos fundamentales de los connacionales en el exterior, frente a las nuevas amenazas derivadas de las cambiantes circunstancias económicas, culturales que el contexto de crisis provoca en diversos países, propongo la presente ley al pleno del Senado.

PROYECTO DE DECRETO DE, LEY DE PROTECCION A LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR.

ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley de Protección a Mexicanos en el Exterior, al tenor de los siguientes:

Artículo 1°.- El objeto de esta Ley es establecer el derecho de los mexicanos a recibir protección a su dignidad como personas, cuando se encuentren en el exterior precisando los deberes correlativos a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores según el grado de afectación sufrida.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público. Su aplicación se puede pedir desde territorio nacional, en las embajadas, oficinas consulares o misiones diplomáticas y surtirá efectos ante cualquier país ya sea con base en la vinculación moral inherente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o de los tratados que se tengan celebrados con el país en cuestión.

Artículo 2°.-Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Declaración, la Universal de los Derechos del Hombre emitida por la Organización de las Naciones Unidas.

II. Constitución, la Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Derechos Fundamentales, los consagrados en la Declaración y reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Secretaría, la de Relaciones Exteriores del gobierno federal.

V. Servicio Exterior, el Mexicano contemplado en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

VI. Asistencia Consular, la contemplada en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

VII. Exterior, cualquier nación extranjera.

Artículo 3°.- Son objeto de protección por parte del Estado Mexicano los derechos de sus nacionales inherentes a su dignidad como personas, consagrados en la Declaración y reconocidos en su Constitución, en los tratados internacionales que México tenga celebrados ya sea con otras naciones o como parte integrante de organismos multilaterales.

Los derechos políticos quedan sujetos en su cuanto a ejercicio y eficacia a lo dispuesto en la Constitución.

La Secretaría velará que los mexicanos no sean discriminados por las causas contempladas en el tercer párrafo del Artículo 1° de la Constitución.

Artículo 4°.- Si la Constitución Política de alguna entidad federativa amplía el catálogo de derechos fundamentales en concordancia con la Declaración, los nacionales que acrediten en términos de las disposiciones aplicables el carácter de habitantes de dicha entidad federativa, podrán solicitar a la Secretaría la protección de dicho derecho en particular, además de los reconocidos en la Constitución.

Artículo 5°.- En materiade administración de justicia, la Secretaría velará porque los mexicanos tengan el debido proceso legal y se respete su libertad y su vida en los términos de los instrumentos internacionales de los que la nación de que se trate sea parte. Bajo ninguna circunstancia se aceptará la tortura, ni los tratos inhumanos, crueles ni degradantes, cualquiera de estas prácticas será considerada una violación grave a los derechos fundamentales de los mexicanos, para los efectos de esta Ley.

Artículo 6°.- El Servicio deberá estar al pendiente de los casos que surjan en materia penal de nacionales que queden sujetos a la jurisdicción de otra nación, para asegurarse de que las autoridades a cuya disposición se encuentren los mexicanos permitan al Servicio brindar la asistencia consular con toda oportunidad.

El Servicio procederá de igual manera tratándose de casos que sin ser materia penal impliquen la privación de la libertad o la ocasión de malos tratos a los mexicanos por parte de las autoridades de cualquier otra nación.

Cuando se afecte la libertad, la integridad corporal o la vida misma de los mexicanos en el exterior, la Secretaria deberá solicitar en el ámbito de la asistencia consular la exhibición del connacional en riesgo, a efecto de verificar su integridad corporal.

Artículo 7°.- La Secretaría junto con el Instituto Nacional de Migración emitirá alertas al Servicio informando sobre mexicanos que hayan salido de territorio nacional y su estancia en el exterior se haya tornado atípica, para efectos de que, previa verificación con sus familiares, el Servicio se cerciore que en las circunstancias de dicha estancia se observe el respeto a la dignidad de la persona. En los formatos de salida los mexicanos deberán dejar asentada la fecha programada de su retorno a territorio nacional, con lo cual se alimentará una base de datos que permita generar las alertas.

Artículo 8°.- Será el propio mexicano en el exterior, sus familiares o cualquier persona cuyos datos resulten verosímiles, los que tengan derecho a dar aviso escrito o en uso de las telecomunicaciones a la Secretaría en cualquiera de sus oficinas abiertas al público de la probable afectación a los derechos fundamentales de los nacionales que se encuentren en otra nación. Todo aviso deberá turnarse al Servicio para que lo atienda a través de la oficina que corresponda.

La Secretaría, por conducto de la unidad administrativa que determine su Reglamento, deberá llevar un registro electrónico de los avisos y la atención que se les haya dado, cerciorándose de hacer del conocimiento del mexicano en el exterior y de sus familiares la situación que guarde el caso ante las autoridades de la nación donde se encuentre.

Artículo 9°.- Una vez recibido el aviso y recabado en un plazo razonable información por parte de las autoridades de la nación donde se encuentre el mexicano, la Secretaríahará un análisis de la situación y en función de la gravedad de la afectación a los derechos fundamentales de los conacionales y la oportunidad de su intervención a efecto de que el ejercicio de dichos derechos resulte real y efectivo, decidirá qué curso de acción tomar de las contempladas en los párrafos subsecuentes.

En caso de incumplimiento de la nación receptora, la Secretaría solicitará se honren los tratados o acuerdos que nuestro país tenga celebrados con dicha nación, o aquellos de los que ésta sea parte ante organismos internacionales, siempre que dicho incumplimiento trascienda a los derechos fundamentales de los mexicanos que ahí se encuentren.

De persistir el incumplimiento, la Secretaría decidirá las vías de acción a adoptar a efecto de lograr la plena vigencia de los acuerdos internacionales, debiendo informar a los mexicanos que sufran la afectación en sus derechos fundamentales y, de no ser posible con éstos, a sus familiares. Entre los cursos de acción, se podrán agotar los recursos al alcance de los nacionales que contemple el orden jurídico de la nación donde se encuentren los nacionales, así como las gestiones diplomáticas y hasta la adopción de medidas compensatorias de contenido económico.

Artículo 10.- En caso de no lograrse el cumplimiento de los tratados o normas internacionales, la Secretaría deberá acudir ante la instancia internacional que corresponda para que así se declare y se exija una indemnización para los mexicanos que hayan visto afectados cualquiera de sus derechos fundamentales y habrá de valorar denunciar dicho instrumento internacional.

Artículo 11.- De resultar sistemática la violación a los derechos fundamentales a que se refieren los preceptos anteriores, por parte de alguna nación, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Gobernación a efecto de que adopte las medidas en materia de migración que estime adecuadas para que dichas afectaciones ya no tengan lugar.

En materia de relaciones internacionales, la Secretaría procederá a la elaboración de una estrategia que, en el marco de los principios normativos de política exterior establecidos en la Constitución, sea tendente a lograr que dicha nación respete a plenitud los derechos fundamentales de los mexicanos.

Artículo 12.- De considerarlo necesario, la Secretaría impulsará en la comunidad internacional, previo acuerdo con el Titular del Ejecutivo, la adopción de instrumentos internacionales ante nuevas formas de afectación a los derechos fundamentales de las personas. La Secretaría impulsará en el concierto de las naciones los cambios que estime prudentes al Derecho Internacional a efecto de que los derechos fundamentales de las personas sean reales y efectivos.

Artículo 13.- La Secretaríacontemplará en su Reglamento que en la formación de los miembros del Servicio se otorgue la capacitación con el propósito de proteger los derechos de los mexicanos en el exterior, en los términos de esta Ley.

Artículo 14.- La Secretaría rendirá un informe anual al Senado de la situación de los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, previa opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se incluirá en dicho informe.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 3 de septiembre de 2009.

Sen. Felipe González González”.

Iniciativa de Ley de Protección a Mexicanos en el Exterior.

Exposición de Motivos.

• La tradición mexicana de buen trato a los extranjeros en nuestro territorio: refugiados españoles, chilenos y guatemaltecos.

• El caso Avena como muestra de la necesidad de elevar a rango de ley y con mayores recursos de orden diplomático a la protección de los mexicanos en el exterior.

• Los casos recientes de discriminación con motivo de la epidemia de influenza humana.

• El probable traslado de niños mexicanos a Tailandia y otros países, como lo reveló la investigación por desaparición de menores.

Puntos Relevantes de la Iniciativa.

• Se otorgan derechos a los mexicanos para recibir protección en el exterior, con el deber correlativo de la SRE.

• La protección no se agota con la asistencia consular, ya que se propone ampliarla en proporción a la gravedad de la afectación de los derechos de los conacionales, llegando hasta la posibilidad de las medidas compensatorias de contenido económico silas gestiones diplomáticas no surten efecto.

• El objeto de protección se circunscribe a los derechos fundamentales, excluyendo desde luego a los derechos políticos.

• El fundamento para exigir el respeto a la dignidad de la personas de los mexicanos en el exterior es la vinculación moral que caracteriza a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, piedra angular del sistema de tratados de la ONU (De esta manera no se trata de una ley extraterritorial).

La SRE debe:

• Atender cualquier aviso de posible afectación.

• Decidir los medios a seguir para lograr el respeto de la dignidad del mexicano.

• Evitar la discriminación en los supuestos del Artículo 1° constitucional.

• Organizar un sistema electrónico en coordinación con el INM para generar alertas ante estancias atípicas de mexicanos en el exterior.

• Impulsar cambios al Derecho Internacional ante nuevas formas de discriminación.

• Informe Anual al Senado sobre la situación del respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Por supuesto que sí, Senador Felipe González.

Sonido en el escaño de la Senadora Claudia Sofía Corichi García.

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: (Desde su escaño) Simplemente para que me haga el favor de preguntarle al Senador González si me permite suscribir con él esta iniciativa tan importante para los mexicanos en el exterior, que han sido violentados en sus derechos humanos.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Felipe González, ¿acepta usted el acompañamiento de la suscripción de los Senadores Claudia Corichi García, Antonio Mejía Haro, Adriana González Carrillo, Emma Lucía Larios Gaxiola y Eugenio Govea Arcos? Nuestro servicio parlamentario ha tomado nota de esto.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente, con nuestra respetuosa sugerencia al Senador González, que “no es” turnada a comisiones. Hago un esfuerzo para que la comisión la reciba, la discuta y elabore el “término” correspondiente.

Se concede la palabra al Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General de Bibliotecas Multimedia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS MULTIMEDIA

(Presentada por el C. Senador C. Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Mario López Valdez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En México operan un promedio de 7 mil 210 bibliotecas a nivel nacional, integradas en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, cuya administración le corresponde a la Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.

Las nuevas tecnologías hacen posible que se utilicen medios de comunicación que permiten la transmisión casi instantánea de información a cualquier región del mundo. Su acelerado desarrollo ha dado origen por un lado, al abaratamiento de los mismos y por otro a su accesibilidad.

El concepto de biblioteca multimedia rebasa la noción de espacio y tiempo, al darle a un “usuario”, el poder de entrar a la biblioteca a través de una computadora y en algunos casos mediante un teléfono celular, desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Las bibliotecas multimedia tienen varias ventajas, como son: reducción de espacio requerido para almacenar, menor tiempo en obtener documentos, elimina pérdidas y deterioro de documentos, facilita el acceso simultáneo y da respuesta rápida a requerimientos de información, es decir, se tiene un acervo activo, controlado y manejable.

Recientemente se aprobó una reforma a la Ley General de Bibliotecas, en la que se incorpora el concepto de servicios Multimedia en las bibliotecas públicas, acción que aplaudimos y que consideramos complementaria para la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia, que estaría integrada en su inicio por una Biblioteca Nacional Multimedia, 32 Bibliotecas Estatales Multimedia y las bibliotecas de instituciones públicas y privadas del país que se incorporen al sistema.

Como grupo parlamentario del PRI, tenemos la firme convicción y estamos acostumbrados a trabajar construyendo cada día un mejor México, por lo que esta iniciativa permitirá reglamentar e interconectar a las bibliotecas digitales con las que ya se cuentan en el país. En México sabemos estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la Biblioteca Nacional Multimedia será la primera biblioteca nacional de multimedia oficial a escala mundial, si es que se aprueba.

Debemos considerar las grandes cantidades de documentos digitalizados que se hallan en las bibliotecas de la República, y que representan un enorme y rico banco de información. Si logramos concentrar el acervo bibliográfico y documental que ya existe en formato digital, con la finalidad de integrarlo en un solo sistema, vamos a tener en nuestras manos un modelo de biblioteca multimedia con una capacidad ilimitada para su reproducción, con costos mínimos.

En cuanto a los usuarios de una biblioteca tradicional y una digital, basta una pregunta que resulta en cierta forma increíblemente reveladora: ¿cuantas ocasiones un investigador, alumno o público en general visita una biblioteca pública tradicional al año?, y ¿cuántas veces se conectan a Internet o una red, para tener acceso a información?

Con este sistema se cuenta con la facultad de acceder a información a cualquier parte del país y del mundo en cualquier momento, por lo que nos permitirá además contar con elementos para el intercambio de información con otros países.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión esta iniciativa que expide la Ley General de Bibliotecas Multimedia con el propósito de sentar las bases legales para la creación de la Biblioteca Nacional Multimedia, misma que permitirá concentrar y ordenar los elementos tecnológicos existentes en beneficio de la sociedad y poder potenciar un mayor impacto en la difusión de la cultura y formación de millones de mexicanos, vía medios electrónicos.

Señor Presidente, atentamente le solicito que el texto de la presente iniciativa sea integrado al Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Mario LOpez Valdez, Senador de la República por el Estado de Sinaloa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Bibliotecas Multimedia, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa que se pone a su consideración tiene el propósito de sentar las bases legales para la creación de la Biblioteca Nacional Multimedia, misma que permitirá el concentrar y ordenar los elementos tecnológicos existentes en beneficio de la sociedad y poder potenciar un mayor impacto en la difusión de la cultura y formación de millones de mexicanos, vía medios electrónicos.

En México operan un promedio de 7,210 bibliotecas a nivel nacional integradas en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y le corresponde a la Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA (Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes), su administración.1

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se define como una prioridad el desarrollo, fomento y aplicación de nuevas tecnologías en beneficio del sistema educativo nacional.

En la actualidad vivimos la incorporación de tecnologías que no solo agilizan las comunicaciones, sino que permiten el manejo de mayores cantidades de información. Un ejemplo de esto es como Microsoft México ha trabajado de manera conjunta con las autoridades para que más de 2,600 recintos cuenten con servicios multimedia que constan de módulos de computadoras conectadas a Internet, para brindar a los usuarios una amplia variedad de servicios de comunicación y de información digital, adicionales a los libros y otros medios tradicionales.

Las nuevas tecnologías hacen posible que se utilicen medios de comunicación que permiten la transmisión casi instantánea de información a cualquier región del mundo. Su acelerado desarrollo ha dado origen por un lado, al abaratamiento de los mismos y por otro a su accesibilidad.

El acceso a bibliotecas remotas, unido al manejo de texto, imágenes y sonido en presentación electrónica, ha originado el concepto de biblioteca multimedia. Consultar libros, revistas, artículos y en general información en medios electrónicos con esta presentación, facilita a los investigadores, docentes y estudiantes de todos los niveles, el poder accesar a un mundo de información que difícilmente puede ser superado por un archivo o biblioteca tradicional.

El concepto de biblioteca multimedia rebasa la noción de espacio y tiempo, al darle a un “usuario”, el poder entrar a la biblioteca a través de una computadora y en algunos casos mediante un teléfono celular, desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Las bibliotecas multimedia tienen varias ventajas, como son: reducción de espacio requerido para almacenar, menor tiempo en obtener documentos, elimina pérdidas y deterioro de documentos, facilita el acceso simultáneo y da respuesta rápida a requerimientos de información, es decir, se tiene un acervo activo, controlado y manejable.

Es indudable que las nuevas tecnologías están modificando los servicios que las bibliotecas tradicionales ofrecen, se ha hecho necesario establecer mecanismos que permitan adquirir, almacenar, controlar y difundir la información en sus nuevas presentaciones (libros multimedia, hipertextos, presentaciones, gráficas e imágenes por computadora, video grabaciones, etc.), los cuales se administran de manera que su acceso y preservación sea debidamente controlada, para garantizar la integridad de los mismos, así como su autenticidad y calidad.

El acceso directo a la información digital tiene muchas ventajas para el usuario, por un lado la consulta es rápida, también puede extraer partes que le interesan, ya sea imprimiendo o guardando en disco o en otro medio electrónico la información, además, el trabajo en red permite transferir fácilmente mensajes o documentos.

Pero no solamente la tecnología provoca cambios en procesos y servicios documentales, también la necesidad de interactuar con otras instituciones, en nuestro caso, con otras bibliotecas digitales, para mejorar los sistemas de información, organización, estructura de los recursos, servicios y preservación.

No cabe duda, hoy más que nunca el éxito en el proyecto de vida de los jóvenes mexicanos está determinado en buena medida por su capacidad de acceder a las nuevas tecnologías y a la información digitalizada en general. Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivos centrales brindar la posibilidad de que bibliotecas públicas digitales ofrezcan el servicio de información y comunicación mediante módulos de servicios multimedia, equipadas con bienes informáticos y periféricos que fomenten el uso de estas tecnologías de la información y comunicación, para poder así contribuir a elevar el nivel del sistema educativo nacional y su mayor aprovechamiento a escala nacional.

Recientemente se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Bibliotecas, en la que seincorpora el concepto de servicios Multimedia en las bibliotecas públicas, acción que aplaudimos y que consideramos complementaria para la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia, que estaría integrada en su inicio por una Biblioteca Nacional Multimedia, 32 Bibliotecas Estatales Multimedia y las bibliotecas de instituciones públicas y privadas del país que se incorporen al sistema.

Como Grupo Parlamentario del PRI, tenemos la firme convicción y estamos acostumbrados a trabajar construyendo cada día un mejor México, por lo que esta iniciativa permitirá el reglamentar e interconectar a las bibliotecas digitales con las que ya se cuentan en el país. En México sabemos estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la Biblioteca Nacional Multimedia será la primera biblioteca nacional de multimedia oficial, a escala mundial.

Debemos considerar las grandes cantidades de documentos digitalizados que se hallan en las bibliotecas de la República, y que representan un enorme y rico banco de información. Si logramos concentrar el acervo bibliográfico y documental que ya existe en formato digital, con la finalidad de integrarlo en un solo sistema, vamos a tener en nuestras manos un modelo de biblioteca multimedia con una capacidad ilimitada para su reproducción, con costos mínimos.

En cuanto a los usuarios de una biblioteca tradicional y una digital, basta una pregunta que resulta en cierta forma increíblemente reveladora: ¿cuantas ocasiones un investigador, alumno o público en general visita una biblioteca pública tradicional al año? y ¿Cuántas veces se conectan a internet o una red, para tener acceso a información?

Como lo comentamos con anterioridad, con la creación de una red de Bibliotecas Multimedia en todo el país, se contaría con una Biblioteca Nacional Multimedia y su equivalente en cada entidad, estaríamos hablando de una Biblioteca Nacional y 32 Bibliotecas Estatales Multimedia, con instalaciones y equipo tecnológico para su utilización.

El potencial de este sistema, es la capacidad de reproducción de la información, su acceso por los usuarios 24 horas del día, los 365 días del año a través de un ordenador o algún dispositivo que se pudiera interconectar a esta red. Con este sistema se cuenta con la facultad de acceder a información desde cualquier parte del país y del mundo, lo que nos permitirá contar con elementos para negociar intercambio de información y de datos con otros países.

Vivimos en un mundo de constantes cambios, de nuevos avances tecnológico y de integración de la información, vivimos según Peter Druker “el momento de la sociedad del conocimiento”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS MULTIMEDIA

Artículo Unico. Se expide la Ley General de Bibliotecas Multimedia, para quedar como sigue:

LEY DE GENERAL BIBLIOTECAS MULTIMEDIA 

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.La presente Ley es de observancia general en toda la República Mexicana, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. La distribución y coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales de la función educativa y cultural que se lleva a cabo mediante el establecimiento, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas Multimedia;

II. El señalamiento de la plataforma tecnológica y las normas básicas para la configuración del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia;

III. El establecimiento de las bases y directrices para la integración y el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia;

IV. La creación y funcionamiento de la Biblioteca Nacional Multimedia;

V. La creación del Registro Nacional de Bibliotecas Multimedia;

VI. El coordinarse con el sistema tradicional de bibliotecas públicas del país, con el fin de buscar su complementariedad;

VII. La determinación de lineamientos para llevar a cabo la concertación con los sectores social y privado en esta materia.

Artículo 2. Son autoridades competentes para aplicar el presente ordenamiento, dentro de sus respectivas atribuciones conforme a esta Ley:

I. La Secretaría de Educación Pública;

II. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

III. La Secretaría de Educación de cada entidad federativa correspondiente;

Artículo 3. En el ámbito de sus competencias, le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, la aplicación de esta Ley y para todo lo no previsto se atenderá de manera supletoria a lo dispuesto en el artículo tercero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación y la Ley General de Bibliotecas.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Biblioteca Multimedia. Son organizaciones que proveen los recursos, incluyendo personal especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la integridad y asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos multimedia que estén fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida o para un conjunto de comunidades e incorpora el significado de biblioteca digital, multimedios, electrónica y virtual.

II. Biblioteca Pública. El establecimiento que contenga un acervo de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tiene como finalidad ofrecer en forma democrática los servicios de consulta de libros y otros servicios culturales complementarios, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Su acervo puede comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales y, en general cualquier otro medio que contenga información afín.

III. Biblioteca Electrónica. Es aquella que cuenta con sistemas de automatización que le permiten una ágil y correcta administración de los materiales que resguarda, principalmente en papel. Así mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que le permitirán acceder a su información, en formato electrónico, de manera remota o local. Proporciona principalmente catálogos y listas de las colecciones que se encuentran físicamente dentro de un edificio.

IV. Biblioteca Virtual. Es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones.

V. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia. Es el sistema nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia, el cual se encuentra integrado por una Biblioteca Nacional Multimedia, 32 Bibliotecas Estatales Multimedia y las Bibliotecas Multimedia Municipales que se integren, además de las bibliotecas multimedia de instituciones públicas o privadas que se inscriban en la Red.

Artículo 5. Los Gobiernos, Federal, Estatales y Municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas multimedia y los servicios culturales complementarios que a través de éstas se otorguen.

CAPITULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MULTIMEDIA

Artículo 6. Se integra el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia con todas aquéllas constituidas y en operación dependientes de la Secretaría de Educación Pública, creadas conforme a los acuerdos o convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública con los Gobiernos de los Estados y del Departamento del Distrito Federal.

También formarán parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia, aquéllas bibliotecas de instituciones y organismos públicos y privados que se encuentren dentro del Registro Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia.

Artículo 7. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia, tiene por objeto:

I. Integrar los recursos de las bibliotecas públicas multimedia y coordinar sus funciones, para fortalecer y optimizar la operación de éstas;

II. Ampliar y diversificar los acervos y orientar los servicios de las bibliotecas públicas multimedia;

III. Efectuar la coordinación del Sistema a través de la Biblioteca Nacional Multimedia;

IV. Establecer los mecanismos participativos para planear y programar la expansión del Sistema;

V. Definir la plataforma tecnológica y las modalidades informáticas y técnicas necesarias que prevalecerán dentro del modelo nacional de las bibliotecas multimedia;

VI. Emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas del Sistema, y supervisar su cumplimiento;

VII. Incorporar, seleccionar, determinar y desarrollar las colecciones de cada biblioteca pública multimedia, de acuerdo con el programa correspondiente;

VIII. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas multimedia de un acervo de publicaciones informativas, recreativas y formativas; así como de obras de consulta y publicaciones periódicas a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada localidad;

IX. Enviar periódicamente a las bibliotecas integradas al Sistema, dotaciones de los materiales señalados en la fracción anterior;

X. Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas multimedia del Sistema;

XI. Proporcionar asesoría técnica a las bibliotecas incluidas en el Sistema;

XII. Registrar los acervos de las bibliotecas en un catálogo general que permita la articulación de los servicios;

XIII. Difundir a nivel nacional los servicios bibliotecarios y actividades afines a las bibliotecas públicas multimedia;

XIV. Coordinar el acceso libre mediante una clave a nivel nacional e internacional, vinculando a las bibliotecas integrantes del Sistema entre sí y con la comunidad bibliotecaria digital en programas internacionales;

XV. Llevar a cabo o patrocinar investigaciones encaminadas a fomentar el uso de los servicios bibliotecarios multimedia y el hábito al uso de las mismas;

XVI. Fomentar la adquisición y utilización de equipos de cómputo de los usuarios; y

XVII. Realizar las demás funciones que sean análogas a las anteriores y que le permitan alcanzar sus propósitos.

Artículo 8. Corresponderá a los Gobiernos de los Estados, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. Integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Multimedia;

II. Crear la Biblioteca Pública Multimedia Estatal;

III. Participar en la planeación, programación del desarrollo y expansión de las bibliotecas públicas multimedia a su cargo;

IV. Coordinar, administrar y operar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Multimedia y supervisar su funcionamiento;

V. Asegurar de modo integral y conservar en buen estado las instalaciones, el equipo y acervo bibliográfico digital;

VI. Designar al coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Multimedia, quien fungirá como enlace con la coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia;

VII. Designar al titular de la Biblioteca Estatal Multimedia;

VIII. Nombrar, adscribir y remunerar al personal destinado a la operación de sus bibliotecas públicas multimedia;

IX. Difundir a nivel estatal los servicios bibliotecarios y las actividades afines a sus bibliotecas públicas multimedia; y

X. Dotar a sus bibliotecas de los locales y del equipo necesario para la prestación de los servicios bibliotecarios.

CAPITULO III
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL MULTIMEDIA

Artículo 9. Se crea la Biblioteca Nacional Multimedia, como órgano autónomo coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de:

I. Ser el órgano directriz y modelo del funcionamiento de las bibliotecas públicas multimedia del país;

II. El definir la plataforma tecnológica y las normas básicas para la configuración del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia;

III. El establecimiento de la plataforma tecnológica, bases y directrices para el registro y operación de las bibliotecas multimedia;

IV. El coordinar el Registro Nacional de Bibliotecas Multimedia;

V. La investigación y desarrollo necesario para la actualización y aprovechamiento de nuevas tecnologías del Sistema;

VI. La realización de convenios de colaboración nacionales e internacionales; y

VII. Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores social y privado, comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red.

Artículo 10. Las bibliotecas multimedia pertenecientes a los sectores social y privado que presten servicios con características de biblioteca pública digital, en los términos de la presente Ley, deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia.

CAPITULO IV
DEL SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS MULTIMEDIA

Artículo 11. Se declara de interés social la integración de un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Multimedia, compuesto por todas aquéllas escolares, públicas, universitarias, de investigación y especializadas pertenecientes a dependencias, entidades y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado.

La responsabilidad de coordinar el Sistema recaerá en la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública organizará la Biblioteca Nacional Multimedia; con el carácter de Biblioteca Central para todos los efectos del Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia.

Artículo 12. La Biblioteca Nacional Multimedia tendrá como propósito conjuntar esfuerzos con el Sistema Nacional de Bibliotecas, para lograr una mejor coordinación y complementariedad de recursos humanos, físicos y tecnológicos en apoyo a las labores educativas, de investigación y cultura en general, para el desarrollo integral del país y de sus habitantes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a las normas previstas en la presente Ley.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente
Sen. Mario López Valdez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Mario López. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Tiene la palabra la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que deroga los artículos del 97 al 112 de la Ley General de Población.


1 Esta Red de Bibliotecas también integra a los gobiernos estatales y municipales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LOS ARTICULOS DEL 97 AL 112 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(Presentada por la C. Senadora Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Gracias, con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que deroga los Artículos 97 al 112 comprendidos en el Capítulo VII de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la obligación de los ciudadanos de la República de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. El artículo 34 de la Carta Magna, a su vez, establece quienes son ciudadanos mexicanos, a saber, aquellos que hayan cumplido 18 años y tengan una forma honesta de vivir, y el padrón electoral constituye, al día de hoy, el Registro Nacional de Ciudadanos a que hace referencia nuestra Carta Magna.

La Ley General de Población en su Capítulo VI, instituye, a cargo de la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población y derivado de este ordenamiento legal existe la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, encargada de emitir la Clave Unica de Registro de Población (CURP), la cual se ha venido asignando por los Registros Civiles desde 1982 a todo nacimiento registrado y a aquellos que la soliciten.

Con la reforma del 22 de julio de 1992 a la Ley General de Población, se agregó al Capítulo VII, denominado “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana”, en el cual se prevé la emisión de una Cédula de Identidad Ciudadana por la Secretaría de Gobernación. Esta disposición siendo vigente, al día de hoy, no ha formado parte del derecho positivo mexicano, pues nunca se ha aplicado.

El pasado 28 de julio, el Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, informó que a partir de este año el gobierno federal iniciará la expedición de la nueva Cédula de Identidad Ciudadana, que estará conformada por la identidad jurídica y vivencial, así como el registro del individuo y datos biométricos. La expedición de la cédula estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y utilizará como llave la CURP.

Aun cuando la Ley General de Población establece que el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana, son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana no se ha llevado a la práctica por dos razones: en primer lugar, porque la desconfianza de la ciudadanía a que una entidad del gobierno federal, que además es parte del instrumento de control político, la Secretaría de Gobernación, tenga sus datos personales y en segundo lugar, porque los ciudadanos mexicanos ya cuentan con otros documentos de identidad ciudadana que son de legal aceptación, a saber, el pasaporte y la credencial de votar. Todos los datos que la Ley de Población establece debe contener la Cédula de Identidad Ciudadana, el Código Federal Electoral los establece, además de otros, para la credencial para votar. Como vemos, la Cédula de Identidad y el Registro Nacional de Ciudadanos duplicarían la información que el Estado Mexicano ya tiene en el Registro Federal de Electores y la credencial para votar.

Al emitir una nueva cédula de identidad, el gobierno duplicará esfuerzos y gastos, no solamente al crear el registro y expedir la cédula, sino que habrá de tener una actualización constante, como la tiene el Padrón Electoral, generando, también, gastos constantes y duplicando incluso estos gastos.

El pasado 25 de agosto, incluso, el Presidente de la Comisión de Organización del IFE, Marco Antonio Baños, declaró que “la credencial de elector no puede coexistir con otro instrumento de identidad, porque se desalentará la asistencia de los ciudadanos a los módulos del Registro Federal de Electores y se generará un esquema de desactualización del proceso del Padrón Electoral, lo que además en procesos con una falta de afluencia a las votaciones, pues sin duda traería problemas adicionales.

El costo de este nuevo instrumento de identidad se estimó además en más de 3,104 millones de pesos, a ejercer de 2009 a 2012, de los cuales se programaron ya mil 17 millones en el presente año; hoy, con un recorte presupuestal de 85 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, parece el momento menos oportuno -después de que esto no se había hecho válido durante años- para hacer este nuevo gasto y para duplicar, además algo que ya se contiene en otros elementos de identidad para los mexicanos y las mexicanas.

Hay otras necesidades, sin duda, y lo hemos dicho, más urgentes para el bienestar de los mexicanos y en los cuales se debe gastar, y no en identidades adicionales o en cédulas de identidad adicionales que tienen además un dudoso uso.

Es necesario dar congruencia a nuestro sistema legal y eliminar la duplicidad de funciones que se presentan en materia de identificación de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Por lo anterior expuesto, me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga los artículos del 97 al 112 de la Ley General de Población, quedando como sigue:

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- Se derogan los artículos del 97 a 112 de la Ley General de Población

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe Senadora Claudia SofIa Corichi GarcIa, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los preceptos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto que deroga los artículos del 97 al 112 comprendidos en el Capitulo VII de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente

Exposicion de Motivos

En el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la obligación de los ciudadanos de la República de “Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes”. El artículo 34 de la Carta Magna, a su vez, establece quienes son ciudadanos mexicanos, a saber, aquellos que hayan cumplido 18 años y tengan una forma honesta de vivir. El padrón electoral constituye el Registro Nacional de Ciudadanos a que hace referencia nuestra Carta Magna.

La Ley General de Población, en su Capítulo VI, instituye, a cargo de la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Poblacióny derivado de ese ordenamiento legal existe la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, encargada de emitir la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual se ha venido asignando por los Registros Civiles desde 1982 a todo nacimiento registrado, y a aquellos que la soliciten.

Con la reforma del 22 de julio de 1992 a la Ley de General de Población, se agrego el Capítulo VII, denominado “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana”, en el cual se prevé la emisión de una Cédula de Identidad Ciudadana, por la Secretaría de Gobernación. Esta disposición siendo vigente no ha formado parte del derecho positivo mexicano, pues nunca se ha aplicado.

El pasado 28 de julio, el Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, informó que a partir de este año el gobierno federal iniciará la expedición de la nueva Cédula de Identidad Ciudadana, que estará conformada por la identidad jurídica y vivencial, así como el registro del individuo y datos biométricos. La expedición de la cédula estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y utilizará como llave la Clave Única del Registro de Población (CURP).

Aun cuando la Ley General de Población establece que el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana, son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana no se ha llevado a la práctica por dos razones: en primer lugar, por la desconfianza de la ciudadanía a que una entidad del gobierno federal con claros antecedentes de ser un instrumento de control político, la Secretaría de Gobernación, tenga sus datos personales y en segundo lugar, porque los ciudadanos mexicanos ya cuentan con otros documentos de identidad ciudadana que son de legal aceptación, a saber, el pasaporte y la Credencial para Votar. Todos los datos que la Ley de Población establece debe contener la Cédula de Identidad Ciudadana, el Código Federal Electoral los establece, además de otros, para la Credencial para Votar. Como vemos, la Cédula de Identidad y el Registro Nacional de Ciudadanos duplicarían la información que el Estado Mexicano ya tiene en el Registro Federal de Electores y la Credencial para Votar.

Al emitir una nueva Cédula de Identidad, el Gobierno duplicará esfuerzos y gastos, no solamente al crear el Registro y expedir la Cédula, sino que habrá de tener una actualización constante, como la tiene el Padrón Electoral, generando, también, gastos constantes.

El pasado 25 de agosto, el Presidente de la Comisión de Organización del Instituto Federal Electoral, Marco Antonio Baños, declaró que “La credencial de elector no puede coexistir con otro instrumento de identidad, porque se desalentara la asistencia de los ciudadanos a los Módulos del Registro Federal de Electores y se generara un esquema de desactualización del Padrón Electoral, que no conviene ni a los partidos, ni a las instituciones ni, desde luego al IFE”.

El costo de este nuevo instrumento de identidad se estimó en 3 mil 104 millones de pesos, a ejercer de 2009 a 2012, de los cuales se programaron mil 17 millones en el presente año; hoy, con un recorte de 85 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, parece el momento menos oportuno para hacer este nuevo gasto; siendo que, sin duda, hay otras necesidades más urgentes para el bienestar de los mexicanos.

Es necesario dar congruencia a nuestro sistema legal y eliminar la duplicidad de funciones que se presentan en materia de identificación de los ciudadanos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de

DECRETO QUE DEROGA LOS ARTICULOS DEL 97 AL 112 DE LA

LEY GENERAL DE POBLACION.

ARTICULO UNICO.- Se derogan los artículos del 97 al 112 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 97. (Derogado).

Artículo 98. (Derogado).

Artículo 99. (Derogado).

Artículo 100. (Derogado).

Artículo 101. (Derogado).

Artículo 102. (Derogado).

Artículo 103. (Derogado).

Artículo 104. (Derogado).

Artículo 105. (Derogado).

Artículo 106. (Derogado).

Artículo 107. (Derogado).

Artículo 108. (Derogado).

Artículo 109. (Derogado).

Artículo 110. (Derogado).

Artículo 111. (Derogado).

Artículo 112. (Derogado).

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Claudia Sofía Corichi García”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senadora Corichi García. Senador, tiene la palabra. Senador Velázquez López.

- El C. Senador Fernando Velázquez López: (Desde su escaño) Quisiera saber si la Senadora me permite suscribir con ella esta iniciativa.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Consulto a la Senadora Corichi García si acepta el acompañamiento de varios Senadores en su iniciativa.

- La C. Senadora Claudia Sofía Corichi García: Claro que sí, muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Bien, tómese nota de la petición del Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Informo a la Asamblea que una comisión de Diputadas y Diputados se encuentra en el Salón “Luis Donaldo Colosio” con el encargo de notificar a esta Cámara la Constitución de la Colegisladora, solicito a los señores Senadores Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente del Senado y a los Senadores Secretarios Renán Cleominio Zoreda y Adrián Rivera Pérez, reciban la notificación por parte de nuestros distinguidos visitantes en el Salón “Luis Donaldo Colosio”.

(La comisión atiende)

Y a petición expresa y justa de Senadores que de inmediato han localizado la ausencia, nombro a la Senadora Teresa Ortuño Gurza para que acompañe a la Comisión en representación de los Senadores de este Pleno, por supuesto.

Tiene la palabra el Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y agradezco, porque no pasa de largo el esfuerzo de los señores Senadores de que pese a que el Reglamento establece hasta 10 minutos para presentación de iniciativas, han sido prudentes para utilizar el uso de la tribuna, lo cual esta Presidencia agradece sin duda alguna.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el C. Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Legorreta Ordorica: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El sector ambiental cuenta con las bases jurídicas y normativas para promover la participación social en la política sectorial. Pensamos que es necesario reconocer que todavía hoy se enfrentan grandes dificultades para pasar de acciones meramente consultivas a acciones corresponsables en la toma de decisiones que incidan realmente en la definición de las políticas, programas, proyectos y acciones en el sector del medio ambiente y que aporten al proceso de construcción de una ciudadanía ambiental.

En apego al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que establece entre sus objetivos, “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país”, pretendemos, entonces, que se genere entre la sociedad la conciencia necesaria respecto de los problemas ambientales que afectan a nuestro país.

A partir de 1992, la PROFEPA instrumentó el programa de Auditoría Ambiental, la cual consiste en la recopilación de datos, visitas de inspección en campo, investigación de definiciones y el planteamiento de recomendaciones.

Una auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la empresa auditada, para minimizar los riesgos de contaminación por la realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para el ambiente.

En 1997 se inició con la expedición de certificados de Industria Limpia a las empresas que concluyeron los plantes de inversión y obras comprometidas para remediación y subsanación de las deficiencias detectadas durante la Auditoría. Además, durante la auditoría se revisa lo referente al manejo de materiales y residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, riesgos de accidente y los procedimientos de control para prevenirlos, así como los sistema de respuesta en caso de que ocurran y poder identificar las medidas correctivas necesarias para eliminar las deficiencias encontradas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las atribuciones necesarias para promover la Auditoría Ambiental como medio de identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y es exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los que no están normados en materia ambiental y así poder actuar en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

La Auditoría Ambiental evalúa si el sistema de las empresas es efectivo o no, aportando en caso negativo las condiciones mínimas suficientes para asegurar su idoneidad. La solución de éstas conlleva las medidas correctivas o preventivas que incluyen las acciones, proyectos, programas o procedimientos que se han de realizar por parte de la empresa auditada para la adecuación o ajuste de su sistema.

Ante estos planteamientos, la industria y en general las empresas modernas, tienen que ser conscientes y asumir de cara al futuro una postura proactiva, que les permita reconocer la necesidad de integrar las variables ambientales en todos los mecanismos de decisión empresarial, lo que supone anticiparse a todas las exigencias tanto legislativas como las dictadas por el consumidor.

Por esas razones, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México proponemos reformular y ajustar la Auditoría Ambiental y establecer que toda empresa o industria del país tenga como obligación el llevar a cabo como parte de los requisitos de funcionamiento dicha auditoría, la cual podrá ser aplicada por parte de la propia autoridad o por organismos reconocidos por la misma, obteniendo con ello los certificados correspondientes.

Asimismo, es importante destacar la necesidad de que las empresas y la autoridad publiquen el resultado derivado del ejercicio de dichas auditorías para el conocimiento y participación de la sociedad. Resulta entonces conveniente que se establezca como exigencia la elaboración de informes anuales sobre el manejo ambiental de sustancias tóxicas y todos aquellos materiales de desecho que sean reintegrados al entorno natural.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sector ambiental cuenta con las bases jurídicas y normativas para promover la participación social en la política sectorial. Es necesario reconocer que todavía hoy se enfrentan grandes dificultades para pasar de acciones meramente consultivas a acciones corresponsables en la toma de decisiones, que incidan realmente en la definición de las políticas, programas, proyectos y acciones en el sector del medio ambiente y que aporten al proceso de construcción de una ciudadanía ambiental.

En apego al Plan Nacional de desarrollo 2007–2012 que establece entre sus objetivos “garantizar que los mexicanos cuenten con las oportunidades efectivas para ejercer en plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y el país” y “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país”, pretendemos que la sociedad genere conciencia respecto de los problemas ambientales que afectan a nuestro país.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las atribuciones para promover la auditoría ambiental como medio de identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados en materia ambiental y poder en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

En el contexto empresarial, es muy frecuente encontrar el hecho en el que las compañías tienen conocimientos limitados acerca de los efectos de sus actividades y productos sobre el medio ambiente, y de este sobre sí mismas, al punto que es normal ante reclamaciones externas o pérdidas de insumos o productos perecederos en las instancias de los propios fabricantes, que los responsables se presenten asombrados o aleguen desconocimiento acerca de los problemas presentados, causándose en consecuencia, pérdidas importantes, tanto de imagen como económicas, las cuales de no abordarse objetivamente, pueden llegar a redundar seriamente en el futuro de la industria afectada y en la permanencia y aceptabilidad de su nombre o productos en el mercado.

A ese respecto, una industria en producción recibe del entorno recursos y materias primas, las cuales transforma en productos, generando con esto residuos que debe retornar al medio. Al mismo tiempo, genera empleo y desarrollo, que permite a la sociedad demandar una mejor calidad de vida y un mejor entorno ambiental, para lo cual, la sociedad presiona directamente a las empresas e indirectamente a través de la administración pública que reglamenta sus actividades, en donde la variable ambiental, marca las pautas en cuanto a la relación indicada se refiere, y es la base de la unión real entre la empresa y su entorno.

Ante los planteamientos enunciados, la industria y en general las empresas modernas, tienen que ser conscientes y asumir de cara al futuro una postura pro-activa, que les permita reconocer la necesidad de integrar las variables ambientales en todos los mecanismos de decisión empresarial, lo que supone anticiparse a todas las exigencias tanto legislativas como las dictadas por el consumidor, fomentar el ahorro de energía y recursos naturales, trabajar por lograr un incremento de la calidad y los niveles de productividad y pretender por la consecución de una aceptación política y social de su actividad, como bases para el sostenimiento empresarial, en un escenario en donde la competencia, ligada a la eficiencia y la competitividad, son la base para el cabal devenir de las empresas en el mundo moderno.

A partir de 1992, la PROFEPA instrumentó el programa de Auditoría Ambiental, y en el año de 1997 se inició con la expedición de certificados de Industria Limpia a las empresas que concluyeron los planes de inversión y obras comprometidas para la remediación y subsanación de las deficiencias detectadas durante la auditoria.

Se requiere evaluar el cumplimiento de la industria auditada con la normatividad mexicana vigente en lo referente al manejo de materiales y residuos peligrosos; emisiones a la atmósfera; descarga de aguas residuales; riesgo de accidentes, sus procedimientos de control para prevenirlos y los sistemas de respuesta en caso de que ocurran e identificar las medidas correctivas necesarias para eliminar las deficiencias encontradas. La auditoria consiste en la recopilación de datos, visitas de inspección en campo, investigación de deficiencias y el planteamiento de las recomendaciones.

Una auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la empresa auditada, para minimizar los riesgos de contaminación ambiental por la realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para el ambiente. Por lo anterior, el propósito de la auditoría ambiental es asegurar que el sistema auditado sea adecuado y suficiente para el cumplimiento con las condiciones para la protección al ambiente citadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico.

Con los resultados de la evaluación efectuada por la auditoría ambiental, se permite la formación de un programa específico para el sistema auditado, que considere el desarrollo de las actividades involucradas de acuerdo con los lineamientos escritos y aplicables para la empresa. La auditoría ambiental evalúa si el sistema de las empresas es efectivo o no lo es, aportando en caso negativo las condiciones mínimas suficientes para asegurar su idoneidad a través de las deficiencias; la solución de estas conlleva las medidas correctivas o preventivas que incluyeron las acciones, proyectos, programas o procedimientos que se han de realizar por parte de la empresa auditada para la adecuación o ajuste de su sistema.

El proceso de auditoría ambiental consta de tres etapas generales, las cuales son:

1. Pre-auditoría.- etapa en la cual se planea la realización de la auditoría en todas sus partes;

2. Auditoría.- etapa que consta de la ejecución de acuerdo al plan realizado y

3. Post-auditoría.- etapa de realización de los compromisos contraídos por la empresa auditada y el cierre de los trabajos de auditoría.

En la empresa por auditar se realiza una breve historia desde su fundación hasta la actualidad y se expresa su preocupación e importancia por el cumplimiento y control de sus emisiones de todo tipo que generen riesgo de contaminación ambiental. Tiene que ser preocupación permanente de esta empresa, el minimizar los efectos contaminantes sobre el aire, agua, suelo y la salud humana, manteniendo el funcionamiento correcto de los mecanismos de seguridad industrial ante cualquier contingencia; para tal efecto se considera necesario realizar análisis, pruebas y confirmación de los procedimientos y prácticas que lleven a la empresa por auditar al cumplimiento de los requerimientos legales, políticas internas con enfoque que permita dictaminar la aplicación de las medidas preventivas o correctivas.

Asimismo, se pretende que la empresa auditada cuente con:

A) La documentación técnica y legal necesaria para dar un debido cumplimiento a la legislación vigente en materia de agua, aire, residuos, seguridad e higiene y ruido.

B) Elaboración de programas y procedimientos que garanticen la segura operación de los procesos productivos y ambientales.

C) Los dispositivos necesarios para el control ambiental.

D) La cuantificación en tiempo y espacio de los efectos al ambiente por posibles eventos accidentales y de operación de las actividades y procesos industriales, sistemas de transporte, tratamiento y disposición de los desechos, así como la posibilidad de ocurrencia de accidentes.

Los alcances de la Auditoría Ambiental, incluyen las actividades que realiza la empresa auditada, asociadas con el manejo o contención de sustancias peligrosas, incluyendo materiales y residuos con propiedades corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o de algún modo contaminantes y los procesos o instalaciones que generen otras formas de contaminación ambiental. Por el riesgo en el manejo o contención de sustancias, quedan incluidas en los alcances las derivadas de las medidas para:

A) Evitar y corregir la contaminación ambiental producida por las sustancias mismas.

B) Prevenir contingencias ambientales y como se debe actuar en caso de presentarse.

• La capacidad y competencia del personal asignado al desempeño, verificación y dirección de las mismas.

• Las instalaciones y el diseño de las estructuras, equipos y componentes en tales actividades.

• Los documentos y registros que contienen los requisitos necesarios para establecer y desarrollar el programa de protección ambiental correspondiente.

Es por estas razones, que los Legisladores del Partido Verde proponemos esta iniciativa para reformar y adicionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para reformular y ajustar la Auditoría Ambiental, y establecer que toda empresa o industria del país tenga como obligación el llevar a cabo como parte de los requisitos de funcionamiento una auditoría ambiental, la cual podrá ser aplicada por parte de la propia autoridad o por organismos reconocidos por la misma, obteniendo con ello los certificados correspondientes.

Asimismo, es importante destacar la necesidad de que las empresas y la autoridad publiquen el resultado derivado del ejercicio de dichas auditorias para el conocimiento y participación de la sociedad. Resulta conveniente que se establezca como exigencia la elaboración de informes anuales sobre el manejo ambiental de sustancias tóxicas y todos aquellos materiales de desecho que sean reintegrados al entorno natural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

SECCION VII

Autorregulación y Auditorias Ambientales

ARTICULO 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales deberán desarrollar procesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

I a IV…

ARTICULO 38 BIS.- Los responsables del funcionamiento de una empresa, deberán obligatoriamente a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.

I a VI…

ARTICULO 38 BIS 2.- Los Estados y el Distrito Federal deberán establecer sistemas de autorregulación y auditorías ambientales en los ámbitos de sus respectivas competencias.

ARTICULO 38 BIS 3.- La Secretaría, así como las empresas o industrias auditadas deberán de publicar en su portal electrónico el resultado derivado del ejercicio de dichas auditorias para el conocimiento y participación de la sociedad.

ARTICULO 38 BIS 4.- Será obligación de las empresas e industrias, el emitir un reporte anual de los estándares de calidad sobre las emanaciones de contaminantes y manejo de residuos derivados de su actividad. Asimismo, deberán crear un expediente de dichos reportes, el cual será conservado por un plazo mínimo de 5 años.

Recinto del Senado de la República, 3 de septiembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Legorreta Ordorica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.

Se concede la palabra a la Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y del Senador Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso f) al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el C. Senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Jorge Legorreta Ordorica: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El sector ambiental cuenta con las bases jurídicas y normativas para promover la participación social en la política sectorial. Pensamos que es necesario reconocer que todavía hoy se enfrentan grandes dificultades para pasar de acciones meramente consultivas a acciones corresponsables en la toma de decisiones que incidan realmente en la definición de las políticas, programas, proyectos y acciones en el sector del medio ambiente y que aporten al proceso de construcción de una ciudadanía ambiental.

En apego al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que establece entre sus objetivos, “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país”, pretendemos, entonces, que se genere entre la sociedad la conciencia necesaria respecto de los problemas ambientales que afectan a nuestro país.

A partir de 1992, la PROFEPA instrumentó el programa de Auditoría Ambiental, la cual consiste en la recopilación de datos, visitas de inspección en campo, investigación de definiciones y el planteamiento de recomendaciones.

Una auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la empresa auditada, para minimizar los riesgos de contaminación por la realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para el ambiente.

En 1997 se inició con la expedición de certificados de Industria Limpia a las empresas que concluyeron los plantes de inversión y obras comprometidas para remediación y subsanación de las deficiencias detectadas durante la Auditoría. Además, durante la auditoría se revisa lo referente al manejo de materiales y residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, riesgos de accidente y los procedimientos de control para prevenirlos, así como los sistema de respuesta en caso de que ocurran y poder identificar las medidas correctivas necesarias para eliminar las deficiencias encontradas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las atribuciones necesarias para promover la Auditoría Ambiental como medio de identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y es exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los que no están normados en materia ambiental y así poder actuar en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

La Auditoría Ambiental evalúa si el sistema de las empresas es efectivo o no, aportando en caso negativo las condiciones mínimas suficientes para asegurar su idoneidad. La solución de éstas conlleva las medidas correctivas o preventivas que incluyen las acciones, proyectos, programas o procedimientos que se han de realizar por parte de la empresa auditada para la adecuación o ajuste de su sistema.

Ante estos planteamientos, la industria y en general las empresas modernas, tienen que ser conscientes y asumir de cara al futuro una postura proactiva, que les permita reconocer la necesidad de integrar las variables ambientales en todos los mecanismos de decisión empresarial, lo que supone anticiparse a todas las exigencias tanto legislativas como las dictadas por el consumidor.

Por esas razones, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México proponemos reformular y ajustar la Auditoría Ambiental y establecer que toda empresa o industria del país tenga como obligación el llevar a cabo como parte de los requisitos de funcionamiento dicha auditoría, la cual podrá ser aplicada por parte de la propia autoridad o por organismos reconocidos por la misma, obteniendo con ello los certificados correspondientes.

Asimismo, es importante destacar la necesidad de que las empresas y la autoridad publiquen el resultado derivado del ejercicio de dichas auditorías para el conocimiento y participación de la sociedad. Resulta entonces conveniente que se establezca como exigencia la elaboración de informes anuales sobre el manejo ambiental de sustancias tóxicas y todos aquellos materiales de desecho que sean reintegrados al entorno natural.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sector ambiental cuenta con las bases jurídicas y normativas para promover la participación social en la política sectorial. Es necesario reconocer que todavía hoy se enfrentan grandes dificultades para pasar de acciones meramente consultivas a acciones corresponsables en la toma de decisiones, que incidan realmente en la definición de las políticas, programas, proyectos y acciones en el sector del medio ambiente y que aporten al proceso de construcción de una ciudadanía ambiental.

En apego al Plan Nacional de desarrollo 2007–2012 que establece entre sus objetivos “garantizar que los mexicanos cuenten con las oportunidades efectivas para ejercer en plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y el país” y “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país”, pretendemos que la sociedad genere conciencia respecto de los problemas ambientales que afectan a nuestro país.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las atribuciones para promover la auditoría ambiental como medio de identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados en materia ambiental y poder en consecuencia, detectar posibles situaciones de riesgo a fin de emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

En el contexto empresarial, es muy frecuente encontrar el hecho en el que las compañías tienen conocimientos limitados acerca de los efectos de sus actividades y productos sobre el medio ambiente, y de este sobre sí mismas, al punto que es normal ante reclamaciones externas o pérdidas de insumos o productos perecederos en las instancias de los propios fabricantes, que los responsables se presenten asombrados o aleguen desconocimiento acerca de los problemas presentados, causándose en consecuencia, pérdidas importantes, tanto de imagen como económicas, las cuales de no abordarse objetivamente, pueden llegar a redundar seriamente en el futuro de la industria afectada y en la permanencia y aceptabilidad de su nombre o productos en el mercado.

A ese respecto, una industria en producción recibe del entorno recursos y materias primas, las cuales transforma en productos, generando con esto residuos que debe retornar al medio. Al mismo tiempo, genera empleo y desarrollo, que permite a la sociedad demandar una mejor calidad de vida y un mejor entorno ambiental, para lo cual, la sociedad presiona directamente a las empresas e indirectamente a través de la administración pública que reglamenta sus actividades, en donde la variable ambiental, marca las pautas en cuanto a la relación indicada se refiere, y es la base de la unión real entre la empresa y su entorno.

Ante los planteamientos enunciados, la industria y en general las empresas modernas, tienen que ser conscientes y asumir de cara al futuro una postura pro-activa, que les permita reconocer la necesidad de integrar las variables ambientales en todos los mecanismos de decisión empresarial, lo que supone anticiparse a todas las exigencias tanto legislativas como las dictadas por el consumidor, fomentar el ahorro de energía y recursos naturales, trabajar por lograr un incremento de la calidad y los niveles de productividad y pretender por la consecución de una aceptación política y social de su actividad, como bases para el sostenimiento empresarial, en un escenario en donde la competencia, ligada a la eficiencia y la competitividad, son la base para el cabal devenir de las empresas en el mundo moderno.

A partir de 1992, la PROFEPA instrumentó el programa de Auditoría Ambiental, y en el año de 1997 se inició con la expedición de certificados de Industria Limpia a las empresas que concluyeron los planes de inversión y obras comprometidas para la remediación y subsanación de las deficiencias detectadas durante la auditoria.

Se requiere evaluar el cumplimiento de la industria auditada con la normatividad mexicana vigente en lo referente al manejo de materiales y residuos peligrosos; emisiones a la atmósfera; descarga de aguas residuales; riesgo de accidentes, sus procedimientos de control para prevenirlos y los sistemas de respuesta en caso de que ocurran e identificar las medidas correctivas necesarias para eliminar las deficiencias encontradas. La auditoria consiste en la recopilación de datos, visitas de inspección en campo, investigación de deficiencias y el planteamiento de las recomendaciones.

Una auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la empresa auditada, para minimizar los riesgos de contaminación ambiental por la realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para el ambiente. Por lo anterior, el propósito de la auditoría ambiental es asegurar que el sistema auditado sea adecuado y suficiente para el cumplimiento con las condiciones para la protección al ambiente citadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico.

Con los resultados de la evaluación efectuada por la auditoría ambiental, se permite la formación de un programa específico para el sistema auditado, que considere el desarrollo de las actividades involucradas de acuerdo con los lineamientos escritos y aplicables para la empresa. La auditoría ambiental evalúa si el sistema de las empresas es efectivo o no lo es, aportando en caso negativo las condiciones mínimas suficientes para asegurar su idoneidad a través de las deficiencias; la solución de estas conlleva las medidas correctivas o preventivas que incluyeron las acciones, proyectos, programas o procedimientos que se han de realizar por parte de la empresa auditada para la adecuación o ajuste de su sistema.

El proceso de auditoría ambiental consta de tres etapas generales, las cuales son:

1. Pre-auditoría.- etapa en la cual se planea la realización de la auditoría en todas sus partes;

2. Auditoría.- etapa que consta de la ejecución de acuerdo al plan realizado y

3. Post-auditoría.- etapa de realización de los compromisos contraídos por la empresa auditada y el cierre de los trabajos de auditoría.

En la empresa por auditar se realiza una breve historia desde su fundación hasta la actualidad y se expresa su preocupación e importancia por el cumplimiento y control de sus emisiones de todo tipo que generen riesgo de contaminación ambiental. Tiene que ser preocupación permanente de esta empresa, el minimizar los efectos contaminantes sobre el aire, agua, suelo y la salud humana, manteniendo el funcionamiento correcto de los mecanismos de seguridad industrial ante cualquier contingencia; para tal efecto se considera necesario realizar análisis, pruebas y confirmación de los procedimientos y prácticas que lleven a la empresa por auditar al cumplimiento de los requerimientos legales, políticas internas con enfoque que permita dictaminar la aplicación de las medidas preventivas o correctivas.

Asimismo, se pretende que la empresa auditada cuente con:

A) La documentación técnica y legal necesaria para dar un debido cumplimiento a la legislación vigente en materia de agua, aire, residuos, seguridad e higiene y ruido.

B) Elaboración de programas y procedimientos que garanticen la segura operación de los procesos productivos y ambientales.

C) Los dispositivos necesarios para el control ambiental.

D) La cuantificación en tiempo y espacio de los efectos al ambiente por posibles eventos accidentales y de operación de las actividades y procesos industriales, sistemas de transporte, tratamiento y disposición de los desechos, así como la posibilidad de ocurrencia de accidentes.

Los alcances de la Auditoría Ambiental, incluyen las actividades que realiza la empresa auditada, asociadas con el manejo o contención de sustancias peligrosas, incluyendo materiales y residuos con propiedades corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o de algún modo contaminantes y los procesos o instalaciones que generen otras formas de contaminación ambiental. Por el riesgo en el manejo o contención de sustancias, quedan incluidas en los alcances las derivadas de las medidas para:

A) Evitar y corregir la contaminación ambiental producida por las sustancias mismas.

B) Prevenir contingencias ambientales y como se debe actuar en caso de presentarse.

• La capacidad y competencia del personal asignado al desempeño, verificación y dirección de las mismas.

• Las instalaciones y el diseño de las estructuras, equipos y componentes en tales actividades.

• Los documentos y registros que contienen los requisitos necesarios para establecer y desarrollar el programa de protección ambiental correspondiente.

Es por estas razones, que los Legisladores del Partido Verde proponemos esta iniciativa para reformar y adicionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para reformular y ajustar la Auditoría Ambiental, y establecer que toda empresa o industria del país tenga como obligación el llevar a cabo como parte de los requisitos de funcionamiento una auditoría ambiental, la cual podrá ser aplicada por parte de la propia autoridad o por organismos reconocidos por la misma, obteniendo con ello los certificados correspondientes.

Asimismo, es importante destacar la necesidad de que las empresas y la autoridad publiquen el resultado derivado del ejercicio de dichas auditorias para el conocimiento y participación de la sociedad. Resulta conveniente que se establezca como exigencia la elaboración de informes anuales sobre el manejo ambiental de sustancias tóxicas y todos aquellos materiales de desecho que sean reintegrados al entorno natural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

SECCION VII

Autorregulación y Auditorias Ambientales

ARTICULO 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales deberán desarrollar procesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

I a IV…

ARTICULO 38 BIS.- Los responsables del funcionamiento de una empresa, deberán obligatoriamente a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.

I a VI…

ARTICULO 38 BIS 2.- Los Estados y el Distrito Federal deberán establecer sistemas de autorregulación y auditorías ambientales en los ámbitos de sus respectivas competencias.

ARTICULO 38 BIS 3.- La Secretaría, así como las empresas o industrias auditadas deberán de publicar en su portal electrónico el resultado derivado del ejercicio de dichas auditorias para el conocimiento y participación de la sociedad.

ARTICULO 38 BIS 4.- Será obligación de las empresas e industrias, el emitir un reporte anual de los estándares de calidad sobre las emanaciones de contaminantes y manejo de residuos derivados de su actividad. Asimismo, deberán crear un expediente de dichos reportes, el cual será conservado por un plazo mínimo de 5 años.

Recinto del Senado de la República, 3 de septiembre de 2009.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:Sen. Jorge Legorreta Ordorica, Coordinador.- Sen. Francisco Agundis Arias.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Manuel Velasco Coello.- Sen. Javier Orozco Gómez”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Legorreta Ordorica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.

Se concede la palabra a la Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y del Senador Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso f) al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO F), RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTICULO 539 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Irma Martínez Manríquez, a nombre propio y del C. Senador Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza)

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente; Honorable Asamblea:

En México, el desempleo tiene rostro de joven y de mujer. Así lo indican las estadísticas, que señalan que el 41.4 por ciento de jóvenes de 15 a 24 años se encuentran desempleados, de estos 45.8 por ciento son mujeres, mientras que 38.3 son hombres, 7 de cada 10 desempleados son jóvenes. Esta tasa de desempleo juvenil es de las más altas en América Latina: mayor que Chile con 32.2 por ciento, que Ecuador con 40.2 por ciento, que Uruguay con 42 por ciento, y que Argentina con 9.4 por ciento.

El problema es de tal magnitud, que recientemente el Secretario del Trabajo ha reconocido que la tasa de desempleo entre los jóvenes es de 9.43%, lo que representa más del doble de la media nacional general de la Población Económicamente Activa.

El desempleo se ha ensañado con mayor fuerza entre los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, particularmente desde hace un año, como consecuencia de los efectos perniciosos de la recesión mundial sobre la economía de nuestro país. La Secretaría de Educación Pública ha informado en días recientes, que cursar la Educación Media Superior no representa mejores oportunidades, pues es muy difícil encontrar empleo y los salarios promedio apenas superan a los que perciben quienes sólo cuentan con educación básica. Lo anterior es muy dramático, pues dentro del grupo de jóvenes desempleados, la mayor tasa de desocupación se registra entre quiénes completaron la Educación Media Superior.

El desempleo entre los jóvenes significa un desperdicio del “bono demográfico”, pues los estamos educando durante un buen número de años para terminar arrojándolos al abismo del desempleo, con todo lo que ello implica: la falta de medios para ser económicamente independientes y constituir sus propias familias, agravada por la frustración, el resentimiento, la depresión, la propensión a las adicciones y otros mecanismos para evadirse de la dura realidad que los golpea.

Los jóvenes que egresan de las escuelas son quienes más padecen los estragos del desempleo. Todos conocemos anécdotas de jóvenes profesionistas que terminan conduciendo taxis, o vendiendo todo tipo de artículos, en un precario intento por autoemplearse y no terminar en el submundo de la delincuencia y la criminalidad a la que se ven orillados ante la falta de opciones para subsistir.

Después de los jóvenes, las mujeres jefas de familia constituyen el otro sector social que se está viendo significativamente afectado por la grave contingencia económica que padecemos desde hace un año.

Apenas en esta semana, la prensa nacional ha difundido que el desempleo entre mujeres que son cabezas de familia aumentó 34 por ciento –27 mil casos más– en los últimos tres meses, pues de existir 79 mil 722 mujeres desocupadas en el segundo trimestre de 2005, para este mismo periodo del actual año en curso se han registrado 106 mil 189 jefas de familia desempleadas, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Como consecuencia, ha aumentado el número de jefas de familia que se han incorporado a la economía informal, habiendo pasado de 225 mil 267 en el segundo trimestre de 2005, a 289 mil 861 para el periodo de 2009, lo que representa un incremento del 28 por ciento.

Las 106 mil 189 mujeres-cabezas de familia desocupadas representan la cuarta parte del total de 466.3 mil jefes de familia -hombres y mujeres- que carecen de trabajo. También representan la sexta parte del total de jefas de familia desempleadas del país, que es de casi 666 mil mexicanas. De este total, 90 por ciento son madres, de las cuales casi la mitad sostiene a uno o dos hijos, un 30 por ciento sostiene de tres a cinco, y un 10 por ciento sostiene a más de seis.

Entre las jefas de familia desempleadas, también prevalecen quienes tienen mayor nivel de estudios, con un 35 por ciento que cuentan con bachillerato o estudios universitarios, y 30 por ciento con sólo la educación básica; 60 por ciento de las mujeres cabezas de familia provienen del nivel medio bajo, por lo que sus posibilidades de conseguir empleos bien remunerados son casi nulas.

La grave pérdida de empleos exige que gobierno y legisladores impulsemos políticas públicas y reformas legales que protejan los empleos existentes y creen nuevos, en beneficio de quienes se han visto más afectados por este problema, los jóvenes y las mujeres jefas de familia.

Es indigno que en un país como México, poseedor de vastas riquezas humanas y naturales, persista el drama de cientos de miles de jóvenes que después de realizar enormes esfuerzos y sacrificios junto con sus familias para lograr mejores niveles educativos, vean canceladas todas sus expectativas de vida para terminar en las filas del desempleo, o peor aún, en las de la delincuencia o en los trastornos psico-sociales derivados de la pobreza y la exclusión social y laboral.

Es inhumano que las mujeres jefas de familia, además de lidiar con la discriminación de género y la doble jornada, que día con día realizan, se vean privadas de la fuente de recursos de la que disponen para afrontar la dura carga económica que supone sacar a los hijos adelante.

Ante estas intolerables situaciones, en Nueva Alianza, nos pronunciamos a favor de una reforma que obligue a implementar programas permanentes de protección y creación de empleos dirigidos a estos dos sectores sociales, los cuales concentran un amplio espectro de población, además de que se encuentran entre los más vulnerables y desprotegidos.

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un inciso f) recorriéndose los subsecuentes, al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 539.- De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades:

I. En materia de promoción de empleos:

f) Implementar programas permanentes de empleo y protección al empleo para jóvenes y mujeres jefas de familia.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, solicito a la Presidencia que la presente iniciativa sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“SENADOR CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

La suscrita, senadora IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ, a nombre propio y del Senador FERMIN TRUJILLO FUENTES, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO F, RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTICULO 539 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho al trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales, consagrado tanto por nuestra Carta Magna como en diversos Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. El artículo 123 constitucional establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; y que para tal efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.Asimismo, laDeclaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 señala que:

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”

Sin embargo, el actual entorno recesivo de la actividad económica mundial ha ocasionado la perdida de millones de empleos y la quiebra de miles de empresas. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “En términos absolutos, entre 2007 y 2008 el número de desempleados a nivel mundial aumentó en 10.7 millones de personas y entre 2008 y 2009 el incremento, se estima en aproximadamente 19.9 millones de personas; por tal motivo, el número total de desempleados en el mundo para 2008 fue de aproximadamente 190 millones y para 2009 se prevén 210 millones.”

El impacto a nivel nacional que ha tenido la recesión económica mundial, provocada por la desaceleración del sector externo y del mercado interno, es la caída de la población ocupada, el incremento de la tasa de desocupación y la reducción de los salarios de algunos sectores de la economía nacional.

La contracción del aparato productivo nacional, la pérdida masiva de empleos, los recortes presupuestales -el primero de 35 mdp, y el segundo por 50 mdp- anunciados por el gobierno federal para este año, configuran un escenario nacional preocupante, donde los más afectados son los sectores y grupos sociales que viven en pobreza, incluidos los jóvenes y madres jefas de familia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el INEGI,la tasa de desocupación a nivel nacional entre la Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado paulatinamente ya que en el mes de julio de este año se ubico en 6.12%, el mas alto de los últimos 13 años, proporción mayor a la que se presentó en el mismo mes de 2008 cuando fue de 4.15%. Si consideramos que la Población Económicamente Activa es de 45.7 millones de personas y la tasa de desocupación es del 6.12%, entonces a julio de este año alrededor de 2.8 millones de personas no tenían empleo.

En México, el desempleo tiene rostro de joven y de mujer. Así lo indican lasestadísticas, que señalan que 41.4 por ciento de jóvenes de 15 a 24 años se encuentran desempleados, de los cuales 45.8 por ciento son mujeres, mientras que 38.3 son hombres. 7 de cada 10 desempleados son jóvenes. Esta tasa de desempleo juvenil es de las más altas en América Latina: mayor que Chile con 32.2 por ciento, que Ecuador con 40.2 por ciento, que Uruguay con 42 por ciento, y que Argentina con 9.4 por ciento.

El problema es de tal magnitud, que recientemente el Secretario del Trabajo ha reconocido que el desempleo entre los jóvenes registra una tasa de 9.43%, lo que representa más del doble de la media nacional general de la Población Económicamente Activa.

El desempleo se ha ensañado con mayor fuerza entre los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, desde hace un año en que se desató la recesión que ha tenido efectos sumamente perniciosos en la economía de nuestro país. La Secretaría de Educación Pública ha informado en días recientes, que cursar la educación media superior no representa mejores oportunidades, pues es muy difícil encontrar empleo y los salarios promedio apenas superan a los que perciben quienes sólo cuentan con educación básica. Lo anterior es muy dramático, pues dentro del grupo de jóvenes desempleados, la mayor tasa de desocupación se registra entre quienes completaron la educación media superior.

El desempleo entre los jóvenes significa un desperdicio del “bono demográfico”, pues los estamos educando durante un buen número de años para terminar arrojándolos al abismo del desempleo, con todo lo que ello implica: la falta de medios para ser económicamente independientes y constituir sus propias familias, agravada por la frustración, el resentimiento, la depresión, la propensión a las adicciones y otros mecanismos para evadirse de la dura realidad que los golpea.

Los jóvenes que egresan de las escuelas son quienes más padecen los estragos del desempleo. Todos conocemos anécdotas de jóvenes profesionistas que terminan conduciendo taxis, o vendiendo todo tipo de artículos, en un precario intento por autoemplearse y no terminar en el submundo de la delincuencia y la criminalidad a la que se ven orillados ante la falta de opciones para subsistir.

Si una de las claves para que los jóvenes logren salir de la pobreza, es brindarles oportunidades de trabajo digno, ya que contar con un empleo decoroso le permite a nuestra juventud insertarse en la sociedad de manera productiva, procurarse de una remuneración y, en consecuencia, acceder a una mejor calidad de vida, las expectativas de inserción laboral, y de no discriminación en su vida adulta, no son suficientes, ni se han previsto canales adecuados para su plena inclusión social.

Después de los jóvenes, las mujeres jefas de familia constituyen el otro sector social que se está viendo significativamente afectado por la grave contingencia económica que padecemos desde hace un año, a la cual se suma el desempleo crónico y estructural que padece nuestro país desde hace décadas.

Apenas en esta semana, la prensa nacional ha difundido que el desempleo entre mujeres que son cabezas de familia aumentó 34 por ciento –27 mil casos más– en los últimos tres meses, pues de existir 79 mil 722 mujeres desocupadas en el segundo trimestre de 2005, para este mismo periodo delaño en curso se han registrado 106 mil 189jefas de familia desempleadas, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Como consecuencia, ha aumentado el número de jefas de familia que se han incorporado a la economía informal, habiendo pasado de 225 mil 267 en el segundo trimestre de 2005, a 289 mil 861 para el mismo periodo de 2009, lo que representa un incremento del 28 por ciento.

Las 106 mil 189 mujeres-cabezas de familia desocupadas representan la cuarta parte del total de 466.3 mil jefes de familia -hombres y mujeres- que carecen de trabajo. También representan la sexta parte del total de jefas de familiadesempleadas del país, que es de casi 666 mil mexicanas.De este total, 90 por ciento son madres, de las cuales casi la mitad sostiene a uno o dos hijos, un 30 por ciento sostiene de tres a cinco, y un 10 por ciento sostiene a más de seis.

Entre las jefas de familia desempleadas, también prevalecen quienes tienen mayor nivel de estudios, con un 35 por ciento que cuentan con bachillerato o estudios universitarios, y 30 por ciento con sólo la educación básica. 60 por ciento delas mujeres cabezas de familia provienen del nivel medio bajo, por lo que sus posibilidades de conseguir empleos bien remunerados son casi nulas.

La grave pérdida de empleos exige que gobierno y legisladores impulsemos políticas públicas y reformas legales que permitan proteger los empleos existentes y detonar nuevos, en beneficio de quienes se han visto más afectados por este problema, entre quienes destacan los jóvenes y las mujeres jefas de familia.

Si bien es cierto que en la actualidad existen una serie de programas de carácter genérico, que si bien de manera indirecta buscan benefician alos jóvenes y madres jefas de familia, no recogen las particularidades de sus principales problemas y necesidades.

Es indigno que en un país como México, poseedor de vastas riquezas humanas y naturales, persista el drama de cientos de miles de jóvenes que después de realizar enormes esfuerzos y sacrificios junto con sus familias para lograr mejores niveles educativos, vean canceladas todas sus expectativas de vida paraterminar en las filas del desempleo, o peor aún, en las de la delincuencia o en los trastornos psico-sociales derivados de la pobreza y la exclusión social y laboral.

Es inhumano que las mujeres jefas de familia, además de lidiar con la discriminación de género y la doble jornada –laboral y doméstica- que día con día realizan, se vean privadas de la fuente de recursos de la que disponen para afrontar la dura carga económica que supone sacar a los hijos adelante.

Ante estas intolerables situaciones, nos pronunciamos a favor de una reforma que obligue a fomentar programas de protección y creación de empleos dirigidos a estos dos sectores sociales, los cuales no sólo concentran un amplio espectro de población, sino que además se encuentran entre los más vulnerables y desprotegidos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Seadiciona un inciso f, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 539.- De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades:

I. En materia de promoción de empleos:

a) al e) …

f) Implementar programas permanentes de empleo y protección al empleo para jóvenes y mujeres jefas de familia;

g) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra;

h) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las Entidades Federativas;

i) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.

II. a IV. …

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Irma Martínez Manríquez.- Sen.Fermín Trujillo Fuentes”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Pregunto a la proponente, ¿acepta el acompañamiento de otros Senadores y Senadoras para suscribir la iniciativa?

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Es un honor. Muchas gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Está registrada su intención de acompañar esta importante iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Rafael Moreno Valle, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 194, 198 y 204 de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 194, LA FRACCION II DEL ARTICULO 198 Y EL ARTICULO 204 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Rafael Moreno Valle Rosas, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Rafael Moreno Valle Rosas: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen respectivos, el siguiente PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO 194, LA FRACCION II DEL ARTICULO 198, Y EL ARTICULO 204 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, en función de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, el porcentaje de adultos mayores de 20 años con problemas de sobrepeso y obesidad aumentó 10 puntos porcentuales, al pasar de 60 a 70 por ciento del total.

El mismo estudio advirtió que estimaciones serias señalan que para 2010 en el mundo existirán mil 500 millones de personas con sobrepeso, y de esta cifra 20 por ciento serán niños y adolescentes. Este fenómeno se atribuye a que sus vidas son más sedentarias que en décadas anteriores, porque pasan mayor tiempo frente a la computadora, los videojuegos y la televisión.

En este sentido la Organización Mundial de la Salud, estima que para 2015 habrá unos 2 mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.

Lamentablemente la problemática antes mencionada ha traído como consecuencia un incremento en la comercialización de suplementos alimenticios que “venden” salud y prometen bajar de peso. Sin embargo muchos de estos productos carecen de propiedades terapéuticas y base científica.

Actualmente los llamados suplementos alimenticios en su elaboración, fabricación, preparación y comercialización no están sujetos a registro sanitario como ocurre con los medicamentos, únicamente dan aviso de funcionamiento a las autoridades sanitarias pero esto no quiere decir que tienen aval científico.

Algunos de los suplementos alimenticios que hoy en día se encuentran a la venta en el mercado, están siendo objeto de investigación por representar un riesgo sanitario.

El 26 de agosto de 2009, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), presentó 15 suplementos alimenticios que son objeto de investigación por representar un riesgo sanitario, ya que contienen plantas tóxicas, reconocidas por la farmacopea herbolaria.

Estos productos, no tienen eficacia terapéutica alguna y pueden causar reacciones adversas y enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, alergias, cáncer de tiroides, gota y acné, así como problemas psiquiátricos, entre otras.

Según información de la COFEPRIS, al cierre de 2008, había 1,568 empresas que han presentado su aviso de funcionamiento a la dependencia, para la venta de 21 mil 672 suplementos alimenticios.

Los suplementos alimenticios pueden dañar la salud de los consumidores porque contienen sustancias no declaradas que son similares a principios activos farmacéuticos.

Ante estas cifras alarmantes, nuestra responsabilidad, como representantes populares es adecuar el marco jurídico a la realidad que estamos viviendo, no podemos permitir que este tipo de productos que prometen mágicamente atacar la obesidad y el sobrepeso afecten a quienes al no estar debidamente informados los consuman con consecuencias negativas en su salud.

Es por ello, que la iniciativa que impulso tiene como objeto someter a registro sanitario los denominados suplementos alimenticios.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 194, la fracción II del artículo 198 y el artículo 204 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Párrafo tercero del artículo 194.- El control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, suplementos alimenticios, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Fracción II del artículo 198.- La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, suplementos alimenticios, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas.

Artículo 204.- Los medicamentos, suplementos alimenticios y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“C. Presidente de la Mesa Directiva
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Presentes.

Como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen respectivos, el siguiente Proyecto de Decreto que Reforma el pArrafo tercero del artIculo 194, la fracciOn II del artIculo 198, y el artIculo 204 de la Ley General de Salud, en función de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, el porcentaje de adultos mayores de 20 años con problemas de sobrepeso y obesidad aumentó 10 puntos porcentuales, al pasar de 60 a 70% del total.

El mismo estudio advirtió que estimaciones serias señalan que para 2010 en el mundo existirán mil 500 millones de personas con sobrepeso, y de esta cifra 20% serán niños y adolescentes. Este fenómeno se atribuye a que sus vidas son más sedentarias que en décadas anteriores, porque pasan mayor tiempo frente a la computadora, los videojuegos y la televisión.

En este sentido la Organización Mundial de la Salud, estima que para 2015 habrá unos dos mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.

Lamentablemente la problemática antes mencionada ha traído como consecuencia un incremento en la comercializaciónde suplementos alimenticios que “venden” salud y prometen bajar de peso. Sin embargo muchos de estos productos carecen de propiedades terapéuticas y base científica.

Actualmente los llamados suplementos alimenticios en su elaboración, fabricación, preparación y comercialización no están sujetos a registro sanitario como ocurre con los medicamentos. Únicamente dan aviso de funcionamiento a las autoridades sanitarias pero esto no quiere decir que tienen aval científico.

Algunos de los suplementos alimenticios que hoy en día se encuentran a la venta en el mercado, están siendo objeto de investigación por representar un riesgo sanitario.

El 26 de agosto de 2009, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), presentó 15 suplementos alimenticios que son objeto de investigación por representar un riesgo sanitario, ya que contienen las plantas tóxicas Thevetia SPP y Fucus Vesiculosus, reconocidas por la farmacopea herbolaria, así como Picolinato de Cromo.

Estos productos, no tienen eficacia terapéutica alguna y pueden causar reacciones adversas y enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, alergias, cáncer de tiroides, gota y acné, así como nefrotoxicidad y problemas psiquiátricos, entre otras.

Según información de la COFEPRIS, al cierre de 2008, había 1,568 empresas que han presentado su aviso de funcionamiento a la dependencia para la venta de 21 mil 672 suplementos alimenticios, el 70% de dichos establecimientos se encuentran en el DF, Estado de México y Jalisco, pero la cifra ya rebasó los 22 mil productos.

Los suplementos alimenticios pueden dañar la salud de los consumidores porque contienen sustancias no declaradas que son similares a principios activos farmacéuticos.

Ante estas cifras alarmantes, como representantes sociales es nuestro deber adecuar el marco jurídico a la realidad que estamos viviendo, no debemos permitir que ante un problema serio de salud, este tipo de productos que prometen mágicamente atacar el problema de la obesidad y el sobrepeso afecten aún más la salud de quienes al no estar debidamente informados los consuman con consecuencias negativas en su salud.

Es por ello que la iniciativa que impulso tiene como objeto someter a registro sanitario los denominados suplementos alimenticios.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo tercero del Artículo 194, la fracción II del Artículo 198 y el Artículo 204 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 194.- …

I. …

II. …

III. …

El control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, suplementos alimenticios, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Artículo 198. …

I. …

II. La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, suplementos alimenticios, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas;

III. …

IV. …

V. …

VI. …

Artículo 204.- Los medicamentos, suplementos alimenticios y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 3 de septiembre de 2009.

Sen. Rafael Moreno Valle”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Moreno Valle. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se concede la palabra a la Senadora María Elena Orantes López, a nombre propio y de las Senadoras Guadalupe Fonz Sáenz y María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 204 de la Ley del Seguro Social y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 204 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Presentada por la C. Senadora María Elena Orantes López, a nombre propio y de las CC. Senadoras Guadalupe Fonz Sáenz y María del Socorro García Quiroz, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Elena Orantes López: Muchas gracias, señor Presidente.

Deseando a todos lo mejor en este inicio de legislatura, y muy agradecida por la solidaridad de todos mis compañeros, en momentos difíciles de la vida.

A continuación, pongo a consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto, que adiciona el artículo 204 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El siniestro ocurrido en la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niñas y niños y otros más quedaron gravemente lesionadas por quemaduras, dejó tras de sí, dolorosas experiencias que no deben repetirse.

Los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 5 de junio, dejaron en claro que es inaceptable que las guarderías y estancias infantiles puedan ser operadas sin las condiciones de seguridad necesarias, que sólo revelan la falta de una supervisión adecuada por parte de las autoridades y un ordenamiento que brinde seguridad a los infantes y a las personas que en ella laboran.

La Ley del Seguro Social hace referencia a la prestación del servicio de guarderías infantiles. Sin embargo, la normatividad referida es aún muy vaga respecto a las condiciones mínimas en las que se debe proporcionar este servicio. Esta problemática genera insuficiencias en la calidad y en la seguridad de un servicio tan sensible y necesario como es el del cuidado de los niños y de las madres trabajadoras mexicanas.

Al no estar normadas y supervisadas correctamente por parte de las autoridades federales conforme a los múltiples requisitos que plantea la Norma Oficial Mexicana, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores; la integridad de los niños sigue corriendo peligro al permanecer bajo la tutela de gente sin los conocimientos adecuados, o bien, en instalaciones impropias para otorgar el servicio de guardería.

Es por ello que es fundamental encontrar soluciones que permitan preservar la calidad en la prestación de tan importantes servicio, al tiempo de impedir que se sigan presentando situaciones que pongan en riesgo la viabilidad del esquema de guarderías subrogadas.

Por ello, este proyecto de Decreto que presentamos conjuntamente las señoras Senadoras, Guadalupe Fonz Sáenz y María del Socorro García Quiroz, expresamos nuestra preocupación de preservar la calidad en la prestación de servicios de este importante sistema para las familias mexicanas.

Consideramos fundamental que el Estado mexicano tenga los derechos de la infancia y obligue a través de licitaciones públicas rigurosas a los prestadores del servicio, contar con instalaciones de guarda que le permitan brindar un desarrollo sano, seguro y armónico a los infantes; mientras sus padres y madres cumplen con lo más difícil cada día, pilar fundamental de economía y trabajo laboral.

Es importante destacar que el objetivo que se persigue es que, en los procesos de contratación, desaparezca la aplicación directa y se pueda privilegiar la licitación pública, con ello, la prestación del servicio se dará a partir de una mayor certeza jurídica entre el Instituto y los operadores, en beneficio de los derechohabientes y sus hijos.

Así, mediante esta iniciativa, se proponen las modificaciones al artículo 214 de la Ley del Seguro Social y al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de construir un marco normativo que brinde seguridad y certeza a la institución, como a los beneficios del servicio de las guarderías.

De esta forma, las adecuaciones legislativas propuestas, tendrían la siguiente composición:

Artículo Primero.- Se adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 204.- Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá las instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere un régimen obligatorio.

El Instituto podrá brindar el servicio de guardería que tiene encomendados de manera indirecta, a través de procedimientos de contratación con organismos públicos o particulares, bajo el esquema de subrogación.

Esta será una prestación del servicio de guardería, que se hará conforme a los lineamientos que establece esta Ley, la Norma Oficial Mexicana así como lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se adicionará en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la siguiente forma:

Las dependencias y entidades, bajo la responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de contratación, que a continuación se señalan:

I.- Licitación pública.

II.- Invitación a cuando menos tres personas, o

III.- Adjudicación directa.

Cuando se trate de la subrogación de servicios de guardería infantil a través de la prestación de servicios de asistencia social a que estén obligados por ley o decreto las dependencias y entidades públicas de la Federación y los estados, está se llevará a cabo únicamente por licitación pública tomando en cuenta las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997.

En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

“La que suscribe, Senadora María Elena Orantes López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 204 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

ExposiciOn de motivos

El siniestro ocurrido en la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora; en el que murieron 49 niños,y otros más quedaron gravemente lesionados por quemaduras, dejó tras de sí, dolorosas experiencias que no deben de repetirse.

Los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 5 de junio, dejaron en claro que es inaceptable que las guarderías y estancias infantiles puedan ser operadas sin las condiciones de seguridad necesarias, que solo revelan la falta de una supervisión adecuada por parte de las autoridades y un ordenamiento que brinde seguridad a los infantes y a las personas que en ellas laboran.

La tragedia registrada en la ciudad de Hermosillo es el resultado de la falta de reglas claras para la operación de estos establecimientos, así como el apoyo que obtuvieron familiares y conocidos de políticos encumbrados para ganar adjudicaciones directas de guarderías del IMSS, que ponen de manifiesto el nepotismo y la corrupción de autoridades encargadas de concesionar este tipo de servicios, como de aquellas responsables de supervisar las condiciones de seguridad para su operación.

Es lamentable pensar que las medidas para la prevención, control y cumplimiento estricto de las normas de seguridad que se tomarán de ahora en adelante frente a los terribles acontecimientos, se asuman a partir de una tragedia de tal magnitud, a pesar de los señalamientos que desde el Congreso se han venido dando para preservar la seguridad de los infantes.

El artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo establece que los servicios de guardería infantil se prestarán por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias.

Por su parte, la Ley del Seguro Social hace referencia a la prestación del servicio de guarderías infantiles. Sin embargo, la normatividad referida es muy vaga respecto a las condiciones mínimas en las que se debe proporcionar este servicio. Esta problemática genera insuficiencias en la calidad y seguridad de un servicio tan sensible y necesario como lo es el cuidado de los niños de las madres trabajadoras mexicanas.

El problema de las guarderías irregulares es mayúsculo en todo el país si tomamos en cuenta que el crecimiento en la demanda de guarderías durante los últimos tres años, generó una falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno en lo que se refiere a la regularización de estos establecimientos.

Al no estar normadas y supervisadas correctamente por parte de la autoridad federal conforme a los múltiples requisitos que plantea la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores; la integridad de los niños sigue corriendo peligro al permanecer bajo la tutela de gente sin los conocimientos adecuados, o bien, en instalaciones impropias para otorgar el servicio de guardería.

Es por ello que es fundamental encontrar soluciones que permitan preservar la calidad en la prestación de tan importante servicio, al tiempo de impedir que se sigan presentando situaciones que pongan en riesgo la viabilidad del esquema de guarderías subrogadas.

Consideramos erróneas las estrategias y los criterios del Gobierno Federal de disminuir la calidad de atención de los infantes y las cuotas que se cubren a los particulares que operan guarderías subrogadas; ya que esto ha provocado el desmantelamiento de la infraestructura de guarderías.

Es fundamental que el Estado mexicano tutele los derechos de la infancia y obligue a través de licitaciones públicas rigurosas a los prestadores del servicio, contar con instalaciones de guarda que les permitan brindar un desarrollo sano, seguro y armónico a los infantes, mientras sus padres y madres cumplen con sus responsabilidades laborales.

La propuesta legislativa que persigue este Decreto no desconoce que las circunstancias financieras del IMSS obligan a replantear el tema bajo un enfoque distinto al estrictamente social. Sin embargo, debemos dejar en claro que el Estado debe garantizar el cumplimiento de esta prestación para que ningún proceso administrativo, financiero o legislativo, pueda echar atrás las conquistas laborales hasta ahora concretadas en este rubro.

A raíz de la tragedia en Hermosillo, Sonora, se han desencadenado una serie de acontecimientos que han profundizado el desconcierto y la falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales.

Entretanto, la Comisión Permanente solicitó al Director del IMSS la lista de los contratos tipo y la normatividad para las guarderías, lo que no ocurrió sino 33 días después en el marco de la comparecencia de este mismo funcionario ante la Comisión Permanente, llevada a cabo el pasado 16 de julio, para que explicara ante los legisladores los hechos ocurridos en la guardería ABC.

En lo que corresponde a la entrega de la base de datos que contenía las listas de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se develó la intrincada red de tráfico de influencias para obtener la mayoría de los contratos para operar las guarderías, que se puede constatar en el hecho de que sólo el 2% de éstas fueron licitadas, el restante 98% se realizó por adjudicación directa.

La lista de los mayores beneficiarios de la subrogación de guarderías del IMSS está formada por aquellos que obtuvieron el manejo de este negocio por la vía de adjudicación directa, en la que aparecen nombres de políticos o familiares de ellos.

En caso de la adjudicación directa, el margen de maniobra para favorecer a familiares y amigos es enorme. Por ello, la licitación pública se convierte en un mecanismo más transparente y de mayor control para la oferta de esta prestación social para los trabajadores.

En el caso de las guarderías infantiles el asunto se vuelve más delicado, puesto que se trata de un negocio en el que está involucrada la seguridad de los niños y la confianza de los padres en el supuesto profesionalismo de los responsables, así como en la seguridad de las propias instalaciones.

La aspiración del crecimiento económico en nuestro país nos lleva a pensar en la necesidad de incrementar la apertura de nuevas guarderías, a fin de ampliar el universo de menores atendidos en beneficio de las madres trabajadoras que requieren de este servicio y que aún no lo tienen.

Sin embargo y en contrapartida, no podemos concebir que el interés por expandir el servicio a través de la creación de más guarderías, no considere a la calidad y seguridad como elementos consustánciales a un servicio que resulta especialmente delicado.

Es impensable desde cualquier óptica, sacrificar la calidad y seguridad de un servicio como el que proporcionan las guarderías en aras de ampliar la cobertura del mismo. Seguir en esta inercia implica generar una crisis estructural del sector al condenar a los actuales y futuros prestadores del servicio, así como a los beneficiarios del mismo, a condiciones de operación muy por debajo de los estándares mínimos de seguridad y calidad.

Advertir la importancia que tiene la prestación del servicio de guarderías infantiles como una garantía de parte del régimen de seguridad social del Estado mexicano, es indispensable si lo que queremos es brindar la seguridad que requieren los infantes y la tranquilidad de los padres de familia para lograr incorporarse plenamente al mercado laboral.

La participación de la mujer en las diferentes actividades económicas la ha convertido en una fuente importante de ingresos en su hogar o, en muchos de los casos, en el único sostén de su familia.

Lo anterior, la ha llevado a cambiar su rol de madre para convertirse en importante factor económico para los diferentes sectores y en un pilar fundamental para la economía familiar.

Tal situación la obliga a buscar apoyo para el cuidado de sus hijos. Hay quienes tienen los recursos para contratar una niñera privada o cuentan con el respaldo de algún familiar para la atención de los hijos, pero el gran porcentaje busca los servicios de estancias infantiles particulares, ya que en el caso de las trabajadoras con derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se enfrentan a que el cupo es escaso y las guarderías cercanas a sus hogares se encuentran a una distancia considerable de su empleo.

Ante éste panorama, la creación de guarderías y estancias infantiles se ha convertido en algo común en el país. La falta de regulación y coordinación entre las autoridades competentes ha ocasionado que la apertura de esta clase de negocios resulte atractiva y, que a su vez, se multipliquen sin cumplir con todos los requisitos establecidos por la autoridad para su funcionamiento.

Es innegable que la prestación de este servicio ha sido una de las preocupaciones permanentes de la seguridad social desde las reformas a la Ley del Trabajo de 1962, cuando quedó a cargo del IMSS el proporcionar los servicios de guardería infantil para los hijos de los trabajadores.

Actualmente, el IMSS presta los servicios de guardería a las madres trabajadoras a través de diversos esquemas diseñados en distintas etapas de su vida institucional para ajustarse a las diferentes condiciones económicas y sociales existentes a lo largo del país.

Los esfuerzos para diseñar e implementar nuevas variantes de operación han tenido el propósito de garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad y calidad. Sin embargo, la creciente demanda y la falta de regulación han propiciando una operación inadecuada del sistema de guarderías.

Es así, que resulta necesario eliminar la adjudicación directa en la subrogación de guarderías y a partir de licitaciones públicas bien estructuradas y debidamente explícitas en cuando a sus bases, restringir y reducir las condiciones de inseguridad bajo las cuales se presta actualmente el servicio de guarderías, al tiempo de evitar el detrimento en la calidad del mismo.

Queda claro entonces, que es necesario reforzar los esquemas de atención de guarderías a fin de ampliar la cobertura, exigiendo calidad y seguridad en el servicio.

El presente proyecto de Decreto determina además, que para que se pueda dar mayor impulso al sistema de guarderías, resulta necesario contar con una regulación jurídica adecuada que proporcione seguridad jurídica a las partes que lo conforman. Es importante destacar que el objetivo que se persigue es que, en los procesos de contratación, desaparezca la adjudicación directa y se privilegie la licitación pública, con ello, la prestación del servicio se dará a partir de una mayor certeza jurídica entre el Instituto y los operadores, en beneficio de los derechohabientes y sus hijos.

Por su parte, el Instituto requiere también de certidumbre en cuanto los servicios que se prestan bajo este esquema, pero que, de acuerdo a la Ley, competen a su responsabilidad, a efecto de lograr que la prestación asistencial a los infantes se de en condiciones de seguridad, permitiendo reducir considerablemente los costos para el IMSS y continuar con los programas de expansión y ampliación en la cobertura, garantizando la adecuada operación y la calidad de la atención a que están obligadas las guarderías en los términos señalados en los artículos 202 y 203 de la Ley del Seguro Social.

A casi dos años de existencia del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, es menester realizar las modificaciones correspondientes para la mejora del servicio.

En este sentido, es necesario que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública realicen una revisión de las guarderías y estancias infantiles para tener un padrón real y revisar cuales cumplen con la NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.

Por ello, el proyecto de Decreto que se pone a consideración para su estudio y dictamen, contempla que dentro de la Ley del Seguro Social los servicios de guardería bajo la modalidad de subrogación, se contemplen únicamente a través de licitaciones públicas que consideren la NOM-167-SSA1-1997 como base para la contratación del servicio a través de particulares.

Asimismo, se propone una adición al Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de establecer que, cuando se trate de la subrogación de servicios de guardería infantil a través de la prestación de servicios de asistencia social a que estén obligadas por ley o decreto las dependencias y entidades públicas de la federación y los estados, ésta, se lleve a cabo únicamente por licitación pública tomando en cuenta las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997.

Lo anterior, con el objeto de garantizar las condiciones necesarias para el cuidado de los menores en materia de salud, alimentación, educación, seguridad, higiene y recreación.

Con estas modificaciones a la Ley del Seguro Social y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se pretende en lo sucesivo,prevenir e identificar posibles riesgos al interior y exterior de los inmuebles donde se preste el servicio de guarderías, que de no atenderse, pueden poner en peligro la integridad física de todas las personas que se encuentren dentro de esas instalaciones. Por ello ponemos a consideración de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 204 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

Artículo primero.-Se adiciona el Artículo 204 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.

El Instituto podrá brindar los servicios de guardería que tiene encomendados de manera indirecta, a través de procedimientos de contratación con organismos públicos o particulares bajo el esquema de subrogación.

La subrogación de la prestación del servicio de guardería se hará conforme a los lineamientos que establece esta Ley, la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo segundo.- Se adiciona el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Cuando se trate de la subrogación de servicios de guardería infantil a través de la prestación de servicios de asistencia social a que estén obligados por ley o decreto las dependencias y entidades públicas de la federación y los estados, ésta, se llevará a cabo únicamente por licitación pública tomando en cuenta las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997.

Transitorio

Unico.- Las reformas del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe,

Sen. María Elena Orantes López”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senadora Orantes López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.

Se concede la palabra al Senador Salomón Jara Cruz, a nombre propio y del Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 117 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCION I DEL ARTICULO 117 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Salomón Jara Cruz, a nombre propio y del C. Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señor Presidente; con el permiso de todos los Senadores y Senadoras:

Me permito someter a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, modifica y adiciona la fracción I del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. ANTECEDENTES

El régimen federal es aceptado por todos los actores fundamentales del sistema político mexicano y está claramente reconocido en nuestras normas constitucionales, sin que esto signifique, lamentablemente, que todos tengan la misma percepción sobre su significado y sus alcances, ni que su teleología se haya cumplido, siquiera medianamente, a lo largo de casi dos siglos de vida.

El federalismo no es compatible con un régimen presidencialista que otorga amplias facultades al Ejecutivo Federal en perjuicio de los otros poderes así como de lo diversos niveles de gobierno, porque el atributo principal del federalismo es complementar la división de poderes: la distribución horizontal y vertical que implica que prevalezca uno, es decir, complementa la clásica división horizontal de funciones entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y reclama su distribución vertical entre los órdenes de gobierno preservando el equilibrio en el ejercicio mediante una distribución de funciones que atiende a la descentralización del Estado.

La esencia del federalismo radica en el control del poder a través de la distribución de atribuciones que permite una combinación de gobierno compartido entre los distintos niveles de gobierno. Todo ello dentro de un sistema jurídico-político coordinado, establecido en la Constitución, en el que ninguno de los órdenes de gobierno se subordina a otro porque existen pesos y contrapesos entre los ámbitos y las autoridades que detentan y ejercen el poder.

Sin embargo, esta definición no es aplicable a las condiciones reales en la que se sustenta el federalismo en México.

II. CONSIDERACIONES

Dadas las razones antes expuestas, encontramos que la materialización del espíritu constitucional del federalismo, ha sido discursivamente correcta, pero operativamente lenta. La realidad ha avanzado de manera contundente, demostrando una y otra vez que la coordinación gubernamental sucede incluso a pesar de la estructura organizacional persistente. La Conferencia Nacional de Gobernadores y las diversas asociaciones de municipios, representando a los distintos partidos en el espectro político nacional, son muestra clara de ello. Por ello con antelación se ha presentado en esta misma tribuna por el Senador Alfonso Sánchez Anaya, de coordinación intergubernamental, de amplios alcances y con la visión de concretar la participación de los actores nacionales en función del desarrollo nacional el fortalecimiento del federalismo.

El esfuerzo de entonces sigue siendo vigente y pertinente, más aún hay aspectos medulares de aquella iniciativa que resultan urgentes dada la crisis que actualmente sufrimos y que de aprobarse en mucho mejoraría el ejercicio de gobierno y fortalecería nuestro federalismo.

En la presente iniciativa propongo a esta soberanía eliminar cuatro palabras de la fracción primera del artículo 117 constitucional, para posibilitar la celebración de alianzas entre estados de la federación, además se agrega un párrafo a la misma fracción que establecería que los estados, entre sí y con la Federación, podrán celebrar convenios y promoverían la coordinación y colaboración intergubernamental así como el desarrollo nacional y regional.

Se trata de responder con prontitud a los desafíos que la realidad internacional no está imponiendo y hacerlo desde la perspectiva del Federalismo y la fortaleza de los estados de la nación, sus municipios y comunidades.

Se ha dicho que los momentos de crisis deben ser circunstancias que posibiliten los acuerdos y estimulen las reformas pendientes, sin duda, el tema que aquí se presenta es uno de ellos.

Queda claro que es necesario generar cambios a favor de estados y municipios para transitar de límite dualista actual a un esquema de gobierno responsable, con obligaciones claras frente a los ciudadanos, en congruencia con los principios de cooperación, subsidiariedad, solidaridad y equidad.

Desde 1999 no se han dado reformas de relevancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de federalismo, debido principalmente a la falta de acuerdos, por lo que la presente iniciativa resulta de modesto alcance, pero al mismo tiempo contundente en la intención.

III. CONCLUSIONES

En congruencia con lo antes mencionado, concluyo que se requiere:

- Posibilitar la celebración de alianzas entre estados de la Federación.

- Establecer que los estados, entre sí y con la Federación, puedan celebrar convenios y promover la coordinación y colaboración intergubernamental así como el desarrollo nacional y regional.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de

Decreto de reformas al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo Unico.- Se reforma, modifica y adiciona la fracción I del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 117.- Los estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con las potencias extranjeras.

Los estados, entre sí y con la Federación, podrán celebrar convenios. Los convenios para el ejercicio de las facultades concurrentes entre los órdenes de gobierno que celebren los estados, entre sí y con la Federación, serán de carácter administrativo y buscarán promover la coordinación y colaboración intergubernamental así como el desarrollo nacional y regional.

Transitorios

Unico.- Las reformas y adiciones a esta ley entrarán en vigor el día siguiente de su publicación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Es todo, señor Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

HONORABLE ASAMBLEA

Los suscritos senadores Alfonso Sánchez Anaya y Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, 73 fracción XXIX-D y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, modifica y adiciona la fracción I del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.ANTECEDENTES

El régimen federal es aceptado por todos los actores fundamentales del sistema político mexicano y está claramente reconocido en nuestras normas constitucionales, sin que esto signifique, lamentablemente, que todos tengan la misma percepción sobre su significado y sus alcances, ni que su teleología se haya cumplido, siquiera medianamente, a lo largo de casi dos siglos de vida.

El federalismo no es compatible con un régimen presidencialista queotorga amplias facultades al Ejecutivo Federal en perjuicio de los otros poderes así como de los diversos niveles de gobierno, porque el atributo principal del federalismo es complementar la división de poderes: la distribución horizontal y vertical que impida que prevalezca uno, es decir complementa la clásica división horizontal de funciones entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y reclama su redistribución vertical entre los órdenes de gobierno preservando el equilibrio en el ejerciciomediante una distribución de funciones que atiende a la descentralización del Estado.

La esencia del federalismo radica en el control del poder a través de la distribución de atribuciones que permite una combinación de gobierno compartido entre los distintos niveles de gobierno. Todo ello dentro de un sistema jurídico-político coordinado establecido en la Constitución, en el que ninguno de los órdenes de gobierno se subordina a otro porque existen pesos y contrapesos entre los ámbitos y las autoridades que detentan y ejercen el poder.

Sin embargo, esta definición no es aplicable a las condiciones reales en las que se sustenta el federalismo en México.

II.CONSIDERACIONES

Dadas las razones antes expuestas, encontramos que la materialización del espíritu constitucional del federalismo, ha sido discursivamente correcta, pero operativamente lenta. La realidad ha avanzado de manera contundente, demostrando una y otra vez que la coordinación gubernamental sucede incluso a pesar de la estructura organizacional persistente. La Conferencia Nacional de Gobernadores y las diversas asociaciones de municipios, representando a los distintos partidos en el espectro político nacional, son muestra clara de ello. Por ello con antelación presente en esta misma tribuna la iniciativa de coordinación intergubernamental, de amplios alcances y con la visión de concretar la participación de los actores nacionales en función de desarrollo nacional y el fortalecimiento del federalismo.

El esfuerzo de entonces sigue siendo vigente y pertinente, más aún hay aspectos medulares de aquélla iniciativa que resultan urgentes dada la crisis que actualmente sufrimos y que de aprobarse en mucho mejoraría el ejercicio de gobierno y fortalecería nuestro federalismo.

En la presente iniciativa propongo a esta soberanía eliminar cuatro palabras de la fracción primera del artículo 117 constitucional, para posibilitar la celebración de alianzas entre estados de la federación, además se agrega un párrafo a la misma fracción que establecería que los estados, entre sí y con la Federación, podrán celebrar convenios y promoverían la coordinación y colaboración intergubernamental así como el desarrollo nacional y regional.

Se trata de responder con prontitud a los desafíos que la realidad internacional nos está imponiendo y hacerlo desde la perspectiva del federalismo y la fortaleza de los estados de la nación sus municipios y comunidades.

Se ha dicho que los momentos de crisis deben ser circunstancias que posibiliten los acuerdos y estimulen las reformas pendientes, sin duda el tema que aquí se presenta es uno de ellos.

Queda claro que es necesario generar cambios en favor de Estados y Municipios para transitar del límite dualista actual a un esquema de gobiernos responsables, con obligaciones claras frente a los ciudadanos, en congruencia con los principios de cooperación, subsidiariedad, solidaridad y equidad.

Desde 1999, no se han dado reformas de relevancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de federalismo, debido principalmente a la falta de acuerdos, por lo que la presente iniciativa resulta de modestoalcance, pero al mismo tiempo contundente en la intención.

III.CONCLUSIONES

En congruencia con lo antes mencionado, concluyo que se requiere:

• Posibilitar la celebración de alianzas entre estados de la federación.

• Establecer que los estados, entre sí y con la Federación, puedan celebrar convenios y promover la coordinación y colaboración intergubernamental así como el desarrollo nacional y regional.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de

Decreto de reformas al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma, modifica y adiciona la fracción I del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con las Potencias Extranjeras.

Los Estados, entre sí y con la Federación, podrán celebrar convenios. Los convenios para el ejercicio de las facultades concurrentes entre los órdenes de gobierno que celebren los Estados, entre sí y con la Federación, serán de carácter administrativo y buscarán promover la coordinación y colaboración intergubernamental así como el desarrollo nacional y regional.

(…)

Transitorios

Único. Las reformas y adiciones a esta ley entrarán en vigor el día siguiente de su publicación.

Salón de Sesiones, H. Cámara de Senadores a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Alfonso Sánchez Anaya
Sen. Salomón Jara Cruz

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Jara Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos; y de Desarrollo Municipal para su análisis y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, en nombre propio, integrante de la bancada del PT, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Acudo a esta tribuna para proponer una iniciativa de ley con proyecto de Decreto que de aprobarse modificaría el artículo 69 constitucional.

Desde hace tiempo lo venía preparando. Hace un año, en un periodo extraordinario, esta Cámara de Senadores junto con la Cámara de Diputados, aprobaron reformas a los artículos 69 y 93, alterando su contenido y evitando que el Presidente de la República acudiera a la apertura del periodo de sesiones.

Y precisamente el evento llevado a cabo el día de ayer por el señor Calderón, en compañía de sus amigos y de sus aliados, nos obliga a considerar de manera urgente la forma en que debe ser rendido un informe y el papel que deben desempeñar los representantes políticos del Congreso como ostentadores de la soberanía popular, según lo dispone el artículo 41 constitucional.

Resulta vergonzoso presenciar un evento de este tipo en el que de manera cínica e impropia, se desvirtúa el sentido original de la presentación de un Informe de Gobierno al inicio de un periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. La simulación perpetrada por quien informó, por sus amigos y aliados, atenta de manera directa contra una figura que originalmente tenía un carácter eminentemente republicano.

Siendo así las cosas, conviene reflexionar sobre los antecedentes, la naturaleza, los alcances y los efectos de la comparecencia de los altos servidores públicos ante los representantes populares parlamentarios o integrantes del Congreso de la Unión, pero en especial la comparecencia del representante del Ejecutivo ante el Congreso. De ahí que sea necesario revisar con detenimiento las consecuencias respecto de la Reforma Constitucional llevada a cabo en el año 2008 respecto de los artículos 69 y 93 constitucionales.

Como recordamos, desde las Cortes de Cádiz, en sus leyes correspondientes en los artículos 121, 122 y 123 se establecía la obligación para que el rey asistiera por sí mismo a la apertura de las cortes. Decía el artículo 122 que en la sala de las cortes el rey entraría sin guardia y emitiría un informe o un mensaje, en la cual el Presidente de la sala de las cortes haría un discurso contestando en términos generales al rey.

Como vemos el rey mismo debía comparecer ante las cortes, la cual ostentaba la representación política de la nación y se constituía en el control constitucional que debía de regular los límites a los poderes del rey, cuestión que no debe soslayarse. Tomando en cuenta el momento histórico en el que se emitió dicho ordenamiento constitucional todavía se encontraban grandes resistencias al régimen que pretendía imponer esta constitución, sobre todo, por parte de quienes defendían la monarquía absolutista.

En la Constitución de la República Federal Mexicana de 1824 no se varió mucho el sentido de las comparecencias heredadas de lo dispuesto en la Constitución de Cádiz; sin embargo, la misma establecía en los artículos 67 y 68 cómo debería acudir el Presidente de la Federación a pronunciar un discurso análogo a este acto tan importante, y que el Presidente del Congreso contestaría en términos generales.

No fue sino hasta la Constitución, que todos conocemos como “Las Siete Leyes”, la centralista de 1836 que desvirtúa el sentido de la comparecencia y evita acudir al representante del Ejecutivo al Congreso de la Unión; sin embargo, el espíritu de comparecencia como un equilibrio real de poderes y como un control a los excesos del rey o del presidente se rescata en la Constitución de 1857 y se mantiene por los constituyentes de 1917.

Es más, el Presidente de la República tenía la obligación de acudir al periodo de sesiones extraordinarias también, no sólo al periodo de sesiones ordinarias donde tenía que informar sobre el estado que guardaba la administración pública en ese momento, sino que incluso en periodos extraordinarios debería acudir.

Por lo anterior, resulta incongruente observar un informe como el de ayer. Un informe mediático con desmesura y con exceso. Le dimos paso a eliminar el día del Presidente para ahora tener la quincena del Presidente. Es excesivo, es abusivo el uso de los medios de comunicación para intentar convencer a la ciudadanía de lo que no se ha hecho, del fracaso de este gobierno.

No sería necesaria la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad del recinto que representa la voz de la nación si no se lleva a cabo un debate y se constituye este espacio del Congreso de la Unión en un espacio para el consenso y el disenso. Por esa razón estamos proponiendo modificaciones al artículo 69 constitucional para quedar como sigue:

“En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá para presentar un Informe verbal y por escrito, en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria”.

Yo le pido al Presidente plasme íntegro el contenido de esta iniciativa, por falta de tiempo, y pueda darle el trámite parlamentario correspondiente.

Muchas gracias.

Iniciativa

“RICARDO MONREAL AVILA, en nombre propio, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 69.- En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República asistirá para presentar un informe verbal y por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

CADA UNA DE LAS CAMARAS REALIZARA EL ANALISIS DEL INFORME y PODRAN SUS MIEMBROS DEBATIR CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA RESPECTO DEL CONTENIDO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS QUE LA LEY Y EL REGLAMENTO SEÑALEN. PODRAN TAMBIEN SOLICITAR LA AMPLIACION DE LA INFORMACION MEDIANTE PREGUNTA POR ESCRITO, Y CITAR A LOS SECRETARIOS DE ESTADO, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LOS DIRECTORES DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, QUIENES COMPARECERAN Y RENDIRAN INFORMES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Monreal Avila. Se acepta por supuesto la petición del señor Senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que se turna, a petición del Senador, a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera para sus efectos correspondientes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 153, 156, 163 Y 172 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LOS ARTICULOS 86 Y 90 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 153, 156, 163 y 172 de la Ley del Seguro Social, y los artículos 86 y 90 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las pensiones son el resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de los trabajadores. Estas tienen como objetivo ofrecer estabilidad y tranquilidad, al proteger los ingresos del trabajador y su familia ante diversas contingencias y situaciones naturales. Entre las más importantes se encuentran la pensión de cesantía en edad avanzada y la pensión por vejez.

En México, todo trabajador asegurado tiene derecho a gozar del beneficio de la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez cuando quede privado de trabajo remunerado a partir de cierta edad y al reunir un número mínimo de semanas de cotización.

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, por ejemplo, la pensión de cesantía en edad avanzada se otorga al trabajador asegurado cuando quede privado de trabajo remunerado a partir de los sesenta años de edad y reúna como mínimo 500 semanas cotizadas conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 o 1250 semanas para la Ley de 1997. En el caso de la pensión de vejez, ésta se otorga al trabajador asegurado que haya cumplido 65 años de edad y reúna como mínimo 500 semanas cotizadas, conforme a la Ley 1973, ó 1250 semanas conforme a la Ley de 1997.

Desafortunadamente, en nuestro país muchos asegurados no cobran la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez simplemente porque desconocen que están en aptitud de recibirla e ignoran el conjunto de prestaciones a las que tienen derecho.

Esta situación atenta contra el derecho a la seguridad social consagrado en nuestra Carta Magna y nulifica en los hechos las posibilidades de trabajadores en edad avanzada y sus familias de mejorar sus condiciones de vida.

La presente iniciativa busca modificar esta situación mediante la reforma a diversos artículos de la Ley del IMSS y de La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado obligando a dichas instituciones a notificar a los trabajadores cuando se encuentren en aptitud de gozar de sus derechos en el ramo de cesantía en edad avanzada o vejez.

Por lo que respecta a la Ley del Seguro Social se establece que el Instituto estará obligado a notificar de inmediato al asegurado, o a su representante legal, cuando esté en aptitud de tramitar los beneficios de las prestaciones.

Asimismo, señalamos que el otorgamiento de las pensiones se efectuará cuando el asegurado o su representante legal lo soliciten.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 153 y se reforman los artículos 156, 163 y 172 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 153.- El otorgamiento de las prestaciones contenidas en este capítulo requiere del cumplimiento de períodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto, conforme se señala en las disposiciones relativas a cada una de los ramos de aseguramiento amparados.

Las semanas de cotización amparadas por certificados de incapacidad médica para el trabajo, expedidos o reconocidos por el Instituto, serán consideradas únicamente para el otorgamiento de la pensión garantizada que en su caso corresponda.

Artículo 153. El otorgamiento de las prestaciones contenidas en este capítulo requiere del cumplimiento de períodos de espera medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto, conforme se señala en las disposiciones relativas a cada una de los ramos de aseguramiento amparados.

Las semanas de cotización amparadas por certificados de incapacidad médica para el trabajo, expedidos o reconocidos por el Instituto, serán consideradas únicamente para el otorgamiento de la pensión garantizada que en su caso corresponda.

El Instituto estará obligado a notificar de inmediato al asegurado, o a su representante legal, cuando esté en aptitud de tramitar los beneficios de las prestaciones a que hace referencia este capítulo.

Artículo 156.- El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo 154 de esta Ley, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y acredite haber quedado privado de trabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de baja.

Artículo 156.-El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo 154 de esta Ley. El otorgamiento de dicha pensión se efectuará cuandoel aseguradoo su representantelo soliciten y se acredite que el primero ha quedado privado detrabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de baja.

Artículo 163.- El otorgamiento de la pensión de vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 162 de esta Ley.

Artículo 163.- El otorgamiento de la pensión de vejez se efectuarácuando lo soliciteel asegurado o su representante y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 162 de esta Ley.

Artículo 172. El Gobierno Federal con recursos propios complementarios a los de la cuenta individual correspondiente, cubrirá la pensión garantizada, por conducto del Instituto.

El trabajador asegurado deberá solicitarla al Instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte la Administradora de Fondos para el Retiro está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le requiera para este efecto.

Agotados los recursos de la cuenta individual, la Administradora de Fondos para el Retiro, notificará este hecho al Instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión mínima garantizada.

Una vez agotados los recursos la pensión será cubierta directamente por el Instituto, con los recursos que para tal efecto le debe proporcionar el Gobierno Federal.

Artículo 172. El Gobierno Federal con recursos propios complementarios a los de la cuenta individual correspondiente, cubrirá la pensión garantizada, por conducto del Instituto.

El Instituto estará obligado a notificar de inmediato al asegurado, o a su representante legal, cuando tenga derecho a ella, para que la solicite. Por su parte la Administradora de Fondos para el Retiro está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le requiera para este efecto.

Agotados los recursos de la cuenta individual, la Administradora de Fondos para el Retiro, notificará este hecho al Instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión mínima garantizada.

Una vez agotados los recursos la pensión será cubierta directamente por el Instituto, con los recursos que para tal efecto le debe proporcionar el Gobierno Federal.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 83 BIS y se reforman los artículos 86 y 90 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Texto vigente

Propuesta de reforma

 

Artículo 83 BIS.- El Instituto estará obligado a notificar de inmediato al Trabajador, o a su representante legal, cuando esté en aptitud de tramitar las prestaciones derivadas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Artículo 86. El derecho al goce de la Pensión por cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el Trabajador cumpla con los requisitos señalados en esta Sección, siempre que solicite el otorgamiento de dicha Pensión y acredite haber quedado privado de trabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de baja.

Artículo 86.- El derecho al goce de la Pensión por cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el Trabajador cumpla con los requisitos señalados en esta Sección. El otorgamiento de dicha pensión se efectuará cuandoel Trabajadoro su representantelo soliciten y se acredite que el primero ha quedado privado detrabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de baja.

Artículo 90. El otorgamiento de la Pensión de vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del Trabajador y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar o termine el plazo de la Renta que venía disfrutando por estar Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior.

Artículo 90.El otorgamiento de la Pensión de vejez se efectuará cuando lo solicite el Trabajador o su representante y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar o termine el plazo de la Renta que venía disfrutando por estar Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los Senadores Claudia Sofía Corichi García, Minerva Hernández Ramos, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velásquez López y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

(Presentada el C. Senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de los CC. Senadores Claudia Sofía Corichi García, Minerva Hernández Ramos, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Antonio Mejía Haro: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:

La presenta iniciativa tiene como propósito la creación del Centro de Investigación, Monitoreo, y Predicción de la Seguía. Este es un tema sumamente importante porque la sequía, inclusive causa problemas más amplios que otros fenómenos meteorológicos.

Basta poner el ejemplo de que hoy con la sequía que se está viviendo en varias partes del mundo, derivada del fenómeno “El Niño”, 800 millones de personas están amenazados con una crisis alimentaria.

La sequía simplemente la podemos describir como la ocurrencia menor de precipitación histórica y que afecta a las actividades del hombre, entre ellas a la agricultura, a la ganadería y también al abasto de agua potable.

Nuestro país se ha visto azotado por sequías muy fuertes, como la de 1957, así mismo como la de 1997 y ’98, donde esta última produjo daños superiores a los dos mil millones de dólares, y se tuvieron que hacer importaciones agroalimentarias superiores a los mil 300 millones de dólares.

Además, causó daños ecológicos, asimismo causó muertes de miles de personas. Actualmente el panorama también es desolador ante esta sequía que está afectando a todo el país, sobre todo a regiones que producen el sorgo para el ganado, el maíz, el fríjol, el trigo y la soya.

Aquí se está afectando fuertemente la producción de alimentos y México está expuesto a que se profundice la crisis alimentaria. El mes de julio pasado fue el mes más seco de los últimos 70 años, el mes de agosto no fue un mes bueno en cuanto a lluvias.

Afortunadamente a los inicios de este mes y debido al huracán “Jimena” hoy se están presentando lluvias en varias partes del país.

A la fecha se ha considerado que hay pérdidas por el orden de los 20 mil millones de pesos, en lo que se refiere, sobre todo, a la producción de maíz, a la producción de fríjol, pero también la ganadería está seriamente afectada por falta de pastos, y por falta de agua en los abrevaderos.

La reducción de los hatos, de los inventarios ya lleva más del 20 por ciento, lamentablemente muchos de estos hatos están deshaciéndose también de sus vientres, y de sus vaquillas. Las presas se encuentran a su nivel más bajo de los últimos 20 años, inclusive amenazando el acceso de agua potable tanto en comunidades como en las grandes ciudades.

Un ejemplo es el Valle de México, donde se acaba de anunciar que se va a cerrar la presa, una de las tres presas más importantes que abastecen el Sistema Cutzamala, que es Villa Victoria.

Ante lo anterior es importante que se emitan las declaratorias de zonas de desastre que han solicitado las gobernadoras y los gobernadores del país, como es el caso de Zacatecas. De igual manera se deben implementar programas emergentes para poder resembrar al menos con cultivos forrajeros, como la avena, aquellas superficies que no fueron sembradas por falta de lluvias, o que hoy están siniestradas, pero que pueden ser utilizadas por las lluvias que se han presentado en los últimos días.

También es importante que haya un programa extraordinario de producción de cereales en el ciclo otoño-invierno, donde tengamos riego para producir precisamente estos alimentos estratégicos y que esa amenaza de crisis alimentaria sea menor.

El futuro, entonces, compañeras y compañeros, es amenazador, y sobre todo si tomamos en cuenta el cambio climático que provoca el calentamiento de la tierra, el calentamiento de las aguas del mar, como es en este caso el Pacífico en un grado centígrado y que evita que se formen huracanes y tormentas tropicales que puedan llegar a las costas mexicanas.

Existen ejemplos exitosos de muchos países, sobre todo de los desarrollados, que han demostrado que teniendo la información climática en conjunto, con un plan de acción pueden reducir la vulnerabilidad de algunos sectores.

Hasta hoy los esfuerzos del gobierno se han enfocado más a la mitigación que a la prevención de los efectos de la sequía. Tanto las instituciones como los productores reaccionan ante sus efectos, pero no los previenen.

En diversas partes del mundo se han implementando algunas medidas para reducir estos daños, y dentro de estas medidas destacan el desarrollo de sistemas de observación, de análisis, de monitoreo, de las fluctuaciones y de los cambios en la frecuencia de las precipitaciones.

México debería tomar el ejemplo de Estados Unidos o de Australia en los que se canalizan recursos importantes para la investigación y la planeación antes, durante y después de un evento de desastre, lo que deriva en una menor vulnerabilidad de la población.

Ante los retos que plantea la sequía, particularmente en el sector agrícola, resulta fundamental crear y fortalecer las capacidades en el ámbito institucional, y emprender acciones de adaptación.

Es por ello que necesitamos desarrollar un Centro de Investigación, Monitoreo y Predicción de la Sequía, especializado en la planeación y en la prevención de la organización de respuestas. Por esto estamos planteando que deben atenderse un sistema de alerta temprano, análisis de impacto de riesgo y estrategias de la mitigación.

Gran parte de este problema en el país, ante la sequía, lo podemos resolver si presentamos las iniciativas de esta naturaleza, como es el centro que les proponemos, que sería un organismo público, descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, con domicilio en el corazón de las zonas áridas en el estado de Zacatecas; el centro tiene por objeto generar conocimientos sobre la sequía en México, que permitan diseñar estrategias de reducción, de vulnerabilidad ante dicho fenómeno, y de esta manera poder elaborar un sistema de alerta temprana ante la sequía basado en diagnósticos y pronósticos científicos con definición de acciones por parte de los que toman decisiones en este país.

Es cuanto, señor Presidente, y debido a lo extenso de esta iniciativa, le pido que se inserte íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias por su atención, compañeras Senadoras y Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

“CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García, Minerva Hernández Ramos, Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y Francisco Javier Castellón Fonseca, Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que sE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS NACIONALES,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La sequía, es uno de los eventos hidrometeorológicos extremos de mayor complejidad, y puede afectar a un grupo numeroso de personas, incluso más que cualquier otro fenómeno. A pesar de que es una característica normal y recurrente del clima, erróneamente se le considera un acontecimiento raro y al azar.

Lo anterior debido a que su comienzo y final no están al alcance de la percepción humana, a diferencia de otros fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, ésta tiene un proceso lento de desarrollo y retiro; su duración depende del concepto del tipo de sequía bajo el cual se analice, por lo que ésta puede ser de meses o años; su escala espacial es difícil determinar, ya que los límites no se pueden precisar con exactitud, a diferencia de otros eventos como las erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra; y sus efectos son difícilmente notados en el tiempo en el que se presenta y pueden continuar años después de que haya terminado.

En el sentido más general, la sequía se origina de la deficiencia de precipitación sobre un período de tiempo largo, dando por resultado escasez de agua para el desarrollo de diversas actividades socioeconómicas. No obstante, la evaluación de las afectaciones de esa falta de agua requiere comprender que los impactos de la sequía son secuenciales, es decir, resultan de la interacción de la frecuencia, severidad y del grado espacial de la sequía (la naturaleza física de la sequía) y del grado de vulnerabilidad de la población o sector.

De acuerdo con el organismo de Estados Unidos de América, denominado “National Drought Mitigation Center”, la sequía ocurre de forma implícita en todas las zonas climáticas, pero sus características varían de forma significativa de una región a otra. La sequía es una aberración temporal de la lluvia y difiere de la aridez, la cual está restringida a regiones con una baja precipitación y es un rasgo permanente del clima.

En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2002) propone la siguiente definición: la sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación es menor que el promedio y cuando esta deficiencia es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades humanas.

Son varios los impactos causados por la sequía a nuestro país, un ejemplo de lo anterior fue la sequía ocurrida en 1997-1998 por causas del fenómeno denominado “El Niño”, se considera una de las más severas de que se tenga registro ya que afectó la mayoría del territorio nacional, produciendo pérdidas del orden de 2 mil millones de dólares por concepto de cosechas siniestradas, así como importaciones adicionales de granos con un costo de 1,300 millones de dólares debido a la disminución registrada en la producción nacional (Delgadillo et al., 1999).

Con esta sequía, se reportaron 14 mil 445 incendios que afectaron 849 mil 632 hectáreas, además, durante este año se incrementaron las ondas de calor que hicieron rebasar las temperaturas máximas históricas en muchos lugares del país.

Actualmente el panorama es desolador, en virtud de que nos enfrentamos a un periodo de sequía no visto en los últimos 70 años.

Para resaltar la gravedad de las consecuencias de este fenómeno, basta citar las siguientes cifras: se estiman pérdidas por más de 15 mil millones de pesos; una significativa disminución en la producción de alimentos, agudizando la crisis y dependencia alimentaria sin precedentes; la destrucción de miles de hectáreas de sembradíos, por ejemplo la producción de frijol se desplomó 80%, el maíz presenta mermas del 50%; también 50 mil cabezas de ganado se han perdido por la falta de lluvias.

Aunado a lo anterior, las presas del país se encuentran en niveles muy bajos, pues sólo 56 de las 177 más importantes del territorio nacional, tienen un porcentaje de llenado por abajo del 39 %.

Las estimaciones de las autoridades correspondientes son alarmantes, pues se prevé que la ya delicada situación se agrave aún más para el próximo año. Por lo que resulta de primera necesidad realizar acciones legislativas que coadyuven a aminorar la crisis que se avizora, provocada por la falta de agua.

Uno de los sectores económicos más afectados por la sequía en el país, es el sector agrícola. Los efectos de la sequía en la agricultura son de diversos grados, según su periodicidad e intensidad pueden alcanzar desde daños patrimoniales al productor y a la economía familiar por pérdida parcial o total de la inversión y del ingreso esperado hasta daños a la economía regional y nacional por la interrupción del ciclo productivo, reducción del ingreso, desocupación productiva, desabasto de alimentos, pérdida del nivel de bienestar, desarraigo y migración (AGROASEMEX, 2006).

Según los registros del CENAPRED, entre los años 1979 y 1988 el estado de Coahuila sufrió 10 años de sequías. En número de años de ocurrencia le siguieron Guanajuato (10), Durango (9), y Zacatecas (9). Los estados que más pérdidas sufrieron por estas causas fueron, en orden decreciente: Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Durango y Tamaulipas (tabla 1).

Tabla 1 Afectaciones por sequías 1979-1988 (millones de pesos corrientes)

Estado

Ha (000) Pérdidas

Monto

Años de ocurrencia en el periodo

Coahuila

260

20

10

Durango

1,287

66

9

Guanajuato

4,525

234

10

Guerrero

741

32

8

Jalisco

1,973

175

7

Nuevo León

397

40

8

Querétaro

507

29

8

Tamaulipas

1,116

47

8

Zacatecas

2,627

150

9

Otros

6,979

419

 

TOTAL

20,412

1,212

 

Fuente: CENAPRED, 2001

El futuro se torna más amenazador al considerar el cambio climático, entre cuyos efectos esta el aumento en la frecuencia de sequías en determinadas zonas del planeta. Se considera que este puede llegar uno de los más serios problemas que enfrentará la humanidad, en especial los países ubicados en las zonas subtropicales, donde los altos niveles de radiación solar y evaporación se combinan con escasas precipitaciones y favorecen la recurrencia de periodos prolongados de sequía en áreas extensas.

A pesar de las acciones que se realizan, las experiencias recientes han puesto en evidencia que, no obstante la “creciente organización gubernamental”, las pérdidas en el sector agrícola han aumentado sensiblemente. Cada temporada de lluvias amenaza con ser el origen de un desastre. Si bien, programas como el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) ahora denominado Programa de Atención a Contingencia Climatológica (PACC), han avanzado en la atención a las necesidades urgentes de los agricultores y ganaderos, aun se trabaja con altos niveles de riesgo. Tal es el caso de que se presente una sequía cuya magnitud demande recursos en monto tal, que se rebasen las asignaciones presupuestales específicas y obligue a la reducción de otros programas gubernamentales.



Monto ejercido por tipo de contingencia (Fuente: SAGARPA, 2007)

El gobierno ha implementado diversas acciones para atender fenómenos meteorológicos, sin embargo existe la imperiosa necesidad de crear un Centro que trabaje de la mano con las instancias ya consolidadas, pero que se enfoque a investigar, monitorear y predecir la sequía.

En un contexto económico, el objetivo debe ser que las acciones hoy encaminadas a la mitigación de los daños sean acciones preventivas. Si dichos apoyos se emplearan en un plan de acción ante eventos extremos como la sequía eficiente y viable, las pérdidas asociadas al déficit de lluvia disminuirían sustancialmente. A través de la gestión de riesgos se podrían llevar a cabo acciones para disminuir la vulnerabilidad y tomar con anticipación las medidas preventivas para disminuir pérdidas. Por ejemplo, si se considera dicho riesgo en la planificación de los ciclos agrícolas, los agricultores podrán variar la estrategia de trabajo utilizando aquellas variedades que requieren de mucha agua, o aquellas variedades resistentes a la sequía. También se pueden alterar los tiempos de siembra usando variedades de ciclo corto, aunque de menor rendimiento, con la finalidad de disminuir las pérdidas en la producción y rendimiento.

El tema de riesgo ante sequías y su gestión no se ha elevado al más alto nivel de la agenda política del sector agrícola e incluso del hidráulico. Se desestima el hecho de que como país podamos enfrentar los impactos de eventos extremos, contar con estrategias preventivas desarrolladas y adoptadas conjuntamente entre sociedad y gobierno; lo que paulatinamente permitiría transitar al desarrollo de una sociedad mejor preparada y adaptada a las condiciones variantes del clima (Landa et al., 2007).

Existen ejemplos exitosos, la mayoría de ellos desarrollados en países desarrollados, que han demostrado que la información climática en conjunto con un plan de acción puede reducir la vulnerabilidad de algunos sectores y así disminuir los impactos ante la sequía. Recientemente, se han implementado medidas para disminuir la vulnerabilidad del sector y así prevenir el riesgo, entre estas medidas destacan el desarrollo de sistemas de observación, análisis y monitoreo de las fluctuaciones y cambios en la frecuencia de la precipitación, así como los sistemas de alerta temprana.

Hasta hoy, los esfuerzos se han enfocado más en la mitigación que en la prevención de la sequía. Tanto las instituciones como los productores reaccionan ante sus efectos, pero no los previenen. La información utilizada por las instituciones para tomar decisiones es parcial y en ocasiones se limita al estudio de las amenazas naturales, relegando el análisis de la dimensión social a segundo término e incluso omitiéndola por completo.

En la mayoría de los casos, los procedimientos operativos de prevención y atención a situaciones de desastre (por ejemplo, la temporada de lluvias y huracanes, y las bajas temperaturas en invierno), se ven limitados por factores técnicos, presupuestales y por la ausencia de una visión estratégica. En el caso del problema técnico, éste se relaciona con la poca o nula confianza de las autoridades en la precisión de los pronósticos del tiempo, lo que no permite tomar decisiones firmes. Esto se debe, en parte, a la falta de articulación de los sectores generadores de conocimiento con las instituciones encargadas de la gestión de riesgos. Por ello, un pronóstico del tiempo rara vez apoya en la toma de decisiones.

El Servicio Meteorológico Nacional, al igual que otras instancias gubernamentales relacionadas en materia de prevención y desastres, tiene importantes limitaciones como son, entre otras, que el personal no tiene permanencia por largos periodos de tiempo, las bases de datos cambian con cada gobierno, escasa modernización de infraestructura, e inadecuadas inversiones que no consideran la formación de personal especializado, por ejemplo, en el uso y la aplicación del pronóstico meteorológico.

La desarticulación entre instituciones dificulta la distribución y el manejo de la información. La fragmentación institucional también obstaculiza el tratamiento y la solución de problemas complejos como son los efectos de eventos que terminan en desastres. La mayoría de las veces, los esfuerzos son individuales y no institucionales, y no alcanzamos a entender a la vulnerabilidad como un proceso dinámico que va más allá de los impactos.

En diversas partes del mundo se han implementado algunas medidas para reducir estos daños, entre estas medidas destacan el desarrollo de sistemas de observación, análisis y monitoreo de las fluctuaciones y cambios en la frecuencia de la precipitación. Además de crear mejores bases de datos con la capacidad de detectar alguna variabilidad de extremos climáticos. El proceso de planeación ante sequías se ha estado desarrollando desde principios de los años 80´s principalmente a través del ensayo y error, de ahí que el proceso aún es confuso y las perspectivas de la planeación pueden ser desalentadoras. Sin embargo, aunque la sequía es una amenaza natural, la sociedad puede reducir su vulnerabilidad y por lo tanto disminuir los riesgos asociados. Los impactos de la sequía, así como los de otros peligros naturales, se pueden reducir con la mitigación y la prevención (gestión del riesgo).

La vulnerabilidad ante una sequía en países en vías de desarrollo como México, es bastante diferente que en los países desarrollados, ya que en los primeros las preocupaciones principalmente se enfocan hacia problemas de seguridad, alimentación (para satisfacer las necesidades nutritivas de la población), degradación ambiental, y su retraso en el proceso de desarrollo, en esos países es común que los fenómenos naturales se enfrenten de manera reactiva, es decir, una vez ocurrido un evento se actúa ante los efectos que éste haya provocado.

México debería tomar el ejemplo de Estados Unidos o Australia, en los que se canalizan recursos importantes para la investigación y la planeación, antes, durante y después de un evento de desastre, lo que deriva en una menor vulnerabilidad de la población, por tanto, se puede decir que los países desarrollados actúan de manera preactiva ante un desastre asociado a un evento de sequía. Ciertamente la caracterización de la sequía meteorológica depende esencialmente de la ubicación y de los aspectos físicos de la región. No es lo mismo hablar de sequía en lugares donde llueve mucho, como el sureste de México, o en lugares donde lo normal es que no llueva, como el norte.

Ante los retos que plantea la sequía, particularmente en el sector agrícola, resulta fundamental crear y fortalecer capacidades en el ámbito institucional y emprender acciones de adaptación. Es por ello, que se necesita desarrollar un Centro de Investigación, Monitoreo y Predicción de la Sequía especializado en la planeación de la prevención y la organización de respuestas ante la sequía. Esta institución debe contar con profesionales de distintas áreas especializados en el tema. Asimismo, debería encargarse de establecer vínculos con dependencias oficiales para la planificación e implementación de estrategas de adaptación a corto, mediano y largo plazos.

Las sequías se presentan de manera recurrente, con periodicidad inexacta, por lo que deben ser atendidas con preparación previa. Para esto es conveniente contar con un plan de preparación para enfrentarla. Los planes de preparación ante la sequía deben contienen tres componentes esenciales:

1. Un Sistema de Alerta Temprana.

2. Análisis de impactos y de riesgo.

3. Estrategias de la mitigación y de respuesta.

La sequía es uno de los desastres más costosos para México desde el punto de vista social, económico y ambiental, es decir, constituye una seria amenaza para estructurar un programa de desarrollo sostenible. Aunque la sequía es parte de la variabilidad natural del clima, es la alta vulnerabilidad de México lo que produce el desastre por dicho fenómeno.

Gran parte del problema de nuestro país, ante la sequía radica en el hecho de que no hay investigación suficiente sobre las causas, los impactos y menos aún, sobre las posibles formas en que diversos sectores económicos, regiones y grupos sociales deben prepararse y enfrentar la sequía.

Aunque en México existen grupos dedicados al estudio de la sequía, su visión del problema ha sido por lo general una limitada a describir el problema de la sequía. El análisis de la dinámica del proceso, de la vulnerabilidad socioeconómica, del potencial de predicción y de los esquemas de preparación ha sido prácticamente inexistente. Es por ello que surge la necesidad de crear una Centro de Investigación, Monitoreo y Pronóstico de la Sequía (CIMPS), que desde una perspectiva multidisciplinaria desarrolle propuestas científicas de reducción de vulnerabilidad ante la sequía.

Aunque sectores como el de la agricultura o el de la protección civil cuentan con programas para apoyar a los sectores afectados ante la sequía, las acciones son por lo general sólo de respuesta a la emergencia. Ante el interés del gobierno mexicano en pasar de, estrategias de respuesta al desastre formas de prevención del desastre, es necesario contar con organismos que puedan prever la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos como la sequía, que permitan actuar con anticipación.

La misión del Centro es generar diagnósticos y pronósticos de condiciones de sequía a nivel regional, así como escenarios de impactos con y sin acciones de prevención, que permitan la toma de decisiones oportuna, es decir en un sentido de prevención del desastre en diversos sectores socioeconómicos, pero principalmente en el sector agrícola y de la protección civil.

El esquema de trabajo del CIMPS será multidisciplinario y como cualquier otra institución dedicada a la investigación, tendrá entre sus objetivosprimordiales la generación de conocimiento que lleve a una toma de decisiones oportuna sustentada sobre bases científicas sólidas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.Se adiciona una fracción XI Bis y una fracción XLVIII Bis al artículo 3; un Capítulo V Bis 4, al Título Segundo que comprende del artículo 14 Bis 4-A al 14 Bis 4-L, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XI. …

XI. BIS. “CIMPS”: al Centro de Investigación, Monitoreo y Predicción de la Sequía;

XII. a XLVIII. …

XLVIII. BIS. “Sequía”: al fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras.

XLIX. a LXVI. …

TITULO SEGUNDO
ADMINISTRACION DEL AGUA

CAPITULO V BIS 4
DEL CENTRO DE INVESTIGACION,
MONITOREO Y PREDICCION DE LA SEQUIA

ARTICULO 14 BIS 4-A.- Se crea el CIMPS como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión con domicilio en el estado de Zacatecas. Para el cumplimiento de su objeto, podrá establecer delegaciones o coordinaciones regionales o estatales en el territorio nacional. La coordinación sectorial del CIMPS corresponde a la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO 14 BIS 4-B.- El CIMPS tiene por objeto generar conocimiento sobre la sequía en México, que permita diseñar estrategias de reducción de vulnerabilidad ante dicho fenómeno.

El CIMPS es rector de la política preventiva en materia de sequía, para lo cual deberá realizar investigaciones interdisciplinarias para el monitoreo y predicción de la sequía.

ARTICULO 14 BIS 4-C.- El CIMPS para la consecución de su objeto, tiene las siguientes atribuciones:

I. Realizar actividades tendentes a investigar, monitorear y predecir la sequía meteorológica, hidrológica, agrícola y social;

II. Estudiar y dar seguimiento a los efectos adversos producidos por la sequía; desarrollando estudios que permitan establecer las causas de la vulnerabilidad de México ante la sequía y lleven a proponer estrategias de prevención de sus impactos negativos;

III. Promover investigaciones encaminadas a resolver problemas específicos que enfrentan diversos sectores socioeconómicos en relación con la sequía, considerando los impactos sociales, económicos y ambientales que dicho fenómeno puede tener;

IV. Proporcionar a los diversos interesados información focalizada, veraz, completa y de calidad relacionada con la sequía; formulando estrategias de comunicación de información climática, particularmente cuando se trate de sequía, que lleven a implementar acciones de preparación;

V. Elaborar un Sistema de Alerta Temprana ante la Sequía basado en diagnósticos y pronósticos científicos, con definición de acciones por parte de los tomadores de decisiones involucrados;

VI. Mantener la información climática necesaria para el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana ante la Sequía;

VII. Alertar a las autoridades y a la población respecto de los posibles periodos de sequía y sus consecuencias;

VIII. Apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel que desarrolle investigación, monitoreo y acciones de reducción de vulnerabilidad frente a la sequía;

IX. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales y municipales que lo soliciten, en materia de investigación, monitoreo y predicción de la sequía;

X. Facilitar la cooperación, intercambio de información y de experiencias con otros países y organismos internacionales, en materia de investigación, monitoreo y predicción de la sequía;

XI. Realizar y publicar mediante una página electrónica oficial los informes relativos a los avances en materia de investigación, monitoreo, gestión y predicción de la sequía;

XII. Publicar y difundir de conformidad con la Ley de la materia, la información relativa a las investigaciones que se realicen;

XIII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

ARTICULO 14 BIS 4-D.-El patrimonio del CIMPS se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su servicio;

II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento;

III. Las donaciones, herencias y legados que le otorguen personas físicas o morales; y

IV. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

ARTICULO 14 BIS 4-E.-Para el despacho de los asuntos de su competencia, el CIMPS contará con:

I. Una Junta de Gobierno;

II. Un Comité Técnico;

III. Un Comité de investigadores especialistas en sequía;

IV. Un Director General; y

V. Un Órgano de Control.

ARTICULO 14 BIS-F. La Junta de Gobierno se integra por los titulares de:

I) La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales;

II) La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

III) La Secretaría de Gobernación;

IV) El Director General del CIMPS, quien la presidirá;

V) El Rector de la Universidad

Por cada miembro propietario de la Junta, se designará un suplente, que deberá ser de solo un rango jerárquico inferior al del titular, y sustituirá a este en sus faltas temporales.

La Junta sesionará de manera ordinaria una vez cada tres meses, previa convocatoria del Director General del CIMPS o de forma extraordinaria cuando las dos terceras partes de los integrantes de la Junta, lo estimen necesario. Los miembros de la Junta gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma.

Son facultades indelegables de la Junta:

I. Aprobar y evaluar los programas y proyectos a cargo del CIMPS;

II. Elaborar y aprobar el Estatuto Orgánico del CIMPS;

III. Expedir la Convocatoria para el proceso de selección de los integrantes del Comité de Investigadores;

IV. Autorizar los programas y presupuestos del CIMPS, así como las modificaciones en términos de la legislación aplicable;

V. Definir criterios, prioridades y metas del CIMPS; y

VI. Las demás que señale el Estatuto Orgánico del CIMPS.

ARTICULO 14 BIS 4-G.- El Consejo Técnico, estará constituido por los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Desarrollo Social; Energía; Economía; Salud; por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del Instituto de Ecología, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,y por la Comisión Nacional Forestal, así como, por los Presidentes de las Comisiones Legislativas del Congreso de la Unión relativas a la materia, por dos representantes de los gobiernos de los estados y un representante de una organización ciudadana de prestigio y experiencia en materia de clima y agua.

ARTICULO 14 BIS 4-H.- El Comité de investigadores especialistas en sequía tiene por objeto generar, integrar y difundir conocimiento e información sobre la sequía a través de investigación científica aplicada y el fortalecimiento de capacidades, para apoyar la toma de decisiones para la prevención y mitigación de los impactos de la sequía, y estará integrado por:

I. Dos especialistas en Climatología, encargados de estudios sobre las causas físicas de la sequía, de mantener el monitoreo de condiciones climáticas que puedan resultar en sequía, desarrollar e implementar esquemas de pronóstico del clima, que lleven a establecer la posible ocurrencia de sequía a escala regional;

II. Un especialista en Agricultura, encargado de generar escenarios de impactos de la sequía en la producción agrícola que lleven a generar recomendaciones a los tomadores de decisiones del sector;

III. Un especialista en Hidrología, que genere escenarios de impactos de la sequía en el sector agua y que emita recomendaciones en cuestiones de manejo de agua;

IV. Un Especialista en Ecología, que genere escenarios de los potenciales impactos de la sequía en el sector ambiental, que lleven a recomendaciones a los tomadores de decisiones; y

V. Un Especialista en Veterinaria y Zootecnia, que genere escenarios de los impactos de la sequía en el sector pecuario que lleven a generar recomendaciones a los tomadores de decisiones del sector.

Cadainvestigador contará con el apoyo de un técnico-científico que lo apoye en las labores de monitoreo, investigación y comunicación de información sobre la sequía. Por ello se contará con: cinco Técnicos – científicos de apoyo.

Adicionalmente, se contará con: cinco Investigadores Invitados, que en esquemas de contratos anuales, estancias post-doctorales, profesores visitantes, o académicos en estancias cortas trabajarán en el CIMPS en proyectos específicos recomendados y apoyados financieramente mediante algún esquema de proyecto de investigación. Los investigadores invitados mantendrán un estatus académico y laboral equivalente al de un investigador de planta.

ARTICULO 14 BIS 4-I.- El Director General del CIMPS, durará en su encargo un periodo de cuatro años y sólo podrá ser electo para un periodo igual. Para ser Director General se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento de reconocida honorabilidad, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Poseer grado académico de Doctor, que implique conocimiento probado en materia de sequía;

III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en materia administrativa; y

IV. No encontrarse en uno o varios de los supuestos establecidos en la fracción III del artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales.

El Director estará impedido para desempeñar cualquier otro cargo durante su gestión, salvo aquellos que sean de carácter honorífico o académico.

ARTICULO 14 BIS 4-J.- .- El Director General, además de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Administrar y representar legalmente al CIMPS;

III. Convocar a las sesiones de la Junta del CIMPS;

IV. Celebrar y concertar toda clase de convenios de cooperación inherentes al objeto y fines del CIMPS;

V. Formular los programas del CIMPS de corto, mediano y largo plazos;

VI. Elaborar y someter a consideración de la Junta, el Estatuto Orgánico;

VII. Formular anualmente y someter a consideración de la Junta, el presupuesto del CIMPS;

VIII. Ejercer el presupuesto del CIMPS con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

IX. Presentar a la Junta un informe financiero pormenorizado del CIMPS, en los tiempos que marque el Reglamento de la Ley;

X. Establecer los mecanismos de control para alcanzar los objetivos y fines propuestos;

XI. Proporcionar la información que soliciten los Comisarios;

XII. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del CIMPS se realicen de forma articulada, congruente y con eficacia; y

XIII. Las demás que le atribuyen el Estatuto o el Reglamento y las que sean consecuencia natural de sus funciones.

ARTICULO 14 BIS 4-K.- La vigilancia y control del CIMPS recaerá sobre el Comité de Vigilancia, el que estará integrado por un comisario nombrado por la Junta de Gobierno y otro designado por la Secretaría de la Función Pública.

Los comisarios tendrán las atribuciones conferidas en el Capítulo VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

ARTICULO 14 BIS 4-L.- Las relaciones laborales del CIMPS se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, deberá expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley, en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

TERCERO. La SEMARNAT, una vez publicada la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación, destinará al CIMPS una partida presupuestal de la asignada en el ejercicio fiscal en curso, a fin de iniciar sus trabajos en el tiempo señalado.

CUARTO. La Junta de Gobierno presentará a la SEMARNAT, con la debida oportunidad, el proyecto de presupuesto de egresos, correspondiente al siguiente ejercicio fiscal.

QUINTO. El CIMPS a que se refiere la presente Ley, deberá constituirse dentro de un plazo de máximo de seis meses siguiente a la entrada en vigor de la misma.

SEXTO. El personal científico del CIMPS deberá incrementarse al menos cada dos años hasta llegar a una planta de diez investigadores titulares y diez técnicos, así como espacio laboral y recursos para diez investigadores invitados.

SEPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Suscriben

Sen. Antonio Mejía Haro.- Sen. Claudia Sofía Corichi García.- Sen. Minerva Hernández Ramos.- Sen. Silvano Aureoles Conejo.- Sen. Rubén Fernando Velázquez López.- Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Antonio Mejía. Se acepta, por supuesto, la propuesta de insertar en el Diario de los Debates la totalidad de la iniciativa, y se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Señoras Senadoras y señores Senadores de la República, les pido un momento de su atención, si fueran ustedes tan amables.

La Mesa Directiva de esta Cámara ha tomado la decisión de realizar un esfuerzo más para ordenar los puntos que han sido agendados por los grupos parlamentarios, con la intención de que sesión a sesión tengamos el tiempo suficiente para introducir un debate de los grupos parlamentarios sobre temas de actualidad.

Si bien, todos los temas aquí presentados son de importancia, sin duda alguna, el Senado de la República no puede mantenerse al margen de los acontecimientos que día a día se suscitan en la vida nacional, y esperamos que con la colaboración de todos y todas ustedes y de los grupos parlamentarios esta intención pueda concretarse.

Hoy se ha preparado un debate con intervenciones de los seis grupos parlamentarios hasta por 7 minutos, para fijar su posición respecto al mensaje que el titular del Poder Ejecutivo Federal dio ayer en Palacio Nacional, y el propio Informe Presidencial recibido el 1º de septiembre en la sesión de Congreso General.

Escuchamos los Senadores con atención los posicionamientos de los Diputados Federales, pero hoy, en nuestra Cámara, vale la pena que entremos en materia.

Voy a agradecer enormemente que los señores Senadores representantes de los partidos, puedan ajustarse al acuerdo de los 7 minutos, porque esto permitirá una posible segunda ronda hasta por 3 minutos que garantice efectivamente un debate parlamentario, escucharnos, respondernos, argumentar, convencernos y plantear las posiciones de los grupos parlamentarios.

Le agradecería muchísimo al Pleno que en esta parte del debate pudiésemos escuchar con atención los posicionamientos de los grupos, los argumentos de los Senadores para darle continuidad y atención al debate mismo.

Y por ello, le doy la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, hasta por 7 minutos.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: 7 minutos.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Hasta por 7 minutos, puede ser menos, por supuesto, no estamos obligados a agotarlos.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Es que un análisis serio de un informe, en 7 minutos, pues no podría hacerse, esto es obvio, sin embargo vamos a intentar reducirlo lo más posible.

Señor Presidente, ciudadanos legisladores:

Debemos reconocer que el documento que presentó el señor Calderón tiene -pocas veces lo reconozco- un mérito innegable de un diagnóstico sobre la grave situación que guarda el país en este momento, y la urgencia de cambiar esta realidad crítica.

Pero, muestra también una deficiencia evidente, y una regresión palpable que sólo con las reformas de fondo de corte neoliberal y privatizador que el Ejecutivo propone, piensan, se puede superar la crisis.

Estamos en el umbral de una crisis sistémica, y esto se refleja bien en el documento, pero la medicina y la terapia de shock que se proponen podrían terminar por colapsar al enfermo en lugar de ponerlo de pie.

En este recinto y en el país hay consenso sobre la necesidad de reformas de fondo. El problema es el sentido de esas reformas de fondo, si realmente nos van a sacar de ese fondo y si van a terminar, al contrario, desfondando al país.

Vamos a estar atentos al desarrollo de la agenda de los diez puntos que propone; difícilmente podríamos disentir sobre la necesidad y la urgencia de que esos temas se toquen. El problema es hacia dónde y en qué dirección y en beneficio de quién van a impulsarse estos cambios.

Uno. Combate a la pobreza. Si el gobierno considera que con más asistencialismo se va a sacar de la pobreza a más de la mitad del país, tendremos una reforma social fallida. La mejor y urgente reforma política y social que requiere el país son empleos con seguridad social.

Dos. Salud Universal. Proporcionar servicio médico a los mexicanos marginados a través del Seguro Popular, pero enviarlos a su casa sin medicinas para que ellos surtan la receta en las farmacias de la esquina; esa no es salud universal, y eso no es lo que requiere el país. Necesitamos impulsar la prevención, la alimentación y mejorar la calidad de los servicios médicos públicos.

Cómo podemos hablar de una reforma de salud, si apenas vamos a proteger al 30 por ciento de la población contra el virus de la influenza humana.

Tres. Educación de Salud. Cómo se plantea superar el marasmo de los intereses nefastos y las inercias, si ese mismo marasmo es el que sostiene a la presidencia con intereses oscuros y con complicidades inconfesables.

Cuarto. Finanzas Públicas. Cómo plantear una reforma fiscal de fondo, cuando el 40 por ciento del gasto público es gasto corriente para sostener a una burocracia dorada en la cual nos encontramos nosotros.

La verdadera reforma fiscal es ni un peso más a los excesos y a esta burocracia dorada; disminuir y reducir el gasto corriente del sector gobierno.

Quinto. Sector Energético. Es impresionante cómo podemos permitir que la reforma energética que ustedes aprobaron no ha sido cumplida en sus términos y esté pensándose en una segunda reforma privatizadora, no a la privatización de PEMEX.

Sexto. Telecomunicaciones. Si a una reforma se le impulsa mayor y mejor cobertura y convergencia de tecnología, bienvenida, nosotros vamos a respaldarla, y vamos pensando en cómo ampliar y cómo democratizar la entrega de futuras concesiones para evitar cualquier concentración.

Séptimo. Sector Laboral. Sí al incremento de la productividad y competitividad del país, siempre y cuando se traduzca en mejores salarios para los trabajadores; mayor seguridad social y respeto a los actuales derechos laborales.

Octavo. Reforma Regulatoria. Sí a derogar la tramitología inútil que inhibe la iniciativa individual y colectiva, no a dejar de regular, vigilar y fiscalizar al mercado por parte del Estado. La actual crisis global es porque el Estado dejó de cumplir sus funciones rectoras básicas, y entonces el mercado se despachó con la cuchara grande de la avaricia, la codicia y el egoísmo individual.

Noveno. Lucha Anticrimen. Sí al combate frontal al crimen organizado, no a las políticas de seguridad desorganizadas, desintegradas, casuísticas y a los enfoques exclusivamente policiacos y militarizados.

Décimo. Reforma Política. Sí a una reforma política que nos lleve a mejores estadíos de desarrollo, no a una reforma política que busque restaurar el viejo régimen, el centralismo y fomentar el bipartidismo perpetuando la República de los partidos sobre la República de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Monreal Avila. Le valoro y le reconozco el esfuerzo para ajustarse al Acuerdo de tiempo que permitirá un mayor debate.

Le pido que haga uso de la palabra al Senador José Luis Lobato Campos, del Partido Convergencia, hasta por 7 minutos.

- El C. Senador José Luis Lobato Campos: Ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores:

Transcurridos los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón, hemos escuchado el día de ayer con atención el mensaje transmitido con motivo de la entrega del informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal.

El balance efectuado supone la aceptación de los errores del gobierno federal, se reconoce de este modo que a medio camino muchos han sido los errores y las deficiencias de la administración. Se reconoce también veladamente el fracaso del combate al narcotráfico, que pasa de ser la prioridad del discurso calderonista de los primeros años, a ser la necesidad número nueve en el decálogo de las prioridades presentadas el día de ayer.

Es cierto que este año el país ha enfrentado adversidades ajenas al contexto del gobierno, como son la recesión económica mundial, el virus de la influenza humana AH1N1 y la sequía más grande de los últimos años. No son estos factores imputables al gobierno federal. Pero sí tenemos que decir, con toda seguridad, que la inseguridad y la crisis económica son factores que van de la mano y que encuentran su motivación en la incapacidad del gobierno federal para generar empleo y reactivar la economía nacional.

Hoy, a pesar de los dichos del Ejecutivo Federal ante el choque financiero internacional y la tardía y tibia respuesta para apalear sus efectos, la producción económica nacional se ha derrumbado en alrededor del 10 por ciento. Las finanzas públicas se han colapsado del 2006 a la fecha, diez millones más de mexicanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza, de los cuales cuatro millones de compatriotas se han hundido en la miseria extrema, y millones y millones de mexicanos y sus familias se debaten cotidianamente en la inseguridad.

Para nadie es ajeno saber que buena parte de la inseguridad que hoy vivimos ha tenido sus causas en los resultados económicos y de ingreso adversos que hemos vivido especialmente en los últimos cinco lustros.

Con estos hechos que hoy enfrentamos, simplemente se puede resumir y calificar el informe de la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal.

Nosotros expresamos nuestro beneplácito ante su disposición de realizar cambios profundos en la Administración Pública Federal, pero no podemos validar, de modo complaciente, el mea culpa maquillado de buenas intenciones que expresa lo que debe hacerse, pero no hace énfasis sobre lo realizado ni cómo debe hacerse sobre las políticas instrumentadas en beneficio de los mexicanos sobre cómo se tradujo el actuar del gobierno en resultados positivos en materia económica y fiscal, en la seguridad social del país, en el combate a la pobreza y el narcotráfico, se trata entonces de un mensaje de más ganas que de posibilidades, un mensaje de buenos deseos que deja sin contestar las interrogantes fundamentales que planteamos desde hace un año al Ejecutivo Federal.

Cómo se pretende alcanzar un mayor crecimiento de la economía mexicana, generar los empleos que demandan los mexicanos y de qué manera se busca incrementar la competitividad de la economía para revertir al menos los retrocesos que ha experimentado a partir del 2001.

¿Qué medidas de política económica se han aplicado y cuáles se aplicarán para contrarrestar el desbalance de nuestras cuentas con el exterior, así como aminorar las presiones adversas que impone una mayor tasa de interés? No es admisible que la Secretaría de Hacienda pretenda llenar el boquete fiscal mediante el establecimiento de mayores impuestos, entre ellos, impuestos al consumo, no se trata de inventar el hilo negro de las finanzas y de las políticas económicas, aumentar impuestos en tiempos de crisis aumenta las desigualdades y profundiza la pobreza extrema.

En Convergencia nos hemos pronunciado por medidas que resuelvan el problema de fondo que implica la baja recaudación, producto de la evasión y la elusión fiscal. En este sentido, hemos propuesto diseñar un esquema de recaudación en el que los municipios puedan recaudar impuestos, toda vez que son ellos quienes conocen dónde se encuentran los evasores.

Diseñar un esquema de recaudación municipal en el que los municipios se vean beneficiados porcentualmente de lo que recauden, esto se traduciría en un incremento de la recaudación y en beneficio para la Federación, los estados y los municipios.

Lo subrayamos, es preferible recaudar 50 centavos de un peso que un peso de nada.

Ante la situación macroeconómica y federal desfavorable que vivimos hoy ya está presente el shock nacional que en estados y municipios se habrán de enfrentar. No hay escapatoria o salida fácil, en los próximos meses veremos agudizar la astringencia financiera que los otros órdenes de gobierno vivirán, siendo la mayor de las amenazas la misma paralización de servicios básicos municipales y en algunos casos, las de los propios estados.

Por ello estamos seguros, y una vez más, los buenos propósitos de recuperación que nos anuncian el Ejecutivo y las autoridades hacendarias serán sólo eso, malos designios que esta ineludible realidad va a cancelar.

Vivimos una crisis dentro de la crisis. Por ello, las medidas que habremos de tomar deberán de estar del tamaño de nuestros problemas circulares, el problema es nacional, compete a la macroeconomía, a las finanzas públicas en general, a todos los órdenes de gobierno, a todos los sectores productivos, en esencia al gobierno, al capital y al trabajo.

En Convergencia nos pronunciamos por una efectiva reducción al gasto corriente y a destinar eficientemente los recursos para inversión e infraestructura, nos pronunciamos a favor de una mayor transparencia y rendición de cuentas, las buenas intenciones son esto, el Poder Ejecutivo reitera su disposición a realizar las reformas profundas necesarias, pero rechazamos categóricamente la pretensión de corresponsabilidad y cogobierno. Se trata de dos poderes que en sus funciones y objetivos somos diferentes, no compartimos responsabilidades, México requiere hoy de cambios profundos. Desde esta tribuna, Convergencia asume su compromiso histórico con el gobierno, trabajaremos durante esta legislatura que comienza para realizar las transformaciones necesarias para la nación. Lo haremos con visión crítica y con el objeto de lograr crecimiento económico y mejores estadíos de vida para los mexicanos.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Lobato Campos. Tiene el uso de la palabra el Senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por 7 minutos.

No quiero dejar pasar mi reconocimiento al Senador Lobato Campos, también por su esfuerzo de síntesis y su apego al acuerdo parlamentario de los 7 minutos.

Adelante, Senador Arturo Escobar.

- El C. Senador Arturo Escobar y Vega: Gracias, señor Presidente.

El día de ayer coincidiendo con frases del Presidente Calderón, en relación a que las cosas no pueden seguir igual, y que nuestro país, empezando por nosotros, está obligado a cambiar su actitud para poder alcanzar el México al que aspiramos.

Año con año, desde el año 2000, nos hemos oído y escuchado -la clase política mexicana- referirnos al cambio, a la transformación a aprovechar nuestros recursos naturales y humanos para convertirnos en un país competitivo, y año con año, lamentablemente no hemos dado los resultados que nuestro país merece.

En esta tribuna, mi grupo parlamentario quiere sostener, que una vez más creemos que el momento es ideal, especialmente aquí en esta Soberanía, en virtud que aquí ya estamos organizados; aquí ya hay comisiones integradas, y tenemos que entrarle al toro por los cuernos.

Hemos venido sosteniendo que la reforma energética aprobada el año pasado, que a propósito y dándole la razón al Senador Monreal, tiene un 50 por ciento de aplicación hasta ahorita, fue una reforma mediocre y mediana, una reforma que no llegaba a nada, sino simplemente equilibraba los intereses políticos de todos los partidos.

Lamentablemente la clase política mexicana se mantiene con la posición de seguir partidizando las decisiones. La lucha por el poder de los partidos está en nuestra naturaleza, jamás hay que negarlo.

Pero ¿Quién quiere en el 2012 el poder, en las condiciones que se encuentra nuestro país actualmente?

Si pudiéramos entender, inclusive, inclusive, construir una verdadera alianza entre todos nosotros, para que de aquí al 2 de octubre del 2011, pudiéramos comportarnos con enorme madurez, con gran patriotismo, y podamos debatir todos los temas con un principio, con un principio muy importante: “No existe ningún tema que no se pueda tocar”.

No podemos empezar discusiones hacendarias diciendo: “No vamos a discutir el tema de IVA y medicinas”. ¿Por qué no?

No podemos discutir una reforma energética, empezando, no se puede tocar la posibilidad de que la iniciativa privada participe. ¿Por qué no?

No podemos discutir una reforma laboral pensando en que hay temas o artículos que son intocables. Tenemos que quitarlos o sacudirnos aquellos principios del siglo pasado que no nos permiten avanzar.

Hoy la clase política mexicana -toda completa- no está reflejada en las calles. Y hoy el hartazgo y la civilidad de nuestro pueblo, han merecido que no tomen las cosas a otro nivel.

Pero si aquí seguimos utilizando nuestra tribuna, nuestros espacios, las comisiones, para defender únicamente principios partidistas, que hoy no están acorde con los principios mundiales de desarrollo, de competitividad, México en el año 2012 va a tener Senadores de la República que van a decir lo mismo que han dicho todos: “Llegó el momento de los acuerdos, llegó el momento de aprovechar”. No, señores, el momento es ahorita.

Asumamos nuestra responsabilidad, somos Senadores de la República.

En ningún lugar del mundo, óiganlo bien, decisiones trascendentes, decisiones estructurales han sido populares.

Aquí no nos mandó la gente para tomar decisiones con un barómetro de popularidad. Nos mandó aquí para tomar decisiones trascendentes, importantes, de coyuntura, que transformen a México.

Reconozco y respeto posiciones de ideologías de todos los partidos políticos, pero habría que erradicar cualquier posición absolutista, empezando por aquella que no nos permite dialogar, debatir y acordar sobre todos los temas que merecen discusión.

Quiero hacer un llamado a través del Presidente del Senado, el Senador Navarrete, lleguemos a un acuerdo de concordia, a un acuerdo donde entendamos que nos quedan menos de 2 años de real debate político, de real posibilidad de llegar a acuerdos, y que dejemos un legado como Senadores por el cual nos sintamos satisfechos y nos sintamos orgullosos.

Démosle posibilidad al país para que en el año 2012, gane quien gane la Presidencia de la República; gane quien gane el Congreso mexicano, le demos un país que tenga niveles de crecimiento económico acorde con lo que está esperando la población mexicana, y no seguir pensando que México, a través de una posición u otra posición, como si fuera una barita mágica, saldrá de la mediocridad.

Volvámonos un motor de desarrollo, empezando por el Senado de la República.

Si el Congreso mexicano está en posibilidades de gobernar, hagámoslo bien, pero debatamos de todo, y ya no perdamos el tiempo.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Arturo Escobar, por su intervención y por ajustarse al acuerdo, y solamente utilizar un poco más de 5 minutos para su importante pronunciamiento.

Le doy la palabra al Senador Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 7 minutos.

- El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanos y ciudadanas Senadoras:

Quiero aprovechar este debate para manifestar nuestra solidaridad con el estado de Michoacán ante el asesinato del Subsecretario de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Revueltas, acaecido hace 2 días, que fue un brutal atentado también contra otras 3 personas más que perdieron la vida.

Nuestra solidaridad, nuestro saludo y nuestra exigencia para que este tipo de atentados de la delincuencia organizada, vayan siendo eliminados de este país.

En cuanto a la posición planteada ayer por Felipe Calderón, hay que decir que las Cámaras del Congreso harán un análisis del Informe que fue presentado formalmente el día 1º ante el Congreso en Pleno.

Por lo pronto, quiero reiterar que el Partido de la Revolución Democrática está listo -como siempre ha estado- para llegar a los acuerdos que sean necesarios con el propósito de superar los graves problemas del país, en lo cual, creo que no existe gran discrepancia por lo que hace a su enumeración.

Quizás el problema mayor esté, en primer término, en el diagnóstico.

La crisis económica no es una calamidad llegada del extranjero solamente, es producto de un estancamiento muy largo de la economía del país, de un pésimo esquema de la distribución del ingreso, de la falta de liderazgo del Estado para encabezar el desarrollo económico, de la irresponsabilidad en el manejo de los excedentes petroleros durante muchos años.

Uno de los elementos que debemos tomar en cuenta ante todo es: que sí, una posición clara del Estado mexicano como líder del proceso de desarrollo, no habrá superación del problema recesivo que tenemos en este momento, ni de las causas que han convertido a México en uno de los países con mayor recesión en la coyuntura mundial actual.

Pocos países tendrán una disminución del producto de más de 7 puntos porcentuales. México será el número 1 en América, y eso nos está hablando de fenómenos propios.

Hemos planteado -y reiteraremos- que el Estado debe tomar un plan de infraestructura productiva, por lo menos de 3 puntos del Producto Interno Bruto, y advertimos: “No estaremos de acuerdo con que el déficit público -que programa el gobierno federal- sea para cubrir las deficiencias en el gasto corriente.

El déficit debe servir íntegramente para la inversión productiva, como dice la Constitución y como lo recomienda la recesión que estamos padeciendo.

Sobre la base de un plan de esta naturalaza, contarán con el voto aprobatorio del PRD en la próxima Ley de Ingresos; pero de ninguna manera, con el propósito de mantener un Estado engordado y sueldos injustificados de la alta burocracia del Estado mexicano.

Queremos decir, también, que estamos dispuestos a colaborar en las leyes que sean necesarias, con el propósito de combatir la delincuencia organizada; pero, no estaremos de ninguna manera de acuerdo con la iniciativa de Calderón, de dotar al Ejecutivo con capacidad para imponer, en los hechos, estados de excepción y suspensión virtual de garantías constitucionales que sólo el Congreso puede dictar, desde que se fundó la República en 1824.

(Aplausos)

Y defenderemos en tanto, las libertades y no podremos compartir el enfoque del Estado policiaco.

El Senado tiene una serie de compromisos. Dictar la Ley Reglamentaria sobre los Sueldos; dictar la Ley Reglamentaria sobre la Publicidad Gubernamental, artículo 134, donde el Senado fue Cámara de origen y que casi todos los gobernantes están violando, incluyendo a Calderón.

El del derecho de réplica, y un asunto importantísimo, una Ley de Telecomunicaciones y el Audiovisual; no estamos de acuerdo en reducir la agenda a la convergencia tecnológica; y mucho menos, mucho menos, para una nueva estructura monopólica, dividida entre Telmex, que es dominante; y una concesión a Televisa de la red eléctrica, con fines de la convergencia del sector de telecomunicaciones.

No estamos de acuerdo en que las bases de la reforma, sea el mismo esquema oligopólico, los convocamos a ustedes y también al gobierno federal, a dar la lucha contra dos males: los monopolios, causantes en parte de la situación económica de México, y para combatir el Estado corrupto.

Combatamos ambas cosas y abramos la posibilidad de un gran acuerdo nacional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Pablo Gómez, por su intervención. Y también por supuesto, todo el Senado podrá valorarlo, el esfuerzo de la concreción en 7 minutos. Sin duda alguna, con lo cual se demuestra que, podemos iniciar una nueva etapa en esta LXI Legislatura.

Tiene la palabra el Senador Pedro Joaquín Coldwell, a nombre del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Pedro Joaquín Coldwell: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Estamos cerca de que concluya la primera década del siglo XXI, y el balance para nuestro país es realmente desalentador.

A diferencia de otros países cuyas transiciones democráticas arrojaron círculos virtuosos de paz social, crecimiento económico y expansión de su seguridad social, la transición mexicana, por la ausencia de una adecuada conducción política, está atrapada en la más severa crisis de inseguridad y violencia que la nación haya vivido en tiempos de paz.

Y por lo que respecta a la economía, su signo distintivo ha sido el estancamiento. A pesar de lo que nos digan las cifras oficiales, la amarga realidad no puede maquillarse.

El desempleo se extiende por todo el territorio nacional, y está golpeando severamente la frágil economía de las familias mexicanas.

En lo político se ha perdido gobernabilidad o se ha mantenido precariamente, a costa de permitir que los poderes fácticos sustituyan al Estado nacional.

Hoy el ciudadano tiene menos peso específico en la política y en la sociedad.

Por ineptitud o por complicidad, el Estado mexicano ha sido desmantelado para sustituirlo con nada.

Ciertamente, no es como pregonan algunos, el caso de un Estado fallido. Sí es un Estado impávido, en el que el gobierno carece de eficacia y habilidad para mover los resortes políticos y civiles que se requieren para sacar a la nación del marasmo en que se encuentra.

El gobierno ha dejado de ser el eje de las conducciones económicas y sociales. Y los agentes económicos y sociales se mueven en el caos, defendiendo cada quien sus intereses particulares e inmediatos.

Se carece de un proyecto nacional, que nos encauce a todos y que nos proporcione referentes.

Tras nueve años de gobiernos conservadores en México, el país se deteriora cada día más. Los problemas se agravan y no se han percibido acciones eficaces del gobierno para superarlos.

En este contexto queda escrito, se entiende el mensaje del Presidente de la República, de ayer, como un llamado que nace de la desesperación, por los rendimientos decrecientes de sus primeros tres años de gobierno, y por la dramática situación por la que atraviesa el país.

Es ciertamente un grito desesperado. Pero para tomarlo en serio, muy en serio, por todos los políticos, los que tenemos responsabilidades públicas, también por los empresarios, por los medios de comunicación, por los intelectuales y por los líderes sociales.

Para la implementación de los cambios que el país requiere, los Senadores del PRI quisiéramos hacer algunas consideraciones.

La primera. Que la palabra del cambio está gastada. Hay una enorme desconfianza social respecto a las ofertas de cambio que vienen del gobierno.

Por eso sería conveniente acompañarla de hechos tangibles. Que la población vea que no sólo se queda en palabra, sino en acciones concretas.

Por eso los Senadores del PRI aceptamos la oferta de austeridad que hace el Presidente, y habremos de sumarnos a ella.

Pero, reitero, hay que acompañarla con hechos concretos, de reducción del aparato estatal. La multiplicación de direcciones de gobierno y Subsecretarías ha sido en este gobierno y también en el anterior, onerosa y grosera; tienen que reducirse ya, sin postergación ni simulación alguna.

Otra señal de cambio que la sociedad aguarda con impaciencia, es la determinación presidencial para emular uno de los mayores aciertos que elevó a Juárez a la dimensión de hombre de Estado; cuando en horas de grave crisis nacional, supo integrar el gobierno republicano con los mejores hombres de su generación, algunos, incluso, con mejor formación que él.

No más gabinetes Montessori, ni mucho menos el Club de Amigos de Toby; el pueblo de México no quiere un Presidente que cada vez cierre más su círculo de colaboradores.

Por eso los priístas volvemos a poner sobre la mesa de los cambios que el país requiere, la ratificación del gabinete presidencial por el Senado de la República.

De igual manera manifestamos nuestra disposición para discutir la reducción del tamaño de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

La reelección consecutiva de los legisladores y también de los presidentes municipales.

El fortalecimiento de las atribuciones preventivas de la Auditoría Fiscal de la Federación.

Prestos también estamos para discutir con otras fuerzas políticas, la revocación del mandato; así como también el referéndum en reformas constitucionales de trascendencia.

Es necesario que se entienda que éste no es un momento de autocomplacencias, ni de pretender seguir engañando a la población.

Pedimos y ofrecemos sinceridad y congruencia, y comenzar por limpiar la casa desde el gobierno.

Los integrantes del Congreso representamos un caudal de ideas y proyectos. Los hemos venido plasmando en tareas como la Reforma Electoral y la Reforma de Seguridad Pública y de Justicia, y otras más.

Queremos reactivar la economía nacional, y estamos dispuestos a discutir los dogmas neoliberales que han mostrado su ineficiencia.

Estamos abiertos a una discusión a fondo de la política económica para plasmar un nuevo modelo.

Que es también necesario no sólo que las fuerzas políticas pongamos nuestras ofertas de cambio sobre la mesa, sino también que el gobierno nos muestre que tiene rumbo y que éste apunta al bien de la República.

Bienvenidos los cambios y ese querer poner, como dijo el Presidente, por encima de cualquier interés particular el interés de México.

Por eso pedimos públicamente que en los próximos diez días el Ejecutivo Federal presente sus iniciativas con la oferta de cambio que propone.

Superemos las abstracciones, urgen las definiciones en torno al rumbo nacional. El país no puede aguantar otro trienio de falta de realizaciones.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Pedro Joaquín Coldwell, por su intervención y su esfuerzo de ajustarse al tiempo.

Le pido que haga uso de la palabra al Senador Gustavo Madero Muñoz, del grupo parlamentario del PAN, hasta por 7 minutos.

- El C. Senador Gustavo Madero Muñoz: Gracias, señor Presidente.

México necesita soluciones de fondo, soluciones de fondo a los problemas estructurales que nos mantienen como un país rezagado, retardado, lento en las reformas y en los cambios que permitan un crecimiento económico, dinámico, sostenido, sustentable e inclusivo.

México necesita soluciones de fondo a los problemas de la pobreza, de la discriminación y de la vergonzosa desigualdad e inequidad social.

Soluciones de fondo a la cultura de la corrupción y de la impunidad, todos ellos arrastrados desde décadas.

Soluciones de fondo al tema de la inseguridad y al fortalecimiento de estado de derecho.

Los ciudadanos perciben que la clase política está más centrada en sus intereses partidistas y en conservar o aumentar sus espacios de poder, que la clase política hoy no somos garantes de la preeminencia de los intereses de la nación en la definición de las políticas públicas.

Que el factor político se ha convertido más en un agravante que en un facilitar para la solución de esta agenda fundamental irresoluta. Porque esta agenda irresoluta hoy se traduce en un diferimiento del desarrollo y del mejoramiento del nivel de vida de cada mexicano. En esto se convierte cada solución postergada por falta de condiciones políticas.

Está demostrado que nuestra generación, otros países y regiones ya han encontrado mejores diseños y políticas públicas para garantizar la superación de la pobreza y el subdesarrollo.

Hemos sido testigos que México no ha encontrado fórmulas exitosas que otros países han aplicado con éxito para avanzar en las demandas de los ciudadanos.

No es darle demasiadas vueltas al asunto. El mensaje del Presidente Calderón ha puesto sobre la mesa con claridad y precisión la agenda de reformas que México necesita y reclama con urgencia.

Ahora nos corresponde a las fuerzas políticas de este país si vamos a ser los agentes del cambio o si vamos a seguir reproduciendo la inercia en la que estamos atrapados.

Ahora corresponde a las fuerzas políticas decidir si todos vamos a asumir nuestra corresponsabilidad en la transformación de México.

El PAN es y ha sido desde su fundación un agente de cambio porque esto es lo que los mexicanos exigen, un partido comprometido con la modernización y la transformación de México.

Por eso los Senadores del PAN respaldamos la agenda propuesta por el Presidente Calderón, porque esto es lo que México necesita. Este es el momento de transformar nuestro sistema político en una democracia efectiva y esto quiere decir una democracia que resuelva los problemas de la gente, no tenemos derecho a seguir perdiendo tiempo. Lo que está en juego es la prosperidad y la seguridad de millones de mexicanos.

El Presidente Calderón ha asumido con firmeza el liderazgo nacional y ha enfrentado decididamente la crisis de seguridad, la recesión económica internacional y la emergencia sanitaria. Enfrentamos tiempos muy difíciles y esto hay que dejarlo claro, pero gracias a su liderazgo estamos construyendo soluciones para salir adelante.

El día de ayer el Presidente Calderón nos ha demostrado que está decidido a conducir a México a un futuro de prosperidad que demandan los mexicanos.

Los Senadores del PAN respaldamos plenamente la agenda propuesta por el Presidente Calderón.

Hoy más que nunca debemos trabajar unidos para enfrentar esta compleja coyuntura.

Quienes regatean el apoyo a la agenda de cambios que impulsa el Presidente Calderón se equivocan al creer que le niegan el apoyo al subgobierno. Es a los mexicanos a quienes les están negando un mejor futuro, es a los mexicanos a quienes les están quitando la oportunidad de vivir en un país más próspero, más justo, más seguro.

Nuestra decisión es sencilla: o nos decidimos por hacer cambios políticos, económicos y sociales de fondo para construir un futuro más justo y más próspero, o condenamos a México y a los mexicanos a un futuro mediocre e injusto.

El futuro de México es nuestra responsabilidad compartida. Tomémosle la palabra al Presidente Calderón y formemos una gran alianza nacional para llevar a México a la modernidad.

La convocatoria es respetuosa, es institucional, pero también es histórica. Y es histórica porque de nuestra respuesta dependerá no sólo el solucionar un déficit financiero para el próximo año, sino dependerá la calidad de vida de nuestros hijos y de sus hijos.

Esta es la convocatoria que estábamos esperando y que nosotros, el grupo parlamentario del PAN, decimos presente. El grupo de Senadores del PAN hace suyo el llamado del Presidente Felipe Calderón y se suma a la convocatoria del diálogo, a la convocatoria de la construcción de acuerdos. Es hora de demostrar que estamos hechos de anhelos populares, que estamos hechos de compromiso por México.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Madero Muñoz.

Compañeras Senadoras y Senadores:

La colaboración de los señores Senadores que han hecho uso de la palabra, que esta Mesa valora, permite que tengamos tiempo todavía para escuchar otras intervenciones y continuar este debate importante que se ha abierto. Por ello, le doy la palabra a la Senadora Irma Martínez Manríquez, del Partido Nueva Alianza, para que tenga una intervención hasta por 3 minutos.

- La C. Senadora Irma Martínez Manríquez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Nos damos cita el día de hoy en el Senado de la República para dar inicio formal a los trabajos de la LXI Legislatura, en medio de una situación nacional por demás crítica y delicada.

El problema más grave de nuestro país en este momento es la crisis económica que ha generado la reducción de la planta productiva y el aumento en la tasa de desempleo. Por lo que es una prioridad para los legisladores de Nueva Alianza la reactivación de la economía que permita no sólo recuperar los empleos que a lo largo de este año se han perdido, sino además resolver los problemas estructurales que generan el estancamiento económico y el desempleo que desde hace décadas padece el país y que se ha visto agravado por la actual coyuntura económica.

En congruencia con los principios de nuestro partido, impulsaremos los acuerdos políticos necesarios para flexibilizar o modificar el actual modelo económico restrictivo, a fin de salir del círculo vicioso de las bajas o nulas tasas de crecimiento económico y proteger e incrementar el empleo.

Impulsaremos una reforma fiscal que permita transparentar y descentralizar los ingresos y finanzas públicas, una reforma integral y equitativa que estimule el crecimiento económico y el de la base gravable.

De ninguna manera apoyaremos propuestas que lesionen más la precaria economía familiar oponiéndonos a todo intento de generalizar el IVA a medicinas y alimentos, así como establecer una mayor carga impositiva a los contribuyentes.

Para los aliancistas otra de las prioridades para la actual legislatura será impulsar y consolidar las reformas legales en materia de seguridad pública que permitan disminuir los altos índices de violencia, criminalidad y descomposición social. Esto demanda de reformas urgentes que permitan al Estado cumplir con una de sus funciones primordiales.

En Nueva Alianza nos sumamos a todas aquellas reformas que permitan transparentar y eficientar nuestro sistema penal, y que promuevan la evaluación, depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos, así como de las instituciones encargadas de impartir justicia.

La educación continuará siendo el eje rector de nuestra labor legislativa. Nuestro partido se manifestará en contra de reducir el presupuesto destinado a la educación, la ciencia y la tecnología y a favor de más y mejor educación para nuestros educandos.

Por último, en Nueva Alianza estaremos atentos para escuchar, debatir y, en su caso, aprobar las iniciativas que se desprendan de las diez propuestas de cambio anunciadas el día de ayer por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Señoras y señores Senadores:

El inicio de esta legislatura es una gran oportunidad para que desde el Poder Legislativo impulsemos las reformas que permitan los cambios estructurales que nuestro país requiere.

En Nueva Alianza invitamos a hacer a un lado las diferencias políticas para concretarnos en las reformas que el país necesita.

Gracias.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senadora Irma Martínez. Le doy el uso de la palabra al Senador Francisco Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca: Gracias, señor Presidente.

Quiero hacer una aclaración antes de comentar cuáles son nuestras propuestas para poder salir de esta gravísima crisis que vive el país. Quiero comentar que en esta Soberanía nadie ha regateado nada en la búsqueda del diálogo y de la llegada al acuerdo nacional.

En este Senado de la República y todas las fuerzas políticas estamos conscientes de la gravedad de la crisis que vive México y de la responsabilidad que tenemos. Esta responsabilidad debe basarse sobre todo en un ejercicio que comprenda a todos los sectores del país, un ejercicio de diálogo, un ejercicio de debate, un ejercicio de reflexión colectiva que incluya no solamente a los hombres de gobierno, hombres y mujeres de gobierno y de Estado, sino también a los académicos, a los empresarios y a todos aquellos que tengan algo que decir para poder salir de esta grave crisis.

Tenemos muy claro que no basta con el reconocimiento de la profundidad de la crisis, pues los ciudadanos se han encargado de reconocerlo y sufrirlo. Sin embargo, también debemos tener claro que si no hay un buen diagnóstico tampoco habrá medidas acertadas para resolver el profundo colapso económico que vive la economía del país.

No puede seguirse pensando que la reactivación de la economía se resuelve sólo con equilibrar las finanzas públicas o teniendo la esperanza de reactivar los atorados motores que movieron a la economía mexicana en los últimos años, porque no podemos ni revertir el resultado de la sobreexplotación de los yacimientos petroleros, ni tampoco las estancadas condiciones del mercado mundial de petróleo, ni mucho menos tampoco tenemos control alguno sobre la evolución de la economía norteamericana, que de acuerdo a lo previsto comenzará a revertir su caída de manera lenta.

Por lo tanto, si no se cambian las condiciones en que funciona nuestra economía no se resolverán los problemas que han generado las inequidades del modelo. Es ocioso pensar, estimadas Senadoras y Senadores, que se pueden obtener resultados distintos con medidas semejantes.

Nosotros tenemos muy claro que el modelo de la economía, en el cual se ha desarrollado la economía mexicana, tiene que cambiar sin ningún miramiento, tiene que resolver el rumbo que el país debe tomar en el futuro. Nosotros estamos planteando muchas reformas que en su momento las comentaremos, pero es importante también de que nuestro llamado al acuerdo nacional sea tomado como un llamado serio para poder discutir el futuro del país.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Castellón Fonseca. Tiene el uso de la palabra el Senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del PAN, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Santiago Creel Miranda: Con su venia, señor Presidente.

Siendo esta mi primera intervención bajo la presidencia que usted dirige, quiero desearle el mayor de los éxitos, por el bien del Senado, a usted y a los integrantes de la Mesa Directiva.

En segundo lugar, quiero yo reconocer la disposición que han expresado los distintos grupos parlamentarios para poder entablar un diálogo constructivo, un diálogo productivo, que finalmente arribe a reformas de fondo, a reformas no solamente posibles, como lo ha dicho el Presidente Felipe Calderón, sino auténticamente reformas de fondo.

Es por eso que el reconocimiento que a nombre de mis compañeras y compañeros que hago en este momento a todos los grupos parlamentarios que han expresado aquí su disposición, es algo que quiero dejar constancia antes de iniciar propiamente mi intervención.

Sin duda, es un enorme desafío proponer cambios de fondo, cambios en serio en el tercer año de gobierno. Es quizá la etapa más compleja de la administración, pero también es la etapa que brinda mayores oportunidades para definir la identidad y el destino de la actividad gubernamental, ese es el peso, ese es el significado que tiene el mensaje que dio ayer el Presidente de la República con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

Un mensaje, por cierto, que contiene una autocrítica precisamente por la insatisfacción de lo que se ha hecho hasta ahora, y eso lo dijo con mucha claridad. Es por ello, pero sobre todo por lo que dijeron los electores el pasado 5 de julio, que los Senadores de Acción Nacional estamos plenamente comprometidos con los cambios que ha propuesto el Presidente Felipe Calderón.

Por supuesto que estamos de acuerdo con una profunda reforma política que haga de nuestra democracia una democracia eficaz y no de acuerdos a medias o una democracia, como ya dijo aquí el Senador Gustavo Madero, que no le dé auténticos resultados a la gente; una reforma política que le dé poder al ciudadano, y esto es fundamental, poder de información, poder de transparencia, poder para exigir una clara rendición de cuentas, poder para actuar en las decisiones fundamentales del país.

Una reforma política que permita construir mayorías estables, que fortalezca el mandato de la ciudadanía con sus representantes y, sobre todo, que acabe con esta distancia que infortunadamente existe entre los gobiernos y la propia sociedad.

También con esta misma fuerza creemos en un cambio profundo a la economía, en primer lugar para que crezca, es lo obvio, que es el punto de partida, una economía en crecimiento, que redistribuya equitativamente el ingreso, que sea competitiva sin monopolios, sin mercados cerrados, y por ello pensamos que los sectores claves para que la economía se abra, es precisamente la economía que tiene que ver con la radiodifusión y el mercado que representa.

Por todas esas razones le hemos tomado la palabra, por supuesto al Presidente Felipe Calderón, y se las tomamos a todos ustedes, aquí expresada, para ponernos a trabajar de inmediato y hacer que las iniciativas y los planteamientos aquí dichos, se vuelvan realidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Creel Miranda. Le doy la palabra al Senador Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del PT, hasta por 3 minutos.

- El C. Senador Alejandro González Yáñez: Con la venia de la Presidencia.

Sin duda debemos de saludar este esbozo de debate inicial sobre la delicadísima situación económica y política nacional. Empiezo con una reflexión breve y terminaré con una propuesta.

La mayor parte de las consideraciones que se hicieron ayer en Palacio Nacional, propician una pregunta, algunas no requieren de reforma legal, por lo tanto ¿Por qué no se han llevado a cabo? Pareciera que en el país hay gobernante pero no hay gobierno, y quizá esto todavía agrava más la crisis, no solamente hay crisis económica y política, sino también hay crisis de expectativas. No queda claro para dónde quiere llevar al país el Ejecutivo.

De igual manera lo más conveniente sería que algunas de las reflexiones que se suscitaron a propósito del Tercer Informe se enviasen al Congreso de la Unión en su formato de iniciativa legal, porque más que discursos de arenga de cambio, que parece más campaña electoral que ejercicio de gobierno, lo que se requiere es presentar las propuestas claras al interior de los poderes de la República, en este caso al Congreso de la Unión.

En el fondo lo que se debe de reconocer, de una vez por todas, es que estamos viviendo el fin de un modelo económico, vivimos una crisis económica, pero sobre todo una crisis de modelo económico, ese es el tema de fondo. Mientras esto no se acepte difícilmente se construirán las alternativas más viables y convenientes.

La pregunta es: ¿por qué si todos los países del mundo le están inyectando recursos financieros a la economía, en México se le recortan recursos a la economía? Se puede disponer de las reservas que tiene el país, ahora sólo se han utilizado para estabilizar la política cambiaria, ¿pero por qué no para potenciar la inversión pública?

Se deben de utilizar los subejercicios, porque el recorte anunciado formalmente de 85 mil millones de pesos es el formal, el real son los subejercicios que abarcan más o menos 400 mil millones de pesos.

Si no hubiese subejercicio y se detonara la inversión pública, ejerciendo el presupuesto aprobado por el Congreso, estaríamos en condiciones distintas. Y por supuesto, tenemos que echar mano del déficit, y que nadie se asuste.

En estas condiciones es necesario reactivar la economía, por eso terminamos con una propuesta: Es urgente e impostergable convocar a toda la nación a un acuerdo nacional para la reactivación económica, convocando a todos los actores económicos y políticos, esta ya no va a ser solo tarea del Estado mexicano, sino del conjunto de la nación, sociedad y Estado.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador González Yáñez. Señores Senadores, ha culminado este importante debate parlamentario aquí en el Senado, con diez intervenciones que han sido escuchadas y valoramos el interés que la Asamblea ha puesto en las intervenciones, lo cual es un buen augurio.

Dentro del apartado de proposiciones, los siguientes Senadores han aceptado el turno inmediato de sus asuntos a las comisiones respectivas. En la Gaceta Parlamentaria están las comisiones a que serán turnadas.

Adelanto el reconocimiento de la Mesa Directiva, a los Senadores que daré cuenta por su disposición de que un conjunto de puntos de Acuerdo sean turnados de inmediato a las comisiones:

A los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Adriana González Carrillo, Ludivina Menchaca Castellanos y Claudia Sofía Corichi García, Heladio Ramírez López y Adolfo Toledo Infanzón, Sebastián Calderón Centeno, Fernando Castro Trenti, María Serrano Serrano, Carlos Jiménez Macías, María Rojo e Incháustegui, Ramiro Hernández García, Tomás Torres Mercado, Mario López Valdez, Carlos Lozano de la Torre, Carlos Aceves del Olmo y Fidel Pacheco Rodríguez, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz, José Luis Máximo García Zalvidea, Francisco Herrera León, Adolfo Toledo Infanzón y María Elena Orantes López.

Pronto la Mesa Directiva podrá presentar una propuesta que haremos del conocimiento de ustedes para que los turnos, que como en este caso se han autorizado por los señores Senadores y Senadoras para pasar a comisiones, puedan tener un mecanismo de difusión televisiva en el Canal del Congreso.

Le doy la palabra al Senador Heladio Ramírez López.

- El C. Senador Heladio Ramírez López: (Desde su escaño) Señor Presidente, simplemente para pedirle que valdría la pena enuncie cuando menos los temas que queríamos abordar, porque lo importante es que la sociedad sepa que nosotros estamos preocupados por sus causas, y que aquí levantamos la palabra en petición o en demanda de ella, y está muy bien que se turnen de inmediato a comisiones, pero cuando menos que se sepa qué tema quisimos abordar los Senadores que propusimos que usted leyera directamente en nuestra anuencia.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Con enorme gusto, Senador Ramírez López, hay razón y argumento conducente al respecto porque se trata de turnar los temas de los señores Senadores y Senadoras, incorporando el contenido de su punto de Acuerdo.

Instruyo a la Secretaría para que dé lectura de los 17 turnos que hemos dicho, con los Senadores respectivos, y los temas que han colocado cada uno de ellos.






PROPUESTAS

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Con gusto, señor Presidente.

Del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, un punto de Acuerdo en relación con liberar los recursos del Fonden en Baja California Sur, a fin de mitigar los estragos que dejó a su paso el huracán “Jimena”, el cual se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL LIBERAR LOS RECURSOS DEL FONDEN EN BAJA CALIFORNIA SUR, A FIN DE MITIGAR LOS ESTRAGOS QUE DEJO A SU PASO EL HURACAN “JIMENA”

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY SENADOR DE LA REPUBLICA POR EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal liberar los recursos del FONDEN para Baja California Sur con la finalidad de mitigar los estragos que dejó en su paso el Huracán Jimena en el Estado de Baja California Sur:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-El Senado de la Repúblicaexhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la Declaratoria de Desastre al Estado de Baja California Sur, por los daños ocasionados por el Huracán Jimena durante su paso en dicha entidad.

Segundo.- El Senado de la República respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Gobierno estatal, para que lo antes posible desarrollen mecanismos que favorezcan la entrega inmediata de recursos económicos y materiales para la población afectada por el Huracán Jimena en Baja California Sur.

Tercero.- El Senado de la República respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Gobierno estatal implementen programas que atiendan de manera pronta y expedita las necesidades básicas de la población afectada por el Huracán Jimena.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a solicitar inmediatamente recursos del FONDEN para reparar o reconstruir las viviendas dañadas o destruidas por el Huracán Jimena en el municipio de Comondu, de conformidad con lo señalado por el numeral 11 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.

Quinto.- El Senado de la República felicita ampliamente al Secretario de Desarrollo Socialy al Director de CONAGUA así como a su personal técnico por su inmediata atención al Estado de Baja California Sur por el paso del Huracán Jimena, urgiendo a la SAGARPA a liberar todos los recursos necesarios para apoyar a los agricultores afectados por la destrucción total del ciclo agrícola en elmunicipio de Comondu.

Sexto.- El Senado de la República felicita ampliamente a las fuerzas Civiles y Militares por la oportuna ayuda brindada a las familias sudcalifornianas afectadas por el paso del Huracán Jimena.

Dado en el Palacio de Xicoténcatl, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy”.

De la Senadora Adriana González Carrillo, un punto de Acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política evalúe la creación de la Comisión Especial Sobre el Cambio Climático, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA EVALUE LA CREACION DELA COMISION ESPECIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, evalúe la creación de la Comisión Especial sobre el Cambio Climático, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace apenas un par de generaciones, hablar sobre el cambio climático se vislumbraba como un asunto todavía lejano, tema concerniente a un futuro distante e incierto.

Hoy en día, resulta indiscutible que el futuro nos ha dado alcance y el debate en torno al desarrollo humano sustentable, a la seguridad medioambiental y al antes mencionado cambio climático resulta impostergable. Continuar dando prórrogas a la búsqueda de soluciones conjuntas en un marco de responsabilidad compartida y de cooperación multilateral, sin afán de ser catastrofistas, sino realistas, nos llevará a un irreversible desastre ecológico de proporciones globales.

Ante lo anterior, se presenta la necesidad de llegar a un punto de inflexión en el cual, al referirnos al cambio climático, nos remitamos inexorablemente a la imperiosa necesidad de consenso sobre la materia entre los Estados, a fin de hacer un frente común a este flagelo que aqueja a todos por igual y que hasta hace poco se le ha empezado a poner especial atención en virtud de la magnitud del problema.

Los impactos del cambio climático en la Tierra están afectando el ecosistema de los seres humanos y pone en riesgo la preservación de todas las especies, provocando y alterando la migración, la estabilidad política y económica en todas las regiones geográficas del mundo. Al mismo tiempo, la afectaciónen los niveles del mar, calidad del aire, así como la reducción y carestía de agua potable son fenómenos que impactan negativamente a la comunidad internacional.

Por ello, es indudable que el cambio climático sea uno de los temas fundamentales de la agenda global, lo que obliga a que todos los gobiernos del orbe actúen con urgencia en el análisis, evaluación y coordinación de las estrategias para enfrentar este inminente problema.

En este tenor, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió el pasado 11 de agosto del presente, que solamente se tienen cuatro meses para asegurar el futuro del planeta. Esta declaración hace referencia a la renovación positiva del Protocolo de Kyoto que se pretende alcanzar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2009 que tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca del 7 al 18 de diciembre próximo, a la que asistirán representantes de 192 países.

Las graves consecuencias que el cambio climático está generando en la vida cotidianahan propiciado que distintos estados implementen todo tipo de estrategias para combatirlas.A la cabeza de estas acciones se encuentra el Reino Unido, cuyo gobierno ha elaborado el plan de acción más completo y ambicioso que existe entre todos los países industrializados para combatir el calentamiento global. A mediados del presente año, elgobierno británico reveló el Plan de Transición Bajo en Carbono, proyecto único en el mundo por ser jurídicamente vinculante en la disminución de gases efecto invernadero. De esta manera, la nueva ley establece que el 15% de toda la energía del Reino Unido será producida con energía renovable para el año 2020. Así, para ese año, se dejarán de emitir el 34% de los gases efecto invernadero registrados en 1990, estimando una reducción para el año 2050 del 80%.

Por otra parte, los Estados Unidos de América, cuyo gobierno había estado renuente por muchos años a impulsar políticas públicas que implicaran la reducción de emisiones de dióxido de carbono, también se encuentra ahora en un periodo de transición que pretende el desarrollo sustentable y la mitigación a los efectos del cambio climático. De esta manera, el Congreso de los Estados Unidos de América está en proceso de aprobar la propuesta de “Ley Waxman-Markey”, la cual busca disminuir las emisiones de gases efecto invernadero en un 17% para el año 2020 en ese país. Además, para el año 2012, la energía renovable representará el 6%, y llegará a representar el 25% en 2025 en la Unión Americana. Esta ley fue aprobada en la Cámara de representantes en junio pasado y será debatida en la Cámara de Senadores en septiembre del presente año.

Por su parte, el Parlamento Europeo estableció, en mayo de 2007, el Comité Temporal sobre el Cambio Climático. En este comité se diseñan e integran actualmente las distintas estrategias de los países miembros de la Unión Europea para presentar una sola propuesta referente al tema del cambio climático durante las negociaciones en Copenhague que renovarán el Protocolo de Kyoto. Asimismo, el Comité Temporal sobre el Cambio Climático, cuenta con la facultad de proponer y evaluar los planes de acción para combatir el cambio climático en la Unión Europea. Es importante mencionar que, todas las propuestas para combatir el calentamiento global que analiza este comité son acompañadas con los costos económicos generados por la falta de implementación de las estrategias.

Aunado a lo anterior, destacan también las acciones que realizanlos países en vías de desarrollo para mitigar los daños al medio ambiente que conllevaen parte su notable crecimiento económico.

Asimismo, el Senado de Brasil cuenta con una Comisión Mixta Permanente sobre el Cambio Climático, la cual impulsa las acciones contenidas en el Plan Nacional para el Cambio Climático que promulgo en el año 2007 el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con este plan, Brasil logrará reducir el consumo de electricidad en un 10% para el año 2030, lo que representará una disminución de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para ese año.Otro de los objetivos de este plan, es promover que la industria brasileña aumente la utilización de etanol y represente entre el 10 y 11% en la próxima década.

En este orden de ideas, México ha sido activo en los procesos relacionados a las preocupaciones y acciones mundiales sobre el Cambio Climático, ratificó en 1993 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáticoy ratificó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas el 29 de abril del año 2000 por voto unánime en el Senado de la República.

En cumplimiento a los compromisos internacionales, México ha realizado tres Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases Efecto Invernadero; así como tres Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Desde 2005 se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), instancia que busca coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático, y en general para dar cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la materia y demás instrumentos derivados de la misma.

De igual forma, cabe destacar que el tema de Cambio Climático fue incluido por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo en su Eje Rector 4 dedicado a la Sustentabilidad Ambiental, con lo cual queda constancia de que el Gobierno de México reconoce que el impacto de las emisiones de Gas Efecto Invernadero es cada vez más evidente.

En mayo de 2007 el Ejecutivo Federal presentó laEstrategia Nacional de Cambio Climático, en la que se identifican amplias oportunidades de mitigación y de adaptación, así como un primer posicionamiento del país en relación con el régimen internacional de atención al cambio climático. Propone los estudios necesarios para definir metas de mitigación y esboza las necesidades del país para avanzar en la construcción de capacidades de adaptación.

Asimismo, durante el marco del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el pasado 5 de junio, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático, que tiene como objetivo el compromiso de reducir en México las emisiones de 50 millones de toneladas de bióxido de carbono por año para 2012.

Con respecto al mismo tema, durante la pasada XVI Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en Lima, Perú en noviembre de 2008, el Presidente Calderón sostuvo reuniones con los Primeros Ministros de Australia y Japón, así como con el Presidente de Vietnam, con quienes acordó llevar a cabo acciones conjuntas a fin de combatir al cambio climático.

En el plano internacional, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa ha impulsado la creación de un fondo mundial contra el cambio climático, denominado el Fondo Verde que tiene por objeto procurar que todos los países del orberealicen aportaciones económicas, dependiendo del ingreso per cápita o en función de las emisiones de dióxido de carbono per cápita de cada país y prevé que los países integrantes del Fondo Verde, puedan retirar dinero dependiendo de las toneladas de carbono que cada país redujera.

En México, el tema del cambio climático se ha convertido en una prioridad en la agenda de trabajo de los actores gubernamentales y en los distintos órdenes de gobierno ya que no sólo afecta al sector ambiental sino a todos los sectores económicos y productivos del país. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las 800 grandes presas existentes en el país han llegado a los niveles mínimos de su capacidad, siendo el 2009 el año más seco en el país, lo que ya ha afectado a cerca de 7 millones de hectáreas de cultivos.

Es de destacar que el documento La Economía del Cambio Climático en México advierte que en ausencia de acciones, la economía mexicana sufrirá costos económicos significativos como consecuencia del cambio climático. Los costos totales del cambio climático alcanzan al 2100, con una tasa de descuento del 4%, alrededor del 6.2% del PIB, excluyendo actividades pecuarias y eventos extremos y alza del nivel de mar y los costos fuera del mercado en biodiversidad y vidas humanas.1

Los países menos desarrollados esperan progresos significativos en el frente de la adaptación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2009 que tendrá lugar en Copenhague, en diciembre próximo. Derivado de ésta Conferencia se esperan nuevos compromisos para los países en vías de desarrollo, como es el caso delEstado Mexicano. El Senado de la República tiene como facultad exclusiva el análisis de la política exterior así como del seguimiento de los compromisos internacionales a través de la armonización de nuestro marco legislativo.

En ese sentido, es necesario que el Senado de la República respalde las acciones que impulsa el Ejecutivo con el propósito de trabajar en las reformas requeridas para hacer realidad las iniciativas que a nivel internacional se impulsan y que sin duda impactan en los diversos ámbitos y en los distintos ordenamientos de la realidad en nuestro país.

Por otro lado, las consecuencias del cambio climático que ya están afectando el ámbito económico y ambiental en el territorio nacional demandan acciones concretas que contribuyan a dar un uso eficiente de los recursos naturales y brinde apoyo a los sectores más afectados y más vulnerables.

De ahí que la creación de una Comisión Especial sobre el Cambio Climático en el Senado de la República pueda enfocarse al estudio, afectación y seguimiento de dicho fenómeno y sobre todo, llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país suscribe. Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de especializar nuestro trabajo en el tema, presento a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política, a que evalúela creación de la Comisión Especial sobre el Cambio Climático, con la finalidad de que el Senado de la República pueda llevar un seguimiento puntual de los instrumentos nacionales presentados por el Ejecutivo y los compromisos internacionales adquiridos por México, pueda impulsar las medidas legislativas necesarias que desarrollen capacidades para el cumplimiento de los objetivos nacionales y pueda establecer mecanismos de comunicación permanentes con la comunidad científica, el sector empresarial y la sociedad civil al respecto de oportunidades de mitigación de emisiones y escenarios de riesgo y vulnerabilidad.

Segundo.- Se insta a laJunta de Coordinación Política, en el marco de sus atribuciones que designe a los integrantes de la Comisión Especial sobre el Cambio Climático y lo someta para su aprobación a este Pleno.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Sen. Adriana González Carrillo”.

De los Senadores Heladio Ramírez López y Adolfo Toledo Infanzón, un punto de Acuerdo para solicitar a la Sagarpa un programa de emergencia contra la sequía, mismo que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SAGARPA UN PROGRAMA DE EMERGENCIA CONTRA LA SEQUIA; A SEDESOL, QUE MANTENGA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BASICOS QUE VENDE DICONSA, AL PROGRAMA DE ATENCION A LAS CONTINGENCIAS Y A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, OPEREN DE INMEDIATO

“Señor Presidente:

Me trae a esta tribuna la tragedia que se cierne hoy sobre el campo mexicano.

No han bastado la crisis financiera mundial, el hundimiento de nuestra economía, las dificultades que viven nuestros compatriotas en el vecino país del norte, la crisis sanitaria, la violencia desatada, la inseguridad ciudadana, la corrupción denunciada e impune, la ineficacia de las instituciones en todos sus niveles, la inconformidad creciente de los ciudadanos.

Hoy se nos añade una nueva calamidad: la sequía, la peor en los últimos setenta años, que está matando ganado y cultivos, y está obligando a reducir el suministro de agua a la sobre poblada capital de la República.

Desde el año pasado las lluvias han estado por debajo de sus niveles promedio, dejando a casi el 70 por ciento de las presas del país con su capacidad reducida a menos de la mitad.

La árida región del noroeste del país es la más afectada, junto con la zona central que rodea la ciudad de México, donde viven algo más de 20 millones de personas.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua, el país cuenta con 653 acuíferos, de los cuales 104 se encuentran sobreexplotados; entre ellos, los muy importantes del Valle de México, los de La Laguna, los de Chihuahua y, en general, muchos de los asociados a los distritos de riego. Actualmente la recarga de los acuíferos del Valle de México alcanza los 512 millones de metros cúbicosanuales,yse extraemil226millones,deahí que el déficit, -713 millones 629 mil metros cúbicos, sea muchísimo más que lo que se repone. Esta sobreexplotación en todo el país ha ocasionado la pérdida de ecosistemas, asentamientos y agrietamientos en la superficie, contaminación del agua subterránea, la intrusión de salinidad en acuíferos costeros y un incremento en los costos de extracción.

Es cierto que la sequía y la creciente falta de agua afectan a todos, pero es preocupante sobre todo en las zonas rurales donde sobreviven los campesinos más pobres, los indígenas, y particularmente los recolectores, cuyos asentamientos, como todos sabemos, están mayormente en zonas áridas y semiáridas, totalmente dependientes del temporal para sus escasos cultivos y para su subsistencia.

Según las organizaciones campesinas, esta sequía obligará al gobierno a incrementar la importación de granos, ante la pérdida de más de dos millones de hectáreas de maíz, sorgo, trigo, frijol, lo que implicará, sin duda, para el año que viene, escasez, carestía y hambre en la mesa de los pobres.

Y aun cuando el Secretario de la SAGARPA afirme que no se justifica ningún incremento en los precios de los productos básicos, Diconsa declara que los precios de la canasta alimenticia de la gente pobre que acude a sus tiendas, subirán inevitablemente y, aunque por la presión social luego se desdiga, el precio del azúcar se disparó ya en un 70 por ciento, y, a ese mismo ritmo, subirá el frijol en las próximas semanas. En solo dos años el precio de los alimentos se elevó en 65.67%.

Lo que sucede es una catástrofe real, de gran magnitud, que afecta la capacidad de los productores de nuestro campo. El gobierno está obligado a actuar con decisión, con efectividad, sin burocratismos y en la medida de los daños que cause la sequía. Debe acudir, sobre todo, en ayuda de los sectores más pobres de las comunidades, ejidos y minifundistas, de los que producen para su subsistencia y hoy lo pierden todo ante la falta de lluvias.

No sólo hay que llevar ayuda efectiva, recursos y bienes que compensen las cosechas y los animales perdidos. Hay que prever, incluso, una prolongación no deseada pero posible en vista de lo inestable e imprevisible del comportamiento climático. Proceder con prontitud e identificar las zonas que ya perdieron sus cosechas y sus animales; acudir en ayuda de los pequeños ganaderos, pero también reiniciar la construcción de las pequeñas obras de retención de las pocas o muchas aguas de lluvia que puedan caer en los meses que vienen. Le toca al gobierno ponerse al frente de esta batalla contra la sequía.

Por estas consideraciones, señor Presidente, me permito proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Solicitar al gobierno, por conducto de la SAGARPA, un programa de emergencia contra la sequía, para apoyar a los campesinos que han visto siniestrada su parcela o su patrimonio pecuario.

Segundo. Que SEDESOL, por conducto de DICONSA, evite aumentar los precios de los productos básicos, lo mismo que la especulación con los alimentos, y acuda a las zonas siniestradas, con ayuda de paquetes alimenticios para evitar la hambruna.

Tercero. Que el Programa de Atención a las Contingencias, y las Instituciones de Seguros, operen de inmediato para compensar a los campesinos afectados por los efectos del cambio climático.

Es cuanto, señor Presidente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009”.

Del Senador Sebastián Calderón Centeno, un punto de Acuerdo en torno a una asignación mayor de recursos a la educación náutica, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR DENTRO DEL PROCESO DE ANALISIS, DISCUSION, MODIFICACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2010, OTORGAR MAYORES RECURSOS A LA EDUCACION NAUTICA

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES DE LA LXI LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del PAN a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, otorgar mayores recursos a la Educación Náutica, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sin duda nuestro país reúne las condiciones necesarias para ser una nación con vocación marítima.

El mar bordea las costas de México por el Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Es por tanto el recurso hacia el cual debemos dirigir nuestro presente y nuestro futuro.

Consciente de ello, el Sistema Nacional de Educación Náutica, a cargo del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con tres Escuelas Náuticas Mercantes en el país, “Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo” ubicada en Mazatlán, “Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González” ubicada en Tampico y “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres” ubicada en Veracruz, así como un Centro de Educación Náutica en Campeche.

Dichas instituciones educativas son únicas en su género, dedicadas a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores; hombres y mujeres que habrán de ser parte importante del sector marítimo nacional.

Los planes y programas, se encuentran diseñados para cumplir los estándares internacionales para la educación de la gente de mar, atento a las disposiciones de la Organización Marítima Internacional, como el Convenio Internacional sobre normas, formación, titulación y guardia para la gente de mar y sus enmiendas.

La formación de sus alumnos también la consideran fundamental para adecuar los conocimientos a los cambios tecnológicos y los sistemas innovadores que se aplican en el sector marítimo.

Así, la guía que marca el desarrollo profesional y humano a lo largo de su vida profesional es concebida de tal forma que el mar sea percibido como un elemento relevante en el progreso de nuestro país.

Para cumplir con su objetivo, el FIDENA adquirió simuladores que permiten la generación visual de los distintos escenarios a los que se verá enfrentado el piloto.

No obstante, en diversas ocasiones ante esta tribuna hemos insistido en que los simuladores jamás van a sustituir un buque, donde los alumnos se enfrentarán a la realidad que significa el mar.

A este respecto es clara la disposición contenida en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que dispone expresamente que para las actividades educativas se deberá contar con un buque escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.

Por esa razón apelamos hoy por cuarta ocasión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que se cumpla con lo ordenado por la ley; y así se considere dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, otorgar mayores recursos a la Educación Náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

Sobre el particular hacemos hincapié en la necesidad de apoyar al Sistema Nacional de Educación Náutica en los rubros y cantidades siguientes:

a) 750 millones de pesos para la adquisición de un buque tanque escuela.

b) 400 millones de pesos para la adquisición de un buque escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos; y

c) 37,786,500 pesos única y exclusivamente para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las Escuelas Náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz y Tampico, Tamaulipas;

Lo anterior tiene sustento en los siguientes datos:

I. Las escuelas náuticas cuentan con una matrícula de:

a).- 338 alumnos en la Escuela Náutica Mercante "Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo" de Mazatlán, Sinaloa.

b).- 278 alumnos en la Escuela Náutica Mercante "Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González" de Tampico, Tamaulipas.

c).- 317 alumnos en la Escuela Náutica Mercante "Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres" de Veracruz, Veracruz.

II. Cada alumno paga una colegiatura mensual de 3,375 pesos, lo cual equivale a 40, 500 pesos anuales, ello sin tomar en cuenta otros gastos que tiene que cubrir; cantidad sólo equiparable a las colegiaturas que se cubren en las instituciones educativas de carácter privado, lo que propicia que muchos jóvenes prefieran canalizar sus inquietudes a otras áreas acordes a sus posibilidades económicas y no conforme a su vocación marítima,

III. Asimismo es de resaltarse el gran impacto favorable para el desarrollo de la marina mercante de nuestro país, toda vez que por la gran calidad con la que son preparados los profesionales del mar cuando egresan:

a). El 100% de nuestros egresados son contratados después de haber obtenido su certificación correspondiente.

b). El 80% son contratados en la Zona de Campeche por diversas compañías.

c). El 5% son contratados por PEMEX

d). El 10% son contratados en otras compañías para cabotaje en México.

e). El 5% son contratados por empresas extranjeras.

No obstante la calidad con la que cuenta la educación náutica en nuestro país, se presentan una serie de problemas a saber:

1. No se cuenta con buque escuela para complementar el sistema de enseñanza – aprendizaje.

2. El alumno que ingresa al sistema de Educación Náutica, tiene que pagar por los servicios educativos fuertes cantidades para su formación, no obstante que las escuelas náuticas son públicas.

3. Los profesores que imparten las cátedras en las escuelas náuticas perciben una cantidad que no corresponde a la calidad de su formación profesional, siendo que en otras instituciones educativas del país los maestros de este nivel perciben mejores remuneraciones.

Por cuanto hace a la adquisición del buque, cabe mencionar por ejemplo que Investigar cuanto le cuesta a PEMEX arrendar un buque, y con esa información decir que a la vez que los alumnos ponen en práctica sus conocimientos, pueden prestarle sus servicios a la Paraestatal, ahorrando los recursos que eroga por contratar buques que en su mayoría son extranjeros.

En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio fiscal de 2010, se otorguen mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, con el objeto de mejorar globalmente el sistema de educación y formación marítimas que requiere nuestro país, que se enmarcan en 37,786,500 pesos única y exclusivamente para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las Escuelas Náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz y Tampico, Tamaulipas; 400 millones de pesos para la adquisición de un buque escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos; y de 750 millones de pesos para la adquisición de un buque tanque escuela.

Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Sebastián Calderón Centeno”.

Del Senador Fernando Jorge Castro Trenti, un punto de Acuerdo para investigar sobre la denuncia pública hecha por el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tijuana, el cual se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR E INFORMAR SOBRE LA DENUNCIA PUBLICA HECHA POR EL PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION-TIJUANA, RELACIONADA CON HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE EXTORSION Y ABUSO DE AUTORIDAD DE QUE FUERON VICTIMAS INTEGRANTES DE ESE ORGANISMO POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL EN LA CARRETERA TIJUANA-ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

El que suscribe, Senador Fernando Castro Trenti, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Vengo a esta tribuna a exponer un caso que pudiera ser constitutivo de delitos de extorsión y abuso de autoridad, por parte de integrantes de la Policía Federal destacados a la vigilancia de caminos en el estado de Baja California, conforme a la denuncia pública expresada por el ciudadano Sebastián Lanz Paredes, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Esta denuncia merece ser escuchada, porque aporta indicios que no pueden desestimarse sobre la posible complicidad o contubernio de representantes del Ministerio Público Federal en esa entidad, lo cual exige una investigación a fondo.

Desafortunadamente, no se trata de un caso aislado, pero sí de un ejemplo que podemos sustentar gracias al valor civil de ciudadanos que han decidido no callar y exigen justicia. Es por eso que consideramos que el suceso merece la atención de esta asamblea y su seguimiento cercano, para no dejar espacio a la impunidad, que tanto desalienta la denuncia ciudadana en estos casos. Porque si queremos que impere el Estado de Derecho, debemos exigir que los primeros que cumplan con él sean las autoridades.

Los hechos que refiere la mencionada Cámara se dieron de la manera siguiente: el sábado 22 de agosto entre las 8:30 y 9 de la noche, tres personas fueron detenidas por elementos la Policía Federal, al cruzar la caseta de San Miguel, en el Sauzal, de la carretera de cuota Tijuana–Ensenada, ya que en ese momento se desplegaba un operativo con varias patrullas, motivo por el cual les hicieron el alto para una revisión del vehiculo tipo pick up en el que viajaban, lo cual aceptaron con toda normalidad por tener sus papeles en regla.

Para su sorpresa, se les informó que ese carro tenía reporte de robo, por lo que tenían que llevarlo a la oficina de la Policía Federal. En ese lugar, de acuerdo con los denunciantes, enfrente de otros policías y oficinistas, un elemento de la corporación le pidió al conductor 2 mil dólares para dejarlo ir con el pick up, como si nada hubiera pasado, o de lo contrario remitirían a sus ocupantes ante el Ministerio Público y retendrían el vehículo.

De acuerdo con la denuncia, el trabajador pidió comunicarse con su patrón, quien detenta la propiedad del vehiculo, al comunicarse el Policía Federal sostuvo su intento de extorsión para dejar que se fueran los tres ocupantes y liberar el vehiculo; ante ello el empresario le advirtió que ese acto de corrupción lo iba a denunciar y que él se apegara estrictamente al procedimiento de Ley, sin abusar de las tres personas que tenía detenidas.

Ante el fracaso de la extorsión los detenidos fueron conducidos por la Policía Federal a la Agencia del Ministerio Publico Federal en donde una persona que dijo ser Ministerio Público, elevó el intento de extorsión a 5 mil dólares, mismo que el propietario del vehiculo y patrón de los trabajadores detenidos rechazó una vez más, por lo que sus empleados fueron injustamente arrestados e incomunicados.

Las gestiones del Presidente de la CMIC ante el procurador del estado y ante el comisario de la Policía Federal, fueron infructuosas, por lo que los afectados tuvieron que padecer una detención de 48 horas de manera totalmente injusta y arbitraria, toda vez que nunca se les comprobó que el vehiculo fuera robado, como sostuvieron los policías federales y la persona que se ostentó como Ministerio Público y al parecer solamente es oficial secretario. Se liberó a los detenidos, pero se retuvo el vehiculo a pesar de que, a decir de los denunciantes, cuenta con sus documentos en regla y no se puede sostener el argumento de que es robado.

De ser ciertos los hechos denunciados –y existen elementos que así parecen confirmarlo- todo indica que se trató de un montaje para esquilmar a los trabajadores y al empresario de la construcción, sin importar el daño causado y con la seguridad que da el saberse impune, al contar con la protección de autoridades superiores. No se explica de otra manera la desfachatez con que actuaron los policías y funcionarios involucrados.

Todos sabemos de este tipo de casos en las carreteras del país, disfrazados de operativos de seguridad, pero que en muchas ocasiones se convierten en mecanismos de extorsión a ciudadanos inocentes. Los transportistas de todo el país son testigos y víctimas de esas extorsiones, con las cuales han aprendido a vivir como un mal inherente a su trabajo y por lo mismo no se atreven a denunciarlo para no sufrir represalias que perjudicarían aún más su actividad. Para nadie es un secreto la existencia de “igualas”, o gratificaciones permanentes que tiene que dar los camioneros para no ser molestados bajo cualquier pretexto, aplicándoles multas que pueden alcanzar los 500 días de salario mínimo, es decir, unos 23 mil pesos.

Ante esas amenazas, se opta por entregar una cantidad fija mensual, que es una modalidad que según cuentan los transportistas entró en vigor al modificarse la figura de Policía Federal de Caminos por Policía Federal Preventiva.

Es muy difícil comprobar ese tipo de conductas si no existen denuncias de por medio, por lo que el caso ocurrido en Baja California y que ha salido a la luz pública, tiene que ser investigado a fondo por las autoridades competentes, ya que el valor cívico de los integrantes de la Cámara de Mexicana de la Industria de la Construcción y de los trabajadores que fueron víctimas del abuso de autoridad y del intento de extorsión, no puede ser desestimado y mucho menos quedar expuestos a represalias.

Es momento de actuar en serio en al depuración de los cuerpos policíacos y pasar de las palabras a los hechos en esa materia. El castigo a quienes han abusado del cargo y de la autoridad, sea cual fuere su nivel jerárquico, debe ser ejemplar, si de verdad se quiere inhibir ese tipo de conductas ilícitas.

Es por eso que propongo ante ustedes el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de la Función Pública, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, proceda a investigar e informar a esta soberanía sobre la denuncia pública hecha por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción-Tijuana, Ing. Sebastián Lanz Paredes, relacionada con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de extorsión y abuso de autoridad de que fueron víctimas integrantes de ese organismo por parte de elementos de la Policía Federal en la carretera Tijuana-Ensenada, Baja California el pasado 23 de agosto del año en curso, a efecto de separar del servicio y, en su caso, consignar ante las autoridades competentes a los responsables de los hechos descritos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Fernando Castro Trenti”.

Del Senador Fernando Jorge Castro Trenti, un punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT PARA QUE INFORME SOBRE EL PROCESO DE CESION DE CARTERA VENCIDA, EN ESPECIAL, LA VENDIDA A EMPRESAS TRASNACIONALES

“H. ASAMBLEA:

El suscrito Senador Fernando Castro Trenti, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Distintos medios de comunicación locales y nacionales han documentado durante los últimos 3 años la decisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, de recurrir a la venta de créditos no pagados a empresas extranjeras y nacionales, presuntamente de manera ilegal.

Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron públicamente la cesión, en el 2006, de 56 mil créditos a 10% de su valor, es decir, aproximadamente a 20 mil pesos a la empresa GMCCM, subsidiaria del grupo financiero trasnacional Capital Market (Capmark), y a Scrap II grupo inversionista de “Pendulum Associates” S. de R. L., compañías que los revenden a los acreditados hasta en mil por ciento del precio adquirido.

El 25 de octubre de 2005, INFONAVIT, por medio de su Consejo de Administración,autorizó vender 56 mil 491 créditos en cartera vencida mediante subasta pública, convocatorias dadas a conocer en los periódicos Reforma, El Universal y El Financiero. El 12 de enero, INFONAVIT vendió el primer paquete, que comprende la zona centro, incluido el Valle de México, a Capmark, cediendo los derechos sobre 18 mil 702 créditos, cuyo saldo principal es poco más de 4 mil 55 millones de pesos, en 415.7 millones de pesos; es decir, solo el 10.25 por ciento de su valor real.

El 15 de junio de 2006 vendió el segundo paquete a Scrap II en 1,173 millones de pesos. Lo extraño en esta transacción es que la empresa Scrap II pagó con un cheque de caja el mismo día en que se constituyó como persona moral, meses después de que fueron dadas a conocer las convocatorias; es decir, la empresa no estaba dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio al momento en que le fueron adjudicados los créditos vencidos.

Señores legisladores:

Nuestra Constitución Política establece en el artículo 123 fracción XII la garantía que tienen los trabajadores a vivienda, y puntualmente señala que los procedimientos para su adquisición se regularán en la Ley; la Ley del Infonavit no regula la cesión de créditos vencidos a un particular, tampoco dispone que el organismo pueda renunciar a las obligaciones contraídas con el trabajador, ni que éste deba reestructurar o pagar su crédito con una empresa de carácter privado.

Los senadores de la República no podemos quedarnos impasibles ante el problema que enfrentan los trabajadores al ser privados de manera arbitraria e injusta de su relación jurídica con el Infonavit, y enfrentados a despachos que exigen montos impagables bajo amenazas de arrebatarles su vivienda sin haberse agotado un juicio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente cita a comparecer al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, C.P. Víctor Manuel Borras Setién, ante la Comisión de Trabajo de este Organo Legislativo, a fin de que explique y esclarezca el proceso de cesión de cartera vencida, en especial, la vendida a empresas trasnacionales.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Fernando Castro Trenti”.

De la Senadora María Serrano Serrano, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a procurar un aumento de los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS A FIN DE QUE EN EL MARCO DE LA REVISION, ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPEUSTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010 SE AUMENTEN, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LOS RECURSOS DESINTADOS A LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA INDIGENA

“CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES.

María Serrano Serrano Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y, con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas Comisiones de la H. Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión a fin de que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se aumenten, en la medida de los posible, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena.

CONSIDERACIONES

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y precisa para la superación de los problemas de México sobre bases sólidas, realistas y con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

El Plan se estructura en cinco ejes rectores:

1. Estado de Derecho y seguridad.

2. Economía competitiva y generadora de empleos.

3. Igualdad de oportunidades.

4. Sustentabilidad ambiental.

5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Dentro del Eje tres, que establece las estrategias para construir la Igualdad de oportunidades, se contiene el relativo a los grupos prioritarios que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas.

Los pueblos y comunidades indígenas de México están conformados por más de 10 millones de personas, mujeres y hombres de todas las edades, que tienen su propia lengua y cultura, pero que viven marginados en localidades rurales y urbanas de nuestro país.

En la mayoría de las regiones indígenas priva la escasez de empleo, y cuando lo hay éste se retribuye con salarios insuficientes, incluso para la subsistencia. Las relaciones brutalmente asimétricas entre la población indígena y la no indígena son inaceptables. Estas relaciones distorsionan los procesos productivos y pervierten la comercialización de sus productos, pero sobre todo, impiden el desarrollo de este grupo de la sociedad.

Aunado a lo anterior la población indígena enfrenta graves rezagos, destacándose la desnutrición, mortalidad y morbilidad materna e infantil, el rezago educativo, la inequidad de género y la migración.

Los pueblos y comunidades indígenas no disfrutan de una situación social y económica que propicie el desarrollo humano. Se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de grave desventaja frente al resto de la sociedad. El combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas debe representar una de las áreas de política pública de mayor importancia para el desarrollo armónico de México.

Es fundamental que las políticas públicas que impulse el Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios tengan un carácter específico y permanente en la perspectiva integral del DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE.

Esta situación económica y social está estrechamente ligada al hecho de que la inversión de recursos públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos en comparación con la media nacional. Asimismo, uno de los principales retos que enfrenta la acción institucional para la inversión en regiones indígenas es la dispersión poblacional, el aislamiento geográfico, factores a los que debe sumarse las condiciones económicas por la que atraviesa nuestro país.

En el propio Plan Nacional de Desarrollo se afirma que: “La situación de los 62 pueblos originarios, en materia de derechos indígenas, es no sólo compleja, sino grave en términos del Estado de Derecho. Por una parte, los indígenas enfrentan grandes obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, especialmente en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y mercantil; y por la otra, enfrentan la falta de mecanismos adecuados para que sus autoridades puedan aplicar sus sistemas normativos.”

El Plan Nacional de Desarrollo estableció para este grupo prioritario como su objetivo: La incorporación plena de los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

Para el logro del objetivo señalado se fijaron siete estrategias. De ellas, se destacan por su importancia y trascendencia tres, las identificadas con el numeral 15.3 en la que se propone “La intensificación de manera significativa de los apoyos a proyectos de las comunidades indígenas, debiendo alentarse la creación de un contexto favorable a la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones de empleo. Sin una estrategia de este tipo, no será posible reducir la emigración forzada por las situaciones económicas.”

La estrategia 15.4 propone “focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la poblaciónindígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación.”

Por último, en la estrategia 15.5 se propone “fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas. Esta estrategia sobre la construcción y el mejoramiento de los caminos rurales, así como las del reordenamiento territorial para lograr una provisión de servicios más eficientes, tendrán como uno de sus principales beneficiarios a los pueblos y comunidades indígenas, que son los grupos sociales con mayor dispersión demográfica e incomunicación.”

La continuidad en las estrategias señaladas, que considero fundamentales para las políticas públicas en materia indígena, se encuentran seriamente en riesgo. En fecha reciente el secretario de Hacienda y Crédito Público al delinear los parámetros sobre los que se diseñará el Presupuesto del año 2010, informó de importantes recortes al gasto público.

El año entrante, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, la economía nacional enfrentara su mayor reto en 30 años. Tendrá que lograrse la combinación óptima para captar 300 mil millones de pesos faltantes, además la producción petrolera está en declive y se presenta una menor recaudación de impuestos. Lo anterior obligará, desde luego, a un rediseño de las políticas públicas y del gasto del Estado para el próximo año.

Atendiendo a lo anterior es indispensable considerar que los recursos asignados a los grupos prioritarios no admiten recorte o reducción alguna. El recorte al gasto público en esta materia ósu reducción implicaría una condena a la marginación permanente de los pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Educación Pública y Servicios Educativos, Asuntos Indígenas y Cultura de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura para que en el marco de la revisión, análisis, discusióny aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 se aumenten, en la medida de lo posible, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena.

SEGUNDO.- Se exhorte respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas para que en los presupuestos queaprueben de sus respectivos estados, incrementen en la medida de sus posibilidades el monto de los recursos destinados a la políticas públicas en materia indígena.

Salón de sesiones del H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. María Serrano Serrano”.

Del Senador Carlos Jiménez Macías, un punto de Acuerdo en torno al fomento del flujo de turistas de la región de Medio Oriente hacia México, el cual se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TURISMO A FOMENTAR EL FLUJO DE TURISTAS DE LA REGION DE MEDIO ORIENTE HACIA MEXICO

“El que suscribe, Carlos JimEnez MacIas, Senador de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo en México es una de sus principales actividades económicas y representa la tercera fuente de ingreso de divisas más importante para el país. Actualmente, ocupamos el décimo lugar a nivel mundial en la recepción de turistas internacionales1 y de acuerdo con el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2008, elaborado por el Foro Económico Mundial, México se encuentra en el sexto sitio entre los países de Latinoamérica y el noveno en todo el hemisferio.

México destaca por ser, junto con China y Turquía, uno de los países en desarrollo que se encuentra en la lista de las diez primeras naciones con mayores llegadas de turistas en el mundo.Sin embargo, un estudio prospectivo de la Organización Mundial de Turismo (OMT) considera que México podría perder 7,5 millones de turistas este año: tres millones por la crisis financiera mundial y la cantidad restante por la propagación del virus de la influenza AH1N1; situación que afectaría aún más nuestra competitividad en el sector turístico, impactando directamente en los ingresos disponibles para el desarrollo económico y social del país.

A pesar de la crisis económica mundial, otras regiones han registrado incrementos de turistas internacionales superiores a su promedio histórico. Por ejemplo, en términos de crecimiento el Medio Oriente ocupa la primera posición, al aumentar un 16% las llegadas de turistas internacionales a esa región, hasta alcanzar prácticamente los 48 millones de visitantes.

El Medio Oriente es sin duda una región con grandes contrastes, pero su política turística se ha desarrollado con rapidez en los últimos años. Como muestra de ello, su rama hotelera es la más lujosa del mundo e importantes empresas de diferentes países están llevando a cabo fuertes inversiones en el sector, tales como los Grupos Marriot y Hyatt. En total, se prevé la construcción de un centenar de hotelesdurante los próximos años.

Este desarrollo se debe sin duda al aumento de la capacidad adquisitiva de la población árabe, ya que durante tres décadas consecutivas los países de la región han aumentando su ingreso per cápita a un ritmo de 3,9% anual. Este incremento en el ingreso ha derivado también en el aumento del flujo de turistas árabes en el mundo, como así lo demuestran las estadísticas de la OMT. Este cambio estructural, es un factor que México debiera capitalizar.

El crecimiento económico y turístico que ha experimentado Medio Oriente en los últimos años no ha pasado desapercibido para algunos gobiernos latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela, quienes ven a esta región como un área de oportunidad para su desarrollo y para la conformación de nuevos vínculos que fortalezcan el desarrollo de su industria turística.

México, sin embargo, se ha quedado rezagado en esta tarea, por lo que en este contexto consideramos importante implementar una estrategia efectiva que posicione a México como un destino ampliamente reconocido y frecuentado por los turistas internacionales, a través de programas de promoción en los mercados de alto poder adquisitivo, como lo es el mercado de la comunidad árabe y judía; en nuestra consideración de enorme potencial.

No podemos dejar de lado que el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempló la diversificación de la agenda de política exterior, esto es, la ampliación y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de inversión con otros países y regiones del mundo, a fin de apoyar el desarrollo de México.

No obstante, hasta ahora dicha estrategia no sólo no ha dado los resultados esperados, sino que no ha estado dirigida hacia países de enorme potencial como los de Medio Oriente, con quienes nuestro país mantiene importantes vínculos culturales, a través de las diferentes comunidades originarias de la región que residen en el país. Un ejemplo de ello, lo constituye la comunidad libanesa que alcanza alrededor de 400 mil personas, como también la comunidad judía que suma 50 mil personas, cuya influencia ha enriquecido de manera notable la cultura mexicana.

Es por ello que resulta fundamental impulsar la supresión de visas con los países clave de la región, como un paso para promover los flujos turísticos y empresariales hacia nuestro país. También estimamos importante apoyar la apertura de nuevas embajadas en países árabes y, por qué no, de una oficina de promoción turística en aquella región que no ha sido atendida cabalmente por el Consejo de Promoción Turística de México y en forma casual por los tour operadores nacionales. Lo anterior, a fin de mejorar las oportunidades de mercado en materia de promoción turística y afianzar los vínculos culturales entre el Medio Oriente y nuestro país.

De esta manera, la diversificación de los productos, destinos y desarrollos turísticos que, de acuerdo a lo planteado por el Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, es uno de los principales ejes rectores de la actividad turística en la presente administración, implica ir más allá de los tradicionales destinos de sol y playa, siendo la vasta oferta cultural, histórica y ecoturística que ofrece cada entidad, una de las mejores rutas para lograr este objetivo.

Es así que la diversificación de nuestra oferta turística, encaminada a reducir nuestra dependencia de los destinos de sol y playa, así como de los mercados tradicionales de América del Norte y Europa, nos permitiría dar un nuevo impulso a una de las industrias más nobles, limpias y generadoras de empleo del país.

Soy uno de los convencidos que de lograr verdaderamente ubicar al turismo como una prioridad nacional, estaremos en la senda correcta para generar las inversiones que el país requiere y, por supuesto, los miles de empleos de calidad que los mexicanos están demandando. Con ello, se estarían sentando las bases para combatir y superar la pobreza que en los dos últimos años y como consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo se ha recrudecido.

El desarrollo de una estrategia efectiva de promoción turística se vuelve más urgente cuando en el primer semestre del año, la entrada de remesas internacionales -la segunda fuente de divisas del país-, fue inferior en 11,93% respecto al volumen registrado en el mismo periodo del año pasado, según cifras del Banco de México. Esto significa la mayor caída en la recepción de remesas internacionales desde el año 1995. Tampoco podemos obviar que la crisis económica supondrá la pérdida de 735 mil empleos formales y una caída en el presente año de entre un 7,5 y 8,5 % del Producto Interno Bruto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a desarrollar y operar una estrategia integral de promoción y fomento turístico en Medio Oriente, fortaleciendo la imagen de nuestro país en aquella región del mundo como un destino seguro y atractivo, potenciando los valores e identidad de la Marca México.

SEGUNDO.- Se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V, a explorar la conveniencia de abrir una oficina de promoción turística en Medio Oriente, a fin de identificar las oportunidades de mercado y coadyuvar con la Secretaría de Turismo en el diseño de una estrategia integral en materia de promoción turística que abarque dicha región.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Carlos Jiménez Macias”.

De la Senadora María Rojo e Incháustegui, un punto de Acuerdo sobre el fortalecimiento del Presupuesto del Subsector Cultura para el ejercicio 2010, el cual se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONSIDEREN EL FORTALECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL SUBSECTOR CULTURA PARA EL EJERCICIO 2010, PARA QUE NO SEA MENOR AL DEL EJERCICIO PREVIO

“La suscrita, Senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

México enfrenta desafíos que no sólo nos concitan a tomar acuerdos de gran importancia para atender una crisis actual, que sin duda tiene sus raíces en diversos factores presentes y pasados, nacionales y mundiales. Sin embargo, estos acuerdos no pueden ser reducidos a lo urgente; un país se debe regir y orientar por su Proyecto de Nación, un país no puede declararse en quiebra y bajar la cortina, un país debe asumir su historia, avanzar con firmeza y dirigirse al futuro.

Sin duda, los apremios del día de hoy son acuciantes, pero no podemos sacrificar el futuro para más o menos salir del paso; no podemos repetir la fórmula de dejarle al Destino la solución de los problemas del mañana; ya no podemos permitirnos el absurdo de demandar sacrificios a los mexicanos para ofrecerles un futuro peor que el actual y que previsiblemente se verá agravado. Pedir sacrificios y abnegación tiene sentido cuando se siembra para cosechar, no cuando se hace para lavarse la cara, las manos y la conciencia.

Cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo no sólo a un resultado que es perceptible incluso en cada una de nuestras acciones cotidianas, sino a un conjunto de actividades que rebasan la creatividad al transformarse ésta en acciones íntimamente relacionadas con la vida económica de un país. Así, cultura no implica sólo el disfrute de bienes culturales tangibles e intangibles, de expresiones artísticas concretas, sino implica su producción, reproducción y transmisión como elementos de cohesión social y de formación de aptitudes y habilidades indispensables para sobrevivir como individuos y especie y para mejorar nuestra calidad de vida.

Leer, escuchar música, asistir al cine o al teatro, visitar un museo o un sitio arqueológico requieren información y formación que se traducen no sólo en conocimientos, sino implican una actividad neurofisiológica que obliga al individuo a mejorar sus propias habilidades: la cultura ofrece diversidad de estímulos y esto, a su, vez obliga al individuo a prestar más atención a su entorno y a sí mismo, lo ayuda a integrarse mejor a su realidad. Es por ello que el acceso a la cultura, garantía constitucional desde este año, representa una etapa avanzada y hasta puede decirse que superior, de la educación, fase que con frecuencia es minimizada por considerar que la cultura sólo va dirigida a las élites.

Más aún, la actividad cultural que encuentra su máxima expresión en las diversas artes implica productividad, creación de realidades, tangibles e intangibles que, simultáneamente se traducen en una actividad económica que se ha englobado en las llamadas industrias culturales; en cualquiera de las expresiones artísticas se hallan involucradas personas, grupos en instituciones privada y públicas que generan una derrama económica como cualquier actividad que quiera considerarse, incluso generando la atracción de divisas e inversiones.

El cine, el teatro, el turismo cultural, la industria editora, la música y las artes plásticas han dado constantes y notables ejemplos de la importancia de la actividad cultural en la actividad económica.

Consecuentemente, la cultura como un todo crea significado y sentido, favorece el desarrollo de actividades neurofisiológicas fundamentales para del desarrollo integral de la persona así como el fortalecimiento de la identidad y la integración social. Sin cultura, es impensable una sociedad sana.

Es por ello que ahora vemos con honda preocupación que ante una realidad del entorno económico se quiera sacrificar a la educación y la cultura en los recortes presupuestales que si bien para el presente ejercicio el monto destinado al subsector fue de 11.6 mil millones de pesos, según la información pública disponibles ya se anunció un recorte de 9.9%, lo que hace previsible que para el siguiente ejercicio, no sólo no se conserve el presupuesto en el monto del año que termina, sino que se puede traducir en una disminución que pueda llegar al 20%; esto, sin duda, se reflejará en una notable disminución en el fomento a la actividad cultural lo que, implícitamente significa un descuido con efectos irreparables en la formación de las actuales generaciones.

Los recortes en la cultura, sumados a los previsibles en la educación, serán mucho más empobrecedores que cualquier otra afectación al presupuesto: Un pueblo de mente y espíritu entumecido, debilitado, carente de estímulos estéticos y de educación, será un pueblo amenazado por la ignorancia, la insensibilidad y, me atrevo a decirlo, un proceso de degradación del que no es fácil salir ni escapar una vez que ha iniciado.

Sin duda, hace falta empleo, pero más falta hace contar con gente educada, capacitada y culta, gente que sepa entender y disfrutar la realidad para transformar. Sin educación ni cultura, los pueblos son presa fácil de toda clase de oscurantismo, en fin, de cualquier tiranía.

Ya que en 2010 tenemos la oportunidad de celebrar la Independencia y la Revolución, la mejor manera de honrar nuestra historia y a quienes la han forjado es a través del fortalecimiento de la vida cultural y educativa de los mexicanos.

Entendemos que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 21 dispone que en caso de haber una reducción del ingreso, el egreso debe ser proporcional, también entendemos que el ajuste debe hacerse por siguiendo las prioridades de la Nación; en consecuencia, sin duda la cultura y la educación deben ser consideradas campos de atención prioritaria; de ninguna manera son un lujo o un capricho.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, LXI Legislatura, resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Educación Pública y a la H. Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones en materia presupuestal consideren el fortalecimiento del presupuesto del subsector cultura para el ejercicio 2010 y que éste no se menor que el aprobado para el PEF del ejercicio 2009.

Dado en la sede del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María de Lourdes Rojo e Incháustegui”.

Del Senador Ramiro Hernández García, un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los proyectos de las presas ”El Zapotillo” y “Arcediano”, que se pretenden construir en el estado de Jalisco, el cual se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE LAS PRESAS “EL ZAPOTILLO” Y “ARCEDIANO”, QUE SE PRETENDEN CONSTRUIR EN EL ESTADO DE JALISCO

“H. ASAMBLEA:

El que suscribe, Ramiro HernAndez GarcIa, Senador por el estado de Jalisco e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la Comisión Permanente, como de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el estado de Jalisco se tiene proyectado construir dos presas, con la finalidad de abastecer la zona metropolitana de Guadalajara, y algunas otras regiones de la entidad. Estas son “El Zapotillo” y “Arcediano”.

El proyecto de presa El Zapotillo se localiza a 100 km. de Guadalajara, sobre el Río Verde, entre los municipios de Yahualica y Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. Es impulsada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato que, mediante convenio firmado el 16 de octubre de 2007, implementó un Programa Especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato.

Al respecto, la Comisión Nacional del Agua, a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, convino con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la ejecución de un proyecto integral de estudios básicos, topográficos y sociales; en particular los trabajos relacionados con el levantamiento topográfico de la poligonal envolvente de las superficies que ocupará el embalse; zonas federales y de protección, así como el contacto y comunicación con la población con miras a la recopilación e integración de documentos que forman los expedientes de los dueños de los predios afectados por la construcción de la presa.

Además de apoyo técnico para la integración de los proyectos ejecutivos para la construcción de carreteras, puentes y líneas de transmisión afectadas por la obra. Debo mencionar que los resultados de dicho proyecto integral no han sido del conocimiento público.

En la presentación del proyecto, la Conagua, mencionó que con dicha obra, se “garantizará el suministro de agua potable durante los próximos 30 años a los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato y regular 500 Mm3 para la Zona Conurbada de Guadalajara, mediante el aprovechamiento de las aguas del Río Verde, contribuyendo a la sustentabilidad y recuperación de los acuíferos con los que actualmente se abastecen.”

Asimismo, que el proyecto contempla una cortina de 105 metros de altura y almacenaría 911 millones de metros cúbicos de agua. El embalse afectaría un área de 4 500 hectáreas y tendría un costo estimado de 8 mil millones de pesos. La inversión privada en dicha presa sería del 30% y su forma de recuperación a través de la concesión del 100% de las ganancias para el uso, manejo y distribución del agua por 25 años.

De realizarse la construcción, se tendrá que reubicara las poblaciones de Palmarejo y Temacapulín, del municipio de Cañadas de Obregón; Acasico, del municipio de Mexticacán y La Parada del municipio de Yahualica.

Hasta la fecha, se desconocen el Proyecto Ejecutivo de la obra así como todos los planos, esquemas y estudios del proyecto; los nombres de las localidades afectadas por la construcción y; en su caso, el proyecto de reubicación y los acuerdos y decretos administrativos referentes a la obra. Asimismo, la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de la presa, el Estudio Técnico Justificativo, y la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la afectación de los monumentos históricos.

Existe también, el desconocimiento de un Plan de Obras de Mitigación Ambiental, Económica y Social. De igual manera, los acuerdos y convenios que se hayan firmado con cualquiera de los gobiernos del Estado de Jalisco y Guanajuato, así como con la Comisión Estatal de Agua de ambosestados.

Por estas y otras consideraciones es que dicho proyecto es cuestionado por investigadores y organizaciones sociales, y es rechazado por las habitantes de esas poblaciones, quienes a pesar de las ofertas económicas, se oponen a dejar sus comunidades que serán anegadas con la presa; ya que harían “un desplazamiento forzado que (…) rompería con nuestro arraigo, nuestra identidad y cultura, nuestro territorio y patrimonio cultural y ambiental.”

No obstante esta situación,el 20 de noviembre de 2008, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lanzó la Convocatoria Pública Internacional para la Licitación de la Obra.

Hace un mes, el director general del Organismo informó que ocho consorcios entregaron sus propuestas que serán analizadas para determinar el nombre de la empresa que se hará responsable de la obra, y se contemplaba que para finales demes de agosto seadjudicaría, para iniciar los trabajos de la cortina en estemes de septiembre.

En el caso de la presa Arcediano, en el año 2000, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), lanzó una convocatoria pública, para presentar propuestas para el abastecimiento de agua en la Zona Conurbada de Guadalajara, recomendando la CEAS la construcción de una presa en el sitio de Arcediano.

En mayo de 2003, el Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso una iniciativa de contratación de un préstamo por 6,700 millones de pesos para llevar a cabo los proyectos de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales. La cual fue aprobada mediante Decreto 19985 del 8 de mayo del mismo año.

En febrero de 2004, el mismo Ejecutivo envío una iniciativa al Congreso del Estado para enmendar el anterior decreto y señalar que dichos proyectos tendrían su referente en el sitio Arcediano.

Con el fin de disminuir el endeudamiento, la Comisión Nacional del Agua (CNA) pretende aportar el 50 por ciento para obras de saneamiento y el 30 por ciento para la infraestructura (www.agua.org.mx).

La presa Arcediano estaría ubicada en las orillas de Guadalajara, en la llamada barranca Oblatos-Huentitán, sobre el río Santiago,tendría un embalse que inundará 803 hectáreas; una cortina de 520 metros de longitud y una altura de 140 metros; un vertedor de cresta libre de 250 metros de largo y con una capacidad de almacenamiento de 404 millones de metros cúbicos de agua (www.agua.org.mx). Dicha obra captará agua de los Ríos Verde y Santiago, y garantizaría el suministro de agua potable al año 2030 ala Zona Conurbada de Guadalajara.

Igual que el proyecto “El Zapotillo”, este también ha generado una discusión pública acerca de su pertinencia, existen posturas encontradas al respecto, voces que se declaran abiertamente en contra del Proyecto; y otras que dicen que el proyecto planteado es de gran importancia, no sólo por la inversión financiera que implica, sino porque se trata de una decisión pública determinante para el desarrollo de Jalisco a futuro.

La misma Universidad de Guadalajara presentó, en mayo de 2004, elinforme Evaluación sobre la Viabilidad del Proyecto Arcediano (http://148.202.105.12/arcediano/index.php?option=content&task=view&id=49&Itemid=33) realizado por el Comité Técnico de Análisis del Proyecto Arcediano, en donde cuestiona su viabilidad y propone otras opciones.

Dicha investigación concluye que “en este momento, y tal como está presentado, no hay certeza de que el Proyecto Arcediano sea viable en términos económicos, de salud pública, ambientales y de beneficio social en el abastecimiento de agua requerida por la Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG)”, y propone “una nueva evaluación socioeconómica del Proyecto Arcediano y otros que sean comparativos.”

Como hemos podido constatar en esta breve reseña, las dudas y el desconocimiento de dichos proyectos, ha generado un justo reclamo de la población afectada. Por lo que se hace necesario que ésta Soberanía conozca sobre los acuerdos y las acciones que se han realizado hasta la fecha, para una mejor toma de decisiones; sobre todo, después de las declaraciones publicadas el pasado 12 de agosto, en que se anunció que se encuentra en riesgo el proyecto “Arcediano”, debido al recorte en las participaciones federales.

De igual manera, a que informe sobre los proyectos y acciones que tiene contemplada esa dependencia en relación a la problemática hídrica en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno de la Comisión Permanente, como de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.Se cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, para que informe sobre los Proyectos de las presas “El Zapotillo” y “Arcediano”, que se pretenden construir en el estado de Jalisco. Asimismo, para que explique sobre los programas y proyectos de esa dependencia, para el aprovechamiento de los recursos hídricos en la entidad.

Salón de sesiones del senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Ramiro Hernández García”.

Del Senador Tomás Torres Mercado, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a expedir un acuerdo que salvaguarde los derechos de los trabajadores que han utilizado y que utilicen el apoyo por desempleo, el cual se turna a la Comisión de Seguridad Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A EXPEDIR UN ACUERDO QUE SALVAGUARDE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE HAN UTILIZADO Y QUE UTILICEN EL APOYO POR DESEMPLEO

“El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A través del presente punto de Acuerdo, deseamos llamar la atención sobre una situación que amenaza los derechos de miles de trabajadores que han utilizado el apoyo por desempleo, a través de retiros adelantados de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).

En la opinión de diversos especialistas y organizaciones profesionales como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), estos trabajadores corren el riesgo de perder el derecho a jubilarse con una mejor pensión.

Lo cierto es que, al momento de su retiro, los trabajadores tienen el derecho a elegir entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la Ley del Seguro de de 1997 para pensionarse. Sin embargo, al hacer uso de la ayuda por desempleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría argumentar, de forma indebida, que los trabajadores optaron por la Ley de 1997, toda vez que la Ley de 1973 no existe tal ayuda.

Consideramos que esta situación debe ser corregida de inmediato para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de sus familias. No hacerlo sería irracional y lamentable.

Por todo ello, de manera paralela a la iniciativa que hemos presentado el día de hoy, consideramos necesario exhortar al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a expedir un acuerdo en el que se especifique que aquellos trabajadores que han utilizado y que utilicen el apoyo por desempleo conservan su derecho a elegir entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la Ley del Seguro de de 1997 para pensionarse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Consejo Técnico el IMSS a emitir un acuerdo en el que se especifique que aquellos trabajadores que han utilizado y que utilicen el apoyo por desempleo conservan su derecho a elegir entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la Ley del Seguro de 1997 para pensionarse, aún cuando hayan llevado a cabo retiros adelantados de su AFORE.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

Del Senador Tomás Torres Mercado, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a establecer una mesa de trabajo con las comisiones de las Cámaras para diseñar un plan emergente que atienda la sequía, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON LAS COMISIONES DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LA QUE SE DISEÑE DE MANERA CONJUNTA UN PLAN EMERGENTE QUE ATIENDA LA SEQUIA

“El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 67, numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A finales del mes de julio y a mediados de agosto presentamos ante la Comisión Permanente diversos puntos de acuerdo en los que propusimos medidas para enfrentar la escasez de lluvias que afecta a casi la totalidad de las zonas agrícolas de nuestro país.

Al hacerlo, fuimos los primeros en enviar un llamado de atención al Gobierno Federal sobre los graves efectos de la sequía en las cosechas en el actual ciclo agrícola.

Desafortunadamente, los efectos de la sequía se profundizan y las acciones del gobierno para enfrentar sus efectos no han tenido, hasta el momento, la contundencia y la rapidez que se requiere.

Como señalamos en su momento, de 12 millones de hectáreas sembradas en el país, casi 200 mil ya se perdieron por la sequíay ello prefigura un horizonte preocupante.

Lo cierto es que en la mayoría del territorio nacionalha llovido menos de la mitad de lo que llueve en años regulares y en las pocas zonas agrícolas que han registrado precipitaciones pluviales, se han observado de manera recurrente fenómenos como el granizo que han terminado por destruir las cosechas. Estados como Tabasco, que tradicionalmente tienen importantes precipitaciones pluviales tampoco se han salvado. Es la peor sequía del país en más de 80 años.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la producción de granos básicos como el maíz, frijol, sorgo y arroz, que se tenía pronosticada para todo el año, se verá reducida hasta en 50% por la sequía que azota a la mayoría del territorio nacional.

En el caso del frijol, que es uno de los productos más importantes para la dieta de millones de mexicanos, la SAGARPA previó una producción de 1.1 millones de toneladas, pero los productores estiman que la afectación será de más del 40%, que deberá cubrirse con importaciones. Los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, concentran más del 70% de la producción de frijol y la falta de lluvias tendrá consecuencias desastrosas para millones de personas. Lo anterior si no se toman las medidas necesarias.

En el caso del maíz, las pérdidas significarán más del doble de lo que se pierde por mermas en un año normal. De hecho, se prevé una escasez alarmante de maíz amarillo, que se utiliza casi en su totalidad para la engorda de ganado. Esto se verá reflejado en el desabasto de carne y leche y en un aumento considerable de precios para las familias, que ya enfrentan los efectos del desempleo, la pérdida de su poder adquisitivo y la caída de las remesas.

La situación nos obliga a actuar de manera coordinada con el Ejecutivo para impedir una crisis alimentaria de grandes proporciones. Por ello debemos impulsar un plan emergente que atienda el impacto de la sequía en nuestro sector agrícola, que impulse la producción de alimentos básicos y coloque a nuestro país en la ruta de una nueva forma de apoyo al campo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a establecer una mesa de trabajo con las comisiones de Agricultura y Ganadería del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, en la que se diseñe de manera conjunta un plan emergente que atienda la sequía y el impacto del cambio climático en nuestro sector agrícola, impulse la producción de alimentos básicos, fortalezca la agricultura de temporal para la producción de forrajes destinados al ganado y siente las bases para reconstruir una estructura viable de comercialización y precios de garantía.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Tomás Torres Mercado”.

Del Senador Mario López Valdez, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a implementar un programa para reforzar los servicios aeronáuticos en el estado de Sinaloa, el cual se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A IMPLEMENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PROGRAMA ENCAMINADO A REFORZAR LOS SERVICIOS AERONAUTICOS EN EL ESTADO DE SINALOA, EN PARTICULAR LOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DEL TRANSITO AEREO EN LA ENTIDAD

“El que suscribe, Senador Mario LOpez Valdez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de Acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es evidente que el desarrollo del sector de las comunicaciones, es clave para el desenvolvimiento económico del país, y de cada una de sus regiones. Esto es importante, en particular, en el caso de los servicios aéreos, cuya modernización tiene una gran incidencia en las economías locales, por la fuerte relación de esta actividad con otros sectores productivos, que por lo tanto los convierte en un instrumento de carácter estratégico para el desarrollo local y regional.

Si bien el Gobierno Federal, a través de SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), ha buscado implementar políticas que propicien el sano y firme desarrollo de la aviación civil en México, tratando de modernizar los servicios de tránsito aéreo, por desgracia sigue sin atender zonas del país que se han visto rezagadas y desatendidas completamente por quienes diseñan la planeación de estas políticas, como es el caso especificode Sinaloa.

La economía de Sinaloa ha evolucionado positivamente en los últimos años, a pesar de la crisis reciente. Su capital, Culiacán, ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento y progreso económico del país en la última década, y por consiguiente se ha incrementado la actividad aeronáutica. Sin embargo, los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, bajo responsabilidad de la federación, no han crecido en la misma proporción que la aviación civil y comercial, que muestran un crecimiento sostenido y a la alza durante los últimos años1.

Culiacán tiene mayor número de operaciones aéreas que otros aeropuertos del país, los cuales cuentan con radar terminal, y sin embargo su aeropuerto sigue proporcionando el control de manera manual, es decir, no se le ha instalado radar, herramienta que garantiza precisión y da mayor seguridad a las aeronaves en áreas congestionadas de tráfico aéreo.

De los Estados del Noroeste del País, Sinaloa es la única entidad que no cuenta con un área de radar terminal que permita maximizar la seguridad de los servicios de tránsito aéreo (Baja California cuenta con Terminal Radar Tijuana, Baja California Sur cuenta con Radar Terminal San José del Cabo, Sonora cuenta con Radar Terminal Hermosillo) acorde a la demanda, desarrollo y crecimiento económico de su población.

Otro caso que ejemplifica claramente este rezago de la entidad, en materia de control y seguridad de tránsito aéreo, es el de Mazatlán, donde se sitúa uno de los cinco Centros de Control de Tránsito Aéreo con los que cuenta el País y desde el cual seproporciona el servicio de control en el espacio aéreo superior de toda aeronave que ascienda, descienda o sobrevuele la región Noroeste del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, parte de Chihuahua, Durango, Jalisco y Zacatecas), de tal manera que todo el crecimiento de aviación, no solamente de Sinaloa sino de todos los estados juntos antes mencionados, impacta directamente a este centro de control, mismo que a pesar de ello no ha crecido desde 1995, prácticamente en nada. Mantiene la misma disposición de servicios prestados durante los últimos 12 años, en franca desproporción con la aviación, la cual ha crecido en ese mismo periodo por lo menos un 40%.

Existen desde hace tiempo justificadas demandas de parte de los controladores aéreos, para ampliar el número de sectores de control de 5 que existen actualmente, operados por 10 controladores, a por lo menos 7 sectores y 14 controladores, que es lo que requiere la adecuada operación de los servicios en Mazatlán. Hoy el número de operarios y de sectores exige a los mismos un esfuerzo que va más allá de lo razonable, incrementando los riesgos de errores humanos, que se han evitado gracias al profesionalismo y responsabilidad de quienes realizan esa función en condiciones inadecuadas exponiendo su propia salud.

Se requiere también la modernización de las radiofrecuencias, que constituyen una herramienta fundamental para la seguridad de las operaciones, ya que un piloto que no entienda o no escuche la instrucción, o un controlador no pueda transmitir instrucciones con claridad, incrementan el riesgo de accidentes

En Los Mochis, con una intensa actividad agrícola, industrial, de comercio, pesca y turismo, se ha incrementado el flujo de aeronaves desde y hacia destinos extranjeros, por lo que los servicios de tránsito aéreo se han visto rebasados por la demanda de usuarios, y es urgente mejorar la infraestructura. Entre otras acciones, se requiere establecer una frecuencia independiente para la aproximación de vuelos y una más para proporcionar información relativa a las condiciones de operación, meteorológicas y otros servicios a los usuarios.

Son medidas necesarias para estandarizar los servicios de tránsito aéreo en Sinaloa, considerando las tres ciudades más importantes del estado, con servicios de calidad internacional, y una cobertura de infraestructura aeronáutica a lo largo de la entidad.

Consideremos que aún cuando en la actualidad se puede esperar una variación estacional de los vuelos, debido a la crisis económica, es de esperar que una vez superada esta situación, se requerirá contar con la infraestructura aeronáutica adecuada para la prestación de servicios de calidad y, sobre todo, con los estándares de seguridad que estos requieren.

Es por eso que considero muy pertinente que esta asamblea se dirija a la secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que se atiendan los requerimientos en materia de modernización de los servicios de tránsito aéreo en el estado de Sinaloa, en aras de la seguridad del Estado mexicano, y en particular para fortalecer la prestación de los servicios aeronáuticos de la entidad.

En atención a lo expuesto, me permito someter a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Molinar Horcasitas, para que a través del órgano desconcentrado Servicios a la Navegación Aérea en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), se atiendan la necesidades de modernización del servicio de tránsito aéreo en el estado de Sinaloa, mediante la implementación del servicio de Radar Terminal en el aeropuerto de Culiacán; la ampliación de sectores de control del Centro de Control Mazatlán,la mejora de las radio frecuencias y la creación de una área de descanso para controladores de tránsito aéreo, en la misma ciudad; así como la modernización de los servicios de radiofrecuencias en Los Mochis, todo ello para garantizar la prestación de servicios de tránsito aéreo seguro y eficiente en esa entidad.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Mario López Valdez”.

De los Senadores Carlos Lozano de la Torre, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores a flexibilizar las condiciones actuales de reestructura, de adeudos hipotecarios, el cual se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INFONAVIT A FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE REESTRUCTURA DE ADEUDOS HIPOTECARIOS, A IMPULSAR UN PROGRAMA DE RESCATE DE CARTERA VENCIDA Y PROTECCION A BENEFICIARIOS QUE HAN PERDIDO SU EMPLEO

“El suscrito, Senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde la segunda mitad de 2008, se tuvieron algunas afectaciones derivadas de la crisis financiera estadounidense, como fue la falta de liquidez en el financiamiento a la construcción y en el mercado secundario de hipotecas.

Para 2009, la crisis financiera, el desempleo, la contingencia sanitaria y la fuerte contracción del crédito cimbraron al sector hipotecario mexicano; por un lado la percepción de riesgo, restringió la actividad de los inversionistas por papeles de deuda de diversas emisoras; y por el otro, la recesión y el elevado desempleo hicieron crecer los incumplimientos de varias empresas, afectando en una caída del 70%, el fondeo que las SOFOLES brindan a los desarrolladores para créditos puente, y la caída del 27% en la colocación de hipotecas en el primer trimestre, poniendo en riesgo, como consecuencia obras y proyectos de vivienda hasta el 2010.

El efecto de la crisis económica y la fuerte vinculación industrial con Estados Unidos, se ha reflejado en las cifras de INEGI, que muestran el aumento en la tasa de desempleo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en donde al tercer trimestre de 2008, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.2%1, y a julio de 2009, es de 6.12%2, esta variable es la clave en el aumento de la morosidad hipotecaria de muchos derechohabientes de INFONAVIT, y de beneficiarios de créditos de la banca privada y sofoles, lo que conlleva a un incremento en la cartera vencida, y como consecuencia un aumento en los inventarios de vivienda.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Ejecutivo Federal trazó como uno de sus objetivos principales en política de vivienda, el incrementar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda y a promover el mejoramiento de la vivienda existente con la finalidad de mejorar las condiciones en que se encuentran mediante nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos.

Igualmente, en materia de empleo no se han cumplido con los objetivos trazados. Durante la campaña presidencial se prometió generar como mínimo 800,000 empleos anuales, lo que hasta la fecha no se ha cumplido. Es más, en los dos primero años de gobierno 1’300,000 trabajadores perdieron su empleo y el Programa de Primer Empleo apenas había generado 26 mil 176 plazas, entre marzo de 2007 y mayo de 2008, cuando la meta era de 300 mil al año.

Por tal motivo, llama la atención que en el discurso que dio el día de ayer el Presidente Calderón, no hizo mención alguna a esta situación, ni planteó la puesta en marcha de un programa o acción de gobierno que evite que los trabajadores pierdan su vivienda, por no poder cubrir el importe de la mensualidad, como consecuencia de la falta de empleo.

Máxime que la situación de la morosidad en el pago de hipotecas amenaza con agravarse, si la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) cumple la amenaza de suspender el pagos de créditos a nivel nacional, por parte de los trabajadores afiliados a esta central obrera.

En los primeros cinco meses de 2009, el conjunto de instituciones bancarias del país redujeron sustancialmente su oferta de financiamiento al consumo, a la vez que aumentaron el destinado a la compra de vivienda, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Tan sólo a mayo, la cartera vencida hipotecaria creció en dos mil 486.6 millones de pesos respecto del saldo que tuvo en diciembre de 2008, para llegar a 12 mil 376.9 millones de pesos, un incremento de 24.9 por ciento, cuatro veces mayor que el ritmo de crecimiento de la cartera de crédito.

Las condiciones actuales de la economía en nuestro país, afectan gravemente el bolsillo de las familias mexicanas, en los primeros seis meses de este año perdieron su empleo 2.8 millones de personas que laboraban en el sector formal de la economía, de acuerdo con el INEGI, y por tanto se han visto obligadas a caer en morosidad hipotecaria, solicitar prorrogas en razón de la pérdida de empleo e incluso perder su vivienda. El problema es grave, porque si a esta situación de crisis económica, le sumamos el rezago de la cartera vencida de años atrás, tenemos que a principios de 2009 el índice de cartera vencida del INFONAVIT se ubico en 4.51%, que representan 27 mil millones de pesos, ligeramente superior al 4.49% que reportó en diciembre de 2008.

Esta situación de vulnerabilidad de los hogares mexicanos, la viven en su mayoría madres solteras, esto contrasta con las cifras del séptimo mes del año, en donde, la situación más grave en materia de desocupación la vivieron las mujeres pues la tasa fue de 6.37% cuando al mes anterior resulto de 4.82%, mientras que la de los hombres paso de 5.37 a 5.97% del mes anterior.

Aun y cuando el INFONAVIT no depende de recursos de la Federación, el tema del desempleo, juega un papel importante, puesto que se reduce la captación de las aportaciones patronales y la baja recuperación de cartera vencida de sus acreditados, que al primer semestre de 2009, solo ha colocado 204,359 créditos, cifra menor en 13.7%, con respecto al año anterior.

Por su naturaleza social, el Instituto debe flexibilizarlas condiciones actuales de reestructura de adeudos hipotecarios de los trabajadores, antes de reestructurar el crédito, la cobranza social debe analizar la situación del cliente identificando la capacidad y voluntad de pago, las causas de por qué no paga y qué capacidades de pago tiene, lo anterior como medida de apoyo y fortalecimiento a la economía.

Trabajadores de varias entidades federativas, que han perdido su fuente de ingresos, han manifestado la negativa del INFONAVIT para concederles una prórroga para liquidar sus adeudos, no obstante que dicho Instituto les concede el derecho a solicitarla y utilizarla durante 12 meses continuos y por dos ocasiones, durante la vigencia del crédito, sin que se exceda de 12 meses seguidos.

Esta ha sido la causa principal por la que diferentes Senadores y Senadoras, desde el 2008 y el presente año, han realizado una serie de trámites de gestión social ante el INFONAVIT, de ciudadanos que solicitan la intervención de sus representantes para la reestructuración de créditos vencidos, sin que hasta la fecha, esta Dependencia se haya proclamado al respecto, situación que los coloca ante el peligro inminente de perder su patrimonio.

En razón de lo previamente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al titular del INFONAVIT, para que flexibilice las condiciones actuales de reestructura de adeudos hipotecarios, Impulse un Programa de rescate de cartera vencida y protección a beneficiarios que han perdido su empleo.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Sen. Carlos Lozano de la Torre”.

De los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz y José Luis Máximo García Zalvidea, un punto de Acuerdo relativo a las relaciones entre México y Japón, el cual se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS RELACIONES ENTRE MEXICO Y JAPON

“C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Los suscritos, Senadora Rosalinda López Hernández, Senador Jesús Garibay García, Senador Salomón Jara Cruz y Senador José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes de grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El domingo pasado, el opositor Partido Democrático (PD) ganó las elecciones generales celebradas en Japón y terminó con más de medio siglo de hegemonía del Partido Liberal Demócrata (PLD).De esta manera, el líder y candidato del Partido Demócrata, Yukio Hatoyama, será el nuevo Primer Ministro de Japón a partir del próximo 16 de septiembre.

Hatoyama es miembro de una de las dinastías industriales y políticas más importantes de Japón. Su abuelo fue el fundador del PLD y Primer Ministro entre 1954 y 1956; su padre fue Ministro de Relaciones Exteriores y su único hermano se desempeñó hasta junio pasado como Ministro de Comunicaciones y Asuntos Internos en el gobierno de Taro Aso (Primer Ministro saliente).

La gran paradoja consiste en que Hatoyama ganó las elecciones con una propuesta de cambio al estilo Obama y con un discurso reformista de alto contenido social centrado en la defensa del poder del pueblo y en la condena a los efectos más nocivos de la globalización y el capitalismo salvaje.

En suma, un discurso crítico y sensible que enfatiza la necesidad de reducir la extensa burocracia nipona, congelar los impuestos, dar ayudas directas a los trabajadores y modificar la histórica relación de dependencia y subordinación vigente entre Japón y Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En nuestra perspectiva, la alternancia ocurrida en Japón más allá de sus repercusiones internas, bien podría inaugurar una nueva era en las relaciones internacionales de nuestro tiempo.

Japón es la segunda potencia mundial y una pieza fundamental de una de las regiones más dinámicas y de más rápido crecimiento en el mundo. Sin embargo, la crisis financiera internacional puso en evidencia algunas de las debilidades del modelo japonés que el nuevo Primer Ministro Hatoyama no ha dudado en reconocer.

Entre esas debilidades se encuentra un modelo económico que decidió dejar todo a los dictados del mercado y que no ha sido capaz de proteger a los ciudadanos de las consecuencias más nocivas del capitalismo fundamentalista.

Por ello, en un artículo publicado en la edición de ayer del Diario El País, el Primer Ministro Electo de Japón se pregunta: ¿qué podemos hacer para acabar con ese fundamentalismo de mercado que carece de toda consideración moral y trata a la gente no como un fin sino como un medio?

Y se responde: “de lo que se trata es de regresar a la idea de la fraternidad como la fuerza moderadora que nos permita limitar los excesos de la globalización”.

En este contexto, compañeras y compañeros legisladores, la elección de un dirigente que parece entender la dimensión de los retos que enfrenta la comunidad internacional, debe ser vista más que como un simple acontecimiento, como una oportunidad histórica para impulsar y apuntalar los cambios al modelo económico y financiero internacional que demandan nuestras sociedades.

Insistimos. El hecho de que la segunda potencia mundial tenga hoy un liderazgo que se pronuncia abiertamente a favor y se declara dispuesto a promover un cambio de fondo en las estructuras mundiales, es un suceso que un país como el nuestro no se puede dar el lujo de subestimar. Y no sólo eso. México está obligado a aprovechar la oportunidad que nos brinda la coyuntura para promover un mayor acercamiento y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales.

En 2008, el comercio bilateral entre México y Japón fue de 18, 394 millones de dólares y el 88% del intercambio bilateral fue explicado por el valor de las importaciones japonesas.

De acuerdo con las cifras de la propia Secretaría de Economía, en 2008las exportaciones mexicanas a Japón registraron un valor de 2, 068 millones de dólares. Por su parte, la importaciones de bienes  japoneses se ubicaron en alrededor de 16,326 millones de dólares en 2007.  Tan sólo entre 2004, año previo a la entrada del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, y 2008, las importaciones de artículos japoneses se elevaron en más del 90%.

Esto significa que durante 2008 el déficit comercial con Japón fue de -14, 258 millones de dólares, lo equivalente a más del 75 % del total de la balanza comercial. . En una perspectiva más global, el comercio de México con Japón apenas equivale al 2.99 del comercio total de México con el mundo.

Balanza comercial México - Japón.
Valores en miles de dólares

Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

1990

1,450,856

1,348,966

2,799,822

101,890

1991

1,254,021

2,259,597

3,513,618

-1,005,576

1992

811,457

3,359,354

4,170,811

-2,547,897

1993

686,430

3,928,748

4,615,178

-3,242,318

1994

997,017

4,779,977

5,776,994

-3,782,960

1995

1,021,162

3,952,105

4,973,267

-2,930,943

1996

1,250,601

4,132,099

5,382,700

-2,881,498

1997

1,016,235

4,333,625

5,349,860

-3,317,390

1998

551,521

4,537,050

5,088,571

-3,985,529

1999

946,253

5,083,130

6,029,383

-4,136,877

2000

1,115,025

6,465,688

7,580,713

-5,350,663

2001

1,266,301

8,085,698

9,351,999

-6,819,397

2002

1,194,213

9,348,555

10,542,768

-8,154,342

2003

1,172,591

7,595,054

8,767,645

-6,422,463

2004

1,190,503

10,583,403

11,773,906

-9,392,900

2005

1,470,016

13,077,785

14,547,801

-11,607,769

2006

1,594,045

15,295,164

16,889,209

-13,701,119

2007

1,919,867

16,360,181

18,280,048

-14,440,314

2008

2,068,083

16,326,180

18,394,263

-14,258,097

2008 /1

923,351

6,439,249

7,362,600

-5,515,898

2009 /1

734,799

5,125,955

5,860,754

-4,391,156

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
/1 Periodo enero-junio

En materia de inversión, cabe señalar que Japón es uno de los principales inversionistas en el mundo. De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Japón es la octava fuente de inversión extranjera directa. Actualmente, Japón es el primer inversionista de la región de Asia-Pacífico. El monto acumulado de la inversión japonesa en México es mayor al de cualquier otro país salvo Estados Unidos.

No obstante, Brasil es el país latinoamericano que tiene el mayor valor de inversión japonesa neta acumulada (8,699 millones de dólares).

De esta forma, pese a los avances y la evolución de nuestras relaciones en los últimos años, queda claro que tanto en materia de comercio como de inversión, nuestros países aún se encuentran lejos de alcanzar ese nivel de intercambios e interacción que dos economías tan particulares y complementarias como las nuestras están obligadas a buscar.

En este contexto, uno de los objetivos de esta proposición es el de comenzar a impulsar la elaboración de análisis y diagnósticos de nuestras relaciones bilaterales con diversos países del mundo.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,estamos convencidos de la importancia de que las Comisiones de Relaciones Exteriores comiencen a generar estudios autónomos que le permitan al Poder Legislativo ejercer sus labores de control y corresponsabilidad en materia de política exterior.

Hemos señalado ya en muchas ocasiones que la prioridad de nuestra política exterior debe ser la diversificación y el estrechamiento de relaciones con países y regiones que nos permitan disminuir nuestra dependencia de la economía de los Estados Unidos.

Hemos reiterado también la necesidad de que este Senado se convierta en un actor más decidido y participativo en los asuntos de política exterior y política internacional que se relacionan con el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y con nuestras tareas de diplomacia parlamentaria.

Por lo tanto, estimamos sumamente valioso el que esta soberanía pudiera emitir un pronunciamiento de felicitación y reconocimiento al Primer Ministro electo de Japón, así como un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que busque el fortalecimiento de la relación y un mayor acercamiento entre nuestros pueblos.

Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República felicita al pueblo y al Primer Ministro Electo de Japón, Yukio Hatoyama,por el resultado del proceso electoral celebrado el pasado domingo 30 de agosto de 2009.

SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda dirigir una comunicación al nuevo Parlamento Japonés a efecto de proponer el establecimiento y la institucionalización de las relaciones parlamentarias entre nuestros países.

TERCERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federala aprovechar la coyuntura brindada por la elección Yukio Hatoyama como Primer Ministro de Japón para darle un nuevo impulso a nuestra relación bilateral y buscar el fortalecimiento y el equilibrio de los vínculos existentes entre nuestros países en materia comercial, educativa, cultural y de inversión.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009”.

Del Senador Francisco Herrera León, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a implementar un plan de promoción turística en los estados que conforman la región sur sureste de nuestro país, el cual se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATEGICO E INTEGRAL DE PROMOCION TURISTICA EN LOS ESTADOS QUE CONFORMAN LA REGION SUR SURESTE DE NUESTRO PAÍS, ASIMISMO, EMITA UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA MUNDO MAYA

“El suscrito, Senador Francisco Herrera LeOn, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El turismo está considerado como la tercera fuente generadora de ingresos al país, solamente después de la venta de petróleo y de las remesas que envían nuestros connacionales del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de América.

De acuerdo al boletín informativo número 087/2009, emitido por la Secretaría de Turismo de fecha 12 de agosto de 2009, se da a conocer que el Banco de México reportó que se recibieron por concepto de divisas 6 mil 048 millones de dólares los primeros seis meses del año, 17% menos que el año pasado, arribando a nuestro país 10 millones 700 mil turistas internacionales, lo que representa un 6 por ciento menos que el 2008 durante el mismo periodo. Estas cifras indican que el turismo en México tuvo una caída considerable a comparación de años anteriores.

Con base a la información proporcionada por la Secretaría de Turismo el 22 de junio de 2009, se infiere que durante el periodo de enero a abril de este año, se tuvo una diferencia negativa de 5.9 por ciento de visitantes internacionales al país, en comparación con el mismo periodo del año 2008, desconociendo aún las cifras oficiales respecto del periodo mayo-julio de 2009, toda vez que existen datos inciertos sobre este comportamiento estadístico. Es importante señalar que la actividad turísticaen el sureste mexicano es de las más importantes generadoras de empleo, principalmente en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas, por lo que el escenario para estos estados es necesariamente negativo.

Ahora bien, derivado de la situación emergente que se presentó con la presencia del Virus AH1N1 durante los meses de abril y mayo del presente año, así como la crisis económica mundial, actualmente la economía de estos estados se encuentra en condiciones lamentables, toda vez que el turismo -nacional e internacional- en el país ha sufrido una caída estrepitosa de 14 por ciento y se prevé que este escenario negativo alcance hasta los 20 puntos porcentuales durante el 2009 en relación con el año 2008. Por otra parte, la Organización Mundial de Turismo, estima que se han sufrido pérdidas por 14,500 millones de dólares en este sector en nuestro país en los primeros meses del año.

De acuerdo a investigadores del Tecnológico de Monterrey, se prevé que la pérdida de empleos en el país podría ascender a 850 mil durante el presente año, muchos de los cuales son empleos directos e indirectos generados en el sector turismo, todo ello con motivo de la crisis económica, la recesión y la contingencia sanitaria, la que si bien ha sido atendida por las autoridades correspondientes, esto ha sido insuficiente para preservar el bienestar social y económico de la población.

En este contexto, la mengua en la afluencia de turistas -nacionales y extranjeros- se reciente sobre todo entre los hoteleros, artesanos, guías de turistas, transportistas y comerciantes, cuyos ingresos obedecen exclusivamente de la llegada de turistas para poder aportar y asegurar el sustento de sus familias.

Por otra parte, desde el año 1993 inicio sus operaciones el denominado Programa Mundo Maya, el cual involucra a los estados que cuentan con la -afortunada- presencia de la cultura maya como Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como los países de Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Para la constitución de este proyecto, el sector empresarial mexicano creó la Comisión empresarial Mundo Maya de México, con el objetivo de reunir a los representantes del sector turismo de los cinco estados y a todos aquellos otros interesados en el Proyecto Mundo Maya, ya que de esta manera se estaría preservando el legado natural y cultural del área. Asimismo, se facilitaría la mercadotecnia de los productos turísticos en los mercados domésticos e internacionales.

La finalidad de este Programa era el de impulsar el desarrollo regional y consolidar el turismo como una prioridad nacional, a través del fortalecimiento de la región Mundo Maya, ello mediante estrategias y acciones orientadas al desarrollo de nuevos productos y a la consolidación de la oferta existente de acuerdo al marco de desarrollo turístico sustentable; en este programa se contaría con la participación de los sectores público y privado, incorporando también a las comunidades locales en un fideicomiso cuyo fin era dar promoción y publicidad turística para los estados integrantes.

De acuerdo al Segundo Informe de Labores 2007-2008 emitido por la Secretaria de Turismo, durante ese periodo se ejerció un presupuesto de 1,015,973,344 para impulsar 31 convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos, entre los que se encontraron 244 proyectos para distintos programas, entre ellos el de Mundo Maya.

Sin embargo, de acuerdo a la información de febrero de 2009, proporcionada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Turismo,se tiene conocimiento de que este fideicomiso está en proceso de extinción por lo que se hace necesario se dé una explicación a la ciudadanía sobre la operación y resultados de éste, y en su caso, la justificación legal, social y económica de su finiquito.

Por todo ello, también es imprescindible que las autoridades encargadas de este sector, como la Secretaria de Turismo a través del Consejo de Promoción Turística de México, implementen medidas estratégicas e integrales destinadas a promocionar el turismo de la región del sureste mexicano, toda vez que la SECTURno ha explicado cual será el programa o acciones a implementar para que se siga llevando a cabo la promoción turística y de esta forma se pueda compensar la extinción del Programa Mundo Maya.

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

UNICO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaria de Turismo para que implemente un plan estratégico e integral de promoción turística en los estados que conforman la Región Sur Sureste de nuestro país, asimismo, emita un informe sobre el estado que guarda y los resultados obtenidos en el Programa Mundo Maya, así como las causas que dieron origen a la decisión de finiquitar el ya mencionado Programa.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Francisco Herrera León”.

Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a reforzar la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados, el cual se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LA VIGILANCIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES REPATRIADOS

El que suscribe, Adolfo Toledo InfanzOn, Senador de la República del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un hecho indiscutible e incuestionable es que las poblaciones migrantes constituyen grupos altamente vulnerables en cuanto a la vigencia de sus derechos fundamentales. México es un país de origen, transito y destino de migrantes, razón por la cual no se puede permanecer al margen de este fenómeno social.

El recrudecimiento de las herramientas de control de la migración ilegal por parte de los Estados Unidos, ha provocado que los migrantes busquen zonas menos vigiladas y más riesgosas en la frontera, lo cual fomenta a que se vean obligados a ponerse en manos de traficantes de personas. Esta situación provoca que los migrantes puedan ser estafados, abandonados, maltratados o que incluso puedan llegar a perder la vida.

Uno de los grupos más susceptibles a la violación de sus derechos son los niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan la frontera norte o intentan cruzarla de manera irregular sin la compañía de familiares adultos.

De acuerdo a estudios reportados por la UNICEF, los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos en primer lugar por el deseo de reunirse con sus familiares que ya se encuentran ahí, en segundo término por el esperanza de mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y por último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o explotación sexual.

Las niñas, niños y adolescentes migrantes indocumentados enfrentan innumerables riesgos desde la salida de sus lugares de origen, su desplazamiento hasta el momento de su detección. Los niños migrantes sufren accidentes, son cooptados a redes de crimen organizado, son sometidos a explotación sexual o laboral, llegan a sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o pierden la vida al momento del tránsito, entre muchos otros.

Definitivamente estos menores se encuentran en un estado constante de violación de sus derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen estudios regulares, lo que trunca posibilidades reales de mejora y desarrollo; e insoslayablemente no disfrutan de sus derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud o a la vivienda.

El año pasado, de los menores repatriados, un 33% había terminado la secundaria, mientras que un 21% la tenía incompleta y un 17% había terminado la escuela primaria. Las edades oscilan entre los 14 y 17 años y proceden de diferentes estados de la República, los que tienen mayor número son Michoacán con 8.7%, Guanajuato con 8.1% y Oaxaca con un 7 %.

De igual forma y con base en las cifras del Instituto Nacional de Migración, entre enero y junio de este año se han registrado 15 mil cinco eventos de repatriación de menores desde Estados Unidos, de los cuales 9 mil 533 se reportan sin compañía, mientras que los 13 mil 946 restantes lo hicieron acompañados de un adulto, familiar o no.

Un año antes, en 2008, la cifra oficial fue de 32 mil 75 repatriados, que fueron entregados a las autoridades mexicanas, entre ellos 493 fueron indígenas, de los cuales un 25% pertenecen a los mixtecos, el 14.7 a los zapotecos y un 14.3% son nahuas.

Para el 2006, 21 mil 517 fueron los infantes atendidos. La evaluación del número de niños a los largo de los últimos años, indica algo más que la magnitud del problema, denuncia que este fenómeno social se encuentra en aumento de manera drástica y perentoria.

Este año, la legislación en el país del norte en materia cambió, y con la entrada en vigor de la ley federal William Wilberforce o HR731, que tiene por objeto la prevención del tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral, el ciclo de repatriación para niños que viajan solos se hizo más complejo.

Bajo esta nueva regulación, cuando un menor es descubierto viajando solo sin la compañía de uno de sus padres o tutor legal; podrá ser llevado a un albergue mientras se realiza la investigación correspondiente, proceso que retrasa la reunificación del menor con sus familiares hasta por varios meses.

La Dirección del Servicios para Inmigrantes y Refugiados de El Paso, indicó que antes los menores mexicanos eran repatriados en un periodo no mayor a las 48 horas después de ser detenidos por agentes de inmigración, pero que ahora llegan a pasar hasta cuatro meses en los albergues en los que antes había únicamente niños y jóvenes procedentes de centro y Sudamérica.

La situación antes planteada, nos enfrenta a la necesidad de realizar acciones conjuntas, normalmente en México de hecho ya era difícil la reunificación familiar, los nuevos desafíos que conlleva la migración infantil y adolescente no acompañada, impera al desarrollo de planes y políticas que protejan los derechos de estas personas.

Tenemos que resolver los círculos viciosos que se generan en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y nuestro país, círculos señalados por diferentes estudios de la UNICEF los que revelan y hacen necesario puntualizar:

• Las niñas y niños migrantes indocumentados que cruzan la frontera norte son detectados y asegurados por la patrulla fronteriza y son ubicados en celdas con adultos que también carecen de permisos migratorios

• A pesar, de los esfuerzos que realiza el Insitituto Nacional de Migración, no se cuentan con espacios idóneos para el cuidado de estos infantes durante su estancia, ni con el personal especializado en la protección de los derechos de los infantes.

• La reintegración familiar se realiza muchas veces en las oficinas del INM sin las participación del DIF estatal o municipal.

• No se han actualizado los arreglos bilaterales de repatriación.

• Para el caso de niñas y niños indígenas es preocupante que no existan medios idóneos para comunicarse en su propio idioma y ser informados sobre su situación, además de lo complicado que es encontrar a sus familiares en las comunidades indígenas del interior del país.

• No se tiene un presupuesto suficiente.

Debemos hacer frente a las responsabilidades que el caso presenta, las instituciones gubernamentales en sus tres niveles de gobierno tienen que establecer programas, procedimientos, acuerdos de colaboración y sistemas de registros conjuntos que permitan obtener resultados que beneficien a los niños migrantes. La Secretaria de Relaciones Exteriores debe fomentar acuerdos bilaterales que pueda dar respuesta a las nuevas realidades de este grupo social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal con el objeto de que instruya a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, para que refuerce la vigilancia y el estricto cumplimiento del los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que son repatriados a nuestro país.

SEGUNDO:- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias correspondientes, implementen un programa coordinado de estrategias, programas y procedimientos conjuntos con los tres niveles de gobierno que hagan frente a la problemática planteada referente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que son repatriados, y emita un informe a esta soberanía sobre las acciones en materia realizadas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Adolfo Toledo Infanzón”.

De la Senadora María Elena Orantes López, un punto de Acuerdo para solicitar que no se afecten los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior, y se les asignen mayores recursos, el cual se turna a la Cámara de Diputados.

punto de acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA al ejecutivo federal a no efectuar recortes a los presupuestos de las universidades e instituciones pUblicas de educaciOn superior en el ejercicio fiscal de 2009, ASI COMO SOLICITAR A LA cAmara de diputados SE destinen mayores recursos a estas instituciones en elpresupuesto de egresos de la federaciOn para 2010

“La que suscribe, MarIa Elena Orantes LOpez, Senadora de la República por el Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, remitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, se reporta un subejercicio por 8 mil 160 millones de pesos estimado para el primer semestre de la administración pública centralizada.

Lo anterior, a pesar del plan contracíclico que el gobierno del Presidente Felipe Calderón enmarco en una serie de acciones para contrarrestar los efectos de la crisis internacional.

Los recortes anunciados recientemente en el sistema educativo a nivel superior, son inadmisibles cuando se trata de un asunto que tiene que ver con el futuro del país y del desarrollo de nuevas generaciones.

Ante este panorama, cabría exigir al Gobierno federal que, los subejercicios presupuestarios acumulados al primer semestre de 2009, sean subsanados en términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de reasignar una parte a las universidades públicas e instituciones de educación superior en todo el país, con el objeto de que no se vean afectadas en lo que resta del ejercicio fiscal de 2009.

Lo anterior, toda vez que la Secretaria de Educación Pública anunció unrecorte presupuestario para las universidades públicas de aproximadamente800 millones de pesos para lo que resta del año.

Según dichas autoridades, este ajuste representa 1 por ciento del total del presupuesto destinado a esas instituciones, que es de alrededor de 79 mil millones de pesos.

Argumentan para ello, que la crítica situación económica del país exige ajustar los recursos presupuestales de 2009 en aproximadamente otros 50 mil millones de pesos que se suman al primer recorte efectuado en mayo pasado de 35 mil millones de pesos.

Para el caso de la Secretaría de Educación Pública, este recorte representará una disminución de 7 mil 186 millones de pesos. Con base en ello, se infiere que las universidades públicas absorberán alrededor del 11 por ciento del recorte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso al presupuesto de esa dependencia.

Es importante mencionar que el subejercicio reportado por las autoridades de educación se debe a la inoperancia la misma Secretaría de Educación Pública, que ahora busca trasladar a las universidades públicas los resultados de su poca diligencia para ejercer correctamente el presupuesto ydesarrollar una educación de calidad en el país.

De ejercerse los recortes antes mencionados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tendrá que absorber unos 200 millones pesos que afectarán los programas relacionados a la docencia, la investigación y la difusión.

Es por ello necesario que en esta Legislatura recién iniciada, se tome en cuenta a la educación como una prioridad en el presupuesto de 2010, sobre todo, en un momento de crisis económica, ya que es precisamente en este rubro, donde debe darse una mayor inversión para formar a las nuevas generaciones en búsqueda de un mejor desarrollo educativo que permita potenciar la actividad educativa como motor de oportunidades y fomento de la actividad científica y tecnológica en nuestro país.

Por otra parte, hay que agregar que por falta de inversión en educación superior, ciencia y tecnología, 75% de más de 9 millones de jóvenes no alcanzan un espacio en las universidades del país.

Se calcula que terminarán su carrera y se titularán 1 millón 300 mil estudiantes, es decir, 5 de cada 100, de acuerdo a un estudio del año de 2008 del Banco Mundial en materia de eficiencia terminal, lo que significa que en las siguientes décadas se profundizará la brecha entre los mexicanos con carrera y los que no la tienen. Muchos de los que logren titularse, carecerán de oportunidades laborales por falta de políticas adecuadas para promover el empleo, así como por la falta de la continuidad de los estudios para adquirir conocimientos especializados y técnicos necesarios para emplearse y tener éxito en su desarrollo profesional.

Dentro de 18 años, los niños que ingresan en este ciclo escolar a primero de primaria, requerirán de estudios de posgrado para incrustarse en los nuevos modos de producción y actividad de 2027. Es en este sentido, que la apuesta por la educación tendría que ser el propósito superior del país y una de las tareas fundamentales del quehacer gubernamental.

Es en este sentido, que es fundamental destinarle el mayor presupuesto a la educación aún en tiempos de crisis, al tiempo de decidirse a depurar y profesionalizar la enseñanza, a partir de impulsar el involucramiento de todos los actores públicos y de la sociedad en un compromiso inquebrantable de corresponsabilidad.

Cabe recordar, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2005, informó que más del 50 por ciento de los alumnos mexicanos evaluados calificaron en los últimos lugares en términos de “logros educativos” y, que un 20 por ciento de ellos, obtuvieron cero en materias básicas como lengua nacional, matemáticasy ciencias.

México, con todo y el shock económico representa la economía 14 del mundo. Sin embargo, los indicadores de calidad educativa lo ubican como una economía de rango 57. Entre los renglones que se consideran para esta calificación, además de la eficiencia y la calidad educativa, es el ejercicio del gasto en el rubro, lo que ha definido la posición del país de acuerdo a los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Frente a un desafío de tal magnitud, así como la depresióneconómica en la que nos encontramos, es importante definir el rumbo de la educación superior de una vez por todas. Los recortes presupuestales a las universidades son la peor respuesta a lo que el país necesita y lo que losjóvenes reclaman.

Tan sólo en la UNAM, 8% de los 114 mil 462 estudiantes que presentaron su examen de nuevo ingreso fueron aceptados.

Esto quiere decir que si en el presente ciclo escolar iniciado en agosto, únicamente 9 mil 360 jóvenes ocuparon un lugar en algunas de las 77 licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional; 105 mil 102 estudiantes se quedaron fuera y sin posibilidades de continuar sus estudios.

Esto no ha cambiado desde la puesta en marcha del modelo económico neoliberal en México impulsado por el Banco Mundial a mediados de la década de los ochenta y continuado durante los años noventas, en el que se adoptaron los criterios de ese organismo en las decisiones y la orientación del financiamiento de la educación, donde se privilegia el apoyo al nivel básico (primaria y secundaria), menospreciando el nivel superior.

En este sentido expertos del Banco Mundial, recomendaban a países como México, un alivio presupuestal parcial de la carga del financiamiento de la educación superior que estaba sujeto a un ajuste estructural originado por la crisis de 1982 y que dependía enormemente de apoyos financieros internacionales permitiendo la creación de instituciones privadas. Así, se proponía adoptar el criterio de privatizar paulatinamente la educación en perjuicio de la educación pública.

De esta forma, al ser las instituciones públicas de educación superior las más condicionadas por la política y el financiamiento gubernamentales, empezaron a sufrir con mayor fuerza la restricción de los recursos financieros derivada de esa nueva postura gubernamental compartida con el Banco Mundial.

De acuerdo a un análisis de los informes anuales del sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, datos del INEGI y otras fuentes, reflejan que, para la instrucción universitaria en escuelas públicas se destinaba en 1988 el 23 por ciento del total en inversión educativa, monto que se disminuyó a 13 por ciento en el año 2000.

Este esquema se ha venido acentuado en las políticas educativas del gobierno de Vicente Fox y en lo que va del sexenio del Presidente Felipe Calderón.

Así, la tendencia de las políticas educativas adoptadas por México y dictadas por el Banco Mundial, han continuado afectando la matricula de las universidades públicas, manteniendo al margen a un número cada vez mayor de jóvenes sin acceso a la educación superior a pesar de que la demanda sigue aumentando.

Ahora bien, en México, más de la cuarta parte de la población son jóvenes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el 2008 nuestro país tenía cerca de 29.1 millones de personas entre 15 y 29 años de edad, equivalente al 27.4 por ciento del total de la población.

El sector juvenil es uno de los estratos más importantes de la sociedad mexicana, son los pilares del desarrollo futuro del país. Según cifras oficiales, del total de personas jóvenes en el país, aproximadamente 48 por ciento son hombres y 52 por ciento mujeres.

Diversos estudios señalan que casi una cuarta parte de los más de 29 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan. Además, alrededor de cinco millones de jóvenes tienen pocas oportunidades de encontrar trabajo. El resultado de tal desocupación se manifiesta en un incremento de la delincuencia juvenil, tendencia al suicidio y mayores índices de emigración.

Las mujeres jóvenes se ven forzadas a estudiar carreras cortas o ingresar a trabajos informales para auxiliar de manera temprana al sustento familiar. Las adolescentes con un embarazo no planeado se ven obstaculizadas en muchos sentidos a cursar estudios universitarios.

A su vez, algunos análisis indican que en el 2008 emigraron a Estados Unidos 700 mil mexicanos. Asimismo, indica que el 75 por ciento de los que emigraron tienen entre 14 y 35 años. Esto refleja que nuestro bono demográfico ha sido malgastado de una manera incomprensible.

Expertos en seguridad señalan que los jóvenes sin expectativas de futuro y en condiciones de marginación social, se han convertido en presa fácil de la delincuencia y del narcomenudeo. Las prácticas delictivas entre los jóvenes están muy vinculadas con la falta de oportunidades de educación y trabajo, así como a una creciente desigualdad.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que existe una importante participación de los jóvenes en la delincuencia. Lo anterior se sustenta a partir de que representan el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y el 49 por ciento del fuero común.

De éstos, la proporción de varones de 15 a 29 años involucrados en un crimen federal es del 41 por ciento, mientras que el 50 por ciento participan en actos de competencia del fuero común. Las mujeres representan el 35 y 40 por ciento, respectivamente.

El anhelo de la mayor parte de los jóvenes en México es encontrar un trabajo productivo bien remunerado. Sin embargo, muchos jóvenes que se han preparado técnica y profesionalmente en los diversos centros de educación del país, al concluir sus estudios, no encuentran trabajo. Por otra parte, se ven imposibilitados para la creación de sus propios negocios debido a que no cuentan con la disponibilidad financiera y tampoco son sujetos de crédito en las instituciones financieras.

Los jóvenes tienen derecho a una vida digna, a un trabajo bien remunerado, a tener las condiciones socioeconómicas y las oportunidades de acceso a los recursos financieros para poner en marcha su creatividad y vocación para su desarrollo profesional y personal.

Finalmente, podemos decir que la política educativa relativa a la instrucción universitaria se debe orientar a lograr la formación de profesionales que sirvan a los fines del desarrollo nacional. Es precisamente en ello, donde radica la viabilidad del sistema educativo mexicano.

Es momento de que los legisladores demostremos solidaridad y apoyemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma de Chapingo, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a el Instituto Politécnico Nacional y, en general, a todas las universidades e instituciones de educación superior en las diferentes entidades federativas, a fin de solicitar a la colegisladora, la asignación de mayores recursos financieros a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a partir de los subejercicios presupuestales correspondientes al primer semestre de 2009, se reasignen recursos financieros a las universidades públicas e instituciones de educación superior en todo el país, en los términos establecidos por el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de evitar recortes que afecten los programas relacionados a la docencia, la investigación y la difusión.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la H. Cámara de Diputados, para que, dentro de la discusión y posterior aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, se contemple la asignación de mayores recursos financieros a las universidades públicas e instituciones de educación superior en todo el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. María Elena Orantes López”.

Del Senador Gabino Cué Monteagudo, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos para apoyar a los productores agrícolas y ganaderos que se han visto afectados por la temporada de sequía, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos para apoyar a los productores agrIcolas y ganaderos que se han visto afectados por la temporada de sequIa

“PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CAMARA DE SENADORES
PRESENTE.

El suscrito, Gabino CuE Monteagudo Senador del grupo parlamentario de Convergencia en la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos para apoyar a los productores agrIcolas y ganaderos que se han visto afectados por la temporada de sequIa, al tenor de lassiguientes:

CONSIDERACIONES

Los efectos del cambio climático, así como la presencia del fenómeno meteorológico El Niño han impactado significativamente en el alza de la temperatura así como en la escasez de precipitaciones, trayendo importantes afectaciones a los sectores económicos, productivos y sociales a nivel mundial.

De acuerdo a informes y proyecciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, en nuestro país la disminución de precipitaciones registrada en los meses de julio y agosto recientes, la segunda en importancia en casi seis décadas, ha originado sequía en bastas regiones del país, y se estima que continúeesta tendencia, por lo que no se descarta la posibilidad de presencia de una sequía similar a la del verano de 1997.

La sequía tiene efectos socioeconómicos, pues no sólo daña los cultivos sino que también afecta las reservas de agua impactando a las comunidades y a las regiones por la falta del vital liquido. De hecho el 80% de las represas del país tienen reducida a menos de la mitad su capacidad.

La disminución en las lluvias se presenta como una amenaza latente para el campo nacional, no sólo por las grandes pérdidas en la producción nacional de los cultivos de temporal, sino también porque refuerza el atraso y la precariedad que históricamente ha abrazado a millones de campesinos.

Aunque en términos generales todo el país experimenta falta de lluvias, las zonas más afectadas por la sequía son las que comprenden los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Puebla, sur de Hidalgo, centro y sur de Veracruz, norte de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo a información emitida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la sequía ha dañado cerca de 313,000 hectáreas de las 11 millones 208 mil sembradas hasta el mes de agosto, lo que representa poco más del 3 por ciento del total cultivado en el país durante el ciclo primavera-verano, lo que implica que dejen de producirse cerca de 1.5 millones de toneladas de alimentos.

Los cultivos más afectados fueron el maíz y el frijol al perderse entre el 80 y el 85 por ciento de la producción. Los cultivos como el sorgo, trigo, azúcar y café no presentaron mayores perdidas. Hasta el momento, se continúa la evaluación de cerca de 840,000 hectáreas para verificar el nivel de afectación a petición expresa de los estados del país.

Por su parte los empresarios ganaderos reportan que a raíz de la sequía se han perdido alrededor de 50 mil cabezas de ganado.

Ante tal situación el gobierno federal anunció el pasado 31 de agosto medidas que se pondrán en marcha para mitigar los efectos de la sequía a fin de garantizar que las regiones más afectadas reciban mayores apoyo; tales como la evaluación y ubicación de las regiones afectadas; la cobertura del Seguro Agropecuario Catastrófico; el programa de resiembra y siembra tardía; la reconversión de cultivos a productos con menor necesidad de agua, así como prácticas de conservación de humedad y siembra de forrajes para el ganado.

Asimismo, se adquirió un seguro catastrófico por el que paga más de 9 mil millones de pesos para 6.6 millones de hectáreas y 4.1 millones de cabezas de ganado, que están en riesgo por la sequía. Para las hectáreas que no alcancen a ser aseguradas se disponede un presupuesto adicional de 574 millones de pesos, aportados por el gobierno federal y los estatales y que se operan a través delPrograma de Atención a Contingencias Climatológicas.

Además, se tiene contemplado para este año incrementar en 1.5 millones de toneladas las importaciones de granos para satisfacer la demanda del mercado nacional, a fin de evitar eldesabasto y el aumento en losprecios.

Pese a que el gobierno federal asegura que la situación esta controlada y que se tienen expectativas halagadoras para hacer frente a la contingencia climatológica y el abasto alimentario, el panorama para los productores es grave, se encuentran en estado de alerta, sobre todo los pequeños propietarios de parcelas que han perdido o perderánla totalidad de sus sembradíos y con ello gran parte de su patrimonio. Además de que afrontan la dilación en la entrega de recursos.

Un caso emblemático lo encontramos en Oaxaca pues a raíz de la sequíase perdió el 70% de su producción anual de maíz y frijol, afectando a más de 18 milproductores.

Para agravar aún más la situación los productores denuncian dilaciónen la entrega de los apoyos gubernamentales pues los recursos,que ascienden a 45 millones de pesos, destinados para el ciclo de siembra de mayo a junio de 2009 aún no se han liberado. Asimismo, se estánpendientes de aprobar alrededor de 110 proyectos que beneficiarían a 28 mil productores dedicados al cultivo de maíz y frijol, pues de los 132 presentados solo 3 han recibido recursos, lo que significa que el Fideicomiso de Riesgo Compartido ha ejercido en el estado menos del 1 por ciento de los recursos asignados para el Programa de Apoyo al Maíz y el Fríjol (Promaf 2009).

Ante tal situación, y para evitar el descontento social es necesario que los apoyos gubernamentales anunciados sean ejercidos de manera inmediata. Los productores agropecuarios no cuentan con recursos para hacer frente a los efectos de la sequía y requieren de apoyos extraordinarios.

Confiamos en que estas medidas anunciadas por el ejecutivo federal no sean sólo un paliativo temporal y esperamos que se realicen acciones estratégicamente planeadas para evitar futuras contingencias que pongan en peligro la producción esperada para el ciclo otoño-invierno y que desencadenenuna crisis alimentaria y la consecuente agudización de la pobreza del campo mexicano.

Finalmente, nos preocupa compañeros senadores que debido a la crisis económica los planes de austeridad afecten al campo y que las reducciones presupuestales alcancen a los programas de apoyo a los campesinoslo cual representarían un duro golpe para el sector.

No minimicemos el problema, es mejor que se actuéde manera inmediata y que se prevean escenarios catastróficos.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que ejecute de manera ágil y oportuna los programas y apoyos económicos anunciados el pasado 31 de agosto para los productores agrícolas que se han visto afectados por las sequías; asimismo, se tomen medidas previsoras para asegurar la cosecha del ciclo otoño-invierno.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se contemple un incremento en el monto de los recursosdestinado a los programas de apoyo al sector agropecuario del país, en particular al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe

Sen. Gabino Cué Monteagudo”.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
ARTURO NUÑEZ JIMENEZ

- El C. Presidente Arturo Núñez Jiménez: Un agradecimiento a los Senadores por su consideración para el desarrollo del trabajo de esta Asamblea.

Ahora, tiene el uso de la palabra la Senadora Rosario Green Macías, a nombre propio y del Senador Eloy Cantú Segovia, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rinde homenaje al Senador estadounidense Edward Kennedy, con motivo de su reciente fallecimiento, y envía al Senado de Estados Unidos un mensaje de solidaridad por este suceso.

- La C. Senadora Rosario Green Macías: Con su venia, señor Presidente.

Edward Moore Kennedy, durante 47 años, fue un destacado Senador que representó al estado de Massachussets en el Congreso federal estadounidense.

De manera particular, el Senador Kennedy siempre estuvo atento a temas vinculados con las minorías sociales de ese país y, sin escatimar esfuerzo, con aquellos que se refieren a los inmigrantes -latinos en su mayoría, mexicanos primordialmente-, sujetos a discriminación, abusos, violencia e injusticia. Todo ello se vio siempre reflejado no sólo en sus intervenciones en tribuna sino, además, en una serie de propuestas legislativas que encabezó y que fueron de gran utilidad para la comunidad latina a fin de que tuviesen el cuerpo legislativo instrumentos que le sirvieran para incorporarse plenamente a una sociedad que les era ajena en costumbres, idioma e historia. Esas comunidades hoy son parte de la historia de Estados Unidos, y en buena medida lo son gracias al permanente reconocimiento de sus aportaciones hechas por Edward M. Kennedy en casi medio siglo de labor legislativa.

La relación de sus iniciativas en dicha materia es extensa, pero es oportuno referir algunas de las que tuvieron mayor impacto y resultaron de interés para México.

En 1965 impulsó el Acta de Inmigración, que representó un cambio enorme en la política migratoria de su país, al reformar la manera en que los inmigrantes eran seleccionados para su admisión, dando término a la práctica de hacerles sobre la base de su origen nacional, su raza y sus antepasados, que venía operando desde 1924.

El Senador Kennedy fue el principal impulsor del Acta de Inmigración de 1990, que incrementó las cuotas para la unificación familiar y el proponente original del Acta sobre la Violencia en Contra de las Mujeres, en 1994, y de su reautorización en 2000, lo que permite a las mujeres maltratadas por su pareja solicitar, para ellas y sus hijos, la residencia permanente en Estados Unidos.

Fue el líder del respaldo demócrata al Acta de Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza y Reforma del Sistema de Visas de 2002, mediante la cual se procuró equilibrar la estricta aplicación de las leyes migratorias con una firme protección de las libertades civiles y los derechos de los inmigrantes.

En mayo de 2005, en compañía del Senador republicano John McCain, Kennedy presentó una iniciativa bipartidista destinada a llevar a cabo una reforma integral del sistema migratorio estadounidense por considerar que el mismo estaba en absoluta quiebra. Esta iniciativa que no prosperó a pesar de haber tenido cierto respaldo del Ejecutivo estadounidense, hubiera sentado las bases para una modificación de las relaciones entre México y Estados Unidos en el tema migratorio.

También son dignas de recuerdo sus inquietudes por la situación de quienes llegaban a Estados Unidos huyendo de persecución política, que en 1980 lo llevaron a proponer el Acta de Refugiados, que estableció una política gubernamental para promover asistencia humanitaria y reubicación de refugiados en todo el mundo, así como su admisión en determinadas circunstancias. Esta legislación benefició, entre otros, a los centroamericanos que tuvieron que abandonar su país durante la década de los conflictos armados en el istmo centroamericano.

A lo largo de su carrera política, el Senador Kennedy destacó en múltiples ocasiones las sustanciales contribuciones económicas derivadas del trabajo de los migrantes mexicanos y centroamericanos, así como su participación en la renovación del tejido social y cultural de Estados Unidos, sin dejar de lado las razones humanitarias que deben ser atendidas en el tratamiento de este fenómeno. Con frecuencia denunció los abusos sufridos por los migrantes y abogó por su acceso a los servicios de salud y educación.

En reconocimiento por su actitud fraternal y constructiva hacia nuestro país, el gobierno federal otorgó en 2008 al Senador Kennedy la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila Azteca.

He tomado nota del mensaje de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que durante la última sesión de ese cuerpo legislativo expresó sus condolencias a la familia Kennedy por esta lamentable pérdida; sin embargo, un político amigo de México de la talla del Senador Kennedy, quién se convirtió en un invaluable aliado estratégico para México en la causa común de lograr una reforma migratoria, me lleva a hacer un planteamiento en esta Soberanía.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Cámara como de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República guardará un minuto de silencio en memoria del Senador Demócrata Edward Kennedy con motivo de su fallecimiento.

Segundo.- Enviar, a nombre del Senado de la República, un sincero mensaje de condolencia al Congreso de Estados Unidos de América, en particular a su Senado, por la lamentable pérdida que representa la muerte del Senador Kennedy, impulsor de reformas y propuestas que han enriquecido el debate democrático en ese país, en particular en el delicado tema migratorio y cuyo compromiso es plenamente reconocido por esta Cámara.

Gracias, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA RINDE HOMENAJE AL SENADOR ESTADOUNIDENSE EDWARD M. KENNEDY, CON MOTIVO DE SU RECIENTE FALLECIMIENTO Y ENVIA AL SENADO DE ESTADOS UNIDOS UN MENSAJE DE SOLIDARIDAD POR ESTE SUCESO

“La suscrita, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea el presente punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Edward Moore Kennedy, durante 47 años, fue un destacado Senador que representó al estado de Massachussets en el Congreso federal estadounidense. De manera particular, el senador Kennedy siempre estuvo atento a temas vinculados con las minorías sociales de ese país y, sin escatimar esfuerzo, con aquellos que se refieren a los inmigrantes –latinos en su mayoría, mexicanos primordialmente-, sujetos a discriminación, abusos, violencia e injusticia. Todo ello se vio siempre reflejado no sólo en sus intervenciones en tribuna sino, además, en una serie de propuestas legislativas que encabezó y que fueron de gran utilidad para que la comunidad latina tuviese en el cuerpo legislativo instrumentos que le sirvieran para incorporarse plenamente a una sociedad que les era ajena en costumbres, idioma e historia. Esas comunidades hoy son parte de la historia de Estados Unidos, y en buena medida lo son gracias al permanente reconocimiento de sus aportaciones hechas por Edward M. Kennedy en casi medio siglo de labor Legislativa.

La relación de sus iniciativas en dicha materia es extensa, pero es oportuno referir algunas de las que tuvieron mayor impacto y resultaron del interés de México:

• En 1965 impulsó el Acta de Inmigración, que representó un cambio de enorme significado en la política migratoria de su país, al reformar la manera en que los inmigrantes eran seleccionados para su admisión, dando término a la práctica de hacerlo sobre la base de su origen nacional, su raza y sus antepasados, que operaba desde 1924.

• El Senador Kennedy fue el principal impulsor del Acta de Inmigración de 1990 que incrementó las cuotas para la unificación familiar y el proponente original del Acta sobre la Violencia en contra de la Mujeres, en 1994, y de su reautorización en 2000, que permite a las mujeres maltratadas por su parejas solicitar, para ellas y sus hijos, la residencia permanente en Estados Unidos.

• Fue el líder del respaldo demócrata al Acta de Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza y Reforma del Sistema de Visas de 2002, mediante la cual se procuró equilibrar la estricta aplicación de las leyes migratorias con una firme protección de las libertades civiles y los derechos de los inmigrantes.

• En mayo de 2005, en compañía del Senador republicano John McCain, Kennedy presentó una iniciativa bipartidista destinada a llevar a cabo una reforma integral del sistema migratorio estadounidense, por considerar que el mismo estaba en absoluta quiebra. Esta iniciativa, que no prosperó a pesar de haber tenido cierto respaldo del Ejecutivo estadounidense, hubiera sentado las bases para una modificación sustancial de las relaciones entre México y Estados Unidos en el tema migratorio.

• También son dignas de recuerdo sus inquietudes por la situación de quienes llegaban a Estados Unidos huyendo de persecución política, que en 1980 lo llevaron a proponer el Acta de Refugiados que estableció una política gubernamental para proveer asistencia humanitaria y reubicación de refugiados en todo el mundo, así como su admisión en determinadas circunstancias. Esta legislación benefició, entre otros, a los centroamericanos que tuvieron que abandonar su país durante la década de los conflictos armados en el istmo.

A lo largo de su carrera política, el Senador Kennedy destacó en múltiples ocasiones las sustanciales contribuciones económicas derivadas del trabajo de los migrantes mexicanos y centroamericanos, así como su participación en la renovación del tejido social y cultural de Estados Unidos, sin dejar de lado las razones humanitarias que deben ser atendidas en el tratamiento de este fenómeno. Con frecuencia denunció los abusos sufridos por los migrantes y abogó por su acceso a los servicios de salud y educación.

En reconocimiento “por su actitud fraternal y constructiva hacia nuestro país”, el gobierno federal otorgó en 2008 al Senador Kennedy la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca.

He tomado nota del mensaje de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que durante la última sesión de ese cuerpo legislativo expresó sus condolencias a la familia Kennedy por esta lamentable pérdida; sin embargo, creo que un político amigo de México de la talla del Senador Edward Kennedy merece el reconocimiento de quienes tuvimos la suerte de conocerle, y de quienes reconocemos en él a un hombre comprometido con aquellos que, por diversas y adversas circunstancias, arribaron a su país para brindar apoyo económico a sus familias y que han entregado a esa tierra, como moneda de cambio, su esfuerzo, su juventud y, en muchas ocasiones, su vida entera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República Guardará un minuto de silencio en memoria del Senador demócrata Edward M. Kennedy, con motivo de su fallecimiento.

SEGUNDO.- Enviar, a nombre del Senado de la República, un sincero mensaje de condolencia al Congreso de Estados Unidos de América, en particular al Senado, por la lamentable pérdida que representa la muerte de Edward M. Kennedy, impulsor de reformas y propuestas que han enriquecido el debate democrático en ese país, en particular en el delicado tema migratorio, y cuyo compromiso es plenamente reconocido por esta Cámara.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2009.

Sen. Rosario Green Macías”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

CARLOS NAVARRETE RUIZ

- El C. Presidente Carlos Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senadora Green Macías.

Quiero dividir en dos partes la propuesta escuchada en tribuna.

En primer lugar, solicito a la Asamblea, a los señores Senadores y Senadoras de la República, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria del gran Senador y amigo de nuestro país Edward Kennedy, del Senado de los Estados Unidos.

(Se guarda un minuto de silencio)

Este es el homenaje del Senado mexicano, a ese gran Senador Edward Kennedy.

Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de Acuerdo es de considerarse de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Señor Senador, a favor, tiene el uso de la palabra, Senador Villarreal García.

- El C. Senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, señor Presidente.

Nos sumamos, desde luego, a la propuesta generosa e inteligente que propuso la Senadora Rosario Green, que nos parece que es un buen momento para honrar a quien fue un buen amigo de México y de los mexicanos, quizás el Senador más progresista y liberal de la historia reciente del Senado norteamericano. Un hombre que tenía la capacidad de reconocer los errores que durante su vida cometió. En los próximos días saldrá a la venta las memorias que él mismo alcanzó a escribir, y ahí hace reconocimientos fuertes y posiciones fuertes hacia su persona, pero también hacia el pensamiento que siempre expresó y defendió en la Cámara de los Senadores.

El Partido Acción Nacional se suma a este punto de Acuerdo, porque lamenta profundamente la muerte del Senador Edward Kennedy, porque México pierde con su deceso a un importante aliado.

El Senador Kennedy fue el líder más importante que ha tenido el Congreso de los Estados Unidos en los últimos 47 años. Su importante labor política y legislativa quedará marcada por su invaluable dedicación a las causas nobles y justas. Su trabajo siempre estuvo encaminado a impulsar medidas legislativas que impactaron de manera positiva la vida de millones de ciudadanos estadounidenses y han sido fuente de inspiración de legisladores de todo el mundo.

En México, recordaremos con alta estima al Senador Kennedy como un amigo cercano, como un amigo siempre abierto y dispuesto a dialogar para lograr la consecución de acuerdos que permitieran a ambas naciones encontrar puntos de convergencia en temas de interés mutuo como fórmulas que benefician a ambas partes.

Entre la importante labor legislativa del Senador Kennedy, destaca su participación en la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que puso fin al sistema de cuotas basado en la nación de origen, su activismo a favor del respeto, de los derechos de las minorías, su apoyo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y desde luego las iniciativas en materia migratoria presentadas en el 2005, 2006 y 2007.

En honor a su legado, es necesario que mexicanas y mexicanos, estadounidenses, continuemos trabajando de manera conjunta para seguir fortaleciendo y profundizar la relación entre México y Estados Unidos, teniendo siempre presentes las necesidades y anhelos de nuestras sociedades y el objetivo compartido de satisfacerlas, sólo así podremos honrar la memoria de un amigo, que descanse en paz.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, Senador Villarreal García. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Senadora Green Macías.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo presentado por la Senadora Rosario Green Macías. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Señoras Senadoras, señores Senadores de la República, quiero dar la más cordial bienvenida al recinto senatorial a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, invitados por el Senador Antonio Mejía Haro, y hacemos nuestra congratulación de que visiten el Senado de la República, atestigüen sus debates, conozcan su funcionamiento y ojalá que no sea solamente una visita parcial, sino que tengamos mucho más presencia universitaria y de jóvenes de nuestro país.

Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia.

Tiene la palabra el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: Estimado señor Presidente, con su venia; estimadas amigas y amigos legisladores:

Yo quisiera plantearles a ustedes que con atención me escuchen, porque el tema es muy delicado, y se trata efectivamente en el marco de una limpieza a fondo en el Estado mexicano el tema que yo les voy a tratar.

El Congreso de la Unión ratificó el nombramiento expedido por el titular del Ejecutivo Federal a favor del C. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria, y por su parte, el 11 de diciembre del mismo año, el Senado de la República ratificó el nombramiento a favor del C. Juan Carlos Rizo León, como Administrador General de Grandes Contribuyentes.

El C. Ortiz Mena, tuvo el cargo de Administrador General Jurídico a partir de 2003 y de Administrador General de Grandes Contribuyentes del propio SAT a partir del 2006.

La Auditoría Superior de la Federación nos ha planteado que comenzó a detectar y documentar un magro desempeño del SAT en materia de recaudación, y sobre todo, aquella que respecta a lo que se deriva el sector de grandes contribuyentes.

Cuando el Foro de la Reforma Energética, el propio auditor nos dijo: “Que había grandes contribuyentes que pagaban 70 pesos de ISR, y 60 pesos de IVA”, y que eso explicaba, si ustedes observan hoy el desempeño del SAT, que existan el doble de recaudación de PEMEX a lo que está recaudando el SAT de otros contribuyentes.

Yo quiero decirles que el propio SAT ha reconocido que los juicios que pierde, casi la mitad de ellos, parece ser que ahora son menos, pero son de grandes contribuyentes.

Y existe algo que nos llama la atención y que he planteado en el escrito que fue publicado en la Gaceta, pidiendo una corrección, que el nombre correcto de Christian R. Natera, es Luis Eduardo Natera Niño de Rivera, plantearles un fenómeno grave de conflicto de intereses.

El señor Ortiz Mena, estuvo en el despacho Ortiz Sainz y Tron, establece el área fiscal de despacho White & Case, en 2001.

Y a partir de 2003 a la fecha, siendo Jefe del SAT, dejó el despacho, construyó su área fiscal y litigó a favor de particulares contra el SAT.

Juan Carlos Rizo, compañero en el despacho Sainz y Tron, ahora solamente Tron, que litiga también contra el SAT, es el Administrador General de Grandes Contribuyentes, una vez que su compañero Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dejó Grandes Contribuyentes, y pasó a Jefe del SAT.

Pertenecen a White & Case, Vicente Corta, que fue Asesor Jurídico y Subsecretario, y Director Jurídico, en 61, en la época del gran Francisco Gil Díaz, el zar de esta red. Hoy, en 2003, Vicente Corta ingresa a White & Case.

Luis Mancera Arrigunaga, Director de Banca y Ahorro, y Procurador Fiscal, de 2007 a la fecha maneja el área de Banca y Comunicación de White & Case.

Alberto Sepúlveda Cosío, Asesor de Banamex y Avantel, hoy es socio de White & Case.

Y Margarita de la Cabada, que era Secretaria Jurídica del IPAB, es socio de White & Case.

White & Case tiene y recluta funcionarios del sector financiero mexicano; y White & Case, además es asesor y representante de PEMEX, de Hacienda y de varias dependencias oficiales.

Hay un claro conflicto de intereses en quienes funcionan en el SAT, con sus relaciones profesionales.

Yo no quiero seguir más ocupando el tiempo que me corresponde. He pedido que la Junta de Coordinación Política sea la que atienda la petición de citar al Secretario de Hacienda; de solicitar a la Auditoría Superior, por medio de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, una puntual revisión de lo que ocurre en el SAT, y que podamos decir, yo lo pienso como Senador después de conocer esta información: “Que la confianza otorgada por este Senado en la ratificación a estos funcionarios, debe ser revisada por el Senado de la República”.

Sé que a muchos de ustedes les han llamado pidiendo que este tema no prospere, empresarios preocupados y funcionarios también afligidos.

Pero quiero decirles: que vale la pena, que si vamos en serio, vayamos a tocar el tema del SAT, para que el SAT sea una instancia confiable y tenga la confianza el Senado que ratifique a sus funcionarios.

Es cuanto, señor Presidente.

Pido la rectificación del nombre y todo este texto que he presentado, diferente al publicado en la Gaceta, para que sea tomada en cuenta la notificación en el nuevo texto.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

“Quien suscribe, Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Haciendo uso de las facultades que expresamente disponen los artículos 76, fracción II y 78, fracción VII de nuestra Constitución Política, el día 9 de julio de 2008 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratificó el nombramiento expedido por el titular del Ejecutivo Federal a favor del C. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como Jefe del Servicio de Administración Tributaria; y, por su parte, el 11 de diciembre del mismo año, el Senado de la República ratificó el nombramiento que el propio Ejecutivo emitió a favor del C. Juan Carlos Rizo León, como Administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

Cabe destacar que el C. Gutiérrez Ortiz Mena desempeñó los cargos de Administrador General Jurídico, a partir de 2003, y de Administrador General de Grandes Contribuyentes del propio SAT, a partir de 2006, contando en su oportunidad con la aprobación del Senado de la República.

En uno y otro caso, mediante el acto de ratificación el Legislador Federal otorgó su confianza a ambos funcionarios superiores de hacienda, considerando que contaban con un perfil adecuado, dada su capacidad técnica y profesional, solvencia moral y honestidad y toda vez que contaban con “los elementos suficientes para aportar al Servicio de Administración Tributaria los conocimientos de su experiencia en diversos sectores”, por lo que sus designaciones abonarían “elementos que mejoren permanentemente las actividades que el cargo tiene conferidas, en beneficio de los ingresos que el país requiere”.

Sin embargo, a partir de 2005, la Auditoría Superior de la Federación comenzó a detectar y documentar un magro desempeño del SAT en materia de recaudación, sobre todo respecto de aquella que deriva del sector de grandes contribuyentes. Pérdida fiscal que coincide con una muy deficiente defensa jurídica del sector público en los juicios entablados contra el propio Servicio de Administración por algunos de esos grandes contribuyentes.

En el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 la Auditoría encontró que el SAT enfrentó un total de 47,070 juicios fiscales, de los cuales fueron concluidos un 73%, resultando el 53.2% de ellos con sentencia desfavorable para la administración pública.

Desde entonces, el mismo Auditor Superior de la Federación ha destacado la existencia de un boquete fiscal importante derivado de la baja recaudación, especialmente de la que deriva del sector de grandes contribuyentes, que se compensa con los ingresos petroleros. Situación que se complicó durante los ejercicios subsecuentes, a tal grado que, de acuerdo al segundo informe trimestral del presente ejercicio, se han obtenido ingresos tributarios por 389 mil millones de pesos, mientras que por la actividad petrolera los ingresos ascienden a 608 mil millones de pesos.

Tal desempeño de las autoridades fiscales en México, hace considerar que la confianza que este Legislador Federal depositó en los funcionarios en cuestión no ha sido correspondida durante el ejercicio de su cargo.

La coincidencia entre la baja recaudación que proviene del sector de grandes contribuyentes y el ineficaz papel que el SAT ha jugado en la defensa de los intereses nacionales al perder la mayoría de los juicios fiscales, en buena medida contra contribuyentes de ese mismo sector, hacen necesario que este órgano legislativo federal preste especial atención a las razones que subyacen en el problema.

De hecho, la Auditoría Superior ha dado ya inicio a un examen especial de desempeño al SAT, en especial al área de Administración General de Grandes Contribuyentes, que en el sexenio anterior realizó devoluciones de impuestos a los principales consorcios del país por 680 mil millones de pesos. El auditor anunció también, que aplicaría una auditoría al proceso de recuperación de créditos fiscales del propio SAT.

La circunstancia anterior se agrava cuando se observan algunas condiciones que vinculan a los altos funcionarios de hacienda con la acción de particulares dedicados precisamente a combatir sus resoluciones y eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes.

Diversos funcionarios de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria son socios o fueron socios de White & Case, una firma privada en donde parecen coincidir quienes por un lado ejercen funciones públicas relativas a la recaudación y quienes representan a grandes contribuyentes que han llevado al SAT a litigios fiscales, muchos de los cuales han sido perdidos por éste.

El despacho White & Case es representante de clientes particulares en conflictos fiscales en contra del SAT y, a la vez, es asesor de la propia Secretaría de Hacienda.

Dicha firma privada llevó la dirección del análisis legal y técnico del estatus de Banamex y Citigroup. Los abogados de cabecera son Alberto Sepúlveda Cosío, por años asesor de Roberto Hernández y todo su equipo, así como Luis Mancera Arrigunaga, ex procurador fiscal y hombre de todas las confianzas del ex secretario de hacienda Francisco Gil Díaz. Ambos, se apoyan en Javier Arrigunaga, el abogado interno que fue director del extinto FOBAPROA y que tuvo en sus manos todo el esquema de rescate financiero de Banamex.

A la firma, han pertenecido en diversos momentos funcionarios y ex funcionarios públicos como José María Zubiría Maqueo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que han detentado responsabilidades claves en el SAT; por otra parte, Vicente Corta y Margarita de la Cabada han ejercido responsabilidades en el IPAB, y Luis Mancera Arrigunaga lo ha hecho en la Secretaría de Hacienda y en el extinto FOBAPROA. La historia se hila como sigue:

En 1989 se funda el despacho Ortíz, Saínz y Tron S.C., donde convergen Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y Juan Carlos Rizo León. El primero, se va a la SHCP en 1995 como DirectorGeneral de Política y Asuntos Fiscales Internacionales. De 1996 a 1997 se establece en la Procuraduría Fiscal de la Federación y los tres años siguientes se dedica al ejercicio privado en firmas nacionales e internacionales como Covington & Burling, Holland & Knight-Gallástegui y Lozano, y finalmente en White & Case. En aquél entonces este despacho le brinda asesoría fiscal a Avantel y Banamex.

Durante aquellos años (1988-1994) Francisco Gil Díaz se encontraba en la SHCP como subsecretario de ingresos y posteriormente en Avantel como director, teniendo a José María Zubiría Maqueo como vicepresidente de finanzas y administración en Avantel (1997-2000).

Para 2001 el despacho Ortíz, Saínz y Tron deja de existir, pero la relación continuaría hasta el día de hoy: en 2003 nombran a José María Zubiría Maqueo Jefe del SAT y a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Administrador General Jurídico del SAT, cargo que ocupa hasta 2006, cuando lo nombran Administrador General de Grandes Contribuyentes. En 2008, Ortíz Mena es nombrado Jefe del SAT y lo sustituye Juan Carlos Rizo en el cargo de Administrador General de Grandes Contribuyentes.

Es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien establece el área fiscal de White & Case en México en 2001.

Otro funcionario del SAT que es asociado senior de White & Case, es Christian Raúl Natera Niño de Rivera, que es socio fundador de la firma Tron y Natera, S.C., y desde 2008 ocupa el cargo de Administrador Central de Fiscalización de Precios a Transferencia.

Vicente Corta Fernández, quien fuera vocal del IPAB en 1999, ingresa en 2001 a la firma White & Case, pero Vicente Fox lo llama a dirigir la CONSAR. Para 2003 se reintegra al despacho como socio.

Luis Mancera Arrigunaga de 2007 a la fecha se encuentra en Banca y Comunicaciones de White & Case. Mancera Arrigunaga fue director de Avantel en el 2000,trabajó en la SHCP durante 2004 y posteriormente fue Procurador Fiscal en2006.

Antes de incorporarse al IPAB, Margarita de la Cabada Betancourt fungió como directora adjunta del área de Asesoría Jurídica de Crédito, Especializada e Internacional del Banco Nacional de México, S.A., según su propio currículum. De la Cabada salió de Banamex cuando éste fue comprado por Citigroup, que colocó a su propio equipo jurídico y ahora es socia del White & Case.

El IPAB también contrató al despacho White & Case, del cual es socio el ex integrante del Comité Técnico del Fobaproa y ex secretario ejecutivo del IPAB, Vicente Corta. Este bufete vendió al instituto “servicios de asesoría legal para operaciones financieras”.

En suma, es evidente la posibilidad de un conflicto de intereses de los funcionarios que hoy ocupan posiciones consideradas como empleados superiores de hacienda, por vincularse a un grupo de personas que a través de un tránsito permanente entre posiciones públicas y actividades privadas, constituyeron en la firma White & Case un centro de operaciones para beneficio de algunos grandes contribuyentes, generando perjuicios a la administración hacendaria.

Este grupo, al mantener a determinados profesionistas en rotación en instancias públicas como el FOBAPROA, el IPAB, la Secretaría de Hacienda y, desctadamente, el SAT, ha tenido acceso a información importante y confidencial relativas a los diversos procesos fiscales y financieros que han impactado la vida de nuestro país, como el rescate bancario, la compraventa de grandes entidades financieras y la elusión legal del cumplimiento de las obligaciones fiscales de grandes contribuyentes.

Pareciera que los encargados de cobrar los impuestos son parte interesada en los litigios de los grandes contribuyentes que eluden y evaden el pago de impuestos. Además de que les son devueltos cuantiosos créditos fiscales que configuran un grave daño al ingreso fiscal del país.

Por ello, consideramos necesario que este órgano legislativo sea informado por la autoridad hacendaria respecto de las dudas que se han planteado en la presente proposición, para lo cual es preciso que el Senado de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 93 constitucional, llame a comparecer al C. Agustín Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al Acuerdo que para el efecto apruebe la Junta de Coordinación Política, cita al C. Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para efecto de que informe a esta Soberanía sobre el desarrollo de las funciones que ejercen el titular del Servicio de Administración Tributaria, el Administrador General de Grandes Contribuyentes, así como el Administrador Central de Fiscalización a Precios de Transferencia.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, instruya a dicho órgano superior de fiscalización a efecto de que en un examen especial de desempeño al Servicio de Administración Tributaria, investigue:

- Créditos fiscales cancelados por incosteables o incobrables a grandes contribuyentes;

- Montos y regularidad de las devoluciones de impuestos por ejercicio fiscal a las principales personas morales en los últimos cinco años en el sector de grandes contribuyentes;

- Los montos efectivos obtenidos del pago de los impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta provenientes de dichos contribuyentes;

- La incidencia de procedimientos administrativos o jurisdiccionales de carácter fiscal en que se han visto involucrados dichos contribuyentes y el impacto de las resoluciones en la recaudación nacional, y

- La incidencia de procedimientos administrativos o jurisdiccionales de carácter fiscal en que se ha visto involucrada la firma jurídica White & Case y sus resultados.

Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009.

Suscribe”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Graco Ramírez. Se acepta la solicitud del Senador para incorporarse en sus términos, y se turna éste a propuesta del Senador, a la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Hacienda correspondiente.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño)Señor Presidente, pido la palabra.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Arroyo.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño)Todos quienes iniciamos una proposición con punto de Acuerdo a efecto de que venga algún funcionario a comparecer, nos gustaría recibir el mismo tratamiento. Que la Junta de Coordinación Política, y la comisión ad hoc, se ocupen.

Sin embargo, en este caso creo que debe de ser la Comisión de Hacienda.

Todos los grupos parlamentarios tenemos ahí a representantes por demás confiables.

En nuestro caso, nada más, fíjese usted, está la Senadora Amira Gómez Tueme.

Y en el caso de otros grupos parlamentarios, tienen a Senadores y Senadoras igual de ilustres.

Luego, entonces, por no presentar un precedente nocivo de práctica parlamentaria, a menos de que todas las proposiciones con punto de Acuerdo les demos un tratamiento similar, le rogaría tuviese usted la gentileza de mandarlo a la Comisión de Hacienda.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se recibe el punto de vista del Senador Arroyo, en representación de su bancada parlamentaria, y por supuesto, tengo que consultar a las bancadas parlamentarias respectivas.

Pido la opinión del Presidente de la Comisión de Hacienda, del PAN, si fuera tan amable.

- El C. Senador José Isabel Trejo Reyes: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para manifestar a usted, señor Presidente de la Mesa Directiva, que comparto totalmente el punto de vista de mi compañero el Senador Arroyo.

Yo creo que el Partido de la Revolución Democrática está digna y capazmente representada en la Comisión de Hacienda, a donde se está turnando también el punto.

Entendiendo la delicadeza del fondo del tema, la comisión tiene una capacidad suficiente para procesarlo, y que no dejáramos el antecedente de que efectivamente todos los Senadores considerásemos que nuestros puntos propuestos tienen la magnitud, la delicadeza, como para que la Junta de Coordinación Política trate todo, y entonces ahí estaríamos no siendo eficaces, en mi opinión, legislativamente.

Yo rogaría que se considerara para que quedara en la Comisión de Hacienda, ofreciéndole al señor Senador de que en su momento participará, y todas las bancadas tendrán conocimiento del procesamiento del punto.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Le agradezco su opinión.

Senador Monreal Avila, del PT.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) SeñorPresidente, yo creo que el turno que usted le dio fue el correcto.

En relación a la expresión del Senador Arroyo, le quiero expresar: que la bancada del PT no tiene asiento en la Comisión de Hacienda, y a nosotros nos interesa discutir este tema. Por tanto, el turno que le dio me parece correcto.

En este momento estamos en revisión integral del número de comisiones y de los integrantes de esta nueva legislatura. El estudio se terminará el día 23.

Pero nosotros no participamos en la Comisión de Hacienda, como grupo parlamentario. En todo caso, en la revisión solicitaremos un asiento en la Comisión de Hacienda. Pero a mí me parece correcto el turno que se le ha dado originalmente.

En donde sí participamos es en la Junta de Coordinación Política.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Monreal Avila. Tiene la palabra el Senador Graco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu: (Desde su escaño)Yo saludo la preocupación y la pulcritud parlamentaria del Senador Arroyo, se distingue entre otros por ello.

Pero yo hice una consulta con los coordinadores para plantear el turno por la relevancia del asunto, y encontré su anuencia.

No sé si esté en contradicción lo dicho por el Coordinador del PRI, al grupo que pertenece el Senador.

Pero, yo plantearía, entonces, que pasara el dictamen del citar y comparecer, en el caso del tema específico de lo que he señalado, a la Comisión de Hacienda; y pido a la Junta de Coordinación Política, por la relevancia del tema, en virtud de que el Senado sanciona el nombramiento de funcionarios, que podamos solicitar a la Auditoría Superior de la Federación los requerimientos que he señalado, muy puntuales, para poder conocer en una extensa revisión de lo que ocurre en el SAT, qué es lo que está pasando con la recaudación fiscal en nuestro país.

- El C. Senador Francisco Arroyo Vieyra: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Senador Arroyo Vieyra, permítame hacer una consideración, que podría, creo, resolver bien.

Esta Mesa Directiva, si bien tiene facultades para dar los turnos correspondientes, sólo puede hacerlo con el consenso mayoritario de la Asamblea.

Y es evidente que hay un planteamiento mayoritario de que el punto de Acuerdo sea turnado a la Comisión de Hacienda.

Sin embargo, en consideración al planteamiento del Senador Graco Ramírez, puedo asumir el compromiso de que como integrante de la Junta de Coordinación Política pueda proponerlo al Senador Madero, para ser agendado en su siguiente sesión.

Y, por lo tanto, rectifico el turno, para turnar el punto de Acuerdo del Senador Graco Ramírez, a la Comisión de Hacienda; en el entendido que como uso y costumbre del Senado, a la Comisión de Hacienda podrán acudir todos los Senadores que lo consideren conveniente, con pleno derecho a voz, independientemente de su pertenencia o no a la propia comisión.

Queda terminado el turno. Y continuamos.

Se concede la palabra al Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de Acuerdo para solicitar un informe al Ejecutivo, sobre los avances de la estrategia militar en contra del crimen organizado. Hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Nuestro grupo parlamentario, el PT, siempre se opuso a la Iniciativa Mérida. Se opuso, porque nosotros consideramos que el país, nuestro país, ha asumido una posición de dependencia frente a los Estados Unidos.

Recientemente el embajador de los Estados Unidos, ha dicho de manera pública: “vamos a evaluar el desempeño del Ejército mexicano, para ver si procede seguirles entregando los recursos provenientes de la Iniciativa Mérida”.

Y dijo más: “el Congreso norteamericano ha solicitado, informe el Ejército mexicano sobre las violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles”.

Y dijo el embajador norteamericano: “mientras no envíen esa información, que estamos solicitándole al gobierno mexicano y a la Secretaría de la Defensa Nacional, no habrá un solo dólar que financie esa lucha contra el narcotráfico”.

Y luego ayer, el mismo embajador de los Estados Unidos, dice: “que se ha firmado un convenio con nuestro país, para permitir la construcción de redes de comunicación transfronteriza”.

Y el Senado de la República, callado.

Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional informa puntualmente al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nunca, no le interesa el Senado mexicano, que es el responsable constitucional de revisar la política exterior y los tratados internacionales.

Yo al menos, lo que estoy solicitando, fíjense ustedes, porque entiendo que no tengo mayoría, ni simpatía de muchos de ustedes, al menos estoy solicitando que el informe que le dieron al Congreso norteamericano, pues nos den copia. Que nos marquen copia al Senado mexicano, o bien, yo les diría: “solicitémosle al Congreso norteamericano, que nos envíe copia simple de lo que la Secretaría de la Defensa Nacional le informó al Congreso norteamericano”.

O al menos, intentemos, que nos ayude la Senadora Rosario Green y la Senadora Yeidckol, que tienen muy buenas relaciones con la política exterior, que el embajador de los Estados Unidos nos haga el favor de enviarnos una copia de lo que la Secretaría de la Defensa Nacional le informó al Congreso norteamericano y a nosotros no nos puede informar.

De ese tamaño es la incongruencia de nuestro gobierno. Y de ese tamaño es la pequeñez, que muchos creen que tiene el Senado de la República.

Vean las declaraciones públicas. Ayer se dijo: “firmamos convenio para fijar comunicaciones transfronterizas entre México y Estados Unidos”.

Sin la autorización del Senado.

Sin la autorización de quien debe ratificar los tratados y convenios internacionales. Y éste es, un convenio internacional.

Entonces, mi punto de Acuerdo es, casi suplicándole al gobierno mexicano que le digaal Congreso de los Estados Unidos, que nos envíe copia fotostática, simple, no queremosni certificada, para que no gaste el Congreso norteamericano, sino que nos envíen por fax, loque la Secretaría de la Defensa Nacional le informó en materia de derechos humanos y sus violaciones.

Porque el día de ayer estuvo aquí Human Rights, y nos dio un informe que les recomiendo lean. Es sobre los abusos de violaciones de derechos humanos de la milicia, y sobre el fuero militar. Léanlo, es muy grave lo que está pasando en nuestro país.

Y es muy grave que a este Senado mexicano todo mundo lo ignore; todo mundo lo minimice; todo mundo lo desprecie; pero eso es lo que nosotros nos ganamos, por actuar de esa manera tan tibia y tan pusilánime.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME AL EJECUTIVO SOBRE LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA MILITAR EN CONTRA DEL CRIMEN ORGANIZADO

“RICARDO MONREAL AVILA, en nombre propio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional, envíen un informe detallado con los avances y perspectivas de la lucha militarizada contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos, en el marco del informe que se presentará al Congreso de los Estados Unidos de América con motivo de la Iniciativa Mérida.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009”.

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese el presente punto de Acuerdo a la Comisión de Gobernación para los efectos correspondientes.

Señoras Senadoras y Senadores: Los puntos de Acuerdo pendientes serán ordenados por la Mesa Directiva para iniciar con ellos en la sesión del próximo martes, en atención a la hora en que está transcurriendo esta sesión.






EXCITATIVAS 

Permítanme, solamente en otro apartado del Orden del Día, informar que se recibió de la Senadora Lazara Nelly González Aguilar, del grupo parlamentario del PAN, una solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 constitucional.

“SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

Lázara Nelly González Aguilar, Senadora de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente le solicito que: EXCITE en nombre de esta Cámara, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, a que presenten el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta del Senado de fecha 4 de noviembre del 2008 al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, de excitar a las Comisiones en nombre de la Cámara, a que presenten el dictamen cuando han transcurrido veinte días hábiles después de que les fue turnado un asunto, con objeto de que lo presenten en el término de diez días.

SEGUNDA.- El martes cuatro de noviembre de 2008, presenté junto con el Senador Rodriguez y Pacheco la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 87 Constitucional, el turno de la Presidencia fue a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

TERCERA.- En virtud que ha iniciado una nueva Legislatura y las comisiones referidas no han emitido el dictamen correspondiente, es la motivación por la que le solicito de la manera más atenta de trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

PRIMERO.- Excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, a que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores México, D.F., a 3 de septiembre de 2009.

Atentamente

Sen. Lazara Nelly González Aguilar”.

En consecuencia, esta Presidencia emite excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen correspondiente; con la sugerencia respetuosa a la Senadora González Aguilar, de que, en ejercicio pleno de sus derechos, acuda también a la comisión correspondiente para impulsar esta excitativa.

De la misma manera el Senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del PRD, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas.

“El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, Senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente solicito de esta presidencia, que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 66 inciso c), 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; que en pleno uso de sus facultades Formule excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y Estudios Legislativos, Primera, a efecto de que rindan el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Las iniciativa en comento fue presentada en la sesión ordinaria del día 13 de noviembre de 2007, determinando la presidencia turnarla a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera.

SEGUNDO. Las comisiones están obligadas a realizar su labor de dictaminación dentro de los 20 días hábiles siguientes al turno de los instrumentos encomendados, en estricto apego al proceso legislativo.

TERCERO. El término referido, ha sido notoriamente superado sin que a la fecha se cuente con un dictamen, lo que a todas luces es contrario a la observancia de la legislación interna del Congreso.

CUARTO. La Presidencia de esta Cámara debe velar por el estricto cumplimiento del marco regulatorio en el Senado.

QUINTO. La iniciativa referida, se presenta como un esfuerzo para afinar y mejorar los actuales procesos de gestión integral del agua por cuenca hidrológica, concepto al que se le reconoce como el espacio idóneo para llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos, por lo que debieran gestionarse de manera integral y sustentable tomando en cuenta las interrelaciones que existen entre la actividad humana, el agua y demás componentes de la biodiversidad; estableciendo en consecuencia políticas públicas transversales y de largo alcance; visión que enriquecería el nuevo marco jurídico que en materia de agua, el congreso debe aprobar.

SEXTO.Hoy resulta urgente establecer una estrategia de corto, mediano y largo plazo para detener la sobre explotación de los mantos acuíferos, mediante la modernización del marco jurídico relativo, la implementación de políticas públicas de mayor eficacia y la dotación de recursos suficientes para invertir en el sector.

Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.

 


 

SEPTIMO. Aunque nuestro país goza de una disponibilidad natural media -pues anualmente cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable- enfrentamos una situación crítica derivada de la sobreexplotación del vital fluido, la mayor parte de nuestras cuencas presentan riesgo de agotamiento debido a un manejo inadecuado de tal recurso. Existen vicios persistentes que redundan en pérdidas de hasta la mitad del líquido: falta de tecnificación en distritos de riego, desperfectos en la red de distribución, incontables pozos clandestinos y falta de conciencia de uso racional.

OCTAVO. La explotación desmedida de recursos hidráulicos, es ya evidente en cuencas como la del río Lerma, que abastece aDistrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro; pero no es un asunto que involucre sólo a esas entidades, sino a todos los niveles de gobierno, pues la disponibilidad natural media per cápita, ha disminuido de 18 035 m³ por habitante al año en 1950 a tan sólo 4 312 en el 2007.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el Artículo 67, inciso g), en relación con el artículo 66, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, tiene la atribución para hacer efectivas las solicitudes de excitativa que le formulen los Senadores, por lo que, con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitar de la manera más atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO.- En el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables tenga a bien excitar a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera; para que dictaminen la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas,presentada por el suscrito, en la Sesión Ordinaria del día 13 de noviembre de 2007.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2009”.

Por ello, esta Presidencia formula excitativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen que corresponda a la brevedad posible.

Y, por lo tanto, señores Senadores y Senadoras, en atención a la hora en que iniciamos la sesión, con nuestro reiterado agradecimiento para que mantengamos este esfuerzo de utilización óptima de los tiempos del Pleno, esperamos que el próximo martes a las 11:00 en punto de la mañana pudiésemos dar inicio a la sesión correspondiente para que a las 15:00 horas en punto pudiéramos levantar.

Por lo tanto, solicito al señor Secretario dé lectura al Orden del Día de la siguiente sesión.

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 8 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso

de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento

Plaza Sebastián Lerdo de Tejada

Teléfonos: 51-30-22-28

51-30-22-18

Internet: http://www.senado.gob.mx

Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx


Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial.





 
SUMARIO


SECRETARIA DE GOBERNACION

Remite:



- INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



- Convenio sobre el Trabajo Marítimo, adoptado en Ginebra, el 7 de febrero de 2006, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como copias simples del dictamen desfavorable emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contenido en los Antecedentes, Análisis, Conclusiones y Dictamen del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su Nonagésima Cuarta Reunión (Marítima), en febrero de 2006.



- Acuerdo Internacional del Café de 2007, adoptado en Londres, el 28 de septiembre de 2007, en el marco de la Organización Internacional del Café (OIC).



- Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General Iberoamericana relativo al Establecimiento en México de una Oficina de Representación, firmado en la ciudad de México el 8 de julio de 2009.



- Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para la Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que conforman el Patrimonio Natural que hayan sido Materia de Robo o de Tráfico Ilícito, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.



- Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.



- Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Bogotá, Colombia, el 13 de agosto de 2009.

- Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.



- Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 14 de agosto de 2009.



- Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de julio de 2009.



- Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México, el 5 de abril de 1994, hecho en la ciudad de México y la ciudad de San José, el 17 de julio de 2009.



- Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, hecho el 30 de junio de 2009.



- Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que Modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias de Capital, firmado en la ciudad de México el 2 de junio de 1994, suscrito en la ciudad de México, el 23 de abril de 2009.



- Ejemplares del Tercer Informe de Gobierno del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.



- De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2009.



- De la Secretaría de Energía, el informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2009.



- Solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.





CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:



- Minuta proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.



- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189 y el primer párrafo del artículo 190 de la Ley General de Salud, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.



- Minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.



- Minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.



- Minuta proyecto de Decreto que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

COMISION PERMANENTE


Remite inventario de asuntos que la Comisión Permanente del último receso de la LX Legislatura turna a las Comisiones de la Cámara de Senadores:



- Nombramiento a favor del C. Emilio Rafael José Goicoechea Luna, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva Zelanda.



- Relación de proposiciones con punto de Acuerdo, para turno a comisiones de la Cámara de Senadores.

















PROPUESTAS

- Del C. Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal liberar los recursos del FONDEN en Baja California Sur, a fin de mitigar los estragos que dejó a su paso el huracán “Jimena”.



- De la C. Senadora Adriana González Carrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política evalúe la creación de la comisión especial sobre el cambio climático.



- De los CC. Senadores Heladio Ramírez López y Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo para solicitar a la Sagarpa un programa de emergencia contra la sequía; a Sedesol, que mantenga los precios de los productos básicos que vende Diconsa; al Programa de Atención a las Contingencias y a las instituciones de seguros, operen de inmediato.



- Del C. Senador Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, otorgar mayores recursos a la educación náutica.



- Del C. Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar e informar sobre la denuncia pública hecha por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción-Tijuana, relacionada con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de extorsión y abuso de autoridad de que fueron víctimas integrantes de ese organismo por parte de elementos de la policía federal en la carretera Tijuana-Ensenada, Baja California.



- Del C. Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General del Infonavit para que informe sobre el proceso de cesión de cartera vencida, en especial, la vendida a empresas trasnacionales.



- De la C. Senadora María Serrano Serrano, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados a fin de que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se aumenten, en la medida de los posible, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena.



- Del C. Senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a fomentar el flujo de turistas de la región de Medio Oriente hacia México.



- De la C. Senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Educación Pública y a la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones en materia de presupuesto de egresos, consideren el fortalecimiento del presupuesto del Subsector Cultura para el ejercicio 2010, para que no sea menor al del ejercicio previo.



- Del C. Senador Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al director de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre los proyectos de las presas “El Zapotillo” y “Arcediano”, que se pretenden construir en el estado de Jalisco.



- Del C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a expedir un Acuerdo que salvaguarde los derechos de los trabajadores que han utilizado y que utilicen el apoyo por desempleo.



- Del C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una mesa de trabajo con las comisiones de Agricultura y Ganadería del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, en la que se diseñe de manera conjunta un plan emergente que atienda la sequía.



- Del C. Senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a implementar a la brevedad posible un programa encaminado a reforzar los servicios aeronáuticos en el estado de Sinaloa, en particular los relativos a la seguridad del tránsito aéreo en la entidad.



- De los CC. Senadores Carlos Lozano de la Torre, Carlos Aceves del Olmo y Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Infonavit a flexibilizar las condiciones actuales de reestructura de adeudos hipotecarios, a impulsar un programa de rescate de cartera vencida y protección a beneficiarios que han perdido su empleo.



- De los CC. Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara Cruz y José Luis Máximo García Zalvidea, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo relativo a las relaciones entre México y Japón.



- Del C. Senador Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a implementar un plan estratégico e integral de promoción turística en los estados que conforman la región sur sureste de nuestro país, asimismo, emita un informe sobre el estado que guarda y los resultados obtenidos en el Programa Mundo Maya.



- Del C. Senador Adolfo Toledo Infanzón, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar la vigilancia respecto del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados.



- De la C. Senadora María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no efectuar recortes a los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior en el ejercicio fiscal de 2009; así como solicitar a la Cámara de Diputados se destinen mayores recursos a estas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.



- Del C. Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos para apoyar a los productores agrícolas y ganaderos que se han visto afectados por la temporada de sequía.



- De la C. Senadora Rosario Green Macías, a nombre propio y del C. Senador Eloy Cantú Segovia, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República rinde homenaje al Senador estadounidense Edward M. Kennedy, con motivo de su reciente fallecimiento y envía al Senado de Estados Unidos un mensaje de solidaridad por este suceso. Se guarda un minuto de silencio. Interviene al respecto el C. Senador Luis Alberto Villarreal García. Se aprueba.



- Del C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe sobre el desarrollo de las funciones que ejercen el titular del Servicio de Administración Tributaria, el Administrador General de Grandes Contribuyentes, así como el Administrador Central de Fiscalización a Precios de Transferencia. Intervienen los CC. Senadores Francisco Arroyo Vieyra, José Isabel Trejo Reyes y Ricardo Monreal Avila.



- Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al Ejecutivo sobre los avances de la estrategia militar en contra del crimen organizado




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