Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Versión Estenográfica

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
CELEBRADA EL MARTES 5 DE JULIO DE 2016.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

ÍNDICE

ORDEN DEL DÍA

DECLARATORIA DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES PARA EL PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

COMUNICACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON LA CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS

TOMA DE PROTESTA DE LA SENADORA MARÍA LORENA MARÍN MORENO

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA

En relación al procedimiento aplicable para su discusión, al dictamen por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

DICTÁMEN A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación a las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal, por el que se proponen modificaciones a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contenidas en el artículo Segundo del Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN
Senador Pablo Escudero Morales
Senadora María del Pilar Ortega Martínez
Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez

VOTO PARTICULAR
Senador Armando Ríos Piter
Senador Manuel Bartlett Díaz

POSICIONAMIENTOS DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

INTERVENCIONES
Senador Manuel Cárdenas Fonseca
Senadora Martha Angélica Tagle Martínez
Senador Raúl Morón Orozco
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas
Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
Senador Isidro Pedraza Chávez

VOTACIÓN

PRESENTACIÓN DE RESERVAS
Senadora Dolores Padierna Luna

VOTACIÓN

ACTA DE ESTA SESIÓN

SE LEVANTA LA SESIÓN


SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
CELEBRADA EL MARTES 5 DE JULIO DE 2016.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (14:05 horas) Le pido a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta de la asistencia de las Senadoras y los señores Senadores.

Existen, hasta este momento, registrados 67 Senadores.

Por lo tanto, existe quórum legal.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión extraordinaria del Senado de la República del martes 5 de julio de 2016, a que fue convocada por la Comisión Permanente.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

Ruego a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

“Hoy 5 de julio de 2016, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el Segundo Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”.

Ruego a todos ocupar sus lugares.

La Secretaría comunicará por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Presidente de la Cámara de Diputados y a las Legislaturas de las entidades federativas, de la instalación de esta Cámara.

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió la comunicación del Presidente de la Comisión Permanente, por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Me permito dar lectura, señor Presidente; Asamblea, a este documento.

“Con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me dirijo al Senado de la República para informar acerca de los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarios de esa Cámara, que inician el 5 de julio del año 2016, lo que manifiesto en los siguientes términos:

Antecedentes

1. En la sesión de la Comisión Permanente del 29 de junio, la Comisión Permanente recibió del Titular del Poder Ejecutivo Federal, las observaciones que hizo el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en ejercicio de la facultad que le reconoce la fracción c) del artículo 72 constitucional, y devolvió el referido Decreto.

2. A dichas observaciones se le aplicó turno a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de los Senadores, en observancia de lo establecido en el artículo 223, párrafo III del Reglamento del Senado.

3. Adicionalmente a las observaciones descritas, también se recibió una propuesta del Presidente de la República, para someter a la consideración de la Comisión Permanente, la posibilidad de una convocatoria a un período extraordinario de sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en el que se analizaran las observaciones que ya fueron descritas.

4. En la misma sesión de la fecha mencionada, la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, una comunicación para solicitar a esa Asamblea convocar a la Cámara de Senadores a un período de sesiones extraordinarias.

5. A partir del contenido de las solicitudes recibidas, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente elaboró un proyecto de convocatoria, mismo que sometió a la  consideración de la Asamblea.

6. La Comisión Permanente aprobó por 32 votos a favor, uno en contra y una abstención, la convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del día 5 de julio del año en curso.

7.  El decreto aprobado por la  Comisión Permanente establece que durante el período de sesiones extraordinarias la Cámara de Senadores se ocupe de los siguientes asuntos:

1. Recibir, discutir y resolver el dictamen en relación con las observaciones que el Titular del Poder Ejecutivo Federal hizo al decreto por el que se expide la Ley  General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

2.  Senadoras y Senadores.

3.  Acuerdo de los órganos de gobierno.

8. Para la adecuada organización de las sesiones extraordinarias, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, convocará a sesiones en las fechas que considere oportunas, a fin de atender los asuntos antes descritos.

9.  La clausura de las sesiones extraordinarias  la realizará cuando considere atendidos los asuntos incluidos en el Decreto.

La declaratoria de clausura la podrá realizar a través de comunicación del Presidente dirigida a sus integrantes.

Con lo anterior, doy cumplimiento a lo que me obliga el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

Senador Roberto Gil Zuarth.
Presidente de la Comisión Permanente.

En la Ciudad de México, a los 5 días del mes de julio del año 2016.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dicho informe  se encuentra a disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

Y con ello la Asamblea se da por enterada y se tiene por cumplida la entrega del informe que se refiere el artículo 69 constitucional.

Informo a la Asamblea que a partir de la licencia autorizada a nuestra compañera Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, esta Mesa Directiva ha convocado a la ciudadana María Lorena Marín Moreno, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por tal motivo, solicito a las y los señores Senadores Armando Neyra Chávez, Sylvia Martínez Elizondo, Jorge Aréchiga Ávila y Lisbeth Hernández Lecona, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaytán: Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

Respetuosamente solicito a todas las Senadoras y Senadores sean tan amables de ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadana María Lorena Marín Moreno:

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”

La C. María Lorena Marín Moreno: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.

Bienvenida, señora Senadora.

(Aplausos)

Le ruego ocupe el escaño que la ha sido asignado, a fin de que se incorpore de manera inmediata al ejercicio de la función legislativa.

Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo por el que se establece el procedimiento aplicable al dictamen, discusión y votación en el Pleno, respecto de las observaciones del Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de  Justicia Administrativa.

Solicito a la Secretaría dé cuenta únicamente de sus puntos resolutivos.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.

Primero.- El presente acuerdo tiene por objetivo establecer el procedimiento aplicable para el dictamen, su discusión y votación en el Pleno, respecto de las observaciones del Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Segundo.- En el proceso de dictaminación, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, analizarán las observaciones formuladas por el Ejecutivo Federal.

Tercero.- El dictamen de las Comisiones Unidas observará los requisitos y formalidades previstos en los artículos 182 a 193, y 207 a 211 del Reglamento del Senado, y se remitirá a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente.

Cuarto.- El dictamen se referirá exclusivamente a los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, tercer párrafo; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenida en el artículo Segundo del Decreto, señaladas en el Resolutivo Primero, que fueron observadas por el Ejecutivo Federal.

Quinto.- El Dictamen de las Comisiones Unidas podrá:

Inciso a).- Insistir en el texto normativo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión.

Inciso b).- Aceptar la propuesta del Ejecutivo Federal allanándose en sus términos, tomando en consideración el texto normativo propuesto en las observaciones a los artículos señalados en el resolutivo IV.

Inciso c).- Proponer la redacción de un nuevo texto normativo relativo a los artículos observados, distinta de la propuesta efectuada por el Ejecutivo Federal.

Sexto.- El trámite del dictamen en Pleno se sujetará en lo conducente a las disposiciones previstas en los artículos 194 a 205 del Reglamento del Senado.

Séptimo.- En caso de que el dictamen sea aprobado por el Pleno del Senado de la República, de conformidad con la fracción c) del artículo 72 constitucional, se remitirá a la Cámara de los Diputados el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que continúe con la fase procesal prevista por dicha fracción.

Octavo.- Aquellas situaciones no previstas serán resueltas por la Mesa Directiva y, en su caso, sometidas a la aprobación del Pleno.

Noveno.- Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de los Diputados para su conocimiento.

Transitorio.

Primero.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria para su máxima difusión.

Senado de la República, a los 5 días del mes de julio del año 2016.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que ha sido presentado.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, sírvanse expresarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado por unanimidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo por el que se establece el procedimiento aplicable al dictamen, discusión y votación en el Pleno respecto de las observaciones del Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Comuníquese.

Tenemos ahora la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación a las observaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal, por el que se proponen modificaciones a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contenidas en el artículo Segundo del Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura.

Ruego a la Secretaría consulte ahora a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

Conforme a las normas parlamentarias aplicables, daremos paso a la etapa de presentación del dictamen y tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

El Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, señor Presidente.

El día de hoy la intervención que hago a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, quisiera hacerla en dos vertientes.

La primera lo que nos reúne el día de hoy en este período extraordinario respecto a las atribuciones constitucionales del artículo 72 que corresponden al Ejecutivo Federal respecto al veto parcial que ha hecho, hay que decirlo, a un paquete integral de siete leyes que contenía más de 600 artículos.

Hemos recibido observaciones precisas y concisas respecto a diez observaciones respecto a más de 600 artículos.

Y es verdad que creo que estoy convencido y que estoy seguro que debe existir una reflexión por parte del Senado de la República, una reflexión más allá por el Congreso de la Unión, es decir, también por la Cámara de Diputados, de a qué estamos obligados los legisladores.

Y es verdad que cuando tenemos estas discusiones intensas, estos debates fuertes y estos paquetes muy completos de tantas leyes, como era lo que estuvimos discutiendo en ese momento, de más de siete ordenamientos, de más de 600 artículos que tenían que hablarse entre sí, pero que además de hablarse entre sí de siete leyes, tenían que hablarse también con dos disposiciones que habíamos dictaminado en el Senado de la República: la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, así como también tenían que hablarse y tenían que articularse con dos grandes reformas constitucionales que hicimos en el Senado respecto al Sistema Nacional de Transparencia y la otra respecto al Sistema Nacional Anticorrupción.

Es ahí donde estaba la problemática de poder articular todos estos ordenamientos.

También el trabajo que se realizó en las comisiones obedecía, además de estos ordenamientos, a hacer una revisión, un estudio exhaustivo respecto al control difuso de convencionalidad, que no le debe quedar duda a nadie de que este Senado de la República está obligado a hacerlo derivado de la reforma de junio de 2011 al artículo 1 en materia de derechos humanos.

Todas las autoridades y por supuesto que nosotros, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, estamos obligados a llevar a cabo este ejercicio de control difuso de convencionalidad.

Es así que recibimos las observaciones del Ejecutivo Federal, observaciones a diez artículos, y observaciones también en las que recibimos otros instrumentos que era importante que revisáramos: el amparo 23-2013, el 173-2012, tesis jurisprudenciales y además una sentencia de la Corte Interamericana.

Es verdad que eso nos obliga a tener esta reflexión en el Senado de la República, de que cada vez que estemos votando una reserva, tengamos que consultar los instrumentos internacionales a los que estamos obligados, tratados internacionales, sentencias de la Corte y otros instrumentos que debemos también verificar.

Dicho lo anterior, me parece que es importante aclarar que con las modificaciones que nos propone el Ejecutivo, es importante decirlo aquí, que no se exime por ningún motivo a la iniciativa privada, a los contratistas que deseen hacerlo con el Gobierno, de la responsabilidad que tienen.

Fue así como en comisiones unidas legislamos y redactamos más de 40 artículos respectivos justamente al papel que debía tener la iniciativa  privada, y no sólo eso, los que redactamos y los que ya existían en otros ordenamientos que debían también de estar contemplados, como podría ser el 32-D del Código Fiscal de la Federación que obliga a que cualquier empresario, cualquier contratista que deseé prestar un servicio con el gobierno presente una declaración que emita el Servicio de Administración Tributaria, en la que diga que está al corriente de sus obligaciones tributarias.

Respecto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 44 establece perfectamente la redacción que tendrán que hacer y el formato que estará para que todos los empresarios hagan respecto al conflicto de intereses evento por evento.

Cada vez que un empresario quiera ir a licitar tendrá que entregar ahí su carta de que no tiene conflicto de interés con aquellos que están celebrando el concurso, la licitación o están por contratar un servicio.

Incluimos, dentro de las obligaciones que debería de tener la iniciativa privada, un capítulo específico de la integridad de las personas morales donde consideramos la política de integridad que debería de tener cada una de estas empresas, su manual de procedimientos, su código de conducta público y socializado, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncias de procesos disciplinarios internos, sistemas y procesos de capacitación de integridad exclusivos para la iniciativa privada.

Es verdad también que hicimos redacciones específicas en materia de responsabilidad administrativa dentro de las graves y dentro de las no graves, y es así como tenemos tipos administrativos específicos para la iniciativa privada, como el soborno, como la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos, contratación indebida de ex servidores públicos y faltas de particulares en situación especial.

No sólo eso, no sólo en la parte administrativa, fuimos también a redacciones específicas de tipos penales, y así se modificó el Código Penal Federal, en el cual quedaron los tipos específicos para la iniciativa privada: uso ilícito de atribuciones y facultades que será castigado de 3 meses hasta 9 años con prisión; tráfico de influencias que será castigado de 2 a 6 años con prisión; y cohecho que será también castigado hasta con 14 años de prisión.

Respecto a las sanciones también administrativas ha quedado perfectamente bien establecido las sanciones económicas, la inhabilitación y la indemnización.

Respecto a las personas morales también ha quedado de manera específica sanciones económicas, inhabilitación, suspensión de actividades e incluso disolución de la sociedad.

Es así como estamos seguros de que este paquete completo y complejo, que pudimos construir entre todos los grupos parlamentarios de este Senado de la República, tiene un marco legal fuerte, robusto y potente que contempla, sin duda alguna, a la iniciativa privada y a los empresarios que estén contratando con los gobiernos.

Que no quede duda de ello, y agradezco a todos la atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Señoras y señores legisladores: A nombre de la Comisión de Justicia, presentamos el dictamen por el cual se proponen modificaciones a los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, párrafo tercero; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenida en el artículo Segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 71 constitucional.

Como bien sabemos, el pasado 16 de junio fue aprobado por el Congreso de la Unión un andamiaje jurídico que dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

En uso de sus atribuciones, el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió observaciones parciales a los artículos antes citados, específicamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dicha propuesta se centró en el artículo 32 de la mencionada ley, mismo que señala que cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos, o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación de las entidades federativas y de los municipios y las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que se mencionan. Estarán obligados a presentar su declaración de situación patrimonial e intereses.

Conscientes en las comisiones unidas de que la redacción del artículo 32 en los términos en que fue aprobado por el Congreso. Tiene aspectos riesgosos en materia de legalidad de la Reforma Nacional Anticorrupción.

Por lo que reconocemos la necesidad de  hacer las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo Federal, a la Ley General de Responsabilidades en torno al citado artículo 32 y los demás relativos antes citados a efecto de evitar una vulneración a los derechos humanos, porque lo que se introduce en esta disposición es equiparable a señalar que los particulares tienen un equivalencia con los servidores públicos, lo cual es incorrecto.

Cabe mencionar que la reforma Anticorrupción en su paquete integral y de manera específica en lo que hace al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades, genera un marco jurídico robusto que establece unas sanciones, tanto a servidores públicos como a particulares que contraten con el gobierno.

De manera que con estas disposiciones se establece claramente una política de prevención, pero también de combate frontal a la corrupción, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado.

De tal manera que es importante que este marco jurídico quede a salvo como lo que era con las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo.

Es decir, todo el diseño integral de la reforma Anticorrupción, ya plantea un sistema que combate la impunidad para que no  haya faltas dentro de los servidores públicos o dentro de los particulares que queden sin sanción.

Por ello, hoy se pone a consideración el dictamen que contiene las observaciones que emitió el Ejecutivo Federal, respecto de las normas que regulan la obligación de los particulares, tanto personas físicas como morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y sus sanciones correspondientes en la fracción VIII del artículo 3 y el artículo 4; en el artículo 27; en el artículo 30; en el artículo 33; en el artículo 37; en el artículo 73 y en el artículo 81.

Es por ello que las Comisiones Unidas, solicitamos el voto a favor del presente dictamen, lo que nos permitirá avanzar hacia la publicación de está importantísima reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y que es fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo no quisiera reiterar lo que ya, tanto la Senadora Pilar Ortega, como el Senador Pablo Escudero, han dicho aquí, respecto al debate que se dio en las comisiones unidas que terminó aprobando por mayoría el veto que el Presidente de la República emitió en el artículo 32 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Yo más bien quisiera compartir con ustedes una reflexión, en torno a un debate que empezó en el mes de septiembre del 2012, cuando se presentaron las primeras iniciativas de todos los grupos parlamentarios para establecer una reforma constitucional, a fin de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y que nos llevó poco más de dos años esa discusión, la cual finalmente terminó con la promulgación de la reforma en mayo de 2015.

A partir de esa fecha, iniciamos una segunda etapa de discusiones que dieron fruto en la presentación de muy diversas iniciativas de los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que nos llevó a reformar en este momento siete leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y hacer las adecuaciones correspondientes en leyes como la de Responsabilidades o en su caso el Código Penal.

Lamentablemente esta segunda etapa la terminamos de muy mala  manera, no sólo porque fue una discusión muy ríspida la que vivimos en los últimos meses,  respecto a este paquete de reformas, sino porque el veto presidencial ha puesto en evidencia la premura y la forma lamentable en que en ocasiones desahogamos los temas que corresponden al Poder Legislativo.

Hay que reconocer que efectivamente la reforma en que lo particular se aprobó en la madrugada, en donde discutimos el paquete Anticorrupción traía un conjunto, una redacción que permitía una interpretación muy amplia y discrecional en donde efectivamente podría generarse asuntos de interpretación y controversia constitucional y que pudiera excederse en sus funciones las autoridades responsables del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y asumiendo como tal esos errores, quiero también señalar que independientemente del veto del Ejecutivo Federal lo cierto es que a pesar de él prevalecen los dos diferendos sustantivos que hemos tenido a lo  largo de este debate.

El primero, referente al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades respecto a la obligación de los servidores públicos, de hacer pública, valga la redundancia, sus declaraciones patrimonial de interés y fiscal.

Y, la segunda, vinculada con el artículo 32, que es el objeto de este veto, vinculada con los instrumentos de control y verificación de los particulares beneficiarios de lo que son los contratos de obra o de infraestructura pública o los contratos de adquisiciones o la forma en que se asignan las concesiones de servicios públicos en nuestro país.

Yo quiero subrayar, por el debate que hemos tenido en las últimas semanas, que no se trata de una discusión en contra de los empresarios, como se ha querido presentar; sí se trata de una discusión para establecer mecanismos de control y de sanción para que aquél pequeño sector del empresariado de nuestro país que ha sido beneficiario y de lo cual han derivado las enormes fortunas que los han convertido incluso, no sólo en los hombres más ricos de México, sino en algunos de los hombres más ricos del país se han beneficiado justamente del tráfico de influencias, de la asignación de obras y contratos de manera directa sin ninguna  licitación o de manera discrecional de concesiones del espacio radioeléctrico, de las telecomunicaciones en nuestro país.

Y creo que es urgente que iniciemos una tercera etapa de este proceso legislativo para establecer con claridad  los instrumentos que permita combatir la otra cara de la corrupción, la cual no está solamente en los servidores  públicos o en la administración pública, porque la corrupción tiene dos caras de la misma moneda: una, la de aquellos servidores públicos que se corrompen o se dejan corromper en el ejercicio de sus funciones o la de los empresarios de la iniciativa privada que sobornan, que corrompen o que incurren en materia de cohecho.

Creo que es urgente que avancemos en esa legislación, ya que independientemente de lo que ha señalado el Senador Pablo Escudero, donde efectivamente se toman previsiones en estas reformas respecto al soborno y el tráfico de influencias, falta todavía mucho para establecer los controles de los cuales deber ser sujetos los beneficiarios de los contratos de obras y adquisiciones de los distintos órdenes de gobierno.

Y no basta una promesa que ha hecho algún sector del Consejo Coordinador Empresarial para emitir un código de ética, que ojalá se establezca y se cumpla; pero los códigos de ética en el ámbito de la administración pública no tienen valor legal ni mecanismos de sanción a las actividades delictivas o las faltas administrativas  que pudieran presentarse, y urge que en este país contemos con una legislación que regule la participación  de las empresas, en los asuntos públicos, en los asuntos particulares, dentro y fuera del país, porque también fuera del país muchas empresas encubiertas traen mecanismos ilícitos e incurren en prácticas en demérito no solamente de la economía nacional, del pago de impuestos, sino en muchos casos del desvío de recursos públicos obtenidos en las obras y contratos que les otorgan los distintos órganos de gobierno.

Y, finalmente, creo que uno de los méritos de este veto, y quiero recalcarlo, es que el Ejecutivo demuestra que se pueden revisar las leyes, que las leyes no son de una vez y para siempre,  y que se pueden reformar las reformas.

Qué bueno que pudiéramos hacer ya una revisión de la Reforma Educativa, y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios del país, es el momento de reformar la reforma, de evaluar a los evaluadores, y demostrar con una actitud de sensibilidad política que cuando una reforma no funciona, no se puede implementar como la Reforma Educativa, debe de cambiarse.

Espero que esto sensibilice a todas las Senadoras y los Senadores que formamos esta Cámara.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que hemos recibido, de parte del Senador Enrique Burgos García, una propuesta de voto particular, que se inserta íntegramente en el Diario de los Debates.

Esta Mesa Directiva también da la más cordial bienvenida a participantes del Seminario Internacional de Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica, impartida por la doctora Piedad García Escudero Márquez, y que se desarrolla del 4 al 8 de julio en las instalaciones de este recinto, 58 asesores jurídicos parlamentarios de 21 legislaturas de los estados nos acompañan, así como 62 servidores públicos del Senado de la República.

Bienvenidos sean todos ustedes, y que sea provechosa la experiencia en este seminario.

(Aplausos)

Para presentar voto particular, se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeros y compañeras: Vengo a presentar a nombre propio y de mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el presente voto particular frente a las observaciones que realizara el titular del Poder Ejecutivo Federal a la Ley de Responsabilidades.

La Reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo del 2015, que introdujo en el texto fundamental el Sistema Nacional Anticorrupción, tuvo como premisa en su diseño que tanto los servidores públicos como los particulares cuentan con la capacidad fáctica de realizar actos y hechos de corrupción.

Es por eso que las finalidades constitucionales de dicho sistema: prevenir, investigar y sancionar tales actos y hechos de corrupción, tienen como ámbito personal de aplicación tanto a los servidores públicos como a los particulares, que bajo un régimen administrativo se relacionan económicamente con el Estado.

La inclusión de los particulares, desde la norma constitucional como sujetos de responsabilidad por hechos y actos de corrupción, tiene dos motivos fundamentales.

Primero, la intensa relación económica del Estado con empresas mercantiles, a través de contratos y concesiones de bienes o servicios.

Y segundo, los frecuentes casos de sobornos, peticiones u ofrecimientos ilegales para la obtención de esos contratos o concesiones.

Compañeros y compañeras: Lo hemos dicho hasta el cansancio, el tema de la corrupción tiene que ver con el servicio público, sin duda, tiene que ver con los servidores públicos, pero también tiene que ver con la iniciativa privada.

Por eso, compañeros y compañeras, el planteamiento que hace el Presidente de la República y las observaciones que nos mandan, no son del todo correcta, no son correctas, primero que nada, porque el espíritu que nos animó a votar la reserva en aquel momento al artículo 32 es entender que la corrupción es un tango que se baila con dos partes: un empresario, por un lado y, posiblemente, por otro lado, un servidor público.

Entonces, compañeros, por qué el Presidente decide borrar todo el planteamiento respecto a la iniciativa privada, ¿por qué?

Y, pero aún, compañeros, porque lo que hace el Presidente, y recordemos que esto ocurre hace dos semanas, es mandarle una señal muy clara de dónde están las prioridades ahí en Los Pinos.

Por un lado, los hechos de Nochixtlán, muertos y heridos de los cuales hoy no se tiene ningún dato, donde el gobierno juega a la avestruz nuevamente y esconde la cara.

Sí, la Reforma Educativa ha tenido en múltiples ocasiones el tocar los maestros la puerta de Palacio Presidencial y, al mismo tiempo, que ocurrían los hechos de Nochixtlán, que habían sucedido los hechos ese domingo, el Presidente decide recibir a los empresarios, decide hacerles caso y decide atender a plenitud sus planteamientos.

Esas son las prioridades de este gobierno, compañeros y compañeras, por un lado, dejar que no se sepa nada, permitirse que no se sepa nada respecto a la muerte de hombres y mujeres en Nochixtlán, de heridos en Nochixtlán en Oaxaca y, por el otro lado, un veto que le da una total concesión al empresariado.

Eso es lo que estamos votando el día de hoy, no solamente es el artículo, es cómo el Presidente, su partido, ven las prioridades ahí en Los Pinos.

Nosotros tenemos una redacción distinta, estamos convencidos de que la redacción puede mejorarse, no como lo plantea el Presidente Peña Nieto, que es obviar, quitar la redacción. 

Hacía mucho sentido cuando se presentó esa reserva, y precisamente por eso nosotros no solamente no estamos de acuerdo con esta especie de autorregulación que se han planteado en voz del Consejo Coordinador Empresarial. Estamos convencidos de que el debate que tiene el artículo 32, es un debate que tiene que ir mucho más allá, se requiere una ley de responsabilidades penales de las personas morales.

Hemos acabado siete leyes que son la parte fundamental, o la primera parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero faltan muchas leyes más, la Ley de Obra Pública, la citada Ley de Responsabilidades Penales.

Entonces, compañeros, creemos que es indispensable dar una señal muy clara. La sociedad en su conjunto está cansada del tema de la corrupción.

Hay empresarios honestos, íntegros, sin duda alguna, y estoy convencido que son la mayoría. Sin embargo, para ese tango de dos, cuando hay iniciativa privada y cuando hay iniciativa pública de algún servidor, la ley, no la autorregulación, es lo que tiene que imperar.

Precisamente por eso, nosotros creemos, y mi compañera Dolores Padierna habrá de presentar una reserva que nos parece que mejora profundamente la redacción que fue propuesta en aquella ocasión, para que avancemos en el espíritu de garantizar que la iniciativa privada  también rinda cuentas y que también esté sujeta a la ley para el combate a la corrupción.

Por eso nosotros proponemos, en el artículo 32, que están obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, bajo protesta de decir verdad, ante las Secretarías u órganos internos de control, de conformidad con lo previsto en la ley.

a) Los servidores públicos, y

b) Las personas morales que contraten a mediano y largo plazo con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios públicos celebrados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción.

Compañeras y compañeros: Es desafortunada la redacción del artículo 32, sí, pero más desafortunado es el veto que hace el Presidente de la República a este artículo, borrando totalmente la redacción, debió haberla mejorado.

Pero en realidad el mayor infortunio fue y sigue siendo, que no haya vetado el artículo 29, al ignorar la petición de más de 630 mil personas que con su firma plantearon en esa iniciativa ciudadana la máxima publicidad en declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, lo que hace el Presidente es decirle al pueblo de México: “No nos importan los ciudadanos, estamos más contentos sentándonos con los empresarios para hacer lo que a su antojo quede”

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para presentar voto particular se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia señor Presidente.

Hemos presentado un voto particular que me voy a permitir leerlo en esta sesión de la ignominia parlamentaria, una sesión a la que hemos sido convocados por la autoría que tiene el Presidente sobre este Poder Legislativo. Es una auténtica vergüenza, pero aquí estamos.

El dictamen se apoya en un veto parcial del Ejecutivo, el que hace una lectura restrictiva, gramatical de la Constitución y de la ley, para excluir la obligación de los empresarios de difundir la 3de3. Es una interpretación que se olvida de otros métodos argumentativos y atiende a la Constitución como una norma secundaria, no como la norma fundamental, sin desarrollar los principios de progresividad y otros argumentos y métodos de interpretación.

En efecto, se efectuó una lectura gramatical y restrictiva del último párrafo del artículo 108 de la fracción IV, del artículo 109 y del artículo 73, fracción XXIX de la  Constitución. Jamás se realiza una interpretación conforme con el resto de la Constitución, ni con los tratados en la materia.

Por ejemplo, nunca se relaciona con esos preceptos de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la que por cierto no es citada cuando esa dedica un artículo  12 a la corrupción en el sector privado  y a los vínculos de ese sector con los servidores públicos y las administraciones públicas, el citado precepto señala:

Artículo 12.

Sector privado, que nos obliga, debería obligarnos.

“Cada Estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas  para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como cuando proceda a prever sanciones  civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines, podrán consistir entre otras cosas en:

Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes.

Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las  profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales  de las empresas con el Estado.

Promover la transparencia entre las entidades privadas, incluidas  cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas.

Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos  relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales.

Prevenir los conflictos de intereses suponiendo restricciones  apropiadas durante un período razonable a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos, a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado, tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades contratadas tengan que ver con sus relaciones y funciones anteriores.

Velar porque las empresas privadas teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes  controles  contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y porque las cuentas y los estados financieros, requeridos esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

A fin, de prevenir la corrupción, dice este tratado que hemos aprobado, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente convención.

El establecimiento de cuentas no registradas en libros, la realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas, el registro de gastos inexistentes, el asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objetivo, la utilización de documentos falsos, la distribución deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto por la ley.

Cada Estado parte, denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan sobornos, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente convención. Y cuando proceda respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un compromiso corrupto”.

Esto es a  lo que estamos obligados y  no tres articulitos que dicen  que someten a los privados, que es absolutamente simulador.

Una interpretación sistemática y finaliza del ordenamiento jurídico nacional  lo que no se hace en el dictamen ni el veto parcial del Presidente, implicaría aceptar los vínculos de corrupción que se establecen entre los gobiernos y las empresas, empresarios que reciben de él contratos, concesiones, autorizaciones y permisos.

Lo anterior es conocido a nivel nacional por la Auditoría Superior de la Federación que ha señalado entre las principales áreas de opacidad y riesgo, los vínculos entre empresarios y los diversos niveles de gobierno.

En Europa existe plena conciencia de que la existencia de la corrupción depende de dos partes: la gubernamental y la empresarial.

Nada más para controlar al sector privado, se tienen innumerables medidas, reglamentos y leyes en toda la Unión Europa, que no son esos ridículos artículos que aquí se meten diciendo que con eso se controla la corrupción del sector privado y su socio el sector público.

Un interesante estudio elaborado por The Corner House, señala que el fenómeno de la corrupción más importante de nuestra época surge de los procesos de privatización, desregulación y reforma del servicio social impulsados por las mismas instituciones financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo.

Por ejemplo, concluye, que las empresas del primer mundo pagan sobornos del orden de los 80 mil millones de dólares al año, aproximadamente de la cifra ante la Organización de las Naciones Unidas, considera necesaria para erradicar la pobreza en el mundo.

En el informe de la Comisión al Consejo del Parlamento Europeo, denominado informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea del 2014, se precisa que la corrupción se presente en ámbitos de riesgo muy claros que queremos ejemplificar con casos de la realidad mexicana.

Así, el mencionado informe dice:

1.- La corrupción surge de un sistema de financiamiento y fiscalización inadecuado para los partidos políticos.

En México hemos tenido los conocidos casos del “Pemexgate” y “Amigos de Fox” y otros que están pendientes de resoluciones definitivas de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el “Monexgate” corrupción, que sí considera la Unión Europea, aquí no hay nada.

Declaraciones sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales que no descansan en autoridades independientes capaces de verificar y controla su legalidad.

En México los conflictos de interés no están bien regulados, y las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que han sido un ridículo las que presentó el Ejecutivo y sus compañeros de gabinete, no han dado lugar a responsabilidades de altos funcionarios públicos.

Eso quiere decir que en este punto, como en otros, nuestro sistema fracasa por que no contamos con autoridades independientes, capaces de verificar y sancionar las transgresiones.

En materia penal, el equilibrio entre la corrupción activa y pasiva es desigual. Es decir, se sanciona con mayor fuerza al servidor público, pero no en la misma medida al particular que lo soborna.

En nuestro país no existen en realidad responsabilidades penales relevantes en contra de servidores públicos del alto nivel como soborno, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos relacionados, y como indica el informe de la Unión Europea, existe un tratamiento desigual entre la corrupción de servidores públicos y de empresarios. Este dictamen que votó en lo particular es muestra de ello.

Los organismos de lucha contra la corrupción deben ser independientes y eficaces. En México ninguno de ellos lo es.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, carece de las facultades y del presupuesto para realizar debidamente su tarea.

Los servicios policiales de la Fiscalía y judiciales deben ser independientes, pero sabemos, en México, que no contamos en los hechos con un Servicio Civil de Carrera auténtico, son nombramientos políticos.

Para el informe de la Unión Europa 2014, los sectores de mayor riesgo tienen que ver con la privatización de las empresas públicas: Pemex, CFE, etcétera; las compras gubernamentales no están; los cambios del uso de suelo, que es un escándalo en esta ciudad; la opacidad del sector financiero y los sobornos en el extranjero.

Todas las anteriores variables las encontramos en nuestro país. En México se han privatizado empresas públicas desde el sexenio de Salinas de Gortari, para beneficiar a unos cuantos, tal como Stiglitz lo ha señalado.

En las compras gubernamentales, hoy, en muchas ocasiones autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, del ISSSTE, del IMSS, han sido señaladas por actos de corrupción en sus vínculos con los empresarios, algunos son hasta gobernadores recientes, ¿verdad? Afectaciones al medio ambiente, a la salud de las personas, en complicidad con los desarrolladores urbanos.

El sector financiero nacional es uno de los menos transparentes del país.

Están en juego los derechos humanos de millones de seres humanos que no pueden satisfacer sus derechos por los desvíos de los recursos públicos que representan los actos de corrupción de los altos servidores públicos.

También está a discusión el Sistema Político y la existencia misma del Estado de derecho en México.

¿Cómo se puede decir que lo tenemos, Estado de derecho? Si no hay división de poderes.

Hoy lo estamos demostrando aquí, no hay división de poderes. Nos ordenaron venir, y aquí estamos, en una posición verdaderamente aberrante.

Derivado de la “Cumbre Global Anticorrupción” del 2016 en Londres, el gobierno mexicano se comprometió, entre otras medidas, a implementar en el orden interno lo siguiente -obligación de Peña Nieto que no está aquí-, al realizar contrataciones abiertas, contratos abiertos, garantizar licitaciones abiertas en las asociaciones público-privadas que ahí vienen creciendo, a establecer un estándar en las licitaciones de la Ronda Uno en materia energética, pero también en el ramo de salud; a la incorporación de una infraestructura de datos abiertos anticorrupción con pleno respeto a la Carta Internacional de Delitos Abiertos, en general a promover el uso de los datos abiertos y tecnologías digitales para combatir la corrupción a nivel global.

Todo lo anterior demuestra que la interpretación restrictiva de la Constitución y de la ley que hace el veto parcial del Presidente de la República, y ese dictamen, contravienen la realidad, no la asumen.

Las obligaciones de servidores públicos y empresarios deben contratar y recibir concesiones del Estado y deben ser simétricas, incluyendo la obligación de difundir públicamente en ambos ámbitos el 3de3, pues ahí existen claros ámbitos de opacidad y corrupción.

En este sentido el dictamen y el veto presidencial están jurídicamente mal motivados; acuden al método gramatical de interpretación y descuidan los demás métodos y argumentos de interpretación, e inclusive se olvidan de realizar una interpretación desde el contenido hermenéutico de la Constitución.

Dejo un análisis más precisos que no voy a leer, de la falta de sustentación de este dictamen y del veto Presidencial, que es pomposo, falso y con grande errores de interpretación jurídica.

El dictamen es toda una farsa, es una simulación más, como toda la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias cuyos titulares serán designados por el Presidente de la República, la mayoría calificada del Senado o la mayoría calificada de los Diputados.

No hay auténtica separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes. Serán instancias partidocratizadas y poco confiables.

Las leyes anticorrupción del sistema, aunque tienen alguna referencia a las empresas nacionales y extranjeras que obtienen concesiones, contratos, autorizaciones y permisos, no establecen suficientes obligaciones para ellas.

Por ejemplo, sólo los servidores públicos están obligados a lo que hemos señalado. Las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, medio ambientales y en materia de salud.

Sus directivos y accionistas no tendrán obligaciones similares a los servidores públicos obligados a la transparencia en las declaraciones. Nada de esto entró en el proyecto aprobado por las mayorías aquí presente.

Los delitos y las faltas de corrupción son prescriptibles, no son imprescriptibles, lo que se constituye en un elemento inhibidor poderosísimo en el combate a la corrupción.

Los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción, no son electos por los ciudadanos, ni sesionan en general en público, sino son instancias burocráticas.

El Sistema Nacional Anticorrupción no considera que las claves del combate a la corrupción tienen que ver con el control del poder político, económico, mediático y social; la lucha en contra de la impunidad a través de autoridades independientes, de los que van a ser vigilados con fuertes mecanismos de democracia participativa.

El Sistema Nacional Anticorrupción no se preocupa por la democracia participativa. No hay revocación de mandatos, ni decisiones administrativas para que se adopten en todos los niveles de gobierno, referéndums y acciones populares.

El Sistema Nacional Anticorrupción tampoco se interesa por la austeridad.

El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como delito la traición al mandato popular. Ese consiste en prometer políticas públicas durante las campañas y después no se satisfacen.

El Sistema Nacional Anticorrupción no prohíbe que los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas donen a las campañas, que por análisis recientes se ha calculado que el 80% del dinero que gastan los partidos grandes es ilegal.

Las empresas productivas del Estado -así se llaman Pemex y CFE- y los fideicomisos públicos, figuras análogas, se deberían regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas, y no lo son de acuerdo con el sistema creado de la reforma energética.

El Sistema Nacional Anticorrupción no deroga las asociaciones políticas privadas, ni prohíbe la privatización, ni la emisión de bonos educativos y de infraestructura  energética; la privatización de bienes y servicios públicos es una de las fuentes fundamentales de la corrupción, como lo reconocen los organismos internacionales que la combaten.

El Sistema Anticorrupción no establece como sanción a servidores públicos y a empresas; la extinción de dominio por delitos y temas graves de corrupción son inmensamente ricos, y ni que toquen sus propiedades.

El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción produzca resoluciones vinculantes, sólo son recomendaciones.

De todas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que tuvo mayor visibilidad por los siguientes motivos: la formulación de una iniciativa legislativa ciudadana conocida popularmente como la Ley 3de3. Esta Ley 3de3 se convierte, reconocemos, en un artículo de una de las siete leyes, y además queda bajo el control de todo este sistema controlado por el propio poder político.

El veto presidencial que estamos conociendo está a favor de un régimen oligárquico, sin duda alguna. Por eso es imperioso que el Sistema Nacional Anticorrupción determinara investigar los actos de corrupción del Presidente de la República.

Presentamos una iniciativa, y lo dijimos una y otra vez: Si el Presidente tiene el control de todos los nombramientos, tiene el control de toda esta estructura que va a vigilar al Presidente, a los secretarios, a los gobernadores, pues no tiene ningún sentido, era imperioso que fuera, y de los ex presidentes.

Por ejemplo, en el ámbito de la operación, de los procedimientos de privatización, desincorporación, liberalización de empresas del sector público, y en el área de las grandes compras gubernamentales y concesiones, así como en el incremento de las fortunas personales y familiares de los presidentes por órganos realmente independientes y electos por los ciudadanos, nada de eso está adentro.

Por eso decimos: “Este sistema, con todo y la intención de que hubiera un artículo por ahí, bueno, pero sometido al control de todo, es una simulación”, como es una simulación que estamos aquí sentados hoy, porque quién va dudar la intervención del Presidente en la madrugada, fue un acto totalmente espontáneo, fue un acto de un análisis un poco precipitado, como se reconoce.

¿Quién cree en este país, y menos aquí, que ese acto no fue un acto presidencial? Por favor. Que lo aprobó también la Cámara de Diputados hasta que llegaron los empresarios, aquellas organizaciones que votaron a favor de la reforma energética, que ha servido de paleros del Ejecutivo hasta que se reunieron con él, y entonces el Presidente entendió que había algunos defectos en esa precipitada incorporación que todos ustedes votaron, nosotros no.

De eso no nos hicieron campaña, pero se los repito por si acaso. Todos ustedes votaron esa precipitación y hoy todos lo aceptan, ¿de dónde sale todo esto? Pues del poder presidencial, y aquí estamos calladitos, aquí estamos dispuestos a apoyar lo que él acordó con los empresarios, qué vergüenza.

Simulación de principio a fin no sirve para nada.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra, en primer lugar, a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente, compañeras y compañeros: No nos hagamos, esta reserva al artículo 32 tiene la mano y la pluma de Peña Nieto. Pero, claro, los empresarios le pusieron el coco y se asustó, los vio tan trajeaditos, tenían tantos Mercedes, guaruras, choferes, y ahora está modificando su veto embarrando al Poder Legislativo.

Por primera vez Peña formalmente usa el veto presidencial, pero ha vetado lo que se le ha dado la gana a través de modificaciones, de addendum que hace el señor Castillo, de los castillejos, siempre en la noche y en las tiniebla.

¿Cuántas veces han llegado aquí dictámenes distintos a los que se aprobaron en comisiones el día anterior como sucedió cuando la reforma energética?

Esta vez Peña Nieto disfrazó su veto en forma de reserva.

Nadie se traga que un Senador inteligente, pero a las dos de la madrugada presentara súbitamente una reserva, aquí no se aprueba ninguna y era delicada.

Y sin previo aviso y sin consenso, sorpresivamente se aprobó por 95 votos, pero estaba urgido del aplauso de los empresarios y como ya sabe que nadie aplaude, pues que Peña decide vetar su propio veto.

Así que hoy se inaugura, señoras y señores en este torneo de farsantes el auto-veto.

Es cierto, en la reserva que se hizo en el Senado al artículo 32, su redacción habría un abanico amplísimo a los particulares.

Pero ¿Por qué veto también el 81?

No tenía razón y tan no tenía que, en 15 hojas, motivó el artículo, el veto al artículo 32 y sólo en nueve palabras contando con funciones, expresó todo lo que tenía que decir para vetar el 81.

Que poca seriedad; por lo tanto, las Holdings no serán investigadas y podrán seguir tranquilos haciendo sus tranzas.

Peña Nieto dejó bien blindados a los empresarios para que no rindan cuentas.

Los mayores escándalos de corrupción que son las dos caras de la moneda, aquí lo decían en México y en el mundo. Se dan por el contubernio político-empresario.

Y qué, Peña lo ignora, pero como ignorarlo, si él podría dar clases de cómo se le roba al pueblo haciendo sociedades oscuras y comprando casas blancas a empresarios prestanombres como el señor de las ligas. Su socio que se hizo millonario de la noche a la mañana haciendo obras en el Estado de México y en este su gobierno.

El Parlamento Europeo combate frontalmente la corrupción que en estrictos medios de control y de verificación, incluyendo a los particulares dentro y fuera del país.

En esa cifra que dio el Senador Bartlett, que indica que los sobornos hacienden a los 80 mil millones de dólares por año, cantidad con que la ONU podría combatirse en el mundo. Es alarmante y no los estamos tocando.

El fenómeno de corrupción más importante de nuestra época, está ahí, en ese binomio, empresario político, en los procesos de privatización, a los que Peña se dedica con sospechosa obsesión en las compras gubernamentales, en los contratos de obras públicas, servicios financieros, cambio de uso de suelo.

¡Me oíste, Mancera!

Denle por hay un recadito a su jefe.

El Sistema Nacional Anticorrupción, es una farsa grotesca, es la farsa de la farsa.

Los delitos de corrupción van a prescribir en siete años, si la falta es grave.

¿Quién los va a clasificar?

La presidenta del PRI, hay que linda, es prima de Peña Nieto, por cierto, junto con perredistas y panistas se rasgaban las vestiduras allá en Veracruz, porque Duarte pretendía crear un Sistema Anticorrupción con un fiscal a modo.

De acuerdo, pues eso exactamente eso; eso es lo que aprobamos en este Senado.

El Fiscal Anticorrupción, quien debe ser de suma importancia, resulta que pasa a ser empleado de la Procuraduría, un subprocurador y lo puede quitar, no digas el Presidente de la República, lo puede quitar el Procurador cuando quiera.

Entonces, creo que esto es un juego de artificio, porque el Consejo Ciudadano es una pantalla electa por la partidocracia donde Peña siempre tiene mano, ya vimos cómo se eligen aquí a los ministros, y los vigiladores, es cierto lo que dice Bartlett: textualmente van a ser nombrados por los vigilados.

Es una burla, pero eso sí; Peña ya está blindado, sólo nos queda que la justicia venga de fuera.

Pinochet detenido en Londres, nos alienta.

Y que quede bien claro, la reserva que hicieron los Senadores del PRD y del PAN y que promovió una pirotecnia mediática, era solamente para conservar el formato que habían propuesto los ciudadanos que era más de detallado.

Pero de ninguna manera incluyó quitar el candado que era muy importante para que se publicitarán las declaraciones, si se consideraban que lastimaba su vida privada.

Los Senadores quienes dicen representar a los ciudadanos. Que lo sepan los 630 mil firmantes, jugaron en dos canchas, y ninguno de ellos ha presentado o actualizado la Ley 3de3 en esta Cámara, a excepción de quienes fueron candidatos, y en este año solamente el Senador Mario Delgado, de Morena; la Senadora Tagle y su servidora, que aquí está para quien guste verla.

Si es verdad que quería lo que proponían, pues con ello sin ley, presenten sus declaraciones, compañeros, el ejemplo es más fuerte que la ley, y el vehemente Senador que se envolvía en bandera de las 360 mil firmas pues le sigo preguntando, dónde está, amigo, su declaración, sea congruente, o qué, ¿anda escondiendo su patrimonio de chico pobre?

Peña Nieto respondió en fast track al reclamo de los empresarios; este Congreso debería pedir a Peña Nieto también que, en fast track dialogue con los maestros. De que se trata, Peña usa dos, varas, para los empresarios, el veto; para los maestros, la bala.

La Reforma Educativa no tiene destino, porque es impuesta, porque no tiene el consenso nacional, porque huele a pólvora y a sangre fresca.

Dice Peña, que él no negocia la  ley.

Señor, las leyes no son sentencia divina, se modifican, se reforman, se abrogan y ya se le olvidó que en su sexenio se han hecho 145 modificaciones a la Constitución, por favor, y dice, también que, pues es un asunto del Legislativo. 

Pues qué esperamos, tomémosle la palabra; aquí algo dijo el Senador Encinas, me sumo ahora, hagamos una comisión para promover que se hagan las reformas necesarias a la Reforma Educativa.

Este Senado no puede seguir dedicado a apuntalar las ocurrencias y necedades de Peña Nieto, a seguir siendo el cómplice del desmantelamiento del país, a ser la tapadera de su evidente corrupción, y de su frivolidad que es insultante.

No podemos voltear la mirada y estar platicando en nuestros asientos, no sé si son Senadores, aquí, se sienta quien quiere para rellenar el lugar, no podemos seguir siendo cómplices de, cuando desaparecen 43 estudiantes; cuando reprimen y encarcela a maestros, hay más de 300 presos políticos en las cárceles, líderes magisteriales, Rubén, Francisco, Aciel, Heriberto, Mireles, autodefensas y muchos más a quienes visité en el penal de Alta Seguridad en Sonora, y que guardan toda la dignidad y el decoro, y se sienten más libres que nunca.

Exigimos la liberación de luchadores sociales, de líderes y maestros encarcelados en un acto oprobioso de venganza política.

No podemos callar cuando ordenó tirar a matar al pueblo indígena de Nochixtlán, como lo dijo mi compañero hace un momento.

Es la hora en la que no da explicaciones. Si este Senado no actúa cuando está a punto de romperse el tejido social, pues miren, lo que pasó ahora, Peña Nieto los seguirá usando hasta que se pudran para luego desecharlos.

He llegado a pensar que este Senado es el verdadero Cocula, reconozco que aquí hay  mujeres y hombres con oficio, con sensibilidad política, pero aquí, las ideas se hacen cenizas los mejores espíritus y las más recias voluntades, si no actuamos, vendrán otros.

No podemos  permitir que estando en nuestras manos, ya lo dijo Peña, se insista en querer imponer una reforma fallida que está llevando al país a una confrontación sangrienta que podría convocar a los buitres del pasado y colocarnos en las puertas del infierno.

Y de Nuño ya ni hablo, porque ese, como dicen en la tierra de Guerrero, ese ya está  muerto, nada más hace falta que se acueste.

Llamemos al diálogo con maestros especialistas, ese que no  hicimos cuando aprobamos la Reforma Educativa para que tengan una idea de lo irresponsables que fuimos,  miren, en menos de 15 días se aprobaron las leyes secundarias; llegó el 26 de agosto del 2013, aquí, a la Permanente, llegó la iniciativa, fue a la Cámara de Diputados, entró a comisiones, primera  lectura, segunda lectura; llegó al Senado, primera lectura, segunda lectura, las comisiones las analizaron, y el día 13 de septiembre, 11 días hábiles después ya estaba publicada.

Es una vergüenza, simulación, como dice el licenciado Bartlett.

Revisemos punto por punto la Reforma Educativa y hagamos una propuesta trascendente, con Peña o sin Peña.

El Senado tiene hoy la gran oportunidad de reivindicarse.

Es la hora, ya dijo el profeta Chong: “se agotó el tiempo”

¿Pero para quién? Para el gobierno, para este Senado, porque el Movimiento Magisterial no claudicará, escúchese bien, su lucha no es la de un gremio, es la lucha de un pueblo, por sus derechos y sus libertades, y el movimiento de los maestros rebasa organizaciones sindicales, cuenta con la solidaridad social, su lucha es legítima y les asiste la razón y el derecho, por eso va a triunfar.

Peña Nieto ha sido derrotado, que lo acepte con humildad.

¡Viva el Movimiento Magisterial!

¡Vila la educación pública!

(Aplausos)

EL Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su grupo parlamentario en relación con el debate.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

Senadoras y Senadores: Antes de comenzar con mi intervención quisiera abordar un término que al parecer día de hoy dicen que aquí se estrena y se inaugura, el auto-veto, pero hay que decirlo de manera clara, abierta y contundente, para toda la gente que nos sigue en el Canal del Congreso, por redes sociales, ¿qué es el auto-veto?

El auto-veto es aquel que se ejercen algunas compañeras y compañeros que teniendo la oportunidad de ser Senadores de la República, primero que nada no abordan los temas que son prioritarios para la agenda nacional, como es el tema de la corrupción.

¿Y a qué me refiero que no lo abordan?

Yo les quisiera preguntar:

¿Dónde está la  iniciativa de la fracción de la bancada del Partido del Trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción?

¿Dónde está la iniciativa sobre las Responsabilidades Administrativas?

¿Dónde está la iniciativa que presentaron a las modificaciones del Código Penal Federal, acerca de la Fiscalización y Rendición de Cuentas, para construir un Tribunal de Justicia Administrativo y las modificaciones a la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República?

Ese es parte del auto-veto. El otro, es cuando están aquí en el Pleno, y tienen que decidirse de frente ante México, tomar una decisión y votar a favor, en contra o en abstención.

Y ni siquiera la figura de la abstención fuera considerada ni cupo para ustedes, simplemente prefieren quedarse en la indefinición.

Ese es el verdadero auto-veto que no debemos de permitir que invada este Senado de la República, aquí hemos venido a construir, y quiero hacer un reconocimiento a todas las Senadoras, a todos los Senadores de la República que han estado involucrados en el Sistema Nacional Anticorrupción, recientemente aprobado.

El día de hoy somos partícipes de un proceso democrático que confirma las instituciones de derecho y que coadyuva al sistema de pesos y contrapesos de nuestro país.

El día de hoy hacemos uso de esos mecanismos constitucionales que permiten el equilibrio entre poderes y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

Desde el inicio del procedimiento de análisis de estas leyes secundarias en materia anticorrupción, los legisladores, en particular las comisiones dictaminadoras en este Senado, incluyeron en la discusión y la opinión y experticia de sociedad civil, investigadores y expertos en la materia.

En su momento los dictámenes que conforman el paquete de leyes anticorrupción se discutió con la apertura, con transparencia y con responsabilidad en las Cámaras legislativas.

El ejercicio de apertura continúo, incluso al finalizar el análisis por el Congreso de la Unión, y de esta forma es que el Ejecutivo Federal, en ejercicio de sus facultades constitucionales, envió para su revisión a esta Cámara legislativas observaciones fundadas en derecho con argumentos basados en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que desde el año 2011 debe atenderse en nuestro país.

En este momento discutimos un análisis hecho por el Ejecutivo Federal, que nos obliga a ampliar la reflexión sobre las formas de prevención y combate a la corrupción, en el marco del respeto y protección a los derechos humanos.

Esta Cámara da muestra nuevamente, una vez más, de diálogo y de disposición para celebrar acuerdos en beneficio de los ciudadanos.

El ejercicio de veto constitucional suma al proceso democrático, el veto ejercido por el Ejecutivo no cuestiona las decisiones que en esta Cámara se tomaron.

En esta Cámara se aprobó por una amplia mayoría de 95 votos, las reservas al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de las cuales hay 52 votos del PRI; 19 del PAN; 15 del PRD; 6 votos del Partido Verde y 2 votos de los Senadores independientes, Manuel Cárdenas Fonseca y de la Senadora Martha Tagle.

El ejercicio de las facultades constitucionales del Ejecutivo Federal no cuestiona este proceso democrático.

En el Senado se votó con conocimiento y se aprobó por la mayoría de los que aquí estamos presentes, no se le corrige la plana a nadie, por el contrario, regresar para su revisión en un conjunto de artículos representa la oportunidad para considerar argumentos adicionales, que como bien se concluye en el presente dictamen, incluyen puntos sobre la constitucionalidad y convencionalidad en favor de los derechos humanos de los mexicanos, a través del ejercicio del veto presidencial se hizo uso de las vías institucionales de colaboración y equilibrio entre poderes.

A nosotros los legisladores, se nos ofrecen argumentos adicionales que debemos de considerar; a la ciudadanía se le ofrece una ley que atiende a sus voces, pero que también se mantiene firme en el combate y castigo a los actos de corrupción.

En el Partido Verde nos mantenemos firmes en nuestra postura, los cambios propuestos no significan que los particulares estén exentos de obligaciones frente al Estado, en materia de combate a la corrupción, sin embargo toda obligación o restricción a sus derechos debe de ser racional, proporcional y atender a supuestos específicos.

Las personas morales y las personas físicas que realicen actos de corrupción serán castigadas, en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no hay lugar para la impunidad, los particulares son sujetos obligados a cumplir con deberes específicos. Por citar algunos ejemplos.

Los artículos 44 y 45 de la Ley General de  Responsabilidades Administrativas, establecen la obligación de quienes participen en contrataciones públicas específicas, a cumplir con un protocolo de actuación que las Secretarías, junto con los órganos internos de control, implementarán.

Enfatizamos, los particulares que reciban dinero público derivado de contrataciones, tienen la obligación de dar los datos y la información que la propia autoridad les demande.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla en el título tercero, dos capítulos específicos destinados a definir las faltas de los particulares relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es y será el encargado de sancionarlos, y las sanciones no son menores, pues como lo señala el artículo 81, tratándose de personas físicas, podrán ser castigadas con sanciones económicas hasta por el doble del beneficio ilícitamente obtenido.  Estarán imposibilitados para contratar con el gobierno, hasta por 8 años, y tendrán que pagar una indemnización por los daños causados.

En caso de personas morales corruptas, alcanzarán sanciones económicas superiores a los 97 millones de pesos. Estarán impedidas para recibir dinero público derivado de contratos, hasta por 10 años, incluso la autoridad podrá ordenar la suspensión de sus actividades en casos graves de extinción jurídica.

Reiteramos, la corrupción no será tolerada, sean particulares o autoridades aquellos quiénes las cometan. Los particulares no quedan exentos de sus responsabilidades.

El texto aprobado recientemente en esta Cámara define las conductas en que los particulares  pueden incurrir, tales como el soborno, la participación  ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, utilización de información falsa, la corrupción y el uso indebido de recursos públicos.

Y adicionalmente con independencia de la responsabilidad administrativa los particulares pueden ser sancionados por el derecho civil y por el derecho penal, como bien lo establece el artículo 109 de nuestra Constitución federal.

Por tanto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas es un mecanismo eficiente para la prevención, combate y castigo de actos de corrupción por parte de servidores públicos como de personas físicas  y morales.

La tarea que hoy realizamos es el resultado de analizar argumentos fundados en la razón jurídica y que provienen de un profundo análisis sobre la constitucionalidad y convencionalidad de nuestro derecho, el derecho es un sistema que debe ser creado  e interpretado de manera congruente y sistemática.

La discusión que el día de hoy nos ocupa es técnica no política, seamos responsables y sumemos al debate, analicemos las soluciones y desechemos los reproches.

El Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado, se mantiene como un sistema robusto, con fuertes castigos para los corruptos, otorga las facultades necesarias para la persecución, control y seguimiento al dinero público, pero además, cuenta con herramientas necesarias para prevenir la corrupción.

El Partido Verde apoyará cualquier trabajo institucional que ofrezca mayores garantías de protección a los ciudadanos.

Es obligación de todas las autoridades en el Estado mexicano, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

En  representación de mi bancada, anuncio nuestro voto a favor de este dictamen. Es nuestra obligación como legisladores  atender toda observación que continúe fortaleciendo a este Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Puente, permítame.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Lo registro en rectificación de hechos.

Le recuerdo que estamos en posicionamiento de grupos parlamentarios, tenemos que agotar esta etapa, cuando iniciemos la discusión lo inscribo para rectificación de hechos.

Gracias, Senador Puente.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la posición de su grupo parlamentario hasta por 10 minutos.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente.

Hace casi ya dos años, lo recordaba hace una semana más o menos la Senadora Laura Rojas, aquí en el Senado de la República empezamos a conversar con diferentes actores de la sociedad civil, una idea que como ella lo señaló, parecía retadora, parecía desafiante, parecía imposible de lograr, pedirle a los Senadores, a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, que de manera voluntaria presentaran sus tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses.

Esa idea que en algún momento se llegó a pensar que era un simple deseo platónico, fue acompañado, pues en ese momento por dos, Laura  y yo, y ahí lo estuvimos, y ahí lo hicimos y ahí dijimos: “Pues bueno, por algún lugar se empieza”.

Hoy son 24 los Senadores y Senadoras que se han ido sumando, algunos en campaña, otros no, y se les reconoce, se les reconoce este acto voluntario como un compromiso con la transparencia.

Aquí no hay que seguir debatiendo si 3de3 o no 3de3, porque hay quienes lo defienden y no lo han presentado y hay quienes lo atacan y lo han hecho.

Entonces, creo que  debemos de dar el paso siguiente.

Ya pasaron dos años, ha pasado un proceso legislativo largo, ha pasado un proceso legislativo inédito y ese sueño platónico se ha transformado en una serie de leyes anticorrupción, ha sido un proceso largo, histórico y ciertamente único.

Déjenme darles algunos datos sobre lo que hemos estado haciendo, claro, quienes hemos estado dotando a este sistema de trabajo, de esfuerzo, de recursos humanos, de talento, no de quienes vinieron solamente a dar discursos, de quienes nos pasamos horas y horas en la confección de iniciativas, en la defensa de esas iniciativas, quienes nos pasamos mucho tiempo aquí, dentro del Senado y afuera, debatiendo con nuestros pares, intentando construir algo nuevo y diferente.

Fueron  cuatro leyes derivadas de la reforma, leyes reformadas 5.

Total de artículos contenidos en las leyes, 503.

Artículos nuevos, 470.

Artículos modificados, 33. 

Períodos extraordinarios convocados para atender  la reforma en materia de combate a la corrupción, 2.

Foros organizados por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana antes de la prestación de la iniciativa, 4.

Observaciones y opiniones derivadas de esos foros, 13.

Documentos de observaciones parlamentarias recibidos por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 11.

Mesas de trabajo durante el proceso de dictaminación, 4.

Iniciativas analizadas en el dictamen, 16.

Iniciativas ciudadanas contempladas en el dictamen, 1.

Firmas que avalaban esa iniciativa ciudadana, 634 mil 143.

Números de votos en contra de la modificación al artículo 29 para hacer públicas de declaraciones y sus formatos, 59.

Grupos de reservas presentadas para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 13 reservas se presentaron.

Reservas presentadas, 1, la del 32.

Veto parcial del Presidente de la República, 1.

Artículos observados por el Ejecutivo Federal, 10.

Número de notas periodísticas, que del 1º de enero a la fecha han tratado el tema de 3de3, 10 mil 196.

Quienes nos dijeron que nos iban a ganar, se equivocaron.

3de3 se ha convertido en un movimiento a favor de la transparencia, les guste o no a los que no estuvieron firmando la iniciativa. Y les guste o no a los que no pasaron sus domingos y determinaron su tiempo familiar en recoger firmas, porque yo sí los vi, yo sí estuve ahí, yo sí pasé tiempo intentando convencer a mis paisanos chiapanecos de que valía la pena volver a creer que un modelo democrático y constitucional podía cambiar las cosas.

Por eso hoy, hoy me parece que estamos obligados a convertir este momento en un replanteamiento de las formas obsoletas de la política.

No convertir esto en la trampa del trámite, sino convertir esto en el comienzo de una larga transformación que asegure el fin de la corrupción y de la impunidad en México.

Yo estoy seguro que muchos están pensando: “Bueno, otra vez son los sueños guajiros de un Senador, de un estado pobre”

¡No! yo creo que es la gran oportunidad de generar una nueva agenda,  la agenda de lo que sigue; de agenda de los que creemos que vale la pena pensar que vamos por más, y ahí vamos a estar otra vez redactando, escribiendo, defendiendo, dando discursos, entrevistas, volviendo a creer que vale la pena volver a dignificar a la política.

Creo que el reconocimiento de que las leyes, no por buenas, no por nuevas, son siempre las necesarias, se está inaugurando aquí.

Esta no es, y sí quiero que lo tengan claro, no es la primera vez que se echa para atrás una parte de una de las reformas estructurales.

Por la vía del amparo, el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se tuvo que reformar. Quizás nadie se dio cuenta, porque no vendía, porque eso no aparecía en la tele.

Pero ya reformamos una de las reformas de las leyes estructurales, de estas reformas grandes que han prometido tanto y que han cumplido con tan poco.

Entonces, si hoy hay un veto aquí, pues, entonces atrevámonos a pensar que puede haber vetos en otros lados.

Atrevámonos a pensar que puede haber contrarreformas.

Atrevámonos a pensar que puede, este Senado, seguir vivo en la confección de correcciones a las leyes que no están funcionando en nuestro país.

Este, este puede ser el momento de los reclamos o el momento del entendimiento de la política, desde la transparencia y desde la rendición de cuentas, completa, no discursiva.

Sacar del exilio a la imaginación; sacar del exilio a la creatividad, al propio sentido común; sacar del exilio de la política al entusiasmo que se basa en un proyecto real y asequible de nación.

Este me parece que es el punto de partida: siete leyes Anticorrupción, y una recomposición de una redacción, que hay que reconocer estaba mal, estaba mal hecha, estaba mal redactada, estaba mal planteada para combatir la corrupción en la iniciativa privada.

Pero también no hay que confundir, no hay que confundir a la audiencia, y mucho menos a nuestros electores.

Este, este no es un referéndum del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los que voten a favor no están avalando todo el trabajo que se acaba de describir.

Los que votan en contra no está tampoco asumiendo estos errores como un oráculo que sabe lo que va a venir.

Estamos solamente discutiendo el veto presidencial.

Hay hoy, quienes piensan que votar a favor es pensar que ya hicimos todo, que no hay nada por hacer.

Y también quienes piensan que votar en contra puede ser una suerte de cesión frente a otro poder.

Yo les voy a plantear el sentido de mi voto, y ojalá logre convencer a algunos más. Yo votaré en abstención, no me voy a rechazar mi capacidad de votar; votaré en abstención porque quiero adquirir un compromiso y quiero que ustedes lo adquieran conmigo, un compromiso para que volvamos a recuperar la redacción del artículo 29 con otras formas, que pueden ser desde la controversia constitucional hasta una nueva iniciativa. 

Un compromiso mayor, un compromiso que vaya más allá, un compromiso responsable que plantee toda una serie de nuevas leyes que tenemos que empezar a discutir, que signifique que vamos por más, que no estamos conformes con el producto legislativo que hemos logrado y que vemos, vemos sí, en la iniciativa privada también la falta de un compromiso completo por cambiar las formas como se está haciendo política en nuestro país.

La corrupción, la impunidad en México está frenando el desarrollo económico, está mermando la legitimidad de las instituciones democráticas, está incrementando la desigualdad. Por eso remediarla es una cuestión de supervivencia del Estado mexicano.

Hay casos en el mundo, ahí está Argentina, ahí está Angola, ahí está Guatemala, en donde siempre aparece la iniciativa privada convirtiendo el espacio de la corrupción en un espacio de privilegios y de complicidades.

Por eso es que revelar redes de corrupción y ampliar los mecanismos para combatirlos, deben ser parte de esta nueva agenda que nos demandan los ciudadanos.

Yo los invito, si le vamos a entrar o hasta aquí llegamos, si vamos por más o nos quedamos hasta acá.

¿Qué sigue? ¿Qué me parece que sigue?

Y esbozo algunos de los elementos de lo que me parece debería ser el objetivo de esta discusión:

Sigue eliminar el fuero, sacrificar esta figura política que nos aleja de los ciudadanos.

Sigue expedir una ley de salarios máximos, una ley de salarios que elimine por fin esta idea de que los políticos están haciendo solamente grandes riquezas.

Sigue expedir la Ley de Propaganda Gubernamental, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; fortalecer el régimen de responsabilidades internas de las empresas.

Siguen las reformas a la Ley de Obra Pública.

Siguen las reformas a la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas, la Ley de Concesiones y de Derechos, la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Sigue el paso de la imaginación, imaginar que podemos tener también una ley de un Sistema Nacional de Evaluación de la Política y de los Políticos.

Sigue también la Ley de Revocación del Mandato.

Es lo que sigue en nuestro país si lo queremos salvar de la demagogia, si lo queremos salvar de la complicidad, si lo queremos salvar a final de cuentas de todos los tipos de corrupción.

La paradoja de las democracias corruptas es que la política se convierte en algo deleznable que no atrae a los mejores hombres y mujeres.

La política es entonces capturada por guardianes de los que están cómodos con las cosas como están, de un lado y otros guardianes de las cosas como están.

Yo creo que la política está alejada de los ciudadanos; se oye confusa, ostentosa y frívola, y esa política no es por lo menos la que yo quiero heredar a mis hijos.

Yo creo que debemos entrarle de fondo a la agenda de la corrupción en el acceso al poder.

La democracia mexicana se nos está yendo en apoyitos, en avioncitos, en carritos, en oficinitas, en playeritas, en todo lo que regalan e intentan regalar los empresarios para hacerse de favores, para hacerse de privilegios, para hacerse de un ejercicio político del poder corrupto.

Entrémosle a esto para decir hoy de una buena vez que éste es el inicio de una batalla, que esto no es en ningún sentido el destino final de lo que imaginamos hace más de dos años; que vamos por más y vamos en serio.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la posición de su grupo parlamentario hasta por 10 minutos.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su venia, señor Presidente.

Winston Churchill dijo: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

La aprobación de estas nuevas leyes es sin duda un legado para las nuevas generaciones, y en consecuencia debió ser una tarea realizada con visión de Estado. Desgraciadamente, compañeras, compañeros, quedamos cortos.

Es cierto que el énfasis de un sector de la población y de la opinión pública, y en medios de comunicaciones respecto a las leyes segundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se concentró sólo en dos puntos medulares:

El primero que el Congreso mayoriteado por el PRI y por el Verde, pateó el balón respecto a definir en sede legislativa qué contendría la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Me refiero al bien conocido artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades o Ley 3de3.

El segundo aspecto en el que se concentró la opinión pública es el madruguete del artículo 32, interpretado por muchos como una venganza contra la iniciativa privada, que han sido entusiastas y activos actores en esta Ley 3de3, y justificado públicamente por otros como un acto necesario para el combate a la corrupción.

Es la excesiva concentración en estos dos puntos dejó de lado grandes ventajas y logros importantes que trajo consigo la aprobación de estas leyes secundarias, y en particular de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Uno de los avances más importantes que ya se ha mencionado, que introduce esta ley, es el reconocimiento de que la corrupción es un asunto de dos, por lo menos, transformando el paradigma al involucrar en su combate también a los particulares, por ello se investigará y sancionará a quienes participen en hechos o en actos de corrupción.

Las empresas tendrán un papel fundamental en la denuncia y en la investigación de faltas administrativas o de actos de corrupción. La ley contemplará incentivos para que las personas morales tengan códigos de integridad y política de recursos humanos para prevenir la corrupción.

Las nuevas sanciones previstas para los particulares buscan inhibir la corrupción en los más altos niveles del ámbito empresarial, su preocupación está cubierta, éstas van desde la inhabilitación para participar en licitaciones y compras públicas hasta la disolución de la persona moral, de la empresa completa.

La información relativa a las sanciones de los particulares estará inscrita y será pública dentro de la nueva plataforma digital nacional. Nunca más una empresa, sancionada por corrupción, podrá ser contratada por gobiernos en toda la República en los tres niveles; sin embargo, estas fortalezas del Sistema Nacional Anticorrupción fueron irremediablemente opacadas por la falta de inclusión de lo que la ciudadanía reclama con toda justicia como los aspectos más relevantes.

La moraleja de este cuento: “A grandes demandas ciudadanas respuestas institucionales cortas y sordas que demeritan un gran esfuerzo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país para dar fin a una era de corrupción”.

Por la ambición de algunos, el miedo e ignorancia de otros, la reforma al Estado más importante de los últimos 20 años se percibe como insatisfactoria; los mexicanos se sienten defraudados una vez más por su clase política.

Aprobamos siete leyes encaminadas a fortalecer a las instituciones con el único fin de recuperar la confianza de los millones de mexicanos y mexicanas que ven con desprecio y desconfianza a la política y a los políticos de su país.

Aceptamos que sin la confianza de los ciudadanos, en su democracia, somos un barco a la deriva perdido y sin rumbo como país; un campo fértil para las promesas populistas; una estepa desértica, lista para arder con el fuego abrasador que destruya lo que nos ha llevado construir cientos de años. Sin legitimidad no nos podemos llamar Estado, mucho menos régimen democrático.

El día de hoy Peña pierde una oportunidad histórica para reconstruir los puentes de confianza entre el ciudadano y los políticos. La clase política sigue siendo sorda a las demandas de quienes nos eligen, los y las ciudadanas.

No eran intransigentes, sólo pedían una cosa, “el artículo 29”, describiendo los actuales formatos que muchos de nosotros hemos hecho públicos a través de la plataforma 3de3.

En un país como el nuestro, tan lleno de corrupción, la aprobación del artículo 29 enviaba un mensaje contundente en cuanto a la actitud de la clase política para reducir la brecha entre sociedad y gobierno.

Haciendo honor a la justicia es necesario decir que no resolvía por sí mismo el complejo problema de la corrupción, lo que se pretendía con él era comenzar a limpiar la casa en serio y a escuchar la voz de más de 650 mil ciudadanos que se niegan a mandar al diablo a las instituciones y que, por el contrario, buscan recuperar su credibilidad y su legitimidad.

Respecto al artículo 32, hay que decirlo, compañeras, compañeros, nos enmendaron la plana, una muy desafortunada redacción y un corto entendimiento de lo que significa la rendición de cuentas de los servidores públicos.

Obligaron al Presidente a regresarnos lo que debería estar ya aprobado hace más de un mes.

Hoy de prisa y con la cola entre las patas, nos regresan los dictámenes  con observaciones graves.

Para un sector de la opinión pública y  muchos de los medios de comunicación, se puede interpretar que el Presidente escucha a los empresarios, pero no a los ciudadanos

Que peligrosa percepción en una democracia en una democracia tan débil como la nuestra.

Las observaciones parciales que  nos devuelve el Presidente Peña Nieto, refuerzan la idea de que en México, sólo los poderosos tienen acceso a la justicia de que, sólo los que más pueden, son escuchados en el gobierno.

Peña Nieto, sólo está preparando el terreno para que las voces mesiánicas que pretenden confundir a nuestra sociedad, sigan alimentando sus discursos engañosos en los que plantean una falsa lucha de clases.

En las que ellos, los de la mafia en el poder, son quienes tienen acceso a los mayores privilegios.

Mientras que nosotros los ciudadanos estamos desamparados frente a un gobierno sí indiferente.

Por otro lado, sigue siendo admirable la tenacidad de quienes impulsaron este cambio, de quienes agotaron hasta los últimos recursos para impedir que esta aberración jurídica llegará a su promulgación.

Hoy, aquellos quienes utilizaron todos los medios institucionales disponibles y de forma pacífica, lograron un cambio sustancial para el ataque a la corrupción, y dan a todo el país una lección de civilidad política.

Sí, me refiero a los ciudadanos a quienes está entregado el futuro de la democracia.

Aquellos que responden y se involucran cuando las instituciones no saben dar buenas respuestas, como hoy a estos grandes problemas, y nos recuerdan las palabras de Günter Grass: “la principal obligación del ciudadano es mantener la boca abierta”.

Me alegro de ver una ciudadanía mexicana viva, capaz de cambiar la acción tibia del gobierno a través del poder de la opinión pública que hoy nos demuestra que el gigante de la sociedad civil organizada está despertando en México.

Para ellos, para los y las ciudadanas, todos los ámbitos de gobierno debemos tener las puertas abiertas, porque hemos visto que el gobierno actual sigue cometiendo el grave error de desoír a sus ciudadanas y ciudadanos.

En la misma y justa medida en que la Presidencia de nuestro país ha hecho caso omiso de los  reclamos ciudadanos y recibe indiferencia en los espacios de discusión internacional.

Con pesar, hemos de reconocer que no deberíamos estar el día de hoy aquí que, de haber realizado un trabajo impecable, desde el principio habríamos podido responder a la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros, y honrar nuestro juramento prestado el primer día que estuvimos en este recinto: “Guardar y hacer guardar nuestra Constitución”.

No podemos volver a equivocarnos, ya lo decía el Senador Ruffo, no más discusión de madrugada en lo oscurito.

No podemos volver a equivocarnos.

Las segundas oportunidades se consumen pronto.

Por ello les comparto que en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos tomado la determinación de adherirnos en sus términos a las observaciones parciales, hechas al dictamen por parte de la Presidencia de la República.

A pesar de las insuficiencias de Peña Nieto y del Congreso de la Unión, hay quienes sí están apostados en que se abata la corrupción en México.

Son los ciudadanos de este país, aquellas y aquellos, quienes a través de redes sociales nos  han  hecho llegar el hashtag que esperamos que crezca.

Ni un voto más sin 3de3, seguramente ustedes los han recibido también.

Es el argumento del hecho consumado.

Este es el más grande logro de toda esta batalla.

Ciudadanas, ciudadanos empoderados que ya no están dispuestos a votar por políticos que no hagan pública su 3de3, en los términos de la propuesta ciudadana original.

La clase política se quedó corta, pero en respuesta, hoy se yergue altiva e impetuosa una sociedad civil renovada y consciente, capaz de  hacer del voto el camino que mueva a México, pero de verdad.

Es cuanto Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Presidente.

Compañeras senadoras, compañeros Senadores: Sin duda este es un tema que nos une a todas las fuerzas políticas de México, es un tema que ha lacerado y que ha lastimado a nuestro país durante muchos años, pero también es cierto que nuestras leyes deben ser perfectibles, y es momento de que hagamos una conciencia y una reflexión, en el sentido del rol que nos toca a cada uno de  las y los mexicanos en nuestra competencia.

Sin duda este tema de anticorrupción es una referencia de lo que ha estado sucediendo a lo largo de nuestra historia de México.

Tuvimos muchos foros con la OCDE de anticorrupción, la legislatura anterior, ya llevamos tres años y medio con este tema.

Y la OCDE concluyó, que para poder combatir la corrupción tendría que hablarse tanto en el ámbito público como privado de una cultura de la integridad, y hoy más que nunca es un tema que todas y todos tenemos que someternos a estas leyes, es un tema de conciencia, es un tema de educación, es un tema que inicia incluso con la familia, con el gran Estado mexicano en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial; la comunidad, es un rol  que nos compete a todas las y los mexicanos.

El decreto de Reforma Constitucional publicado el 27 de mayo del 2015 sentó las bases para la creación de un sistema que tiene una doble finalidad: Abatir las causas que genera la corrupción, así como lograr que el servicio público se realice conforme a principios.

Y estos principios, ustedes se dan cuenta, compañeras y compañeros en los artículos del 2 al 7 hablan de legalidad, de honradez, de lealtad, de imparcialidad, de eficacia, de profesionalismo; habla de valores; habla de algo que el ser humano debemos tener intrínsecamente, no solamente porque una ley nos obliga a ser un buen servidor público, un buen humano, debemos crecer en todo nuestro desarrollo no solamente profesional, económico, académico, sino un verdadero desarrollo humano.

A raíz de dicha reforma en diversos sectores de la sociedad se profundizó la discusión sobre el contenido que deberían tener las leyes secundarias que darán plena eficacia al andamiaje constitucional creado para combatir la corrupción, el reto, desde luego, no era minúsculo, pues suponía diseñar un modelo novedoso que permitiera coordinar y enlazar los esfuerzos de las diversas instituciones que en los ámbitos administrativo y penal  que abocaban a prevenir y combatir y sancionar los actos de corrupción en el servicio público.

El proceso de discusión de las  leyes secundarias en la materia involucró a diversas fuerzas políticas del país y de manera importante y decidida a la sociedad en su conjunto, misma que a través de distintas organizaciones de la sociedad civil concretaron sus aportaciones al tema mediante la iniciativa ciudadana presentada ante este Senado de la República, conocida coloquialmente como la Ley 3de3.

Este Senado en congruencia con los principios y postulados del modelo del parlamento abierto dio inicio a un amplio debate donde fueron escuchadas las voces de ciudadanos, especialistas, académicos, autoridades y legisladores, el cual dio como resultado la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de la Ley General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; así como a ciertas reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal; así como a la Ley de Coordinación Fiscal; a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como al Código Penal  Federal.

Las leyes antes citadas sin duda alguna darán un sólido sustento normativo a un Sistema Anticorrupción que permitirá la formación de la inteligencia institucional que resulta tan necesaria para abatir la forma decidida de las cuales provocan una corrupción que hoy por hoy constituye uno de los pendientes más apremiantes que como sociedad debemos de estar comprometidos en resolver.

Esto quiere decir que queremos tener acciones afirmativas; eso quiere decir que el resultado de estas leyes debe ser que las y los servidores públicos o los ciudadanos que no hagan caso a estas leyes, realmente se les juzgue conforme a las mismas.

En la propuesta a la Ley General de Responsabilidad Administrativa se incluyó como un instrumento de prevención a la corrupción aquel descrito en el artículo 32, que suponía establecer la obligación a cargo de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o que contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos; así como para las personas físicas que presten sus servicios o reciban  recursos públicos de las personas morales antes citadas. De presentar bajo protesta de decir verdad su declaración y su situación patrimonial y de intereses.

Si bien dicha porción normativa, así como sus correlativos fueron aprobados por una abrumadora mayoría de los miembros de este Senado, 95 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones, ante las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, estas requieren ser analizadas de nuevo por esta Cámara para determinar su procedencia.

Las observaciones del Ejecutivo Federal deben ser estudiadas y ponderadas de acuerdo a sus méritos, sin apasionamiento alguno, y considerando que ninguna ley, así sea aprobada por unanimidad del Congreso de la Unión, puede menoscabar los derechos humanos de todos, autoridad y sociedad.

Nos hemos comprometido a defender, incluso desde antes de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, el buen funcionamiento de nuestra Constitución.

Considerando lo anterior resulta pertinente las observaciones realizadas por el Ejecutivo Federal al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por consecuencia, a sus correlativos, puesto que tal como indica los razonamientos a que se acompañan, la obligación dirigida a los particulares para que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses constituye una medida que resulta innecesaria para abatir prácticas de corrupción en la que se vean involucrados, considerando que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas existen otras medidas e instrumentos normativos que pueden lograr, al menos con la misma eficacia, una adecuada prevención de prácticas corruptas por parte de los particulares.

Entre tales instrumentos resalta el protocolo de actuación en contrataciones públicas citado en el artículo 44 de la citada Ley General que será expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual supone la necesidad que los particulares que participen en dichas contrataciones expongan en los formatos aprobados los vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de intereses bajo el principio de la máxima publicidad y transparencia.

Del mismo modo ante la eventualidad de que los particulares incurran en prácticas de corrupción, existe un catálogo muy puntual de faltas en las que pueden incurrir y un procedimiento administrativo sancionador en el que de conformidad con el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones referidas en dicho ordenamiento.

Previsiones como las antes citadas permiten razonablemente sostener que la Ley General de Responsabilidades Administrativas están previstos los instrumentos normativos necesarios para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción en el que se vean involucrados los particulares.

Es por ello que se considera que las observaciones del titular del Poder Ejecutivo resultan pertinentes, además de que en nada merma a la eficiencia del sistema para prevenir y combatir la corrupción, es un tema de todos, es un tema de unidad, es un tema por una cultura de la integridad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos al apartado de discusión en lo general.

Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con su venia, Senador Presidente.

Y solicitando, respetuosamente, que mi intervención se inserte en forma íntegra en el Diario de los Debates, y a la misma se anexen los dos documentos que entregaré al concluir mi intervención.

Saludo respetuosamente que el titular del Poder Ejecutivo Federal haga uso de su capacidad de observación dentro del proceso legal legislativo, a nadie debe de sorprender eso, si bien es una hipótesis que nuestra Constitución atiende, es un hecho futuro de realización incierta, porque es optativo y, en este caso lo actualiza, es parte de la división de poderes.

Este tema de la impunidad y la corrupción no se agota el día de hoy, quedará para aquellos que debiéramos de acercarnos más a las reglas gramaticales en gerundio y participio.

A quienes les ven moros con tranchetes a mi reserva de 18 artículos, no de uno o de dos, los dejo en sus desvaríos interiores. Claro, con toda humildad saludo calificativos inmerecidos de inteligente. Pero pensar que es una mala redacción no lo comparto, en ningún momento lo comparto. Por eso sugiero que regresemos a las reglas gramaticales, para que nos situemos en qué es una conjunción.

Y atendiendo que este tema queda en gerundio y transitivo, la discusión de hoy, compañeros, es otra que va más allá. Es saber si este país puede o no puede tener Estado de derecho, o bien, para otros, si quieren, o no quieren un país con Estado de derecho, es saber si le debemos dotar de certeza y certidumbre jurídicas al Estado y a los particulares, a quienes gobiernan desde el Estado y a quienes son gobernados desde la sociedad.

Y si a esos que son gobernados les podamos dar certeza y certidumbre jurídicas para inhibir conducta que se actualizan y se cristalizan por el mezquino y mal uso de la loable actividad que es ser empresario.

Esos mexicanos ya no quieren criterios como el cabalístico número 43, con su destacado argumento legal de verdad histórica que sea pasea bajo las modas de la ciudad de Milano y las estatuillas de telenovelas. Esto debe de ser, y es en serio, respetaría a quien no lo quiera ver así, no compartiría esa frivolidad. Se trata, pues, de que estamos dejando en estado de indefensión a los dueños del patrimonio nacional.

Recuerdo, porque este tema empezó hace muchos años, hace 30 años por lo menos, cuando como ya lo comenté en mi fijación de posición en lo general, y les advertí, con todo respeto y comedimiento, que me reservaría 18 artículos, cuando la renovación moral de la sociedad.

Pero también recuerdo el sexenio de  Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando la Secretaría de la materia olía a arsénico, tenía un tufo a arsénico, más cuando remodeló sus oficinas y se descubrió que había importado ceniceros y macetas, y que una de las facturas era de una empresa fantasma que tenía domicilio en Lomas de Reforma, en un lugar baldío.

Sin embargo, las reservas presentadas por un servidor y aceptadas por la gran mayoría de ustedes, en ningún momento plantean una buena intención y una mala redacción. Insisto compañeros legisladores, ni mal hecha, ni mal redactada.

Los invito respetuosamente a que nos acerquemos a las reglas gramaticales. Pero adicionalmente les recuerdo que desde el mes de abril estuve enviando sendos comunicados de manera abierta, con argumentos jurídicos a las comisiones encargadas de dictaminar.

Quiero pensar que no fue negligencia, ni arrogancia el que no los hayan circulado durante el mes de abril y el mes de mayo. Quiero pensar que fue descuido, y es por ello que a partir de entonces opté por hacérselos llegar a cada uno de ustedes e inclusive ponerles sendas copias de manera transparente y clara en cada uno de sus escaños.

Los argumentos esgrimidos por un servidor evidentemente no comparten los que motiva el titular del Poder Ejecutivo en las observaciones parciales, por lo menos sus argumentos son contradictorios.

Y no me atrevería yo a pensar que este Senado de la República, no lo comparto por lo menos, pueda funcionar como ventanilla de trámite.

Entiendo la dualidad partido-gobierno, a nadie debe de espantar, lo que debe de espantar aquí es que no haya fortaleza en los argumentos, lo que debe de avergonzar aquí  es que no se dé el debate de las ideas, ninguno de esos documentos, incluyendo el del viernes pasado que hice llegar a las comisiones de dictamen, se atienden en la deliberación del primer dictamen entonces aprobado o de este que hoy atendemos, nada más se plantea una de las partes.

Pero déjenme decirles que independientemente de ello, así es la vida democrática, nosotros tenemos nuestra propia democracia,  y a veces nos plantean y vienen y se sorprenden aquí diciendo: “Modificamos el artículo 1 de la Constitución y entonces tratados y convenciones internacionales”. Sí, nada más que su argumentación no se agota  más que en las que les conviene.

Hay otras que van más allá, incluso y que han sido ratificadas por este órgano legislativo,  si bien faltan otras que van mucho más allá de las pretensiones que hoy esgrimen.

De repente nos encontramos con quienes dicen el sector empresarial, no es todo el sector empresarial, compañeros, hay muchísimos empresarios nacionales y extranjeros que están hartos, de empresarios que desde la empresa  en pago a su financiamiento de campañas u otro tipo de favores, incorporaron cuadros de ellos al aparato público para desde ahí tramposa y promiscuamente orientar políticas públicas o cambios legislativos.

Hay otros que desde el aparato burocrático se encontraron con que ellos también lo podían hacer y empezaron a inventar empresas con prestanombres o con familiares.

Hay otros que se hicieron hermafroditas, jugaron las dos posiciones,  y de eso es trata aquí, se trata de combatir, vengan de donde vengan,  las actitudes, las conductas que van en detrimento, en despojo de la renta nacional que es patrimonio de todos los mexicanos.

Sólo para señalar algunos de los disensos y de no compartir la posición del Poder Ejecutivo, porque ustedes tienen en sus  escaños  toda la argumentación jurídica, comentaré lo siguiente.

Argumentan que la presentación de declaraciones por particulares pueden presentar una intromisión en la esfera privada,  pueden, ni siquiera una duda razonable, afirmo, que el participar de recursos públicos debe de imponer condiciones especiales como las que se establece y ya  están establecidas en materia de transparencia en el artículo 6º constitucional o en materia de fiscalización en el correspondiente 79.

Ahora bien, afirman que la reforma constitucional en el artículo 108 no incluya la obligación de los particulares, de presentar la situación patrimonial y de intereses así como comprobante fiscal, lo que no dicen es que tampoco obliga a una publicidad distinta que lo que la misma Constitución acota, ni tampoco obliga a presentar la fiscal, se quedaron cortos en la reforma constitucional.

Y eso lo planteé mucho antes de tener el honroso cargo que hoy ostento, sí, efectivamente, a partir de una tragedia.

Se quedaron cortos, se los dije a los de Coparmex, revisen mi red  social, pero por ningún motivo le permitiré  a Coparmex, como no se lo permití, que generalizara, si ellos dicen que somos negligentes y corruptos, ellos también lo son. No se vale generalizar.

Que el discurso de los dirigentes era socialmente responsable. Que mencionen nombres.

Pero que tampoco digan que todas las fortunas son mal habidas en este país, que tal vez muchas de las fortunas de quienes ahora forman parte de ese sindicato, pudieran tener origen de lo que ahora acusan.

Adicionalmente nos plantean, en los argumentos del Ejecutivo, que se equipara a particulares con servidores públicos. Nada más alejado a la verdad.

La ley establece claramente las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos con carácter de garantes del patrimonio nacional, y los particulares en la ley, se creó un capítulo especial, y en lugar de referirse al 108 deberían de referirse al 109.

Los particulares en la ley sólo están sujetos a controles cuando participen de recursos públicos o a sanciones por conductas vinculadas a la corrupción en el uso de estos recursos.

La ley no los equipara, ni aplica a todos los particulares, sino sólo a aquellos que reciben y ejercen recursos públicos, reciben y ejercen, pudiera ser el caso de las 43 figuras jurídicas que aparecen en Oaxaca, ahí hay alguna presunción. O aquí ya no es la (y) de conjunción, o contraten con entes de gobierno.

Pero además, el titular del Poder Ejecutivo plantea que no hay certeza sobre la aplicación del inciso c) del artículo 32, que obliga a quienes trabajen y reciben recursos de las personas morales a presentar sus declaraciones.

¡Híjole! Olvidar los principios generales del derecho y la debida interpretación de la ley, yo respeto. Pero en fin.

Esto a lo que nos lleva, entonces, es que entramos en la ruta mediática. Y de repente decían: “Que ese grupo de empresarios se manifestaron en El Ángel de la Independencia por culpa de un servidor”. ¡No! hacía días que habían anunciado que iban a ir al Ángel de la Independencia.

Y lo que es más grave es que primero plantearon su inconformidad por el artículo 29, ya habiendo sido aprobado por la inmensa mayoría de todos nosotros. Pero no les cayó el veinte.

Y luego, entonces, protestaron que ¿por qué ellos tendrían que presentar declaraciones?

Después que se llenaría de papeles el Sistema Nacional Anticorrupción, pensando que estamos en el México de los 70s, sin reconocer que hasta el propio Imco en su página, en su portal tiene ahí un montón, ya no digamos el Estado mexicano, que plantea toda una nueva plataforma.

Con la súplica del Senador Presidente, que sea tan generoso con el tiempo con un servidor, como lo ha sido con otros, y toda vez que yo nada más tendría una intervención y ellos podrán tener en las múltiples, en razón del procedimiento legislativo, hasta 40 minutos.

Pero qué falta de respeto al decir que el Estado mexicano es tan incompetente.

¡Ah! Y después señalan que ya no les interesa el 29, pero aparte se tardan 4 días en decir, o 5 ó 6, que ellos ya se habían comprometido con el titular del Poder Ejecutivo a otro tipo de rendición de cuentas y de entrega de información.

¿Y por qué no lo hicieron saliendo ese día de su reunión con el Ejecutivo?

Pero aun así, yo creo que entonces sí le pudieron a sus abogados, ese grupo de empresarios, que revisaran legalmente los alcances de los 18 artículos que me reservé, y entonces se fueron con la mentira de que estos alcanzaban a los becarios del Conacyt, que a los beneficiarios de programas. Nada más absurdo a la hora de interpretar sistemáticamente la ley.

Nada más absurdo al atender el principio general de derecho, de que lo que redunda no estorba.

Y que adicionalmente la estructura, forma y adecuación de las 18 reservas, eran congruentes con cinco, seis, siete artículos, a saber por lo menos el 6 y el 79 constitucional, el 1, 6, 23, 44, 45, 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Compañeros Legisladores: Si alguien piensa que el aprobar algo responsablemente como lo hicimos en la madrugada, cierto, yo soy uno de ellos.

Yo pienso que lo hicimos responsablemente y no comparto la idea de quienes dicen que fue irresponsablemente. Tal vez ellos tienen un problema en su reloj biológico, porque si no, entonces lo hubieran dicho cuándo se han aprobado presupuestos de egresos en las madrugadas, o leyes de ingresos, o la ley que modificó el tratamiento a los hidrocarburos y a los recursos energéticos de este país.

Qué pobreza de argumentos nos manda desde fuera este pequeño grupo de empresarios.

Pero adicionalmente cuando uno se plantea…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Fue cierto o no fue cierto que lo que hice fue recoger iniciativas y testimonios de ustedes. Eso fue. Y nos asumimos legisladores, para eso estamos.

Entiendo que haya quienes se enojen porque dos artículos no quedaron como les daba su real parecer y entender, pero eso para invalidar todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción no lo considero ni ético y sí lo considero muy irresponsable.

Insisto, yo agradezco que me hayan acompañado en esa ocasión, porque además ustedes fueron congruentes entre lo que formalmente presentaron y lo que testimonialmente con sus intervenciones dejaron cabal muestra en el Diario de Debates.

Compañeros:

Respetuosamente…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Atendamos inclusive el anuncio que hace este Senado de la República en su anuncio que está saliendo actualmente en los medios de comunicación, de que somos el país número uno en impunidad.

Atendamos el problema. El problema, como les dije al inicio, quedará en gerundio y participio. Y sano será que entendamos lo que es la conjunción.

Y abrazo y saludo la iniciativa del PAN, y debieran estar orgullosos…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluya, Senador.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: De que quieren atacar a todos los componentes de donde provengan esas actitudes.

Por eso les pido que en razón y en congruencia a sus argumentos, mantengamos nuestro voto en los términos en que lo emitimos.

Por eso los invito respetuosamente a alejarnos de posturas de tan baja calidad en sus argumentos, como el horario o no saber de gramática.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para referirse a favor del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

Estimados compañeros: Ya no voy a abundar en lo que dije en las comisiones unidas sobre el desastroso proceso legislativo que evitó en todo momento analizar y discutir públicamente las reservas y observaciones de los legisladores, y que hoy nos hacen estar en este período extraordinario.

Tampoco voy a abundar en la posibilidad que perdió el titular del Ejecutivo, el Presidente Enrique Peña Nieto, de regresar su esencia a la iniciativa ciudadana 3de3 y reservarse el artículo correspondiente.

Para eso ya tendremos otras medidas legales. Se han anunciado acciones de inconstitucionalidad que sin duda habrá que apoyar, y también tendremos que promover reformas una vez que esté promulgadas las presentes leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

En esta participación me quiero centrar en esta llamada 3de3 para empresarios, en lo que hoy estamos quitando y modificando de los dictámenes que se aprobaron en el anterior período extraordinario.

Me quiero referir a esa 3de3 para empresarios, porque es importante recalcar que esa nunca fue la intención ni de la iniciativa presentada por la ciudadanía, avalada por más de 634 mil firmas, que en ningún momento establecieron en esa iniciativa la posibilidad de que los empresarios presentaran declaraciones públicas.

También quiero insistir que tampoco en ninguna de las propuestas que trabajamos en lo que llamamos 3de3 Plus, esa propuesta de modificaciones que trabajamos Senadores del PAN, del PRD y una servidora sobre la iniciativa ciudadana, nunca incluimos la posibilidad de que los empresarios presentaran declaraciones públicas 3de3.

Tampoco fue el objeto de la reforma constitucional, tampoco fue el objeto; pero no podemos caer en el falso discurso de que lo que hacemos el día de hoy les quita responsabilidades a los empresarios, sean éstas personas físicas o morales.

En todo el diseño de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se han establecido diferentes mecanismos para que los funcionarios seamos responsables, pero también los empresarios. El objetivo de las declaraciones públicas 3de3, lo subrayo, no solamente en México, sino también en las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas Contra la Corrupción, siempre ha sido pensada para los funcionarios públicos, no para los empresarios.

Y si quieren que abordemos y abundemos un poco más en esos mecanismos que las leyes del Sistema Anticorrupción contemplan, y para que nos quede claro que no es cierto que los empresarios van a poder hacer lo que quieran, digo, seguramente encontrarán otros mecanismos, pero en esta ley sí se establecen mecanismos.

En la Ley de Responsabilidades se establece que: “las personas morales serán sancionadas en los términos de la Ley General de Responsabilidades cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener medidas tales como conductas beneficios para dicha persona moral”.

Las faltas consideradas como graves, realizadas por los particulares, son: “Soborno, participación ilícita de procedimientos administrativos, tráfico de influencias, colusión, obstrucción de facultades de investigación y utilización de información falsa”. Esas son faltas graves de los particulares que están en las leyes.

Pero por su fuera poco, el Tribunal de Justicia Administrativa será el encargado de fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones; imponer a particulares por faltas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Dentro de las sanciones por faltas de particulares, tratándose de personas físicas, se tienen: “sanciones económicas que podrán alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos, inhabilitación temporal, indemnización por los daños; y, además de estas 3, a las personas morales se les impondrán suspensión de actividades por un período que no será menor de 3 meses ni mayor de 3 años; disolución de la sociedad respectiva tratándose de personas morales.

Como pueden ver, hay en las leyes mecanismos para sancionar actos de corrupción relacionados con personas físicas o morales.

Dentro del Código Penal se considera como delito el aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero, y que éste genere y utilice información falsa o alterada, o los rendimientos o beneficios que obtenga.

Además, el protocolo de actuación en las contrataciones implica que el comité coordinador debe emitir un protocolo tanto para los servidores públicos como para los particulares que participen en contrataciones públicas, y donde se podrán aplicar formatos que se utilicen para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios personales o familiares.

Así, pues, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que hemos diseñado y que varios legisladores hemos trabajado de verdad, estamos por que hoy se avale lo que se está modificando, porque, vuelvo a insistir, el procedimiento legislativo, ese que abandonó el parlamento abierto simple y sencillamente nos hace que cometamos los errores de estar el día de hoy repitiendo de manera vergonzante un período extraordinario que no tenía razón de ser.

Es cuanto.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, Senador Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: Voy a exponer algunas de mis razones para votar en contra de que aprobemos el dictamen en relación a las observaciones del titular del Poder Ejecutivo, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Todas y todos sabíamos en esta Cámara que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada también 3de3, representaba un ordenamiento jurídico de la mayor trascendencia en la transformación urgente que el país exige.

La aprobación de la Ley 3de3, tal y como fue propuesta por más de 600 mil firmas ciudadanas, con el amplio respaldo de la sociedad mexicana, hubiera asentado una base más firme para comenzar el nuevo diseño de las instituciones en materia de anticorrupción.

Necesitábamos emprender una auténtica lucha no simulada contra ese cáncer que amenaza y destruye al sector público-privado y a la sociedad por igual, desgraciadamente no fue así.

Muchos de nosotros, en su momento, votamos en contra de que esta ley se aprobara a medias, como bien dicen: sin dientes.

Ahora insistimos en hacer un llamado de conciencia. Nuestro deber era ir a fondo y reformar también el artículo 29 que era una exigencia muy concreta de los ciudadanos.

Es decir, hacer obligatorias bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, las tres declaraciones de funcionarios públicos y del sector privado de mayor relación con el Estado mexicano.

Evitar bajo el amparo de la opacidad que se siguiera produciendo los grandes fraudes públicos y privados contra el patrimonio estatal, pero desperdiciamos esta oportunidad.

Ya lo dijimos en el debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción no podemos actuar a medias.

Estábamos obligados a revertir la opinión, la omisión en la artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en el período extraordinario anterior, dejó a criterio del servidor público, la facultad de autorizar o no, el que se publicite de manera total sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Todos sabíamos que esto no podía quedar así, que debían ser obligatorias y públicas las tres declaraciones de todo funcionario público y de los privados que hacen negocios con dinero público.

Además, este veto Presidencial proviene de una inequidad muy grande, se debió a la presión que empresarios muy poderosos ejercieron contra el Presidente.

Un insólito reclamo al Poder Ejecutivo, por haber aprobado esta ley en ambas Cámaras; en particular, el artículo 32 que obligaba a las personas físicas y morales que tuvieran contratos con entidades públicas a presentar también sus tres declaraciones.

Senadoras y Senadores: No puede haber ciudadanos de primera y de segunda, ni acciones de privilegio y discriminación.

No es ético, ni justo ni equitativo, actuar por la presión de un grupo de empresarios que ostentan el poder económico del país e ignorar a miles de voces allá afuera, tanto a nivel nacional como internacional, que piden con argumentos que se revise y modifique la reforma educativa del 2013.

Los empresarios después de su expresión de rechazo a este artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fueron recibidos inmediatamente por el Presidente.

Los maestros de México y otros sectores de la sociedad, vienen solicitándole al gobierno federal una mesa de diálogo, así como la discusión y modificación de la reforma educativa.

Al menos desde el 15 de mayo pasado, concretamente se exige la modificación de su carácter punitivo que se exprese en la Ley General de Servicio Profesional Docente. Que establece los términos de la evaluación obligatoria y que condiciona injustificadamente la permanencia laboral de los profesores en el Sistema Educativo Nacional.

Si lo que está generando estos graves problemas todavía de incalculables consecuencias y hasta pérdida de vidas. Es un agravio contra los docentes al condicionar su trabajo a una evaluación que debería tener un carácter diagnóstico y formativo para fortalecer la capacitación y actualización de los mismos profesores, pues entonces resulta inexplicable que el gobierno federal no quiera ir a la raíz misma de estos problemas y proponer las modificaciones necesarias a la legislación educativa que tanto disgusto social ha provocado.

Además, a los representantes del poder económico de este país, los recibe el Presidente Peña inmediatamente.

Y a los profesores y a la sociedad civil organizada que los apoya, los recibe el Secretario de Gobernación.

Sólo después de que ocurren las agresiones o los homicidios de Nochixtlán, Oaxaca.

Es un trato inequitativo que ya nos está llevando a un diálogo simulado, a un callejón sin salida de las amenazas del gobierno federal contra los  maestros, sus pueblos y sus comunidades; se abre la puerta de una represión anunciada desde el mismo gobierno federal contra los profesores y la sociedad, como está el país, el hartazgo ciudadano por un gobierno represivo y sin voluntad de transformación y mucho menos de diálogo, las fuerzas de oposición tenemos la obligación de empujar una  nueva alternativa democrática para México.

La Reforma Educativa aprobada en 2013 debe ser revisada, discutida y modificada en lo que sea necesario y pertinente, urge abrir en todo el país los canales de diálogo y análisis responsable mediante un método que permita discutir a fondo los fundamentos pedagógicos y humanistas de la educación en México, con todos los involucrados en el proceso educativo: profesores, autoridades, padres de familia, expertos en educación, sociedad civil, etcétera.

Esta es una propuesta a la que también se ha negado el Ejecutivo Federal a pesar de representar un ejercicio  más democrático participativo, abierto e incluyente.

El tiempo se le acaba al gobierno federal, no a los maestros, y parece no importarles de nuevo.

Las leyes y reformas constitucionales por supuesto que son modificables, sobre todo si está demostrado que violentan derechos laborales y humanos como es el caso de la Reforma Educativa a la que hay que quitarle su carácter punitivo.

No tiene sentido la supuesta voluntad de diálogo del gobierno federal, si no se pone en la mesa claramente la revisión y la discusión de la misma reforma educativa, su evaluación punitiva la permanece acondicionada y los despidos injustificados que atentan contra los derechos de todos los profesores de México, y que es uno de  los puntos más importantes en la generación de este conflicto.

Se debe retirar las amenazas de despidos, la represión y revertir los daños colaterales que ha provocado esta reforma.

También es muy importante que se haga justicia y se castigue a quienes cometieron los homicidios en Nochixtlán, Oaxaca, deslindar las responsabilidades de personas y de cuerpos policíacos, pero también de los diferentes niveles de gobierno y frenar la violencia que viene de las instituciones, lo que debe ser un proceso paralelo a la discusión de la reforma.

Si el Poder Ejecutivo está renunciando a su responsabilidad de escuchar a los ciudadanos por igual y está llevando a México a una encrucijada muy peligrosa, el Poder Legislativo debe asumir su obligación histórica de responder a la sociedad mexicana con sensatez, con sensibilidad y compromiso con los educadores de este país.

Debemos evitar por la vía del diálogo que nuestro país entre en una espiral de violencia de incalculables consecuencias, el tiempo también se agota para nosotros, y la historia de México no nos perdonará ninguna equivocación u omisión por falta de actuación y decisiones oportunas.

Corrupción también es consentir ignorar las injusticias y las desigualdades, nuestra función debe ser ante todo exigirle un trato digno y equitativo al Poder Ejecutivo para todo los sectores sociales sin distingo alguno por razones de raza, credo, ideología o posición económica o social. Somos representantes populares.

Compañeras y compañeros: Nos debemos a la voz y demanda de la sociedad mexicana, y hoy esta sociedad existe que los funcionarios públicos estén obligados a presentar sus tres declaraciones bajo  los principios de transparencia y máxima publicidad.

Exige también una auténtica reforma de la educación desde un ejercicio democrático incluyente, así como modificar el marco jurídico que más convenga a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del magisterio, y por supuesto la defensa irrestricta de la educación pública.

Por estas razones mi voto será en contra de este dictamen.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para referirse a favor del dictamen.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias Presidente, con el permiso de la Asamblea.

Es vergonzoso estar alegando por situaciones que están frente a nosotros, y son completamente claras.

Se habla, por ejemplo, del artículo 29, todo lo que genera aquella noche, que ya se señaló, en la madrugada, ese escándalo público es una reserva de los compañeros del PAN, la reserva al artículo 29, y todos  los que votaron en contra o decidimos no participar en ese juego, fuimos linchados públicamente por la muy bien estructurada maquinaria de redes sociales, tanto de los compañeros del PAN, como de la Coparmex, que para los efectos es su Cámara o es su partido, según corresponda.

Miren, yo no sé de dónde salen los términos de máxima publicidad, no sé de dónde sacan eso de que las declaraciones iban a ser totalmente públicas, yo no sé de dónde lo sacan, porque a mí se me hace que no leyeron la iniciativa ciudadana 3de3.

Vamos a poner las cosas, gracias, mi querido Manuel Cárdenas, por supuesto, en blanco y negro.

La Ley ciudadana 3de3 que les fue encomendada a los compañeros del PAN, dice a la letra: “las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”.

Eso es lo que mandata la 3de3.

Yo quiero que me digan en dónde está aquí que las declaraciones iban a ser totalmente públicas, quiero que me lo subrayen en dónde.

En dónde aparece aquí el término de la máxima publicidad.

No existe.

Y lo que nosotros procesamos en el Senado, lo que votamos, porque yo lo voté a favor, dice a la letra: “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo en los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

Y yo pregunto:

¿Una Cámara, un legislador, que vigila por un derecho esencial del individuo, intransmisible, irrenunciable, inembargable, como es la vida privada, y que refiere las limitaciones que señala la Constitución, es un legislador que hace mal su trabajo?

O sea, tendríamos que haber apoyado la reserva que de última hora los compañeros del PAN inventaron para hacernos caer en su trampa, aun cuando al aprobarla o votar por ella hubiésemos infringido disposiciones constitucionales de nueva generación, porque ninguna 3de3, ninguna declaración patrimonial de intereses o fiscal puede estar por encima de la Constitución, y la redacción del artículo que nosotros procesamos aquí es correcta, no tiene desperdicio, se apega absolutamente a la primera protesta que asumimos aquí cuando llegamos al Senado, y que es valer y hacer valer la Constitución.

Ahora, si ustedes caen en otros juegos o los contratan por otro lado, en otros circos, y quieren con su porra obligarnos a traicionar los preceptos de la Constitución, con su pan se lo coman, pero los que hacemos este trabajo con seriedad, los que hacemos este trabajo con respeto y con dignidad, no podemos caer en ese juego, así nos linchen sus robots de Twitter y de Facebook, y los señores estos de la Coparmex, que ya abundaré sobre la conducta de estos sujetos.

El siguiente punto, hablan sobre un formulario, que porque con ese formulario ya el tren de la historia, así dijeron, diría yo el de la histeria, se llevaría a todos los corruptos, si llenábamos ese formulario se acababa el problema, ya aquí vi a varios Senadores felices de la vida, alegres, es el momento, por favor, en qué parte de la Ley 3de3 está ese formulario.

¿Díganme en qué capítulo?

¿En qué página?

¿Cuándo tuvieron el cuidado de socializar ese formulario con los demás compañeros?

Cuando nos llega a nosotros la información decimos: ¿Bueno, y dónde está el formulario? “No, pues, no lo imprimieron”. Y querían que votáramos por un formulario que jamás vimos, cuando lo que se procesó en este Senado era precisamente que un Consejo de Participación Ciudadana fuera, el que midiera constitucionalmente al alcance de las declaraciones y redactara tal formulario para que nosotros pudiéramos llenarlo.

Ese fue todo el escándalo, la reserva al artículo 29, con dos factores que ni siquiera existían en la propuesta original.

Siguiente punto.

Viene la 3de3 revertida o desdoblada, como le quieran llamar.

Los compañeros del PAN proponen una reserva, que el compañero Cárdenas lo hace también, finalmente es quien lo hace público, quien lo hace en Pleno, para que los señores estos, empresarios, sean sujetos obligados de esas mismas disposiciones.

Y, obvio, si los compañeros del PAN le dan uso de papel higiénico a esta iniciativa 3de3, los señores de la Coparmex, al sentirse afectados en sus intereses, levantan ese papel higiénico, así ya usado como estaba, y lo usan como paño de lágrimas para ir con el señor Presidente a decirle que se haga la justicia en las mulas de mi compadre, pero por supuesto que no se haga en las mulas mías.

Y es así con toda razón, ya lo han argumentado aquí otros Senadores, el Presidente los recibe en un período de dos días; el Presidente que dice que no se negocia, pues sí negocia, resulta que sí, tiene la capacidad para echar atrás las decisiones. Y finalmente nos remite en un acto republicano este veto parcial para su revisión.

Quiero simple y sencillamente decir que voté a favor, en todos sus términos, de este Sistema Nacional Anticorrupción, y esa broma del PAN, no la voté, y explicaré por qué.

Porque no me hubiera permitido convalidar ni en contra, ni a favor, ni con abstención, una broma parlamentaria de muy mal gusto, cuando ni siquiera se apegan a lo que estaba demandando la iniciativa ciudadana.

En el sentido del artículo 32, fui el primer Senador en este Pleno, que pidió el veto parcial, tanto el 29, como al 32.  El 29 pues el Presidente de la República lo considera correcto, en lo personal, yo lo considero correcto, creo que se apega a la normatividad constitucional y creo que no por darle gusto a otros y escuchar las porras de otros nos debemos entender del mandato constitucional que tenemos.

Sin embargo en este caso del 32, aunque fui parte de esos Senadores que vapulearon, les hablo a los compañeros de la Coparmex, aunque me boletinaron en sus redes, aunque dieron mi número telefónico, aunque dieron mi Twitter, mi Facebook, y mi familia y mis hijos fueron sujetos de acoso, porque ellos en lugar de desahogar las actuaciones públicas, personalizan los asuntos, tal como si nos espantaran, tal como si con un manotazo en el escritorio, al estilo de ellos, creería que nosotros, por lo menos yo, no les tengo miedo.

Sin embargo, si esperar, porque no los creo tan decentes, una disculpa y un desagravio por las mentiras que a mi persona cargaron, por haber faltado a la verdad señalando que eso que se decía en esa reserva era la 3de3, ésa era una jalada de pelos, eso no era la 3de3 y ha quedado debidamente establecido.

Sin esperar una disculpa por las muchas llamadas y las muchas ofensas que recibieron mis hijos por esa campaña cobarde que orquestaron, me allanaré a lo votado y votaré a favor, porque considero que la actividad productiva no debe estar sujeta a las regulaciones de los servidores públicos, existen otras leyes, hay otras disposiciones, podemos crear otros canales para que por el conducto señalado la iniciativa privada y quienes tienen interactuación con los recursos públicos puedan ser fiscalizados.

Es la cuenta, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con la venia de la Presidencia.

El Sistema Anticorrupción se termina de construir bajo la sombra y la sospecha precisamente de la corrupción, porque la génesis de este veto presidencial ha sido la negociación en lo privado entre el Ejecutivo Federal y los empresarios, quienes han pactado impunidad recíproca para seguir haciendo negocios con el dinero público, sin tener que rendirle cuentas a nadie.

En el pasado reciente, la sociedad mexicana ha sido testigo de escandalosos casos de corrupción e impunidad entre el gobierno y los particulares, tan así, y ya los hemos comentado en varias ocasiones, sólo por mencionar algunos, el Grupo Higa y OHL. Esto ilustra de sobre manera esta tesitura.

Por tal razón, pregunto: ¿De qué manera pretende el gobierno federal combatir la descomunal corrupción que prevalece en la Administración Pública en todo el país, si el propio Presidente de la República ha sido cómplice de actos de corrupción?

Es vergonzoso el incremento de escándalos de corrupción y preocupa que gobernantes de todos los colores partidarios y niveles jerárquicos se hayan visto inmiscuidos entre lamentables prácticas con particulares.

En la discusión de todas las reformas  supuestamente estructurales, en ningún momento el Ejecutivo atendió el reclamo y demandas de quienes sentían agravio con los cambios constitucionales o leyes secundarias.

De esta manera, ni a los maestros en la reforma educativa, a los ciudadanos y pequeños contribuyentes en el aumento de impuestos en las reformas hacendarias y financieras.

A los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad en la reforma energética, o a los trabajadores con la reforma laboral, a ninguno de ellos se les escuchó y mucho menos se negoció las modificaciones y aplicación de estas leyes.

Ahora estamos discutiendo un veto presidencial que no propone otra cosa más que la salvaguarda de los intereses particulares, ya que en sus reflexiones es muy claro, el Ejecutivo Federal al señalar que, las observaciones que se someten a consideración de esa soberanía se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes.

¿Cuál es el mensaje de fondo que está mandando el titular del Ejecutivo? Es sencillo, que para los empresarios  existe el diálogo, la negociación y la razón, pero los maestros se aplican la Ley de Herodes.

Por ejemplo, ¿qué tienen en común los grupos empresariales y maestros? Ambos pelean por algo que creen injusto y violatorio en sus derechos humanos.

Entonces, ¿por qué para uno sí existe en razonamiento y para otros el hostigamiento?

Además, en la estructuración de este Sistema Nacional Anticorrupción, han tomado la precaución de no trastocar a la Presidencia de la República, pues el Ejecutivo Federal será el único servidor público que no podrá ser acusado por actos de corrupción.

Y ahí comento, porque tomaron la palabra diciendo que nosotros no proponíamos.

Presentamos una reforma de Ley Anticorrupción, en donde solicitábamos la modificación del artículo 108 constitucional para incluir al escrutinio público, a los expresidentes de la República y al actual para que también se le aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Fiscalización y Rendición de Cuentas, desde arriba se encuentra la corrupción.

¿Quién es el que maneja y administra la riqueza de este país? El Presidente.

¿A quién hay que checarle las manos? Al Presidente.

Y de ahí en cascada.

Esa era la iniciativa de Ley que nosotros proponíamos, el PT-Morena.

Situación similar aplicará para los altos funcionarios del sector energético, a quienes se les cubrió con un manto protector, porque ellos no son considerados servidores públicos, por lo tanto, están exentos de toda responsabilidad de presentar sus declaraciones, además, la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción no se le dotó plena independencia ni de las herramientas de investigación necesarias para perseguir los delitos de la corrupción, mucho menos se le alejó de la esfera de influencia del Fiscal General de la República ,que será quien lo designe.

Tampoco se estableció un procedimiento que permitiera atender y dar seguimiento a una denuncia de la ciudadanía por actos de corrupción de algún servidor público.

Por este motivo y por varios más, la fracción del Partido del Trabajo ha votado en todo momento en contra de todo este gran sistema anticorrupción, porque se los hemos dicho, no va a funcionar.

Tal ejemplo, el ejemplo más claro y se lo comento a los medios que están aquí presentes, el ejemplo más claro del Sistema Nacional Anticorrupción es lo que se está tratando de hacer en Veracruz, en Oaxaca y en Chihuahua, que quieren implementar un sistema local  anticorrupción, donde ellos designen sus fiscales, sus magistrados, para que les cuiden las espaldas. Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción, que aquí se aprobó.

Lo que presentaron a la ciudadanía como la gran panacea en materia de combate a la corrupción no es más que mera comedia y teatro. Lo que pretende el Ejecutivo Federal es crear un régimen de excepción que violenta los principios  constitucionales y sustanciales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, contenidos en el artículo 134 de la Carta Magna.

Los empresarios sencillamente no le reclamaron al Presidente, le exigieron a éste, que los particulares no hicieran su declaración de intereses y patrimonial, y aunque coincido con quienes han expresado que esto no fue obra de la casualidad, resulta un insulto en contra de la ciudadanía, la manera en la que pretenden dar marcha atrás en lo aprobado por el Congreso.

La obligación impuesta a los particulares no debió asustar a nadie, ya que desde el año 2000 y en la legislación del 2009, la entonces Ley de Fiscalización Superior de la Federación señalaba, como entidades fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a todo mandato o fideicomiso público privado que administren cuando haya recibido por cualquier título recursos públicos federales y, en  general, cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. ¡Pero no ha funcionado, no se ha aplicado!

Finalmente, el decreto que fue aprobado por estas comisiones unidas,  el pasado mes de junio, robustece el catálogo de las entidades fiscalizadas, pues, ahora ya cualquier persona física o moral que haya cobrado o recibo en pago directo o indirectamente recursos públicos federales, será objeto de fiscalización. Así quedó estipulado en el artículo 4º, fracción XI del dictamen que constituye proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Es decir, desde hace 16 años, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o que preste sus servicios a la Federación, son entidades fiscalizadas.

Los argumentos que sustentan el veto presidencial son vergonzosos, porque ahora sí pretenden proteger la privacidad de los particulares e incluso se justifican en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender los intereses empresariales, pero han aprobado leyes aquí que legalizan el espionaje y la intervención de todo tipo de comunicaciones, la geolocalización y cualquier otra intromisión en la vida privada de la ciudadanía. Entonces ahí, los criterios de la Corte no aplican.

Con las modificaciones propuestas del Ejecutivo queda claro que no quieren hacer públicos los grandes negocios privados al amparo del poder público, buscan mantener en la impunidad las casas blancas y los intereses de los grandes empresarios; buscan ocultar las jugosas ganancias ilegales de los negocios multimillonarios con el sector energético derivados de la mal llamada reforma energética.

No desean dar cuenta de las grandes transacciones que hacen el cobijo de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Ese es el fondo del asunto, no hay más.

Es vergonzoso que este dictamen que se presente sin el más mínimo análisis de las propuestas envidas por el Ejecutivo Federal, es un copy paste del documento enviado desde Los Pinos. Esto refleja que no existe el sistema de división de poderes. Y de pesos y contrapesos, mejor ni hablamos.

En síntesis, esta reforma quedó corta, no es lo que México necesita.

La impunidad y la corrupción seguirán reinando en el país sencillamente porque no existe voluntad política para erradicarla. Para ello no es necesario crear nuevos sistemas, basta con que todos tengamos ética, guarden y hagan guardar la constitución federal y las leyes que de ella emanan, cuestión que no es así.

Por ello hemos de insistir, el tiempo nos ha de da la razón. Esta simulación de lucha contra la corrupción no dará ningún resultado, sólo servirá para burocratizar la investigación de los actos de corrupción y para publicitar los supuestos logros en los medio de comunicación.

Senadoras y Senadores: Como lo ha señalado la Suprema Corte, el orden público implica que las normas de interés general público y de obediencia condicional no sean anuladas o modificadas con base en el interés de las partes, pues se considera base configurativa del ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo cual no pueden ser anuladas por el interés particular que accione por su sola voluntad en pro de su beneficio.

Es decir, la ley no debe hacerse a la medida de los amigos, porque entonces, el Estado democrático pierde todo sentido y se genera un vacío de legitimidad.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes.

Con su permiso, Senador Presidente Roberto Gil Zuarth, Senador oriundo del estado libre y soberano de Chiapas.

Vengo a exponer las razones por las que como miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy a favor de aprobar la propuesta que ha remitido a esta soberanía el titular del Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las observaciones que remitió el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su revisión, se refieren exclusivamente al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus incisos b) y c).

Su materia específica son nueve artículos concurrentes que regulan la obligación de los particulares, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Asimismo aborda la forma de dar cumplimiento a la obligación y las sanciones correspondientes en los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81.

En su envío, el titular del Ejecutivo Federal señaló que la obligación que establece el artículo 32 tal como lo aprobó el Legislativo, constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales de este país.

Como lo aprobó esta soberanía, nos dice el titular del Ejecutivo, impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos por las siguientes razones:

Se aplicaría de manera indiscriminada a todas las personas que reciben recursos públicos, sin distinguir, por ejemplo, entre personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes becados a través de entidades públicas e incluso personas físicas que prestan servicios a empresas que tengan contratos públicos.

Además el titular del Ejecutivo señala que dicha disposición podría constituir una violación a los artículos 1, 6, 16, 22 y 108 de la Constitución, y que la medida no es necesaria ya que existen otros mecanismos efectivos para combatir la corrupción.

Considera que es desproporcional, pues la intromisión gubernamental es mayor que el beneficio que pretende ofrecer a los ciudadanos y población objetivo, a quienes van destinados los apoyos que son recursos de naturaleza pública.

Resalto aquí que el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobó en esta soberanía a partir de una modificación presentada de último momento por un Senador, por 95 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

Y quiero ser muy enfático en esto. Uno de esos siete votos en contra de la reserva que tanta polémica ha causado, es la de un servidor.

Mi postura y el sentido de mi voto en relación con la Ley 3de3, siempre han sido muy claros. Voté a favor para los formatos para presentar las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial como los proponía la ciudadanía en la redacción original 3de3.

En su momento voté en contra de las modificaciones al artículo 32 que propuso de último momento nuestro colega legislador.

Señoras y señores: Los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos comprometidos a desarrollar bases institucionales que permitan combatir, prevenir y sancionar el fenómeno de la corrupción.

En Acción Nacional celebramos el ejercicio histórico de parlamento abierto que se celebró en el Senado de la República en relación con las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero soy de quienes piensan que el Ejecutivo Federal debió haber enviado también el artículo 29 para su reformulación hacia la máxima publicidad de las declaraciones.

Creo que lo que ha faltado es voluntad política para entrarle de frente a este tema, aquilatando las ventajas que todos ofrece.

Es conveniente que atendamos la petición de las organizaciones de la sociedad civil, que con el respaldo de más de 634 mil firmas han solicitado hacer públicas las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses.

Estamos conscientes que mostrar tu patrimonio puede tener consecuencias a través de ataques de quienes no les gusta explicar la trayectoria de su patrimonio.

Quienes hemos hecho públicas nuestras declaraciones desde hace años, en mi caso desde que me incorporé al servicio  público, estamos conscientes que estamos expuestos a ataques, calumnias que hemos recibido, por ejemplo, al ser cuestionados de mala fe el origen de mi patrimonio, se trata de campañas mediáticas que no se sostienen si remites a la opinión pública a las cuentas claras que explican la evolución patrimonial, que se vuelven endebles si exiges la presentación de pruebas cuando te quieren involucrar en actos indebidos, creo que el mejor antídoto contra estas bajezas es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Por ello, hoy anuncio desde esta tribuna que, con oportunidad, presentaremos en septiembre, durante el próximo período ordinario iniciativas para modificar el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de ampliar hacia la máxima publicidad las declaraciones de todos los servidores públicos de este país, empezando por el Presidente de la República y terminando con el servidor público del municipio más pequeño de este país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias.

Buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.

No cabe ninguna duda que el proceso de construcción de esta legislación secundaria en materia de combate a la corrupción ha sido inauditamente sinuoso, y se nota, vaya que se nota que muchos intereses se sintieron amenazados y sacaron sus garras para defender sus cotos de poder, sus cotos de corrupción, sus cotos de impunidad.

Debemos de reconocer que lamentablemente lograron su objetivo de obstaculizar esta legislación y salvaguardar algunas puertas de salida para mantenerse en la opacidad y en la impunidad. Así lo señalamos, compañeras y compañeros, así lo señalamos durante el pasado período extraordinario en la discusión de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la que atinadamente nuestro compañero Alejandro Encinas se refirió como la Ley 2que3.

Pero que vale decir que en esta oportunidad, a esa quisiera referirme nuevamente haciendo alusión a la participación de la sociedad civil a lo largo de este proceso. Creo, así lo hemos venido escuchando, que todos reconocemos la aportación de las organizaciones que formaron parte de este fundamental proceso en su lucha por combatir, el que sin duda es uno de los más grandes flagelos que adolece nuestro país.

Y esas mismas voces, esa misma exigencia ciudadana es la que hoy nos tiene aquí nuevamente en un segundo período extraordinario para corregir lo que se hizo mal.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar, y claro que asumo el costo de lo que habré de decir, que sí lamento mucho, de verdad que lamento mucho que varias de estas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraban destacadamente la de los empresarios, sólo hayan reclamado, y lo quiero subrayar, sólo hayan reclamado airadamente el tema de la obligación de presentar declaraciones por parte de particulares; pero no hayan alzado la voz cuando estuvieron con el Presidente de la República en contra de la opacidad, de esa legalización de la opacidad y la impunidad que esta ley contiene, y a la que nos referimos en tribuna durante el pasado período extraordinario de sesiones.

Ojalá, compañeras y compañeros, que con ese mismo ahínco que se hubiera protestado para que se consideraran servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno, de las empresas productivas del Estado, o porque la publicación de las declaraciones fuera obligatoria y no quedara sujeta a la voluntad del servidor público, o por el pleno e irrestricto acceso de los ciudadanos a la información relativa a las sanciones de que hayan sido objeto los servidores públicos.

Ojalá hubiera contemplado, porque tampoco he visto, lo tengo que decir, un espíritu autocrítico de reconocer que no pocos empresarios en este país, y lo subrayo, no pocos empresarios en este país han sido fuente de corrupción en colusión con autoridades.

Y no voy a mencionar ejemplos en esta ocasión para no herir susceptibilidades de los grupos parlamentarios, pero todos conocemos esos ejemplos.

Yo incluso en Oaxaca, he denunciado en reiteradas ocasiones esas redes de corrupción que involucran a gobernantes y a particulares.

Por eso sí, sí aplaudo que hoy las organizaciones con su reclamo estén logrando que se enmiende un claro error del Congreso sobre el contenido y redacción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pero lamento que dejen pasar la oportunidad de alzar la voz para que se enmienden el resto de las debilidades y carencias de este instrumento jurídico.

Y que dejen pasar también la oportunidad de explorar la manera de cerrar el paso a esos empresarios corruptos que en colusión con autoridades, se han servido del dinero público para su propio beneficio.

Les dejo a todas, a ellos, pero también a este Pleno la invitación, les dejo una invitación a nuestras amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil y particularmente me refiero a la de los empresarios, a que hagamos a que juntos busquemos la manera de hacer realidad todo esto que hemos venido discutiendo el día de hoy, porque está ley, efectivamente es perfectible.

Y si tendremos que estar proponiendo en septiembre próximo, varias enmiendas que son importantes de impulsar.

Y no puedo dejar en la tribuna, señor Presidente, sin hacer alusión a un comentario que, si bien no es de esta ley, también se ha expuesto como un ejemplo.

Es lamentable que el Presidente de la República no entienda y atienda la voz de muchas mujeres y hombres. Una gran cantidad de ellos maestros que han venido reclamando reformar las leyes secundarias en materia educativa.

Nosotros mismos, en este Senado,  hemos presentado iniciativas para que deje de existir esta evaluación punitiva.

Hemos presentado iniciativas para que no exista una evaluación estandarizada.

Por supuesto que hay que revisar ésta, y yo diría de una buena vez, pues las reformas estructurales que no han dado pie con bola, porque el país sigue cada vez en picada.

Señor Presidente, el voto de un servidor será en contra del dictamen que se nos está presentando.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero Presidente.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras. Por supuesto que mi voto será en contra.

No puede ser a favor, porque está claro que en este país el ciudadano Presidente de la República no obedece al que le dio el voto.

Si obedeciera al que le dio el voto para ser Presidente, sin duda que hubiésemos superado ya los niveles infames de pobreza que tenemos.

Si acatara el mandato y mandara obedeciendo a los que lo hicieron Presidente, sin duda que los muertos por enfermedades curables no existirían.

Si obedeciera al que le dio el voto, es decir, a los millones de pobres que lo hicieron Presidente, seguramente, seguramente no tendríamos las escuelas en las condiciones infames en que se encuentran.

Pero a pesar de que no obedece, a quienes le dieron el voto, muchos mexicanos y mexicanas siguen esperando que el Presidente reflexione y que ataje con todo rigor y energía el cáncer más lesivo que tiene la Patria y este cáncer es la corrupción.

Todo mundo lo sabe.

Todos señalamos con índice de fuego la corrupción.

Y cuando el Senado de la República hace una ley en donde por palabras del propio Presidente, reconoce el día 18 de marzo del 2016 en un evento de Coparmex, que la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, sino también está en el sector privado, y la mayoría de las veces van de la mano, ese día le presumió al país que se crearía una legislación de vanguardia para combatir la corrupción, y decía que la iniciativa privada se deben impulsar factores como la regulación, la responsabilidad social y las cadenas de valor.

Eso  lo dijo en la Coparmex, seguramente como un discurso más de los que acostumbra a decir en su calidad de demagogo, y cuando el Senado de la República le pone el cascabel al gato porque quizá atendiendo quizá a lo que él señala ese 18 de marzo, entonces, los empresarios se le encabritan, los empresarios se le enojan, los empresarios sacan las uñas, sacan las garras y lo amenazan seguramente que le van a quitar su respaldo.

Y como no se debe a los que votaron por él, la inmensa mayoría de los pobres, bueno, pues entonces, atiende que con carácter de urgente el planteamiento de los empresarios de este país que él mismo señala que la corrupción se da no sólo en el sector púbico, sino también  en el sector privado y que la mayoría de las veces van de la mano.

Es un despropósito verdadero el hecho de que se elimine el artículo 32, lo pudiera haber mejorado, lo pudiera haber mejorado, sobre todo atendiendo la parte donde dice que todos aquellos entes públicos que ejerzan recursos públicos en general.

Bueno, pudo haber, bueno, al Senado se le pudo haber pasado la mano, y englobó a  mucha gente, pero aquí pudo haber dejado con mucha claridad a todos aquellos que hacen contratos o tienen concesiones con el sector  público, esos necesariamente tienen que hacer sus declaraciones tanto patrimonial como fiscal y de intereses.

Es de dominio público, las vinculaciones vergonzantes del gobierno de la República, los estados y de algunos municipios con empresarios que sólo buscan su beneficio personal y se valen bien de las relaciones que tienen con el gobierno para ser beneficiados con contratos de dudosa licitación.

Por eso, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, por eso mi voto será en contra, porque no podemos avalar que quienes se enriquecen al amparo del poder público sigan siendo beneficiados, y que en este país no  pase absolutamente nada.

Eso es lo que se va a dar una  vez que se apruebe el veto que el ciudadano Presidente Enrique Peña Nieto le hace a la Ley Anticorrupción, y las componendas con los amigos, con los compadres, con los parientes seguirán sin ningún control; seguramente dirán: “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre.

Pero también hay otro dicho que dice: “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (Desde su escaño): Solicito la palabra para hechos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Lo registro, Senador.

Informo a la Asamblea que las Senadoras Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña Pérez, Hilaria  Domínguez Arvizu, el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo entregaron a la Mesa Directiva los textos de sus intervenciones, a favor del dictamen, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen el Senador Isidro Pedraza Chávez.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias.

Compañeras y compañeros: Ya veo que están cansados, y prácticamente poca atención le ponen a los oradores, cuando menos hay silencio en la sala, y eso es una ventaja, porque así lo dejan a uno hablar con más plenitud.

Hemos estado escuchando intervenciones en esta tribuna, que marcan hasta vergüenza de quienes han utilizado la palabra, arrepintiéndose de  lo votado en el pasado junio.

Y luego, cuando se refieren a los empresarios, tratan de vincularnos con las 634 mil firmas de ciudadanos, y creo que es algo que no debemos de permitir, este plagio no se puede dar de las firmas de ciudadanos que dieron para que en este país contáramos con unas herramientas que permitan combatir la corrupción, y que, entonces, los empresarios se monten en esto, y luego el Presidente les haga caso, y nosotros aquí obedientes, puntuales, serviles, estemos actuando en este momento para darle gusto a esta solicitud.

Yo creo que ningún mexicano que se aprecie de ser listo, puede ignorar que buena parte de los actos de corrupción no vienen de los políticos, vienen de los empresarios, ellos son los que han hecho muchas de las trapacerías que nos tienen hoy asustados, indignados y, en muchos casos, hasta cuestionados públicamente por nuestra falta de credibilidad.

Acuérdense ustedes de algunos de los fraudes cometidos para lograr contratos jugosos, en la Comisión Federal de Electricidad, como hasta un yate y un Ferrari fue entregado para poder acceder a los contratos, y eran empresas privadas.

Tienen ustedes señalamientos de OHL, cómo ha sido cuestionada por la forma de obtener contratos, y esos son los empresarios a los que tratan ahora de cubrir porque no van a poder transparentar sus intereses, sus ingresos, entorno a los contratos.

Ustedes vieron cómo al amparo de cada administración federal hay empresas que crecen, crecen y son las que obtienen las ganancias a partir de la cercanía con el poder público.

Hoy que se buscó un mecanismo de que pudiera darles posibilidades de transparentar sus ingresos también a ellos, sus declaraciones patrimoniales, es la oportunidad de emparejarnos como ciudadanos y como mexicanos.

Hay, por ejemplo, yo creo, mucha necesidad de que las cosas vayan caminando y que a veces por obedecer un mandato no se puede establecer límites en lo que se quiso hacer, pero si nosotros tenemos en la licitación de obra pública, en la asignación de contratos calidades y formas de aplicación de las convocatorias, hay por invitación, hay convocatorias nacionales y hay convocatorias internacionales, cuando menos quienes están a nivel de recursos, que se publican en convocatorias a nivel internacional, deberían de estar obligados a estar declarando en el sentido de demostrar su declaración patrimonial y su declaración de intereses, es obvio que la van a tener porque están dedicados a alguna rama de la economía.

Vean ustedes cómo ahorita muchos de los ex funcionarios públicos que trabajaron en el sector público de energía ahora son los consejeros, los empresarios, los que están conduciendo las empresas que se generan de esta industria que ha privatizado el gobierno federal.

Por eso es la importancia, por eso el señalamiento de avanzar en esta ruta, y creo que nosotros en la posición de poder cuestionar esto, es una oportunidad que tenemos que dejar marcada.

Votar en contra significa estar a favor de que no se siga sangrando más los recursos públicos de nuestro país en complicidades a la hora de asignar contratos a los empresarios que tienen una doble moral.

Tenemos que estar claros de que nosotros nos irrita lo que está pasando en este país con esta serie de actos de corrupción que se vienen dando, pero los actos de corrupción no son lo preocupante, es la impunidad, y creo que ninguna herramienta de estas va a caminar si de primero no está la voluntad y el compromiso de los funcionarios públicos para erradicar esas prácticas.

Hemos visto que lo que nos hace falta en nuestro país, y lo he insistido, y cada vez que veo este tema lo digo, es la voluntad política para combatirla.

Aquí en el Senado encontramos resistencia para poder encontrar que estas leyes caminaran de manera correcta, que pudieran fluir.

Hubo momentos de que esto se pudo parar, hubo discusiones que confrontaron y, sin embargo, estamos ya ahora en una parte última corrigiendo una versión que a alguien no le gustó para dejar este sistema.

Acuérdense que esta cuestión tiene un origen y es un compromiso que había hecho el Presidente de la República de combatir la corrupción en nuestro país.

Y apenas, a ya casi cuatro años de gobierno, estamos discutiendo este Sistema Nacional Anticorrupción. 

Por eso para nosotros es válido, es oportuno, señalar nuestro voto en contra porque esto no abona en el mecanismo que se planteó.

¿Cuántas discusiones, cuántos desencuentros se tuvieron por la forma de plantear las cosas?

¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros como órgano legislativo, a perfeccionar estas leyes para que de verdad tengan el impacto que se requiere?

Hubo el momento y por eso es mi posición, de que no podemos nosotros estar a contentillo solamente del Ejecutivo y cuando a él conviene nosotros ejerzamos, como títeres, la corrección de artículos, de reservas, de vetos que él establezca para que nosotros puntualmente estemos corrigiendo la plana.

Ya lo señalaron, hay temas importantes. Hay un tema que nos debe preocupar a todos, porque son varios estados de la República los que están ahora convulsionados por las movilizaciones de los maestros en donde debemos atender que es atendible el tema de escuchar cómo se mejora la Reforma Educativa.

Si hoy quien va a recibir este Sistema Anticorrupción empieza a aplicar los instrumentos de manera correcta, empezará a garantizar que en nuestro país empecemos a combatir la corrupción, y tenemos ahí fiscales anticorrupción que se van a crear, el de delitos electorales. Acabamos de pasar de un proceso electoral, ojalá y se pudieran ir castigando conductas que tienen muy marcado el derroche de recursos públicos en los pasados procesos electorales.

Por eso, compañeros, cuando le toca al gobierno, en la posibilidad de ver que se le dotó de una Ley de Educación que tenía un instrumento para evaluar a los maestros, ahora el único momento donde el Ejecutivo se está centrando, es en la evaluación de los maestros, no hay otro diálogo, no hay otra visión que no sea solamente estar insistiendo en el tema de la evaluación. Pero sí podemos nosotros generar espacios, apertura para temas en donde no podemos desenmascarar quiénes son los empresarios que se enriquecen al amparo de las complicidades del gobierno.

Por eso, una ley en este sentido que le demos la orientación para de verdad castigar, exhibir y publicitar los casos de enriquecimiento, es la oportunidad que esta ley le hemos negado, al mutilar el artículo 29 y al mutilar el artículo 32.

Por esta razón, compañeras y compañeros, mi voto es en contra de esta enmienda que se ha propuesto realizar el día de hoy.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En rectificación de  hechos tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, hasta por cinco minutos, don Manuel, por favor.

El Senador Manuel Bartlett  Díaz: Gracias señor Presidente.

Con su venia señor Presidente.

Aquí se mencionó que venimos, quienes estamos en contra, a criticar y no a proponer.

Ya el Senador Menchaca dijo que nosotros presentamos una iniciativa, pero ocurrió con ella lo que siempre ocurre, no se dictaminó, se escondió.

Y  les recuerdo, y le voy a pedir al señor Presidente, que se publique en el Diario de los Debates, para que quede constancia que sí existe esta iniciativa, pero les irritó mucho, empieza por una reforma a la Constitución para establecer que el Presidente de la República, en este caso Peña Nieto, sea reo de delitos de corrupción. Y lo dijimos, y todos ustedes lo saben, porque es desde ahí donde se genera la corrupción.

De manera que si el Presidente es impune, es cuando se crea un sistema de corrupción protegido por el Presidente, las procuradurías, las policías, etcétera. Eso es lo que no se entendió nunca y por eso todo el sistema, el sistema es nulo, es un sistema falso.

Por aquí también se mencionó que había que votar, si no es la responsabilidad. Otra vez esa batea de babas que les sirvió para armar toda una farsa, diciendo que el PT había sido el culpable de que no se aprobara.

¡Por favor hombre, ya basta de tonterías!

Nosotros hemos estado en contra de todo el sistema.

Y además, en relación con la 3de3, estamos de acuerdo, nada más que ¿qué es lo que hicieron? Metieron, esa ley, todavía le llaman ley, la metieron y lo hicieron un articulito de una de las siete leyes.

Entonces los 600 mil ciudadanos que firmaron esta propuesta que nos ha hecho llorar aquí, convencidos de que era la solución de todos los males de corrupción, quienes la metieron en el articulito en la estructura tramposa del sistema, es el sistema anticorrupción falso, la mataron, está muerta.

Aunque hubieran sido capaces de estar todos  juntos, del lado y lado para realmente ganar una elección que perdieron ustedes, los lados, aunque hubieran sido exitosos  no sirve, porque aprobaron ustedes aquí las mayorías éstas que se hicieron, aprobaron el sistema anticorrupción, que es una ficción.

Y lo hemos dicho una y otra vez, pero eso no se toca, nada más vienen a decir generalías que no se  aceptan cosas maravillosas.

No es cierto.

El sistema anticorrupción es una ficción, es una simulación, aunque quieran decir lo contrario, porque todos los funcionarios se los dijimos, lo repetimos todas esas estructuras, las mismas que ahora hace el sistema anticorrupción, las mismas que no han servido para nada, porque están controladas por el Presidente, esas mismas se llaman sistema anticorrupción. Todas nombradas por el Presidente y sus corifeos aquí en el Senado.

Ya lo vamos a ver ahora dentro de poco, a quiénes van a nombrar.

Desde el Tribunal, está nombrado por el Presidente, el Fiscal ridículo ese que por aquí se decía, lo puede quitar la Procuradora o el Procurador quien, sea, es una ficción. Y eso no lo han criticado.

Ese sistema nombrado por el Presidente en totalidad, bueno, con sus colaboradores aquí no sirve, no sirve porque los que están nombrados son los que van a cuidar  a los vigilados.

Uno de los principios fundamentales de todos los sistemas anticorrupción que hemos comentado, el de la ONU, el de Londres que acaba de ir Peña Nieto a firmar, todos ellos tienen como principio fundamental de la lucha contra la corrupción la independencia de los agentes que lo van a hacer. Es un requisito sine qua non, todo lo demás, todo lo demás es una simulación, pero eso no se toca aquí.

 Entonces me dan pena algunas Senadoras o Senadores por aquí que se duelen, y lo expresan con gran sinceridad, que no se den cuenta que al haber metido su famosa Ley de 3de3 en un artículo quedó sellada como un instrumento más de esa corrupción presidencial. 

¿A quién le van a entregar esos documentos?

El PRD presentó una ampliación total cuando presentaron su reserva, ¿a quién le van a entregar todos estos documentos? A los mismos. Lo dice la ley, los documentos estos que presentarán, se los van a entregar a los que nombró el Ricitos de Oro ese de la Secretaría de la Función Pública, ese va a nombrar a todos los que van a girar la Secretaría los nombra él.

Se acuerdan ustedes qué dijo cuando el Presidente le planteó que si la Casa Blanca estaba mal, no se tardó 5 minutos en decir que estaba bien, bueno, ese señor o quien lo sustituya por dedazo del Presidente, ese es el que va a nombrar a todos los que van a vigilar el aparato administrativo, bueno no es una burla.

¿A quién le va a entregar todos esos papeles que piden para que sean los políticos, para que la clase política reviva y sea honesta? 

¿A quién le van a entregar?

 Y además,  ¿qué van a hacer? Ya se les olvidó, porque ni siquiera quieren profundizar, se los van a entregar al nombrados del Ricitos de Oro y él va a mandarlo al organismo que va a tener el control de la plataforma esta que va a exhibir a todos, pero está en manos de los mismos, cómo no se quieren dar cuenta de eso, en manos de los mismos, y además van a revisar si esos datos son verdaderos.

¿Quién los va a revisar? Ellos.

Pero ¿cómo los van a revisar?

En el gran sistema anticorrupción. Los van a  suerte. Van a decir cuáles sí, cuáles no, condados, ni siquiera han dicho cómo. No van a revisar, no se responsabilizan de revisar los documentos que presentan. Esa maravilla del 3+3, o +6, como dijo algún otro.

¿Quién los va a revisar? Pues ellos.

Entonces, por ejemplo, yo no quiero mencionar nombres para no atraer más animadversión que la que nos crean con Televisa, TV Azteca, etcétera, pero presentó por ahí un personaje muy conocido sus 3+3.

Buenos, ustedes lo conocen, presentó, bueno, casi me hace llorar porque estaba tan pobre, que casi pide prestado, y tiene una enorme fortuna conocida. ¿Y ya lo revisó alguien?

¿Ya le dijeron que no es cierto, que es mentira?

¡Nadie!

¡Ah! Pero si va a presentar alguien que no les caiga bien a estos señores, dueños de la anticorrupción, que es la corrupción, entonces sí van a escoger a quienes ellos quieran, porque así está en esta ley que han defendido como la gran cosa.

Todo lo que aprobaron, todo lo que aprobaron, niega el 3+3.

Y repito, aunque se hubiera aprobado, como lo defendieron perdiendo, ¿verdad? Si se hubiera aprobado hubiera sido inútil, queda en manos de ellos.

De manera que hemos tratado en todas estas intervenciones, hemos tratado de demostrarles que es una trampa. Pero no lo leen, no les interesa, están dispuestos a aprobarlo, es una farsa, es una mentira, es un sistema para proteger la corrupción, y además va a quedar, y cuando nombremos o nombren ustedes, obviamente, a estos funcionarios que van a llegar, pues ya se acabó el sexenio, y ya se están acabando los contratos en el aeropuerto; Higa seguirá teniendo contratos; OHL seguirá creciendo, y toda esa gran corrupción que no se va a acabar.

Por eso yo les digo: no se vale venir al Senado a solapar un sistema que protege la corrupción brutal que existe en este país.

Todos han dicho lo mismo. El país se está hundiendo por la corrupción, estamos desprestigiados mundialmente por la corrupción, bueno, ni le hacen caso a Peña Nieto, cuando plática con el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá, bueno, platican de otra cosa.

Estamos podridos de corrupción, y entregan ustedes siete leyes que son una simulación, y no lo han querido discutir aquí; se han pasado tres años, muchos años; han sudado; han trabajado mucho; han quedado los domingos sin trabajar; dejaron a los niños solos, bueno, qué cosa tan maravillosa, pues hicieron una porquería, es lo que hicieron.

Estos desvelos servirán para que quede muy contento el centro de la corrupción de este país y engañen a los mexicanos y va a seguir la corrupción, peor todavía, porque esta es para proteger el sistema de corrupción que empieza desde la Presidencia de la República hasta el último gobernador, lo hemos visto, que no van a entrar a la cárcel.

¡Eh! Van a ser protegidos porque se tapan con la misma cobija.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Le entrego el documento.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (Desde su escaño): Me permite, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Adelante, Senador.

Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (Desde su escaño): Declino mi participación, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

En virtud de que está suficiente discutido, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que el grupo parlamentario de Senadores del PRD ha reservado los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73, de los artículos en discusión.

¿Alguien más desea hacer alguna reserva?

No habiendo quien haga otra reserva, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, en lo general, y de los artículos no reservados.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenido en el artículo segundo del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para presentar reservas a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, dichas reservas se refieren a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73 del proyecto de decreto.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidente.

Ya no repito los artículos que, en efecto, el PRD se propone modificar y proponer redacciones alternativas.

Pero una manera fácil de terminar este debate sería que los colegas que se inclinan a obedecer ciegamente cualquier instrucción presidencial, pues respondieran a una pregunta de tres palabras: “no que no”.

Porque en el período ordinario propusieron, redactaron y defendieron que los empresarios deberían presentar sus tres declaraciones al igual que los servidores públicos y ahora, que lo ordena el Presidente, están diciendo lo contrario

Entonces el Presidente es verdaderamente quien dicta la línea legislativa, hay un presidencialismo que promueve una regresión autoritaria y aquí se acata. Deberían admitir, al menos, que Enrique Peña Nieto mintió, dijo: “que lo que no está dispuesto el gobierno a hacer es a negociar la ley, ésta ni ninguna otra, no sólo la legislación educativa, ninguna está sujeta a negociación”, dijo Peña Nieto.

Estas frases cayeron más rápido que la popularidad de Peña Nieto en las encuestas. Bastó que un grupo de empresarios se manifestara en el Ángel de la Independencia y que algunos otros manotearan, como vimos hacer en una foto al gerente de OHL para que el gobierno doblara las manos y negociara la ley.

Esta manifestación organizada por los magnates sí tuvo mesa de negociación, a esa movilización no la reprimieron, sino, al contrario, de inmediato tuvieron derecho de picaporte en Los Pinos.

¿Entonces la ley sí se negocia?

Demandamos, por lo tanto, que se dialogue con los maestros y se revise la reforma educativa. México está gritando, exige vías democráticas que pongan freno a la polarización para que no se agraven los problemas, para que haya gobernabilidad democrática. Sin embargo, ante las exigencias de la población, en particular de los maestros, se responde que la ley no se negocia.

Pero acto seguido, el Presidente veta la Ley de Responsabilidades Administrativas y con ello impide que los grandes empresarios sean regulados para inhibir la corrupción. Este es un gobierno que le habla fuerte a los débiles y habla suavecito a los poderosos.

Este es un gobierno sometido a los intereses y dictados de los grandes grupos oligárquicos, de los grupos poderosos económicamente. Si los megaempresarios dicen: “no a la 3de3, el gobierno acata”. Si los megaempresarios dicen: “que la reforma educativa no se negocia, el gobierno acata”. No hay que equivocarse.

El empecinamiento del gobierno en negarse a una revisión de la reforma educativa no es signo de fortaleza, sino de su profunda debilidad.

Aquí decía el Senador Pablo Escudero, y habló de varias sanciones que marca la Ley de Responsabilidades hacia los particulares; sin embargo, la verdadera rendición de cuentas implica conocer, mediante declaración pública, la situación patrimonial para dar seguimiento a la evolución de sus ingresos, y su declaración de conflicto de intereses para demostrar que no están relacionados con los servidores públicos que toman las decisiones en referencia a sus empresas.

Y debemos o debimos haber eliminado también el fuero de todos los servidores públicos, de los gobernadores, de los legisladores, y muy en especial del Presidente de la República que se ampara en su fuero, en la inmunidad de su cargo para incluso falsear la realidad y mentir a la sociedad.

En estos últimos años se ha recrudecido la corrupción, los casos en que empresarios y altos funcionarios se alían para obtener beneficios indebidos; el gobierno, tras gobierno, se ven casos donde se actúa en favor de sus amigos, de sus socios una y otra vez, buscando siempre una ganancia inusitada contratos y negocios que llevan al quebranto de las finanzas públicas.

El veto parcial de Peña Nieto a la Ley 3de3, responde claramente al requerimiento de los grandes empresarios para modificar varios artículos toda vez que la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses a particulares, resultaba inoperante para ellos según sus declaraciones.

Los argumentos en los que se basa el gobierno federal para devolver, para vetar, para regresar al Congreso diez artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aluden y abro comillas, “a una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales en su esfera privada” dice Peña Nieto en su argumentación.

Esta es una interpretación equivocada de la ley; además de que el Presidente de la República, no tiene facultades de interpretación de leyes. Esa facultad le corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero más aún, si se lee el texto constitucional en materia anticorrupción, se verá que hace sujetos obligados a los servidores públicos, pero también a los particulares.

Nosotros no estamos de acuerdo en dejar fuera a los grandes oligarcas en la articulación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que cruce información, que pueda darle seguimiento a la evolución de sus ingresos, al patrimonio de los servidores públicos y a las grandes ganancias de los empresarios que surgen cada sexenio.

Hacerlo así es perpetuar el círculo vicioso de corrupción y de impunidad.

Por eso, las grandes empresas sí deben tener la obligación de proporcionar sus declaraciones para lograr un sistema eficaz que permita combatir el fenómeno de la corrupción.

Dice Peña Nieto: que los empresarios tienen derecho a la privacidad. Todos tenemos el derecho a la privacidad y eso es materia de otra ley, no de la de responsabilidades.

Y ese derecho además, no está siendo cuestionado, lo que se discute es el hecho de que las personas morales, las grandes empresas presenten sus declaraciones al igual que los servidores públicos.

O como lo señala María Amparo Casar, abro comillas, “No es posible considerar a las empresas únicamente como víctimas de la corrupción, sino también como beneficiarias de la corrupción”.

La complicidad entre la autoridad y la empresa privilegiada se da en los contratos amañados, en las asociaciones público-privadas, en los convenios modificatorios, en los prestanombres, el enriquecimiento en una palabra: al amparo del poder público.

La élite mexicana es corrupta, y así lo concluye transparencia internacional que ubica a México como uno de los países más corruptos del mundo.

Por ello combatir la corrupción y la impunidad y la opacidad, son una prioridad y una urgencia en este país.

La corrupción institucionalizada se debe acabar.

Las élites políticas y económicas que se enriquecen al amparo del poder público, deben regularse por la Ley de Responsabilidades, aceptar el veto del Presidente, resulta el gesto más claro de un gobierno entregado a los intereses empresariales y alejados de los intereses de la gente de la sociedad.

La corrupción, o si ataca de fondo, o es una simple simulación.

Queremos con nuestro voto en contra decir que la corrupción, el soborno, los conflictos de interés, el enriquecimiento, no se están considerando en su verdadera erradicación.

El veto del Presidente al artículo 32, obedece sólo a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia, aunque no lo sea para los maestros. Y volvemos a exigir porque es un deber.

Es demandamos el diálogo con los maestros.

Que se revise la Reforma Educativa.

La ley si debe revisarse y debe de considerarse, en este caso, el diálogo para que la Reforma Educativa que no lo es, pueda serlo.

Y en las modificaciones que propone el PRD para el artículo 32. Estamos proponiendo una redacción alternativa que quisiera por ser muy larga que se adjuntara al Diario de los Debates, pero estamos ahí proponiendo que las personas morales que cuenten a mediano y largo plazo con entes públicos de la Federación y con entidades federativas y los municipios que cuenten con la ejecución de obras, de obras asociadas a proyectos de infraestructura o servicios públicos celebrados de conformidad a lo dispuesto con esta ley, estén sometidas a la publicación o a la presentación de sus declaraciones.

También que  las personas físicas que participen directamente o por su cuenta o con interés de personas morales en los procesos de contrataciones públicas a las que se refiere la fracción anterior deban presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación en la materia.

Y, lo mismo en el artículo 3, estamos definiendo como declarante al servidor público, persona física o moral obligado a presentar la declaración de situación patrimonial de intereses y la fiscal en los términos de esta  ley.

En el artículo 4º. Incluimos a las personas físicas y morales a las que se refiere el artículo 32 de esta ley.

En el artículo 27, incluimos a los particulares.

En el artículo 30, incluimos a los particulares, a los que se refiere el artículo 32 de la ley.

En el artículo 33, incluimos a los servidores públicos en el apartado A, pero en el apartado B tratándose de los particulares  a los que se refiere el 32 de la ley, y ponemos: Deben de presentar la declaración inicial, la declaración patrimonial y una declaración de conclusión de contrato para revisar la evolución de que la ganancia que estipula el contrato sea realmente en la que evoluciona la empresa ceñida a determinado contrato, etcétera, etcétera.

Pediría, por ser varias hojas de argumentación se inscriba en el Diario de los Debates en cuanto tal.

Gracias.

Por todo esto, nuestro voto, de no aceptarse, sería en contra

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese en el Diario de los Debates de manera íntegra el documento de reservas que ha sido presentado por la Senadora Dolores Padierna.

En virtud de que las reservas están disponibles en el monitor de sus escaños y fueron presentadas exhaustivamente por la Senadora Padierna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más reservas presentadas, en consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos que fueron reservados.

Recuerdo cuáles son, los artículos: 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, y 73 en los términos del dictamen, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

Dé cuenta la Secretaría el resultado de la votación, por favor.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 78 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73 del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, modificados por las observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos de la fracción c) del artículo 72 constitucional.

El acta de esta sesión se ha colocado en el monitor de sus escaños.

En virtud de que no se han recibido observaciones a su contenido, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del martes 5 de julio.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Mesa Directiva estará atenta a lo que resuelva la Cámara de los Diputados sobre la minuta que acabamos de aprobar.

En caso de que se requiera nueva sesión, con fundamento en el artículo 4° del Decreto por el que se convoca a sesiones extraordinarias, se les citará oportunamente.

De cumplirse con el objetivo de estas sesiones, en virtud de la aprobación de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto respectivo, se harán las notificaciones para dar la clausura correspondiente a este período de sesiones extraordinarias.

Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 18:43 horas.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1722