Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Versión Estenográfica

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2015.

PRESIDENCIA DEL  SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.

ÍNDICE

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, del Senador Arturo Zamora Jiménez, con la que remite su Informe de actividades legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Una, del Senador Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su participación en el 2º Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuacultura de América Latina y el Caribe, celebrado los días 2 y 3 de diciembre de 2015, en Brasilia, Brasil

PRONUNCIAMIENTOS DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN A LA JORNADA ELECTORAL DEL DOMINGO 6 DE DICIEMBRE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, A LA DEMOCRACIA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN RELACIÓN A SUS PROCESOS POLÍTICOS INTERNOS Y SOBRE LA TRANSICIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA

INICIATIVAS

Del Senador Manuel Cota Jiménez, a nombre de las y los Senadores Gerardo Sánchez García, Mely Romero Celis e Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Del Senador Zoé Robledo Aburto y a nombre del Senador Alejandro Encinas Rodríguez y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el “Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable”

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías.

FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN
Senadora Cristina Díaz Salazar
Senadora Angélica De la Peña Gómez
Senadora María del Pilar Ortega Martínez

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN

INTERVENCIONES
Senadora Dolores Padierna Luna
Senadora Lucero Saldaña Pérez
Senador David Monreal Ávila
Senador Jorge Aréchiga Ávila
Senador Benjamín Robles Montoya
Senador Humberto Mayans Canabal
Senadora Martha Tagle Martínez

VOTACIÓN

VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de audiencia

FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN
Senadora Cristina Díaz Salazar
Senadora Angélica De la Peña Gómez
Senadora María del Pilar Ortega Martínez

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN

INTERVENCIONES
Senadora Dolores Padierna Luna
Senadora Martha Palafox Gutiérrez
Senador Miguel Ángel Chico Herrera
Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo

VOTACIÓN

VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN
Senador Héctor Larios Córdova
Senador Ernesto Cordero Arrollo

INTERVENCIONES
Senadora Lisbeth Hernández Lecona
Senador Mario Delgado Carrillo
Senador Octavio Pedroza Gaitán
Senador Héctor Larios Córdova

VOTACIÓN

ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL, EN LOS ESTADOS DE DURANGO, OAXACA Y SINALOA

VOTACION

TOMA DE PROTESTA DE LOS MAGISTRADOS.

PRONUNCIAMIENTOS DE SENADORES EN RELACIÓN A LA JORNADA ELECTORAL EN VENEZUELA

INTERVENCIONES
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza
Senador Arturo Zamora Jiménez
Senadora Angélica de la Peña Gómez

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACION CON LA RECEPCIÓN DE PROYECTOS REMITIDOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS

Iniciativas, proposiciones y efemérides.

CITA


SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2015.

PRESIDENCIA DEL  SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:50 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Con gusto, Presidente.

Le informo que se encuentran presentes 69 Senadoras y Senadores.

Por tanto hay quórum, Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del miércoles 9 de diciembre de 2015, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador Arturo Zamora Jiménez, con la que remite su Informe de actividades legislativas correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Y una, del Senador Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su participación en el  2º Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuacultura de América Latina y el Caribe, celebrado los pasados días 2 y 3 de diciembre de 2015, en Brasilia, Brasil.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Doy lectura a un pronunciamiento que suscribe la Mesa Directiva sobre la jornada electoral de Venezuela.

Los Grupos Parlamentarios del Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, con base en los artículos 72, numeral 1, fracción XV y LXXXII, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, emitimos el siguiente pronunciamiento:

Primero.- El Senado de la República se congratula por la celebración de la jornada electoral del domingo 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela, la cual se llevó a cabo en un ambiente de paz y con una alta participación ciudadana.

Segundo.- Las Senadoras y Senadores refrendamos nuestro compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, región que vive un momento histórico que redefine las directrices de sus procesos políticos internos.

Tercero.- Las Senadoras y Senadores hacemos votos porque la transición en la Asamblea Nacional de Venezuela se desarrolle bajo los principios democráticos y respetando la institucionalidad de nuestro hermano país sudamericano.

Dado en el Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre del año 2015.

Y lo firman los integrantes de la Mesa Directiva.

Por tanto, comuníquese el presente pronunciamiento de la Mesa Directiva.

En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el señor Senador Manuel Cota Jiménez, para presentar a nombre propio y de los Senadores Gerardo Sánchez, Mely Romero e Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Antes ha solicitado el uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero.

Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Senador Vicepresidente en funciones de Presidente.

Únicamente quiero preguntarle si fue removido del orden del día el dictamen correspondiente a la Ley de Sociedades Mercantiles, que estaba listado desde el martes y que apareció listado el día de hoy en el orden del día.

Quiero saber si sigue en el orden del día o fue removido por usted.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Fue retirado por acuerdo unánime de la Mesa Directiva, por aspectos de técnica legislativa.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Señor Vicepresidente, me apena mucho señalarle que está usted excedido en sus facultades, que no pueden hacer eso, y quiero denunciar que usted bajó ese dictamen, porque tiene conflicto de interés.

Es usted fedatario público y es una ley que es mal vista por el círculo de Notarios, y por eso bajó usted ese dictamen abusando de sus facultades.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Solamente para conocer en amplitud cuáles son las cuestiones de técnica legislativa específicas y ampliamente motivadas y fundadas, por las cuales se bajó este mismo dictamen que lleva ya tiempo esperando un turno para poderse discutir y votar

Entendemos que alguien puede estar en contra de ese dictamen; entendemos que puede afectar intereses, pero el Senado de la República debe discutir eso en la tribuna, no en la Mesa Directiva.

Le pediría que antes de que pudiéramos aprobar el orden del día, se pudiera conocer con amplitud cuáles son las motivaciones de técnica legislativa, como usted acaba de señalar, que evitan que este dictamen y su discusión el día de hoy, como estaba planteado, por técnica legislativa no permitan que otras se discutan.

Yo no soy abogado y quisiera que nos ampliaran qué cuestiones de técnica legislativa son las que este dictamen obstruye.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto.

Le pediremos al área técnica que presente un informe para que usted lo tenga antes de que termine esta sesión.

En cuanto al tema del orden del día, éste ya fue aprobado.

Por tanto continuamos con el orden del día y tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cota Jiménez.

El Senador Manuel Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna para presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, que al tenor tiene las siguientes consideraciones.

El campo en nuestro país está sufriendo un grave problema de envejecimiento en sus pobladores, que tan solo entre el 2000 y el 2010 la tasa de crecimiento de la población rural de entre 55 y 59 años fue del más del 50 por ciento, mientras que el crecimiento de la población, desde los cuatro a los 34 años no supera el promedio del 20 por ciento.

Esta dinámica de envejecimiento viene a repercutir en la pirámide generacional de las unidades económicas rurales. Según cifras oficiales la mayoría de los responsables de dichas unidades se encuentran en el rango de edades, de entre los 50 y los 59 años, mientras que en el caso de las mujeres la mayor proporción se ubica en el rango de edad de los 45 a los 49 años, lo que implica que en una década más esta población estará por concluir su etapa productiva.

En este orden de ideas es evidente que el curso poblacional que se denuncia no es una tendencia natural, eminente al medio rural, son muchos los problemas que asolan al campo mexicano hoy en día, los cuales se conjugan y crean un ambiente idóneo para generar una crisis estructural en la sociedad rural.

Por un lado los procesos migratorios que se presentan en nuestro país, tanto internos como hacia el extranjero, son una constante que destruye al campo mexicano de forma silenciosa, esto año con año, migrantes tras migrantes van transitando a otras partes del país, y hoy en día es un equivalente al 13 por ciento de la población nacional, esto frecuentemente se va al país del norte a los Estados Unidos, y de ello cerca del 82 por ciento provienen de la población campesina.

Como consecuencia de la manifestación de este fenómeno, la población rural ha pasado de representar el 57.4 por ciento de los habitantes de México durante 1950, a presentar sólo el 23,2 por ciento en 2010, y el 21 por ciento para el 2014, esto según el Banco Mundial.

Con un ritmo como este las poblaciones rurales quedarán desiertas en pocos años, poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra patria, pero además se estaría en riesgo de perder gran parte de bagaje histórico y cultural que representan las y los habitantes del campo mexicano.

Sin embargo, los procesos migratorios son solo la cara visible de un problema a un mayor, así pues la solución no se encuentra encerrar nuestras fronteras como erróneamente se hacen en otros países, países como Corea del Norte.

Claramente el problema no son las personas que deciden emigrar, el problema es reflexionar sobre el qué se está haciendo para arraigar a los jóvenes del campo, políticas públicas, programas del gobierno y   más aún leyes y mandatos parlamentarios que permitan justamente arraigar de esta población  a los jóvenes, que no sólo por su edad y por su ocupación, que debe ser propiamente en razón  a su vocación, a su cariño, a su origen de su tierra y de su familia.

Las estadísticas no mienten, entre mayor es el grado de marginación en una población rural, mayor es la tendencia migratoria en los jóvenes que en ellas viven. En un escenario, y carente de oportunidad alguna, las personas comparan el beneficio que existe en emigrar a distintos lugares y mercados laborales con el que verdaderamente encuentran alternativas de vida y que a veces son propiamente apariencia, y lo que representa es un gran riesgo para los migrantes.

La idea de partir es sumamente tentadora, esta relación, causal entre ambos fenómenos, trae consecuencias peligrosas para el sector rural, como lo es el propio envejecimiento de la población del campo, problema que se encuentra en el espíritu de la reforma que el día de hoy estamos proponiendo.

Aunado a lo anterior, es necesario reforzar el acceso de los jóvenes a los apoyos gubernamentales en el medio rural, disminuye oportunidades para buscar una vida mejor, las estadísticas reflejan que el 60 por ciento de los programas entregados para apoyos al campo son recibidos, por productores mayores de 50 años, mientras que los propietarios más jóvenes reciben sólo el 5 por ciento de los programas totales.

Las primicias son evidentes, la marginación y la falta de apoyo y oportunidades a los jóvenes del campo se han decantado en un flujo migratorio que en un futuro será incontenible si no realizamos acciones que mandaten justamente el arraigo de  los jóvenes.

Esto ha generado la ausencia de un relevo generacional en las sociedades rurales y consecuentemente el envejecimiento de estas poblaciones. La conclusión salta a la vista. Ello es  muy importante tomar medidas que permitan ese arraigo, porque igual es preocupante en pocos años que tendremos un campo con personas cuyo ciclo productivo va poco a poco terminando.

Ante esta situación el reemplazo por generaciones jóvenes se convierte en una necesidad imperante para el medio rural, y de ahí la importancia de elevar a nivel legal la búsqueda por la erradicación de los jóvenes en su lugar de origen como un objetivo de las políticas  públicas para el desarrollo rural sustentable, y como finalidad del presupuesto especial concurrente.

La realidad del campo se estima desoladora si no se logra un cambio generacional importante en la población rural.  Se ha demostrado cómo el promedio de edad de la población del sector primario ha tenido rumbo al envejecimiento, y en qué medida las altas tasas de emigración en jóvenes han influido en el problema de transición generacional.

Por esa razón, los promoventes, mis compañeras Hilaria Domínguez, Mely Romero, los senadores Gerardo Sánchez y un servidor, proponemos la modificación a los artículos 143, 144, 164 y el 191 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable para utilizar de manera sistemática dicho ordenamiento e incluir con ello dentro de las medidas pendientes a la erradicación, la prioridad en la erradicación de los jóvenes en el campo. Además, se busca agregar la radicación de los jóvenes del campo como un objetivo de los programas sectoriales.

Es, con base a estas consideraciones que sometemos a esta Honorable Asamblea el presente proyecto de decreto.

Decreto por el cual se adicionan la fracciones VII, al artículo 143, recorriéndoles las subsecuentes adiciones a diversos artículos que he mencionado.

En el 143, en su párrafo séptimo.- Fomento para que los jóvenes del sector rural se arraiguen en sus lugares de origen de las actividades del sector primario.

El  octavo.- Las que determinan la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano.

Y el 144.- La organización y asociaciones económicas y sociales en el medio rural tanto el sector privado como el social dentro de las siguientes prioridades… 

Pido tolerancia en el tiempo, señor Presidente, para concluir.

Fomentar el arraigo de los jóvenes en sus lugares de origen.

Y el artículo 161.- Los programas que formula el gobierno federal para la promoción de las zonas de atención prioritaria dispondrán de acciones e instrumentos orientados, entre otros, a  los siguientes propósitos:

Fomentar en la juventud el arraigo en sus lugares de origen que  permitan darle viabilidad a la actividad del sector primario, pensar en las actuales, en las nuevas y en las futuras generaciones del campo mexicano, es pensar en un tema estratégico de seguridad nacional, y es propiamente la seguridad alimentaria.

Por ello, en nombre de mis compañeras y compañeros Senadores solicito a la Asamblea considerar la presente proposición de iniciativa.

Gracias a todas y todos ustedes.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

Senador López Brito, tiene el uso de la palabra. Sonido en el escaño del Senador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito (Desde su escaño): Presidente, para solicitar que pregunte usted al proponente o los proponentes de esta iniciativa importante, si me permiten sumarme. Considerando que el tema éste no es privativo del campo, sino de todo el sector agropecuario, incluyendo al sector pesquero, y creo que es importante atender este asunto prioritario para  nuestra  nación, si me permite.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Manuel Cota, está usted de acuerdo, así es. El Senador Tello, el Senador Demédicis, Senadora Martha Palafox, por favor tome nota la Secretaría de las y los senadores que se están sumando a la presente.

¿Senador Demédicis,  para un tema diferente?

¿Senador Cota, si está de acuerdo? También que se sume.

Sonido.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Presidente, solamente pedirle turno para la Comisión de Desarrollo Rural de esta iniciativa que propone mi compañero Humberto Manuel Cota.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Como no, se obsequia el turno de esta iniciativa, con todo gusto.

Senadora Martha Palafox.

Sonido, por favor, en el escaño.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Únicamente como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, junto con nuestro Presidente, el Senador Cota, que acaba de presentar esta iniciativa, rogarle que nos incorpore, dado que como integrante de la Comisión de Agricultura, le solicitamos nos permita y, además, felicitarlo por esa visión tan amplia con nuestra gente del campo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Tómese nota.

Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual se turna a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, así como de Estudios Legislativos.

Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias.

Muy buenos días compañeras y compañeros.

Déjenme leerles una fracción de un texto que todos ustedes conocen, el capítulo V de la Constitución de Apatzingán, en su artículo 27. El capítulo es de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de los ciudadanos, el artículo 27 de la Constitución de Apatzingán decía:

“La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social, ésta no puede existir sin que esta ley limite los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos”.

Pero, además, también en esta misma Constitución, que todos ustedes conocen, que fue inspiración para muchísimos ordenamientos jurídicos, para la propia Constitución de 1917, el General Morelos planteaba otro elemento, ese elemento tenía que ver con la ley, y decía la Constitución de Apatzingán, en su artículo 18: “la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común, la felicidad común”. Esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional.

Morelos, en este decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, ya hablaba del concepto de la felicidad como el fin último de la ley, como el fin último de  las acciones del Estado.

Por eso, de una manera cariñosa y hasta navideña, yo les preguntaría a mis compañeros y compañeras senadores: ¿si son felices? Si pueden decir con seguridad que tienen una plenitud de vida que los llevaría a decir que son felices.

Y se los pregunto por una razón, se los pregunto porque a lo largo de muchísimos años ha habido diferentes propuestas para medir el desarrollo de una nación. Dentro de esas propuestas justamente se incorporaba el precepto de Morelos que estimó tan importante en  esta Constitución de Apatzingán, la felicidad.

Y la pregunta a ustedes como representantes populares sería, para la población mexicana, qué nos contestaría un mexicano, una mexicana joven, vieja, adulta, los niños, si les preguntamos si son felices, y ese sentido tiene que ver porque para medir el bienestar se han propuesto y utilizado muchas medidas.

Recordamos que en 1930, el economista Simón Kuznets, propuso al Senado de los Estados Unidos que se adoptara una medición que consistía en la suma de los bienes y servicios producidos durante un año. Esa medición todos ustedes la conocen: es el PIB.

Así fue que nuestra nación vecina inició con la medición del Producto Interno Bruto, hoy es una regla prácticamente en todas las democracias y en prácticamente todos los países del mundo, pero hay que recordar que esta medición del Producto Interno Bruto fue creada para un momento muy particular de la vida de los Estados Unidos, eran los años 30’s, era la época de  La Gran Depresión, y es por ello que las necesidades del momento requerían únicamente un indicador que permitía medir la recuperación de la economía.

Sin embargo, a pesar de que este concepto fue construido en un contexto muy específico permaneció, se arraigó y aún hoy lo seguimos utilizando sin complementarlo con otros indicadores.

Hoy en día las necesidades de los hombres y las mujeres, no sólo de Estados Unidos, también de México son muy distintas a las de entonces, las naciones del mundo ya no solamente buscan crecimiento económico, sino que buscan que ese crecimiento económico tenga repercusiones reales y además tenga la realidad cotidiana de los ciudadanos y de las sociedades,  un sentir de que si el país crece, las familias crecen y los individuos crecen.

El PIB ya no nos sirve para eso.

Hemos tenido, incluso etapas de prosperidad y de crecimiento económico  amplio, pero que no se representaron de igual manera en estados de la República.

¿Cómo se representó o no se sintió ese crecimiento de igual forma para  sectores de la sociedad?

Por eso es que hoy crecer sin mejorar no tiene sentido, hoy crecer sin combatir la desigualdad es un despropósito. Por eso, es que  guiarnos únicamente por las mediciones del PIB para entender la situación de nuestro país, de verdad limita por mucho nuestro entendimiento de la sociedad, limita la forma como somos empáticos con los ciudadanos que están  en el campo, en las fábricas, en las universidades, nos limita, por tanto, en nuestro actuar y limita nuestra forma y nuestra capacidad de ejercer el cambio.
El PIB ya no sirve. Hay que seguir utilizándolo, pero para otras cosas, no para medir el bienestar de la sociedad.

El crecimiento económico  sin bienestar social, reitero, no tiene sentido, crecemos para mejorar, crecemos para ser felices, crecemos para encontrar  nuevos estadios del bienestar, no para replicar los vicios y los problemas del pasado.

Por eso es que esta iniciativa lo que plantea es justamente  incorporar indicadores que nos permitan medir el bienestar subjetivo de nuestra población, indicadores que nos permitan medir la felicidad, con todo lo que esto puede implicar y lo que seguramente puede levantar muchas  cejas diciendo: ¿Cómo es que un Senador esté planteando que ahora midamos la felicidad?

Pues sí, no solamente por toda la exposición que acabo de hacer de por qué el indicador que usamos ya no es útil para saber en qué estado de bienestar están los ciudadanos, sino para subirnos a una nueva tendencia económica mundial.

Hoy los indicadores que nos pueden permitir entender cómo las leyes y las políticas públicas inciden de manera directa en la felicidad de nuestros ciudadanos están ausentes de toda legislación y están ausentes también de toda política pública.

Hoy debemos de procurar instrumentos para poder medir, pero también para poder garantizar la felicidad de los ciudadanos para que en el futuro podamos justamente crear leyes y políticas que incidan no solamente sobre la economía, sino sobre el  bienestar de los mexicanos.

Por ello es que volteamos al mundo, muchas naciones han adoptado una idea muy similar a la que Morelos estipuló en la Constitución de Apatzingán.

Muchas naciones están ya midiendo la felicidad.

La idea es que es mucho más trascendente de lo que aparenta, un índice de bienestar subjetivo que mida la felicidad, nos permitiría medir las repercusiones del desarrollo, nos permitiría medir, incluso, las implicaciones de lo que aquí aprobamos, nos podría permitir medir qué tanto estamos incidiendo en la realidad cotidiana de los ciudadanos mexicanos y entender mejor el contexto en el que vivimos.

El primer país que hizo esto fue el reino de Bután, un país muy diferente al mexicano, con apenas 800 mil habitantes, un reino budista y muchos dijeron en su momento, bueno lo de Bután es posible hacerlo solamente  en Bután.

Pero ocurrió algo extraordinario, en el 2009 se  reúne una Comisión en Francia, dirigida por dos afamadísimos economistas, dos Premios Nobel Amartya Sen y Joseph Stiglitz, ambos tuvieron ese encargo por parte del entonces Presidente francés, construir un índice de bienestar subjetivo, que sirviera como documento al indicador económico que es el PIB.

Desde entonces países, ciudades, organismos de Naciones  Unidas y también de la OCDE han adoptado ese modelo, es más, ya lo estamos haciendo en México,  medir la felicidad de una sociedad, por ello un país no solamente un mayor entendimiento de sus condiciones sociales, funciona además para entender las repercusiones de las  políticas públicas y el estado de la economía.

En ese sentido, los índices de felicidad funcionan como una especie de puente entre los indicadores macro y que muchas veces presumimos la inflación, los niveles de crecimiento, etcétera, etcétera, pero puentearlos con la realidad cotidiana que viven las familias mexicanas.

En su función de herramienta técnica, los medidores de la felicidad permiten determinar la calidad de vida de los ciudadanos, así como sus carencias y todo aquello que afecta el tejido social y que nos llevan a situaciones de hartazgo, de violencia, de ira, de apatía de desconfianza. Todas estas situaciones que han minado también  la medición que tienen los mexicanos respecto a las instituciones, pero principalmente respecto a la calidad de la democracia mexicana.

En ese sentido, es que habiendo tomado en cuenta la experiencia internacional y la propia experiencia del Inegi en ejercicios para este tipo. Está iniciativa lo que pretende es, por un lado complementar e incorporar un índice de bienestar subjetivo al Censo del Inegi, propuesta que ya fue presentada desde el 3 de diciembre ante el Senado y, por el otro lado, agregar el concepto de bienestar subjetivo a la Ley General de Desarrollo Social.

Creo que agregar este concepto a la Ley General, buscaría fomentar la calidad de vida de los mexicanos, creando justamente indicadores medibles de bienestar psicológico, de salud, de uso del tiempo libre, de educación, de cultura, de percepción de políticas de gobierno, niveles de vida, vida laboral, la relación con la comunidad, la relación, como ya lo decía con la familia, incluso la espiritualidad, entre muchos otros indicadores.

Estas dos leyes permitirían construir un verdadero complemento a los indicadores económicos tradicionales que nos permitirían tener más herramientas para entender de mejor forma, de manera más empática, poniéndonos en los zapatos de los ciudadanos y las ciudadanas que representamos y medir la incidencia de las leyes y de las políticas públicas.

Por eso, compañeras y compañeros, le reitero la pregunta,

¿Son felices?

¿No son felices?

¿La gente que representa es feliz o no lo es?

Bueno, hace 200 años Morelos ya estaba planteando eso en uno de nuestros documentos básicos que fue la Constitución de Apatzingán.

Y hablo de la felicidad como un precepto indispensable para la gobernanza del país. Hoy es buen momento para retomar esta atrevida propuesta de Morelos, a que nos atrevamos a ser felices y que nos atrevamos a representar gente que sea feliz, y que los indicadores macro se expresen en las mesas, en los corazones y los sentimientos de la población.

Reitero la pregunta ¿Son felices o no?

De corazón espero que si lo sean. Pero independientemente de ello, pasar estas iniciativas de ley ayudará a entender mejor a los mexicanos y ayudarlos también a este objetivo que no debe de ser nada más de épocas navideñas, el objetivo de no desear felicidad, propiciarla y generarla, a partir primero de su medición.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

Túrnese esta iniciativa sobre este tema tan importante que tiene que ver con la felicidad, a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

Senador Raúl Pozos, para sumarse a la iniciativa.

Todos los Senadores, Senadora Luisa María, adelante todos.

Tome nota por favor, si son tan amables y también su servidor.

Recibimos iniciativa de la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que contiene un proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable. El cual se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

Felicidades Senadora.

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justica, así como de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en  materia de suspensión de garantías.

A este dictamen se le dio primera lectura el día 29 de abril del año 2014 y se encuentra pública en la Gaceta del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  no asiente)

Si se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

En ese sentido se concede el uso de la palabra a la distinguida Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento que rige nuestros trabajos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.

Honorable Asamblea: El presente dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, propone la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es mandatada en el artículo 4º transitorio de la reforma constitucional, de junio de 2011, en materia de derechos humanos.

El presente dictamen propone regular el ejercicio de las facultades de las autoridades para iniciar el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en una región determinada el ejercicio de ciertos derechos y garantías por causan que representan una amenaza excepcional a la paz pública.

Para la elaboración del mismo, las comisiones dictaminadoras recibimos y analizamos 2 iniciativas que plantearon expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29. Una de ellas elaborada por Senadores de diversos grupos parlamentarios, y otra fue enviada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Debo puntualizar, que mediante la reforma constitucional se establecieron nuevas condiciones que deben cumplirse para proceder  --si fuera el caso--, o declarar la suspensión o restricción de garantías en virtud de los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Dada la sensibilidad y delicadeza el tema en lo que respecta a la Ley Reglamentaria que se propone expedir, se establecer claramente en el dictamen un procedimiento de análisis previo con la participación del Congreso a la declaración o suspensión de derechos o garantías.

Es decir, y lo subrayo: “Ya no es una declaración unilateral del Poder Ejecutivo. En todo momento el Congreso conocerá sobre el mismo y tomará razonablemente las determinaciones que haya lugar”.

En tal sentido, será el Titular del Ejecutivo Federal quien presente para su aprobación el proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión, o en su caso, de la Comisión Permanente, y si este está de acuerdo, procederá a declarar la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías.

Para tales efectos, el proyecto deberá contener lo siguiente:

Primero.- El fundamento y la motivación del decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías.

La delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión de derechos y garantías.

El tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión de derechos y garantías.

Los derechos y garantías que serán restringidos.

Los derechos y garantías que serán suspendidos.

La relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas en el proyecto de decreto y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión de derechos y garantías.

En su caso, la solicitud de autorizaciones que se estime necesarias para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar y las obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

La fundamentación para proceder a declarar la restricción o suspensión de derechos y garantías, deberá ser motivada considerando la gravedad y la naturaleza de la situación, observando que en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia e intangibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales.

Aclaro, y es importante hacerlo, que la suspensión o restricción del ejercicio de derechos, nunca podrá ser sobre los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar  creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura y las garantías judiciales indispensables para la protección de éste.

Adicionalmente, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, hemos acordado, a propuesta de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil, incluir los siguientes derechos en este catálogo.

Primero.  La prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual.

Segundo.  La prohibición de las detenciones arbitrarias.

Tercero. El derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente.

Cuarto. La prohibición de desplazamiento o excursión forzados.

Quinto. Aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el Derecho Internacional.

Sexto. Las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción, ni de suspensión conforme al debido proceso.

El trámite de la presente iniciativa se calificará como asunto de urgente y obvia resolución, y el Congreso de la Unión o, en su caso, la  Comisión Permanente deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

Si se llegara aprobar el decreto, se remitirá inmediatamente al Titular del Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como por los medios de comunicación impresos y electrónicos para asegurar su máxima publicidad.

Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se deberá notificar a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas, a través de sus Secretarías Generales.

La revisión sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo Federal será pronunciada de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Lo subrayó: La revisión sobre la constitucionalidad será revisada por parte y de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si la decisión se pronuncia sobre la inconstitucionalidad, la Suprema Corte ordenará el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida y deberá informar al Congreso de la Unión y al Titular del Ejecutivo Federal para que publique la resolución en el Diario Oficial de la Federación.

Esto que acabo de subrayar, compañeros Senadores, es de suma importancia.

Como parte de los medios de impugnación, la ley prevé que los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos de restricción o suspensión de derechos y garantías, serán impugnables  a través del juicio de amparo.

Y por último, el dictamen en estudio establece la facultad del Congreso de dar por terminada la restricción o suspensión cuando lo considere conveniente, y en este caso la persona del Titular del Ejecutivo Federal no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión de derecho de garantías.

Por lo anteriormente descrito, pido a todos los Senadores su voto a favor del dictamen.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

A continuación se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo establecido en el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidente.

Señoras y señores Senadores: En los dictámenes, particularmente este dictamen que reglamenta el artículo 29 de nuestra Constitución, concluye formalmente el proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011.

Con la expedición de esta leyes -es el caso del 29 constitucional- damos cumplimiento a los artículos transitorios establecidos en dicha reforma, los cuales obligaban al Congreso de la Unión a expedir a más tardar el 11 de junio de 2012, el marco secundario en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos.

Por lo que corresponde a esta Ley Reglamentaria en materia de restricción y suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, el dictamen retoma la iniciativa presentada el 14 de agosto del 2013 por diversas Senadoras y Senadores, así como la iniciativa presentada el 22 de octubre por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

En tal virtud, las comisiones unidas dictaminadoras después de haber realizado un análisis puntual sobre el contenido y el alcance de las dos iniciativas en comento, y después de haber celebrado un amplio proceso de consultas con diversas organizaciones especialistas, presentamos a ustedes este dictamen conjuntamente con un paquete de modificaciones que se han hecho llegar a la Mesa Directiva, al tenor de las siguientes consideraciones:

En un Estado democrático la creación de disposiciones jurídicas temporales para regular las situaciones graves y excepcionales que puedan poner en riesgo al Estado o a la sociedad, debe ser un proceso claramente regulado y sujeto a decisiones y acciones de emergencia, cuyo único fin debe ser el restablecer la situación de normalidad.

Estos escenarios incidentales denominados Estados de excepción, deben ser atendidos desde una perspectiva integral y transversal que permita conjugar la legalidad con la nueva interpretación constitucional sustentada en los derechos humanos.

El desarrollo histórico y el Estado comparado nos han mostrado que la regulación de un Estado de excepción o de emergencia en muchas ocasiones, deriva en la acumulación de atribuciones y muy a menudo en graves violaciones a los derechos humanos.

Es precisamente por esta razón que resulta relevante que la regulación de estos Estados de emergencia o de excepción, no sólo contemple el procedimiento para decretar esta restricción o suspensión de garantías, sino que además faculte a otras instancias o Poderes del Estado democrático, para que intervengan y controlen permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo.

Lo anterior en el entendido de que la restricción o suspensión de derechos y garantías, debe reunir determinadas condiciones y requisitos que obran a la manera de garantías jurídicas para preservar los derechos humanos en situaciones de crisis, de conformidad con lo establecido por el artículo cuarto del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que a la letra leo:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación o cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados parte en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el Derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u orden social.

2. Del mismo pacto.- La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de determinados artículos y derechos.

Y dice el pacto en su fracción III: Todo Estado que haga uso del derecho de suspensión, deberá informar inmediatamente a los demás Estados parte de dicho pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión.

Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto a la fecha en que se haya dado por terminada la suspensión.

Asimismo, es importante también reconocer que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estamos obligados a cumplir, dice en el capítulo cuarto respecto a suspensión de garantías, interpretación y aplicación en su artículo 27, que:
En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de  esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y no entrañen discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u orden social.

La disposición presente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos.

3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

4. Derecho a la vida.

5. Derecho a la integridad personal.

6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre.

9. Principio de legalidad y retroactividad.

12. Libertad de conciencia y de religión.

17. Protección a la familia.

18. Derecho al nombre.

19. Derechos de la niñez.

20. Derechos a la nacionalidad.

23. Derechos políticos.

Ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Por su parte, señoras y señores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció criterios muy significativos sobre la interpretación del artículo  27 de la Convención Americana, por conducto de varias opiniones consultivas que es necesario mencionar.

Por ejemplo, la número 6. Pronunciar el 9 de mayo del 86, denominada la expresión Leyes, en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostuvo esencialmente en cuanto a los Estados de emergencia que, y leo:

Los mismos no pueden traducirse en la suspensión temporal del Estado de derecho, y que el gobierno respectivo esté envestido por poderes absolutos más allá de las condiciones a que tal legalidad de poderes absolutos, tal legalidad excepcional esté autorizada, pues como ya lo había sostenido el propio tribunal en ocasión anterior, el principio de legalidad, las instituciones democráticas, y el Estado de derecho, son inseparables.

De manera mucho más precisa en cuanto a los instrumentos procesales, la propia Corte Interamericana se pronunció en las opiniones consultivas VIII y IX. En la IX resuelta el 30 de enero de 87, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la designación del habeas corpus bajo la suspensión de garantías, la Corte sustancialmente sostuvo que los procedimiento previsto en el artículo 25.1, amparo, y 7.6 habeas corpus, de la propia Convención Americana, no pueden ser suspendidos con apoyo en el artículo 27.2 de la misma Convención porque constituyen garantías procesales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse, según la última disposición.

Estos conceptos también fueron analizados a profundad en la opinión consultiva número IX, del VI de 87 a petición expresa del gobierno de Uruguay con la denominación, Garantías Judiciales en los Estados de emergencia.

En la que se sostuvo básicamente que deben considerarse como garantías judiciales indispensables, no susceptibles de suspensión, en los términos de los preceptos mencionados de la Convención, el habeas corpus y el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes destinados a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención, y que también deben considerarse como no susceptibles los procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativa de gobiernos previstos en el derecho interno de los Estados partes como idóneos por garantizar la plenitud del ejercicio de los propios derechos no susceptibles y cuyas suspensión o limitación comporta la indefensión de tales derechos.

No obstante su creciente aproximación a los estándares internacionales e interamericanos, las regulaciones que ofrecen, las constituciones latinoamericanas, permítanme decirlo, distan de ser uniformes en la materia, simplemente voy a enunciar cómo califican situaciones, como las de esta materia, en el caso, por ejemplo en Argentina, que la define como Estado de sitio; Brasil, Honduras, Estado de excepción; en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, Paraguay y Perú.

Bien, aquí puede ser visto de dos clases: o Estado de emergencia o Estado de sitio de acuerdo a lo que establece Paraguay. Venezuela. En donde se clasifica como Estado de alarma o Estado de emergencia económica o Estado de conmoción; o situación de excepción en Chile; Estado de defensa en Brasil; estado de conmoción en Colombia que se diferencia de lo que ahí se conoce también como Estado de emergencia.

En el caso de la Reforma Constitucional que emprendimos en México el 11 de junio de 2011. Es que el artículo primero de  nuestra Constitución, de manera clara establece que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia con obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y de observar el bloque de constitucionalidad; ejercer un control difuso de convencionalidad y aplicar el método de reinterpretación conforme para garantizar el principio propersona.

Recordemos que también, junto con el artículo primero de la Constitución fueron reformados otros diez artículos, entre los que se encuentra el 29 constitucional, cuya Ley Reglamentaria hoy estamos poniendo a la consideración de todas y todos ustedes.

Se propone en esta ley, que hoy ponemos a su consideración, cuya denominación será: Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quede compuesta por 34 artículos, 5 capítulos y 1 régimen transitorio.

¿Cuáles son, de manera muy general?

Me parece relevante destacar el capítulo primero que se denomina “Discusiones Generales”, y particularmente tengo que mencionar que se define, podrá ser los requisitos de procedencia, podrá ser en todo el país o en lugar determinado, en tiempo limitado, se efectuará por medio de prevenciones generales, las prevenciones generales deberán ser, mediante la expedición de una ley, la restricción o suspensión no puede contraerse a persona determinada.

Igualmente, resguardamos como principios que son intangibles los siguientes derechos: El derecho a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, pero también abundamos más en esta Ley Reglamentaria.

Más allá de lo que los tratados internacionales que yo he mencionado establecen, como las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar religión, creencia, religión o no, y el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles inhumanos o degradantes, la prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual, la prohibición de las detenciones arbitrarias.

El derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente con el respeto debido a su dignidad inherente, la prohibición del desplazamiento o expulsión forzosos, aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el derecho internacional y además, y además las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción ni de suspensión conforme al debido proceso.

Voy a pasar toda mi intervención para que pase completa, si es tan amable, señor Presidente, en el Diario de Debates, y simplemente me voy al final de la misma en donde, y para no entretenerme, ya que la Senadora Cristina Díaz abundó en recordar cómo quedan estos capítulos, yo simplemente termino diciendo, el cumplimiento de obligaciones constitucionales no puede estar sujeto a valoraciones de tipo político.

Nuestra responsabilidad fundamental es cumplir con el mandato de la Constitución.

Hace tres años debimos haber expedido esta ley, y la que sigue en discusión. Por eso, ante las voces que señalan que es un mal momento político para legislar en materia de suspensión o restricción de derechos o garantías, es necesario subrayar que siempre, siempre es un buen momento para establecer límites y controles que impidan el ejercicio arbitrario del poder.

Nos hace mucho daño que no exista una Ley Reglamentaria de este artículo constitucional; hoy sin ley reglamentaria podría declararse un Estado de restricción o suspensión de derechos, y no tendríamos las herramientas ni la certeza jurídica con las que sí contaremos a partir de la promulgación de la presente ley.

Por lo tanto, señoras Senadoras, señores Senadores: Celebro, celebro finalmente que hayamos podido lograr un amplio consenso en las comisiones, después de batallar mucho; reconozco por supuesto el trabajo y la voluntad política de quien preside la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz; del Senador Fernando Yunes, que preside la Comisión de Justicia; y de la Senadora Graciela Ortiz, así como de cada una de las y de los senadores integrantes de nuestras comisiones.

Gracias, gracias a esta voluntad política, hoy, formalmente podemos dar por concluido el mandato del transitorio de la Ley de la Reforma Constitucional del 11 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.

 Es cuanto.

Muchas gracias, por su paciencia. Presidente, por permitirme ir más allá del tiempo reglamentario.

Gracias.

Y tengo que recordar la gran participación del Senador Roberto Gil, que en su momento presidió a la Comisión de Justicia, y él estuvo ciertamente en una parte fundamental de estas discusiones, y hoy también como Presidente de la Mesa.

Lo reconozco públicamente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre de la Comisión de Justicia, el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Señoras y señores legisladores.

Como ustedes saben, con la Reforma Constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, en la que, entre otros, se reforma el artículo 29 constitucional de nuestra Carta Magna, se mandata, en el transitorio 4° de esta reforma, la expedición de una Ley Reglamentaria al mismo que tenía como plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de ese decreto, que fue en el año de 2012.

Y, efectivamente, como ya lo han señalado las Senadoras que me antecedieron en la palabra, con esta ley, el Congreso de la Unión estará cumpliendo un compromiso derivado de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de gran importancia y de gran relevancia.

La propia reforma al artículo 29 constitucional contempla, inclusive, ampliar los conceptos no solamente de suspensión, sino también habla del término restricción, mismo que se entiende en un nivel menos intenso de afectación, y también se  incorporan algunas otras medidas importantes que habían sido objeto también de recomendaciones de organismo internacionales.

Hay que señalar que en la evolución de este concepto de suspensión de garantías, de manera muy específica a lo largo del mundo, estas restricciones podían, inclusive pasaron casos en donde las mismas al ponerse en manos de un solo agente del Estado, provocaban, en consecuencia, que hubiese violaciones reiteradas a derechos humanos, violaciones, incluso, a la totalidad de un país o de un pueblo.

Esto trajo como consecuencia en el ámbito internacional de derechos humanos se generara una serie de recomendaciones para que se adecuaran los marcos normativos en donde estas disposiciones están reguladas a fin de que en ningún caso hubiese tales violaciones.

La Reforma Constitucional, en comento, establece otros aspectos importantísimos, retomadas justamente del Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Varias de estas condiciones se encontraban ya en la norma antes de su reforma, pero las disposiciones novedosas derivan, justamente, de estos instrumentos internacionales.

Además, se precisa que la restricción procede sobre el ejercicio de los derechos y no sobre los mismos derechos y la suspensión sobre las garantías, lo cual constituye una aclaración que ha sido relevante.

Asimismo, una vez concluida la temporalidad del impedimento, se mandata reanudar inmediatamente la efectividad de los derechos, esto es parte de esta reforma.

Igualmente el artículo 29 constitucional retoma los mismos aspectos anteriores a la reforma, por lo que hace al proceso de suspensión.

Y otro de los cambios importantes es justamente la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De tal manera que la ley que hoy se pone a consideración de este Pleno tiene como objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de los derechos y garantías en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro.

Y con acuerdo de las Comisiones de Derechos Humanos; Gobernación; Justicia; y Estudios Legislativos, se propone el establecimiento de nuevas definiciones de estos conceptos de perturbación grave de la paz pública y grave peligro o conflicto.

De esta manera por perturbación grave se entenderán aquellas situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población, o parte de ella, y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas  actuaciones.

Por grave peligro o conflicto, se entenderán aquellas circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico.

Los aspectos relevantes de esta ley que se ponen a su consideración, en cuanto a la iniciativa o el proceso de la misma, es que solamente el Presidente de la República, podrá someter al Congreso de la Unión para su aprobación, el proyecto de decreto para restringir o suspender los derechos o garantías.

El proyecto correspondiente tendrá que tener un fundamento y motivación del derecho de restricción o suspensión, la delimitación geográfica del territorio en el que se aplicará la restricción o suspensión, el tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión; los derechos que serán restringidos, las garantías que serán suspendidas, una relación de proporcionalidad entre las medidas propuestas y la gravedad de los hechos que justifican la restricción o suspensión.

La solicitud de autorización que se estime necesaria para que el Ejecutivo Federal haga frente a la situación y ellas sólo podrán versar sobre atribuciones materialmente legislativas del Congreso de la Unión.

Las autoridades federales responsables de la coordinación de las acciones a implementar, así como las obligaciones de las autoridades coadyuvantes.

Una vez que el Congreso o la Comisión Permanente reciben el proyecto, se citará a sesión a más tardar en 24 horas y el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, resolverán en un plazo máximo de 48 horas.

En caso de no ser aprobado el proyecto de decreto de restricción o suspensión, la iniciativa no podrá ser presentada de nueva, y salvo que se motive por hechos, o por  hechos distintos o supervenientes.

También se incluyen algunas modificaciones al decreto que originalmente fue aprobado en comisiones.

Uno de esos aspectos relevantes tiene que ver con la publicación, pues una vez aprobado el decreto por el Congreso, se remitirá al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se establece el pronunciamiento de la constitucionalidad de oficio, en este caso, la Suprema Corte se pronunciará de oficio y a más tardar en 30 días sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo Federal durante la restricción, suspensión, la decisión que recaiga sobre la constitucionalidad  de los decretos tendrá efectos retroactivos, es decir, se ordenará el restablecimiento inmediato de las situaciones jurídicas, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de un decreto, se deberá igualmente publicar en el Diario Oficial de la Federación y en los medios de comunicación social y local.

También se establece la posibilidad de combatir  actos del ejecutivo por vía de amparo, los actos del Ejecutivo durante la vigencia del decreto podrán ser impugnables a través del juicio de amparo que no procederá en estos casos la suspensión del acto reclamado, salvo que corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia de decreto de restricción.

En materia de control parlamentario y derivado también de la reforma constitucional, se establece que: “Durante la vigencia del decreto, el titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso  o a la Comisión Permanente informes sobre aplicación y evolución de las medidas administrativas y legislativas adoptadas”. Estos deberán entregarse por lo menos cada 30 días durante el tiempo de dicha vigencia.

En cuanto a la conclusión del decreto, la suspensión o restricción concluirá cuando haya  concluido el plazo fijado en el decreto, cuando hayan desparecido las causas que le dieron origen por decreto del Congreso de la Unión, o bien, por decreto del Ejecutivo Federal.

El Ejecutivo, no podrá hacer observaciones al decreto del Congreso o de la Comisión Permanente que ponga fin a la restricción o suspensión.

En cuanto al informe final, el Ejecutivo presentará 7 días después de la conclusión de la vigencia del decreto y a más tardar en este plazo, un informe final al Congreso o  a la Comisión Permanente sobre las causas, medidas adoptadas y consecuencias que sucedieron durante la vigencia del mismo, así como  el estado que guarda el país o región afectada.

De la misma manera, de acuerdo a las reservas discutidas por las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Justicia,  así como Estudios Legislativos, se acuerda también una modificación al dictamen originalmente aprobada que consisten en que el procedimiento de modificación del decreto aprobado será el mismo que para su aprobación, que el decreto aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos medios de comunicación social impresos o electrónicos, nacionales y locales, a efecto de garantizar mayor publicidad, esto dentro de los artículos 20 y 21 de la ley, que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad  de algún decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en dos medios de comunicación social, impresos o electrónicos nacionales y locales.

Y por último, que deberá publicarse la conclusión o suspensión del decreto, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en dos medios de comunicación social impresos, electrónicos, nacionales y locales.

Estos son los aspectos relevantes de la ley que regula el procedimiento de suspensión o restricción de garantías previstas en el artículo 29 constitucional. Un procedimiento cierto y que además genera mayor certidumbre sobre el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos cuando eventualmente nuestro país pudiera atravesar por un Estado de emergencia al que se refiere el artículo 29 constitucional.

Y, con ello, se está dando un gran paso en el cumplimiento de nuestro país en materia de derechos humanos.

Por lo tanto, desde la Comisión de Justicia, pedimos a este Pleno aprueben en la presente reforma.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación sobre este dictamen, mismas que someteremos a su  consideración.

El texto correspondiente está a disposición en el monitor de sus escaños, si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dichas modificaciones.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las modificaciones:

Artículo 3º. Debe decir: Para los efectos de esta ley se entenderá por fracción II. Perturbación grave de la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población, o de una parte de ella, y que represente una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones.

III. Grave peligro o conflicto o circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población  por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que los expongan a las emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico.

Artículo 7º fracción XIV.  La prohibición de la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Fracción XV. La prohibición de la privación de la libertar por no poder cubrir una obligación contractual.

Fracción XVI. La prohibición de las detenciones arbitrarias.

Fracción XVII. El derecho de las personas  privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con respeto debido a su dignidad inherente.

Fracción XVIII. La prohibición, desplazamiento o expulsión forzados.

Fracción XIX. Aquellos otros que así se determina por la Constitución y el Derecho Internacional.

Fracción XX. Las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción ni suspensión conforme al debido proceso.

Artículo 9º. Toda medida para la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada y motivada y proporcional a la situación que se debe afrontar, considerando su gravedad y naturaleza, y observar en todo momento los principios de legalidad, necesidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia e intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

Artículo 18. Se suprime el segundo párrafo.

Artículo 19. Para la modificación del decreto deberá seguirse en mismo procedimiento previsto para su aprobación.

Artículo 20. Una vez aprobado el decreto se remitirá inmediatamente al titular del Ejecutivo Federal, quien procederá a su promulgación inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como a difundirlo a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local para garantizar la mayor publicidad, a más tardar al día siguiente de su aprobación.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, deberá informar de inmediato a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Secretarias Generales, mediante comunicación que contenga los motivos de la restricción o suspensión el tiempo por el que se decretará dicha restricción o suspensión y los derechos y garantías que serán restringidos o suspendidos.

Artículo 21, párrafo segundo. Los decretos tendrán que ser notificados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicados en el Diario Oficial de la Federación y difundidos a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local para garantizar la mayor publicidad.

Párrafo III.- En el procedimiento correspondiente, todos los días y horas serán hábiles y deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes.

En caso de que la vigencia del decreto sea menor a 15 días, el procedimiento se deberá sustanciar a más tardar en la mitad del plazo establecido en el decreto.

Artículo 24, segundo párrafo.- Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de algún decreto o su invalidez, lo informará de inmediato al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente.

Si el primero no se encontrara reunido, y al Titular del Ejecutivo Federal, y quien deberá ordenar la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial de la Federación y difundirla a través de 2 medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local para garantizar la mayor publicidad.

Artículo 30.- Cuando se actualice alguno de los supuestos de conclusión, de restricción o suspensión descritos en las fracciones I, II, IV, del artículo anterior, el Titular del Ejecutivo Federal expedirá el decreto respectivo; ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo difundirá a través de dos medios de comunicación social impresos o electrónicos a nivel nacional y, en su caso, local para garantizar la mayor publicidad y lo comunicará al Congreso de la Unión o la Comisión Permanente.

Si el primero no se encontrara reunido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Organización de Estado Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas a través de sus Secretarías Generales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ingrese esas modificaciones al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si su autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a las que ha dado lectura la Secretaría.

Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores:

Senadora Dolores Padierna Luna, en contra.

Senadora Lucero Saldaña Pérez, a favor.

Senador David Monreal Ávila, a favor.

Senador Jorge Aréchiga Ávila, a favor.

Senador Benjamín Robles Montoya, a favor.

Senador Humberto Mayans Canabal, a favor.

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a favor. Y

Senadora Martha Tagle Martínez, a favor.

¿Alguna otra solicitud de intervención?

Con esta lista agotaremos el debate en lo general.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidente.

El dictamen que está puesto a su consideración mediante el cual se pretende aprobar la Ley Reglamentaria del 29 constitucional, desde el título, para la suspensión de garantías, restricción o suspensión de garantías, y de derechos constitucionales, pues, resulta muy peligrosamente tentadora para la imposición de un régimen autoritario.

La expedición de esta ley debiera ser acorde con la reforma constitucional de los derechos humanos, pues, estaría reglamentando una parte de la misma.

El contenido del 29 constitucional forma parte de las garantías individuales, por lo que su redacción e interpretación debe darse siempre en sentido contrario a la atribución que se otorgue al Ejecutivo Federal para que pueda suspender derechos, restringir libertades y garantías constitucionales.

Es decir, el centro deben ser las personas que conformamos la sociedad, no la autoridad, no el Ejecutivo, así se trate de hacer frente a situaciones en las que se ponga en grave riesgo o conflicto a la sociedad por casos de invasión, perturbación grave de la paz u otra circunstancia de naturaleza análoga.

Toda disposición derivada de dicho artículo constitucional tiene que ser, por necesidad, restrictiva para la autoridad, cerrada a cualquier discrecionalidad y muy precisa para evitar abusos en su aplicación.

La reforma más importante y superior que se hizo a este artículo fue, sin duda, la que deriva del paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, donde se establecieron derechos pétreos, que no pueden restringirse, que no pueden suspenderse, me refiero a los derechos tales como a la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a  la integridad personal, el derecho superior de la niñez, a los derechos políticos, a la libertad de pensamiento, a la libertad, etcétera, muchos más.

Ninguna de estas garantías, entre otras, pueden cancelarse bajo ninguna circunstancia, por excepcional que fuera. 

Pueden restringirse algunas, pero mediante la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y se debe de cumplir.

Está en la jurisprudencia, de acuerdo a estas instituciones, el procedimiento que se denomina el test tripartita, donde deben de cubrirse, primero, que debe de estar un procedimiento perfectamente establecido en la ley, la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, y esta ley que es la que debería de contener este dictaminado que hizo la Suprema Corte de Justicia, no cubre este requisito.

Debe de estar orientado también a cubrir como un objetivo de la Convención Americana de los Derechos Humanos y debe, la limitación, de ser necesaria en una sociedad democrática, es decir, debe de ser idónea para lograr sus fines y ser estrictamente proporcional a esa finalidad.

La pregunta obligada es si este dictamen pone en el centro a los derechos humanos de las personas o reglamenta para hacer asequible a la autoridad, la autoridad de restringir o suspender los derechos humanos.

El artículo uno de este dictamen establece el objetivo de esta ley, el cual es contrario a los derechos humanos, dice, y leo textual:  “Tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías y la concesión de autorizaciones que se consideren necesarias para que el Ejecutivo Federal…” etcétera, etcétera.  

“Los derechos humanos no se pueden suspender, sólo pueden restringirse bajo determinadas circunstancias y con base en un procedimiento que establece la Suprema Corte y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Este sólo planteamiento resulta suficiente para ubicar que la Ley Reglamentaria que se pretende aprobar no le es fiel a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues en su centro gravitacional es la autoridad y no el respeto a los derechos humanos. 

Aquí lo anterior es así, aún y cuando se escriban o se transcriban los derechos pétreos constitucionales en el artículo 7 que se amplió ahora, y se incorporen como principios el de pro persona y el del debido proceso en el artículo 8, porque quedan en un plano meramente declarativo y no se le da cumplimiento cabal en esta iniciativa.

En el cuerpo del dictamen se ponen disposiciones, como la establecida en el artículo 26, en el sentido de que suspender las acciones legales para demandar la reparación del daño o afectaciones  de los actos del Ejecutivo Federal, hasta que concluya la suspensión  de garantías.  O sea que no podemos demandar la reparación del daño, ni las afectaciones que haga el Ejecutivo Federal.

En el artículo 25 del dictamen es igualmente contrario a los derechos humanos, pues a la par de establecer que los actos del Ejecutivo son impugnables, vía amparo, establece la improcedencia de la suspensión, lo que puede llevar a que se hagan actos de autoridad de imposible reparación.

El aviso a la Organización de los Estados Americanos o a la Organización de las Naciones Unidas, establecidas en el artículo 20 no tiene ningún efecto práctico.  El control in situ durante el Estado de emergencia no se establece en esta Ley Reglamentaria, el aviso a la OEA o a la ONU debería de ir acompañado de una invitación para que manden observadores para verificar en el espacio geográfico donde se suspendan derechos y garantías que no haya violación de derechos humanos.

Debe de agregarse que deben estar presentes estas instituciones internacionales de las cuales México forma parte.

El derecho humano que se restringe por antonomasia, en este tipo de medidas es la libertad, que por la ausencia de mecanismos que garanticen el debido proceso y el restablecimiento en el goce de los derechos de la persona, hace que esta legislación sea un riesgo para los derechos humanos.  Esta reglamentación busca fortalecer las atribuciones del Ejecutivo Federal en detrimento de los derechos de la población, suspende la división de poderes y el federalismo.

Las modificaciones que se presentan al proyecto de decreto, involucran ocho artículos que temáticamente se refieren a varios aspectos.

Hablaré de aspectos sustantivos, definición y contenido que se destacan en las modificaciones al artículo tercero y al artículo noveno.

En el artículo tercero se elimina como parte de la noción de perturbación grave de la paz pública, la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura, y se le sustituye por la noción de integridad, seguridad o libertad de la población.

Asimismo se modifica la definición de riesgos sanitarios o naturales, agregando un origen antropogénico.

Esta modificación va en la ruta de establecer la seguridad de la población y no la del Estado, lo cual es correcto.

Sin embargo, en la fracción III de este artículo se plantea una problemática al incorporar los factores antropogénicos, lo cual obliga a definir, pues cabría todo tipo de riesgos, ya sean naturales o por causa humana. Tiene que definirse el alcance o acotarse ante qué tipo de riesgo se va a declarar la suspensión de garantías.

En el artículo nueve se adiciona a la lista de principios que deben observarse, el principio de necesidad, lo cual también es correcto. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 27 y 30 de la Convención Americana de los Derechos Humanos de la OEA, en el capítulo cuarto, artículo 27 que habla de la suspensión de garantías, establece una lista de derechos que no pueden suspenderse, aun habiéndose decretado el Estado de excepción.

En la iniciativa se rebaja el término de derechos a principios. Aun así, la lista además de insuficiente, admite principios o derechos cuya suspensión está prohibida por la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Respecto de las competencias, en los artículos 18 y 19 se modifican para eliminar la atribución del Congreso de la Unión que pueda iniciar la modificación de un decreto de suspensión de garantías a partir de una propuesta que presenten las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras. Esto resta controles democráticos.

Aun cuando el artículo 29 de la Constitución faculte al Ejecutivo Federal para iniciar el procedimiento de suspensión de garantías, el Congreso debiera ser salvaguarda del control democrático para corregir posibles abusos que pueda contener el proyecto del Ejecutivo, o por qué razón habría que aceptar cancelar la facultad constitucional del Poder Legislativo, de modificar leyes o decretos. Nosotros sólo buscamos un esquema menos lesivo a la implementación de un Estado de excepción de garantías.

En el artículo 11 se agregaron dos renglones que dicen:

“Todas las autoridades tienen la obligación de coadyuvar con el titular del Poder Ejecutivo Federal para asegurar lo más pronto posible el restablecimiento de la normalidad”.

Esta frase da la impresión de que se pretende suspender la división de Poderes. Lo correcto sería borrarla y dejar sólo el contenido del artículo 20 que son los esquemas de coordinación que establece esta ley conjuntamente entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, pero sin anular facultades del Poder Legislativo.

En el artículo 20 se establece esta corresponsabilidad o esta coordinación entre Gobierno y Congreso, y al poner esta frase prácticamente está anulando el equilibrio de Poderes.

La necesidad de la Ley Reglamentaria derivó de una reforma a los derechos humanos, que hoy se pervierte con una reforma que fortalece a la autoridad dándole márgenes de actuación y discrecionalidad que no corresponden a un Estado social y democrático de derecho, que no corresponden a una democracia.

No debemos legislar en el vacío, ni de espaldas a la realidad.

Está por aprobarse esta ley que teóricamente sólo se emplearía en situaciones extraordinarias, pero que deja espacios peligrosos a la actuación de uno solo de los poderes de la República, y ello sucede en un contexto de grave crisis de derechos humanos de nuestro país.

En el terrible contexto que vivimos, tenemos la responsabilidad de no agravar más la situación, ni de dar armas a las tentaciones autoritarias.

Esta iniciativa abre la puerta a violaciones de derechos fundamentales. Se concibe a los derechos humanos como un obstáculo. Léase el artículo quinto. En una situación extraordinaria serían un obstáculo y es preciso recordar y decir que los derechos humanos nunca serán un obstáculo, sino el objetivo principal que debiera preservar el Estado en su conjunto, el Senado entre ellos.

Por estas razones yo les conmino a votar en contra.

Pese a las modificaciones, el dictamen que impulsan las Presidentas de las comisiones dictaminadoras, se mantiene en su esencia una Ley Reglamentaria  contraria al respeto a los derechos humanos.

Es cuanto. Gracias.
(Aplausos)

El Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

A esta Mesa Directiva, compañeras, compañeros Senadores.

Estamos ante la oportunidad de ponernos a cuentas con un tema relevante en materia de derechos humanos, y es que el interés que debemos preservar es de seguir construyendo la base sólida para sustentar la protección de los derechos humanos y abrazar el respeto a la dignidad de las personas.

Los dictámenes que hoy estamos por aprobar en esta Honorable Asamblea, responde sí a un mandato para que el contenido de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, dada el mes de junio del 2011 tengan lo consecuente en materia de suspensión del ejercicio de derechos  y garantías y de exclusión de personas extranjeras del territorio nacional respectivamente.

Promulgar, publicar de manera inmediata creo que estaríamos en esta condición, y la tarea de las comisiones dictaminadoras era lograr que ambas leyes reglamentarias cumplieran con el objeto de dar este cumplimiento, sobre todo a instrumentos internacionales adoptados por nuestro país, así como del poder del Titular del Poder Ejecutivo Federal, el 22 de octubre del 2013.

La tarea de estas comisiones si se logra con estos dictámenes tiene que ver con este apego irrestricto a los derechos humanos, se  eliminan con ellos criterios discrecionales con un cuerpo normativo, coherente dotado de operatividad que consagra los principios más importantes en concordancia con la evolución  y con los estándares más importantes de derechos humanos y del Derecho Internacional.

La expedición de estas leyes guardan también correspondencia con el reciente retiro de reservas a tratados internacionales relativos a este tema. En el escenario actual de un mundo globalizado donde las barreras son cada vez más difusas, la expulsión de  extranjeros constituye un tema sobre el cual los Estados deben prever la adopción de medidas, logrando que cualquiera que esta se logre sea preservando y respetando los derechos humanos.

Aquí lo que también garantiza es la protección de la sociedad en general, salvaguardar la seguridad nacional y el orden público y no solamente de garantías o derechos individuales. La soberanía debe entenderse entonces no sólo como una potestad, sino también como una responsabilidad.

Negar a una persona sus derechos humanos es sí despreciar lo que es en sí la humanidad, es reafirmar y aplicar estos derechos sin temor ni favor a propios y a extranjeros, es una tarea democrática y humanizante.

Las Ley Reglamentaria que hoy se pone a consideración garantiza el derecho de audiencia y a derechos procesales de personas extranjeras que constituyan una amenaza para la seguridad nacional, atendiendo al pleno respeto de los derechos humanos a través de disposiciones como las que se enuncian en la de regular el procedimiento para expulsión de extranjeros del territorio nacional, con pleno reconocimiento y respeto de garantías, como lo son el derecho a la defensa, a la imparcialidad de la autoridad, o tribunal que le juzgue; el derecho a ser escuchados, el respeto a sus derechos consulares, se establecen también plazos para la ejecución del procedimiento de expulsión.

Se determina con claridad el procedimiento de audiencia, se prevé el otorgamiento de asesoría, como de contar con un traductor en los casos que así lo ameriten. Se señala que los procedimientos son de carácter individual, por lo que si dos o más personas extranjeras incurrieran en la misma causa que motive el inicio del procedimiento, cada uno llevaría su propio procedimiento.

Se estipula también el contenido que deberá llevar el acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión, así como la forma en que se llevará a cabo la notificación a la persona extranjera.

Se señalan las medidas cautelares con la autoridad correspondiente para que pueda adoptar y asegurar el desahogo de procedimiento de expulsión.

Por todo ello, la aprobación de estos dictámenes constituyen paso, un paso importante en la armonización de nuestra legislación a los tratados e instrumentos internacionales, de los que nuestro país es parte y, por lo tanto, debe ser congruente.

En atención a recomendaciones también que hemos recibido de los propios organismos internacionales, y principalmente en la protección de lo más preciado que puede, que podemos disponer las personas que son los derechos humanos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI está a favor de estos dictámenes con ya las enmiendas y los cambios aquí aprobados.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente.

El Estado de excepción es el régimen que declara un gobierno dentro de un territorio delimitado que enfrenta situaciones de crisis, una suspensión temporal de ciertos derechos de la población.

Dicha restricción tiene su justificación ante amenazas tales como la perturbación grave de la paz pública o bien circunstancias excepcionales de tal gravedad que pongan en peligro la soberanía nacional.

Ante esto, los criterios adoptados a través de distintos instrumentos internacionales establecen que los únicos derechos, que por ningún motivo pueden ser suspendidos, son los de reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, al nombre, los derechos de los niños, los derechos políticos, siendo estos derechos inalienables del hombre y de la mujer.

Criterios que han sido en gran medida respetados y tomados en cuenta en la elaboración del presente dictamen, situación que permitirá generar una atmósfera de mayor certeza jurídica para los gobernados.

No obstante el dictamen que crea la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sumamente delicado y de gran importancia para el Estado mexicano, pues se está previniendo una posible situación en la que se tenga que suspender temporalmente y en determinado territorio o en todo el país los derechos y las garantías de los ciudadanos.

Ante este panorama diversas organizaciones sociales han alertado sobre presuntas violaciones a los derechos humanos derivado de este dictamen.

La sociedad civil ha mencionado que los artículos 2º y 3º del dictamen son en demasía ambiguos al no brindar la certeza jurídica suficiente al momento de la restricción o suspensión de derechos humanos en aquellos casos en  los que se perturbe gravemente la paz pública u otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Esta ambigüedad representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones puedan ser consideradas por el ejecutivo, así lo consideran las organizaciones sociales; es claro el descontento por parte de varios sectores de la sociedad, por tal razón parece prudente que se atiendan los puntos de vista a fin de estudiar la pertinencia de incluir las observancias que estimen convenientes.

Por otro lado, me refería acerca de lo delicado que implica el Estado de excepción, por tal motivo es necesario propiciar una mayor certeza al proceso por medio del cual será declarada la suspensión o restricción de derechos y garantías.

En consecuencia, es prudente incluir en el dictamen, dada la importancia que conlleva el tipo de votación que se requerirá en el Congreso de la Unión para hacer la declaratoria de restricción o suspensión de derechos y garantías.

No podemos y no debemos aprobar una restricción de garantías por mayoría simple, por lo cual sería necesario elevar la votación a  mayoría calificada con el fin de que se alcance el mayor consenso y aprobación por parte del Congreso de la Unión.

También en la medida que se definan plenamente distintas cuestiones de  ley será posible dar tranquilidad a la población de que no se afectará arbitrariamente su esfera a derechos.

Por tal motivo, al precisar que se entiende por restricción y suspensión de derechos constitucionales, los ciudadanos comprenderán el status jurídico bajo el cual serán regulados por un determinado tiempo.

De igual modo el dictamen es omiso en señalar un plazo determinado, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse respecto de la constitucionalidad o no del decreto que se trate, lo anterior es un problema no menor, ya que la urgencia en que se debe de resolver la situación que perturbe el orden y la paz pública no podría quedar a la libre interpretación de la Corte ni mucho menos a la carga o no de trabajo de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, el Congreso de la Unión debe vigilar meticulosamente que el Ejecutivo Federal en todo momento en que se implemente el Estado de excepción cumpla con los fines y propósitos para los cuales fue declarado.

Para ello, el dictamen contempla esta situación a través de informes detallados que deben ser rendidos ante el Legislativo; sin embargo, qué pasaría si por alguna cuestión el Ejecutivo no envía el informe respectivo ante este caso hipotético, el Legislativo reconocería totalmente el estado real y las condiciones que guarda la restricción de garantía.

Por tal motivo, se debe de facultar al Congreso para que convoque a una sesión extraordinaria a fin de resolver lo conducente ante la posible omisión por parte del Ejecutivo.

Dicho lo anterior, y a la vez que escuchemos a las distintas organizaciones que han planteado sus inquietudes y clarifiquemos diversos puntos de este dictamen, se brindaría una mayor certeza acerca de cómo será implementada un Estado de excepción que restringa o suspenda diversos derechos y garantías constitucionales.

Por ello, debemos de alertar que este dictamen pone en riesgo muchas de la lucha y protesta social, lo más grave es que con la definición de los conceptos de perturbación grave de la paz pública y grave peligro, se puede llevar a criminalizar los movimientos de protesta social.

Otro llamado de alerta, la ley efectivamente no precisa el significado y el supuesto de restricción y suspensión, es un dictamen presidencialista, porque se deroga la posibilidad de que las Cámaras del Congreso inicien los procedimientos de modificación de los derechos de suspensión de garantía.

En conclusión, la suspensión de garantías promueve una dictadura institucionalizada en un solo hombre.

Es por ello que nuestro voto es en contra del dictamen.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente.

Compañeras, compañeros legisladores.

El día de hoy se da cuenta de la legislación que reglamentará el artículo 29 constitucional a fin de decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías que gozan los ciudadanos.

Cabe destacar que dicha suspensión de garantías es una de las figuras jurídicas más relevantes de la Constitución, y complementa una de las reformas trascendentales de la historia del país en materia de derechos humanos.

Por ello, el Partido Verde estamos ciertos que con la expedición de esta ley se dotará de certeza jurídica a los ciudadanos en cuanto al procedimiento, el ejercicio de las facultades de las autoridades y los casos en que procederá la aplicación de la norma frente a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o en situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Lo anterior no es menor, ya que se trata de limitar el goce de los derechos que tienen todos los mexicanos.

Es relevante referir que nuestro país, desde la Constitución de 1917 vigente, solamente en una ocasión se ha aprobado la suspensión, la suspensión de garantías individuales, situación que se presentó el 1° de junio de 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con la cual se restringieron las garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 4° y 5° de la Carta Magna de nuestro país.

Si bien por una sola vez se han suspendido los derechos de los mexicanos, es de toral importancia que nuestro país cuente con la normatividad necesaria para garantizar, en todo momento, los derechos de todos los ciudadanos.

En este sentido, mi Grupo Parlamentario votará a favor de esta iniciativa por la que misma establece límites para garantizar derechos innegables a todo hombre, entre los que destacan: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la familia, a la prohibición de la desaparición forzada, a la tortura y a las garantías judiciales  indispensables para la protección de tales derechos, al igual que los requisitos que debe considerar el decreto de restricción estableciendo su fundamento y motivación, ubicación, duración, derechos y garantías que serán suspendidas.

Aunado en un claro procedimiento en el que intervienen los tres Poderes del Estado Mexicano.

El Ejecutivo, quien presentará la iniciativa y la promulgará,  y la publicará.

El Legislativo, quien dictaminará y aprobará en los términos convenientes.

El Judicial, mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la revisión de la constitucionalidad y validez del decreto.

Con todos estos elementos, consideramos que la ley que hoy votaremos se consolidan avances impostergables en materia de derechos humanos, posicionado a nuestro país como un marco jurídico acorde a los tiempos modernos de globalización de los que vivimos.

Tal y como lo han postulado los países más  desarrollados y los organismos internacionales, quienes han tenido como objetivo principal la búsqueda de la paz y la seguridad internacional y, a su vez, la difusión y protección de los derechos humanos.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Compañeras y compañeros Senadores.

Esta ley, como hemos escuchado aquí, es el resultado, estoy de acuerdo  con ello, de un largo y delicado proceso de construcción de acuerdos, sin duda, sobre un asunto de la mayor relevancia para un sistema democrático.

El tema de la suspensión o restricción de derechos y garantías, no es solamente, como todos lo sabemos, un asunto más, y por ello no podíamos permitir, coincido con quienes así lo han visto, no podíamos permitir que siguiera este tema en el limbo jurídico sin definiciones claras y sin una regulación más clara y más precisa.

Es, sin ni más ni menos, nos parece, el instrumento mediante el cual se salvaguarda el Estado de derecho durante una situación, como aquí se ha planteado, especialmente grave que amerite medidas excepcionales, tan delicadas como una suspensión o una restricción de derechos de las personas. 

Esa es, sin duda, la importancia de este ordenamiento.

Y me parece, Senador Presidente, compañeras y compañeros, que vale la pena destacar también algunos aspectos igualmente relevantes de su contenido.

El primero, a mi juicio, es el mecanismo de control judicial sobre el decreto de suspensión o restricción, es decir, la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la nación de revisar y resolver sobre la constitucionalidad y validez del decreto y en este rubro, destaco también, compañeras y compañeros, la posibilidad de impugnarlo por la vía judicial.

Ciertamente se trata  de una facultad establecida expresamente en el texto del artículo 29 constitucional, pero me parece sumamente importante que este dictamen garantice plenamente el ejercicio de esta facultad, que es a la vez, reitero, un mecanismo de control en aras de que esta figura jurídica no sea objeto  de abusos y sea aplicada  con estricto apego al derecho.

El segundo aspecto que deseo resaltar, es la puntualización de que la suspensión o la restricción  es procedente sobre el ejercicio de los derechos y no sobre los derechos en sí mismos.

Y en tercer lugar, me parece tan importante como acertado, el establecimiento de un catálogo de derechos que no podrán ser objeto de suspensión o de restricción, así como los principios  pro persona de no discriminación, de legalidad, de irretroactividad, de proporcionalidad y del debido proceso.

En síntesis, me parece, el dictamen prevé candados y mecanismos de control que reflejan la preocupación compartida de los grupos parlamentarios de garantizar que  esta delicada figura no sea aplicada de manera abusiva ni perversa en sus fines.

Y quiero hacer un reconocimiento por ello, al trabajo de las Comisiones Unidas; de Derechos Humanos; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos por su apertura, para poder escuchar y atender planteamientos diversos que hicimos, quienes tuvimos el interés en aportar a ese tema y también por tener la visión de legislar sobre un asunto, reitero, que se encontraba como ya lo he señalado en el limbo jurídico, sin un procedimiento  bien delineado y sin mecanismo de control.

Y por eso traigo a colación una experiencia que pareciera ver pasado desapercibida para muchos. Me quiero referir al artículo del 25 de abril del 2009, expedido por el Ejecutivo Federal para combatir y controlar la transmisión de virus de la influenza.

Ese decreto, autoriza entre otras cosas, el ingreso de la autoridad a todo tipo de casa de local, o de casa habitación, y por fortuna también hay que recordarlo, no tuvimos noticia alguna de abusos derivados de aquel decreto, pero está claro con este ejemplo, que en dicho decreto fue expedido con ausencia de una regulación con todos los riesgos que ello implica para el Estado de derecho.

Ojalá, compañeras y compañeros, nunca nos veamos en la necesidad de aplicar está ley y, por supuesto, pero sin duda es necesario contar con ella para garantizar precisamente el Estado de derecho en una situación de emergencia.

Por eso, Senador Presidente, mi voto será a favor y pido, por supuesto, compañeras y compañeros que ustedes también valoren hacerlo en el mismo sentido.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Humberto Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Humberto Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: Es indiscutible que todos en esta Cámara estamos conscientes de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, constituyo un cambio de paradigma en la concepción, ejercicio y protección de los derechos humanos en nuestro país, colocando a México en la vanguardia internacional en la materia.

En este marco, hoy debatimos la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional. Desde mi punto de vista este ordenamiento  jurídico brinda absoluta certeza y confianza a la población en casos de perturbación grave a la paz pública, de invasión u otro evento que ponga en riesgo o en peligro a la sociedad toda.

Por ello es fundamental señalar que estamos con esta iniciativa ante la eventual suspensión del ejercicio de derechos y nunca del derecho mismo.

Para ponderar en sus justas dimensiones la trascendencia de la ley que estamos por aprobar. Es preciso mencionar que la suspensión sólo podrá decretarse cuando los derechos y garantías representen un obstáculo para hacer frente a la situación de excepción.

No se trata entonces y bajo ningún motivo de una decisión arbitraria o unilateral. En este orden de ideas del contenido de la ley, destacan el control parlamentario que llevará a cabo el Congreso de la Unión, así como la injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso organismos internacionales tales como la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, en su caso.

Otro aspecto de vital importancia del contenido de esta iniciativa es que se encuentra reglamentada la facultad de revisión de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los medios de impugnación.

Sobre particular se prevé la procedencia del  juicio de amparo en contra de los actos que el Ejecutivo Federal adopte durante la vigencia de la restricción o suspensión de derechos y garantías.

En síntesis se cuenta entonces con los pesos y contrapesos idóneos para garantizar la observancia de las obligaciones que imponen los tratados internacionales de los que México es parte, así como del derecho internacional en la materia.

Además, en todo momento se deberá observar el principio pro persona, es decir, no discriminación por ninguna condición.  La legalidad y retroactividad de las leyes y el debido proceso.

Por otro lado, igualmente se precisa que toda suspensión o restricción de derechos, deberá ser oportuna, fundada, motivada y proporcional a la situación a afrontar.

Un aspecto medular, es que se contempla un catálogo de derechos que bajo ninguna circunstancia podrán restringirse, entre ellos los relativos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez y los derechos políticos, entre otros.

En relación, y esto es muy importante, a la duración de la suspensión o restricción, la ley es clara, específica al referir que concluirán cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: haya concluido el plazo previsto, desaparezcan las causas que le dieron origen, por decreto, ello del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal.

Compañeras y compañeros legisladores.

Al aprobar la presente Iniciativa, como estoy seguro que lo haremos el día de hoy, damos un paso crucial hacia la consolidación de la función garante del Estado constitucional y convencional del Estado mexicano. Y más importante aún, brindaremos certeza, confianza y tranquilidad a la población de nuestro país.

En casos de excepción. Garantizamos, de igual manera, el goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México, así como las garantías para su protección al observar, en todo momento, el de respeto y protección y promoción de los derechos humanos.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI, y un servidor en particular, deseamos hacer un reconocimiento por el trabajo serio, profundo, responsable de las Comisiones de Derechos Humanos, Gobernación, Estudios Legislativos y Justicia, que han trabajado en dicha Iniciativa.

Por ello también, en el Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos el sentido positivo de nuestro voto y hacemos el llamado a las señoras Senadoras y Senadores de la República, aquí presentes, a que se sumen a fin de impulsar mecanismos efectivos ante situaciones excepcionales que requieran la suspensión del ejercicio de los derechos para salvaguardar al derecho mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras y compañeros Senadores.

Esta Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional es un pendiente que este Congreso tiene desde hace al menos 3 años.

Es una obligación derivada, precisamente, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que estableció en uno de sus artículos transitorios la necesidad de reglamentar y establecer un procedimiento claro y efectivo para dejar muy claras las condiciones en las cuales se pueden suspender las garantías de las y los ciudadanos mexicanos.

Es un tema que no podía esperar más. Sin embargo, esta Ley Reglamentaria ha tenido que esperar más de 3 años. Ha estado, prácticamente, un año como dictamen de primera lectura, y como aparecía en primera lectura, sin duda, me hubiera opuesto porque ahí no se consideraban algunos cuestionamientos, que particularmente organizaciones de la sociedad civil habían estado haciendo con respecto a ese documento.

Sin embargo, y aunque no de la mejor manera, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Gobernación han decidido incorporar estos comentarios y observaciones al dictamen, vía un addendum, por eso comento que no es de la mejor manera. Debió haberse discutido en comisiones para poder pasar nuevamente al Pleno.

Sin embargo, en este proceso las modificaciones han sido correctas y adecuadas, y por eso un reconocimiento por la voluntad que han manifestado quienes presiden estas comisiones para que se incorporen estas observaciones, y por eso, y en ese sentido me manifiesto a favor del dictamen que está a consideración de este Pleno.

El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy sienta las bases que regula el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional, a fin de que en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad mexicana, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, puede restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.

Recientemente hemos sido testigos de los lamentables atentados suscitados en Francia, que han puesto en grave peligro o conflicto a su sociedad y por lo tanto han decretado una suspensión de garantías.

Por lo tanto, es necesario que nuestro país defina claramente el procedimiento que se tendría que seguir en casos como ése y sólo en casos como ése, y delinear conforme a lo establecido en la Constitución, la participación de cada uno de los poderes del Estado en situaciones de esa naturaleza.

Si bien ésta es una Ley Reglamentaria para un Estado de excepción, el presente dictamen garantiza a las y los ciudadanos, derechos inalienables como la no discriminación, la personalidad jurídica, la vida, la integridad de las personas, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, entre muchos otros.

Se incorporan en este dictamen las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas en cuanto a que como derechos inalienables se consideren la tortura, la prohibición de la libertad, la prohibición de las detenciones arbitrarias, así como la prohibición de desplazamiento o expulsión forzados.

Se establecen los principios, que no derechos, que norman a esta Ley Reglamentaria como lo son: Legalidad,  necesidad, temporalidad, excepcionalidad, racionalidad, proclamación, publicidad, no discriminación, principio pro persona, compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional en la materia.

Además se establece que dentro del procedimiento para la aprobación del decreto de suspensión o restricción de derechos a garantías que el  Ejecutivo envía al Congreso de la Unión, deberá contener elementos como: El fundamento, la motivación, la delimitación geográfica, el tiempo, los derechos restringidos, las garantías suspendidas, la proporcionalidad entre las medidas impuestas, las medidas propuestas en el proyecto de decreto y la gravedad de los  hechos.

Se establece también un plazo de 48 horas para que el Congreso trate como asunto único y de no ser aprobado el decreto por el Congreso de la Unión o en su caso en la Comisión Permanente, la iniciativa no podrá ser presentada de nuevo con los mismos argumentos o motivaciones que la sustentaron.

Asimismo se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar por la constitucionalidad de los decretos que emita el Ejecutivo para llevar a cabo plenamente la suspensión de garantías en un plazo no mayor de 15 días.

Finalmente el Titular del Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas sobre su aplicación del decreto y la evolución de la situación.

Por lo tanto, compañeras  y compañeros, acompañaré este dictamen pues representa un avance para preservar el Estado de derecho bajo una situación que afecte la paz pública y que sin duda hoy cobra mayor relevancia.

Me parece importante que dado que existe en el artículo 29 constitucional la posibilidad de la suspensión de garantías, quede claramente establecido en una ley cuál es el establecimiento y los límites que tiene precisamente este artículo 29  constitucional.

Por su atención,  muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna.

¿Alguna otra solicitud de reserva o adición?

No habiendo otros artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en los artículos no reservados.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

Informo que se recibió la intervención por escrito del Senador Chico Herrera. Insértese en el Diario de los Debates.

Ruego a las y los señores Senadores no se retiren del salón de sesiones después de esta votación, porque entraremos al planteamiento de las reservas y posteriormente a la discusión de los artículos reservados.

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al conteo electrónico, se emitió un total de 88 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados en lo general los artículos no reservados del proyecto de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Informo a la Asamblea que se han reservado diversos artículos por parte de la Senadora Dolores Padierna Luna.

En consecuencia se le concede el uso de la palabra para presentarlos.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Presidente, la mayoría de mis reservas las expliqué en mi intervención en contra, en lo general.

Le pediría solamente registrarlo en el Diario de los Debates y mantener esta redacción que ya fue explicada.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senadora.

Insértense en el Diario de los Debates las reservas presentadas.

Informo a la Asamblea que están a disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas modificación a los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26, presentadas por la Senadora Dolores Padierna.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 se mantienen en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 1, 11, 12, 20, 25  y 26 en los términos del dictamen.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 (Se recoge la votación)

Sonido en escaño de la Senadora Mónica Arriola.

La Senadora Mónica Arriola Gordillo: (Desde su escaño)  Únicamente para anotar mí voto a favor en lo general, si es tan amable.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Regístrese el sentido del voto de la Senadora Mónica Arriola, a favor del dictamen. También para la Senadora María Elena Barrera.

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 82 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia quedan aprobados los artículos 1, 11, 12, 20, 25 y 26 del proyecto de Ley Reglamentaria.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de derecho de audiencia.

A este dictamen se le dio primera lectura el 29 de abril del 2014, y se encuentra publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite le lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede, en consecuencia, el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Con su autorización, Senador Presidente.

Senadoras y Senadores: El presente dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos proponen la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la elaboración del mismo se revisaron y analizaron dos iniciativas.

Una presentada por diversos Senadores de la República y otra presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Es importante  mencionar que la aprobación del presente dictamen representa el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º transitorio de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos publicada el 10 de junio de 2011, en la que son incorporados una serie de derechos en beneficio de los ciudadanos mexicanos y personas extranjeras.

Se busca que se armonice el derecho nacional con las convenciones, tratados internacionales y demás ordenamientos del derecho público internacional que han sido ratificados por el Estado mexicano conforme a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen establece el procedimiento administrativo con plena garantía de audiencia y debido proceso previo a la determinación de expulsar a una persona extranjera,  que en su caso haya incurrido en hechos que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad pública en términos de los artículos 6, 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que atenten en contra de los principios del Estado soberano establecidos en el artículo 40 del mismo ordenamiento.

En la aplicación de esta ley, la Secretaría de Gobernación podrá solicitar el apoyo de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, y de las entidades federativas y municipios en el ámbito de su competencia.

En tal sentido la Secretaría podrá recabar información sobre la persona extranjera de la que se tenga indicios sobre su participación en los asuntos políticos del país,  contraviniendo la prohibición en los términos que para ello disponen la Constitución y la ley.

Una vez que se haya aprobado el acuerdo del inicio del procedimiento, éste deberá de ser notificado por escrito y de manera personal.

Para el desahogo del procedimiento deberá celebrarse una audiencia misma que se llevará a cabo el día y hora señalados ante la instancia competente de la Secretaría de Gobernación.

La ejecución de la resolución estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración.

Si fuera el caso y la determinación del Ejecutivo, sea de ejercer la facultad de expulsión del territorio nacional a una persona extranjera, ésta se realizará preferentemente al país del cual sea nacional o residente, incluida también la prohibición de reingresar al país por un tiempo indeterminado.

Cabe resaltar que la ley incorporará disposiciones que generan un equilibrio entre el aseguramiento de respeto a los derechos humanos de los extranjeros, sujetos a un procedimiento de expulsión, y la salvaguarda de la seguridad nacional y el orden público.

En tal sentido, las juntas directivas de las comisiones hemos presentado algunas modificaciones que están a su consideración conjuntamente con este dictamen, en el sentido de hacer un procedimiento expedito, con plena garantía de audiencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

Dicho procedimiento durará solamente 15 días naturales desde que se dé cuenta del acuerdo del inicio del procedimiento y hasta su determinación.

Cuando haya detención ésta sólo podrá durar 36 horas, y deberá sustituirse por otras medidas cautelares cuando sea necesario y con el objeto de asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que dieron origen al mismo, como son la retención del pasaporte, garantía económica, vigilancia de la autoridad o, en su caso, y de manera excepcional, en alojamiento en los términos y condiciones que prevé la Ley de Migración.

Esto que acabo de decir es de suma importancia y es en debido respeto a los derechos humanos, para ello se establece que durante todo el proceso las personas extranjeras tendrán el derecho de obtener asistencia legal y consular, y en caso de que la persona no hable el idioma español, tendrá derecho también a un traductor de oficio.

Se establece que en caso de que la autoridad decida expulsar a una persona extranjera del territorio nacional, como previsión general, ésta no podrá ser enviada a su país de origen o a cualquier otro, en donde su vida corra peligro.

Y, finalmente, cuando una persona esté sujeta a un procedimiento penal o haya sido condenada por un delito que merezca pena privativa de libertad y se encuentre cumpliendo una sanción de prisión, el acuerdo de expulsión se ejecutará una vez terminado el procedimiento, y cumplida la pena, según corresponda.

Por lo anterior descrito, les pido atentamente el voto a favor del presente dictamen, ya que hemos trabajado muchas horas para lograr las comisiones y encontrar una mayoría importante a este ejercicio deliberativo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento de debates.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores.

He solicitado el uso de la palabra para hacer referencia específica al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de nuestra Constitución en materia de derecho de audiencia, de personas extranjeras, sujetas a procedimientos administrativo de expulsión.

Este dictamen retoma la iniciativa presentada por diversas Senadoras, Senadores, en la que me incluyo, y también la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en esta tesitura es importante destacar el acuerdo alcanzado por las comisiones unidas dictaminadoras, después de haber realizado un análisis puntual, permanente, constante, artículo por artículo.

Finalmente sobre su contenido y alcance de estas dos iniciativas, a fin de dotar al Estado mexicano de las normas mínimas que deberán observarse por parte de las autoridades en aquellos casos en que se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 33 de nuestra Constitución.

No está demás resaltar que este proyecto también fue parte de un amplio proceso de consultas con diversas organizaciones y especialistas, también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes, incluso, estuvieron en todo el proceso de discusión y de definición de como finalmente queda este dictamen y, sobre todo, nosotros las comisiones atendiendo sus inquietudes que fueron suscritas y dirigidas por parte de esta oficina a todo el Senado.

Y lo que hoy ponemos a su consideración de esta Asamblea es un producto equilibrado que retoma en gran medida propuestas y preocupaciones que nos fueron vertidas.

Dicho lo anterior, es pertinente subrayar que la ley que se pretende expedir, además de regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, desarrolla las bases elementales para el adecuado ejercicio del derecho audiencia de las personas extranjeras, con base en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los  tratados internacionales de los que México es parte.

Cabe destacar que sólo serán sujetos del procedimiento de expulsión las personas extranjeras que participen en los asuntos políticos del país, o que ejerciten para sí, o por interpósita persona  algunos de los derechos reservados para las y los ciudadanos mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el procedimiento de expulsión no podrá exceder del plazo de 15 días naturales.

Debo recordarles a ustedes que la propuesta, incluso, del Ejecutivo establecía 60 días para este proceso. Hoy hemos logrado, en base a todas las propuestas que se nos han hecho, las hemos atendido y quedan 15 días naturales, porque transcurrido el plazo, sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la Unión, se tendrá, pues, por concluido el procedimiento y se levantarán las medidas cautelares que hubiesen sido impuestas, salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de autoridad judicial competente, con motivo de la interposición de algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad.

Entre las medidas cautelares, se encuentra contemplado de manera excepcional el alojamiento en los términos previstos en la Ley de Migración, y la detención, la cual en ningún caso podrá exceder de 36 horas, reitero, 36 horas será sustituida por las medidas cautelares que se estimen pertinentes.

Como medida cautelar, el alojamiento tendrá carácter excepcional y será aplicable únicamente cuando:

a) Existe la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del procedimiento.

b) Hayan incumplido de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad o

c) La persona implique un riesgo objetivo para terceros o para la sociedad, en cuyo caso el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad, de conformidad con la normatividad aplicable.

Es preciso señalar, que durante todo el procedimiento  de expulsión, la persona extranjera deberá ser asistida desde el primer acto por un abogado de su elección, y a falta de éste, la Secretaría de Gobernación solicitará al Instituto Federal de Defensoría de Oficio que proporcione un defensor.

La audiencia sí celebrará el día y  hora señalados en el acuerdo de inicio de procedimiento ante la instancia competente de la Secretaría de Gobernación.

Las pruebas que ofrezca la persona extranjera, deberán desahogarse en la audiencia, salvo aquellas que por su propia naturaleza no puedan ser desahogadas, en cuyo caso, dicha audiencia podrá diferirse con una sola vez, con la finalidad de preparar su desahogo.

Asimismo, desahogadas las pruebas en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de 24 horas para que los presente por escrito.

Finalmente, si el Ejecutivo de la Unión estimara procedente la expulsión de la persona extranjera, suscribirá el acuerdo correspondiente, el cual contará con el refrendo del titular  tanto de la Secretaría de Gobernación como de Relaciones Exteriores, el acuerdo de expulsión será notificado a la persona extranjera de inmediato al momento,  al momento de la notificación la autoridad administrativa mantendrá bajo su custodia a la persona extranjera hasta que sea expulsada del país, lo cual deberá suceder entre las  24 y 36 horas posteriores a la  notificación, a efecto de garantizar un plazo de 24 horas para el ejercicio del derecho a la persona extranjera a recurrir al amparo.

Esto también es importante subrayarlo, contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión, que determine la expulsión de la persona extranjera, sí procederá el juicio de amparo.

Las medidas cautelares impuestas, podrán continuar vigentes hasta que transcurra el plazo para la interposición de dicho juicio o durante su tramitación y hasta la sentencia definitiva.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unida de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, ponemos a su consideramos el presente dictamen, el cual hace posible el ejercicio de una serie de derechos en beneficio de las personas extranjeras toda vez que los derechos procesales consagrados en nuestra Constitución, protegen y garantizan los derechos de todas las personas sin distinción alguna en términos de los previsto en el artículo 1º constitucional.

Hoy estamos presentando a ustedes también por mandato en transitorio de la reforma del 11 de junio de 2011, la Ley Reglamentaria del artículo 33 que, junto con otros 10 artículos, formó parte de este gran dictamen que impacto, que reformó de manera sustantiva a  nuestra Constitución en materia de derechos humanos.

Es necesario que les enfaticemos que está Ley Reglamentaria también impide la discrecionalidad que pueda tener el Ejecutivo Federal cuando quiere expulsar a una persona extranjera, casi siempre utilizando otros  medios como la Ley Nacional de Migración.

Por eso, entre otras cosas, es importante que exista en el marco jurídico de  nuestro país está Ley Reglamentaria.

A todos ustedes, muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de los dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente.

Señoras y señores Senadores y Senadoras: Pues de nueva cuenta nos referimos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que tuvo dentro de sus consideraciones, modificar el artículo 33 constitucional para establecer el carácter de personas extranjeras, aquellas que no presenten la calidad que señala al artículo 30 de la misma Constitución, y que las mismas gozaran de las garantías de derechos humanos que reconoce esta Constitución.

Además, se estableció que el Ejecutivo de la Unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley que regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo en que dure la detención.

Estas modificaciones cambian de manera total. Lo que se preveía en el artículo 33 anteriormente en donde el Ejecutivo de la Unión podría expulsar a los extranjeros simplemente cuando considerará que su permanencia en el territorio nacional se juzgara inconveniente, tendría además la facultad exclusiva de hacerlos y se preveía en este artículo que no había necesidad de un juicio previo.

Obviamente con la reforma constitucional, pues se establece el derecho a audiencia y se establece también la previsión de un procedimiento cierto para que se dé está expulsión en caso necesario.

Justamente está es la finalidad de la presente ley que se pone a consideración de este Pleno, para determinar justamente cuál es el procedimiento que debe seguirse en virtud de este nuevo mandato constitucional y, además de dar cumplimiento al artículo quinto transitorio de la reforma mencionada, que establece justamente la obligatoriedad del Congreso de la Unión para legislar, para establecer la reglamentación sobre este procedimiento.

Con ello, estaríamos dando también cumplimiento a una obligación constitucional, pero también estaríamos dando cumplimiento a los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

De tal manera, una vez establecido que el objeto de la ley que se pone a su consideración es regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo Federal podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras. Es necesario precisar que esta ley no aplica a personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional, y que conforme al derecho internacional gocen de privilegios e inmunidades. Que la información relacionada con la expulsión de personas extranjeras será confidencial y reservada.

Se establecen en esta propuesta los supuestos de expulsión que serán cuando las personas extranjeras participen en actividades políticas del país, o ejerciten por sí, o por interpósita a persona algunos de los siguientes derechos reservados para ciudadanos mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, el derecho de petición en materia política, el derecho de asociación previsto en el artículo 9º de la Constitución y los derechos políticos a que se refiere el artículo 35 constitucional.

El procedimiento que se propone parte de que cualquier autoridad podrá comunicar a la Secretaría de Gobernación los hechos que pudieran dar lugar al inicio del procedimiento de la expulsión.

Cuando la Secretaría de Gobernación cuente con indicios que la persona extranjera haya incurrido en los hechos señalados, recabará la información de las autoridades competentes y podrá desechar el expediente o dictar el acuerdo de inicio de procedimiento.

De acuerdo con la Ley Reglamentaria que se propone, el procedimiento de expulsión no podrá exceder de un plazo de 15 días naturales sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo.

En caso de que haya transcurrido el plazo y no se haya emitido determinación, se tendrá por concluido el procedimiento y se levantará la detención o las medidas cautelares.

El acuerdo deberá ser notificado por escrito y de manera personal; deberá contener el motivo por el que se inicia el procedimiento, lugar, fecha, los derechos que le asisten a la persona extranjera, la autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se celebrará la audiencia, el lugar y el tiempo de su detención.

El acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión, deberá contener, asimismo la razón por la que se inicia el procedimiento y los fundamentos que dan lugar al mismo.

El lugar, fecha y hora de la audiencia a la cual deberá tener verificativo dentro de los 3 y 5 días naturales siguientes a la fecha de la notificación.

El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su defensa dentro del previsto para fijar la fecha de audiencia.

El derecho que tiene la persona extranjera a ofrecer pruebas y a manifestar lo que a su derecho convenga.

El derecho que tiene la persona extranjera contar con un intérprete a recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza, también la autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación, ante la cual se celebrará la audiencia.

Las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece el artículo 4º de la ley, esto es: violaciones a los derechos políticos de los mexicanos previstos en los artículos 8, 9 y 35 de la Constitución.

Son estos los puntos que debe contener el acuerdo por el que se determina el inicio del procedimiento.

Desde el momento de la notificación se le deberá de informar al extranjero su derecho de recibir asistencia consultar.

La Secretaría de Gobernación notifica a la representación diplomática del acuerdo de inicio del procedimiento.

En el acuerdo de inicio del procedimiento, la autoridad administrativa competente de la Secretaría de Gobernación deberá sustituir la detención, que en ningún caso podrá exceder de 36 horas por las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece la ley.

En cuanto a medidas cautelares, éstas, las que están previstas en el proyecto son: la fianza, vigilancia de la autoridad que se designe al efecto, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición o restricción de presentarse periódicamente a determinar reuniones o la retención del pasaporte.

De igual modo, por acuerdo de las comisiones unidas, se hacen algunas adecuaciones al dictamen original, como la medida cautelar de alojamiento, en los términos y condiciones que prevé la ley de migración. Y esta medida cautelar tendrá carácter de excepcional y será aplicable en los siguientes casos:

Cuando exista la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del procedimiento;

Cuando haya incumplimiento de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad;

Cuando la persona implique un riesgo objetivo para terceros o para la sociedad, en cuyo caso el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad de conformidad con la normatividad aplicable.

Y desde el inicio del procedimiento o desde su detención, la persona extranjera podrá designar a su abogado particular. En caso de no designarlo, la Secretaría de Gobernación solicitará al Instituto de Defensoría Pública que le proporcione un abogado.

La audiencia se celebrará en instancias competentes de la Secretaría de Gobernación, y desahogadas las pruebas, en la misma audiencia, la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de 24 horas para que se los presente por escrito.

La Secretaría de Gobernación podrá resolver en cualquiera de los sentidos siguientes, dentro de los 4 días naturales siguientes.

Podrá declarar que existen elementos suficientes para expulsar a la persona extranjera del territorio nacional, o bien, declarar que no existen los elementos suficientes para expulsarlo.

En el último caso, se dará por concluido el procedimiento de manera definitiva y se levantarán las medidas cautelares, asimismo se le notificará personalmente, en un plazo no mayor a 24 horas, al extranjero, a la persona extranjera. En caso de no encontrarse elementos suficientes, se le notificará de la misma manera.

Por  otra parte, si en la resolución emitida se considera que existen elementos suficientes para la expulsión, entonces la Secretaría de Gobernación someterá a consideración del Ejecutivo de la Unión el expediente correspondiente, quien determinará dentro de los cinco días naturales siguientes sobre el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33 de la Constitución.

En caso de que el Ejecutivo no ejercite dicha facultad dentro de estos cinco días naturales, entonces se entiende que la persona extranjera no será expulsada y se dará por concluido el procedimiento y se levantarán las medidas cautelares.

Al momento de la notificación la autoridad administrativa, si fuera el caso, detendrá al extranjero en caso de que se determine la misma y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea expulsado del país.

La persona extranjera tendrá derecho a mantener comunicación con persona de su confianza, intérprete o representación consular.

Contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la persona extranjera sólo procederá el juicio de amparo, las medidas cautelares impuestas podrán continuar vigentes hasta que transcurra el plazo para la interpretación de dicho juicio o durante su tramitación.

La dictaminación conjunta de esta iniciativa por parte de las comisiones competentes generó unas reservas que serán puestas a consideración de este Pleno, entre las cuales está la simplificación del procedimiento de expulsión a 15 días naturales, con plazos más expeditos y con plenas garantías procesales.

Se propone también una armonización del proyecto con el proceso establecido en la Ley de Migración.  Se establece la figura de detención como una medida cautelar excepcional, además se especifica en el proyecto que no podrá exceder de 36 horas.

Y por último se armoniza con esta propuesta de acuerdo a las garantías jurisdiccionales que permite el juicio de amparo, a fin de que no se presenten antinomias o actos contradictorios durante el proceso.

Con esta reforma se construye un instrumento normativo que mandata la Constitución y que este Congreso de la Unión estaba en falta para cumplir un compromiso en materia de derechos humanos y respetar por supuesto  las garantías de los extranjeros que se encuentren en las situaciones previstas en la misma.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos a la discusión en lo general y se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna…

Permítame Senadora.

Hemos recibido de las Comisiones Dictaminadoras diversas propuestas de modificación al dictamen, mismas que vamos a someter a consideración de la Asamblea.

El texto de las modificaciones está disponible en el monitor de sus escaños.  Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría dé lectura  de las modificaciones.

La Secretaria Senadora María  Elena Barrera  Tapia: Doy lectura de las modificaciones.

Artículo 4º.  Podrían ser sujetas de procedimiento de expulsión las personas extranjeras que participen en los asuntos políticos del país, o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos, en términos de los artículos 8, 9 y 35 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que atenten en contra de los principios establecidos en el artículo 40 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6º.  El procedimiento de expulsión que establece esta ley no podrá exceder del plazo de 15 días naturales, transcurrido el plazo citado sin que se haya emitido la determinación del Ejecutivo de la  Unión, se tendrá por concluido el procedimiento y se levantarán las medidas cautelares que hubieran sido impuestas, salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de autoridad judicial competente, con motivo de la interposición de algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad.

Artículo 12, fracción II.  El lugar, fecha y hora de la audiencia, la cual deberá tener verificativo dentro de los tres y cinco días naturales siguientes a la fecha de la notificación.

Fracción VII.  Las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo del procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece el artículo 4º de esta ley en términos del artículo 15.

Artículo 14.  En el acuerdo de inicio del procedimiento, la autoridad administrativa competente de la Secretaría de Gobernación deberá sustituir la detención que en  ningún caso podrá exceder de 36 horas por las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo de procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en los supuestos que establece el artículo 4º de esta ley.

La Secretaría de Gobernación podrá imponer una o más de las medidas cautelares siguientes:

Fracción VI.  Alojamiento en los términos y condiciones que prevé la ley o migración.  Esta medida cautelar tendrá carácter excepcional y será aplicable cuando:

  1. Exista la creencia fundada de que la persona pudiera sustraerse del procedimiento.
  1. Haya incumplimiento de otras medidas cautelares dictadas con anterioridad.
  1. La persona implique un riesgo objetivo para terceros o para la sociedad, en cuyo caso el alojamiento deberá verificarse en condiciones de seguridad, de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 17.- La persona extranjera podrá designar desde el inicio del procedimiento o de su detención, abogado particular. De no designarlo o no contar con asistencia jurídica, la Secretaría de Gobernación deberá solicitar al Instituto Federal de Defensoría Pública que le proporcione un abogado.

Artículo 21.- Desahogadas las pruebas, en la misma audiencia la persona extranjera podrá presentar sus alegatos de manera verbal, en cuyo caso se transcribirá un extracto de los mismos en el acta de audiencia, o bien, se le otorgará el plazo de 24 horas para que los presente por escrito.

Artículo 24.- La Secretaría de Gobernación podrá resolver en cualquier de los sentidos siguientes, dentro de los cuatro días naturales siguientes:

Artículo 25.- En los casos de la fracción II del artículo anterior, se dará por concluido el procedimiento de manera definitiva; se levantarán las medidas cautelares, y se notificará personalmente en un plazo no mayor de 24 horas a la persona extranjera.

Artículo 26.- Si en la resolución emitida se considera que existen elementos suficientes para la expulsión, la Secretaría de Gobernación someterá a consideración del Ejecutivo de la Unión el expediente correspondiente, quien determinará dentro de los cinco días naturales siguientes, sobre el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que el Ejecutivo no ejercite dicha facultad dentro de los cinco días naturales siguientes, se entenderá que la persona extranjera no será expulsada y se procederá conforme a lo señalado en el artículo anterior.

Artículo 27.- Al momento de la notificación la autoridad administrativa, si fuere el caso, detendrá al extranjero y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea expulsado del país, lo cual deberá ser entre las 24 y 36 horas posteriores a la notificación.

Contra el acuerdo del Ejecutivo de la Unión, que determina la expulsión de la persona extranjera, sólo procederá el juicio de amparo. Las medidas cautelares impuestas podrán continuar vigentes hasta que transcurra el plazo para la interposición de dicho juicio o durante la tramitación y hasta la asistencia definitiva.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se incorporan las modificaciones al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones ya descritas.

Informo a la Asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general.

La Senadora Dolores Padierna Luna, en contra.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, a favor.

El Senador Gerardo Flores Ramírez, a favor.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a favor.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.

La Constitución como máximo ordenamiento del país, establece respetar la audiencia a las personas extranjeras; establece el derecho de audiencia, y es un salto cualitativo de gran envergadura, pues conlleva la estricta observancia de lo que se denomina el debido proceso.

La reforma constitucional de junio del 2011 en materia de derechos humanos, estableció entre otros aspectos relevantes, una restricción definitiva a la atribución discrecional del Ejecutivo Federal para expulsar a las personas extranjeras al plantear la garantía de audiencia para dichas personas y la necesidad de un procedimiento administrativo establecido en la ley.

Antes de este ordenamiento se recuerdan casos ominosos de acciones arbitrarias para expulsar a extranjeros.

El debido proceso legal es una disposición de las más importantes en un Estado democrático, ya que nadie debe ser privado de su libertad, de sus derechos sin un juicio previo en el que se le garanticen la imparcialidad y las instancias que resolverán su establecimiento previo, la facultad de defenderse, de conocer a quién y de qué se le acusa, aportar pruebas, de que se desahoguen esas pruebas, de que la resolución corresponda a lo establecido en el expediente, etcétera.

Por ello el objetivo de esta Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional debe ser garantizar el derecho de audiencia a las personas extranjeras que son sujetas a un procedimiento de expulsión.

La reglamentación debiera tener la perspectiva vinculada con la garantía más que con la atribución de la autoridad. El proyecto de decreto que se presenta, es omiso en esta perspectiva pues plantea como su objetivo en el artículo 1º, la regulación de la atribución del Ejecutivo Federal, sin mencionar en esta parte inicial la necesidad de preservar el derecho fundamental de audiencia para las personas extranjeras.

Es hasta el artículo 6º que se menciona con desdén y de manera forzada, cuando debería de ser el centro de la legislación, que las personas extranjeras podrán ser  expulsadas previo desahogo de audiencia, pero se le detiene antes de la audiencia.

En este mismo artículo se establece un plazo para llevar a  cabo todo el procedimiento de expulsión, mismo plazo que puede operar en contra del desahogo de las pruebas de descargo que ofrezca la persona extranjera, sujeta a procedimiento, como puede leerse en el artículo 20 que plantea la posibilidad de diferir la audiencia para ese propósito, sin que pueda exceder el plazo que se establece en el artículo 6º que es de 15 días.

En el artículo 14 se establece como medida cautelar por parte de la autoridad la prohibición para que la persona extranjera de comunicarse con personas determinadas, o determinadas personas, que estén relacionadas con los hechos, siendo que es precisamente los testigos de los hechos son componentes fundamentales de una defensa de este tipo, mantener incomunicada a la persona extranjera es otra de las luces contrarias a los derechos humanos, pues se traduce en un mecanismo de incomunicación que afecta, incluso, su propia defensa y en esa medida el debido proceso.

El artículo 30 establece como atribución de la autoridad realizar la expulsión, preferentemente al país donde sea nacional o residente, lo que no debería de ser discrecional, y en todo caso debe asegurarse que la persona extranjera plantee la opción que le sea menos lesiva de acuerdo al derecho pro persona.

Por si todo esto no fuera suficiente, en el artículo 5 del proyecto establece que toda la información relacionada con la expulsión de personas extranjeras será confidencial y reservadas.

En plena época de los discursos de la transparencia, esto sale de tono, el debido proceso es una concatenación de actos y de formalidades, por lo que su cumplimiento siempre se plantea como un absoluto, no se cumple poco o mucho, se cumple o no se cumple, y en este ordenamiento con tantas lagunas, contradicciones y excepciones no se cumple con el debido proceso.

En el proyecto de decreto no responden a la oportunidad de garantizar la audiencia establecida para las personas extranjeras en la Constitución, previa a la expulsión. Se modifican siete artículos que se refieren a los plazos de desahogo del procedimiento administrativo, para la expulsión de personas extranjeras, reduciéndolos todos a la mitad.

De 30 a 15 días para el desahogo del procedimiento, de 3 a 10 días se reduce de 3 a 5 para el desahogo de la audiencia; de 48 a 24 horas, para el plazo para formular alegatos, de 5 a 4 días hábiles, o a 4 días naturales para que la Secretaría de Gobernación emita su resolución; y de 5 días hábiles a 5 días naturales, para que el Ejecutivo determine la expulsión de la persona extranjera.

El punto fundamental de la Le Reglamentaria del 33 debe girar alrededor del debido proceso, para lo cual debemos asegurar a hacer efectiva la garantía de audiencia para las personas extranjeras sujetas a un procedimiento de expulsión del país, pero asegurarnos de aplicar el principio de pro persona también es otro deber fundamental en la Constitución.

El procedimiento para la expulsión de personas extranjeras tiene en este proyecto de decreto dos grandes apartados: uno, que es la obtención de indicios por parte de la Secretaría de Gobernación, y el otro, el procedimiento de expulsión, que viene en los artículos 10 y 11 y los siguientes.

La primera fase es oculta para la persona, dado que no existe disposición en esta ley que estipule lo contrario, además es discrecional. Solo la Secretaría de Gobernación recabará información de las autoridades competentes y no tiene plazo, esto se establece en el artículo 10; en cambio la segunda fase de procedimiento tiene un plazo máximo de 15 días y plazos para el desahogo en distintas etapas.

La reducción de plazos en la fase pública, es acorde con el objetivo de hacer posible la garantía de audiencia, sí o no, y la respuesta es obvia, no se cumple.

Existe una inequidad procesal  en el cuerpo de esta ley, las autoridades a ellas no se les pone plazo para su investigación, no están sujetas a ningún control, no admiten posibilidad de defensa por parte de la persona extranjera, todo eso en la primera fase, a las personas se les reducen los plazos para el desahogo de todo el procedimiento de expulsión, esto va en detrimento de las posibilidades reales de defensa de la persona extranjera, no en su beneficio, mientras que a la autoridad no tuvo plazo para recabar indicios a la persona extranjera, una vez que le es notificada que se inició su procedimiento, se le detiene para su expulsión.

La audiencia se puede diferir sólo por una vez, y si no es posible el desahogo de pruebas, en esos 15 días a lo sumo, no habrá más tiempo, y obviamente no se podrán valorar sus pruebas.

Afirmar que la reducción de plazos es para disminuir el tiempo de detención de la persona extranjera, es  muy injusta e inadecuada; la libertad es un derecho, es el máximo derecho humano; la pérdida de libertad debiera ser el último recurso, la medida más extrema en caso de que alguien resulte culpable; se debe quitar la facultad discrecional, contenida en el artículo 14 para detener a una persona extranjera y privarla de su libertad, mientras se le juzga en lo que se sustancia el procedimiento.

Esta iniciativa de Ley Reglamentaria del 33 constitucional en materia de expulsión de personas extranjeras, a pesar de las modificaciones sigue siendo ajena al objetivo primordial de garantizar el debido proceso a las personas extranjeras sujetas a procedimiento.

Algo verdaderamente inusitado es el artículo 4, que establece que serán sujetas de expulsión las personas extranjeras que realizan actividades políticas por sí o por interpósita persona, pues resulta absurdo establecerle a una persona responsabilidad por una conducta ajena.

En el artículo 6, por fin, aparece la audiencia, pero vista como un simple trámite que ni en eso estaba en el dictamen inicial, sin embargo la audiencia no es un trámite, es una garantía constitucional.

Las personas extranjeras podrán ser expulsadas del territorio nacional previo desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 33 constitucional.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, le pido que concluya por favor su intervención.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Estoy de una vez argumentando…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Está usted en lo general, y son cinco minutos, y le he dado la tolerancia.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Pero también voy a argumentar en lo particular para ya no volver a tomar la palabra.

El procedimiento de expulsión no podrá exceder los 30 días naturales  pero transcurrido todo este tiempo, la persona,  -ya me distrajo aquí, pero- lo que quiero decir es que para nosotros y para la Constitución la audiencia es un derecho humano, una garantía constitucional, y debe anteponerse ante cualquier otra circunstancia, y los plazos no deben operar en contra de la defensa, deben de aplicarse el principio pro persona.

El artículo 10 se permite que la Secretaría de Gobernación actúa por indicios, de que la persona extranjera haya incurrido en alguno de los derechos reservados para  ciudadanos  mexicanos.

El artículo 12 establece esto que el procedimiento puede iniciarse con meros indicios, el lugar, el tiempo y su detención en su caso, las medidas cautelares que tengan por objeto asegurar el desahogo de procedimiento de expulsión y evitar que la persona extranjera incurra o persista en la falta que se le imputa.

Esto es algo muy grave, porque un debido procedimiento nunca inicia con la detención, con la pérdida de libertad, esta pérdida de libertad es la consecuencia última después de que se demuestre la culpabilidad. La libertad es tal vez el mayor de los derechos, nadie debe de perder su libertad hasta que se le demuestre su culpabilidad.

Existen en la experiencia internacional otras medidas apegas al respeto a  los derechos humanos, si deben dictarse algunas medidas cautelares para evitar la evasión o el ocultamiento de la persona, pero de ninguna manera podemos aceptar que sea la pérdida de libertad, que se considere otra medida, de las muchas que hay en el derecho internacional, no el aprehender a la persona.

En el artículo 14, modificado, se dice, en estas modificaciones de la dictaminadora que se propone ahora como medida cautelar el alojamiento.

En los términos que dispone la Ley de Migración, a esta  medida se le da un carácter de excepcional cuando exista la creencia de que la persona pueda sustraerse del procedimiento, pues nos encontramos ante lo mismo, ante una forma velada de detención, pero es pérdida de libertad, llámese aseguramiento, alojamiento, arraigo, detención, son  medidas semejantes, que en el fondo revisten un carácter penal y es en los hechos una privación de la libertad, donde no se respeta el debido proceso y se vulneran los derechos humanos de las y los detenidos. La medida debería de ser la última opción.

Reconocemos el esfuerzo de las presidentas, porque sí retomaron varias propuestas, sin embargo, el debido proceso sigue sin respetarse a cabalidad.

Es cuanto, gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo voy a razonar mi voto a favor sobre esta Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución. Esta Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución, es consecuencia de la importante Reforma Constitucional que sobre derechos humanos se aprobó en nuestro país en 2011, y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de ese año.

En la época del régimen autoritario, los extranjeros que intervenían en los asuntos políticos del país eran expulsados sin garantía de audiencia por el Titular del Ejecutivo, y las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de manera arbitraria y sin reconocerles derechos a la defensa.

La ley que se somete a consideración reconoce la previa audiencia de los extranjeros para ser expulsados cuando intervienen en asuntos políticos del país.

Además, la ley garantiza el principio de certeza y determina los supuestos que dan lugar a la expulsión y el procedimiento que debe seguirse.

Al igual que la duración máxima de una detención y las medidas cautelares que puede imponer la autoridad, también se determina que en contra de las resoluciones de la autoridad se podrá interponer el juicio de amparo. Este nuevo régimen jurídico se inscribe en el cambio de paradigma constitucional que hemos vivido en los últimos años; sin embargo, aunque consideramos un avance, la Reforma Constitucional al artículo 33, y la aprobación de la Ley Reglamentaria que nos ocupa, estimamos en sentido crítico lo siguiente.

Siguen sin precisarse los supuestos de expulsión de extranjeros, como lo indicó la ONU, la detención o retención como medida cautelar debe ser la última en la ley, debe completarse el principio de proporcionalidad bajo los principios de idoneidad, necesidad y ponderación, para que se recurre a la detención de manera razonable, con el derecho de audiencia, a tener un abogado, es decir, con el debido proceso.

En el futuro sería deseable que ninguna persona, aunque sea extranjera, deba ser expulsada del país por ejercer la libertad de expresión y la libertad de crítica. La libertad de expresión es el fundamento de la democracia y del Estado de derecho. En México debemos dirigirnos hacia ese horizonte, el que se establezcan restricciones a los extranjeros, a su libertad de expresión, habla de nuestro retraso civilizatorio.

Tanto nacionales como extranjeros deberíamos tener amplios derechos para participar y opinar sobre los asuntos públicos del país.

Las autoridades que debieran resolver, en todo caso, sobre la expulsión de un extranjero, deben ser las jurisdiccionales.

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución señala que: “la privación de libertad corresponde a los jueces y nos a las autoridades administrativas”.

El que el Titular del Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación tengan el poder de expulsar a extranjeros que se inmiscuyen en los asuntos políticos, constituye una reminiscencia del viejo régimen autoritario que en el México del Siglo XXI deberíamos superar.

No obstante lo anterior, y por tratarse en este caso de un avance importante para la garantía de los derechos humanos de los extranjeros, es que votaré a favor, y hacemos al mismo tiempo, en el Partido del Trabajo, un llamado al poder revisor de la Constitución, y a este Congreso, para seguir maximizando los derechos humanos de todos los extranjeros y los mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox.

Informo a la Asamblea que el Senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha hecho llegar a esta directiva su intervención sobre este tema, el cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Tradicionalmente el Estado mexicano se ha caracterizado por la promoción y la defensa de los derechos humanos en foros internacionales y regionales.

La adopción de diversos tratados internacionales en la materia da constancia de ello.

El artículo 133 constitucional nos dice que la Constitución, las leyes emanadas de ella y los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, son Ley Suprema.

Por esta razón, se hace necesario armonizar nuestras leyes con los tratados internacionales firmados, con el propósito de ser congruentes con nuestros compromisos adquiridos.

La reforma al artículo 33 constitucional aprobado en junio del año 2011, se hizo con el objetivo específico de armonizar nuestra Carta Magna con algunos de los tratados ratificados por México y que hacen alusión al derecho de audiencia y debido proceso en beneficio de las personas extranjeras que pudieran encontrarse en el escenario de expulsión de determinado país ajeno al de su nacionalidad.

Entre los tratados internacionales en los que se hace alusión al derecho de audiencia y debido proceso  que nuestro país ha firmado están, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, La Convención sobre la Condición de los Extranjeros  y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 33 constitucional después de su modificación establece, que el Ejecutivo de la Unión podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, siempre y cuando haya habido una previa audiencia del implicado y con fundamento en la ley.

En este sentido, la presente Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encargará de reglamentar el debido proceso para el ejercicio del  derecho de audiencia.

Con esta ley, estaremos salvaguardando de una manera más integral los derechos humanos de los extranjeros que vengan a nuestro país, al tiempo que  cumplimos cabalmente con los compromisos adquiridos por México en el concierto internacional.

La presente propuesta de ley, es el resultado de una profunda revisión y análisis de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, las cuales sintetizaron en un solo documento las fortalezas de dos propuestas iniciales: una presentada por Senadoras y Senadores de la LXII Legislatura  y otra por parte del Ejecutivo Federal.

Por esta razón, debemos estar seguros  de que ésta representa una propuesta muy completa, que seguramente cumplirá  en forma con su objetivo.

Compañeras y compañeros legisladores: Con esta ley terminaremos de forma correcta con el proceso de adecuación de nuestro cuerpo normativo a los tratados internacionales firmados por México y, con ello, cumpliremos con nuestro compromiso de impulsar y defender los derechos humanos en el mundo.

Por estas razones, en el grupo parlamentario del PRI nos posicionamos, nos pronunciamos a favor de la  aprobación de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que consideramos que cumplirá en buena forma con los objetivos principales para lo que fue creada.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senador Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, Presidente.

No podemos evadir hablar de la reforma de junio del 2011, a partir de ahí no solamente se abrió, es una antes y después en materia de derechos humanos y se abrió una gran necesidad de establecer un marco jurídico más adecuado, un marco jurídico que hablara como eje principal lo que tiene que ver con los derechos humanos.

 Hoy nos ocupa el quinto transitorio de esta reforma que tiene que ver con la presencia de personas extranjeras, pero oscila en el respeto a los derechos humanos que estas deben de gozar.

Aquí se ha tratado y bastante desde presentación de la propuesta hasta las participaciones. Cada uno de los aspectos relevantes de este reforma.

El objetivo de la reforma tiene especialmente énfasis en reglamentar el debido proceso para el ejercicio del derecho de audiencia establecido en el artículo 33 constitucional.

Y tiene tres ejes fundamentales está reforma:

El primero.- El derecho de audiencia de toda persona extranjera que pretenda ser expulsada del país.

En segundo lugar.- La regulación a nivel legal del procedimiento administrativo de expulsión, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Y tercero.- La protección de los derechos humanos de las personas extranjeras en nuestro país.

Estos tres aspectos son fundamentales  para llevar a cabo esta reforma, y cuando se hizo la reforma también aprobamos lo que tiene que ver con los tratados internacionales. Esta reforma pasa al menos por seis tratados internacionales que México ha suscrito y que forman parte medular de lo que aquí se ha planteado.

Las principales características de la ley, las podemos encontrar en los artículos 4, 13, 16 y 29, y en síntesis la Ley Reglamentaria al artículo 33 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza los derechos humanos de todo extranjero en nuestro país que vea dentro de un procedimiento de expulsión por decisión del Ejecutivo Federal.

Y también tiene que ver con el derecho de audiencia que otorga a los extranjeros la presunción de inocencia y le permita presentar prueba a su favor, por lo que la decisión del Ejecutivo Federal deja de ser unilateral y arbitraria.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya, hizo llegar a esta directiva el texto del voto particular que presenta, el cual se integrará al Diario de los Debates.

Informo a la Asamblea que se han reservado los siguientes artículos 4º, 6º, 8º, 10, 11, 14, 20, 21 y 30 y la propuesta de adición a un nuevo artículo 29, por la Senadora Dolores Padierna.

Pregunto a la Asamblea, ¿Si hay más reservas?

No habiendo más reservas.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un total de 77 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional.

Informo a la Asamblea que el texto de las reservas de la Senadora Dolores Padierna Luna, se encuentran a su disposición en el monitor de sus escaños, para su conocimiento, por lo que le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por la Senadora Dolores Padierna.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, quedan en sus términos los artículos 4º, 6º, 8º, 10, 11, 14, 20, 21 y 30, se mantienen en los términos del dictamen.

Por lo que respecta a la propuesta de adición de un nuevo artículo 29, queda desechado el mismo.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 4º, 6, 8º, 10, 11, 14, 20, 21 y 30, del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al conteo electrónico, se emitieron un total de 79 votos a favor; 5 en contra y una abstención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Secretaria.

En consecuencia, quedan aprobados los artículos 4, 6, 8…

Pido a la Secretaría que tome nota del voto de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

Quedan en consecuencia aprobados los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21 y 30 del proyecto de Ley Reglamentaria.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se remite a la Cámara de  Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores: Al inicio de esta sesión se les informó del retiro del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Una vez que las comisiones han hecho las aclaraciones sobre el contenido del proyecto de decreto, la Mesa Directiva acordó consultar al Pleno si se reintegra al orden del día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite reglamentario.

El Secretario Senador Luis  Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los asuntos de hoy el del dictamen referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

El dictamen tuvo su primera lectura el pasado jueves 3 de diciembre y está publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

El Secretario Senador Luis  Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

En consecuencia, es de segunda lectura el presente dictamen.

Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdoba, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y  Fomento Industrial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

El Senador Héctor Larios Córdoba: Con el permiso de la Presidencia.

Hace un año un grupo de jóvenes de la Asociación de Emprendedores pidió entrevistarse con algunos Senadores, entre ellos el Senador Ernesto Cordero y un servidor. 

Y nos plantearon, como emprendedores, que buscáramos modificar las leyes en este país, para que una sociedad para formar una empresa, pudiera constituirse en un solo día, quedara registrada ese mismo día y que tuviera cero costos toda la tramitación.

Cuando dialogamos con ellos, la verdad es que no parecía como muy viable. Fuimos con la autoridad y tampoco veíamos que pudiera realizarse esto.

Pero con un enfoque de buscar las cosas, de cómo sí se puede, finalmente hoy está el dictamen a discusión, de poder este país, que los emprendedores se sienten en su computadora cada uno de ellos, y puedan constituir una sociedad mercantil el mismo día, que ese mismo día quede registrada en el Registro Público de Comercio, que tengan su boleta, que tengan el poder del administrador y puedan empezar a operar, e incluso que tengan el Registro Federal de Contribuyentes.

Está aquí presente el Presidente de esta Asociación de Emprendedores Mexicanos, Fernando Mendívil, y el día de ayer nos hicieron entrega de 18 mil firmas de jóvenes emprendedores que respaldan este dictamen.

Cuando presentamos esta iniciativa, fue suscrita por Senadores de diversos Grupos Parlamentarios; fue presentada por el Senador Ernesto Cordero, firmada por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Héctor Yunes, y la Comisión de Hacienda ha dictaminado esta iniciativa. Fue suscrita por el Senador López Brito, Marcela Torres, Carlos Madrazo antes de pedir licencia, Manuel Cavazos, Zoé Robledo, Armando Ríos Piter, Ismael Hernández, Graciela Ortiz y Patricio Martínez.

¿Cuál fue la solución?

Lo primero que debería resaltar es la enorme y total disposición a colaborar de la Secretaría de Economía, de la Subsecretaria Rocío Ruiz y todo su equipo. La tarea no era fácil y encontraron soluciones para poder hacerlo.

¿Cuál es la solución?

La clave mágica fue crear un nuevo tipo de sociedad. Hoy la Ley de Sociedades Mercantiles contempla seis tipos de sociedades, entre ellas las más comunes: la sociedad anónima, la sociedad comandita, la cooperativa. Pero ninguna de ésas podíamos adaptarla para el requerimiento de poderla constituir en un solo día.

La primera clave es que hoy se reforma la Ley de Sociedades Mercantiles y se establece la sociedad por acciones simplificadas. Es una sociedad diferente a las demás, pero que tiene las mismas características: su objeto es mercantil, responde ante terceros una vez que está registrada en el Registro Público de Comercio y es una figura jurídica diferente a los socios.

¿Cuáles son las características de esta sociedad?

Por primera vez en este país una sociedad podrá estar constituida de uno o más socios. Hasta hoy en día lo mínimo de socios que se admite en las sociedades es de tres. La sociedad por acciones simplificadas permite que sea un solo socio, dos socios, tres socios o el número que sea necesario para esto.

Segundo, esta sociedad tiene un límite de ventas anuales de cinco millones de pesos porque es una sociedad transitoria, pensada para servir a los que arrancan un negocio, y que cuatro de cada cinco veces se fracasa, que es el promedio mundial.

Para que esos intentos no tengan que hacer toda la formalidad, la formalidad la harán si es exitosa y sus ventas rebasan los cinco millones de pesos al año.

Necesitan estatutos. Van a tener sus estatutos y esos estatutos se van a formar en una página electrónica, donde va entrar cada uno de ellos, van a suscribirla con su firma electrónica que Hacienda necesita. Uno de los requisitos es que todos los socios tengan su FIEL, y con ella van a aparecerles en el sistema algunas alternativas proforma de las cláusulas mínimas que deben tener los estatutos.

Van a ir haciendo sus opciones y una de esas cláusulas tendrá que nombrar a un administrador de la sociedad, que es una de las restricciones. No puede haber un Consejo de Administración, sino tiene que haber un administrador que al mismo tiempo es el representante de la sociedad, para que la misma escritura de la sociedad sirva como poder para la misma.

Uno de los socios tiene que tener ya el nombre autorizado, que es el otro requisito que necesita. Tiene que establecerse cómo van a votar, si cada acción representa un voto o cuántos votos representan cada una de las acciones.

Y finalmente tienen que establecer las periodicidades de las asambleas. Las asambleas podrán hacerlas de manera presencial, como cualquier otra sociedad, o también con una innovación: podrán hacer una asamblea virtual, es decir, sentados los socios en diferentes computadoras, podrán ejercer su voto dentro del sistema de la propia Secretaría de Economía que garantiza la absoluta fidelidad.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido, por favor, a la Asamblea su atención. Escuchemos al orador. Pido que haya respeto para quienes están haciendo uso de la palabra.

Continúe, Senador Héctor Larios, en el uso de la misma.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Presidente.

Todo esto permite que el mismo día personas que están perfectamente identificadas nadie puede tener su firma electrónica ante Hacienda si no fue personalmente y llevó todos sus documentos de identidad, puso su huella digital en el sistema electrónico y la renueva cada vez que se vence no podría tener su FIEL, no cualquier ciudadano de este país tiene una FIEL, no podemos decir que son personas que no son plenamente identificables.

Segundo.  El mismo día, como el registro público de comercio es un registro federal, podrán tener la boleta del registro público, ya pueden iniciar operaciones el mismo día, la sociedad.

¿Cuáles son las ventajas? Bueno, déjenme ligar esto con la objeción, esta iniciativa ha recibido el respaldo prácticamente unánime, tiene una objeción en el uso de su legítimo interés de notarios y de corredores públicos, y creo que es su legítimo interés, pero me parece a mí que cualquiera que conozca la realidad nacional sabrá que no se les quita ningún cliente, porque hoy la Ley de Sociedad Mercantil establece que se constituyen ante fedatario público, y aquí no es obligatorio constituirse ante fedatario público.

¿Pero qué pasa en la realidad cuando se abre un negocio?  La mayoría de los negocios en este país precisamente por esas  dificultades son individuales o familiares, de tal manera que esos jamás van a acudir ante un fedatario público para hacer constar que arrancan un negocio. La mayor parte de cuando son sociedades, que son minoría y que tiene una enorme ventaja los negocios que prosperan y que a veces son más exitosos, son los que congregan el sí a diferentes capacidades, a diferentes personas que se atreven a correr el riesgo de formar una sociedad.

Normalmente se hace entre amigos, y pueden ustedes ver cualquier estadística, y son los amigos que a base de la confianza establecen una sociedad, no acuden ante ningún fedatario, pactan los términos de la sociedad, emprenden el negocio, si éste no funciona, si no da suficientes rendimientos lo cierran y se acabó el asunto.

Si prospera entonces sí van con un notario a protocolizar y a formalizar, y muchas veces entonces ya es tarde para lograr seguridad jurídica.

Lo segundo. Cuando se emprende un negocio y no se forma una sociedad se arriesga todo el patrimonio personal, la mayor parte de los negocios que se abren, que se emprenden en este país arrancan arriesgado todo el patrimonio personal, la ventaja de una sociedad que solamente pone ese juego, el patrimonio que apostaste en la sociedad.

Entonces lo que hacemos aquí es darle una formalidad inicial, y cuando completen, si es exitoso el negocio, ventas por cinco millones anuales, forzosamente tienen que constituir una sociedad de los seis tipos que establece la Ley de Sociedades Mercantiles, y entonces sí tendrán que constituirla ante fedatario público.

Yo diría por el contrario, en vez de quitarle clientes a los fedatarios públicos, nosotros lo que impulsamos es que haya nuevos clientes que puedan constituir estas sociedades cuando ya son exitosas.

Termino concluyendo, concluyo, perdón, con el tema de los pendientes que están.

¿Qué pendientes tenemos?  Bueno, ciertamente ya está la sociedad constituida pero ahora faltan las licencias. Varios municipios del país ya tienen sistemas electrónicos para conceder la licencia y que los requisitos se cumplan después.

El sistema de la Secretaría de Economía incluirá estos municipios, de tal manera que en el mismo momento puedan obtener las licencias, ya tienen la sociedad, ya tienen la escritura pública que acredita el poder de la administración, ya tienen el registro, ya tienen la boleta, el Registro Público del Comercio, ya tienen el Registro Federal de Contribuyentes, ahí mismo, el mismo día, en algunos casos podrán conseguir la licencia. Falta, como pendiente, incluir a los demás municipios del país y a los trámites estatales.

Segundo pendiente. Los bancos, los bancos que están sujetos a la ley en contra del lavado de dinero tardan, va a llegar con su poder el representante de la sociedad a abrir una cuenta, y va a tardar algunas semanas en que el banco le conceda la cuenta. Tenemos que revisar de qué manera solucionamos eso.

Y el último pendiente que faltaría es también el de dar absoluta seguridad jurídica a los participantes, encontraron la manera de divulgar todo esto que se está haciendo.

No tenemos, después de mucha reflexión, incluso de debate, usted se bajó, y el dictamen en la mañana, por algunas dudas, el día de ayer no se votó, estando ya en segunda lectura, independientemente de eso hemos reflexionado, revisado verdaderamente a conciencia cada uno de los temas, y estamos convencidos que verdaderamente ésta es una innovación que va en el sentido correcto de impulsar la creación de empresas, de empresas pequeñas, todas nacen pequeñas, normalmente, que son las que generan la mayor parte del empleo en este país.

Por eso pedimos a nombre de la Comisión de Comercio y de Fomento Industrial, el voto favorable para este dictamen.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Héctor Larios Córdova.

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de  nuestro Reglamento.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo. (Desde su escaño): Senador Vicepresidente en funciones de Presidente, si no tiene usted inconveniente para posicionar a nombre de la Comisión de Hacienda, se me ha encargado que su servidor lo haga. 

¿Me permite hacer uso de la tribuna?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Desde luego que se le concede el uso de la palabra, Senador Ernesto Cordero, para fijar el posicionamiento de la Comisión de Hacienda, en el uso de la palabra, Senador.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo. Muy buenas tardes a todos, antes de iniciar el posicionamiento a nombre de la Comisión de Hacienda, quisiera pedir a la Mesa Directiva que las referencias que se  hicieron al inicio de esta sesión con respecto a este dictamen pudieran ser eliminadas y borradas del Diario de los Debates.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto Senador Ernesto Cordero, y pido a la Secretaría que eliminemos los comentarios que se hicieran al inicio de la discusión de este dictamen por el Senador Ernesto Cordero, los cuales se eliminarán del Diario de los Debates.

Adelante, senador.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy amable, y con su permiso señor Presidente.

Muy buenas tardes a todos, hace un año se acercó al Senado la Asociación de Emprendedores de México. En aquél momento nos propusieron legislar para abrir empresas en un día y a cero costo.

En aquél momento pensamos que la iniciativa era muy ambiciosa, pero que era igualmente necesaria y urgente, pues emprender sigue siendo muy complejo en  nuestro país.

Decidimos presentarla, senadores de diversos grupos parlamentarios, y desde su presentación se fueron adhiriendo a esta iniciativa un amplio número de Senadores que encontraron coincidencias y vieron reflejada aparte en su agenda  legislativa.

A ustedes les agradezco su apoyo y sensibilidad para sumar en un tema que sólo puede hacerle bien a México.

El objetivo de esta iniciativa era fundamentalmente. Uno, establecer el andamiaje legal adecuado para hacer posible que cualquier mexicano o mexicana que desea abrir una empresa lo pueda hacer en un solo día y a cero costo.

No me queda duda que es una obligación irrenunciable del Estado promover y garantizar el  mejor y más ordenado desenvolvimiento de la iniciativa privada, y es justo lo que estamos haciendo al votar a favor de esta iniciativa.

Estamos dando un paso enorme en la dirección correcta, la de ampliar las oportunidades a la gente, al espíritu emprendedor, a las personas que crean, que imaginan y que arriesgan, a los que generan los empleos de este país, y que son capaces de alcanzar sus metas superando todo tipo de obstáculos, incluso  los que durante años hemos creado a través de tanta tramitología.

Y es que los números no mienten, de acuerdo a cifras del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial el 75 por ciento de las nuevas empresas cierran antes de los dos años de vida, y sólo el 10 por ciento de ellas trascienden más allá de los cinco años.

Sin embargo estos datos lejos de desalentarnos nos motivaron a redoblar esfuerzos, a buscar el acompañamiento correcto, a enriquecer la iniciativa, mejorarla, pulirla de tal forma que hoy con su voto a favor podemos entregarle a los emprendedores de México la mejor legislación posible.

Sabemos bien que los emprendedores tampoco se desaniman, al contrario, acostumbrados a ir contracorriente a ser parte de la solución y no del problema, a intentarlo una y otra vez y persistir hasta alcanzar sus metas aún en las condiciones más adversas.

Como decía Babe Ruth: “Cada strike me acerca más al siguiente home run”.

Y es así como son nuestros emprendedores, se crecen ante el fracaso para encaminarse irremediablemente al éxito.

El dictamen que estaremos votando hoy tiene ese ADN emprendedor y cumple a cabalidad con los objetivos que nos planteamos en un principio. Agilizando de una manera sin precedente la apertura de empresas, pues reduce el tiempo de creación de una empresa a un solo día, y elimina el costo de los trámites de aproximadamente 10 mil pesos a cero pesos.

Lo anterior es posible a través de la creación de una figura nueva, una figura societaria denominada la sociedad por acciones simplificadas.

Todos aquellos que deseen abrir una empresa en un día,  y a cero costo, deberán hacerlo bajo esta figura mercantil, para ello será necesario únicamente  que las personas físicas cuenten con su firma electrónica avanzada vigente.

Si todos los socios cuentan con su FIEL, deberán ingresar al portal electrónico de la Secretaría de Economía, donde podrán tramitar  sin costo el nombre de la empresa, su inscripción en el Registro Público de Comercio y obtener su Registro Federal de Contribuyentes.

Además, para la creación de sociedades por acciones simplificadas, la participación del fedatario público es opcional, con lo cual el costo correspondiente también se vuelve opcional.

Por último, esta figura societaria se aplicará únicamente a empresas cuyos ingresos totales anuales no sean superiores a 5 millones de pesos.

Estas son tan sólo algunas de las bondades de la nueva ley que permitirán la flexibilización y agilización al máximo de los trámites que hasta hoy siguen vigentes y que representan uno de los cuellos de botella más inoportunos para el emprendedurismo en México.

Vale la pena decir que conforme la iniciativa fue avanzado en el proceso legislativo, fuimos encontrando aliados muy importantes, además de la Asociación de Emprendedores de México, estuvo la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, a todos ellos mi reconocimiento por su ayuda y convicción para que este proyecto saliera adelante.

Reconozco que quedan aún retos por superar la agenda de competitividad empresarial para hacer más eficiente y expedita la puesta en marcha de nuevas empresas en México, como son: la agilización de los trámites bancarios para abrir una chequera o eliminar trámites igualmente innecesarios a nivel estatal y municipal, entre otros.

Desde esta tribuna le digo a todos aquellos futuros y presentes emprendedores que la gente es larga, pero hoy avanzamos tremendamente, votaremos a favor de este dictamen con la absoluta convicción de que su contenido corresponde con la agenda de libertades que por tantos años se han defendido en México.

Esta agenda de libertades que tiene uno de los pilares en la libertad económica, en brindarle a la persona las opciones para salir adelante con su propio esfuerzo y de construir un patrimonio con el fruto de su trabajo diario.

Este empoderamiento permite al ciudadano ser dueño de su destino, contribuir al crecimiento económico del país, al fortalecimiento del mercado interno, a la generación de empleo y a la estabilidad laboral en un entorno económico que sobra decir es complicado.

Estoy seguro que con la entrada en vigor de esta ley, en unos años, el número de empresas que logran salir adelante y consolidarse en el tiempo será mucho mayor, preservando gran cantidad de estos empleos que hoy se esfuman rápidamente.

Hoy es un buen día para México.

Hoy, después de casi un año de trabajo, le estamos cumpliendo a los emprendedores mexicanos, les decimos que estamos con ustedes, que confiamos en ustedes y que el Senado de la República lo respalda.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ernesto Cordero Arroyo.

Está a discusión en lo general el proyecto de dictamen, y, para ello, informo a la Asamblea que se han inscrito los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro; el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar también en pro del dictamen.

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que hoy nos ocupa, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, es de suma importancia para nuestro país, con ello damos un pie a legitimar el poder democratizar la productividad en los empresarios, y que tengan a bien no arriesgar su patrimonio personal o familiar, estamos seguros que hemos sumado esfuerzos los diferentes grupos parlamentarios para firmar este dictamen a favor, porque creemos en que con ello vamos a aumentar el número de personas que tienen a bien ser emprendedores.

Con la creación de esta sociedad de acciones simplificadas, se hará más ágil la constitución de sociedades mercantiles, pero será opcional su registro ante el fedatario público y sus ingresos totales anuales no podrán rebasar de cinco millones de pesos.

Es un gran avance, principalmente, para las Mipymes que hoy representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas del país, aportan una tercera parte de la producción brutal total y generan el 72 por ciento de los empleos, es decir, 21.5 millones de puestos laborales.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional estiman que existen entre 420 y 510 millones de Mipymes a nivel mundial, de las cuales cerca del 86 por ciento operan en un mercado emergente, el 9 por ciento de las Pyme están inscritas en un registro, es decir, operan dentro del sector reglamentado de la economía.

Las Pyme que desarrollan su actividad fuera del sector reglamentado de la economía proveen el 48 por ciento de los empleos en los países con mercados emergentes, y el 25 por ciento de los países desarrollados, pero sólo el 37 por ciento y el 16 por ciento del PIB en estos mercados respectivamente.

De acuerdo con el Doing Business 2016, midiendo  la calidad y eficiencia regulatoria del Banco Mundial, México se coloca en el lugar 38 de este índice en América Latina, por encima de países como Chile, Colombia y Brasil.

 Respecto a la facilidad para iniciar un negocio, nos encontramos en el lugar 65 de 189 economías en México, entre las barreras que inhibe la inversión se encuentran los costos asociados a los trámites y registros de la propiedad y el comercio, se requieren 74 días para poder registrar una propiedad o el equivalente a tres veces el promedio de los países la OCDE.

La creación de empresas se traduce en inversiones, crecimiento, pero sobre todo, la generación de nuevos empleos.

En este contexto, las sociedades por acciones simplificadas son una respuesta a las nuevas necesidades y entorno económico que prevalecen en el país, en un paso importante para incorporar a la formalidad a las empresas que hoy trabajan al margen de la ley por los trámites administrativos que tienen que realizar, el objetivo de la presente iniciativa es insertar a México en el contexto global como un país competitivo, donde todos puedan invertir.

Con la reforma que hoy discutimos, el sistema de inscripción registral  de las empresas se simplifica, se hace rápido, económico y accesible al público.

El proceso registral será a través del sistema electrónico, que requiere que todos los accionistas cuenten con la firma electrónica avanzada, lo cual, redundará en la reducción de costos y tiempos de apertura.

Las medidas sugeridas para los proponentes son de gran relevancia, considerando que el uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral simplificará los trámites que enfrentan a las personas y las empresas en la actualidad.

Las bondades saltan a la vista, facilitar el ingreso a la formalidad, simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas, crear un nuevo régimen societario, establecer un proceso de constitución administrativa, con todos los efectos legales y un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de las Mipymes y fomentar el crecimiento de las empresas.

Los Senadores del  Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que esta iniciativa coadyuvará a atender la demanda de los y las mexicanas que incidan y crean una nueva empresa a favor siempre del progreso de la familia y de nuestros mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor  del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Presidente.

Compañeros, compañeras: Buenas tardes a todos y a todas.

Sin duda que hoy es un buen día, como decía el Senador Cordero para nuestro país, por fin, una buena noticia para miles de jóvenes, para miles de emprendedores que tienen una lucha descomunal contra muchas adversidades para lograr constituir su empresa.

Yo celebro que esta iniciativa venga de la sociedad civil, venga de la organización de jóvenes emprendedores a lo largo y ancho de nuestro país que se han organizado fundamentalmente a través de las redes sociales y que sean parte también de manera muy activa de todo lo que pasa en América Latina.

Hay en distintos países iniciativas para generar un entorno favorable para la innovación, un ecosistema  favorable para las pequeñas y medianas empresas que se puedan ir creciendo, que se puedan ir fortaleciendo, que puedan ir generando valor agregado y puedan ir generando empleos de calidad en una economía de mercado como en nuestro país.

Pero hay que reconocer que no hay una visión sistémica en nuestro país para apoyar estas pequeñas unidades económicas, y lo sufrimos, que tengan que competir en condiciones verdaderamente imposible de lograrlo.

Hay que ver nada más en las estadísticas que ya se han dado aquí de mortandad de las empresas, solamente una de cada tres nuevas empresas,  solamente una está condenada a morir el primer año, si ya sabemos que de esas tres que se forman una no va a pasar los doce meses y aquellas que logren sobrevivir, el promedio de vida  es menor de ocho años, no hay un traspaso intergeneracional de las empresas en nuestro país, son muy pocas aquellas que logran  sobrevivir.

Mientras más pequeñas, más alta es su vulnerabilidad, las muertes por tamaño de negocio están concentradas en aquellos negocios que tienden de cero a cinco personas ocupadas, el 34 por ciento de los  cierres registrados tiene que ver con esta empresa, la probabilidad de muerte es  más  grande conforme los negocios son más pequeños.

Y solamente 11 de cada 100 empresas de menos de 10 empleados logran sobrevivir más de 20 años. En contraste, aquellas que son más grandecitas de más de 65, de más de 100 empleados, 65 de cada 100 sobreviven más de 20 años.

¿Por qué está mortandad?

Es decir, estamos hablando de aquellas que ya hicieron el esfuerzo de constituirse y que se vienen abajo, hay que ver las condiciones que tiene. Un aspecto fundamental es el acceso al crédito.

Para lograr acredita una Pyme al sistema financiero que es sujeta de crédito, prácticamente tienen que demostrar que no necesitan el crédito, les piden colaterales, les piden activo, les piden garantías y, además si logran concretar su crédito, la tasa de interés es el doble, el costo financiero es el doble de lo que tienen las empresas grandes. No está creciendo como debería el financiamiento a las pequeñas y  medianas empresas en nuestro país, a pesar de la reforma financiera que ya tuvimos.

Otro aspecto fundamental: el nuevo Régimen Fiscal. Hay que decirlo, este es un muy buen esfuerzo por parte del Senado de la República en conjunto con la sociedad civil y también con las autoridades que participaron en ello.

Pero tenemos un régimen de incorporación fiscal que supone que todas las empresas en nuestro país tienen a su disposición un despacho de contadores. Pueden tener gastos en conexión de alta velocidad a internet, en fin.

Se piensa este régimen este  régimen como si estuviéramos en un país donde estas pequeñas y  medianas empresas no fueran la mayoría de ellas de supervivencia, sino que pueden tener estos márgenes de facturas fiscales, de expedición de comprobantes de nómina, de conexión a internet, de equipo de cómputo, de un despacho de contadores para hacer su declaración fiscal.

El régimen de incorporación fiscal ha propiciado el cierre de muchos negocios, el régimen de incorporación fiscal no tiene esta visión de soportar y de generar un ecosistema favorable para las pequeñas y medianas empresas.

Lo dice la encuesta de consumo popular de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, después de la reforma fiscal el 90 por ciento de los comerciantes encuestados dice que su situación está peor, y que la carga fiscal es excesiva.

Otra adversidad que enfrenta las pequeñas y medianas empresas. Hay una encuesta, la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas.

El 58 por ciento de las unidades económicas, considera a la inseguridad de delincuencia como el problema más importante que las afecta.

Sin duda que es una situación que las pone contra la pared. El principal problema es la delincuencia.

Encima, por ejemplo, del tema de los impuestos, o encima del tema del bajo poder adquisitivo de la población. Contra eso se tienen que enfrentar los emprendedores en nuestro país, y esto tiene un costo altísimo, más de 110 mil millones de pesos, poco más de medio punto del PIB que es el costo de la inseguridad en estas pequeñas y medianas empresas.

Si una unidad económica pequeña quiere defenderse en promedio se gasta 55 mil pesos, si lo que le estamos ahorrando del notario, se lo va a tener que gastar en medidas para proteger su seguridad.

Otras adversidades que tenemos señala el reporte del IMCO que está dedicada a la corrupción este año. Hay que decir también que este es indirectamente una medida contra la corrupción, porque está demostrado que en aquellos países donde más trámites se pide, hay más corrupción.

Los países donde más trámites exigen para abrir una empresa y donde más días toma abrirla, son los países más corruptos. Esto es un golpe a la corrupción al eliminar, al facilitar la apertura de empresas.

Dice el IMCO que el exceso de trámites y regulaciones para iniciar y continuar la operación de un negocio, también crea barreras para la formalización y al mismo tiempo abre espacios para la corrupción, creando un círculo vicioso. Esta iniciativa va a romper ese círculo vicioso que fomenta la corrupción.

Qué bueno que se esté aprobando esta iniciativa, porque no merece la atención que deberían las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.

Queremos fomentar el empleo, queremos salir del espasmo económico, pues resulta que estas unidades económicas generan el 72 por ciento del empleo, y esta es una de las medidas más radicales en favor de estas unidades económicas que se  ha tomado en varios años.

También las pequeñas y medianas empresas tienen que enfrentarse a costos de energía más alto, a costos de telecomunicaciones más alto, lo cual las hace menos competitivas que en otros países.

Entonces, un sistema fiscal adverso, altos costos a la entrada, costos de energía elevados, igual de telecomunicaciones, falta de acceso al crédito, bueno, esa es la realidad que enfrentan aquellos que quieren emprender un negocio.

Pero hoy es una buena Iniciativa. Creo que tendremos que irnos extendiendo a que esta visión vaya formando un ecosistema para la innovación, vaya generando una red que permita la supervivencia de las empresas, y vaya fomentando un valor que no fomentamos en México, que es el emprendedurismo, el alentar a los jóvenes, el alentar a todas aquellas personas que quieren salir adelante, que tienen un gran espíritu emprendedor, porque lo hay en los mexicanos a que encuentren las condiciones para desarrollarse, superarse, hacer crecer su empresa y que con ello genere empleos.

Bienvenida, pues, esta Iniciativa, y que esta innovación, estar barreras que se han roto para que salga adelante esta iniciativa; que mientras la generación del conocimiento va a velocidades incalculables, nosotros seguimos con trámites que son de la herencia española.

Hoy damos un brinco en favor de los emprendedores del país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado Carrillo.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

En el uso de la palabra, Senador.

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias.

Con la anuencia del señor Presidente de la Mesa Directiva.

Señoras Senadoras, señores Senadores.

No solamente vengo a esta tribuna a hablar en pro del dictamen, sino a llamar la atención de esta soberanía para resaltar, que si bien este es un paso de gran envergadura para impulsar el emprendedurismo en nuestro país, quedan todavía asignaturas pendientes.

En tanto los tres órdenes de gobierno no terminemos de entender que es buscando los cómo sí, y no los cómo no, no existirá esta cultura de la facilitación para que los emprendedores puedan generar los empleos que nuestra nación demanda.

Debemos, desde esta soberanía, impulsar, respetando la autonomía de los gobiernos locales, particularmente la de los municipios, impulsar la facilitación para la apertura de unidades de negocio.

Más del 70 por ciento de los trámites que son indispensables para abrir una empresa, tienen que ver con los gobiernos locales.

Desde el ámbito municipal, las licencias de funcionamiento, el uso de suelo, los permisos que tienen que ver con protección civil, con seguridad, etcétera, son competencia justamente de este orden de gobierno.

Y nos encontramos, con que lejos de ser facilitadores, lamentablemente la mayoría de las autoridades municipales pareciera que lo que busca es el cómo no, en lugar de promover el cómo sí.

Debemos de trabajar, desde las diferentes comisiones, y en el ámbito de este Pleno del Senado de la República, en una nueva cultura de la agilización de los trámites para impulsar que haya cada día más empleadores, que haya cada día más emprendedores que impulsen la generación de empleos desde las micro y pequeñas empresas.

Celebro y felicito a los autores de esta iniciativa, desde la sociedad civil. Pero también debemos de destacar la sensibilidad de los Senadores, que con gran apertura tomaron esta visión ciudadana y han impulsado lo que hoy será, sin duda, uno de los productos legislativos más importantes del Senado de la República.

Así como se ha expresado hace un momento, quiero sumarme a la enhorabuena, a los jóvenes emprendedores, porque aquí en el Senado de la República tendrán a su mejor aliado.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Octavio Pedroza Gaitán.

Informo a la Asamblea que la Senadora Mely Romero le hizo llegar a esta directiva su intervención sobre el tema, el cual se integrará al Diario de los Debates.

Antes de proceder a la votación, informo a la Asamblea que el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, ha hecho llegar a esta directiva una serie de propuestas a los artículos 261, 262 y 264 para que se puedan incorporar al dictamen, si así lo autoriza la Asamblea, por lo que pido a la Secretaría que dé lectura al contenido de dichas propuestas de modificación.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura. 

Texto propuesto.  Artículo 261.  La denominación se formará libremente, pero distinta a la de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras “sociedad”, por “acciones simplificada”, o por su abreviatura “S.A.S.”

Artículo 262.  Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada, únicamente se requerirá:

III.  Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía.

Artículo 264.  I.  Denominación.

Es cuánto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas propuestas.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Secretaría, en votación económica, si es de que se admitan estas propuestas. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueban, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas hechas por el Senador Héctor Larios Córdoba.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado Carrillo.  ¿Para qué asunto?

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño)  Gracias Presidente.

Para pedirle al Presidente de la Comisión de Comercio, si tuviera la gentileza de poder intervenir, en el ánimo de explicar las modificaciones, qué consecuencias tienen, dado que esta iniciativa tiene una gran simpatía por parte de los grupos parlamentarios, y sería bueno que pudiéramos, estos cambios de último minuto, poderlos evaluar en toda su dimensión.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Mario Delgado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, para que amplíe la explicación sobre las propuestas realizadas.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con todo gusto y con el permiso del Presidente.

Se buscan modificar tres artículos, el 261, el 262 y el 264.

En esos tres artículos se menciona la denominación o razón social de la sociedad.

La Ley de  Sociedades Mercantiles establece primeramente los seis tipos de sociedades.  Después todo lo que es común a las sociedades y habla de que en la escritura donde se protocolizan tendrá que establecerse la denominación o razón social.  Pero luego cuando entran las sociedades en particular, por ejemplo la sociedad comandita, dice su razón social.

En el caso de la sociedad colectiva dice también “razón social”.

En la sociedad anónima, dice “denominación”.

El reglamento establece que la denominación o razón social es la manera de identificar una asociación o sociedad. 

Pero aún había un debate sobre si razón social no es algo que le competa a una sociedad, que se asimila a una sociedad anónima.

De tal manera que para evitar cualquier diferendo, lo que se hace es, en donde dice: denominación o razón social se deja exclusivamente denominación y se quita la palabra razón social, sin alterar absolutamente el contenido del dictamen.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Héctor Larios  Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y  Fomento Industrial.

Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea en votación económica, si son de aceptarse estas modificaciones.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aceptadas las propuestas, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

En virtud de que no hay más oradores registrados, ni artículos reservados, votaremos el dictamen en lo general y en lo particular, con las adiciones que se han aprobado, a propuesta del Senador Héctor Larios Córdova.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, para informar del resultado de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con las propuestas aceptadas por el Pleno, hechas por el Senador Héctor Larios.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido a las Senadoras y Senadores que no nos retiremos del recinto legislativo, en virtud de que continuaremos con la elección de los Magistrados de los Tribunales Electorales de los estados de Durango, Sinaloa y Oaxaca.

(Se recoge la votación)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, se emitieron 71 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores.

Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la elección de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite reglamentario.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Esther Domínguez. ¿Para qué asunto?

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño). Sí, disculpe, quería pedirle si puede registrar mi voto a favor en el decreto anterior.

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, Senadora, pido a la Secretaría Parlamentaria que tome nota de ello.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los asuntos al acuerdo de hoy, referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aizpuru Torres: Gracias, Senador Secretario.

El acuerdo está disponible en sus escaños. Solicito a la Secretaría de lectura a los resolutivos 1º, 5º, 6º, 7º y 8º del acuerdo, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea, en votación económica.

Los resolutivos del 2º al 4º, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, y el artículo 101 de la misma disposición, serán resueltos por esta Asamblea a través de una votación por cédula.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura.

1º.- La Junta de Coordinación Política propondrá por medio de la Mesa Directiva al Pleno del Senado la designación de los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales electorales, de las entidades federativas, conforme a los siguientes requisitos:

1. La propuesta de integrantes se refería a cada uno de los siguientes estados: Durango, Oaxaca y Sinaloa.

2. La propuesta contendrá la vigencia del cargo correspondiente por cada uno de los integrantes, de forma que se asegure el relevo escalonado que establece el párrafo 2º del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. De conformidad con las disposiciones constitucionales y de cada una de las entidades de Durango, Oaxaca y Sinaloa, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta de Coordinación Política  propondrá a los integrantes que corresponden a cada entidad, según sus disposiciones constitucionales y legales.

Y de la siguiente manera:

1. Durango, tres magistrados.

2. Oaxaca, tres magistrados.

3. Sinaloa, cinco magistrados.

5º.- La elección de los magistrados se realizará en una sola votación por cédula para las tres entidades federativas, a efecto de integrar los correspondientes órganos jurisdiccionales de cada una de ellas.

6º.- En caso de que alguno o algunos de los candidatos no reúnan la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 106, fracción IV, apartado 5º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos, según se requiera.

7º.- La protesta de quienes resulten designados será ante el pleno de la Cámara de Senadores, el acto de protesta será conjunto en un solo acto para todos los designados.

8º.- El nombramiento de quienes resulten electos para integrar los órganos electorales, jurisdiccionales en las entidades federativas, se comunicará al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a los congresos de las entidades federativas, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aizpuru Torres: Gracias, Senador Secretario.

En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de leer la Secretaría.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos: 1º, 5º, 6º, 7º y 8º del acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos: 1º, 5º, 6º, 7º y 8º del acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, sírvanse manifestarlo.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los resolutivos: 1º, 5º, 6º, 7º, 8º del acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aizpuru Torres: Gracias, Senador Secretario.

Aprobados los resolutivos referidos, a fin de resolver la propuesta contenida en los resolutivos: 2º, 3º  y 4º del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, procederemos a la elección por cédula de los Magistrados, como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición.

Solicito al personal de apoyo parlamentario les entregue las cédulas de  votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presidium.

Proceda la Secretaría a la pasar lista de asistencia de los señores Senadores y Senadoras a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que hemos comentado y señalado para este fin.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a las señoras y señores Senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre de las señoras y señores Senadores.

(Se pasa lista)

 Se realizará el escrutinio.

(Votación y escrutinio)

La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Señor Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación.

Se emitieron 77 votos, de los cuales, 74 votos a favor, 3 en contra de la siguiente planilla:

De magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Durango:

Raúl Montoya Zamora, por tres años.

María Magdalena Alanís Herrera, por 5  años.

Javier Mier Mier, por 7 años.

Por Magistrados del Órgano Jurisdiccional en materia electoral del estado de Oaxaca:

Víctor Manuel Jiménez Viloria, por tres años.

Miguel Ángel Carballido Díaz, por cinco años.

Raymundo Wilfrido López Vázquez, por siete años.

Magistrados del Órgano Jurisdiccional en materia electoral del estado de Sinaloa:

Alma Leticia Montoya Gastelo, por tres años.

Verónica Elizabeth García Ontiveros, por tres años.

Diego Fernando Medina Rodríguez, por cinco años.

Guillermo Torres Chinchillas, por cinco años.

Maizola Campos Montoya, por siete años.

Se reúne, entonces de acuerdo a los números de votos emitidos, la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 216 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en materia electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, los ciudadanos que han sido leídos por la Secretaría.

Comuníquese.

En el salón anexo se encuentran los ciudadanos que han sido electos como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en materia electoral en los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa.

Por lo que se designa en comisión a las y los Senadores:

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Salvador López Brito, Benjamín Robles Montoya, Jorge Aréchiga Ávila, Marco Antonio Blázquez Salinas, Aarón Irizar López, Daniel Amador Gaxiola y Fernando Yunes.

Para que introduzcan a las y los Magistrados electos y los acompañen al acto de rendición de la protesta respectiva.

(La comisión cumple)

Informo a la Asamblea que los ciudadanos, Víctor Manuel Jiménez Viloria y Raymundo Wilfrido López Vázquez, que acaban de ser electos como Magistrados del Órgano Electoral del estado de Oaxaca, no están presentes para rendir la protesta constitucional.

La Mesa Directiva en consecuencia los convocará para que acudan ante este Pleno en sesión posterior.
La Secretaria Senadora Hilda Escalera Flores Escalera: Estimadas Senadoras y Senadores, les solicitamos ponerse de pie para el acto de protesta.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadanas y ciudadanos:

Raúl Montoya Zamora.

María Magdalena Alanís Herrera.

Javier Mier Mier, Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Durango.

Ciudadano Miguel Ángel Carballido Díaz, Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de Oaxaca.

Ciudadanas y ciudadanos:

Alma Leticia Montoya Gastelo.

Verónica Elizabeth García Ontiveros.

Diego Fernando Medina Rodríguez.

Guillermo Torres Chinchillas.

Y Maizola Campos Montoya, Magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de Sinaloa.

¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Magistrados electorales locales de los estados de Durango, Oaxaca y Sinaloa, por el periodo de vigencia de tres, cinco y siete años, respectivamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

Los CC. Magistrados: ¡Si protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

Felicidades señoras y señoras Magistrados.

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe a los Magistrados cuando deseen retirarse de este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

 Ruego a la comisión de cortesía cumpla con su encomienda de conducir a nuestros Magistrados electos a las puertas de este Recinto.

(La Comisión cumple)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (Desde su escaño): Muchas gracias, Presidente.

Le solicitaría al Presidente  --de ser posible--  tomar la palabra desde la tribuna para hablar sobre el proceso electoral en Venezuela.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Podría hacerlo desde su escaño, Senadora Gómez del Campo, por favor?

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (Desde su escaño): Con muchísimo gusto, Presidente.

Bueno, quisiera compartir algunos datos, que me parece importante tomemos en cuenta en este Senado de la República.

Como ustedes saben, estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de ser observadora electoral, de participar de manera activa con la Mesa de Unidad.

Acudimos alrededor de 100 legisladores de América Latina y de Europa. Afortunadamente esto fue así porque era de crucial importancia que observadores electorales estuviéramos atentos de los acontecimientos en este país.

Yo quisiera rápidamente hacer un recuento sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años.

Primero, Venezuela abandonó el sistema regional de derechos humanos con un saldo importante, no cumplió íntegramente las 16 sentencias condenatorias emitidas por la  Corte, entre 1995 y 2012, que contemplan entre otras disposiciones, el pago de casi 10 mil millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.

Ustedes saben las actitudes que ha tenido el actual Presidente para muchos de los temas.  Por ejemplo cuando se pronunció Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, el Presidente Maduro lo llamó Secretario basura y afirmó que ese organismo debía desaparecer. 

Y así puedo enumerar también lo dicho por el grupo de detenciones arbitrarias del  Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Lo dicho por diversos organismos que desafortunadamente el Presidente Maduro no tomó en cuenta y además habló de manera despectiva de estas instituciones que nos deben bastante respeto.

La jornada, el proceso electoral el día 6, estuvo manchada por una serie   de irregularidades, comenzando por la creación de puntos rojos que son los centros que están a un lado de los centros de votación en donde se le obliga a la gente de alguna manera a votar por el oficialismo, votó alrededor del 74.25 por ciento de la población, hubo una gran participación de los ciudadanos. 

Algunos dirán, bueno, pues en Argentina también se dio una alta participación, sí, pero en Venezuela el voto no es obligatorio.

Yo quiero compartir también a este Senado de la República, que el  Consejo de Elecciones no autorizó como tal las misiones de observación internacional, íbamos como acompañamiento electoral, por lo tanto en la parte de denuncia, desafortunadamente teníamos poca oportunidad.

Quiero compartir también el que se haya logrado una mayoría calificada en  Venezuela, el que se hayan logrado los 111 diputados, pues va a permitir a la Mesa de Unidad revisar tratados internacionales, como Petrocaribe. 

Intervenir en leyes orgánicas como el control de precios y cambios, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente, y hasta remover a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos.

Yo quisiera compartir también a este Senado de la  República, que hay  mucho agradecimiento para el Senado por parte de la oposición, por el pronunciamiento que hicimos la semana pasada, en donde de manera muy clara hablábamos sobre la necesidad de que este proceso electoral se llevara a cabo en paz, fue un proceso electoral justo, en donde buscábamos además desde aquí, desde el Senado mexicano, que la democracia velara el día 6.

Agradecer al Presidente de la Mesa Directiva, al Senador Roberto Gil. Agradecer también a cada uno de los Coordinadores Parlamentarios por haberse sumado a este pronunciamiento y lo agradezco así porque desafortunadamente el Senado como tal fue omiso durante varios años. 

Fuimos omisos, solamente un Grupo Parlamentario y algún otro Senador se sumó a algunos de los pronunciamientos, pero por fin logramos ese resolutivo ante el Pleno que por supuesto fue escuchado y muy bien recibido en Venezuela.

Y yo quisiera, para concluir, decirles que por parte de Acción Nacional hay una preocupación sobre el actuar del Presidente Peña Nieto.

Desafortunadamente el Presidente  Peña Nieto ha guardado un silencio cómplice, ha dicho prácticamente nada sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela, en cuanto a violación a los derechos humanos, en cuanto a libertades, en cuanto a la nula democracia, que lo que se logró el día domingo no fue porque así lo decidiera el Presidente Nicolás Maduro.

Lo que se logró el día domingo fue por un movimiento social importantísimo, por un cansancio, un hartazgo al autoritarismo y a la dictadura que venía llevándose a cabo a lo largo de 17 años en un país como Venezuela. 

Y hoy es muy lamentable el poder leer en algunos medios de comunicación al opositor venezolano Enrique Capriles, que subrayó que la relación de los venezolanos no pasa por el gobierno mexicano, que aunque tiene un afecto muy grande por México y los mexicanos, el Presidente Peña Nieto ha sido indiferente con la situación de Venezuela.

Y si ustedes revisan el artículo de hoy de Ciro  Gómez Leyva, del periodista, podrán también darse cuenta de cómo en su momento, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López tocó puertas en este país y le fueron cerradas.

Cómo en su momento también el mismo Enrique Capriles tocó puertas para ser recibido por el Presidente Peña Nieto, y en sus oficinas decidieron que no era apto.  Incluso en alguna ocasión hasta la reunión ya se había acordado y después prefirieron cancelar.

Yo solamente quiero dejar a la reflexión la manera en cómo nos estamos conduciendo como país, la manera en cómo se está llevando la política exterior, porque sí creo que como país no podemos ser omisos ante las faltas de derechos humanos que se dan en países hermanos; no podemos ser omisos ante las prácticas antidemocráticas; no podemos ser omisos ante los atropellamientos y los encarcelamientos que se han dado en Venezuela, que es el caso de Leopoldo López, el caso de Ceballos y muchos otros jóvenes que solamente hoy están encarcelados por haberse manifestado en las redes sociales en contra del régimen.

Yo quería dejar constancia de esto, Presidente.

Agradezco que se me haya dado el uso de la palabra y espero que podamos jugar un rol mucho más activo con Venezuela. Espero que podamos construir una mejor relación con la oposición y con el pueblo venezolano, porque les debemos mucho.

Nuestro silencio, insisto, nos hace cómplices como país y hay mucho por hacer en defensas de los derechos humanos, en defensa de las libertades y en defensa de la democracia.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias por la oportunidad.

Esta mañana el Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el desarrollo de la elección en la República Bolivariana de Venezuela.

Esta mañana el Senado de la República se pronunció al respecto. El pronunciamiento fue en el sentido, primero, de dar la bienvenida al proceso electoral, después reconocer que el proceso electoral se dio en un marco de libertad, y también el hecho de que en este proceso, como resultado, el Congreso ha cambiado.

En este sentido nos parece a nosotros muy importante saber cuáles son los límites dentro del marco constitucional que rige precisamente los principios de la diplomacia de nuestro país.

Me parece que es importante que nosotros tengamos claro que como país México se ha conducido a partir de la Doctrina Estrada, en función de los principios de respeto a los derechos ajenos.

Nuestro país por supuesto mantiene su postura de no ser injerencista, pero también ser muy respetuoso de los valores democráticos de otros países.

Por esa razón nosotros damos la bienvenida a este tipo de procesos, que de alguna manera podrán democratizar de forma más intensa lo que está ocurriendo en otros países.

Solamente quiero hacer la aclaración de que en ese sentido el Presidente de la República ha sido sumamente respetuoso de los principios que consagra el artículo 89 constitucional, esto es, los pronunciamientos que se hicieron esta mañana son muy claros, son muy precisos.

Esta declarativa que se hizo hoy por la mañana, claramente se hace en función de lo que establece la doctrina de las relaciones internacionales que México ha mantenido a lo largo de su historia con todos los países.

Nosotros estamos conscientes de que cada país debe tener su autodeterminación, que cada país debe tener sus propias normas, sus propias leyes, y en ese sentido por supuesto es deseable que el proceso de la democracia llegue a todos los países.

Sin embargo debemos tener muy en claro que hay que cuidar muy bien los límites para no ser injerencistas en torno a ese respeto que se merecen todos los demás países, como quisiéramos que los demás países respeten al nuestro.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Yo me uno al pertinente acuerdo que tuvo el Senado de la República en la mañana y que nos hace referencia ahora el Senador Zamora, porque me parece que nosotros, sobre todo en un Senado plural donde existen diversos pensamientos, al final de cuentas todos tenemos que estar unidos en lo que establece la Constitución y lo que ha distinguido a México en su política exterior.

Ciertamente los principios de no intervención, los principios que caracterizan a nuestra diplomacia mexicana, que siempre somos respetuosos, siempre teniendo un marco universal de respeto a los derechos humanos en los distintos países del orbe, sí es necesario que nosotros seamos cuidadosos, sobre todo teniendo, en primer lugar el resultado en elección, que ciertamente preocupaba respecto de cómo pudiera concretarse, afortunadamente hay un resultado que es reconocido por las autoridades, Venezuela ha resuelto de manera, reconociendo el resultado de la elección, me parece que eso es muy importante, porque eso despresuriza la atención en el propio Venezuela.

Nuestra responsabilidad es estar siempre como país hermano de Venezuela intentando coadyuvar a que puedan resolver en las mejores condiciones, siempre en la paz el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo en la no intervención.

Yo creo que en ese sentido, y estando fuera del orden del día, este asunto que ha planteado la señora Senadora sí me parece importante que refrendemos lo que la Mesa Directiva decidió hoy en la mañana, y siempre tengamos en cuenta que debemos ser muy cuidadosos en la calificación cuando rebasa las situaciones en las que no nos corresponde entrometernos, tener una intromisión en un país hermano, sobre todo cuando un asunto tan relevante y habiendo tanta pluralidad en el Senado, Presidente, es necesario darle una conducción de discusión de otra manera.

Por lo tanto, en la formalidad que nos permite en este momento estar comentando lo que la Senadora ha dicho, creo que es necesario simplemente que seamos muy cuidadosos y buscar que los espacios de discusión se den de manera apropiada.

Y celebro que ustedes hayan aprobado este resolutivo, este acuerdo, y que deseamos todo lo mejor para el pueblo de Venezuela y que a su gobierno también le vaya bien.

Eso sería cuanto.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a los Senadores que acaban de intervenir.

Doy lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el “Día Internacional contra la Corrupción”

Honorable Asamblea: Hago de su conocimiento que se recibieron diversas comunicaciones de Senadoras y Senadores, para resaltar la conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción”, por tal motivo la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores desea hacer el siguiente pronunciamiento.

1.- El Senado de la República exhorta  a los tres niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos de combate la corrupción, favorecer la transparencia, y a reducir la opacidad dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

2.- El Senado de la República hace un llamado a las y los legisladores federales y a los congresos locales a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

El Senado de la República exhorta a la sociedad a romper las cadenas de la corrupción mediante su denuncia y el fomento de la transparencia en aras de la protección de la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.

Firman los integrantes de la Mesa Directiva.

Senado de la República a los nueve días del mes de diciembre del 2015.

Comuníquese el pronunciamiento de las Mesas Directivas.

Los textos de las intervenciones que motivaron este pronunciamiento, y que están incluidos en la agenda de este día, se insertarán en sus términos en el Diario de los Debates.

Ruego a la Secretaría de lectura al acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con la recepción de proyectos remitidos por la Cámara de Diputados.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidente.

Doy lectura a los acuerdos.

1.- Se autoriza al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a turnar directamente, y de manera inmediata a comisiones los proyectos que remita la Cámara de Diputados, durante el mes de diciembre del año en curso.

2.- Los turnos dictados por el Presidente de la Mesa Directiva, con motivo del presente acuerdo, serán para efectos de dictamen y se informarán a la Asamblea en la sesión posterior a la fecha del turno dictado.

3.- Las comisiones que reciban proyecto remitidos por la Colegisladora, podrán iniciar de inmediato las reuniones y actividades que considere necesarias para el análisis y dictamen de los mismos.

4.- La Mesa Directiva recibirá los dictámenes que las comisiones les remitan a partir de los asuntos que le sean turnados directamente como consecuencia de lo dispuesto en el presente acuerdo para su incorporación al orden del día de la sesión que corresponda.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está   a discusión.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Hilda  Estela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo en comento.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo en relación con la recepción de proyectos que nos remita la Colegisladora.

Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.

Les informo también que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, el día de mañana, jueves 10 de diciembre, a las 11:00 horas.

(Se levantó la Sesión a las 17:39 horas)

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1673