Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Sesión Plenaria - Versión Estenográfica

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES.

ÍNDICE

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

TOMA DE PROTESTA DEL C. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Una, de la Comisión de Administración, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite sus Informes de actividades

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación

Oficio con el que remite 21 propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 2 propuestas de nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Oficio con el que remite los Informes de resultados de los viajes de los buques Auxiliar Multipropósito ARM. “HUASTECO” y ARM. “”ZAPOTECO”, conforme al Artículo Segundo del decreto publicado el 22 de mayo del año en curso

CÁMARA DE DIPUTADOS

Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA SOBRE: EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES; Y SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

COMUNICACIONES DE PARTICULARES

Una, de 14 organizaciones sociales y empresariales de la región del Istmo de Tehuantepec por la que solicitan que el Senado de la República trabaje en conferencia con la Colegisladora, organizando foros y audiencias públicas en esa región, en el marco del análisis y discusión de la iniciativa de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

INICIATIVAS

De la Senadora Mely Romero Celis, a nombre de los Senadores Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, María del Rocío Pineda Gochi y Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 319 Bis, se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 462 a la Ley General de Salud

Del Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de independencia del Poder Judicial

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, a nombre propio y de las y los Senadores Angélica Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Lilia Merodio Reza, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V del artículo 4 de la Ley de Vivienda

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley General de Salud

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México

De la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a emitir una estampilla postal y a expedir un billete de lotería, conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano

Cinco, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, los que contienen puntos de acuerdo

Intervención del Senador Teófilo Torres Corzo, para referirse al Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional

De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas

Senador David Monreal Ávila
Senador Isidro Pedraza Chávez
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa
Senador Eviel Pérez Magaña

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del bicentenario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón

Senadora Lisbeth Hernández Lecona
Senador Jorge Aréchiga Ávila

VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

MOCIÓN SUSPENSIVA

Senador Manuel Bartlett Díaz
Senadora Angélica de la Peña Gómez

VOTACIÓN

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN

Senadora Cristina Díaz Salazar
Senadora María del Pilar Ortega Martínez
Senador Alejandro Encinas Rodríguez

VOTO PARTICULAR

Senadora Dolores Padierna Luna
Senadora Angélica de la Peña Gómez
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza
Senadora Martha Tagle Martínez

DISCUSIÓN EN LO GENERAL
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

INTERVENCIONES

Senador Luis Sánchez Jiménez
Senador Jesús Casillas Romero
Senador Javier Corral Jurado
Senador David Monreal Ávila
Senadora Graciela Ortiz Gonzalez
Senador Fernando Mayans Canabal
Senadora Marcela Torres Peimbert
Senador Carlos Alberto Puente Salas
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
Senador Rabindranath Salazar Solorio
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senador Ricardo Urzúa Rivera
Senador Mario Delgado Carrillo
Senadora Martha Tagle Martínez
Senador Omar Fayad Meneses
Senador Fidel Demédicis Hidalgo

VOTACIÓN

DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR

Senadora Angélica de la Peña Gómez
Senador Alejandro Encinas Rodríguez
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senadora Martha Tagle Martínez
Senador Javier Corral Jurado
Senadora Dolores Padierna Luna
Senador David Monreal Ávila
Senador Mario Delgado Carrillo
Senador Manuel Bartlett Díaz
Senador Javier Corral Jurado
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
Senador Luis Miguél Barbosa Huerta

VOTACIÓN

Iniciativas, proposiciones y efemérides

CITA


SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (11:52 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 89 ciudadanos Senadores y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

En consecuencia, se abre la sesión del martes 13 de octubre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la misma.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario.

Honorable Asamblea: A partir de la licencia que se le autorizó al Senador Adán Augusto López Hernández, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Carlos Manuel Merino Campos, quien se encuentra en el salón contiguo a este recinto.

Por esta razón solicito a los Senadores: Humberto Mayans Canabal, Salvador López Brito, Mario Delgado Carrillo, Jorge Aréchiga Ávila, la Senadora Ana Gabriela Guevara y el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.

Pido a la comisión que cumpla con la encomienda que se le ha dado.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Ciudadano Carlos Manuel Merino Campos:

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

El Ciudadano Carlos Manuel Merino Campos: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande”.

¡Felicidades, señor Senador!

(Aplausos)

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a sus trabajos de carácter legislativos.

Felicidades y enhorabuena.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite su Informe de actividades correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Una, de la Comisión  de Administración, con la que remiten sus respectivos informes de actividades correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que remite:

Su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la pasada Legislatura.

Su Informe de actividades correspondiente también a la pasada Legislatura.

Y su Plan de Trabajo para el Primer Año del Ejercicio de la actual LXIII Legislatura.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite 21 propuestas de nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 2 propuestas de nombramientos de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese la documentación descrita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio que remite los Informes de resultados de los viajes de los buques Auxiliar Multipropósito ARM. “HUASTECO” y ARM. “”ZAPOTECO”, conforme al Artículo Segundo del decreto publicado el 22 de mayo del año en curso.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada, remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados por el cual se comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeras y compañeros Senadores, daré lectura a dos pronunciamientos que suscribe la Mesa Directiva:

Uno, en ocasión del Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

Y otro sobre el Día Internacional de la Niña.

Honorable Asamblea: En la sesión de este día, la Senadora Sonia Rocha Acosta y los Senadores Jesús Casillas Romero, Francisco Salvador López Brito y Benjamín Robles Montoya, han inscrito sus participaciones para referirse a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres.

La Mesa Directiva suscribe estas participaciones. Cabe destacar que dicha documentación fue impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2009, estableciendo el día 13 de octubre de cada año como la fecha en la cual las sociedades debemos recordar que es necesario promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda la prevención, mitigación y preparación para hacer frente a estos lamentables acontecimientos.

El tema elegido en este año 2015, es el conocimiento para la vida con el propósito de aumentar el grado de sensibilización sobre el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, a fin de complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres y destacar diversos enfoques para hacer partícipes a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la reducción de  riesgo de desastres.

Esta Cámara de Senadores se suma a la conmemoración de una fecha que de suyo es importante y que nos invita a la reflexión permanente y a tomar acciones preventivas para reducir los efectos causados por los desastres naturales.

También quiero destacar que en esta sesión las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, y la Senadora Angélica de la Peña Gómez registraron el tema relativo al Día Internacional de la Niña.

Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos los acontecimientos de sus intervenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011  aprobó la declaración 66/170 con la cual se declaraba el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, el cual tiene como objeto reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el  mundo.

La conmemoración de este evento en el año 2015 ha sumado los esfuerzos de organizaciones civiles, el sector privado y los gobiernos teniendo como propósito poner a las niñas en el centro de los esfuerzos del desarrollo sustentable.

Por lo anterior, en el Senado seguimos unificando esfuerzos para impulsar iniciativas que ayuden a las niñas mexicanas a superar problemas derivados de la falta de educación vinculada a la salud reproductiva y sexual, impulsaremos medidas debidas que les faciliten educación de calidad  y  les brinden la oportunidad de tener acceso a la tecnología, así como al impulso a la promoción de legislación y políticas de género.

Por su atención, muchas gracias.

Las intervenciones que se encuentran registradas en nuestra agenda del día sobre estos temas se integrarán al Diario de los Debates.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Senador Luis Fernández Fuentes: Se recibió una comunicación de organizaciones sociales y empresariales de la región del Istmo de Tehuantepec, por la que solicitan que el Senado de la República trabaje en conferencia con la Colegisladora, organizando foros y audiencias públicas en esa región en el marco del análisis y discusión del proyecto de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro: Remítase a la Cámara de Diputados.

En el apartado de iniciativas se le concede en primer término el uso de la palabra a la Senadora Mely Romero Celis para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos 319 y 462 a la Ley General de Salud.

En el uso de la palabra, Senadora Mely.

La Senadora Mely Romero Celis: Muchas gracias, Senador Presidente.

Senadoras y Senadores de la República.

Comienzo platicándoles una historia. Hace unas cuatro semanas, Sofía una joven  mexicana de 26 años dio a luz a un cuarto bebé en Villahermosa.

Este bebé es para un par de extranjeros, ellos llegaron a México para sacar provecho de las leyes que autorizan la gestación por terceros.

Como la gran  mayoría de las madres gestantes, Sofía sobrevive con poco, es  madre soltera, comparte una casita con sus tres hijos, su hermano y su madre en Tabasco, y antes de convertirse en  madre gestante, vivía de 580 pesos a la semana vendiendo helados por la tarde, hasta que un día encontró un volante anunciando “alquiler de vientres”, una semana más tarde, Sofía firmaba un contrato por 120,000 pesos con una agencia especializada.

El 30 de junio de este año, el Diario Le Figaro, de Francia publicó esta historia de Sofía, el reportaje fue llamado “México El Dorado para la Gestación de Terceros”, una mina de oro señala el mismo diario.

México el paraíso de la maternidad subrogada, señalan otros rotativos en el mundo.

Eso es en lo que se está convirtiendo nuestro país ante los ojos de todo el mundo. Un lugar en el que la explotación de mujeres con fines reproductivos se lleva a cabo de manera legal, según las normas de algunos estados.

Y es una mina de otro, así  lo consideran, porque resulta que la renta de vientres en México es 70 por ciento más barato que en Estados Unidos y en otros países, incluyendo el viaje recreativo y turístico que se les prepara a las playas de Cancún a todas las parejas interesadas en buscar a una madre sustituta.

Ésta es una práctica que de hecho se ha convertido en un negocio multimillonario.

Ya desde el 2011 el investigador David King, de Inglaterra anunció que esta industria representaba 2,000 millones de dólares en países como la India  y Tailandia.

Países, en donde por cierto se han dado numerosas historias, casos realmente indignantes de bebés que quedan a la deriva, de mujeres que tienen que quedarse a mantener un bebé, inclusive hay la historia de una jovencita de Tailandia, que al tener un par de gemelos que habían sido encargados por una pareja australiana, uno de los bebés resulto tener el padecimiento de Síndrome de Down, y la pareja rechazó el bebé.

Al final de cuentas la mujer se quedó con la responsabilidad de criar a un niño con características y necesidades especiales, una mujer que también tiene sus propias necesidades, y ahora es una principal activista en contra de la gestación por sustitución.

Hay muchas historias que contar en el mundo entero, historias que han provocado que precisamente países como la India y Tailandia prohíban ya esta práctica que antes estaba permitida.

Pero, ¿qué es la explotación de mujeres con fines reproductivos?

Se define como la contratación de una mujer que se compromete a gestar a un bebé con la obligación de entregarlo a  los solicitantes, cuando  nazca, para que éstos últimos lo críen, renunciando entonces la gestante a sus deberes y derechos parentales.

Reitero, esto es algo que se ha  convertido en un negocio, porque resulta que la contratación se da incluyendo una contraprestación económica que va en México desde los 10,000; 15,000 hasta  los 150,000 pesos; cuando en otros países se dan cantidades desde los 30,000 hasta los 45,000 dólares, hay una diferencia abismal, por eso México está resultando un país tan atractivo para la gestación por sustitución.

Ahora, esta es una práctica que en principio se puede pensar o se puede entender como una práctica altruista, sobre todo para apoyar a aquellos padres, a aquellas parejas que desean tener algún bebé, y que no pueden lograrlo.

Sin embargo, al haber de por medio una contraprestación económica se ha convertido ya en una industria multimillonaria, lo reitero y, sobre todo, se ha generado una problemática singular que es la que tiene a muchas mujeres y niños, inclusive en una situación lamentable.

La explotación de mujeres con fines reproductivos se puede prestar a argumentaciones e interpretaciones erróneas, es decir, a falacias jurídicas del derecho humano y fundamental de la salud. Además, se genera una incertidumbre jurídica en torno a los contratos en los órganos jurisdiccionales.

En este momento en México hay una madre que dio a luz unos gemelos de Tabasco, los padres que lo encargaron son de España, sino embargo los bebés se encuentran en México con una situación de incertidumbre jurídica, no tienen identidad estos bebés, y no pueden salir del país, porque la legislación tiene inconsistencias y resulta ser que aun cuando en Tabasco esta práctica está permitida, el resto del país no la tiene regulada, y allá en España de donde son los padres está completamente prohibida esta práctica.

Estas inconsistencias son las que están provocando que los bebés queden a la deriva, que los menores estén en un estado de indefensión, inclusive.

Pero eso no es lo más grave, sí es grave, muy grave, pero, además, encontramos casos literales de explotación de mujeres, tráfico de niños y de órganos de estos niños.

En febrero del 2011, 14 mujeres vietnamitas, 7 de ellas embarazadas, fueron rescatadas de Tailandia porque estaban en poder de una banda criminal dedicada  la explotación de mujeres con fines reproductivos.

Esta compañía, que se llamaba Baby 101, tenía clientes en Taiwán, en Vietnam, y oficinas en diversos países, las mujeres eran vírgenes, violadas, retenidas, confiscados sus pasaportes, inclusive, esto está documentado.

En junio de 2011, la policía rescató, en una casa nigeriana, a 32 niñas embarazadas que tenían entre 14 y 17 años, algunas declararon que les habían ofrecido 192 dólares por vender a sus bebés, dependiendo del sexo del bebé.

Estos casos lamentables que han sucedido en otros países, nos hacen reflexionar respecto de lo que no podemos permitir en nuestro país, por eso es tan importante que podamos atender esta situación en México.

Hoy en día, Sinaloa y Tabasco son dos entidades en donde se permite la subrogación de vientre, sin embargo, se permite de una manera que tampoco está perfectamente regulado todo lo que a ello concierne.

Las autoridades, de hecho, autoridades de Tabasco, de Sinaloa, inclusive en Guerrero, donde no está permitido, pero sabemos que puede estar sucediendo, las autoridades están preocupadas y están dispuestas a que podamos todos, con la responsabilidad que a cada uno nos implica hacer algo al respecto.

Resulta ser que la maternidad subrogada está prohibida en países de primer mundo, como Alemania, Australia, Canadá, China, Dinamarca, España, Francia, Portugal; está prohibido en estos países, porque, inclusive, hay un reporte del Parlamento Europeo que considera que esta práctica es una práctica que comercia a las personas como un objeto, en eso estamos convirtiendo a las mujeres y a los pequeñitos, en objetos, entonces, debemos de, desde la Federación, tomar decisiones y tomar medidas para buscar prohibir esta práctica, evitar que México se convierta en un nuevo destino turístico de alquiler de vientres, como lo están promocionando ya en otros países.

Debemos de tomar medidas y regular esta situación buscando siempre preservar los derechos humanos de nuestras mujeres y de nuestros niños, legislar con el principio de dignidad humana en mente, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la dignidad humana no es un precepto moral ni ético solamente, sino se trata de un principio jurídico que debe permear en todo el sistema jurídico mexicano.

Por estos motivos, es que presento a esta Asamblea la iniciativa para reformar la Ley de Salud, en su artículo 319 bis y 462, para prohibir que se disponga el cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución y, además, para castigar y sancionar a todos aquellos que participen en este procedimiento que lo promuevan o que lo favorezcan.

Es cuanto.
(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mely Romero Celis.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Daniel Ávila Ruiz.

¿Para qué asunto?

El Senador Daniel Ávila Ruiz: (Desde su escaño) Senador Presidente, para solicitarle a la Senadora Mely Romero Celis, poder suscribir esta iniciativa que adiciona el artículo 319 bis, y que por supuesto reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud, específicamente con el tema para prohibir la sustitución de vientres.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Ávila.

Le pregunto a la Senadora Mely Romero Celis si acepta que se incluyan en su proyecto la propuesta que está haciendo el Senador Daniel.

Senadora Laura Rojas, ¿para el mismo asunto?

Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, ¿para el mismo asunto?

Sonido, por favor.

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: (Desde su escaño) Para el mismo asunto, Presidente, por favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Doy la más cordial bienvenida a esta sesión a la delegación que encabeza el señor Philippe Couillard, Primer Ministro de Quebec, Canadá, quien está de visita en nuestro país.

(Aplausos)

Acompañan al señor Couillard, el excelentísimo señor Pierre Alarie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Canadá ante México.

(Aplausos)

El señor Eric Mercier, Delegado General de Quebec en México.

(Aplausos)

El señor Michel Lafleur, Viceministro Adjunto de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía.

(Aplausos)

El señor Alexis Landreville, Consejero Económico del Primer Ministro.

(Aplausos)

La señora Johanne Desnoyers, Jefa de la Oficina para México del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía, bienvenida.

(Aplausos)

El señor Behzad Babakhani, Ministro Consejero de la Embajada de Canadá en México.

(Aplausos)

La señora Brigitte Fortier, Directora de Operaciones y de Protocolo del Primer Ministro.

(Aplausos)

Nos acompañan también el señor Francisco Suárez Dávila, Embajador de nuestro país en Canadá. Y quien, como siempre, ésta es tu casa, bienvenido al Senado de la República.

(Aplausos)

El Embajador Francisco del Río López, Cónsul General de México en Montreal, Canadá.

(Aplausos)

Agradezco a todos ustedes su presencia y la visita que hacen al Senado de la República, lo cual honra a esta institución y fortalece los lazos de amistas y cooperación económica con ese país, con el que tenemos una gran relación en todos los sentidos.

Así es que sean ustedes bienvenidos a México y al Senado de la República.

Buen día.

(Aplausos)

Se le concede, a continuación, el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar, a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

En el uso de la palabra, Senador López Brito.

El Senador Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

Los que suscribimos, Francisco Salvador López Brito y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, y otros compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentamos a consideración de esta Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, bajo las siguientes consideraciones.

Desde el año de 1962, México cuenta con un organismo responsable de la investigación pesquera, el cual al principio se le denominó Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras, que aportó importantes conocimientos básicos en materia de biología, distribución y abundancia de las diferentes poblaciones de los recursos marinos y acuícolas del país, tanto en litorales  como en aguas interiores.

En 1971, este Instituto se transformó en el actual Instituto Nacional de Pesca, Inapesca, el cual desde su fundación, ha sido un órgano asesor científico del Ejecutivo Federal, responsable de proporcionar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo pesquero y acuícola de México.

Con metas y objetivos precisos de coadyuvar en la identificación y resolución de los problemas de las pesquerías del país, mediante un sustento científico-técnico, así como en la toma y aplicación de las decisiones correspondientes.

El Instituto Inapesca, entre otras de sus facultades tiene las siguientes, y que ya en ellas va involucrada la actividad acuícola del país:

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas en materia de pesca y acuacultura.

Entre otros, emitir opinión de carácter técnico-científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas.

Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.

Dar asesoría científico-técnica a pescadores y acuicultores, que así lo soliciten para conservar, repoblar, fomentar y cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas.

De tal manera, que ya este Instituto tiene dentro de sus facultades el desarrollo científico-tecnológico y de asesoría a la actividad acuícola en el país.

Por lo tanto, y solicitando que aparezca integro en el Diario de los Debates, mi exposición.

Presento el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único.

Se reforma la fracción XXI del artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue:

XXI. Inapesca. Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, Órgano Público Descentralizado, Sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Transitorios.

El Presente de decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y;

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto al Instituto Nacional de Pesca, cuyo nombre se modifica por virtud de este decreto, se entenderán referidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Pido a la Secretaria que se integre al Diario de los Debates de manera íntegra el documento que ha presentado el Senador López Brito.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido por favor en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks:(Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitar al Senador López Brito, si puedo sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador López Brito, ¿Acepta que el Senador Juan Carlos Romero Hicks se sume a su iniciativa?

Pido a la Secretaría tome nota de ello, igualmente al Senador Octavio Pedroza, Senador Ernesto Ruffo Appel, con mucho gusto.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en relación con el Poder Judicial.

En el uso de la palabra, Senador.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Que lastima que no estén los compañeros del PRI, porque quiero aprovechar esta presentación de iniciativa que presento a título personal y de manera compartida con el Senador Mario Delgado, para proponer una serie de cambios a los artículos 94, 95 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial.

Recientemente, hemos tenido conocimiento y es algo que, incluso, diversas organizaciones de la sociedad civil, miembros del Poder Judicial, académicos, han venido comentando en distintos lados, incluso, aquí en el seno del Senado de la República, que es la preocupación que ha permeado en los pasillos de este cuerpo legislativo, sobre la posibilidad o sobre un supuesto acuerdo, entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.

Para que ahora que se renueva la Suprema Corte de Justicia y que todos sabemos que el Presidente de la República está obligado, facultado a presentar ternas que propongan nombres de hombres o mujeres para sustituir, tanto al Ministro Silva Meza como a la Ministra Sánchez Cordero, pues la preocupación que se tiene por parte de este gran conglomerado que sigue creciendo es, pues, precisamente, que realmente exista un acuerdo de esta naturaleza.

Y no es una preocupación menor, porque se trata del máximo órgano de juzgadores de  nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, el máximo Tribunal y del cual depende al final del día el Poder Judicial de la Federación y en el cual descansa la posibilidad de dirimir las controversias en nuestro país.

Repito, no es un tema menor, si es que este acuerdo existe entre el PRI y el PAN, de querer cada uno de estos partidos, influir en el nombre de aquellas personas que sean propuestas por parte del Presidente de la República.

Por eso, es un tema que a todas luces tenemos que denunciar, que a todas luces habremos de combatir, pero en este momento, es indispensable de manera preventiva toda vez que el Presidente no ha mandado esta terna, fijar una posición sobre los distintos huecos que en nuestra legislación mantiene y que si no tenemos claros en la previsión y en la identificación de esas vulnerabilidades, pues este supuesto acuerdo puede encontrar otras rutas a las que hemos conocido.

Hemos sabido que hay intención de nombrar a alguien que fue compañero en el Senado nuestro. Hemos escuchado que pudiera ser un ex presidente de una de estas fuerzas políticas, pues se han escuchado muchas cosas, pero seguramente hay muchas que todavía no se escuchan y que pueden estar en proceso de construcción, si repito, está intención se mantiene.

Y hay huecos, compañeros y compañeras en nuestra legislación, que si no logramos identificar y cubrir, pueden eternizar la posibilidad de que haya conflictos de intereses en torno a quienes sean nombrados como ministros o ministras de la Corte.

Y un ejemplo muy puntual, es el de que pudieran ser nombrados, quienes actualmente, es decir, quienes aún hoy están en funciones como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Y la pregunta que creo que debemos hacernos es: ¿Si sería válido para una Corte que sea respetada por su imparcialidad, que alguien que calificó la Elección Presidencial, la última, la del 2012? Que alguien que tuvo que ver con temas que fueron de amplio conocimiento social por lo escandalosos que fueron como el tema Monex, el famoso uso de las tarjetas o de las tarjetas Soriana.

Si esos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, estarían éticamente calificados para formar parte de una terna que envíe el propio Presidente que se benefició de la última sanción que dicha Sala Superior de Justicia dio.

No hay, compañeros y compañeras, un posible, un probable conflicto de interés en ello, sin duda alguna que lo hay, que mejor premio por otorgarle la última sanción jurisdiccional en beneficio al Presidente actual que llegar como ministro o como ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Este es uno de los temas más importantes para la vida de la República, compañeros y compañeras.

Si queremos pensar en que verdaderamente uno de los principales flagelos que existe en nuestro país, que es la impunidad, eso que tanto nos cuesta día con día, donde de uno de cada cien crímenes, solamente uno de cada cien delitos son castigados en este país, ¿qué sería de la República si ahora no solamente vemos a la Suprema Corte con estos tintes o con estas intenciones de corridas partidistas, o inclusive se autoriza que alguien que ha calificado la elección presidencial, llegue a la Suprema Corte de Justicia?

Es una reflexión que al presentar esta iniciativa, queremos dejar en el conocimiento público, porque hoy que estamos a unos días o semanas de que el Presidente integre estas ternas, ésta debe ser una llamada de alerta.

Ni cuotas partidistas, ni cuates de quien esté encargado de esa terna, ni quienes hayan calificado la elección presidencial; ningún magistrado o magistrada que actualmente sea componente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, puede ser parte de las ternas que presente el Presidente Enrique Peña Nieto. Y ése es el contenido de esa iniciativa.

Proponemos que tampoco puedan ser incluidos Subsecretarios de Estado, tampoco el Consejero Jurídico que hemos visto siempre tan activo y tan participativo en todos los procesos de discusión con el Poder Ejecutivo; los integrantes de la Oficina de la Presidencia de la República, subrayo, los Magistrados Electorales, el Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Secretario Ejecutivo y los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral.

Consideramos, compañeros y compañeros, que esta iniciativa es un llamado de alerta.

La República, la división de Poderes y la capacidad de que logremos confrontar la impunidad que permea en el país, tiene que ver con que pongamos el dedo en el renglón en estas intenciones, que lo que buscan es hacer que la República se siga quedando en las manos de unos cuantos.

Es cuanto, señor Presidente.

No sé si el Senador Corral tiene algún comentario -entiendo que él se quiere sumar a esta iniciativa porque la hemos venido comentando-, la Senadora Dolores, los compañeros, toda la bancada del Partido de la Revolución Democrática incluida, y el Senador Bartlett.

Ah, perdón, el señor Presidente tiene la palabra. Disculpe usted.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome la Secretaría nota de las y los Senadores que han expresado su voluntad de adherirse a la iniciativa que ha presentado el Senador Armando Ríos Piter.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle…

Ah, para adherirse a la iniciativa, se toma nota.

Ha concluido su tiempo, señor Senador. De hecho su iniciativa ya ha sido turnada.

Se toma nota del Senador Romero Hicks y de todos aquellos Senadores que deseen adherirse a esta iniciativa.

Muchas gracias, señor Senador.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, invitados por el Senador Jesús Casillas Romero.

Bienvenidos al Senado de la República.

También da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la carrera de Economía de la Universidad Panamericana del Distrito Federal, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert.

Asimismo damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Colegio del Bosque, invitados por esta Presidencia y encabezados por la licenciada Silvia Rodríguez.

Todos ellos asisten el día de hoy a presenciar nuestros debates. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.

Tiene a continuación el uso de la voz la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras y Senadores, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto de la Ley de Vivienda.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Si bien es cierto hemos venido trabajando para hacer real este derecho constitucional consagrado en el artículo cuarto, en donde se establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, ahora la propuesta que les venimos a hacer en esta iniciativa, es que de acuerdo al padrón epidemiológico de nuestro país, de México, la población está envejeciendo, pero no tan solo ello, sino que también la configuración de las familias si bien es cierto sigue siendo nuclear, sea con hijos o no hijos, asimismo las que constituyen las familias mexicanas de nuestro país, constituyen un 20 por ciento y un 60 por ciento más de las familias nucleares, y hay un 10 por ciento de la población que vive sola por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares.

Tan es así que hoy una de las políticas y, sobre todo, las acciones de gobierno, de los programas en soluciones de vivienda que están beneficiando a este tipo de población, son una realidad.

Me refiero a los jóvenes estudiantes. Es una iniciativa que también presentamos aquí, y sin embargo ya es una realidad que hoy es real el acceso que tienen a crédito para la vivienda los jóvenes estudiantes también.

Es una realidad que las mujeres jefas de familias que en muchas de las ocasiones solamente tienen un hijo o dos hijos, también tienen acceso a este crédito de vivienda.

Ya también hay desarrollos que están a disposición de adultos mayores y que en muchas de las ocasiones solamente requieren de una habitación para vivir, para tener y llevar a cabo sus actividades, sin hacinamiento y por supuesto teniendo este derecho a contar con un crédito para su bienestar.

Hemos venido trabajando -y fue aprobado en este Senado- en que una de las iniciativas para abatir el hacinamiento era procurar que la vivienda financiada por los organismos públicos, contara por lo menos con dos recámaras.

Hoy la propuesta que vengo a someter a su consideración, es que efectivamente trabajemos y evitemos el hacinamiento sin menoscabo de los derechos de los adultos mayores y de las familias nucleares donde solamente vive el esposo y la esposa, o bien como estén constituidos, y que solamente viven dos en esa casa, y que también puedan ser consideradas las casas habitación de una o más recámaras.

De tal manera que la propuesta que sometemos a su consideración, es reformar las fracciones cuarta y quinta del artículo cuarto de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Estamos definiendo lo que es espacio habitable y se refiere al lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia, comedor -que es la propuesta también que sometemos a su consideración- y el número de recámaras necesarias para evitar el hacinamiento, de conformidad con las características y condiciones mínimas que establecen las leyes y las normas oficiales mexicanas.

Asimismo una fracción quinta, a espacios auxiliares, y se refiere al lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de higiene y de circulación.

Con esta modificación estaremos preparándonos a la realidad del Estado mexicano, de la nueva constitución y configuración de las familias mexicanas. Podemos abarcar también a la población que viene, que está envejeciendo, y que hoy tendría la necesidad de buscar un espacio adecuado y que fuera suficiente para el desempeño de sus actividades.

Por su atención y posteriormente, por someter a su consideración y  esta modificación de Ley, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador  Roberto Gil Zuarth: Túrnese  a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos,  Primera.

Tiene a continuación el uso de la palabra el Senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente.

De acuerdo con el reporte 117, acerca del salario mínimo en México del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el poder adquisitivo ha tenido una merma de alrededor de 78.66 por ciento;  esto es, de 1987 al 2014, el precio de la canasta básica alimentaria recomendable, ha registrado un incremento acumulado de 4 mil 773 por ciento, mientras el salario creció 940 por ciento.

Lo que significa, que los alimentos han aumentado en proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento a los salarios mínimos.

En otras palabras, esto significa que los aumentos al salario se dan a cuentagotas y los productos básicos para la alimentación de la clase trabajadora, suben como la espuma.

Esto se traduce en la necesidad de destinar una mayor proporción de sus ingresos a los alimentos, descuidando otros factores como la salud, vivienda o la recreación.

En el mismo estudio, se señala que en los últimos 4 meses del 2014, el precio de la canasta alimentaria recomendable se incrementó 4.1 por ciento, pues en este año pasó de costar 184.96 pesos en abril, a un costo de  192.52 pesos en el mes de agosto.

Este ritmo de cambio de precios derivó  en que el aumento al salario mínimo de este año fuera rebasado por la inflación en los primeros cuatro meses del 2014, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica del poder adquisitivo, tan sólo en lo que va de la presente administración federal, el precio de la canasta alimentaria recomendable aumentó 20.66 pesos, pasando de 171.86 a 192.52, mientras que el salario mínimo sólo aumentó 2.52 pesos, lo que constituye una pérdida del poder adquisitivo de 7.24 por ciento en menos de dos años.

Por lo tanto, del mismo reporte, se obtiene que para un trabajador y su familia, puedan comprar diariamente dicha canasta, deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos, es decir, lo equivalente a casi 3 salarios mínimos actuales.

Si a esto le agregamos la manipulación mediática y la desorientación de las compras por parte de las grandes cadenas comerciales de los supermercados, el escenario para el trabajador es aún peor, ya que de acuerdo con el reporte 120, del mismo centro de investigación, si un trabajador o trabajadora compra la canasta básica alimentaria recomendable en una cadena de autoservicio, paga al día 29.80 pesos más de lo que cuesta en un tianguis, lo que se traduce en un sobreprecio de  893.94 pesos al mes.

Frente a la pérdida del poder adquisitivo, que tal como ha sido señalado no es nuevo, pero cada día afecta más a la clase trabajadora, se han establecido previsiones sociales, éstas que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familias  o beneficiarios, tienen por objeto satisfacer económicamente sus necesidades y mejorar los bajos salarios y así mantener un nivel de vida económico, social, cultural, integral, siendo una forma de compensar el salario y, a su vez, un incentivo para el trabajador.

Dentro del grupo de estas prestaciones sociales se encuentra el pago del aguinaldo, el cual es una cantidad anual pagada en dinero y regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, ésta se determina a partir del salario del trabajador que, de acuerdo al artículo mencionado, es un  pago de por lo menos 15 días de salario, el que deberá cubrirse antes del día 20 de diciembre,  de cada año  y para aquellos que no hayan cumplido el año de servicios, tiene derecho a exigir el pago proporcional del mismo.

Aunque los antecedentes históricos del aguinaldo pueden remontarse  cientos de años atrás, en México, este derecho laboral surge en la década de 1970, cuando se incorpora la legislación laboral federal, como una prestación que complemente el salario de los trabajadores.

En la actualidad, todos ellos tienen derecho a dicha prestación, siempre que, efectivamente, exista una relación laboral, independientemente del acto al que dé origen esta relación. 

En este sentido, la misma ley entiende por relación de trabajo a la prestación de un trabajo personal, subordinado, a una persona mediante el pago  de un salario.

El monto mínimo del aguinaldo, consiste en el pago, por lo menos de 15 días de salario, sin perjuicio de que de manera individual o colectiva, las partes de la relación laboral tengan pactada una suma superior  a la prevista en la normativa laboral.

Sin embargo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 Constitucional, señala en su artículo 42 Bis, que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el que deberá pagarse un 50 por ciento antes del 15 de diciembre, y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será  equivalente a 40 días del salario cuando menos, sin deducción alguna, y el Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes, para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos, en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año.

Esto significa que existe una desproporción y desigualdad entre los trabajadores al Servicio del Estado y los trabajadores que laboran para un patrón independiente que no sea un ente estatal, ya que sólo por no estar en la nómina de alguna dependencia gubernamental se le otorga un  aguinaldo diferente al establecer, como derecho, únicamente 15 días de su salario.

En este sentido, el aguinaldo se encuentra regulado en otros países como una prestación de los trabajadores, sin embargo, éste es superior al otorgado a los trabajadores en México, en distintos países de América Latina, por ejemplo, en Argentina se le conoce con el nombre de sueldo anual complementario, y se otorga el pago de 30 días de salario; en Costa Rica, el aguinaldo debe de pagarse antes del día 20 de diciembre, y se calcula sumando todos los salarios recibidos desde diciembre del año anterior hasta noviembre del  año corriente, y el resultado se divide entre 12, tomando como base  30 días de salario, o bien en los casos como el de Uruguay, Perú, Panamá o Brasil, quienes tienen una legislación similar, considerando el pago de por lo menos 30 días de salario como compensación de fin de año, sólo por mencionar algunos países de Latinoamérica.

Como puede observarse, en estos países de América Latina, cuyas economías son equiparables con la de México, el aguinaldo es de 30 días de salario, muy por encima de lo que reciben los trabajadores mexicanos que tienen el mismo derecho.

Asimismo, es importante subrayar que la clase patronal también ha sufrido las consecuencias del aumento de precios y costos y, sobre todo, en el pago de impuestos, por lo que es entendible que un aumento en los días de pago de aguinaldo para los trabajadores puede generar un costo más para el sector empresarial.  Sin embargo, es importante reconocer que en más de 4 décadas los trabajadores no han tenido un aumento real significativo, tanto en su salario como en el número de días necesarios para el pago de aguinaldo a fin de que ellos reciban un mayor ingreso por este concepto.

En este sentido y bajo la premisa de la pérdida del poder adquisitivo del salario, el alza de los precios y el estancamiento del mercado interno y de los derechos laborales de la clase trabajadora surge la necesidad de modificar el monto que sirva de base para el otorgamiento del aguinaldo, ya que además de ser un derecho laboral es un acto de justicia social para la clase trabajadora de nuestro país.

Por ello, es que el objeto de la presente iniciativa es modificar el artículo 87 de la Ley General del Trabajo para establecer el pago mínimo de aguinaldo en 25 días de salario, con esto se pretende fortalecer el salario de los trabajadores, cerrar la brecha de desigualdad entre la percepción de los trabajadores al Servicio del Estado y la demás clase trabajadora; equiparar el pago de esta prestación con otros países de América Latina; fomentar el consumo en el mercado interno al dotar de una mayor capacidad de pago en el mes de diciembre de cada año y renovar en parte los derechos laborales de millones de trabajadores en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño)   Para solicitarle al Senador Monreal, me permita sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tómese nota de las distintas solicitudes de adhesión a la iniciativa del Senador David Monreal.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas  Romero, del Grupo  Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 237 de la Ley General de Salud.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias Presidente.

Compañeros, compañeras Senadores:

Los estupefacientes y psicotrópicos son sustancias que poseen acción directa sobre el sistema nervioso central de las personas, ya sea excitándolo o deprimiéndolo, por lo que son capaces de modificar de manera sustancial las actitudes mentales, morales y físicas de las personas que las consumen, por lo que su uso inadecuado genera daños irreversibles a la salud individual, pública y social, ambos son estrictamente fiscalizados y controlados por el Estado de acuerdo a las leyes nacionales.  En el caso de nuestro país, principalmente por la Ley General de Salud.

Esto obedece a los graves riesgos que el uso de las drogas genera, en mérito de los cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento de las personas con un alto potencial de producir conducta abusiva y dependencia.    Además, como ya se dijo, daños irreversibles a la salud, incluso la muerte.

Por ello, existen algunos estupefacientes respecto de los cuales prácticamente todo lo relacionado con ellos está prohibido por la ley, en virtud de que su utilización no tiene una finalidad médicamente sustentable y se consideran de nulo valor terapéutico, como lo son las señaladas en el artículo 237 de la Ley General de Salud, entre ellas la cannabis, prohibición sin posibilidad de excepción.   Esto a colación de un caso muy difundido recientemente que llamó poderosamente la atención de la opinión pública.

Me refiero al caso de la pequeña de ocho años de edad Graciela Elizalde Benavides, nacida en Monterrey, Nuevo León, hija del señor Raúl Elizalde y de la señora Mayela Benavides, que padece una forma grave de epilepsia que le causa constantemente convulsiones y espasmos difíciles de controlar, hasta 400 episodios por día, además de provocarle atraso en su desarrollo y con ella una muy triste y baja calidad de vida.

A través de los medios de comunicación y redes sociales, en breve síntesis, se sabe que la pequeña ha sido sometida a infinidad de tratamientos sin resultados positivos.  Aún, al haber agotado todos los tratamientos médicos conocidos, sus padres no cesaron en la búsqueda de alternativas, identificando una posibilidad en un fármaco elaborado con cannabidiol, un aceite derivado de la planta cannabis, sativa o marihuana, que no tiene efectos psicoactivos y puede contribuir a paliar los efectos de los espasmos que sufre, esto después de saber de un caso en una niña en el estado de Colorado, en Estados Unidos, de nombre Charlotte, que logró reducir sus fuertes convulsiones después de haber sido tratada con el aceite de cannabidiol.

No obstante, al ser un derivado de la cannabis, como ya se dijo, se trata de una sustancia prohibida en nuestro país, y que los padres de la pequeña Graciela evidentemente se encontraron con el impedimento legal para importar el medicamento, intentaron lograr un caso de excepción a la prohibición, sin resultado, hasta que la puerta se abrió en base a una suspensión provisional otorgada en un juicio de amparo.

La resolución ordenó a las autoridades permitir que los padres de Graciela importen al país medicamentos elaborados con base en la sustancia CVD, no sin imponer estrictas condiciones entre las que se encuentran el informe de un especialista en el Síndrome de Lennox-Gastaut, que admita la posibilidad de mejora con el cannabidiol; un consentimiento firmado por los padres en el que un médico detalle los riesgos del tratamiento; contar con un centro hospitalario donde se atenderá a la niña en caso de restricciones negativas;  probar que le medicamento se obtuvo legalmente en el país de manufactura.

Fue a partir de este suceso que el caso de Graciela llamó poderosamente la atención y se dio a conocer de manera impresionante, como el de la primera pequeña en México que sería tratada de un derivado del cannabis mediante la autorización de un juez de distrito.

Esto, incrementó más la intención del debate sobre la legalización de la marihuana, tema respecto al cual cabe decir, aún falta mucha más investigación y desde luego un más y más amplio debate. 

Sin embargo, considero que existe una solución legislativa mucho más práctica y ágil de dilucidar si la marihuana tiene, o no, bondades.  Un asunto como éste que no requiere debatir sobre la marihuana para ser solucionable, legislativamente hablando.  Esto mediante la posibilidad de prever casos de excepción como una forma de lograr un equilibrio en los asuntos que especial, extraordinaria y particularmente lo ameriten, como es el caso al que me he referido.

Por ello, he de dejar muy claro que no se propone  un estudio sobre las propiedades o no, beneficios o no de la marihuana, sólo el de prever casos de excepción estrictamente médicos, procurando un equilibrio entre el control de las sustancias reconocidas como peligrosas para la salud y el deber del Estado de garantizar el derecho humano a la salud y a una calidad de vida digna y sin dolor.   Ello, al tenor de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 237 de la Ley  General de Salud.

Artículo 237.  De manera extraordinaria y sólo para fines estrictamente médicos, la Secretaría de Salud podrá autorizar casos de excepción cuando exista evidencia que permita concluir, en caso concreto, que alguna de las sustancias a que se refiere este artículo podrá aportar beneficios beneficios terapéuticos, no “conseguibles” mediante otros elementos, la excepción se sujetará a las condiciones y lineamientos que dicte la Secretaría de Salud, es decir, darle facultades a la Secretaría de Salud para que en casos estrictamente extraordinarios, como ya sucedió con Graciela, que los padres tuvieron que recurrir a una instancia judicial a efecto de conseguir una suspensión y con ello lograr la importación de estos productos no se tenga que seguir este tortuoso procedimiento, sino que sea la propia Secretaría de Salud, siguiendo los lineamientos que siguió precisamente este juez de distrito el que pueda autorizar, para casos extraordinarios, como ya se dijo, la venta y el suministro de sustancias que no están reconocidas actualmente por la ley.

Es cuanto, Presidente, muchas gracias, por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

Tómese nota de la solicitudes de adhesión a la iniciativa que ha presentado el Senador Jesús Casilla.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado. ¿Para los mismos propósitos? Se toma nota, señor Senador.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño).  Para sumarme al punto de acuerdo del Senador Casillas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes por Guerrero, del Instituto Tecnológico Autónomo de México: la UAM, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional que han sido invitados por el Senador Sofío Ramírez Hernández, para presenciar los debates de esta sesión.

Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador José Rosas Aispuro Torres, para presentar a nombre propio y del Senador Luis Armando Melgar Bravo, un proyecto de decreto por el que se expide la ley para incrementar la Competitividad Internacional de México.

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañero Senadores, a nombre del Senador Luis Armando Melgar Bravo y de un servidor presentamos iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México.

El objetivo de esta iniciativa es establecer las bases para generar las condiciones que contribuyan a incrementa la Competitividad Internacional de nuestro país en materia de exportaciones, atracción de inversión extranjera, y la internacionalización de las empresas mexicanas para fomentar el crecimiento económico y el empleo en el país.

Por ello proponemos las siguientes acciones dentro de esta iniciativa.

1.- Crear una figura para la defensa de los inversionistas extranjeros y de los exportadores, encargada de garantizar los derechos de los involucrados en los procesos de exportación e inversión.

Se busca establecer dentro de la estructura orgánica de ProMéxico un área responsable de garantizar el derecho de los involucrados en los procesos de exportación e inversión extranjera que se realice en territorio nacional, con funciones equiparables a las de los Ombudsman existente a nivel internacional; pero con un enfoque de negocios concentrado en exportaciones e inversionistas.

2.- Crea el Consejo para la promoción internacional de México. En la actualidad México cuenta con una estructura institucional que realice importantes esfuerzos de promoción a nivel global, a través de diferentes instituciones, como lo son ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística de México, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA.

Los esfuerzos nacionales e internacionales de promoción del país requieren de la coordinación eficiente entre los distintos actores que realizan distinto órdenes de gobierno que ejecutan y laboran campañas de promoción, de producción y servicios mexicanos, así como la atracción de visitantes extranjeros al país, los cuales deben ser alineados bajo una misma  estrategia que busque fines comunes.

Por lo tanto, dicho consejo estará encargado de diseñar y coordinar estrategias de promoción en el extranjero en materia de exportaciones, internacionalización de empresas mexicanas, atracción de inversión extranjera y turismo internacional.

3.- Crear un fondo para la atracción de inversión  extranjera directa, la promoción de las exportaciones y la internacionalización de las empresas mexicanas. Se busca tener, pues, la capacidad de otorgar apoyos a proyectos que impulsen la inversión extranjera, fortaleciendo las exportaciones y contribuyendo a la internacionalización de las empresas mexicanas.

4.- Instaurar instrumentos de soporte para la internacionalización de las empresas mexicanas. Es importante contextualizar a la internacionalización como la incursión de una compañía en mercados geográficos externos, a su localización original con el fin de realizar actividades en materia de negocios internacionales, debe ser entendida ésta como una de las formas de crecimiento  y desarrollo empresarial de las compañías mexicanas, basadas en la diversificación geográfica.

5.- Crear un mecanismo para el desarrollo de cadenas productivas orientadas a la exportación. Este mecanismo podría incluir la creación de un foro para desarrollar cadenas productivas orientadas a la exportación en el que concurran las dependencias del gobierno federal que cuenten con instrumentos de fomento al desarrollo de las Pymes, así como las instituciones financieras que puedan apoyar el desarrollo de estas cadenas productivas.

6.- Institucionalizar el Consejo Consultivo para la Competitividad, su objetivo sería fortalecer la cooperación permanente entre el sector empresarial y académico con el gobierno federal con el impulso de las políticas públicas que incidan positivamente en la productividad de nuestra economía y la competitividad del país.

7.- Crear un sistema para la identificación continua de oportunidades de negocios internacionales en sectores estratégicos. El objetivo sería identificar aquellos sectores y subsectores en donde la competitividad del país se vuelve clave para los inversionistas internacionales, asimismo, para entender mejor los impulsores y las barreras para la inversión extranjera directa en nuestro país, se necesita una guía que ayude a priorizar las políticas de desarrollo y los esfuerzos de promoción sectorial.

8.-Diseñar e implementar proyectos que sirvan como base para la creación de polos de competitividad. El objetivo de esto sería desarrollar sectores basados en una estrategia integral sustentable e innovadora y participar en su desarrollo e implementación con la finalidad de crear centros productivos de clase mundial.

La creación de estos polos debe de tener sustento en la competitividad y en la capacidad que tienen las regiones para atraer y retener inversión y talento.

9.-Promover la formación y certificación en comercio exterior e inversión extranjera. Proveer de capacidades para formar y acreditar internacionalmente a ejecutivos sobre las mejores prácticas de promoción de negocios internacionales e impulso de la competitividad, la misión sería el desarrollo, producción y difusión de los medios de capacitación y acreditación nacional e internacional sobre modelos y mejores prácticas de promoción a nivel global para egresados universitarios.

Asimismo se contempla la capacitación, actualización y especialización de ejecutivos y especialistas de empresas y de personal de entidades e instituciones tanto gubernamentales como del sector privado.

El objetivo, pues, de esta iniciativa es hacer más competitivo a nuestro país, generar las condiciones para que a través de la inversión podamos abrir más espacios a los jóvenes, a las mujeres en nuestro país; para que los jóvenes egresados de las instituciones de educación superior tengan la oportunidad de poder encontrar un trabajo acorde a la preparación que ellos tuvieron.

 Por eso en este proyecto lo que se busca es ubicar, de acuerdo a las regiones de nuestro país, cuáles son las vocaciones más competitivas que puede tener, y en base a esas vocaciones productivas podamos, efectivamente, ver cómo elevamos y eficientamos la competitividad económica, este es el objetivo de este proyecto, por lo tanto les pido, compañeras y compañeros Senadores, que una vez que este proyecto sea integrado a las comisiones respectivas, podamos contar con el apoyo de todas y de todos ustedes.

Este es el sentido de la propuesta que hacemos los Senadores Luis Antonio Melgar Bravo, y un servidor, para buscar que a México le vaya mejor en base a esa competitividad, que es una cuestión fundamental para el desarrollo, hoy, de nuestros pueblos.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño)  ¿Si el Senador José Rosas Aispuro admite la adhesión del Grupo Parlamentario del PRD, a la Iniciativa?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, le consulto ¿si acepta usted la adhesión del Grupo Parlamentario del PRD?

EL Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto, Senador Presidente.

Gracias al Senador Miguel Barbosa Huerta, y a todas las Senadoras y Senadores.

El Senador Aarón Irizar López (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Irizar ¿para los mismos propósitos?

Sonido en el escaño del Senador Aarón Irizar.

El Senador Aarón Irizar López (Desde su escaño): Para el mismo propósito, Presidente, reconociendo el interés y la importancia de esta Iniciativa, solicitarle a los ponentes la posibilidad de adherirme, porque considero que los Senadores de la República debemos dar un paso adelante en esta propuesta.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Pineda ¿es para los mismos propósitos?

Sonido en el escaño de la Senadora Pineda.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi (Desde su escaño): Indudablemente es un tema de interés nacional, y creo que los Senadores debemos de estar solidarios con esta Iniciativa. Que me haga el favor de permitirme sumarme.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Gerardo Sánchez, y Marcela Guerra ¿en los mismos propósitos?

¿Lo autoriza, señor Senador Aispuro?

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, señor Senador Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota de todas las solicitudes formuladas de adhesión a la Iniciativa del Senador Rosas Aispuro.

El Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto.

Gracias por la adhesión a este proyecto, que estoy seguro que será para bien de todas y de todos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracia a usted, Senador José Aispuro.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.

En abril de 2014, al presentar el paquete de iniciativas de leyes secundarias en materia energética, el Gobierno Federal fue enfático al señalar que un elemento esencial de su propuesta era dotar a Pemex de un nuevo régimen fiscal.

Es decir, la visión era clara. Para que Pemex crezca, dijo el gobierno, se modernice y desarrolle su verdadero potencial como empresa del Estado. La relación entre Pemex y el Fisco debe cambiar

“No puede haber una reforma energética exitosa, sin un nuevo régimen fiscal para Pemex”, dijo el Secretario de Hacienda. Esta fue la narrativa oficial con la que se acompañó la publicidad la reforma energética.

Entonces, nosotros estamos presentando esta Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de Pemex y de CFE, para que se respete ese principio anunciado por las autoridades, que Pemex y CFE tengan un nuevo régimen fiscal que les permita desarrollar todo su potencial, ya que tal como quedó en las reformas o las leyes secundarias aprobadas, los regímenes fiscales se resumen en 3 grandes ejes:

1.- Se mantiene casi igual el régimen de derechos que se aplica a las exiguas asignaciones que se otorgaron a Pemex.

Y hay que recordar que este régimen de derechos es prácticamente el mismo que tenía antes de las reformas, nada más que cambiaron de nombre, los nombres de los derechos.

Que además Pemex solicitó sus mejores yacimientos, pero le dieron los que no pidió. Es por esa razón que no han querido poner en el portal de transparencia y quedó resguardada la información de la solicitud de Pemex de los yacimientos y campos petroleros que pidió en Ronda Cero.

Para colmo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en 2 ocasiones ha autorizado que se oculte la información a la ciudadanía sobre cuáles son los yacimientos y campos petroleros que solicitó Pemex.

Otro eje, se establece que a partir de 2015, Pemex deberá tributar Impuestos sobre la Renta, como las demás empresas; y se establece una nueva carga fiscal consistente en un pago de dividendo estatal calculado en 30 por ciento para 2015, aunque el Congreso de la Unión debería de tener la última palabra.

Queda claro que el Ejecutivo Federal y quienes aprobaron esta reforma mintieron, que su verdadera intención sobre el régimen fiscal de Pemex es, no sólo mantener la carga fiscal depredadora que ha venido matando a la empresa, sino que le adiciona nuevas cargas fiscales, y con ello condenan a Pemex a desaparecer, y sea desplazada por las petroleras privadas.

Con este régimen fiscal confiscatorio, consagrado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se forzó a Pemex a competir con una condición en completa desigualdad frente a sus pares, en una competencia a todas luces injusta.

El régimen que se aplica a los activos de exportación y producción que retuvo Pemex, después de la Ronda Cero, consiste en cobrar a la petrolera estatal derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos, derecho de utilidad compartida, derechos y aprovechamientos para administración y supervisión, impuesto por la actividad de exportación de extracción de hidrocarburos, Impuestos sobre la Renta, y un dividendo calculado en 30 por ciento. Esto rebasa el 100 por ciento de sus utilidades.

Los derechos, además, se pagan al Fondo Mexicano del Petróleo, y los impuestos al Servicio de Administración Tributaria.

Pemex debe cumplir con las obligaciones fiscales de forma separada. Por un lado, las que se generan con motivo de las asignaciones; y por el otro lado, donde migre a contratos, y la contabilidad debe de ser separada por tipo de región e ingreso.

La errónea política actual de producción y desarrollo. Esta visión extractivista de las autoridades, bajo la cual consideran al petróleo como una simple materia prima de exportación y no como una materia prima para la transformación y poder exportar valor agregado, además de la producción de energéticos, que primero pueda satisfacer la demanda interna, ha generado que en el mercado interno se privilegie más las importaciones de petrolíferos y petroquímicos, ocasionando con ello una balanza petrolera deficitaria por primera vez desde hace 76 años, en este año 2015.

Los resultados financieros de Pemex, según el reporte preliminar de 2015, son desastrosos. La pérdida neta fue de casi 200 mil millones de pesos, más del doble que en el mismo período del 2014.

Los ingresos totales cayeron en menos 30.4 por ciento; los costos y gastos de operación crecieron, perdón, cayeron, sólo en menos 7.5, cuando el compromiso del gobierno era disminuir aún más los costos de operación.

Llama la atención, que ante la caída de los volúmenes de operación, es decir, producción y ventas, los gastos de operación se haya incrementando en 10.3 por ciento.

Asimismo, los gastos de distribución, transportación y ventas aumentaron 15.7 por ciento, y los de administración 7.2 por ciento.

Las cifras oficiales muestran que la situación de la empresa es sumamente preocupante. Las causas de su pésima situación no sólo son atribuibles a las condiciones adversas del mercado o a la caída de los precios del petróleo, sino también a un régimen fiscal  depredatorio y a políticas de producción y desarrollo equivocadas.

La reforma energética, lejos de fortalecer a la petrolera del Estado, la ha debilitado aún más de lo que ya estaba. Bajo estas condiciones es imposible que se pueda competir en un mercado abierto y cada vez se fortalece más la posibilidad de su extinción.

Aunado a esta situación financiera y fiscal, Pemex, el 19 de agosto, anunció que la Secretaría de Hacienda contrató coberturas petroleras que garantizan un precio de 49 dólares por barril para el presupuesto 2016, cifra inferior en 36% a los 76.4 dólares que contrató para 2015, con un costo para este año de 40% mayor de lo contratado para el año pasado; y ahora en el paquete económico que se nos ha presentado para 2016, no viene el rubro que está calculado por la iniciativa privada en más de cien mil millones de pesos en coberturas petroleras, no viene informado en ninguna parte del documento.

Sin embargo, Pemex, además, se queda afuera del privilegio de las coberturas, las coberturas petroleras sólo servirán para asegurar los ingresos del gobierno federal. En fin, es mucho lo que hay que decir, nuestra iniciativa está cambiando el régimen de las asignaciones para hacer más eficiente a la empresa.

Nosotros proponemos eliminar la inequidad y la discriminación hacia Pemex: que sean eliminadas las asimetrías entre asignaciones y contratos; que haya piso parejo para todos los operadores públicos o privados; que el régimen fiscal de las asignaciones sea similar al que se aplica a los contratos; establecer el valor de los hidrocarburos en cada asignación tal como se hace con los contratos, el esquema regionalizado que se utiliza actualmente implica subsidios cruzados, se explotan yacimientos que no son rentables con el nivel de precios actuales únicamente para obtener producción y cumplir con metas de volumen, pero que no benefician necesariamente ni al país ni a la empresa; establecer que al definirse los mecanismos de determinación de precios de los hidrocarburos, de las asignaciones, deberán ser equivalentes a los precios establecidos para los privados en condiciones similares; que el régimen fiscal de Pemex cumpla con la visión comprometida con el gobierno en la reforma energética, en su publicidad; que permita crecer a la empresa, modernizarla, desarrollarla con su verdadero potencial; que se elimine en definitiva el dividendo adicional al régimen fiscal de Pemex y de CFE que se estableció en la Ley de Pemex y en la Ley de CFE.

Con todo esto, no se debería de aplicar, si ustedes lo aprobaran, este dividendo para el 2016, y poder hacer un régimen fiscal más blando para las empresas que les permitan ser más competitivas.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al desahogo de dictámenes con punto de acuerdo emitido por diversas comisiones y sobre los cuales no hay reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con los dictámenes:

Tenemos un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a emitir una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano.

Asimismo, tenemos cinco dictámenes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por el que se solicita información sobre el estado y avances de los proyectos específicos que en materia de nanociencia y nanotecnología.

Otro, que exhorta a continuar apoyando a las entidades federativas del país en la actualización de sus marcos jurídicos para impulsar el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Uno más, que exhorta a simplificar los requisitos para ingresar al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

Otro, que exhorta a informar sobre el estado y avances de las acciones contenidas en el Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial.

Y uno más, que exhorta a destinar mayores recursos para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los acuerdos.

Comuníquense.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sí había una reserva de su servidor en el asunto de la batalla de El Ébano.

Si usted me permitiera hacer uso de la palabra, por pocos minutos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene usted el uso de la palabra, Senador Teófilo Torres Corzo.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Seré muy breve.

Hago uso de esta tribuna para destacar el valor del dictamen que se acaba de aprobar y que consiste en que la Comisión de la Defensa Nacional hizo la propuesta como punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal para emitir una estampilla postal y la Lotería Nacional para un billete de lotería por la conmemoración del centenario de la batalla de El Ébano, en San Luis Potosí.

Por su complejidad y alcance de la batalla de El Ébano constituye, sin duda, ésta un referente obligado en el estudio de los combates efectuados en la Revolución Mexicana. Su relevancia se debe a que en el lugar donde se desarrolló era un importante objetivo militar para lograr controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como también para tomar el control del puerto de Tampico que constituía una aduana petrolera y una fuente inagotable de recursos para el país.

Este enfrentamiento tiene una gran importancia en la historia nacional por ser un acontecimiento decisivo para la consolidación de la Revolución Mexicana y el asentamiento de las bases para la industria petrolera del país.

Por lo anteriormente expuesto, Senadoras y Senadores, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI solicitamos que, una vez hecha la aprobación del presente dictamen como acaba de suceder, se dé el informe y se solicite al Ejecutivo para que se emita el timbre y la moneda conmemorativa de esta batalla de El Ébano, hecho trascendental para la industria petrolera de nuestro país.

Por su atención, Presidente, y por la atención de cada una y cada uno de los Senadores, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de no haber más reservas a los dictámenes con punto de acuerdo que han sido presentados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos.

Comuníquense.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

El dictamen está publicado en la Gaceta de hoy para su conocimiento.

En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  para referirse al dictamen que ha presentado la Comisión de Asuntos Indígenas, con respecto al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, hasta por cinco minutos.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente.

Nuestro país como una nación multicultural, repleta de tradiciones e historia ancestral vive una clara paradoja, es decir, nos enorgullecen las maravillas que crearon y dejaron nuestros antepasados, pero se discrimina y reprime sistemáticamente a los pueblos indígenas.

En la actualidad se hace muy poco para que este grupo, que es el más vulnerable pueda ejercer plenamente todos sus derechos humanos.

La población indígena vive a diario la marginación, la pobreza y  la violación a sus derechos; un claro ejemplo de esto es la dificultad para gozar de un efectivo acceso a la justicia, asunto pendiente en la agenda del país.

El 14 de agosto de 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció en el artículo Segundo que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte los indígenas, individual o colectivamente se tomarán en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución.

De igual manera establece que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su  lengua y su cultura.

Por su parte, el artículo Segundo Transitorio del decreto en comento estipula que al entrar en vigor estas reformas el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

Es decir, desde hace 15 años constitucionalmente los pueblos indígenas tienen el derecho de contar con intérpretes o traductores que conozcan sus costumbres durante todo los procedimientos judiciales que sean parte, pero lamentablemente la realidad dista mucho de la teoría.

El efectivo acceso a  la justicia y el debido proceso para los pueblos indígenas es y llega a ser para ellos un tortuoso procedimiento ante la falta de intérpretes y traductores, así como por la falta de capacitación de operadores de justicia, lo que constituye una terrible realidad y una constante en el territorio nacional.

Es inadmisible que existan  más de 8,000 indígenas que se encuentren compurgando penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, entre otros; y sólo existan 28 defensores públicos en todo el país que conocen de las lenguas indígenas, según reporta la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Este claro problema que viven frecuentemente sufren en gran medida la carencia de recursos humanos y económicos; la capacitación y certificación de traductores e intérpretes requiere de un esfuerzo sustancial por parte de los tres órdenes de gobierno con lo cual quienes se vean necesitados de ser asistidos por estos técnicos podrán contar con los profesionistas más calificados en su ramo.

Adicionalmente tanto a intérpretes como traductores se les debe de reconocer la importante función que ejercen durante  los procedimientos de procuración de  justicia que se sigue, con una retribución acorde a la actividad que realizan.

Por tal razón felicito a la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por el Senador Eviel Pérez Magaña, pues con el presente dictamen se exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativos Estatales a que incorporen en su legislación las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

También se solicita a los Poderes Ejecutivo y Judicial, Estatal a sus órganos de defensa de los derechos humanos a que valoren la pertinencia de celebrar convenios de colaboración con el Inali, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para acceder a los servicios de traducción e interpretación.

Y, finalmente, se solicita a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, se consideren recursos presupuestales para la procuración de justicia y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Dicho dictamen es fruto de la voluntad y el trabajo que realizó la Comisión de Asuntos Indígenas, que no se limitó solamente al trabajo de escritorio, sino por el contrario, realizó foros con especialistas en la materia que enriquecieron el contenido del punto de acuerdo presentado, con lo que podrá apoyar desde distintas áreas la actual limitante que subsiste en los procedimientos judiciales, seguido en contra de alguna persona perteneciente a un pueblo indígena.

Con acciones y acuerdos como éste se deja en claro que en el Senado de la República sí se puede trabajar en beneficio de la población sin importar ideologías o posturas partidarias.

Por tal razón solicito a las compañeras y compañeros Senadores vayamos a votar en favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para referirse al mismo asunto se concede el uso de la voz al Senador Isidro Pedraza Chávez.

Sonido en el escaño de la Senadora Luisa María Calderón. La Senadora Calderón solicita el registro como oradora.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias señor Presidente.

Compañeras, compañeros: Pareciera no tener importancia el respaldare el alcance de este punto de acuerdo, pero estamos hablando de incorporar y de acercar a la procuración de justicia a cerca de 14 millones de mexicanos en este país, y que de alguna forma este rezago en la aplicación de nuestras legislaciones obliga a exhortar a los gobiernos de los estados para poder actualizar este marco normativo.

Hay cosas que van urgiendo en nuestro país, cada estado tiene sus prioridades y vamos dejando rezagadas manifestaciones muy claras donde tenemos que hacer que el acceso a la justicia llegue en todos sus momentos a todos nuestros compatriotas en nuestro país.

Por eso, exhortar a los congresos de los estados a homologar sus leyes con la legislación federal es importante en este momento, en donde hemos visto una serie de reformas que dejan pues viva el reclamo de tener que considerar en las delegaciones locales derechos de nuestros compañeros indígenas.

Por otro  lado, cuando se habla y se exhorta que en la Cámara de Diputados tendremos o tienen que hacer el esfuerzo para asignar recursos para la procuración de  justicia, estamos hablando de que hay cerca de 6,000 indígenas en nuestro país procesados por diversos delitos, y que en  muchos de los cuales se requiere apoyo para el pago de fianzas.

Este año vimos que se redujo el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya del etiquetado se le redujeron casi 3,000  millones de pesos, y muchos de estos tienen que ver con este programa que se tiene para el pago de fianzas de compañeros indígenas, que a veces por haber talado un árbol tienen que estar en la cárcel,  y no alcanzan la manera de obtener su  libertad, y que las multas impuestas por estos delitos e infracciones los hacen perder mucho más que solamente la libertad, porque ellos son la  cabeza que mantiene un hogar, y ustedes saben, ahorita las condiciones precarias con las que se mantiene la familia en la zonas rurales de nuestro país.

Por eso, creo que es importante saludar el esfuerzo y reconocer del compañero Monreal, muy claras, el reconocimiento a la labor de esta comisión, aquí hay varios compañeros que en el tema, preocupados, han insistido en que estas cosas trasciendan, lleguen, y, por eso, creo que vale la pena que llamemos a todos a votar a favor de este punto de acuerdo, y que lo hagamos por la causa en donde en nuestro país vayamos cerrando esta brecha de injusticia para un sector del México rural que muchas veces no es visto ni atendido, y que solamente los llegamos a encontrar cuando andan en campañas electorales.

Gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para referirse al dictamen, tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Me permite desde aquí, señor Presidente.

Me parece muy pertinente este punto de acuerdo, no sé si es desde el año pasado que estuvo planteado, pero hoy estamos hablando de que se le asigne un presupuesto suficiente a la posibilidad de los pueblos indígenas de tener defensoría, sí es una garantía o un derecho que se les ha otorgado desde 2000 en la Constitución, sí se ha actualizado en la legislación, el hecho es que cada día se le quita más presupuesto.

Específicamente en el CIESAS, que es un Institución de Investigación Superior, se había otorgado un recurso muy específico y pequeñito para que indígenas que tienen educación superior pudieran ir a estudiar al CIESAS esta carrera de poder defender, de estudiar leyes que tuvieran también, armonizado con sus propias lenguas o entendido en sus propias lenguas, y que pudieran ir a ser defensores y cumplir la Constitución; sin embargo, se les quitó el presupuesto para esa carrera, así que yo estoy absolutamente de acuerdo en que hoy aprobemos ese punto de acuerdo, y que insistamos en la parte presupuestaria.

Ayer fue 12 de octubre, todo mundo hablamos de la grandeza de los pueblos indígenas, todos decimos que son un valor importante de nuestros pueblos originarios, pero al final obras son amores y no buenas razones.

Ojalá que todos insistamos con la Cámara de Diputados, que el presupuesto para pueblos indígenas, para justicia de pueblos indígenas y para habilitar y dotar de competencias a indígenas de sus propias comunidades en este acompañamiento justo, multicultural, que entienda sus valores a la hora de la defensa, pueda concretarse y no sea sólo letra muerta en la Constitución y en las leyes, así que me parece pertinente y, por supuesto, que estamos de acuerdo con ese punto de acuerdo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Calderón.

Tiene, a continuación, el uso de la voz el Senador Eviel Pérez Magaña, para referirse al dictamen.

El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

El efectivo acceso a la justicia ha sido un reclamo fundamental en las organizaciones sociales, sólo así ha sido posible contener la venganza como única forma de reparar agravios, a través de la historia la vara de la justicia se ha entregado a un hombre, a un grupo, a una asamblea, o a un tribunal.

México tiene tribunales constituidos bajo un completo sistema jurídico y día a día se hacen esfuerzos para mejorar lo que llamamos el aparato de justicia y sus operadores; sin embargo, nuestra diversidad cultural presenta obstáculos, quienes no hablan español con fluidez deben valerse de intérpretes y traductores para tener acceso a la justicia.

Si esa persona o grupo social hace valer sus derechos colectivos, carece de recursos económicos, se encuentra frente a un grave obstáculo para alcanzar ese derecho, siempre es así.

Consideramos que en el país se reconocen 364 variantes lingüísticas, derivadas de 68 lenguas indígenas que tienen un reconocimiento jurídico que las equipara al español como lengua nacional; y, sin embargo, persiste el problema de la falta de intérpretes y traductores, y la brecha de la implementación se hace enorme entre lo que debe ser y lo que nos encontramos en nuestra realidad.

Por eso el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, que ponemos a su consideración, derivado de la acertada proposición del Senador David Monreal Ávila, se refiere a tres aspectos relacionados con ese derecho.

Uno.- Relativo al reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, que de acuerdo con el artículo 2º constitucional, corresponde a las entidades federativas y, específicamente, garantiza el acceso a la jurisdicción del Estado, lo que da pauta a exhortar a las entidades federativas para que incorporen a su legislación reglamentaria, orgánica y procesal las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Dos.- El que tiende a promover la celebración de convenios de colaboración con el Inali, para acceder a los servicios de traducción e interpretación a través del Padrón Nacional que tiene a su cargo, al respecto se considera adecuado proponer al Pleno se exhorte a los tribunales locales, fiscalías y procuradurías de justicia de los estados, así como a los órganos defensores y garantes de derechos humanos de las entidades federativas para que valoren la pertinencia de celebrar dichos convenios.

Tres.- El que atañe a la cuestión presupuestaria, que podemos encauzar a través de un exhorto dirigido a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, lo anterior con el objeto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se consideren recursos presupuestales que se destinen a instituciones, órganos autónomos, dependencias y entidades que tengan a su cargo la administración y procuración de justicia, y la defensa y protección de los derechos humanos para cubrir los servicios de los peritos, intérpretes y traductores.

Con la finalidad de recabar mayores datos y puntos de vista sobre estos planteamientos, convocamos a una reunión de trabajo el 9 de  julio del año en curso, a la que asistieron representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y su Consejo Consultivo, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y la IV Visitaduría de la CNDH, Instituto Federal de la Defensoría Pública, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, así como del Estado de México, del estado de Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Veracruz y Yucatán.

Fue así como concluimos en la necesidad de impulsar la observancia de la ley a través de estos exhortos, a un lado de reformas y adecuaciones legislativas, las y los Senadores tenemos como atribución y mecanismo de control que nos permite en este caso exhortar a otros poderes de los tres niveles de gobierno para que actúen en su ámbito de competencia y hagan efectiva las normas constitucionales.

Ponemos a su consideración este dictamen conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos de que sólo el trabajo conjunto de las instituciones y de la sociedad hará posible liberar el piso de los derechos que en México debemos tener todas las personas, sin distingos, sin discriminación, máxime que los pueblos y comunidades indígenas, donde encontramos las raíces de la mexicanidad que nos hermana.

Solicito al Senador Presidente de la Mesa, insertaren el Diario de los Debates el texto íntegro de este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha quedado insertada su intervención, Senador.

En virtud de que se han agotado las intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, por favor, la Secretaría.

Sonido en el escaño de la Senadora Sonia Rocha, por favor.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Aprovechando el tema, a mí me gustaría pedirle al Presidente de la comisión si fuera posible que, dado que es un tema importante de recursos, que nosotros pudiéramos contar con la contadora Nuvia de CDI, para que nos informara de cómo están los presupuestos, y, por supuesto, en el afán de cooperar con el tema poder aportar y ayudar a este tema.

A mí me gustaría, si el Presidente así lo determinara, que la pudiéramos recibir en este Pleno, o en la comisión.

Le agradezco.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Eviel Pérez Magaña.

El Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Compañera Senadora, ya hice la solicitud a la Directora Nora Mayorga, para que venga a traer una plática en la comisión. Yo estoy seguro que en estos días será.

Próximamente yo le informo.

Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Pérez Magaña.

No habiendo otra intervención, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo.

Comuníquese.

Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se establece en las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

No habiendo intervenciones, tiene el uso de la voz la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente.

Para mí es un honor poder hablar a favor de este dictamen, por ser Senadora del estado de Morelos.

Pero el orgullo que puede permanecer en nuestros corazones, el Siervo de la Nación, al poder reconocerse una moneda conmemorativa a su aniversario luctuoso.

Es por ello, que hoy les solicito a mis compañeras Senadoras y Senadores, el votar a favor de este dictamen, una minuta que fue presentada por el Presidente de la República, y como decía José María Morelos y Pavón:

“Soy Siervo de la Nación porque esta asume la más grande y legitima e inviolable de las soberanías. El presente y el futuro de nuestro país, no se podría concebir, si en las grandes hazañas y gestas heroicas, ocurridas durante los movimientos como la Guerra de Independencia, causa social en la que se sentaron las bases de un México libre, de derechos, de igualdades, en el que hoy vivimos”.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental mantener vigente el legado de quienes nos dieron la patria y libertad.

En consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, en el cual se establecen las características de la Moneda Conmemorativa del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón.

Para razonar el sentido de nuestro voto, en principio reconocemos que con notables habilidades e incuestionable valor y sagacidad, el también llamado “Siervo de la Nación” tuvo un papel determinante para el éxito de la causa insurgente.

Morelos representa uno de los personajes más destacados de la historia nacional, no sólo trascendió en el ámbito militar, sino también lo hizo por medio de su ideología liberal y su empatía con las causas más justas.

Sin duda, fue una de las personas adelantada a su tiempo. Prueba de ello, es que desde aquella época concebía la educación como la herramienta más eficaz y efectiva para superar el rezago, la injusticia y la desigualdad.

Como no recordar su conmemorable frase “Que se eduque a los hijos de labrador y del barrendero como de los más ricos hacendados”.

Asimismo, adiciona la causa insurgente, hasta su muerte el 22 de diciembre de 1815. Siempre dejó manifiesto su liderazgo, su valor, su solidaridad y su patriotismo. Prueba de ello, es el mismo que decía: “Morir es nada cuando por la patria se muere”.

Así que esos 200 años, esta soberanía tiene a bien conmemorarlo con esta moneda, así que esperamos compañeras Senadoras y Senadores, poder refrendar nuestro voto y hacemos este llamado a que se sumen y junto mantengamos vivo el legado de uno de los más grandes héroes nacionales. José María Morelos y Pavón.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

Desde tiempos remotos, el uso de los metales o papel como moneda de curso legal, no sólo ha facilitado el intercambio de bienes y servicios, sino que constituye un instrumento fundamental para la economía de cualquier sociedad.

Las monedas y billetes, inevitablemente son identificados como “Objetos valiosos para la gente”.

De tal suerte, que en todo el mundo existe la tradición de plasmar en ellas, las imágenes más significativas del país.

Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar por algunas partes del mundo, hemos podido conocer la cultura de muchos países, a través de sus monedas y billetes.

Logrando identificar a los símbolos y personajes más importantes de las civilizaciones. Pasajes históricos, actividades económicas, paisajes y, sobre todo, los personajes que han marcado los destinos de la humanidad. Constituyen las imágenes representadas en el papel y las monedas de todo el mundo.

Indudablemente, nuestro país no es excepción y la gran variedad de billetes y monedas, impresos y acuñados por el Banco de México, han incorporado personajes de la talla de Miguel Hidalgo, Sor Juana Inés de la Cruz, Nezahualcóyotl y Frida Kahlo. Además de difundir la imagen del Escudo Nacional.

Por ello, es importante mantener el legado de José María Morelos y Pavón.

Es todo, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador.

Está abierta a la discusión.

No habiendo más intervenciones, agotada la lista.

Ruego a la Secretaría se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

Abráse el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Estimada Senadoras y Senadores, les informamos que continúa abierto el sistema de votación. Si hay algún Senador o Senadora que aún no lo haga, en este momento puede hacerlo.

Pregunto si hay algún Senador o Senadora que aún falte por emitir su voto.

Senadora Hilaria, el sentido de su voto, por favor. A favor.

Senador Romero Lainas, a favor.

Senador Mario Delgado, el sentido de su voto, a favor.

Senador Ríos Piter, a favor.

Senador Ernesto Cordero, a favor.

¿Algún otro Senador o Senadora?

Senador Gerardo Sánchez, a favor.

Senadora Lilia Merodio, a favor.

Senador Alejandro Fernández, a favor.

Senador Yunes Zorrilla, a favor.

Senadora Mely Romero, a favor.

Senador Ruffo, a favor.

¿Alguien más, algún Senador o Senadora?

Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, además de los votos aquí emitidos de manera verbal, se registraron 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

VER DETALLE

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Ruego su atención a la Asamblea.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y se adiciona una fracción al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal.

Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 24 de septiembre del año en curso.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar moción suspensiva.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La tengo registrada para la presentación de moción suspensiva inmediatamente después de que presente la moción que ha formulado el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Con fundamento en los artículos respectivos, formulamos una moción suspensiva a fin de que el debate que propone la discusión y aprobación del dictamen que contiene la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, se interrumpa a efecto de que el asunto objeto del dictamen sea devuelto a las Comisiones Unidas.

Los hechos y motivaciones para esta moción suspensiva son los siguientes.

Uno, el dictamen que se pretende someter a discusión y aprobación, no ha sido motivo de consulta a expertos, no hubo audiencias con académicos ni reuniones de trabajo con ellos.

Dos, el dictamen no se acompaña de una evaluación sobre el impacto presupuestario, tal y como lo ordena el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto establece lo siguiente:

“Las Comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

‘El Ejecutivo realizará una evaluación del impacto presupuestario y tomará las medidas correspondientes”.

Tres, el dictamen no fue discutido en las Comisiones artículo por artículo. Se evitó una deliberación a fondo sobre las deficiencias que pudimos haber presentado.

Cuatro, el dictamen no contiene la regulación de un derecho de réplica, sino en todo caso, de un derecho a la rectificación; ni maximiza el derecho de réplica en contra de los artículos sexto y primero de la Constitución, y 14 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos.

Cinco, desde nuestro punto de vista, el dictamen presenta las siguientes deficiencias en contra de la Constitución y de los derechos humanos:

El artículo segundo, fracción II, limita el alcance del derecho humano de réplica; establece que ese derecho sólo es respecto a derechos inexactos y/o falsos; no se contempla la complejidad de la réplica que puede implicar rectificaciones de hechos inexactos o falsos, aclaraciones de puntos de vista y opiniones que resulten agraviantes, respuestas de diversos tipos que las personas puedan hacer a los medios respecto a informaciones agraviantes.

El dictamen regula un derecho de rectificación, pero no uno de réplica, pues deja fuera a las alusiones y opiniones, y restringe a otros preceptos, artículo quinto, la réplica contra la crítica periodística.

Sólo las personas físicas y morales pueden promoverla en este caso, excluyendo a colectivos sin personalidad jurídica.

La norma es violatoria del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que extiende la réplica a supuestos que van más allá de hechos inexactos o falsos contra toda información agraviante, y también respecto a la información cinematográfica.

Además la disposición violenta el derecho de las audiencias previsto en el artículo 6-B, fracción VI de la Constitución, porque los derechos humanos son interdependientes.

Y el derecho al honor, a la intimidad de las personas que es protegido por la réplica, está también vinculado a todos los derechos que tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Segundo, el artículo tercero no establece la legitimación legítima ni difusa en materia de réplica.

Se deja fuera a los grupos sociales que no estén constituidos legalmente y no cuenta con un representante legal, es decir,  los grupos sociales, las ONG’s podrán quedar sin protección, violenta esta disposición el artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución, porque no maximiza el derecho, no es una disposición que garantiza el derecho de réplica, de manera pro homine,  también vulnera el derecho de las audiencias contemplado en el artículo 6-B fracción VI de la Constitución.

El artículo 5, que refiere a la crítica periodística, no da lugar derecho a la réplica, cuando ésta no tiene que ver con una persona física o moral.

De esta suerte, las cuestiones generales que tengan que ver con colectivos sociales, económicos, religiosos o ideológicos, quedan fuera de la protección de la réplica.

Lo anterior, entraña una violación al párrafo quinto, artículo 1º de la Constitución, que prohíbe la discriminación, y que garantiza la dignidad humana, igualmente se violenta el derecho de las audiencias.

Cuarto. El artículo 10, prevé un plazo de 5 días hábiles para presentar la solicitud de réplica ante el medio de comunicación.

Debiera ser un plazo más amplio, por ejemplo, 60 días hábiles constituyen un plazo razonable, si no se hace la solicitud de réplica en ese plazo, el derecho precluye, es decir,  no se podrá ejercer posteriormente, es un plazo muy corto que hace nugatorio el derecho, el derecho que estamos supuestamente reglamentando.

Por otra parte, no se prevé el supuesto de personas que entren mucho tiempo después de la información, motivo de la réplica.

Quinto. El artículo 10, establece requisitos excesivos  para el solicitante de réplica. Esta norma, entraña una afectación directa a la réplica, la solicitud de réplica al medio de comunicación no debe implicar la exigencia de ningún requisito, tanto por razones jurídicas como materiales; jurídicas, porque en la réplica los derechos son de los ciudadanos que la promueven, y las obligaciones, entre ellas, a cargo de la prueba, recaen en el medio de comunicación; materiales porque el que cuenta con…

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, don Manuel Bartlett, un momento por favor.

Senador Javier Lozano, Alarcón, ¿para qué asunto?

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Presidente, esto no es una moción suspensiva, es una tomada de pelo.

El señor está fijando posición sobre el dictamen, entonces si es moción suspensiva, a lo que nos truje y si no, entonces fije posición a la hora que corresponda sobre el dictamen, porque ya está hablando sobre el contenido del mismo.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro: Gracias, Senador Javier Lozano.

Le pido nada más al Senador Manuel Bartlett, que se centre en lo que señalan los artículos 105 y 106, los argumentos para poder presentar, desde luego la moción suspensiva y él tendrá la libertad ahí para manejar eso, pero desde luego que sí, tendrá que sujetarse a lo que establece el 105 y 106 de nuestro Reglamento.

Adelante, Senador, le pido que concluya, son cinco minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Qué bueno, señor Presidente, porque no le entendí nada en su jeringonza esa, oposicionista.

Materiales, porque el que cuenta con las pruebas y las tiene directamente a su alcance, es el propio medio de comunicación, la abundancia de requisitos restringe la garantía del derecho, además la norma no facilita la solicitud de réplica a través de vías  como el Internet.

Sexto. Los artículos 11 y 12, establecen plazos de tres días hábiles para que el medio resuelva y notifique al solicitante.

La ley no obliga a los medios a fundar y motivar sus resoluciones, y los pasos son muy amplios, los plazos deberían de ser máximo de 24 horas en cada caso, para no hacer nugatorio el derecho como lo hace esta iniciativa.

El artículo 19, prevé las diversas causas de negativas  que pueden esgrimir los medios de comunicación para rechazar la réplica de los ciudadanos, son excesivos.

La fracción I, constituye un absurdo lógico, porque la réplica es un derecho del ciudadano y no del medio, el que tiene que estar o no satisfecho con la información es el ciudadano y no el medio.

La fracción II, señala que si en cinco días hábiles no se presenta la solicitud, el derecho precluye.

La fracción III, determina que la réplica se niega si se trata de…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Manuel Bartlett, me permite, por favor.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

Nada más les informo, que son sólo cinco minutos para presentar una moción suspensiva, y que sí tenemos que ajustarnos a los tiempos, ¿por qué? Porque hay una serie de propuestas, de discusiones en lo subsecuente. Nada más sí les pediría que nos ajustemos al tiempo reglamentario, porque habrá tiempo para fijar posiciones de cada Grupo Parlamentario, y ahorita sólo estamos viendo los argumentos del por qué este Pleno debiera de autorizar o no una moción  suspensiva.

Sonido en el escaño de la Senadora Cristina Díaz Salazar.

La Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Senador Vicepresidente, yo nada más le pido que, por favor, nos ajustemos al Reglamento del Senado.

Si leemos el artículo 105 y 106, usted los conoce muy bien, es muy claro para la presentación de una moción suspensiva, no solamente tiene que ver con el tiempo, el tiempo que ya está rebasado, sino también con el contenido con el que se está presentando la moción suspensiva.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Le pediría al Senador Manuel Bartlett que si concluye, por favor, para continuar con el trámite parlamentario.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Nos están haciendo perder el tiempo.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Isidro Pedraza.

Sonido, por favor.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Precisamente en el marco de la esencia de esta discusión, había que expresar tolerancia, para que el compañero que está en tribuna, pueda argumentar en su derecho lo que considera que son elementos para llamar a la moción suspensiva.

Por eso no podemos, en el marco del Reglamento y del tiempo,  hemos tenido muchos tiempos perdidos, y aquí son tres minutos solamente los que está rebasando, y creo que la madurez de muchos Senadores debe privar para que sea sensatez y podamos tener oportunidad de una discusión.

Muchas gracias, Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador, Isidro Pedraza.

Nada más le informo que antes de entrar a la discusión de este dictamen hay 16 oradores inscritos, y la idea es que todos tengan la oportunidad de participar de acuerdo a los tiempos reglamentarios que señala, tanto en nuestra Ley Orgánica del  Reglamento.

Le pido al Senador Manuel Bartlett que pueda concluir, por favor, su presentación de la moción suspensiva.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: El artículo 30 le da al medio un plazo de cuatro días para contestar después del emplazamiento del juez de distrito. Es un plazo enorme que favorece al medio, la contestación debe realizarse un plazo de tres días, después del emplazamiento.

El artículo 35, regula la apelación ante el Tribunal Unitario, situación que prolongará, junto con los juicios de amparos,  los procedimientos Sine die

Trece. El artículo 36, le concede a los medios, tres días hábiles después de la resolución definitiva para publicar la réplica. Es un plazo que favorece  a los medios, la publicación debe hacerse inmediatamente.

Los artículos 38, 39 y 40,  contemplan sanciones pecuniarias a los medios que no acaten las resoluciones en materia de réplica, nunca se prevé como sanción para los medios la revocación de las concesiones, autorizaciones o permisos.

Es una ley que tiene las siguientes deficiencias: favorece a los medios, para empezar, y eso es algo que es importante que lo conozcan antes de empezar a discutir, porque no conocen el dictamen, favorece a los medios y no favorece a los gobernados, restringe el alcance protector del derecho de réplica y, en realidad, se  regula una rectificación, contempla un procedimiento judicial farragoso, que hace nugatorio el derecho, determina la carga de la prueba al titular del derecho, faculta los medios a negar las réplicas con cualquier pretexto.

Artículo 19. No garantiza el derecho de réplica de los colectivos que no están constituidos jurídicamente, las sanciones a los medios implica multas,  jamás su revocación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos, primero, se dé trámite parlamentario a la moción suspensiva.

Segundo.  Se interrumpa el debate, discusión y aprobación del dictamen que contiene la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, hasta que se produzca un debate amplio, serio e informado sobre la materia en cuestión que no se dio en las comisiones.

Muchas gracias señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador don Manuel Bartlett Díaz.

Tal y como lo ha expuesto y solicitado el Senador Manuel Bartlett Díaz y con fundamento en los artículos 105 y 106 de nuestro Reglamento, procederemos a desahogar su solicitud de moción suspensiva.

Pero antes informo a la Asamblea que la Senadora Angélica de la Peña Gómez, ha solicitado el uso de la palabra para el mismo efecto. 

Sólo le informo a la Asamblea que podemos votar sólo una moción suspensiva en cada uno de los dictámenes que se vayan a discutir. 

Entonces, después de que exponga sus argumentos la Senadora Angélica de la Peña, procederemos a la votación correspondiente.

Tiene el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Presidente.

Con fundamento en los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado, presento la siguiente moción suspensiva para la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de  Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria al artículo sexto constitucional.

Primero.  La minuta aprobada por las comisiones a las que hice referencia, interpretan y pretenden reglamentar indebidamente el derecho de réplica mandatado por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007.   La minuta carece, como debiese ser el fundamento esencial, de perspectiva de derechos humanos justamente esa es la materia de la Ley de Réplica.

Segundo.  Las comisiones presentan un dictamen que establece un procedimiento con demasiados candados, instancias, excepciones, requisitos y un extenso procedimiento que impide, en vez de garantizar a las y los ciudadanos la efectividad del derecho de réplica en abierta violación al artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consigna que la réplica o rectificación debe poderse ejercer por información inexacta o agraviante, la ley que se pretende, por cierto, hoy aprobar, se limita a reconocer el derecho frente a la información falsa o inexacta.

Tercero.  Las comisiones dictaminadoras desconocen la especial naturaleza de la réplica en materia político-electoral, la cual se encuentra prevista y se desarrolla en los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya efectividad depende sobre todo de un procedimiento sumarísimo que permita la inmediata y eficaz rectificación de la información falsa o inexacta, pues de su oportunidad depende el efectivo resarcimiento de los derechos afectados, así como el establecimiento de las condiciones de equidad en la contienda política.

Cuarto.  El Grupo Parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática consideramos que el proyecto, en los términos aprobados por las comisiones dictaminadoras es inconstitucional y contiene contradicciones con otras normas.   Por ejemplo: Con la Ley  General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  otra ley, la Ley de Imprenta, siendo una ley tan vieja, resulta mucho más protectora que esta ley en la que hoy nos estamos ocupando;  la Ley de Telecomunicaciones, que aquí discutimos ampliamente, y por supuesto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que mencioné.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno la siguiente moción suspensiva, con un solo punto.

Único.-  Se aprueba la presente moción suspensiva del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo sexto constitucional, párrafo primero en materia del derecho de réplica y que reforma y adiciona, además, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con objeto de que sea devuelto a las comisiones dictaminadoras, se haga su respectiva revaloración y estudio, y cumpla con el diseño que nos mandató la Constitución cuando fue reformada en su artículo sexto constitucional.

Es cuanto Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que en los términos reglamentarios sólo se requiere una votación suspensiva cuando en los términos que lo señala el artículo 106 de nuestro Reglamento,  y por ello consulto a la Asamblea si esta moción presentada es respaldada cuando menos por cinco Senadores, para que pueda dársele el trámite reglamentario.

Tome nota la Secretaría y, obviamente, en este caso solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción suspensiva presentada.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a debate la moción presentada.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Mayans.

¿Para qué asunto, Senador?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para solicitarle que la votación sea en el tablero electrónico.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres:     ¿Quiénes respaldan su propuesta?

Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos para recibir la votación relativa,  si se admite o no la discusión, la moción presentada por el Senador Manuel Bartlett, y que fue respaldada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres:   Sonido por favor en el escaño de la Senadora Cristina  Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño)  Pido nada más, subrayando el sentido de la votación para la Asamblea, por favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, como no. 

Quienes están en pro o a favor estarían apoyando la moción. 

Los que estén en contra de la moción tendrían que votar, obviamente, en contra de la misma.

Entonces los votos a favor serían para respaldarla, y en contra para estar en desacuerdo con la misma.

(Se recoge la votación electrónica)

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente le informo que se emitieron 25 votos a favor, 45 en contra.

Desechada la moción, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Continuamos con la discusión del dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

En el uso de la palabra, Senadora Díaz Salazar. 

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad de Estudios Avanzados, Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert, quienes asisten al Senado para ser testigos del trámite del desarrollo de carácter legislativo en este órgano.

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias señor Presidente. 
Compañeras y compañeros Senadores: El dictamen que hoy exponemos a su consideración tiene como finalidad expedir la Ley Reglamentaria del artículo 6º párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley en comento está comprendida  por 42 artículos divididos en cuatro capítulos. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. A partir de su expedición toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado y que le cause un agravio.

De igual manera se establece el proceso y, en su caso, el procedimiento que deberá seguir la persona agraviada para ejercer este derecho. Serán sujetos obligados los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica.

De la misma manera la crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica, subrayo, la crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica. En este tenor la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta acumulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

Cabe destacar que en el proyecto a su consideración establece un medio de ejercicio autónomo del derecho de réplica para que la persona afectada por la información falsa o inexacta en su contra pueda ejercerlo frente al medio que la generó o difundió. No obstante, y de ser el caso de no concederse la réplica en las mismas condiciones en las que difundió la información podrá iniciar un procedimiento jurisdiccional para reclamar su derecho a la réplica, así como la debida reparación del daño en caso de ser procedente.

Tratándose de transmisiones en vivo por  parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audios restringidos, si se permitiera ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión en la extensión y términos que prevé la ley.

Si no es el caso anterior la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar del sujeto obligado en un plazo no mayor a cinco días hábiles un escrito donde contenga la solicitud de réplica que deberá limitarse a la información que la motiva, conforme lo estipulado en la ley.

Si la solicitud de réplica se considera procedente, el sujeto obligado deberá publicarla o transmitirla al día siguiente al de la notificación de la resolución cuando se trata de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos.

Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente sin intercalaciones en la misma página con características similares  a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

Si se trata de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión, o uno que preste servicio de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada, para ello en un plazo máximo de 24 horas, contadas a partir de la fecha que se resuelve la procedencia de la solicitud de réplica.

Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dio origen a la réplica adquirida o proveniente de agencias de noticias o de productores independientes, están obligados a difundir la réplica o rectificación respecto a la información falsa o inexacta que estas les envíe para lo cual en sus contratos o convenios deberá quedar asentado. El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día siguiente al de la notificación de las agencias o productores independientes.

Asimismo, la ley establece claramente los casos mediante los cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, y que no podrán ser otros que los descritos en el artículo 19 de la ley. Ante ello el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificarla a la persona solicitante en el término de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que emitió su resolución acompañando las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

Se reconoce el acceso a la intervención jurisdiccional para exigir la garantía del derecho de réplica cuando se esté en contra de la resolución emitida mediante el procedimiento anteriormente expuesto ante un juez de distrito, especializado en la materia para su debida sustanciación bajo el siguiente procedimiento.

La solicitud el inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el juez de distrito competente dentro de los cinco días hábiles siguientes o  a los que se produzca alguno de los siguientes supuestos.

1.- Reciba la notificación sobre la resolución del procedimiento referido en el artículo 12.

2.- Que no haya recibido la notificación.

3.-  Que no se haya producido resolución en los términos previstos por la ley.

En el procedimiento judicial del derecho de réplica no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento en caso de que los hubiere, y se resolverá emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Dentro de los dos días hábiles siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda o en su caso concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes, audiencia-desahogo de pruebas y alegatos dentro de los cuales podrá dictar sentencia o, en su caso,  dentro de las 24 horas siguientes.

Si la sentencia determinara la procedencia de las pretensiones del demandante, el juez además podrá imponer la sanción establecida y ordenar el medio de comunicación, ya sea agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información, difundir o publicar la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de los 3 días hábiles siguientes.

Y en contra de las resoluciones que el juez emita, de conformidad con la presente ley, procede el recurso de apelación en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Y cabe hacer mención que los casos en que el afectado sea, y lo subrayo, un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrados, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta ley. Y en estos casos, las sentencias que dicten los jueces competentes, serán notificadas a la autoridad electoral competente.

El procedimiento judicial en materia de réplica es independiente del derecho que le asiste a toda persona para reclamar judicialmente la reparación de los daños o perjuicios que se hubieren ocasionado en su contra con motivo de la publicación de la información que se le atribuya. En resumen, el derecho de réplica está garantizado para todos.

2.- En Comisiones Unidas se aprobó el dictamen, el cual contempla multas y sanciones a quienes como sujetos obligados incumplan el derecho de réplica.

3.- La ley atiende a la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho de las personas al acceso permanente y suficiente a la información, primero, objetiva, completa y veraz.

4.- El dictamen por el que se expide la Ley Reglamentaria en materia de Réplica, de ninguna manera es excluyente, contradictorio y no limita el derecho del ciudadano.

5.- Se podrá exigir a los medios de comunicación masiva la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación cause un agravio a la persona.

Con esto se supera el vacío legal que impide hacer valer este derecho fundamental consagrado en la Constitución. Y es una carretera de ida y vuelta, en donde si la información transmitida a partir de un prestador de servicios de radiodifusión o televisión y audios restringidos, la rectificación de la réplica tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que lo haya motivado.

Es decir, se parte del reconocimiento pleno de un derecho fundamental de protección de la persona, de manera que ante la vulneración de su honor y su vida privada, esta puede ejercer una acción restitutoria y de ello garantizar por la vía jurisdiccional la obligación hacia la reparación del daño.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Cristina Díaz Salazar.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

En el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidente.

Señoras y señores legisladores:

Pues, el día de hoy las Comisiones Unidas de Gobernación; Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda, someten a consideración de este Pleno el dictamen relativo a la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 6º Constitucional en materia de Derecho de Réplica, así como el que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Es importante señalar que este dictamen tiene como origen la reforma constitucional al artículo 6º que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 13 de noviembre del año 2007.

Esta reforma, en materia político-electoral, tuvo un componente muy importante con el establecimiento constitucional del derecho de réplica. Desde esta fecha, pues, estamos en deuda en el Congreso de la Unión para generar la legislación secundaria, que deriva justamente del establecimiento de este derecho en la constitución.

Además es importante precisar que la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones introdujo en un tercero transitorio, en el artículo tercero transitorio también la obligación al Congreso de la Unión para regular el derecho de réplica, y de esta manera es que las Comisiones Unidas hoy plantean este dictamen que se somete a su consideración y que tiene además su origen en una minuta que nos fue remitida por la Cámara de los Diputados, y que a su vez recoge diversas iniciativas realizadas por distintos legisladores de la legislatura anterior.

La regulación del derecho de réplica atiende a una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el acceso permanente y suficiente a la información objetiva, completa y veraz, garantizando al mismo tiempo de que se genera este derecho a la información, también el acceso a instrumentos jurídicos eficaces que le permitan exigir al ciudadano la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, en su honor o en su imagen.

Estamos hablando de dos derechos que corren de manera paralela, y cuyo equilibrio es necesario entender y también generar los controles eficaces para, por un lado, garantizar el derecho a la libertad de expresión; pero por el otro, también garantizar este derecho de réplica.

En el ámbito internacional, el derecho de réplica tiene en su origen en los derechos del hombre y del ciudadano, como respeto a la vida, a la intimidad, el honor, a su imagen, y está también previsto en distintos instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros.

El dictamen que hoy se somete a su consideración tiene aspectos importantes, que me permitiré señalar de manera resumida.

Se establece, por supuesto, el concepto de derecho de réplica como el que tiene toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que se salud, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación les cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada o en su imagen.

También se establece la forma en que una persona física o moral puede ejercer ese derecho de réplica, la posibilidad de solicitarlo o de ejercerlo cuando no se tiene o se encuentra imposibilitado e incapacitado.

También se señala dentro de la ley quiénes son los sujetos obligados de la misma, señalándose que son medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

También se establece dentro de la ley la forma en que se ejercerá el derecho de réplica cuando derive de crítica periodista y la forma en que la misma, en que este derecho estará regulado.

También, en este proyecto, se establece la forma en que se ejercerá el derecho de réplica cuando el mismo deriva de inserciones pagadas.

Se establece también la necesidad, la obligación a los sujetos obligados para que designen responsables para recibir las peticiones de derecho de réplica y para que las resuelvan.

Se establece también la posibilidad de que cuando un medio cuente con un defensor de audiencias, pues, este mismo pueda ser responsable.

Se señala en la misma ley que la persona que desee ejercer el derecho de réplica contará, en la primera fase del mismo que se hace ante el mismo medio de comunicación o emisor de la información a que se refiere la réplica, con cinco días hábiles para interponer su solicitud. En el caso de que se trate de programas en vivo y el formato lo permita el derecho de réplica podrá hacerse durante la misma transmisión, si no es el caso, pues contará el afectado con cinco días para interponer su derecho, el medio, o el emisor de información contará con un plazo de tres días hábiles para emitir la resolución correspondiente y tres días para notificarla.

A partir de la notificación, si ésta contiene esa resolución, contiene la aceptación del derecho de réplica, contará con un plazo de un día hábil para formular la misma; es decir, ya sea que sea medio impreso o de radiodifusión.

Es importante precisar que la ley contempla que esta réplica deberá limitarse a la información que la motiva, y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones. También es un elemento fundamental de la ley, que fue ampliamente discutida en las Comisiones Unidas, pues es el hecho de que ante la negativa de otorgar la réplica por parte del medio, o bien cuando ésta no se hace de acuerdo con lo que se estableció en la propia resolución, pues el afectado podrá acudir a un procedimiento jurisdiccional que establecerá ante el propio poder judicial, y por eso también, junto con este dictamen hay otro en donde se hace una modificación para establecer las facultades de juzgados de distritos para conocer, en primera instancia, este recurso, en donde también se establecen dentro de la ley los plazos para interponer este procedimiento ante instancias jurisdiccionales que son también breves, y que una vez que se genere la resolución también se establece un recurso de apelación.

Finalmente, quisiera señalar que hay algunos otros instrumentos procesales importantes para garantizar que el derecho de réplica se dé sin cortapisas, inclusive se establece un incidente, y en ejecución un capítulo de sanciones. Y solamente señalaría que, sin duda, como todo instrumento normativo, como todo instrumento legislativo, seguramente el presente dictamen que ponemos hoy a su consideración, es perfectible y, seguramente, en el futuro el mismo podrá tener adecuaciones legislativas para irlo perfeccionando.

Lo que yo creo que es importante que reflexionemos el día de hoy es que después de casi 8 años en que no se ha cumplido con la obligación de brindarle a nuestro país una ley que regule el derecho de réplica, hoy es hora de que lo hagamos, que creo que esta ley tiene elementos importantes que la hacen una ley que cuenta con los elementos mínimos indispensables para establecer estos procedimientos, para ejercer el derecho de réplica en México.

Y por ello, hoy las Comisiones Unidas, una vez que han dictaminado este proyecto, lo someten a consideración del Pleno, y, por lo tanto, solicitamos sea votado a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega Martínez.

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros:

Quiero, en primer término, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, presentar lo correspondiente a este dictamen que las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a la consideración de este Pleno para emitir la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho a réplica, que retoma en sus términos, sin ninguna modificación, la minuta que fue enviada a este Senado de la República por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre del 2013, con el objeto de hacer esta reglamentación del artículo 6º constitucional.

Y, como, efectivamente, lo han señalado las Senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra, en esta legislación se pretende establecer los mecanismos para garantizar y reglamentar el ejercicio de este derecho humano consagrado en nuestra Constitución, y define el derecho de la réplica como el derecho de toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto a datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados; lo que implica definir los sujetos obligados al ejercicio de este derecho que son fundamentalmente todos los concesionarios de los medios de comunicación, que se trata de un servicio de carácter público.

Y establece, en el mismo dictamen, que todas las personas podrán ejercer este derecho respecto a información falsa o inexacta que emitan los sujetos obligados y le causen agravio y, al mismo tiempo, podrá ejercerse este derecho cuando una persona física no pueda hacerlo de manera directa y lo podrá hacer a través de su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos en línea directa, ascendente o descendente hasta el segundo grado.

Señala que en materia electoral el derecho de réplica sólo podrá ser ejercido por los afectados, por las personas morales, y lo podrá hacer a través también de su representante legal. Y en el artículo 4º, lo dijo aquí la Senadora Pilar Ortega, los sujetos obligados son: los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes, y cualquier otro emisor de información responsable del contenido.

En el mismo dictamen se establecen los procedimientos, bastante complejos para el ejercicio de este derecho, y señala los casos en los que el sujeto obligado podrá negar la solicitud de réplica. Por ejemplo, cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado, cuando no se ejerzan los plazos y términos previstos en la ley, cuando sea ofensiva o contrarias a las leyes, cuando la persona no tenga interés jurídico en información controvertida, cuando la información previamente haya sido aclarada, o cuando la réplica verse sobre la información oficial, que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público.

En el dictamen de la minuta de Cámara de Diputados se establece el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, estableciendo que: será competencia exclusiva de jueces federales y se iniciará a petición de partes, y una vez que admita el juez la solicitud mandará a emplazar en forma inmediata al sujeto obligado para que otorgue este derecho, y en caso de que incumpla se establecerán sanciones, las cuales se ejercerán o ejecutarán a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En síntesis, es parte del contenido del dictamen. Sin embargo, yo sí quiero dar a conocer, en mi opinión personal, como lo hice en las propias comisiones dictaminadoras.

Creo, en primer lugar, y desde mi punto de vista, que el dictamen establece un conjunto de contradicciones normativas que van no solamente a dificultar el ejercicio pleno de este derecho consagrado en nuestra Constitución, sino que van a generar confusión y burocratismo para el propio desarrollo e instrumentación de la ley.

Ya que, por ejemplo, en este tiempo transcurrido, de diciembre de 2013, al momento que estamos discutiendo esta minuta ha habido reformas constitucionales y legislativas importantes. Pongo, por ejemplo, lo que fue en materia de reforma política electoral las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 47, en el párrafo tercero, establece que: “El derecho de réplica para los partidos políticos, los candidatos y precandidatos, que inclusive ya ha funcionado y ha generado jurisprudencia, se sujetará a lo que se llama el procedimiento especial sancionador ante el Tribunal Electoral.

Con lo cual entra en contradicción con el dictamen que hoy estamos aquí debatiendo, y que con toda seguridad habría espacio a contravertir este propio  dictamen en caso de que se apruebe.

Hoy llevará a la  búsqueda de amparo por las personas que se vean afectadas, toda vez de que debió haberse respetado la reforma que aprobamos aquí en el Senado de la República para que el derecho de réplica en materia electoral se ejerciera a través de las autoridades electorales y no de la autoridad civil.

En segundo lugar, también hay que señalar que en este período hubo una modificación al artículo Sexto Constitucional en donde se estableció como parte de los derechos humanos que derivan de la reforma del 2011, el derecho de las audiencias, y bien lo dijo el Senador  Bartlett aquí, en su primera intervención, son derechos plenamente concatenados que están ligados, el derecho de las audiencias y el derecho de réplica en donde no puede hacerse omisa esta ley en lo que se refiere al ejercicio de ambos derechos, particularmente cuando los sujetos obligados se trata de particulares que gozan de concesiones públicas.

Al mismo tiempo de que van a generarse estas dos contradicciones, hay ambigüedad en algunas partes del articulado.

Por ejemplo, el artículo cuarto, establece que los sujetos obligados en materia de derecho de réplica son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes, y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

Pero, en el párrafo siguiente del mismo artículo, el segundo párrafo, se excluye de manera justificada a los medios de comunicación de esta obligación, con lo cual pues va a ampliarse de manera muy significativa el margen de discrecionalidad en la interpretación de la ley, particularmente por los concesionarios de los medios de comunicación.

De la misma forma, en el artículo quinto, hay confusión respecto a las definiciones en  materia de crítica periodística, en donde no solamente no hay una definición clara de los distintos tipos de información periodística que pueden presentarse, particularmente en lo que se refiere a la editorialización de notas o comentarios de quienes salgan al aire, ya sea a través de la televisión o de la radio, y con lo cual se pretende que sean prácticamente incontrovertibles estos juicios de valor que pudieran emitir quienes gozando del micrófono o de la pantalla puedan afectar el prestigio o la calidad moral de cualquier persona o de cualquier personal moral.

En el artículo sexto se abre lamentablemente una especie de mercado del derecho de réplica cuando se refiere a que en el caso de inserciones pagadas quienquiera ejercer el derecho réplica tendrá que hacerlo a través del mismo procedimiento, y yo quisiera ver quién pudiera pagar los cientos de miles de pesos que cuesta un desplegado en cualquier  periódico o un  mensaje comercial en la televisión cuando alguna particular pues ejerza, difunde un acto, en un acto de infamia información contraria a la persona.

Y, pues, lo cierto es que eso va a abrir también, además de este mercado de lo que es el derecho de réplica una especie de triangulación en el ejercicio de estos recursos en donde en procesos electorales a través de inserciones pagadas dentro del proceso se pretenderá que los propios partidos o candidatos vuelvan a pagar inserciones cuando esto está prohibido en la legislación electoral vigente.

Por eso, nosotros insistimos en que en la construcción de un verdadero Estado democrático debe haber como un  principio rector el respeto pleno a los derechos humanos y dentro de estos derechos humanos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, pero también el respeto a los derechos de la réplica y de las audiencias, lo cual, lamentablemente con esta legislación no se logra, porque incluso desde las propias definiciones existen contradicciones.

Nosotros hemos insistido en que debió haberse modificado la redacción en cuanto al concepto de derecho de réplica, retomando la que ha propuesto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que señala:

“El derecho de réplica es un derecho fundamental, elevado a rango constitucional” Es decir,  que es una garantía que permite proteger la dignidad del individuo frente a las intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación.

En ejercicio de dicho derecho, una persona que se vea afectada por los dichos difundidos por un tercero, tiene derecho a que se publique a través de los medios de comunicación, su rectificación o respuesta a los extendidos de manera infundada.

Y abunda, el derecho de réplica, por una parte, es el contrapeso entre el derecho a la honra y la dignidad de la persona, y el derecho a la libertad de expresión.

Que por cierto en la discusión y el debate sobre la libertad de expresión es un debate que se ha dado a lo largo de todos los procesos constitucionales en  nuestro país, y particularmente  desde el Constituyente del 57, cuando se estableció con toda claridad que la libertad de prensa no solamente era un asunto de importancia social, sino una garantía fundamental para el desarrollo  democrático del país.

Ahí están  las argumentaciones de Francisco Zarco, quien por ejemplo, citando a un famoso escritor inglés, decía: “Quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y de escribir conforme a mi conciencia”

Y de ahí que en el Constituyente del 57, en el artículo séptimo de la Constitución, se prohibió, hubo la prohibición expresa apoderarse de los medios mecánicos para la impresión, encarcelar a los voceadores que hacían circular  los impresos, se prohibió la censura previa, así como establecer fianza.

Y de esta manera desde el 57 se crearon las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, lo cual fue ratificado, después de la Ley de Imprenta, que seguramente el Senador Corral se referirá a ella en esta tribuna, en el Constituyente de 1917 en donde se estableció ya también el artículo séptimo, que es inviolable la libertad de escribir o publicar escritos sobre cualquier materia, y ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir la fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límite que el respeto a la libertad privada a la moral y a la paz pública, y en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.

Y de ahí la importancia de entender que no solamente es un contrapeso el derecho de las audiencias y el derecho de réplica a lo que es el ejercicio pleno de la libertad de expresión, sino que también es el instrumento cuando en el uso indebido de la libertad de expresión se generen infamias en demérito de  las personas o de instituciones públicas o privadas, porque esta es una ley que alcanza a todos.

Y, de ahí –concluyo, señor Presidente- que la Suprema Corte de  Justicia de la Nación allanándose a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a lo que  son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha suscrito nuestro país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha definido algunas resoluciones que entran en contradicción con lo establecido con el proyecto de dictamen.

Y, aquí sí queremos ser firmes y categóricos, ya que tratándose de un derecho humano, establecido en nuestra Constitución es imperativo en su cumplimiento el Estado debe de garantizar plenamente el ejercicio de este derecho, y al mismo tiempo debe asumirse que en el ejercicio de este derecho debe prevalecer la protección más amplia posible a las personas, en favor de las personas, en favor del ejercicio de este derecho y por eso en la Reforma Constitucional señalamos como el principio pro persona como uno de los criterios fundamentales en el ejercicio de estos derechos de la audiencia y el derecho de réplica.

Creo que lamentablemente el dictamen no estuvo a la altura de lo que esperábamos de este debate legislativo, que debió haber tomado en cuenta la discusión y la opinión de los especialistas de la academia de los profesionales del tema, y con toda seguridad la forma en que aprobarán la gran mayoría aquí en el Senado derivará  en controversias, amparos y litigios jurídicos sobre esta ley, que de por sí judicializa y burocratiza la posibilidad de que las personas, todas las mexicanas y mexicanos, podamos ejercer plenamente nuestro derecho a la réplica y el derecho a las audiencias.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Esta directiva saluda al ciudadano Pedro Luna Vargas, presidente municipal electo de Coyotepec, Estado de México, quien viene a este recinto, invitado por la Senadora Laura Rojas Hernández.

Sea usted bienvenido al Senado, ciudadano presidente municipal electo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar su voto particular.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Vengo a presentar mi voto particular en contra de esta iniciativa, donde se propone un proyecto de ley que reglamenta el derecho de réplica, y nuevamente una mayoría mecánica actúa en sentido contrario a los avances democráticos que hemos logrado en las últimas décadas.

Se pretende aprobar una ley reglamentaria que sólo resultará útil a las televisoras, a varias radiodifusoras o a algunos medios impresos sin ética, que persistentemente han negado el ejercicio de réplica y que acostumbran imponer su agenda a partir de desacreditar a personas o grupos que no compaginan con sus intereses.

La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que nuestro país es parte, define el derecho de réplica como el derecho que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su prejuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se dirijan al público en general para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

La definición de tales condiciones se ha pospuesto una y otra vez desde que en 2007 el concepto fue introducido en la reforma del artículo 6º constitucional.

Tras muchas demoras, aparece ahora la urgencia de aprobar un proyecto basado en la propuesta que presentara un legislador del Partido Verde Ecologista, ligado a Televisa, recientemente premiado con un cargo público en la Secretaría de Gobernación, por cierto.

Son muchas las alertas que prende este proyecto, pero, en esencia, se puede decir que está diseñado para evitar que el derecho de réplica no exista más que en el papel y que sea imposible ejercerlo, se pretende cobijar así algunas de las peores prácticas de la mayoría de los medios de comunicación, particularmente del medio duopolio televisivo.

Para empezar, el proyecto concede a los medios, un tiempo demasiado largo para decidir si aceptan o no la réplica, y todo un peregrinar legaloide encaminado a obstaculizar y a no garantizar este derecho.

Se plantea que la persona agraviada presente la réplica mediante un escrito que debe entregarse físicamente en el domicilio del medio, lo cual resulta injustificable en plena era del Internet.

Ahora bien, si el medio niega el derecho de réplica, el afectado podría recurrir a la justicia, pero la carga de la prueba recae en la persona agraviada, y no en el medio que cometió el agravio, o vertió la información falsa.

También el agraviado debe hacerlo armado de un expediente que pruebe la falsedad o inexactitud de la información divulgada por el medio. Dicho de otro modo, sólo las o los ciudadanos que cuenten con recursos para pagar abogados podrán ejercer este derecho, lo cual subraya el carácter discriminatorio e inequitativo que la norma se pretende aprobar.

Se trata evidentemente de hacer costosos e inaplicable el derecho de réplica, se llega al extremo de establecer que para presentar la queja ante un juez, el afectado debe conseguir copia de la emisión en la que fue aludido, en caso de tratarse de programas de radio y televisión.

Cualquier persona sabe lo complicado que resulta que un medio entregue copia de algunas de sus transmisiones, por lo que este punto está encaminado o destinado simplemente a obstaculizar el ejercicio de un derecho.

En la minuta no aparece, por ningún lado, la garantía de que el medio aludido entregará copia inmediatamente de la emisión, es evidente que con este obstáculo también se pretende que la carga de la prueba corresponda no al medio que difunda la información cuestionada, sino la persona agraviada.

Otorgar al medio la posibilidad de decidir si la réplica procede, se convierte en un incentivo para que este opte por esperar la resolución de un juez, pero, incluso, en este caso, debería hacerse estableciendo un procedimiento expedito que pudiera sustanciarse por vía electrónica.

En el proyecto de esta ley, que debería estar encaminada a proteger los derechos ciudadanos frente al poder de los medios, se llega al absurdo de otorgar a los segundos, es decir, a los medios, la decisión de otorgar o no el derecho de réplica.

Se dice así que la réplica no se otorgará cuando la misma no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa, y cuya difusión le ocasione un agravio.

¿Quién decide cuándo la réplica sale de los límites de una aclaración puntual? Pues el mismo medio que vertió la información inexacta o falsa.

La discrecionalidad es enorme como se ve, y hará prácticamente imposible el ejercicio del derecho aludido.

En el caso de que una persona, cuya imagen u honor hayan sido dañados, decidiera presentar una queja ante un juez, la resolución podría demorar meses e incluso años, lo que subraya la ineficacia de la norma que se propone.

Entre los importantes aspectos ausentes en el proyecto, están las atribuciones que la Reforma Constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Ifetel, y a las defensorías de las audiencias para tutelar los derechos de las audiencias, entre ellos el derecho de réplica.

El costal de obstáculos en que convirtieron este proyecto, derivado de una importantísima reforma constitucional, establece también límites que rayan en lo irracional, abre la puerta a un sinfín de mecanismos para evitar que un medio de comunicación eluda cumplir con el derecho de réplica.

Por ejemplo, la persona agraviada no podrá ejercer su derecho de réplica cuando la información inexacta o agraviante provenga de datos oficiales, de las declaraciones de un servidor público, o de alguna agencia de noticias, como si las agencias no fuesen susceptibles de cometer errores, o como si los servidores públicos no actuaran con dolo políticamente desde sus cargos contra determinadas personas, en este caso se pretende que sea suficiente con que la agencia de noticias aclare al propio medio, no al agraviado, la información inexacta o falsa, así puede haber mentiras públicas, pero las aclaraciones serían privadas.

Organismos especializados, como la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, ha señalado con razón que el proyecto incluye excusas para que los medios nieguen el derecho de réplica, y, en consecuencia, obligan a judicializar el proceso, con lo que atenta contra los principios que marca el derecho internacional al respecto, es decir, que el ejercicio de este derecho sea expedito, gratuito, equitativo y confiable.

Aprobar este proyecto y sus términos, equivale a que el Estado renuncie a su responsabilidad de crear mecanismos para equilibrar y garantizar un derecho ciudadano.

Tal debería de ser el papel del Estado, frente a dos actores:

Uno, los emisores de la información con que cuentan los medios.

Y otro, la ciudadanía, que no tiene elementos para defenderse frente a difusión de datos inexactos o agraviantes.

Este proyecto pretende constreñir el derecho de réplica, a procedimientos judiciales en los cuales los dados ya están cargados a favor de los concesionarios de radiodifusión y de los dueños de los medios.

Los favorecidos serán aquellos que suelen no cumplir con principios éticos, ni utilizar formulas autorregulatorias. Los perjudicados son las y los ciudadanos lectores y las audiencias que deberían ser justamente los titulares de este derecho.

Este dictamen es regresivo, permaneció largo tiempo en la congeladora y carece, además, de actualidad, pues no considera los derechos de las audiencias incorporados en la Constitución General de la República, hace dos años, y tampoco incluye las modificaciones que se hizo a la reforma político-electoral.

Resulta inconcebible que en un siglo dominado por la economía del conocimiento, la revolución tecnológica en el campo de la información y la comunicación, se siga apostando por la efectividad de fórmulas viejas, desfasadas, pero que resultan útiles para favorecer a los intereses de los monopolios.

Las excepciones adicionales que establece el artículo 19 del proyecto, implica que las empresas de comunicación pueden negarse a difundir una réplica, incluso, aunque sea evidente que dieron a conocer hechos falsos o agraviantes sobre alguna persona.

En cambio, estarán facultadas para exigir rectificaciones a ciudadanos u organizaciones que, por ejemplo, publiquen en la prensa un desplegado contra empresas o gobiernos, si desde el poder se considera que hay falsedades, se podría exigir la rectificación la cual está cerrada, si se trata de fuentes oficiales.

Se pretende con ello, inhibir la crítica y la protesta social, rechazamos un proyecto que vulnera la letra de convenios internacionales que nuestro país ha ratificado, que avance en sentido inverso a las mejores prácticas en esta materia y conminamos a este Senado a dar prioridad al interés público y a los derechos de las audiencias.

Basta revisar el contenido del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho de réplica, es aplicable a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión.

En cambio este proyecto que se pone a discusión, se considera que este derecho sólo es aplicable cuando se trate de aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas, que además deben ser falsas, causar un agravio, ya sea político-económico en su honor, en su vida privada o en su imagen.

Dado que el derecho de réplica forma parte de derechos y de libertades informativas. Una Ley Reglamentaria deficiente, trastoca directamente la libertad de expresión y el derecho a la información, llegar a una legislación en materia de derecho de réplica, ha sido sumamente difícil, sobre todo, porque los intentos se han topado permanentemente con los poderes fácticos y los monopolios mediáticos que se colocan por encima de la ciudadanía y de la nación misma.

Finalmente, lo que tenemos en este proyecto es una legislación a modo, que privilegia la entronización de las televisoras como factores decisivos en la orientación de preferencias electorales y en el encumbramiento o derrumbe de liderazgos políticos.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar su voto particular.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Le solicito que inscriba el voto particular que presenté en las Comisiones de manera íntegra al Diario de Debates.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con todo gusto, Senadora.

Pido a la Secretaría que se inscriba de manera íntegra su proyecto que presentó.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Permítame opinar, permítame decirles, señoras, señores Senadores.

Uno de los derechos que en América Latina ha sido cuestionado y combatido por los medios de comunicación, es el derecho de réplica.
En sus inicios lo fue, por las asociaciones de propietarios, de medios de comunicación, quienes consideraban que esta prerrogativa, restringía o limitaba, ilegítimamente el ejercicio de la libertad de expresión. Nada más falso.

Actualmente, es reconocido plenamente en la doctrina jurídica y en las resoluciones de los tribunales de todo el mundo, y se acepta que el derecho de réplica es un límite a la libertad de expresión, pero también es una garantía del derecho a la información.

Habría que decir además, que el derecho de réplica tiene un papel preventivo y eficaz para reparar el honor, la vida privada y la propia imagen con motivo de imputaciones formuladas que se dan a través de un medio de comunicación.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva a 7/86. Este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano y la ciudadana, para acceder a los medios de comunicación, a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales que, afectado por una información inexacta o agraviante, tenga la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto a esa información emitida en su perjuicio.

En su dimensión social, permite a cada uno de los integrantes de la comunidad, recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante.

Es, por lo tanto, un derecho fundamental, un derecho humano, que permite el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la educada y veraz formación de la opinión pública. Condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática.

De ahí, la importancia que tiene este dictamen y los riesgos de aprobarlo en sus términos, como lo manda la Cámara de Diputados, como aquí se ha dicho, con toda esa actitud, el todo proceso legislativo que ha cursado para que finalmente nos lo presenten, sin posibilidad de ninguna rectificación, aun cuando hay leyes nuevas que obligarían a evitar que haya preceptos que contravengan a este dictamen.

Sin ánimo de exagerar es a todas luces regresivo y contrario a los subjetivos de una democracia con calidad.

En comisiones fuimos insistentes en señalar, la serie de irregularidades, lo que nosotros evidenciábamos como contradicciones en el propio texto, y también señalamos, incluso, opiniones versadas de distintos académicos y organizaciones de la sociedad civil, que también nos alertaban respecto de la aprobación en sus términos de la minuta que llegaba a la Cámara de Diputados, y cuantimás su preocupación que no se tomara en consideración lo que señalaban en esta discusión.

Por lo contrario, se argumentó la urgencia de aprobar este dictamen, diciéndonos que es mejor contar con un mecanismo perfectible que no tener la posibilidad de ejercerlo.

Señoras y señores:

Desde nuestra perspectiva, no se trata de una Ley Reglamentaria perfectible, sino que es ineficiente, inconsistente e inaplicable, ya que despoja de toda eficacia la réplica, al establecer un procedimiento  inequitativo que no garantiza una rectificación oportuna, sino que protege en demasía a los medios de comunicación en comparación con el derecho de las y de los ciudadanos.

Muestra de ello es que el dictamen limita a una persona la defensa ante la difusión de datos falsos o inexactos, con lo que se permite que los medios de comunicación puedan negarse a publicar una réplica “cuando la información previamente haya sido aclarada”, con lo cual la rectificación sólo podrá beneficiar a una sola persona en detrimento de las demás que hayan sido afectadas.

Asimismo el dictamen permite también a los medios de comunicación negarse a publicar o transmitir una réplica cuando la información que cause el agravio provenga de una agencia de noticias y el medio la haya citado, con lo cual se carga a la ciudadanía la necesidad de instaurar un doble procedimiento, primero ante la negativa de la agencia de noticias, y posterior ante los medios de comunicación, con lo cual se violenta sin lugar a dudas la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece que:

“Toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, no debe estar protegida por inmunidades, ni disponer de fuero especial”.

En materia electoral el derecho de réplica resulta fundamental dado que la inmediatez de la información rectificada se justifica en virtud de los plazos breves existentes en las etapas del proceso electoral, así como en su definitividad.

Sin embargo el dictamen pretende ajustar los plazos de la réplica a los procedimientos ordinarios de la materia civil, con lo cual, al margen del retroceso, violenta la Constitución y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 247.

Este dictamen debiera remitir el ejercicio de la réplica a las reglas de la materia electoral, es decir, mediante el procedimiento especial sancionador ante el órgano electoral y en plazos brevísimos, dado que en materia electoral, dicho sea de paso, todos los días son hábiles.

Señoras Senadores y señores Senadores:

El dictamen que estamos por aprobar por una mayoría integrada por el PRI, el Partido Verde y una parte importante del PAN, creemos que es un riesgo para la libertad de expresión y de información, pues reglamenta este derecho de manera contraria a lo que se esperaría, es decir, una mayor protección de los derechos humanos.

Pero también el derecho de réplica debe ser un instrumento que genere un mejor periodismo, producción y manejo de la información, que permita un debate más robusto sobre temas de interés público y, sobre todo, debe garantizar dar voz a quienes cotidianamente permanecen amordazados por el poder de los medios de comunicación.

Es cuanto y muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Informo a la Asamblea que el Senador Zoé Robledo Aburto ha hecho llegar a esta Mesa Directiva el texto de la intervención de su voto particular.

La Mesa Directiva lo recibe y se instruye a la Secretaría Parlamentaria a integrarlo al Diario de los Debates.

A continuación se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Mendoza Mendoza, para presentar su voto particular.

La Senadora Iris Mendoza Mendoza: Gracias, Vicepresidente en funciones de Presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Hago uso de esta tribuna para argumentar mi voto particular en contra del dictamen que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

El derecho de réplica es un derecho humano para las y los ciudadanos que sean sujetos de información difundida calumniosa y falsa. Por ello la legislación debe facilitar al extremo que el ejercicio de este derecho sea efectivo, sin obstáculos, lo que no es apreciable en el dictamen que se discute.

Este derecho es muy importante pues no debemos olvidar que está directamente vinculado con el derecho a la información y también a la libertad de expresión. Por tanto el Estado debe garantizarlo sin tapujos.

El ejercicio de este derecho está muy atrasado en nuestro país. No obstante que la Ley de Imprenta data de 1917, ya regula el derecho de réplica, aunque no con este nombre.

Ha sido un instrumento que carece de total eficacia al establecer disposiciones que en la práctica no se llevan a cabo. Tiene entre sus grandes deficiencias, el carácter de un procedimiento sumario que permite la efectividad de este derecho.

El dictamen que se presenta, no difiere en mucho de las deficiencias de la Ley de Imprenta de 1917, pues más que encontrar la apertura al reconocimiento y la garantía de este derecho, vemos una serie de limitantes en todos los sentidos.

Desde el punto de vista, varias disposiciones del proyecto que se discuten, resultarían inconstitucionales al ser limitantes de este derecho, ya que entramos en una menor protección de los ciudadanos y en una mayor protección a los medios de comunicación.

Si comenzamos con el análisis de los preceptos del dictamen propuesto, encontramos en la fracción II del artículo 2º, una limitante de origen en la propia definición de lo que es el derecho de réplica. Esta definición limita el ejercicio del derecho al establecer que sólo puede hacerse una réplica sobre la información falsa e inexacta.

Entonces, cuando se trate de ofensas o agravios a la persona, ¿no procede la réplica?

El derecho de réplica se tiene que ampliar a cualquier alusión que afecte la dignidad de la persona y no quedar simplemente limitado como se propone en este apartado de la definición, con la mención de inexactos o falsos, ya que ésta es innecesaria. Asimismo la mención de que sea específicamente en un tema político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

Estas palabras restringen el derecho ya que con esta delimitación quedan muchos aspectos y situaciones fuera de la posibilidad de ejercer una réplica. Por tanto la definición no sólo es inconstitucional al limitar el ejercicio del derecho a ciertas personas y a ciertos cargos de elección.

También es inconvencional al ir claramente contra lo establecido en el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Por su parte, en el párrafo segundo del artículo cuarto, en el que se protege a los medios de comunicación, transmisores al público de la información motivo de la posible controversia, esta protección se da al establecer que las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, cumplirá la obligación de garantizar el derecho de la réplica a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros.

No se establece de manera expresa tal obligación a los medios donde hubiesen sido publicados o transmitidos. Por lo tanto, en este apartado sólo se garantiza una reparación parcial.

En el artículo 10, párrafo segundo, se establece que serán cinco días para la preclusión del derecho. Cinco días es un plazo muy corto para la vigencia del mismo. Este término resulta absolutamente limitativo, pues podrá haber condiciones ya sea de ausencia, condiciones laborales, incluso de salud, por las que el ofendido no pudiera ejercer durante esos cinco días su réplica. Por lo tanto, consideramos que este plazo de cinco días es un plazo muy corto.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento electoral, considero que debe agregarse, en el párrafo 21, en el artículo 21 un párrafo específico que diga:

“Durante los procesos electorales será competente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando el promovente sea, en términos de legislación electoral, aspirante, precandidato, candidato o partido político con registro nacional o local, las reglas de la competencia, así como los procedimientos serán señalados en la legislación electoral aplicable”.

Esto, con la intención de salvaguardar el derecho de réplica en materia electoral, pues en la actualidad se queda sin efectos esta regulación que ya existe para estos casos.

En cuanto al procedimiento judicial, se da pauta para que pueda ser muy largo y termine siendo ineficiente como muchos procedimientos que se llevan a cabo en la actualidad.

El término que se da a la responsable para dar respuesta es muy largo, y debería de ser entre 24 y 48 horas y no de cuatro a seis días, como se establece en ese entendido, de que por cada día que se atrasa la publicación de la réplica, pues obviamente resulta más difícil reparar el daño y la dignidad de las personas.

El recurso a la apelación agrega una instancia innecesaria que termina convirtiéndolo en un procedimiento muy largo y, por lo tanto, ineficiente e inservible, y justicia que no es pronta, no es justicia.

Por cuanto vean las sanciones, quiero mencionar que las multas  que se manejan son muy cómodas y claramente le ponen precio al derecho de réplica, un precio que además, puede ser fácilmente pagado por los medios de comunicación más importantes.

Con la simple  imposición de la multa, se tiene por subsanado el daño, sin que se vuelva a exigir la transmisión de la réplica, se tiene que establecer la suspensión temporal del medio de comunicación en caso de reincidencia, pues las sanciones económicas, no son una garantía para el ejercicio de este derecho.

Los medios de comunicación, en su mayoría, pueden pagar mucho más de lo que aquí se está estableciendo como una sanción.

Por lo anterior, considero que esta ley no cuenta con la función primordial de protección y garantía del derecho de réplica, hay muchas deficiencias que se presentan en la evasión de las obligaciones por parte de los sujetos obligados y, de la misma manera, queda indeleble el derecho de los ciudadanos afectados.

Este es un derecho humano trascendental para la dignidad de las personas,  y la regulación que se propone, obedece más a otros intereses y no a los intereses del ciudadano.

Es por eso que mi voto será en contra del dictamen, y propongo una serie de modificaciones para que esa ley pueda ofrecer un mínimo de garantías, en caso contrario, nos encontraremos con una ley más sin objeto, dedicada únicamente a la simulación.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar su voto particular.

Informo a la Asamblea, que con esta participación concluimos la presentación de los votos particulares.

En el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

Qué pena que esta discusión de un derecho  tan importante como es garantizar el derecho de réplica, no solamente sea una discusión de sordos, como se los dije en comisiones, sino que prácticamente es una discusión de escaños vacíos, nada más falta voltear a verlos, están prácticamente vacíos, solamente algunos a quienes nos interesa seguimos aquí.

Me parece que la función más importante que tenemos como Senadores de la República, es legislar para garantizar los derechos, no para establecer en la ley los obstáculos para ejercerlo y, por el contrario, proteger a los infractores, como sucede en el caso de este dictamen en materia de derecho de réplica, que lo que busca  es proteger a los medios de comunicación, de que los ciudadanos puedan  ejercer un derecho de réplica.

Recordemos que el 13 de noviembre del 2007, es  cuando se presenta por primera vez el derecho de réplica en nuestro Constitución.

Empero, adolecía de la Ley Reglamentaria que lo hiciera posible. Ante ello, la reforma incluyó en el artículo 3º transitorio, el plazo para que los integrantes del Congreso de la Unión realizaran las adecuaciones correspondientes en las leyes federales, dando un plazo máximo de 30 días naturales, a partir del inicio de la vigencia de dicho decreto.

En enero del 2008, la reforma al artículo 6º Constitucional fue incluida en las reformas electorales, que dieron cabida al nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contenía importantes  disposiciones sobre el derecho de réplica.

En este cúmulo de reformas, el artículo 10 transitorio, dio como fecha límite el 30 de abril de 2008 para que el Congreso expidiera la Ley Reglamentaria, referente  al derecho de réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución.

Hasta el 5 de septiembre de 2013, que la Cámara de los Diputados aprueba un dictamen que capta diversas propuestas llevada a cabo por diversos legisladores en materia de derecho de réplica.

La Suprema Corte de Justicia, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han pronunciado y han dotado  de vigencia a este derecho, partiendo de diversos instrumentos internacionales, ratificados por México, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es a través  del control de convencionalidad ejercido por las instituciones anteriormente citadas, el derecho de réplica que se encuentra vigente en México, a pesar de la omisión legislativa  de avanzar en la Ley Reglamentaria.

Sin embargo, ahora, de manera súbdita, se pretende aprobar un dictamen que ha quedado rebasado por otras reformas, particularmente la política.

La pregunta es, ¿por qué el interés de aprobarlo  sin ni siquiera moverle una coma?

Me parece que este es un ejercicio más de abdicación ante los poderes fácticos.

El derecho de réplica, debe de considerarse un derecho humano, parte del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, debe proteger la dignidad de una persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su  honra o reputación.

Pero también,  tiene como fin garantizar el derecho de las audiencias, a tener información  veraz, oportuna y sin sesgos.

Sin embargo, el dictamen no desarrolló, de manera apropiada, la protección de dos intereses jurídicos que resuelven diversos y precisan de formas, plazos y procedimientos específicos.

El dictamen presenta diversas inconsistencias, que impiden su aplicación efectiva, al mismo tiempo fortalece la protección de los medios electrónicos y escritos ante posibles comunicaciones o falsas.

Todo ello, a causa de una regulación inequitativa.

Alguno de los ejemplos ya se han dado acá, pero que tienen que ver, sin duda, con varias de las inconsistencias que se muestran en el dictamen, y que mis compañeros ya  han ahondado suficiente en cada uno de ellos.

El llamado es, compañeros legisladores, a que  realmente hagamos un voto  a favor del derecho de la información que tienen las y los ciudadanos, no solamente  estamos  cediendo ante los poderes fácticos la posibilidad de que quizás algunos políticos puedan acceder a este derecho de réplica, estamos cediendo ante los poderes fácticos, la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con información, veraz, oportuna y fidedigna, y dejando sin ninguna posibilidad de defensa a esta ciudadanía.

Es cuanto Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Martha Tagle Martínez.

Informo a la Asamblea que ha concluido la participación. La presentación de votos particulares, iniciaremos el posicionamiento de los grupos parlamentarios.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

¿Para qué asunto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Presidente, para pedirle, es evidente que no hay quórum, no llegamos a 40 Senadores.

Entonces, le pido que dé por terminada la sesión, conforme al artículo 59.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En opinión de esta Presidencia hay quórum.

Y cuando se tenga que votar, indudablemente que habrá de rectificarse el quórum respectivo.  Hay reuniones de diversas comisiones, sobre todo la Junta de Coordinación Política, en razón de ello es que una vez que tengamos que llevar a cabo la votación habremos de verificar indudablemente el quórum reglamentario.

Sonido nuevamente en el escaño de la Senadora Layda.

La Senadora Layda Sansores San  Román: (Desde su escaño) Presidente, le pido sea honesto.

No importa en dónde estén, aquí no hay quórum. Le pido que lea el artículo 59, por si todavía no lo sabe. No pueden seguirse autoengañando y engañando a los Senadores. 

Aquí no hay quórum. Inmediatamente cuando es evidente, ni siquiera se necesita rectificarlo o verificarlo, únicamente suspender la sesión.

Cumpla con el Reglamento, ustedes quieren respeto en este Senado, si ustedes no respetan el Reglamento del Senado y no nos respetan a los Senadores.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto en un momento más vamos a iniciar el posicionamiento de los grupos parlamentarios y desde luego que haremos la rectificación del quórum en el desarrollo de la presentación de los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Le pido al Senador Manuel Bartlett Díaz, que haga uso de la palabra para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente.   Yo no sé cómo lo vea usted, pero desde aquí que estoy casi igual que usted, se ve que no hay quórum.

El Presidente  Senador  José Rosas Aispuro Torres: En un momento más vamos a pedir la rectificación de quórum. 

Yo le pediría que usted continúe con la presentación de su propuesta…

El Senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Cuándo va a pedir el quórum?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido a la Secretaría Parlamentaria que abra el sistema electrónico, hasta por 10 minutos.

En tanto el Senador Manuel Bartlett Díaz tiene el uso de la palabra.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Le pido que lea el artículo 59, por favor.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, estoy atendiendo la petición que ha hecho usted y del propio Senador Manuel Bartlett.

Y le pido al Senador Manuel Bartlett continúe con su intervención, vamos a 10 minutos para que los compañeros Senadores y Senadoras puedan llegar al salón de sesiones.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: O sea, ¿No habiendo quórum vamos a esperar a que haya quórum? ¿Eso es? Bueno. En fin.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Tiene el uso de la palabra Senador don Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: A final de cuentas los que no están y sí están, no oyen, ni entienden nada, y votan por consigna de la marea más indigna que puede haber. 

Pero afortunadamente está el Canal del Congreso, y ahí está fuera de la población, aunque bloqueen los medios de comunicación y pidan que haya información de lo que no les gusta.  Pero el Canal del Congreso lo ve mucha gente, y esos son los que importan.   Aquí no hay conciencia, ni diría yo, vergüenza.

Empiezo, estábamos discutiendo. A ver, el reloj.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para fijar el posicionamiento de su Grupo Parlamentario en torno a este dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Voy a tratar nada más cinco aspectos, cuestionables indudablemente, de esta réplica que no es más que una tomadura de pelo.

Se dice y aquí se ha planteado, y en comisiones, que estamos ante una situación positiva porque han aceptado que se discuta la Ley de Réplica, que han tenido ocho años parada, y muchos más sin atender, muchos más. 

Y todos sabemos, principalmente quienes nos ocupamos de esta tarea, que es porque no ha querido Televisa y TV Azteca, no habían querido que esto se tocara, y como son parte brutal y autoritaria de la oligarquía nacional y son los creadores de Peña Nieto y ahora van a crearnos a Nuño, ahí lo vemos todo el tiempo en 24 Horas, ahí con López Dóriga, Nuño, visitando las escuelas.  Ya le dije yo aquí, que no va a poder visitar ninguna, unas cuántas aquí alrededor con la televisión atrás.

Bueno, es un dictamen que favorece a los medios y no a los ciudadanos, viola el derecho de los ciudadanos a favor del poder económico de Televisa, TV Azteca y sus secuelas.  Obedece a sus intereses, es un tema dictado por Televisa y TV Azteca que tiene el tufo de esas reglamentaciones o auto reglamentaciones que quisieron hacer.

El diseño está construido para que los medios no respeten la réplica, no la garanticen, los plazos son en contra de los ciudadanos, cinco días para acudir a los medios, la carga de la prueba corresponde fundamentalmente a los ciudadanos y no a los medios, los ciudadanos deben acreditar intereses jurídicos y no legítimos.

El diseño no pretende garantizar el derecho de la información veraz, porque los medios tienen todas las ventajas procesales por encima de los ciudadanos.

El dictamen elude descaradamente que el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos y del pueblo y no de los medios, no es un derecho de  los medios, es una obligación, un compromiso de los medios.

El dictamen lo pone todo al revés, invierte ese sentido fundamental del derecho a la información, entonces se trata de proteger a los medios y no proteger a los ciudadanos, que van a estar mal informados y agredidos cuando le convenga a los propietarios de TV Azteca y de Televisa.

Esta ley amputa el contenido del derecho de réplica. Es contraria al artículo primero constitucional y 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.  Es inconstitucional, aquí ya se dijo, lo subrayo, no toma en cuenta las opiniones, ideas y cualquier tipo de información, alusión que sea agraviante, injuriosa, ofensiva a juicio del ciudadano. Es decir, no protege.

¿No quiere usted llamar la atención para que atiendan?

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí. Les pido a las Senadoras y Senadores poner atención al orador, por favor.

Continúe, señor Senador don Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Cuando menos siéntense y no hagan ruido, si ya llegaron.

La ley establece que la réplica procede respecto a las informaciones erróneas o inexactas, es en realidad un dictamen que regula la rectificación, ni siquiera establece el derecho a la respuesta que contempla el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que implica contestar un agravio y no establecer y demostrar si el hecho es exacto, inexacto o impreciso.

El artículo 14 de la  Convención Americana dice: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión, legalmente reglamentados, que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta,  no nada más la rectificación, o respuesta, en las condiciones que establezca la ley”

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiera incurrido.

Para efectiva protección de la honra, de la reputación, de las personas, toda publica o empresa periodística cinematográfica de radio, televisión, tendrá una persona responsable que esté a cargo de ese tema.

Si ven el dictamen, en la página siete, cita la tesis de la Suprema denominada: daño y derecho a la información, para que vean a qué extremos llegan, cita la resolución de la Corte, pero lo hace tramposamente porque elude que nuestro máximo tribunal señaló que para que exista daño moral en informaciones, o afirmaciones, basta que se trata de información que expongan las personas al odio, desprecio o ridículo.

En el Derecho Comparado en Colombia se señala por la Corte Constitucional de ese país la diferencia entre rectificación y réplica. La rectificación es por la divulgación e información errónea o inexacta, la réplica por cualquier afirmación que atienda con las personas, incluyendo, obviamente, su buen nombre y reputación. Eso lo amputa  y deja nada más en cuestiones erróneas o inexactas.

Es una ley que no permitirá la efectividad de garantía plena del derecho porque los procedimientos son “farragosos” deliberadamente, comprende las siguientes etapas. Un procedimiento ante el medio, un procedimiento ante el juez de distrito, procedimiento de apelación ante un tribunal unitario, procedimientos de amparo.

Otra cosa que aquí se ha dicho, y se debe de atender y que la opinión pública lo sepa, la carga de la prueba corresponde al ciudadano y no al medio, no al medio que hace el daño, que es el que tendría que probar que lo está haciendo fundamentada mente. No, el ciudadano está obligado al interés jurídico, que le cause un agravio personal y directo de información, pues no está permitido en el dictamen el interés legítimo.

Los grupos sociales son sin personalidad jurídica, no tienen  derecho a promover la réplica, un requisito está promoverla es tener personalidad jurídica. El ciudadano tendrá que litigar con Televisa y TV Azteca, imagínese, un ciudadano común y corriente tendrá que litigar con esos grupos de poder, estructura que tienen no solamente un dominio y despachados de abogados que realizan verdaderas masacres con su pandilla de abogados, sino además tienen relaciones con el poder, están apoyados en el poder.

No existirá, por tanto, equidad procesal entre las partes. El ciudadano tendrá que pagar a su costa la defensa de su honor, el tiempo necesario, ¿cuántos ciudadanos podrán hacerlo? Es una burla, es por tanto el ejercicio un derecho para los poderosos y no para el ciudadano común.

Es un dictamen que no promueve el pluralismo ni la democracia. La réplica es para que todos los puntos de vista relevantes en una sociedad puedan expresarse. Las barreras procesales que establece esta ley impiden que esa pluralidad de manifieste.

La ley es antidemocrática porque favorece a los intereses de los medios  y comunicadores sobre los derechos del ciudadano. Es una reforma simuladora como otras tantas de este sexenio, se trata de un cambio jurídico para aparentar lo que no es, esa ley simula reconocer un derecho de las personas frente al poder mediático, el mismo que ha construido y creado a Peña Nieto y lo sostiene, y lo que en realidad hace es defender los intereses del poder mediático, aliado a la oligarquía nacional.

Yo quisiera hacer un comentario a los Senadores que ya llegaron. Conocemos este tema hace muchos años, conocemos la perversidad de Televisa y TV Azteca para dañar a quienes consideran sus enemigos, pero de una manera desvergonzada, sus maniobras las conocemos, y ustedes si van a votar por esta ley creerán que está quedando bien con los medios de comunicación, y no es así, no saben lo que es, no saben lo que representan, no saben su perversidad, su venganza y su afección al dinero.

Ustedes que tiene vocación política estarán en la lucha política y nunca les van a reconocer este voto indigno, borreguil, nunca. Los van a tratar como tratan a todos los ciudadanos, los van a obligar a pagar,  y si no están de acuerdo con ustedes los van a atacar, los van a desaparecer, los van a injuriar, esos son estos poderes, Televisa y TV Azteca y todas sus estructuras, esos son los poderes que lo único que hacen es someter a la población mexicana: engañarla, desinformar, violar la Constitución en beneficio del poder del que ellos disfrutan, no lo hagan.

Señores Senadores y Senadoras, piensen en ustedes, piensen en su futuro, los van a hacer pedazos.

Pregúntenle a Creel qué le pasó. Nosotros hace 30 años litigamos contra Televisa, le ganamos en la Suprema Corte en aquellos tiempos, y todavía siguen vengándose cada día de esa afrenta.

TV Azteca. Porque le señalamos que es un televisora que se quedó por una televisión pública sin siquiera pagar nada por ella, asociadas a Salinas de Gortari, inventan rápidamente toda clase de argucias para con sus gentes atacar a quien se osa dirigirse a ellos. Esa es la verdad.

Si ustedes votan hoy esta violación total a la Constitución a las normas internacionales y se someten a Televisa y TV Azteca ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a pagar, se los aseguro, lo van a pagar, no van a ser respetables, ni en su casa.

Ya sé que va a venir ahorita alguien de la bancada televisiva, no se les olvide para que cuando oigan lo que dicen sepan de donde provienen estos compañeros.

Muchas gracias. Senador.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Con su venia, Senador Presidente.

Muy buenas tardes compañeras y compañeros. El dictamen que hoy discutimos contiene la Ley Reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia de Derecho de Réplica.

El tema ha estado pendiente de ser abordado. La primera reunión en comisiones sobre la minuta, proveniente de la Cámara de los Diputados se dio en diciembre del año 2013. La discusión ya lleva varios años, y afortunadamente el debate y el análisis no se han quedado estáticos.

Surgieron interesantes consideraciones que dieron, sin lugar a dudas, resultados positivos. Hoy en día contamos con un dictamen que sustenta su sentido en argumentos sólidos, producto de constantes reflexiones y no simplemente en señalamientos que se vienen a hacer a esta tribuna tan a la ligera y lleno de mentiras que no lo podrán probar en el debate basándolo en el artículo y nombrado en donde está eso que vienen a mentir con esa ligereza al pueblo de México.

Hoy en día contamos con un dictamen que sustenta su sentido en argumentos sólidos, producto, insisto, en constantes reflexiones. El dictamen que el día de hoy discutimos incluye lo siguiente.

1.- El derecho de réplica, es el derecho subjetivo de una persona para hacer rectificaciones y aclaraciones con respecto a la difusión de información falsa o inexacta.

2.- El particular tiene plazo de cinco días para presentar al sujeto obligado, escrito que contenga la solicitud y fundamentar su dicho.

3.- Establecer los límites al contenido de la réplica a la información que lo motiva, da seguridad que la réplica no se desvirtúe y ni sea utilizado para fines diversos y ajenos a los constitucionales.

4.- Ante la procedencia de la solicitud deberá publicarse  o transmitirse al día siguiente al de la notificación.

5.- En los casos de medios impresos el escrito deberá publicarse en la misma página y con características similares a la información que originó la réplica.

Mucho se ha negado que hay medios a quienes, no contenidos en esta ley.

El dictamen que hoy discutimos en este momento, está claro que incluye como sujetos obligados a las televisoras y a las radiodifusoras.

El artículo 16 del dictamen ha mención expresa sobre los casos de servicio de radiodifusión o uno que preste servicio de televisión o audio restringidos.
La réplica tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que se haya motivado.

Las agencias de noticias también son sujetos obligados y deberán publicar, ésta en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la fecha en que se resuelve la procedencia de la solicitud de réplica.

Establecer en el artículo 19 las causales de improcedencia, actúa en favor del ciudadano, ya que otorga certeza, de que única y exclusivamente, por esos 8 supuestos, el medio se puede negar.

Hoy en día no existe una garantía de acceso al derecho de réplica para las y los ciudadanos. Sí está previsto en la Constitución, pero sin un mecanismo legal. Reglas claras, ni procedimiento regulado, este derecho es absolutamente nugatorio.

El día de hoy tenemos, compañeras y compañeros, la oportunidad de ofrecer a las y los ciudadanos esa garantía de acceso a un derecho humano, al respeto de su reputación y de salvaguardar su dignidad.

Veamos hacia adelante, aprovechemos las sinergias, construyamos con una visión de Estado de Derecho.

El presente dictamen, además de darnos una garantía, logra un equilibrio entre el derecho al honor, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

No permitamos confusiones que dejen al ciudadano en la indefensión:

Primero.- El procedimiento que se establece es pertinente, adecuado, ágil y mucho mejor que dejar a todos los ciudadanos en la indefensión.

El derecho de réplica, primero se ejerce ante el medio de comunicación en un plazo breve.

Durante la discusión del asunto en comisiones se manifestó, incluso, por varios compañeros, plazos mayores tienen un efecto irreparable en la imagen de una persona. El objetivo es garantizar un procedimiento expedito.

Segundo.- Toda vez que el medio tome una decisión sobre un hecho, sus actos podrán ser revisados en instancias jurisdiccionales.

Procede el recurso de apelación en términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y queda asegurado el acceso al amparo. Con ello se da plena certeza al ciudadano, además de que asegura la imparcialidad y el acceso a la justicia.

En su momento se vio como un avance de gran importancia que el amparo procediera en contra de actos de particulares que actúan como autoridad.

En el dictamen que estamos aprobando, somos consecuentes y congruentes con estos avances.

Procederá amparo cuando se trata de particulares, quienes realizan una función materialmente de autoridad.

En síntesis, son 2 etapas generales para ejercer el derecho: la primera ante el medio de comunicación; y una segunda, en un procedimiento jurisdiccional especializado en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, en los jueces administrativos. Esto representa ya una ventaja adicional.

Los plazos que están previstos en esta ley son más breves que los contemplados para litigios civiles.

Otro punto técnico de la discusión es sobre el ámbito de competencias, el procedimiento especial sancionatorio en materia electoral no regula el derecho de réplica.

El proceso especial sancionatorio es un mecanismo disciplinario, su propósito es la aplicación de una sanción a un sujeto del derecho electoral que viola la ley.

El PES tiene como objetivo restaurar una violación del procedimiento electoral, y no defender la honra o la imagen de un sujeto particular por información falsa o inexacta que esta sea.

El derecho de réplica no es una sanción, y hay que dejarlo claro. Debemos entender la diferencia entre un mecanismo sancionador como el PEC, y una garantía de acceso a un derecho humano como es el derecho de réplica.

Intentos para confundir. Seguirán haciendo nugatorio un derecho fundamental.

Durante el diseño de la reforma política, el tema de réplica se abordó. Se escucharon con atención y respeto las propuestas que hicimos todas y todos los legisladores. En ese momento no se lograron los consensos para el diseño de una ley.

Sin embargo, se estableció en el transitorio vigésimo primero, que mientras no se emitiera la Ley del Derecho de Réplica, el procedimiento especial sancionador sería el mecanismo para ejercerlo, más no para sustituirlo.

Por ello, el dictamen que estamos discutiendo no invade competencias de leyes electorales.

El derecho de réplica, como derecho humano, va más allá de las contiendas electorales.

Exhorto a las compañeras y compañeros que aún se oponen a mirar este dictamen apartados de las contiendas políticas, y que trabajemos para y por los ciudadanos. Un ciudadano agraviado por información inexacta, no puede recurrir al procedimiento especial sancionador en materia electoral.

El derecho de réplica refuerza una democracia sustantiva. Un derecho sustantivo sin una garantía para hacerlo valer, puede quedarse en el discurso, y simplemente en buenas voluntades.

En el dictamen que en estos momentos estamos discutiendo, se contiene la ley que materializa una garantía al acceso de un derecho humano, independiente a las vías jurisdiccionales en materia civil y electoral, con plazos acotados para agilizar el acceso a la justicia y el derecho a la protección de su honor y de su imagen.

Es por ello que en el Partido Verde manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, porque así también estamos a favor de una democracia sustancial, donde los derechos universales estén respaldados por sus garantías.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posicionamiento de su Grupo Parlamentario, hasta por 10 minutos.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando se convocó a esta serie de debates en el seno de las Comisiones Unidas que nos han presentado este dictamen con el fin de dar inicio a los trabajos para discutir y dictaminar la minuta que hoy se debate en este Pleno, de verdad que el Grupo Parlamentario del PRD, en nuestro grupo celebramos, de verdad, que por fin había disposición de distintas fuerzas políticas representadas en este Senado de la República para expedir una ley, que como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, es una añeja deuda del Congreso la Unión con las y los mexicanos.

Está claro, después de escuchar, sobre todo estos últimos argumentos, que pecamos de ingenuos, pecamos de ingenuos al pensar que podríamos construir un ordenamiento que potenciara el ejercicio de un derecho tan trascedente como éste.

Una vez más, el Senado es rehén de los grandes intereses de los medios de comunicación más poderosos de este país, porque sólo así, compañeras y compañeros, sólo así se puede entender la aprobación de un proyecto, que como éste, muy lejos está de garantizar y potenciar el ejercicio de este derecho, al contrario, lo vuelve nugatorio al dejar en total desventaja al solicitante de la réplica frente al medio de comunicación.

Y también, tristemente lo vengo a plantear en esta tribuna, abre la puerta para que los medios de comunicación puedan hacer lo que les venga en gana durante los procesos electorales, que hagan valer sus intereses por encima del derecho a la información del ciudadano, que sin ningún rubor también apoyen a un candidato y detracten a los demás.

Senadoras y Senadores:

Lo hemos dicho con claridad, y lo reiteramos aún a riesgo de sonar repetitivos, como aquí se nos ha dicho. Con una ley como ésta, resultaría mejor, resultaría mejor no tener nada, porque al menos sería un estancamiento, pero no un retroceso.

Porque esta ley, compañeras y compañeros Senadores, es eso, un retroceso, y no lo decimos solamente nosotros, sino una gran cantidad de especialistas en el tema que desde el principio han venido advirtiendo las aberraciones de este proyecto, pero, al parecer, en este Senado ni los ven, ni los oyen.

La actitud que han asumido quienes están por aprobar este proyecto es la de aquellos que creen tener la verdad absoluta de las cosas como si fueran iluminados, y eso es lamentable. Y, además, es cuestionable que una ley de esta relevancia no haya sido motivo de celebración de audiencias públicas para escuchar a quienes más saben de estos temas, pero en cambio no hubo voluntad de modificar la minuta.

La consigna para nosotros desde el inicio fue muy clara, la minuta debe ser aprobada en sus términos y punto, se acabó. Ello, compañeras y compañeros Senadores, sólo da cuenta de que existe un interés ajeno al ciudadano, que los mueve, a muchos de ustedes, a emitir una ley nociva para los derechos, a la honra y a la reputación de las personas, así como para las libertades de información y de expresión.

Y luego nos preguntamos: ¿Por qué las y los ciudadanos desconfían de los legisladores?, ¿por qué las y los legisladores estamos en los niveles más bajos de credibilidad y de confianza?
Este proyecto, compañeras y compañeros, este proyecto deja en desventaja al afectado frente al medio de comunicación, frente a agencias de noticias, o productor independiente al ser éste quien decide si otorga o no la réplica, impone la carga de la prueba al afectado, obstaculiza el ejercicio de su derecho al obligarlo a presentar la grabación o publicación que contiene la información falsa, o inexacta, dejándolo, entonces, a merced del medio de comunicación que incluso podría negar o retardar la expedición de dicha copia con el fin de que venza el plazo legal para promover el procedimiento.

Es decir, y vean, compañeras y compañeros, vean el tamaño de esta aberración, ustedes, los que están dispuestos a votar a favor de este dictamen, están obligando al afectado a solicitarle al medio la prueba con la que lo va a demandar. ¿No les parece eso realmente absurdo?

Esto es el total estado de indefensión, el más total estado de indefensión para el afectado, y más aún cuando la réplica la concede una agencia de noticias o un productor independiente, pues no hay mecanismo alguno que obligue al medio a difundirla, por lo que abre la posibilidad incluso de un doble procedimiento: primero, contra la agencia de noticias o productor independiente y, después, contra el medio de comunicación.

Y ni qué decir, compañeras y compañeros, cuando se trata de un boletín oficial emitido por cualquier autoridad, caso en el que el ciudadano no tiene nada, absolutamente nada que hacer, puesto que el medio está exento y la autoridad no es un sujeto obligado, y menciona a parte, merece, como aquí ya también se ha dicho, la réplica electoral.

Hoy, la réplica electoral se resuelve en cinco días mediante el procedimiento especial sancionador con posibilidad incluso de un recurso de revisión igualmente expedito. Pero con esta propuesta, con esta ley se remite a las reglas del procedimiento judicial civil y, con ello, se le sujeta a plazos demasiado largos que ocasionaran, sin duda, que se pierda la oportunidad y la celeridad, fundamentales en materia electoral, en virtud de la propia brevedad de los plazos electorales.

Y es en este punto, reitero, lo que afirmé en comisiones, esa dilación, Senadoras y Senadores, es la falta, esa falta de celeridad y de oportunidad en la réplica electoral sólo beneficiará a aquellos medios de comunicación que tengan el interés de impulsar a un candidato y que emitan información falsa sobre los demás contendientes para perjudicarlos.

Beneficiará, también, a aquellos partidos políticos que acostumbran recurrir a la guerra sucia, a la difamación y al enlodamiento como su principal estrategia de campaña, y tal vez, hay que aceptarlo, ahí radica la explicación de la negativa a modificar esta minuta. Sin duda, muchos políticos y partidos ya están preparando el próximo enlodamiento.

Senador Presidente, quienes votaron a favor de este proyecto en comisiones nos hicieron un llamado para no decir simplemente que no a este proyecto y buscar cómo sí, pues vengo aquí a dejar constancia en esta tribuna, tal y como lo hicimos en comisiones, de que siempre tuvimos la disposición de corregir esta deficiente minuta y construir una buena ley, disposición que aquí, les reitero, fueron, los que ahora votarán a favor de este proyecto, los que jamás tuvieron disposición de cambiarle una sola coma, y ojalá en esta tribuna nos expliquen claramente por qué.

Y concluyo diciendo, como ya lo hemos externado reiteradamente, que sí existe voluntad, Senadoras y Senadores, de aprobar una ley que verdaderamente regule de manera eficaz el procedimiento para ejercer el derecho de réplica. Si es así cuenten con el apoyo del Grupo Parlamentario del PRD, pero si lo que pretenden es hacer nugatorio el derecho de réplica y defender los intereses de los medios de comunicación con un proyecto como éste, anuncio, a nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, que nuestro voto será en contra.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, Presidente.

Buenas tardes a todas y a todos.

Vengo a nombre de la mayoría del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a fijar esta posición sobre la Ley Reglamentaria del 6º constitucional en materia de Derecho de Réplica que hoy estamos discutiendo, eventualmente votando a partir de un dictamen que se aprobó en Comisiones Unidas.

Comienzo por decirles que traemos un rezago nada más de 8 años, 8 años de una obligación constitucional que no hemos sabido honrar. Para aquellos que dicen que cuál es la prisa, que esto es un albazo, un madruguete, son 8 años que tenemos de retraso en esta discusión.

Pero además, estamos con esta legislación complementando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque la réplica, me referiré un poco más adelante a ello, es uno de los derechos fundamentales de las audiencias; pero remite la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a la legislación de la materia, misma que no hemos expedido.

La réplica, el derecho de réplica armoniza dos derechos humanos fundamentales: la libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la información, por otro lado, de eso se trata. Y yo les puedo garantizar, les puedo asegurar que este dictamen que hoy estamos discutiendo, y eventualmente su aprobación, y esta nueva ley, es infinitamente mejor de lo que tenemos hoy día en nuestro país en materia de réplica, en materia de la defensa mínima que deben tener no los políticos, los ciudadanos frente a los medios de comunicación, sean estos escritos o electrónicos.

Hay que recordar, para los que dicen que no hubo discusión, que esto nuevamente pasó sin un análisis, sin un debate, que esto llegó de la Cámara de Diputados en diciembre de 2013.

Y, por cierto, para los mentirosos que dicen que este es un dictamen, que solamente atiende una propuesta de un legislador del Partido Verde, veo que es falso, es falso porque hubo otras iniciativas muy atendibles y que forman parte de este dictamen, como la que presentó mi compañero Fernando Rodríguez Doval, Diputado, en octubre del año 2012, y que está considerada precisamente como parte sustantiva del documento que hoy nos ocupa.

La réplica, como les dije, es uno de los derechos fundamentales de las audiencias. Dice el 256, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sean derechos de las audiencias ejercer el Derecho de Réplica en términos de la ley reglamentaria.

¿Pero qué más?

Que el artículo Tercero Transitorio del decreto constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, ese artículo transitorio nos dio un plazo de 180 días a este Congreso de la Unión para legislar en materia de Derecho de Réplica, para regular el Derecho de Réplica.

Plazo que por mucho ha sido superado considerando la publicación que fue en junio de 2013.
Entonces, esto es medio esquizofrénico. Cuando no cumplimos con los plazos que dice la Constitución, estamos en falta, somos una punta de irresponsables.

Pero cuando actuamos, traemos dictámenes a discutirlos, y a aprobarlos, entonces, ¿cuál es la prisa?, un albazo, un mandato de la oligarquía, y no sé cuántas barbaridades.

Igualito pasó el año pasado, el año anterior, por la ley de  Telecomunicaciones y Radiodifusión.

¿No cumplimos el plazo de 180 para sacarla, que nos ordenaba la Constitución?

Y cuando tenía uno listo el dictamen; ¡ah!, hay que hacer foros locales, regionales, nacionales, mundiales, para recoger nuevamente la opinión de medio mundo.

¿Y saben que en el fondo lo que está ocurriendo, como está pasando en esta ocasión?

Que no quieren que pase la legislación, que no quieren que se apruebe, tanto que critican intereses mezquinos detrás de este tipo de iniciativas y proyectos, cuando en realidad, con qué cara los que se opusieron a la Ley en Telecomunicaciones, ahora van a venir a decir que no sirvió para maldita la cosa.

Cuando es la única que está dando resultados palpables, tangibles y concretos para los consumidores.

Pero, ¡ah!, había seguir madurando,  reflexionando, y reflexionando y filosofando sobre este tipo de piezas legislativas.

Yo quiero destacar, como aquí lo dijo mi compañera Pilar Ortega, que aquí la réplica es igual para toda persona, no es para los políticos, no es para los servidores públicos, idéntico trato para los ciudadanos que para quienes están en el servicio  público, punto  número uno.

Punto número dos, el derecho de réplica se va a aplicar en todos los casos de medios de comunicación, escritos, periódicos, revistas, electrónicos, radio, televisión abierta, televisión restringida, portales de Internet, agencias de noticias, y las que se vayan sumando en el futuro. No hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de limitación.

Tercero. No se limita la libertad de expresión de manera alguna, aquí cada quien va a poder opinar lo que le venga en gana; pero es muy distinto opinar a expresar datos que no son ciertos, falsedades e inexactitudes, y no solamente eso, sino que además, causen un agravio a quien se sienta afectado para poder ejercer su derecho de réplica.

Es decir y cualquier persona física o moral estará acreditada para hacerlo, insisto, es por información falsa e inexacta y que cause un agravio.

Ahora, algo  muy importante, y quizás también por eso algunos medio de comunicación no les gusta la idea de que venga esta legislación, por qué, porque van a tener que ocupar el mismo espacio y formato para tener la réplica cuando ésta proceda.

No que nos mandan a la página 49, en unas letritas chiquitas, y dicen, ya cumplimos con la réplica, y todavía viene la contestación, la nota del columnista o la nota del reportero, a argumentar  nuevamente, y ahí murió la cosa.

No señores, ahora sí van a tener que publicar en el espacio concreto en el que publicaron la información inexacta.

Y, algo muy importante, hablando de que todos los medios de comunicación serán susceptibles u objeto de este derecho de réplica, es que tratándose de programación en vivo se podrá ejercer en ese momento la réplica.

Bueno, se quejan algunos –aquí lo he estado escuchando- de que se tiene que ejercer ante los medios de comunicación el derecho de réplica.

Bueno, ¿pues ante quién querían?

¿Ante el Papa o qué?

Pues es obvio que tiene que ser ante el medio de comunicación, y si el medio de comunicación no tiene directamente este reclamo, entonces, se va directamente con un juez, que en un juicio sumario, absolutamente expedito, ágil va a resolver lo conducente, si procede o no la réplica, y en su caso, inclusive o la imposición de una sanción de carácter administrativo.

Había quien decía, y por qué no le damos primero la instancia que a Gobernación.

Sí, cómo no, o a la Secretaría de Educación  Pública.

Ponerlos en manos del gobierno para el ejercicio de derecho de réplica. Es absurdo.

Entonces, directamente con el medio. No atiende, vámonos rapidito a un juicio sumario con el Poder Judicial.

Y eso es lo que se está planteando diez días hábiles como máximo, o dos adicionales como caso excepcional.

Y, por último, la réplica, el derecho de réplica es o será un ejercicio gratuito; mienten los que están diciendo que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.

No señor, si la tienes y tienes una grabación o tienes  la publicación, la anexas, la juntas, es perfecto, pero si no, como en cualquier juicio, el juez es el que le va a pedir las partes la aportación de determinados elementos para tener el juicio, sí, aparte las  pruebas que aporte cada quien.

Pero, no sean mentirosos, hombre,  una de dos, o no leyeron bien las cosas o las leyes y no las entendieron o las leyeron y las entendieron, y de mala fe vienen aquí a tratar de confundir.

Pero ya estuvo suave, porque esto, insisto, estamos frente a una buena pieza legislativa, que armoniza el derecho a la información y la libertad de expresión, y que viene a complementar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en cuanto al derecho de audiencias se refiere.

Por ello, es que los invito, respetuosamente a que votemos a favor de este  dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadoras y Senadores:

El día de hoy hemos asistido a un debate intenso en torno a un tema muy importante que es el derecho de réplica.

Hoy seguramente, en un momentos más estaremos saldando una deuda muy importante con la sociedad, con los ciudadanos, con el ciudadano medio para quien de alguna manera trabajamos y buscamos representar.

Hoy seguramente estaremos concluyendo un  proceso legislativo para llevar a cabo las normas complementarias a lo que dispone el artículo sexto constitucional.

Sin duda esta ley representa un paso hacia la consolidación de bienes, de valore, de derechos que están urgentemente necesitados de protección. Y están necesitados de protección fundamentalmente porque se requiere que todas las personas físicas, y todas las personas que tengan calidad de persona jurídico-colectiva sean sujetos de tutela como ahora seguramente con esta ley lo serán.

Y serán sujetos de tutela de estas normas y estas nuevas disposiciones otorgándoles el derecho de réplica a todos los mexicanos, porque hoy solamente este derecho lo tienen consagrados los partidos políticos, los candidatos, así como los precandidatos.

Este momento para nosotros es tan importante porque en el debate ya estamos haciendo uso del derecho, por un lado ha habido serias acusaciones, que denostan por supuesto, y pretenden denigrar la imagen de las y los senadores de las Comisiones Unidas que votaron en conjunto esta ley reglamentaria.

Por otro lado, están quienes han venido a plantear también la defensa a la propia imagen, y han venido a plantear sus razones del contenido de una ley que en este momento es inexistente; del contenido de una ley que en este momento es una laguna jurídica que no hemos dado a los mexicanos; del contenido de una  ley que fue votada hace más de un año en la Cámara de Diputados, y que no hemos dado ni la norma jurídica ni el procedimiento que regule adecuadamente el derecho de réplica para la sociedad en general.

Es cierto que hoy tenemos ese derecho tutelado exclusivamente para los partidos políticos. También es cierto que este derecho de réplica pretende tutelar, por un lado la libertad de expresión que ya está protegida en la norma constitucional y en el derecho convencional, pero por otro lado, el derecho de réplica busca proteger de manera muy intensa y de manera muy efectiva el derecho a la propia imagen, el derecho al sano desarrollo de la personalidad de cada individuo, el derecho al respeto de los demás, que se ha construido por cada persona en el mundo que le rodea, y esto, efectivamente, es algo que está ausente en la normatividad jurídica de nuestro país.

No lo hemos realizado, no lo hemos hecho porque las posiciones en el camino han sido posiciones extremas, hay quienes piensan que estamos en la época de Dracon y Licurgo, donde habrá que imponer sanciones severas de todo tipo de intensidad, sin tomar en cuenta que las leyes que lo hacen es tutelar bienes, valores y derecho de diferente jerarquía, por eso las sanciones son de naturaleza administrativa y son de naturaleza económica.

Hay quienes buscan que nos vayamos al extremo en la creación de las leyes pensando que las cosas, por sólo decreto, pueden cambiar, y no es así.

Nosotros tenemos que cuidar muy bien el equilibrio entre las leyes que formulamos, las leyes que votamos y los compromisos que tenemos para mantener el status de los derechos esenciales, de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las personas.

Nosotros sabemos que aquí hay dos derechos muy importantes que están en evaluación, que se valoran constantemente, pero los dos han sido recogidos por las convenciones internacionales de los que México, sin duda, forma parte.

Por eso me parece muy importante reconocer el trabajo de todos los legisladores, los que han opinado a favor, los que han opinado en contra, cada uno tiene su propia razón, pero lo más importante es reflexionar que la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica, cada uno de estos gozan de la misma jerarquía, y, por tanto, el dictamen que estamos en este momento discutiendo ha sido cuidadoso en buscar el equilibrio en cuanto al alcance reconocido en el ámbito de las normas nacionales, así como de las normas internacionales.

El ámbito de la transparencia, la libre expresión de ideas, e incluso el derecho a tener conocimiento preciso, la información precisa sobre determinado tema, es un derecho que no se vulnera con esta norma, pero también hay derechos elementales cuando la información es inexacta, cuando la información es imprecisa, cuando la información es dolosa y tiende a dañar la propia imagen o el sano derecho que se tiene al desarrollo de la personalidad de quienes han creado alrededor de sí, por supuesto, una imagen y un crédito de carácter social, familiar, profesional, etcétera, etcétera.

En tal sentido, hoy estaremos votando un tema muy importante que ha sido en el ejercicio legislativo de este debate parte de la esencia del mismo en donde todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho de expresar nuestras razones, pero también todos y cada uno de nosotros estamos obligados a respetar las opiniones de los demás, y no salirnos del cauce de los debates, que seguramente siempre nos llevarán a salidas muy conciliadoras en temas tan importantes como el derecho a la información.

El derecho a la información se motiva precisamente en temas muy importantes que tienen que ver con los valores que ya hemos precisado.

El derecho a la información, en este momento, se ejerce para quienes lo tienen de manera residual, que son los partidos políticos, los candidatos y precandidatos de una manera biinstancial, estos tienen que acudir a dos instancias, primero ante el INI, y, después, a un procedimiento especial sancionatorio ante el tribunal correspondiente.

Hoy no tendría que ser así, hoy todas las personas, incluyendo a los partidos, tendrían el derecho por disposición de lo que establece el artículo 19 transitorio de la materia, tendrían el derecho de acudir inmediatamente a hacer uso de su derecho de réplica ante el medio que ha incurrido en esta falta.

Y se decía que el plazo era muy corto, hoy el plazo es de tres días, el plazo establecido en la ley es de cinco días hábiles, de tal manera que se amplía el umbral que hoy se tiene en el derecho para los partidos políticos.

También debemos decir claramente, este no es un derecho que prescriba, prescribirá la posibilidad de acudir al derecho de réplica en el ámbito administrativo, pero de ninguna manera vamos a perder los derechos establecidos claramente en el Código Civil Federal, en el artículo 1,916, donde tenemos un plazo hasta de 10 años para ejercer este tipo de derechos, y cinco en algunos casos.

Por tanto, a mí me parece importante clarificar que la regulación del derecho de réplica atiende a una obligación que tenemos nosotros como legisladores y a una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a las personas, en el acceso permanente y suficiente a la información objetiva y veraz.

También paralelamente al ciudadano le asiste el derecho del acceso a instrumentos jurídicos, eficaces, sin costo alguno, a fin de que puedan proteger y puedan tutelar de manera más intensa y en forma más efectiva los derechos que tienen precisamente cuando ocurre una información falsa o inexacta, o cuando esta divulgación se realiza para generar un agravio a las personas.

No es cierto que hay una limitación, todas las personas físicas y todos los entes jurídicos tienen el derecho de accesar a esta posibilidad de replicar cuando existe el motivo correspondiente.

Por esa razón, en nuestro país, la réplica, sin duda, está a punto de adquirir carta de naturaleza como derecho fundamental, carta de naturaleza por la falta que tenemos desde año 2007, en que se llevó a cabo aquella reforma constitucional, y que nosotros en el transitorio, en el plazo que nos dimos, no lo hemos cumplido.

Con esto seguramente estamos superando un vacío legal que impide hacer valer este derecho a cualquier vecino de nosotros, a cualquier miembro de nuestras familias, a cualquier ciudadano en general y, en este sentido, el acceso al derecho de réplica es gratuito, es universal y es un derecho para todos nosotros.

Por esa razón, creo que es muy importante acudir a esta tribuna para decirle a las y los legisladores: votemos en favor de esta ley, pensando que no hay ley perfecta, pero que todas las leyes son perfectibles, es mejor darle una herramienta, un instrumento a la sociedad válido para que se defiendan cuando son difamados o calumniados, a no tener nada en el panorama legal.

Por esa razón, el grupo parlamentario del PRI, hablo a nombre de todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, estaremos votando en favor de esta reforma al derecho de réplica.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral uno, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores:

Senador Luis Sánchez Jiménez, en contra.
Senador Jesús Casillas Romero, a favor.
Senador Javier Corral Jurado, en contra.
Senador David Monreal Ávila, en contra.
Senadora Graciela Ortiz González, a favor.
Senador Raúl Morón Orozco, en contra.
Senadora Marcela Torres Peimbert, en contra.
Senador Fernando Mayans Canabal, en contra.
Senador Carlos Alberto Puente Salas, a favor.
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en contra.
Senador Rabindranath Salazar Solorio, en contra.
Senadora Martha Tagle Martínez, en contra.
Senador Manuel Bartlett, en contra.
Senador Omar Fayad Meneses, a favor.

¿Alguien más desea anotarse en la lista de oradores para la discusión en lo general?

Se cierra, en consecuencia, la lista de oradores en el apartado de discusión en lo general.

Tiene, en consecuencia, el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

El proyecto de dictamen de la ley que hoy nos presenta, contiene graves inconsistencias y de plano debe calificarse de inconstitucional, así de claro.

De aprobarse, dejaría ahogada a la réplica, en el mar de formulismos, leguleyos, de los tribunales civiles, federales de nuestro país.

Con un sentido de responsabilidad, éste Senado, debiera rechazar todo el proyecto que nos envía la Cámara de Diputados, porque nuestros colegas legisladores, jamás quisieron como hoy lo hacen las comisiones que nos presentan en el dictamen, reconocer y aplicar el derecho de réplica.

El derecho de réplica es un derecho humano, consagrado en el artículo 6º de nuestra Constitución, no es como se nos presenta en el dictamen, una obligación civil sujeta a las reglas del derecho privado.

No se trata de dirimir controversias entre particulares, de relaciones de coordinación, sino de relaciones de orden público que resguardan una garantía en el mundo del derecho público, un derecho público subjetivo.

En la propuesta se anula el carácter de derecho humano que la réplica tiene en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales.

En nuestro sistema constitucional y convencional, la réplica no es un asunto que implique una regulación de controversias civiles o de particulares propias del derecho privado.

Es un derecho humano, una garantía constitucional y, por tanto, un asunto de orden público.

Hay que dejar claro, que se trata de un derecho humano de carácter político, referido a relaciones de poder entre quienes tienen la propiedad privada de los medios de comunicación y las personas y colectivos, la sociedad civil, es un medio para el debate y la socialización de la libertad de expresión, no una obligación civil como se le concibe en la propuesta de marras.

Quienes confeccionaron el proyecto, hay que decirlo, la telebancada y algunos más que se incluyen en ello, olvidaron por completo las diferencias ante las obligaciones civiles que emanan de una relación contractual, contra las que son oponibles a acciones civiles y los derechos públicos subjetivos de las personas que se expresan y exigen frente al poder privado de las corporaciones que no están en una relación de igualdad, sino de subordinación frente al ciudadano común.

El artículo 5º del proyecto, comete un error que se arrastra desde la Convención Americana de Derechos Humanos, al reducir el espectro del agravio, sólo a motivos políticos, económicos, honor, imagen, reputación o vida privada.

La ley que se propone, ignora, que en los sujetos obligados, los medios, no sólo tratan asuntos que se refieren a la política, la economía, el honor, la imagen o la vida privada de las personas.

En los medios se difunde información u opiniones falsas o inexactas en los ámbitos, social, científico, tecnológico, artístico, deportivo, de espectáculos, técnico, de la salud, la educación, la cultura, la literatura, la cultura popular, la contracultura y muchas más formas de expresión humana que merecen ser objetadas mediante la réplica.

Para el caso, véase los productos milagros, o la diversidad de inexactitudes científicas que pululan tanto en la televisión como en la radio y no se diga de la difamación contra prácticas cotidianas de los programas de espectáculos o las imprecisiones estéticas respecto a las obras de arte.

Pero lo profundamente nefasto de este proyecto y que trastoca al derecho de réplica, arrumbándola a la suerte de litigantes chicaneros es la parte procesal.

En ella, se inventa una especie de juicio ordinario civil que hará inaplicable el derecho de réplica.

Se instituye un procedimiento administrativo ante un privado, al que se da potestad de autoridad y, luego, un ordinario civil en donde se controvierte al sujeto obligado, pero ahora ya no con las potestades de autoridad, sino como una igual y; por ello, es que la carga de la prueba está en el quejoso, todo un engendro legal.

El mecanismo que se presenta es opuesto a los principios constitucionales de protección de los derechos humanos.

El primer lugar, debe partirse del principio, de que se trata de relaciones de iguales entre particulares, de ser así, no tendría sentido haber insertado la figura en la Constitución y bastaría incluirla en el Código Civil, y generar un juicio especial en el código de procedimientos civiles y hacer que las partes se sujetaran al procedimiento civil ordinario y no a la legislación de garantías constitucionales.

Presidente: Es larga mi intervención, pido que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Y, concluyo, diciéndoles, compañeras y compañeros.

Que el verdadero objetivo de esta legislación es hacer inaplicable este derecho consagrado en la Constitución. Ese es el objetivo central de las empresas de televisión y radio, que han realizado una fuerte labor de cabildeo en favor de este proyecto, desde las telebancadas en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Sería un desastre, concluyo, que se aprobará tal y como está la minuta. Vital, por tanto, es oponerse a ella en su totalidad.

O bien, compañeras y compañeros:

Hablando con sinceridad, establecer con toda claridad que esta Ley Reglamentaria, establece las bases para hacer nugatorio el derecho de réplica, establecido en la Constitución.

Hablar con la verdad, tampoco les vendría mal a las y los legisladores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la voz el Senador Jesús Casillas Romero, hasta por cinco minutos.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo aquí a esta tribuna a hablar a favor del dictamen.
Estoy seguro que este es un paso importante en la vida democrática del país en razón de lo que consagra esta reforma.

Cuántos de nosotros, hemos por alguna causa, con dolo, con mala fe o de manera errónea, hemos sido señalados por algún medio de comunicación y no hemos tenido la oportunidad de acceder en la réplica, o porque no tenemos conocidos, o porque no podemos acceder al medio de comunicación para rectificar.

Hoy, estaremos aprobando un instrumento jurídico que viene a solventar el vacío en esta materia.

Una herramienta para hacer valer este fundamental derecho de todas las personas a rectificar o, aclarar, difundidos en los medios de comunicación y agencias noticiosas cuando contienen hechos incorrectos o inexactos. O peor aún, son capaces de lastimar la integridad y reputación de alguna persona.

A diferencia de algunas consideraciones desgraciadamente erróneas, algunos de los compañeros Senadores han planteado consideraciones sobre puntos que consideran inadecuados para la consecución de los fines de la réplica, a través del proyecto. Ya en sus posicionamientos como en sus reservas y votos particulares.

Me voy a referir, particularmente, a lo relativo en el artículo 12 y 19 del proyecto de ley, sobre las causas por las cuales no procede la réplica. Esto porque se dice que viene a constituir un obstáculo para hacer valer tal derecho.

Sin embargo, es de resaltar que el artículo 19, se basa en dos principios fundamentales: Lógicos y evidentes para la actualización de una hipótesis de improcedencia.

La satisfacción del objetivo de la réplica y la preclusión del derecho. Esto es, en los casos en los que ya se haya realizado la réplica fuera del procedimiento a que se refiere esta ley, y por similitud de razón, cuando sea ajena a los datos de la publicación o bien que la persona no tenga interés en el asunto.

Por cuanto hace a la preclusión del derecho, es obvio que si ya han fenecido los plazos como en cualquier otra materia, atentos al principio de certidumbre jurídica, cualquier solicitud extemporánea debe derivar en improcedente, hipótesis contenidas al tenor siguiente, y cito textualmente el artículo 19:

“El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos:

Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado.

Cuando se ejerza en los plazos y términos previstos en esta ley.

Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa, y cuya difusión le ocasiones un agravio.

Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes.

Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida en los términos previstos en la ley.

Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dieron origen.

Cuando la réplica verse sobre información oficial que, en forma verbal o escrita, emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación.

Y cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación, provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia”.

Cabe destacar el contenido de esta última fracción, de que se dice que habrá de constituir una hipótesis encaminada a entorpecer el acceso al derecho de réplica. Esto porque cuando la información publicada o transmitida provenga de una agencia de noticias y se haya citado a ésta, no procede el reclamo o solicitud directamente ante el medio de comunicación.

Con esto algunos compañeros aseguran un sesgo al no poder recurrir al medio de comunicación y deber hacerlo directamente a través de la agencia.

Sin embargo estimamos, compañeras y compañeros, que en realidad es todo lo contrario, pues omite señalar que esta disposición está vinculada a la diversa contenida en el artículo 18 de esta ley que a la letra dice:

“Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dio origen a la réplica adquirida o proveniente de la agencia de noticias o de los productores independientes, estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto a la información falsa o inexacta que ésta les envíe, para lo cual en sus contratos o convenios deberán asentarlo”.

Esto es, el derecho de réplica hecho valer ante una agencia noticiosa, le es obligatorio cumplimentar a cualquier medio de comunicación, con lo que bastaría un solo procedimiento en esta materia para hacerlo valer, a diferencia de tener que acudir a cada medio de comunicación que hubiese difundido alguna información proveniente de alguna agencia.

Así, estimados compañeras y compañeros, no tergiversemos las cosas. En este caso la fracción VIII del artículo 19 es tan evidente que salta a la vista que es un procedimiento sobre la agencia noticia la que resuelva sobre todos los medios involucrados.

Es mucho más práctico, garante que en el número de procesos, que entonces sí ver qué hace el ciudadano atendiendo el seguimiento de todos ellos.

Es decir, sí hay manera de hacer valer en todos los casos el derecho a réplica, a pesar de lo que aquí se dice.

Por eso adelanto que mi voto será a favor del dictamen, de la minuta que por cierto enviada por Diputados y que ya ha sido dictaminada por mayoría en las Comisiones correspondientes.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar en contra del dictamen, tiene el uso de la voz el Senador Javier Corral Jurado, hasta por cinco minutos.

El Senador Javier Corral Jurado: Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

En nuestro país ha sido difícil concretar un ordenamiento legal que garantice a los ciudadanos ejercer eficazmente el derecho de réplica frente a informaciones falsas o calumniosas en los medios de comunicación.

Esa ha sido una ostra muy dura de abrir, no obstante que atiende uno de los aspectos más importantes de la eminente dignidad de la persona humana: la defensa de su honor, su imagen y su reputación personal.

Desde 1980, en que México ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de réplica contenido en ambos instrumentos internacionales no ha podido ser garantizado en nuestro país dentro de una adecuada y eficaz legislación. La pésima noticia para el país es que tampoco ahora se logrará el objetivo.

Estamos ante un fraude a la sociedad mexicana, que se pretende presentar como avance legislativo en materia de derecho de réplica. De hecho la ley que ahora nos proponen como avance, en varios supuestos retrocede con relación a la Ley de Imprenta, de Venustiano Carranza, de 1917.

Lo afirmo en materia de plazos de rectificación del medio, en la extensión de la réplica a la que un ciudadano tiene garantía en la ley de 1917, frente a la que ahora se le brinda.

En 2007 se reformó la Constitución y ahí se introdujo el derecho de réplica en el artículo sexto, reconociéndolo como un derecho humano esencial y correlativo a los de libertad de expresión y de información.

Se dio un plazo de 30 días para desarrollarlo en la ley, lo cual no aconteció. En 2011, con motivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones, se ordenó mediante transitorio elaborar una ley reglamentaria del derecho de réplica en un plazo de 180 días.

El día de hoy un acto legislativo que pudo estar revestido de una significación histórica en la larga lucha por el derecho a la información en  nuestro país, no será considerado así porque lo que se aprobará contradice los mismos propósitos expresados en los considerandos del proyecto que cito:

“Hacer del derecho de réplica un ejercicio claro, eficaz y expedito”. Ninguno de los tres objetivos se cumplirá.

Es una pena que un derecho que ha esperado décadas para ser garantizado en la legislación, sucumba una vez más por la presión grosera de las televisoras, por la ambición insaciable de poder y dinero que parece imponerse de nueva cuenta para lograr un traje a su medida: la connivencia entre el poder político y las televisoras, connivencia transversal a partidos políticos y poderes de la Unión.

No obstante que ya llevaba en el Senado un año y diez meses, y que en varias ocasiones se planteó corregir y mejorar la minuta, el pasado 31 de agosto se intentó un albazo legislativo para aprobarla en sus términos.

Las televisoras no cedieron ni una coma en relación con el proyecto que le impusieron a los Diputados. Y el gobierno y su partido, y sus aliados en la oposición, se han resignado a tal designio.

La nueva ley que reglamenta el derecho de réplica y que se votará hoy, no sirve a los ciudadanos y tiene un criterio que favorece claramente los intereses de los medios electrónicos, principalmente los de las televisoras.

No atiende las reformas constitucionales que este Senado y el Congreso ha emitido en el período pasado, tanto en materia de telecomunicaciones como en derechos humanos.

En un tema tan importante insistí a mis compañeros en retomar principios esenciales de Acción Nacional en torno de la persona humana; que recogiéramos posturas consagradas en asambleas y convenciones del partido, como la XX Convención de 1969, año en que se instituyó la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la cual se nos planteaba que por su naturaleza personal y social, todo ser humano tiene el derecho y la obligación de participar en la marcha de la sociedad.

Esta función social no se puede cumplir con normalidad y eficacia si los medios de información no proporcionan elementos razonablemente exactos para el juicio y la decisión responsable.

El problema se agrava cuando a las deficiencias se añade la falsificación voluntaria de la realidad y la abundante variedad de las mentiras pagadas.

Ya la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, explicaba hace unos meses que esta ley reglamentaria del artículo sexto constitucional abre deliberadamente un margen de discrecionalidad que siempre han exigido las empresas de comunicación para decidir por ellas mismas si rectifican o no hechos falsos difundidos en sus espacios, lo cual significa, en realidad, anular la posibilidad de llevar a la práctica el derecho de réplica como una herramienta efectiva de defensa respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación.

Dentro de las voces que se alzaron en contra de la minuta y fueron desoídas por el Senado, desdeñadas están ni más ni menos que las de los defensores de las audiencias de los medios públicos de comunicación del Estado mexicano, hicieron llegar a las comisiones y a los Senadores de la República, un pronunciamiento vigoroso, los defensores de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, del Canal 22, del Canal 11, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y del Ombudsman MVS, en su parte medular señalaron lo siguiente:

Cito.

 “De aprobarse en sus términos, habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información”

De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social si se desdeña la facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho.

Esta minuta de ley, tal como está redactada, estoy citando a los defensores de las audiencias de los medios públicos, esta minuta de ley, tal como está redactada no le sirve a la sociedad, porque no garantiza uno de los derechos fundamentales de las audiencias, si esta minuta es la que han acordado apoyar algunas fuerzas políticas, es preferible que no se aprueben, hasta que no existan las condiciones de reglamentar un derecho  con visión democrática y de derechos humanos.

Concluyo, compañeros, al cabo que he apuntado varias reservas sobre varios artículos.

El Senado de la República manda una señal de indolencia y de desprecio por la opinión de la sociedad civil, que es el sujeto esencial de este derecho, trastoca el sentido de la representación y vuelve arremeter contra el interés público, tanto la forma  como el contenido de esta decisión da cuenta del profundo deterioro institucional que mantiene a la sociedad mexicana irritada frente a la clase política.

Se confirma también  cómo frente a la crisis de corrupción e impunidad que marcan hoy el envilecimiento de nuestra democracia, se añade el cinismo político de quienes, sujetos de las más diversas acusaciones de deshonestidad personal y política, no son capaces de confeccionar una ley, ni siquiera en defensa propia, signo de que las críticas, las acusaciones, los señalamientos tienen sin cuidado a los principales actores de la  arena pública  en México, y eso es también una tragedia.

Sabedores de que esas conductas vulnerables, lo que menos les importa  es confrontar la aclaración, pero que esa impunidad, que esa corrupción y que ese cinismo, no atraviese el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

Relativizar un derecho humano, como lo hace esta minuta, es una regresión inadmisible que no puede considerarse como avance  en el Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se inserta en el Diario de los Debates el texto íntegro de la intervención del Senador Sánchez Jiménez.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes de la Asociación Civil Unidad Fuerza Iluminada Ciudadana, del Estado de Veracruz, invitados por el Senador Isidro Pedraza Chávez, quienes asisten a esta sesión, a presenciar el debate, nuestros debates legislativos.

Tiene a continuación el uso de la voz, para hablar en contra del dictamen, el Senador David Monreal Ávila, hasta por cinco minutos.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente.

Es evidente que esta Ley Reglamentaria  no dará satisfacción a esos derechos del ciudadano,  y que existen muchas omisiones en la misma y que seguramente, en breve, tendremos que estar nuevamente discutiendo este mismo derecho de réplica.

De acuerdo al artículo 10º transitorio del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del 2008, decía que a más tardar, el 30 de abril, del mismo año, el Congreso de la Unión, debería expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución. 

Aunado a este primer llamado, con la reforma a la Constitución Política, del 11 de junio del 2013, el artículo 3º transitorio, fracción IV de este decreto, establecía que el Congreso de la Unión debería realizar adecuaciones al Marco Jurídico para regular el derecho de réplica, dentro de los  180 días  siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto, es decir, el 2 de diciembre del 2013.

Ante la doble obligación que tuvo el Congreso de la Unión para legislar sobre el derecho de réplica, fue omiso, carente de toda voluntad política, para garantizar de manera efectiva, la posibilidad de que toda persona pueda aclarar cualquier divulgación inexacta o falsa que le cause agravio o daño.

Desde el 6 de diciembre del 2013, se envió a esta soberanía la minuta del presente decreto, es decir, se tuvieron casi dos años para analizar, discutir y, en su caso, modificar el dictamen, escuchar a todos los interesados, corregir las deficiencias y mejorar este proyecto, a fin de salvaguardar verdaderamente el derecho de réplica.

No obstante, se quiere imponer bajo el argumento de que no se  puede dilatar más la aprobación de esta Ley.

Un proyecto que lejos de proteger el derecho  de réplica, busca defender  los intereses de los medios de comunicación.

Es de resaltar las incongruencias bajo las cuales opera el Congreso de la Unión, dado que hoy se pretende aprobar el presente dictamen, sin que se haya modificado una sola coma, a sabiendas de que adolecen varios temas sustantivos, por lo que más bien parece una norma que restringe este derecho en lugar de garantizarlo.

El dictamen contiene numerosas deficiencias que impiden que sea verdaderamente una ley eficaz, dado que el derecho de réplica  debe distinguirse por su practicidad y sencillez para ejercerlo, protegiendo realmente los intereses de las audiencias.

Sin embargo, este proyecto camina en un sentido contrario a la propia naturaleza del mismo, tales carencias  en la minuta, fueron expuestas en su minuta por académicos, legisladores, organizaciones civiles y mucha población, como es el caso de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, quien desdeñó la minuta por presentar un claro desequilibrio y una serie de ventajas   a favor de los medios de comunicación y en perjuicio, obviamente, de las audiencias, un proceso judicial lento y con trabas para el solicitante que exige hacer valer su derecho de réplica, a quien se le requiere, desde llenar un formulario, hasta requisitos increíbles y sin sentido, como anexar en su solicitud una copia de la emisión o publicación a la que alude en su reclamo, lo que implicaría forzosamente tener que solicitársela al propio medio, que por ejemplo en el caso de la televisión, constituiría un grave obstáculo para ejercer efectivamente ese derecho de réplica.

Adicionalmente, si bien las réplicas deberán ser publicadas en el mismo medio original que difundió la información equívoca y que daño la moral y la vida privada de cualquier persona, quedará a criterio de dicho medio si se otorga o no el espacio de réplica, lo que es y convierte en una acción discrecional, arbitraria y absurda sin que exista alguna garantía real para ejercer este derecho.

Una clara contradicción que se observa en el dictamen es respecto a la obligación de los medios de comunicación para rectificar información falsa o inexacta, proveniente de las agencias noticiosas.

 Por un lado el artículo 18 del proyecto plantea que efectivamente los medios de comunicación deberán de transmitir la réplica o rectificación sobre la información incorrecta difundida o proveniente de las agencias noticiosas.  Pero por el otro lado y de manera flagrante, en el siguiente artículo que versa sobre las causales bajo las cuales el sujeto obligado puede negarse a transmitir la réplica, se contempla en la fracción VIII la posibilidad de que el medio de comunicación pueda no difundir la réplica cuando la información provenga de una agencia noticiosa y se haya citado a la agencia.

Esto quiere decir que habrá una contradicción de normas sobre si el medio de comunicación estará o no obligado a resarcir el daño, a pesar de que haya sido quien generó un mayor impacto en la difusión de la información inexacta o falsa en contra de la persona agraviada, y en consecuencia lo único que se logrará es asegurar que el derecho de réplica quede al arbitrio y discrecionalidad de los medios de comunicación.

Ante tales escenarios, lo que realmente provocará esta ley es burocratizar y desincentivar a toda persona para que efectivamente ejerza este derecho de réplica, ya que tendrá las más de las veces que recurrir al procedimiento judicial contemplado para poderlo hacer efectivo.

En conclusión, la minuta carece de los elementos necesarios para hacer del derecho de réplica un ejercicio pertinente, fácil y expedito; al contrario, lo que se pretende aprobar es una serie de preceptos que constituyen un retroceso en el derecho de audiencia y por lo tanto en los derechos tan esenciales como lo son el de la expresión e información.
Por último, también nos encontramos ante una normativa completamente desactualizada que soslaya las distintas implicaciones y los diversos escenarios que generen los medios de comunicación electrónicos y digitales con la enorme importancia que estos conllevan actualmente.

Por tal motivo, mi voto a este dictamen será en contra.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede a continuación el uso de la voz a la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros:

Vengo a hablar a favor de la iniciativa de la Ley  Reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero de la Constitución.

Muy convencida, absolutamente convencida de que es mediante esta Ley Reglamentaria del sexto constitucional que se puede asegurar al ciudadano el acceso a los instrumentos jurídicos eficaces que le permiten exigir a los medios de comunicación la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio en su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, honor o imagen.

Buscamos la  aprobación de esta reforma porque estoy segura de que así consolidaremos ese México que todos queremos. Un México en el que exista una libertad de expresión responsable con ciudadanos y con medios de comunicación, en primerísimo lugar comprometidos con la justicia, con la verdad, con el desarrollo y con la paz.

La Ley Reglamentaria aprobada en comisiones, para mí es innegable que representa un avance, un avance porque con ella se supera un vacío legal y será ahora posible, a través de ella hacer valer este derecho fundamental para el ciudadano.

Vale la pena que recordemos que el derecho de réplica se estableció en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, en tiempos de don Venustiano Carranza, señalaba entonces, que la prensa escrita estaba obligada a publicar dentro de los cinco días siguientes de forma gratuita, las rectificaciones o respuestas de personas que fuesen aludidas en artículos, editoriales, párrafos, reportajes o entrevistas.  Entonces ahora el mundo cambió y cambió sustantivamente.

Sin embargo fue hasta el año 2007 cuando se reformó el artículo sexto de la Constitución, con lo que nuestro país adquirió la réplica, por fin un reconocimiento como derecho fundamental de los ciudadanos.  Pero hace falta esta Ley Reglamentaria que fue precisamente aprobada con el trabajo de las  Comisiones Unidas de Gobernación; Justicia; y  Estudios Legislativos, Segunda, este pasado martes 22 de septiembre, en el que estuvimos trabajando en ella.

Esta ley define el derecho de réplica y señala que toda persona tiene derecho a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico en su honor, vida privada y/o imagen.

Esta ley señala como sujetos obligados a los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.  Y considera, y esto me parece que es de subrayarse, considera como medios de comunicación a la persona física o moral que presta servicios de radio difusión, servicios de televisión o audio restringidos, o que de manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables. 

Es decir, es una ley que establece, enumera y enlista a todos, absolutamente todos los medios de comunicación que actualmente hacen tarea de comunicación entre gobierno y sociedad y  por tanto, no me parece ni justa, ni correcta esa apreciación en el sentido de que aprobar la ley sería aprobar y apoyar a dos medios en especial, que son las televisoras, me parece totalmente inexacto puesto que la propia ley enumera y enlista cuáles son los medios de comunicación a los que hace referencia.

La iniciativa establece también que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta y cuya divulgación cause un agravio a la persona.  Ésta es la hipótesis a partir de la cual habría de actualizarse la posibilidad de hacer uso de la misma por el agraviado.

La ley mandata también que la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica sea de manera gratuita, determina que la réplica puede darse directamente en una transmisión en vivo, si el formato del programa lo permite, y de no ser así, el interesado tiene cinco días hábiles  a partir del siguiente al de la publicación para solicitarla.  Es decir, es exactamente el mismo término establecido y el que utilizamos en México por muchísimos año en la Ley de Imprenta y no me queda claro entonces cual es la razón por la cual se pretenda aducir que se sujeta o que se disminuye la posibilidad de la actualización del derecho al darse este espacio.

A mí me parece, compañeras y compañeros, que la ley, que también establece procedimentalmente los plazos de tres días, máximos, que tiene el sujeto obligado para notificar al promovente, es el tiempo que procesalmente es el adecuado para ello.

La ley decreta que una réplica cuando procede, debe de publicarse o transmitirse al día hábil siguiente de la notificación de la resolución, y que en el caso de radiodifusoras o televisoras, las la rectificación tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión.

Establece también desde luego todo lo concerniente a la aplicación, a la competencia de los jueces, determina multas a los sujetos obligados que no realicen la notificación al particular, que no han la aclaración correspondiente o que se nieguen a la publicación de la réplica sin justificación, y cuando el sujeto obligado también se niegue a cumplir la sentencia del juez o la haga fuera del plazo establecido.

Es una ley, pues, que procedimentalmente es muy completa que atiende los aspectos sustantivos de procedimiento para que se haga actuar el ejercicio del derecho de réplica por parte del agraviado, y me parece  que significa un gran avance esta Ley Reglamentaria de lo que ya estableció el artículo 6º constitucional y que sin duda alguna representa para los ciudadanos mexicanos la posibilidad de actualizar un derecho que había quedado en el olvido en lo que es la actualización del andamiaje jurídico constitucional y legal que hemos llevado a cabo en esta Cámara de Senadores.

Por lo tanto les suplico, les solicito su apoyo y su aprobación para esta ley que mucho necesitamos los mexicanos y que viene a modernizar y a actualizar nuestro marco jurídico.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el Senador Raúl Morón Orozco, ha hecho llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen.

La Mesa Directiva la recibe y se instruye a la Secretaría Parlamentaria integrarle en el Diario de los Debates.

Tiene a continuación el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fernando Mayans Canabal: Entiendo, compañeras y compañeros Senadores, la línea es la línea, y hay que ser disciplinados porque si no se ve reflejado en los premios y castigos.

Así también nada más le faltó, entre los requisitos, el acta de defunción. A alguien, a algún redactor ahí se le pasó para solicitar derecho de réplica, va a necesitar el acta de defunción, y obviamente al pueblo de México con todo afecto y cariño, que sepan que hay que tener dinero, lana, hay que tener relaciones porque aquí parece que nadie se ha parado en un juzgado, que llegan y le piden a uno las perlas de la virgen y, por supuesto, el tiempo prolongado. Es una verdadera tortura llegar a un juzgado y más a pedir ese tipo de cosas. Entonces volvemos a la simulación, toda cambia para no cambiar, quedar igual.

Las democracias modernas en el mundo se caracterizan por dotar de mayores mecanismos a los ciudadanos para el efectivo y real ejercicio de sus derechos, como lo es el derecho de réplica. La materia que nos convoca en esta sesión, analizar y discutir se inscribe en los temas de mayor trascendencia para el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, como lo es la regulación de este derecho humano, que aquí se hace inhumano.

Desafortunadamente el dictamen a nuestra consideración no hace eco a este propósito. Como parte de los antecedentes más remotos del derecho de réplica, encontramos que a principios del siglo XIX surgió en Francia la idea de instaurar un derecho de ratificación y un derecho de respuesta.

El primero que protegía a los funcionarios contra los ataques de la prensa, y el segundo a los particulares cuando eran víctimas de difamación o afectados en su honor y reputación. Tales derechos se constituyeron como un instrumento poderoso de defensa y como medio para precisar la información y refutar los errores que contenía.

Con la reforma al artículo 6º de nuestra ley fundamental aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2013, siete, perdón, se elevó a rango constitucional este derecho de réplica, después de que han transcurrido más de siete años hoy el Congreso de la Unión pretende dar cumplimiento a su obligación, de expedir la legislación secundaria para regular este derecho fundamental.

Hay que decirlo así porque este proyecto de ley se encuentra lejos, muy lejos de constituirse como un verdadero mecanismo para garantizar a los ciudadanos su ejercicio pleno, oportuno y efectivo por las razones particulares que ahora me permito exponer.

Bien señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 14.1 que ese derecho también llamado de rectificación es aquel que tiene toda persona afectada para informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general.

De esta forma tiene derecho efectuar por el mismo órgano de difusión su ratificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Conforme dicho instrumento jurídico, internacional se genera para los estados parte como es México, una obligación de respetar tal derecho y garantizar su libre  y pleno ejercicio en sus direcciones respectivas.

Para tal efecto la ley debe establecer condiciones que no entrañen limitantes para su protección real y efectiva. Consideramos que las condiciones que establece este proyecto de ley reglamentaria no son las que se requiere para ejercer sin cortapisa alguna la réplica o ratificación frente a la emisión de información falsa o inexacta por parte de los medios de comunicación que afectan la esfera privada de las personas.

Basta revisar todo  el capítulo 3º que se establece el procedimiento judicial para hacer valer el derecho, tal como lo identificamos el dictamen establece que requisitos que constituyen una carga procesal para el afectado y no para el medio de comunicación, toda vez que lo obliga  a probar ante el juez la falsedad y el prejuicio que dicha información le hubiere ocasionado.

No podemos considerar el establecimiento de un procedimiento expedito, confiable y equitativo tal como se desprende del análisis en el artículo 25 del proyecto, cuya fracción VII prácticamente obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen engorroso y costosa cualquier ratificación.

Así se establece que el procedimiento judicial, el solicitante del derecho de réplica deberá señalar, fracción VII, las pruebas que acrediten la existencia de una información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación. Agencias de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley, las que demuestran la falsedad e inexactitud de la información publicada, o las que demuestren el prejuicio que dicha información les hubiera ocasionado.

Ni que decir del artículo 26, en sus fracciones II y IV, constituyen la carga de la prueba para el ciudadano que pretende ejercer su derecho de réplica, al exigirle un conjunto de documentos, tales como el acuse de recibo original de la solicitud, ratificación que no se hubiese contestado, el escrito del sujeto obligado que niega la solicitud de réplica, la copia del programa o publicación del sujeto obligado, y tan solo para advertir que el derecho de réplica no será garantizado con oportunidad, léase, compañeros el artículo 35, del que se desprende: que posterior al procedimiento adecuado ante el juez de distrito, se seguirá el recurso de apelación por la vía del procedimiento civil, el cual se encuentra sujeto a términos y costos, los cuales complicarán el ejercicio del derecho de réplica.

De esta manera, el procedimiento propuesto dista mucho del objetivo que se busca para que el Estado mexicano garantice el acceso a un instrumento jurídico eficaz.

Y poco es lo que se hace en favor de las libertades y garantías de las personas relativas a este derecho fundamental.

Bien se sabe, los que apoyan este proyecto, que tuvo que haberse diseñado en un mejor procedimiento que responda al interés genuino y legítimo del derecho de las personas y no al de los sujetos obligados.

En suma, con la redacción de estas disposiciones contenidas en el proyecto que se dictamina, se vulneran principios que rigen este derecho en cualquier sistema jurídico, democrático, de nuestros días.

El de progresividad legislativa, que nos indica que la configuración de los procedimientos legales a que está sujeto el derecho de réplica, debe buscar siempre su ejercicio pleno, real y efectivo.

El de equidad, que entraña un despliegue informativo equivalente de la noticia y su rectificación.

El de la pertinencia y oportunidad, que consideran a este derecho como pertinente para subsanar el prejuicio generado y contrarrestar el ejercicio abusivo de las libertades de expresión.

Y, por otro, que debe solicitarse y demandarse en un tiempo oportuno cuando no exista el desarrollo legal o las condiciones materiales para ello.

El de la gratuidad, el que supone que para el ejercicio de este derecho no se debe generar costo alguno para el afectado por la información falsa e inexacta.

Y, por último, el de la prueba, que establece la carga de la prueba, misma que conforme a los principios referidos debe ser parte y para el medio que difundió dicha información.

Compañeras y compañeros Senadores:

Seamos sensatos, preguntémonos de nuevo. ¿Realmente este Senado de la República está legislando en favor de los intereses de los ciudadanos ávidos por ejercer y ver respetados sus derechos?

Bajo el argumento de que con la aprobación de este dictamen se supera el vacío legal que impide hacer valer este derecho fundamental, se emite un proyecto que no alcanza a cumplir con su propósito de regular adecuadamente el derecho de réplica.

Lejos, muy lejos de que este proyecto de desarrollo de forma complete el derecho consagrado en el artículo 6º de nuestra Constitución Política, se incumple con el cometido plasmado en ella y en los tratados internacionales en la materia que obligan a establecer un justo equilibrio y armonización entre las libertades de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.

Por todo lo anterior, mi voto será en contra del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

A todos mis compañeros Senadores presentes, y a los ausentes, con mucho cariño y afecto.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, Presidente.

Estimados compañeros y compañeras:

Hoy hago uso de esta tribuna para razonar mi voto respecto al dictamen de la minuta sobre la reglamentación del derecho de réplica.

Recordemos que el derecho de réplica es un mecanismo jurídico que la ciudadanía puede accionar para defender su intimidad frente a actos de difusión que vulneran su honor, su buena fama o su reputación a la cual todos tenemos derecho.

Este mecanismo es fundamental en sociedades donde los medios de comunicación tienen gran relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos en muchas dimensiones, ya sea para informarse sobre lo que acontece en la vida política del país, o para formarse una opinión respecto a algún tema o una persona en particular.

El dictamen que hoy se discute tiene aciertos, pero también insuficiencia y equivocaciones. La que más agravia es que la apertura que ha distinguido a este Senado para procesar temas cruciales para el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía, hoy brilla por su ausencia.

Estoy cierta que en un Estado que se toma en serio los derechos, no decide sin escuchar. Además, cuando un Congreso cierra el debate legislativo en temas de derechos humanos, genera suspicacia para las y los ciudadanos.

Y desde aquí vuelo a solicitar a cada una y a cada uno de ustedes que no votemos este dictamen antes de escuchar a las y los ciudadanos expertos en el tema, de la sociedad civil que nos están viendo el día de hoy, y que se sienten ignorados.

Este mismo Senado ha demostrado que cuando se hacen ejercicios de parlamento abierto, los productos legislativos nacen con amplia legitimidad y aceptación por parte de la ciudadanía.

En el clima de encono ciudadano y cuestionados como estamos los Senadores y las Senadoras, y de la alta desconfianza en la democracia y en las instituciones, no podemos darnos el lujo de expedir leyes que no toman en cuenta el conocimiento, la experiencia de académicos y expertos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por y para nuestro país.

Los tres poderes del Estado están para garantizar de manera irrestricta los derechos humanos de los ciudadanos.

Retomo la opinión de estos expertos en materia de acceso a la información, que también es un derecho, sobre los principios que deben ponderarse para la construcción de una ley que tiene como fin proteger un derecho humano, como la del día de hoy.

El principio pro-persona, versus el principio pro-Estado, el principio de no regresión y progresividad en contra del principio del status quo, y el principio de certeza y predictibilidad, versus principios generalistas.

Hoy, a falta de un proceso deliberativo transparente y de cara a la ciudadanía, me permito, sin ninguna pretensión ser la voz de quienes no fueron escuchados.

Este proyecto tiene muchos problemas, por ejemplo, si un medio se niega a otorgar el derecho de réplica, el afectado efectivamente puede acudir a un juez, pero para ello debe armar un expediente de pruebas, a su costa, que demuestre la falsedad de la información transmitida por el medio a través de un formato farragoso, lo que en términos prácticos dificulta enormemente el ejercicio de su legítimo derecho en este sentido.

¿Por qué lo permitimos?

El afectado o afectada debe, según el dictamen que están a punto de aprobar, conseguir la copia del programa en el que fue aludida o aludido, y para ello tendrá que pedírselo al medio, se trata, claro, de alguna estación de radio o de televisión.

Sabemos que cuando un medio no tiene disposición, esto se vuelve sumamente difícil, y en ocasiones imposible.

La judicialización del procedimiento en su etapa final, es decir, si el medio no otorga la réplica y el afectado acude al juez para hacer valer su supuesto derecho, constituye una dificultad más para el ciudadano. Y ante esto, la reparación de un daño a la imagen, al honor de una persona y que la llevó ejercer su derecho de réplica, podría postergarse por meses o años, lo que hace ineficaz la reforma, ya que se pierde la pertinencia.

Hay otras inconsistencias y debilidades en el dictamen, por ejemplo, en materia electoral, que en lugar de beneficiar a los afectados por alguna información lo que hace es mantener el poder y la impunidad el medio de comunicación frente a sus audiencias, aunque dañe honras y genere agravios.

También queda indefinida la atribución que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, para tutelar los derechos de las audiencias, entre los cuales se encuentra como prioritario este derecho de réplica.

Votaré en contra de este dictamen porque también ignora al Internet como una plataforma tecnológica en la cual los medios de comunicación difunden información que puede ser errónea o agraviante, y que debiera ser sujeta a réplica.

Votaré en contra porque en el dictamen se obliga al afectado, por la información difundida, a probar su falsead o inexactitud, así como el agravio que le causa. De hecho, estos elementos se incorporan en la propia definición del derecho de réplica.

En otros países, como en España, para ejercer la réplica es suficiente con que la persona considere inexacta la información y que pueda causarle agravio.

Entendamos que el derecho de réplica no es una concesión, es un derecho establecido en nuestra Constitución, y que la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que México se ha adherido, pero que no ha sido garantizado hasta la fecha, y el día de hoy tampoco se garantizará.

Es cuanto.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para hablar a favor del dictamen.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Hay quienes vienen a esta tribuna a repetir una mentira cien veces y están convencidos de que la van a volver en realidad. No podemos negar que esta ley responde a una necesidad que la mayoría de los aquí presentes lo hemos manifestado, que hoy no tenemos previsto en una ley, para todas y todos los ciudadanos, ese derecho de réplica, ese derecho humano, ese derecho en lo cual podemos fundamentar la solicitud y la petición.

¿Qué puede ser perfectible? Sí. ¿Qué hoy estamos en la posibilidad de convertir una ley en realidad, también? Aquí sólo se acusa a los medios electrónicos con gran desconocimiento incluso sin haber leído todos los artículos, argumentaban que no se les tomaba en cuenta a las televisoras, a los sistemas de radiodifusión.

Pero la ley si la revisan artículo por artículo contiene toda y cada una de las mentiras que aquí se han venido a sostener en estos 42 artículos y en estos 4 capítulos, en donde se prevé cada uno de los supuestos de los que hablan.

Cuando se viene y se menciona que se va a crear un mercado lo hacen totalmente con la intención de desvirtuar algo que es muy claro que ustedes sí lo comprenden y lo atienden, que cuando el responsable de una publicación de inserción pagada, hablemos de un diario escrito, de un periódico, haya levantado un falso o haya difamado tiene la obligación de volverlo a cubrir.

Pero, claro, no hablan de esos medios que también les acomodan a algunos a modo muchas de esas notas, de esa información. Así, instituto político hubiera sido otra historia, en el pasado proceso electoral si nos hubieran dado verdaderamente el derecho de réplica que diario nos aplicaban más de un medio impreso.

Hay que repetirles estos cuatro capítulos que se tienen: el primero de ellos en las disposiciones generales, en el cual se regula el objeto de esta ley, establecimiento de procedimientos y autoridades competentes, la materia del derecho y la supletoriedad de la ley no recae en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Establece de manera muy clara que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto a esa información falsa o inexacta. Que se quejan que se tiene que probar cómo se podría llevar un debido proceso judicial si no existe la prueba.

Claro que hacia allá afuera quieren engañar a la ciudadanía, pero hay que decirlo de manera muy clara, que esta ley lo define todo clara y puntualmente; define como sujetos de la ley al agraviado, esa persona física o moral, partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes.

Señala también como sujetos obligados a los medios de comunicación, a las agencias de noticias, a los productores independientes, y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original.

También considera como medios de comunicación a la persona física o moral que presta servicios de radiodifusión, servicios de televisión, o bien de audio restringidos. O que de manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole, y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

También se manifiesta que la crítica periodística será sujeta al derecho de réplica siempre y cuando esté sustentada en información falsa, información inexacta, y cuya divulgación cause un agravio a esta persona.

Mandata también, asimismo, que la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica sea de manera gratuita. Esto simplemente en el primer capítulo, compañeras y compañeros.

Creo que es importante que se lea, que lo revisen, que no traten de desinformar a la población. Aquí incluso se sostiene que no se regula la parte de Internet, sabemos y vimos el gran debate que llevó en otra reforma que teníamos en tema del Internet.

Creo que hoy vamos a dotar a todas las mexicanas y los mexicanos, y nos vamos a dotar, compañeras y compañeros, de una herramienta legislativa, de una ley que verdaderamente nos va a permitir hacer uso y derecho de esta nueva ley, que más pronto que tarde los estaremos viendo, haciendo uso de ese ejercicio y de ese beneficio de tanto que hoy se quejan.

Estoy seguro que lo van hacer y lo van a poder hacer bien, y esa va a ser la mejor prueba de que los que hoy sostenemos que esta ley beneficia a todas y a todos los mexicanos así será.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene a continuación el uso de la voz el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Compañeros senadores; compañeras Senadoras:

Evidentemente los Senadores de la República tenemos visiones de dos Méxicos, por eso cuando discutimos una ley, como ésta que estamos discutiendo, planteamos la visión del México real, y plantean la posición del México fantasioso.

Para los que van a votar esta ley a favor México es un país en donde no existe la pobreza, es un país en donde no existe el hambre, en donde no existen las muertes por enfermedades curables, en donde no existen las muertes por desnutrición, en donde no existen las muertes por insuficiencia renal, en donde la justicia es pronta y expedita, en donde las desapariciones forzadas son una ficción de los que sostenemos que en México la violación de los derechos humanos es generalizada.

Ese es el México fantasioso. Ese es el México que vienen a sostener aquí diciendo, no cien, miles de mentiras en cada una de las participaciones que aquí hacen.

Revisemos puntualmente, efectivamente artículo por artículo de esta ley, y el espíritu de la misma plantea sin ningún recato, sin ningún pudor que se subordina el poder legalmente establecido como es el poder de este Senado que es la representación legítima del pueblo a los poderes fácticos. En consecuencia el patrón de algunos Senadores ya no es el pueblo, el patrón de algunos Senadores son  los medios de comunicación que tienen poder para cooptar a los representantes del pueblo.

En ese sentido es muy importante que un  legislador tenga claridad de a quién le sirve y a favor de quién está.

Si le sirve al pueblo, sin duda que sus reflexiones serán siempre cuidando cómo defiende, cómo atiende los problemas que tiene nuestro pueblo, como estos que he mencionado.

Sinceramente, compañeros  Senadores, compañeras Senadoras, quién cree en la justicia de este país, revisemos cuál es el rezago en materia de sentencias en México; revisemos cuál es la actitud de los ministerio públicos cuando un ciudadano va a presentar una demanda; revisemos cuál es la actitud de muchos Senadores que el día que hoy están proponiendo que la Suprema Corte de Justicia se partidice, no les interesa el país, les interesan sus intereses estrictamente particulares o de grupo.
Por supuesto, que el derecho de réplica queda anulado cuando éste se judicializa.

Cuando se somete al escrutinio judicial, porque va a ser la lucha del poderoso contra el débil. Ya me imagino, cualquiera de los Senadores de la República que sea difamado en un medio como éste que se está mencionando de manera permanente, Televisa y TV Azteca, que vote en contra el día de hoy, ya me imagino, me imagino si estas televisoras le van a dar el derecho de réplica, y cuando el Senador reclame, -y eso que somos senadores, dicen algunos- y cuando el Senador reclame, más de uno le va a decir, hermano, pues ahí está el derecho plasmado en la ley de cuál es el procedimiento que tienes que seguir, y si no estás conforme con la sentencia del juez, está fácil, apela, y seguramente algún día se te va a hacer justicia en tu derecho de réplica.

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:

Es importante que no cerremos los ojos a la realidad, el México real en donde existen millones de pobres, el México real en donde se están muriendo miles de compatriotas por enfermedades curables; el México real en donde la gente se está muriendo de desnutrición todos los días; el México real que grita justicia por los 43 de Ayotzinapa, y todos los desaparecidos, y todos los ejecutados de manera extrajudicial.

Ese México real, hoy le pide al Senado de la República que en uno  de dignidad y respeto a los derechos humanos vote en contra de esta ley, y que la  revisemos a profundidad para garantizarle a  los mexicanos y a las mexicanas este derecho.

De lo contrario, esta ley se convertirá en un atentado contra la dignidad, la fama pública, el prestigio y los derechos humanos de los pobladores de este país, que van a quedar en estado de indefensión ante esta ley, se garantiza la impunidad de los poderes fácticos y se da un golpe mortal a la credibilidad del pueblo en sus Senadores, especialmente los que van a votar a favor de esta ley, y lo digo con pesar, muchas veces por las actitudes como las que hoy se van a reflejar en el tablero, pagamos justos por pecadores.

Por su atención, muchas gracias.

Mi voto será en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene a continuación el uso de la voz el Senador Rabindranath Salazar Osorio para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa.

Compañeras y compañeros Senadores:

Si algo ha caracterizado en nuestro país en la regulación y protección del derecho que tiene todo hombre y toda mujer a la defensa de su imagen y prestigio, es su ambigüedad, su limitada validez e incertidumbre.

Mientras en otros países la regulación y establecimiento de un eficaz mecanismo de defensa ciudadana frente a la calumnia y a la información sesgada se dio a la par del avance y consolidación de sus democracias, aquí con tal de no incorporar estas reforma al andamiaje jurídico nacional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se optó por congelar y posponer indefinidamente la discusión de la reglamentación que hoy nos ocupa; irónicamente uno de los argumentos establecidos en la minuta a discusión es la urgencia de contar con una legislación de esta naturaleza cuando la reforma constitucional la mandataba ya desde el año 2007.

A casi una década de que la Carta Magna, el Constituyente mandataba al legislativo a la creación de una legislación tipo en la materia, se alude a la urgencia como un argumento y se apela a una sensible preocupación por contar con una norma como ésta, y con el adjetivo de perfectible nos remite a una propuesta muy corta y  muy light en argumentos.

No nos equivoquemos, en derecho la emisión de normas a medias históricamente ha ocasionado más perjuicios que beneficios, y este dictamen por supuesto no es la excepción.

Durante la discusión de la reforma constitucional que da origen y motivo a la creación de su reglamentación se afirmó, con toda contundencia que la vida privada de las personas es inviolable, por lo que todo individuo debe contar con un recurso jurídico que proteja este bien, diferenciando aspectos que no se vislumbran en este dictamen que pareciera, no quiere tocar los intereses de los grandes consorcios privados de las comunicaciones.

Entrando en el contenido del mismo, vemos con preocupación que no hay una diferenciación entre la protección del interés jurídico de un particular como derecho cuando se ve afectado  por la difusión e información falsa o calumniosa en cualquier momento y circunstancia indeterminada, y el de aquellos que,  aunque ciudadanos sean candidatos o candidatas a algún cargo de elección y vean afectada no sólo su imagen, sino la de la oferta político-electoral que a través de su imagen pública encabezan.

En estos dos casos, aunque teóricamente se trastoca y vulnera el mismo derecho, se deben establecer procedimientos jurídicos con tratamiento diferenciado, ya que se trata de circunstancias diferentes, pues los momentos y circunstancias de modo y tiempo son fundamentales para limitar distintos ámbitos de aplicación normativa, y no son considerados en esta propuesta.

Esto quiere decir que no podemos instrumentar el mismo proceso de enmienda bajo el argumento de protección al mismo derecho a situaciones diferentes, ya que en el primer caso el bien jurídico a tutelar está delimitado por las circunstancias del individuo.

En el segundo caso la afectación al bien jurídico de la persona tiene una trascendencia no sólo a su imagen, sino a la percepción de un electorado y posible preferencia al momento del sufragio y, por ello, responde a tiempos y momentos diferentes.

Es precisamente bajo la figura del procedimiento especial sancionador, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó: “deben salvaguardarse los derechos de los candidatos, como el de la réplica, pues sus especiales características permiten la eficacia y prontitud, la expedites es justificada por lo tiempos electorales”.

Someter a los candidatos, precandidatos y partidos a las reglas del orden civil que este dictamen contempla, además de invasivo de la materia electoral, es un grave retroceso, es innecesario, pues aunado a lo anterior nada nuevo proponen los dictaminadores, por el contrario, pretenden establecer un procedimiento largo y tedioso, sujeto a candados e instancias diversas, reglas de excepción e infinidad de requisitos.

Mientras la tendencia mundial en el ámbito procesal es la búsqueda de la eficacia a partir de etapas jurisdiccionales con el menor número de instancias y requisitos.

Nosotros, por otra parte, discutimos tramitología y procesos extendidos, que en la realidad pueden durar años, sobre todo en la extraña omisión en la determinación de tiempos y reglas especiales en la etapa de la apelación, lo que abre la posibilidad a un litigio de años.

Mención aparte es la manera en que esta propuesta pretende por decreto eximir de toda responsabilidad al medio de comunicación que difunde información de una agencia noticiosa que genere un agravio a un particular, obligándolo a acudir a la agencia para solicitar el resarcimiento generado por la difusión de otro medio.

Así se pretende llevar al ciudadano a un camino oficioso, a un laberinto interminable de trámites y de excepciones, en donde a pesar de que hubo un daño nadie es responsable de generarlo.

¿En dónde está el beneficio de esta propuesta y la protección del bien jurídico afectado? Si no hay siquiera la posibilidad de establecer un probable responsable, y, por el contrario, ya por ley se le exime de responsabilidad al que con el ejercicio de su actividad y haciendo uso de la frecuencia concesionada de radio, televisión, falseó, calumnió, difamó y afectó a un ciudadano.

Tal y como se pretende aprobar esta propuesta, hay dos afectados y un solo ganador, por un lado, se vulnera y no se protege el derecho constitucional de réplica del ciudadano como primer afectado y, como segundo afectado, se perjudica el derecho de la audiencia a recibir información veraz y precisa, los beneficiados otra vez son las cadenas informativas que han hecho de la frase calumnia, que algo quedará su principal línea y editorial.

Compañeras y compañeros Senadores:

Hemos venido escuchando las participaciones que nos antecedieron y hay puntos que nos tienen que hacer reflexionar para votar en contra de esta ley que trae muchas situaciones que perjudican, puntos muy graves.

Esta legislación inhibe la crítica y la protesta social contrario a los derechos humanos.

2.- El Estado debe defender los derechos humanos, limitar la regla, es inconstitucional y regresivo.

3.- La minuta vulnera los convenios internacionales que nuestro país ha ratificado.

4.- Otorgar a los medios de comunicación la opción de conceder o no la réplica, es contrario a la protección constitucional.

Y, finalmente, compañeras y compañeros Senadores, debemos proteger todo aquello que afecte la intimidad de las personas y vulnere sus derechos constitucionales.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la voz la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.

Tiene, a continuación, el uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

He anotado los argumentos, si les podemos llamar así, de quienes han subido a defender esta supuesta ley que hace que un derecho vaya a vivir.

Se insiste en lo mismo unos y otros, tema importante, ocho años de retraso.

“Esto es infinitamente mejor a lo que tenemos”.

“Estamos cumpliendo una deuda”. Dice otro.

“Esta ley es un paso más”.

Pero no se discute el paso del tiempo, como si en esos ocho años, y ya les dije que muchos más años, además, cuando empezaron los grandes problemas con los medios de comunicación y su cerrazón, desde años atrás, que no se ha logrado este resultado.

Lo que discutimos es el contenido, eso es lo importante, no esta cuestión de que cubrimos una deuda y estamos logrando; no, el contenido es lo que se discute y eso es lo que demostramos que es una falsedad que esta ley realmente va a garantizar el derecho de réplica.

Ese es el punto central.

Vamos a ver que ese derecho a la información va a enriquecerse.

No, no se va a enriquecer el derecho a la información, porque no habrá posibilidades de estar reclamando una información veraz, porque en ese país no se vive un derecho a la información, porque lo que conocemos es la desinformación sistemática de las televisoras y toda su secuencia de radiodifusión, es lo que vivimos.

Entonces, vamos con esta ley que le da todas las ventajas a los medios de comunicación, en donde se demuestra a quiénes sirven. Con eso no vamos a tener un sistema en donde haya un derecho a la información, cuando los aparatos de comunicación están vinculados a los intereses del poder, participan en el poder, se benefician del poder, solapan al poder; es más hasta inventan candidatos con el seso hueco, pero ahí están, los inventan, los presentan sin ninguna capacidad, ya están creando otros, a eso se dedican.

Y desinforman y crean una imagen falsa de este país y cuando se está en contra de esa posición no existes, yo les voy a pedir a todos los favorecedores del derecho a la información constitucional que hoy dicen que se va a fortalecer, yo les pido que mañana veamos los medios de comunicación, hay que sentarse a ver la televisión mañana, y seguramente las críticas van a salir, ese es el derecho a la información.

No es cierto, son aparatos de desinformación, porque están vinculados con el dinero, con sus ganancias, a través de las televisoras hacen fortunas inmensas y se meten a la energía y les dan todas las concesiones que quieren, y se llenan los bolsillos, y se hacen los defensores del derecho del dinero, cuando lo están haciendo a través de la desinformación, de engañar al pueblo de México, eso son los que van a salir mañana, yo los quiero ver, a que haya la menor crítica.

No han visto en las noches, si tienen el hígado para hacerlo, no han visto en las noches los noticieros.

¿Cuáles son en estas presencias que tuvimos de Secretarios?

¿Cuáles son los comentarios que salieron?

¿Cuáles son los oradores cuya imagen salió?

Que no nos vengan a decir, este país vive una dictadura mediática precisamente porque los medios de comunicación hacen lo que quieren, están protegidos, y tenemos una Secretaría de Gobernación que en lugar de cuidar los intereses de la población, que es a la que tienen que servir, porque tienen concesiones para informar, se dedican a favorecerlos, a darles más canonjías, a protegerlos, porque son los mismos.

Entonces, lo que están haciendo es una mentira, es una simulación, es una brutal simulación.

Aquí se mencionó, por ejemplo, que se respetan los tiempos y hay todo un proceso.

¿Cuándo han visto que un proceso respete dos días o cinco días?

Esto va a llevar a nunca, va a llevar a ciudadanos común y corrientes a ir a litigar con TV Azteca y con Televisa, imagínense, si estos tienen unos aparatos jurídicos que han hecho un daño a los desarrollos, se atacan unos a otros, cobran sus abogados las perlas de la virgen, pero cobradores tienen el contacto con el poder, pues también llegan ahí al poder y a los tribunales.

No es cierto que esté haciendo algo bueno, es perverso, es una engañifa, es estar siguiendo mintiendo, y aquí están poniendo el derecho de réplica, cuando aquí lo han dicho, es para corregir el error o la imprecisión.

Eso no es derecho de réplica, eso es derecho de rectificación, y no está para nada, aunque la propia Constitución de México tiene y lo que debíamos de la Suprema Corte.

No son para nada las opiniones, no son para nada los comentarios, no son para nada lo que hace daño a las personas, eso no está; entonces, ya desde la entrada solamente es cuando hay error, cuando hay una inexactitud. Entonces, el derecho de demostrar el error y la inexactitud es del ciudadano ofendido, aquí sale de vez en cuando, no habido, hay una obligación de que haya pruebas, sí, de quien lanza el daño al ciudadano, es el que se tendría que probarlo.

Porque para que un ciudadano reúna las pruebas y los costos y los abogados, esa es una mentira absoluta, no sirve para nada, es un engaño más de este gobierno y de sus compañeros que son capaces de aprobar esto con la gran tranquilidad.

Pero yo se los dije, se van arrepentir, no los van a respetar nunca, cuando quieran hacer algo que no les guste o que tenga una posición distinta, los van a acabar, les van a inventar toda clase de injurias, verdad, porque así son.

El artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, si procede. Yo en mi vida política en muchos años, he tenido siempre la atención de los medios de comunicación de la prensa, ya no va a ser así, ahora vamos a vetear a todos a este enredijo de leguleyos para que no prospere. Va a venir creo, ya al final un orador que se está preparando del PRI.

Hace unos días, Omar Fayad, que siempre misteriosamente aparece al último y es del PRI. Termino nada más porque es una prueba, señor Presidente. Una pequeña prueba.

Aquí hice algunos comentarios, obviamente que no les gustaron, excepto a Gobernación, y me entrevistó Pepe Cárdenas, me entrevistó y dije lo que yo creía que había pasado aquí, ah, pero evidentemente mandaron a Omar Fayad, y Omar Fayad en lugar de contradecir con argumento que yo había dicho, dijo: ah, no Manuel Bartlett está acusado, está invalidado porque es un criminal, cobarde, nunca lo dijo aquí, cobarde y los que hagan lo mismo, ¿verdad?

Cuando quiera decir una cosa Omar Fayad, dígalo aquí, no se vaya a refugiar en una estación de radio, le pedí el derecho de réplica y claro, yo no lo dije, por favor, pantaloncitos a los hombres, diga lo que quiera decir aquí en la tribuna.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Solo para las alusiones personales, si me lo permite, desde aquí, a mi compañero Manuel Bartlett.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda, por favor.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) A quien le consta, a él y a todos ustedes el respeto irrestricto con el que los trato a todos.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le ruego se acerque el micrófono, no le escuchamos.

Para alusiones personales de su escaño, adelante.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Yo creo que sabe, Manuel, perfectamente, mi compañero Senador Manuel Bartlett, el respeto con el que lo trato a él y a todos.

No sé a qué se refiera, pero me parece que a lo mejor alguien le paso mal la información, porque yo creo, él hace algunos señalamientos de cosas que me parece que no tienen nada que ver ni con el debate que estamos dando, pero, sobre todo, nada que ver con que yo pudiera haber dicho o incriminado algo sobre su persona que no me atrevería a decir aquí.

Yo además le ofrezco que podamos revisar juntos el tema, que me muestre la grabación donde dice que yo lo incrimino de algo, porque yo sería incapaz, de verdad, de decirle algo que no me atreviera yo a decírselo a los ojos, en persona, y además discutirlo y verlo con la objetividad que se deben de  hacer las cosas, pero le ofrezco al compañero Manuel Bartlett, revisarlo con mucho gusto para ver si esto fuera así, si tiene un fundamento, poderlo analizar y si sí tiene fundamento, yo no tendré ningún empacho en que si dije algo que sea falso, que no sea cierto, que lo incrimine en algo, poderle ofrecer una disculpa pública enfrente de todo el Senado de la República.

Y si no ojalá también se los aclare usted, para que vea que no hay ni mala fe, ni mala voluntad, ni me he atrevido jamás a hacer algo así, ni sobre usted, ni sobre ningún compañero Senador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tengo en la lista en la discusión general, al Senador Ricardo Urzúa, al Senador Mario Delgado Carrillo y al Senador Omar Fayad Meneses.

Una vez agotada sus intervenciones, someteremos a votación en lo general.

Una vez que demos cuenta en las reservadas que han sido solicitadas.

Tiene el uso de la voz el Senador Ricardo Urzúa Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con su venía, señor Presidente.

Quiero hablar a favor de este dictamen, ya que todos hemos sido víctimas y si no todos, yo creo que la gran mayoría de los que ejercemos la carrera política, hemos sido víctimas  de calumnias, hemos sido víctimas  de descalificativos. Y creo que es muy importante tener ese derecho de réplica.

Yo quiero hacer un comentario de una experiencia personal, y a quien le agradezco al Senador Bartlett, me decía que me estaban preparando para el discurso, no es un discurso. Vengo nada más a comentar porque estoy a favor de este dictamen.

Porque en los medios de comunicación, tanto escritos como en los medios de comunicación al aire, como es radio y televisión, pues obviamente nosotros no tenemos un derecho o un poder para que pudiéramos en un momento determinado comprobar que la información es falsa, cuando en este caso estamos siendo víctimas de un ataque.

Y también es  muy importante tener o que los medios tengan las pruebas suficientes y necesarias para poder comprobar la descalificación que están haciendo hacia una persona, o hacia un corporativo, o hacia una información.

Por eso es muy importante que todos los mexicanos, no nada más los que ejercemos la carrera política, sino todos los mexicanos tengamos este derecho de réplica.

Y por eso, ese dictamen te da tres días para que en un momento, en cinco días para que nosotros podamos pedir el derecho de réplica y tener esa contestación también en este mismo lapso de cinco días y que ellos nos puedan en un momento determinado dar ese derecho.

Yo comento que en alguna ocasión pedí un derecho de réplica en un medio escrito, cuando lo pusieron en primera plana y el derecho de réplica se dio en la página número 28 con letras bien pequeñas. Y eso es una desventaja para todos los mexicanos.

Todos los medios de comunicación tiene el gran poder de tener en los medios de comunicación, digamos, tienen el poder de los tiempos aires y los tiempos que ellos manejan, digamos, a su conveniencia. Muchos de ellos son pagados.

Y hace ratito platicábamos que en los medios de comunicación también hay gente que inserta, pagabas algunas publicaciones, y que deberá de manifestarse quién es el responsable de la publicación para que en un momento determinado también tenga derecho la persona que está siendo descalificada de ejercer su derecho de réplica no nada más con el medio, sino con la persona que contrató dicho derecho.

Así es que yo vengo a hablar a favor de este dictamen. Como su nombre lo indica, el derecho de réplica creo que es un derecho que debemos tener todos los mexicanos y, como bien les decía, no nada más los que ejercemos políticamente, sino todos los ciudadanos, porque es muy lamentable también que muchas veces se califique el actuar de una persona.

Los medios de comunicación o a lo mejor muchas personas pagan por desprestigiar a otras en un momento determinado, por mantener o por obtener un fin político, algún fin lucrativo, y por eso vengo a hablar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene a continuación el uso de la voz el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Presidente. Con su venia.

Lo que hace esta ley es convertir un derecho esencial, el derecho humano a la réplica, en súplica.

Hay que recordar de dónde viene este derecho, por qué ocurre en 2007. Pues como consecuencia de las elecciones de 2006, que vimos un obsceno uso de los medios en una campaña negra para destruir la reputación de un candidato y que no pudiera ganar las elecciones. Fue claramente la intervención como brazo fraudulento de los intereses fácticos para evitar que ganara el candidato de la izquierda.

Estamos hablando que como consecuencia de eso, surge este derecho para que nunca más se pudiera permitir el aplastamiento o difamación sin límite por parte de la perversa complicidad entre ciertos grupos de interés, ciertos grupos políticos y los medios de comunicación.

Desde 2006 los medios son un claro instrumento del fraude electoral.

Esta reforma tendría como consecuencia, entonces, limitar los abusos de los medios de comunicación contra los individuos, acotar su intervención interesada en favor de ciertos partidos políticos.

Todos los días vemos cómo el poder a través de los medios construye o destruye reputaciones.

El propósito final de esta ley debería ser la protección del derecho humano, del derecho esencial, el derecho de réplica, sobre el enorme poder de las televisoras, pero lo deja nulo, lo vuelve derecho de súplica.

La nuestra no es una democracia real si existen agentes que pasan por encima de otros sin ninguna consecuencia.

En México no hay derechos iguales para todos, prevalece la ley del más fuerte. Esta ley por eso es de crucial importancia, para corregir los excesos de nuestra democracia: el ciudadano frente a los poderes fácticos.

El gobierno usa los medios y los medios usan al gobierno. Tan solo en el 2014 se destinaron más de siete mil millones de pesos por parte del Ejecutivo a los medios de comunicación, pues con estos recursos evidentemente se genera una relación perversa con los medios, para darle al poder la posibilidad de fabricar verdades e historias a conveniencia.

¿Tienen los ciudadanos con esta ley la posibilidad de defenderse contra el poder de siete mil millones de pesos? No, ninguna posibilidad.

Como se hizo en el caso de la Ley de la Consulta Popular para reglamentar el derecho a la consulta popular, nuevamente se plantea una ley que simula, una ley tramposa para evitar que se garantice este derecho constitucional.

Quiero poner un ejemplo práctico de por qué no va a funcionar. Es nada más dar publicidad para decir que se ha hecho lo suficiente, para decir que ya se legisló, aunque en el fondo se está neutralizando este derecho.

Creo que aquí el orador anterior lo dijo muy bien: prácticamente todos quienes participamos en la vida política, hemos sido algunas veces sujetos de difamación.

¿Cuál es la lógica que arguyen los medios cuando uno reclama el derecho de réplica?

Pues que ellos se guían por prácticas comerciales, es decir, no te pueden dar el mismo espacio ni en primera plana, ni en el mismo tiempo en Prime Time o en el programa de radio, porque ellos ya tienen ocupados sus espacios y ellos tienen criterios comerciales en la asignación de los mismos.

¿Van a cumplir la ley los medios? Pues depende de las sanciones.
¿Cuánto es la sanción más grave que establece esta ley? Entre 35 mil pesos y 350 mil pesos.

¿Cuánto cuesta un cuarto de plana en un periódico de circulación nacional?

¿Cuánto costaría una llamada en un periódico como El Universal, como Reforma, como Excélsior, para atender un derecho de réplica?

¿Qué van a hacer los medios? Pues proteger sus intereses. Ellos prefieren pagar la multa porque tienen mucha más rentabilidad vendiendo sus espacios.

¿Cuál es la peor de las sanciones? 350 mil pesos.

¿Cuánto costarán 15 segundos en el espacio de López-Dóriga? Más de un millón de pesos.

¿Van a decidir los medios darle ese tiempo a un ciudadano que reclama su derecho de réplica? Por supuesto que no si evitar ese tiempo les cuesta 350 mil pesos. Atendiendo una lógica comercial no lo van a hacer.

Es decir, esta ley en sentido práctico no va a garantizar eficazmente este derecho.

Esta ley debería desincentivar al que calumnia, no al calumniado.

Se ignora por completo la oportunidad de la información.

Si decide uno ir a juicio, a litigar, pues tal vez la réplica aparezca varios meses después, una vez que el daño ya ha sido hecho y puede ser irreversible en la reputación.

Me parece que en la práctica es una ley que no garantiza el derecho. El propósito de esta ley debería ser la protección del derecho humano, el derecho de réplica sobre el enorme poder de las televisoras. También está muy lejos de convertirse en un modelo de protección de derechos humanos a cargo del Estado, y por el contrario, mantiene la alianza maligna entre medios y poder público.

El Estado mexicano también claudica en su papel de prevenir, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos de quienes se ven afectados en su dignidad y honor, por el poder de las televisoras en su complicidad con el gobierno.

Es una burla porque la ley que traiciona el espíritu de la Constitución, es por definición una ley que se pone del lado del poder y abandona la protección de los derechos humanos.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para hablar en contra del dictamen, tiene el uso de la voz la Senadora Martha Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.

Después de la intervención de la Senadora Tagle Martínez, tendrá el uso de la voz el Senador Fayad Meneses, y con eso concluiríamos la discusión en lo general.

Proceda, Senadora.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras y compañeros Senadores:

Mi intención en este turno es manifestar mi total rechazo al dictamen que expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica.

El proceso de este dictamen ha estado caracterizado por una serie de inconsistencias que van desde la dictaminación hasta su propio contenido, poniendo en duda la aplicación efectiva del derecho de réplica.

El Constituyente de 2007 pretendía ampliar la máxima protección de la libertad de expresión, tanto para los emisores del día como para quienes lo reciben, y de quienes se ven involucrados o afectados  con ellos.

De manera que toda persona pudiera replicar informaciones que resulten contrarias a sus legítimos derechos.

El día de hoy podemos decir que este dictamen no lo garantiza.

Efectivamente, han pasado ya siete años, cinco meses y doce días, que se venció el plazo para emitir una reglamentación y, a pesar de todo este tiempo,  el dictamen que se presenta a este Pleno no responde al espíritu constitucional de la reforma aprobada en 2007.

Viene y se argumenta aquí que en todo este tiempo ha habido suficiente tiempo para discutir el dictamen.

Desde que llegó la minuta en la Cámara de  Diputados en 2013,  las Comisiones Unidas, solamente sesionaron en tres ocasiones en ese tiempo, y es una mentira que se haya discutido, a menos que  cuando se hable de discutir, simple y sencillamente, se refieran a escuchar, como hoy lo están haciendo todos, como pasamos uno y otro a dar argumentos y al final, hacer como si no se hubiera dicho nada, porque desde el 2013, esta minuta no ha recibido ni una sola modificación.

Los que pretenden aprobar este dictamen en sus términos, buscan llevar a una ley  un derecho de réplica simulado, pues establece un procedimiento inequitativo que no garantiza una réplica oportuna y que, además, se excede en la protección de los medios masivos de comunicación, vulnerando de esta manera, el derecho de la ciudadanía.

El ciudadano o quien sea difamado por un medio de comunicación tendrá como única opción para ejercer su defensa, salvar su reputación y dignidad, un aletargado litigio carente de inmediatez, con demasiados candados, instancias, excepciones y requisitos, dificultando la efectividad de este derecho como un derecho humano.

¿Gratuito? 

¿Realmente pueden argumentar que es un proceso  gratuito?

De entrada tendrán que irse a un juicio, presentar alegatos, tener un abogado y llevarse mucho tiempo para poder ejercer el ejercicio de este derecho.

Y si este dictamen carece de mecanismos efectivos de protección al ciudadano frente a los privados, no se diga frente a los mecanismos de propaganda contra candidatos en procesos electorales, pues desconoce la especial naturaleza de la réplica en materia político-electoral.

Desde la perspectiva ciudadana, el dictamen de réplica es insuficiente para otorgar una garantía básica de la que deben gozar todos los ciudadanos mexicanos.

El dictamen no garantiza  que el mismo órgano de información rectifique a favor del agraviado  so pretexto de que la información proviene de una agencia  noticiosa.

No se cumple con otras responsabilidades morales por daño moral al afectado, ni se contemplan sanciones efectivas, ojo, como podría ser el retiro de las concesiones. Esa sí sería una sanción para los medios que infrinjan el derecho de réplica.

El dictamen menciona que se resuelve en tribunales civiles, el plazo, puede llegar para la resolución del procedimiento entre el ciudadano y el medio de comunicación puede durar varios años, lo que lo vuelve inaplicable frente a la inmediata rectificación sobre  el daño causado por información que afecte la reputación del afectado.

Otro asunto totalmente ausente en el dictamen, son las afectaciones a los derechos de las audiencias, tal como se encuentra el dictamen, el derecho de las y los ciudadanos a recibir información veraz, oportuna, sin sesgos y de calidad y, sobre todo, el de acudir a instancias  para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los contenidos que recibe, así como el de contar con mecanismos  eficientes para hacer valer el derecho de réplica.

Para concluir.

Este dictamen, rompe con la aspiración de la reforma constitucional del 2007, de convertir el derecho de réplica en un mecanismo de diálogo y equilibrio entre las personas y los medios de comunicación.

Por estas razones, como una legisladora, a favor de los derechos de las y los ciudadanos, votaré en contra del dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad  Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Huejutla, estado de Hidalgo, invitados por  el Senador Omar Fayad Meneses, asisten con la finalidad de presenciar nuestros debates.

Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy estamos haciendo  un esfuerzo en este Senado de la República, para poder consolidar la aspiración de los mexicanos…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, me permite.

Sonido en el  escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Nada más hacerle un comentario al orador, si me lo permite.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senador Manuel Bartlett.

¿Acepta usted  una pregunta? Me imagino que es lo que está solicitando el Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Lo que estoy solicitando  es nada más decirle que aquí tengo la prueba de lo que le dije hace un rato, la grabación y a máquina.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No procede su intervención, Senador Manuel Bartlett.

Por favor continúe, Senador Omar Fayad.

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias.

Yo le ofrezco que bajando de esta tribuna pasaré al escaño del Senador Bartlett, para las aclaraciones que sea necesario, con mucho gusto.

Les decía que estamos haciendo un esfuerzo por lograr una regulación adecuada del artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica.

Es un tema en el que he visto a mis compañeras y compañeros  Senadores apasionarse por la defensa de los derechos propios y de los derechos de la gente.

Comparto ese apasionamiento y comparto esa aspiración, lo que tenemos que intentar lograr todos, es el consenso necesario para saber lo que es cierto en esta discusión y en este debate.

Dicen algunos  que la aprobación de esta reforma representa un riesgo. Falso, compañeras y compañeros, la aprobación de esta reforma representa un avance en la medida del consenso que se ha logrado construir en el Senado de la República por diversas fuerzas políticas, pueden no estar algunos de acuerdo con ello, pero es falso, quien diga que eso representa un riesgo, porque nuestro andamiaje legal  se construye con la representación y opinión de todos los aquí presentes,  las reformas y las leyes se aprueban con la mayoría, tal cual lo establece la ley, y el no ser mayoría en una opinión, de ninguna manera representa que eso sea un riesgo para nadie, ni para el Senado, ni para nosotros, ni para los mexicanos.

Hay quien habla en este debate de contradicciones; se dice que hay contradicciones en la reforma y que se contradice lo establecido en esta minuta, con lo que establece el LEGIPE en su artículo 247 y particularmente hablaban del párrafo tercero.

¿Puede haber diferencia de interpretación?  Sí.   En lo personal he hecho una lectura cuidadosa del 247 y del transitorio décimo noveno del decreto, en donde se habla con mucha precisión de lo que regula la ley y de a qué ley se refiere, y por eso no puedo compartir el que esto se entienda como algo que vendrá sin duda a recaer en una controversia que tenga vicios de inconstitucionalidad;  jurídicamente no lo puedo compartir, políticamente admito que hay diferencia de opiniones en lo que a la minuta respecta.

Pero además aquí se trata de decir que hay dos visiones, que son dos Méxicos distintos, el real y el fantasioso.  Y yo vengo a invitarlas compañeras y compañeros a que con una sola visión, con la de consolidar un derecho que está en la Constitución y que debe ser logrado con las mejores prácticas para hacerlo, con la mayor información para lograrlo, sea como tratemos de construirlo.  Y aquí voy a entrar al centro de lo que esta tarde quería decirles.

Vámonos a estudiar, vámonos a ver el derecho comparado, vamos a ver qué han hecho otros países del mundo en la materia, para poder decir si lo que se ha sostenido toda esta tarde en el debate es real o es falto. 

Aquí se ha dicho que hay un duopolio televisivo que dicta la ley que hoy estamos aprobando, y tampoco puedo compartir, y con la información del caso, lo que aquí se ha señalado.

Permítanme decirles que en el estudio que tengo en mis manos, hay muchos países del mundo que han logrado las mejores prácticas para atender este derecho y  el que si me permiten citar solamente algunos casos se darán cuenta de la razón de lo que estoy señalando. 

El caso argentino, donde dice que la materia del derecho de réplica es la información exacta o agraviante que provoque un perjuicio, igual que en nuestra minuta, compañeras y compañeros.  ¿Qué es esto? ¿Qué también el duopolio dictó la ley de Argentina?

Y también hay un procedimiento jurisdiccional para sancionar, y nadie de aquí puede creer que este mismo duopolio haya dictado allá el texto de la ley. 

Pero también está el caso de Chile, en donde refiere exactamente los mismos términos, que es ante el propio medio de comunicación donde debe publicarse la réplica en todos los casos, en la primera edición o transmisión que se tenga, práctica que rescata esta minuta que hoy estamos aprobando.

O el caso de Colombia, que protege en contra de la información injuriosa y calumniosa y donde también es ante el propio medio de comunicación donde se decide si se publica o no la ratificación y hay un procedimiento jurisdiccional.

¿O quieren que les toque el caso de España, o muchos otros casos?

Por eso compañeras y compañeros, no puedo compartir la visión de que crean que este intento por sacar adelante un derecho importante para México a los mexicanos, sea malicioso, sea falso, sea de cualquier otra forma que no sea realmente como pienso que los legisladores que estamos aquí presentes sentimos y pensamos,  queremos avanzar…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, permítame un momento por favor.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis.

El Senador  Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño)  Solamente para hacerle una pregunta al Senador, si me la permite.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Fayad, ¿acepta usted la pregunta?

El Senador Omar Fayad Meneses: No, Presidente.

Ahorita que baje también voy al escaño del señor Senador, porque si no me cortan la inspiración, está uno pensando las cosas y no lo dejan a uno terminar su intervención, que ya se me estaban acabando los minutos. Ya permítanme mejor concluir y ahorita bajo a aclararles todo lo que gusten aclarar.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se acepta la pregunta. En consecuencia, continúe Senador Omar Fayad,

El Senador Omar Fayad Meneses: Y no admito ninguna pregunta, para que ya me dejen terminar, si no, no voy a poder terminar.

Yo sólo quiero transmitirles lo siguiente, compañeras y compañeros, y permítanme decirlo con todo el afecto hacia todas y todos ustedes.

Hay más cosas que nos unen en este debate, que las que nos dividen. Este proyecto contempla una serie de cosas que a todos les he escuchado.  Tenemos ya una definición, un concepto, un objeto, los sujetos, las definiciones, las disposiciones aplicables, mandémosle un mensaje a México y a los mexicanos de que somos capaces de ponernos de acuerdo.

Si creen que esta ley tenga deficiencias  lo admito, compañeras y compañeros, y los invito a que continuemos en una reflexión y trabajo para a la postre presentar las iniciativas que se requieran para ajustar aquellas cosas en las que crean que podemos avanzar. 

Pero no por las cosas que nos dividan perdamos la gran oportunidad, después de ocho años, de brindarle a México, de brindarles a los mexicanos un derecho de réplica que fue construido pensando en las mejores prácticas internacionales y estudiando lo que han hecho otras naciones hermanas como la nuestra  para poder regular el derecho de réplica y poder así presentar un producto a sus ciudadanos que realmente coadyuven la protección de lo que estamos buscando.

Por eso amigas y amigos, vayamos más a favor del consenso, que de lo que nos divide y ojalá que se refleje en la votación para que podamos llevar a cabo finalmente después de ocho años un ejercicio que ya permita tener la ley en materia de derecho de réplica.

Por su participación y por su comprensión, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para hechos Presidente, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Podría precisar los hechos que desea rectificar, por favor?

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí, como no. La referencia que hacen las leyes en derecho comparado que está comentando el Senador.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para precisar los hechos relacionados en derecho comparado tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Me está corrigiendo aquí un abogado, quizá el término que uso no es el exacto, porque no soy abogado, soy profe.

Con su venia, compañero Presidente.

Pero aquí hay hechos que son fácilmente refutables.  Efectivamente en Argentina, en Chile, en España, cuando en España se habla del derecho de réplica, está obligado el medio,  de manera inmediata corregir y darle el derecho de réplica al que fue agraviado.

Si el medio no atiende, entonces hay un proceso contencioso-administrativo, y ese proceso contencioso-administrativo va hasta la cancelación de la concesión, como  lo pedía la compañera Senadora del Movimiento Ciudadano, cosas que aquí no se atreven a hacer, por una razón, porque si se acaba  Televisa o TV Azteca se acaban los candidatos de las televisoras, los candidatos que son producto de la fantasía.

Argentina, Argentina se ha atrevido a tener una Comisión de la Verdad, y si comparamos la aplicación del Derecho en México con la aplicación del derecho en Argentina, allá se han atrevido a deponer a sus dictadores, y no sólo se han atrevido a deponer a sus dictadores, se han atrevido a enjuiciarlos y a sentenciarlos, allá el derecho sí se aplica de a de veras, por eso los que viven en el mundo de la ficción, y lo digo con mucho respeto, como son la mayoría de los compañeros que ven un México de ficción en donde todas las calamidades no existen, van a votar el día de hoy a favor de esta ley, aunque en su conciencia saben que va  a ser un voto en contra de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Ojalá en este país, y con esto concluyo, nos atrevamos a crear comisiones de la verdad para enjuiciar a los regímenes que han generado matanzas en este país, y los que hoy van a votar a favor de esta ley son producto de esos regímenes autoritarios que ha tenido este país.

Dice aquí una compañera ¿que Luis Echeverría a qué partido pertenecía? ¿Gustavo Díaz Ordaz a qué partido pertenecía? ¿La hiena de Guerrero a qué partido pertenecía?

Compañeros si vamos a, pero esta ley no va a funcionar  porque meterse al vericueto legaloide implica que los ciudadanos jamás van a lograr su derecho, eso está garantizado.

Gracias, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Concluyó la discusión en lo general, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado los siguientes artículos:

Senadora Angélica de la Peña Gómez, 2 y 5.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 2, 5, 25 y 37.

Senador Manuel Bartlett Díaz, 2, 3, la eliminación del 19 y el 28.

Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, 2, 3 y la adición de un 38.

Senador Javier Corral Jurado, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 27 y 36.

Senadora Dolores Padierna Luna, 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 37 y adiciones en los artículos 44 y 45.

Senador Zoé Robledo Aburto, 2, 4, 5, 15, 25 y 37.

Senador Isidro Pedraza Chávez, 3 y 7.

Senador Benjamín Robles Montoya, 18, 24, 27 y 39.

Senador David Monreal Ávila, 19.

Senador Mario Delgado Carrillo, 3, 13, 14 y 19.

Y Senador Rabindranath  Salazar Solorio, artículo 37.

¿Consulto si hay alguien que desee reservar alguno otro artículo?

Senador Demédicis. Sonido en su escaño, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El artículo 37 por favor, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Fidel Demédicis, artículo 37.

¿Hay alguna otra reserva?

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(Se recoge la votación electrónica)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al conteo electrónico, se emitieron 72 votos a favor, 30 votos en contra y cero abstenciones.

VER DETALLE

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:  En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º párrafo 1º constitucional, en materia del Derecho de Réplica, y se adiciona una fracción al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para la discusión en lo particular debemos proceder conforme lo establece el artículo 201 del Reglamento, sin embargo con el propósito permitir una exposición ágil y clara, voy a consultar al Pleno si se autoriza que la discusión en lo particular se despache con intervenciones en los que cada orador presente todas sus reservas en una sola intervención.

Al concluir cada una de las presentaciones de las reservas, se consultará a la Asamblea si se aceptan. Esta Presidencia, en consecuencia, será accesible con el tiempo en la tribuna para que cada orador pueda hacer la presentación de sus reservas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la discusión en lo particular para la presentación de reservas y propuestas de modificación o adición, en su  caso, se realice con una intervención por cada orador registrado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza el procedimiento descrito por el Presidente.

Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es autorizado el procedimiento, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, cada Senador o Senadora registrada presentará una sola ocasión en tribuna todas sus reservas y propuestas de modificación.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a los artículos 2 y 5 del proyecto de ley.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)  Usted ha mandado votar el Reglamento del Senado de la República, y que yo sepa usted no puede mediante una votación modificar el Reglamento ni la Ley Orgánica del Congreso.

Esta Asamblea puede modificar el Reglamento y la Ley Orgánica si presenta alguien una Iniciativa y se aprueba para modificar el Reglamento. De otra manera, no se puede.

Está en la potestad del legislador asociar, compactar los artículos reservados para exponer.

Lo que hago llamar la atención es la manera en la que se quiere atropellar la legislación, la normatividad del Congreso. Eso no es válido.

En todos los procesos legislativos ha sido potestad de los legisladores compactar los artículos de reserva. Lo hemos hecho invariablemente como economía procesal. Pero dejar pasar el hecho de que una votación eche abajo una norma reglamentaria o de ley orgánica, me parece muy delicado, porque sientan un precedente para futuras discusiones.

¡Cuidado, es muy grave!

Yo estoy de acuerdo en que trate uno de hacer una exposición general de su reserva, son muchas. Varios hemos reservado las mismas, pero tiene que ser la potestad del legislador, siempre se ha hecho así.

Por lo tanto, Presidente, reconociendo lo que se quiere hacer, propongo que si un legislador tiene varias reservas, pueda hacer 2 ó 3 conjuntos, o que por ejemplo, usted especifique de cuánto tiempo dispondrá un solo legislador para explicar, por ejemplo, 16 reservas a la ley.

¿En cuánto tiempo lo puede hacer uno, en una sola intervención?

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia, al dar cuenta del trámite que se proponía, hizo referencia expresa al artículo 201 que establece la forma en la que hoy se desahoga la discusión en lo particular.

Permítanme recordarle, Senador Javier Corral, que el artículo 194, párrafo segundo de nuestro Reglamento le permite al Pleno establecer una modalidad especial de debate a propuesta de la Mesa Directiva y voy a darle lectura expresa a ese dispositivo.

Artículo 194 de los Debates, párrafo segundo.- “Cuando la naturaleza y un dictamen así lo requieran, el Pleno puede, previa propuesta de la Mesa acordar una modalidad especial para el debate correspondiente, dicho acuerdo no puede cancelar el debate, ni inhibir los derechos de los legisladores previstos en este Reglamento”.

Esta Presidencia ha propuesto una modalidad especial de debate consistente en agrupar la presentación de las reservas por los oradores que las han solicitado.

También ha dicho esta Presidencia que se le dará la posibilidad, en términos de tiempo, para que cada orador pueda presentar con suficiencia todas y cada una de sus reservas.

El Senador Javier Corral Jurado (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado (Desde su escaño): Pues, qué penosa interpretación se está haciendo de dos cosas distintas.

Una cosa es proponer un formato especial para el desarrollo del debate, y otra cosa son las reservas que los legisladores planteamos sobre los dictámenes.

De lo que se trata, se está tratando de dar la vuelta a que uno pueda hacer reservas por artículo y discutirlo por artículo.

Es una propuesta delicada para la vida del Senado, porque va a sentar un precedente. Ahora resulta que el Pleno va a poder instaurar una modalidad de cómo se presentan las reservas.

¡No! El Pleno podrá determinar una forma del debate sobre esas reservas, pero las reservas, está en la potestad de los legisladores presentarlas, o una por una, artículo por artículo, o un grupo de artículos, dice el Reglamento.

Me extraña que un antecedente como este pueda quedarse para subsiguientes discusiones.

Una cosa es lo que acaba de leer Gil; y otra cosa es lo que yo estoy hablando: el tema de las reservas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Javier Corral, su derecho a presentar y exponer las reservas está salvaguardado.

He dado lectura a los artículos que usted ha reservado. Pero también le debo recordar que el reglamento le da este Pleno la potestad de variar los términos del debate. No es una invención de esta Presidencia, lo dice claramente el Reglamento en el artículo 194.

Y vuelvo a citar: “Cuando la naturaleza de un dictamen así lo requiera, el Pleno puede, previa propuesta de la Mesa, acordar una modalidad especial para el debate correspondiente.

No es la primera vez que se realiza este procedimiento, no es la primera vez que se solicita al Pleno autorice una modalidad especial para la presentación y desahogo de las reservas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, Presidente.

Este es un debate que ya tuvimos en las Comisiones Unidas, en donde, efectivamente, llegamos a la conclusión de que es potestad del legislador el hacer uso de su derecho para presentar, ya sea una por una de las reservas al que se ha presentado, sobre todo un dictamen, o todas o parte de un conjunto.

Yo sugeriría que como ha sido la práctica regular, aquí en el Senado de la República, sea potestad del legislador, si la sacó el PAN en su presentación las reservas que sean comunes, o desean presentarlas en el momento en que corresponda de acuerdo al orden cronológico en que fueron reservadas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Cuando esta Mesa Directiva propuso la modalidad especial para el debate, no hubo impugnación de ninguno de las, ni de los Senadores. Se desahogó la votación en sus términos, y debo someterme en los términos al acuerdo que ha tomado la Asamblea.

No existe posibilidad para esta Presidencia de desapegarse de lo que ya fue acordado por este Pleno.

Tiene el uso de la voz la Senadora Angélica de la Peña para presentar reserva a los artículos 2 y 5 del proyecto de ley.

El Senador Javier Corral Jurado (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado (Desde su escaño): No creo que te prestigie hacer esto, Gil, no te da calidad de Presidente del Senado hacer esto.

Empeñarse en un error contra el Reglamento y la ley, desfigura el papel que se debe de tener.

Se sabe perfectamente que una votación, así haya sido unánime no cambia la letra del Reglamento. El Reglamento está por encima de esta votación que se acaba de producir.

Entonces, no es con estas actitudes como haremos avanzar las cosas. Está claro en nuestro reglamento que es potestad de los legisladores presentar reservas a los dictámenes, que esta modalidad es ilegal. Y si lo van a hacer, es un atropello al Reglamento, y van a sentar un precedente funesto para todos.

El Senador Armando Ríos Piter (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter (Desde su escaño): Señor Presidente, yo quisiera también llamar la atención.

Nosotros, especialmente cuando se dio el debate energético lo que pedimos es que se pudiera seguir el Reglamento.

Consideramos que el hacer un conglomerado de reservas va a sentar un precedente que puede ser equivocado y preocupante para otros debates.

De tal manera, que lo que quisiéramos pedirle es, pues, que nos apeguemos al contexto del Reglamento.

Se entiende que lo que se espera es poder obviar tiempo, sin embargo, si todo se aplica de un jalón, perdón que lo diga así, pues se va a sentar un mal precedente.

El Senador Pablo Escudero Morales (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales (Desde su escaño): Gracias, Presidente.

El Grupo Parlamentario apoya la decisión, no sólo del Presidente del Senado, sino de la Mesa Directiva, así entendió la Asamblea, que era un tema que el Presidente consultó con la Mesa. Nosotros lo apoyamos, y lo apoyamos además porque el Presidente dijo, y ahí está en las actas: “Que no se mediría el derecho de ningún Senador, en varias ocasiones”.

Además de ello mencionó: “Que cualquier Senador tendría a su disposición el tiempo que requiera, y parece que el trámite ha sido votado”, y nosotros apoyamos la decisión de la Mesa Directiva y del Senado de la República.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Lo que prestigia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Mesa Directiva es aplicar el Reglamento y los acuerdos de este Pleno.

El Reglamento establece con toda claridad el procedimiento para el desahogo de las reservas, el artículo 201, pero establece una excepción el artículo 194, párrafo dos. En esa circunstancia esta Presidencia sometió a votación del Pleno la aplicación del artículo 194.

Lo que dice también el artículo 194 es que el acuerdo del Pleno del Senado bajo ninguna circunstancia puede inhibir el debate ni afectar los derechos de los Senadores. Si los Senadores desean presentar sus reservas en distintas intervenciones están en plena libertad y derecho para hacerlo, y quienes deseen hacerlo en un solo momento lo podrán hacer, esa es la razón de la consulta que ha hecho esta Presidencia al Pleno del Senado y que el Pleno del Senado ha autorizado.

La costumbre parlamentaria ha determinado, de tiempo atrás, que cuando el Pleno se pronuncia por un procedimiento la Presidencia de la Mesa Directiva debe aplicar ese procedimiento. Lo que prestigia a la Presidencia de la Mesa Directiva es respetar el Reglamento y los acuerdos del Pleno.

Continúe, Senadora Angélica de la Peña, para la presentación de las reservas 2 y 5.

Senador Mario Delgado.

Sonido en el escaño, por favor.

El Senador Mario  Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo quiero alertar que no hay antecedente en lo que usted está haciendo.

O sea, no ha habido otras ocasiones donde se cambie la presentación de las reservas, siempre es a voluntad del legislador si decide presentar sus reservas en bloque, pero es una decisión de cada legislador, y lo que prestigia a la Presidencia es que tenga el criterio para poder resolver cuándo hay distintas interpretaciones.

Y creo que aquí lo que debe prevalecer es el derecho de los Senadores a presentar reservas, y si cada uno decide presentar sus reservas en bloque que así lo haga, pero no se puede limitar este derecho.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le repito, Senador Mario Delgado, si el Pleno no autoriza, vía el artículo 192, párrafo segundo, a que pueda un Senador, en el uso de su intervención, exponer más de una reserva tendríamos que proceder artículo por artículo.

Esa es la razón de la consulta que ha hecho esta Presidencia, precisamente para que aquella Senadora o Senador que desee presentar en un solo momento el contenido de todas sus reservas lo pueda legalmente hacer. De lo contrario, de no haber hecho esa consulta al Pleno del Senado, tendríamos que presentar una por una, aun cuando en la libertad del legislador fuese en sentido de presentarlas en un solo momento, esa es la razón de la consulta.

Y sí hay antecedentes, Senador Mario Delgado, le recuerdo, por ejemplo, el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) El procedimiento que propuso la Mesa Directiva, que votó este Pleno, es en su mayoría el que se va aplicar casi por todos los que estamos anotados para reserva de artículos.

Sin embargo, Presidente, creo que debería de tener cierta flexibilidad para que si algún Senador o Senadora desea hacer la explicación artículo por artículo también lo pueda hacer. Lo que redunda de verdad no molesta, es importante este debate, porque si no pareciera que cuando conviene determinado tema agruparlo, pues nos lo imponen, y cuando no es uno por uno.

Yo diría que si hay Senadores, Senadoras, creo que hay muy pocos, que quieren hacerlo artículo por artículo se les respete su derecho.

Y quienes queramos hacerlo en bloque, como es el mío, lo hagamos en bloque.

Tenga la flexibilidad, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Desde mi primera intervención hice, expuse claramente que esta Presidencia respetará el derecho de los legisladores de decidir si lo agrupan o no lo agrupan la presentación de sus reservas.

El único problema es que reglamentariamente no podríamos agrupar en una sola intervención la presentación de varias reservas a menos que hubiéramos votado el procedimiento que justamente acaba de aprobar el Pleno, de lo contrario hubiésemos tenido que recurrir a la presentación artículo por artículo.

Precisamente para habilitar a las y los Senadores que deseen agrupar reservas en una sola intervención votamos el procedimiento antes mencionado.

Sonido en el escaño del Senador Hernández Deras.

El Senador Ismael Alfredo Hernández Deras: (Desde su escaño) Señor Presidente, el Grupo Parlamentario del PRI apoya el acuerdo del Pleno, nosotros le solicitamos que proceda la sesión de acuerdo a como hemos determinado, y que además el Grupo Parlamentario del PRI está totalmente de acuerdo y respaldamos a la Presidencia en esta determinación.

Que se proceda y se continúe la sesión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, voy a dar lectura al artículo 202, que habla de los debates en lo particular, dice: “Para los debates en lo particular sobre artículos reservados o adiciones, el Presidente procede a desahogar cada propuesta registrada de la manera siguiente:

El autor o, en su caso, un representante de los autores, explica al Pleno el sentido y los alcances de la misma; se consulta al Pleno si se admite o no a debate; si no se admite, se tiene por desechada; en su oportunidad de admitirse, se levantan listas de oradores en contra y a favor; inicia el primero registrado en contra.

Es decir, es claro, el Presidente debe desahogar cada propuesta registrada, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En efecto, hemos citado al artículo 201 y 202 al momento de dar curso a la discusión en lo particular. Pero también es cierto que en el mismo capítulo del Reglamento, en el capítulo de los debates, 6 artículos antes del que usted acaba de citar, está el artículo 194, párrafo dos, que le da al Pleno la facultad de determinar una modalidad específica de debate.

La modalidad específica de debate que se le propuso al Pleno del Senado fue que los legisladores tuviesen la facultad de poder agrupar en una sola intervención el grupo de reservas que hubiesen registrado.

No se va afectar el derecho de ningún Senador o Senadora de participar tantas veces como lo soliciten en este debate. Pero de lo contrario, precisamente por el artículo que usted acaba de invocar, no pudiéramos tener en una sola intervención la presentación de varias reservas a menos de que hubiésemos procedido como lo establece el artículo 194, párrafo segundo.

Continúe, Senadora Angélica de la Peña, por favor.

Sonido en el escaño de la Senadora Pilar Ortega.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Solamente, señor Presidente, para pedir que continúe este debate, creo que no tiene mucho sentido lo que se está argumentando cuando justamente lo que la Presidencia solicitó al Pleno es avalar un acuerdo para que aquellos Senadores que quieran agrupar sus reservas lo hagan; pero quienes no están en todo su derecho de expresarlo conforme al Reglamento del propio Senado de la República.

Entonces creo que no tiene mucho caso seguirse discutiendo sobre esto, y creo que tendríamos que seguir ya avanzando en el debate en lo particular, que sí es debate porque el propio Reglamento establece que la primera parte es un debate en lo general y las reservas es el debate en lo particular.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. Como aquí se ha comentado, y coincido con el compañero Corral, en el sentido de que debe quedar a solicitud expresa del Senador si agrupa o no agrupa.

El propio Reglamento, en el 194 que usted cita, efectivamente en la parte, en el penúltimo renglón dice que: “dicho acuerdo no puede cancelar el debate ni inhibir el derecho de los legisladores previstos en este Reglamento”.

El artículo 201 plantea cómo tiene usted que desahogar el debate.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Y esta Presidencia ha insistido reiteradamente en que no se inhibirá el debate ni afectar los derechos de los legisladores en la presentación de sus reservas.

Cada legislador tendrá que decir al inicio de su intervención si en ese momento presenta una o más reservas; es decir, si utiliza el derecho que se le ha autorizado por el Pleno del Senado.

Senador Mario Delgado, ¿me está solicitando el uso de la voz?

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) A ver, señor Presidente, muy rápido.

Si usted está abriendo la posibilidad de que sea opción para el legislador cómo presentar sus reservas, bueno, pues entonces nada más le pido que no deje el antecedente de la votación en el Pleno donde es restrictivo, que se vuelva a votar el acuerdo en donde se abra esa posibilidad y que es el antecedente que quede, y no nada más que quede el antecedente votado por el Pleno donde se utiliza esta mecánica de agrupación que pueda ser utilizada en el futuro.

Porque ahorita usted está atendiendo el criterio de decir: “Bueno, los que quieran presentarlo en distintos turnos, que así lo haga, pero no sabemos que esta interpretación la pueda usted tener en el futuro.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ha quedado absolutamente claro que la interpretación que le ha dado esta Presidencia al Pleno, es en el sentido de proceder conforme a lo establece el artículo 194, párrafo 2 en su literalidad.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Pues sólo para dejar asentado en esta última intervención que es muy importante que cuando se lea el Reglamento, se  lea de una manera sistemática, y se lea de una manera sucesiva.

Tiene un sentido el que las reservas se puedan agrupar o se lean por separado, porque el Reglamento ordena que se discutan en el orden sucesivo que corresponda porque conforme a ese orden se van presentando las argumentaciones.

El artículo 201 y 201 se refieren al debate en lo particular.

El artículo 194 se refiere al debate en lo general.

No substituye el 194 al 201 y al 202.

De lo contrario entraríamos en una dinámica verdaderamente autodestructiva para la deliberación. Ya no se puede discutir en las comisiones porque se dice, vamos a hacerlo en el Pleno del Senado, ahí apuntaremos las reservas, y ahora se dice, en el Pleno del Senado, vamos a proponer que el Pleno decida otra cosa.

Qué bueno que se ha rectificado, y que se le ha dado ahora ese carácter optativo, ese es el carácter que yo creo que se contiene en el numeral 3 del artículo 201 cuando habla de artículo por artículo o grupo de artículos.

No había que votar nada, simplemente había que generar el cumplimento de esa norma para no establecer ningún antecedente contrario a lo que debe ser el espíritu de esta Cámara y que debe ser el principal motivo para procurar de la Mesa Directiva, alentar la deliberación, no constreñirla.

Creo que el espíritu que nos debe animar a todos es que hay que debatir, no restringir el debate.

De ahí el motivo de mis intervenciones para acotar que esa votación era contraria al Reglamento y a la ley.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El artículo 194 se encuentra en el capítulo de la discusión de los dictámenes y existen dos modalidades de discusión, en lo general y en lo particular, el artículo 194 aplica a la discusión y debate de los dictámenes en las dos modalidades.

Senadora Angélica de la Peña, por favor, indique qué reservas está usted presentando, y en consecuencia proceda.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias Presidente, haciendo uso de mi potestad he reservado dos artículos que voy a esgrimir en una sola intervención.

Hay otros artículos que están siendo reservados por compañeras y compañeros de mi grupo, y no me voy a extender.

El caso del artículo número 2, creo que es importante recordar en esta parte del debate, en lo particular, lo que hemos reiterado a lo  largo de esta sesión respecto de lo que establece la opinión consultiva 7/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano o la ciudadana para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales que afectado por una información inexacta o agraviada tenga la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esta información emitida en su perjuicio.

De tal manera que este derecho humano, que no creo que haya manera de que se cuestione que ese es el tema en esta discusión de esta ley, creo que es necesario establecer en el artículo 2, en donde se comienza la ley con las disposiciones generales también definir para efectos de esta ley, porque no hay absolutamente ningún artículo del dictamen que refiera a que esta es la réplica un derecho humano.

La propuesta que pongo a consideración de este Pleno es que en la fracción II donde se dice, para efectos, se entenderá por derecho de réplica el derecho humano de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos a informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que le aludan que sean inexactos o falsos cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político o económico, en su honor, vida privado y/o imagen.

Y en el caso del artículo 5, la adición en este sentido es, la intención es ampliar los supuestos de la crítica periodística en aquellos ámbitos en donde son omisos en este dictamen, así creemos que tienen que ser incorporados los relativos a los otros ámbitos que también tendrían que verse como sujetos, tendrían que verse beneficiados, como son los ámbitos artísticos, deportivo, social, científico, tecnológico, de espectáculos, técnicos,  salud, literario cultural.

Esta adición la pondríamos al final del artículo número 5 donde señala que la crítica periodística ya sea sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta ley, siempre y cuando estén sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea, en el ámbito político, económico, en su honor, imagen, reputación, vida privada, artístico, deportivo, social, científico, tecnológico, de espectáculos, técnico, salud, literario o cultural.

En ese aspecto, y con eso termino hacemos énfasis que la preocupación no solamente tiene que ver con el derecho a réplica que pudiera esgrimir quienes están o estamos en la política; también son otras personas como las que acabo yo de señalar de estos ámbitos, y que por supuesto hoy no están debidamente protegidos en la ley.

Es cuanto, y gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas y los artículos 2 y 5 del proyecto de ley han sido expuestos ampliamente por la Senadora proponente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora de la Peña de los artículos 2 y 5, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su discusión conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para referirse a los artículos reservados por él mismo.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente, al igual haciendo potestad del derecho que otorga el artículo 201 de nuestro Reglamento, yo me voy a permitir agrupar en un solo acto las cuatro reservas que he presentado desde la sesión de Comisiones Unidas, y el día de hoy a la Mesa Directiva.

En primer lugar, quisiera retomar el planteamiento ya expresado aquí por la Senadora Angélica de la Peña respecto a la fracción II del artículo 2º, en donde efectivamente es muy importante que la fracción se determine con toda precisión que el derecho de réplica, es, antes que nada, como  lo establece la propia Constitución, un derecho humano, y como derecho humano  lo deben de ejercer todas las personas físicas o morales.

Y, yo propongo una adición donde se establezca con precisión, además de esta figura de derechos humanos y personas físicas y morales el de los grupos sociales, porque en ocasiones algunos de los grupos que no tienen figura jurídica establecida van a poder acreditar como es parte de las restricciones que viene en esta ley, el interés jurídico para poder hacer este ejercicio de este derecho de réplica ante los medios de comunicación.

Y al mismo tiempo en la fracción hacer unas  adiciones más, particularmente cuando se refiere al ejercicio del derecho de réplica, cuando se han publicadas o difundidas las rectificaciones, aclaraciones o respuesta que resulten pertinentes respecto de daños, informaciones, transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, que aludan y que sean inexactos o falsos, y discriminatorios, porque el concepto de discriminación, en el derecho de réplica, también debe de ser incluido, tratándose de un derecho humano fundamental y la existencia dentro de estos, el derecho a la no discriminación, dentro de la definición del derecho de réplica en el artículo 2, fracción II, debería de estar contemplado.

De la misma manera, y como lo señalé en la intervención durante la presentación de dictamen, el artículo 5º plantea de manera tan genérica y amplia, el concepto de crítica periodística para la cual debe estar sujeta el derecho de réplica, que puede representar todos los géneros, o no puede representar necesariamente alguno, ya que en la definición de lo que son géneros informativos, se equipara o se confunde lo que es nota periodística, reportaje, crónica, entrevista, con lo que son los géneros de opinión, artículos de opinión, columnas, cartón, o los comentarios editoriales que se hacen en vivo en las transmisiones, ya sea de la radio o de la televisión, y, por eso, lo que estamos planteando es que el artículo 5º, cuando dice: “la crítica periodística” se adicione: “en los géneros informativos”, para que no quede ninguna ambigüedad y se abarque todos los conceptos que se refieren a los géneros informativos, sean motivo de este ejercicio por parte de los ciudadanos.

En el artículo 21 planteamos eliminar la fracción II, por supuesto hay que recordar que el artículo 25 se refiere al inicio de procedimientos para el ejercicio del derecho, y la fracción VII es quizá la fracción más restrictiva para los ciudadanos, para las personas, porque también hay que entender que desde el momento en que modificamos el concepto de derechos humanos para las personas, se ejercen también para los menores de edad que no tienen categoría de ciudadanos.

Eliminar la fracción VII, que a la letra dice: “las pruebas” donde se establece la obligación de la persona aludida, de presentar las pruebas que confirmen la existencia a la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias, o productor independiente de los términos provistos por esta ley, las que demuestren la falsedad, inexactitud, de la información publicada o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado, ya que es aquí donde se da la fuente fundamental, no solamente de la discrecionalidad respecto del medio de comunicación para negarse a otorgar el derecho de réplica a la persona afectada, sino también se le obliga a la persona afectada a acreditar las pruebas, a acreditar su dicho, cuando se puede incurrir en un asunto tan discrecional, como presentar la palabra de uno contra la palabra del concesionario.

Y, finalmente, en el artículo 37, que se refiere a que cuando exista la información que se estime exacta o falsa, haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a cargo de elección popular, debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad, y aquí es la adición a este artículo 37, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta es una de las principales contradicciones que existe en el dictamen, toda vez que contraviene el derecho a la réplica electoral, que está reglamentado con toda precisión en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con esto pretendemos, por lo menos, eliminar algunas de las ambigüedades que permiten discrecionalidad y que conculcan la posibilidad de ejercer plenamente por parte de todas las personas, hombres, mujeres y grupos sociales, su derecho de réplica plenamente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas a los artículos 2, 5, 25 y 37, presentadas por el Senador Alejandro Encinas, han sido debidamente explicadas desde la tribuna, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senado Alejandro Encinas, a los artículos 2, 5, 25 y 37.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reservas a los artículos 2 y 3 del proyecto de decreto.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

He reservado el artículo 2, no leo los fundamentos, y proponemos, en lugar de que tiene, el texto siguiente.

La réplica puede implicar rectificaciones de hechos inexactos o falsos, aclaraciones de punto de vista y opiniones que resulten agraviantes.

Y 3, respuestas de diverso tipo que las personas pueden hacer en los medios respecto a informaciones agraviantes.

El artículo 2, fracción II, romano, limita el alcance del derecho humano de réplica, establece que ese derecho sólo es respecto a hechos inexactos y/o falsos, no se contempla la complejidad de la réplica que puede implicar:

Uno.- Rectificaciones de hechos inexactos o falsos.

Dos.- Aclaraciones de puntos de vista y opiniones que resulten agraviantes. Y

Tres.- Respuestas de diverso tipo que las personas pueden hacer a los medios respecto a la información o difamaciones agraviantes.

El dictamen regula un derecho de rectificación, pero no uno de réplica, pues deja fuera a las soluciones y opiniones y restringe, en otros preceptos, artículo 5º, la réplica contra la crítica periodística: “sólo las personas físicas y morales pueden promoverla, en este caso, excluyendo a colectivos sin personalidad jurídica”.

La norma es violatoria del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que extiende la réplica a supuestos que van más allá de hechos inexactos o falsos, con trato de información agraviante.

Y también respecto a la información cinematografía, además, la disposición violenta el derecho de las audiencias previsto en el artículo 6 B, fracción VI, romano, de la Constitución, porque los derechos humanos son interdependientes, y el derecho al honor o la intimidad de las personas, que es protegido por la réplica, está también vinculado a todos los derechos que tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Paso ahora, señor Presidente, con su anuncia a describir lo que estoy proponiendo para el artículo tercero.

Artículo tercero, texto que se propone: “esta ley garantiza el interés legítimo y difuso de los grupos sociales para ejercer el derecho de réplica, sin importar que se encuentren constituidos legalmente”.

Justificación.

El artículo tercero no establece la legitimación legítima ni difusa en materia de réplica, se deja fuera a los grupos sociales que no estén constituidos legalmente y no cuenten con una representación legal, es decir, los grupos sociales, las ONG’s, podrían quedar sin protección, violenta esta disposición al artículo primero, párrafo segundo de la Constitución de la República, porque no maximiza el derecho, no es una exposición que garantice el derecho de réplica de manera pro homine, también vulnera el derecho a las audiencias, contemplando en el artículo 6 B, fracción VI de la Constitución.

A sus órdenes, señor.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dado que ya se han expuesto y contenido de las reservas presentadas por el Senador Manuel Bartlett Díaz, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 2 y 3.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Bartlett, a los artículos 2 y 3.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para referirse a las reservas presentadas por ella misma.

La Senadora Martha Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Yo también expondré en un solo momento las tres reservas que presento y le solicito de manera más atenta se incluyan de manera textual en el Diario de los Debates las intervenciones que he presentado.

Por una parte, la primer reserva que quiero poner a consideración de este Pleno tiene que ver con un tema que hemos mencionado de manera recurrente y es la parte relativa al derecho de réplica en materia electoral.

Como se ha mencionado acá, está reforma viene de un dictamen aprobado con anterioridad a la reforma política y, por lo tanto, ha quedado rebasada en ese mismo sentido.

Por eso es muy importante, al menos, contar los mismos mecanismos que ya se consideran en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y no violentar así un derecho de réplica que tendrían quienes son los candidatos o precandidatos en procesos electorales.

Porque es muy importante mencionar que de manera textual, en el artículo 3º párrafo quinto del artículo 3º del dictamen, se expresa claramente que:

“Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta ley”.

Eso quiere decir, que estarán sujetos a la Ley de Derecho de Réplica que establece entre otras cosas un juicio en materia civil, que como ustedes saben puede llevar un proceso muy largo de este juicio.

Es muy importante que al menos se considere lo que está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que el procedimiento se pueda sustanciar vía un procedimiento especial sancionador que, como se mencionó acá, por lo menos estaría resolviéndose en tiempos electorales en un plazo de cinco días.

Me parece compañeros Senadores que, incluso, por interés personal deberían estar aprobando este tipo de reformas a la minuta, pues de otra manera estarán simple y sencillamente poniéndose una soga al no poder ejercer el derecho de réplica en materia electoral.

La segunda reserva que quiero poner a su consideración tiene que ver con el tema “De la publicidad”.

Sin duda, unos de los temas que se omiten en este dictamen, es uno de los tres grandes rubros en los que se dividen los contenidos en los medios de comunicación y, fundamentalmente, del derecho de las audiencias, el de la publicidad.

En nuestra Constitución, en el apartado B fracción IV del artículo 6º dice lo siguiente:

“Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada con información periodística o noticiosa y se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público -pongo puntos suspensivos- dado que la publicidad tiene un fuerte impacto en el comportamiento y/o conducta social de las audiencias de los medios de comunicación es menester contemplar dentro del cuerpo normativo dicho concepto”

Con esto afianzaremos un eslabón más a favor de un país más tolerante, justo y plural, desde el ámbito social y electoral, eliminando la publicidad subliminal y garantizando a las audiencias una protección y defensa contra publicidad, engañosa, abusiva y coercitiva, poniendo en correcto balance el garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a los derechos de las audiencias.

Siendo el derecho de réplica a un vehículo de comunicación entre emisores y receptores que coadyuva a fomentar la responsabilidad y veracidad de mi información en los contenidos que transmite en los medios de comunicación en la opinión pública.

La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar, pero de igual manera, puede caer en crear ambientes de hostilidad, malos hábitos, discriminación, así como de conductas y comportamientos que minan la inexistente paz social.

Y en ese sentido, la propuesta de modificación es incluir en varios de los artículos el concepto de publicidad.

Y la tercera reserva que pongo a consideración del Pleno, es relativo precisamente al derecho de las audiencias.

La legislación en materia de libertad de expresión y derecho a la información, ha funcionado como un instrumento al servicio del poder.

La ausencia de una legislación sobre el derecho de réplica que no contemple aquellos que son receptores de la información, no sólo entraña y seguridad jurídica, sino la prolongación de la paradoja del derecho a la información, mediante la cual se tiene un discurso de protección al individuo.

Los medios de comunicación pueden difundir o publicar hechos que la persona aludida en ellos, considere como inexactos y el derecho de réplica emerge como la facultad de presentar otra versión.

Su versión sobre lo sucedido, tal como lo menciona Sartori: “La democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión”

Actualmente el pueblo soberano opina sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar.

Uno de los derechos de las audiencias es el derecho a recibir información veraz, oportuna y de calidad.

Poder acudir a instancias para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los contenidos que recibe, así como el de contar con mecanismos eficientes y eficaces para hacer valer el derecho de réplica.

Sin embargo, en el dictamen se omiten completamente a las audiencias, así como sus derechos que se encuentran contemplados en la ley. Por eso, la intención es incluir dentro del dictamen el concepto de audiencia y sus derechos.

Esto permitirá que en el espacio de la opinión pública, la información con la que ésta se alimenta, sea verdaderamente pluralista y no distorsionada y unilateral.

Tendenciosa y sometida a intereses corporativos y de sector que distan mucho del interés general y del bien común, así pues, en el artículo 2º se incluirían las definiciones de audiencia y de los derechos de las audiencias.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que se han expuesto las reservas a los artículos 2, 3 y la adición del artículo 38 presentado por la Senadora Martha Tagle, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omiten a discusión las propuestas de la Senadora Martha Tagle.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2 y 3 se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados, la adición de un artículo con número 38 se tiene por desechado.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado para referirse a los artículos reservados.

El Senador Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros:

Reservé 11 artículos del dictamen, voy a desahogar en dos intervenciones los artículos reservados.

En atención también a que la Mesa Directiva rectificó y ha reconocido el derecho que tenemos los Senadores de agrupar o reservar artículo por artículo.

Como hubo una rectificación, yo también asumo el agrupamiento de artículos.

¿Cuáles son los que voy a tratar de explicar en una sola intervención?

El artículo 2, el artículo 3, el artículo 10, el artículo 11, el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 14. Estos no responden en estricto sentido a una misma temática, pero voy a explicar de alguna manera el propósito general.

En relación al artículo 2, como lo expuse en el seno de las Comisiones, se trata de mejorar tres redacciones que son fundamentales para el desarrollo posterior de toda la ley.

Ustedes saben que en las definiciones está trazada la ruta de lo que después los artículos adjetivos van a posibilitar o no.

Digo que la definición de derecho de réplica consignado en el artículo 2,  está incompleta e incluso tiene un elemento distorsionador que tiene que ver con el agravio, esto es, debe probarse el agravio para presentar una solicitud de derecho de réplica, cuando los convenios internacionales que hemos suscrito, fundamentalmente se refieren a las informaciones que aludan.

Por lo tanto en el artículo 2 propongo un concepto distinto de derecho de réplica, un concepto más amplio de medios de comunicación y por supuesto una definición distinta a la que contiene el dictamen de productor independiente.

Esa definición de productor independiente es importante porque todos sabemos que los grandes consorcios comunicacionales de carácter electrónico, particularmente las televisoras, tienen empresas productoras en materia cinematográfica, por supuesto comercial, publicitarias. De ahí la importancia de redefinir estos conceptos.

En mi intervención en lo general dije que este dictamen se atrasa en algunos conceptos con la Ley de Imprenta de 1917. Aquí se dijo que no, que la supera, que la moderniza.

Propongo, con la comparación de los textos, que en algunos conceptos se quede el plazo que para presentar la solicitud de réplica consigne la Ley de Venustiano Carranza.

El dictamen dice que puede presentarse hasta cinco días después de la publicación. Después de cinco días se pierde el derecho por la vía del derecho de réplica. La Ley de Imprenta señala ocho días.

He propuesto por lo menos que dejen los ocho días de la Ley de Imprenta de 1917, porque puede la gente irse de vacaciones -dije en el seno de las Comisiones- y no enterarse de que fue aludida, que fue señalada de manera inexacta, falsa.

Demos la mayor posibilidad de que la gente se entere cuando regresa, para poder ejercer el derecho de réplica. De cinco propongo que sea a ocho, si no quieren los 15 que he propuesto en Comisiones Unidas como reserva, porque yo digo que la gente sale fuera de su casa, sale fuera de la ciudad y cuando regresa le dicen: “Pues dijeron de ti esto o aquello. Ah, pero ¿sabes qué? Ya se te pasó el tiempo porque pasaron cinco días”.

Si no se quieren los 15, dejen los ocho que pensó Venustiano Carranza cuando no había todas estas posibilidades de que la gente saliera de vacaciones con tanta cotidianidad como ahora lo hace, incluso a otros Continentes del mundo.

La Ley de Venustiano Carranza permitía a las personas replicar hasta dos tantos más en la extensión del escrito aclaratorio, y hacía por cierto una distinción entre funcionarios y particulares. A los funcionarios les daba el derecho de extenderse hasta tres tantos más de los contenidos que se deseaba aclarar, y a los particulares se les daba hasta dos tantos más.

Esta moderna Ley del Derecho de Réplica que nos han vendido, estos avances fundamentales de los que se tienen tan orgullosos, sólo permiten a las personas, a los particulares, la misma extensión de la información que se aclara, que se rectifica.

Y todos sabemos que aclarar, que rectificar, que replicar se lleva más espacio y tiempo en radio y televisión, que acusar. Siempre hay que explicar por qué no es cierto lo que dicen.

Esta ley se nos regresa a la mitad de lo que Carranza pensó en extensión. Es una pena.

Otra reserva que he hecho es para modificar la minuta y quedarnos también con la Ley de Imprenta de Venustiano Carranza en términos de cuándo el medio de comunicación debe publicar la réplica.

Sí, la Ley de Imprenta de 1917 dice que una vez presentada la réplica, el medio la publicará al día siguiente. ¿Y por qué al día siguiente? Porque no necesita la persona presentar las pruebas no sólo del agravio, sino de que ha sido falsa o ha sido inexacta la información.

¿O acaso cuando los medios de comunicación presentan las notas, presentan también las pruebas? Claro que no, es inmediata la publicación.

Miren, dijo Bartlett hace un momento que él ha tenido buena relación con los medios impresos y siempre le han más o menos cumplido la publicación de sus réplicas.

Pues yo les pido a ustedes que piensen cuál es la práctica actual. Ustedes mandan una nota aclaratoria al periódico, el editor en jefe, el Jefe de Redacción, el Jefe de información la valora y si efectivamente el periódico reconoce que hay una regadota o que hay un error, se publica al día siguiente.

Ahora vamos a abrir un plazo de siete días, cuando ya no era así. Se publicaba en forma inmediata, a las 24 horas siguientes. No, ahora van a hacer incluso un dictamen a ver si, para darle la notificación: “Tiene usted razón, le vamos a conceder su derecho de réplica”, y tiene hasta tres días el medio para pensarla. Por favor.

¿Qué es aclarar una nota agraviante como dice el dictamen, cuando está en medio el honor, la dignidad personal, la imagen?

Conforme más corre una noticia falsa, más se va propalando y difundiendo, y más ahora en el conjunto de los medios digitales de comunicación, que inmediatamente recogen todas, aunque sea una sola fuente.

De lo que se trata es de inmediatamente generar la posibilidad de una rectificación al daño que provoca una información inexacta. Ah, pero como se está pensando en la tele, hay que ampliar los plazos.

Ah, por supuesto si fuera sólo para periódicos impresos o para medios impresos, la norma sería otra, pero está decantada por los intereses mercantiles de la televisión.

Por eso digo que en estas reservas yo propongo que se queden plazos, extensión y publicación por el medio, como lo dicta la Ley de Imprenta de 1917.

Luego también una de las grandes insuficiencias de este proyecto es que no contempla el derecho de réplica.

Es que no contempla  el derecho de réplica  para grupos sociales.

Se ha dicho, que dentro del concepto de persona física y persona moral caben todos los demás grupos sociales, cuando la misma minuta señala que debe demostrarse el interés jurídico. Por eso hemos propuesto una y otra vez que en el artículo 3º, se incorpore el interés legítimo, toda persona que haya sido mencionada  en forma directa, podrá ejercer el derecho  de réplica, cuando considere inexacta o falsa la información publicada en el medio de comunicación que se trate.

Queremos incluir la posibilidad de que grupos sociales o sectores de la sociedad, que sean afectados con informaciones falsas o inexactas, puedan presentar o solicitar la réplica ante los medios de comunicación para que  se incorpore el interés legítimo.

Por supuesto, coincido con el derecho de réplica en materia electoral, ya lo han dicho otros compañeros, yo también he presentado reservas sobre ello, ya no abundo más.

 En el artículo 11, 12 y 14, se contienen los  tiempos, los que yo considero que la notificación debe ser inmediata, y la réplica efectuarse al día siguiente o, en el caso de un semanario, en la emisión próxima.

Y el 13, lo de la extensión, ojalá, si es que hay racionalidad para la discusión, pensaran en que no les sirve replicar en el mismo espacio solamente, que se necesitan dos tantos más. Aquí se quiso engatusar a la Asamblea, confundiendo espacio con ubicación. No, en eso, incluso, la Ley de Imprenta, es mucho más avanzada que ésta, porque la ley de Imprenta dice: “en el mismo lugar, con la misma tipografía”. Ah, te pusieron 8 columnas, a 8 columnas te aclaran, en primera plana, a 14 puntos, 14 y 15 es el interlineado, a esa misma tipografía, en ese mismo interlineado te tienen que aclarar. Ah, pero dos tantos más.

Este es el avance por el que están orgullosos, no les va a servir de nada, como bien lo ha dicho Bartlett, no les va a servir de nada, también sé que a muchos no les interesa, porque ya casi todo se les resbala, pero y los ciudadanos que, los que sólo tienen como fortuna el nombre limpio que recibieron de sus padres y que quieren heredar así a sus hijos, que solamente tienen su imagen propia, y que a veces se les demuele, esto es lo que está en medio de estas discusiones.

He agotado la mitad de mis reservas, vendré en la siguiente a argumentar los otros artículos, que serán cinco.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le agradezco, Senador Corral, haberse ajustado al procedimiento, que desde el principio propuso esta Mesa Directiva.

Consulto a la Secretaría si se  admite, en votación económica, la discusión las propuestas a los artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14 del proyecto de ley, presentados por el Senador Javier Corral.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos  2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14 del proyecto, presentado por el Senador Corral.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levanta la mano.  

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación, conjuntamente con los demás artículos  reservados.

Tiene a continuación el uso de la voz, la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar diversas reservas.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidente.

También haciendo uso de mi derecho de agrupar en una sola intervención los artículos reservados de acuerdo al artículo 201 de nuestro Reglamento, quiero hacer en una sola intervención varios artículos y recordar, reconocer que tal vez dos reformas que hizo la anterior legislatura tienen o cobraron una trascendencia histórica.

Una fue la de junio de 2011, de elevar, de poner en el 1° constitucional los derechos humanos y la otra fue poner a nivel de rango constitucional el derecho de réplica.

Lamentablemente ahora que estamos en esta Ley Reglamentaria de este derecho se conculca prácticamente o se imposibilita su ejercicio, lo cual es verdaderamente lamentable, y tengo que volver a subrayar lo que varios compañeras y compañeros han dicho aquí: “el derecho de réplica es un derecho humano”, que en México, desafortunadamente está a la deriva.

El cumplimiento de este derecho humano se supeditó a voluntad del emisor, de la información errónea o agraviante, se le da a quien comete este delito la definición si otorga o no el derecho de réplica, con el consecuente quebranto a otros derechos, como el derecho a la información, al que tenemos derecho todos los mexicanos y el honor  de la persona agraviada, además de que se perdió de vista la importancia del derecho de réplica para la construcción de la democracia, cuando nosotros en la tarea política, lo que debemos hacer es justamente provocar la transición hacia la democracia.

La réplica es parte de los derechos y libertades informativas, por lo que una deficiente Ley Reglamentaria en materia de derecho de réplica, trastoca  directamente la libertad de expresión y el derecho a la información.

La Ley Reglamentaria debería de incluir los principios indispensables para el ejercicio del principio de réplica,  el principio de legalidad, de gratuidad, de equidad, de proporcionalidad, de oportunidad, ninguno de estos principios se garantiza en esta iniciativa.

Esta iniciativa carece de lo esencial para garantizar el derecho de réplica, y pueda ser, entonces, un ejercicio práctico, tiene barreras injustificadas para el acceso a la justicia, impide que se respete debidamente este derecho humano y deja fuera a la réplica, imponiéndosele que sea un instrumento para la construcción de la democracia.

Las consideraciones más importantes, como ya se explicó el artículo 2,  el artículo 5, quiero irme directamente al artículo 10, la presentación de la queja, el derecho de réplica debe ser un derecho de fácil ejercicio y cercano a la ciudadanía, el dictamen sólo contempla que la réplica se solicite mediante una comunicación, mediante un escrito que debe ser entregado  físicamente en el domicilio del medio de comunicación. Esto elimina la sencillez, pero supóngase que el agraviado vive en Ciudad Juárez o en Yucatán, tiene que pagar hasta acá, pagar avión, una y tantas veces cuando sea necesario que se le cite.

Elimina, entonces, también otros derechos, el de la sencillez, que debe de imperar conforme la experiencia comparada, dado que aquí uno de los Senadores del PRI alegaba el derecho comparado.

El Congreso está obligado a que la Ley Reglamentaria sobre el Derecho de Réplica, considere el principio pro persona, establecido en el 1° constitucional, establezca también que la solicitud de réplica, pueda presentarse por medios electrónicos, dada la era de la comunicación del Internet.  Además, plasmar en la ley las facilidades necesarias para que pueda presentarse la solicitud.

Y en cuanto a tiempos, nosotros consideramos que esta ley debería de anteponer los derechos de la ciudadanía y por lo tanto, darle tiempos holgados al ciudadano o ciudadana agraviados para que pueda presentar su queja y darle tiempos cortos a los sujetos obligados para que respeten a la brevedad el derecho de réplica.  Esto se explica al contrario en los artículos 10, 12, 15, 24.

El artículo verdaderamente que saca a cualquiera de sus casillas es el artículo 19, que contradice todo lo que los priístas y panistas vinieron a decir en esta tribuna…

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)   No todos.

La Senadora María Dolores Padierna Luna: No todos, perdón. 

Los que vinieron a explicar que el derecho de réplica sí se garantiza también para las agencias de comunicación o para los servidores públicos, y no.

El artículo 19 dice: “El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de réplica en  los siguientes casos”

Y en la fracción séptima dice: “Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación”.

Y la fracción octava dice: “Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de alguna agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia”. 

Es decir, ni los servidores públicos, ni las comunicaciones del gobierno, ni las agencias de comunicación van a ejercer el derecho de réplica. 

Puedo citar aquí 20 casos rápido, de servidores públicos que mienten, empezando por Peña Nieto y su publicidad falsa en relación a varios temas.

Estas dos fracciones del artículo 19, al menos, deberían de cancelarse para estar diciendo la verdad varios de los que aquí intervinieron.  Yo eliminaría todo el artículo 19, pero al menos estas dos fracciones serían necesarias eliminar, porque exceptuar del cumplimiento del derecho de réplica al gobierno y a las agencias de noticias resulta inaceptable, no se puede restringir, ni limitar un derecho humano.

Las restricciones a los derechos humanos están establecidas por la Suprema  Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Dice la Suprema Corte que se debe de cumplir con el test tripartita, que obliga a que para poder limitar un derecho humano esta limitante tenga que estar, primero en ley, y segundo, se oriente a cubrir objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana de los Derechos Humanos, para poder garantizar la excepción y que sea proporcional a la finalidad perseguida.

Los casos en que un sujeto obligado pueda negarse a la réplica siendo un derecho humano que se ponen en este dictamen, no cumplen con el test tripartita ordenado por la Suprema Corte de Justicia y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y por lo tanto podemos apelar a esa instancia.

La excepción de que la réplica no procede, contra la información oficial dada por un servidor público, o difundida por una agencia de noticias, o algún medio de comunicación, vulnera el derecho de los mexicanos a saber, vulnera la dignidad de la persona aludida por la información errónea, falsa o agraviante.

No existe justificación alguna para quebrantar los derechos humanos.  No es aceptable que los servidores públicos no estén obligados al derecho de réplica, deberían ser los primeros en cumplir la  Constitución.  No hay diferencia entre si la información agraviante la dice un servidor público o un periodista.  ¿Por qué el servidor público va a tener la excepción?

Lo mismo puede decirse de las agencias de noticias, la excepción que admite este dictamen es injustificable.  ¿Acaso una agencia de noticias no puede difundir información falsa, errónea?  ¿O será que quienes trabajan en una agencia de noticias no comete errores?  Pudieran cometerlo también.

¿Jamás presentan información agraviante las agencias de noticias? de verdad ¿Jamás?  ¿Toda la información de las agencias de noticias de verdad no hay casos falsos o inexactos?  Esto es verdaderamente inaceptable.  No debe privarse a la persona aludida por información errónea o agraviante de una agencia de noticias,  de su derecho de ejercer la réplica, como tampoco debe privarse a la sociedad de su derecho a saber. 

Este tipo de excepciones abre la puerta a un sinfín de pretextos para evitar que un medio de comunicación responda ante el derecho de réplica, si no se modifica, deberían todos votar en contra, porque debemos nosotros como legisladores defender el derecho a saber, de las y los mexicanos y defender la dignidad de la persona que haya sido agraviada o aludida erróneamente a través de información oficial, o información que provenga de alguna agencia de noticias.

Otro artículo pésimo, es el artículo 24.  Si el derecho de réplica no es atendido, entonces la persona debe tener acceso a la justicia, claro, pero el acceso a la justicia debe de tener plazos razonables, desde el momento de su solicitud, pasando por la fundamentación y la documentación, hasta su concreción. 

Por lo tanto, los plazos que están establecidos aquí para la ciudadanía agraviada o la persona agraviada, son insuficientes.  Nosotros estamos proponiendo al menos 10 días.

Se pasa por alto el derecho de réplica, es un derecho para cualquier persona, para cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, no va dirigido sólo a empresarios, a adinerados que puedan tener toda la asesoría legal experta y todos los recursos para ganar un juicio, llevar la solicitud hasta un juzgado de distrito, que además puede estar fuera de su localidad, de acuerdo a este dictamen.

El poner un plazo tan corto inhibe el acceso a la justicia por la persona agraviada, que pretende hacer valer su derecho de réplica en tribunales, por eso este voto debe de ser en contra, adicionalmente la Ley Reglamentaria del Derecho de  Réplica debiera prever la posibilidad de que el juez al recibir la solicitud de inicio de procedimiento judicial de réplica pudiera apercibir o dar plazo al agraviado si acaso le faltaran requisitos o si su descripción no es del todo clara para que quien esté solicitando hacer uso de su derecho de réplica pueda completar los requisitos o hacer precisiones a su solicitud. 

Estas serían medidas consideradas en un principio por persona.  Pero el dictamen asume que todos son peritos en derecho, que todos tienen despachos y que todos pueden tener acceso rápido a los requisitos para presentar todo perfecto. Caso contrario, su solicitud será rechazada, desechada.

En cuanto a acceso a la justicia, se deben establecer plazos cortos, eso sí, máximo de dos días para que el juez emplace al medio de comunicación a cumplir con la réplica, esto eliminaría la incertidumbre y contribuiría con la agilidad necesaria que haga viable el derecho de oportunidad que debe imperar.  Pero el dictamen no establece plazo máximo, lo deja a la deriva, a la decisión del juez, y no poner plazo, no poner tiempo es meterlo al túnel del tiempo para que no se pueda ejercer el derecho. Sólo dice este dictamen en forma inmediata, pero queda a juicio del juez, lo que debiera ser explícito en la ley para que la justicia sea pronta y sea expedita.

Otro artículo agraviante es la carga de la prueba establecida en el artículo 25, es gravísimo que ustedes voten a favor porque es un principio aceptado y asumido, que la carga de la prueba debe recaer sobre el medio de comunicación que publique la información falsa, inexacta o agraviante, no a la persona agraviada quien pretende hacer uso de sus derecho de réplica, así se asume en todos los países respetuosos del derecho de réplica.

Senador que pedía el comparativo internacional, pero en México se pretende que la carga de la prueba recaiga en el ciudadano agraviado hasta por sentido común resulta obvio que toda vez que tiene bajo su control las publicaciones y los programas que difunde es el medio de comunicación y no la ciudadanía quien debe de asumir la carga de la prueba, contrario a ello este dictamen de ley del derecho de réplica pone la carga de la prueba a los ciudadanos de a pie, no al medio de comunicación, o sea, que el ciudadano, la ciudadana que pretenda iniciar el procedimiento judicial de réplica debe de tener copia del programa o de la publicación o haberla solicitado al medio, sino entonces se desecha el procedimiento.

No sólo es un absurdo imponer la carga de la prueba al ciudadano o ciudadana, sino que dificulta innecesariamente el ejercicio del derecho de réplica en perjuicio de los gobernados, convirtiendo a este derecho humano en uno más del catálogo de los derechos que no se cumplen. Lo único que debe de exigirse al ciudadano que ejerce la réplica es que de toda la información necesaria para que se pueda identificar en qué programa, en qué emisión, en qué publicación se dijo la información errónea o inexacta y que le causa algún agravio.

El imponer a la persona agraviada la carga de la prueba de la publicación y de los programas que contiene información agraviante, obliga a que nuestro voto sea de toda esta iniciativa, y en particular del artículo 25, o en contra.

Y luego el artículo 35 que permite la apelación, uno de los principios de réplica es un principio de la oportunidad, es decir, que la solución debe ser lo más pronta posible para que la información se corrija, para que la sociedad tenga casi de inmediato la información, motivo del derecho de réplica, sin embargo dentro del dictamen, además del procedimiento ante el medio de comunicación que tarda como 20 días, el procedimiento judicial, en el procedimiento judicial se instaura el recurso de apelación, que no tiene ninguna razón de existir en este caso; este recurso de apelación lo único que hace es dificultar el ejercicio del derecho de réplica, hacerlo gravoso y lento, complicarlo en todas las instancias que debe de recorrer para llegar a ser definitivo.

El juez de distrito que recibe la solicitud  del derecho, del procedimiento judicial de réplica, debe de tener la facultad para resolver el juicio sumario y en definitiva ello sin perjuicio de que ambas partes puedan recurrir al amparo directo en caso de que haya habido violaciones constitucionales.

Nuestro voto debe de ser en contra, también porque se sustenta en que agregar el recurso de apelación sólo abona a hacer gravoso, inoportuno e inviable el ejercicio de la réplica. Y en cuanto a las sanciones, con eso termino, Presidente, proponemos nosotros agregar un artículo 44 y un artículo 45 porque si bien el dictamen establece sanciones, homologa a todos los medios por igual, se olvida esta ley que las sanciones deben “inhibir” conductas contrarias a la ley reglamentaria.

Y por otra parte, considerar que hay situaciones especiales que exigen un tratamiento diferenciado cuando se trata, por ejemplo, de medios comunitario, de medios a cargo de los pueblos, comunidades indígenas, estos deben de tener reducción  en las multas, no es lo mismo una poderosa televisora que una radio comunitaria de un pueblo por ahí de los indígenas.

Por lo que respecta  a las sanciones a los medios de comunicación grandotes en cambio esta ley reglamentaria debiera considerar una sanción de monto, esta considera una sanción de monto fijo, por incumplimiento de la réplica, nos parece insuficiente. La sanción debería de ser por cada día que transcurra sin que el medio de comunicación cumpla con la resolución judicial que ordena la rectificación.

Las anteriores consideraciones, las restricciones injustificadas al derecho de réplica que en sí mismas representan una violación al derecho a saber de toda la sociedad, una violación al respeto de todos los derechos de las personas, obligan a que nuestro voto sea en contra. México ha relegado por mucho tiempo la emisión de todo lo necesario para hacerle real, tangible, posible el derecho de réplica.

Con este dictamen hoy se estaría aprobando una ley reglamentaria sólo para cubrir con formalidades, pero que incumple con proveer un procedimiento que siga lo mejor de la  experiencia comparada en materia de réplica y que cercena este derecho humano en perjuicio de nuestra sociedad y de la democracia mexicana.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que ya se han expuesto las reservas presentadas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 35 y 37 del proyecto de ley, y las adiciones de los artículos 44 y 45 presentados por la Senadora Dolores Padierna.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia:  Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Padierna a los artículos: 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 32, 35 y 37 del  proyecto de ley, y las adiciones de los artículos 44 y 45.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:  Los artículos 2, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 25 y 26, 27, 30, 32, 35 y 37 del proyecto de ley, se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Las propuestas de adición de los artículos 44 y 45 se desechan.

Informo a la Asamblea que el Senador Zoé Robledo Aburto hizo llegar los textos de sus propuestas de modificación a los artículos 3, 4, 15, 25 y 37 del proyecto de ley.

De lectura la Secretaría a aquellos e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Zoé Robledo.

Artículo 3º, párrafo dos, se añade en los términos de la legislación aplicable.

En el párrafo 3º, se agrega, o figura equivalente de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Y en el párrafo 5º, se agrega y la normatividad electoral.

Asimismo, el artículo 4º, segundo párrafo, se agrega. De manera solidaria con los terceros emisores de estos contenidos tanto del artículo 15, segundo párrafo, se adiciona el segundo párrafo que diría:

“En caso de tratarse de medios electrónicos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente en la misma página, o sitio electrónico con características similares y la misma relevancia a la información que haya provocado la réplica”

 En el artículo 25, fracción III se agrega: “O emisor de la información a la que”

Y en su fracción VII se agrega: “Las pruebas que demuestren la falsedad o ineptitud de la información publicada, o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.

El artículo 37 se modifica en su totalidad, debe decir: “Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley durante el término que abarcan las precampañas y campañas y hasta el día de la jornada electoral siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrados ante la autoridad correspondiente, el derecho de réplica se ejercerá por vía del procedimiento especial sancionador conforme a las formas y procedimientos que para el mismo dispone la Ley General de Instituciones y Procesamientos Electorales, aplicando en lo que no se oponga las reglas generales de procesibilidad establecidas en esta ley”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robledo a los artículos que he dado lectura.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Informo a la Asamblea que se recibió por escrito las propuestas presentadas por el Senador Isidro Pedraza Chávez, para referirse a los artículos 3 y 7 del proyecto de ley.

Solicito a la secretaría dé lectura de los mismos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas del Senador Isidro Pedraza Chávez.

Artículo 3º, párrafo tres: “Cuando la persona física afectada pertenezca a una comunidad o pueblo indígena y sea monolingüe, o no tenga un manejo suficiente de castellano, deberá contar con un traductor.

Si la demanda de réplica se refiere a una información inexacta o falsa emitida en castellano, la réplica será en castellano.

Si la información inexacta o falsa se emitió en la lengua indígena, la réplica deberá ser en la misma lengua en la que se emitió la información.

Las personas de origen indígena podrán ser representados por sus autoridades tradicionales, o presentarse por su propio derecho con el auxilio del traductor reconocido”.

Cuarto párrafo, se agrega: “El procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones materiales y económicas del sujeto obligado.

En los casos de las comunidades que se gobiernen por usos y costumbres, el procedimiento se ajustará a este uso, en tanto no contravengan los principios que establece la Constitución, esta ley y las demás aplicables”.

Artículo 7, primer párrafo: “Los sujetos obligados, operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas recibirán las solicitudes a través de sus autoridades tradicionales que resolverán la pertinencia de la solicitud y su aplicación”.

Tercer párrafo: “Los sujetos obligados, operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas, deberán tener disponibles permanentemente los datos de responsables del medio en la forma y uso tradicional de la comunidad en que estén sus instalaciones principales”

En los casos que el sujeto obligado contemple como parte de su organización interna un defensor de los derechos de los lectores o radioescuchas, este mismo será designado responsable de atender las solicitudes a que se refiere el presente artículo.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Isidro Pedraza.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya presentó a la Mesa Directiva los textos de sus propuestas de modificación a los artículos 18, 24, 27 y 39 del proyecto de ley.

Dé lectura la Secretaría a ellos, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a las propuestas del Senador Benjamín Robles Montoya.

El artículo 18, se propone adicionar un tercer párrafo en los siguientes términos: “La negativa del medio de comunicación a difundir la réplica o rectificación a que se refiere este artículo, será sancionada en los términos que establece el artículo 39 de esta ley, para tal efecto bastará con hacer del conocimiento de la negativa al juez, quien de inmediato impondrá la sanción y ordenará al medio de comunicación la difusión de la réplica”.

Artículo 24, se propone adicionar una fracción IV en los siguientes términos: “A la fecha en que se haya publicado o trasmitido la réplica que se estime insuficiente o incorrecta, o que no haya cumplido con lo establecido por los artículos del 13 al 18 de esta ley”.

Propuesta de modificación al artículo 27: “Podrá presentar la solicitud de inicio de procedimiento judicial pidiéndole al juez que requiera al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente la presentación de dicha copia. En caso de que este niegue a presentarla o aduzca que no cuenta con ella, el juez concederá de inmediato y sin mayor trámite la réplica al actor”.

Al artículo 39, se propone adicionar un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en los siguientes términos: “Se sancionará con multa de 5 mil días de salario mínimo general al medio de comunicación que se niegue a difundir la réplica que le sea enviada por una agencia de noticias o productor independiente en los términos del artículo 18 de esta ley”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles a los artículos 18, 24, 27 y 39.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene a continuación el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, para referirse al artículo 19 del proyecto de ley.

El Senador David Monreal Ávila: La libertad de expresión constituye uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano, necesario para su óptimo desarrollo personal, así como para la vida en democracia en general.

Se trata, pues, de un derecho universal que toda persona debe de poder gozar y disfrutar. Para que efectivamente una persona pueda gozar plenamente de dicho derecho, es necesario su ejercicio íntegro en sus distintos ámbitos y con sus diferentes aristas. Para ello es necesario límites a la libertad de expresión con el objeto de garantizar un equilibrio frente a otros derechos y preservar así la paz y la sana convivencia social.

El derecho de réplica se puede entender como la prerrogativa que tiene toda persona para que se inserte su declaración cuando haya sido mencionada en una nota periodística o cualquier otro medio de comunicación, siempre que esa información sea inexacta, en su perjuicio o afecte su derecho al honor, a la vida privada o a la propia imagen.

Por lo que este derecho surge como consecuencia de un daño en la imagen, o en el honor de una persona, quien ha sido aludida con información falsa o inexacta de manera directa o a través de un algún medio de comunicación.

Es bajo este supuesto que el sujeto agraviado se legitima a exigir al medio un espacio para aclarar su dicho.

A pesar de que este derecho remonta sus antecedentes al Parlamento Francés, en el año de 1795, en México no fue sino hasta el año 2008 cuando se dio el paso decisivo para legislar con seriedad en la materia.

Sin embargo, al día de hoy, no se cuenta con un marco normativo a la altura de las circunstancias, esto a pesar de la gran influencia que tienen los medios de comunicación tanto escritos, como electrónicos en la opinión pública.

Hoy más que nunca, es necesario establecer límites a los comunicadores y a los medios, a fin de proteger y garantizar el derecho de las audiencias. Para garantizar el pleno goce del derecho de réplica resulta necesario que la legislación en la materia defina claramente los derechos y las obligaciones respectivas a cada uno de los sujetos que intervienen, en donde destacan principalmente los deberes que habrán de imponérsele al medio de comunicación denominado por la ley como sujeto obligado, y que aseguren que las personas agraviadas podrán, efectivamente, ejercer su derecho a la rectificación de la información difundida.

Esto, desafortunadamente, no se da en las disposiciones normativas establecidas en la minuta en cuestión al contar incluso con contradicciones entre lo estipulado en unos y otros artículos, tal es el caso del artículo 18, el cual de forma correcta establece la obligación de los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida de las agencias noticiosas, a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas le envíen.

Es decir, no solamente las agencias noticiosas que en un origen difundan la información estarán obligadas a rectificarla en caso de ser procedente, sino que todos los medios, de forma secundaria o derivada lo hayan transmitido, tendrán de igual manera la obligación de difundir dicha rectificación.

Sin embargo, de forma increíble, en el precepto posterior, en el artículo 19, se establece en su fracción VIII, dentro de las causales por las que puede negarse los medios de comunicación a difundir la réplica, el supuesto de que podrán hacerlo cuando la información publicada provenga de una agencia de noticias y que se haya citado a dicha agencia.

Es decir, se trata de dos disposiciones contradictorias en donde en la primera se afirma la obligación de todo medio, de comunicar, de respetar y hacer valer el derecho de réplica, debiendo difundir la rectificación independientemente de la fuente de la que provenga dicha información. Mientras que en el segundo establece un candado a favor de los medios de comunicación para que con toda facilidad puedan desechar la pretensión del agraviado, a transmitir su réplica, con la simple citación de la agencia noticiosa que originalmente difundió la información.

Tal contradicción entre disposiciones deriva una ley débil con un sentido que no se determina claramente y que ocasiona una serie de dificultades para ejercer este derecho. No solamente se dota de herramienta a los medios de comunicación para destacar la transmisión de la réplica a su árbitro, sin que inclusive se impide el correcto ejercicio de la función jurisdiccional.

Por ello, es necesaria la derogación de la fracción VIII del artículo 19 del proyecto en aras de mantener incólume la esencia y la finalidad por la que el mismo fue elaborado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que la reserva ya ha sido expuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 19 del proyecto de ley presentado por el Senador Monreal.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador David Monreal al artículo 19 del proyecto de ley.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Mario Delgado Carrillo, para referirse a los artículos reservados por el mismo.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

No porque usted lo diga, sino en el ejercicio del derecho que me otorga el artículo 201 del Reglamento del Senado, manifiesto mi voluntad de presentar en un solo acto la reserva a los artículos 3, 13, 14 y 19 del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución en materia de Derecho de Réplica.

Esta ley claramente debería de tener un enfoque de derechos humanos, el derecho de réplica forma parte del catálogo de derechos humanos por estar en la parte dogmática y con motivo también de la reforma de junio de 2011.

Por lo tanto, todas las autoridades están obligadas a prevenir, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos, incluido este Senado de la República.

Hoy es una realidad que frente a las violaciones de los derechos humanos, cometidas por particulares, es obligación de las autoridades intervenir activamente para prevenir y, en su caso, proteger a las personas.

Las televisoras, los corporativos, los medios de comunicación, como se vio en el caso Aristegui, son autoridades por las violaciones de derechos humanos que pueden cometer por sus acciones y omisiones, por eso los jueces ahora aceptan las demandas contra particulares por violaciones de derechos humanos.

Mediante acción divulgar información que vulnera derechos humanos; por omisión, por negarse a divulgar la réplica a la que tienen derecho los ciudadanos.

También deberían de privilegiarse los principios de progresividad, protección, pro persona y convencionalidad. No lo hace porque es una ley restrictiva que limita el ejercicio del derecho de réplica sometiéndola a trámites que la hacen inviable e ineficaz en la práctica. No protege porque se pone del lado de los medios de comunicación; es decir, les da el poder discrecional, les da más facultades que la que les da a los ciudadanos.

Por ejemplo, ellos deciden si la réplica procede o no. ¿Cuánto vale el honor y la dignidad de un ciudadano?

Esta ley le pone precio, desde 35 mil pesos, hasta 700 mil pesos. En los montos que se manejan en los medios de comunicación, decía yo, tan sólo el Presidente de la República 7 mil millones de pesos. Es más barato no cumplir esta ley que hacer la cumplir; es más barato, en términos de tiempo aire proteger por parte de los medios de comunicación, no aceptar su equivocación o la reparación o el derecho de réplica del ciudadano que destinar tiempo aire a aceptarlo; es más barato no cumplir la ley, se le pone precio a la dignidad y al honor de las personas.

No favorece el principio pro persona porque los ciudadanos no pueden acceder a un mecanismo que favorezca la protección más amplia ni de forma individual ni mucho menos colectiva como ya se ha dicho aquí. Quedan fuera de su protección los sujetos vulnerables, como las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y adolescentes, entre otros.

Y no respeta los tratados de derechos humanos que ha firmado el Estado mexicano que le obligan a legislar removiendo todas las trabas que impidan el ejercicio efectivo de los derechos. Por ejemplo, el artículo 19 en su fracción III, que es la que estamos proponiendo modificar, permite que se niegue el derecho de réplica cuando el sujeto obligado acredite que no hay agravio; si eso ya de por sí es grave, lo es más porque la réplica debería proceder siempre que el afectado considere que se violan sus derechos humanos como el honor, la dignidad, la buena imagen, el normal desarrollo de niñas, niños y adolescentes, el buen nombre y la identidad, entre otros.

Es decir, la réplica además de ser un derecho humano, sustantivo que vale por sí mismo, es también un derecho que debería proteger y garantizar otros derechos.

De ese modo si alguien considera que se viola su derecho a la imagen, debería tener opción a reparar ese derecho,  mediante el ejercicio de la réplica.

A estos dos mantos protectores, estos dos mantos protectores se eliminan por completo, ante los criterios subjetivos que impondrán las televisoras, este Senado debería responder con la afirmación de los derechos humanos.
Sin embargo, este Senado se pone de lado del poder económico de los medios y abandona a las y los ciudadanos y sus derechos humanos.

Debería ser una ley que desincentivara al que calumnia, no al calumniado.

Debería ser una ley para mejorar la calidad de la información y de nuestra democracia.

Aquellos que hacen una evaluación de que sería imposible que se tuvieran   espacios, tiempos similares a donde se generó la información, que provoque el agravio y lo piensan, desde un solo punto en el tiempo, es decir, tal vez en este proceso de aprendizaje los medio tendrían que destinar mucho tiempo a aquellos casos donde hubiera agravios, aquellos casos donde se estuviera reclamando de manera efectiva el derecho de réplica.

Pero sólo obligando a los medios, a que tuvieran este costo, entonces podría empezar a funcionar un debate más sano en nuestro país, tendrían que revisar muy bien antes de dejarse influenciar, por así decirlo, de algún interés o del propio gobierno para terminar con la reputación de una persona, a lo largo del tiempo esto tendría como resultado una mejor calidad de la información, y un debate democrático más sano.

Se ignora también por completo en esa ley la oportunidad de la información.

No es lo mismo, y es difícil reparar la imagen, cuando la réplica ocurre mucho tiempo después; como tenemos la velocidad de la información, de las notas como ocurren todos los días, el posponer es una forma de evitar la reparación del año.

Entonces, por eso las reservas que hemos presentado el día de hoy aquí para que no sea una ley que simule, que no sea el pretexto para decir, el Senado una vez más pone a nuestra democracia a la vanguardia en el mundo, cuando en la práctica se hace nulo el derecho de réplica.

Ojalá este Senado no sea partícipe  de ello, y no sea una simulación más como ocurrió en la Ley de Consulta Popular, que se hizo para decir que se cumplió, y en la práctica no se puede llevar a cabo. No puede contribuir este Senado a que no se garantice mediante esta Ley Secundaria el derecho humano a la réplica que está consagrado en  nuestra Constitución.

Gracias Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas han sido presentadas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 3, 13, 14 y 19 del proyecto de ley presentadas por el Senador Mario Delgado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Delgado a los artículos 3, 13, 14 y 19 del proyecto de ley.

Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de  levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene a continuación el uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reservas relacionadas con el artículo 19 y 28 del proyecto de ley.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias Presidente, es un atleta de la Presidencia.  Un apunte, así, que no me dejaron decirlo, ya le entregué a Omar Fayad, ya le entregué lo que va a decir a una estación de radio, de Pepe Cárdenas,  que la presentaba yo por dos razones.

Uno, para demostrar que el derecho de réplica no lo cumplen ni  respetan nunca; se lo pedí y no me contestó.

Y otra para que, recomendar que cuando las señoras senadoras y senadores tengan argumentos y descalificaciones, que vengan aquí a decirlo, porque luego por ahí los cuchilean para que vayan a las estaciones de radio, cambien las situaciones, protejan a los secretarios de Estado, eso era lo que yo perseguía, pueden decir lo que quiera.

El texto del artículo 19 debe derogarse.

Quiero antes hacer otra acotación.

Vamos a repetir esto muchas veces, yo sé que varios senadores lo tienen, de diferentes maneras, pero esa es una labor didáctica, decía Corral, es una labor didáctica, porque con toda esa cuestión de que está perfecto y que, pueden confundir a la gente, pero si repetimos una y otra vez la farsa que es esta supuesta ley, que es una ley en contra de la réplica, se podrá entender, de manera que, es muy importante hacerlo.

Ya sabemos que no hablamos para los de aquí, porque tienen la consigna, pero hablamos para la opinión pública, para los ciudadanos a través de ese maravilloso vínculo, la única ventana que realmente existe aquí, que es el Canal del Congreso.

En los medios de comunicación no deberían ser los enemigos de los ciudadanos, pues, platicábamos de que a mí me tocó, durante muchos años hacer cartas a la redacción, y las publicaban, y si el medio de comunicación tiene una función informativa, de verdad, gana, porque genera debate, genera aclaraciones, hace la publicación importante, gana el medio de comunicación.

No así por qué están protegiendo  los medios de comunicación, principalmente a los electrónicos, porque hay intereses económicos, hay intereses políticos que hay que ocultar, hay que impedir que vengan aquí a movernos lo que todas las noches decimos, de esta mentira que es la sociedad virtual que presenta Televisa y TV Azteca y la radiodifusión todas las noches, que esas sí son mentiras.

Deberían entender que lo que ganan es en discusión, análisis, en información, y no, los intereses, sus compromisos son primero.

¿Por qué derogamos ese artículo?

Porque prevén las diversas causas de negativa que puedan esgrimir los medios de comunicación para rechazar la réplica, y son excesivos.

La fracción I constituye un absurdo lógico, porque la réplica es un derecho del ciudadano y no del medio, el que tiene que estar no satisfecho con la información, es el ciudadano y no el  medio.

La fracción II señala que si en cinco días hábiles no se presenta la solicitud, el derecho precluye, una barbaridad, no todos se dan cuenta de lo que pasa y están matando rápidamente el derecho de los ciudadanos, un derecho humano, un derecho constitucional.

La fracción III determina que la réplica se niega si se trata de opiniones o de crítica periodística.

¿Qué es eso?

Ahora les decía yo que confunden, este derecho de réplica es de rectificación, de errores que necesita demostrar, pero fíjense lo que dice: “se niega, si se trata de opiniones o de crítica periodística”, entonces, todo es opinión, es un absurdo, es una desvergüenza poner esto ahí.

La fracción IV permite al medio regar la réplica si este le estima ofensivo, o contrario a la ley, van a decirse, se sienten ofendidos, ya no la publican muy bien, ¿a quién protegen? Artículo por artículo, fracción por fracción, se ve que está hecha para sus compinches en los medios, o sus jefes.

La fracción V faculta al medio a negar la réplica si el solicitante no tiene interés jurídico, es decir, el interés legítimo y el difuso no se contempla, hay que meter más estorbos.

La fracción VI constituye un absurdo lógico, porque a la réplica, insistimos, es un derecho ciudadano y no del medio.

La fracción VII indica que la réplica no procede, fíjense nada más esto, ojalá, me refiero a la opinión pública y a los que están viendo, y verán el Canal del Congreso, ustedes ni se fijen, ni caso tiene.

La fracción VII reivindica que la réplica no procede contra la información oficial, lo que es una forma de proteger la impunidad, corrupción y simulación de los gobernantes.

Si sacan una noticia, no hay réplica, ya lo dijo fulanito del gobierno con estas personas tan brillantes que hay, no se puede admitir una réplica.

La fracción VIII, pese a que no hay obligación solidaria, entre las agencias de noticias y los medios, pues el medio puede indicarle al solicitante que sólo repita la información y la agencia de noticias, y al hacerlo deja de tener responsabilidad frente a él.

Como lo hemos visto el contubernio que hacen, tengo un caso por ahí en TV Azteca clarísimo que lo voy a repetir, en donde van y organizan que una agencia saque una cosa, y dice: “la agencia Xinhua dijo“. Y ellos fueron los que inventaron para que la agencia dijera, le dan a un paniaguado ahí, y, entonces, TV Azteca dice: “la agencia --y también López-Dóriga-- fueron parejos, la agencia Xinhua dice que fulanito es”. ¡Ah! Entonces, nos vamos a chupar el dedo de que no quieren relaciones con las agencias que se publican sin ningún compromiso en este mundo de honestidad, como el caso de la agencia Shiva, que otro día se los platico.

Es por eso que debe derogarse esa barbaridad que impide el derecho de réplica, completo.

El artículo 28 se propone un texto en lugar del que está: “la carga de la prueba estará siempre a cargo de los medios”. Así debería de estar.

La autoridad competente ejercerá los poderes de oficio a que se refieren los artículos 79 y 80, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El artículo 28 no contempla, en materia de prueba, lo siguiente: “que la carga de la prueba esté a cargo de los medios”, si son los que crean el problema, insultan, mienten, desaparecen personajes, en fin, la carga es de ellos”.

Dos.- Que existan poderes probatorios de oficio en el juez de Distrito, si no hay vamos a la eternidad, tiene que pedir más pruebas. Y

Tres.- Las medidas para mejor proveer se incluyan, lo anterior con fundamento en las obligaciones de los medios que se generan a consecuencia del derecho humano de réplica, y según lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Yo le pediría a la Secretaria, que tiene una computadora a la cabeza, y antes de que termine yo de bajar, ella dice: “Ya perdieron ¿eh?”. Veo desde aquí, con toda claridad, que están votando en contra.  Gracias.

(Aplausos)

El presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En razón de que las reservas ya han sido expuestas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 19, 28, del proyecto de ley presentados por el Senador Manuel Bartlett.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Bartlett, a los artículos 19 y 28.

Quienes estén porque se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se acepten, favor de levantar la mano.

(La Asamblea  asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Javier Corral Jurado, para referirse a los artículos 19, 21, 27 y 36 del proyecto de ley.

El Senador Javier Corral Jurado: Agotaré, en esta intervención, todas mis reservas, pero quiero empezar por un comentario que me hacía un querido compañero de bancada, el Senador Juan Fernández Navarro, me preguntaba: ¿si alguna vez, en lo que va de esta legislatura, puesto que él ha sustituido apenas hace poco tiempo al Senador Mendoza Davis, ha triunfado una reserva en el Pleno del Senado de la República?

Le he dicho que no, a menos que haya sido pactada antes del Pleno y presentada como memorándum de reservas por los presidentes de las comisiones.

Hay compañeros que han visto la suerte de hacer un planteamiento y modifican un dictamen, pero también ha sido pactado.

En debate sobre materias como éstas, es muy difícil que las reservas prosperen, entonces, algunos compañeros, otros, aquí si no Juan Fernández, acostumbrados a la disciplina de las bancadas que llegan a sustituir no sólo el razonamiento del voto sobre los contenidos del dictamen, sino incluso la lectura, hay quienes votan sin haber leído dictámenes, hay quienes acostumbrados a ello consideran que presentar reservas es un ejercicio inútil.

Y yo sostengo que es un ejercicio muy importante que no debemos dejarlo de hacer por varios motivos, por ese ejercicio pedagógico de pedagogía cívica parlamentaria que se produce en las discusiones del Pleno, en donde, como dijo Bartlett, uno no habla tanto para los colegas, sino para los ciudadanos que siguen en el Canal del Congreso las transmisiones, pero también otro dato.

Estas discusiones, estas reservas, sirven también como fuente de consulta en sentencias judiciales. Podría decir, por ejemplo, que acciones de inconstitucionalidad han sido engrosadas en términos del sentido de las normas de lo que quiso y no quiso decir, sobre todo cuando hay discusión, por virtud de los debates en lo particular que generan las reservas.

Podría citar, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, 26/2006, llamada la Ley Televisa, en donde la Corte, tanto el ministro oponente, como después el engrose, asumió partes de la discusión en materia de reservas sobre el dictamen.

Hablando de ello, debiéramos intentar, no sé si existe el número para ello, de integrar el suficiente para presentar una acción de inconstitucionalidad sobre varios de los artículos de esta ley si es promulgada por el Ejecutivo Federal por violentar varios artículos de la Constitución, por desapartarse, incluso, del contenido del artículo VI de la Constitución y del artículo primero de la Constitución, me refiero a dos grandes reformas: a la de Telecomunicaciones y a la de Derechos Humanos, en términos de hacer que en todo tiempo, en todo momento, la interpretación de las normas favorezca a la persona, cosa que la minuta no logra a lo largo de su articulado, pero particularmente, y no importa que reitere el artículo 19, lo diré de otra manera.

Cuando el artículo 19, exceptúa a los medios de comunicación del deber de la réplica teniendo al Estado, a las instituciones públicas como el emisor, como la fuente de la información, está decretando una impunidad para los medios y, sobre todo, para el Estado, principal emisor, no sólo de información, sino de dichos en los medios de comunicación.

Cuando el artículo 19, dice que un medio de comunicación puede negarse a llevar a cabo la publicación de la réplica, cuando la misma a verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación está volviendo impune a los actores del Estado, a los poderes de la unión, a los niveles de gobierno.

La disposición es gravísima porque todos sabemos que en el conjunto de las noticias es el Estado el gran emisor de boletines, de comunicados, de declaraciones, de edictos, de desplegados, de noticias.

De ahí que la presencia de esta excepción, sea de en realidad una burla al ejercicio del derecho de réplica, porque la ley no prevé ningún otro mecanismo para resarcir al ciudadano cuando el Estado es el emisor.

Como la excepción de que el medio no se responsabilice de la réplica cuando la información provenga de una agencia de noticias y haya sido citada. Todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación celebran contratos con las agencias de noticias que publican o retransmiten.

Pero se olvida también que en esta nueva excepción está el Estado, porque una de las agencias más importantes a la que recurre la mayoría de los medios de comunicación es la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex.

Por una doble vertiente, la minuta pretende crearle una impunidad al Estado, a través de diversos actores.

Por eso digo, que se aparta de lo que México ha convenido en materia de tratados internacionales; por supuesto, se aparta del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, por supuesto se aparta del artículo 6º en materia de derechos de las audiencias, por supuesto se aparta del artículo 1º de la Constitución, porque lo que han hecho es relativizar un derecho humano fundamental.

Los defensores de las audiencias que cite al principio de mi intervención en lo general, señalaron las deficiencias del dictamen en varias cosas:

Los defensores de las audiencias criticaron la judicialización en extremo, el procedimiento farragoso y dejar a cargo del ciudadano la carga de la prueba que tenga que llevar él, ante el medio y ante el juez, en las dos distintas etapas, o la copia de la grabación, de radio o de televisión, o la del periódico que eso es lo más fácil de conseguir.

Los defensores de las audiencias pusieron énfasis en el artículo 19, la cantidad de opciones que la minuta concede a los medios obligados para negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica, dijeron es muy elevada.

Bartlett dice que él eliminaría todas las fracciones, yo creo que hay por lo menos cuatro que podrían quedarse, pero bien lo dijo Dolores Padierna, hay dos y son inadmisibles para el decoro del Senado de la República en el momento que vive el país.

Cuando el Estado actúa como fuente o cuando la información procede de una agencia de noticias.

Dejar plasmado esto en la minuta, ahora sí desprestigia a todo el Senado o a la mayoría que lleve a cabo la aprobación de esta minuta.

Los plazos también fueron criticados por los defensores de las audiencias, lo vuelven ineficaz al derecho de réplica dijeron, porque podrían ser tan largos que cuando el juez falle a favor del promovente, el derecho de réplica haya perdido su objetivo de reparar el agravio a la honra y el bueno nombre causado con la publicación.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

En el artículo 36. Estoy buscando que cuando el juez dicta sentencia favorable al peticionario, la notificación y la publicación sea inmediata y no tenga que esperarse tres días.

En el artículo 22.  Estoy proponiendo que la carga de la prueba, como lo han dicho otros compañeros, no esté a cargo del ciudadano, sino del medio de comunicación.

O sea, que en el supuesto de que el actor no posea copia del programa, o publicación en la que funde su demanda, podrá pedir al juez que realice las gestiones necesarias ante instancias públicas o privadas para obtener la copia correspondiente.

En el artículo 21. Estoy proponiendo asegurarnos que el juez, sea un juez civil el que atienda la demanda. La minuta plantea el  juez del lugar que corresponda.

Puede abrirse dos flancos, que ese juez que corresponda hacia un juez de carácter penal, o un juez especializado en materia de telecomunicaciones, pero la materia no es administrativa.

Y ustedes saben que los  tribunales especializados son muy pocos para la atención de peticiones de esta naturaleza, asegurarnos de que sea un juez de la materia civil y; por supuesto, en el artículo 19, quitarle esas dos excepciones que realmente constituyen una regresión de carácter autoritario.

Aquí hay en el fondo una protección a un Estado que en este momento está reaccionando con spots televisivos a la irritación social. La  nueva versión de la comunicación política que el Gobierno de la República ha sacado, ya chole con las quejas.

El Estado, ridiculizando la protesta, mofándose de la exigencia social, convirtiendo a la queja ciudadana como una forma de molestar al poder. Y le van a dar dos excepciones en materia del derecho de réplica de esta naturaleza.

Este es el avance que considera que corresponde a la minuta, esta es la modernidad que quieren para México y para los ciudadanos.

Esto es una regresión, es increíble, que en materia de réplica, Carranza siga viviendo con nosotros.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En razón de que se han expuesto las reservas, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a los artículos 19, 21, 27 y 36 del proyecto de ley presentados por el Senador Javier Corral Jurado.

La Secretaria Senadora María Elena Tapia Barrera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión la propuesta del Senador Corral, a las propuestas de ley de los artículos 19, 21 ,27 y 36.

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(La Asamblea  no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

Les informo que el Senador Rabindranath Salazar Solorio, permítame por favor.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente hago la aclaración de que es falso que nunca haya procedido una reserva que se  haya planteado en este Pleno, sin haber sido previamente acordada en la pasada legislatura.

Recordarán nuestras compañeras y compañeros que en la discusión de la reforma laboral todo el capítulo de transparencia y democracia sindical, logramos una mayoría que permitió que esa reserva prosperara y finalmente quedara en la ley.

Entonces es falso lo que se ha dicho aquí ante la pregunta del compañero Fernández Navarro.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se informa a la Asamblea que se recibió por escrito la intervención del Senador Salazar Solorio, así como la propuesta relacionada con el artículo 37 del proyecto de ley.

Ruego a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta del Senador Salazar Solorio:

“Artículo 37.- Podrán por el contenido en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en estos casos los sujetos presuntamente afectados podrán optar por el procedimiento especial sancionador instaurado en la legislación electoral, o por el que establece esta ley en éste último”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Salazar Solorio al artículo 37 del proyecto de ley.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse también al artículo 37 del proyecto de ley.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidente. Con su venia.

Compañeros Senadores, Compañeras Senadoras.

¡Pueblo de México!

Cuando se hacen las reservas en lo particular, algunos consideran efectivamente que es ocioso, otros consideramos que es interesante porque es en lo particular donde se puede enriquecer un dictamen si los legisladores tuvieran la voluntad de hacerlo.

Se está perdiendo el espíritu del Parlamento. Aquí más bien parece que estamos en un espacio donde todo mundo está aburrido, está viendo el reloj porque se está haciendo tarde y hay que irse a la casa, y ya quisieran que los que reservamos artículos, concluyéramos para que el tedio que tienen lo vayan a disipar quién sabe dónde.

Yo sí estoy convencido porque los electores que votaron por mí, me mandaron a una situación muy concreta, que aunque un voto mecánico se opusiera a la razón, siguiéramos sosteniendo y nos pidió el pueblo que defendiéramos la razón por encima de todas las cosas. Y los de la izquierda siempre lo sostenemos, porque nos asiste la razón, que cuando nos asiste no daremos un paso atrás.

Dense tiempo, compañeros Senadores que están desechando toda la discusión, dense tiempo para reflexionar de manera sensata, de manera concienzuda, de manera responsable lo que ha pasado el día de hoy.

Revisen las propuestas de modificación que han hecho todos los compañeros que aquí han pasado, y estoy convencido de que el sentido de culpabilidad va a ser la aparición en cada una de las mentes de ustedes y los va a acosar de manera permanente, porque lo que acaba de decir el Senador Corral, lo que mencionó la compañera Dolores Padierna, el compañero Mario Delegado, el compañero Encinas, el compañero Bartlett, todos aquéllos que han reservado artículos, han fundado y motivado el por qué el artículo no puede ir como se está proponiendo, porque violenta de manera flagrante los derechos fundamentales y, en este caso concreto, el derecho de réplica.

Entonces, compañeros, nadie escapa a su conciencia, y yo estoy convencido de que hoy en la noche no van a poder dormir los que voten a favor de esta ley.

Sí, ríanse, ríanse, compañeros, ríanse, porque las felonías más temprano que tarde nos alcanzan cuando las cometemos.

Déjenme decirles que por la forma en que están votando, ustedes están convencidos de que tienen la verdad absoluta, y ni una coma hay que modificarle a la ley de réplica.

Y cuando se plantea que se tiene la verdad absoluta -se los dije en alguna otra participación-, este gobierno y sus legisladores están corriendo y llegando peligrosamente a lo que se llama el dogmatismo, y del dogmatismo se da un paso irremediable hacia el fundamentalismo, y cuando hay fundamentalistas, el pueblo es el que sufre, y cuando hay dogmáticos, los liberales, los progresistas, del color que sean, tenemos una obligación: derrumbar esos dogmas y hacer leyes que generen la armonía, que generen la paz y que generen la felicidad del pueblo.

Evidentemente esta ley de réplica lo único que va a generar es la violación, el agravio, el encono, la molestia de los miles y miles de ciudadanos que van a quedar impunes frente a los medios de comunicación.

Existe una jurisprudencia del derecho de réplica que dice:

“El derecho de réplica se tutela a través de procedimiento especial sancionador”

Y dice:

“Para tutelar el derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, son aplicables las reglas del procedimiento especial sancionador”.

Lo anterior porque debe resolverse con prontitud, ya que si este derecho se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos, por lo que su expedites de justifica por la brevedad de los plazos del proceso electoral.

Hasta el cansancio todos los que reservamos el artículo 37, les hemos hecho notar que el derecho de réplica puede convertirse como algo que sucedió de manera amarga y que la reparación del daño ya no tiene sentido un año o dos años después.

Yo quisiera preguntarle de manera a mi coordinador, porque él es un abogado y yo soy profesor, si el derecho del artículo 37 tiene o no razón, que nos pudiera exponer la expedites comparada en el derecho electoral o en cualquiera de los otros derechos.

Por ello estamos proponiendo que en la reforma del 37 se aplique el procedimiento especial sancionador planteado en la LEGIPE, porque la expedites es necesaria en el proceso electoral, compañeras y compañeros Senadores, ojalá y que reflexionen, les hago  la invitación para que revisen los debates del día de hoy, aunque no logren conciliar el sueño, porque el voto que van a dar va a ser a favor de una felonía en contra  de nuestro pueblo.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Ofreciendo una disculpa a mis compañeros del Senado, fui aludido, Presidente, le pido, para alusiones antes de tomar la votación, discúlpeme, por favor.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La alusión no fue directa, pero tiene usted el uso de la voz para alusiones personales.

Senador Demédicis, usted dijo nada más su coordinador, esta Presidencia no puede presumir sus deseos de alusión, la alusión tiene que ser directa y sin embargo se le concede el uso de la voz al Senador Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo quiero referirme a la responsabilidad que los integrantes de un órgano del Estado, en este caso la Cámara de Senadores, tiene para la construcción de buenas leyes, y hoy no estamos construyendo una buena ley, más allá del interés que se tenga para desahogar el procedimiento legislativo de asuntos, como esta minuta que llegó de Cámara de Diputados para regular el derecho de réplica, debemos tener todos y aceptarlo, que este producto legislativo no es una buena ley, y no es una buena ley, no sólo por las razones aquí vertidas, estamos regulando un derecho  que ha sido  directamente proporcional a la libertad de expresión, hoy al derecho de información y al derecho de las audiencias.

Estamos en un proceso de construcción de leyes secundarias, sobre previsiones constitucionales, que tal parece que hubieran quedado como están desde hace más de un siglo.

Así es que hoy formamos un producto legislativo  en donde se establecen reglas de un procedimiento especial de cómo impugnar la negativa del sujeto obligado a otorgar la réplica, formamos un procedimiento especial, en donde el procedimiento supletorio es el Código de Procedimientos Federales Civiles, en donde la sentencia de primera instancia que otorgue un juez federal puede ser apelada, y en donde el producto de la apelación puede ser impugnado por vía de amparo.

Cuando ya no hay mecanismos ordinarios de impugnación, queda el derecho de amparo.

Yo no tengo rivalidad con los medios, no vengo a hacer aquí alusión a ningún medio de información, pero hoy no estamos aprobando una ley nueva, no la estamos aprobando.

Yo comparto que hagamos el esfuerzo, quienes vamos a votar en contra hoy, de acumular el número de  firmas necesarias para ir a promover la acción de inconstitucionalidad, y también comparto que hagamos el esfuerzo para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pronto habrá una opinión, por lo menos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viable de que nuestro comportamiento, no es corresponsable con esta sociedad de derechos que reclama el pueblo de México, no estamos haciendo bien al esquema de fortalecimiento de la vida institucional.

El procedimiento parlamentario se ha agotado de manera adecuada, también mi opinión favorable a la conducción en esta sesión, y los argumentos expresados por las y los Senadores, han correspondido al nivel de esta Cámara de Senadores, pero finalmente  el producto legislativo no es la buena ley que merecen las y los mexicanos.

Gracias por escuchar.

(Aplausos)

El Presidente  Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que la reserva ha sido expuesta, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del Senador Demédicis, del artículo 37, del proyecto de ley.

La Secretaria Senadora  María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del Senador Demédicis, al artículo 37 del proyecto de ley.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotadas las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Ábrase el sistema electrónico de votación  por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39,  en los términos del dictamen.

Les informo que el voto en sentido afirmativo es en el sentido del dictamen, en contra, evidentemente, en contra del dictamen.

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro y el conteo de los votos nominales se tiene un total de 59 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

VER DETALLE

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:  En consecuencia quedan aprobados los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, del proyecto de Ley de Derecho de Réplica.

Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica y se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Honorable Asamblea:

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su  segunda inscripción se turnarán a comisiones.

Asimismo les comunico que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán  al Diario de los Debates.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo jueves 15 de octubre, a las once horas.

(Se levantó la sesión a las 21:56 horas)

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1653