Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 19 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Sesión Plenaria - Versión Estenográfica

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 17 DE FEBRERO DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

ÍNDICE

Apertura de la sesión.

Acta de la sesión anterior.

Toma de protesta de la Ciudadana Irma Zulema Cobián Chávez como Senadora de la República.

Toma de protesta de la Ciudadana Rosa Mireya Félix López como Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Sonora.

Intervenciones.

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores.

Comunicación de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comunicación de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.

Nombramientos de Embajadores.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

“Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

Informe anual.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Tres minutas proyectos de decreto y oficios por los que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante la Unión Interparlamentaria Mundial y ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

Intervenciones para rectificar el turno al proyecto de decreto para crear la Fiscalía General de la República.

Acuerdo de la Mesa Directiva.

INICIATIVAS

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad.

Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 1º y se adiciona un capítulo VI a la Ley de Coordinación Fiscal y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley General de Salud.

Proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo de la fracción x del artículo 31 de la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal.

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado A del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta a las comunidades indígenas.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Presentación del dictamen.

Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios.

Discusión en lo general.

Votación nominal.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Remite terna para cubrir la vacante de Sergio Armando Valls Hernández, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA

Por el que se establece el procedimiento para la elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PROPOSICIONES

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes.

Intervenciones.

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Por el que se modifica la integración en comisiones.

Rectificación del turno solicitado por la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

EFEMÉRIDES.

CITA.


SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 17 DE FEBRERO DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea: De acuerdo al registro, se encuentran presentes 88 Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión del martes 17 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Honorable Asamblea: A partir de la licencia que el Senado autorizó al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Irma Zulema Cobián Chávez, quien se encuentra en el salón contiguo.

Por esta razón, solicito a la Senadoras y Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván, Fernando Herrera Ávila y Jorge Aréchiga Ávila, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

Hacemos una pausa, en tanto la comisión cumple con su encargo.

Esta Presidencia saluda la presencia de familiares y amigos de la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, quienes asisten a esta sesión para acompañar a nuestra compañera Senadora en su toma de protesta.

Sean ustedes bienvenidos, señores.

(Aplausos)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadana Irma Zulema Cobián Chávez:

Le pregunto:

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Puede contestar.

La C. Irma Zulema Cobián Chávez: “¡Sí protesto!”

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: “Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande”

Felicidades, compañera.

Se incorpora usted a los trabajos de esta Cámara.

(Aplausos)

Bienvenida, Senadora, puede usted pasar a ocupar su escaño.

Tomaremos ahora la protesta de ley a la ciudadana Rosa Mireya Félix López,como Magistrada del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Sonora, quien resultó electa en nuestra sesión del pasado jueves 12 de febrero.

La Magistrada Félix López se encuentra en el salón contiguo, por lo que solicitose integre una comisión.

Pero antes, me ha pedido el uso de la voz el Senador Héctor Larios.

Pido se le dé sonido en su escaño.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solicitaré, si me permite, hacer uso de la tribuna, por tres minutos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Desde su escaño, ¿le parecería, Senador?

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Si es usted tan generoso, desde la tribuna, lo agradecería más.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador.

El Senador Héctor Larios Córdova: Señor Presidente.

Se va a proceder ahorita a hacer la toma de protesta, de una decisión que se tomó la semana pasada, fruto de una impugnación, de un Magistrado Electoral de Sonora, que había electo en Tribunal, como todos los demás de los 17 que se eligieron por consenso.

De alguna manera, hoy se rompe esta regla de mantener consenso en los nombramientos de los jueces electorales. El PAN votó en contra de esta decisión.

Y adicionalmente se rompe la regla de que no haya mayoría, que no hay parcialidad de un Tribunal.

Nosotros tenemos serias dudas, y espero que éstas, en su desempeño futuro, se corrijan. Dudas con base en el desempeño anterior de la magistrada. La magistrada ya fue Magistrada del Tribunal Electoral de Sonora.

Como hoy el Tribunal Federal ya no acepta asuntos per saltum, es decir, los vuelve a turnar al Tribunal Local, nada màs de las 30 impugnaciones que presentamos después del proceso electoral del 2003, las 30 tardaron,cuando menos, 50 días en resolverse; la que más tardó en resolverse fue 149 días, cuando la ley les da quince.

Esto es, ya estaba consumado el resultado de las elecciones cuando el Tribunal Local decidió ventilar los asuntos de las impugnaciones. Lo cual habla de una actuación absolutamente parcial.

Como este tema no logró el consenso del PAN, porque se hizo de manera imprevista al final de una sesión, sin estar en el Orden del Día, y una vez tomada esa decisión, elPAN tomó su decisión de votar en contra, y hoy toma la decisión de no estar presente, de salirnos, mientras toma protesta esta magistrada, puesto que no avalamos su nombramiento.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No es correcto formar un debate, cuando en la sala contigua está la magistrada quehemos electo y de la cual se tomará protesta.

Pero si alguien desea hacer uso de la palabra.

Adelante, Senador. Y cerramos, ¿les parece?

Me ha pedido el uso de la palabra el Senador Arturo Zamora y el Senador Pablo Escudero.

No sé con qué propósito, Senador, para también tomar tribuna en este asunto, desde su escaño.

Pero una vez que concluya el Senador Zamora. ¿Le parece, Senador?

El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, no es correcto llevar a cabo un debate después de que se procesó una elección.

En las democracias se establecen las oportunidades para opinar a favor y opinar en contra a través de la emisión de un voto. Las disposiciones reglamentarias que rigen a este órgano colegiado son muy claras, de tal manera que la distinguida licenciada y ahora Magistrada Rosa Mireya Félix resultó electa en la sesión pasada por una mayoría calificada de dos terceras partes; no es correcto establecer tesis sin fundamento, no compartimos el hecho de que el tema no estaba agendado en la agenda de la semana anterior, porque sí estaba previsto, publicado en el órgano de difusión correspondiente y, además, se llevó a cabo el proceso de manera completamente ordenada.

A mí me parece que es un atrevimiento hacer uso de la palabra para amagar, para anunciarle a un funcionario de un órgano jurisdiccional, por cierto autónomo a este Poder del Estado, su desempeño futuro.

Me parece que es un atrevimiento, incluso, señalar de manera indebida su trabajo que en su momento se estableció y se avaló precisamente por la Comisión de Justicia de esta Cámara de los Senadores.

El proceso que llevó a cabo la Mesa Directiva y el Senado de la República el jueves anteriorfue un proceso pulcro, fue un proceso limpio, un procesos nítido y fue un proceso en acatamiento a una resolución de un órgano jurisdiccional.

No podemos nosotros como senadores atrevernos a ir más allá en el desempeño futuro de los funcionarios, de los órganos donde tenemos facultad para nombrar o incluso para ratificar o no ratificar; y esto lamentablemente ocurre en designación de magistrados en otros órdenes, y por tanto, tratándose de un tema tan importante, como es el tema electoral, no debemos permitir que ningúnpartido político tenga una injerencia indebida e inexacta tratando de influir en las decisiones futuras de una persona que ha resultado debidamente electa por mayoría calificada por parte de este órgano colegiado.

Por esa razón, ella cuenta con el aval de todos los senadores, porque el resultado de la votación fue una votación en donde hay mayoría calificada.

Ella tiene el aval, por tanto, para desempeñar una función pública establecida en la Constitución y en las leyes reglamentarias en el ámbito electoral, y tiene una función que seguramente la habrá de cumplir a cabalidad respetando las normas y disposiciones. Y la invitamos para que se conduzca con absoluta neutralidad, para que se conduzca con absoluta objetividad, porque seguramente así será en el momento que se le tome la protesta, porque en ello conlleva precisamente la obligación de cumplir con las normas.

No podemos retractarnos de decisiones que ya hemos tomado, y por supuesto, hubo el momento de llevar a cabo el análisis y discusión que también se realizó en la Comisión de Justicia, y nosotros en acatamiento a la resolución que emitió el Tribunal Electoral tuvimos que decidir precisamente de los que ya habían pasado por la Comisión de Justicia, porque así fue la decisión tomada por el órgano electoral, en acatamiento a eso es precisamente como nosotros convalidamos una decisión, se trata de una mujer que estudió una carrera de abogado, se trata de una mujer que ha desempeñado el cargo, que tiene experiencia, y se trata de una mujer a la que seguramente el momento en que se le tome la protesta estará obligándose a comportarse de manera neutral en apego a las normas para la aplicación de las decisiones que tendrá que realizar en el estado en donde ha sido nombrada como Magistrado Electoral.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zamora.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)Para rectificación de hechos, conforme al Reglamento.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le parece que en el orden se hará escuchar desde su escaño al Senador Pablo Escudero, y concluimos estas intervenciones, que por cierto no están previstas en el Reglamento, pero para poder no limitar el derecho de la voz a las y los senadores, que ha sido una regla que esta Mesa Directiva ha asumido, concluyéramos de esa manera.

Adelante, Senador Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Ha sido impecable lo que ha manifestado en tribuna el Senador Zamora, y con el afán de no lastimar a un poder distinto al nuestro y una vez que ha sido nombrada por mayoría calificada, que me parece una verdadera desatención y un debate totalmente fuera de lugar, porque el momento procesal oportuno pues fue justamente cuando el Presidente preguntó si alguien quería hacer uso de la palabra cuando se iba a llevar a cabo la votación.

Me parece desafortunado, reitero lo que ha dicho el Senador Zamora con un ingrediente adicional, que hay que recordar que la licenciada fue aprobada en la Comisión de Justicia con otros muchos candidatos que también contaban con estos perfiles.

Mi respeto para ella, mi respeto para su familia que se encuentra aquí, y estamos seguros que desempeñará con gran honor esta gran tarea que le ha encomendado el Senado de la República por mayoría calificada, así son las democracias.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Escudero.

Adelante, Senador Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.

Reconocemos que efectivamente se ha privilegiado la discusión de este asunto en un momento no procedimental para el debate, pero se abrió a distintas intervenciones, y yo estoy obligado, conforme el Reglamento, a intervenir para rectificar hechos, que en realidad se trata de un dicho parlamentario el que ha expresado mi compañero Senador Arturo Zamora, puesto que la intervención del Senador Larios en ningún momento ha constituido una expresión de amago, de intimidación; es absolutamente falso, inexacto, está la versión estenográfica que nos podría auxiliar para aclarar este punto.

Lo que la bancada de Acción Nacional ha manifestado hoy es su desacuerdo, y en términos de la protesta que acontecerá en unos momento más, su protesta la realiza abandonando este momento de la sesión, no la sesión.

Tenemos, por supuesto fundados, motivos para señalar que no se trata de una magistrada de conducta imparcial, en el estado de Sonora incluso se presentaron demandas de juicio político por su actuación.

Están sus propias resoluciones, varias de ellas rectificadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su evidente parcialidad al partido que ella apoya, que es el PRI.

Ni nítido, ni limpio ni transparente el procedimiento. Estamos ante una recomendación de Manlio Fabio Beltrones, que ha hecho valer en todo momento que esa magistrada sea a como dé lugar Magistrada Electoral en el estado de Sonora.

Debo señalar que no estuvo en el Orden del Día de la sesión debidamente agendado, íbamos a iniciar efemérides en la sesión anterior cuando el punto se metió a la consideración del Pleno, estábamos terminando la sesión, pasaban las tres de la tarde; por lo tanto, estamos en desacuerdo con lo dicho aquí por nuestro compañero, el Senador Zamora; mal haría el PRI en no defender a su magistrada, pero sí queremos señalar y dejar asentado que se ha perdido el consenso que se había privilegiado eneste Senado para la designación de magistrados electorales, una de las facultades que a este Senadole confirió la Reforma Político-Electoral.

No se trata de ninguna impugnación de carácter personal; estamos impugnando una actuación de una magistrada que no reúne los requisitos que nos propusimos para los tribunales electorales locales.

Ese es el punto de vista de la bancada del PAN, ni amago ni nada, expresamos nuestro desacuerdo, se trata de una persona que en su actuación ha sido parcial a favor del PRI, en un procedimiento directamente cabildeado por Manlio Fabio Beltrones, obviamente con Emilio Gamboa Patrón en la Junta de Coordinación Política.

Y todavía podemos ser más claros.

Expresamos, pues, nuestra protesta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Las intervenciones que se han vertido en este momento quedan registradas en el Diario de los Debates.

Debo decirles que el proceso legislativo para aprobar, para votar cargos, nombramientos, consiste en que se turna a la comisión correspondiente, se hacen las evaluaciones, las polémicas, los debates en la comisión,y cuando llegan los dictámenes al Pleno, también hay oportunidad para intervenir.

Hoy abrimos intervenciones fuera del momento que procesalmente deben de estar.

Pero yo estoy convencido que cuando hablamos, y hablamos con respeto, no pasa nada, no pasa nada, esto es un Parlamento, aquí se parla, aquí nos escuchamosy seguimos adelante, vamos a proceder a la toma de protesta de la Magistrada Félix López,que se encuentra en el salón contiguo.

Por lo cual, nombramos a la comisión de cortesía para que la acompañe a pasar a este recinto: A la Senadora Anabel Acosta Islas, al SenadorJorge Aréchiga Ávilay a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, les pedimos, por favor, cumplan con este encargo, mientras hacemos una pausa.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ciudadana licenciada Rosa Mireya Félix López: El Senado de la República la ha electo como integrantedel Tribunal Electoral del Estado de Sonora. La felicitamos, felicitamos a su familiapor esta designación.

Y por tanto, a usted, ciudadana Rosa Mireya Félix López, le pregunto: ¿Protesta guardar y hacer guardarla Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del Estado de Sonora, mirando en todopor el bien y la prosperidad de la Unión?

La C. Magistrada Rosa Mireya Félix López: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí así no lo hiciere,que la Nación se lo demande.

La felicitamosy estamos seguros del buen desempeño que usted llevará a cabo en el ejercicio de sus funciones.

¡Felicidades, Magistrada!

(Aplausos)

Magistrada, la invitamos a pasaraquí para que le entreguemos su nombramiento, por favor, es importante.

(La Magistrada cumple)

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones.

Una, de la Senadora Silvia Garza Galván, con la que remite el Informe de las Actividades de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República durante el 20º Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 10º Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, así como en eventos paralelos realizados del 6 al 13 de diciembre de 2014, en Lima, Perú.

Otra, del Senador Socorro Sofío Ramírez Hernández, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 16 de febrerodel año en curso.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió también una comunicación de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, que informa que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, nombró al Senador Fernando Herrera Ávila como Coordinador del mismo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea se da por enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría General de Servicios Administrativos.

Pasamos al siguiente anuncio.

Les anuncio que en esta misma sesión, podremos aprobar los acuerdos para nombrar al nuevo Coordinador del Partido Acción Nacional, como Presidente del Instituto Belisario Domínguez.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política una comunicación por la que informa los nombresde los senadoresque integran el Grupo de trabajo con el objetode modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para atender el caso Ficrea, en cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente del 21 de enero de 2015.

Se designó a los senadores y a las senadoras: Blanca Alcalá Ruiz, Javier Lozano Alarcón, Dolores Padierna Luna, Juan Gerardo Flores Ramírez y David Monreal Ávila.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea se da por enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados y a los senadores designados.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Informe de avances y estado que guarda el procesode liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicho informe a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió el nombramiento a favor del ciudadano IvánRoberto Sierra Medel,como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de Méxicoante la Comunidad del Caribe con sede en Georgetown, Guyana.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: De la Secretaría de Gobernación, se recibió el nombramiento a favor del ciudadano Alfredo Rogelio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron también de la Secretaría de Gobernación, nombramientos a favor de los ciudadanos:

Melba María Pría Olavarrieta, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de La India, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas.

Juan Rodrigo Labardini Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán.

Federico Salas Lotfe, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia, y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste.

Benito Andión Sancho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado de Israel.

Enrique Rojo Stein, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania.

Y Carlos Fernando Almada López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnense los 6 nombramientos anteriores a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Igualmente, la Secretaría de Gobernación envió los nombramientos a favor de los ciudadanos:

Erasmo Roberto Martínez Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Kenia, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Burundi, Malawi, Ruanda, Seychelles, Uganda, República Unida de Tanzania y la Unión de las Comoras.

Y Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes antes los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas de Bostwana, Madagascar, Mauricio, Namibia, y Zimbabwe.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnense ambos nombramientos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África.

Debo comentarles que a partir del día de ayer, se está llevando a cabo en la Casona de Xicoténcatl, de este Senado de la República, un importante evento sobre política exterior: “México ante el Mundo”, que es organizado por las 8 comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Mesa Directiva.

El día de ayer ya había el registro de asistentes, que llegaron a mil 700 personas.

Se ha mantenido una presencia física de no menos de 600 personas, que llenan el Patio Central de Xicoténcatl y el salón del edificio contiguo, el Sebastián Lerdo de Tejada, con pantallas, y la parte alta de la propia sede de Xicoténcatl; por lo cual, si pudieran revisar agendas para que cuando terminen las sesiones de hoy, mañana y el jueves, puedan asistir a dichos eventos. Es de muy alto nivel el evento que está desarrollando el Senado de la República.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el documento denominado “Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, y al Grupo de trabajo para la redacción de leyes secundarias en materia de transparencia.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable su informe anual en cumplimiento del artículo 9, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase el informe referido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Colegisladora, se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona lafracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: La Colegisladora nos hizo llegar también oficios por lo que comunica modificaciones en la integración de Diputados ante la Unión Interparlamentaria Mundial y ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

En el apartado de Iniciativas, tiene la palabra el Senador Alejandro Tello Cisterna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Alguien está pidiendo la palabra?

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño)Yo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¡Adelante, Senadora!

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente.

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, como Presidenta de la Comisión de Gobernación, me gustaría presentar ante ustedes un asunto que ha sido remitido, en una y en varias ocasiones, por parte de ustedes.

Nosotros, como Comisión de Gobernación, enviamos nuestros oficios con los sustentos legales suficientes, y recibimos un comunicado de ustedes, un oficio con fecha del 12 de febrero, en donde nos señalan que la Mesa Directiva acordó no autorizar la solicitud de modificación en turno al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.

Por lo tanto, yo quisiera que reconsideren de nuevo nuestra solicitud, y lo hacemos de la manera más respetuosa y atenta.

Creo que la reforma constitucional en materia política, que fue publicada por el Diario Oficial de la Federación, en febrero del 2014, tuvo la finalidad de la creación de la Fiscalía General de la República, así como ordenar la expedición de legislación secundaria en la materia.

Quisiera poner a consideración de la Mesa Directiva, que esta reforma a la constitución para distribuir las facultades derivadas de la creación de dicha fiscalía corresponden, como bien lo consideran ustedes, al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, la cual ordena al Congreso de la Unión hacer las adecuaciones normativas necesarias para el cumplimiento de los fines.

Bien, dada esta naturaleza, la Fiscalía General es un órgano público autónomo, de origen constitucional.

Los asuntos de carácter legislativo relacionados con ésta, no deben ser considerados estrictamente como materia de justicia, sino también como un tema de gobernabilidad, en tanto que establecen facultades y funciones de un órgano del Estado encargado del Ministerio Público.

De igual manera, establece en su régimen transitorio las nuevas atribuciones del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, y por lo tanto establece la obligación de adecuar la legislación en la materia para sus efectos.

El artículo 117 del Reglamento del Senado, en su numeral 2, estable con precisión que “las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación”. Ahí concluye el artículo.

En ese sentido, a la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo las funciones relativas, a la seguridad pública de Policía Federal, así como la del Sistema Penitenciario Federal y de Prevención del Delito.

Por lo tanto, ahora la ley establece que la Secretaría de Gobernación será la dependencia que directamente se encargue de formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad de la nación y de sus habitantes.

Proponer al Ejecutivo Federal la Policía Criminal, y las medidas que garantices esta congruencia son de la dependencia de la Administración Pública Federal.

Por lo tanto, yo le pediría a usted que, como lo señala también el artículo 21 de la Constitución, la Fiscalía General tendrá a su cargo la dirección y el mando de las policías para llevar a cabo la investigación de los delitos, por lo que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una función coordinada entre las diversas autoridades de Seguridad Pública y responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.

Por eso sigo insistiendo de parte de los integrantes de la Comisión de Gobernación, toda vez que esta legislación secundaria establece un nuevo orden jurídico de competencias para el funcionamiento de la Administración Pública Federal, y de acuerdo en lo dispuesto en su fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que usted considere con su Mesa Directiva esta solicitud que estoy presentando de manera respetuosa.

Si usted así lo considera vuelvo a presentar otra vez oficio, puesto que ustedes contestaron este oficio. Nosotros presentamos argumentos y fundamentos sólidos.

Este oficio fue firmado por el Vicepresidente, el Senador Luis Sánchez Jiménez. Yo le pido respetuosamente que nos permita de nuevo presentar los argumentos necesarios, fundamentos legales, por lo cual la Comisión de Gobernación debe también ser considerada en el turno, no solamente de opinión.

Nosotros también tenemos en nuestro poder de archivo, en el archivo varias de las iniciativas que complementan lo que hoy es un tema de vital importancia, que es la ley secundaria en esta materia.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Volvemos a ratificar que esta Mesa Directiva sostiene que el uso de la palabra es una joya que hay que cuidar en esta legislatura, y la hemos escuchado con atención, y sus expresiones con respeto las valoramos.

El turno a comisiones de las iniciativas deriva, primero, de la reelección inicial que hace la Mesa Directiva. Cuando son recibidas las iniciativas se turnan en voz de quien dirige la Sesión, Presidente o Vicepresidentes, y en el momento que se turna si alguien está inconforme puede hacer valer esa inconformidad para que sea el Pleno el que decida si el turno debe ser ampliado, modificado o corregido.

El turno de las iniciativas de reforma constitucional y la que tiene que ver con la Ley de la Fiscalía General fueron hechos sin incorporar a la Comisión de Gobernación, así fue.

El interés que usted nos expresó de manera verbal llevó a la Mesa Directiva a tomar una primera definición, a incorporarla a la Comisión de Gobernación para que tuviera opinión en ambos procesos legislativos de las dos iniciativas éstas.

Más habiéndolo dado a conocer en las respuestas que le hemos dado, usted nos volvió a insistir en el interés de incorporar a la Comisión de Gobernación como comisión de dictamen. Y la Mesa Directiva estimó que la competencia de su conexión quedaba por la materia, en lo que respecta al dictamen de las iniciativas del titular del Ejecutivo en materia de Seguridad Pública y Estado de Derecho, como se han dado a llamar.

Y que prevalecía la opinión de la Mesa Directiva para que el caso de la Ley de la Fiscalía General solamente fuera en opinión. Al haberlos entregado el fin de la semana pasada el escrito que yo le pedí con los argumentos, hoy lo distribuimos en la Mesa Directiva.

Se distribuyeron y van a ser analizados por los integrantes de la Mesa Directiva, y el acuerdo que tomamos por la mañana es que en la siguiente sesión tomaríamos la decisión. Entonces seguramente se lo haremos saber una vez que la Mesa Directiva vuelva a reunirse, donde se valorarán los razonamientos que usted nos hizo saber, nos comunicó por medio del escrito.

Es lo que le puedo decir, Senadora.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Cristina Díaz.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) Muchísimas gracias. Le agradezco su amabilidad.

Usted bien sabe, señor Presidente, que es el tercer oficio que nosotros hemos presentado. La insistencia de nosotros es hacer prevalecer la función que tiene cada una de las Comisiones de acuerdo a la naturaleza de los asuntos que tiene que atender.

No quisiera yo dejar un antecedente negativo, de falta, para la siguientes legislaturas, de que no cuidamos los asuntos que le competen a la Comisión de Gobernación.

Aprecio muchísimo a usted y a su Mesa Directiva que tomen el tiempo para poder revisar en siete páginas los argumentos legales por los cuales estamos insistiendo en este turno.

Se lo aseguro, señor Presidente y a los señores Senadores de Mesa Directiva, no es necedad. La insistencia es atender lo que le compete a la Comisión de Gobernación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Seguro que sí, Senadora. Sonido en el escaño del Senador Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Yo quiero respaldar la petición que ha hecho la Presidenta de nuestra Comisión. Decir que el paquete en su conjunto es un paquete que entremezcla, que conjuga, que es transversal a las funciones propias de la gobernación del país.

Habría que recordar, señor Presidente, que por iniciativa del actual Ejecutivo Federal se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para concentrar en la Secretaría de Gobernación toda la estrategia de combate a la inseguridad, al crimen organizado, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la reforma tanto en materia de Fiscalía, Policía Única, así como la de desaparición de ayuntamientos por presuntas infiltraciones, pues no cabe le menor duda de que corresponde a la gobernación del país, a la gobernabilidad del país.

Como ustedes saben también, y ha citado usted este mismo día a las mesas directivas de las Comisiones que están encargadas de estos temas, este es uno de los asuntos que se ha buscado ser aprobados en este periodo. Por lo tanto, el que de manera directa e inmediata pueda conocerlos la Comisión de Gobernación no debiera seguirse postergando toda vez que en el desfasamiento puede estar también una pérdida de información y de conocimiento de los asuntos que se están discutiendo.

Mi intervención es pues para respaldar a la Presidenta de la Comisión de Gobernación en esta petición que ha realizado. Es interés de los miembros del panel, la Comisión de Gobernación, que su solicitud pueda ser respondida favorablemente.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral. Sonido en el escaño del Senador Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, Presidente. Con el mismo propósito. Solamente recordar que en 1999 se hizo la nueva Ley Orgánica, y esa Ley Orgánica estableció un número de comisiones que correspondía al número de secretarías de Estado.

El Congreso ejercía de mejor manera la función de control de equilibrio, y que conociera específicamente los temas de cada Secretaría.

Nosotros, integrantes de la Comisión de Gobernación, respaldamos totalmente la petición de la Presidente de la Comisión, de que los temas que tengan que ver con el ámbito de Gobernación tienen que ser conocidos también por la Comisión de Gobernación.

Gracias, Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Larios. Tomamos nota también de sus expresiones.

Vamos a dar paso, antes de abrir el apartado de iniciativas, como lo había yo dicho, vamos a dar paso al desahogo de un Acuerdo.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva, por el que se designa al Presidente del Instituto Belisario Domínguez.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore al Orden del Día de la sesión.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incluya en la sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos del Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a resolutivos del Acuerdo.

La Mesa Directiva, con fundamento en lo previsto en los artículos 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 275 del Reglamento del Senado y 432 del Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, somete a consideración del Pleno, el siguiente Acuerdo.

“Único.- Se designa al Senador Fernando Herrera Ávila, como Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.”

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el Acuerdo.

Si hubiera interés de algún Senador o Senadora de hacer uso de la palabra, hoy que están todos queriendo hablar, se puede hacer.

En vista de que no hay interés, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Fernando Herrera Ávila, como Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.

¡Felicidades, Senador Fernando Herrera!

Lo felicitamos todas y todos los Senadores de este Acuerdo.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Vamos ahora al apartado de iniciativas.

Tiene la palabra el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad.

El Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La migración en México es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de intervención normativa. Esto con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos asociados para los países de origen y de destino, así como para los propios migrantes.

Es indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades en diferentes esferas legales para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de los migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el retorno voluntario sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo.

Los efectos de los fenómenos migratorios contemporáneos presentan profundas implicaciones, tensiones y desafíos.

Cuestiones como la protección de los derechos de los migrantes y la seguridad nacional, plantean importantes retos para éste, el México del Siglo XXI.

Sólo en el año 2014, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, de los más de 22 millones de extranjeros que ingresaron a nuestro país por diversas causas, se dieron un total de 127 mil eventos de inmigrantes en situación irregular, que fueron detenidos e ingresados a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración; y 107 mil 814 de ellos, o sea, el 85 por ciento, fueron devueltos por la autoridad migratoria mexicana bajo el procedimiento de deportación o retorno asistido.

Nuestro país ha adaptado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados. Lamentablemente, nos encontramos sin avanzar en la armonización de la normativa nacional con dichos compromisos internacionales, ni en su instrumentación en la cultura y práctica de las dependencias a lo interno.

Se han hecho contribuciones importantes al debate migratorio internacional y regional, impulsando una visión multidimensional del fenómeno estrechamente vinculada a los derechos humanos y el desarrollo, la no criminalización de los migrantes y el reconocimiento de sus contribuciones a los países de origen y destino. A pesar de ello, las contradicciones son sustanciales.

Es por ello que el reto sigue siendo la construcción de una visión y una política migratoria de Estado que deba fincarse en el reconocimiento de la multidimensionalidad y complejidad del fenómeno, y la consecuente necesidad de una política transversal a varios sectores y niveles de gobierno, inspirada en la búsqueda de desarrollo humano sostenible, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el derecho de asilo, la seguridad humana y la cooperación internacional.

Por ello, la iniciativa que hoy presento se suma a los esfuerzos que varios y varias compañeros legisladores han realizado en el tema.

En su conjunto, esta iniciativa pretende maximizar la protección de los derechos humanos de los migrantes, sin importar su situación, además de explicitar la prohibición de la discriminación en los casos de revisión y control migratorios.

No hay que olvidar que estos derechos, de acuerdo con nuestra Constitución, son universales y progresivos.

Particularmente propongo dar mayor flexibilidad en lo relativo al proceso de regularización de la condición migratoria, además de eliminar diversas contradicciones que tiene la ley.

Como último punto, se busca quitar facultades discrecionales a la autoridad en lo referente a las causales de negación de la naturalización establecida en la Ley de Nacionalidad.

En síntesis, la presente Iniciativa busca situar a la política migratoria del Estado mexicano en el marco de la protección a los derechos humanos y la no discriminación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Tello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

Senador Casillas.

El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Para que por su conducto sea tan amable de preguntar si acepta que pueda suscribirme para el mismo propósito.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senadora Pineda Gochi, ¿con el mismo objetivo?

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa, por favor mantengan su mano levantada y tomamos nota desde acá.

Muchas gracias.

Se toma nota.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar a nombre propio y de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

Será mi última iniciativa presentada, pero no quiero irme a mi estado sin cumplir con la palabra que empeñé con Ygnacio López, un alcalde del PT, que fue asesinado hace aproximadamente un año y medio.

Unos días antes, Ygnacio López había venido a hacer un ayuno en la esquina de este Senado, en la exigencia de que los ayuntamientos de este país fueran tratados con dignidad, que no tuvieran que andar pepenando recursos ante los Diputados, y que tuvieran certidumbre en el acceso a los recursos. De tal manera que cumpliré con Ygnacio López.

Y seguramente buscaremos que todos los ayuntamientos de este país sean tratados con mayor dignidad, señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores.

Y vengo a presentar a nombre de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Ernesto Ruffo Appel y a nombre propio, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. y se adiciona un capítulo VI a la Ley de Coordinación Fiscal; y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Solicito, senador Presidente, se incorpore la totalidad del texto de la iniciativa que hoy presentamos al Diario de los Debates.

La denominada Reforma Hacendaria del año 2007, que entró en vigor en 2008, se sustentó de una dependencia financiera de los gobiernos estatales y municipales, respecto a las transferencias federales.

Se hicieron cambios en el mecanismo de distribución de las participaciones con un criterio resarcitorio para mejorar y simplificar los incentivos, y estimular así la recaudación de ingresos locales e impulsar el desarrollo económico de los estados y municipios.

Se facultó a los estados a crear fuentes de recaudación como impuestos o ventas finales y/o conservar el impuesto a la tenencia que se abrogó como tasa federal.

En relación a las aportaciones, se clarificó su naturaleza compensatoria y se pasó al Ramo 33 el Programa para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el PAFEF, que se ubicaba, hasta el 2006, en el Ramo 39. Quedó así, el Ramo 33, con ocho fondos.

También se hicieron modificaciones a la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones para incluir una variable relativa al Producto Interno Bruto de cada entidadfederativa, con propósito de reintroducir un elemento que reconozca el desempeño económico de las entidades federativas.

En ese orden, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como lo conocemos hoy en día, tiene sus bases en la expedición de las leyes de la materia del Impuesto al Valor Agregado, en el año 78, lo que dio lugar a una coordinación fiscal a partir del 80, sustentada en la celebración de convenios de adhesión al sistema entre la Federación y las entidades federativas.

Las condiciones políticas de la época posibilitaron que todas las entidades se adhirieran al convenio de ley. Actualmente, es urgente para el manejo eficiente de los recursos gubernamentales contar con mecanismos fiscales que permitan dotar de una mayor equidad, transparencia y justicia redistributiva a la asignación de los recursos federales que se transfieren a los municipios, en el contexto de la mencionada coordinación fiscal.

Dentro del marco jurídico vigente, no existe una metodología ni criterios específicos bajo los cuales opere el otorgamiento de los recursos federales que se transfieren a los municipios a través de la reasignación de gasto por convenio o reglas de operación, es decir, subsidios.

Por ello, si bien existen reglas de operación que regulan el acceso y formas de distribución, tal normatividad es administrativa, lo que ha dado lugar a hechos de corrupción e injusticia hacendaria al permitirse, por un lado, la existencia de gestores para bajar recursos federales y, en el peor de los casos, gestores de asignaciones presupuestales para fondear los programas cuyos recursos federales más adelante se bajarán a municipios previamente etiquetados.

Ello, se insiste, fomenta corrupción y en el menor de los casos inequidad distributiva de recursos. Este tipo de gestiones ha dado lugar a los tristemente célebres “moches” por asignación presupuestaria.

Lo anterior ha traído como consecuencia que dichos recursos de naturaleza federal sean asignados a los municipios con un alto grado de discrecionalidad, sin supeditarse a criterios de eficiencia y equidad.

Más grave aún, en ocasiones el destino de dichas transferencias intergubernamentales ha atendido solo a razones detipo político y/o a intereses económicos ajenos al bien común que redundan en auténticos actos de corrupción.

En este contexto, bajo una óptima federalista para el crecimiento y desarrollo de un país, resulta indispensable el fortalecimiento de los territorios regionales. Se hace indispensable promover un sistema de coordinación fiscal que contemple instrumentos hacendarios intergubernamentales, cuya instrumentación contribuya verdaderamente al fortalecimiento de las haciendas públicas, estatales y municipales.

La iniciativa que hoy presento intenta fijar reglas claras que regulen la forma en la que los recursos federales relativos a la reasignación de gasto por convenios o subsidios a favor de estados y municipios, se haga bajo los principios de certeza jurídica, equidad, eficiencia, justicia redistributiva y transparencia, al tiempo que prohíba actos que generen corrupción a cambio de asignar recursos, sea en el ámbito presupuestal o ya en el periodo administrativo de ejecución del gasto.

Para tal efecto, se proponen modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que la asignación de los recursos que nos ocupan cuente con lineamientos normativos que la regulen, le den transparencia y certeza jurídica, rediciendo al máximo la discrecionalidad en su aplicación y, por consiguiente, eviten la corrupción o el tráfico de influencias dentro del proceso presupuestal, o bien durante el proceso mismo de reasignación del gasto federal a estados y municipios.

Esta iniciativa pretende eliminar la discrecionalidad en el caso de proyectos concretos, vinculando desde el presupuesto tales proyectos a metas concretas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales o regionales.

En lo demás casos de recursos para apoyar temáticas locales o concurrentes, las reasignaciones por regla general deberán ser concursables, evitando la existencia de conflictos de interés entre legisladores para asignar el gasto, su intervención a título de gestoría y, aún más, probables actos de cohecho, corrupción o tráfico de influencias al momento de reasignar gasto federal a municipios.

Al efecto, el presente proyecto en términos generales contempla:

1. La reafirmación del principio de que las únicas vías para recibir recursos federales son las participaciones, aportaciones, y reasignaciones o subsidios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

2. La definición de reasignaciones o gasto reasignado, como aquel recurso o fondo federal aportado por cualquier dependencia o entidad de la Federación, incluidos los poderes de la Federación y sus órganos autónomos, para que el gasto lo ejecute un estado o un municipio. Bajo este tenor, dichos fondos serán por regla general concursables; es decir, deberán estar a disposición de cualquier estado o municipio que reúna los requisitos de establezcan los programas federales de los cuales surgen, y deberán tener acceso a dichos fondos en igualdad de circunstancias.

3. A fin de promover la eficiencia recaudatoria y reducir la dependencia fiscal, los municipios no podrán acceder a este tipo de fondos federales si no se encuentran ejerciendo un nivel de cobranza de su impuesto predial de, cuando menos, el 60% de su cartera.

4. La definición de dos tipos de gastos reasignables o subsidios:

a. Los fondos concursables, que serán aquellos orientados a apoyar funciones municipales, y cuya obtención dependerá de que los municipios reúnan requisitos y calidades claramente establecidos en la normatividad aplicable, y que atenderán principios de oportunidad, suficiencia de fondos y nivel de aportación municipal o estatal, según sea el caso. En estos casos, la Federación procurará que estos recursos se coloquen preferentemente en los fondos de participaciones o aportaciones distribuibles por fórmula.

b. Los fondos para programas estratégicos en los que la Federación determina la necesidad de inversión pública específica en un determinado municipio o estado, por ejemplo la construcción de una planta de agua potable, de un acueducto, de una carretera, o bien, de cualquier inversión prevista en un programa federal, en la que se pretenda la coinversión estatal o municipal. En estos casos la asignación deberá ser producto de un programa claramente derivado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su respectivo programa regional o sectorial. En estos casos, igualmente se deberán prever los requisitos de participación del municipio un estado y, que en su defecto, la Federación ejecute por su cuenta y de manera directa la inversión pública de qué se trate.

Estas propuestas resultan, sin duda, necesarias para garantizar una mejor eficiencia en el desempeño de las finanzas públicas, una redistribución de recursos que fomente la igualdad de oportunidades entre las diferentes regiones de nuestro país, y por consiguiente un desarrollo y crecimiento equitativos de cada una de ellas, sin que para ello medien consideraciones políticas que atenten contra el principio de justicia retributiva que debe prevalecer en el reparto de la riqueza nacional que se realiza en el marco de las relaciones intergubernamentales nacidas de la coordinación hacendaria y, en todo caso y siempre, se evite la corrupción y los “moches”.

Finalmente, debo mencionar que la ausencia de una definición clara y objetiva del municipio, ha dado lugar a la interpretación de su personalidad jurídica y de las atribuciones de su órgano de gobierno: el ayuntamiento.

Al municipio, después de la reforma constitucional del 99, se le reconocen facultades exclusivas para la prestación de servicio, pero no se le reconocieron facultades hacendarias.

Asimismo, se le reconoció como un nivel de gobierno, pues es un gobierno de comunidad y, en consecuencia, representante directo de una parte de la soberanía de la nación.

Sin embargo, el etiquetado de los recursos a que he hecho referencia, siguen violentando la tan anhelada autonomía municipal y la dignidad de las personas que fueron electas para integrar el ayuntamiento, quienes se ven obligados a los moches y otros tantos alcaldes que tocan puertas en todos lados, para que su número de proyecto prospere, sin que nadie les escuche.

En nuestras manos está la solución para evitar se siga vulnerando su dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Primero.- Se adicionan los párrafos quinto, con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo al artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Segundo.- Se adiciona el capítulo VI, denominado De las Reasignaciones de gasto federal a Estados y Municipios, a la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Compañeros Senadores, ojalá sea de su interés leer el texto íntegro de esta iniciativa, y apoyar la aprobación de la misma, en el proceso correspondiente.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Calderón.

Se incorpora íntegramente su iniciativa al Diario de los Debates.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Senadora Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para solicitarle a la expositora, a la Senadora Cocoa Calderón, si me permite sumarme a su iniciativa y además desearle todo el éxito en esa encomienda, en esa batalla que dará a favor de los michoacanos. Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí. Con el mismo motivo. Vamos a tomar nota de quiénes se suman a esta iniciativa. Corral también. Gracias.

Muy amable.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senadora Dolores Padierna.

Permítame, sonido en el escaño de la SenadoraPadierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Señor Presidente, que siendo un tema tan conocido, tan lastimoso, esta iniciativa viene muy bien, y nos queremos sumar a esta iniciativa también. Gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La fracción parlamentaria se suma a esa iniciativa.

(Aplausos)

Bien. Gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La importancia de la educación para alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico es algo que no puede ponerse en duda.

La educación resulta primordial para mitigar las desigualdades económicas y sociales y para las personas que acceden a mejores niveles de empleo, elevando sus condiciones de vida.

La educación eleva su importancia fundamental para el desarrollo de este momento, en donde nuestro país enfrenta una crisis tanto económica como social, misma que se ve agravada por las condiciones de marginación y desigualdad en la que viven millones de mexicanos.

Recientemente, el Rector de la UNAM declaró que la educación es necesaria para el desarrollo en todos los sentidos: para el avance democrático, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar la desigualdad económica y social, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para elevar las condiciones culturales, valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para acceder a mejores condiciones y niveles de empleo, para el fortalecimiento del estado de derecho.

En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas.

Por otra parte, en 2009, la OCDE señaló que existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo de los países y la fortaleza de los sistemas educativos y de la investigación.

En otras palabras, el año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre el cuatro y del siete por ciento.

En el caso de los jóvenes, es indiscutible que la educación es un factor que les puede permitir ampliar sus oportunidades, fortalecimiento al mismo tiempo de sus valores cívicos. Por ello, se traduce en ser la inversión más rentable que puede llevar a cabo nuestro país, ya que es una estrategia económicamente prioritaria, sobre todo en losocial.

Atendiendo a la importancia que la educación reviste para nuestro país y el desarrollo de la sociedad mexicana, el 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional de la Federación que obliga al Estado mexicano a garantizar a toda la población, el acceso a la educación media superior y alcanzar la cobertura total de este nivel educativo, a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

Desafortunadamente, la consolidación de este mandato constitucional contrasta con la realidad del sistema educativo nacional. De acuerdo con el Censo 2010, la tercera parte de adolescentes, de entre 15 y 17 años, en nuestro país no asiste a la escuela; es decir, 2.21 millones de jóvenes.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación MediaSuperior 2012, muestra que en los últimos 10 años, 6.5 millones de adolescentes han tenido que dejar el bachillerato.

Definitivamente la vida escolar de las y los jóvenes mexicanos no es igual para todos. Y desafortunadamente en nuestro país, terminar la escuela es complicado. Muchas veces no es en términos académicos, sino por razones más bien económicas.

De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nueve de cada diez estudiantes dejan sus estudios debido a la pobreza.

Puede afirmarse entonces, que los ingresos de una familia determinan las posibilidades de éxito en la educación.

La pobreza es el factor por el cual el 88 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años, han interrumpido sus estudios en algún momento.

Los programas de becas incrementados por el gobierno federal, todavía no han sido suficientes, ya que muchos jóvenes sigue dejando la escuela, por sus niveles de vida, y esto no les permiten cubrir sus gastos mínimos.

Considerando que en nuestro país habitan más de 53 millones de personas en pobreza, uno de los objetivos centrales de nuestras políticas y programas de gobierno debe ser evitar que el origen social de los jóvenes se convierta en un freno para posibilitar su acceso a la educación superior.

Debemos garantizar que exista una verdadera equidad de oportunidades para todas y todos los estudiantes; para que sea únicamente el esfuerzo y el talento lo que se recompense en nuestro sistema educativo.

Siendo la educación uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades, debemos garantizarla para todas las personas que deseen acceder a ella, eliminando así las brechas de desigualdad que siguenexistiendo ennuestro país.

Por todo lo anterior, debemos involucrar al mayor número de instituciones a conjuntar esfuerzos con la intención de mitigar y mejorar las condiciones que garanticen el derecho a la educación de nuestros jóvenes.

Por lo tanto, es fundamental involucrar al Instituto Mexicano de la Juventud para que lleve a cabo acciones coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Social, con la intención de emprender acciones para evitar la deserción escolar en educaciónmedia y superior por razones, sobre todo, de pobreza.

Debemos asegurar el acceso de todas y todos nuestros jóvenes a estímulos por rendimiento académico que fomenten su permanencia en las instituciones educativas.

Esa es la esencia de la reforma que propongo a su consideración, misma que adiciona el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, buscando la implementación de acciones concretas que garanticen el acceso de nuestros jóvenes a una educación en condiciones de equidad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuellar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 73 de la Ley General de Salud.

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente.

El suicidio, como lo hemos estado comentando ya en varias ocasiones, es un grave problema de salud pública para el cual no existe una causa única, es decir, es multidimensional e involucra la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales.

Es pues que el suicidio requiere de nuestra atención, y aunque la mayoría de los suicidas pueden prevenirse, desgraciadamente su prevención y el control no es tarea fácil.

Un hallazgo entre las personas suicidas es la presencia de más de un trastorno mental y del comportamiento como el alcoholismo, los trastornos afectivos, los trastornos de personalidad, los trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias y la esquizofrenia, entre otras.

Asimismo, el riesgo del suicidio aumenta en las enfermedades físicas crónicas, las cuales se asocian con una tasa aumentada de trastornos psiquiátricos.

Los principales factores de riesgo individuales y a nivel de la comunidad del espectro suicida son los antecedentes familiares de suicidio, la presencia de algún trastorno mental y del comportamiento, la disfunción familiar, el consumo de sustancias adictivas, la disfunción escolar, la disponibilidad de armas de fuego o medios para autolesionarse.

Otros factores son aquellos que aunado a la presencia de riesgo desencadenan el empeoramiento de la conducta suicida, éstos incluyen súbitos problemas interpersonales en el ámbito familiar y con grupos de pares, así como intoxicaciónpor sustancias adictivas y eventos de fracaso escolar, de maltrato o de abuso.

El espectro suicida, como lo comenté, es multidimensional y por lo tanto exige de una respuesta multifacética que implicaprever los factores de riesgo, y sobre todo, también los precipitantes asociados a este problema.

Además, es recomendable la difusión y la capacitación de personal de salud y la educación a la población en general en cuanto al concepto del espectro de la conducta suicida.

Los factores de riesgo y precipitantes son los signos que orientan sobre una presencia y sobre las rutas a seguir en el caso de que se detecte esta situación; no sólo para su tratamiento médico o psicológico, sino también para la adecuada vigilancia epidemiológica y de registro.

A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado adecuadamente por la falta de sensibilización sobre la importancia de este problema, y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente del tema.

Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio implementaron, desde el 2003, el día 10 de septiembre como el “Día Internacional para la Prevención del Suicidio”.

La Organización Mundial de la Salud, para fines de 2014, hace un llamado a todos los países integrantes para que se informe sobre la prevención del suicidio en el imperativo global, y menciona acciones básicas que deben de considerarse en esta estrategia integral como una política de salud mental, una política para reducir el consumo nocivo de alcohol; el acceso a la atención a la salud, la restricción de acceso a medios utilizables por suicidarse; la notificación responsable por los medios de difusión, los trastornos debido al consumo de sustancias y al suicidio; las intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, la capacitación de cuidadores, una línea telefónica de ayuda en crisis, seguimiento y apoyo comunitario, evaluación y manejo de comportamiento suicida, evaluación y manejo de trastornos mentales y debidos al consumo de sustancias.

Sabemos también que nuestro país a través de los servicios de atención psiquiátrica y del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” integraron ya un programa de acción específico de atención psiquiátrica 2013-2018, alineado con las metas nacionales México Incluyente y México Próspero, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con el Programa Nacional de Salud 2013-2018.

Y efectivamente contempla en una de sus estrategias la promoción de acciones de prevención de salud mental y la estrategia y la importancia de ampliar las labores de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en materia de salud mental incluyendo al suicidio.

Por todo lo anterior, esta iniciativa propone establecer estas estrategias de manera integral orientadas principalmente a la prevención del suicidio, tal como lo marca la Organización Mundial de la Salud, y que sean la pauta sobre las cuales se desplieguen los servicios de atención a la salud mental.

Sabemos que sobre todo en momentos de crisis muchas ocasiones los familiares no saben a dónde acudir, hoy nuestro sistema de salud requiere que en el nivel primer de la atención se pueda desplegar una capacitación general que pueda orientar a los familiares e inclusive a las propias personas vulnerables con riesgo de atentar contra su vida, poderle dar seguimiento y que se puedan salvar así una de las que son las principales causas hoy de muerte en nuestros jóvenes adolescentes.

Tenemos pues muchos factores que los invitan y les incitan a atentar contra su vida, una de las principales asociaciones es el uso de sustancias con las que ponen en riesgo su vida como es el alcohol o algunas otras drogas; asimismo la situación familiar, la situación de crisis, la situación inclusive de no ser aceptado en la escuela, en la universidad enmuchas ocasiones sufren estos incrementos.

Por ello, senadoras que a través de mi voz hemos presentado esta iniciativa: la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza,la Senadora Angélica del Rosario y la de la voz, les presentamos esta iniciativa para que pudiera considerarse ya en la Ley General de Salud,que reforma al artículo 73 y que queda inscrita como un párrafo adicional a él, donde se consideran las estrategias para dar una visión integral orientada a la prevención del suicidio.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Dígame, Senadora Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Me quiero sumar a la iniciativa y felicitarlas por el tema tan interesante.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, fue aceptada, también la Senadora Pineda Gochi, Senadora Lorena Cuéllar, también. Levanten la mano quienes lo deseen y tomamos nota. Muy bien. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Le damos la más cordial bienvenida a los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, invitados por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, que nos acompañan.

Justamente le damos la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Con su permiso, señor Presidente; con el permiso de la Asamblea.

Ratifico el saludoa los compañeros transportistas de la AMOTAC, y por supuesto que saludo desde aquí a los transportistas, a todos los de la República Mexicana, que a través de su esfuerzo y su conducto mueven las mercancías quedisfrutamos, ya sea en las empresas o ya sea en los hogares.

En esta ocasión, presento un proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo, a la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

¿Cuál es el objeto de esta enmienda?

Todos sabemos que los mercados de los hidrocarburosva a la baja en el mundo, inclusive gracias al tesón de algunoslegisladores, ya sea diputados, ya sea senadores, los consumidores empiezan a disfrutar parte del alivio que en el mundose está sintiendo por la baja de los precios del petróleo.

Cito por ejemplo, la homologación de la gasolina en la frontera, en donde los estados o las comunidadesque están cercanas al área limítrofe con los Estados Unidos, está pagando una gasolina5, 6 o hasta 7 pesos más barata que el centro del país.

Esto repercute directamente en beneficio de los consumidores, para nadie es un secreto y no pondré a atestiguar muertos, sino vivos, que un tanque que se llenaba con 800 pesos, ahora se está llenando con 500, es tal el beneficio, que inclusive los compañeros del transporte de los motores a gasolina en la frontera pues hasta están planeando tener más hijos por el ahorroque, bueno, esto es una broma, por el ahorro que les genera obviamenteeste preciohomologado en las comunidades fronterizas.

Otro punto que también resaltaen las políticas, y quiero subrayar la palabra políticas, porque esto es de políticas, no es de antojos,fue un punto de acuerdo que presentamos aquí mismo, en diciembre pasado me tocóser el ponente, donde exhorté a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se abstuviera de dar el gasolinazo del 3 por ciento, el único, por cierto, del 2015que se dio la primera semana de enero.

Quiero reconocer,en todo lo que vale, laatención que la Secretaría de Hacienda brindó en su momento a este punto de acuerdo, porque en lugar de aplicar el gasolinazo estimado del 3 por ciento, nos hizo un descuento y lo dejó en 1.9, lo que generó un promedio de ahorro de 14 centavos por litro.

Quisiera pedirle, señor Presidente, moción para el orden de la sala, por favor.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Les pido a lascompañeras y compañeros, presten atención al orador, por favor.

Allá atrás, pido, por favor, pongamos atención al orador.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, compañeros.

Les decía que gracias a que la Secretaría de Hacienda entendió la naturaleza del exhorto, ese gasolinazo de 3 por ciento quedó en 1.9 por ciento, y el resultado es un ahorro de 14 centavos por litro sin más gasolinazos en el 2015.

Esto nos genera una certidumbre de costo en lo que tiene que ver con las gasolinas.

Otro tema donde la Secretaría de Hacienda reconoce y transporta una parte mínima, pero al fin parte del alivio en el costo de los energéticos, es el descuento del 2 por ciento de las tarifas domésticas de la luz.

Todos sabemos que en enero aplicó automáticamente un 2 por ciento de descuento a las tarifas F, de la F1 a la F6,y el luzazo, porque también como el gasolinazo, hay, o había, un luzazo anual de 4 por ciento, no se aplicó.

Entonces, la población a partir de sus facturas de marzo ya fueron de corte mensual o bimestral resentirán un alivio real del 6 por ciento en su tarifa de la electricidad servicio doméstico.

La pregunta que queda aquí es: ¿Y el diesel?¿Por qué tenemos un diesel a costos descabellados? 14.20 por litro, ya fuera en Chetumal, ya fuera en Villahermosa, ya fuera en Torreón, en San Luis Río Colorado o en Tijuana, en cualquier comunidad, el diesel está a 14 pesos con20 centavos.

No hay una razón técnica, no hay una razón de mercado, no hay nada que nos lleve a darle credibilidad al hecho de que mientras un transportistapaga el litro de diesel en Houston, Texas, o en Boston, ya no hablemos de los niveles económicos que hay entre aquellas comunidades y las nuestras; no hablemos de los niveles de un transportista, por ejemplo de Nueva York, con uno de Oaxaca de Juárez o uno de Tuxtla, Gutiérrez, ¡por qué el nuestro ha de pagarel doble? ¿Por qué lo condenan al pago de 14 pesos con 20 centavos por litro?

Esto obviamenteimpacta, no solamente en la economía del transporte, ya fuera el hombre camión, ya fueran las grandes flotillas, sino que obviamenteimpacta a los precios finales de los productos primarios.

Entonces, yo sí quiero pedir desde aquí conciencia a la Secretaría de Hacienda, porque la tiene en muchos temas, y sobre todo lo que tiene que ver en la materia delos energéticos lo ha demostrado, si ya nos demostró sensibilidad en cuanto a la homologación de los precios de la gasolina en la frontera, si yanos mostró, un poquito, pero algo de sensibilidad, dejando el gasolinazo único del año en 1.9 por ciento y no en 3 por ciento, como estaba programado, si ya nos anuncia cierta sensibilidad cuando le da un alivio real del 6 por ciento a los usuarios de la tarifa eléctrica, porque bajó el combustóleo, porque la principalmateria prima generadora de electricidad en este país es el combustóleo, y al reducir el precio, transportan este alivio al consumidor.

Entonces,la petición a través de este proyecto es: “Señor Presidente de la República; señor Secretario de Hacienda, no sean crueles, no sean crueles, baje el precio de diesel”.

Argumentarán: “Porque la política del diesel se endurece precisamente cuando se da un tráfico ilegal de este combustible en el 2009”.

Todos recordarán que cuando encarece el diesel en los Estados Unidos, en el 2009-2010, se presenta un contrabando hormiga de diesel mexicano hacia California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Había un margen de 3 pesos por litro, entre el diesel mexicano y el diesel estadounidense. Y estas bandas del pillaje, bueno, pues empezaron a vaciar los contenedores del diesel en las fronteras, se lo llevaron a Estados Unidos, y la Secretaría de Hacienda, al detectar esta irregularidad, decide un solo precio del diesel en todo el país.

Sí, pero ese argumento ya no es válido, porque el litro de diesel en los Estados Unidos cuesta 7 pesos.

Ya no tiene razón el argumento del contrabando ilegal porque, ¿quién en su sano juicio va a contrabandear diesel mexicano a 14.20 el litro para llevárselo a Chulavista o llevárselo al Paso, donde está costando 7 pesos el litro? Eso no tiene razón de ser.

Entonces, de manera acomedida, no solamente dejo en manos de esta Asamblea de la Mesa Directiva este proyecto, sino que de manera respetuosa le pido a mis compañeros de Cámara apoyen esta iniciativa, y le pidamos, con el respeto que le tenemos al señor Presidente de la República; con el respeto que le tenemos al Secretario de Hacienda, que así como ya transportaron beneficios por la baja de los precios internacionales de los hidrocarburos a ciertos servicios de uso común, que también el diesel opere.

Señor Presidente de la República; señor Secretario de Hacienda: No sean crueles, ¡bajen el diesel!

Es la cuenta, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Para concluir la presentación de iniciativas, se concede la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. constitucional, en materia de consulta a las comunidades indígenas.

Adelante, Senadora.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros senadores. Al Pueblo de México:

Las reformas efectuadas entre 2013 y el 2014, tienen un propósito elemental que ha sido reiterado en la narrativa de su promoción, que México transite a la modernidad en temas estructurales, y de esta manera surja un avance significativo en todos los sectores que lo rodean: el económico, el social y el cultural.

Lamentablemente, México no es un concepto unívoco, sino que fragmenta en varias realidades dolorosas de pobreza y violencia.

México, en realidad, se ve definido a veces limitado por esta disparidad.

Su pluralidad, su diversidad y su complejidad es lo que hace uno de los países más ricos en la historia, costumbres y tradiciones.

Paradójicamente, estas diferencias se manifiestan de manera negativa para algunos sectores de nuestra población: los discriminados, los segregados.

Estas reformas deben, por acatamiento de su propósito, por el bien de nuestro país, llevar a cabo una transición total, una transición que integre todas estas realidades, dándole aún mayor prioridad a los sectores marginados.

El cambio en la modernidad que deseamos debe reflejarse con mayor notoriedad en la disminución de la brecha de desigualdad y en la erradicación de la marginación.

En este sentido, y como uno de los mayores retos que tenemos como país en referencia específica a las comunidades indígenas, especialmente por la sensibilidad que se requiere en la materia, es el de lograr una integración beneficiosa para estas, respetando y garantizando a su vez el ejercicio pleno de su derecho a su autonomía.

Con las reformas antes mencionadas, sus territorios se colocan en una franca situación de vulnerabilidad que requiere de nuestra más enérgica defensa.

Los recursos naturales localizados en regiones que albergan a una diversidad de comunidades indígenas, los llevan a ser presa de intereses trasnacionales que pudieran poner en peligro sus derechos humanos.

Nuestra Constitución, norma constituyente prevé en su artículo 2o., una serie de derechos que cubre la esfera jurídica de los indígenas con un manto protector, y sin embargo, con los cambios de los años anteriores, la evolución y adaptación de estos derechos, deben de estar a la altura de lo que se aproxima.

Normas internacionales, como la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del 2007, regulan el derecho a adoptar decisiones y su participación en las decisiones que los afectan como elementos necesarios para que los pueblos indígenas puedan proteger, entre otras cosas, su cultura e idioma, sus tierras, territorios y recursos.

Aunque su derecho a la participación ya está consagrado en normas nacionales e internacionales, el énfasis del debate debe dirigirse también al control de resultados de esos procesos.

La integridad como pueblos indígenas es un derecho consagrado, nacional e internacionalmente, responsabilidad del gobierno en todos sus niveles: federal, estatal y municipal, debiendo desarrollar con la participación de estas acciones para proteger la totalidad de sus derechos.

Sin la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, la integridad quedará cabalmente desamparada.

El derecho a ser consultados por los gobiernos de los diferentes niveles cada vez que se efectúen actividades legislativas, administrativas o de cualquier índole que puedan afectar su integridad, es uno de los derechos fundamentales que en la actualidad no se ha atendido en nuestro país.

El Decreto Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ratificado por nuestro país en el 2008, señala el derecho que tienen los pueblos para otorgar su consentimiento libre, previo e informado como un medio a través del cual ejercen la decisión y el control de resultados en distintas resoluciones.

Compañeras y compañeros senadores: ¿Qué busco con esta iniciativa? Que se reforme el artículo 2o. de nuestra Constitución, ampliando el catálogo de derechos de los pueblos indígenas para que existan condiciones de protección que les permitan conservar sus medios de subsistencia tradicionales, beneficiándose al mismo tiempo de las oportunidades del empleo que se dan con las reformas, como en el caso de la explotación del petróleo y del gas.

La buena fe de las consultas, como un ejemplo de lo que añade esta reforma, proporciona la columna vertebral del mecanismo en aras de los acuerdos y que se celebren en un clima de confianza mutua y de transparencia.

La Ley de Hidrocarburos no regula escrupulosamente el derecho a la consulta, dejando abierta la posibilidad de que se dé un procedimiento de consulta que se aparte del contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, e incluso de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Compañeras y compañeros senadores: En tiempos difíciles, en donde la sociedad siente una tajante separación de la política, ¿cómo podemos mostrarles que estamos aquí para defenderlos, representarlos y para beneficiarlos? Demostrándoles que son nuestra más alta y única prioridad; que sus derechos se anteponen ante cualquier aspecto o interés económico, dependiendo y ampliando sus derechos humanos y priorizando a los sectores marginados y pobres de nuestra población.

Por ello, la presente Iniciativa quedaría como sigue:

Que las consultas se celebren por conducto de instituciones que sean representativas de los pueblos indígenas.

Que las consultas se lleven a cabo a través de procedimientos adecuados, dando cabida a la expresión plena de las opiniones de los pueblos, de forma oportuna y sobre la base de un entendimiento completo de las cuestiones en juego.

Que las consultas deban entablarse conbuena fe y de forma adecuada al contexto, lo que requiere que se celebren en un clima de confianza mutua y de transparencia.

Que los pueblos indígenas deban disponer de tiempo suficiente para realizar su propio proceso de adopción de decisiones y participar en las decisiones adoptadas en consonancia con sus prácticas culturales y sociales.

Y por último, que la finalidad de las consultas sea la consecución de un acuerdo o consenso.

Los invito, compañeras y compañeros senadores, a votar a favor de la presente iniciativa, en un acto elemental de justicia y de igualdad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Arriola. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el Orden del Día de hoy aparece inscrito el dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para su segunda lectura y discusión.

La Mesa Directiva acordó retirar este asunto de la agenda y devolverlo a las comisiones para su adecuada elaboración, debido a que se aprecian inconsistencias respecto de la ley que se reforma.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Larios, dígame.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Con relación al dictamen que está presentado, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, que modifica la Ley de Control del Tabaco, me parece que no hay un fundamento para poder retirar ese dictamen.

Lo que ha expresado usted es que hay inconsistencias con respecto a la ley, pues desde luego que tiene que tener inconsistencias, pues cambia la ley.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La tenemos pendiente de trámite, Senador. Entrará posteriormente.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, y con mi pleno reconocimiento a los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, y de manera muy particular a sus presidentes, los Senadores José Yunes Zorrilla y Alejandro Encinas Rodríguez, cumplo con la disposición reglamentaria de presentar el dictamen que propone aprobar en sus términos la minuta procedente de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto por el que se modifican seis artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de estados y municipios.

En particular, para efectos de la contratación de empréstitos por parte de las entidades federativas y de los municipios, me permitiré hacer una breve consideración de procedimiento y presentaré las principales partes y componentes de las propuestas de modificación constitucional.

Lo primero porque quizá algunos de ustedes les resulte ya conocido el tema, y lo segundo porque es pertinente refrendar las principales partes o elementos sustantivos de esta propuesta.

En el dictamen que está a su consideración, se recogen a la letra los textos aprobados por el Senado de la República en el proceso de la minuta de reformas constitucionales sobre este mismo tema, que llevamos a cabo en agosto de 2013 y en diciembre del año pasado. Recordarán esta trayectoria reciente.

Recorrimos todo el proceso legislativo entre ambas Cámaras en torno a la propuesta para establecer las normas constitucionales que establecieran nuevas premisas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en torno a la contratación del crédito público por las entidades federativas y los municipios.

En una primera fase de ese proceso legislativo, coincidimos en todo el entramado de modificaciones a los artículos 25; 73, fracción VIII; y fracción XXIX-V; 79; 108; 116 y 117, salvo en lo relativo a la Comisión Bicamaral vinculada a un mecanismo de control parlamentario para la hipótesis de la solicitud de la garantía federal para contratar crédito por parte de estados que tuvieran una posición de endeudamiento elevado en los términos de la ley.

Se lograron entendimientos y acuerdos para diseñar las funciones de esa Comisión Bicamaral. Así, enviamos la minuta a la Cámara de Diputados al concluir el pasado periodo de sesiones ordinarias.

A fin de no ingresar a un eventual debate sobre la interpretación del artículo 72 constitucional para el proceso legislativo del órgano revisor de la Constitución, en el ámbito de la Comisión Permanente del último receso legislativo, senadores y diputados, integrantes de la misma, convinieron en adoptar lo aprobado por el Senado el 15 de diciembre último, y transformarlo en una nueva iniciativa de modificaciones constitucionales dentro de lo que formalmente es un nuevo proceso legislativo constitucional, pero que en el fondo constituye la reiteración, es decir, la ratificación de los contenidos que permitieron el acuerdo para la procedencia de esta fase de reforma constitucional.

Luego entonces, el contenido les será muy familiar. Si bien es un nuevo proceso legislativo constitucional, el fondo es exactamente el mismo.

Esta minuta atiende a cuatro grandes elementos de carácter sustantivo que entrañan principios de finanzas públicas: Por una parte, las facultades del Congreso General para legislar y para aprobar empréstitos, las atribuciones de las entidades de fiscalización superior y el principio de la rendición de cuentas, y el restablecimiento de nuevas y precisas disposiciones para los procesos de contratación de deuda pública por los estados y los municipios del país.

Sabemos que el endeudamiento público representa una factible fuente de ingresos para que los distintos órdenes de gobierno puedan realizar inversiones que generen un incremento positivo en los ingresos públicos, inversiones productivas que implican comprometer recursos presupuestales en un cierto horizonte de tiempo para traer riqueza al presente, y que se irá saldando en el futuro.

El crédito público es un elemento de las finanzas al que puedan recurrir los entes estatales para cumplir sus funciones, la cuestión está en sopesar el beneficio que se desea alcanzar y las condiciones de pertinente equilibrio en el horizonte del tiempo para que el acceso al legítimo, al gobierno de un crédito público no restrinja, ni mucho menos cancele las posibilidades de futuros otorgamientos de crédito.

Con esta minuta se plantea hacer explícito el principio de la responsabilidad estatal por la estabilidad de las finanzas públicas y así contribuir a la generación de condiciones propicias para el crecimiento económico, en un contexto de premisa vinculada al sistema de planeación democrática del desarrollo.

Por otro lado, se refrenda la atribución al Congreso General de legislar en materia de deuda pública de la federación y del Distrito Federal al tiempo de ampliar la competencia legislativa para dar las bases generales sobre el endeudamiento de los llamados entes públicos subnacionales, y hacerlo con referentes precisos: reiteración de la contratación de empréstitos para fin exclusivo de realizar inversiones públicas productivas, límites y modalidades para afectar participaciones en la contratación de empréstitos, establecimiento de un registro público único de esos créditos a nivel nacional, previsión de un sistema que alerte ante eventuales riesgos derivados del manejo de esas deudas, y sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones legales en esta materia.

Se plantea un fortalecimiento de la función fiscalizadora en el ámbito federal y de las entidades federativas: Por un lado, cuando la Federación otorgue la garantía federal de un empréstito estatal o municipal, y por otro l lado, para que en esa hipótesis se fiscalicen el destino y el ejercicio de los recursos contratados.

En el ámbito de las auditorías superiores de los poderes legislativos estatales, también se fortalece su atribución fiscalizadora sobre la contratación de deuda y se precisa que los servidores públicos locales serán responsables por el manejo indebido de la deuda pública.

Si bien hoy el contexto constitucional tiene previsiones para normar la contratación de empréstitos por los estados y los municipios, quienes suscribimos el dictamen coincidimos en la necesidad de desarrollar el sistema que hoy está presente en la fracción VIII, del artículo 117 constitucional.

Se mantiene, desde luego, la norma de que en el ámbito subnacional no puede haber contratación de empréstitos con gobiernos de otras naciones, con personas físicas o jurídicas del extranjero, o cuando la deuda deba pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Pero adicionalmente se consideran los elementos para que atendiéndose a las mejores condiciones del mercado, una deuda subnacional pueda ser reestructurada o refinanciada; que hasta hoy sólo se encuentra contemplado en la Constitución para el caso de la Federación.

La posibilidad de que los municipios hagan uso de la garantía estatal en la contratación de empréstitos, la prohibición de contratar crédito para destinarlo al gasto corriente, el establecimiento de la mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura local para aprobar un empréstito, así que como para hacerlo deberá conocer los montos máximos requeridos: la acreditación de las mejores condiciones de mercado, el destino del crédito, la garantía o la fuente de pago presupuestales y el análisis de la capacidad de pago del gobierno estatal o municipal.

También se adiciona la norma para sustentar la contratación de empréstitos de corto plazo, vinculados a inversiones públicas productivas, mismos que deberán quedar liquidados a más tardar antes de los tres meses finales del gobierno que los contrajo.

Respetables compañeras y compañeros Senadores: Estamos atendiendo una minuta que ha tenido un tránsito dilatado en cuanto al tema y sus aspectos sustantivos en la presente LXII Legislatura federal.

Solicito, por tanto, atentamente, votarla favorablemente en el contexto de la amplia identidad que hemos encontrado en este Senado, para fortalecer las disposiciones de la norma suprema a efecto de que el crédito público se afirme como instrumento de desarrollo en un mundo financiero, donde la actuación responsables de los titulares de las funciones públicas protege la economía de los entes públicos y es capaz de propiciar una inversión redituable para la sociedad.

En el régimen transitorio de la minuta se presentan sólidos elementos e importantes compromisos para que la legislación secundaria, que corresponde al Congreso General, y la legislación secundaria que corresponde a las legislaturas de las entidades federativas, permitan asegurar los principios de responsabilidad democrática gubernamental, transparencia en la gestión pública, cabal rendición de cuentas y planeación democrática del desarrollo a favor del crecimiento económico, el empleo y la justicia social.

Solicito, respetuosamente, a ustedes que con base en todos los antecedentes que conocen y en las virtudes de precisar la atención del interés público en la norma constitucional, nos acompañen con su voto favorable en esta propuesta de modificaciones constitucionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Burgos.

Muchas gracias.

A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y con fundamento en el artículo 196 de nuestro Reglamento, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Yunes Zorrilla, para presentar el dictamen.

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senador Presidente. Con su permiso. Agradeciendo la atención de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

Venimos a secundar lo que de manera puntual y elocuente ya el Senador Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha expresado de manera muy clara en esta oportunidad.

Y es el de pedir el apoyo con el voto de las Senadoras y de los Senadores de este Pleno de la Cámara de Senadores, para respaldar modificaciones constitucionales que generarán condiciones sumamente favorables en el manejo del crédito, del endeudamiento, de la transparencia con el que se va a manejar este instrumento de política pública y con su destino para convertirlo siempre en inversión productiva que genere una ampliación de los activos sociales y que aumente los ingresos públicos.

Todos sabemos que la deuda agregada en los niveles de gobierno estatal y municipal tiene un equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, que es en el 2014 cercano a los 500 mil millones de pesos.

Todos sabemos que el endeudamiento cuando se usa de manera eficiente y racionalmente, cuando se usa con magnitudes manejables, se convierte en un instrumento que genera desarrollo, que financia crecimiento y que permite responder a las demandas sociales más sentidas.

Pero deudas que no se manejan con estos criterios de responsabilidad, que rompen con la magnitud y que no responden a principios de solvencia, pueden generar un esquema de complicación para el presente y para el futuro.

Es por ello que la mayor importancia para esta Soberanía consiste en establecer dentro del orden constitucional, como ya se enmarcó aquí, los alcances que el Estado debe mantener y, sobre todo, los principios por los cuales debe velar, que son las condiciones de estabilidad en las finanzas públicas y del sistema financiero con el propósito de que sean consistentes al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes estatales y a los planes municipales.

Esta reforma que transforma el contenido fundamental del manejo de deuda para estados y para municipios, y que lo hace consistente con lo ya establecido para el orden federal, parte de las bases en las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación a favor de las entidades federativas.

Con estas reformas se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible, transparente y productivo de las finanzas públicas en la Federación, pero también en los estados, también en los municipios y también en el Distrito Federal.

Tenemos con esta reforma, Senadoras y Senadores, la oportunidad de generar condiciones jurídicas para cimentar el valor en el orden público de la disciplina financiera.

Esto debe ser un precepto inamovible para poder consolidar condiciones de desarrollo en las regiones del país, para poder utilizar de manera eficiente estos recursos públicos en actividades con un cariz productivo que logren impulsar el desarrollo de las zonas de la nación y que impacten en la condición debida de los habitantes de los estados y de los municipios.

Con este conjunto de reformas se busca facultar al Congreso en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación.

Se busca también romper con uno de los círculos viciosos que lamentablemente están comprometiendo el desarrollo, el crecimiento económico, el buen desempeño financiero de estados y municipios.

Este círculo vicioso que implica el garantizar prácticamente de manera soberana estos empréstitos y el círculo vicioso que implica el reconocer incentivos para estas instancias de gobierno por endeudar aún más de sus posibilidades a estos niveles de gobierno con la posibilidad de poder hacer en el presente con recursos del futuro lo que deberían hacer otras administraciones, dejándoles y heredándoles estas administraciones única y exclusivamente la obligación de pagarlos.

Se crea, como ya se señaló, una comisión bicameral que vaa revisar, a acompañar la celebración de los convenios entre los estados y los municipios interesados en contratar deuda con la Federación, con el propósito de que puedan cumplirse con los criterios de responsabilidad y con los criterios de disciplina mínimos para que estos recursos puedan cumplir con lo mandatado en la Constitución.

Sobre todo hay candados importantes, que desde esta perspectiva constitucional tendrán los congresos de los estados que observar cuando legislativamente se presente en su agenda los temas relacionados con la posibilidad de contratar nueva deuda.

Los congresos de los estados ahora deberán contar con una mayoría calificada para poder aprobar esta decisión, con los alcances y los compromisos que ya hemos señalado aquí, que contraerán para el futuro los distintos estados y los distintos municipios.

De igual manera, en el espíritu constitucional se obliga a que las reestructuraciones y la reingeniería de deudas que antes no estaban comprendidas en materia local, ahora se puedan realizar, pero que esta realización se haga considerando un esquema de condiciones de mercado en las comisiones que los interesados van a encarar.

De esta forma se va a cerrar el paso a los que ha sido puerta para posibles hechos ilícitos; para posibles acciones de corrupción, que desde la Constitución con el voto de las senadoras y de los senadores se estarán atajando de manera fundamental.

Quiero, antes de finalizar, reconocer la grata experiencia que implica coincidir en trabajos legislativos con la conducción de la Presidencia de Puntos Constitucionales, que encabeza el Senador don Enrique Burgos, un hombre con sensibilidad, un hombre que conoce el procedimiento y un hombre que genera en la conducción de los esfuerzos condiciones de consenso.

El mismo reconocimiento hacemos para el senador Gracia, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, y que en ese ambiente y en ese ánimo se logró concretar, después de dos años un esfuerzo legislativo que contraerá beneficios absolutos y puntuales para las finanzas públicas de estados y municipios.

Por estas consideraciones, señoras senadoras, señores senadores, pedimos su voto a favor del dictamen con el propósito de generar condiciones de apalancamiento transparentes, eficiente y óptimas en beneficio de los mexicanos que habitan en los estados y en los municipios.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, senador Yunes Zorrilla.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, de acuerdo a lo que establece el artículo 199, numeral uno, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar el posicionamiento de su grupo.

El Senador Manuel Bartlett Díaz:Con su venia, señor Presidente.

Hace un momento me parecía que nadie estaba atento a que si se está reformando la Constitución una vez más; ya como lo hacen por rutina, ya ni se fijan en lo que se dice o en lo que se vota.

Esta reforma constitucional que nos han presentado otra vez aquí, tanto el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como el de Hacienda, el señor senador Yunes, no es más que la repetición de lo mismo que discutimos y se aprobó; sin embargo, les preguntaba yo:¡, y bueno, por qué se vuelve a repetir todo otra vez, es que el glamour de la reforma constitucional exige todo este recordatorio.

Mi fracción votó en contra y los argumentos están ya publicados en los documentos oficiales, en el Diario de los Debates de la Cámara de Senadores. Presento una simple síntesis de lo que alegamos para votar en contra.

Se trata de una Reforma Constitucional que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades crecientes de las entidades federativas que impactan a la hacienda pública local.

Este es un tema principalísimo que nadie toma en cuenta, y esta Cámara, que se supone representa a los estados, termina representando a Peña Nieto nada más.

La concentración de los recursos, de las fuentes de la imposición en el gobierno federal hace del Ejecutivo un poder absoluto desde el punto de vista fiscal; y los estados están siempre en situaciones complicadas, en lugar de pedir una reforma constitucional y movilizarse los gobernadores, que ya parecen lacayos del Presidente, en lugar de buscar una Reforma Fiscal que cree un auténtico federalismo fiscal en el país, se quedan ahí a ver si el Secretario de Hacienda les da algunos favores, para eso tienen que quedar muy bien con el Presidente de la República.

Es uno de los grandes defectos de nuestro sistema constitucional el que el Presidente se haya quedado con todos los recursos y con esos someta a los estados a su voluntad.

Repito, en lugar de que los senadores busquen el fortalecimiento de los estados, lo que tenemos aquí es una mayoría de senadores que lo que hacen es fortalecer al Ejecutivo en contra de los estados.

De los recursos fiscales que se reciben, la Hacienda Pública Nacional en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, aproximadamente el 80 por ciento de ellos se destina a la Federación, el 80 por ciento; y el 20 por ciento a estados y municipios, existe una distribución desigual de recursos que anula al federalismo mexicano.

Es una reforma antifederalista, se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados por las siguientes razones.

El Congreso de la Unión emitirá una ley nacional o general para establecer las bases de endeudamiento de los estados, del Distrito Federal y municipios; esa ley establecerá modalidades, límites y condicionamientos para el endeudamiento local y municipal, es la liquidación financiera de los estados de la República.

El Congreso de la Unión seguirá aprobando el endeudamiento del D.F. en contra de la minuta que propone la reforma política del Distrito Federal, que esperemos algún día salga.

Existirá un registro público para la deuda de los estados, del D.F. y municipios, pero no habrá un registro para la deuda de la Federación, y es lo que están aprobando, sí un registro para estados y municipios, y no un registro para la Federación.

Existe para los estados y municipios la prohibición para contraer deuda, destinada a sufragar el gasto corriente y no existe la prohibición correlativa y expuesta para la Federación, y el gobierno federal, empezando este y los otros anteriores, pero este particularmente, ha desarrollado una creciente y brutal deuda pública para gasto corriente, que ahora en los recortes no elimina.

Entonces va a haber un registro para los estados y los municipios y no para la Federación. ¿A quién representan ustedes, senadores, a quién representan?

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar recursos de los estados y municipios, cuando los recursos provengan de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación.

Los empréstitos federales los aprueba el Congreso de la Unión, por mayoría; mientras que los empréstitos locales, que deben aprobar los congresos locales, con mayoría de dos terceras partes.

¿Aquién representan, señores Senadores?

Se establecen limitaciones para la contratación de deuda de corto plazo, para estados y municipios, y no para la Federación.

Les vuelvo a preguntar, ¿a quién representan, señores Senadores?

Es una reforma que suprime, y esto es muy grave, y hay la van metiendo en esta prostitución de la Constitución de la República, va metiendo conceptos neoliberales para ir destruyendo la Constitución, producto de un pacto social, de una Revolución y de una historia que están en este tipo de votaciones, en el silencio, el autismo, verdad, están modificando principios esenciales de la Constitución de la República.

Es una reforma que suprime el poder del Estado nacional para planear el desarrollo y dirigirlo hacia la preservación y garantía del interés general.

¿No se han dado cuenta de eso? Es un cambio, de un punto esencial de la Constitución de la República, que establece elementos que están quedando todavía, elementos de planificación y de apoyo al desarrollo.

Se sustituye el párrafo segundo del artículo 25 constitucional, por uno nuevo. Que modifica el llamado capítulo económico de la Constitución. Imagínense nada más, están modificando el capítulo, con la cuestión de que hay que cuidar a los estados, que están muy endeudados, están reformando la Constitución, desde el punto de vista ideológico, filosófico, verdad, el párrafo segundo del artículo 25 constitucional, establece uno nuevo, que quita el llamado capítulo de la Constitución.

El precepto propuesto, ahí metido, como siempre, que nadie se dé cuenta. El precepto propuesto responde a la lógica económica neoliberal. En tanto que ahora el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para promover el crecimiento económico y el empleo.

Esos son los principios del Consenso de Washington, copiado aquí, y ustedes ni cuentan se dan, como no les interesa ya.

Por el contrario, la norma vigente indica que el Estado conduce la planeación del desarrollo, para dirigirlo a la satisfacción del interés general. Eso lo quitan.

Lo van a quitar otra vez, ya lo quitaron de manera autista en la anterior votación, que hoy se repite. Exclusivamente porque hubo un acuerdo y esa es toda la historia. Hubo un acuerdo entre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, para reconocerle a la Cámara de Diputados, que ellos tienen el derecho a iniciativa, verdad, y entonces volvemos otra vez a repetir lo mismo.

Por eso les digo que es una fantasía que los presidentes de las comisiones lleguen a echarnos el mismo rollo otra vez, y no dicen de lo que se trata. Se trata de una aceptación a la Cámara de Diputados, verdad, de que ellos son los que tienen la iniciativa. O sea, este juego absurdo, verdad, hay que entonces volverles a decir, la clase de reforma que se aprobó y que se va a aprobar otra vez.

Algunos comentarios mínimos, sobre el endeudamiento.

Miren, con respecto a las participaciones federales, verdad, la deuda total de los estados a marzo de 2014, es de 481 mil millones de pesos, 481 mil millones de pesos.

Con respecto a la participación federal, son solo siete estados que hasta septiembre del 2014, se han endeudado en más del 100 por ciento de las participaciones que van a recibir.

Y son los siguientes:

Coahuila, 251 por ciento de sus participaciones, ya la tiene endeudada.

Quintana Roo, 248 por ciento.

Chihuahua, 245 por ciento.

Nuevo León, 227 por ciento.

Veracruz, 119 por ciento.

Sonora, 119 por ciento.

Nayarit, 111 por ciento.

Con respecto al PIB estatal, también son solo nueve los estados, cuya deuda, con datos de septiembre de 2014, supera el tres por ciento de su PIB estatal, siendo los siguientes casos:

Chihuahua, 9 por ciento.

Quintana Roo, 7.4 por ciento.

Coahuila, 6.6 por ciento.

Nayarit, 5.9 por ciento.

Nuevo León, 4.9 por ciento.

Veracruz, 4.7 por ciento.

Sonora, 4.3 por ciento.

Zacatecas, 3.6 por ciento.

Oaxaca, 3.2 por ciento.

Un comentario a estos números. Miren, la crisis del endeudamiento de los estados, que está provocando esto, no es generalizada. El endeudamiento de los estados no es generalizado, independientemente de que algunos sinvergüenzas, corruptos, etcétera, que compran en Estados Unidos propiedades y que seguramente están en HSBC, en este descubrimiento de los dineros ocultos, verdad, son apenas un segmento muy claramente identificado, que se han endeudado con mucha cuantía; pero que además deberían destinar, en una proporción, sus ingresos propios, tales como las participaciones, otros ingresos locales, para pagar el endeudamiento destacado, destacando los casos de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Sonora y Nayarit.

En consecuencia, verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo por siete estados? Estamos reformando la Constitución.

Dándole facultades a la Federación para intervenir en la política económica y en la planeación de los estados.

Plazos. Hasta 2007,las entidades federativas contrataban deuda a un plazo promedio de 10 años. A partir de 2008 empezaron a incrementarse sustancialmente los plazos, a más de 20 años.

Tasa promedio. Que hay que ver todo. De 2001 a 2008, las tasas de interés promedio de la deuda contratada llegaron a estar a nueve por ciento.

A partir de 2009, se empezó a contratar a más largo plazo y se fue bajando las tasas a un interés alrededor del seis anual.

Destaca el hecho de que manera consistente desde el 2001 hasta el 14, los estados que han contratado deuda a la tasa más alta, por arriba del promedio general, han sido, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, estado de México, Quintana Roo y Veracruz.

Pero otra cosa que es interesante y lo comento, ya para terminar.

¿Quiénes son los bancos que han prestado a los estados?¿Quién son los bancos?

Miren ustedes, quiénes tienen ese súper negocio, de ese exceso de siete estados.

Banorte, ese es el mayor acreedor de los estados y municipios, aportando, segun datos del 2013, un total de 78 mil 451 millones de pesos. Banorte, verdad, con la garantía de las propiedades del Estado y de todo lo que significa prestarle al Estado.

Banco Bancomer se posesionó como el segundo lugar, con 58 mil 180 millones de pesos.

Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rohn, cuya cartera pasó en 2013 de 40 mil 599 millones de pesos, a cerca de 70 mil millones para noviembre de 2014. De 40 mil a 70 mil.

Señala el párrafo pasado, el 6 de noviembre, que en los últimos diez años ha incrementado 17 veces la cartera de crédito para estados y municipios. Gran negocio.

De acuerdo con los presupuestos de ingresos de las entidades, la Banca recibió solo por el pago de intereses, por parte de los gobiernos estatales, 25 mil 787.9 millones de pesos, en el 2014. Esto representa 3.7 por ciento más respecto a lo reportado en el 2013, cuando fueron 24 mil millones.

Es, a final de cuentas, todo este galimatías, siete estados, verdad. En lugar de poner orden, verdad, en lugar de ver el negocio que significa para estos tres bancos, que me recuerdan…

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Termino, termino, ya es el último comentario.

Les recuerdo que Hank Rohn, y todos estos están también señalados en los fondos secretos del Banco HSBC, ahí está. Y además, no se les olvide que también tienen el Banorte con este negocio fantástico de la deuda de los estados.

Por cierto, no se les olvide que la relación que existe entre estos dos bancos, Hank Rhon y Peña Nieto, es muy, muy íntima y muy conveniente para ganar estas enormes sumas de dinero que se debieran resolver de otra manera, atacando la corrupción, que no se ataca; los intereses que representan, nada de eso ocurre; vamos a reformar la Constitución y qué les parece si de paso quitamos principios esenciales y la hacemos más neoliberal sin que nadie se dé cuenta.

Muchas gracias señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El Senador Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente. A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, vengo a hablar a favor de esta minuta.

Nos unimos, desde luego, al reconocimiento al que fuimos invitados hace un momento por el Presidente de la Comisión de Hacienda, reconocimiento a las Comisiones Dictaminadoras, a la de Puntos Constitucionales, desde luego a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Con el presente dictamen se refleja un trabajo extenso de análisis y discusión por parte de las diversas fuerzas políticas en el que teníamos en común la de normar el endeudamiento de las entidades federativas y municipios.

Como ya dije, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen, y nos sumamos al exhorto que han hecho otros de los compañeros en esta tribuna para que ustedes y todos los grupos parlamentarios se sumen a votar a favor del mismo.

Con esta Reforma Constitucional daremos un gran avance en materia de regulación y estabilidad de las finanzas y del sistema financiero en la que se busca que el estado mexicano cuente con las mejores condiciones de crecimiento y de empleo.

Se faculta al Congreso a la unión para legislar en materia de deuda pública, así como las bases por las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación a favor de las entidades federativas bajo las modalidades y reservas de ley.

Y que para llevar a cabo operaciones de financiamiento público se deberán establecer las mejores condiciones de mercado, contaremos con una Comisión Bicameral, como ya se mencionó, misma que será una instancia de control del Poder Legislativo de la cual obtuvimos los consensos necesarios para que ambas cámaras se encontraran inmersas en este tema de importancia nacional.

El Congreso de la Unión expedirá leyes generales en donde estarán las bases para que los estados y el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento donde se fijarán los límites y modalidades.

Se crea un registro público único donde los deudores deberán inscribir y publicitar la totalidad de sus empréstitos, así como las obligaciones de pago, reflejando un avance en materia de transparencia, además se establece un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública.

En las reformas se muestran a elementos de responsabilidad financiera respecto de la contratación de deuda pública por parte de los estados y municipios, se otorga la base constitucional federal para otorgar garantías estatales para créditos contraídos por los municipios.

Asimismo, se prohíbe la contratación de deuda pública para el pago de gasto corriente.

Se trata de una importante reforma que atiende un problema de fondo, me refiero a un incentivo perverso que tienen frente a sí gobernadores y alcaldes para contratar deuda que no tienen la certeza de cómo se podrá pagar, con excepción de la certeza de que ahí estarán las participaciones federales a estados y municipios.

Se trata entonces de corregir un problema que termina por afectar el bienestar de los habitantes de cada estado y cada municipio, sobre todo de aquellos donde no ha habido resistencia o control a los impulsos por contratar más deuda.

Por ello, para el Partido Verde votar en contra de esta minuta es estar en contra de corregir los problemas que afectan el bienestar de los mexicanos; es estar a favor de que se mantenga vigente el incentivo perverso al que me referí.

Compañeros Senadores: lo que estamos a punto de votar es el refrendo de un tema que ha sido discutido y analizado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, donde se recogen las propuestas de los legisladores como un tema que ayudará al mejor desarrollo y control en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Flores.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

El dictamen que hoy discutimos, como lo ha señalado bien el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha seguido un periplo legislativo muy sui generis en el proceso parlamentario.

Cinco turnos sucesivos tuvo un dictamen que aprobamos aquí en el Senado de la República, en abril del 2013, y cuando fue enviado a la Cámara Revisora, a la Cámara de los Diputados, los Diputados que tomaron la minuta que enviamos y la tiraron al bote de la basura, aludiendo que el establecimiento de una comisión bicameral para hacer el seguimiento del endeudamiento de estados y municipios sea una competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

Hay que reconocer que efectivamente los temas en cuanto a presupuesto de egresos, auditoría del ejercicio de los recursos y seguimiento de la cuenta pública es una facultad exclusiva de la Cámara de los Diputados.

Sin embargo, el tema de ingresos es una competencia concurrente, y por eso nosotros planeamos la necesidad, ante los escándalos inminentes que se presentaron en el año 2011 y 2013 por el mal manejo de la deuda pública, una iniciativa para establecer estos acuerdos.

Finalmente, la Cámara de Diputados retomó esta iniciativa eliminando no solamente la comisión bicameral, sino renunció inclusive a su facultad para hacer la fiscalización del ejercicio de los recursos en los estados y municipios, motivo por el cual cuando llegó la minuta aquí al Senado de la República se las volvimos a regresar, y como no hubo acuerdo y no se podía hacer una tercera modificación, volvieron a presentar una iniciativa en los mismos términos que la aprobamos nosotros en abril del 2013.

La verdad es que éste es un caso para la araña, para los anales de la historia parlamentaria, en donde el contrapeso que debe existir entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora se convirtió en un proceso de negociación, que desde mi punto de vista no refleja un hecho aislado ni fortuito, porque no es el único caso en el que hemos entrado en contradicción y en diferendo con la Cámara de Diputados, y hemos tenido diferencias con una especie de veto legislativo, primero en lo de responsabilidad hacendaria de estados y municipios; posteriormente lo tuvimos con la Reforma Constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas que se tardaron más de un año en dictaminar en Cámara de Diputados, y lo tenemos actualmente con la Reforma Constitucional que el Senado aprobó en materia de anticorrupción, que a la fecha no ha dictaminado la Cámara de Diputados.

Es decir, información sobre deuda, los temas de transparencia, la lucha anticorrupción que son los elementos fundamentales de la construcción del andamiaje legislativo para la rendición de cuentas, para eliminar la opacidad, enfrentar la corrupción y acabar con la impunidad, son los hechos, o sea, son los asuntos que lamentablemente han frenado el trabajo legislativo.

Pero qué bueno que finalmente en este caso estamos llegando a un acuerdo, aunque todavía falta camino por recorrer, porque no podemos entender esta reforma si no analizamos el conjunto de la reforma que en materia de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento del gasto, combate a la corrupción, se deben realizar en las próximas semanas en el Congreso.

Comparto lo que ha señalado el Senador Manuel Bartlett, respecto a la necesidad de fortalecer al Federalismo, sin lugar a dudas, en ese ámbito tenemos plena coincidencia, aunque con algunos matices, ya que por ejemplo, el dotar de mayores facultades al Congreso de la Unión, para fiscalizar el ejercicio de la deuda en los estados y municipios, yo en lo personal, no entiendo como un acto de injerencia en la vida de los estados, sino el fortalecimiento de la labor de fiscalización que debe de realizar el Congreso en cuanto al ejercicio de los recursos públicos, y en el caso del Senado, como representantes del Pacto Federal, también enfrentar el caciquismo, el abuso y la profunda corrupción en la que han incurrido varios gobernadores de las entidades federativas.

Y efectivamente, la Secretaría de Hacienda tendrá mayor injerencia en la definición del endeudamiento de los estados, pero los estados tendrán un beneficio indirecto, que al otorgar la garantía la Secretaría de Hacienda, la calificación de su deuda será mejor y podrán constatar en mejores condiciones de tiempo y con tasas de interés más bajo.

Yo creo que ese es el tema a destacar, particularmente por el fenómeno que vivimos en los últimos 10 años, porque entre el año 2004 y el 2014, de acuerdo a la información de la propia Secretaría de Hacienda, se cuadruplicó el endeudamiento de los estados y municipios al pasar de 135 mil millones de pesos a 510 mil millones de pesos.

Es decir, poco más de medio billón de pesos que no impactaron ni en inversión productiva, ni en generación de empleos, mucho menos en el desarrollo regional en estos estados.

Por eso es importante que vayamos conociendo con detalle el endeudamiento de cada entidad, y también al cierre del 2014, hay que señalar, que en función del monto de endeudamiento, tres son las entidades más endeudadas: el Distrito Federal, con 66 mil 800 millones de pesos; Nuevo León, con 61 mil 180 mil millones de pesos; y Chihuahua, con 41 mil 894 millones de pesos.

Lo cual en esos casos no es tan grave por la capacidad económica que tienen estas entidades, porque el problema no es el monto del endeudamiento, sino la capacidad de soportar en función de no solamente los ingresos locales, sino el Producto Interno Bruto que se genera en cada entidad, y si hacemos ese análisis cambia sustancialmente la composición de la deuda, vamos a encontrar cómo los estados más endeudados en el país, en función de la proporción del Producto Interno Bruto Estatal, son Chihuahua, Quintana Roo y Chiapas, que representan, en el caso de Chihuahua, el 9.2 por ciento de su producto, en el caso de Quintana Roo el 8.6 y en el caso de Chiapas el 6.8 por ciento.

Por eso es bueno ir conociendo con mayor detalle esa información, particularmente si aquí tenemos mala memoria con los excesos desmedidos en los que han incurrido gobernadores y alcaldes.

Voy a poner cuatro ejemplos: El primero es el caso, evidentemente, del Estado de Coahuila, en el año 2011, con el gobernador Humberto Moreira, quien contrató con documentación falsa y sin aprobación del Congreso un pasivo estatal por 36 mil 676 millones de pesos, de los cuales sólo el 15 por ciento fue destinado para infraestructura, y reservó el acceso a esta información hasta el año 2019, en la información de una deuda que aumentó durante su gestión en 19 mil 270 por ciento.

Y eso ha sucedido en otras entidades.

El caso de Tabasco, denunciado por el actual gobernador Arturo Núñez, quién hizo público un desfalcó en la Hacienda Pública Local por 27 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 900 millones de pesos provenían de programas federales, 17 mil 700 venían de deuda pública, sin ningún sustento de carácter documental que llevó no solamente a 2 mil 300 millones de adeudos con proveedores, sino a 5 mil millones de pesos de déficit presupuestario.

O el caso del déficit de Zacatecas, segundo lugar en crecimiento de deuda pública, en donde en los últimos años la deuda pasó de 477 millones de pesos al cierre del 2009 a más de 8 mil 250 millones de pesos al cierre de 2012.

Ahí en Zacatecas, la tasa de crecimiento de la deuda entre 2009 y 2012 fue de mil 630 por ciento, estos asuntos, aunque no sea la mayoría, la totalidad de los estados y municipios, deben de fiscalizarse, deben sancionarse.

Y el último, te pongo, es el caso del municipio de Acapulco, Guerrero donde la cola de datos del Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico de ese municipio durante la gestión del actual Diputado Manuel Añorve, la deuda pasó de 396 millones de pesos a mil 561 millones de pesos que no se acreditaron ni en la infraestructura, ni en la promoción turística del estado.

Por eso es importante asumir esto como un reto en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de acabar con la opacidad y al mismo tiempo combatir la corrupción y garantizar que no se desvíe para gasto corriente, gasto de operación o campañas electorales, recursos que deben establecerse estrictamente para inversión productiva.

Ese tema lo vamos a discutir también ahora en la Ley de Transparencia, tanto en la general que compete a estados y municipios, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, para que la Secretaría de Hacienda no nos dé estas respuestas, como en marzo del 2013 se le hizo la solicitud de la información respecto a la deuda efectiva en el estado de Coahuila, donde la Subsecretaría de Ingresos da respuesta de que no compete esa unidad a la información y que se le recomienda al solicitante que vaya a la entidad federativa en donde esta información se encuentra, ya que está fuera del alcance de la Secretaría de Hacienda; o la segunda respuesta, también por la propia Subsecretaría de Hacienda, en donde pues lo único que hace es remitir a la página de Internet y a cobrarle 50 centavos por cada copia simple, de lo que pudiera bajarse de la página de Internet, al solicitante de la información.

Insisto, este tema, y espero que sea un compromiso de este Pleno, no puede verse de manera aislada, y esperamos que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se establezcan como responsabilidades, como las mínimas obligaciones para el gobierno el gobierno federal y los estados y municipios, éstos deben entregar toda la información relativa a la deuda pública contraída que al menos deba contener el nombre del acreedor, el objeto, el monto, los plazos, las tasas de interés y las garantías otorgadas.

Deben informar todo lo relativo a la operación constitutiva de un pasivo directo e indirecto.

Debe de señalar con claridad la deuda con proveedores, la deuda que se disfraza a través de los contratos de asociaciones, públicas y privada, de un tema central: la deuda en materia de pensiones y jubilaciones, que es uno de los grandes hoyos negros de la transparencia en donde siguen vigente la opacidad en el manejo de los recursos.

Yo creo que es un avance esta reforma, pero falta muchísimo en la conformación del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional en la Lucha contra la Corrupción.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a hablar a favor de este dictamen.

Para el grupo parlamentario del PAN en este Senado, desde el inicio de la legislatura fue una prioridad, ellos nos llevó a ser los primeros en presentar una propuesta de iniciativa que pudiera llevar a regular las finanzas, el endeudamiento de los estados y de los municipios.

La preocupación que teníamos, y que tenemos en este momento, es el incremento que se había venido dando, de manera muy rápida, pero además, de manera sin control en las finanzas de los estados y los municipios.

La deuda que se triplicó en los últimos años, que pasó, en el 2007, de tener una deuda de 186 mil 470 millones de pesos a 509 mil 690 millones de pesos al cierre del 2014, según los datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los gobiernos locales se añadieron 19 mil 812 millones de pesos a sus pasivos, en tan sólo los últimos 3 meses del año pasado.

Al cierre del 2014, el Distrito Federal ocupó nuevamente el primer lugar con la deuda más elevada del país.

Nuevo León registró pasivos por 61 mil 179 millones; mientras que Chihuahua cerró el año con 41 mil 894 millones de pesos.

Y podemos hablar de Veracruz, de Coahuila, del Estado de México, de Jalisco, de Quintana Roo y de varios municipios.

Sin duda que esta ha sido una preocupación, y que mientras se daba el debate, la discusión parlamentaria de este dictamen, seguía el endeudamiento en los estados y los municipios.

Por eso, para Acción Nacional es prioridad cerrar y terminar esta discusión el día de hoy para poder arrancar el proceso en los estados; para que las entidades, en su función de constituyente permanente, puedan también hacer lo propio y aprobar este dictamen.

Las razones por las que estamos a favor son las siguientes:

Primero. Porque esta minuta, este dictamen prevé que los 3 órdenes de gobierno velarán por el cuidado de la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

Segundo. Se establecen reglas claras respecto de la deuda pública, y el Congreso de la Unión dará las bases generales para regular la deuda pública en todo el país. Con ello, todas las obligaciones de pago con independencia de cómo se denominen, quedarán armonizadas, homologadas y transparentes.

Tercero. Se obligará a los estados y municipios a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones en un registro público único, como ya se ha dicho.

Cuarto. El Congreso de la Unión podrá emitir observaciones al gobierno federal cuando algún estado, con un nivel elevado de deuda, pretenda obtener la garantía federal para la contratación de empréstitos públicos.

Quinto. Se da dientes, como se dice coloquialmente, a la Auditoría Superior de la Federación para revisar las deudas públicas que usen como garantía recursos federales, pero también se conceden atribuciones y nuevas facultades a las entidades de fiscalización de los estados para poder revisar las acciones de los estados y de los municipios en materia de fondos y de recursos federales, locales y de deuda pública.

Sexto. Se especifica la responsabilidad de los servidores públicos que hagan un uso indebido de los recursos que se contrataron con la deuda pública.

Séptimo. Contempla diversos elementos de responsabilidad financiera en la contratación de la deuda pública por los estados y los municipios.

Octavo. Pone reglas más duras y permite un análisis más serio de la deuda pública.

De aprobarse esta reforma, se requerirá del voto de las dos terceras partes en los estados, como ya también se ha comentado.

Además, los estados y municipios, para contratar obligaciones de corto plazo, se sujetarán a las reglas que emitirá el Congreso de la Unión y tendrán que liquidar dichas obligaciones a más tardar 3 meses antes del término del periodo del gobierno correspondiente a fin de no heredarlas al siguiente gobierno.

Noveno. La deuda pública deberá ser licitada. En nuestro país se está obligado a licitar papel, pero no a licitar los miles de millones de pesos de contratación de deuda pública.

También encontramos que, actualmente, se contratan deudas inexplicablemente a tasas mayores a las que el mercado ofrece.

Con este dictamen obligaremos a contratar a las mejores condiciones del mercado y a licitar la deuda para que salga más barato a las finanzas públicas.

Estas son las razones por las que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está a favor de este dictamen.

Las razones son también, porque para Acción Nacional fue una prioridad poner un límite a la desmedida ambición y al uso indebido de los recursos públicos por parte de algunos gobernantes en algunas entidades federativas.

Quisiéramos también, desde aquí, dar un reconocimiento al trabajo que en su momento hizo nuestro compañero Carlos Mendoza Davis, promotor de esta propuesta, y que trabajó mucho porque se llegara a buen término, y que hoy no está con nosotros, porque está en otra actividad que está requiriendo de su tiempo, y le deseamos desde aquí mucha suerte y nuestro reconocimiento por el trabajo que dio.

Por eso venimos a presentar a favor de este dictamen, por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, nuestra petición para que podamos sacar lo más pronto posible esta propuesta.

Sin duda que también para el PAN es una preocupación el tema del federalismo y sin duda que es tema de un debate que habremos de dar, porque finalmente a todos nos ocupa y nos preocupa en este Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias, y estamos a favor de este dictamen y pedimos que hagamos lo propio en nuestras entidades, que desde nuestro papel de Senadores podamos platicar con nuestros compañeros en los congresos locales, y que en el respeto de su soberanía les demos a conocer las bondades y los beneficios de este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos).

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Torres Graciano.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III de nuestro Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito las y los siguientes oradores:

Senador David Monreal Ávila, en contra; Senadora Mónica Arriola Gordillo, en pro; Senador Mario Delgado Carrillo, en contra; Senador Armando Ríos Piter, en pro; Senador Benjamín Robles Montoya, en pro; Senadora Dolores Padierna Luna, en pro; y Senador Hermosillo, a favor.

Se cierra la lista de oradores.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

En virtud de que no se encuentra en el salón, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mónica Arriola Gordillo, que no se encuentra. Vamos a terminar temprano.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeros y compañeras:

He estado escuchando los argumentos que se han dado aquí para aprobar estas modificaciones.

Pero me parece que no se ha leído bien lo que se está proponiendo, porque lejos de representar una solución para el tema de endeudamiento de las entidades federativas, estamos abriendo la puerta a un mayor endeudamiento, y se están legalizando a nivel constitucional todos los abusos y malas prácticas que se han presentado en estados y municipios.

En muchas ocasiones hemos sido testigos de que una ley aprobada con las mejores intenciones, en su aplicación terminan generando situaciones no deseables o contrarias al fin que se perseguía.

Dejemos claro que en esta ocasión no es así. Lo que hoy se aprueba son bases constitucionales para que nuestro país entre en un capítulo más de endeudamiento excesivo y el respectivo empobrecimiento de las siguientes generaciones.

Que nadie se llame a la sorpresa, es una reforma muy desafortunada para la economía mexicana y extremadamente peligrosa en el contexto actual, donde tenemos un gobierno urgido de recursos públicos y con una propensión al endeudamiento, pocas veces vista.

En estos apenas dos años ha crecido la deuda en 30%, 6 puntos del PIB, y aún con esa tendencia esta reforma le abre posibilidades de mayor endeudamiento al gobierno Federal. Pero además, lo que es más grave aún, se trata de la politización absoluta de decisiones económico financieras fundamentales de las entidades federativas en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la anulación de facto de la autonomía financiera de los estados y municipios y el encumbramiento de una mega Secretaría de Hacienda con un control político insospechado.

¿Cuánta deuda, señor gobernador? La que usted diga, señor Secretario.

Déjeme ponerles un ejemplo de lo que va a pasar en todo el país. He puesto varios ejemplos de lo que me pasó a mí como Secretario de Finanzas al enfrentar un modelo donde la decisión de endeudamiento es una variable política y no financiera.

Como ustedes saben, la deuda de la ciudad la aprueba el Congreso de la Unión. Y todos los años es un chantaje permanente de cuánta deuda se va a aprobar.

Estas son las memorias de Cuauhtémoc Cárdenas. En uno de los capítulos donde habla a su paso por el gobierno de la ciudad, permítanme leerles un pasaje.

El 30 de diciembre, pasadas las 8 de la noche, recibí una llamada de Francisco Labastida, Secretario de Gobernación. Hablaba por indicaciones del Presidente para decirme que no avanzaba el Congreso en la aprobación del monto de endeudamiento solicitado por el gobierno del Distrito Federal, que en esa situación se había hecho un acuerdo con un partido, no quiso mencionar al PAN, que bien sabíamos los dos de cuál se trataba, para aprobar una cantidad mucho menor a la solicitada.

Elevar esa cantidad dependía de que se hablara con ese partido para llegar a un acuerdo político. Le respondí, dice Cuauhtémoc Cárdenas, que el gobierno del Distrito Federal requería de esos recursos para sus programas de obras públicas y no tenía nada que ofrecer a cambio de que se los aprobara el Congreso con el voto, entre otros, de los Diputados de Acción Nacional, y le pregunté cuál sería su propuesta.

Me contestó que se llegara a un acuerdo político para que Andrés Manuel, Presidente del PRD, no hablara como hablaba del Presidente, sobre todo por el asunto del FOBAPROA; y que Porfirio, coordinador de los Diputados del PRD, hablara con más respeto de los Diputados de otros partidos, lo que evidentemente nada tenía que ver con las finanzas de la ciudad.

Una hora más tarde volvió a comunicarse conmigo. Me dijo que había hecho los sondeos y no era posible cambiar las decisiones. Que podríamos conversar en enero y ver si en un periodo extraordinario del Congreso pudiera replantearse la cuestión, pero que antes había que construir un clima de entendimiento y de buenas relaciones.

Dice Cuauhtémoc Cárdenas, la realidad fue que en esa decisión, perjudicial para la ciudad, la tomó la mayoría para restar posibilidades de trabajo al gobierno del Distrito Federal en la atención a sus problemas y como represalia al PRD por no avenirse a respaldar las políticas entreguistas y contrarias al interés nacional del gobierno federal, como era la transformación de deuda privada en pública en el caso FOBAPROA y el comprometer el ingreso petrolero para respaldar el crédito impuesto por el gobierno norteamericano al de México para enfrentar el error de diciembre.

¿Qué ejemplifica esto? ¿Qué pasa cuando una decisión económica financiera se convierte en una decisión política? Ese es el modelo que están a punto de aprobar para todo el país. Que el Secretario de Hacienda decida cuándo da garantías a un endeudamiento de una entidad.

Y aquí lo lamentable es que el debate en el Congreso se fue con la finta. Pensaron que lo fundamental era discutir quién intervenía en ese proceso, si los Diputados o los Senadores. ¿Cómo se respetaba más al federalismo? Error, ese no era el debate, porque no sé si han leído bien, pero en lo que va a participar la famosa Comisión Bicameral no es en el seguimiento y fiscalización de la deuda, es en el programa de ajuste a las finanzas, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar las entidades con el gobierno federal para obtener las garantías.

A ver, ajuste aquí y en China son más impuestos o menor gasto, eso es lo que va a monitorear el Congreso, no el ejercicio de la deuda, por favor, que se lea bien el artículo 73.

Bueno, ¿había otra opción? Claro que había otra opción. ¿Qué tendríamos que hacer?

Un modelo de endeudamiento que generara los incentivos para qué, para que se fortalecieran las finanzas de los estados y municipios, es decir, que la salud de las finanzas públicas de este país se construyera de abajo hacia arriba, desde los municipios, pasando a los estados y llegando a la federación.

No basta que nuestro país en sus grandes variables macroeconómicas tenga salud financiera si sabemos la crisis en la que están los estados y municipios. Hay ejemplos en el mundo de cómo las deudas subnacionales pueden detonar una crisis nacional. Habría que construir un modelo con los incentivos adecuados para provocar el fortalecimiento de los ingresos estatales y municipales, una mayor eficiencia y transparencia en el gasto público, y la elaboración de proyectos de infraestructura que compitan por el financiamiento en un mercado local de crédito, eso era una solución de mercado y con controles adecuados.

La nueva definición del crédito de la nación es un gran despropósito que no le puede caer mejor en estos momentos al gobierno federal. Si el artículo 73 fue la gran camisa de fuerza para los presidentes, hoy se está convirtiendo en una camisa a la medida, perfectamente ajustable, flexible, a los deseos del gobierno en turno. Se amplía el menú de posibilidades.

¿Qué pueden hacer? Pueden otorgar garantías en favor del crédito de la nación. Es decir, se dan garantías, pueden hacer, pueden endeudarse para refinanciar o reestructurar la deuda.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador, le pido que se encamine a concluir su intervención.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Señor Presidente, ha tenido tolerancia con los demás legisladores, no sé cuál es el problema, si le molesta mi participación.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Son cinco minutos y llevamos diez minutos.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Le pido dos minutos.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Encamine su intervención a concluirla, por favor.

El Senador Mario Delgado Carrillo: ¿Cómo que ha concluido?

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: No. Encamine su intervención a concluir.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Yo sé que es molesto lo que estoy diciendo, señor Presidente, pero ese importante que quede testimonio.

Bueno, el menú de posibilidades, ahora nada mal.

Puede el gobierno federal otorgar garantías, cosa que no estaba en la Constitución.

Puede ahora refinanciar y reestructurar y tomar deuda en estas operaciones, cosa que no estaba en la Constitución y obligaba a que todos los refinanciamientos y reestructuras costaran menos para no endeudarse.

Y ahora se va a poder tomar deuda, aunque ya no vaya destinada a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

En lo que toca al artículo 117, que es el caso de las entidades federativas. A ver, yo no sé cómo están leyendo este artículo, pero es exactamente lo contrario a lo que se ha dicho aquí en tribuna.

Hay un mal diagnóstico.

¿Por qué se cometieron esos excesos en los estados?

Por la falta de transparencia, porque a la fecha los contratos no son públicos.

Y este 15 por ciento que ha crecido la deuda de los estados, en estos dos años, es con la complicidad de la Secretaría de Hacienda que no hace público los contratos que tienen las instituciones financieras con las entidades federativas.

Y eso es una decisión, no se necesita reformar la Constitución para que eso ocurra.

¿Que se va a eliminar el endeudamiento de corto plazo? Falso.

¿Que se va a eliminar el endeudamiento de proveedores? Es absolutamente falso.

Se está legalizando a nivel constitucional el endeudamiento de corto plazo y se pone la ilusión de que: “¡Ah! este deberá pagarse tres meses antes de que concluya el gobierno”.

Pues esa medida verdaderamente es ridícula, puede ser brincada muy fácilmente.

También decían que se va a acabar la deuda culto del sistema de pensiones. Falso.

Se está abriendo la posibilidad de que fideicomisos de las entidades federativas puedan tomar deuda.

Y, ¿cómo se hace la deuda en los sistemas de pensiones? Precisamente en fideicomisos.

Que ahí vamos a ver de aquí en adelante que van a sacar del clóset sus fideicomisos y los van a convertir en deuda estatal.

¿Qué vamos a ver de aquí en adelante?

Que ya hay base constitucional para que todos los endeudamientos de corto plazo se registren como tales.

De verdad, ¿con esto vamos a corregir los excesos que se han cometido?

Me parece que vamos en sentido contrario.

Creo que había otra solución, creo que debimos haber puesto los incentivos adecuados a que esto se corrigiera y a que tuviéramos una solución federalista, pero además a favor de las finanzas nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Delgado.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en pro.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Este debate lleva mucho tiempo y algunas cosas ya están corregidas en la ley.

Lo primero que tenemos que recordar es que con motivo de la crisis del 2008-2009, la deuda de las entidades federativas y los municipios se incrementó en forma muy importante. En el 2008, era de 203 mil millones, y en 2014 aumento a 510 mil millones de pesos.

Este importante crecimiento implicó el 1.72 por ciento que representaba el PIB en 2008, pasara a 3.11 por ciento del PIB en 2014.

Pero cabe señalar que en 2014, fue un poco menor que en el del 2013, lo que indica que el crecimiento de la deuda se ha venido moderando como proporción del PIB.

La mayor parte de la deuda de los estados está garantizada por las participaciones federales que reciben de la Federación, y este es el problema principal, por lo que la proporción que representa las participaciones federales es muy relevante.

En 2008 representaba el 50.7 por ciento, y llegó en 2013 al 90.7 por ciento de las participaciones federales.

En 2014 disminuyó un poquito y se ubicó en 87.2 por ciento.

A nivel de entidad federativa, existen diferencias muy importantes.

Pongo datos al cierre del 2014.

En 2014, la entidad más endeudada en valores absolutos fue el Distrito Federal con cerca de 67 mil millones de pesos, el 13 por ciento del total de la deuda de todos los estados.

Sin embargo, como proporción del PIB fue de los estados más bajos, el 5.2 por ciento, cifra muy inferior a estados más chiquitos.

Por ejemplo, Durango que tiene 5.9 por ciento.

Veracruz, 6.5 por ciento.

Michoacán, 6.8 por ciento.

San Luis Potosí, 8.6 por ciento.

Zacatecas, 9.2 por ciento, entre otros.

Pero la deuda del Distrito Federal, como proporción de sus participaciones, es del 105 por ciento. Aun siendo enorme, es menor a la de otros estados más chiquitos que además viven sólo de participaciones federales, a diferencia del Distrito Federal que tiene 56 por ciento de ingresos propios.

Pero decía yo la deuda del Distrito Federal como proporción de participaciones federales es de 105 por ciento, pero es menor a Nayarit, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Colima, Chiapas, Quintana Roo, etcétera, que rebasa el 277 por ciento como proporción de las participaciones federales.

Y debemos poner un alto a esta dinámica de comprometer las participaciones federales, ya que el único presupuesto de la mayoría de las entidades es justamente las participaciones federales. Y esta ley corrige ese problema.

Era mi pedido que de una vez por todas se prohibiera en la ley el uso de las participaciones como garantía para contratación de deuda.

Y en efecto, como lo decía aquí el Senador Bartlett, el tema de poner como garantía las participaciones federales para endeudar a las entidades, fue un gran negocio a la luz de la crisis del 2008-2009, que organizó PROTEGO, el otrora PROTEGO, para hacer un gran negocio que benefició a unos pocos, con cantidades gigantescas de recursos públicos en detrimento de la población que habita en los estados de la federación.

Varios estados estamos haciendo el análisis uno por uno, no tienen presupuesto; no hay presupuesto, se lo llevó este contrato de participaciones federales.

Esta ley corrige la dinámica de corrupción.

Por eso yo estoy a favor de la ley, porque por fin vemos candados que impiden que esta dinámica pueda continuar.

Insistimos, el problema de la deuda de las entidades federativas no es tanto su monto o la proporción que representa del PIB, ya que es relativamente baja si se compara con el sector público federal, que rebasa ya el 40 por ciento del Producto Interno Bruto la deuda del gobierno federal, sino el problema es el costo que dicha deuda tiene y que merma la ya de por sí débil situación financiera de los estados de nuestro país.

Por ello, el indicador más relevante para calificar el nivel de endeudamiento es la proporción que representa el pago anual de la deuda de las participaciones que reciben de la Federación, ya que esto significa que los recursos que tienen para destinar anualmente al pago de sus obligaciones es al mismo tiempo la única disponibilidad que tienen para financiar su gasto.

Por ello debe hacerse un cálculo de dicho pago anual, con base en el monto de la deuda, el plazo y la tasa de interés promedio que está contratada.

Esto lo tendrá que hacer la Secretaría.

Digo otros datos rápido.

Hay cuatro entidades que destinan más del 20 por ciento de sus participaciones al pago de la deuda: Quintana Roo, 28 por ciento; Coahuila, 24.5 por ciento; Nuevo León, 21.9 por ciento; y Chihuahua, 21.7 por ciento.

Tres entidades federativas: Zacatecas, Baja California y Veracruz, pagan más del 10 por ciento de sus participaciones. El resto de las entidades pagan menos del 10 por ciento.

Sólo para fines comparativos, es conveniente señalar que el gobierno federal destinará casi diez por ciento del presupuesto al pago de los intereses de la deuda en 2015, más que 21 entidades federativas, aparte de la merma que representa el pago de la deuda, existe una total falta de transparencia en lo relativo al uso que se le ha venido dando a los recursos de deuda, lo que reviste una importancia superlativa.

La Ley General de Deuda establece que solo se puede usar deuda para fines de inversión, para proyectos que generen recursos para su propio pago, eso lo dice la Ley General de Deuda, y esta ley que estamos aprobando contiene estos preceptos, y además de la Ley General de Deuda, esta que está enfocada a las entidades, contiene el requisito que ni un punto puede usarse para gasto corriente, todo tiene que utilizarse para gasto de inversión.

Y si ustedes revisan la Ley de Ingresos de la Federación de 2015, que se aprobó, pero todas las leyes de ingresos desde el 97 a la fecha, traen un artículo 3 donde vienen todos los requisitos que le ponen a la deuda del Distrito Federal a fin de que este Congreso le autorice deuda al gobierno del Distrito Federal, y ponen como 30 requisitos, muchos requisitos, por eso el Distrito Federal es la única entidad que destina el cien por ciento de su deuda sólo y exclusivamente a proyectos de inversión y a proyectos que generan ganancias para el propio pago de esta deuda.

No así los otros estados, ahora esta ley exige estos mismos requisitos para todas las entidades. A mí me parece que es una regulación que a la vista del tiempo, antes no se enojaba, como ha enojado al Senador Mario Delgado, que tiene mucha razón en parte de lo que dice, les molestaba ser discriminados por el Congreso, pero a la distancia vemos que ha habido orden, mayor transparencia, mayor control, a diferencia de otras entidades que ha habido gasto indiscriminado en gasto corriente y en otras cosas, que ya no quiero describir.

Pero esta ley corrige estos gravísimos problemas que venían pasando, ciertamente no en todas las entidades, pero sí en las más importantes. Entonces hay que votar a favor porque el problema principal que se venía atravesando desde el 2008, 2009, queda corregido.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Yo quisiera que la mitad, cuando menos de los buenos deseos y de la buena intención de esta disciplina financiera para las entidades federativas y municipios, se lograra y se cumpliera, porque en efecto tiene una serie de acciones y medidas que vendrán a regular, pero no se está atendiendo el verdadero problema de fondo, lo que origina la ejecución de la deuda, el objeto de la deuda, no se está atendiendo tampoco ni sanción ni castigo de lo que ha venido sucediendo en todo ese historial de endeudamiento de diferentes estados de la República y de municipios, porque es evidente que en cada uno de estos estados hubo desviación de recursos, mal manejo, corrupción, negligencia, hubo muchas cosas.

No es posible que haya estados de la República que han incrementado hasta en 19 mil por ciento el endeudamiento de su entidad, vaya irresponsabilidad, hay estados hasta en mil 630, porque hoy no cumplió y seguramente habría que ver y revisar a cada una de estas entidades federativas, pero convencido de que no cumplió con el propósito del endeudamiento.

No hay ninguna mejora, no hubo generación de empleo, no hubo mejora en la infraestructura, en algunos casos se aparente y se acumula, eso sí lo hay y lo vemos. La deuda pública sigue siendo una costumbre de lo que mucho se habla, pero sobre lo que muy poco o nada se hace.

Desafortunadamente, la contratación y el manejo de la deuda pública de estados y municipios no han sido en beneficio del pueblo. La situación es verdaderamente crítica, ya lo mencionaban, al cierre del 2014, la deuda neta de México llegó casi a los siete billones de pesos, hoy a dos meses supera los siete billones, según datos dados a conocer por los organismos financieros, ya vamos casi en siete billones 400 mil millones de pesos.

Sin embargo, vale la pena resaltar que del año 2001 al 2014, de acuerdo con los datos que se han estado vertiendo de la propia Secretaría de Hacienda, el país acumuló por concepto de “oferentes” petroleros 91 mil 766 millones de dólares de recursos extraordinarios por la venta de petróleo, lo que significa alrededor de mil 362 millones de pesos. ¿Qué significa eso? En primera instancia que a pesar de los ingresos excedentes del petróleo, que fueron muy significativos y que muchos de ellos fueron a dar a los estados y los municipios, la deuda pública aumentó.

En consecuencia, se comprueba la tesis de que la contratación de deuda no dio los resultados tangibles para los mexicanos, y entonces se puede decir que la adquisición de deuda ha sido de una forma irresponsable y desmedida.

Esto nos indica que a pesar de los recursos extraordinarios, provenientes del endeudamiento y del petróleo, adicionales al Presupuesto de Egresos de los últimos años, tenemos que en el país los índices de pobreza siguen siendo los mismos desde hace más de una década, mientras que el futuro de millones de mexicanos sigue estando destinado a matarse en la precariedad, es decir, así no habrá dinero que alcance.

Si podemos apreciar en estos años que pudiéramos haber visto de bonanza, donde no se aprovechó, los excedentes petroleros, y vaya que llegaron con creces para algunos estados de la Republica y para municipios, no fue suficiente el excedente, sino que se fue a la contratación de deuda pública, que tampoco fue suficiente, e incluyendo su propia participación federal, estatal y municipal, que si hacemos un recuente histórico ha venido en aumento año con año.

Hubo entidades de la República donde incrementaban 30, 40, 50 por ciento más su participación federal, y en efecto, no contrarresto la pobreza de los mexicanos.

Por eso hoy me parece que será objeto todavía, por fortuna vienen otras iniciativas, para el tema de la transparencia, para el tema del combate a la corrupción, porque en efecto esta ley que está por aprobarse, esta disciplina financiera, seguramente trae algunos paliativos, no habrá que echar las campanas al vuelo, porque todavía hay mucho por hacer, y me parece que dejamos una oportunidad más de ofrecerle al pueblo de México, mayores recursos para que puedan exigirle responsabilidad a sus gobernantes; para que puedan exigirle transparencia en el manejo mismo de recurso, y que pueda constituirse organismos ciudadanos capaces de vigilar el único patrimonio que tenemos los mexicanos, para sacar adelante a nuestro país: el del recurso público.

Por eso es que nuestro voto será en contra de esta Ley de Disciplina Financiera.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Le agradezco, Senador Monreal.

Cierra la lista de participaciones, en la discusión en lo general, el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con su permiso.

Bueno, el pleito entre el federalismo y el centralismo tiene dos siglos en nuestro país.

De hecho, hasta hace unos pocos años, nuestro país era un país centralista totalmente. En el que Presidente quitaba gobernadores, hacía todo lo que pudiera.

Hoy es diferente, estamos experimentando situaciones que han pasado en nuestro país. Y una de esa, pues es el abuso de los estados, que ahora pues son libres y soberanos.

Ese abuso debe ser frenado. Debe ser frenado porque simple y sencillamente en ciertos estados hay verdaderos caciquismos.

Entonces, estas medidas sí nos pueden ayudar a que se normatice y controle más cómo se están endeudando.

Una de las cosas que me gusta, es de que ahora los congresos locales tendrá que ser dos terceras partes, para poder, la votación, para poder tener un empréstito con las reglas nuevas, aunque eso tampoco es garantía, porque en ciertos estados los gobernadores tienen controlado a los congresos.

En realidad, digamos, los estados endeudados, debo decir, para orgullo, que los estados de mi partido, son los que menos están endeudados. Aunque últimamente ya se está haciendo una cosa, vaya, se está, también, haciendo una situación de costumbre, y la costumbre pues lleva a que todos hagan lo mismo. Por eso hay que frenarlos.

En el caso del Distrito Federal, las cosas son muy diferentes, porque la deuda se la certifica la Federación, y aparte porque el Distrito Federal tiene una bola de prerrogativas que no tiene los demás estados. No paga educación, no paga salud, que eso lo veremos en la reforma del Distrito Federal.

Entonces, tiene una situación muy diferente.

Yo lo que digo es de que, ya no se puede tener más endeudamiento, sobre todo en unos estados que están ya al límite.

Ahora, lo que sucede también, esos estados están muy focalizados y hay que cuidarlos. Y por otro lado, hay que cuidar que los otros no lo hagan. Entonces, hay que tener una situación de Plan Nacional, para que esto no suceda.

Debo decirles que de los estados más endeudados, por habitantes, a lo mucho deben ocho mil pesos. En cambio, en la Federación, que también hay que cuidar a la Federación, yo estoy totalmente de acuerdo, con algunos que me precedieron aquí, hay que cuidar a la Federación, porque cada mexicano ahorita debe 70 mil pesos, por lo menos de la deuda federal.

Eso sin contar la situación de pensiones y jubilaciones. O sea, de la deuda total de los servicios.

Tantos billones de pesos que tenemos. Cada mexicano ahorita debe 70 mil pesos. Yo me imagino, que yo le diga a mi nieto, fíjate que ya debes 70 mil pesos, pues no le va gustar mucho.

Estamos hipotecando el país, también el gobierno federal. Entonces, tenemos que hacer, aquí en el Senado y en el Congreso, leyes para precisamente parar este endeudamiento que mucho va al gasto corriente.

O sea, y despilfarros. Realmente, sí se pueden hacer situaciones de poder bajar el gasto. Lo que tienes es que hay que tener voluntad o enfrentar precisamente a los grupos que no les va gustar que se les apriete el cincho.

En nuestro país ya debería de empezar también, ahorita, verdad, a bajar su gasto corriente, verdad. El gasto de lo que costamos nosotros, el Senado; de lo que cuesta el Congreso; de lo que cuesta la alta burocracia, que verdaderamente, digo, es una situación exagerada e insultante para nuestro país.

Y nosotros deberíamos de empezar, también precisamente a dar el ejemplo.

Por eso les digo, yo estoy de acuerdo con esta postura que se toma en esta reforma, aunque estoy de acuerdo que debilita a la situación federal, que en realidad en nuestro país hasta hace unos cuantos años no existía. Y por otro lado, digamos, sí pido que se vigile al gobierno federal, porque es el que más se endeuda.

Hay estados que no tienen deuda. Hay estados que se manejan bien. y también, digamos, si creo que hay que hacer un exhorto a los ciudadanos de esos estados, que vigilen más a sus autoridades, a través precisamente de sus movimientos ciudadanos, que lo pueden hacer localmente, para que precisamente los gobernantes no abusen y después dejen deudas que los van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, y ellos por un lado se luzcan temporalmente, y por otro lado muchos de estos dineros, no sabemos adónde se fue, es una nebulosa ahí de corrupciones, demandas y denuncias.

Y de esta manera, digamos, podamos nosotros como México, tener con las nuevas leyes que queremos de transparencia, precisamente, y contra la corrupción, tener un México mejor y más vigilado para el bien de todos nuestros ciudadanos, a los cuales representamos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Informo a la Asamblea que la Senadora Lilia Merodio Reza y el Senador Benjamín Robles Montoya entregaron en la Mesa Directiva los respectivos textos de sus intervenciones, sobre este dictamen, que se integrarán al Diario de los Debates, de manera completa.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

(Se recoge la votación electrónica)

Le damos la más cordial bienvenida, a los alumnos del Colegio Centro Patria, de San José Iturbide, provenientes del estado de Guanajuato. Asisten a este recinto, con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos, alumnos del Colegio Centro Patria, de San José Iturbide, Guanajuato.

(Aplausos)

La Secretaria Senadora Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 92 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones.VER DETALLE

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se han alcanzado más de dos tercios de las y los Senadores presentes.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 Constitucional.

Solicito a la Secretaría dé lectura a un oficio que nos ha hecho llegar la Secretaría de Gobernación.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 89, fracción VIII, y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al titular del Ejecutivo Federal proponer las ternas para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo la terna integrada para designar a un nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubrirá la vacante del ministro Sergio Armando Valls Hernández, propuesta que a continuación se señala.

1.- Fuentes Barrera, Felipe Alfredo.

2.- Hernández Orozco, Horacio Armando.

3.- Medina Mora Icaza, Eduardo Tomás.

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de las citadas personas.

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnense los expedientes a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

A propósito de la recepción de la terna descrita, esta Mesa Directiva ha suscrito un Acuerdo por el que se establece el procedimiento para elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Primero. Una vez recibida la terna con las propuestas para ocupar la vacante del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se actualiza por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, el Presidente de la Mesa Directiva las turnará a la Comisión de Justicia.

La Mesa Directiva ordenará la distribución a los Senadores de los expedientes de las personas propuestas en la terna.

Segundo. La comisión verificará que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para tal efecto, la comisión convocará a las personas propuestas para que comparezcan a responder preguntas de sus integrantes conforme al formato que se acuerde.

Tercero. La Comisión de Justicia presentará a la consideración del pleno del Senado el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integren la terna enviada por el Titular del Ejecutivo Federal.

El dictamen aprobado por la comisión se publicará junto con los expedientes de los integrantes de la terna en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas antes de la sesión en que se someta a la consideración del pleno.

En la publicación de los expedientes la Mesa Directiva observará las obligaciones en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Cuarto. Una vez aprobado el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, el Presidente de la Mesa Directiva convocará a las personas que hubieren satisfecho los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el pleno del Senado.

Quinto. Las exposiciones a las que se refiere el resolutivo anterior tendrán una duración máxima de 20 minutos por cada persona propuesta.

Las intervenciones se desahogarán conforme a la orden de la terna, durante las exposiciones de los candidatos no habrá lugar a mociones, preguntas o debates.

Sexto. Una vez desahogadas las exposiciones el Presidente declarará un receso de 15 minutos, reanudada la sesión se realizará a votación por cédula para elegir a quien ocupará el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo.

Séptimo. Realizada la designación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Mesa Directiva lo notificará al Presidente de la República y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Octavo. En el supuesto de que la votación, ninguna de las propuestas reúna la mayoría constitucional requerida se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata, entre ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates.

Noveno. Si en la segunda votación no se reúne la mayor constitucional, la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al titular del Ejecutivo Federal para que se proceda en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo en el artículo 96 Constitucional.

Décimo. El Presidente de la Mesa Directiva tomará las medidas necesarias para garantizar la mayor difusión de la sesión en la que se realicen las exposiciones y las votaciones para la elección de ministro.

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a discusión el acuerdo. Como no hay oradores registrados y oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo que se acaba de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios suscribieron un punto de Acuerdo en relación con la muerte del mexicano Antonio Zambrano Montes, asesinado por agentes de la policía del Condado de Franklin, en el estado de Washington, Estados Unidos de América.

Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Primero.- Los Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, condenamos enérgicamente los hechos suscitados el martes 10 de febrero en la ciudad de Pasco, en que agentes policiacos del Condado de Franklin, en el estado de Washington, dieron muerte al mexicano Antonio Zambrano Montes, y nos pronunciamos en contra del uso de la violencia excesiva e innecesaria, externando una amplia protesta por el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de todo tipo de autoridad que tiene a su cargo el orden y la seguridad de las personas.

Segundo.- El Senado de la República solicita a la Cancillería Mexicana realice las acciones pertinentes ante las autoridades competentes del Condado de Franklin, para que participen todas las investigaciones conducentes a esclarecer la responsabilidad penal en que hayan incurrido los agentes de la policía implicados en el incidente e implementen las medidas necesarias para evitar que en casos futuros se haga uso indiscriminado e indignante de medios de prevención delictiva, que sean desproporcionados y desmedidos en perjuicio de la integridad y vida de las personas.

Tercero.- Se solicita a la Cancillería Mexicana, que a través del Consulado de México acreditado en la ciudad de Seattle, ayude a la repatriación de los restos de Antonio Zambrano Montes, de acuerdo a la petición de sus familiares, y en beneficio de éstos, gestione ante las autoridades competentes las acciones y o medidas tendientes a procurar y obtener la reparación del daño con motivo de la privación de la vida de nuestro connacional.

Cuarto.- El Senado de la República acuerda formar un grupo de trabajo que dé seguimiento a la evolución del asunto, materia de este punto de Acuerdo.

El grupo de trabajo estará conformado por las Senadoras Presidentas de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América del Norte.

Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los 16 días del mes de febrero de 2015.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Les pido, por favor, que nos ajustemos a cinco minutos en la intervención, por la hora que ya es, para poder poner atención a las intervenciones. Gracias.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

El pasado 10 de febrero, alrededor de las 5 de la tarde, Antonio Zambrano Montes se encontraba en una intersección vial de la ciudad de Pasco, Washington, cuando empezó a lanzar piedras sobre los automóviles que pasaban, momentos después, y de acuerdo a un video que fue subido a Internet, se observaba a tres uniformados afuera de la patrulla que rodean a un hombre en la intersección de lo que parece un cruce importante de la ciudad.

El hombre amenaza a uno de los policías con una piedra, pero al final decide tirarla y rebota contra el vehículo.

Los policías alcanzan a Zambrano, le ordenan detenerse mientras le apuntan con sus pistolas, al voltear, el hombre recibe varios disparos y cae muerto.

Las escenas del video difundido en Internet demuestran la hazaña y el abuso de autoridad con que actuaron los policías norteamericanos, ya que el mexicano originario de Michoacán se encontraba desarmado con las manos en alto, en señal de rendición y despojado de cualquier objeto que pusiera en peligro a los policías, situación evidente y que no fue suficiente para que solamente lo detuvieran y procedieran a su arresto.

Es lamentable que este escenario se repita con frecuencia sobre los mexicanos radicados en los Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del año 2006 a la fecha, el abuso policiaco o el uso desproporcionado de la fuerza ha ocasionado la muerte de 74 mexicanos por parte de la patrulla fronteriza o policías locales. De estos, 74 mexicanos muertos, 26 perdieron la vida en manos de la patrulla fronteriza y 48 por autoridades locales.

De todos estos fallecimientos, resulta inadmisible que solamente 9 de ellos hayan concluido en una reparación del daño a los familiares de las víctimas.

No existe excusa alguna para el uso excesivo y letal de la fuerza policial, sobre todo cuando la integridad de los policías no se pone en riesgo, ni hay peligro de algún ataque en su contra, tal y como fue el caso de Antonio Zambrano Montes.

En días pasados, el Ejecutivo Federal ha hecho públicamente una condena de los hechos.

Sin embargo, es necesario hacer un llamado a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de que respete los derechos humanos de todos los habitantes de aquel país y dejen de presentarse ese tipo de abusos policiales, tanto con migrantes mexicanos o de cualquier otro origen.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer un pronunciamiento al respecto, ha declarado que brindará el apoyo a sus familiares de Antonio Zambrano Montes.

Sin embargo, es importante un acompañamiento a la familia en el proceso legal para solicitar la reparación del daño ocasionado por los abusos de aquella autoridad.

En este sentido, el presente punto de Acuerdo tiene por objeto que esta Cámara de Senadores se sume a la condena de los hechos ocurridos, condene enérgicamente el uso de la fuerza desmedida y letal por parte de la policía de la ciudad de Pasco, Washington, en contra del mexicano Antonio Zambrano Monte, así como hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objeto de que brinde todas las facilidades a la familia del mexicano acaecido, tanto para la repatriación del cuerpo, como en el proceso jurídico correspondiente para solicitar castigo a los probables responsables.

Un llamado a que respeten los derechos humanos de los habitantes de aquel país, cual sea su origen y el propósito de su estancia en el vecino país del Norte.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchas gracias, Senador Monreal.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Verde se suma, desde luego, al punto de Acuerdo que ha sido sometido a la consideración de esta Soberanía, y nos sumamos, desde luego, bajo una actitud de indignación frente a lo acontecido en Pasco, en el estado de Washington.

Efectivamente, nuestro compatriota don Antonio Zambrano Montes, de apenas 35 años, pues fue virtualmente ejecutado por policías de esa ciudad norteamericana, dejando lamentablemente a una vida, a doña Teresa de Jesús Meraz y a sus 2 hijas.

Como ya señalé, se trata de una ejecución, tal como lo han reseñado, no sólo medios electrónicos, sino prensa escrita del vecino país del norte, y lamentablemente los 3 policías involucrados en este acto de ejecución, hoy gozan de una especie de permiso o de ausencia con goce de sueldo, lo cual agravia más el acto en el que perdió la vida nuestro compatriota.

Hacemos, desde luego, un reconocimiento a la Cancillería, y en particular a la actuación del Cónsul de México en Seattle, Washington, don Eduardo Baca, por la actuación que han tenido en la atención de este lamentable suceso.

Como lo expresó el orador que me antecedió en el uso de la palabra, y como lo han reseñado también ya varios medios sobre este tema, el triste suceso en que perdió la vida Antonio Zambrano Montes, se suma a otros actos de barbarie en el que se han visto involucrados policías de otras ciudades de los Estados Unidos, en el segundo semestre del 2014, y apenas ahora en el caso de Antonio Zambrano.

Son actos en los que la característica común es el uso desproporcionado de la fuerza en contra de personas pertenecientes a grupos minoritarios en los Estados Unidos.

Hoy, por ejemplo, el periódico “The Guardian”, del Reino Unido, señala de manera contundente que: “Antonio Zambrano Montes llegó hace aproximadamente 10 años a los Estados Unidos en pos de un mejor nivel de vida, en pos de ese famoso sueño americano que tanto se publicita. En lugar de ello, Antonio Montes fue asesinado por la policía en un estado de indefensión absoluto”.

El grupo parlamentario del Partido Verde se suma, desde luego, a la condena de este acto de terror, y desde luego que también nos sumamos al punto de Acuerdo que está a discusión.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gerardo.

En uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente.

Las y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, por supuesto que también asumimos esta alta tribuna de la nación para condenar enérgicamente lo sucedido con nuestro compatriota Antonio Zambrano Montes, y que sin duda devela, compañeras y compañeros Senadores, un exceso de la fuerza norteamericana frente a los hispanos, y evidentemente frente a nuestros connacionales.

Habrá que decir, en honor a la verdad, que reconocemos que la representación diplomática de nuestro país en el estado norteamericano haya dado desde un principio una primera muestra enérgica de protesta frente a estos hechos; y seguido de ello un pronunciamiento también del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el que se ha solicitado una extensa investigación que culmine con la imposición de responsabilidad de la responsabilidad a la que haya lugar.

Y es en tal circunstancia, compañeras y compañeros, que lo justo es, precisamente, que este Poder Legislativo, este Senado mexicano, depositario de los intereses también de la soberanía nacional, y facultado para tejer la diplomacia mexicana en bien de nuestras fronteras, consigne una energética condena por el homicidio cometido en agravio de un compatriota.

Y no sólo eso, sino que además debemos solicitar la revisión de los protocolos de actuación de los cuerpos policiacos en la Unión Americana, porque no es la primera vez, no es la primera vez en que en esta tribuna se denuncian dichos crímenes a la luz del exceso del poder público.

No olvidemos, compañeras y compañeros, que hace 3 años, en este mismo Senado rechazamos la brutalidad policiaca y el uso desproporcionado de la fuerza, cuando agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, desde territorio estadounidense, perteneciente a Laredo, dispararon contra Guillermo Arévalo Pedraza, quien se encontraba en la división pluvial entre México y Estados Unidos.

En ese entonces, el gobierno de México también expresó su enérgico rechazo al uso desproporcionado de la fuerza en el ejercicio de sus funciones de control migratorio, y afirmó en voz del propio Presidente de la República, que se emprendería una investigación para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

Compañeras y compañeros Senadores: No se puede excusar el agravio cometido contra Antonio Zambrano Montes, en la legítima defensa que dicen tener derecho los elementos de la seguridad norteamericana, porque es, sin lugar a dudas, una clara violación de los derechos humanos el no agotar otros medios de sometimiento antes de abrir fuego contra personas que claramente se encuentran en desventaja.

Ya basta, ya basta de esta brutalidad policiaca en los Estados Unidos en contra de nuestros connacionales, por evidente, sin duda, actos de discriminación.

En nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRD, solicitamos que este Senado de la República, como se ha expuesto ya en lo leído como punto de Acuerdo al que hemos, precisamente llegado conjuntamente, que no permitamos que estos atropellos se vuelvan a repetir.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Benjamín Robles.

En uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La muerte de Antonio Zambrano no sólo sacudió la conciencia nacional, también debe recordarle a las autoridades mexicanas que ninguna medida es suficiente hasta lograr que se garantice la vida y el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Las pruebas, testimonios y videos que se han dado a conocer en estos días evidencian que estamos ante un artero crimen, ante el asesinato de una persona desarmada que sufrió el exceso e irracional uso de la fuerza de los agentes policíacos.

México debe hacer escuchar su voz, debe expresar su indignación y condena ante este tipo de hechos; del mismo modo debe demandar que se aplique un castigo ejemplar a los responsables, pero eso no es suficiente.

No basta con emitir comunicados, ni pronunciamientos.

No basta con expresar nuestra consternación, ni con solicitar investigaciones exhaustivas, eso debiera ser, siquiera, el primer paso.

La diplomacia tradicional que es ejercida por el Poder Ejecutivo Federal, y la diplomacia parlamentaria de la que el Senado forma parte, tienen muchas vías por las que se puede exigir justicia y evitar que se repitan tan deleznables hechos. Debemos agotar todas y cada una de estas vías.

En particular, y con fundamento en las facultades que tenemos en materia de diplomacia parlamentaria, podemos estar en contacto con legisladores, con autoridades de otros países y representantes de organismos internacionales para cumplir con nuestras atribuciones en materia de política exterior.

En ejercicio de estas atribuciones, podemos dar seguimiento al caso de Antonio Zambrano e impulsar también las reformas policiacas que se han propuesto en Estados Unidos para regular, de manera más estricta, el uso de la fuerza por parte de las policías locales y exigir un mayor entrenamiento por parte de los agentes.

Compañeras y compañeros: El 10 de febrero, policías norteamericanos terminaron nuevamente con la vida de un compatriota de manera ilegal y violenta, y digo nuevamente, porque hace exactamente un año, el 18 de febrero de 2014, nos enteramos de la muerte de Jesús Flores Cruz, quien perdió la vida a manos de un agente porque también había lanzado piedras contra un agente, parece una lucha pareja: piedras contra el armamento de la policía. Pero estos no son los únicos casos.

Hace unos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el abuso policíaco y el uso desproporcionado de la fuerza ha derivado en la muerte de 74 mexicanos en los últimos 9 años, y por sorprendente que parezca, como ya lo había comentado uno de mis compañeros, sólo en 9 de los casos se han logrado consecuencias legales para resarcir los daños a los familiares.

Antes este escenario, los Senadores no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por ello, además de enviar nuestro más sentido pésame a los familiares de Antonio y condenar el uso injustificado de la fuerza letal, debemos de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rinda cuentas del desenlace judicial de éste y de todos los demás casos similares que han ocurrido en los últimos años.

Asimismo, es importante conformar un grupo de Senadores que tenga encuentros con las autoridades responsables del caso y pueda realizar las acciones de diplomacia parlamentaria que permitan impulsar la reforma policíaca que se intenta realizar en Estados Unidos.

Nuestra meta no deben ser más comunicados y más pronunciamientos. Nuestra meta debe ser que ni un mexicano más muera a manos de la policía o de la Guardia Nacional estadounidense.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gabriela Cuevas.

En uso de la palabra el Senador Agustín Trujillo Íñiguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Adelante, compañero Senador, en su primera intervención en tribuna, lo felicitamos.

El Senador Agustín Trujillo Íñiguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros integrantes de este Poder Legislativo en su Cámara de Senadores.

En contraste a los notables avances en materia de derechos humanos que a nivel internacional hemos alcanzado durante las últimas décadas, el 10 de febrero del año en curso se hizo del dominio público otro lamentable homicidio de un connacional.

En un evidente acto de fuerza desproporcionada Antonio Zambrano Montes, de origen michoacano, fue privado de la vida por elementos policíacos del Condado de Pasco, en el estado de Washington.

Como integrante de uno de los Poderes del Estado, y por supuesto como michoacano no puedo ser omiso, ni indiferente, por el contrario, tengo la obligación legal y moral de pronunciar mi absoluto rechazo, indignación y desaprobación, simplemente no hay paliativos que justifiquen actos de esta naturaleza.

En este sentido, como bien lo ha referido el titular del Poder Ejecutivo Federal, coincidimos en que se trata de un hecho lamentable, indignante y excesivo.

Hoy acudo a esta tribuna para expresar nuestra solidaridad con la familia y seres queridos de la víctima y, claro, para condenar enérgicamente el sensible deceso, que reiteramos, lejos de quedar en el olvido, debe ser atendido e investigado minuciosamente a fin de garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos que radican en el extranjero.

En el grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor del total respeto, protección y promoción de los derechos humanos, principio constitucional que debe estar presente en todas las actuaciones del Estado.

Si bien es cierto que desde el principio el gobierno federal ha actuado con puntualidad, legalidad y sensibilidad, también lo es que, además de la asesoría legal, apoyo económico y asistencia consultar que hasta el momento se ha brindado, se requiere de un seguimiento puntual que permita que los hechos no queden en la impunidad. Y más importante aún, que impida que eventualmente se reproduzcan conductas de iguales características.

Es fundamental conocer las consecuencias jurídicas que se impongan a los policías involucrados en el incidente. Es urgente instar a las autoridades mexicanas a encontrar un mecanismo para hacer justicia y mantener ese tema en la Agenda Pública a fin de que jamás vuelvan a presentarse homicidios o violaciones flagrantes a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Compañeras y compañeros Senadores: Los legisladores del PRI condenamos enérgicamente estos hechos y solicitamos que se realice una investigación exhaustiva para que no se repitan, debido a que contravienen a los principios más elementales de la convivencia social y humana.

Este hecho pudo pasar desapercibido, como tantos otros en que se violan los derechos humanos de mexicanos en los Estados Unidos, de no ser por la difusión que se dio a través de las redes sociales.

Este hecho no puede pasar desapercibido ni quedar impune, el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales es un gran motivo para que el Senado de la República levante la voz y condene estos lamentables actos.

Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, paisano de quien acaba de hacer uso de la voz.

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, compañero Presidente.

Este tema que nos llena a todos de indignación también nos genera mucha preocupación por el valor que hoy se le otorga a la vida y a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes mexicanos en otras partes del mundo.

Como es de su conocimiento, elementos de la policía de Pasco, Washington, terminaron de una forma ilegal, violenta y abusiva con la vida del mexicano Antonio Zambrano, originario del rancho de La Parotita, municipio de Aquila, Michoacán.

Según las versiones de los familiares del michoacano, artera y cobardemente asesinado por los policías estadounidenses, se trataba de un mexicano tranquilo, serio y trabajador, que como muchos hermanos mexicanos cruzan la frontera en busca de mejores condiciones de vida para sus familias y se emplean como jornaleros, agrícolas, con todo tipo de desventajas y abusos laborales y de sus derechos humanos.

Como Senador de la República, y como michoacano, condenamos enérgicamente este deleznable, cruel e injusto asesinato, no sólo porque se trata de la vida de un mexicano más que muere injustamente en manos de quienes están obligados a procurar el orden y la seguridad de los habitantes de ese vecino país del norte, sino porque de forma sistemática los agentes policiales han recurrido al sometimiento violento, al uso excesivo de la fuerza pública y al asesinato de indocumentados migrantes mexicanos, latinos, afroamericanos y de otras nacionalidades, como acción xenofóbica sólo comparada con el fundamentalismo del Estado Islámico y con el fascismo europeo del siglo pasado.

El caso de Antonio Zambrano nos indigna no sólo por la forma en que se desarrollaron los hechos, sino porque alrededor del mismo se han presentado una serie de dudas que ponen en entredicho la veracidad de los argumentos presentados por el Departamento de Policía de Pasco.

Es inconcebible que quienes debieran ofrecer hoy una disculpa al mundo entero por no respetar los derechos humanos traten de justificar el abuso de autoridad y exceso de la fuerza de sus agentes.

No, compañeros Senadores. No existe justificación alguna en este cobarde asesinato, y no podemos menos que exigir para Antonio y su familia, un castigo ejemplar para los responsables de la comisión de este delito cometido en agravio de nuestro paisano y realizar un fuerte extrañamiento diplomático al gobierno estadounidense por seguir permitiendo que este tipo de acontecimientos se siga registrando en un país que presume al mundo entero de proteger y respetar los derechos humanos.

Desafortunadamente el caso de Antonio Zambrano, no ha sido el único caso de violación de derechos humanos que la población y gobierno de los Estados Unidos han efectuado en contra de nuestros hermanos mexicanos.

Ahí tenemos la ejecución de la pena de muerte de por lo menos 10 de nuestros connacionales, o la condena a muerte hasta ahora de más de 58 mexicanos que esperan su ejecución a pesar de que en muchos de estos casos existan claras evidencias de violación de sus derechos procesales.

Este tipo de hechos son aún más graves si consideramos que en el año 2006 a la fecha, más de 74 mexicanos han sido impunemente asesinados a manos de la patrulla fronteriza, o de otras corporaciones policiacas de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos de ellos resueltos sin castigo para sus responsables, y sólo en 9 casos con una mínima obligación de resarcir el daño a sus familiares.

A esta larga lista de violaciones cometidas en contra de los migrantes mexicanos cometidos en Estados Unidos, habría que agregarles las violaciones laborales, explotación, tratos inhumanos y despidos injustificados, en contra de los trabajadores agrícolas de industrias y comercios, retención o no devolución de pertenencias personales por parte de los cuerpos de policía, deportaciones indebidas de autoridades migratorias, lesiones, violaciones al debido proceso, separación familiar, indiscriminación racial, entre otros.

Esto no puede ni debe seguir así, los mexicanos no podemos seguir callados e indiferentes al dolor y los abusos que todos los días padecen nuestros hermanos migrantes, sobre todo cuando la violación de sus derechos humanos proviene de las instituciones del estado norteamericano.

Por todo ello, casos como el de Antonio y el de miles de mexicanos michoacanos, muchos de ellos víctimas de estos crímenes de estado, no deben de quedar impunes.

Exigimos justicia plena para ellos.

Exigimos parar esta violencia irracional contra mexicanos y la comunidad latina en los Estados Unidos.

Exigimos respeto absoluto a todos sus derechos humanos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador don Raúl Morón.

En uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente Barbosa.

Hacemos uso de la palabra, en esta tribuna, para nuevamente posicionar estos lamentables hechos.

Celebramos que se haya determinado esto como un asunto de urgente resolución de esta Soberanía, condenando desde luego energéticamente el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de policías estadounidenses del estado de Washington.

Antonio Zambrano, como dijo mi compañero y los otros compañeros que me precedieron, era un jornalero agrícola de origen michoacano y con más de una década de residir en los Estados Unidos.

Nuestro compatriota fue víctima de la fuerza letal desmedida por parte de la fuerza policiaca de Pasco, perteneciente al condado de Franklin. Los oficiales accionaron sus armas de fuego a escasos tres metros de distancia sobre el mexicano.

Si bien el Ejecutivo Federal condenó de manera oportuna los actos de manera pública, y la Cancillería a través del Consulado mexicano en Seattle, solicitó de manera formal al condado de Pierce la investigación de los lamentables hechos, la realidad es que desde 2007 han sido múltiples asesinatos, y ahora se suma el reciente caso de Zambrano Montes, siendo el fallecido número 15 a manos de autoridades norteamericanas.

En el 2012, agentes fronterizos asesinaron a tres mexicanos desarmados donde los reportes oficiales señalaban, de forma homologada, que todos los ultimados lanzaron piedras a los uniformados para justificar el uso de armas de fuego.

El 11 de octubre de 2012, José Antonio Elena Rodríguez recibió 10 impactos de bala en la parte posterior de la cabeza, es decir, de espalda, por lanzar rocas a la border patrol.

Es importante señalar que en la video grabación que se ha hecho pública en los diversos medios de comunicación, se muestra tajantemente el uso de la fuerza desmedida letal por parte de las autoridades.

De igual forma se muestra a un Antonio Zambrano desarmado y huyendo despavoridamente para posteriormente ser ultimado a tiros y a sangre fría.

El caso de Antonio Zambrano es perturbador y se une al expediente de casos de violencia policiaca que han cimbrado a la sociedad norteamericana, como es el caso de la comunidad de Ferguson, ubicada en Saint Louis, Missouri, donde la sociedad afroamericana ha denunciado el presunto racismo policial sistemático de la policía de los Estados Unidos.

La víctima del multidimensionado caso Ferguson, Michael Brown, tenía tan sólo 18 años y murió el pasado 9 de agosto tras recibir varios disparos de un agente, a pesar de encontrarse desarmado.

Compañeros Senadores y Senadoras: No podemos permitir ningún caso más como el de Antonio Zambrano Montes.

Y desde el Senado de la República mexicana es nuestro deber alzar la voz ante estos atroces hechos.

Condenamos severamente los hechos suscitados el pasado martes 10 de febrero del 2015, en Washington, donde fue asesinado por policías estadounidenses el mexicano Antonio Zambrano Montes.

Parémosle con el racismo.

Compañeros Senadores norteamericanos, tomen cartas en el asunto.

¡Basta ya de este tipo de actitudes discriminatorias!

¡Basta ya de este abuso sistemático de fuerza de la border patrol contra la migración, que es un derecho humano, y contra estos miles de mexicanos que han dado lo mejor de sí para generar la economía tan poderosa que hoy ustedes gozan!

¡Basta ya!

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Luz María Beristain.

En uso de la palabra la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo ante esta tribuna a plantear un tema que nos es sensible a todos, que nos es sensible a la sociedad mexicana, a nuestro país.

Como ya se ha dicho en días pasados, diversos medios de comunicación dieron cuenta del asesinato de un ciudadano mexicano, Antonio Zambrano Montes, de 35 años de edad y originario del municipio de Aquila, Michoacán.

Ante estos lamentables hechos, las y los Senadores del PRI expresamos, en primer lugar, nuestras condolencias a los familiares y desde esta tribuna les refrendamos nuestra total solidaridad y total respaldo.

En segundo lugar, nos pronunciamos para que la Secretaría de Relaciones Exteriores siga otorgando la asistencia consular y dando puntual seguimiento a este caso, velando en todo momento por los intereses y los derechos de nuestros connacionales que viven en el exterior.

Respaldamos los pronunciamos de condena del gobierno mexicano a través de su Cancillería y las acciones que han tomado a nivel consular, pero principalmente los instamos a mantener el compromiso de brindar a los deudos el debido acompañamiento hasta el total esclarecimiento de estos hechos.

Debemos recordar que este suceso no es un hecho aislado y que, como ya lo han señalado mis compañeros anteriores, el uso desproporcionado de la fuerza en Estados Unidos ha derivado en que 74 mexicanos, por esta causa, hayan muerto.

Incidentes ocurridos en Estados Unidos desde 2006 a la fecha, en manos de patrullas fronterizas o de autoridades policiacas locales, han sido un evidente abuso de autoridad.

Por otro lado, en septiembre de 2013, la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos emitió un informe donde se reconoce que, de 2007 a 2012, se presentaron mil 896 casos de denuncias por uso de fuerza de agentes contra migrantes, donde se determina que en más de la mitad, hubo uso excesivo de la fuerza policiaca.

Esta grave situación nos obliga a revisar nuestros mecanismos jurídicos y diplomáticos en el ámbito del Derecho Internacional, para hacer valer el respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos mexicanos.

Tenemos que insistir en el diálogo y entendimiento mutuo entre naciones como instrumento fundamental para la convivencia humana.

La situación que viven muchos mexicanos indocumentados en Estados Unidos es precaria, en diversos aspectos, como laboral, civil, escolar, pero particularmente en materia de derechos humanos.

En razón de lo anterior, el Senado mexicano debe pugnar para que el gobierno federal siga trabajando en la construcción de acuerdos con las autoridades norteamericanas para la instrumentación de una verdadera política migratoria, que salvaguarde y haga valer los derechos humanos.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República trabajará de manera coordinada con el gobierno federal para coadyuvar por la vía de la diplomacia el logro de los objetivos comunes de política exterior, que incidan en generar mejores niveles de bienestar de los compatriotas en el extranjero.

Este hecho debe servir para recodarnos la necesidad de actuar con asertividad en el ámbito de nuestras jurisdicciones y coadyuvar a mejorar la convivencia entre las naciones.

Compañeros legisladores, Antonio Zambrano nació en la Parotita, en la costa michoacana, tuvo un sueño de poder cambiar su vida y la de su familia, con la fuerza de su trabajo; sin embargo, acciones de intolerancia, discriminación y el uso desproporcionado de las fuerzas, acabaron con su sueño; así como la de muchos otros mexicanos.

Conminamos respetuosamente a este Pleno a no permitir que estos hechos se repitan, y mucho menos que sean un sinónimo de impunidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

EL Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Roció Pineda Gochi.

Una vez concluida la ronda de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Una vez que fue aprobado el punto de Acuerdo, instruya la Secretaría Técnica para que emita oficios gentiles, para quienes integran el grupo de trabajo, para dar seguimiento a este asunto, les pida puedan instalarse en la oficina de la Sala de Juntas de la Mesa Directiva, para que elaboren su programa de trabajo, mañana a las 12 del día.

Solicito a la Asamblea ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro paisano Antonio Zambrano Montes.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por lo que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore al Orden del Día.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore en el Orden del Día el asunto mencionado por el Presidente. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos del acuerdo.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a los resolutivos:

Primero. El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se da de alta como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Segundo. Que el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se da de alta como integrante en la Comisión de Fomento Económico.

Tercero. Que el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se da de alta como integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

Cuarto. Que el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Como no hay oradores u oradoras registradas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. Felicidades Senador Aréchiga.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva autorizó la rectificación del turno solicitado por la Presidenta de la Comisión de Relaciones, Exteriores Organismos Internacionales, para que el punto de Acuerdo que contiene un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se remita al Senado la aceptación del Estado Mexicano de la Competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para quedar en la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para su análisis y dictamen.

A petición de los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Armando Neyra Chávez, se turnará a comisiones el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 884, 885 y 886 de la Ley Federal de Trabajo, para quedar en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos, Primera.

Por otra parte, los textos de las intervenciones del grupo de efemérides de nuestra agenda de hoy se integrarán al Diario de los Debates.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 19 de febrero a las 11:00 horas.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1589