Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Versión Estenográfica

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014

PRESIDENCIA DE LA CIUDADANA PRESIDENTA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

        -LA C. PRESIDENTA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: (11:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de la asistencia de las señoras y señores senadores.

        -LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanos senadores y senadoras.

        En consecuencia, hay quórum, señora presidenta.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Se abre la sesión del jueves 13 de febrero, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.

        El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

        El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta de este día.

        En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

        Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

        Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

        Aprobada el acta, señora presidenta.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias.

        Solicito a la Secretaría informe al pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy cuenta.

        La Mesa Directiva autorizó a la comisión de Turismo, la ampliación de plazo para la presentación del dictamen al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado el 28 de noviembre de 2013.

        Es todo, señora presidenta.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Esta Presidencia ratifica dicha resolución.

        Pasemos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió una comunicación suscrita por el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite el informe de actividades relativo a la participación de la delegación del Congreso de la Unión, en la 22ª. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, efectuada los días 12 al 16 de enero de 2014, en  Puerto Vallarta, Jalisco.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

        Pasamos al siguiente asunto.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de resultados de la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de La Habana.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Esta Asamblea ha quedado enterada.

        Remítase dicha documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

        Pasamos al siguiente asunto.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió del Banco de México, el informe el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, en el trimestre octubre-diciembre de 2013, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho período.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Remítase el informe referido a la comisión de Hacienda y Crédito Público.

        Pasamos al siguiente asunto.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Túrnese a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

        Pasamos al siguiente asunto.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de  decreto por el que se reforma la fracción  XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para sus efectos correspondientes.

        En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

        -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muy buenos días, a todas, a todos.

        Señora presidenta, gracias.

        El día de hoy, traigo una propuesta, que considero valiosa por la población a la que se refiere; el tema de los adultos mayores, de la tercera edad, es un asunto que nos debe de ocupar.

        Muchos datos revelan, cómo el abandono que tiene nuestra gente de 60 años y más, de 70 y más, es muy, muy importante.

        Ha habido esfuerzos, valiosos, no hay que negarlos. El Programa de 65 y más, de 70 y más, han sido algunos aspectos, que debemos de reconocer, que forman parte de una política pública, que empieza a visibilizar la importancia que tienen nuestros adultos mayores.

        Pero, lo que hoy nos ocupa, es un tema que va más allá de una entrega económica.  Que por cierto, hay que revisarla. Porque se dice, que muchos, hombres y mujeres de la tercera edad, sufren violencia o son despojados de este subsidio, que reciben, a propósito de su edad.

        Como ustedes saben, México aún es un país de jóvenes. Sin embargo, el bono demográfico que tiene que ver con la juventud de esta república, está en un camino ya descendente. Hay datos que revelan, que en muy poco tiempo México será un país de viejos y viejas. Refiriéndose al tema de la edad.

        Y creo que México no está preparado aún, para todo lo que representa la economía del cuidado, los albergues, las casas de diario, todo lo que tiene que ver con una política bien direccionada, en favor de la tercera edad.

        No preparados, porque el dato que tenemos es, una credencial que corre a cargo de los comerciantes.  O los albergues que son muy pocos los que hay, a cargo de la Federación. 

        Algunos intentos en los estados y municipios, pero no hay una política regularizada, homogenizada en el país, que visibilice la atención que requieren nuestros adultos mayores.

        Por eso, el día de hoy, vengo ante ustedes a presentar un proyecto de decreto, que reforma el artículo 49 y adiciona las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo tercero, y la fracción XXXI del artículo 28, y un artículo 28 bis, un artículo 48 bis, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

        Artículo tercero. Del 1 al 11.

        Número 1. Albergues para adultos mayores. Son aquellos establecimientos donde se proporcionan temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son reubicados a otra institución o a su familia.

        Albergues privados. Son las estancias, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación que con patrimonio de origen privado, brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico asistencial a personas de la tercera edad.

        Albergues de asistencia social. Se denomina así al albergue, estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación que con patrimonio de origen público, brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico asistencia, entre otros, a personas de la tercera edad.

        Casa hogar para adultos mayores. Es el establecimiento de asistencia social, donde se proporciona a adultos mayores atención integral, mediante servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupaciones y psicológicas.

        Centro de Día. Es el establecimiento público, social o privado, que proporciona alternativas a los adultos mayores, para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre, mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la salud.

        Instituciones de Atención a Adulto Mayor. Instituciones públicas y privadas de Casa Hogar…

(SIGUE  2ª .PARTE)

… autocuidado de la salud.

        Instituciones de atención a adulto mayor.

        Instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores.

        Registro nacional de las instituciones de atención al adulto mayor.

        Es el registro total de todas las instituciones públicas y privadas de casa hogar albergues, residencia de vía o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores en el país.

        Hacer del conocimiento público a través de los medios electrónicos, del instituto, el registro de especialistas de geriatría con el que se cuenta, mismo que será proporcionado por las autoridades sanitarias que correspondan.

        Es una serie de modificaciones, señora presidenta, que he presentado en la iniciativa a la que hago alusión y que pido sea integrada tal y como ha sido registrada, creo que bien vale la pena poner atención a una edad que en muy poco tiempo estaremos llegando los y las senadoras que pertenecemos a esta Legislatura.

        Por su atención, muchas gracias.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora, con gusto registramos su petición. Senadora Ivonne Álvarez, ¿con qué objeto?

        -LA C. SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA (Desde su escaño): Solicitarle a nuestra amiga, la senadora Diva, si es posible sumarme a su iniciativa.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Las senadoras y senadores que tienen levantada la mano, ¿es con el mismo objeto?

        Le ruego a la secretaría registre las adhesiones a esta importante propuesta.

        Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

        A nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República y de todas mis compañeras y compañeros, saludamos a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Anahuac, México, Sur. Sean ustedes bienvenidos a este recinto.

        (Aplausos)

        Asimismo, a nombre de la Mesa Directiva y de todas las senadoras y senadores, queremos dar la bienvenida a nombre del senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina en el pleno, a los alumnos colegiados pertenecientes a la promoción 35 de la maestría en mando superior en seguridad nacional que imparte el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Sean ustedes muy bienvenidos a este recinto.

        Tiene ahora el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones.

        -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Con la venia de la presidencia. Creo que si buscamos hacer las mismas acciones, vamos a encontrar los mismos resultados.

        Y en el tema de reinserción al tejido social de quienes caen en adicciones, creo que el castigo no ha sido la solución.

        Vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del… Adicciones, no como una invención sino como algo que ya ha funcionado y que es un plan piloto que inició en el Poder Judicial de Nuevo León, y en el que me tocó ser parte activa de este proyecto como Consejero de la Judicatura de este Poder Judicial Estatal.

        ¿De qué trata este proyecto?

        Trata de que en aquellos casos en que haya delitos no graves, cuya pena sea menor a ocho años de prisión, en la que el reo o la parte acusada sea su primera ocasión que comete un delito, se le permite el beneficio de la suspensión del proceso y en lugar de insertarlo en un centro de readaptación, un dinero inferior al que costaría el tenerlo en este centro penitenciario, se utiliza para readaptarlo, se le pone a jurisdicción del tribunal de adicciones, quien supervisa, vigila y desarrolla esta supervisión a efecto de dar una graduación de quien entra en este programa.

        Creo que es un planteamiento muy positivo para nuestro sistema social, para nuestro tejido social. Considero que si damos las mismas acciones, llegaremos a los mismos resultados, como lo dije en un principio.

        Por eso solicito, para obviar tiempo, que se inserte esta iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Y ojalá y pueda contar en comisiones con su apoyo.

        Muchas gracias.

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Se instruye a la secretaría registrarla en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

        Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Me parece que es claro que el reto, el gran reto global del sistema económico y político, y también en México, de este Siglo XXI es, sin duda, la desigualdad.

        La desigualdad que alienta a la pobreza, es la muestra clara de que a pesar de los esfuerzos de la sociedad y de las instituciones gubernamentales, las políticas y los presupuestos públicos no siempre benefician a quienes más lo necesitan. Por el contrario, es claro que nuestro sistema cada día beneficia a quienes más tienen, ampliando la brecha social, económica y de acceso a los satisfactores básicos entre los mexicanos.

        Luchar contra la desigualdad debe de estar en la perspectiva de absolutamente todas y cada una de las acciones públicas, de todas y cada una de la acciones legislativas. Esta, lo recordamos siempre, ha sido siempre la aspiración que nos dio sentido como nación.

        Hay que recordar hace 200 años los sentimientos de la nación, en donde José María Morelos y Pavón, decía que como la ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. De tal suerte que se aumente el jornal de pobres que mejore sus costumbres, se aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto.

        En este inicio del tercer siglo mexicano, la aspiración de mitigar la desigualdad sigue siendo vigente, pero los énfasis y las estrategias toman una expresión que se debe de actualizar de manera constante.

        En estas formas nuevas de actuar y de atender el asunto de la desigualdad, desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud incluyó como parte de su agenda prioritaria un tema denominado determinante sociales de la salud, con el objetivo de detener las deficiencias y las diferencias que se presentan en materia de salud, pero que son evitables e injustas entre las personas.

        La Organización Mundial de la Salud ha señalado el hecho de que las inequidades sanitarias son en realidad producto de una muy compleja red de acciones que actúa a escala mundial, nacional y local, afectando negativamente el modo en que las sociedades se desarrollan.

        Distintos factores económicos, señala la Organización Mundial de la Salud, determinan cuál será el acceso y los determinantes de la salud de los individuos. Pero no solamente es el aspecto económico el que repercute en la organización de las sociedades.

        Además hay otros factores que propician la aparición de diversas formas de extractos, de jerarquías, una suerte de sistema de castas que al final de la cadena afecta directamente las condiciones de aprendizaje, las condiciones de vida, de trabajo y, con ello, las consecuencias negativas de las enfermedades.

        La salud, compañeras y compañeros legisladores, no es solamente un aspecto de infraestructura, tampoco es un aspecto solamente de derechohabiencia, existe una serie de determinantes sociales que es necesario conocer, estudiar y evaluar para tomar mejores decisiones en las políticas nacionales y locales en materia de salud.

        Permítame solamente ilustrar un ejemplo que expone la propia Organización Mundial de la Salud.

        En Bolivia la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madres que no tuvieron formación académica, es de diez por ciento. O sea, cien de cada mil recién nacidos de madres que no tuvieron formación académica, se mueren.

        Mientras que los hijos de madres que sí cursaron un nivel de educación media…..

(Sigue 3ª parte)

de madres que no tuvieron formación académica se mueren, mientras que los hijos de madres que sí cursaron un nivel de educación media tuvieron una tasa de mortalidad dos veces y media menor, es decir, del 4%, 40 niños de cada mil recién nacidos.

Esto, lo que la Organización Mundial de la Salud expresa, es que existen factores sociales que determinan las inequidades sanitarias, específicamente aspectos históricos, políticos, económicos y de inversión pública que ha hecho y ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a hacer un llamado que hizo justamente en la Sexagésima Segunda Asamblea Mundial en 2009, para que los países miembros de esta organización, por supuesto incluido México, elaboren sistemas de información sanitaria que midan y que den seguimiento a los indicadores nacionales de salud, desagregando los datos en función de los principales determinantes sociales.

En México, si bien existe un amplio trabajo de indicadores de estadísticas de salud éstas no se han interpretado como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, una organización que de vez en cuando resulta relevante para nuestro país cuando algún mexicano que fue Ministro de Salud aspira a esta organización, y qué bueno que así lo hagan. Pero hay que reconocer que hay recomendaciones de la propia OMC que no se están atendiendo, reitero, éstas no se están interpretando como la recomienda la Organización Mundial de la Salud en razón de sus principales determinantes sociales, ya que es un trabajo adicional, de investigación, análisis e interpretación altamente especializado.

Aspectos, además, que también influyen, que tienen que ver con el ambiente rural y urbano, la pertenencia a grupos indígenas, los niveles educativos o de nutrición, de acceso a la vivienda y a los servicios básicos en la salud, deben considerarse como una necesidad que enriquezca la información disponible y adicionalmente incorpore nuevos criterios para evitar al desigualdad sanitaria.

Por ello, compañeras, compañeros senadores, es que me permito presentar esta iniciativa para que de acuerdo a las recomendaciones internacionales de la OMC nuestro país incorpore en el diseño de sus políticas públicas este enfoque de los determinantes sociales en materia de salud, y que con el aval, y espero el respaldo de ustedes, senadores y senadoras, se cree el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud.

Este instituto tendría entre sus principales funciones, por supuesto, apoyar a la Secretaría de Salud para afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables, y además promover la equidad sanitaria a nivel nacional coordinándose con los sectores público, privado y social.

En suma, compañeras y compañeros, la experiencia internacional nos convoca a utilizar nuevos enfoques para contribuir a una mayor igualdad y que logremos garantizar uno de los derechos fundamentales en el desarrollo humano, que es la salud. Iniquidad en la salud es causa y es reflejo de una sociedad desigual.

Hemos vivido casos muy dramáticos recientemente de mujeres que han dado a luz en patrios de hospitales, en pasillos, en la entrada, y muchas veces lo que determinó su falta de acceso a la salud no tenía que ver solamente con su estrato social, tenía que ver con carencias de origen que dieron pie a que esa mujer, ese niño o ese recién nacido tuviera un acceso desigual a la salud.

En un país donde habita el hombre más rico del mundo el tema de la desigualdad nunca debe de desatenderse. Por eso creo que es momento propicio de incorporar este nuevo enfoque de determinantes sociales en nuestras políticas nacionales y locales de salud y contar con una institución especializada para que investigue, analice y proponga mejoras a las políticas de salud.

El Consejo Nacional para la Evaluación de Política Pública, el CONEVAL, ya lo hace en materia de políticas y programas sociales, esa es la idea, que el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud retome esta experiencia y se convierta en una institución útil que ahorre, no solamente recursos, sino también tiempo para afrontar nuestros principales retos en materia de salud con una perspectiva de equidad.

En nuestras manos, pues, está continuar con nuevas formas y nuestra lucha con la desigualdad debe estar presente en absolutamente todos los debates de este Senado de la República.

Es cuanto, Senadora Presidente. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

-Esta Mesa Directiva da la bienvenida al doctor Alberto Kohan, ex Secretario de Presidencia de la República de Argentina, invitado a este recinto por el Senador Zoé Robledo. Sea usted muy bienvenido. (Aplausos)

-Se recibieron de la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, las siguientes iniciativas:

Una, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud; y

Otra, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Ambas iniciativas se turnan a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

-Tiene ahora la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

-LA C. SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA: Con su venia Presidenta.

Honorable Asamblea:

La presente iniciativa que hoy se presenta con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, haciendo manifiesto de que existe una enorme cantidad de argumentaciones que hemos oído y que hemos escuchado en esta tribuna; asimismo, estudios, balances y estadísticas sobre el estado de la obesidad en México.

Hemos escuchado y hemos tenido también la participación de muchas organizaciones que han venido a este Pleno a manifestar el proceso epidémico que abordan clínicamente las causas y procesos, así como los riesgos que apuntalaron esta crisis en nuestro país.

Ahí tenemos una inmensidad de estudios y discursos y avances en la materia, y con esta propuesta queremos contribuir a que las estructuras institucionales queden comprometidas a actuar de una vez y para siempre con esta causa de decenas de patologías que ya existen presentes en cuadro clínicos masivos a lo largo y ancho de este país.

Todos y todas sabemos que la activación física requiere abrir espacios y considerar presupuestos, nutrir diseños curriculares, alentar una mentalidad de salud de las mismas instituciones, y por ello consideramos que las instituciones de salud tienen aquí un papel fundamental y rector como vigilante, prescriptor, estudioso y diagnóstico propedéutico, entre muchos otros.

Con esta propuesta abrimos la posibilidad de que lo que alude en los discursos contra la obesidad sea ya una obligación. En nuestro país, como se ha dicho muchas veces, se han identificado diversos factores de la causa de la obesidad, entre ellos podemos destacar el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética, un alto consumo de bebidas calóricas y el bajo consumo de frutas, verduras y la baja actividad física.

Datos y encuestas del INEGI a nivel nacional muestran que en los últimos 30 años se ha disminuido el consumo de frutas, de verduras, de carnes y tortillas y otros productores elaborados con cereales de grano entero, y se han sustituido por el aumento del consumo de refrescos y alimentos elaborados con carbohidratos refinados.

A pesar de que existe una información limitada acerca de los niveles de activación física en la población hay estudios en niños escolares que indican patrones de vida muy sedentarios, niños y jóvenes de ciudades diversas del país, y la que más destaca, por supuesto, son las ciudades más pobladas, la Ciudad de México, Morelos, Monterrey, Guadalajara, han reportado entre 3 y 4 horas diarias frente a la televisión, en videojuegos, Internet, y no solamente 1.8 horas de activación física moderada o vigorosa.

El reporte de la Salud Mundial de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la gran carga de enfermedades crónicas en el ámbito mundial, 2004. México y otros miembros de las Naciones Unidas firman un acuerdo para adoptar la estrategia global sobre el régimen alimentario y la activación física de la Organización Mundial de Salud, identifica diversos factores determinantes de la obesidad y hace un llamado para que los gobiernos tomen decisiones y acciones inmediatas y consideren a la obesidad infantil como un problema prioritario, no sólo para la salud sino para el desarrollo de las naciones.

Señala la importancia de disminuir el consumo de azúcares, grasas y sodio, reducir la densidad…

(SIGUE 4ª PARTE)

. . . . . . . . . . ........desarrollo de las naciones, señala la importancia el disminuir el consumo de azúcares y grasas y sodio; reducir la densidad energética de la dieta, incluyendo las bebidas; aumentar el consumo de frutas, vegetales y fibra, promover el consumo de agua simple, y aumentar la actividad física.

Para modificar estos patrones de alimentación y actividad física los individuos y las colectividades es necesario que los alimentos saludables y las oportunidades para la activación física sean la regla de las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades.

Para lograr esto, se debe de impulsar una política de salud dirigida a prevenir la obesidad mediante políticas públicas incluyendo distintas formas de regulación, legislación e instrumentos específicos y la creación de  nuevas normas sociales a una combinación de éstas.

Cabe destacar que entra en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 3.4 promover el deporte de manera incluyente para fomentar la cultura de salud y la estrategia 3.4.1 crear el programa de infraestructura deportiva.

Señala como líneas de acción las siguientes:  Definir con certeza necesidades de adecuación, remodelación óptima y operación de las instalaciones deportivas incluyendo las escolares.

Asimismo, la estrategia 3.4.2 señala:  Programas de activación física y deporte diseñados para atender diversas necesidades de la población señalando como líneas de acción las siguientes: Crear un programa de activación física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.

Por lo anterior expuesto, considero necesario incorporar en los programas de educación física básica la promoción de la activación física, donde por lo menos los educandos realicen una hora efectiva de clase de educación física, donde se promueva la actividad física moderada y vigorosa.

Asimismo, es importante la promoción de actividades deportivas extracurriculares y al mismo tiempo se debe reforzar el conocimiento de promoción de salud nutricional y la prevención de la obesidad.

La iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 3, 7,13, 17, 27, 65, 111, 112 y 115 de la Ley General de Salud; y el Artículo 11 de la Ley Federal de Prevenir y Eliminar la Discriminación entre otras propuestas que suman la prevención de la obesidad y estrés infantil.

Coordinar las acciones que garantice la integración de programas de activación física para la educación básica con el fin de abatir la sedentarización en los educandos y así evita la obesidad el estrés infantil.

Organizar y operar, fomentar y apoyar el diseño e implementación de una estructura de programas que integren la activación física y el deporte como componentes esenciales de la cultura física y educación básica con el fin de abatir la sedentarización de los educandos y así evitar este mal.

Coadyuvar con la implementación de los cuales deberán ser diseñados por los profesionales en la materia y se incentive la práctica del deporte como la activación física y la aceptación libre y voluntaria d todo el territorio nacional correspondiéndole principalmente al estado las acciones de esta promoción, fomento y desarrollo y financiamiento de los mismos. Las demás atribuciones específicas que así establezcan la ley y las demás disposiciones generales y aplicables.

Asimismo, participar en el ámbito de su competencia en la elaboración de los programas de activación con los estándares mínimos para la activación física donde realmente se propicie un estado de bienestar y haga de este instrumento integral y la participación social que asegure el desarrollo de una sociedad sana de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas iniciativas educativas.

La promoción de los programas de activación física para evitar la obesidad y el estrés, promoción de programas de alimentación saludable restringiendo en todo momento los alimentos y bebidas que aumentan el riesgo a la obesidad y fomentar las prácticas de actividades físicas de conformidad con las recomendaciones internacionales.

Normar el desarrollo de programas y actividades de educación preferentemente en los grupos sociales vulnerados y las escuelas de nivel básico, material de nutrición, prevención y tratamiento de control de nutrición y obesidad encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados promoviendo la activación física de los educandos con lo cual se disminuya este mal que aqueja fuertemente a la sociedad.

Instrumentar el programa de atención médica nutricional, impulsar esta propuesta desde el ámbito legislativo y llevarla a su aplicación.

Hemos tenido diferentes temas que nos hacen converger en la necesidad de atacar este mal para la sociedad desde el deporte, y por eso es que la dirijo principalmente a la Ley de Salud, y después abrirlo hacia la autoridad deportiva. Hemos propuesto y hemos hecho diferentes puntos de análisis y hemos coincidido en la urgencia que tiene esto para la niñez, pero si no lo apuramos, si no lo asentamos desde lo más elemental que es la ley y que aún así todavía quedan muchas aristas por concluir, como las que nombraba hace un momento el Senador Zoé Robledo en esta amplitud y en esta necesidad de que sea pues horizontal en todos los sentidos  y que abarque todas las esferas sociales no habrá otro camino para poder atacarlo y poder tener mejor resultado en el tema de salud para nuestro país.

Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora; Senador Robledo, ¿con qué objeto?

- EL C. SENADOR ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Para preguntarle a la promovente si me permite sumarme a su iniciativa.

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Aceptado, señor senador. Ruego a la Secretaría que lo registre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

- LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores senadores: La iniciativa que presento el día de hoy tiene una especial relevancia para la sociedad mexicana, y en particular para  los jóvenes de México.

Esta tiene como finalidad, esta iniciativa a atender la problemática relativa a los trastornos alimenticios  y las adicciones de la población joven de entre 17 y 24 años mediante la creación de programas escolares de prevención y protección con un enfoque de recreación y rehabilitación a través de la cultura física y el deporte.

Ello es de especial relevancia toda vez que de conformidad con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 el mayor consumo de drogas corresponde a la población de entre 18 y 34 años; por su parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 arroja datos que indican que el 35 por ciento de la población adolescente de entre 12 y 19 años de edad presentan sobrepeso y obesidad, es decir, que 1 de cada 5 adolescentes presenta sobrepeso, y 1 de cada 10, obesidad.

El aumento de 2006 a 2012 fue del 5 por ciento de los jóvenes en tanto que los adultos el aumento fue únicamente de 2.9 por ciento; en cambio la anemia en jóvenes, bajó del 9.2 al 5.6.

Considerando también que de acuerdo con los censos de población y vivienda 2010, la mitad de la población de nuestro país son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, resulta entonces de suma importancia el desarrollo de programas escolares de prevención y protección que apoyen a este sector por trastornos alimenticios o adicciones de los cuales el 20.7 cursan el nivel medio superior, y el 23.1 el nivel superior.

En este tenor propongo reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, y de la Ley General de Cultura Física y Deportes a efecto de insertar dentro de las facultades de las Secretarías de Salud y de Educación el desarrollo coordinado de programas de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones, estableciendo a su vez a través de la CONADE la vinculación con el desarrollo de la actividad física y de los programas deportivos como mecanismo de rehabilitación de los jóvenes que se encuentren en los supuestos de trastornos alimenticios o adicciones.

Aunado a lo anterior se propone establecer como requisito indispensable para el nivel medio superior y superior que dentro de la documentación de las instituciones educativas requiere a los alumnos de nuevo ingreso o reingreso, se presente un certificado médico que incluya un antidoping completo y una........

(Sigue 5ª. Parte)

....  Requiere a los alumnos de nuevo ingreso o reingreso, representa un certificado médico que incluya un "antidoping" completo y una biometría "temática" general. Lo anterior con la finalidad de que la institución educativa esté en condiciones de apoyar al alumno que tenga algún tipo de trastorno alimenticio o problema auditivo dando aviso a la autoridad competente para que a la brevedad el alumno sea canalizado a un centro de rehabilitación para su pronta recuperación a través de reacondicionamiento físico por medio del deporte.

En ese sentido todas las instituciones educativas tendrán la obligación de apoyar al alumno, ello con la finalidad de que sea rehabilitado y que pueda continuar con sus estudios, libre de los efectos negativos, provocados por adicciones y trastornos alimenticios. 

Por lo anterior expuesto, se propone a la honorable asamblea lo siguiente:  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal, Ley General de Educación, Ley General de Salud y la Ley General de Cultura Física y Deporte para desarrollar programas escolares de prevención  y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o “adiciones”. Muchas gracias, señora presidenta. Es cuanto. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias señora senadora María Cristina Díaz Salazar. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Participación Ciudadana. En el uso de la palabra.

-LA C. SENADORA LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA: Con su permiso, señor presidente. La verdad que yo tenía ganas de presentar esta iniciativa en meses pasados habíamos presentado varios legisladores propuesta de modificación a la Constitución para hacer participativa nuestra democracia.

Ya hemos aprobado la Reforma Constitucional en la materia, cuando hicimos la reforma política, entra ahí una modificación que permite la participación de los ciudadanos. Aquel que tiene el poder para tomar parte en la administración deliberativa y judicial de cualquier Estado, le llamamos ciudadano, y de manera general un Estado es un cuerpo de ciudadanos suficiente para los propósito de la vida, lo dijo Aristóteles.

Y nosotros queremos vivir una democracia representativa donde durante muchos años, me parece que es importante y valioso pasar de la representatividad a una democracia mucho más participativa que sea en gobernanza, que sea con espacios formales de participación de los ciudadanos, de supervisión, de vigilancia para que entre todos podamos tomar las decisiones.

Así que seguir abonando y abriendo con el concurso de mis compañeros del grupo y de todas las fuerzas políticas aquí representadas, la ruta de la democracia participativa y deliberativa representa un paso imprescindible para millones de ciudadanos en el país.

Hay pasos institucionales y legales necesarios, y hay otros más que se inscriben como históricos. Nosotros creemos que la participación ciudadana puede ser un parteaguas en la historia de nuestro país, por ello de conformidad con las recientes reformas vengo a presentar ante esta soberanía una iniciativa que tiene la Ley General de Participación Ciudadana, con la firme convicción de que este esfuerzo se sume a los diversos y valiosos proyectos ya existentes, y que a la postre sirva como marco legal para las entidades federativas y los municipios del país, para adecuar y armonizar sus leyes respectivas con este propósito trascendental e histórico para la vida pública.

Por supuesto que esa iniciativa mantiene y da vigor a la perspectiva deliberativa que debe tener la democracia participativa o ciudadana. Consideramos de manera responsables que las figuras de participación tradicionalmente propuestas, significan formas valiosas de participación, sin embargo, a largo plazo solo mantienen al ciudadano en esa dinámica hecho por instantes cuando solo hay una consulta.

Nosotros decimos sí a la participación ciudadana, pero aquella que sea permanente y se inscriba como forma de vida, es decir, como un hábito diario en la conducta cívica de los ciudadanos y el Estado.

Para que un ciudadano pueda ser parte en el gobierno y formar parte de la administración deliberativa, como dijo Aristóteles, lo que necesita es información y generar los canales ideales para dirigir sus aportaciones, pues los nobles ideales, la teoría democrática, clásica, suponen un proceso de toma de decisiones nacional con un electorado con pleno conocimiento.

Cabe destacar que en el ámbito local es donde mayor auge han tenido los mecanismos de participación ciudadana. Así 18 entidades federativas ya cuentan con leyes de participación ciudadana, y nueve más tienen leyes secundarias que regulan algunas figuras de manera aislada.

Sin duda alguna, todos coincidimos en que el sistema representativo resulta ya insuficiente, porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión de sufragio para después retirarse sin mayor objeción.

Con el sistema de partidos actual, la libertad del ciudadano en su capacidad de participación se reduce a los escasos segundos que ocupe en la mampara electoral. Nuestro país ha entrado en la etapa en que una representación, sin una participación de la ciudadanía real imposibilite el avance hacia una consolidación de Estado; ese sexenio sin ciudadanos puede convertirse en la “reedición” del viejo régimen. 

La conformación de la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas, que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad, y muchas decisiones se toman con un completo desconocimiento de la materia.

En efecto, la noción de democracia deliberativa ha sido presentada por “Abermas” para superar el “impas”, que se produce entre la defensa de la primacía de los derechos humanos individuales, y los que ponen el énfasis en la idea de la soberanía popular.

¿Dónde encontramos la legitimidad de la democracia moderna? La respuesta es sencilla pero compleja a la vez de “improyectar” en nuestros sistemas normativos en un acuerdo comunicativo entre gobernados y gobernantes.

Entonces la legitimidad democrática se da cuando las acciones, normas o instituciones que en ella se dictan pueden ser justificadas dentro de un proceso deliberativo. Esta discusión racional, respetuosa y equitativa da como base la formación de la gobernanza, entendida  como la posibilidad democrática de potenciar la participación formal. 

Es, en síntesis, un conjunto de posibilidades que se ofrecen al ciudadano desde las instituciones para que se involucren los procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Hay agendas públicas en las que existe un consenso generalizado.

Compañeras y compañeros senadores, esta iniciativa es una de ellas, por este motivo aprovecho esta exposición para convocarlos también a la realización de foros en los congresos de las entidades federativas, y un gran foro en la sede del Senado para proponer, conocer, analizar y construir de manera objetiva la mejor legislación que esta materia pueda tener y que esté a la altura de las grandes necesidades, inquietudes y talentos de nuestros ciudadanos.

En efecto, el consenso es patente, por ello consideramos que esta materia, dada su relevancia, y que puede convertirse en uno de los grandes detonantes del desarrollo nacional debe darse como una ley general y así convertirse en el modelo y la base fundamental para toda la República, respetando los principios rectores del federalismo.

Así, la presente iniciativa busca cumplir con los más altos ideales que impulsamos en Acción Nacional, donde el ciudadano exista junto a su gran talento y el de los demás de manera permanente. La democracia no es un instante, es un estilo de vida.

En este sentido consideramos en esta propuesta un modelo democrático deliberativo, promoviendo la consolidación democrática, entendida como el proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis, en palabra de “Norberto Bobio”, la democracia deliberativa es el gobierno del poder público en público. 

Para ello la presente iniciativa contiene seis títulos con 87 artículos, dentro de los cuales se establecen los derechos de los ciudadanos para participar en los diversos mecanismos de participación ciudadana.

Destaca la integralidad de la presente iniciativa, pues no sólo se limita a tres tradiciones figuras de participación, como lo son el plebiscito, el referéndum, o la iniciativa popular, sino que incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias, hasta la participación en las grandes decisiones ....

(Sigue 6ª. Parte)

. . . sino que incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias hasta la participación en las grandes decisiones de nuestra Nación.

        Establece como mecanismo lo siguiente: audiencia pública, consulta popular, colaboración ciudadana, contralorías ciudadanas, comités ciudadanos, consejos económicos y sociales, observatorio ciudadano, recorridos de autoridades e iniciativa ciudadana.

        No debemos olvidar que el Legislador debe involucrar la ciudadanía en el proceso de formación de leyes.

        Por lo tanto debe existir un mecanismo formal por medio el cual se ve a una consulta ciudadana como una forma de participación del pueblo para mejorar y complementar un sistema que aspira a fortalecer y consolidar la democracia.

        Esta Ley tiene como fundamentales finalidades garantizar la democratizaciones de  las relaciones desde ciudadanía y estado en sus diversos niveles.

        Equidad de género y generacional en la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la  toma de decisiones de la vida pública.

        Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación social.

        Promover participación ciudadana con  el concurso de los pueblos originarios de la República con pleno respeto, inclusión de sus lenguas y costumbres.

        Acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos  dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes.

        Control social respetuoso y rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejan fondos públicos.

        Establecer formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia deliberativa  determinados por la Constitución y esta Ley.

        Fijar criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y ciudadanos que formen parte de estas instancias.

        Implementar actuación de los órganos del Estado en la democracia electrónica o participación vía virtual e implementar  procesos de formación académica y capacitación  constante a los servidores públicos para la formación de una cultura basada  en la construcción de una versión pública, abierta y deliberativa con el concurso de la sociedad.

        Es por ello, Presidente, Asamblea, que presento esta iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Participación Ciudadana.

        Me encantará que podamos abrir foros y que se incluya en las distintas mesas que ya están trabajando en la reglamentación de la participación ciudadana a partir de la reforma constitucional que aceptamos en este  Senado en el periodo pasado.

        Es cuanto, Presidente.

        ­-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

        Sonido por favor en el escaño del Senador Octavio Pedroza.

        -EL C. SENADOR OCTAVIO PEDROZA  GAITAN (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente.

        Para solicitarle respetuosamente consulte a la Senadora Proponente si me permite acompañar y suscribir su iniciativa.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Senadora, le preguntaría, ¿acepta la incorporación de los compañeros senadores, igualmente el Senador Francisco Salvador López Brito?

        Con gusto.

        Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda.

        A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para  Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

        En el uso de la palabra, Senadora.

        -LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias.

        Señoras senadoras, señores senadores,  la desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos.

        Las cifras, sin duda a todas luces se han incrementado de manera alarmante en nuestro país en los últimos años.

        Según el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante dicho organismo entre diciembre de 2006 y  2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011.

        Si analizamos las distintas informaciones e informes  de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en el señalamiento de esta evaluación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de que estos años justamente han sido el de mayor registro de reclamo de personas que han desparecido.

        Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, señaló tras su visita  al país en el mes de marzo del 2011 que más de 3 mil personas habrían desaparecido en México desde 2006.

        Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada encontramos que una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son debidamente investigadas como desaparición de personas  u otro delito similar, argumentando que el delito no está tipificado o no hay elementos  para generar  una línea de investigación.

        De acuerdo por lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Asociación Civil en su informe, el surgimiento de la desaparición forzada en México de enero 2013, se han identificado a 4 grandes grupos de personas que particularmente son vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual.

        Las y los defensores de derechos humanos, personas con algún tipo de militancia política  o de movimientos, integrantes de movimientos sociales, personas migrantes y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad o pública y cuerpos, grupos de delincuencia organizada.

        A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal.

        No obstante, como podemos ver en estas cifras que yo, brevemente acabo de mencionar, el tipo penal ha resultado inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, y  a que se restringe la autoría del delito únicamente a servidores públicos, dejando fuera del tipo penal a todas  aquellas personas que con el apoyo, autorización, tolerancia o aquiescencia del estado  cometen tal delito.

        Por lo que no corresponde a los estándares internacionales tal como ya ha sido señalado puntualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

        Estas consideraciones, por cierto llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, dicha sentencia data del 23 de noviembre del 2009 y además nos obliga a que tomemos medida para reformar  no solamente el Código  Militar sino también los preceptos sustantivos y adjetivos en materia penal.

        Sin embargo, a más de 4  años esto no ha sucedido.

        También tengo que mencionar que entre las recomendaciones que México recibió en octubre pasado en el marco del examen periódico universal en Ginebra por parte del Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, también se nos recomienda que tomemos medidas para que legislemos debidamente en esta materia.

        La presente iniciativa justamente se fundamenta en estas recomendaciones  y por supuesto también en los diversos instrumentos internacionales de los que México es estado parte.

        Enumero las más importantes:

        La Declaración sobre la Protección de Personas, de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas que fue aprobada  en la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992.

        La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada en Belem do Pará, Brasil en junio de 1994 en el marco del periodo número 24 de sesiones de la Asamblea General.

        El Estatuto de la Corte Penal Internacional. . .

(Sigue 7ª parte)

…número 24 de sesiones de la Asamblea General.

        El estatuto de la Corte Penal Internacional, también aprobado el 17 de julio de 1998, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del 22 de junio de 2006.

        Además responde a las diversas peticiones y exigencias de organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la problemática específica a la que se enfrenta.

        Es verdaderamente, además de conmovedor, el sentimiento casi de incapacidad para poder responder adecuadamente. Yo creo que este es un primer paso.

        Es por ello que el día de hoy presento, para que sea turnada a su revisión en comisiones, esta Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

        Insisto, respondiendo no sólo a las observaciones internacionales respecto del tipo penal, sino también se propone en esta Iniciativa en comento la creación del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas,  cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de mantener un registro actualizado de todas y cada una de las personas, en cualquier modalidad de detención por parte de cualquier autoridad federal.

        Como hemos dicho, los tipos penales contemplan los sujetos activos del servidor público, pero también, a cualquier particular que actúe en colaboración o con la autorización, el apoyo, la tolerancia o la asistencia de éste.

        Se equipara al delito de desaparición forzada de persona el omitir integrar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada. Existen gran cantidad de casos que nos obliga a legislar en esta particular materia.

        Entre las circunstancias agravantes de la pena, se establece: que la víctima, sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer, que esta se encuentre embarazada, migrante o indígena, entre otras.

        Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas, es que en muchos de los casos las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia, o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos en detrimento de ésta.

        Es por ello que planteamos que el ministerio público cuente con un plazo máximo de 6 meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en caso afirmativo deberá consignar el caso al juez competente, quien en el mismo auto de erradicación deberá nombrar apoderado legal de la persona desaparecida., dictar las medidas provisionales conducentes, y emitir esta figura importante que incluimos en la Iniciativa, la declaratoria especial de ausencia de persona por desaparición, misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

        Señoras senadoras;

        Señores senadores:

        Por todas estas argumentaciones que hoy acabo de de esgrimir ante ustedes, ponemos a consideración esta Iniciativa, y por lo tanto, les invitamos a que le demos la debida prioridad en la agenda legislativa de esta soberanía, a efecto de dar respuesta lo más pronto posible a diversas recomendaciones de la comunidad internacional, y además porque constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana.

        Es cuanto.

        Muchas gracias. (Aplausos).

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

        Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

        Esta Presidencia saluda la visita de un grupo de ciudadanos del Municipio de Tlanalapa, del Estado de Hidalgo, invitados por nuestro compañero Senador Omar Fayad Meneses.

        ¡Bienvenidos! (Aplausos).

        -En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

        Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, y con fundamento en el artículo 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

        Ahora tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3º de la Ley General de Cambio Climático.

        Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, pido a la secretaría que consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si se omite su lectura.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea   --en votación económica--  si se omite la lectura del dictamen.

        -Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

        -Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

        -Sí se omite la lectura, señor Presidente.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

        Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

        Está a discusión dicho dictamen.

        Informo a la Asamblea que el dictamen que hoy estamos discutiendo es el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

        En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

        Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

        -Informo a la Asamblea que se recibió en esta directiva la participación del Senador Benjamín Robles Montoya, sobre el dictamen que nos ocupa, el cual se incorporará al Diario de los Debates.

Gracias, Senador.

(Sigue 8ª parte)

… Senador Benjamín Robles Montoya, sobre el dictamen que nos ocupa, el cual se incorporará al Diario de los Debates.

Gracias, Senador.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, emitieron 98 votos en pro, y cero votos en contra.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

        En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo tercero de la Ley General de Cambio Climático.

        Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

        A continuación tenemos la segunda lectura, al dictamen de las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos tercero, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, para incorporar la figura de “cuidadores” y “cuidadores temporales” para la asistencia de personas adultas mayores.

        A este dictamen se le dio primera lectura, hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y de inmediato se ponga a discusión.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

        Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

        En consecuencia, está a discusión…

        Y se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, para presentar el dictamen a nombre de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

        Y en su turno, al senador Alejandro Encinas, para que también a nombre de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, presente dicho dictamen.

        Adelante, senadora.

        -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: Muchas gracias, senador presidente.

        Estimados compañeros y compañeras: Vengo, por supuesto, a hablar en favor de este dictamen, invitándoles, al tiempo, a que se sumen con su voto a favor del mismo; en virtud de la importancia que tiene en el tema aquí abordado.

        Y en ese tenor, quiero expresar, que los y las legisladores tenemos y debemos estar atentos a los cambios culturales y sociales, que suceden en nuestro país.

        Por lo que es necesario  buscar aquellas soluciones que nos permitan dar una respuesta puntual y oportuna a todos los mexicanos.

        Tratándose de las personas adultos mayores, tenemos que ser sensibles, y tomar en cuenta que la disminución y el deterioro de algunas de sus capacidades, ocasionan que este grupo vulnerables se encuentre en una situación de desamparo, discriminación y segregación social.

        Derivado del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente, las comisiones dictaminadoras consideramos oportuno incluir en el artículo tercero de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, conceptos, como el de “cuidador” y “cuidador temporal”.

        Siendo el primero de ellos, aquella persona, mayor de edad, que asiste o cuida a un adulto mayor.

        Mientras que la segunda, será aquella persona, mayor de edad, que preste sus servicios de forma voluntaria y temporal en Centros de Salud, Asilos y Albergues reconocidos por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM.

        Asimismo, también nos manifestamos a favor de la adición propuesta al artículo quinto, de la ley referida, la cual consiste en que el INAPAM, a nivel federal, estatal y municipal, puede establecer convenios con instituciones de educación públicas y privadas, a fin de incorporar a las personas adultas mayores, que tengan una preparación académica, como instructores en los programas dirigidos a la alfabetización, capacitación y difusión de algún tema de interés social; en especial los programas dirigidos hacia las personas adultas mayores.

        En este tenor, y como resultado de un minucioso análisis, es que coincidimos en adicionar el actual artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el cual queremos promover que las instituciones públicas del Sector Salud, puedan brindar a las personas adultas mayores, que así lo requieran, el servicio de un cuidador temporal, quien deberá recibir la capacitación correspondiente, para sus actividades y la cual deberá incluir información básica, sobre el proceso de envejecimiento, sobre el derecho de las personas adultas mayores y sobre primeros auxilios.

        Aunado a lo anterior, el tema de la vivienda, es primordial, para todas las personas.

        En este sentido, estas comisiones, consideramos oportuno adicionar el artículo 21,  con el objeto que las instituciones públicas de vivienda, garanticen el diseño y ejecución de programas de viviendas, para las personas adultas mayores, aplicando modalidades especiales de acceso y financiamiento.

        Finalmente, las comisiones dictaminadoras, estamos a favor de que el INAPAM tenga como nueva atribución, la de firmar con la Secretaría de Educación Pública…

        Tenga como nueva atribución la de firmar con la Secretaría de Educación Pública, convenio, para que se les reconozca y libere el servicio social…

(SIGUE   9ª. PARTE)

… de educación pública, convenio para que se les reconozca y libere el servicio social a aquellas personas que cuiden a los adultos mayores en centros de salud, asilos y albergues, para con ello fomentar la participación de los estudiantes en los programas de cuidador temporal y con ello retribuir a la sociedad de manera directa a través de su servicio social, a favor de las personas adultas mayores.

        Por ello, compañeras y compañeros senadores, segura de contar con su apoyo, estas comisiones dictaminadoras reconocemos el papel fundamental de las personas adultas mayores en nuestra sociedad.

        Ponemos a su consideración este dictamen seguros de que brindaremos un buen y adecuado servicio de cuidado que auxilie a las personas adultas mayores en su vida diaria y permita seguir desarrollándose plenamente.

        Por su atención y segura por su apoyo, muchas gracias.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Hilda Estela Flores Escalera, para hablar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se le concede el uso de la palabra a su presidente el senador Alejandro Encinas Rodríguez.

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros.

        Yo quisiera llamar su atención respecto a esta Reforma a la Ley de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores, la cual va a beneficiar a un muy amplio sector de la sociedad mexicana, incluidos a muchos de quienes integramos este órgano legislativo.

        Como lo ha señalado la senadora Hilda Flores, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, esta iniciativa tiene como objeto fundamental enriquecer a la ley vigente que fue publicada en junio del 2002, y por medio de la cual se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como el órgano rector de las políticas públicas para la atención de las personas de 60 años de edad y más, y para que desde una visión integral se privilegien acciones, se atiendan las necesidades y se oriente a los adultos mayores de este país en el ejercicio pleno de los derechos que le otorgan la Constitución y la legislación mexicana.

        La reforma introduce nuevas definiciones como son las de cuidar permanente y de cuidar temporal y faculta al Instituto Nacional de Atención a Adultos Mayores, para que puedan establecer convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser instructores en programas del propio instituto, pero también que al mismo tiempo señala que el Instituto debe de terminar que las instituciones de salud están obligadas a otorgar cuidadores temporales debidamente capacitados para la atención de aquellos adultos mayores que lo necesiten.

        De la misma manera se establecerán políticas públicas para promover programas de vivienda para este sector de la población, así como para que la Secretaría de Educación Pública reconozca como servicio social a los cuidadores temporales de adultos mayores en los centros de salud.

        En las  comisiones dictaminadoras coincidimos en que el crecimiento de las expectativas de vida de la población mexicana no se ha traducido en un mejoramiento de su calidad de vida, toda vez que al llegar a los 60 años de edad, las mexicanas y los mexicanos se encuentran cada día en mayores condiciones de desventaja, incrementándose la dependencia hacia la familia y la comunidad, lo que ha derivado en muchos casos a que los adultos mayores sean menospreciados, maltratados o incluso abandonados en la propia vía pública.

        Por ello consideramos que se deben adoptar medidas para procurar la atención de este sector de la población a fin de instaurar un eficiente sistema de coordinación interinstitucional para aumentar y mejorar diversos servicios en favor de los adultos mayores.

        Hay que insistir en que es una responsabilidad del Estado mexicano el contribuir con el desarrollo de las personas adultas mayores, principalmente con aquellas que carecen de la protección de un sistema de seguridad social que les brinden los servicios y las atenciones que requieran por su edad y que hoy viven en situación de riesgo y desamparo.

        En este sentido se modifica el artículo tercero de la ley mencionada para que como lo señaló la senadora Flores, el cuidador y el cuidador temporal puedan ellos estar plenamente facultados para que de manera voluntaria y temporal, en centros de salud, asilos, albergues reconocidos por el Instituto Nacional, puedan prestar sus servicios.

        En el artículo 5° de la ley, se faculta al instituto para que con todos los órdenes de gobiernos pueda establecer convenios con instituciones de educación pública y privada para que las personas adultas mayores accedan a su preparación académica como instructores en los programas de alfabetización, capacitación y difusión de un tema de interés social, especialmente todos aquellos dirigidos a las personas adultas mayores.

        Estos convenios son una obligación que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, establecidos en la ley, así como los diferentes convenios del INAPAM.

        Por eso se adiciona una fracción XXI del artículo décimo para establecer como objetivo de la política nacional sobre personas adultas mayores el proveer de los mecanismos de participación necesarios para que los adultos mayores colaboren en el diseño, la elaboración y la ejecución de programas y proyectos públicos que traten sobre la problemática que los aqueja.

        Y finalmente también se reforma el artículo 18 de la ley para garantizar que las instituciones públicas del sector salud brinden a las personas adultas mayores que así lo requieran el servicio de cuidar temporal quien deberá recibir capacitación correspondiente a sus actividades y al mismo tiempo deberá incluir información básica sobre el proceso de envejecimiento y sobre los derechos a los que tienen o deben tener acceso  las personas adultos mayores.

        Por estas coincidencias que hemos tenido de una iniciativa que proviene desde abril del 2012, les pedimos a ustedes el voto a su favor a fin de seguir construyendo un sistema integral de atención a un grupo vulnerable profundamente vulnerable y en un acelerado proceso de crecimiento, como son las mujeres y los hombres mayores de 60 años en este país.

        Por su atención, muchas gracias.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador Alejandro Encinas Rodríguez. Iniciamos la discusión de este dictamen en lo general. Informo a la asamblea que se han inscrito oportunamente la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor; y el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor; y del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

        Se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

        -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Con su permiso, señor presidente. Estimadas senadoras y senadores.

        La importancia de que aprobemos con algunas modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, representa, como lo señala la proponente, el enriquecimiento de la norma respectiva con un enfoque de desarrollo humano integral que privilegie las acciones de proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer su problemática y encontrar soluciones adecuadas.

        El introducir con toda claridad las definiciones de cuidar permanente y de cuidador temporal, el facultar al INAPAM para que establezca convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser…..

(Sigue 10ª parte)

…al INAPAM para que establezca convenios con instituciones educativas para que los adultos mayores puedan ser instructores en varios programas, el fomentar la participación de dicho instituto en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten sobre todo a los adultos mayores determinar que las instituciones de salud estén obligadas a otorgar cuidadores temporales debidamente capacitados, promover el diseño de programas de vivienda para que ese sector de la población sea beneficiado, así como proponer que la Secretaría de Educación Pública reconozca como servicio social a los cuidadores temporales de adultos mayores en los centros de salud, vendrá a fortalecer de manera determinante la atención y el respaldo que en el Estado mexicano le debe a los adultos mayores.

Es cierto, tenemos muchos pendientes con este sector de la sociedad, ya no debemos escatimar los esfuerzos en esta representación porque ha llegado el momento de que la nación responda a la gran deuda que tenemos con nuestros adultos mayores. Si queremos realmente que puedan tener y disfrutar una vida plena, con libertad y respeto, sin pobreza, con dignidad, con justicia y que sean incorporados e incluido en procesos de bienestar social a los que deberían acceder todos los mexicanos.

El tamaño del problema con los adultos mayores está estrechamente ligado a los problemas de pobreza y de analfabetismo. En el país uno de cada dos adultos mayores están en pobreza, y uno de cada diez viven en pobreza extrema de acuerdo con la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, además señala tristemente que el 15.7% de ellos no tiene acceso a servicios de salud.

En cuanto al analfabetismo en el que se encuentran los adultos mayores, más allá de los índices que son muy lastimosos para un país que supuestamente se dice en franco desarrollo, evidencia que las estrategias gubernamentales para abatirlo no han logrado el éxito que sería esperable dados los recursos invertidos.

Por ello, también el analfabetismo, según lo agencia la Agencia Quadratín, constituye una de las grandes deudas de la sociedad que difícilmente tendrá solución si no se cambia el contexto social de estas personas. Si no se modifican sus condiciones socioeconómicas y si no se acompañan de esfuerzos serios, responsables y con acciones para combatir la pobreza y la desigualdad en que éstas viven.

Sumado a esto los adultos mayores sufren violencia, son agredidos física o verbalmente, despojados de sus bienes, ingresos o inmuebles que son utilizados sin su consentimiento, sin tomar en cuenta sus necesidades, padecen maltrato emocional, con amenazas y palabras ofensivas, ausencia de expresiones de cariño y respeto o daño a su identidad y dignidad nos refieren los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por ello, también hemos mostrado nuestra preocupación en el sentido de saber si son verdaderos los beneficios de las reformas en seguridad social universal que ha impulsado el Gobierno Federal. Recordemos que alrededor de 30 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, mismos que casi en su totalidad no tienen acceso a la seguridad social, también conocida como Seguro o Previsión Social.

El concepto se refiere a una política de bienestar social que protege o garantiza la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la salud, la vejez, las discapacidades. Cuando no se garantiza la satisfacción de dichas necesidades las personas sufren una severa reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también en la desprotección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos.

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer la misma protección a las personas que están en la imposibilidad temporal o permanente de obtener un ingreso o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales para que puedan satisfacer sus principales necesidades proporcionándoles derechos en los mismos términos que a los trabajadores formales.

Los adultos mayores requieren de su gobierno, esquemas eficientes integrados en los programas de las instituciones de salud, educación, del INAPAM y del desarrollo social del país para erradicar las condiciones de pobreza, analfabetismo, el maltrato, el abandono y descuido que padecen nuestros adultos mayores por su condición de fragilidad…

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le rogaría que concluyera su intervención, por favor.

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Por ello, es tan importante que demos nuestro voto para aprobar este dictamen y ciertamente debemos seguir avanzando porque las deudas con los adultos mayores no deben seguir incrementándose.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

-A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, Presidente.

Esta es una de las iniciativas que da gusto votar, que da gusto promover, sin duda este país tiene una gran deuda con este sector poblacional que por desgracia se encuentran en condiciones marginales de atención, de desarrollo, hasta existencial. Y me parece que es un buen esfuerzo, una respuesta modesta para el tamaño del compromiso para quienes en su vida entregaron su talento, su esfuerzo, su conocimiento en beneficio de este país.

Es sin duda el sentido de nuestro voto va a ser a favor de este dictamen, sin embargo, vale la pena, dado el tema y la discusión, dejar en la reflexión algo que está sucediendo en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, en los suburbios de este país, y es la falta de atención precisamente a este grupo poblacional, el de los adultos mayores.

Es innegable la circunstancia y la condición que están viviendo muchos de ellos que por desgracia inclusive son cabeza de familia, son el sustento de sus hijos, y hoy muchos de ellos en el abandono. No hay que olvidar que en este país hasta hace unas décadas el jornalero no tuvo la oportunidad, y el gobierno tampoco tuvo la visión de generarle la previsión social para cuando llegara a esta etapa difícil, y hoy no hay quien le dé la mano para el cumplimiento de su sustento, para la medicina, para el alimento, para la estancia.

El artesano, el carnicero del pueblo, el ladrillero del pueblo, el paletero, el del oficio, en este país no se tuvo la visión y no hubo la previsión y esta gente no goza, ni tiene la certeza de que el fin del mes recibiría aunque sea de manera modesta la pensión o el apoyo económico que otro sector poblacional sí la tiene y es del que hoy damos cuenta a través de esta iniciativa para esta figura que se crea el del cuidador, y que sin duda es un gran avance, sin duda es muy benéfico, pero es todavía necesario incrementar el debate, la vigilancia y buscar que los programas sociales a este grupo vulnerable…

(SIGUE 11ª PARTE)

. . . . . . . . . ........ incrementar el debate, la vigilancia y buscar que los programas sociales a este grupo vulnerable en verdad cumplan el propósito, porque ha llegado tal la desatención que hasta los modestos programas sociales con los que se cuentan se manipulan y se le regatean, y me refiero al apoyo de 70 y más, ese apoyo federal que debiera ser noble, obligatorio, sin distingos y en libertad y que en provincia o en nuestros estados todavía en muchos de los casos se les regatea y se jinetea inclusive el dinero con el que debieran hacer frente, aunque es muy modesto a sus obligaciones, y hay ocasiones, como sucedió al inicio de ese año, que hasta dos o tres meses le retienen ese apoyo, que es muy modesto, pero para ellos muy necesario.

Datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informan que el número de personas de 60 años y más es el 10 por ciento o 10.1 millones en México, lo que representa casi el 10 por ciento de la población total; en contraste, la mitad de la población tiene 26 años o menos, y eso significa que la política pública encaminada a la población de los adultos mayores debe ser prioridad para el estado mexicano debido a que dentro de los próximos 40 años quizás en períodos de décadas o antes se estará incorporando un gran número de personas a este sector poblacional de los adultos mayores.

México será un país de personas adultas en el futuro inmediato.

En este sentido el Instituto Nacional de Personas Mayores señala que el total de adultos mayores, el 21.4 por ciento tiene problemas de acceso a la alimentación

Por otro lado, 26 por ciento problemas de acceso a la salud; y el 28 por ciento no tiene seguridad social; y el 16 por ciento no cuenta con servicios en la vivienda.

Es por ello, que si no mejoran las políticas públicas, si no vamos a la búsqueda de la vigilancia, de la supervisión en un asunto más genuino y de correspondencia a un compromiso y a una deuda que se tiene con este sector poblacional que entregó su vida, entregó su tiempo, su talento para el desarrollo de este país, para que muchos de nosotros estuviéramos aquí en esta tribuna, y para que muchos de nosotros pudiéramos desarrollarnos en nuestra sociedad.

Por eso, felicito, y seguramente por modesta que sea, es un inicio y es un avance en esta iniciativa, y felicidades para el promovente y para los miembros de la Comisión.

Es cuanto, señor Presidente, y el sentido de nuestro voto a favor del dictamen.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES:  Gracias, señor Senador David Monreal Avila. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor, en el uso de la palabra hasta por cinco minutos, señor senador.

- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Sí, con la venia del Presidente de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros senadores. Efectivamente el ciclo vital de los seres humanos, como todos sabemos consta de variadas etapas. Una de esas fases la constituye el envejecimiento el cual en sentido estricto en México inicia a partir de los 60 años. Sin embargo, una de las particularidades de la denominada tercera edad es precisamente el hecho de que no es valorada como debiese.

En la antigüedad el hecho de ser un anciano significaba respeto y experiencia, lo cual constituía un elemento fundamental, ellos eran los ancianos quienes tomaban decisiones y quienes poseían mayores jerarquías dentro del grupo.

Sin embargo, en la actualidad la situación se ha invertido. Y esta etapa de la vida cobra cada vez menos importancia social.

Alcanzar la tercera edad trae consigo una cadena de situaciones como la vulnerabilidad a la que  es sometida esta parte de la población, y sea por el acceso o la falta de acceso a oportunidades como la salud, pensiones, alimentación y vivienda, entre otros.

La vejez, compañeras, compañeros senadores  tanto en México como en el mundo va adquiriendo una significancia mucho más relevante; la cantidad de adultos mayores en el mundo crece de forma exponencial, la relevancia de este proceso que se vive a nivel mundial radica precisamente en que afecta a todo el ámbito del desenvolvimiento social, y en México no nos encontramos preparados para enfrentar esta problemática de modo eficiente.

Así pues, en nuestro país, quiero decirlo,  estamos viviendo un proceso de crecimiento de la población de la tercera edad, como todos sabemos, principalmente por el aumento en la expectativa de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Este nuevo fenómeno dada su gran velocidad impone nuevos desafíos para el estado quien debe diseñar y debe implementar políticas públicas que satisfagan las necesidades que surgirán para este sector de la población.

Datos como los que hemos escuchado, datos como los que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reflejan que la población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa por lo menos el 9.3 por ciento de la población total. Y por otro lado, vale la pena recordar que de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la CONEVAL, en México el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

Estos datos, compañeras y compañeros senadores, revelan que son dos los problemas que aquejan principalmente a este sector.

El primero, se basa en el hecho de que de la soledad en la que deben afrontar estas personas dicho proceso, principalmente la mujer, ya que son ellas quienes tienen mayor expectativa de vida; y en segundo lugar está la pobreza en que vive un alto porcentaje muy importante de adultos mayores, esto pues derivado de los sistemas de pensiones insuficientes para satisfacer las nuevas necesidades que surgen en este tramo.

En este sentido, compañeras y compañeros el Grupo Parlamentario del PRD ha expresado, y lo vengo aquí a reiterar, somos conscientes de que las políticas públicas no han sido capaces de establecer condiciones mínimas que aseguren dignidad a este sector, de ahí que ponderemos la necesidad de urgencia de aprobar en sus términos el dictamen que las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Segunda ponen a nuestra consideración a efecto de generar el andamiaje jurídico adecuado para que el Ejecutivo Federal implemente las políticas públicas que a este sector requiere.

Es cuando, senador Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Benjamín Robles Montoya; en virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación.

    (SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO DE VOTACION)

Esta Presidencia saluda a los integrantes del grupo SCOT-1 Esthela Maris, invitados por la Senadora Mariana Gómez

(Sigue 12ª. Parte)

....  a los integrantes del grupo “Scot uno en Telamari”, invitados por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, sean ustedes bienvenidos. (Aplausos).

Saludamos también a un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Facultad de Derecho, invitados también por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, bienvenidos. (Aplausos).

.LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ:  Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 96 votos en pro, y cero votos en contra.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias, señora secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos tercero, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la asamblea que en la agenda de hoy están inscritos dos dictámenes a discusión de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, en sentido negativo para  dar por desechadas una minuta que remite la Colegisladora, y una iniciativa originada en esta Cámara.

Ambos proyectos se han retirado del orden del día a solicitud del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Vivienda.

En consecuencia, tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia está a discusión dicho dictamen. En virtud de que no hay oradores inscritos, solicito a la secretaria que consulte a la asamblea en votación económica si es de aprobarse dicho proyecto.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ:  Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de decreto ya descrito.

Quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente).

Quienes estén porque se rechace, favor de levanta  la mano.

(La asamblea no asiente).

Aprobado, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. Aprobado el acuerdo. Comuníquese. Se instruye a la secretaría parlamentaria a desahogar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informarle al promovente.

Pasamos ahora a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, que contienen puntos de acuerdo. Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la secretaría de lectura únicamente a la parte resolutiva de cada uno de ellos.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ:  Doy lectura al primer dictamen.  Primero.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tribunales superiores de justicia, de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales, existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para las y los juzgadores, a fin de incorporar la perspectiva de género en sus actividades, tomando en su caso como referente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, implementado por el Poder Judicial de la Federación.

Segundo. El Senado de la Republica exhorta, respetuosamente a las Procuradurías Generales de Justicia, y Fiscalías Generales de las entidades federativas, así como a la Procuraduría General de la República, para que informe sobre el grado de cumplimiento de los lineamientos generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres, y del delito de homicidio de mujeres, por razones de género, aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el 25 de noviembre de 2011.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a las 32 Entidades Federativas para que informen sobre los protocolos especializados con perspectiva de género, que han elaborado en cumplimiento con lo mandatado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Doy lectura al siguiente dictamen.  Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y a los Poderes Ejecutivos de las 32 Entidades Federativas a llevar acciones afirmativas para la integración de un mayor número de mujeres dentro de su gabinete, así mismo, instruyen a las personas titulares de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal, y de la Administración Pública a nivel Estatal, a fomentar dentro de sus políticas de género acciones que permitan una activa participación de las mujeres en la función pública, hasta llegar a un porcentaje del 50 por ciento.

Doy lectura al tercero de los dictámenes. Primero. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en función de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de coordinación de acciones con los gobiernos de las 32 entidades federativas, emprenda sus buenos oficios con las autoridades locales, para que acepten las declaratorias de alerta de violencia de género, que le sean solicitadas para lograr la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida.

Segundo. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente...

(Sigue 13ª parte)

. . . el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación para que, en su calidad de Presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres declaren las alertas de violencia de género que correspondan al ámbito Federal, de forma inmediata, evitando todos los prejuicios negativos que hay sobre este mecanismo.

        Tercero.- El  Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría  de Gobernación, en su calidad del Sistema de Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del cual también forman parte los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades federativas para que aprueben y emprendan todas las acciones gubernamentales de un enfoque multiinstitucional que coadyuven con las autoridades de las entidades federativas a prevenir la violencia feminicida y garantizar la vida, la integridad,  la libertad y la seguridad de las mujeres y niñas en todos los territorios donde existan indicios de riesgos y vulnerabilidad que puedan afectar sus derechos humanos.

        Cuarto. –El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos, de aquellas entidades federativas en donde su legislación en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tenga inscrito el mecanismo de alerta de violencia de género, para que la declaren en los territorios donde sea solicitada en función de lo que sus leyes establecen, dando una respuesta inmediata, eficaz, multidisciplinaria que atienda, prevenga y sancione la violencia feminicida.

        Quinto.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos Legislativos de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, para que procedan a la revisión de su legislación en materia de acceso  de las mujeres a una vida libre de violencia a fin de realizar los ajustes legislativos necesarios para lograr una efectiva homologación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre  Violencia, estableciendo los mecanismos diseñados, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en particular, el mecanismo de alerta de violencia de género que haga frente a la violencia feminicida  así como a definir las políticas públicas  para su prevención.

        Sexto.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los integrantes  del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que no escatimen esfuerzos para lograr la aplicación eficaz de todos los mecanismos que  consagra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que garanticen, se tomen todas las acciones necesarias para la prevención,  atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país, atendiéndose en lo particular  y sin prejuicios la alerta de violencia de género, ya que constituye una oportunidad para que los gobiernos de las entidades federativas garanticen a todas las mujeres y niñas su derecho a una vida libre de violencia.

        Doy ahora lectura al resolutivo del dictamen en sentido negativo sobre la proposición  que exhortaba a nombrar a una mujer  como responsable d la Comisión Nacional para Prevenir  y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que dice.

        UNICO.- Habiéndose resuelto por la autoridad encargada del nombramiento  en sentido positivo el punto de acuerdo, la presente proposición queda sin materia.

        Es todo, señor Presidente.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria.

        En consecuencia, están a discusión dichos puntos de acuerdo.

        En primer términos se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, a nombre de la Comisión para presentar los dictámenes.

        Desde su lugar, por favor, sonido en el escaño a la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo.

        -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO (Desde su escaño): Muchas gracias, señor Presidente.

        Invitando a todas mis compañeras senadoras y senadores  a que nos den un voto a favor de los cuatro dictámenes que hoy se han presentado, revisten la mayor importancia, debido a que el primero de ellos que tiene que ver con el juzgar con perspectiva de género es muy, muy importante.

        Una de las demandas más recurrentes que hemos tenido es cómo  teniendo leyes  más adecuadas, más precisas, el juzgador o la juzgadora no tienen, todavía no aplican la Ley, el marco jurídico que corresponde.

        Nosotros estamos pidiendo que los juzgadores, las juzgadoras tengan a la mano en sus resoluciones la perspectiva de género.

        Por otro lado el tema de la incorporación de más mujeres en el gabinete federal, nosotros hemos considerado que no es solamente una circunstancia dl Gobierno Federal, sino también  de los estados y de los municipios, y en ese sentido nos hemos  pronunciado.

        Por otra parte, la alerta de género es uno de los mecanismos que por lo que más hemos luchado, nosotros creemos que debe de servir para el propósito que fue creado.

        La alerta de género no puede ser solamente una evasiva y que pueda seguir la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un sello distintivo en México y  sobre todo la violencia feminicida que es el extremo más  doloroso en contra de las mujeres.

        Y finalmente un dictamen que  queda sin materia, que tiene que ver con el nombramiento de la titular de la CONABIP que ya ha sido resuelto por la Secretaria  de Gobernación en tiempo y forma, por lo tanto, nosotros pedimos a nombre de la Comisión, que nos den un voto favorable en estos cuatro dictámenes de manera muy pormenorizada he presentado a ustedes.

        Por su atención, muchas gracias.

        --EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo.

        A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para referirse a dictámenes sobre la alerta de violencia de género.

        En el uso de la palabra, señor Senador, hasta por cinco minutos.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con el permiso   Presidente.

        Sin duda este dictamen, nuestro voto será a favor del mismo,  y me preocupa  la exhortativa, porque  para que pueda tener éxito y para que pueda tener resultado el trabajo que aquí se realiza y que aquí se lleva en el tema legislativo, creando  instrumentos legales en defensa de las mujeres, pues indudablemente es que se lleve a la práctica, indudablemente es que se observe y es preocupante que aún cuando hay un principio legal que faculta para que se pueda llegar esta defensa a favor de la mujer contar la violencia y otras cosas, no se esté haciendo y no se esté realizando.

        Existen muchas formas de violencia contra las mujeres. Estas pueden ser tanto físicas como sexuales, psicológicas, económicas,  así como también ser parte del llamado tráfico de mujeres o trata de blancas, y la Secretaría General de la Campaña de las Naciones Unidas contra la Violencia hacia las Mujeres calcula que hasta un 70 por ciento de mujeres experimenta violencia en algún momento de su vida.

        El tipo de violencia hacia las mujeres que tiene mayor prevalencia a nivel mundial es la física.

        Sin embargo no existe una edad determinada para que ésta suceda, el rasgo abarca entre los 15 a los 44 años y lo que comprueba tristemente que la violencia hacia las mujeres afecta en todos los periodos de su vida.

        La violencia   de género que sufren las mujeres en nuestro país. . .

(Sigue 14ª parte)

…que la violencia a las mujeres afecta en todos los períodos de su vida.

        La violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país es uno de los fenómenos sociales más extendidos y lamentables, y que se está arraigando en varias entidades de la república.

        Datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, señala que tan solo en los años del 2001 al 2010 se registraron más de 14 mil 991 feminicidios, lo que representa 39.38 por ciento las muertes por homicidio de mujeres.

        En esos 9 años, las tasas de mortalidad femenina crecieron casi al doble: de 2.6 a 4.5 por cada 100 mil mujeres.

        Una cifra más. De acuerdo con números del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres, en México 6 mujeres mueren diariamente a causa de la violencia.

        No obstante, para robustecer más aún el marco legal de protección a las mujeres, se aprobó en el 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contempla importantes mecanismos de protección a las mismas. Sin embargo, no ha dado los resultados esperados, y tal es el caso de la declaratoria de alerta de género.

        El artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

        Asimismo, el precepto 23 de la misma norma señala: que como objetivo fundamental de una alerta de violencia de género es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia a sus derechos humanos.

        Ahora bien, el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es encargada de rechazar o emitir la declaratoria de alerta de violencia de género.

        En el Estado de Hidalgo, un ejemplo de la negativa ante esta alerta, puesto que distintos organismos civiles presentaron pruebas que demuestran una situación generalizada de violencia contra las mujeres, y pese a ello la alerta fue rechazada.

        Lo mismo sucede en el Estado de México. Se rechazó la alerta de género en julio pasado, y se determinó que las organizaciones civiles no han demostrado que exista una verdadera situación de violencia de género en ese Estado.

        La Organización Amnistía Internacional, pidió al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, reconsiderada su decisión y declarada la alerta de género en el Estado de México, y no sólo en este Estado, sino también en estados como Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, donde éstas no han sido atendidas.

        Ante tal panorama, vale la pena cuestionar severamente la acción de estos servidores federales, estatales y locales, la pasividad con que actúan para poner en marcha estos mecanismos asociados al alto fracaso de los institutos estatales para proteger la vida e integridad de las mujeres en México.

        Es por ello que esta exhortativa y este dictamen de las proposiciones las votaremos a favor.

        Es cuanto, Presidente.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador David Monreal Avila.

        -Agotada la lista de oradores, consulte la secretaría a la Asamblea   --en votación económica--  si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

        Y antes informo  --perdón--  a la Asamblea, que ha remitido a esta directiva el Senador Benjamín Robles Montoya su participación, su propuesta sobre 2 de los dictámenes que nos ocupan, los cuales se inscribirán de manera íntegra en el Diario de los Debates.

        -Adelante, señora secretaria.

        -LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea  --en votación económica--  si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

        -Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

        -Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

        -Aprobados los acuerdos, señor Presidente.

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.

        Aprobados los acuerdos, comuníquense los mismos.

        A continuación, en el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.

        En el uso de la palabra, Senadora.

        -LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: Muchas gracias, Presidente.

        Muchos de nosotros vemos en los semáforos, en las esquinas, en las calles a niños, a niñas, a mujeres en edad avanzada, a enfermemos mentales con problemas de situación verdaderamente extremas y vulnerables.

        Los vemos con tristeza limpiando parabrisas, los vemos sin alimentación, los vemos vulnerables a que puedan ser robados, secuestrados, y peor aún, sin la posibilidad de un hogar, de una familia, de la atención de salud y de la alimentación.

        Es por ello que hoy les pido a mis compañeras y compañeros senadores el poder llevar la voz conjunta, en que podamos exhortar a políticas públicas, estatales, municipales y federales a que se puedan atender a estas causas de extrema necesidad.

        El día de hoy, a nombre de mis compañeras:

Ivonne Liliana Alvarez García;

Angélica del Rosario Araujo;

Hilda Estela Flores;

Margarita Flores;

María del Rocío Pineda;

Mely Romero, y la de la voz, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, venimos a presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a la situación que viven alrededor de 11.7 millones de personas en México, según datos del CONEVAL, me refiero a aquellos en pobreza extrema y específicamente a las personas que se encuentran en situación de calle o indigentes.

Como se les ha identificado, cuya principal carencia es la de contar con una vivida digna, sin mencionar el acceso a la educación a servicios de salud, a seguridad social y a la alimentación.

En el marco de la Segunda Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada el pasado mes de enero en La Habana, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), envió un informe denominado panorama económico y social a la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños 2013.

En el documento se hace constar que en la región existen 66 millones de personas en pobreza extrema.

Se contabilizaron un millón de personas más en la situación de pobreza que existía en México.

Mientras que en la indigencia, y porcentaje de personas en situación de calle, subió el 13.3 por ciento en el 2010, al 14.2 por ciento en el 2012, cuyo modo de vida es lamentable e inadmisible en este pleno Siglo XXI, porque además están expuestos a violencia, a explotación sexual y laboral, son susceptibles a adicciones, a sustancias psicotrópicas, son vulnerables a toda clase de discriminación y a ser víctimas de atentados contra su integridad personal por parte de autoridades y de la propia ciudadanía, quienes no respetan si quiera la dignidad que poseen por su condición humana, sin mencionar que algunos cuentan con padecimientos o con trastornos mentales.

Debemos asumir todos esta responsabilidad, como Gobierno y como sociedad, para construir políticas públicas que construyan y que puedan lograr que estas personas puedan ser incorporadas a una situación digna de vida y a una plena y decorosa familia.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

UNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de las administraciones públicas de las 31 entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, compañeras y compañeros. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

-Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social.

(Sigue 15ª parte)

…social.

        A continuación se le concede el uso de la palabra, al senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a analizar la estrategia de seguridad y desarrollo integral en Michoacán.

        En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

        -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su permiso, senador presidente.

        Compañeras y compañeros senadores: Considero de gran trascendencia que en esta Cámara de Senadores, analicemos con mesura, tanto los acontecimientos, como el camino que se ha delineado para atender la grave problemática que enfrenta Michoacán, porque se trata de un asunto sumamente importante, de un asunto de Estado.

        Estamos ante un ejemplo, de que la realidad del país sigue siendo compleja, que la incertidumbre, el crimen y la inseguridad lejos de acabarse, se recrudecen en ciertas zonas que han rebasado y desbordado a las instituciones.

        Hoy son públicos algunos de los elementos de una estrategia que se plantea distinta, que busca ser integral. Así lo exigen las circunstancias.

        En esta tribuna, insistimos, en que no se puede revertir el deterioro institucional, la descomposición social, la situación de la violencia, si no se atacan los problemas estructurales.

        No basta  con utilizar las fuerzas federales, ni enviar al Ejército, así lo planteamos, en su momento, al Ejecutivo del estado y a la Secretaría de Gobernación.

        Más que apoyo el Estado, la atención a la difícil situación, el alivio de las condiciones de inseguridad y rezagos que sufren los michoacanos y las michoacanas, es una responsabilidad del Gobierno de la República, y debe ser de la más alta prioridad.

        Por ello, es plausible que el Presidente visite nuestro estado, que anuncie el puntual ejercicio del presupuesto y recursos extraordinarios, sin embargo, el esfuerzo anunciado, a mi juicio, es insuficiente.

        Los recursos para Michoacán deben ampliarse, para efectivamente detonar una transformación profunda; debemos partir de que el estado se ha estacando y continuar con un presupuesto inercial, no será suficiente para empezar a cambiar las cosas.

        Reconocemos, que hay cifras y proyectos importantes, pero la situación amerita un mayor esfuerzo.

        También es fundamental que la estrategia se conozca en todas las dimensiones. De quedar claro, dónde se aplican los recursos y que lleguen a donde tienen que llegar.

        Debemos evitar, a toda costa, que se reediten prácticas nocivas, presentes aún en los distintos órdenes de gobierno.  El centralismo, la simulación, el burocratismo excesivo, el dispendio de recursos, el clientelismo y la corrupción.

        Saludamos las medidas que buscan atender cuestiones estructurales. Que apuntalen el desarrollo económico y social.

        Bienvenida la estrategia, que es señal de voluntad política.

        Sin embargo, la inversión de recursos federales en materia de alimentación, educación, salud, vivienda, es una responsabilidad constitucional del Estado, se trata de derechos que tienen los michoacanos, igual que todos los mexicanos; que entrañan obligaciones, hasta hoy incumplidas, por el Gobierno Federal y el gobierno del estado.

        Por otro lado, el tema de las autodefensas debe atenderse con enorme responsabilidad. Es atinada la vía del diálogo y la respaldamos.

        Sin embargo, el hecho de que los ciudadanos, los padres de familia, las amas de casa, los campesinos o comerciantes, quienes tomaron las armas por desesperación, terminan enlistados en una guardias rurales, bajo el mando del Ejército; de ninguna manera puede ser la mejor salida.

        Ni reclutar a la sociedad, ni la militarización es el camino adecuado para la paz y para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

        Hay que reconocer la legitimidad de las demandas, persuadir a la gente de optar por otras vías; pero lo primero es garantizar la seguridad, con respeto a los derechos humanos, a la Constitución, y combatir, al mismo tiempo, el crimen, la corrupción y la impunidad, para generar condiciones de vida digna y de desarrollo.

        La responsabilidad constitucional de garantizar seguridad a la población, es exclusiva del Estado mexicano.

        En Michoacán y en todo el país, debe hacerse realidad este principio.

        Otro aspecto que debe ser revisado con atención, por esta cámara, es la observancia escrupulosa del Pacto Federal. 

        Una situación compleja, como la que vivimos, demanda la intervención y el acompañamiento de las instancias federales; pero siempre en el marco de la coordinación efectiva entre gobierno local, estatal y el federal.

        Los límites están claros. Es la soberanía del Estado y la Constitución, quienes fijan el marco de competencias y deben regir la actuación de cada autoridad. Debe quedar claro el sustento jurídico para nombrar funcionarios del Gobierno Federal, encargados de ciertas problemáticas y que estos no invadan la competencia del estado y de los municipios.

        No debe rebasarse nunca la línea que separa el acompañamiento constante de la suplantación de autoridades. El ejercicio de atribuciones, de la adjudicación de facultades meta constitucionales.

        La estrategia debe servir para reforzar la institucionalidad del estado.  No para socavarla, porque solo a los michoacanos compete su construcción.

        Es decisión soberana de los michoacanos, designar directa o indirectamente sus autoridades y elegir las vías para alcanzar su desarrollo, en el marco del proyecto nacional.

        Hemos demandado que el Gobierno Federal asuma sus responsabilidades con Michoacán, en un contexto de pleno respeto al Pacto Federal y de coordinación total con sus autoridades.

        Es fundamental que se considere las circunstancias problemática específicas y la visión de las comunidades en la construcción de las soluciones.

        Hay problemas diversos de cada región. En cada municipio y en cada comunidad, como lo pudimos constatar en una reciente visita a tierra caliente, que padece no solo violencia e inseguridad, sino también que enfrenta la parálisis económica, contaminación del agua, rezago en la atención de los desastres naturales recientes, ausencia de proyectos para el campo, por mencionar solo algunos problemas.

        Reitero, no podrá ser efectiva la estrategia, si no se escuchan y se tome en cuenta la voz de los alcaldes de los pueblos y comunidades; si todos ellos no se convierten en actores claves de su implementación y ajuste.

        La estrategia debe ser transparente y debe garantizar la participación de los ciudadanos, que son los destinatarios principales.

        La salida de la crisis de inseguridad, la paz duradera y el desarrollo, deben emerger de un gran diálogo público, de acuerdos incluyentes, en un nuevo pacto social que incluya, la visión y la participación decidida de todos los michoacanos…

        En este diálogo…

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor senador, le pido que concluya, por favor, su intervención…

        -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Termino, compañero presidente.

        En este diálogo debemos estar, deben estar las universidades, los agricultores, los empresarios, los pequeños comerciantes, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los maestros, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.

        Reitero, y con esto termino, compañeras y compañeros. El llamado a esta cámara para que estemos atentos, para que realicemos una labor efectiva de seguimiento y revisión constante de los resultados de la estrategia, porque tiene trascendencia nacional.

        La estrategia, como todas es perfectible y puede ser enmendada y complementada en el camino.

        Por ello propongo, exhortar de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, para que se de una adecuada atención del tema de los grupos de autodefensas ciudadanas; para que se observe, en todo momento, un estricto apego al Pacto Federal, para que se incrementen significativamente los recursos destinados a detonar el desarrollo económico y social de Michoacán, y para que se garantice la coordinación del Gobierno Federal con la autoridad estatal y los gobiernos municipales.

        Y también propongo, la creación de una comisión especial de senadoras y senadores, para dar seguimiento a la estrategia de seguridad y el desarrollo integral de Michoacán.

        Por su atención, muchas gracias. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador Raúl Morón Orozco.

        Túrnese a las comisiones de Seguridad Pública, el primer resolutivo; y a la Junta de Coordinación Política, el segundo de ellos.

        A continuación se le concede el uso de la palabra, al senador Víctor Hermosillo y Celada, para presentar a nombre propio y de los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, a remitir un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la prueba Enlace.

        En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor senador.

        -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: Muchas gracias.

        Buenas tardes a todos…

(SIGUE  16ª. PARTE)

… la suspensión de la prueba Enlace.

        En el uso de la palabra hasta por cinco minutos, señor senador.

        -EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: Muchas gracias.

        Buenas tardes a todos, hace unos meses estábamos aquí todos muy atinados aprobando y festejando la reforma educativa, nos sentíamos muy satisfechos del trabajo realizado. Aquí en este Senado logramos dar la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque sabemos que la evaluación es una pieza clave para el mejoramiento de la calidad en el aula.

        También aquí insistimos vehementemente en que se debería evaluar a los profesores para elevar el nivel de la educación en nuestros hijos.

        Nos hemos esforzado mucho en esta Legislatura defendiendo la evaluación de la educación y esa defensa nos compromete a todos a seguir por este camino.

        Es por eso que es necesario conocer a fondo las razones del Titular de la Secretaría de Educación Pública para suspender la evaluación nacional del logro académico en centros escolares, que se conoce como Enlace.

        La justificación para tomar esta decisión fue en palabras del secretario y retomando a un miembro de la junta de gobierno del INE, la perversión cuando los maestros enseñan sólo lo que la prueba va a traer como contenido, cuando se procura que el alumno de bajo rendimiento no llega a la escuela el día de la prueba, cuando se pasan las respuestas de la prueba a alumnos o cuando los docentes corrigen las respuestas una vez entregada la prueba por el educando.

        También afirmó el titular de la SEP que en 2013 los estados del país, con una mejor evaluación en Enlace, fueron Chiapas, Guerrero y Campeche, mismos que en la prueba PISA son los peores. Por el contrario, Estados como Querétaro y Aguascalientes que en PISA son los mejores en Enlace, aparecen abajo.

        No se puede negar que los resultados de la última evaluación no parecen reflejar la realidad de las entidades. Pero de igual manera no tiene sentido desvirtuar a la prueba cuando la información propia de la SEP confirma que en sus resultados son altamente confiables.

        Cito.

        “Brinda elementos objetivos, mesurables y comparables que permiten el diseño de políticas, acciones, medidas adecuadas para la pertinencia y calidad de la educación nacional”.

        La propia Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, conoce los avances y desarrollos de los marcos de valorización y de evaluación para mejorar los resultados.... en nuestro país, entre los que está y esta se encuentra la prueba Enlace, además de que la experiencia está siendo replicada en otros países como Brasil, Colombia y Argentina.

        En el área procesamiento de los resultados Enlace estipula lo siguiente.

        Para la detección de posible copia entre los alumnos o dictado de respuesta, se utilizan dos tipos de métodos: “Kainding Escrutini” basados en el análisis de respuestas incorrectas, estimando la probabilidad de que los patrones coincidentes de cada uno par de sujetos en un grupo se deba al azahar.

        En el caso de los docentes, participantes en el Programa Nacional de Carrera Magisterial, sí se ha detectado el factor de copia en su grupo, se aplica la sanción correspondiente con afectación directa a su puntaje en este factor.

        La prueba no se califica con la suma simple de aciertos, se utiliza la teoría de respuesta al reactivo, que considera tres niveles de dificultad: alta, media y baja. De acuerdo a tres categorías de procesos congénitos. O sea, da la prueba y dice que sí sirve, si se toman estas cosas en consideración.

        Los hechos y declaraciones no dejan el asunto suficientemente claro.

        Si las autoridades educativas consideran que la prueba puede mejorar o que está viciada completamente por supuestas perversiones, debe existir un mejor camino que suspenderla súbitamente, considerando que al día de hoy no tenemos ningún mecanismos que la pueda sustituir, no hay otra prueba, nos quedaríamos sin prueba.

        La lógica utilizada puede ser inconsistente, pues usando los mismos argumentos muchos programas e instituciones de nuestro país desaparecerían. De que sirvió otra prueba si se aplica mal.

        Por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente punto de acuerdo.

        Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública y a la Junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a que hagan llegar a esta soberanía un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la prueba Enlace.

        Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogos en las entidades federativas a que hagan llegar a esta soberanía un informe sobre las irregularidades que hubieren detectado en el proceso de la aplicación de la prueba Enlace.

        Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogos en las entidades federativas, a que hagan llegar a esta soberanía un informe sobre las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos involucrados en las supuestas irregularidades detectadas en el proceso de la aplicación de la prueba Enlace.

        Creo que esto es muy importante, de nada sirve pruebas si después no sabemos aplicarlas, vamos a perder el tiempo, no vamos a tener valoración y luego nos va a costar mucho más tiempo y dinero.

        Exhorto a que esto sea rápido, la respuesta a estas peticiones, porque el día 26 de este mes va a venir aquí a este foro el secretario Chuayffet.

        Por su atención, muchas gracias.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Víctor Hermosillo y Celada. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Educación.

        A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien presentará punto de acuerdo en relación con la denuncia que presentó el ciudadano Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos, respecto a conductas atribuibles al Titular del Ejecutivo Federal.

        En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor senador.

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

        Presento, como se ha señalado, una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para requerir a la Procuraduría General de la República, realice una investigación exhaustiva con motivo de la denuncia que por tradición a la patria presentó el día 5 del mes en curso Andrés Manuel López Obrador.

        La reforma constitucional en materia energética que promovió Enrique Peña Nieto, se realizó a instancias del exterior para beneficiar a las grandes empresas de energía trasnacionales, en detrimento de nuestra soberanía política y económica.

        La Reforma Energética garantiza no sólo las inversiones y negocios de los particulares extranjeros, sino explícitamente la seguridad energética de América del Norte le hace Estados Unidos.

        La Reforma Constitucional Energética entregará recursos naturales estratégicos del subsuelo y bloques de territorio nacional al extranjero en perjuicio de la nación y de la soberanía, hechos constitutivos de traición a la patria lo que se acreditan con suficiencia en la denuncia formulada por Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos.

        En el sistema constitucional mexicano, el Presidente de la República tiene un régimen de responsabilidades específico, diferente al resto de los servidores públicos federales, estatales y municipales del país, y desde luego diferente al resto de los ciudadanos.

        El segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución establece que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es un precepto constitucional vivo, aplicable, no es una inserción ociosa.

        Este mandamiento deriva de la Constitución de 1857, más amplia que la actual. Consideraba en su artículo 103, como conductas que darían lugar a las responsabilidades del Presidente de la República la traición a la patria, la violación expresa a la Constitución, el ataque a la libertad electoral y los delitos graves del orden común.

        En 1857 se abandonó la sacralidad del Ejecutivo que caracterizó el derecho del Primer Imperio de Iturbide y la irresponsabilidad total, sello distintivo de la actuación de Santa Anna, que estableció una responsabilidad limitada en un doble aspecto,……

(Sigue 17ª parte)

…responsabilidad total, sello distintivo de la actuación de Santa Anna que estableció una responsabilidad limitada en un doble aspecto: uno, porque se fijó un tribunal y un procedimiento especial para juzgarlo y, otro, en virtud de que se limitaron las razones por las cuales el Presidente de la República podía ser enjuiciado.

Nuestra historia constitucional observa una evolución tanto en el procedimiento, como en las razones para encauzar al titular del Ejecutivo. En el texto original de 1857 el Congreso era el que acusaba y la Suprema Corte la que castigaba; en 1874 la función de castigar se asignó a la Cámara de Senadores y se siguió hasta nuestros días el Sistema Constitucional Estadounidense.

En 1917, la Constitución redujo los supuestos de responsabilidad del Presidente a dos: la traición a la Patria y los delitos graves del orden común. Por tanto, nuestra Constitución no establece la impunidad total del Presidente de la República, tampoco lo iguala a otros servidores públicos para evitar que esté constantemente sometido a estorbos durante su gobierno.

Respecto al Presidente opera cuando se actualiza en el ejercicio de su encargo cualquiera de las dos hipótesis que norma la Ley Reglamentaria, o sea, el Código Penal Federal, los delitos graves del orden común y la traición a la Patria.

Por lo que va a la traición a la Patria el Código Penal Federal lo define en los siguientes términos:

Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterlo a personas, grupos o gobiernos extranjeros.

La Reforma Constitucional Energética no sólo violó el núcleo axiológico de la Constitución, sino propone que la renta petrolera y otros beneficios de la explotación del petróleo se compartan con personas, grupos e intereses extranjeros cuando estos recursos deben, desde todos los puntos de vista deben ser administrados y controlados exclusivamente por el Estado a través del sector público.

La reforma transfiere a las grandes petroleras extranjeras funciones exclusivas del Estado, indispensables para la seguridad y soberanía nacionales, y someten los recursos energéticos vitales a las decisiones e intereses económicos y políticos extranjeros, lo que compromete la indubitabilidad de nuestra independencia y soberanía, y hasta la integración de nuestro territorio.

Para quienes todavía estas reclamaciones o denuncias contra los Jefes de Estado o al Presidente de la República les agita, les preocupa, les alarma, les recuerdo, o les pediría yo que consultaran en el Internet, que es muy fácil, a uno de los grandes penalistas de la historia, Luis Jiménez de Asúa, que establece los términos de la igualdad ante la ley y analiza la total impunidad relacionada con el derecho de los reyes.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor Senador, le informo que el tiempo ha concluido.

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: En los regímenes democráticos, termino, señor Presidente, deben desterrarse estas funciones de añeja procedencia, y por eso las repúblicas han de proclamar la responsabilidad de todos sus mandatarios, sin excepcionar al más alto magistrado.

Les recomiendo esta interesante lectura y el punto de acuerdo es una petición al Procurador de la República para que tratándose de un tema tan importante no lo guarde en un cajón, sino que lo analice, lo estudie, como corresponde a sus responsabilidades, e informe a la Nación de su análisis y de sus resultados.

Muy agradecido, señor Presidente, por su atención. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Don Manuel Bartlett Díaz. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Justicia.

-Informo a la Asamblea que recibimos de la Mesa Directiva un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, al cual solicito a la Secretaría dé lectura.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura a resolutivos del acuerdo.

Junta de Coordinación Política; ciudadanos senadores:

Acuerdo

Primero.- El Senador Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integra a la Comisión de Relaciones Exteriores, África, en sustitución de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez del mismo grupo parlamentario.

Segundo.- El Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Salud y se integra a la Comisión de Defensa Nacional en sustitución del Senador Javier Lozano Alarcón del mismo grupos parlamentario.

Tercero.- El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Rural.

Cuarto.- Se designa a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en sustitución del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Quinto.- El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Grupos Vulnerables y se integra a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sexto.- La Senadora María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y se integra a la Comisión de Salud.

-Doy lectura a otro acuerdo.

Único.- El Senador Adán Augusto López Hernández se integra a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

-Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse los dos acuerdos leídos.

-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

-Aprobados los acuerdos, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Aprobados los acuerdos. Comuníquense los mismos.

-Compañeras y compañeros senadores, a petición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática remitiremos a Comisiones el punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, por lo que se turna a la Comisión de Gobernación.

-Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnarán directamente a Comisiones.

-La efeméride del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del 183 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, se insertará en el Diario de los Debates.

-Se levanta la Sesión y se cita a la siguiente que tendrá lugar el próximo martes dieciocho de febrero a las once horas.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14:23 HORAS)

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1483