Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 7


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Junio de 2018




PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

APERTURA

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: (12:16 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum para la sesión del día de hoy.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Señoras legisladoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 20 ciudadanos legisladores. Procederé al pase de lista de aquellos que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.

ASISTENCIA DE LA SESIÓN



Se tiene un registro de 37 ciudadanos legisladores.

Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2018, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. i

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda que habremos de atender el día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la Ciudad de México a las doce horas con tres minutos del miércoles seis de junio de dos mil dieciocho, con una asistencia de veintinueve legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles treinta de mayo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Banco de México, el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2018, así como la ejecución de la política monetaria.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Colima, proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de San Luis Potosí, proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por legisladores)

Se recibieron veinticuatro oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los legisladores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

 

Se recibió del Senador Salvador Vega Casillas, el Informe de su participación en el VII Foro Mundial de Regulación de Energía, celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de marzo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José de Jesús Santana García, el Informe de su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada en Panamá, Panamá, los días 13 y 14 de abril de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Esteban Albarrán Mendoza, el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 y 25 de mayo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Armando Neyra Chávez, su Informe de actividades correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Senadores, su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores, su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Alfredo Ferreiro Velazco, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, oficio por el que informa la incorporación de los Diputados Julio César Tinoco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez a dicho grupo parlamentario, a partir del 25 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Leticia Amparano Gamez, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Mario Machuca Sánchez, oficio por el que informa su reincorporación sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Jesús Antonio López Rodríguez, oficio por el que informa su reincorporación sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 1 de junio al 1 de julio de 2018; e informa su reincorporación a partir del 9 de julio del mismo año.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. La reincorporación se dio por enterada. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que propone al Pleno de la Comisión Permanente un listado con el nombre de los seis aspirantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Intervino el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes del PT. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica. La Mesa Directiva informó que la Comisión Permanente debe elegir a cuatro consejeros y que dicha elección se realizará en próxima sesión.

2. El que exhorta al Banco de México a remitir un informe en torno a la intervención cibernética que vulneró los Sistemas de Transferencias Electrónicas de las instituciones financieras, incluyendo el alcance de la afectación, las autoridades responsables y las medidas de prevención establecidas.- Intervinieron los legisladores: Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI; Senador Luis Humberto Fernández Fuentes del PT, quien presentó propuestas de modificación; Senador David Monreal Ávila del PT; y Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Tercera Comisión. Las propuestas de modificación del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, no se admitieron a discusión. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica, en sus términos.

3. El que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a realizar el procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.- Intervino la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. El que exhorta al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a informar la situación que guarda la implementación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana.- Intervinieron los legisladores: Diputada Nancy Sánchez Arredondo del PRI; y Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Tercera Comisión. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

5. El que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a México del establecimiento arancelario para el acero y aluminio o cualquier otra acción unilateral que afecte nuestros intereses comerciales, analice y, en su caso, aplique las medidas compensatorias que considere pertinentes.- Para presentar propuestas de modificación hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Tercera Comisión, las cuales se admitieron a discusión y fueron aceptadas por la Asamblea, las modificaciones se integraron al texto del dictamen. La discusión se realizó con las modificaciones aceptadas por la Asamblea y que se integraron al texto del dictamen. Intervinieron los legisladores: Diputado Abel Cruz Hernández del PES; Diputada Josefina González Luna de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputado Juan Romero Tenorio de Morena; Senador Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Senador Luis Humberto Fernández Fuentes del PT, quien presentó propuesta de modificación; Diputado Agustín Rodríguez Torres del PAN; y Diputado Arturo Huicochea Alanís del PRI. La propuesta de modificación del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, no se admitió a discusión. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica, en sus términos.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar acciones encaminadas a preservar la operación de las vías de comunicación pertenecientes al sistema ferroviario del país, en condiciones de seguridad.

2. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar en los términos de ley, los fideicomisos en los cuales el Gobierno Federal es fideicomitente, mediante el envío de un informe en donde se establezcan los fideicomisos creados y liquidados, los estructurados y no estructurados.

3. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el deterioro de las carreteras en el estado de Veracruz, procediendo a su rehabilitación y manteniendo a fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por ellas.

4. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo la revisión de la obra Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el km 50+900 de la Carretera Federal No. 45, en el municipio de Celaya, Guanajuato, a fin de poder concluir la construcción de la obra.

5. El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar y reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, a fin de evitar accidentes.

6. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar y fortalecer los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X´cacel y X´cacelito y a elaborar y publicar el Programa de Protección del área de refugio de Bahía de Akumal, de conformidad de con Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo del 2016.

7. Por el que se desecha la proposición para citar a una reunión de trabajo a diversas autoridades a fin de explicar las acciones emprendidas para solventar las fallas y problemas que padeció el servicio de pagos electrónicos interbancarios durante abril y mayo de 2018.

Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer estaciones de monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales ciudades del estado de Yucatán, a efecto de que sean esos resultados los que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de agua.- Intervino el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a remitir el estudio a que se refiere la disposición 14 de las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en materia de adquisición de watthorímetros.- Intervino el Senador Héctor David Flores Ávalos del PAN, quien presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica, en sus términos.

3. El que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos a realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos.- Intervino la Diputada Sara Latife Ruíz Chávez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a intensificar la difusión nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe sobre la estrategia “Compra consolidada de medicamentos” que fue implementada en 2013 para combatir el problema de desabasto de medicamentos en 20 de las 32 entidades del país y, en el resto, informe sobre las estrategias que se han implementado con el mismo fin.

3. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos y a hacer del conocimiento público el estado que guardan dichas acciones.

4. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas que tienen como finalidad reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación, a fin de garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo.

5. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como “embajadores culturales” a los músicos, intérpretes y creadores de origen mexicano radicados en Estados Unidos de América, quienes han contribuido con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación.

6. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a rendir un informe en torno a la mortalidad en los hospitales a su cargo, durante el período 2012 a marzo de 2018.

7. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar el inicio de la investigación con relación a la posible operación de una red de explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, misma que podría contar con la participación de servidores públicos.

8. El que exhorta a diversas autoridades y dependencias a llevar a cabo la conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 maestros del sistema estatal de telesecundaria del estado de Durango, desde el pasado mes de noviembre de 2015.

9. El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar el proyecto de construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Tizimín, Yucatán.

10. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar los cambios necesarios a fin de incorporar a los centros de atención para estudiantes con discapacidad como parte de la educación media superior, en el Sistema Educativo Nacional.

11. El que exhorta al Consejo Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias para que exista suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los municipios del país; y exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado de Colima a remitir un informe sobre el estatus que guarda el vehículo tipo ambulancia de la localidad de Cofradía de Juárez.

12. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a realizar las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país.

13. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el uso de los recursos que ha recibido la Casa de México en París, las actividades desarrolladas, así como la situación del patrimonio de la Casa.

14. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre el destino de los recursos para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de bebederos escolares en el período 2015-2018.

15. Por el que se solicita al Poder Ejecutivo que promueva la reestructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte, a efecto de incluir a Canadá, incrementar su partida presupuestaria, ampliar su cartera y extender su jurisdicción geográfica.

16. Por el que se solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal que corresponda, un informe en torno a los alcances y términos del esquema conocido como "Tercer País Seguro", en su modalidad de instrumento de política migratoria.

17. Por el que la Comisión Permanente lamenta y condena los hechos de violencia ocurridos recientemente en Nicaragua, como consecuencia de las protestas en contra de la reforma del seguro social.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Diputado Agustín Basave Benítez, Presidente de la Segunda Comisión. Sin discusión, los diecisiete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a implementar acciones de atención preferencial de asesoría, acompañamiento y seguimiento, a fin de agilizar los trámites que realizan los adultos mayores.- Intervino la Diputada María Gloria Hernández Madrid del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las acciones y estrategias para evitar el cobro de cuotas obligatorias en instituciones de educación pública como requisito para la prestación de los servicios educativos, garantizando con ello el principio de gratuidad de la educación, dispuesto en la Constitución y en la Ley General de Educación.- Intervino la Diputada María Gloria Hernández Madrid del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal información sobre las razones que sustentaron la abstención de nuestro país, en la votación de la resolución A/ES-10/L.22 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, relativa al estatus jurídico de la ciudad de Jerusalén.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

4. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer los protocolos y programas diseñados para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del sistema educativo nacional.- Intervinieron las legisladoras: Diputada Ruth Tiscareño Agoitia del PRI; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

5. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para promover la salud y bienestar de las mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

6. El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.- Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Comisión Permanente, en relación al incendio de la Guardería ABC, en el año 2009, en el estado de Sonora.

 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Comisión Permanente, sobre las erupciones del volcán de fuego en Guatemala.

 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Comisión Permanente, en torno a los hechos ocurridos en Ciudad Guzmán, Jalisco.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Alex Le Baron González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 del Código Penal Federal y el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 380 y 392 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Evelio Plata Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Evelio Plata Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.- Se turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura establecer dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, una asignación específica para la operación del Programa Nacional de Museos Comunitarios a cargo del INAH y se establezca como un programa permanente con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas comunitarias.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de San Luis Potosí a garantizar un clima de seguridad para los candidatos y los ciudadanos durante el proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a promover las escuelas normales como una opción de educación superior a fin de elevar su matrícula escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo al Día Mundial sin Tabaco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio Renpe Cancino Barffuson, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender la problemática de los tiraderos a cielo abierto en las inmediaciones de la Laguna Lizamba, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia, con base en los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la instalación de bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, derivado de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en torno al alto índice de asesinatos de candidatas y candidatos en el proceso electoral actual, al tiempo de implementar una estrategia con estricto apego a derechos humanos y perspectiva de género, que garantice a las y los contendientes a puestos de elección popular en los diversos ámbitos de gobierno y demás actores inmersos en la dinámica, su integridad y un ambiente propicio para los comicios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato fortalecer sus acciones en materia de seguridad, ante el incremento de los homicidios dolosos en la entidad y hacer pública toda la información relacionada al proyecto Escudo ante la falta de resultados en su implementación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua de todos los hogares de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México a investigar y cuantificar los recursos erogados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México a favor de las candidatas de la Coalición "Por la Ciudad al Frente", Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez en un evento del “Día de las Madres", y dichas cantidades se contabilicen a sus gastos de campaña.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a sus homónimas en los estados de la República a crear un programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que éstas reciban promoción y difusión a nivel nacional e internacional, fomentando así el desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable al interior de las zonas metropolitanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer o, en su caso, implementar el programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, intensifiquen las políticas públicas que promuevan y difundan la donación voluntaria de sangre entre los mexicanos, con la finalidad de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Yucatán a garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del estado a su cargo y a no utilizarlas con fines electorales, evitando con ello atentar contra la calidad y estilo de vida de sus habitantes, así como para no poner en riesgo el estado de derecho en esa entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las instituciones del Gobierno Federal, estatal y municipal que mantengan contratos con empresas de subcontratación, a corroborar que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas urgentes para investigar los casos de secuestro, así como los que incitan a la prostitución en las redes sociales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a distintas autoridades federales a llevar a cabo acciones de atención e investigación en beneficio de los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., que en los últimos meses, además de vivir una situación de crisis humanitaria, han padecido falta de atención por parte de autoridades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilómetro carretero donde fueron registrados.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar acciones y estrategias enfocadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes que transitan por nuestro país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el ejercicio de los recursos asignados en materia de salud al Estado de México y, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a crear la dirección general adjunta de estadísticas de la biodiversidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una investigación en relación a la posibilidad de prácticas desleales y coercitivas para la comercialización de productos y servicios por parte de diversas marcas automotrices a través de sus agencias o concesionarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente desconoce la legitimidad del proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018 en Venezuela y se congratula por la iniciativa del Grupo de Lima para lograr el restablecimiento del orden democrático en el país sudamericano.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas a capacitar al personal que labora en los ministerios públicos y a los policías, para que puedan ofrecer una atención más humana a las víctimas que acuden a ellos para realizar la denuncia de algún hecho delictivo y a la ciudadanía en general.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a informar respecto de los casos de violencia laboral que se han presentado en el estado de Puebla y específicamente los relacionados directa o indirectamente con el Hospital del Niño Poblano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a través de su encargado de despacho, Lic. Alberto Elías Beltrán, y del Lic. Alonso Israel Lira Salas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, a dejar de obstruir las investigaciones y procesos en contra del exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores, y a cooperar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en este caso, sin dilación alguna.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a generar un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos para que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las acciones realizadas para garantizar la protección de la niñez migrante acompañada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República para que explique el retraso en las investigaciones sobre el espionaje de Estado contra candidatos y activistas sociales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus 32 homólogas en la República Mexicana a supervisar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura y, en su caso, impulsar actualización de la norma.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una postura ante los acontecimientos políticos y sociales por los que atraviesa la hermana República de Nicaragua.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que propone la creación de una semana nacional del ahorro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a efecto de que sea considerada la designación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Empleado Superior de Hacienda.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación a presuntas irregularidades por parte de la delegación Álvaro Obregón en el ejercicio de recursos destinados a brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a que en esta nueva etapa de investigación en el "Caso Ayotzinapa" se mantenga en el marco del respeto a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer la difusión de campañas, con el objeto de prevenir los accidentes automovilísticos provocados por el uso de teléfonos celulares, principalmente, entre los jóvenes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio Meteorológico Nacional a fortalecer las medidas de alertamiento para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición a las altas temperaturas que prevalecen en diversas regiones del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que proporcionen información sobre el resultado de las acciones que se llevan a cabo para evitar el robo de combustible en el estado de Guanajuato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Morelos a dar cumplimiento a lo emanado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago de las pensiones de los extrabajadores del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, a fin de no dejar a los trabajadores pensionados en total estado de indefensión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a informar respecto de los ingresos obtenidos por el pago de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, conforme a lo que observó la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de octubre de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre el estado que guarda la economía nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar acciones que solucionen el problema de los actos vandálicos y robos a los trenes de carga en las entidades federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, haciendo un llamado a los partidos, actores políticos y candidatos, a conducirse por la vía democrática y condenar las expresiones que intentan llevar al país a una regresión autoritaria.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jacobo Soto Pizano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General, al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Marina, a PEMEX y la Secretaría de la Defensa Nacional a garantizar el acceso y la disponibilidad de tratamientos biológicos de la Hidradenitis Supurativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se condenan los seis asesinatos de periodistas en 2018 y se exhorta a la Procuraduría General de la República para que redoble los esfuerzos en las indagatorias respectivas e informe a la nación los resultados que tiene respecto a los procesos en materia de crímenes contra periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Angelina Lizeth Arcos Villalva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre el cumplimiento oportuno de las acciones sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar de mujeres y hombres, descritas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al candidato a la Presidencia de la República que resulte ganador en la elección federal del próximo 1 de julio a cumplir con sus propuestas y compromisos realizados, plasmados en el cuestionario que un grupo de ciudadanos les entregó el pasado 17 de abril y que fue publicado por diversos medios de comunicación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio René Cancino Barffuson, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, a evitar la tala de árboles de la Alameda Chicuéllar y se consulte a la ciudadanía sobre su remodelación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González y del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal y, en su caso, consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el 10 de junio de 1971, conocidos como "El Halconazo".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transportes Eléctricos de la capital a detener los proyectos inmobiliarios que busca desarrollar en predios del Sistema en Tetepilco, en la delegación Iztapalapa y, en Potrero, en la Delegación Gustavo A. Madero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla se excuse de conocer los asuntos en los que sea parte la candidata de la Coalición "Por Puebla al Frente", Martha Erika Alonso, por realizar diversos actos que revelan una parcialidad manifiesta hacia dicha candidata y se abstenga de dañar la autoridad institucional del tribunal que preside.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía suspender el Acuerdo que obliga a Pemex a ceder, sin proceso licitatorio, su capacidad de almacenamiento y distribución de gasolinas a las empresas que lo sustituyan en el suministro de estaciones de servicio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos de la Ciudad de México y de las entidades federativas a realizar campañas de seguridad vial, dirigidas a usuarios de motocicletas, a través de los medios de difusión y otros organismos que consideren pertinentes, acompañadas de actividades de vigilancia durante y después de la campaña, a fin de disminuir los accidentes viales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos locales de las 32 entidades federativas, en específico a los de Guerrero, Puebla y Oaxaca, a brindar protección a las candidatas y representantes populares, frente a cualquier manifestación de violencia política.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas Cristina Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar un plan económico emergente de apoyo a la planta productiva, específicamente en las ramas y actividades económicas afectadas por los aranceles impuestos al acero y al aluminio, con objeto de contrarrestar los efectos negativos en el empleo y el mercado nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las diversas autoridades del Gobierno Federal, del estado de Guerrero, del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar las acciones correspondientes a fin de dar pronto y cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el "Caso Ayotzinapa".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Cecilia Soto González, Isaura Ivanova Pool Pech y Cristina Ismene Gaytán Hernández y del Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación investigar las posibles responsabilidades en las que José Antonio Meade Kuribreña podría haber incurrido al avalar el contrato PEMEX-BRASKEM-IDESA.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre el diseño, operación y evaluación de los programas que permiten generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos vulnerables.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Hugo Ángel Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la denuncia presentada por el caso de espionaje con el programa tecnológico Pegasus, que fue radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, a informar sobre las acciones que han implementado para salvaguardar los derechos de los infantes en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la investigación y sanción de candidatos que provocan violencia de género en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva y las Diputadas Cristina Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar un informe del gasto ejercido en el primer cuatrimestre del año en curso.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de México a atender las peticiones de agentes del ministerio público, servicio pericial y policía investigadora, en un marco de diálogo y respeto a los derechos humanos y laborales de esos trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Heriberto Varela Colmenares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a realizar las acciones que propicien el diálogo para la resolución de conflictos con distintos grupos sociales y se den las garantías que protejan el libre tránsito en carreteras y caminos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan José García Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones necesarias para rehabilitar la carretera federal 180, en el tramo que recorre el norte de Veracruz, desde el municipio de Tuxpan y hasta el municipio de Tampico, Tampico, con la finalidad de garantizar la seguridad de los automovilistas que recorren la citada vía de comunicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan José García Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer las acciones de fomento al turismo en el estado, tanto en temporada baja, como en la alta, a fin de reactivar la derrama económica derivada del turismo nacional e internacional y que el estado de Veracruz se mantenga posicionado como uno de los principales destinos turísticos del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Guerrero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a formular el protocolo para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado que guarda la rotativa de los constituyentes y determinar su restauración, así como el proceso para su conservación.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Bicicleta.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Froilán Esquinca Cano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos al acero y aluminio procedente de nuestro país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la escalada de la violencia política, en el marco del actual proceso electoral.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con tres minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles trece de junio, a las once horas.

 

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Queda aprobada, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibió un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con su informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2018.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Continúe, señor Secretario.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibieron 16 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Informo a esta Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los legisladores promoventes y que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente. Se recibieron las siguientes comunicaciones de legisladores:

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, con la que remite el informe de sus participaciones en reuniones de comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebradas los días 24 y 25 de mayo de 2018, en Panamá, Panamá.








Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el Foro Anual 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 29 y 30 de mayo de 2018, en París, Francia.








De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








Del Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del grupo parlamentario del PAN, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 5 de junio de 2018.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Está a Asamblea ha quedado enterada. Por lo que respecta a la reincorporación del Diputado De la Fuente, comuníquese a la Cámara de Diputados.






Iniciamos el siguiente capítulo del Orden del Día, es el relativo a las iniciativas de las y los legisladores.

Tiene la palabra la compañera Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y capítulos correspondientes de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente Jackson. Compañeras y compañeros:

“La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida”. Michelle Bachelet, ex presidenta hoy también de Chile.

En la actualidad, las personas trabajadoras han olvidado que es necesario tener una vida privada, tiempo para el descanso y el esparcimiento; quienes tienen una vida en pareja necesitan, además, tiempo para convivir con ella, con hijas e hijos y con toda la familia política, todas y todos, independientemente si tenemos pareja o no tenemos, si se tienen hijos o no se tienen, pero se tienen hermanos, se tiene familia, todos necesitamos ese espacio de convivencia para y con la familia, que es la parte que nutre al ser humano, que es la parte que lo fortalece en su parte interna y en su parte de exposición y convivencia con el mundo, con la sociedad y con la comunidad.

Pero también existen quienes son responsables del cuidado de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, que dicho sea de paso estas tareas por lo regular y en un gran número yo diría que aproximadamente el 90 por ciento recae siempre en una mujer.

Aunado a lo anterior, existe la necesidad de tener un empleo para contribuir al gasto familiar, pero la participación de la mujer en el mercado laboral implica que tenga que ajustar sus responsabilidades familiares con las responsabilidades en el trabajo, lo que representa, en la mayoría de los casos, un cometido difícil de llevar a cabo sin la cooperación de sus cónyuges.

Esta situación constituye una de las principales barreras para el desarrollo profesional y el progreso económico de las mujeres y, en consecuencia, del país.

En cambio, en la mayoría de los hombres no se les exige de la misma manera cumplir al 100 por ciento con las obligaciones laborales y las del hogar, lo que constituye una desigualdad estructural que tiene como base la masculinidad hegemónica.

Afortunadamente estos estereotipos han ido cambiando en los últimos años, las mujeres trabajan porque las necesidades económicas las obligan a hacerlo.

Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchas mujeres campesinas, obreras, trabajadoras, profesionistas, médicos, abogadas, de todo tipo, y yo he encontrado que muchas mujeres que dicen: “yo la verdad no salí a trabajar ni siquiera pensando en mi desarrollo personal o en la equidad de género, yo salí a trabajar porque en mi familia se requería el dinero del trabajo que realizo fuera para el sustento, ni siquiera mi objetivo y mi fin fue mi desarrollo personal”, porque las mujeres antes que en sí mismas piensan en la familia y piensan en los demás.

Sin embargo, en la medida en que las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, también han encontrado una oportunidad de desarrollo personal, profesional, de poder dar, además de lo que hacen en su hogar, dar a la sociedad y contribuir con ella, y también es verdad que inicialmente la mayoría de las mujeres han trabajado por estas necesidades económicas que la obligan a hacerlo.

Pero también han encontrado, en ese camino, la oportunidad de legitimar su derecho a vivir una vida digna y un progreso igualitario; sin embargo, encontramos que sumando el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado se tiene que del 10 por ciento de diez horas de trabajo que las mujeres realizan, los hombres sólo lo hacen 8.6 horas.

De este tiempo que las mujeres realizan de estas diez horas, las mujeres dedican el 65.2 por ciento al trabajo no remunerado, mientras que al trabajo remunerado dedican el 33.5 por ciento. Los hombres, por su parte, dedican el 76.2 por ciento del tiempo al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado sólo le dedican el 21 por ciento.

Estos datos, compañeras y compañeros, nos revelan que la inclusión de la mujer en el mercado laboral no ha sido correspondida con una menor carga de trabajo en el hogar o en la redistribución de los roles tradicionales de género, sino que al contrario, le han sumado a otra jornada de trabajo.

Todas y todos sabemos cómo muchas mujeres, además de trabajar fuera del hogar, cuando llegan a su casa son las primeras que se levantan, son las últimas que duermen en la casa, que después de llegar de su jornada laboral fuera del hogar tienen que llegar a revisar que esté preparada la comida, que haya comida en el refrigerador o que tengan que salir al supermercado o la tienda más cercana para poder comprar los alimentos necesarios, pero que también por la tarde son las que están pendientes de la realización del deporte de los hijos, de la realización de la tarea, que si les faltó la monografía o la estampita de México o de cualquier tema que les puedan pedir, pero también que si les falta un botón a la camisa del uniforme, que si les falta bolear los zapatos.

Las mujeres, además de la jornada fuera del hogar, llegan a su hogar a tener dobles y triples jornadas de trabajo, y en este tema están solas, porque el trabajo en el hogar no ha sido igualitario; sin embargo, a la hora de proveer el sustento a la familia, hombres y mujeres, sí hacemos nuestro mayor esfuerzo, también tenemos que poco más de una tercera parte de las mujeres trabajadoras tienen problemas por ausentarse de su trabajo para atender asuntos personales o familiares.

Encontramos en los centros laborales que cuando hay un problema no es el varón el que pide permiso para ausentarse, siempre es la mujer, como si sólo los problemas de familia le tocaran a las mujeres.

O bien, si es por una enfermedad o por licencia médica para poder cuidar al hijo o atender a un familiar, siempre es a las mujeres porque hay un rol estereotipado que los hombres proveedores no deben de pedir licencia porque eso le toca a las mujeres, así también como el ausentarse para cuidar a los hijos menores por alguna circunstancia o por licencia de cuidados maternos.

En el mismo tenor, compañeras y compañeros, el Banco Mundial ha señalado que la distinta cantidad de tiempo que hombres y mujeres dedican al cuidado de otras personas y a labores domésticas conexas son un factor que impulsa la segregación con las consiguientes brechas de ingresos.

Una de las relaciones por la disparidad y la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, por supuesto tiene que ver, dependiendo del país, en el caso nuestro por el mismo trabajo los hombres ganan 30 por ciento más que las mujeres, pero tiene también que ver con la oportunidad de los puestos de trabajo relacionados con los ingresos, porque los varones tienen acceso a mejores espacios laborales, y tiene que ver con el género.

Esto implica la limitación de oportunidades para que las mujeres puedan participar en actividades remuneradas y acumular ingresos y ahorros para su jubilación, limitaciones que contribuyen a la vulnerabilidad. Estas restricciones impuestas por la responsabilidad de su trabajo en el hogar también contribuyen a la concentración de las mujeres en empleos menos remunerados, precarios e inseguros, en condiciones peligrosas o insalubres y de alto riesgo para la salud y el bienestar.

Además de crear políticas públicas en favor de las mujeres para que puedan trabajar fuera del hogar y realizar actividades dentro del mismo, debemos legislar con urgencia en favor de repartir tareas y responsabilidades para que tanto las mujeres como los varones disfruten y ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades en beneficio de la conciliación y la unión familiar.

Esta iniciativa tiene como objeto conceptualizar la corresponsabilidad familiar y garantizar que todas las personas trabajadoras tengan las mismas concesiones en su centro de trabajo para cumplir con las corresponsabilidades familiares y laborales.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante ustedes esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, pero además también a la Ley Federal del Trabajo, en materia de corresponsabilidad familiar.

Finalmente, termino, señor Presidente, compañeras y compañeros, compartiendo con ustedes que cuando vemos cómo hombres y mujeres comparten dentro del hogar con las mismas responsabilidades, se distribuyen tareas, esto se refleja no sólo en la igualdad de que hay oportunidades, se refleja en la armonía familiar, se refleja en la educación y en la formación de los hijos con una perspectiva de familia donde todas y todos tienen la misma oportunidad de corresponder a la familia, pero también de disfrutarla.

Me consta cómo también a los hombres no les hemos dado la oportunidad de poder cuidar a sus hijos, de poder compartir más tareas de cuidado y atención y acompañamiento a sus hijos, no solamente en la educación, el deporte, en la recreación, sino en la misma convivencia familiar, y yo creo que bajo una perspectiva de género los hombres están perdiendo espacios para la armonía familiar y para su propio desarrollo interno y su plena participación y su pleno desarrollo como padres de familia.

Por su atención, es cuanto.

Iniciativa

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y LABORAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación de las mujeres en el mercado laboral implica que estas tengan que ajustar su vida familiar y su vida personal a su trabajo, lo que representa, en la mayoría de los casos, un cometido dificil de llevar a cabo sin la cooperación de sus cónyuges, ya que existe una imposición social que las obliga a cumplir con los deberes domésticos y el cuidado de las hijas e hijos por el solo hecho de ser mujeres.

Esta falta de corresponsabilidad para conciliar sus actividades constituye una de las principales barreras para su desarrollo profesional y supone una importante pérdida de talento que lastra la competitividad laboral y dificulta el progreso económico de las mujeres y, en consecuencia, del país.

No se trata solo de implementar políticas públicas en favor de las mujeres para que puedan trabajar y realizar las actividades del hogar, sino de repartir tareas y responsabilidades para que tanto mujeres como hombres disfruten y ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades en beneficio de la conciliación y unión familiar.

En la práctica, las personas trabajadoras han olvidado que es necesario tener una vida privada, tiempo para el descanso y para el esparcimiento; quienes tienen una vida en pareja necesitan, además, tiempo para convivir con ella y con la familia política. Esta fragmentación genera una descomposición y desintegración del núcleo familiar que afecta, sobre todo, a las mujeres, pues son ellas las que se encuentran frente a la doble exigencia de cumplir al cien por ciento con las obligaciones laborales y del hogar, mientras que a la mayoría de los hombres no se les exige de la misma manera cubrir ambas responsabilidades, lo que constituye una desigualdad estructural que tiene como base la masculinidad hegemónica.1

Estos estereotipos no son exclusivos de nuestro país, sino en toda América Latina y suponen que las mujeres son responsables del cuidado de la familia, hijas e hijos como una de sus principales tareas y contemplan a la mujer como una fuerza de trabajo secundaria, cuyos ingresos son un complemento de los recursos generados por los hombres.2 Estos estereotipos no coinciden con la realidad, ya que desde hace muchas décadas las mujeres han ingresado al mercado laboral porque las necesidades económicas las obligan a hacerlo, pero también para legitimar su derecho a vivir una vida digna y de progreso igualitario.

No obstante, esta desigualdad significa una doble jornada de trabajo, una en el ámbito laboral que es remunerada y la del ámbito familiar y del hogar que no es remunerada; de esta manera, sumando el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado se tiene que por cada 10 horas de trabajo de las mujeres, los hombres trabajan 8.6 horas.3

Al revisar los porcentajes del tiempo dedicado al tiempo no remunerado y al tiempo remunerado puede observase que las mujeres dedican el 65.2% de su tiempo total de trabajo al trabajo no remunerado, mientras que al trabajo remunerado dedican el 33.5%; los hombres, por su parte, dedican el 76.2% de su tiempo al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado le destinan el 21.1%.4

El trabajo no remunerado de los hogares representó entre 2008 y 2012, alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional generado en esos años; en 2012 el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares sumó 3 mil 61 billones de pesos, equivalente al 19.7% del PIB de ese año; en esa participación, el 15% fueron aportados por las mujeres y el 4.7% por los hombres; el cuidado y apoyo a los integrantes del hogar representó el 6.6% del PIB; asimismo, en orden de importancia decreciente, le siguen las funciones de alimentación, 4.6%; limpieza y mantenimiento a la vivienda, 3.1%; compras y administración del hogar, 2.6%; limpieza y cuidado de ropa y calzado, 1.7%; y por último, ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, 1.1%.5

Estos datos nos revelan que la inclusión de la mujer en el mercado laboral no ha sido correspondida con una menor carga de trabajo en el hogar o una redistribución de los roles tradicionales de género, sino al contrario, le han sumado otra jornada de trabajo. Considerando la información promedio del total de zonas urbanas, alrededor de 6 de cada 10 mujeres tienen problemas por llevar a sus hijos a su lugar de trabajo; de igual manera, 4 de cada 10 por tomar los días feriados, tomar vacaciones y/o ausentarse de su trabajo para capacitarse; poco más de una tercera parte de las mujeres trabajadoras tienen problemas por ausentarse de su trabajo para atender asuntos personales o familiares, por enfermedad, con o sin licencia médica, así como por ausentarse para cuidar hijos menores enfermos o hacer uso de la licencia por cuidados maternos.6

En el mismo tenor, el Banco Mundial ha señalado que “la distinta cantidad de tiempo que los hombres y las mujeres dedican al cuidado de otras personas y a laborares domésticas conexas son un factor que impulsa la segregación y las consiguientes brechas de ingresos”, esto entre hombres y mujeres; esto implica que las cargas intensivas de trabajo doméstico no remunerado crean déficit de tiempo crónico, que limita las oportunidades de las mujeres de “participar en actividades remuneradas y acumular ingresos y ahorros para la jubilación, limitaciones que contribuyen a su mayor vulnerabilidad a la pobreza; estas restricciones impuestas por las responsabilidades de su trabajo en el hogar también contribuyen a la concentración de las mujeres en empleos mal remunerados, precarios, inseguros, en condiciones peligrosas o insalubres, de alto riesgo para la salud y el bienestar”.7

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), realizaron un estudio de contraste en cuanto al número de madres afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social que hubieran tenido un hijo durante el 2015 y que continuarán trabajando; se obtuvo que de las 566,217 mujeres afiliadas al IMSS, 171,056 tuvieron un hijo en 2015 y abandonaron su trabajo posteriormente; de ahí que es posible afirmar que la salida masiva de mujeres de la fuerza laboral al convertirse en madres es la principal consecuencia de una falta de conciliación corresponsable, por ello, es fallida e insuficiente la política actual al respecto.8

Por consiguiente, la conciliación con corresponsabilidad entre vida laboral y vida personal y familiar debe ser normada en nuestro país con urgencia, en virtud de que aportaría beneficios a las familias que se encuentran afectadas con esta problemática; las medidas de conciliación corresponsable han demostrado impulsar un mejor desempeño y compromiso laboral, y ser “positivas para reducir el absentismo, preservar las calificaciones y propiciar la imagen de empresas socialmente responsables”.9

Organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señalan que al no haber o ser muy pobres las políticas públicas y los servicios destinados a apoyar la conciliación entre vida familiar y laboral, “las estrategias son básicamente privadas, familiares y femeninas. Estas consisten en intentos, generalmente extenuantes, para articular las demandas de uno y otro mundo, para convertirse en puentes entre ambas esferas. Estos puentes cruzan enormes distancias geográficas para unir lugares de residencia, trabajo, cuidado y consumen mucho tiempo y recursos”, lo que deja ver que este problema no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, niñas, niños y adolescentes.10

Por su parte, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general relativa al artículo 16 de la Convención establece, entre otras cosas, la igualdad formal que debe lograrse mediante la aprobación de leyes y políticas neutrales en cuanto al género, de trato igualitario entre mujeres y hombres y la igualdad sustantiva que debe alcanzarse mediante su aplicación, teniendo en cuenta la desventaja y exclusión de la mujer. Se deben abordar cuestiones como la discriminación en la educación y el empleo, la compatibilidad entre las exigencias laborales y las necesidades familiares, así como las repercusiones de los estereotipos y roles de género en la capacidad económica de la mujer.11

Para dar solución a esta problemática no podemos enfocarnos en una política aislada ni tampoco en un solo sector de la sociedad mexicana; es necesario tomar en cuenta los diferentes elemento involucrados y analizar bien la situación de las familias; al respecto, la OIT ha propuesto que las políticas públicas y normativas también deberían ir orientadas a las familias, articulando una serie de políticas de manera integral para cada uno de los integrantes de la familia.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Civiles, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, además, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.12

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es clara en cuanto al derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconociendo la obligatoriedad del Estado, no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de manera amplia, el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar.13 El modelo de familia patriarcal, donde el padre es quien tiene el poder frente a la mujer y los hijos, se ha ido transformando poco a poco, y así se ha plasmado en la ley y en la jurisprudencia nacional e internacional, estableciendo que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y obligaciones en el matrimonio, entendiéndose como matrimonio a la unión entre dos personas, indistintamente del sexo que sean.

También se debe considerar la existencia y el incremento de las familias monoparentales; es por ello, que resulta imperante remover los obstáculos que impiden que los hombres cumplan cabalmente con sus responsabilidades familiares, sobre todo la discriminación que sufren para obtener licencias de paternidad y parentales, los permisos para los cuidados maternos/paternos por enfermedad, así como servicios de estancias infantiles o guarderías; por otro lado, se debe de trabajar en la modificación de los patrones culturales que mantienen con vida estos estereotipos.

La Relatora especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos hizo hincapié en que para asegurar que la mujer pueda disfrutar “de todos sus derechos en pie de igualdad con el hombre, los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar que las responsabilidades del trabajo doméstico estén compartidas equitativamente por el hombre y la mujer”, pues la propia Convención se refiere expresamente al “reparto de responsabilidades entre el hombre y la mujer y la sociedad en general con respecto a la educación de los hijos.” También resalta lo establecido en el artículo 5 de la CEDAW, en el sentido de que los Estados deben asegurar “el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos.” Para cumplir con la obligación que se desprende de dicho artículo, los Estados tienen la obligación inmediata de luchar contra las actitudes patriarcales y los estereotipos tradicionales para asegurar el disfrute de los mismos derechos al hombre y a la mujer. “Por consiguiente, deben adoptar medidas inmediatas para aliviar la intensidad del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y redistribuir su carga desproporcionada [...]”14

En el Programa Nacional para la igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, la corresponsabilidad se encuentra plasmada en el objetivo transversal tres que se refiere a: “promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad”, que tiene siete estrategias, una de ellas es impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas, los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado; se plantea concretar a través de siete líneas de acción: Impulsar la ratificación del convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, la recomendación 29 de la CoCEDAW en su inciso e), promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, fomentar y difundir las licencias de paternidad para el cuidado de niñas y niños; así como  la creación de casas de día para discapacitados, ancianos y enfermos crónicos en el sector social y en la asistencia privada, fomento de los servicios de guardería y cuidado diario para dependientes con horario extendido y promover la creación de empresas sociales que brinden servicios de cuidado con esquemas mixtos de trabajo remunerado y voluntario.15

Otra estrategia de este objetivo es impulsar políticas que compensen a las mujeres en relación al trabajo doméstico no remunerado y de cuidado que realizan en los hogares; se plantean seis líneas de acción: promover los acuerdos del Consenso de Brasilia sobre el reconocimiento del valor social del trabajo doméstico no remunerado, así como políticas y campañas que posibiliten la corresponsabilidad en el ámbito privado, programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de viviendas con jefaturas de mujeres en municipios prioritarios, programas que incentiven la asistencia a la escuela de adolescentes y jóvenes dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, generar estadísticas sobre el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, consolidar la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo ENUT, como instrumento de sustento para las políticas públicas de género; en cuanto a la asistencia a la escuela de adolescentes y jóvenes dedicadas al trabajo doméstico no remunerado se pudiera pensar en el Programa para madres jóvenes y jóvenes embarazadas (PROMAJOVEN) que recomienda visibilizar la CoCEDAW en su recomendación 27, inciso c.16

Las estrategias y líneas de acción del Proigualdad se deben realizar con cargo a los recursos que se prevean en el anexo de “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, para el ejercicio fiscal que corresponda, esto significa que el presupuesto para las políticas públicas que operen en favor de la igualdad entre mujeres y hombres se seguirán circunscribiendo al Anexo ya mencionado del Presupuesto de Egresos de la Federación.17

Ahora bien, la propuesta de reforma consiste en modificar diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objeto de conceptualizar la corresponsabilidad y asignar, dentro de las políticas públicas etiquetadas para la igualdad entre mujeres y hombres, las correspondientes para su implementación; asimismo, en la Ley Federal del Trabajo, en el mismo tenor, de conceptualizar la corresponsabilidad laboral y familiar y darle certeza jurídica a la implementación de acciones para que las personas trabajadoras lleguen a la conciliación de la corresponsabilidad de su vida laboral, personal y familiar; por tal motivo, presento en el siguiente cuadro comparativo con la finalidad de darle claridad a la misma:

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

INICIATIVA

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I…      
No hay correlativo

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

III. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

 

 

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

 

 

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

 

 

VIII. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

 

 

 

IX. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I

 

II. Corresponsabilidad. Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como la organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

 

III. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

IV. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

V. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

VI. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

 

 

 

 

VII. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VIII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

IX. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

X. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal:

I. al IV. …

V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;…

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal:

I. al IV.

V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas y establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;…

Artículo 25.-A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderá:

I. y II. …

III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad;…

Artículo 25.- A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderá:

I. y II. …

III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad y de corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;…

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

 

 

II. y III.

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo, los procesos productivos y para asegurar la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;

II. y III. …

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo e implementar medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:…

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, la corresponsabilidad laboral y familiar entre mujeres y hombres, en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:..

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

INICIATIVA

Artículo 2o.-Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón…

Artículo 2o.-Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón; estableciendo medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres…

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

a)

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

a)

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; y

c) Corresponsabilidad Laboral y Familiar.Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I.- al IX.- …

No hay correlativo

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I.- al IX.- …

IX BIS. - Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las trabajadoras y los trabajadores a manera de que puedan cumplir con ambas responsabilidades;…

Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad.

Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad y de establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las trabajadoras.

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. al VII. …

No hay correlativo

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. al VII. …

VIII. Contar con los medios permisivos para conseguir la conciliación de la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley Federal del Trabajo, quedando como sigue:

Primero.- Se reforman la fracción II y se recorren las subsecuentes en su orden del artículo 5; fracción V del artículo 12; fracción III del artículo 25; fracciones I y IV del artículo 33 y primer párrafo del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I

II. Corresponsabilidad. Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como la organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

III. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

IV. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

V. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

VI. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

VII. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VIII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

IX. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

X. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal:

I. al IV.

V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas y establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;…

Artículo 25.- A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderá:

I. y II. …

III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad y de corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;…

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo, los procesos productivos y para asegurar la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;

II. y III. …

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo e implementar medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, la corresponsabilidad laboral y familiar entre mujeres y hombres, en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - Se reforma cuarto párrafo del artículo 2°; inciso b) del artículo 3°Bis y artículo 165. Se adiciona inciso c) del artículo 3°Bis; inciso IX Bis del artículo 132; fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón; estableciendo medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres…

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

a)

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; y

c) Corresponsabilidad Laboral y Familiar.Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I.- al IX.- …

IX BIS. - Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las trabajadoras y los trabajadores a manera de que puedan cumplir con ambas responsabilidades;…

Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad y de establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las trabajadoras.

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. al VII. …

VIII. Contar con los medios permisivos para conseguir la conciliación de la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Masculinidad hegemónica. Modelo de comportamiento masculino que conlleva a una posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres.
https://www.gob.mx/sre/articulos/masculinidad-hegemonica-vs-masculinidades-igualitarias

2 Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, Santiago, Organización Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009, p.71

3 Mujeres y hombres en México 2014, México, Inegi, Inmujeres, 2015, p. 42. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.

4 Mujeres y hombres en México 2014, México, Inegi, Inmujeres, 2015, p. 42. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob. mx/documentos_download/101239.pdf [consulta: 12 de febrero de 2016].

5 Ver Mujeres y hombres en México 2014, op. cit., p. 39.

6 Mujeres y hombres en México 2014, op. cit., p. 34.

7 Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, A/68/293, Naciones Unidas, 9 de agosto de 2013, párr. 17. Disponible en:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/293&referer=https://www.google.com.mx/&Lang=S.

8 Pinedo, Luis, El costo de las licencias parentales en México, documento de trabajo, 2016. Disponible en: www.corresponsabilidad.GIRE.org.mx

9 La maternidad y la paternidad en el trabajo. La legislación y la práctica en el mundo, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 2014, p. 5. Disponible en:
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/ maternity-protection/publications/
maternity-paternity-at-work-2014/lang--es/index.htm%3E [consulta: 8 de marzo de 2016].

10 Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, Santiago, Organización Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009, p. 79.8

11 CEDAW. Recomendación 16.

12 Artículos 16.3 y 25.2 de la DUDH, 23.1 del PIDCP, 10 del PIDESC y 17 de la CADH).

13 Artículos11.2 CoIDH y 17 CADH

14 Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, A/68/293, op. cit., párr. 22.

15 Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (2013). Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. México. Disponible en www.inmujeres.gob.mx

16 . ídem

17 Presidencia de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. México. Disponible en
www.presidencia.gob.mx

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene la palabra el compañero Diputado Juan Blanco Zaldívar, a nombre de la Diputada Elva Valles Olvera, del grupo parlamentario del de Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Le quiero rogar al compañero Diputado Juan Blanco y a quienes en lo sucesivo hagan uso de la palabra para presentar iniciativas, nos ayuden y respeten el tiempo que tienen para su presentación.

Tiene usted la palabra, Diputado Blanco Zaldívar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 159 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, a nombre de la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Buenos días, compañeros y compañeras Diputados y Senadores.

A nombre de la Diputada Elva Lidia Valles, hago la presentación de esta iniciativa.

La participación ciudadana en temas medioambientales y de desarrollo sustentable resulta esencial para la preservación de los recursos naturales de nuestro país.

La participación social en estos temas es determinante para la toma de decisiones y para una buena gestión gubernamental al instrumentar políticas públicas que tiendan a cumplir con dicho objetivo de garantizar un medio ambiente sano, próspero y que pueda tener también un equilibrio en este marco de referencia que nos tiene como un derecho fundamental.

La participación ciudadana activa, informada y ordenada fortalece nuestra democracia y fomenta la gobernanza de las instituciones que, entre otras cualidades, permite que la toma de decisiones en política medioambiental y de desarrollo sustentable se oriente en un involucramiento de todas las personas de toda la sociedad civil.

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte sentaron las bases para que en el año de 1996, se incorporara en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros, los artículos 157 y 159, dichos artículos disponen que el gobierno federal deberá promover la participación ciudadana correspondiente en todos los organismos de la sociedad civil, en la política ambiental y de recursos naturales.

Para cumplir lo anterior, se faculta para ello a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para crear órganos en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, al atender los compromisos adquiridos a nivel internacional por México en materia ambiental, el 14 de marzo del año 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual se creó el Consejo Consultivo Nacional, seis Consejos Consultivos Regionales y 32 Consejos Consultivos Nucleo para el Desarrollo Sustentable, uno en cada estado. Todos ellos son órganos de consulta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estos consejos se crearon con el objeto de facilitar la participación correspondiente de todos los sectores de la sociedad en la protección, restauración y, sobre todo, la conservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.

Posteriormente, con fecha del 29 de septiembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio del cual se modificó la estructura y funcionamiento de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, para ampliar el margen de participación ciudadana en las políticas nacionales en materia ambiental, y de esto es de lo que se trata.

Sin embargo, los logros alcanzados resultaron modestos comparados con los retos que ha enfrentado la sociedad mexicana en las últimas décadas en la preservación de nuestros recursos naturales.

Las tasas de degradación ambiental continúan, e incluso, aumentan después de celebrada la Conferencia de Río, por lo que se demanda, con sentido de urgencia y alta prioridad política, una nueva estrategia, una nueva visión y, sobre todo, un nuevo compromiso dirigido a promover el desarrollo sustentable en México.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el análisis de la estructura de operación de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, explica que la actividad de estos, se limita única y exclusivamente en emitir recomendaciones y opiniones en temas establecidos por la agenda ambiental, cumpliendo con lo que la ley les encomienda.

Por lo antes expuesto, la iniciativa, que hoy se presenta aquí ante ustedes, tiene el objetivo de fortalecer aún más la participación ciudadana, el promover, reforzar y ampliar los temas preestablecidos de la agenda ambiental de los consejos consultivos.

Se dota a dichos consejos consultivos de la facultad de vigilar y dar seguimiento a los asuntos relativos a la política ambiental.

Esta iniciativa refuerza la integración de los consejos consultivos ante el Secretariado técnico del Consejo Consultivo Nacional.

De igual forma,se contempla que las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, a petición expresa de los órganos de consulta, envíe los informes y documentación que les sean requeridos, atendiendo a lo establecido en la legislación en materia de transparencia y de acceso a la información.

Con eso termino, señor Presidente.

Señoras y señores legisladores, con esta iniciativa estaremos dando un paso más en materia de cuidado al medio ambiente y desarrollo sustentable para poder contribuir con los compromisos adquiridos por México a nivel mundial en la materia y asegurar el futuro de las siguientes generaciones de mexicanos al preservar los recursos naturales vitales para la subsistencia humana y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y próspero.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La que suscribe, ELVA LIDIA VALLES OLVERA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral  1, fracción I y 77, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 159, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democracia es una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.

Es Democracia Participativa, cuando el modelo político permite que los ciudadanos se organicen para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas, es decir, para concurrir con el gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas.

Queda claro que, en la democracia, es necesario la participación de los ciudadanos, su injerencia permite controlar y templar el poder de los representantes políticos y de los funcionarios públicos.

La participación ciudadana no es un fin en sí mismo, sino el medio para lograr los equilibrios y consensos necesarios entre los diversos intereses del desarrollo y del medio ambiente. Concluyendo, la participación ciudadana es la intervención organizada de ciudadanos en los asuntos públicos.

En el año de 1948, el derecho a la participación en los asuntos públicos, apareció en la “Declaratoria Universal de los Derechos Humanos”, el documento estableció que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

En 1976, surgió el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, que es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, y establece que “todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

En el año de 1992, la Asamblea General en la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro, aprobó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. La declaratoria intento impulsar una nueva forma de cooperación entre los Estados, los sectores y las personas.

El principio 10, de esta declaratoria estableció lo siguiente:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que disponga las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.”.

En el año de 1993, se suscribió el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, por los Gobiernos de Canadá, los Estados Unidos de América y nuestro País, En el año de 1993,el cual previó entre sus objetivos el de promover la transparencia y participación de la sociedad en la elaboración de leyes, reglamentos y políticas ambientales; promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes, así como las políticas y prácticas para prevenir la contaminación, es decir, fomentar la participación de la sociedad en el establecimiento de las políticas ambientales.

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, mencionados con anterioridad, sentaron las bases para que en el año de 1996, se incorporara en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otros, los artículos 157 y 159, que dispone que el Gobierno Federal deberá promover la participación correspondiente de la sociedad en la política ambiental y de recursos naturales, facultando para ello a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para crear órganos en los que participan entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales.

Atendiendo los compromisos adquiridos, el 14 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual se creó el Consejo Consultivo Nacional, seis Consejos Consultivos Regionales y treinta y dos Consejos Consultivos Núcleo para el Desarrollo Sustentable, como órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de facilitar la participación correspondiente de todos los sectores de la sociedad en la protección, restauración, y conservación de los ecosistemas y los recursos  naturales, así como de los bienes y servicios ambientales con el finde propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Con ello se adoptaron medidas para avanzar hacia una sociedad sustentable, mismas que se tradujeron en el desarrollo de instituciones ambientales y en la modernización de la gestión ambiental.

Posteriormente, Posteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo emitido por la SEMARNAT, por medio del cual se modificó la estructura y funcionamiento de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, para ampliar el margen de participación ciudadana en las políticas nacionales en materia ambiental.

Sin embargo, los logros alcanzados resultaron modestos comparados con los retos que ha enfrentado la sociedad mexicana en las últimas décadas. Las tasas de degradación ambiental continúan, e incluso, aumentan después de la Conferencia de Río, por lo que se demanda, con sentido de urgencia y alta prioridad política, una nueva estrategia, una nueva visión y, sobre todo, un nuevo compromiso político dirigido a promover el desarrollo sustentable en México.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el análisis de la estructura y operación de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), explica que la actividad de estos, se limita única y exclusivamente en emitir recomendaciones y opiniones en temas establecidas en la agenda ambiental, cumpliendo con lo que limitadamente la ley les encomienda.

Por lo antes expuesto, la suscrita, con el objetivo de aumentar la mayor participación ciudadana, promueve reforzar y ampliar los temas preestablecidos de la agenda ambiental de los CCDS, vigilando y dando seguimiento a los asuntos relativos a la política ambiental, así como reforzar la integración de los Consejos Consultivos, presentando ante el Secretario Técnico del Consejo Consultivo Nacional, las propuestas para su discusión, aprobación, y en su caso integración al Reglamento Interior, como lo prevé el artículo 11, del Acuerdo de Creación de los Consejos Consultivos.

Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 159, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 159.- La Secretaría integrará órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública,instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, evaluación vigilancia y seguimiento en materia de política ambiental y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes. Su organización y funcionamiento se sujetará a los acuerdos que para tal efecto emita la Secretaría.

Cuando la Secretaría deba resolver un asunto sobre el cual los órganos a que se refiere el párrafo anterior hubiesen emitido una opinión, la misma deberá expresar las causas de aceptación o rechazo de dicha opinión.

Las entidades y dependencias de la administración pública federal, a petición de los órganos de consulta, enviarán los informes y documentación que le sean requeridos atendiendo lo establecido en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Elva Lidia Valles Olvera.

Notas
1.- https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia. Consultado el 9 de mayo de 2018.
2.- https://es.wikipedia.org/wiki/Participación_ciudadana, consultada el 7 de mayo de 2018
3.- https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Políticos. Consultado el 7 de marzo de 2018.
4.- Villareal, M. M. T. (2010), "Participación ciudadana y políticas públicas", en Academia. Edu [en línea], México, disponible
en: /itesm.academia.edu/VillarrealMart%C3%ADnezMar%C3%ADaTeresa [accesado el día 5 de agosto de 2013].
5.- Martiñez, F. (2009), "Introducción: ¿para qué sirve la participación ciudadana?", en F. Mariñez, Compromiso ciudadano. Participación y gestión pública en Nuevo León, Monterrey, EGAP, CORPES, Fondo Editorial Nuevo León, pp. 17-31. [Links]
6.- Cunill, G. N. (1991), Participación Ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados latinoamericanos, Venezuela, CLAD. [Links]
7.- Isunza, E. (2006), "El reto de la confluencia. Los interfaces socioestatales en el contexto de la transición política mexicana (dos casos para la reflexión)", en E. Dagnino, A. Panfichi y A. J. Olvera, La disputa por la construcción democráctica en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica/CIESAS/Universidad Veracruzana. [Links]
8.- Olvera, A. (2007), Notas sobre la participación ciudadana desde la óptica de las OSC, México, INCIDE Social. [Links]
9.- http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2011&month=09&day=29.- consultado el 08 de mayo de 2018.
10.- Serrano Rodriguez Azucena, La participación ciudadana en
México.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162015000100005
11.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.
12.- Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.-
http://www.paot.org.mx/leyes/Biblioteca/15_Acuerdo_Cooperacion.pdf.-.- consultado el 11 de mayo de 2018.
13.- Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996,-consultado el 12 de mayo de 2018.
14.- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.-
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/DECLARACI%C3%93N%20DE%20R%
C3%8DO%20DE%20JANEIRO.pdf
14.- Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible,
200.2http://www.culturalrights.net/es/documentos.php?c=18p=181&p=196.
15.- Análisis de la estructura y operación de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2011-2016.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
file:///C:/Users/Callcenter/Downloads/Analisis_de_estructura_y_operacion_CCDS%20.pdf.
16.- Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2011.-consultado el 12 de mayo de 2018.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañero Diputado Blanco. Se turna la iniciativa del Diputado Blanco a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Carmen Ojesto, a nombre del Senador David Monreal, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, a nombre del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del Senador David Monreal, me permito presentar este posicionamiento para referirse a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Nuestro sistema penitenciario encuentra su fundamento en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional.

Su más reciente concepción se consolidó con la reforma a la Carta Magna que cambió el término “readaptación social” por el de “reinserción social” y posteriormente con la reforma en materia de derechos humanos de 2012, que añadió el respeto a los Derechos Humanos dentro de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario.

El cambio de paradigma ha apostado por la convergencia entre los principios. Sin embargo, el contexto real que enfrenta el país en la materia obstaculiza en gran medida la consecución de la reinserción social como fin principal.

Las causas por las que no se ha logrado afianzar la aspiración contenida en el contexto constitucional son múltiples y han sido identificadas, por ejemplo, en los diagnósticos de supervisión penitenciaria que levanta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La mayoría de los factores negativos como el autogobierno, hacinamiento, sobrepoblación deficiente, condiciones de higiene, entre muchísimos otros, encuentran un común denominador a partir de la omisión y la poca voluntad de las autoridades en la materia para aplicar las normas, así como en la falta de diseño e impulso de políticas estratégicas y acciones.

En este sentido, es oportuno recordar que en la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal retomó múltiples estándares en materia de derechos humanos al regular los medios para lograr la reinserción social del sentenciado.

Sin embargo, debo señalar que esta ley también recogió la participación de una figura contemplada desde la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

La Conferencia está contemplada en la composición del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se integra por los titulares de los Órganos de Prevención y de Reinserción Social o sus equivalentes en la Federación y en las entidades federativas.

Las funciones que son asignadas en aras de contribuir a la consecución de los fines del Sistema Nacional, se encuentran en el artículo 31 de la Ley General, destacando las fracciones III y IV.

La III. Le da posibilidad de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social.

La IV. Le faculta a proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social.

Como es posible inferir, la fracción IV se limita a la educación y el deporte, siendo necesaria, diríamos, indispensable, la inserción de los demás medios a que se refiere el artículo 18 constitucional vigente, es decir, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo y la salud.

El respeto a los Derechos Humanos es la parte básica e integral para el desarrollo de las personas.

El trabajo y la capacitación para el mismo, constituyen uno de los ejes de reinserción social de las personas privadas de la libertad y tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad.

Y la salud, es un servicio fundamental, que tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar la salud.

Por tanto, a través de la presente iniciativa se plantea el robustecer y actualizar una de las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario mediante una modificación a la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer que, además de la educación y el deporte, la Conferencia Nacional también podrá proponer los mecanismos conducentes para implementar: el respeto a los Derechos Humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo y la salud como medios de reinserción social, armonizando la ley con lo que se establece el texto constitucional sobre la base del sistema penitenciario.

Con lo anterior, se garantizará que la Conferencia Nacional lleve a cabo esta función de forma efectiva hasta la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Debemos ser conscientes de que la crisis por la que actualmente atraviesa el Sistema Penitenciario Mexicano no se resuelve únicamente mediante el quehacer legislativo, más bien se trata de una problemática que exige la correcta aplicación de las normas y disposiciones en la materia, así como de la implementación efectiva de mecanismos, estrategias y políticas necesarias para materializar la reinserción social en todos los centros penitenciarios del país.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañera Senadora Ojesto. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene la palabra la Diputada Cristina Gaytán, a nombre de la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 78 constitucional, en materia de facultades de esta Comisión Permanente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, a nombre de la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco y menciono la presencia de mi compañera Diputada Hilda Miranda, el día de hoy aquí en la Comisión Permanente y la oportunidad de acompañar esta iniciativa muy importante que es este proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Constitución Política.

Muchas gracias, compañera Diputada.

Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, sesiona durante los recesos de las Cámaras de Diputados y Senadores, es decir, anualmente sesiona por lo menos durante cinco meses y medio y durante ese largo periodo se registran una gran cantidad de acontecimientos y asuntos de la mayor relevancia, los cuales requieren muchas veces la presencia de los integrantes del gobierno federal para atender cuestionamientos, propuestas y dudas de los legisladores integrantes de la Comisión Permanente, y aunque la práctica de la comparecencia, como se le llama aquí coloquialmente a la reunión de trabajo, está establecida en la práctica parlamentaria, no está debidamente regulada en nuestro marco jurídico vigente.

México ha hecho un largo y lento tránsito hacia esquemas de mayor democracia en el ámbito social, electoral y en el ámbito del ejercicio del poder, y aunque se ha avanzado en lo general, falta mucho camino por recorrer, ya que las resistencias a los cambios, a los procesos de apertura democrática, de participación ciudadana, de transparencia, rendición de cuentas y ejercicios de control y equilibrio democráticas se manifiestan dentro de todas las instituciones, formaciones y corrientes políticas y, desde luego, en los poderes fácticos que se han vuelto determinantes en la vida de este país. Y sino veamos el proceso electoral y la elección de Estado que se está montando.

Por lo tanto, la tarea democratizadora de nuestras instituciones tiene que ser de carácter permanente y no debemos retroceder en este propósito.

Cabe señalar que la facultad de llamar a comparecer a los servidores públicos está conferida en el artículo 93 de la Constitución para las dos Cámaras del Congreso y no así para la Comisión Permanente. Sin embargo, la práctica de comparecer ante la Comisión se ha hecho por analogía y práctica parlamentaria y más bien, por qué no decirlo, depende de la voluntad política de los diferentes grupos parlamentarios en un entorno de apertura democrática, aunque éstas se convocan con el eufemismo de reunión de trabajo, por carecer, como ya lo dije, la Comisión Permanente de la atribución constitucional y legal para llamar a comparecer formalmente a los servidores públicos.

El propósito de esta iniciativa es poner fin a la creciente oposición, abierta o velada de los servidores públicos, a comparecer en la Comisión Permanente, por las razones antes mencionadas, generando el efecto de que durante los recesos del Congreso de la Unión se debilita la supervisión de los actos administrativos, en menoscabo del estado de derecho y el equilibrio de poderes.

Se ha querido imponer alguna noción en el sentido de que si los funcionarios responden a la convocatoria, lo hacen como un acto de cortesía, lo cual reduce la facultad de aquélla para observar que los actos administrativos se apeguen a la Constitución y a las leyes que de ella emanen.

Aunque el artículo 78 constitucional concentra, más no agota, las facultades de la Comisión Permanente, entre otras: recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictaminar a las comisiones de la Cámara a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones, entre otras.

La Comisión Permanente resulta un punto de equilibrio entre el trabajo ininterrumpido del Congreso de la Unión, que algunos consideran aumentaría esto las fricciones entre el Ejecutivo Federal en menoscabo del equilibrio de poderes, y la ausencia total de un órgano legislativo en los recesos de éste, acabaría con todo control.

Por las descripciones de las facultades de la Comisión Permanente que se han hecho, podemos ver la enorme trascendencia de algunas de ellas, y como dice el principio jurídico, “quien puede lo más, puede lo menos”. Inclusive el artículo 88 constitucional, señala la obligación presidencial de informar a la Comisión Permanente de los resultados de sus sesiones en caso de ausentarse del territorio nacional.

Con base en lo dicho, por analogía y aún por mayoría de razón, debería de reconocerce como facultad de esta Comisión Permanente el llamar a comparecer a los funcionarios públicos, sin embargo, para no dejar duda alguna, se propone que se reconozca de manera expresa la atribución, mediante la siguiente modificación del artículo 78 de la Constitución.

Artículo Único.- Se adiciona la fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que diga:

“IX. Convocar a los Secretarios de Estado, al Fiscal General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.

Esta iniciativa, como digo, presentada por el grupo parlamentario del PRD, por la compañera Diputada Hilda Miranda, quiere hacer un exhorto a los Diputados de esta Comisión Permanente, y también así a los compañeros y compañeras Diputados y Senadores, para que dotemos a esta comisión de las atribuciones que nos permitan, como en el caso que tuvimos recientemente relativo al SPEI, poder convocar no solamente a reuniones de trabajo que se atienden por cortesía, sino convocar a comparecer a los funcionarios públicos que tengan que ver con estos temas.

Es cuanto, señor Presidente.

Y agradezco muchísimo nuevamente a mi compañera Hilda Miranda, la oportunidad de presentar su iniciativa.

Iniciativa



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañera Diputada Gaytán. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra el compañero Diputado Macedonio Tamez, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de contratación pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señor Presidente.

Miren compañeros, la corrupción es uno de esos temas paradójicos que entre más se habla de ellos menos se resuelven, más se asienta y se enraíza en nuestros medios.

Vemos cómo se ha reproducido infinitamente, es como una hidra, no digo de 7 cabezas, ni contarles cabezas que cuando se ajusta una de ellas habitualmente pequeña, brotan más y más y más y se reproduce.

Y no sólo eso, la corrupción adquiere cada vez formas más sofisticadas en su ejecución, es proteiforme. Antaño era nada más tomar el libro de las arcas, ahora se aprovecha de la contratación pública partiendo de la realidad de que el gobierno, en sus tres niveles y en sus tres poderes, es el principal consumidor de bienes y servicios, y a través de medios electrónicos y de contratación y de comisiones y demás, se lleva una buena parte del presupuesto nacional.

No es posible corregirla de un día para otro, debe haber transformación que empiece en lo personal, en lo operativo y finalmente en lo nacional.

Las dos bases de la corrupción son la falta de una estructura de legalidad y la falta de un estado de derecho. Hay que buscar y hay que alcanzarla un día.

Sin embargo, mientras esto sucede es preciso legislar y establecer más requisitos, más condiciones, hacerles difícil la tarea finalmente a los que se corrompen y lucran indebidamente con los recursos del pueblo de México.

Hace poco, un instituto respetadísimo, el Instituto Mexicano de la Competitividad señaló críticas muy puntuales al sistema CompraNet, diciendo que no cumple con su función de evitar la corrupción y que hay que reformarlo e hizo una serie de propuestas, algunas de las cuales se incluyen ahora en esta iniciativa que presento a nombre de mi compañero Jorge Álvarez Máynez.

Y que consiste simplemente en reformar y adicionar el artículo 73 constitucional para que el Congreso Federal tenga facultades y legislar en la eventual expedición de una Ley General de Compras Públicas, así de sencillo.

Es una ley que establece requisitos, condiciones para hacer más difícil la tarea a los que se corrompen y lucran con lo que no debe ser, y una ley que además establece la obligación de realizar compras públicas a través de una plataforma digital con acceso a todos, establece además un instituto autónomo de políticas públicas de adquisiciones para que regule esto.

Ya sé que esta no es la panacea, pero sí es un elemento más que llevará a combatir este terrible flagelo.

Decía Emilio Portes Gil, y lo cito con frecuencia, somos paisanos, decía, Presidente de la República y fundador de partidos: “que cada sexenio salen comaladas de millonarios”. Como sucederá en éste, bueno, pues acabemos con eso y demos un paso más en frenar este terrible flagelo con esta modificación constitucional.

Es cuanto tengo que decir, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ninguna medición en los últimos años ha demostrado que en México se han presentado mejoras sustantivas en el combate a la corrupción. Parecería que los esfuerzos que se han hecho no han presentado ninguna mejoría para combatir uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. Informes como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, indican que el país ha retrocedido. Mientras que en el año 2005 ocupábamos el lugar 65 de 155 países1, en 2014 bajamos casi 40 posiciones situándonos en el lugar 103 de 1752, ocupando la última posición, dentro de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; para 2017, la situación empeoró, pues México descendió al lugar 135 de 180 países3, con 29 puntos del IPC, que “correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto)”4.

En México los actos de corrupción no sólo son tolerados por buena parte la sociedad sino que son aceptados y aun reproducidos de manera sistemática. Entonces, como sostiene el escritor Gabriel Zaid5, parecería que habría que resignarnos a explicaciones absolutas como que la corrupción está en nuestra cultura, nuestra historia, nuestros genes o soluciones radicales  como que hay que enseñar a ser de otra manera desde la infancia, o que hay que rehacer las instituciones, una nueva Constitución, o incluso reinventar el país. Zaid sostiene que “todos somos corruptibles, más esto implica libertad no fatalidad”6.

La presente iniciativa se ha realizado retomando el planteamiento original de Gabriel Zaid, quien menciona que “hay que combatir la impunidad sin estorbar el ejercicio legítimo del poder”7, para ello, resulta necesario “facilitar la transparencia, la denuncia y el debido enjuiciamiento y castigo”8. Así, uno de los primeros pasos para el combate a la corrupción es transparentar la asignación de obra pública y compras gubernamentales sin que la solicitud de dicha información requiera de justificación, identificación del interesado y objetivo de la consulta.

Si bien es cierto que el país en los últimos años ha sido testigo del surgimiento de una sociedad civil más activa que ha pugnando por un gobierno más abierto, transparente y que rinda cuentas, aún falta la construcción de un marco legal secundario que garantice este derecho a todos los ciudadanos mexicanos. No hay en la Administración Pública Federal -y mucho menos a nivel nacional, común a las entidades federativas- un sistema de información homogéneo, que funcione como un mecanismo de rendición de cuentas, para presentar a la sociedad toda la información concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y servicios por parte de las dependencias federales9.

A pesar de que cada dependencia debe presentar la Cuenta Pública Federal ante el Congreso de la Unión, no tienen la obligación de transparentar trámites específicos como las compras realizadas, los tipos de licitación efectuadas, los precios de adquisición de los bienes y demás información sobre las adquisiciones, que resultan de gran relevancia para lograr una efectiva rendición de cuentas. Actualmente, la información disponible sobre licitaciones es actualizada cada tres meses en Compranet y se entrega un informe a principio y fin del periodo, sin embargo estos mecanismos hacen imposible identificar en qué específicamente gastan las dependencias del gobierno y genera desconfianza hacia sus instituciones.

Existe una falta de cultura de planeación, ejecución y control de las adquisiciones de bienes y servicios por parte de las dependencias. Los procesos de compra gubernamental en México son ineficientes y opacos10. Por ejemplo, aún no tenemos información sobre los resultados de cada ejercicio fiscal en materia de adquisiciones; la administración carece de jerarquización de prioridades que permiten definir el nivel de importancia de cada una, no hay organización para dar seguimiento y control a las compras que se realizan, ni contamos con un indicador comparable entre todas las dependencias para adquisiciones que no son gasto en obra pública, que defina cuánto gasta cada dependencia y cuales han sido los resultados.

Si queremos que el Derecho al Acceso a la Información de los mexicanos sea garantizado es necesario definir un sistema que simplifique y homogenice los procesos de adquisiciones y unifique los sistemas de registro, clasificación y análisis de la información de todas las dependencias. Urge la creación de un modelo inicial de buenas prácticas, que se rija por 4 ejes; eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Un sistema transparente que sea un mecanismo de rendición de cuentas frente a la sociedad, y para esto el diseño de un sistema de administración, desarrollo y control de los programas de adquisiciones es indispensable.

De acuerdo al apartado A, Fracción I, del artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, toda la información de un organismo que utilice recursos públicos es pública y deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Asimismo, en conformidad con las fracciones V y VI del referido artículo, esta iniciativa busca establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Reconociendo que en materia de Tratados Internacionales, México ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que, en su Artículo 9º, reconoce que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.11

Siguiendo los objetivos planteados en las fracciones V y VII del artículo 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta iniciativa busca  “establecer las bases y la informacio?n de intere?s pu?blico que se debe difundir proactivamente”, así como “promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la funcio?n pu?blica, el acceso a la informacio?n, la participacio?n ciudadana, asi? como la rendicio?n de cuentas, a trave?s del establecimiento de poli?ticas pu?blicas y mecanismos que garanticen la publicidad de informacio?n oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos ma?s adecuados y accesibles para todo el pu?blico”.

La Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública establece, en su artículo 23, como sujetos obligados a transparentar información a las entidades, o?rganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o?rganos auto?nomos que reciba y ejerzan recursos pu?blicos o realicen actos de autoridad en los a?mbitos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal. En su artículo 24, la referida Ley, define como obligaciones de los sujetos que marca la ley en sus fracciones IV y V, “promover la generacio?n, documentacio?n y publicacio?n de la informacio?n en Formatos Abiertos y Accesibles y Fomentar el uso de tecnologi?as de la informacio?n para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la informacio?n y la accesibilidad a e?stos”.

Asimismo, de acuerdo al artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben poner a disposición del público las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sen?alando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratacio?n; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aque?llos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razo?n social del titular, vigencia, tipo, te?rminos, condiciones, monto y modificaciones, asi? como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos pu?blicos; también, debe publicarse informacion sobre los procesos de adjudicación directa, licitaciones e invitaciones restringidas.

En ese sentido, resulta relevante, no sólo garantizar los derechos, en materia de acceso a la información, consignados en la referida normativa, tanto nacional como internacional, sino también maximizarlos, en pro de revertir los márgenes de discrecionalidad en torno a la contratación pública, y de este modo, combatir la corrupción que prevalece en los distintos niveles de gobierno.

Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó los resultados del análisis que, junto con OPI Analytics, llevó a cabo, respecto “del sistema electrónico de contrataciones públicas CompraNet, en el que se creó una base de datos con 6 millones de líneas de datos y más de 200 millones de celdas, información proveniente de 9 fuentes distintas, de las cuales CompraNet fue la principal. Esta tarea comprendió la revisión de 700 mil procedimientos de contratación, correspondientes a 2.3 billones de pesos, en el periodo de 2012 a 2017”12, que concluyen -entre otra cosa- que “Compranet es un sistema de difícil acceso a la información e insuficiente para llevar a cabo una vigilancia adecuada de los procedimientos de contratación del Gobierno federal. Es también incompleto porque no abarca las tres etapas del ciclo de la contratación pública”13; y, que “uno de los más alarmantes es el abuso de las excepciones previstas en la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, en específico la adjudicación directa, dado que el 71% de los contratos obtenidos por las mil empresas más ganadoras fueron otorgados por esta vía entre el 2012 y el 2017”14.

Así, “de las 129 mil 411 empresas distintas que han ganado un procedimiento de contratación, las primeras 30 (0.02%) representan el 20.8% del total de montos asignados. Los primeros 2 mil 512 (1.9%), ostentan el 80% del monto total asignado”15. Además, el Índice de Riesgos de Corrupción, elaborado por el IMCO, que “evalúa las prácticas de competencia, transparencia e integridad de las Unidades Compradoras (UC) de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal para identificar riesgos de corrupción”16, arrojó que “las 10  dependencias o entidades más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación Nacional de Prospera, Liconsa, S.A de C.V., la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”17, pues, “concentran 286 UC de las 500 más riesgosas. Las primeras cinco: CFE, ISSSTE, IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y SCT, representan más de la mitad de todo el gasto correspondiente a las contrataciones públicas en el periodo analizado.”18

Lo anterior muestra que “el riesgo de corrupción es alarmante y no existe una tendencia que pueda sugerir un cambio en las prácticas”19, es decir, “la falta de competencia y la falta de transparencia son la norma, además de existir una preocupante y pobre rendición de cuentas”20, por lo que el IMCO propone -entre otras cosas- lo siguiente21:

• Crear una Ley General de Compras Públicas;

• Desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio, tanto para la federación como para los estados, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. La plataforma debe ser completamente transaccional y transparente;

• Una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones, establezcan procedimientos más sencillos y eficientes, y regulen la planeación y la ejecución de manera integral;

• Eliminar el uso de efectivo en transacciones gubernamentales. El efectivo no deja registro electrónico y por ende es poco fiscalizable; y,

• La creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas. Encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

A fin de retomar las referidas propuestas, se considera necesario adicionar una fracción XXXI, recorriendo la subsecuente, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Compras Públicas, que establezca los principios y bases en materia materia de contratación pública para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción; y, reformar el artículo 134, para la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, para desarrollar una plataforma digital nacional de contrataciones públicas, y, para eliminar el uso de efectivo en transacciones gubernamentales.

Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de contratación pública.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 134; y, se adiciona una fracción XXXI, recorriendo la subsecuente, del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. … XXX.

XXXI. Para expedir la Ley General de Compras Públicas, que establezca los principios y bases en materia materia de contratación pública para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción; y,

XXXII. […].

Artículo 134. […].

[…].

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se llevarán a cabo únicamente a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Queda prohibido el uso de dinero en efectivo en transacciones gubernamentales.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, la Ley General de Compras Públicas establecerá las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

La Federación contará con un Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de la planeación de las compras públicas a mediano y largo plazo, de la Plataforma Digital Nacional de Contrataciones Públicas, así como de generar políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología, en los términos que establezca la Ley General de Compras Públicas. El Instituto deberá elaborar, a partir de las bases de datos con que cuente, un Índice de Riesgos de Corrupción, a fin de evaluar las prácticas de competencia, transparencia e integridad de las Unidades Compradoras de las dependencias y/o entidades de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para identificar riesgos de corrupción.

El organismo autónomo previsto en este artículo, se regirá por la Ley General de Compras Públicas que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases y principios generales. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Los acuerdos, criterios, recomendaciones, programas de planeación, políticas y demás resoluciones que tome el Instituto, respecto de la planeación, publicitación, transparencia y rendición de cuentas, materia de contratación pública, son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

El Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas se integra por cinco Consejeros. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al Consejero que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública,  y con las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, las entidades federativas, a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, con el objeto de fortalecer la evaluación, la fiscalización y la rendición de cuentas del Estado Mexicano materia de contratación pública.

La Plataforma Digital Nacional de Contrataciones Públicas será de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, desde la planeación, licitación, ejecución y auditoría. Dicha Plataforma será transaccional, estandarizada, confiable, transparente, interconectada a otros sistemas y amigable al usuario.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo, a la Ley General de Compras Públicas y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

[…].

[…].

[…].

[…].

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir en cientos veinte días naturales, la Ley General de Compras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Decreto, y que se apegue a los estándares internacionales; elimine excepciones a la licitación pública, esto implica que debe limitar la adjudicación directa de manera adecuada; establezca procedimientos sencillos y eficientes; y, regule la planeación y la ejecución de manera integral.

CUARTO.- El Congreso de la Unión deberá expedir en cientos veinte días naturales, una nueva Ley de Obras Públicas, que se adecue a lo dispuesto en el presente Decreto.

QUINTO.- Los Congresos de las entidades federativas deberán adecuar y homologar su normativa en materia de contratación pública, a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 Índice de Percepción de la Corrupción 2005, Transparency International. La coalición contra la corrupción, disponible en:
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2012/08/%C3%8Dndice-de-la-Percepci%C3%B3n-de-la
-Corrupci%C3%B3n-2005.pdf (consultado el 31 de mayo de 2018).

2 Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Transparency International. La coalición contra la corrupción, disponible en:
https://www.transparency.org/cpi2014/results (consultado el 31 de mayo de 2018).

3 Índice de Percepción de la Corrupción 2017, Transparency International. La coalición contra la corrupción, disponible en: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/02/tabla_sintetica_ipc-2017.pdf (consultado el 31 de mayo de 2018).

4 Ídem.

5 ZAID, Gabriel, “Saneamiento gradual”, Letras Libres, disponible en:
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/saneamiento-gradual (consultado el 31 de mayo de 2018).

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 AZUELA, Antonio (coord.), "Las compras del gobierno: datos blandos, percepciones duras", El Colegio de México, Foro Internacional, Vol. XLVll, núm. 4, octubre-diciembre, México, Distrito Federal, 2007, pp. 1002-1007.

10 Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas: Evaluación legal en el Gobierno Federal, en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla sobre el cumplimiento del Artículo 9º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNODC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 126. Disponible en:
https://www.unodc.org/documents/mexico/publications/Transparencia_Publicas.pdf (consultado el 31 de mayo de 2018).

11 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, disponible en:
http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf (consultado el 31 de mayo de 2018).

12 ALCÁZAR, Fernando, “¿Cuál es el panorama de las compras del gobierno federal?”, Instituto Mexicano para la Competitividad, disponible en: https://imco.org.mx/temas/panorama-las-compras-del-gobierno-federal/ (consultado el 31 de mayo de 2018).

13 Ídem.

14 Ídem.

15 Ídem.

16 Ídem.

17 Ídem.

18 Ídem.

19 Ídem.

20 Ídem.

21 Vid., ALCÁZAR, Fernando, “¿Cuál es el panorama de las compras del gobierno federal?”, Instituto Mexicano para la Competitividad, disponible en:
https://imco.org.mx/temas/panorama-las-compras-del-gobierno-federal/ (consultado el 31 de mayo de 2018); e, “Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas”, Instituto Mexicano para la Competitividad, disponible en:
https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/ (consultado el 31 de mayo de 2018).

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Tamez. Su iniciativa y la del Diputado Álvarez Máynez. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados.






Finalmente, en el capítulo de iniciativas, tiene la palabra nuestro compañero Diputado Abel Cruz, a nombre de los Diputados de su grupo parlamentario, el del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para todos los presos, motivo de manifestaciones sociales, a los perseguidos por motivos políticos de jurisdicción federal y a las personas pertenecientes a grupo vulnerables sujetos a proceso o privados de su libertad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS, MOTIVO DE MANIFESTACIONES SOCIALES, PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS DE JURISDICCIÓN FEDERAL Y GRUPOS VULNERABLES EN PROCESO O PRESOS

(Presentada por el Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide Ley de Amnistía para todos los presos, motivo de manifestaciones sociales, perseguidos por motivos políticos de jurisdicción federal y grupos vulnerables en proceso o presos.

Compañeras y compañeros legisladores, literalmente amnistía significa sin memoria, esto es, olvido, pérdida total del recuerdo de un hecho, que según puntos de vista subjetivos pudo ser heroico o delictuoso.

En derecho penal, la amnistía es una medida de olvido de una infracción que tiene por efecto extinguir la acción pública y suprimir una pena ya pronunciada por infracciones previstas por la Ley de Amnistía, aunque deja subsistir la acción civil y los efectos de ella.

Asimismo, es una medida legislativa por la cual se suprimen los efectos y la sanción de ciertos delitos, principalmente de los cometidos contra el Estado.

Se distingue la amnistía del indulto en que la una tiene carácter general y el otro un carácter particular.

En un concepto amplio de amnistía, se define como un acto de poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban de comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos.

En la Sección III del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere, frente a las facultades del Congreso, se indica que el Poder Legislativo es el único que tiene facultad de conceder amnistías a delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

Por su parte, el Capítulo II, artículo 92 del Código Penal Federal, establece que la amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dicte, concediéndola y si no se expresa, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.

El jurista, Miguel Carbonell establece que la amnistía es de carácter general, se determina por mandato de ley, y puede beneficiar a un grupo de personas, las cuales no son consideradas como responsables de haber cometido un delito.

Asimismo, en su columna, “La amnistía, tomada en serio”, del 8 de mayo de 2018 en el periódico El Universal, el doctor Carbonell señala que “la idea de perdonar a personas que han sido apresadas por delitos menores, como por ejemplo a campesinos que enfrentan un proceso penal por sembrar marihuana, puede ser interesante ya que nos obliga a voltear a ver el uso indiscriminado y autoritario que durante años se ha hecho del sistema penal. En México el derecho penal ha servido para castigar sobre todo la pobreza”.

Señala el destacado jurista que: “Nuestras cárceles están llenas de pobres, que con frecuencia no han tenido buena asistencia jurídica y están ahí por cometer delitos que en otros países no ameritan un proceso penal.

En el espectro internacional, la organización de las Naciones Unidas, en sus diversos convenios y protocolos y a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresa, que una amnistía es una herramienta jurídica que tiene como efecto el siguiente: “La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y las acciones civiles contra ciertas personas o categoría de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía”.

Lo anterior es el punto nodal que se pretende atender en el presente texto legislativo.

Para encuentro social, el análisis de los casos de personas pertenecientes a grupos vulnerables que se encuentran en la cárcel son extremadamente urgentes.

Según un estudio de Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo, un total de 90 mil de las 210 mil personas presas en las cárceles mexicanas, es decir, el 42 por ciento no han sido condenadas.

Y por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó en julio de 2017, los resultados de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad.

Esta encuesta concluyó que, de la población privada de la libertad, sólo el 19.8 por ciento pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado al ser presentada ante el Ministerio Público.

También se observa que a nivel nacional el 46.6 por ciento de la población reclusa sufrió presiones por parte de policía o autoridad para dar otra versión de los hechos. Por otra parte del 42.1 por ciento de los casos la autoridad apuntó exactamente lo que se dijo en la declaración.

En resumen, en países como el nuestro, las injusticias son muchas y ciertos grupos como las comunidades indígenas y campesinas llevan siempre la peor parte, al indígena se le encarcela porque no habla español, porque sus tierras tienen valor o porque algún cacique u otra persona lo requieren.

Al campesino se le encierra porque siembra marihuana para ganarse unos pocos pesos o porque el cacique ambiciona su tierra.

Su proceso generalmente es irregular y su defensa, por supuesto, siempre va a ser deficiente.

De la misma manera, a los presos o perseguidos políticos se les castiga por tener ideas distintas respecto a la bondad de un régimen.

Por un lado están las personas acusadas o perseguidas por delitos políticos, por traición, por rebelión, sedición, etcétera.

Y, por otro lado, aquellos que habiendo cometido delitos comunes, su motivación es altruista, casi siempre la promoción de un cambio, un sistema injusto a uno justo y democrático.

Estos y algunos más son los casos que merecen ser sujetos de amnistía, es verdad que no se borran las injusticias, pero para Encuentro Social es necesario propiciar que se haga justicia y que se respeten los derechos humanos, pero también reconocemos que la necesidad de una amnistía sólo refleja que el sistema es injusto, que viola derechos y que no responde a las legítimas aspiraciones de la sociedad.

Por su atención, es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias a usted, Diputado Cruz. Su iniciativa, la de su grupo parlamentario, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.






Finalmente, tiene la palabra el compañero Diputado Juan Romero Tenorio, para presentar a nombre propio y del Diputado Alfredo Basurto, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, a nombre propio y del Diputado Alfredo Basurto Román, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Juan Romero Tenorio: Gracias, señor Presidente. Con la venia de la Mesa Directiva. Señoras legisladoras, señores legisladores:

Este tema rompe un poco el confort en el que nos encontramos fuera de una esfera de violencia, una violencia que se vuelve cotidiana en el transporte público, en el barrio, en la comunidad. La violencia se está volviendo cotidiana y lo grave es que la aceptamos. Lo grave es que la vamos asimilando, y es una violencia que afecta a la población, misma que ya está levantando la voz y está a punto de la cuarta transformación en nuestro país.

Debo resaltar que los asesinatos cometidos durante el sexenio que termina no son poca cosa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se acumulan 104 mil 583 averiguaciones previas, vinculadas por homicidios, oficialmente rebasan a los que se acumularon con Felipe Calderón.

En 2017, se produce un incremento significativo del número de homicidios, 45 mil 583 registrados con el año anterior.

En el primer trimestre de 2018, se cierra con más violencia, en marzo se registran 2 mil 346 casos de homicidio. Es un mes con alta incidencia en los últimos 20 años.

Esto nos pone en alerta, hay que tomar acciones que nos permitan ir contendiendo el avance de la criminalidad, y para ello, proponemos una iniciativa que reforme el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien se reconoce que la reforma constitucional de 2008 establece un nuevo sistema, un nuevo procedimiento penal para determinada responsabilidad, sin embargo, aún quedan asuntos pendientes.

Tenemos que dentro del catálogo de delitos previstos en el artículo 19, se aplica prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.

Estamos proponiendo agregar que la prisión preventiva oficiosa, también se aplique a delitos como es la posesión, portación, acopio e introducción ilegal de armas y cartuchos prohibidas y de las que son reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Esta intención busca contener el avance de la delincuencia, es absurdo ver cómo hay averiguaciones previas en las cuales se detienen a personas que transportan miles de cartuchos o transportan armas de uso exclusivo del Ejército, pero por no estar contenido el tipo penal o señalada la conducta ilícita en este artículo 19 constitucional, fácilmente salen de esa prisión preventiva, es lo que llamamos nosotros la puerta giratoria, se entra con facilidad y salen con facilidad.

Tenemos que establecer estrategias y rutas legales para contener el crimen organizado en nuestro país, la letalidad de la consecuencia de la omisión legislativa para regular este tipo de delitos nos hace corresponsables ante, no los cientos, los miles de víctimas que genera la inseguridad en nuestro país.

Esa propuesta que firmamos Diputados de Morena tiene esa intención, establecer en la Constitución las bases para ir inhibiendo la actuación impune de la delincuencia organizada y establecer medidas que nos vayan previniendo estas acciones ilegales que ya no sólo afectan al ciudadano de a pie, el mismo Ejército, la misma Marina, ha sido víctima del uso excesivo de este tipo de armas, tenemos que poner un límite a la operación que fácilmente permite la evasión de esta delincuencia organizada.

En ese sentido va la propuesta que presentamos, esperamos una respuesta pronta para atender este grave daño que se hace a nuestra sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

JUAN ROMERO TENORIO y ALFREDO BASURTO ROMÁN, en nuestro carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada el 18 de junio de 20081, tuvo como objetivo una reforma integral del sistema de procuración e impartición de justicia penal basado en un sistema adversarial acusatorio en lugar de uno inquisitorio, lo que sentó las bases para el establecer un nuevo modelo para impartir justicia en el país.

El artículo 20 constitucional fue modificado para incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato claro para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local. Para tal efecto se caracterizó al proceso penal como acusatorio, adversarial y oral, y se enunciaron los principios básicos que deben regir en la materia: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Con la reforma mencionada se explicitaron los principios generales, se enumeran los derechos de las personas vinculadas a un proceso penal y los derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito.

Entre otros puntos se estableció que la prisión preventiva, solamente podría aplicarse cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso2.

Se estableció a nivel constitucional dentro de los derechos de las personas inculpadas la presunción de inocencia, que es un principio universalmente aceptado. Dicha presunción debe valer a lo largo de todo el proceso penal.

La presunción de inocencia está prevista en distintos textos internacionales, entre los que se pueden citar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 11 dispone en su párrafo primero que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley". Esto tiene como propósito fundamental delimitar el uso de la prisión preventiva de acuerdo con lo que ordenan distintos tratados internacionales, según los cuales la privación de la libertad de manera cautelar solamente puede llevarse a cabo de forma excepcional; es decir, la regla general debe ser que una persona permanece libre durante el proceso hasta en tanto no se emita una sentencia condenatoria en su contra, mientras que la excepción -cuando concurran causas muy graves a juicio del juez competente- debe ser la prisión preventiva. 

Actualmente, el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la PRISIÓN PREVENTIVA cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. EL JUEZ ORDENARÁ LA PRISIÓN PREVENTIVA, OFICIOSAMENTE, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.3

Acorde con el mandato constitucional, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos señalados en el segundo párrafo del precepto 19 de la Carta Magna.

Asimismo, en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prisión preventiva constituye una excepción al principio de presunción de inocencia, previsto en artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señala:

“PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE. Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, también lo es que el artículo 18 de la misma Ley Suprema autoriza la prisión preventiva de quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tanto, dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia Carta Magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad. Así, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad.

Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón.

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho”4.

Por su parte la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 7, numeral 5, señala, lo siguiente:

“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio5.

Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 9, numeral 3, lo que a continuación se transcribe:

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”6.

Sin embargo, la aprobación de reformas legislativas de último minuto en junio de 2016 y las divergencias inherentes a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, han derivado en un marco legal que no satisface del todo las necesidades del nuevo modelo de justicia.

En este sentido, para asegurar el carácter acusatorio adversarial y garantista de la reforma es necesario aprobar modificaciones legislativas que corrijan las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y vinculación a proceso, así como las necesarias para resolver las contradicciones con el régimen de excepción para delincuencia organizada y de otros delitos conexos.

El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos señalados en el segundo párrafo del precepto 19 de la Carta Magna.

“Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero”.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad”.

Sin embargo, dentro del catálogo de delitos previstos en el artículo anterior sobre los cuales se aplicará prisión preventiva oficiosa, a saber, “los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”, NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS los delitos de posesión, portación, acopio e introducción ilegal de las armas y cartuchos prohibidas y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Esto es una evidente omisión legislativa, que ha tenido como resultado que, por ejemplo, a pesar de que se detenga en flagrancia a personas portando armas de uso exclusivo del ejército, transportando cartuchos calibres prohibidos o almacenando cargadores, etcétera de armas que solo tiene como fin evidente acciones de tipo delictivas-ofensivas y no la defensa de un particular en su domicilio.  

Esto ha dado pie a lo que se conoce, en el ámbito penal, como la teoría de la puerta giratoria, acentuando las críticas al sistema penal recientemente adoptado.

Que quede claro, el sistema penal que apenas ha entrado en funcionamiento, es claramente superior al modelo inquisitorial anterior. Lo que se requiere, sin embargo, es perfeccionarlo.    

Por ende, la presente propuesta de reforma tiene como objetivo incorporar que proceda prisión preventiva oficiosa, también por las actividades y delitos relacionados donde se encuentre a los presuntos responsables en posesión, portación, acopio e introducción ilegal de las armas y cartuchos prohibidas y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Si bien, el artículo 10 de la Constitución Federal establece que los habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, también señala como excepción las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.

De ese modo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dispone de manera literal, lo siguiente:

“Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las características siguientes:

I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 mm. Las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.

II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum. Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).

III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley. IV.- Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 22.»

«Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:

I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.

II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.

III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).

IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.

V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223, 7 y 7. 62 mm.y fusiles Garand calibre .30.

VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.

VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.»

A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta Ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados.»

Artículo 10 Bis.- La posesión de cartuchos correspondientes a las armas que pueden poseerse o portarse se limitará a las cantidades que se establecen en el artículo 50 de esta Ley, por cada arma manifestada en el Registro Federal de Armas.

Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

a).- Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.

b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.

c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 7. 62 mm.y carabinas calibre .30 en todos sus modelos.

d).- Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.

e).- Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.

f).- Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta.

g).- Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.

h).- Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.

i).- Bayonetas, sables y lanzas.

j).- Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.

k).- Aeronaves de guerra y su armamento.

l).- Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.”

En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de esta Ley.

Aunado a lo expuesto, si bien una de las características del nuevo sistema de justicia penal es limitar el uso de la prisión preventiva, en el caso de delitos relacionado con las armas de fuego y explosivos, es necesario el uso de dicha medida cautelar, en primer término, como una forma de inhibir los delitos de esa naturaleza, y en segundo porque la comisión de esas conductas, podrían estar relacionas con otras actividades delictivas.

Es por ello, que la presente propuesta encuentra justificación tanto en las normas nacionales como en los tratados internacionales, a efecto de salvaguardar la paz y tranquilidad de la población.

Cada día un mayor número de mexicanos son víctimas de diversos delitos, y en muchos de ellos se utilizan como medios para la realización de los mismos, armas de fuego y explosivos. De enero a mayo del año 2016, en nuestro país se cometieron un total 4,693 homicidios con armas de fuego, según las denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público7.

Ello, sin contar la denominada cifra negra, que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7% a nivel nacional durante 2015, porcentaje que refleja un aumento en relación con 2014 que fue de 92.8 por ciento8.

Aunado a ello, las denuncias ante el Ministerio Público de la Federación por delitos cometidos con armas de fuego en México durante el 2014 fue de 17,4539.

En ese contexto, el uso ilegal y la deficiencia normativa sobre la posesión, portación, fabricación y comercio de las armas de fuego y explosivos, aumentan la inseguridad que hoy en día se vive en muchas regiones del país. El tráfico de armas es otro factor que afecta a la sociedad, pues está directamente relacionado con la incidencia delictiva. En cuanto al volumen de armas ilegales que circulan en México, la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que no se tiene un dato preciso sobre el tema, debido principalmente al carácter ilegal de esa actividad y porque sólo se llega a tener una medición aproximada al efectuar acciones encaminadas a frenar el trasiego, posesión, acopio o portación en flagrancia o cuando son usadas en algún enfrentamiento o ejecución10.

Según el Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa 2016, en el 2014 el total de armas y municiones aseguradas en el combate a los delitos contra la salud en la república mexicana fue de 11, 77611.

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, UNODC, por sus siglas en inglés, en 2010 en México circulaban una cantidad de armas suficientes como para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país, lo anterior en parte derivado de que en el año referido, existían en los Estados Unidos al menos 6,700 traficantes de armas a lo largo de la frontera con México12.

Los homicidios dolosos en México siguen en incremento. De enero a abril de 2018  se registraron 10 mil 395 asesinatos, cifra que equivale a un incremento superior al 80 por ciento en la violencia homicida en un lapso de solo tres años.

Los datos oficiales de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en abril se registraron dos mil 720 homicidios, lo que lo convierte en el abril con más asesinatos del que haya registro. Es el mismo fenómeno que se ha registrado todos los meses de 2018.

Con lo anterior el primer cuatrimestre de este año cierra con 10 mil 395 homicidios, que equivale a una tasa de 8.3 víctimas de asesinato por cada cien mil habitantes Es la cifra más alta de violencia para cualquier primer cuatrimestre de los últimos 20 años.

Incluso, si se compara con la tasa registrada en el primer cuatrimestre de 2017 -que hasta era el año más violento de las últimas dos décadas- el incremento de los homicidios en este periodo es de más del 20 por ciento.

Los datos oficiales arrojan que en el primer cuatrimestre de 2015 la tasa de victimas de homicidio doloso es de 4.6 por cien mil habitantes; en 2016 es de 5.3 homicidios; en 2017 es de 6.9; y en 2018 es de 8.3. Esto significa que en un periodo de tres años los asesinatos han repuntado más d 80 por ciento.

En cuanto al número de carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso,  en lo que va del año se han iniciado 8 mil 900 en el país, que en comparación con las 7 mil 604 del año pasado que ya era récord, es un incremento del 17 por ciento.

Los estados con la tasa más alta de casos de homicidio doloso en lo que va de 2018 son Colima con 26.7 casos por cien mil habitantes; Baja California con 22.9; Guerrero con 21.2; Guanajuato con 12,9; y Chihuahua con 12.08.

En cuanto a feminicidios, los datos oficiales actualizados arrojan para el primer cuatrimestre de este año se registraron 269 víctimas, que es un incremento del 19 por ciento respecto a los 226 feminicidios del año pasado.

Este repunte en la violencia se produce cuando México está en plena efervescencia electoral rumbo a las elecciones generales en las que se votará por presidente de la república, se renovarán las dos cámaras del Congreso de la Unión y miles de cargos estatales y municipales, incluyendo cargos diversos en la Ciudad de México.

Entre las víctimas de la violencia en los últimos meses se cuentan varios políticos locales, entre ellos candidatos, que han sufrido ataques, han sido asesinados o denuncian amenazas de muerte.

En ese contexto, es necesario emprender acciones que permitan inhibir los delitos relacionados con armas de fuego, pues no debemos olvidar que una de las tareas primordiales del Estado es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Esta iniciativa propone reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a los delitos por los cuales procede prisión preventiva oficiosa, los relacionados con armas de fuego y explosivos.

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 19.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, posesión, portación, acopio e introducción ilegal de las armas y cartuchos prohibidos y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS

ÚNICO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Juan Romero Tenorio.- Dip. Alfredo Basurto Román.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Romero Tenorio. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

1 D.O.F. 18 junio 2008 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.doc
2 La prisión preventiva en el proceso penal acusatorio y oral de México. Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Cámara de Diputados. Oscar Uribe Benítez. Julio 2009 https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjFiYe7vtzUAhUi7oMKHSBDB28QFggyMAI&url=http%3A%2F%2F
biblioteca.diputados.gob.mx%2Fjanium%2Fbv%2Fcedip%2Flx%2Fppre_procpen_acormex.
pdf&usg=AFQjCNGsrGpDreKBMBcDU9wyeql0KfS20w

Hasta la entrada en vigencia de Sistema Justicia Penal la utilización de la prisión preventiva había sido excesiva. Según datos recopilados por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 42% de las personas que se encuentran en nuestras cárceles y reclusorios no han recibido una condena firme que los declare culpables de haber cometido algún delito; es decir, 90 mil de las 210 mil personas privadas de la libertad en México se encuentran en régimen de prisión preventiva. Esto propicia, entre otros efectos negativos, que el sistema penitenciario mexicano opere, en promedio, al 130% de su capacidad, lo que impide a los reclusos llevar una vida digna.
Aparte del significado que el uso indiscriminado de la prisión preventiva tiene en relación con la presunción de inocencia, hay que añadir consideraciones de carácter económico para demostrar la necesidad de que su uso se limite. Según datos del especialista citado, cada preso en México tiene un costo directo de 130 pesos diarios, lo que implica un gasto de 27 millones de pesos cada día y más de 800 millones al mes. Se trata de cantidades considerables que podrían ser perfectamente dedicadas a otros fines si la población penitenciaria se limitara a aquellas personas que han recibido una sentencia condenatoria o a aquellas que, estando vinculadas a un proceso penal, presentan un riesgo objetivo de fuga o de entorpecimiento del desarrollo del juicio.

3 Párrafo reformado DOF 14-07-2011

4 PRISIÓN PREVENTIVA. ES UNA EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA PREVIA, ESTABLECIDA CONSTITUCIONALMENTE
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwiBytikhO7UAhWj7IMKHVL_BKEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx
%2Fsjfsist%2FDocumentos%2FTesis%2F196%2F196720.pdf&usg=AFQjCNFcHiRwScwGVe2gHR77sapwGid-wg

5 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José).
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwjlrpChu7UAhXm24MKHfwrDuQQFgg2MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2F
dil%2Fesp%2Ftratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--
GSYsy71C593j4Exm_0UqeMrw

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos   https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwjFkb7LiO7UAhWF0YMKHfjwCakQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%
2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg

7 Incidencia Delictiva 2016, Fuero Común. Secretaria de Gobernación (SEGOB), y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_052016 .pdf

8 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf  

9http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf  

10 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/17547/87901/file/Trafico-darmasdocto183.pdf 

11http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/AEGPEF_2016/702825087357.pdf

12http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Estudios-eInvestigaciones/
Documentos-de-Trabajo/Num.-183-TRAFICO-DE-ARMAS.-Entorno-propuestas-legislativas-yopinion-publica






La Primera Comisión de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha presentado 19 dictámenes sobre otros tantos puntos de Acuerdo. De esos 19 dictámenes, 17 no tienen reserva, esos 19 dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria, los 17 los vamos a votar, como no tienen reservas, los vamos a votar en paquete.

Le ruego a la Secretaría dé lectura a los 17 dictámenes que no tienen reserva, si me hace favor, señor Secretario.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con muchísimo gusto, señor Presidente.

Doy cuenta de las materias de estos 17 dictámenes de la Primera Comisión que no tienen reserva.

1. Que exhorta a implementar acciones para combatir y sancionar la corrupción de los servidores públicos del sistema penitenciario.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2. Por el que se solicita información sobre las estrategias, acciones y protocolos implementados o en proceso de implementación para prevenir, identificar y sancionar la trata de personas en centros de trabajo agrícolas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3. Que exhorta a instruir a las Secretarías de Seguridad Pública y Movilidad de la Ciudad de México para implementar medidas que garanticen el efectivo cumplimiento del Reglamento de Tránsito vigente.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4. Por el que se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la proposición para celebrar un periodo extraordinario de sesiones.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5. Por el que se solicita información relativa a los programas de formación a distancia en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6. Por el que se exhorta a informar sobre las investigaciones y acciones llevadas a cabo respecto de la presunta aparición de “narcomantas” en distintas delegaciones.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7. Por el que se da por atendida la proposición que exhorta a informar sobre el estatus de 17 candidaturas retiradas a aspirantes registrados como personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8. Por el que se solicita informar respecto del cumplimiento dado al acuerdo por el que se estableció la obligatoriedad de otorgar apoyo a la población para la emisión de los dictámenes de seguridad estructural, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9. Que exhorta a considerar la realización de una auditoría financiera a los contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado Vázquez como jefe delegacional en Tláhuac.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10. Por el que se determina remitir a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la proposición que exhorta al Senado a convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, se resuelve que la proposición que exhorta a las Mesas Directivas de ambas Cámaras a realizar de manera extraordinaria trabajos legislativos en materia de seguridad pública y judicial, sea remitida a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras. También se determina que la proposición para realizar una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha quedado atendida.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11. Que exhorta a considerar la realización de una auditoría financiera a los recursos y a los contratos signados por el gobierno de la Ciudad de México para la instalación, operación y mantenimiento del Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12. Por el que se solicita un informe con relación a los montos y el destino de los recursos generados por la operación de parquímetros, del mes de julio de 2017 a la fecha.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13. Que exhorta a considerar la distinción en el cuestionario de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, de colisiones producidas por accidentes con animales domésticos o salvajes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14. Que exhorta a investigar la presunta coacción del voto por parte de dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México en contra de sus afiliados.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15. Por el que se determina que las proposiciones que exhortan a reforzar acciones y estrategias para la protección y defensa de los derechos humanos de la niñez migrante, han quedado atendidas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16. Por el que se determina que la proposición que exhorta a investigar presuntas irregularidades en la Delegación Álvaro Obregón por el ejercicio de recursos destinados a brindar apoyo a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, ha quedado atendida.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes sin reservas, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Secretario.

Se ha turnado a esta Mesa Directiva una reserva sobre un dictamen relacionado con el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, reserva hecha por nuestra compañera Senadora Angélica de la Peña. Así que vamos a votar solamente 16 de los inicialmente anunciados 17 dictámenes.

Tiene el uso de la palabra el compañero Senador José María Tapia, Presidente de la Primera Comisión, para hablar en relación a los 16 dictámenes que no tienen reserva y a los 3 que están reservados.

El Senador José María Tapia Franco: Con su venia, señor Presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores:

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente, en nuestras reuniones de trabajo celebradas el pasado 5 de junio y el día de ayer, martes 12 de junio, aprobamos por mayoría de votos 19 dictámenes que contienen 26 proposiciones con punto de Acuerdo. Los dictámenes que se presentan son el reflejo de temas de interés y de preocupación nacional, en razón de ello se los presentamos.

Exhortamos al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar acciones coordinadas que combatan y sancionen la corrupción al interior de los centros penitenciarios, así como fortalecer la seguridad de los mismos.

Asimismo, los integrantes de la Comisión condenamos los asesinatos de los cicloturistas extranjeros en Chiapas, por lo que aprobamos solicitar información sobre el estado que guarda las investigaciones en ese estado.

En materia de trata de personas y explotación laboral aprobamos solicitar con base en un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, información a dependencias del gobierno federal, relacionadas con los protocolos para prevenir, identificar, sancionar y erradicar este delito que se comete en los centros de trabajo agrícolas.

De igual manera, acordamos exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de las autoridades competentes, se cumpla con la aplicación cabal del Reglamento de Tránsito, a fin de evitar la circulación de motocicletas en las vías restringidas y se implementen campañas de concientización ciudadana.

Resolvemos remitir a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la proposición con punto de Acuerdo para que se exhortara a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, para dar cumplimiento a una sentencia de amparo relacionada con la omisión en la dictaminación de una iniciativa de reformas en materia de igualdad de género presentada en dicha Cámara.

Con relación a nuestra frontera Sur, se solicitó al gobierno del estado de Chiapas un informe sobre las acciones que emprende para garantizar el respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos y al Instituto Nacional de Migración se le exhortó para que impulse y fortalezca acciones de promoción y respeto a los derechos humanos de los migrantes.

En materia de protección civil y gestión integral de riesgos, solicitamos información al Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para conocer sus programas de formación a distancia y su catálogo de cursos en línea y presenciales.

En el marco de una aparente proliferación de grupos del crimen organizado en la capital del país, exhortamos al gobierno de la ciudad para que, a través de las autoridades competentes, nos informe sobre la presunta aparición de narcomantas o mensajes de la delincuencia organizada en algunas delegaciones de esta capital.

De igual manera, avalamos no exhortar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca, derivado de la cancelación definitiva que tuvo lugar recientemente de las 17 candidaturas registradas a cargo de elección popular por haber violado el principio de paridad de género.

A su vez, en nuestra cuarta reunión de trabajo celebrada el día de ayer, exhortamos al gobierno de la Ciudad de México a informar el cumplimiento dado al acuerdo por el que se establecía la obligación de emitir gratuitamente los dictámenes de seguridad estructural a propietarios de viviendas, escuelas privadas, por parte de directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural con motivo de los sismos del año pasado.

Asimismo, exhortamos a la Contraloría General de la Ciudad de México para que considere la realización de una auditoría de los contratos asignados en la Delegación Tláhuac durante la administración de Rigoberto Salgado en esa demarcación.

Respecto a las proposiciones que buscaban la realización de un periodo extraordinario de sesiones, los integrantes de la Primera Comisión acordamos remitirlas a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras de este Congreso de la Unión, para que sean ellas las que impulsen los acuerdos, entendimientos y convergencias políticas para alcanzar un periodo extraordinario.

Dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas aprobamos exhortar a la Auditoría Superior y a la Contraloría General, ambas de la Ciudad de México, para que consideren realizar una auditoría a los recursos y contratos signados, vinculados con el Sistema de las Fotomultas o Infracciones Automatizadas y, a su vez, a la Secretaría de Movilidad de dicha ciudad para que informe los montos y destino de los recursos generados por los parquímetros.

Con el fin de abonar a una mejor planeación nacional, exhortamos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía considerar la distinción en la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestres en Zonas Urbanas y Suburbanas, de coaliciones producidas por accidentes con animales domésticos o salvajes.

Asimismo, que se incluya del subtema de discapacidad en los Cuestionarios Básico y Ampliado con base en los criterios del Grupo Washington de Estadística sobre Discapacidad en el Censo de Población y Vivienda 2020.

Firmes con el compromiso de impulsar un proceso electoral más justo y equitativo, decidimos exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a que se investigue la presunta coacción del voto por parte de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México en contra de sus afiliados, a la vez que hacemos un llamado a todas y a todos los candidatos a conducirse con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales.

Estimadas compañeras y compañeros legisladores, reafirmamos como miembros de la Comisión Permanente nuestro compromiso por atender los asuntos que la nación diariamente exija.

Nuestro primer deber, ante todo, es con México.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Tapia.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los 16 Acuerdos presentados y sobre los que no hay reserva.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los 16 Acuerdos sobre los que no hay reserva. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quedan aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Secretario. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos ahora a la discusión y votación de los tres dictámenes sobre los que sí hay reserva.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se condenan los homicidios perpetrados en contra de turistas extranjeros, ocurridos en Chiapas el pasado mes de abril. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señora Presidenta. Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Pedí hacer uso de la palabra, en este punto de Acuerdo, en este dictamen que presenta la Primera Comisión y que tiene que ver con un tema que me parece de la mayor trascendencia.

Hemos hablado aquí, hasta el cansancio, de la violencia que se ha generado en el país.

Hemos hablado aquí, hasta el cansancio, de acciones para revertir este flagelo que está teniendo ya dimensiones que rayan ya en un asunto de seguridad nacional.

Y lo digo porque no solamente vemos la violencia en las campañas políticas, no solamente vemos la violencia en las escuelas, vemos la violencia en el trabajo, y hoy, para desfortuna de nuestro país, la estamos constatando también en el turismo.

Esta fortaleza que tiene nuestro país, del avance que hemos tenido en materia turística, se puede venir abajo cuando vemos acontecimientos graves que ponen a nuestro país en un país complicado.

El pasado mes de abril dos ciclistas que además hay que decirlo aquí también hemos discutido el tema de la movilidad sustentable y es precisamente la movilidad no motorizada uno de los pilares de esta movilidad a la que todos estamos aspirando, y que éstos dos turistas que lo hacen en bicicleta y que estuvieron recorriendo el país hasta llegar al estado de Chiapas, me refiero a Holger Franz y Krzysztof, un ciudadano de nacionalidad alemana y otro de nacionalidad polaca, pues fueron encontrados muertos en el estado de Chiapas.

En principio se había dicho que había sido un accidente, posteriormente el hermano de Holger, que vino a este país y que por voluntad propia se puso a investigar, se dio cuenta que su hermano había perecido y que tenía un disparo en la cabeza.

Hasta ahí las indagatorias, hasta ahí es lo que hemos sabido y que hoy, desde esta tribuna, hacemos una exigencia, primero, para condenar estos lamentables hechos en los cuales dos personas, qué daño le pueden hacer a la sociedad, dos personas que lo único que hacen es pasear en bicicleta, hacer turismo en bicicleta y que de repente pierden la vida de manera violenta en un estado del país. Eso no lo podemos tolerar, no lo podemos aceptar y no podemos desde aquí, desde el Senado de la República, ser omisos.

Por eso, yo reconozco a los integrantes de la Primera Comisión la sensibilidad para aprobar este dictamen y hoy pedírselo a ustedes, compañeras y compañeros, que condenemos este lamentable evento, que condenemos este tipo de circunstancias que no se deben de seguir generando en el país.

Y que también exijamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, y aquí no se trata de echar culpas, no se trata de decir que es el presidente municipal o el gobernador o que es el Presidente de la República, aquí todos tenemos que hacer lo propio y lo conducente, hacer nuestra aportación para que la violencia se erradique en nuestro país y más cuando se trata de este tipo de personas inocentes que pierden la vida y que ponen muy mal parado a nuestro país.

Por eso, en principio, condenar este lamentable suceso.

Y segundo, pedirle a la Fiscalía del estado de Chiapas informe el seguimiento de estas averiguaciones, de estas indagatorias y que se vaya hasta las últimas consecuencias, que se dé con los responsables y que se les castigue de manera ejemplar, para decirle al mundo que este tipo de cosas no las toleramos en México, para decirle al mundo que pueden venir a México y pueden hacer las actividades de cicloturismo de manera segura, a través de las carreteras y de los caminos del país.

De eso se trata este punto de Acuerdo.

Por eso, yo quiero pedirles de manera muy especial, a todas y a todos, que aprobemos este punto de Acuerdo.

La violencia no es una buena combinación con nada, con ninguna actividad y menos cuando se trata de turismo y aún más cuando se trata de turismo en bicicleta.

Algo tenemos que hacer y empezar hoy votando a favor de este dictamen, es un buen comienzo.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senador Casillas.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto. Consulto a esta Asamblea, en votación económica, si se aprueba este dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a considerar la inclusión en los Cuestionarios Básicos y Ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020, el subtema de discapacidad. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto. Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Ruth Tiscareño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señora Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores; y las personas que hoy nos acompañan.

Dijera Gandhi: “Cuando más indefensa es una persona, más debe de ser protegida”.

En un estado constitucional de derecho, como el nuestro, es obligación ética y jurídica proteger a la población más vulnerable, que no significa débil, sino expuesta; que no implica fragilidad, sino necesidades que deben de ser atendidas para asegurar el desarrollo de todas las personas.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven, en todo el mundo, con algún tipo de discapacidad.

Por otro lado, en nuestro país cada año se suman alrededor de 270 mil personas a las más de 10 millones que pertenecen a este sector poblacional.

Compañeras y compañeros, ya transcurrieron 10 años desde que entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. Sin embargo, aún no existe un registro nacional que permita saber con precisión cuánta gente hay por tipo de discapacidad e impulsar políticas públicas que garanticen la integración efectiva a la sociedad de todos los mexicanos con discapacidad.

En otras palabras, actualmente resulta imposible llevar a cabo una planeación de políticas públicas integrales que den respuesta a las necesidades específicas de las personas con discapacidad y mucho menos realizar una visión transversal del aparato público que facilite su plena integración.

Por si fuera poco, el último Censo de Población y Vivienda, del Inegi, fue realizado en 2010, lo que pone en evidencia que existe poca información para atender, desde la administración pública, a más de siete millones de mexicanos que actualmente tienen dificultades o impedimentos para llevar a cabo necesidades básicas como: comunicarse, bañarse, vestirse o comer. Y más importante, desarrollar sus proyectos de vida.

Si bien el Inegi ya cuenta con un mecanismo para recolectar datos del sector, de los mexicanos que pertenecen a esta población con discapacidad, aún no son suficientes. Es necesario subsanar cualquier tipo de carencia que limite el sano desarrollo de nuestra sociedad.

Por esta razón, nos corresponde visibilizar y fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad, garantizando que lejos de sentirse excluidos, se conviertan en constructores de la grandeza de nuestro país.

Votaremos a favor del presente dictamen para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía incluya en los Cuestionarios Básico y Ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020, los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad.
Se trata de avanzar y profundizar en cuanto a garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos, independientemente de las dificultades que cada uno de nosotros pueda tener.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Diputada Ruth Tiscareño.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen anterior.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el dictamen. Comuníquese. No saben qué alegría me da.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Chiapas información sobre las acciones que está llevando a cabo para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto. Doy lectura.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores legisladores de la Comisión Permanente.

Creo que este punto nos lleva nuevamente a reflexionar distintos informes, particularmente me voy a referir en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración, que por cierto, hoy es materia de este punto de Acuerdo.

Es reiterada la preocupación manifiesta por distintas legisladoras y legisladores, por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, la situación que prevalece terrible, oprobiosa de quienes atraviesan la frontera de México en el sur del país.

No solamente quienes de manera cotidiana lo hacen, hay una relación histórica que no se puede olvidar, sino también quienes vienen huyendo, ya sea por la violencia ya sea por las condiciones de pobreza porque quieren reunirse con sus familiares, que es cada vez más presente la afluencia de migrantes centroamericanos para atravesar nuestro país en la búsqueda de también atravesar la frontera norte de México.

El Instituto Nacional de Migración, en sus distintas partes y a lo largo del país tienen diferentes estancias, estaciones, algunas provisionales, algunas formales, donde encuentran, localizan a personas particularmente centroamericanas, y lo que hacen es detenerlas de manera arbitraria.

Por eso la pertinencia del punto de Acuerdo que la Primera Comisión hoy nos está presentando.

Está circunscrito ciertamente a la frontera Sur, pedir informes al gobierno de Chiapas para que nos diga las situaciones de “alojamiento” que tienen estas estaciones, y por supuesto sería importante, como fue motivo de los puntos de Acuerdo que dieron origen a este resolutivo, que se nos informe cómo son esas situaciones en las que se encuentran estas estaciones y todos estos lugares habilitados y dirigidos por el Instituto Nacional de Migración, en donde, como dice este informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay una violación permanente a los derechos humanos.

Vulneran la dignidad de estas personas no solamente en su integridad sino que además hay una situación totalmente ilegal, porque el procedimiento administrativo migratorio definido a partir de la Ley de Migración, es que estas personas se encuentran en México en una situación irregular, no ilegal, y el prejuicio de estar señalándolas como personas que pueden estar involucradas en situaciones ilegales nos parecen realmente terribles.

Hay un desliz en la vigilancia de su propia situación que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y en mayor riesgo: la trata de personas contra mujeres, niñas, niños es realmente latente, no solamente con fines de explotación sexual, sino trata de personas con fines de explotación laboral y otro tipo de situaciones realmente adversas.

De tal manera, que este punto de Acuerdo, que hoy se nos propone por la Primera Comisión, es correcto.

Vamos a volver a insistir, no es la primera vez que hemos planteado estos temas, pero vamos a volver a insistir para que el gobierno de Chiapas informe qué está haciendo para garantizar el respeto de estos derechos de todas las personas que atraviesan la frontera sur.

¿Cuál es el papel?, eso dice uno de los dos dictámenes que están dictaminando en este punto de Acuerdo, ¿que, cuál es el papel que está haciendo la gendarmería en la frontera sur?, es importante saber con puntualidad si no están haciendo lo mismo que hacen los militares en Estados Unidos en la frontera con México, sería realmente terrible.

Entonces nos parece importante que se nos informe también por el gobierno federal, ¿qué hace la gendarmería?, ¿cuál es el papel que tiene ahí apoyando al Instituto Nacional de Migración?, en una situación que francamente sería muy preocupante que siga incidiendo en la violación a los derechos humanos de estas personas, sino protegiéndolas.

También es pertinente el segundo resolutivo donde se pide al Instituto Nacional de Migración que emprenda acciones para promover los respetos de los derechos humanos de las personas migrantes, justamente en estas estaciones migratorias y también en las que tienen un carácter provisional.

Es correcto ojalá que podamos tener pronto esta información para cerrar de manera pertinente en esta Comisión Permanente un gran esfuerzo que llevó a estas dos legislaturas a revisar la ley en esta materia, la Ley Nacional de Migración, pero también a seguir insistiendo, hoy lo vuelvo a decir, es un tema colateral, tiene que ver, pero seguimos estando en falta, respecto que la Cámara de Diputados no ha aprobado la minuta de la Ley Reglamentaria del Artículo 33, porque tiene que ver, el Instituto Nacional de Migración está tomando decisiones de manera discrecional también para correr a personas aplicando el 33, como se dice coloquialmente.

De tal manera que felicitamos a esta comisión por estos resolutivos.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senadora De la Peña.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes están porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias. Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos ahora el despacho de siete dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy cuenta, por lo tanto, señora Presidenta, con las materias de siete dictámenes de la Tercera Comisión que no tienen reserva para su discusión:

1. Que exhorta a informar sobre las acciones emprendidas para evitar la inducción a los usuarios de la banca a contratar créditos, préstamos, seguros y a realizar donativos sin conocer los términos y condiciones de los mismos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2. Que exhorta a analizar la viabilidad de modificar el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual en el programa “Pensión para Adultos Mayores”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3. Que exhorta a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4. Por el que se solicita un informe sobre el impacto de la reforma fiscal implementada por la administración estadounidense sobre los flujos de capital, la inversión, el crecimiento de la economía mexicana, la competitividad y los incentivos fiscales.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5. Que exhorta a fortalecer las campañas de información a fin de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves migratorias.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6. Que exhorta a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7. Por el que se desecha la proposición que exhorta a implementar acciones sobre el problema de los actos vandálicos y robo a los trenes de carga de las entidades federativas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, señor Secretario.

Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su votación.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El presente dictamen es de suma importancia en virtud del manejo de Internet que ha sido toda una revolución hoy en este siglo XXI, pero también por el gran impacto que tiene, además, en el comercio electrónico en nuestro país.

Ante el crecimiento del mercado online es conveniente que la Condusef y la Profeco fortalezcan las medidas de seguridad en beneficio de los usuarios de todas las compras electrónicas.

En el siglo XXI se caracteriza, en buena medida, el auge del sistema que ya se ha transformado en un pilar de las comunicaciones, del entretenimiento y del comercio global, se trata más que de un espacio virtual, de una verdadera revolución de la sociedad contemporánea con el uso del Internet.

Mercado de bienes y servicios a través del Internet, el comercio electrónico, que representa una actividad tan importante que en palabras del Presidente de Amazon, se está convirtiendo en un amplio sector donde triunfarán numerosas empresas.

Y no cabe duda que esta actividad representa una gran oportunidad para el avance económico de México. De hecho, la Asociación Internet Mx plantea que el crecimiento de dicho sector en el 2017 fue casi de 30 por ciento más del que hubo en el 2016, es decir, más de 17 mil millones de dólares en transacciones a través de plataformas virtuales.

Según, información de la misma asociación, en promedio 3 de cada 4 mexicanos con acceso a Internet realizaron una compra online, el año pasado, con un gasto anual promedio de 6 mil 920 pesos.

En cifras más actuales, la edición 2018 del Hot Sale registró un aumento de sus ventas respecto al 2016, además de establecer un récord de 7 mil 500 transacciones por hora el primer día de esta venta masiva por Internet.

México es un país líder en eventos en comercio electrónico en América Latina, tan sólo para este año se prevén ventas por más de 250 mil millones de pesos.

Sin embargo, así como el comercio electrónico ha incrementado significativamente, la ciberdelincuencia también se ha disparado, lo que ha derivado en más de 3 millones de reclamos presentados ante la Condusef con respecto a transacciones virtuales.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente en su Capítulo VIII Bis, regula los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siendo la Procuraduría Federal del Consumidor la responsable de garantizar el respeto a estos derechos.

Entre otras obligaciones, los proveedores deben de brindar seguridad y confidencialidad a la información del consumidor; proporcionar, además, información precisa y clara sobre los productos, bienes o servicios y proveer mecanismos para reclamaciones o aclaraciones.

Votaremos a favor del presente dictamen, para que la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros fortalezcan las medidas de seguridad del comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas por Internet.

Señoras y señores legisladores, si bien el comercio electrónico será cada vez más fundamental para encauzar el crecimiento económico de nuestro país, debemos garantizar la seguridad de las transacciones de todos los usuarios, quienes no solamente depositan su confianza, sino también su dinero en plataformas virtuales y, por lo tanto, merecen certeza sobre las transacciones que realizan así como el respaldo total de las instituciones del Estado mexicano.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Diputada Bárbara Botello.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen anterior.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos al apartado de proposiciones.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Loaiza Garzón, para presentar a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo que exhorta a investigar y aplicar medidas de contingencia y deslinde responsabilidades ante el derrumbe de la presa de Jale de las Mina “Río Tinto”, en el estado de Chihuahua.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Adriana Loaiza Garzón: Con su venia, señora Presidenta.

Solicito se integre el texto original al Diario de los Debates, tal y como fue presentado.

La presente proposición con punto de Acuerdo, a través del cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías y dependencias correspondientes, Conagua, Semarnat, Profepa, Secretaría de Salud y Cofepris, investigue y aplique medidas de contingencia, y deslinde responsabilidades ante el derrumbe de la presa de Jales de la Mina “Río Tinto”, en el estado de Chihuahua, el cual podría contaminar las aguas de los ríos y presas del norte del estado de Sinaloa, y por lo tanto afectar la salud humana en esa región, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 4 de junio ocurrió otro desastre minero, ahora en la Mina “Río Tinto”, ubicado en Cieneguita, municipio de Urique, Chihuahua, la cual pertenece a la Minera Río Tinto, S.A., de C.V.

De acuerdo al directorio del sector minero, se fundó en 1994 para extraer, producir y comercializar minerales metálicos y, desde el 2008, pertenece al grupo británico Río Tinto Plc, de capitales australianos, que en conjunto forma la segunda más grande empresa minera diversificada a nivel mundial por sus trabajos en los sectores de hierro, aluminio, cobre, diamantes, energía y minerales.

Es importante mencionar que, por la cercanía existente con el estado de Chihuahua y en particular con esta mina, los afluentes de los ríos del norte de Sinaloa y sus presas podrían terminar afectados por los peligros y riesgos que conlleva, en virtud de la probable derrama de jales tóxicos que van descendiendo por el río “Tubares”, que descarga sus aguas en el río “Fuerte”, el cual tiene tres presas en los municipios de Choix, Luis Donaldo Colosio y en el Fuerte, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, esas presas irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa: Valles del Fuerte, Carrizo, y representan la fuente básica para consumo humano, animal y de riego a productores agropecuarios de esta región.

La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, a través de su vocal ejecutivo y por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya acudió con un equipo especializado a la zona de la presa “Huites”, en el municipio de Choix, en donde se percatan que sí estaba el material blanquizco, grisáceo presente en el vaso y se tomaron muestras de agua tanto en la presa “Huites” como en el río Fuerte, estando pendientes los resultados de estos análisis de laboratorio, así como resultados de muestras tomadas por la Conagua al día siguiente del accidente.

Por ello, existe la imperiosa necesidad de que el Ejecutivo Federal, a través de las instancias correspondientes, tales como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat; Comisión Nacional del Agua, Conagua; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y Secretaría de Salud, entre otras, que de alguna o de otra manera tienen competencias sobre esta desgracia que cobró varias vidas en el estado de Chihuahua, investigue y aplique medidas de protección, ya que este accidente podría afectar el agua de los ríos y presas de Sinaloa, lo cual representa un enorme peligro y amenaza para la salud de la población del Norte del estado de Sinaloa, además de riesgo para la salud animal y vegetal de esta región.

Es importante, además, el que se investigue la naturaleza de los materiales y químicos que utiliza la empresa minera en los procesos industriales para precisar el grado de toxicidad de los mismos y con ello corroborar si existe riesgo para la salud en general.

Derivado de lo anterior, creemos importante el precisar y deslindar responsabilidades para cualquier instancia gubernamental o de la misma empresa ante el hecho de no haber tomado medidas preventivas para evitar el accidente sucedido.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de las secretarías y dependencias correspondientes como Conagua, Semarnat, Profepa, Secretaría de Salud y Cofepris, investiguen y apliquen medidas de contingencia ante el derrumbe de la presa de Jale de la Mina Río Tinto en Chihuahua, el cual podría afectar las aguas de los ríos y presas del Norte del estado de Sinaloa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes se investigue, clarifique y transparente el tipo de materiales químicos que utiliza la empresa minera antes señalada en sus procesos industriales y precisar el grado de toxicidad que pudiera representar para la salud humana, animal y vegetal.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que se deslinden responsabilidades y, si así resultare, fincar las sanciones correspondientes para la institución gubernamental o la empresa mencionada, ante la posibilidad de no haber tomado las medidas preventivas para evitar el siniestro.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes, para que prohíban a la empresa Minera Río Tinto, S.A. de C.V., reiniciar trabajos hasta en tanto se conozca los materiales y procesos industriales que utilizan, así como tomar las medidas necesarias para evitar que se presente otro accidente como el actual.

Quinto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes, para que rindan un informe completo de las consecuencias que tuvo el derrumbe de la Mina Río Tinto, en la comunidad de Cieneguita, Urique, tanto en el estado de Chihuahua como en el estado de Sinaloa.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo



La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senadora Loaiza.

Y nos ha solicitado el uso de la voz la Senadora Diva Gastélum, pero primero vamos a proceder a consultar si se considera de urgente resolución, para proceder a abrir los turnos.

Como ha solicitado la Senadora y con fundamento….

La Senadora Adriana Loaiza Garzón: (Desde su escaño) Señora Presidenta, nada más una observación.

No se pidió de urgente resolución.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Me indicaron aquí en la Mesa que… ¿No es de urgente?

Adelante, Senadora.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

Solamente quiero dejar asentado que en el tema de la Mina de “Río Tinto” de Cieneguita del Oro, del municipio de Urique, Chihuahua, el Senador Patricio Martínez también se está sumando, él presentó un punto de Acuerdo y nos ha pedido visibilizar el tema porque él es originario de allá y porque es una defensa que se está dando también en el estado.

Solamente para sumarnos, especialmente en ese tema, en el tema Chihuahua, o en el punto de Acuerdo que ya presentó nuestro compañero, el Senador Patricio Martínez.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias a usted, Senadora. En consecuencia, se turna a la Tercera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a garantizar y agilizar el acceso al derecho humano a la salud de la trabajadora Guadalupe Avianeda.

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, señora Presidenta.

En realidad no se trata nada más de salvaguardar los derechos de una sola persona, éste es nada más un ejemplo de todo lo que está sucediendo.

En realidad, es una demostración de cómo los outsourcing están dañando directamente a las y los trabajadores en este país.

El 8 y el 9 de enero de 2016 fueron despedidas de manera arbitraria casi 50 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior, IEMS, bajo el argumento de que fueron contratadas por la empresa Roc-man y no por el IEMS, decisión que se hizo sin su consentimiento pero además, al margen de la ley porque todas las veces se presentaban y fueron contratadas, y la responsabilidad laboral recaía en el IEMS, no en ninguna otra entidad, pero cuando las despiden les dicen que tenían un patrón distinto.

Las trabajadoras, en su mayoría son madres solteras y señoras de la tercera edad, son acompañadas y asesoradas por las organizaciones de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDDEH A. C., y el Comité Cerezo México, y llevan más de un año buscando, por medio de denuncias públicas y 22 demandas laborales su reinstalación, y que el IEMS reconozca la relación laboral porque dicha instancia fue quien las contrató, y hasta el día de hoy, como en muchos otros casos, no hay absolutamente ninguna respuesta por parte de la autoridad.

Desde entonces se mantiene un plantón de protesta por el despido y difusión de sus demandas frente a la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa, pero también, desde que lo instalaron han tenido que enfrentar todo tipo de presiones y agresiones, a pesar de que en todo momento han estado apegadas a derecho y ejerciendo sus derechos humanos las trabajadoras han defendido su fuente de trabajo y su petición de que sean escuchadas por las autoridades.

Que ante esta situación ACUDDEH y el Comité Cerezo acompañaron a las trabajadoras ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para solicitar con urgencia medidas precautorias en su favor, pero a pesar de haber sido admitida su petición, y admitidas las medidas, las agresiones no han cesado.

A la fecha suman ya 9 los allanamientos violentos contra el plantón, el último de los cuales ocurrió el pasado 21 de febrero, a unos días apenas de su movilización, del 15 de febrero hacia las oficinas del gobierno capitalino y de la Secretaría de Finanzas y Capital Humano, para entregar firmas obtenidas de la campaña que emprendieron para exigir su reinstalación.

En el mes de febrero, también de este año, Guadalupe Avianeda, trabajadora de 87 años, fue injustamente despedida después de sufrir un constante acoso por parte de autoridades y empleados de la supuesta empresa de limpieza subcontratada por el IEMS.

No les importaron sus 87 años, ni echarla a la calle sin un finiquito por sus ocho años de trabajo donde, por cierto, no se le otorgó ninguna seguridad social. No sé si me suena a outsourcing, ¿verdad?, razón por la cual no alcanza los años para jubilarse y se ve obligada a seguir laborando en la extenuante labor de limpieza.

Gracia a la presión de diferentes sectores, doña Guadalupe fue reinstalada quince días después; sin embargo, el 3 de marzo nuevamente fue despedida con la justificación de que entraba una nueva empresa y que la encargada de la supuesta empresa no era más que una simulación para negar la relación laboral entre los trabajadores y el instituto, y se le dijo que, esa nueva empresa, que ya no se necesitaba de sus servicios.

A raíz de esto, la ex trabajadora ha tenido problemas de salud, por lo que es evidente la responsabilidad del IEMS al no darle trabajo y, por tanto, no darle seguridad social.

Cabe destacar que el 26 de abril pasado, Guadalupe Inocencia Carrasco Carrasco, en representación de las trabajadoras despedidas, y Antonio Cerezo Contreras, en representación del Comité Cerezo México, solicitaron a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la doctora Nashieli Ramírez Hernández, el seguimiento de su caso para que en el ámbito de la competencia de la comisión se emita la recomendación de la queja con número de expediente 15/D7799 que se encuentra registrada desde el 3 de diciembre de 2015 en la Quinta Visitaduría, sin respuesta hasta la fecha. Por lo que se mantiene abierta su petición y su reclamo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el siguiente punto de Acuerdo.

Primero.- Que se exhorte a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que garanticen y agilicen el acceso al derecho humano a la salud de la trabajadora Guadalupe Avianeda asegurando que se le brinden los medicamentos y tratamientos adecuados para los problemas de salud de la presente.

Segundo.- Que se exhorte a la C. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que reciba a las trabajadoras de intendencia injustamente despedidas del Instituto de Educación Media Superior.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que reabra la queja con número de expediente CDHDF/V/122/TLAL/15/D7799 y dé el seguimiento debido al caso de las ex trabajadoras.

Es cuanto, señora Presidenta.

Proposición con punto de Acuerdo

CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICEN Y AGILICEN EL ACCESO AL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE LA TRABAJADORA GUADALUPE AVIANEDA ASEGURANDO QUE SE LE BRINDEN LOS MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE PRESENTE; A LA C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE RECIBA A LAS TRABAJADORAS DE INTENDENCIA INJUSTAMENTE DESPEDIDAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR; Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE REABRA LA QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE CDHDF/V/122/TLAL/15/D7799 Y DE EL SEGUIMIENTO DEBIDO AL CASO DE LAS EX TRABAJADORAS, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el 8 y 9 de enero de 2016 fueron despedidas de manera arbitraria casi 50 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), bajo el argumento de que fueron contratadas por la empresa ROC MAN y no por el IEMS, decisión que se hizo sin su consentimiento pero además al margen de la ley.

Las trabajadoras, en su mayoría madres solteras y señoras de la tercera edad, son acompañadas y asesoradas por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH A. C.) y el Comité Cerezo México, y llevan más de un año buscando por medio de denuncias públicas y 22 demandas laborales su reinstalación, y que el IEMS reconozca la relación laboral porque dicha instancia fue quien las contrató, sin respuesta hasta la fecha.

2.- Que desde ese entonces mantienen un plantón de protesta por el despido y difusión de sus demandas, frente a la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa, pero también desde que lo instalaron han tenido que enfrentar todo tipo de presiones y agresiones, a pesar de que en todo momento apegados a derecho y ejerciendo sus derechos humanos las trabajadoras han defendido su fuente de trabajo, y su petición que se sean escuchados por las autoridades.

3.- Que ante esa situación, ACUDDEH y el Comité Cerezo acompañaron a las trabajadoras ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para solicitar con urgencia medidas precautorias en su favor, pero a pesar de haber sido admitida su petición, y emitidas las medidas, las agresiones no han cesado. A la fecha suman ya nueve los allanamientos violentos contra el Plantón, el último de los cuales ocurrió el pasado 21 de febrero, a unos días apenas de su movilización el 15 de febrero hacia las oficinas del gobierno capitalino y de la Secretaría de Finanzas y Capital Humano, para entregar firmas obtenidas de la campaña que emprendieron para exigir su reinstalación.

4.- Que en el mes de febrero, también de este año, Guadalupe Avianeda, trabajadora de 87 años, fue injustamente despedida después de sufrir el constante acoso por parte de autoridades y empleados de la supuesta empresa de limpieza subcontratada por el IEMS.

No les importaron sus 87 años, ni echarla a la calle sin un finiquito por sus 8 años de trabajo donde, por cierto, no se le otorgó seguridad social, razón por la cual no alcanza los años para jubilarse y se ve obligada a seguir laborando en la extenuante labor de limpieza.

Gracias a la presión de diferentes sectores, doña Guadalupe fue reinstalada 15 días después, sin embargo, el 3 de marzo nuevamente fue despedida con la justificación de que “entraba una nueva empresa” y la encargada de la supuesta empresa, que no es más que la simulación para negar la relación laboral entre los trabajadores y el Instituto, le dijo que “ya no necesitaban de sus servicios”.

A raíz de eso, la ex trabajadora ha tenido problemas de salud, por lo que es evidente la responsabilidad del IEMS al no darle trabajo y, por tanto, no darle seguridad social. 

Cabe destacar que el 26 de abril pasado, Guadalupe Inocencia Carrasco Carrasco, en representación de las trabajadoras despedidas, y Antonio Cerezo Contreras, en representación del Comité Cerezo México, solicitaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Dra. Nashieli Ramírez Hernández, el seguimiento de su caso para que en el ámbito de la competencia de la Comisión se emita la recomendación de la queja con número de expediente 15/D7799 que se encuentra registrada desde el 3 de diciembre de 2015 en la quinta visitaduría, sin respuesta hasta la fecha. Por lo que se mantiene abierta su petición y su reclamo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICEN Y AGILICEN EL ACCESO AL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE LA TRABAJADORA GUADALUPE AVIANEDA ASEGURANDO QUE SE LE BRINDEN LOS MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE PRESENTE;

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE RECIBA A LAS TRABAJADORAS DE INTENDENCIA INJUSTAMENTE DESPEDIDAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR;

TERCERO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE REABRA LA QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE CDHDF/V/122/TLAL/15/D7799 Y DE EL SEGUIMIENTO DEBIDO AL CASO DE LAS EX TRABAJADORAS.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senadora Ojesto Martínez Porcayo. Túrnese a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna el Senador José María Tapia Franco, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de Acuerdo por el que se solicita información a la Procuraduría General de la República en relación con el estado que guardan diversas indagatorias.

El Senador José María Tapia Franco: Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores:

En los últimos meses, diversos medios de comunicación han evidenciado las irregularidades que involucran a Ricardo Anaya Cortés en delitos como tráfico de influencias y lavado de dinero.

Al respecto, ante la Procuraduría General de la República se han presentado denuncias que vinculan al candidato de la coalición “Por México al Frente” con diversas actividades ilícitas.

Los señalamientos indican que en el 2014 Ricardo Anaya adquirió un lote por 10 millones de pesos, y en el 2016 ese inmueble fue vendido por un poco más de 54 millones de pesos, producto de supuestas mejoras, como la construcción de una nave industrial.

Ricardo Anaya habría incurrido en el delito de lavado de dinero por la venta ficticia de esa nave industrial entre las empresas Junisierra S. de R.L. de C.V., y Manhattan Master Plan Development.

Durante esa transacción se dejó de manifiesto la entrega de recursos financieros a Ricardo Anaya Cortés a través de un esquema que permitió la triangulación de dinero a diversas cuentas y varios paraísos considerados paraísos fiscales.

Es importante señalar que el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que Manhattan Master Plan Development, relacionada con el candidato presidencial “Por México al Frente”, emitió comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que ampararan tales cantidades, comprobantes.

En este marco, la empresa fue incluida por la autoridad fiscal en el listado global de las empresas llamadas o denominadas fantasma, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero de 2018.

Pero ésta no es la primera vez que Ricardo Anaya es relacionado con alguna irregularidad, muestra de ello es la creación de una fundación en el estado de Querétaro, que lejos de cumplir con su objetivo de fortalecer la conciencia democrática y la formación cívico-política, fue utilizada para el desarrollo de transacciones comerciales y compras y ventas de inmuebles.

Otro elemento que sustenta esta proposición es la reciente publicación en diversos medios de comunicación y redes sociales de un video de una persona que se identifica como Juan Barreiro, hermano del socio de Anaya, Manuel Barreiro, en el que afirma que su familia ha venido realizando una serie de operaciones económicas ilegales y de negocios con el aspirante Ricardo Anaya, con objeto de facilitarle recursos económicos a cambio de futuros compromisos en caso de resultar elegido presidente.

También se ha incorporado una denuncia por la posible comisión de operaciones inmobiliarias fraudulentas, lo que constituiría los delitos de tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, más los que resulten.

Al respecto, la Procuraduría General de la República turnó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la denuncia en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Si bien es claro que los datos que obran en la investigación de un delito deben de ser tratados con sigilo, a fin de no comprometer el procedimiento y las garantías procesales de éste, creemos que es posible integrar un informe que refiera los datos generales de los avances de la investigación para conocer la información, que es de interés público.

Es importante referir que tal información es de gran relevancia, pues la persona que está siendo señalada participa en el actual proceso electoral y de ahí la relevancia que la PGR nos pueda informar el estado que guardan dichas indagatorias.

Nosotros seremos respetuosos de los canales institucionales para esclarecer estas denuncias.

Por ello, a través de este punto de Acuerdo, exhortamos respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que envíe un informe a esta Soberanía con un estricto apego a la secrecía y reserva de la investigación sobre el estado que guardan dichas indagatorias. Asimismo, le solicitamos de celeridad a las investigaciones que vinculan a Ricardo Anaya Cortés con operaciones inmobiliarias al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con el efecto de deslindar las responsabilidades penales conforme lo que a derecho proceda.

Compañeras y compañeros, les voy a leer textualmente los resolutivos del punto de Acuerdo que presentamos ante esta Soberanía.

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, presente a esta Soberanía dentro de los próximos 10 días, un informe sobre el estado que guardan los avances de las indagatorias o carpetas de investigación en contra de los ciudadanos Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo Anaya Cortés y otros. Lo anterior, con pleno respeto a los principios de estricta reserva y secrecía de la investigación que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes en la materia.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dé celeridad a las denuncias que vinculan a Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo Anaya Cortés y otros, con operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, para deslindar las responsabilidades penales que conforme a derecho procedan.

Derivado de los tiempos y de la solicitud que le hacemos a la Procuraduría, me atrevo a pedirles a mis compañeras y mis compañeros legisladores que este punto de Acuerdo sea de urgente resolución.

Por su atención, muchas gracias, señora Presidenta.

Muchas gracias, compañeros.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Senador JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO, a nombre propio y de diversos Senadores integrantes del grupo oarlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos meses, medios de comunicación han revelado diversas irregularidades que involucran a los C.C. Manuel Barreiro Castañeda y Ricardo Anaya Cortés en tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante la Procuraduría General de la República se han presentado denuncias que vinculan a Ricardo Anaya con actividades ilícitas. Al respecto, se ha hecho de conocimiento público que hay una investigación en curso por el delito de lavado de dinero en la compra venta de un inmueble en Querétaro.

De acuerdo con el abogado Adrián Xamán McGregor, entre 2016 y 2017, el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda contrató a Alberto “N” y Daniel “N” para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant Development por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.1

En relación con estos acontecimientos, es importante precisar que en 2014, Ricardo Anaya Cortés a través de la empresa “Juniserra S. de R. L. de C.V.” adquirió un predio de 13 mil 589 metros cuadrados en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro, por un monto de 10 millones de pesos.

Entre 2014 y 2016, se construyó una nave industrial de por lo menos 7 mil metros cuadrados techados. Asimismo, de acuerdo con la escritura 61175 de la notaria 31 del estado de Querétaro, el 25 de agosto de 2016 la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R. L. de C. V. adquirió la nave industrial por 53.7 millones de pesos.

Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que la empresa MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V relacionada con el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” Ricardo Anaya, emitió comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

En este marco, la empresa fue incluida por la autoridad fiscal en el listado global de empresas “fantasma”, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado el 26 de febrero de 2018.2 Basta señalar que, de acuerdo con el Artículo 69-B, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación,3 establece que:

“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado”.

El pasado lunes 11 de junio, se presentó ante la PGR una denuncia por lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya Cortés. 4 En dicha denuncia se señala la posible comisión operaciones inmobiliarias fraudulentas, lo que constituirían los delitos de tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

Señala también las discrepancias existentes entre las declaraciones patrimoniales presentadas por Anaya, los ingresos manifestados públicamente por él y su señora esposa y los ingresos efectivamente recibidos en la cuenta bancaria de ella en los últimos años.

Otro elemento adicional que sustenta esta proposición es la reciente publicación en diversas redes sociales de un video de una persona que se identifica como Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, en el que afirma que su familia ha venido realizando una serie de operaciones económicas ilegales y de negocios con el candidato Ricardo Anaya, con objeto de facilitarle recursos económicos a cambio de futuros compromisos en caso de resultar elegido Presidente de la República.

En ese video, Juan Barreiro explica a una persona que Ricardo Anaya ha impulsado por medio de sus influencias políticas a algunos empresarios queretanos para beneficiarse mutua y económicamente, a cambio de financiar la actual campaña política del candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya.

Es necesario mencionar que, desde el año 2017, existe en la Procuraduría General de la República una carpeta de investigación abierta a la cual se le identifica con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017, en la cual se denuncia a Ricardo Anaya Cortes y a Manuel Barreiro por supuesto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual está en proceso de investigación. En dicha denuncia se describen los supuestos pasos que siguieron los denunciados para obtener recursos financieros.

Asimismo, el pasado 10 de abril de 2018, se hizo de conocimiento público que Luis Alberto López López, confesó que hubo simulación en la adquisición de la industrial de Ricardo Anaya y que él firmó múltiples documentos como favor personal de su jefe Manuel Barreiro Castañeda para crear la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R. L. de C. V.5

Otras irregularidades que han sido señaladas es que Ricardo Anaya manifestó en su declaración patrimonial que percibía un ingreso anual neto de 1 millón 158 mil 333 pesos. Además si se considera la percepción de su cónyuge de 1 millón 503 mil 964 pesos, tendría ingresos totales de 2 millones 662 mil 297 pesos. Cifra que es insuficiente para costear el estilo de vida que su familia llevó en Atlanta y que actualmente ostentan en el país. 6

En México, el artículo 109, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera este hecho al establecer que:

“Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan”.

De igual forma, el Código Penal Federal contempla el enriquecimiento ilícito en su artículo 224 y establece que:

Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Ante las irregularidades anteriormente señaladas, la Procuraduría General de la República debe informar a esta Soberanía con estricto respeto a la secrecía y reserva de la investigación, el estado que guarda la indagtoria. Asimismo, dar celeridad a las investigaciones que vinculan a Ricardo Anaya Cortés con operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, para deslindar responsabilidades penales que conforme a Derecho procedan.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República, presente a esta Soberanía dentro de los próximos diez días, un informe sobre el estado que guardan los avances de las indagatorias en contra de los C.C. Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo Anaya Cortés y otros. Lo anterior, con pleno respeto a los principios de estricta reserva y secrecía de la investigación que consagran la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dé celeridad a las denuncias que vinculan a Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo Anaya Cortés y otros con operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, para deslindar responsabilidades penales que conforme a Derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. José María Tapia Franco.

1 S/a, PGR investiga presunto lavado de dinero en la venta de un inmueble propiedad de Ricardo Anaya, Disponible en [en línea]:
https://www.animalpolitico.com/2018/02/lavado-dinero-ricardo-anaya/

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5514359&fecha=26/02/2018

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_291217.pdf

4 Manuel Espino y Suzzete Alcantara Francisco Reséndiz, Denuncia Cordero a Ricardo Anaya ante PGR, de El Universal, Disponible en [en línea]:
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/denuncia-cordero-ricardo-anaya-ante-la-pgr-por-lavado

5 Diana Lastiri y Horacio Jiménez. (2018). Confiesan simulación en compra de nave de Ricardo Anaya. 11/04/2018, de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/chofer-de-barreiro-hubo-simulacion

6 Francisco Reséndiz, Ricardo Anaya se da vida de lujo en EU, Disponible en [en línea] de El Universal Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/3/ricardo-anaya-se-da-vida-de-lujo-en-eu

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Senador Tapia, como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Cómo no, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Tiene la palabra el Diputado Juan Romero Tenorio, para hablar en contra.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Legisladoras y legisladores:

Nuestro país está urgente de toma de decisiones que atiendan la problemática nacional de inseguridad, el rezago en la administración de justicia y para ello necesitamos una mira de Estado, no participar en procesos de campaña.

Hay principios constitucionales que esta Comisión Permanente está obligada a observar; principios constitucionales que involucran una responsabilidad de esta Comisión Permanente como parte del Estado mexicano.

Presunción de inocencia, debido proceso y aplicación de principios de proporcionalidad en cuanto se tomen criterios o se tomen juicios para determinar cierta responsabilidad.

Es público que el día de ayer se presentó una denuncia y al día siguiente esta Comisión Permanente pretende un punto de Acuerdo para acelerar investigaciones.

Tendríamos que presentar un punto de Acuerdo que acelere todas las investigaciones que están pendientes ante la impunidad o la ocultación de irresponsabilidades en todos los ámbitos.

Yo hago el llamado para que se apliquen principios constitucionales en el quehacer de esta Comisión Permanente.

Sin filias, ni fobias, tenemos que actuar con miras de Estado, como parte de un órgano del Estado responsable de garantizar derechos humanos previstos en nuestra Constitución y con un nuevo paradigma derivado de la reforma en derechos humanos de 2011.

Esa es la propuesta, no caigamos en este juego artificial de competencia electoral.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputado Romero Tenorio.

Para hablar a favor, el Senador Héctor Larios Córdova.

El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidenta.

Vengo a hablar a favor de que se apruebe este punto de Acuerdo. En el transcurso de la exposición solicitaré que se amplíe a otros temas, porque efectivamente la justicia se tiene que aplicar.

Pero antes que nada, me parece clara cuál es la motivación de fondo del PRI en presentar este punto de Acuerdo, y la motivación está escrita, precisamente, en las cartulinas que han colocado mis compañeros en las curules.

Ayer fue la última oportunidad del candidato del PRI para poder siquiera simular que está en segundo lugar.

Está, pueden ver, absolutamente en el fondo de la competencia, es más, la competencia solamente tiene dos candidatos viables y aquí no hay más que la desesperación en extremo de la impotencia de haber pasado el último debate y ni siquiera poder figurar, no digo en segundo, figurar en tercer lugar, después de un contundente triunfo de Ricardo Anaya.

Entiendo la motivación, nosotros estamos a favor y nos parecen muy largos 10 días para que la PGR informe el resultado de sus indagatorias, porque ha estado manipulando el uso de la justicia para tratar de incidir de manera electoral.

¿Hay alguien en este país que dude de que en la presentación de Ricardo Anaya en la PGR filtren el video?

¿Hay alguien que dude que la PGR no está con ánimo de tener incidencia electoral y no le ha funcionado?

También por eso estamos de acuerdo, sigan manipulando las instituciones del Estado, sigan trabajando de manera sucia, de manera corriente en contra de la administración de la justicia y es claro que se les está revirtiendo.

Lo que pedimos es que se resuelva en menos de 10 días, y si no hay elementos, que tenga la dignidad la Procuraduría de decir: no tenemos elementos, y no estar manipulando la información, no estar emitiendo boletines de que se turne a la SIEDO media hora antes de que inicie a un debate, no estar como un actor del proceso electoral y no como un actor, como debería, de administración de la justicia.

Pero si se trata de administración de la justicia, yo le pediría al PRI que tenga la generosidad de adherirse a que ampliemos este punto de Acuerdo, para que también la PGR termine con las investigaciones de Odebrecht.

El anterior procurador, en su informe final, dijo: Están concluidas, vendrán las actuaciones de la PGR.

Y vemos a Lozoya pasearse por todo el país y vemos a todos los que participaron en este terrible fraude, que solamente en dos países de los que se ha denunciado no ha habido ejercicio de la acción penal, en Venezuela y en México.

Si el PRI quiere justicia, nosotros queremos más justicia. Queremos que se aplique la justicia y si no hay elementos para perseguir a Ricardo Anaya, que dejen de manipular y lo digan con claridad.

Y si no hay elementos para perseguir a alguien de Odebrecht que lo digan, no que guarden el expediente debajo del tapete, y no necesitan 10 días, el anterior procurador claramente en su informe dijo que estaba la investigación concluida.

Pero me parece que también en ese proceso de cómo se ha venido, es decir, se ha intentado judicializar la campaña electoral, también hay otras denuncias.

Hay denuncias, por ejemplo, en contra del candidato de Morena, sobre las declaraciones que hizo el presidente de Coatzacoalcos, diciendo que los obligaban a descontar parte del sueldo de los trabajadores de la nómina del municipio para entregarlos a la campaña de López Obrador.

¿Hemos visto algún avance?, ¿hemos visto alguna judicialización? Hasta sospechoso parece que no haya judicialización de ese tema, porque pareciera esconder, a lo mejor, que haya un acuerdo, un acuerdo que no tiene otro propósito y que es lo que está en el fondo de todo, de la garantía de impunidad.

Si algo molestó ayer en el debate es, precisamente, la afirmación de decir que en este país todos tenemos que estar sujetos a la justicia, del Presidente hasta el último de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Larios.

Tiene la palabra, para fijar su posición a favor, la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Si ustedes ven el Orden del Día, en más de cien puntos de Acuerdo, el último es precisamente el que leyó el Senador, el último inscrito, tiene que ver con la coyuntura, ciertamente, y tiene que ver con un desesperado esfuerzo, usando todo lo que tienen a su alcance como gobierno para tratar de que su candidato suba al segundo lugar, no hay manera, no hay manera.

Y además nos parece realmente grave que en esta contienda, como acaba de decirlo el Senador Larios, se haya llevado a una situación de judicialización para denostar a quienes compiten, para hacer caso omiso a la decisión incluso al Instituto Nacional Electoral de registrar estas candidaturas, y lo más penoso de todo es que el encargado de la Procuraduría General de la República se haya convertido en un testaferro, ¡qué vergüenza!

Miren, si analizan el amparo del caso Iguala van a encontrar en muchísimos párrafos cómo el señalamiento de lo que se ha convertido la PGR es realmente penoso, y justamente es un caso emblemático porque allí es donde se evidencia que la Procuraduría General de la República no le sirve ya al país, por eso hay que transitar en una Fiscalía General de la República autónoma.

Y hoy volvemos otra vez en víspera del último debate organizado por el INE, a unos cuantos minutos, con una amenaza ante todas las redes sociales respecto de que van a filtrar una gran noticia en donde anuncian prácticamente el derrumbamiento de Ricardo Anaya.

A mí me parece que es muy triste, es de una gran irresponsabilidad, triste es un asentimiento, irresponsabilidad pide una colocación política, utilizar a la PGR, así como lo está utilizando el gobierno de Peña Nieto.

Peña Nieto es el que nombra a quien está en la PGR, el encargado de la PGR se ha convertido en un empleado, por eso tenemos el desastre de violencia en el país, porque no hay procuración de justicia, no hay gobernanza, no hay quien le pueda garantizar justicia a quien hoy se encuentra sobreviviendo una gran cantidad de delitos, de homicidios, etcétera, etcétera, etcétera que debería francamente darnos pena y preocuparnos porque eso es lo que van a heredarle al siguiente sexenio.

Bien, me parece que yo aplaudo a los compañeros del PAN y a las compañeras de que hayan decidido ciertamente que este punto de Acuerdo se apruebe de urgente resolución.

¡Ah!, pero así también deben darle, no a nosotros, no a nosotras, a la nación, ustedes, señoras y señores del PRI, que son responsables del desastre en la procuración de justicia en el país, tienen que decirle a la nación qué pasa con toda la gran cantidad de delitos de cuello blanco que están ahí durmiendo en la PGR y no encuentran una solución ni se fincan responsabilidades para que abran el Poder Judicial.

Aquí se habló de Odebrecht, ciertamente es penoso, dos países, Venezuela, que tiene una dictadura y aquí, que no hay ninguna responsabilidad.

¿Qué pasó con lo que dijo Raúl Cervantes en una reunión en la Junta de Coordinación Política, cuando se despidió de la PGR?, diciendo, ya está el expediente.

Bueno, sabemos que también hay consecuencias en la Auditoría Superior de la Federación con un nuevo auditor, que también está desmantelando, así lo dijo el anterior auditor, por cierto, el asunto, otra vez, estafa maestra.

Y así podemos hablar de toda la gran cantidad de asuntos importantes donde hay delitos que están seguramente ahí detenidos, archivados en la Procuraduría General de la República, porque está distraída la PGR en a ver cómo tira Ricardo Anaya en una estrategia absurda que piensa que si tiran a Anaya automáticamente va a subir al segundo lugar, Meade.

Perdón, bueno, esa es una parte, eso dices tu Senadora, con todo respeto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Les ruego no tener comunicación entre ustedes.

Continúe por favor, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Es tu opinión Senadora, pero ahorita tomas la tribuna y dices lo que desde tu punto de vista quieras decir, o pídeme una moción y con mucho gusto te contesto.

Pero lo que sí es importante señalar aquí es que investigue, que se investigue a Ricardo Anaya, y que efectivamente se diga de manera, como aquí se planteó, con celeridad, y yo le agregaría de manera inmediata y expedita, si ciertamente hay un delito que perseguir contra Ricardo Anaya y no lo que todo mundo sabemos.

La utilización de la PGR con fines político-electorales para denostar y quitar de la boleta a Ricardo en la competencia por la Presidencia de la República, pero eso no va a pasar. Es una lástima que hayan llevado al país, pero sobre todo, a las instituciones al desastre en el que nos encontramos cuando no están cumpliendo con la función que deberían tener.

De tal manera que sí, apruébese, investíguese, pero también investíguese todo lo que tiene ahí años durmiendo en la PGR y que nos expliquen por qué no sabemos la sociedad, el pueblo, qué ha pasado con esos grandes delitos, vergonzosos delitos en donde todo indica hay gente de su partido, altos funcionarios, detrás.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora De la Peña.

Para fijar su posición en contra de la propuesta, tiene la palabra nuestra compañera Diputada Cristina Gaytán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda, muchas y muchos de nosotros estamos en contra de la utilización de las instituciones del Estado para beneficiar no a un candidato, no está buscando el PRI beneficiar a Andrés Manuel López Obrador, está buscando beneficiar el proyecto de corrupción que representa Enrique Peña Nieto y que le garantiza Morena y Andrés Manuel López Obrador.

Eso es lo que está de fondo.

No es Andrés Manuel y no es que crean en Andrés Manuel, lo que quieren es un cómplice que está siendo Andrés Manuel para detener las investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto.

Tengamos perfectamente claro eso, Andrés Manuel es el candidato que le garantiza la protección a Enrique Peña Nieto y la “casa blanca”, Odebrecht, a los Duarte, a Rosario Robles, Andrés Manuel es el candidato que le conviene al PRI para meter debajo de la alfombra toda la corrupción de este sexenio, que quede perfectamente claro.

Andrés es el equipo de la corrupción, Andrés Manuel es el que tiene dentro de sus filas y en sus candidaturas a la gente cercana a Elba Esther, tiene a Napito, y tiene a un sinnúmero de ilustres ex priísta que ahora resulta que descubrieron las bondades de Andrés Manuel.

Esos casos emblemáticos de corrupción son los que quieren mantener, y hubieramos pensado, hubiera esperado yo con todo el respeto y el aprecio que le tengo a mi compañero Diputado que ahora preside, que esta sesión la presidiera el Senador Cordero, que diera la cara por lo que fue a hacer a la PGR, pero no tuvo el valor de venir a esta Comisión Permanente a defender su actuar, o está haciendo nuevos encargos o está recibiendo nuevas indicaciones.

Ojalá y estuviera aquí para dar la cara, que no la ha podido dar.

Esta elección es una elección de Estado, nos queda perfectamente claro, una elección en donde el Estado está ayudándole a Andrés Manuel desde el gobierno. Logramos detener al fiscal carnal, claro, tenemos un encargado ahí que opera con prontitud ante los deseos de Peña Nieto y ante los deseos, y ante la solicitud del Presidente del Senado, pero tenemos un Presidente del Senado carnal, nombrado por esa mayoría corrupta que está queriendo detener las investigaciones y la justicia en este país.

Eso es lo de fondo, quieren utilizar esa mayoría para sacar este Acuerdo.

Sin lugar a dudas, la vamos a apoyar porque necesitamos quedar claros, pero también esa mayoría debería de ser una mayoría responsable que velara por la justicia que tanto hace falta en el país.

Eso nos queda perfectamente claro, no lo van a hacer y eso, como ya lo hemos visto en el caso también de la Auditoria Superior de la Federación, ahora están tratando de desaparecer toda investigación de los casos de corrupción de Enrique Peña Nieto.

Eso, Andrés Manuel, ni Morena, ni con la estampita que traiga en la cartera hoy lo borra, Andrés Manuel es el candidato del PRI, el candidato de la corrupción, el candidato que garantiza que todo esto que México no quiere, siga manteniéndose.

Ojalá compañeras y compañeros Diputados, aprobemos este punto de Acuerdo para dejar en claro que Ricardo Anaya no tiene nada que ver con esas investigaciones, pero también aprobemos los puntos de Acuerdo que exigen a la PGR la celeridad en las responsabilidades que tienen.

Ahí, ustedes, compañeras y compañeros, ojalá ese entusiasmo y esa justicia que tienen, la lleven a actuar con congruencia.

Lo otro, simplemente es utilizar a las instituciones para obtener protección e impunidad, eso es lo que quieren.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Gaytán Hernández.

Tiene la palabra la compañera Senadora Diva Gastélum, para pronunciarse a favor de la propuesta sujeta a discusión.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias.

Los escucho y no me queda más que la satisfacción de que es el PRI la fruta deseada de todos lados.

Primero nos juntan con Morena y conforme les gusta nos juntan con el PRI-AN, entonces seguimos siendo lo deseado en el tema de los partidos.

El equipo de Anaya, sabe, hace 15 días que el “joven maravilla” está tocado, el “joven maravilla” inició la campaña tocado, y es un tema que más allá de un tema jurídico, es una percepción que tiene la sociedad y eso no lo pueden controlar, perdón.

Anoche escuchaba yo el debate y miraba el desespero y la angustia que tiene Ricardo Anaya, y no es para menos, porque creyéndose un hombre único en un partido que lo desmanteló, sacó todo lo que no quería y se quedó solo, el “joven maravilla” creyendo que él podía solo.

¿Qué creen? El problema más serio que nosotros tenemos es que el tema no es de ayer, ni el desespero, ni lo que presentó el Senador Cordero, no, no es de ayer, esto tiene mucho tiempo, tiene cuatro meses y no se ha podido solventar el tema y cuando yo escucho cómo salpican y tiran y no sé qué, no si el problema es que el único que está creciendo es Meade, es real, es el único que está creciendo.

Y anoche vimos cómo la propuesta seria la tiene él, no está del otro lado y se han querido agarrar de un elemento, y se han querido agarrar, yo escuchaba a Jorge Castañeda anoche que no pudo defender, desgraciadamente, al señor Anaya, porque no se puede defender, ese es un problema cargado de política, pero cargado de materia jurídica, de honestidad, el tema de esclarecer algo que no ha podido el señor Anaya.

Pero sí es más, los mismos de su casa tuvieron que salir corriendo porque no pueden con esta carga de deshonestidad, y él empieza a salpicar para los lados, pero le recuerdo al Frente, que el único indiciado se llama señor Ricardo Anaya, no hay otro, no hay otro, no hay otro, porque realmente el resto de las cosas que ustedes traen, por cierto, el problema que tenemos de procuración de justicia en el país lo originó Ricardo Anaya, así es, tomó las cámaras y paralizaron el país, paralizaron el país, así es, por Dios, realmente fue Ricardo Anaya quien paralizó el país, no es mentira, lo que tenemos hoy de responsables fue producto de todo este movimiento que hizo Ricardo Anaya, como ha hecho todos.

Yo creo que realmente Ricardo Anaya, además de un buen abogado para su defensa, necesita una buena defensa, necesita una atención psicológica, porque el problema que tiene es psicológico, su problema es personal, es individualista, es un hombre único, inteligente, brillante, que no puede con la carga social que en este momento tenemos.

Por supuesto, nosotros presentamos este punto de Acuerdo y no traemos prisa, es un tema que ya tiene mucho tiempo y es un tema que se tiene que resolver nos guste o no, y sí les quiero decir, si alguien más está coludido, pues persíganlo, pero no saquen ustedes las cartulinitas diciendo que Ricardo Anaya ganó el debate ayer, porque él mismo no puedo sostener su cara, su angustia, que no puede con la angustia de saberse perseguido por una verdad que ya lo alcanzó, no lo va a alcanzar, ya lo alcanzó.

¿Y qué creen? Va en picada y sin protección, va a perder, no solamente perdió el debate sino la elección, ustedes trasladaron todo el debate a la elección, la va a perder y nosotros no vamos persiguiendo al segundo lugar, nosotros vamos a ganar, tenemos claridad, les voy a decir por qué.

Por más que quieran achacarle a José Antonio Meade, es lo más honesto que tenemos de candidato, les guste o no, es el más honesto que tenemos, así es, siendo Secretario de Hacienda, siendo Secretario de Energía, no han podido, no han podido.

Y Anaya, siendo particular de un gobernador, hizo grandes triangulaciones.

Y siendo Presidente del PAN, pues ya se les olvidó que 23 connotados miembros del PAN le dijeron todo lo que se gastó en el Comité Ejecutivo Nacional.

Si el problema no es esta triangulación, es todo lo que viene cargando el “joven maravilla”, el joven que creyó que no existe más que esta fuerza, que es el anayismo, y se abrogó y luchó, y desmanteló un partido que al PAN no le sirve así a nadie: liquidado, pulverizado, no le sirve a nadie, al sistema político no le sirve.

Creo que Ricardo Anaya, por el bien de él, por el bien de su familia, por el bien de la política, pero por el bien de este país, ya tiene que aclarar qué hizo.

No van a ganar por una simple razón, la percepción que tiene la sociedad es que es corrupto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Muchas gracias, Senadora Diva Gastélum.

Tiene la palabra nuestra compañera Senadora Adriana Dávila.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que si hemos escuchado algunas barbaridades, hoy acabamos de escuchar otras más.

Permítanme nada más recordar algunas frases.

“En la PGR había un excelente Procurador”.

“Alejandro Gutiérrez, ex Secretario General de Chihuahua, es un preso político”.

¿Lo dijo alguien del PRI?

¿No? Lo dijo la Presidenta de Morena.

Pero fíjense lo que acabamos de escuchar hoy con nuestra compañera Senadora, es la percepción que tienen los ciudadanos respecto de Ricardo.

¿De cuándo acá los temas judiciales deben tratarse respecto de las percepciones? Estarían todos los priístas metidos en la cárcel.

La verdad es que es terrible la forma en la que han usado a la Procuraduría General de la República.

Es verdaderamente lamentable que en los problemas que este país tiene no se haya pronunciado el PRI con tanta fuerza, con tantas ganas, con tanta, yo diría, efectividad, para resolver problemas como Ayotzinapa, para resolver problemas como la “casa blanca”.

¡Ah! Bueno, esa se la resolvió el Secretario de la Función Pública cuando dijo que “no”. Por cierto, priísta.

Pero también cuando dejó acéfalo el tema de la Procuraduría, y hoy usan a un encargado de la Procuraduría porque saben que lo pueden agarrar para hacer este tipo de cuestiones.

No hay miedo de que puedan entrar a la investigación con Ricardo Anaya, el tema es que si no les importara, si de verdad Meade fuera en el segundo lugar, ¿para qué se ocupan de Anaya?, ¿para qué se ocupan?

Su candidato, dicen, que es lo más honesto que tiene el PRI. Efectivamente, en eso sí coincidimos, yo diría el menos corrupto, efectivamente, el menos corrupto, pero lo cierto es que no se ocupen entonces de Ricardo Anaya, si ustedes van en segundo lugar, ocúpense de Morena.

¡Ah! No verdad, creo que ya pactaron.

Y permítanme decirles.

Reitero, en la PGR había un excelente Procurador.

¿Pues no que queríamos un Fiscal autónomo?

¿No que estábamos buscando que la mafia del poder, dirían los morenistas, no se juntaran?

¿Nada más que qué creen? Se juntaron todos.

Permítanme nada más explicarles este tema.

Hay un pleito muy claro en el PRI, y lamentablemente José Antonio Meade no se ha dado cuenta, está pecando de ingenuo, aunque dicen que en política esa palabra no existe.

Y voy a decirla con toda claridad.

Dos grupos priístas, el joven PRI, el nuevo PRI y el viejo PRI.

El joven PRI, encabezado por su Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que le salió verdaderamente desastroso, terrible, lo peor que le ha pasado a este país en este gobierno.

Y el viejo PRI, por estos grupos, encabezados por quienes se han encargado de la Cámara durante muchos años y del Congreso durante muchos años, y estos gobernadores que se negaron a dejar el poder, y que además no les dieron hoy la candidatura, ese pleito entre esos dos PRI lo que hizo es que uno de ellos se fuera con Morena.

Y los morenistas, que además se la dan de demasiado honestos, piensan que con eso van a poder librarla.

Aquí está un compañero, al que respeto, le tengo aprecio, pero que tiró el sistema en el ‘88.

¿O no? Se les olvida.

¡Ah! Pero también el 70 por ciento de los candidatos de Morena, qué creen, son priístas, nada más que se purificaron al momento de llegar a Morena.

¡Ah! Qué barbaridad, es como un halo purificador.

Fíjense bien, por qué este tema no lo ha visto, lamentablemente, José Antonio Meade, que ya debe entender que por más que le haga no va a subir en las encuestas.

José Antonio Meade está rezagado en el tercer lugar y la lucha clara está entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, un proyecto completamente distinto, aunque tengan la ayuda de varios compañeros y de las instituciones.

Déjenme decirles qué hay atrás de estos acuerdos.

Andrés Manuel López Obrador hace acuerdos conforme hace pactos con los grupos que le están ayudando.

¿Qué está atrás, por ejemplo, de esta propuesta de Andrés Manuel de echar atrás la reforma educativa? Algo muy simple, la CNTE y el SNTE, justamente estos grupos que se han encargado de que nadie de los hijos de los oaxaqueños, de los michoacanos y de mucha gente en este país vaya a la escuela.

Luego viene con otro tema maravilloso, dice Andrés Manuel, “moralizar al país”, porque además, son las únicas palabras que le sirven cuando articula algunas palabras.

“Moralizar al país”. Fíjense bien de dónde viene este tema. ¡Claro!, de su alianza con el Partido Encuentro Social.

Pero no sólo eso, ahora resulta que moralizar al país también Encuentro Social ya se le quitó lo corrupto, la mafia del poder, cuando todas las reformas de las que hoy se acusa que votamos, las votaron ellos también en la Cámara de Diputados.

¡Vaya descaro!

Y después dicen “vamos al tema de la amnistía”. ¡Ah! Caray, ese pacto está acaso con la delincuencia organizada.

O le preguntamos a Fausto Vallejo, por cierto, ex gobernador priísta, acusado de vínculos con los Caballeros Templarios

O le preguntamos al candidato de Jalisco.

¡Verdad! Podemos hacer ese tema.

Bueno, también podemos decir cómo están sus alianzas en Jalisco.

Qué cárteles hay detrás de López Obrador que les quiere dar amnistía.

Ese es el verdadero peligro para este país.

Eso es lo que la gente no ha visto.

No ha visto porque se han encargado de purificarse los morenistas que se sienten con una soberbia tremenda al pensar que tienen un dios como candidato, y lo que tienen verdaderamente es alguien que está siendo usado con mucha inteligencia por el PRI.

Vean qué tan inteligentes son los priístas que con la ambición de López Obrador de querer ganar a costa de lo que sea, hasta su candidato lo hicieron.

Es verdaderamente triste lo que está sucediendo con las instituciones.

Por supuesto, que investiguen a Ricardo, que hagan lo que quieran, es la única película que le han querido sacar desde que inició esta campaña, no hay otro tema en la agenda de Morena ni del PRI.

Señores priístas, ¡ya, por favor!, ya estos seis años hicieron lo que quisieron con este país.

Usaron a este Senado también, lo hicieron como quisieron.

Usaron a la Cámara de Diputados, también la hicieron como quisieron.

Ahora, los morenistas, que tampoco son una perita en dulce, no se dejan usar, más bien se están usando mutuamente, lo cierto es que las consecuencias, ¿quién las paga?. Las paga este país, que requiere certeza en las instituciones.

Vaya prontitud con la que van a estar pidiendo que responda la PGR.

¿Así le respondieron a los de Ayotzinapa?

¿Así le respondieron a los feminicidios que tenemos en este país?

¿Así respondieron las fiscalías para poder entrar en los temas que nos preocupan?

¿Así respondieron en los temas de corrupción de Pemex?

¡No, verdad! No respondieron con tanta prontitud.

¿Saben por qué? Porque son iguales de cómplices, porque están hechos y cortados con la misma tijera.

Señores y señoras, cualquier investigación que se haga les va a resultar de la misma manera, no hay nada.

Ahora resulta ser que la reforma de 2011, en donde se aplicaba el principio de presunción de inocencia, ya no sirve en este país, ya no importa en este país, cualquier persona que llegue y acuse en un medio de comunicación, en una grabación verdaderamente preparada, es ridículo lo que están haciendo.

Señores del PRI, están haciendo el ridículo.

Ya se van, resígnense.

Ya se van y se van bien, se van bien forrados.

¡Sí, cómo no! A los pinos de mi tierra.

Váyanse allá, Tlaxco, que hay muchos pinos en Tlaxcala, pueden irse a los pinos en Tlaxcala, los invitamos, pero lo cierto es que el 1 de julio va a ganar quien gane.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Le ruego que concluya su intervención, y que, por favor, respeten a la oradora.

Le ruego que concluya.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, señor Presidente.

Ya les dije lo que tenía que decirles, no se preocupe.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Entonces concluya.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Señoras, sí, váyanse a mi tierra, a los pinos, porque Los Pinos, porque Los Pinos debe de ser un lugar que dignifique a los ciudadanos, no el lugar que los ha ridiculizado ante las posturas terribles que tenemos de un gobierno fallido, de un gobierno corrupto, de un gobierno que no supo hacer su trabajo a pesar del gran apoyo que tuvo de los ciudadanos.

¡Lástima!, desaprovecharon una oportunidad.

Señores priístas demostraron, una vez más, que eso que decían de saber gobernar es puro cuento, no saben gobernar, y López Obrador se va a quedar con las ganas.

El 1 de julio vamos a ganar la Presidencia de la República con Ricardo Anaya.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Le ruego a las compañeras y compañeros legisladores que eviten los diálogos fuera de la tribuna, y les ruego que respeten el tiempo que se les concede para poder desahogar, hay muchos oradores todavía inscritos.

Tiene la palabra el compañero Senador Juan Gerardo Flores, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Pues he estuchado las distintas intervenciones que se han presentado con motivo de este punto de Acuerdo, lo primero que yo señalaría es que me da ternura escuchar, me provoca ternura escuchar la ingenuidad con la que vienen aquí a expresar un sueño, de que el 1 de julio, supuestamente, saldrían victoriosos, lamentablemente, pues todo indica que están soñando, que ese sueño no se va a materializar, que están muy lejos de ello.

Se viene a plantear aquí, se dice: “si hay un delito, que se investigue, que se actúe”, pues bien saben que sí hay un delito.

Bien sabe Ricardo Anaya, aquel candidato, que bien se le señaló aquí, es el único de los candidatos a la Presidencia de la República indiciado, que tiene un expediente abierto por presuntos delitos, es el único.

Si hay un delito, que se investigue y que se actúe, justamente por eso están muy nerviosos, por eso él está muy nervioso, lo refleja en su lenguaje corporal, incluso en el debate de ayer se mostraba un rostro descompuesto, por más que lo quieran presumir, con una respuesta a modo…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame, Senador Juan Gerardo Flores.

Sonido en el escaño del Senador Larios, ¿con qué objeto, Senador Larios?

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, pedirle si por su conducto el orador me puede aceptar una pregunta.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: ¿Acepta una pregunta del Senador Larios, Senador Flores?

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: No. Yo lo escuché con atención y no lo interrumpí, yo prefiero dedicarme a lo que vengo a expresar.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: A ver, les ruego el respeto al orador, así como ustedes fueron escuchadas y escuchados. Continúe, Senador.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias.

Entonces, evidentemente él sabe que sí incurrió en delitos, que sí hay un expediente abierto y que, además, esto no se acaba ni en cinco días, ni en diez días, que pasada la elección le viene un panorama muy complicado, de ahí la virulencia con la que ha estado tratando de vacunarse para verse como un candidato valiente, que enfrenta a las instituciones del Estado.

Lamentablemente se trata de un candidato que ha cometido delitos y que tiene que responder por ellos ante la justicia.

No se vale, y aquí sí quiero traer a colación palabras del Presidente del Senado de la República, que las hacía en su calidad de Senador, no de titular de la Mesa Directiva, pero que decía: “que ahora resulta que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa a un candidato a la Presidencia”.

Si cometió delitos, que responda ante la ley.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Senador Flores, le ruego me permita un instante.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña, ¿con qué objeto, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, preguntarle, si usted me permite, al orador, quisiera hacerle una pregunta.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Senador Flores.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: No. Gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: No la acepta, Senadora De la Peña.

Continúe, Senador Flores, por favor.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Y retomo aquí que se hacía referencia al candidato del Revolucionario Institucional, del Partido Verde y Nueva Alianza, como al candidato, yo lo diría, como el más honesto, no hay un solo señalamiento sobre de él, como el caso, por ejemplo, de triangulaciones de dinero, del lavado de dinero que tiene Ricardo Anaya, es inaudito que quieran aquí venir a defender algo que es evidente.

Nada más les recuerdo, Ricardo Anaya abolló al PAN, hay Senadores de ese partido que ya abandonaron esas filas, hay gobernadores de ese partido que han estado manifestando su desacuerdo en la forma en la que están llevando a cabo la campaña, en la forma en la que seleccionaron a sus candidatos.

Hay gobernadores del Frente que se han apartado de lo que propone Ricardo Anaya, se han apartado de él porque saben que es un proyecto perdedor, porque saben que lo encabeza alguien que, lamentablemente, para su causa, cometió un delito y tiene que responder ante la justicia.

De ahí su virulencia, de ahí la forma tan enérgica en la que él pretende defenderse, sabe que está tocado, sabe que no tiene de otra, más que responder ante la ley, y pasada la elección, lo repito, le viene un panorama muy complicado.

Él lo sabe, se ha venido a señalar aquí que ya se pactó con el otro candidato, con Andrés Manuel López Obrador, pues lamentablemente se trata del distractor más ridículo que los del Frente han creado para tratar de que no se hable, justamente, de las trampas de Ricardo Anaya.

Hay evidencia suficiente para que se le señale, para que se le investigue y se actúe en su contra.

Que responda por ello y, simplemente, concluyo, para esos que hablan de un pacto con Andrés Manuel López Obrador, en el Partido Verde, y yo estoy seguro que mis colegas del Partido Revolucionario Institucional no coincidimos en ninguna de sus propuestas, de que eche atrás la reforma educativa, la reforma energética, ninguna de esas propuestas es bien vista por el Partido Verde y es, por lo tanto, ridículo que se insista en ese argumento simplemente porque no tienen forma de defender a su candidato de manera efectiva, de manera contundente, de manera determinante.

Está tocado y va a tener que responder ante la ley.

Gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene la palabra el Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El Diputado Jorge López Martín: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa.

Un personaje que, estoy seguro, todos aquí respetamos y reconocemos, que en paz descanse, don Alonso Lujambio, decía “que hacer política es cosa digna”, y no puedo estar más de acuerdo con ello.

A mí, a este servidor de todos ustedes, los electores de Aguascalientes me eligieron para legislar y para parlamentar, por lo tanto, acepto cualquier pregunta que se me quiera hacer al respecto.

“El hombre que teme perder, ya perdió”, esa frase la dijo George R. R. Martin.

Enrique Peña Nieto ya perdió porque tiene miedo, y ahí están los pensamientos de los grandes sabios y de los grandes estudiosos.

Al Senador Flores le da miedo o le da vergüenza contestar preguntas porque sabe que no está bien informado.

No, Senador Flores, Ricardo Anaya no es el único que está denunciado.

Aquí tengo, les voy a mostrar, dos denuncias: una contra José Antonio Meade y otra contra Andrés Manuel López Obrador.

Este servidor las presentó, como presenté hace tres meses una denuncia en el Instituto Nacional Electoral contra la PGR.

¿Y qué creen? La justicia me dio la razón y reconvino a esa Procuraduría títere de Enrique Peña Nieto, a que no difundiera videos falsos en contra de nuestro candidato Ricardo Anaya.

Sí, señoras y señores del PRI y de Morena, la fuerza de la ley y la fuerza de las instituciones le dio la razón a los panistas, porque creemos en las instituciones y no pisoteamos los derechos de nadie, no pisoteamos las premisas de la justicia.

Primero en tiempo, es primero en derecho.

Y ahora quieren venir a administrar justicia con base a lo que a ustedes les arroja la desesperación que tienen ante un candidato que cae de manera estrepitosa.

Ustedes lo saben, no van a ganar en ningún estado del país, no hay manera.

Me referí a don Alonso Lujambio, porque también decía en discursos emblemáticos en mi partido, que los priístas decían: “A balazos ganamos el poder y a balazos lo vamos a defender”.

Pues hoy no lo quieren defender a balazos, pero sí lo quieren defender manipulando a las instituciones.

Hoy José Antonio Meade está denunciado porque es cómplice en la “estafa maestra” y en los casos de Odebrecht.

No lo dice un video falso, ni editado, lo dice la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo de Administración de Pemex: “1,900 millones de pesos le dio José Antonio Meade a una subsidiaria de Odebrecht, que representaron un quebranto para la paraestatal”.

Andrés Manuel López Obrador ha obligado a sus Alcaldes, ya lo confesó expresamente Víctor Manuel Carranza, los obliga a que le entreguen parte de la nómina y 30 mil pesos mensuales adicionales de cada uno de los 16 alcaldes en Veracruz.

Hay solicitudes de transparencia perfectamente bien identificadas, no por legisladores del PAN, por compañeros de los medios de comunicación en donde han sido escondidas bolsas secretas, que los cabildos de Morena han escondido para hacer llegar a las universidades de Morena.

Esa es la realidad y en eso están basadas las denuncias que presenté el día de ayer.

La realidad es que Ricardo Anaya es el único que le puede y le va a ganar a López Obrador.

Miren, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.

Los señores del PRI no conocen su historia.

En el 2016, de este mismo recinto salieron cuatro distinguidos caballeros que hoy son gobernadores en sus estados.

Y no conocen su historia, porque a Pancho Domínguez, en Querétaro, trataron de armarle un cuento igual al que le quieren armar hoy a Ricardo Anaya y Pancho Domínguez, le pese a quien le pese, es el gobernador de Querétaro.

Al gobernador Cabeza de Vaca, también lo recordarán, con una fotografía quisieron hacerle el cuento de que pactaba con la delincuencia organizada. Hoy es gobernador de Tamaulipas, les pese o no.

Al gobernador de mi estado, en el 2011, con un expediente fabricado, no lo digo yo, lo dice el Poder Judicial, lo encarcelaron y hoy es gobernador de Aguascalientes.

Señores priístas, padecen de amnesia; señores priístas, padecen de absoluta y franca desesperación.

Van a perder porque los mexicanos ya no los quieren. Van a perder porque no supieron cumplir con las exigencias de la población. Van a perder porque quieren regresar a México al país de la manipulación, al país de la represión y al país de la antidemocracia.

De todas todas, se las hemos ganado en los tribunales en este proceso electoral, de todas todas.

No saben que por encima de los caprichos del Presidente Enrique Peña Nieto, está el imperio de la ley.

Resígnense, porque Ricardo Anaya va a ser el próximo Presidente de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado López Martín.

El Diputado López Martín ha presentado una propuesta de modificación, la va a leer la Secretaría, señor Diputado, con todo gusto, aquí la tengo en las manos.

El señor Diputado López Martín, ha presentado una propuesta de modificación al punto Único de la propuesta que fue presentada aquí por el Senador Tapia Franco.

Le ruego a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación que presentó el Diputado López Martín y posteriormente de su lectura, será sometido a discusión y, en su caso, a votación por el Pleno, si se acepta la modificación que propone el Diputado López Martín.

Les ruego su atención porque la vamos a votar.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente.

La adición a un tercer resolutivo dice así:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: El señor Diputado López Martín, acaba de puntualizar, que no es una modificación al punto único que se propuso en el punto de Acuerdo presentado, que está sujeto a discusión, sino que esto es una adición al punto de Acuerdo.

Lo cual quiere decir, que a la propuesta inicial se sumaría la propuesta de adición del Diputado López Martín.

Ahora sí, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta de adición del Diputado López Martín.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la adición presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: No se admite a discusión.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Informe del resultado de la votación.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Por favor, informe la Secretaría al Pleno el resultado de la votación a favor, de si se admite, en contra, que no se admite y las abstenciones.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Hubo 10 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones, señora Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: No se acepta la adición al punto de Acuerdo.

Continuamos en la discusión.

Les ruego su atención, por favor.

Tiene la palabra la señora Diputada Martha Tamayo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, señor Presidente. Estimados compañeros y compañeras.

¡Qué bueno que en este punto de Acuerdo nos acompañan, aunque sea por motivos muy distintos, por distintas razones!

Nosotros lo pedimos porque son muchos los elementos indiciarios y de fondo, que existen en el caso de la investigación de varios delitos en contra del candidato de ustedes, Ricardo Anaya y de sus socios; socios y compinches, los hermanos Barreiro.

El presente caso es una denuncia limpia por hechos muy sucios.

Ricardo Anaya está tocado, y tocado de manera fatal. Aquí sacan ustedes sus cartulinas, de un solo periódico, mismas que están desmentidas por la prensa local de todo el país donde se dejó constancia plena que el ganador de este debate era, por segunda ocasión, el candidato Meade, y por diversas encuestas realizadas por gente como Ana Paula Ordorica; el economista José Cárdenas, Líderes Mexicanos, Publimetro México; la Ibero, 90.9 FM, entre muchos otros que coinciden en desmentir esa cartulinita que han sacado.

Creo que ya basta de que nos estén adjudicando alianzas inexistentes. Nosotros hemos atacado de fondo al mismo partido y candidato con el que ustedes pretenden aliarnos.

El hecho de que en algún momento haya la intención o el acuerdo o la votación unida, no implica más que estamos los dos en contra de ustedes, y no necesariamente indican acuerdo alguno.

Es un partido al que hemos combatido, un candidato al que le hemos señalado sus yerros, pero no me voy a ocupar hoy de él, porque queremos que hoy que ustedes señalan que estamos queriendo que se resuelvan por percepciones estos asuntos, estamos de acuerdo, ni por percepciones, pero tampoco por encuestas. Ya estuvo bueno, pues.

No se les olvida, yo creo que aquí, cuando hablan de amnesia, quienes tienen amnesia son precisamente ustedes.

A ver, ya se les olvidó que las reformas constitucionales impulsadas por el Presidente Peña Nieto, al que hoy acusan, las aprobó el propio Anaya y ustedes, junto con uno de sus compañeros del Frente, el PRD, desde luego que todas ellas estuvieron con nosotros.

Ya se les olvidó que en los 12 años de mal gobierno que tuvieron, no hubo ningún avance en el país, y que en el terreno de la inflación, hoy, nuestro país tiene la más baja registrada en mucho tiempo.

Ya se les olvidó que el aumento en las plazas de los trabajadores que hoy han aumentado es producto de mucho de estas reformas, que entonces los impulsaron y de la que hoy se quieren desactivar, de las que hoy quieren agarrar distancia.

No señores, la amnesia no está de nuestro lado, está del lado de ustedes.

En este asunto, por encima de lo que han tratado, de los otros asuntos que ustedes han traído a este recinto, hay una enorme diferencia. En este asunto hay un tema de la mayor trascendencia que le debe de importar no nada más a los partidos, sino a todo México.

Hay un tema en el que por primera vez en la historia…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame, Diputada Tamayo, le ruego me permita un segundo.

Sonido en el escaño de la Diputada Gaytán, ¿con qué objeto, Diputada Gaytán?

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para pedirle a mi compañera Diputada Tamayo si me permite hacerle una pregunta.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Con toda estimación y afecto, Cristina, no acepto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: No la acepta.

Gracias, continúe Diputada Tamayo.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: En este asunto, pues hay un tema de la mayor trascendencia que le importa al país, no se trata de la investigación de hechos delictuosos más.

Se trata de que es la primera vez en la historia que un aspirante a gobernar esta República está relacionado, ni nada más ni nada menos que por sus propios compinches. Nosotros no lo hemos atacado y no le hemos levantado ningún falso, hay datos irrevertibles de gente que intervino en el lavado y en el desvío en ese periplo internacional que dieron los recursos, que hoy Anaya quiere tapar con la mayor intención para defenderse, para lograr salvarse un poco.

Acuérdense de que ya hay una confesión de conductas constitutivas de delito y de lavado de dinero, y datos como los dichos de uno de los socios y compinches, grabados en video.

Por eso fue, qué bueno que están de acuerdo en que este punto camine, pero cuidado, compañeros, se los advertimos.

Este personaje que ustedes hoy defienden ha traicionado durante toda su, todavía corta vida, a muchísima gente, a muchísimas instituciones incluso, y vamos a ver si los resultados de ese asunto descubren que ustedes también están siendo traicionados, y que este, señor, a quienes ustedes hoy defienden, resulta que es, como nosotros estamos viéndolo, un auténtico delincuente, porque Ricardo Anaya no puede ganar, escuche.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame, Diputada Tamayo.

Les ruego, por favor, respeten a la oradora para escuchar sus planteamientos, y habrá además, quien haga uso de la palabra. Hay una lista todavía de oradoras y oradores.

Continúe, Diputada Tamayo, por favor.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, señor Presidente.

Me da gusto que adviertan pequeños lapsus lingüísticos, y no tengan elementos para combatir lo que de fondo les estoy diciendo.

Porque Ricardo Anaya no puede ni va a ganar este 1 de julio, porque está dando muestras que el país está registrando, de ser un pillastre sin ninguna pena, un desvergonzado que tiene el agua hasta el cuello.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Tamayo.

Tiene la palabra el Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, Diputados integrantes de esta Comisión Permanente:

Me voy a permitir hacerles una propuesta, quizás informal, pero espero sea constructiva. Primero, antes de hacerla, quisiera referirme a los medios de la prensa que están recogiendo aquí las intervenciones, nada más para precisar el manejo del lenguaje, creo que apropiado en estos casos, porque se trata de asuntos de enorme interés para el país, y yo creo que hay que informar con precisión.

El señor Ricardo Anaya no tiene la calidad de indiciado, ha sido señalado, eso sí, en una serie de argumentaciones, nos parece a nosotros, que desde luego fomentadas y distorsionadas desde las oficinas de la Procuraduría, como lo ha sido el candidato del PRI y como lo ha sido el candidato de Morena.

De suerte que prácticamente los tres candidatos están señalados ante las autoridades de procuración de justicia.

Simplemente para que recojan el dato y se señale con toda precisión.

¿Qué propuesta les quiero hacer compañeros? y ojalá la tomen de forma constructiva.

La procuración de justicia, yo no tengo ninguna duda, es probablemente una de las grandes deudas con la sociedad mexicana, si hay algo que ha deteriorado la confianza de los mexicanos en sus instituciones es precisamente el manejo desaseado que se ha dado a los asuntos que están en manos de las instituciones de procuración de justicia.

Y es un tema que, lamentablemente, compañeros, no tiene carta de residencia en ningún partido político, eso es un asunto que nos compete a todos, a quienes de alguna manera representamos a los órganos del Estado.

Yo les quiero pedir que dignifiquemos el ejercicio de la política y que le permitamos a la Procuraduría, que por lo menos en esta ocasión, dignifique su actuación.

Señores coordinadores, Senador Bartlett, Senador Gamboa, les propongo que conformemos un grupo de inmediato, ahorita, de tres Senadores, vayamos a buscar al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y le pidamos que nos abra los tres expedientes que se han discutido aquí, el del señor Ricardo Anaya, por una parte, para ver qué tiene, qué calidad ha alcanzado esa investigación.

Dos, el asunto de Odebrecht, el anterior procurador se comprometió a haber dejado en pie de consignación, queremos saber qué pasa con ese asunto y también queremos saber qué pasa con las denuncias que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en el caso de la “estafa maestra”.

Estamos a cinco minutos caminando, yo les propongo que conformemos un grupo y le demos la vuelta a esta página, rápidamente podemos conocer esa información y dejar este debate para cosas que sustantivamente puedan resolver los problemas de los mexicanos.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañero Senador Flores Ávalos.

Es una propuesta verbal la que ha hecho el Senador Flores, pero ha sido clara.

Le ruego a la Secretaría consulte si es de aceptarse la propuesta que ha hecho el Senador Flores, que consiste en integrar un grupo de coordinadores parlamentarios, representativos de los grupos parlamentarios para acudir a las instalaciones, ¿es correcto, Senador Flores?

Yo creo, déjenme que seamos lo más escrupulosos, permítame, señor Secretario, para no suplir la omisión del Senador Flores.

Le ruego que prepare por escrito su propuesta para ser sometida al Pleno, como debe de ser, de acuerdo al procedimiento parlamentario, hay todavía dos oradores más en la lista.

Gracias, señor Secretario, disculpe.

Está agotada la lista de oradores para la discusión de la propuesta.

Ahora hay anotados dos oradores para rectificación de hechos, el Diputado Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena y la Senadora Yolanda de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el Diputado Romero Tenorio, hasta por cinco minutos.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Gracias, señor Presidente.

Diputadas y Diputados, Senadores, estamos en una situación donde el país, nuestro país, nuestro México, está en una situación de emergencia. En el transcurso de la sesión señalé la necesidad de modificar la Constitución para terminar con miles y miles de víctimas.

Seguimos jugando a la política, pero es una política que no tiene una visión de Estado.

Yo señalé que hay violación y principios constitucionales y ningún orador señaló o argumentó en contra. Elevemos el nivel de la discusión, por favor, la situación es muy emergente, tenemos que empezar a cambiar el paradigma de cómo se gobierna nuestro país. Debemos de empezar a cambiar el paradigma de cómo se hace política, la política del interés grupal ya está llegando a su fin, la política del interés personal sobre derechos de los mexicanos está llegando a su fin, no vamos a abonar nada con este tipo de réplicas, de una mala réplica de lo que ayer se definió en un debate público, está determinado.

No hay ningún argumento que haya expresado las observaciones que yo hice, eso demerita a esta Comisión Permanente, demerita esta clase política que atiende a sistemas caducos y que están por terminar.

Vamos a tener un Presidente para todos, vamos a tener un nuevo esquema y una República que va a renacer.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Romero Tenorio.

Tiene la palabra la compañera Senadora Yolanda de la Torre Valdez.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señor Presidente Jackson.

Me queda claro que Acción Nacional habla desde la frustración de 12 años de no haber hecho nada por este país; 12 años que tiraron por la borda, me queda claro que hablan desde la frustración de que en estos seis años del Presidente Peña Nieto, vamos a dejar las bases para un México promisorio para los niños y las niñas, para los jóvenes. Con las reformas estructurales que impulsó el Presidente Peña Nieto, México tiene un país promisorio para las próximas generaciones, para sus hijos, para los míos, para los nuestros, para los hijos de México.

En cuanto a Ricardo Anaya, por más que se desbaraten en defenderlo, no pueden, por más que pongan sus papelitos del “Reforma”, todos lo sabemos, de verdad que se ven muy mal, porque Anaya es un corrupto, y eso lo sabe todo México.

Fíjense nada más, Ricardo Anaya está solo, los empresarios lo abandonaron, sus amigos, inclusive, amigos como Denise Dresser, que expresaba su decepción por el fracaso rotundo de Ricardo Anaya en su análisis: “Anaya, la soledad de un fracaso”. No oculta su amargura y decepción por un candidato que ya no está a la altura y a las expectativas de México, Ricardo Anaya está solo, Ricardo Anaya va en caída libre y eso no lo pueden evitar.

Amigas y amigos, no se han dado cuenta en el Frente, que México está decepcionado, está desilusionado, que alguien que salió a venderles que era una maravilla y que era honesto y que iba a acabar con la corrupción no resultó más que un mentiroso corrupto.

Si Ricardo Anaya tiene poquita, así, poquita de vergüenza, debe renunciar, porque Ricardo Anaya debe rendir cuentas a la justicia, todos sabemos el video y conocemos de la semana pasada, que apenas era un poquito y que ayer por la noche salió más de una hora, y nadie puede negar que nadie llevó de la mano: “Niño Anaya, vaya usted con la información que tiene privilegiada de estar en el gobierno de Querétaro, que allá hay mucho más que investigar, eso es por cuerda separada, vaya y dígale a sus amigos, compadres y amigos, todo lo que está en venta, todo lo que está malbaratándose del gobierno de Querétaro”.

Ayer estuve en el gobierno de Querétaro, ayer estuve en Querétaro todo el día y sé lo que pasó y sé lo que piensan los queretanos y sé la vergüenza que sienten de Ricardo Anaya, porque saben que con información privilegiada se hizo de recursos y favoreció a sus amigos en un entramado de corrupción.

Queda clarísimo, con punto y coma, todo el entramado de corrupción y de lavado de dinero, definitivamente a nadie en este país le queda duda que Anaya es un delincuente.

Que Anaya debe rendir cuentas ante la justicia.

Quedó clarísimo en el video, que todos conocemos, que nadie llevó de la mano.

Vemos cómo el hermano de Barreiro, con punto y coma, señala todo el entramado de corrupción, el modus operandi de una operación delictiva y de un candidato a la Presidencia que no merece ser candidato, porque jamás en la vida habíamos tenido un candidato que estuviera inmiscuido en este tipo de situaciones tan dolorosas para el país.

Es indignante.

Y como dice Almagro, de la OEA: “Más vale investigar un candidato que a un Presidente”.

Dios nos libre en este país de este chico que alguien le denominó el “niño maravilla” porque era un buen orador y es un buen orador, pero bla, bla, bla, habla como perico, pero detrás de él tiene una cauda de corrupción y de impunidad, y un entramado de moches que de verdad es una vergüenza para el mundo.

Ricardo Anaya debe estar ante la justicia rindiendo cuentas, porque hay evidencia clara de venta de favores, toda una historia de venta de favores, que de información privilegiada se enriqueció él y sus cuates.

La PGR debe investigar, hasta sus últimas consecuencias, por eso tenemos que apoyar este punto de Acuerdo.

Ricardo Anaya va en caída libre.

Y yo le tengo que reconocer, de verdad se lo tengo que reconocer, a Andrés Manuel López, cuando le dijo en el segundo debate y lo describió muy bien, y le dijo una verdad de Perogrullo, y le dice: “Ricky Riquín Canallín”.

Yo creo que falta la parte de la historia verdadera, yo diría: Ricky Riquín Canallín, vulgarcín, raterín. Porque eso es Ricardo Anaya, un vulgar ratero, canalla, que destrozó al PAN.

Aquí salieron a decir, de verdad no les da vergüenza a los panistas, lo saben, solamente ustedes, la cúpula, el PAN de abajo y de estructuras, y que le costó toda una vida de democracia, está avergonzado, sí le da vergüenza.

Si Gómez Morín reviviera, se volvía a morir de la pura vergüenza, de todo lo que él concibió, de verdad tener al peor de los corruptos, al peor canalla, al más tramposo. Todo México lo sabe.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Le ruego concluya su intervención, Senadora De la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Concluyo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Por favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Todo México lo sabe, Anaya es un canalla, deshonesto, traidor, parricida político, enciende todo lo que toca, destrozó al PAN, se agandalló las candidaturas con las que compró conciencias y a sus aliados del PAN, regalándole las candidaturas.

Y concluyo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Senadora De la Torre, permítame un segundo, por favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: No lo digo yo, lo dicen los propios presidentes…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame.

Sonido en el escaño de la Senadora Dávila.

¿Con qué objeto, Senadora Dávila?

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente, si por su conducto le pregunta a la nueva oradora panista, defensora de nuestras doctrinas, si me permite una pregunta.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: ¿A quién le quiere hacer la pregunta?

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) A la Senadora oradora, digo, lo que pasa es que me generó un poquito…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Le ruego se dirija con propiedad a sus compañeros.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Sí. ¿Podría?

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: ¿Senadora Yolanda de la Torre, acepta usted la pregunta de la Senadora Dávila?

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: No, señor Presidente, porque yo soy orgullosamente priísta.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: No la acepta, Senadora.

Continúe y concluya, por favor.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Hoy sabemos que a quien se denominó por ser buen orador, “joven maravilla”, hoy resultó un mentiroso, traidor, corrupto, un vulgar corrupto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora De la Torre.

Finalmente, para rectificación de hechos, tiene la palabra el señor Senador Javier Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

Miren, yo no solamente estoy con José Antonio Meade, por ser el más preparado, el más capaz, el de mayor experiencia en la Administración Pública Federal, el de más resultados probados, el más conciliador, pues ha estado por igual como Secretario de Hacienda y Crédito Público, con gobierno panista que con gobierno priísta, y siempre privilegió los acuerdos, siempre privilegió el bien común.

Estoy también con él porque no tengo la menor duda de que es el hombre, el candidato más honorable, más honesto, de una conducta intachable, reconocida por propios y extraños.

Y eso es un orgullo después de 20 años en la Administración Pública Federal.

Es un buen ciudadano, un buen padre de familia, un hombre muy respetado, por cierto, en México y en el mundo, en su calidad de Secretario de Relaciones Exteriores.

Estos casos a los que lo quieren implicar directa o indirectamente, cual si fuese un cómplice, bien de la “estafa maestra”, bien del caso Odebrecht.

Se han repetido hasta el cansancio dos cosas.

Primero. Que ninguno de estos casos, en ninguno de ellos, él fungía como Secretario de Desarrollo Social o de Energía, y que no solamente eso, sino que tomó en su momento las medidas preventivas y correctivas para que nunca más volvieran a ocurrir casos de esta naturaleza.

Se reconoció, se presentaron denuncias penales, se presentaron una serie de informes y quejas ante el órgano interno de control, se inhabilitó a una serie de servidores públicos, más de 400, entonces, estamos hablando, de verdad, de un hombre, insisto, intachable.

Y por lo mismo, yo no puedo acompañar una petición como la que aquí se ha hecho, meterlos en un cajón como si fueran iguales y pedir información como si fueran iguales, y tratar de equiparar la conducta de uno con la del otro.

Cada quien se tiene que hacer cargo.

Cada quien tiene que ser responsable en sus conductas, de sus dichos y de sus hechos.

Nadie obligó a Ricardo Anaya a escoger terrenos, a seleccionarlos desde el gobierno de Querétaro para venderlos por debajo de su valor a sus amigos Barreiro, para después, en un pago de favores, que le vendieran a él, a crédito, unos terrenitos, para después, también a crédito, construir una nave industrial, que le compraría a los mismos Barreiro posteriormente.

Nadie lo obligó.

Nadie obligó a tener ese tipo de alianzas, a mentir con que le había vendido la nave industrial a un arquitecto Reyes, que no aparece por ningún lado, y que ya salió el chofer de Barreiro, por cierto, que miserablemente lo aprovechó como prestanombres para esta burda operación.

¡Vamos! Devolvió la nave industrial al Estado mexicano, como un acuerdo reparatorio.

Nadie está hablando aquí de esa sustancia, están hablando de la facciosa PGR y no sé cuántas cosas.

¡Y qué bueno que Ernesto Cordero presentó una denuncia!

¡Y qué bueno que ahorita estamos presentando este punto de Acuerdo, para ver si así se mueve la PGR!

Y no solamente en este caso, también en Odebrecht ¿eh?

Aquí, que se mueven todos los casos pendientes, porque no puede ser que por la torpeza de la PGR, de andar difundiendo un video, ahora se inhiba y se cohíba en su obligación de actuar como Ministerio Público.

Por cierto, no deja de llamar la atención que en el debate de ayer, Anaya, por un lado, ofrezca una fiscalía autónoma que funcione y, por otro lado, amenacé que él va a meter a la cárcel al Presidente de la República.

¿O es autónoma o va a estar a su servicio? Las dos cosas no caben ¿eh?

Y les recuerdo que ya tenemos una Fiscalía General, prevista en el 102 constitucional, y que estamos en falta nosotros al no haber nombrado ni Fiscal General ni Fiscal Anticorrupción.

Y quiero terminar diciendo dos cosas.

Primero. Ese supuesto pacto de impunidad que dice que existe entre el PRI, el Presidente Peña Nieto y López Obrador, es una soberana estupidez.

No solamente porque somos antagónicos, cosa de ver la política pública que pretende seguir López Obrador con la oferta que está haciendo José Antonio Meade, en el tema de la amnistía, de la reforma educativa, de la energética, del nuevo Aeropuerto, en el tema de salud del Seguro Popular, lo vimos ayer, ¡por Dios!

¿Cómo vamos a estar de acuerdo en entregarle el país a ese señor?

No, señores, nosotros vamos a fondo.

Y están despreciando, los que estén muy usados, con esta encuesta, con las encuestas de la intención del voto, de que esto ya es “de ya se coció” y no sé cuántas payasadas, se les va a tatemar porque están despreciando el voto de los indecisos, el voto consciente, el voto oculto.

Están despreciando la voluntad popular, están menospreciando la libertad de los electores, de decidir por un México mejor.

José Antonio Meade va a ser el próximo Presidente de la República, y espero que no nos vuelvan a salir con la cantaleta de que hubo fraude electoral.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Se ha inscrito, también para rectificación de hechos, la Senadora Adriana Dávila, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con gusto, acá te veo. Muchas gracias, señor Presidente.

Miren cómo se clonan las cosas, quien me antecedió en la palabra con mucha vehemencia, con mucha fuerza, con gran calidez, defiende a su candidato, yo pensé que estaba viendo a un compañero de Morena, así, ese culto a la persona, los cultos a la persona que tanto daño le han hecho a este país.

Como si de veras una sola persona pudiera cambiar el destino de México, así defienden los priístas, que son muy disciplinados, a su Presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy están ávidos de justicia por un aparente caso de corrupción que ustedes señalan y que, además, tuvieron a alguien que técnicamente es ejemplar, que es un hombre sumamente inteligente, pero que el orgullo le ganó, de tal manera que hasta eso los priístas no se atrevieron hoy a poner la denuncia, tuvieron que mandar a alguien aquí con los recursos del Senado de la República.

Es una vergüenza.

Sí lo entiendes querida Senadora, lo que no quieren entender es justamente que se les acabó su tiempo.

Enrique Peña Nieto dejó este país hecho un desastre.

Enrique Peña Nieto no sabía ni siquiera su nombre, no supo decir ni siquiera tres libros, y así como Enrique Peña se presentaba antes en los debates, así como era evidente que no iba a saber gobernar, hoy tenemos a un López Obrador de la misma manera, que no representa a la mayoría de los mexicanos.

Aquí se suben algunas Senadoras y Diputadas a hablar del PAN que no conoce, del PAN que han lastimado. El PAN no los representan los ex priístas que regresaron con el PRI, Javier Lozano era un priísta y se regresó con el PRI, que no lo quieran achacar como panista.

Los que somos panistas y nos hemos formado en el PAN, acá seguimos apoyando a nuestro candidato Ricardo Anaya, y lo apoyaremos hasta que sea Presidente de la República.

Es importante que el PRI sepa ahora que muchos que hoy se subieron aquí a decir “que hay que investigar estos casos porque José Antonio es un gran hombre honesto” no se han pronunciado por el mismo tema para poder aprobar hoy el punto de Acuerdo con la visión que proponía Jorge López, ¿por qué no?

No lo van a meter en la misma bolsa, dicen.

¡Ah! ahora resulta ser que también es el signo de la bancada del PRI y de Morena, la justicia selectiva, una justicia selectiva que acusa a los adversarios políticos, que sólo persigue la Procuraduría General de la República a sus adversarios políticos, que no persigue a los delincuentes, que no persigue a la gente que está cometiendo los delitos, no cometen, no es, de verdad, es verdaderamente vergonzoso lo que hacen.

Y las burlas que pueden hacer, compañeras y compañeros, aquí sarcásticamente de decir: “no la entiendo, no me gusta, no pasa”, es justamente el nivel que tienen frente a la falta de argumentos para poder poner las denuncias.

Señores del PRI tengan los pantalones de reconocer que su Presidente, Enrique Peña Nieto, es un hombre corrupto.

No supo contestar su candidato, no quiso contestar su candidato en el segundo debate cuando le preguntaron ¿si era o no corrupto?, ¿si era honesto? Ni siquiera su candidato pudo decirlo, ustedes tampoco.

No pueden decir que Enrique Peña Nieto hoy no está buscando este pacto de impunidad con Morena, son cortados por la misma tijera; son el viejo PRI y el nuevo PRI.

Es Enrique Peña Nieto el Presidente más corrupto que hemos tenido en este país.

Es Enrique Peña Nieto el que nos tiene con la mayor crisis de derechos humanos en este país.

Es Enrique Peña Nieto el que merece ser enjuiciado y estar en la cárcel.

Es Enrique Peña Nieto al que se le ha demostrado La Casa Blanca; el que usó a Emilio Lozoya para hacer los negocios en Pemex.

Es Enrique Peña Nieto el que no usó a la Procuraduría para investigar lo que sucedió en Ayotzinapa.

Y justamente por eso es ese pacto con Morena, vergüenza debería darles a ustedes de venir a defender a un Presidente como Enrique Peña Nieto.

A mí, en lo personal, me da mucho gusto defender a mi candidato y a mi partido porque creo que este país puede cambiar, y el 1 de julio nos veremos.

Pero es cierto que hoy los morenistas, que ya son también priístas o ex priístas, están regresando a su origen.

Ya los veré, señores Senadores y Diputados del PRI.

Ya los veremos defendiendo a Enrique Peña Nieto, o, en su defecto, también ya veré que se suban a la tribuna las personas que mandan porque los dirigentes y los coordinadores no pueden subirse a esta tribuna a contestarme.

Muchas gracias.

Buenas tardes.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Les ruego su atención.

Vamos a escuchar, hasta hoy, a la última oradora inscrita para rectificación de hechos, a la Senadora Diva Gastélum, tiene usted la palabra.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Oye, faltaba más, es un orgullo hablar a nombre de Emilio Gamboa, no es cualquier coordinador, perdón.

Hasta en el agua hay niveles, compañera, y Emilio Gamboa está muy alto.

Que yo represente a Emilio Gamboa es un orgullo para mí.

No saben, no tengo palabras para decirlo.

A ver, espero que sí me entiendan lo que voy a decir porque no quiero hacer un batidillo, que finalmente no sepamos qué onda con este rollo que traemos de imputaciones, reparto de culpas y demás, que a la gente no le importa eso, la gente quiere saber dónde quedó la triangulación, punto.

Pero sí les quiero decir algo, Enrique Peña Nieto no viene en la boleta, no viene en la boleta, viene Ricardo Anaya, si es que tiene un poquito de pena y se baja antes, pues para que no le sigan, ya no tiene un pedacito donde no lo golpeen, ya está más golpeado que “El Toluco”, ya está en la lona, está en una esquina y todavía quiere.

O sea, este desafío, pues no da, no da para lo que necesita el país.

Miren, es que como hay que ir al reparto de culpas, Enrique Peña no ha podido todavía poder armar el desastre que dejó el gobierno panista.

Sí, no es de risa, no dejó ni tan solo una base de datos de desaparición forzada.

Sí, así es, así es.

Se les olvida, “no escupan para el cielo porque les cae en la cara”.

Se les olvida que es un desorden lo que dejaron. Si hay que revisar para atrás, pues hay que ver.

Primero uno relajó y el otro ajustó, y luego declaró, ¿qué onda, de qué?

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Ya se lo llevaron, es el Secretario del Trabajo y tiene de candidato…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Le ruego, Senadora Dávila, sea respetuosa de la oradora, como a usted le respetaron su intervención.

No quisiera volver a pedirle su colaboración para el desarrollo de la sesión.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: ¿Qué quiere Jorge ahora?

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame, Senadora.

Sonido, por favor, en el escaño del Diputado López Martín.

¿Con qué objeto Diputado?

El Diputado Jorge López Martín: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para preguntar, por su conducto, si la oradora me haría el favor y la distinción de aceptar una pregunta.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Yo sí, porque como traen una frustración porque no les contestan, yo sí le voy a contestar.

¿Qué quiere?

Para que se vayan tranquilos el fin de semana, que nosotros vamos muy bien.

Claro que sí está adelantado por la victoria.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: ¿Senadora, acepta la pregunta?

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Totalmente.

El Diputado Jorge López Martín: (Desde su escaño) Senadora, usted habló de un desastre en la administración anterior.

Me podría decir. ¿En qué administración anterior trabajó José Antonio Meade, quien es hoy su candidato?

¿En la administración de qué Presidente y de qué partido era ese Presidente?

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Era lo único decente que tenían ustedes, era lo único decente.

Discúlpeme usted, era el único que salvaba la honra de ese equipo.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Senadora Gastélum, permítame un segundo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Es que no me dejar terminar.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Diva, Senadora Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Es que déjenme terminar, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Por enésima vez, le ruego Senadora Dávila, nos ayude al buen desarrollo de la sesión.

Se lo ruego por enésima vez.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Solicito la palabra.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame, Senador Lozano.

Déjeme que termine de contestar la Senadora Gastélum, la pregunta del Diputado López Martín y luego le damos la palabra y también a la Senadora Dávila, por supuesto.

Si me permite un segundo.

Termine de contestar y cuando termine, informo a la Asamblea que ha concluido su respuesta, Senadora, por favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Subrayo que se llama José Antonio Meade el orgullo de la administración pasada, porque realmente es un hombre serio, sereno. ¡Hombre, imagínate!

Adriana dice que quería estar… ¿Cuál es la risa?

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Es muy bueno…

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Espéreme tantito, o sea, yo nunca… Punto número uno, nunca me dirijo y la escucho, ¿sí?

Si a usted le duele que crean que tenemos una alianza…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Diputada Gaytán, le ruego que permita a la Senadora Gastélum que termine de contestar la pregunta del Diputado López Martín y luego hay un orden de uso de la palabra solicitada por el Senador Lozano, por la Senadora Dávila y la anoto a usted también, si le parece.

Continué, Senadora Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Este relajo ha llegado muy fuerte y yo ahorita que veo a Adriana gritando y no sé qué, con todo respeto, pues así no podría dirigir al Senado, que ella quería coordinar el Senado, así no se puede.

Pero espérenme tantito, discúlpenme.

A ver, yo les pido un favor, yo estoy en el uso de la palabra y pido así como la gente que está…

A ver, espérenme tantito, yo los escucho, les pongo atención y justo cuando subo se hace un desorden.

No crean que a mí me molesta.

A mí no me distrae nadie, porque tengo muy claro qué voy a decir y cómo lo voy a decir, no me pierdo en un discurso que no llego a ningún lado.

Punto número uno. Se llama José Antonio Meade.

Y si quieren echarle “cacayacas” a Lozano, yo les quiero decir algo. Lozano hizo una hazaña que no sé quién se lo propuso, pero terminó con una carga en este país que era muy importante, pero además de eso no vengo a defender a nadie, porque a quien han atacado se llama Enrique Peña y se llama José Antonio Meade y a ese me voy a dirigir.

José Antonio Meade es un funcionario, un servidor público que tiene muchos años en la administración pública, no tiene que ver solamente con gobiernos panistas o gobiernos priístas.

Es un hombre que trabajó desde abajo y llegó hasta ahí y fue un ejemplo en la administración pasada y sostengo que fue un desastre la administración pasada, porque desde que empezó la administración hubo una declaración de guerra a la que no nos prepararon.

El Presidente salió a decir que era una guerra que iba a durar mucho tiempo, que iba a costar mucha sangre y todavía estamos pagando las consecuencias de esa declaratoria de guerra donde este país no se preparó.

Disculpen ustedes, sigan queriendo salpicar, no van a poder. José Antonio Meade es un hombre serio, que se preparó para gobernar.

No es un híbrido, no es un hechizo, no es una ocurrencia.

Es un hombre que lo mismo trabajó en un gobierno panista.

Qué pena que bajemos el debate tan bajo y que demos un espectáculo que exactamente por eso está el desprestigio a la política, por la falta de seriedad de abordar temas que valen la pena ser lo más formales y serios que requiere el tema.

No estamos jugando, ésta no es una “chacota”, es el Senado, es la Permanente y la gente exige respeto.

No esa estridencia que no lleva a ningún lado.

Cierro, José Antonio Meade, es un orgullo para todos y todas.

Continuo.

A ver, yo ya terminé.

¿Otra pregunta tienen?

Yo no tengo problema para contestar.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Ya terminó de contestar la pregunta del Diputado López Martín.

Ahora continúe con su intervención y le ruego que nos ayude a respetar el tiempo concedido, que son cinco minutos, Senadora, por favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien.

Termino diciéndoles que por más que quieran hacer imputaciones, no lo van a lograr. Y no lo van a lograr, les voy a decir por qué. El Presidente Peña es el gran transformador de este país, les guste o no.

Para sacar más de 30 reformas constitucionales se necesita talento, se necesita consenso, y lo logró.

Si no lo quieren reconocer, es su problema.

La historia lo va a reconocer.

Pero además, callada la boca, sin ver el retrovisor, no se puso a repartir culpas y se puso a intentar reconstruir un país hecho pedazos.

Por eso yo defiendo a Enrique Peña, con la seriedad que merece el caso.

Y si tienen algo que decir de ellos, pues para eso están los tribunales.

No sigamos nosotros chacoteando aquí con estridencia, sin llegar a ningún lado, cuando el caso amerita la mayor de las seriedades.

Están hablando no de Enrique Peña Nieto, de la investidura más importante de este país, que es la Presidencia de la República.

Y les recuerdo a ustedes, los que vienen en la boleta, no viene Enrique Peña, viene Ricardo Anaya, que está tocado, y lo vuelvo a decir, y no sé, qué pena por su caso, porque eso se lleva con uno. Cuando la gente te señala y no sabes qué contestar, es una bronca muy seria.

Cuando solamente evades, echando culpas y sacando otras responsabilidades, eso no lleva a ningún lado.

Viene Meade, que va a ser el próximo Presidente; viene el señor López Obrador, esos vienen, viene el Bronco.

No metan en la boleta a Enrique Peña Nieto, no está jugando Enrique Peña Nieto, está jugando Ricardo Anaya y queremos saber qué paso con todo lo que se gastó, lo dijeron los panistas, porque malbarató un presupuesto, que por cierto, son recursos públicos de un partido, en donde se hizo miles de spots para poderse promover su individualismo, que es un problema muy serio.

Cuando la gente se cree pavorreal, hay que darle una receta.

¿Saben ustedes por qué los pavorreales no se ven los pies?

Porque los tienen muy feos.

Y Ricardo Anaya tiene una hoja de vida muy fea.

Tenemos que decírselo así de claro, es un corrupto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Hay cuatro compañeras y compañeros legisladores anotados para rectificación de hechos.

Tiene la palabra el Senador Lozano Alarcón.

El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente.

Compañera Gastélum, así como la felicito por su primera intervención, lamento mucho su segunda intervención.

Porque yo no puedo avalar que aquí se diga que el Presidente Calderón dejó un desastre en este país.

Orgullosamente fui parte de su gabinete, junto con José Antonio Meade, junto con Ernesto Cordero, junto con Salvador Vega, Roberto Gil y tantos otros.

Hicimos un enorme esfuerzo al límite de nuestras capacidades y posibilidades por sacar adelante a México. Y no puedo, por más que tenga una diferencia con mi grupo parlamentario, particularmente con la dirigencia nacional del partido; jamás voy a traicionarlo; al Presidente Calderón, y el trabajo que juntos hicimos.

Estoy profundamente agradecido y reconocido, y lo reconozco como el Presidente valiente, honesto, congruente, firme, determinado por hacer lo mejor por este país.

Y, claro que tuvimos el lujo de contar con José Antonio Meade en ese gobierno, él estuvo antes con el gobierno del Presidente Fox, y ahora con el Presidente Peña Nieto, y lo acredita entonces, en una hoja de servicios, una hoja de vida que lo hace un servidor público ejemplar, que al margen de partidos políticos puede dar lo mejor de sí mismo para sacar adelante a México. Es lo que tendríamos que estar haciendo todos.

Y también le aclaro una cosa, él no ha iniciado ninguna guerra; la guerra la hicieron los delincuentes. Y cuando los gobernadores se acercaron a él, durante la transición, a decirle que estaban rebasados por la delincuencia organizada, él hecho mano de todo lo que tenía a su alcance, incluidas las Fuerzas Armadas de este país.

Ojalá todos los gobiernos estatales y municipales hicieran su tarea para que las Fuerzas Armadas regresaran cuanto antes a sus cuarteles, es el deseo de todos nosotros, y yo le reconozco a esas Fuerzas Armadas su lealtad, patriotismo, entrega, dedicación, como ofrendan sus vidas todos los días.

Pero no se vale que aquí en la arenga, y aquí, en el calor de esta discusión, se hagan juicios tan severos contra un hombre íntegro y absolutamente respetable como es Felipe Calderón.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

Tiene la palabra, para rectificación de hechos, la compañera Senadora Adriana Dávila.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias.

Yo también trabajé en el gobierno pasado. Tuve la oportunidad de trabajar en ese gobierno, y me siento profundamente orgullosa de lo que se hizo, después de tantos años de desastre que había.

Había servidores públicos de todo tipo, yo no creo que haya buenos y malos. No me ofenden las palabras de quien me antecedió en la palabra para mencionar y decir, que no merecía estar en esta Mesa Directiva.

La verdad, tiene razón, mi estatura no era para estar en esta Mesa Directiva, porque yo no iba a ser palera del PRI, no iba a prestarme a lo que sí se están prestando mis compañeros.

El problema que tenemos es que el PRI le da valor desechable a todo lo que le ayuda, así le va a dar valor desechable a Morena. Así le da valor desechable a mis compañeros que ingenuamente pensaron que eran valorados, y para lo único que los usaron es para golpear al partido que los cobijó. Eso sí me daría vergüenza.

En eso tiene razón, yo lamento que en el tema de violencia de género y una Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género no sepa diferenciar las capacidades de las mujeres, que nos ha costado mucho trabajo participar en la política, a ella misma le ha costado trabajo.

No me ofende, no me lastima. Me lastima todavía más lo que pasa en este país. Me lastima que haya un “Mamá Rosa”, que no haya sido resuelto; que estén ahí 400 niños, y que la Procuraduría General de la República con tres o cuatro procuradores no haya resuelto en dónde están esos niños, y quién los atiende.

Me lastima que no se haya modificado la ley de trata, porque evidentemente prefirieron las componendas políticas con las personas incorrectas.

Me lastima que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto no tenga el valor y la estatura de haber atendido estos problemas. Eso sí me da vergüenza, eso sí me duele.

Porque lo ofensa personal, miren, se sacude como el lodo, a mí no me preocupa, en mi vida política he enfrentado eso y mucho otro, como hoy está enfrentando Ricardo este tema.

No es eso lo que puede lastimarle al pueblo de México, a los mexicanos y a las mexicanas nos lastima que haya una procuraduría que esté más preocupada por temas electorales, que por procuración de justicia.

A los mexicanos y a las mexicanas no les lastima si fue una persona o no en la Mesa Directiva, nos lastima que haya 42 desaparecidos y que hoy no tengamos respuesta.

A las mexicanas y a los mexicanos nos lastima mucho que haya una enorme falta de sensibilidad de las autoridades y del gobierno federal para asumir del compromiso de la seguridad pública.

A las mexicanas y a los mexicanos y a mí me lastima que tuviéramos que aprobar aquí, con la mayoría del PRI, una Ley de Seguridad Interior para evadir la responsabilidad de los gobernadores del PRI que se vincularon con la delincuencia organizada, que tienen hoy procesos en Estados Unidos, que han sido extraditados, y que evidentemente no se resolvió nada, eso sí me lastima.

Me lastima que haya una componenda con otro partido político con tal de no dejar el poder y hacer sus negocios.

Eso, eso sí me lastima, y eso le lastima más a las mexicanas y a los mexicanos.

Enrique Peña, reitero, no supo gobernar, porque quienes lo acompañaron tampoco supieron hacerlo, porque hoy, a toda costa, quieren quedarse con el poder, porque hoy, como sea y a como dé lugar quieren hacer de este país lo que han hecho en seis años.

Señores, la elección es el 1 de julio, y no está en juego si cualquiera de los que pasamos aquí a tribuna somos uno u otro, nosotros tenemos cargos prestados, pero a veces se nos olvida, porque en este Senado hubo quienes presidieron la Mesa Directiva y cuya estatura dejó mucho que desear, cuya calidad moral dejó mucho que desear.

Ahí tenemos la estatura, como la mide el PRI, la mide si es de apellido Beltrones o de apellido Gamboa o de apellidos distintos que van en las candidaturas a las diputaciones.

Pregúntense señores del PRI, quiénes les está dando la vuelta a los priistas, el pueblo de México se los dio.

Los ciudadanos y ciudadanas mexicanas fueron quienes les dieron la vuelta, ¿y saben por que? Porque no confían en el PRI, porque saben perfectamente que hoy están ustedes derrotados ante su ambición desmedida de enriquecerse a costa de todos; a costa de quienes más lo necesitan, y es lamentable que prefieran que llegue una persona y hacer acuerdo con una persona que por más que lo niegue hay evidencias que están haciendo acuerdo con una persona, candidato de Morena, prefieren eso, a costa del desastre del país, que entender que son los ciudadanos libres los que pueden y deben cambiar este país.

Señores Senadores y Senadoras, que me antecedieron en la palabra: Les reitero, no me lastima, no me lastima, querida Diva, no me lastima, al contrario, tú tienes mi respeto, tienes mi reconocimiento; lo que no tienes, creo, es la idea, la idea clara de que cuando se defienden las posiciones políticas no tienes que ofender ni lastimar a nadie para subirte a esta tribuna y decir lo que quieres.

Muchas gracias a todos.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Dávila Fernández.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra nuestra compañera Diputada Cristina Gaytán.

Permítame un segundo, Diputada Gaytán, por favor.

Sonido en el escaño del Senador Tapia, por favor.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente solicitarle una moción, y que nos enfoquemos en el tema que fue presentado por mí y por mi grupo parlamentario conforme al punto de Acuerdo. Porque se ha desvirtuado y se han tocado temas de otra índole que no tienen nada que ver con la discusión original y el punto de Acuerdo que fue presentado ante esta Soberanía.

Sería cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Se registra su moción de referirse al tema, y se ha abierto el capítulo para rectificación de hechos, y hay todavía dos oradoras, la Diputada Gaytán, que está en la tribuna y, finalmente, la Senadora Angélica de la Peña.

Después procederemos a votar una propuesta del Senador Héctor Flores e inmediatamente después votaremos el punto de Acuerdo que usted presentó en esta tribuna al inicio de la discusión que hoy nos ocupa todavía.

Por favor, Diputada Gaytán, tiene usted la palabra.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Gracias, señor Presidente.

Estoy de acuerdo con usted, Senadora, que pida respeto.

Desafortunadamente yo no la vi actuar con respeto, cuando participó mi compañera. Claro, eso no justifica que yo haya externado mi opinión y que usted también haya sentido que le falté al respeto, le pido una disculpa por ello.

Pero hay cuestiones indefendibles, hay cuestiones indefendibles, y quiero decirlo aquí, claro, porque es lo que las mexicanas y los mexicanos vemos todos los días; porque hay buenos priístas, trabajando en la calle, por querer sacar un voto; porque hay buenos priístas que supieron hacer su trabajo en la administración pública, y eso lo reconocemos.

Pero también es cierto que su candidato se cayó, y su candidato se cayó porque Enrique Peña Nieto eligió un candidato que quizás sea un buen hombre, y yo he oído muchas voces que han dicho que ha sido un buen hombre, pero no pudo remontar el desprestigio, el desastre que dejó Enrique Peña Nieto. Y eso le está costando en la calle a los militantes del PRI defenderlo. Eso nadie lo puede decir.

Y hay cosas que sí me duelen, y yo les quisiera decir, me duele la herencia de Andrés Manuel en esta campaña. Me duele el pleito que se ha convertido no en político sino en personal, la descalificación, la agresión, el que esta agresión se dé entre quienes antes éramos compañeros, camaradas, amigos, entre quienes éramos iguales en algunas causas, pero también en quienes éramos diversos, porque varias personas aquí, que yo conozco, para mí han sido referente de lucha y de trabajo en varios referentes, en varios ejes en este país, y lamento que la ambición y el pacto de impunidad, que yo sí estoy convencida, existe, entre un sector corrupto, de diferentes partidos y Andrés Manuel nos esté llevando a esto.

Lamento que esta discusión, el día de hoy se haya convertido en una discusión entre mujeres, que nos unen muchas causas, porque hemos dado batallas juntas, por defender los derechos de las mujeres, por defender que estos espacios, no se han cuestionado el que las mujeres lleguemos a estos espacios y que se ha convertido también esto como se ha convertido la campaña de Andrés Manuel, en una conversión de mujeres y hombres críticos, en arengadores de un mesías, que no sabemos a quién le va a responder, además.

Y, lamento, finalmente, que todo ese trabajo que hemos realizado desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, desde diferentes frentes, porque la lucha de las mujeres sea visibilizada, se sepulte con comentarios, que son absolutamente contrarios a la sororidad. Eso me duele muchísimo más que los que se puedan venir a decir aquí, de cualquier candidato a la Presidencia de la República, compañera Senadora.

Lamento, lamento. . .

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Sonido en el escaño de la Senadora.

No se permiten los diálogos personales.

Las podemos anotar para alusiones personales, vamos a conducir la sesión.

Quiero permitirle a la Diputada Cristina, que termine su intervención, como todas y todos han terminado su intervención.

Vamos a permitirle a la Diputada Cristina que concluya y con todo gusto las anotamos para alusiones personales.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Para una moción, en su calidad de Presidenta.

Yo quiero pedirle que reconvenga a la oradora, que no lleve un debate a un tema de mujeres.

No se vale, usted es Presidenta, y es mujer, somos las primeras que no podemos permitir esto. Porque ya la misoginia la hemos liberado, las políticas, las Diputadas, las Senadores. En su calidad de Presidenta, que reconvenga, que no lleve esta discusión a un terreno que es ajeno.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Senadora, todas y todos en su momento, en su tiempo y en su espacio han hablado de lo que han deseado ustedes expresar, vamos a permitirle a la Diputada Cristina Gaytán, concluya su intervención, por favor, y con todo gusto se anotan por alusiones personales.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Gracias, señora Presidenta.

Por eso hay que ser responsable cuando se sube a esta tribuna, para que cuando uno diga las cosas, las pueda sostener y no pueda tratar de buscarle la vuelta.

Finalmente, voy al tema, lo que nos trajo a esta discusión es el Acuerdo por el que buscamos que la Procuraduría informe cuáles son estas investigaciones que están en camino.

Nosotros, como grupo parlamentario del PRD, estamos absolutamente a favor, y yo les diría, compañeras y compañeros Diputados, particularmente, compañeras y compañeros Diputados, la vida política de este país no se acaba en el próximo 1 de julio, seguramente se definirán muchísimas cosas en el país, pero nosotros, afortunadamente, y nosotras vamos a seguir encontrándonos en las causas, en las luchas, en las batallas, porque si estamos del lado del país, nos vamos a seguir encontrando, estoy convencida de todo ello.

Ojalá y el debate del día de hoy en la Comisión Permanente, pero los debates que sigan, podamos hacer uso de esa congruencia, de ese oficio político y busquemos de verdad lo mejor para el país, eso es lo que ayuda. Lo que no ayuda es venirnos a confrontar, a descalificar y a, desafortunadamente, echar por la borda muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo para permitir que las compañeras y los compañeros con los méritos que tengan, puedan querer llegar a un espacio, puedan ser apoyados por sus diferentes grupos parlamentarios .

Yo lo que les pediría es que no convirtamos, compañeras y compañeros en lo que siempre dicen de las discusiones entre mujeres, porque nosotras tenemos muchas posibilidades de ponernos de acuerdo en muchas cosas y lo hemos logrado, y por cierto, no hemos sido las mujeres las que los hemos detenido, sino otras mayorías, hemos hecho eso posible y creo que ayudaría mucho al país, que nosotras que lo hemos demostrado abonemos a que el clima político en esta Comisión Permanente sea otro.

Es cuanto.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Cristina Gaytán.

Para alusiones personales, tiene la palabra, la Senadora Diva Gastélum.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Estoy haciendo lo que me choca hacer, subir y bajar, subir y bajar, pero lo voy a hacer, primero porque, primero tengo muchos años de parlamentaria y creo que sí sé a qué estoy porque uso la tribuna; segundo, soy una defensora de los derechos de las mujeres, no de bandera, de resultados, no de bandera, o sea no me tiro así.

Y sí quiero aclarar algo, cuando yo llegué al Senado de la República me encontré con una vieja amiga mía, Angélica de la Peña, luego conocía a Adriana y a Pilar Ortega, con quien generé una alianza para muchos acuerdos y la palabra que yo usé aquí, tan responsable soy, es en el contexto de lo que había en este momento, todo un relajo y demás.

Yo tengo una relación con Adriana no política, es de amistad y no van a descontextualizar, y me hago responsable si hubo una ofensa o algo, pido disculpa, no tengo problema, pero no van a descontextualizar, hacerme picadillo a mí, pues este cuerpo está muy grande para hacerlo picadillo, no lo van a hacer, porque están buscando la rendija exactamente para ofender, no lo van a lograr.

Adriana, yo te pido una disculpa, si en el contexto de lo que había en este momento, de lo que había en este momento, todo un relajamiento y la llamada de atención que hacía el Presidente de la Mesa, usé esas palabras, por supuesto que no, yo seguiré luchando y lucho por el tema de las mujeres de verdad, conmigo te une una amistad, este debate se acaba hoy, las elecciones las vamos a ganar el 1 de julio y la amistad y la política va mucho más allá.

Esa es la generosidad de los parlamentos, no agarrar pleitos personales y venir aquí pensando con las vísceras, por cierto, yo no tengo vesícula, por eso no tengo ese problema, pensar con las vísceras es muy difícil, porque hacen un problema grande donde no lo hay.

Una disculpa si en el contexto del debate hubo esas palabras, yo tengo aliadas con las que he trabajado y mucho hemos alcanzado, gracias a Angélica de la Peña, gracias a Adriana en el tema de trata que tanto luchamos, Pilar Ortega y no van a hacer un pleito de mujeres, porque si eso quieren hacerlo ver, como un pleito de mujeres, no lo van a conseguir.

Les recuerdo que quien presentó el punto de Acuerdo fue un varón y fue José María Tapia, es hombre, no es un debate solamente entre mujeres.

Una disculpa y, por supuesto que seguiré luchando por lo que creo, que son las mujeres, con todo el respeto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Tiene la palabra para rectificación de hechos, la compañera Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve.

Creo que me gustó mucho la intervención de Diva, ciertamente tenemos que tener cuidado.

El calor de una discusión de este tipo tiene que ver con el calor que hay en la contienda, esa es la verdad. Nadie puede dudar que estamos en un debate que refleja lo que estamos viviendo todos los días en las calles, en los distritos, en los municipios, y la contienda por la Presidencia de la República no es cualquier cosa.

Y, por supuesto que hay distintas situaciones que nos obligan a dar discusiones intensas desde el ámbito parlamentario, y cada quien defendiendo lo que cree, cada quien defendiendo a quien está impulsando en esta competencia por la Presidencia de la República, y quienes hemos venido aquí a defender a Ricardo Anaya, pues lo vamos a seguir defendiendo y no nos hemos opuesto a que este punto de Acuerdo, presentado por el Senador José María Tapia, se apruebe en sus términos mínimamente, porque no hubo manera de agregar algo más.

Pero sí quiero decir que nosotros deberíamos estar pensando en que también cuidemos, estamos hablando, como dice el punto de Acuerdo, solicitar a la PGR sobre distintas indagatorias no estamos hablando de una sentencia, ni siquiera hay una carpeta de investigación que ya esté cursada hacia el juez, que esté esperando sentencia, o sea, tengamos mucho cuidado también con el lenguaje que utilizamos aquí, porque lo que está viendo el Canal del Congreso, lo que está viendo la ciudadanía, la sociedad, el pueblo, a través de los medios de comunicación, es de que pareciera que aquí ya se está juzgando a Ricardo Anaya, y me parece que eso no es así.

Lo que hemos señalado es que nos parece que este asunto tenga una relevancia tal que motive un apresuramiento de parte de la PGR para orientar de manera expedita que la SEIDO ya intervenga e investigue. Lo que decimos: “bueno y qué pasó con todos estos casos que son de un gran impacto para nuestra sociedad”.

¿Por qué no hay esa celeridad?

¿Por qué no se actúa de manera expedita y con ese rigor de exigencia?

Eso es lo que estamos diciendo aquí, eso es lo que tenemos que resaltar.

Yo quisiera, y con esto termino, decirles que pensemos en el 2 de julio.

Acá, de este lado, nos ven y aquí estamos nosotros el PAN, el PRD, peleándonos con el PRI, con el Verde que también tomó la palabra, pero aquí los compañeros de Morena se abstienen, nada más nos observan.

Sabemos que esa es una posición política también.

Pero, miren, aquí no es quién va a ganar, si vamos en primero o en segundo, o en tercer lugar, eso lo va a decidir el electorado el 1 de julio.

Nosotros deberíamos de estar pensando en el país, en vindicar a la política y dejar usar esos términos, y con todo respeto lo digo, de que ya está tocado, deslegitimado, este tipo de cosas sí se oyen feo, se oyen mal, indiciado, perdón.

Pero en la Constitución, en 2008, por cierto hoy también es el aniversario de otra gran reforma en materia de derechos humanos, no se puede ver una sin la otra, todas las personas son inocentes hasta que se de muestra lo contrario y, por supuesto, hay derechos políticos reconocidos en el 1o. de la Constitución, y mientras que no haya nada que lo impide, la competencia es totalmente legal.

Mientras que no haya una decisión judicial que diga lo contrario, Ricardo Anaya compite, entra a la competición por la Presidencia de la República con todas las de la ley.

Nos vemos el 1 de julio.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se ha agotado la lista de oradores.

Le solicito, para terminar con este punto, antes de proceder a votar el punto de Acuerdo que presentó el Senador Tapia, le solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición que ha presentado el compañero Senador Héctor Flores e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del Senador Flores Ávalos se admite a discusión.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Claro, señor Presidente. Doy lectura.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: No se admite la propuesta de nuestro compañero Senador Héctor Flores Ávalos.

Está agotada la lista de oradores.

Señor Secretario, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo que fue presentado en este Pleno por el Senador José María Tapia Franco.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Flores Ávalos.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nada más es para dejar constancia que aún y cuando el grupo parlamentario del PAN votó a favor de iniciar la discusión en urgente y obvia, como se solicitó, en esta ocasión votamos en contra en la medida en la que no fue posible que nos acompañaran en la ampliación de su punto de Acuerdo que realmente reflejaría, nos parece, la preocupación que se está buscando dilucidar, para que conste en el Diario de los Debates.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Queda registrada su propuesta de adición en el Diario de los Debates, Senador. Gracias a usted.






Estamos por concluir la sesión, les ruego su atención para hacer de su conocimiento que en la reunión de esta mañana de la Mesa Directiva, nos mereció la atención una vez más los hechos de violencia contra candidatas y candidatos que contienden en el proceso electoral, a partir de estos acontecimientos se acordó emitir un pronunciamiento de la Mesa Directiva para rechazar la violencia política.

Con su anuencia, daré lectura al pronunciamiento suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva.

PRONUNCIAMIENTO








Finalmente, los asuntos relacionados con los trámites que se dará a todas las iniciativas y todos los puntos de Acuerdo que no fueron atendidos el día de hoy, los turnos serán publicados en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94 Y 103 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y EQUIS: Justicia para las Mujeres, presentaron el informe “51% Una agenda para la igualdad”, que “explora las barreras que enfrentan las mujeres en México en seis temas fundamentales”1:

• Maternidad forzada;

• Criminalización de Mujeres por aborto y relacionadas con drogas;

• Acceso a la Justicia;

• Violencia Obstétrica y Muerte Materna;

• Seguridad social, conciliación y derechos laborales; y,

• Democracia paritaria.

El referido informe indica que en “México, no necesitamos inventar más políticas “rosas” o instituciones nuevas. Necesitamos asegurar que los mecanismos existentes funcionan y que los derechos plasmados en el ordenamiento jurídico se garanticen. Necesitamos procesos de diseño de políticas públicas que incluya la voz de las mujeres, especialmente la de quienes han vivido violencia y mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación que permitan conocer si los programas están funcionando”2, por lo que plantean, es indispensable realizar cambios “para alcanzar la igualdad de género y, con eso, contar con una sociedad más justa y democrática”.

Así, respecto al Acceso a la Justicia, las organizaciones señalan que, a pesar de la inversión de gran cantidad de recursos para crear mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar la violencia de género, “las mujeres enfrentan procesos lentos, largos e ineficientes para acceder a la justicia, que involucran a policías, ministerios públicos y jueces que operan con base en prejuicios y que fallan sistemáticamente en incorporar la perspectiva de género a su trabajo”3.

La situación, y el acceso a la justicia, por parte de las mujeres resulta alarmante: “De los más de 40 millones de mujeres que hay en México, 66.1% ha enfrentado algún tipo de violencia [...]. Sin embargo, cada año sólo se presentan 150 mil denuncias por violencia de género, de las cuales, 11% resultan en investigaciones por parte del Ministerio Público. De éstas únicamente 2.4% reciben sentencias condenatorias”4.

Lo anterior deriva de “un sistema que [...] revictimiza [a las mujeres], les impone obstáculos y condiciones arbitrarias y las somete a procedimientos tardados y complejos”5. Además, existe un restringido acceso a las sentencias, que impide “evaluar si las medidas [...] [adoptadas por el Poder Judicial] están dando resultados”6; de las “pocas sentencias que sí son públicas, la mejora no es tan evidente”7.

Por ello, señalan que la actual redacción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, debe ser modificada, a fin de “[e]stablecer la obligación de los poderes judiciales de publicar todas las sentencias que hayan causado estado, tanto en sus portales de transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia, además de divulgar las sentencias que puedan considerarse relevantes”, pues, la redacción actual propicia que “los poderes judiciales locales publican poco a nada de las sentencias que emiten”, por lo que “es indispensable que divulguen de manera oportuna, completa, actualizada y accesible, todas las sentencias que emiten para que la ciudadanía pueda observar los criterios interpretativos que se aplican en los casos que involucran derechos de las mujeres y supervisar de manera eficaz e independiente la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia”.

Aunado a lo anterior, en 2014, al participar en el Foro de Diálogo “El Código Nacional de Procedimientos Penales y la propuesta de Código Penal Único: un análisis desde la perspectiva de género”, diversas organizaciones de la sociedad civil calificaron al Código Nacional de Procedimientos Penales como “insuficiente para juzgar con perspectiva de género”8. Así, José Antonio Caballero Juárez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, señaló que “la principal deficiencia del Código Nacional está en su implementación, ya que no establece ninguna medida para que las y los funcionarios del sistema de justicia estén obligados a respetar las garantías de las mujeres”9. Lo anterior provoca que “los agentes del Ministerio Público cuestionan el testimonio de la víctima, se niegan a recibir denuncias por supuesta falta de pruebas y no llevan a cabo investigaciones con perspectiva de género”10.

Además, Caballero Juárez apuntó que, “es importante que las y los jueces tengan un enfoque de género, más allá de lo que dicte la norma penal, ya que esto asegurará que en cada caso se evalúe la situación de vulnerabilidad de la víctima o la imputada para que la sentencia respete sus [derechos humanos]”11.

Lo anterior ha sido evidente, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, el 29 de abril de 2016, una tesis de jurisprudencia, que, justamente, establece elementos para juzgar con perspectiva de género12:

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

No obstante lo anterior, resulta indispensable, adecuar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer la obligación, tanto a juzgadores, como al Ministerio Público, para que su actuación se dé con base en una perspectiva de género.

Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

PRIMERO.- Se reforma la fracción II, del artículo 73, de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 73. [...]:

I. [...];

II. Las versiones públicas de las sentencias que hayan causado estado, tanto en sus portales de transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia, y divulgar aquellas que puedan considerarse relevantes o trascendentales;

III. … V.

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 10, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley

Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, deben hacerlo con base en una perspectiva de género, ello implica que el Ministerio Público debe, aún cuando las partes no lo soliciten, incorporar la perspectiva de género para la debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación y procesos judiciales, así como en los servicios periciales, eliminar cualquier estereotipo o prejuicio de género, proporcionar orientación, asesoría, mecanismos de acceso a la justicia sencillos y dictar las medidas necesarias para la eficaz atención y protección durante el desarrollo del procedimiento penal, ello requiere la elaboración de criterios, mecanismos y políticas públicas, que incluyan la participación de mujeres, especialmente de quienes han vivido violencia, a fin de garantizar una actuación del Ministerio Público con perspectiva de género; y, que el Órgano jurisdiccional debe, aún cuando las partes no lo soliciten, verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el Órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

[...].

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas deberán homologar sus respectivos ordenamientos jurídicos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 “Una agenda para la igualdad. Somos 51%”, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Disponible en: https://gire.org.mx/limon/una-agenda-para-la-igualdad/ (consultado el 4 de junio de 2018).

2 “Una agenda para la igualdad”, Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y EQUIS: Justicia para las Mujeres, p. 5. Disponible en:
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/51-Una-agenda-para-la-igualdad.pdf (consultado el 4 de junio de 2018).

3 Ibid., p. 16.

4 Ídem.

5 Ibid., p. 17.

6 Ibid., p. 18.

7 Ídem.

8 “Deficiente en perspectiva de género el Código Penal Único”, Cimac Noticias, Disponible en:
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/68401 (consultado el 4 de junio de 2018).

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 836.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la Republica, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, EN MATERIA DE NEFROLOGÍA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La palabra nefrología proviene del griego (nephrós), que significa riñón, y del sufijo-logía (estudio, tratado). Es una especialidad médica de la rama de medicina interna la cual se especializa en los órganos de la función renal.1

Algunos de los trastornos que le competen a la nefrología son la insuficiencia renal (crónica o aguda), hematuria, proteinuria (pérdida de proteínas por la orina), piedras en el riñón, cáncer de riñón, desórdenes nefríticos o nefróticos, casos de sustitución renal, entre otros. Por ello el médico especialista en la nefrología recibe el nombre de nefrólogo.

En la actualidad encontramos que comúnmente la nefrología se confunde con la urología debido a la similitud que suele existir entre ambas ramas de la medicina, sin embargo la urología se especializa en el sistema urinario masculino y la nefrología abarca mucho más campo anatómico en donde se realizan y verifican los procesos que conducen a la función renal.2

Aunado a ello la nefrología no es una disciplina quirúrgica como la urología, es decir, esta se encarga del diagnóstico y control de los sistémicos (según el diagnóstico) y los combate con los tratamientos correspondientes.

En este orden de ideas la nefrología trabaja de manera conjunta con la urología, esto es si un paciente necesita un trasplante de riñón, será el urólogo quien realice el procedimiento quirúrgico y el nefrólogo será el encargado de realizar la planificación correspondiente desde encontrar al donante adecuado hasta el seguimiento postoperatorio que se deberá de proporcionar.

Como en cualquier otra especialidad de la medicina, hay patologías muy diversas que tratar. En el caso de la nefrología, estas son algunas de las más frecuentes:3

• Insuficiencia renal aguda o crónica.

• Infecciones del tracto urinario puntuales o recurrentes.

• Cálculos en el riñón.

• Hematuria, que es la pérdida de sangre por la orina.

• Síndrome nefrótico.

• Seguimiento de pacientes en terapias de sustitución renal (esto es a través de la realización de diálisis).

• Seguimiento de pacientes en espera de trasplante renal o ya trasplantados.

Bajo esta tesitura la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se debe mayormente a un control inadecuado de las enfermedades crónicas más prevalentes en el país tales como la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad, los cuales se convierten en principales factores de riesgo para su desarrollo.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Fundación Mexicana del Riñón existen actualmente en México 8.3 millones de personas con Insuficiencia Renal Crónica en sus estadios tempranos, 102,000 personas con Insuficiencia Renal Crónica y cerca de 60,000 personas con tratamiento sustitutivo de la función renal (ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis) y un número alto de enfermos, no llegan a recibir diálisis o trasplantarse. En otros países el promedio de enfermos renales oficialmente censados es del 0.1% de la población total.4

La Insuficiencia Renal Crónica es la 8ª causa de muerte en mujeres a nivel mundial, causando 600,000 fallecimientos por año.5

En México, la IRC es la 9ª causa de muerte, con 5,770 decesos reportados hasta el año 20166. Mientras que esta enfermedad afecta a 195 millones de mujeres a nivel mundial, en México no se cuenta aún con la cifra exacta de cuántas mujeres la padecen.

Al respecto la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología (SLANH) han llamado a prevenir la enfermedad renal y así como a mejorar las condiciones de acceso al tratamiento de la misma.7

Señalan que la enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Que la misma se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones la diálisis y el trasplante de riñón ya son altamente invasivas y costosas.

Según datos de la SLANH, en América Latina un promedio de 613 pacientes por millón de habitantes tuvo acceso hasta el año 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento para la sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos servicios es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200.

Debido a lo anterior la OPS y la SLANH están impulsando acciones para elevar la tasa de tratamiento de sustitución de la función renal hasta en 700 pacientes por millón de habitantes en cada país de Latinoamérica para el año 2019.

Es por ello y como parte de las acciones que todos y cada uno de los países deben realizar con la finalidad de atender dichas enfermedades, que el día de hoy presento esta Iniciativa cuyo objetivo es crear el Instituto Nacional de Nefrología en nuestro país para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al riñón.

Bajo este contexto en la actualidad contamos con distintos Institutos en México tales como: el Instituto de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias; el de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares; el de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor; el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso; y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano; entre otros.

Dichos Institutos de acuerdo con los instaurado por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se encargan principalmente de realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación de los afectados, así como para promover medidas de salud.8 (Artículo 6)

Asimismo, de formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje. Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de sus especialidades, entre muchas otras atribuciones no menos importantes. (Artículo 6)

Por lo que resulta necesario contar con un Instituto que se encargue de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales, así como de las demás patologías que se den dentro de la rama de la nefrología.

Bajo esta tesitura y de acuerdo con lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”9 que el día de hoy me permito someter a consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona la fracción V, recorriéndose las subsecuentes en su orden del Artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para quedar como sigue:

TÍTULO SEGUNDO

Organización de los Institutos Capítulo I
Funciones

ARTÍCULO 5. …

I. a la IV…

V. Instituto Nacional de Nefrología, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al riñón;

VI. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;

VI bis.- Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;
VII. Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;

VIII. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;

IX. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

X. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;

XI. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y

XII. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo

CUADRO COMPARATIVO
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN

TÍTULO SEGUNDO

Organización de los Institutos Capítulo I
Funciones

ARTÍCULO 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias;

II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares;

III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición;

IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;

IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;

V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;

V bis.- Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;

VI. Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;

 

 

 

VII. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;

VIII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;

 

 

 

 

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

IX. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;

X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y

XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

TÍTULO SEGUNDO

Organización de los Institutos Capítulo I
Funciones

ARTÍCULO 5. …

 

 

I. a la IV…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Instituto Nacional de Nefrología, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al riñón;

 

 

 

VI. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;

VI bis.- Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;

VII. Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;

VIII. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;

 

 

IX. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

 

 

X. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;

XI. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y

 

XII. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

1 http://conceptodefinicion.de/nefrologia/

2http://www.riojasalud.es/ciudadanos/catalogo-multimedia/302-nefrologia/3572-que-es-la-nefrologia?directory=100844

3 https://www.emagister.com/blog/las-funciones-medico-nefrologo/

4 http://www.probiomed.com.mx/divisiones/art-culos-de-alta-especialidad/insuficiencia-renal-cr-nica/
insuficiencia-renal-cr-nica/

5 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016.

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. 2016

7 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-
sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&catid=740%3Apress
-releases&Itemid=1926&lang=es

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_160218.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y José María Martínez Martínez)

Los que suscriben, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ y LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, Senadores de la LXIII Legislatura, Parlamentario sin grupo y Partido del Trabajo, por los Estados de Jalisco y Ciudad de México, respectivamente. Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someten a consideración del pleno de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UN DECIMOTERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER COMO IMPEDIMENTO PARA SER MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL HABER SIDO MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Separación de las funciones del Estado.

La esencia de un Estado Constitucional de Derecho radica en que todos los órganos del poder público están sometidos al orden jurídico, la limitación de sus poderes y el principio de supremacía constitucional, así como, en última instancia, como fuente de legitimidad, la defensa de los derechos humanos.

En las últimas tres décadas, el progresivo ensanchamiento de la división de poderes ha implicado la exigencia de correctivos institucionales para impedir que la influencia de decisiones subjetivas basadas en intereses particulares termine por invadir en ámbitos y atribuciones reservados al conocimiento objetivo y especializado, se ha hecho aún más significativa.

Frente a esto, se tiene una teoría clásica de la división de poderes que actualmente no se concibe con la misma rigidez porque ha sido superada por una realidad distinta de los sistemas.

Basta destacar que en 1993 hubo un punto de inflexión en la dinámica de los poderes públicos de México. Las funciones estatales clásicas asentadas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sufrieron una importante alteración con el advenimiento de funciones emergentes que dieron una nueva orientación a nuestro sistema de división de poderes.

Por lo que hace al caso de México, la Constitución Política prevé un título específico que regula las bases y composición de los órganos del estado al que en su conjunto denomina Supremo Poder de la Federación, cuyo ejercicio de divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las funciones de un Poder no pueden ser entorpecidas por otro de los Poderes a los que se les otorgue una atribución que tenga injerencia en aquél, como es la de designar a los titulares de sus órganos.

Además, ha determinado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita el funcionamiento del poder público bajo el principio de preservación de la regularidad en el ejercicio de las funciones, lo que implica que los actos llevados a cabo por las autoridades en ejercicio de su competencia y que repercutan en la integración y funcionamiento de los órganos del Estado deben sujetarse a la no afectación de su desempeño regular.1 Esta premisa resulta fundamental para la iniciativa que en este documento se presenta.

En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que uno de los objetivos de la separación de poderes es, precisamente, la garantía de la independencia judicial, para lo cual, los diferentes sistemas políticos han diseñado procedimientos estrictos, tanto para el nombramiento como para la destitución de las y los juzgadores.2

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia del Poder Judicial y su clara separación de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo.3

Si bien, la recomendación internacional y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfocan en la conservación de la independencia en el ejercicio de funciones, el diseño constitucional y legal mexicano permite una interacción dinámica y conjunta entre poderes.

Tal es el caso de la intervención para efectos de designaciones y revisión de resultados electorales, pues en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participan de manera directa, el Titular del Ejecutivo y la Cámara de Senadores, mientras que en la elección del presidente, es fundamental la actuación del Poder Judicial por conducto del Tribunal Electoral, cuyos magistrados son designados en un procedimiento seguido ante la Corte y el Senado, para ilustrar mejor esta dinámica véase el siguiente cuadro.

Relación de participación de los poderes en los procesos de nombramiento y designación.

Legislativo (Senado)

Ministros de la SCJN- a propuesta del Ejecutivo.

Magistrados del TEPJF- a propuesta de la SCJN

Ejecutivo

Ministros de la SCNJ

Judicial

Calificación de elección presidencial y cámaras del congreso

En este orden de ideas y atendiendo a la materia de esta iniciativa es necesario tener detalle del procedimiento y requisitos establecidos en el marco legal y constitucional aplicables a la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De los requisitos.

Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución establece que se necesita:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

• Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

• Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

• Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

• No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Del procedimiento de designación.

En el nombramiento interviene el Presidente de la República quien por disposición constitucional tiene el deber de integrar una terna y someterla a la consideración del Senado.

Una vez recibida la terna, dicho órgano legislativo, la turna a la comisión competente, que será encargada de analizar los requisitos y citar a comparecer de las personas propuestas por el titular del Ejecutivo.

La Comisión encargada de analizar los perfiles, deberá emitir un dictamen y turnarlo al pleno de la Cámara de Senadores, a efecto de que por mayoría calificada de dos terceras partes de los votos emitidos por los miembros presentes del Senado y en un plazo improrrogable plazo de treinta días, sea cubierta la vacante.

El mecanismo constitucional de designación establece que en caso de que el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Y si Cámara rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Relevancia del encargo de Magistrado Electoral de la Sala Superior.

En las últimas décadas, el encargo de una magistratura electoral ha cobrado cada vez mayor peso. A partir de la incorporación en el año 1996 del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, hemos sido testigos del papel trascendental que, en nuestra joven democracia mexicana, tienen las personas que han ostentado tal encargo.

Con mayor relevancia, nuestra atención se ha dirigido a aquellas que han conformado las hasta ahora tres integraciones de la Sala Superior, ello desde luego, por ser ésta la instancia terminal del Tribunal Electoral que resuelve, en forma definitiva e inatacable, conforme a lo previsto en los artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Federal; 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 4 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos -en única instancia-, Senadores y Diputados Federales -en segunda instancia-.

Asimismo, porque en su jurisdicción también lo está, como segunda instancia, la decisión final sobre la calificación del cargo de Gobernador, en incluso, en acotados supuestos, aquellas que se relacionen con Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como Presidencias Municipales, a través del llamado Recurso de Reconsideración.

La Sala Superior está integrada por siete magistraturas que duran en su encargo nueve años improrrogables y que son elegidas de forma escalonada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Dada la trascendencia de este tipo de Magistraturas, la Constitución mandata que la persona que la ocupe, debe satisfacer, al menos, los mismos requisitos que se necesitan para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es más, por cuanto ve al pago de remuneraciones, en términos del “Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de este año, se advierte que, tanto los sueldos y salarios mensuales, como las prestaciones presupuestadas anualmente con concepto de aguinaldo, prima vacacional, pago por riesgo y asignación adicional neto, son casi similares entre los Ministros de la Corte y los Magistrados de la Sala Superior, tal y como se destaca a continuación:

Cargo

Sueldos y salario mensuales

Aguinaldo y prima vacacional

Pago por riesgo y asignación adicional

Ministro 1*

$269,215

$444,380

$554,595

Magistrado 1*

264,030

444,380

552,848

Ministro 2

159,282

303,456

523,860

Magistrado 2

151,491

294,122

535,979

*De conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional.

La trascendencia de la Sala Superior como órgano terminal del Poder Judicial de la Federación es reconocida por la propia Carta Magna, al establecer en su artículo 99, primer párrafo, que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado de dicho poder.

Por lo que, en México, podemos identificar de forma clara, dos jurisdicciones conclusivas: aquella que detenta la Suprema Corte y aquella que ostenta la Sala Superior, sin que, por la forma de designación entre sus integrantes o la temporalidad del encargo, pueda considerarse que la jurisdiccional electoral y constitucional de la Sala tenga un menor rango o preponderancia que la ordinaria y constitucional de la Corte.

De ahí que se espere un papel digno de los Magistrados Electorales, pues con la toma de sus decisiones se define el destino de todo el pueblo mexicano, por lo que, enérgicamente, les sea exigible que, en sus resoluciones, garanticen la protección de los derechos humanos y conserven el Estado Constitucional y democrático de Derecho, bajo una actuación totalmente objetiva, profesional, imparcial e independiente.

La imparcialidad, objetividad e independencia de la función Jurisdiccional.

La propuesta de iniciativa tiene por objeto establecer como impedimento para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haber sido Magistrada o Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito que quienes califiquen la elección y hagan la declaración de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos realicen su función constitucional con imparcialidad, objetividad e independencia, y con ello rechazar cualquier presión externa, bajo la expectativa de acceder al referido cargo jurisdiccional.

En ese sentido, se busca que quienes se encuentran investidos de una Magistratura Electoral actúen bajo el principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.

Las Magistradas y Magistrados Electorales deben ejercer su función a partir del Derecho y de las circunstancias fácticas que se ponen a su consideración y no a partir de presiones o intereses extraños a dichos juzgadores, así como las que deriven de su modo personal de pensar, sentir o afinidades políticas, sociales o económicas.

Del mismo modo, el actuar de las Juzgadoras y Juzgadores Electorales en ejercicio de la función jurisdiccional deberá ser objetiva y acorde a las condiciones del marco jurídico respecto de las cuales debe resolverse cualquier caso, es decir, los presupuestos de las normas jurídicas, principios y leyes que deben ser aplicadas al analizar un caso y resolverlo. Lo que Pedro Sagües señala como control judicial de carácter objetivado, está basado como discurso jurídico sometido a reglas preexistentes de verificación que la condicionan; por cierto, contrario al control político, de índole subjetiva y basada sustancialmente en razones de oportunidad.

En este sentido, el actuar de las Magistradas y Magistrados Electorales, como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, -órgano terminal de la jurisdicción electoral-, son juzgadoras y juzgadores constitucionales que deben enfocarse a la obtención del fin último perseguido por la normatividad electoral a fin de salvaguardar el orden constitucional de la elección presidencial.

Sin embargo, en atención a la función constitucional tan importante que recae a las Magistradas y Magistrados Electorales, como lo es la calificación de la elección presidencial y la declaración de Presidente electo del Estado Mexicano, pueden existir presiones o intereses extraños sobre las juzgadoras y juzgadores, que como personas corren el riesgo de ser persuadidos por el poder, la expectativa de ser postulados a Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el celo profesional.

Bajo esta idea, se debe tener en cuenta que para una administración de justicia constitucional, la cual se realizara a través de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procura que se sean llamadas o convocadas las personas con conocimientos específicos para desempeñar las funciones del Alto Tribunal Constitucional de la Federación, para ello, son evaluados a mediante concursos, capacidad intelectual o de índole académica, así como cuestiones de probidad y ética en el cumplimiento de deberes jurisdiccionales.

Aunado a lo anterior, para el ejercicio de la función jurisdiccional, también debe considerarse que las personas que aspiran a ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son personas físicas que no se pueden abstraer del contexto social, cultural o económica, toda vez que viven dentro de un conglomerado social y por tanto son sujetos de derechos, intereses, con relaciones humanas, sociales, familiares, académicas, o cualquier situación de vida personal, que debe ser ponderada para establecer la idoneidad para su designación.

En vistas a ello, debe procurarse oportunamente aclarar los límites objetivos, a efecto de no perder lo ya alcanzado, como es la independencia de la función judicial, respecto de las funciones Ejecutiva o Legislativa del Estado, circunstancia que debe regir para los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral de cara a su gran poder y al desarrollo autónomo de su jurisdicción que hoy en día reviste de especial importancia y la confianza pública en el Tribunal juega un papel central.

Bajo esas circunstancias, el temor es que a causa de las facultades del Tribunal Electoral la política se acondicionara a la justicia electoral y esa justicia se tornara política, pasando a una condición de conveniencia política -subjetivismo, oportunismo e intereses personales, más que democráticos-, que corrompería la imagen de la institución que representa el Tribunal Electoral.

De esta forma, la actuación de las personas investidas de la función jurisdiccional en general, así como las sentencias y resoluciones judiciales, en lo particular, no pueden ser fruto de la emoción popular, y mucho menos de presiones o amenazas. Justamente por ello la propuesta de reforma a la Constitución Federal se preocupa por proteger a los jueces frente a presiones o imposiciones, para que puedan ser verdaderamente independientes en sus decisiones.

Por lo que las normas o mecanismos que se implementan en relación a la independencia del poder judicial como lo son, los métodos de selección y designación de juzgadoras y juzgadores en cualquier ámbito de competencia, garantías de inamovilidad, estímulos y ascensos, entre otras condiciones de la función jurisdiccional están hechas con la finalidad de salvaguardar a los jueces para que estén libres de presiones externas y sean independientes de toda autoridad, salvo la autoridad del Derecho -como lo propone Joseph Raz-, y que son esenciales para preservar el Estado Democrático de Derecho.

En este sentido, la Constitución Federal reconoce y declara la independencia e imparcialidad de las juezas y jueces en general y no sólo electorales; pero los gobiernos, partidos políticos o grupos de poder, se encargan de anularla ejerciendo sobre ellos, fuertes presiones o influencias políticas, económicas o exigencias culturales o expectativas profesionales que condicionan sus decisiones, y que serán retribuidas de alguna otra manera.

En consecuencia, el impedimento para ser Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber sido Magistrada o Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una situación de excepción razonable para su designación como funcionarios judiciales, no por incapacidad del órgano o del ejercicio de la profesión, sino por una incapacidad propia y personal de los personas que asumirán la calidad de Ministras o Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, la limitación subjetiva puede derivar de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad, por situaciones de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, con las que se puede vincular, lo que daría lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de la Magistrada o Magistrado Electoral que haya calificado la elección presidencial y que posteriormente pretendiera acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las ternas que proponga el Presidente de la República al Senado de la República.

Limitación legítima de un derecho.

Los derechos humanos no están exentos de limitaciones, si bien, no deben ser condicionados en cuanto su ejercicio, al no tener una naturaleza absoluta, están sujetos a ser restringidos o limitados, sin que ello les reste valor y relevancia. No obstante, tales restricciones o limitaciones al ejercicio de un determinado derecho básico, deben cumplir con ciertos parámetros y condiciones, así como estar justificadas y ser proporcionales, para que puedan considerarse como legítimas.

En el caso, la propuesta de reforma y adición a los artículos 95, fracción V y 99 de la Constitución Federal, no contiene una limitación al derecho humano de acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas de un país, que contravenga los parámetros de regularidad establecidos por el artículo 1° de la propia Constitución Federal, así como el párrafo 2, del artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los diversos 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lo anterior, si se toma en consideración que, la propuesta de incluir en el Pacto Federal una limitante para que toda aquella persona que haya ocupado una magistratura electoral de la Sala Superior, no pueda ser nombrada como Ministra o Ministro de la Suprema Corte, persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa: garantizar que los principios constitucionales de imparcialidad, objetividad e independencia que deben acompañar el actuar de todo juzgador, se observen.

Ello si se toma en cuenta que, en principio, tiene como objetivo constitucional, velar por la independencia judicial, para que quienes hayan calificado una elección presidencial, no pretendan ser postulados por el candidato que resulte ganador.

De igual manera, tiende a la vez, a dotar de mayor autoridad al cargo de Magistrado de la Sala Superior, evitando que sus integrantes descuiden su independencia externa para ser considerados por el Ejecutivo dentro de las ternas que éste propone al Senado de la República para designar a los Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que contribuye a blindar a la Sala Superior de presiones externas provenientes del Ejecutivo Federal que busquen que sus integrantes voten en un determinado sentido, bajo la promesa de ser postulados en una terna para ministros.

De ahí que se estime, la propuesta de limitar el acceso al cargo de Ministro de la Corte a toda aquella persona que haya calificado una elección presidencial, constituye una limitación razonable.

Por las razones fundadas y motivadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la iniciativa:

Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Iniciativa

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

IX. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

 

 

 

 

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley”.

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

IX. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que hayan integrado la Sala Superior, estarán impedidos para ser propuestos por el Presidente de la República, dentro de la terna de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sometida al Senado de la República

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley”.

De lo que antecede, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Decreto por el que se reforma el artículo 95, fracción V y se adiciona un decimotercer párrafo al artículo 99, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:

“Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

[…]

VI. No haber sido Secretario de Estado, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

[…]”

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[…]

Los Magistrados Electorales que hayan integrado la Sala Superior, estarán impedidos para ser propuestos por el Presidente de la República, dentro de la terna de candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sometida al Senado de la República.

[…]”

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.

1 Tesis aislada con rubro: ÓRGANOS PÚBLICOS. LA REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL. 2001145. 2a. LIII/2012 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Pág. 1352.

2 Caso Tribunal Constitucional vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 31 de enero de 2001, Serie C, no. 71.

3 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia del Poder Judicial y su clara separación de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DIVERSIFICACIÓN E IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una práctica nociva que se realizó reiteradamente a lo largo del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la aprobación ‘fast track’ de reformas constitucionales y legales de primera importancia por parte de la Cámara de Diputados y Senadores. Como un retorno a la época del partido hegemónico, el Poder Ejecutivo asumió un rol predominante por sobre los otros poderes del Estado y la voluntad del Presidente se acató sin mayores cuestionamientos. Las Cámaras legislativas, en muchas ocasiones, funcionaron como meras oficialías de partes de la Oficina de la Presidencia.

De los últimos tres mandatarios, y de acuerdo con datos recabados en 2015, el Congreso de la Unión aprobó 68 de las 81 propuestas enviadas por Vicente Fox, con un 83.9% de iniciativas respaldadas; 56 de las 63 iniciativas enviadas por Felipe Calderón, es decir, 88.8% de propuestas avaladas; y, 56 de las 69 iniciativas enviadas por Enrique Peña Nieto, un 81.5% de propuestas respaldadas1. En ese sentido, para 2018, “el Poder Ejecutivo [...] [ha sido el] iniciador de leyes más eficiente de la [LXIII] Legislatura: ha presentado 36 iniciativas, de las cuales 30 ya fueron aprobadas (83 por ciento), cinco están pendientes de dictaminar y sólo una ya fue desechada”2.

Algunos ejemplos del actuar irresponsable del Poder Legislativo: El 30 de noviembre de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que recién se había aprobado fast track horas antes en comisiones. El Pleno no tomó en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni de las 150 organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra. Ignoró, además, la opinión de organismos internacionales y de la propia ciudadanía.3

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2017, el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, nuevamente, sin tomar en consideración a las organizaciones de la sociedad civil ni a los organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales4. Como resultado, -y tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 20175-, contra la Ley de Seguridad Interior se presentaron “14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo”6, así como el “abierto rechazo por parte de organismos internacionales como la ONU y ahora la CIDH”7, haciendo de ésta la Ley “más impugnada en el país”8.

De igual manera, recientemente el Congreso de la Unión aprobó ‘al vapor’ la Ley General de Comunicación Social9 que, ante una omisión legislativa de más cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató al Congreso aprobar antes de la conclusión del segundo período ordinario de sesiones, del tercer año de la LXIII Legislatura. Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, en materia de publicidad oficial, diversas organizaciones de la sociedad civil10, académicos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos11, manifestaron su total rechazo a la Ley aprobada por el Congreso de la Unión, por atentar contra la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a saber, así como al ejercicio democrático de derechos y libertades12, por lo que se le consideró una “ley regresiva, una ley que seguirá vulnerando nuestros derechos como sociedad”13.

Por ello, es necesario recordar que, ante la irrefutable condición del legislador como intérprete de la Constitución, pues “[e]s uno de los operadores constitucionales por excelencia, ya que si le toca dictar leyes, debe hacerlo conforme a las directrices de forma y de contenido que dispone la Constitución; y para eso, obviamente, tiene que interpretarla. No se puede hacer funcionar a la Constitución [...] sin interpretarla”14.

En ese sentido, “el Congreso tiene que interpretar a la Constitución no solamente cuando sanciona leyes. También debe hacerlo cuando realiza el largo rosario de actos constitucionales que la Constitución le encomienda: v. gr., controlar al Poder Ejecutivo y a sus miembros principales, revisar los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el presidente; decretar o no el estado de sitio, aprobar el presupuesto, interpelar a un ministro, etcétera”15. Sin embargo, nos dice Néstor Pedro Sagüés, “es particularmente en su función legisferante [...] donde la interpretación constitucional campea. Así, al Congreso le toca desaprobar proyectos de leyes inconstitucionales, y derogar las vigentes que padezcan de tal vicio”16.

Así, y ante la innegable actividad del legislador, como intérprete de la Constitución, resulta imperante que, como el resto de las autoridades intérpretes de la Constitución, tanto diputados como senadores se vean obligados a fundar y motivar, no sólo sus iniciativas de Ley, así como la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución, sino también, de los votos que emitan en ejercicio de su encargo, pues ello abonaría en la certeza jurídica, y en la rendición de cuentas, y por ende, en la consolidación de un Estado democrático de Derecho.

La presente iniciativa tiene por objeto, reformar el párrafo primero del artículo 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que, toda vez que las resoluciones del Congreso tienen el carácter de ley o decreto, estás deberán estar debidamente fundadas y motivadas. De igual manera que, tanto diputados como senadores deberán, igualmente, fundar y motivar las iniciativas de Ley que presenten, así como los votos que emitan en ejercicio de su encargo. Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa -que acompaña a una diversa que plantea reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el artículo 20, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO.- Se reforman los incisos b) y f) del numeral 2, del artículo 20, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 20.

1. [...].

2. [...]:

a) [...];

b) Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión, dicha interpretación deberá estar debidamente fundada y motivada por escrito;

c) e)

f) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación, así como que los votos emitidos por legisladores se encuentren debidamente fundados y motivados por escrito, es decir, que se citen los preceptos constitucionales y legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada, y, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre su voto;

g)k)

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 “Fox y Calderón, con más respaldo en el Congreso”, Excélsior, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/03/1016933 (consultado el 4 de junio de 2018).

2 “Arrastra Congreso 4 mil 500 iniciativas”, Reforma, disponible en:
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1308431&sc=672 (consultado el 4 de junio de 2018).

3 “Cámara de Diputados aprueba en ´fast track´ la Ley de Seguridad Interior”, Huffington Post, Disponible en:
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/30/camara-de-diputados-aprueba-en-fast-track-la-ley-
de-seguridad-interior_a_23293438/ (consultado el 4 de junio de 2018).

4 “Pleno del Senado discute Ley de Seguridad; ante críticas, gobierno defiende que no es para militarizar”, Animal Político, Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2017/12/senado-cambios-ley-seguridad-interior/ (consultado el 4 de junio de 2018).

5 DECRETO por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, Diario Oficial de la Federación, Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017 (consultado el 4 de junio de 2018).

6 “A oídos sordos, impugnaciones a la LSI”, Animal Político, Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2018/03/05/a-oidos-sordos/
(consultado el 4 de junio de 2018).

7 Ídem.

8 Ídem.

9 “Aprueba el senado en fast track la Ley General de Seguridad Pública”, La Jornada, Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/26/politica/017n2pol (consultado el 4 de junio de 2018).

10 “Un golpe bajo a la libertad de expresión”, Animal Político, Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2018/05/03/un-golpe-bajo-a-la-libertad-de-expresion/
(consultado el 4 de junio de 2018).

11 “Ley de Comunicación Social no reúne criterios mínimos internacionales”, La Jornada, Disponible en:
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/19/ley-de-comunicacion-social-no-reune-criterios-minimos-
internacionales-4809.html (consultado el 4 de junio de 2018).

12 “Un golpe bajo a la libertad de expresión”, Animal Político, Op. cit., supra nota 10.

13 Ídem.

14 SAGÜÉS, Néstor Pedro, El Congreso como intérprete de la Constitución, en VALADÉS, Diego, et. al. (coord.), Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías, Universidad Nacional Autónoma de México, Acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2003, pp. 301 - 301. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1088/16.pdf (consultado el 4 de junio de 2018).

15 Ídem.

16 Ídem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO III, LOS ARTÍCULOS 164, 168 Y 169 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 162 BIS, 163 BIS, 165 BIS Y 172 BIS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita,YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO III, LOS ARTÍCULOS 164, 168, 169 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 162 BIS, 163 BIS, 165 BIS Y 172 BIS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE CONCUBINATO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El concubinato nace de la voluntad de dos personas al manifestar su voluntad e interés de constituir una familia sin la necesidad de formalizar su relación ante la institución pública constituida como Registro Civil, sin embargo, las normas del marco jurídico federal otorgan efectos jurídicos para la protección de los derechos de los concubinos, así como de sus hijos.

Es así que al ser el concubinato una relación que nace de la voluntad de dos personas, el mismo puede terminar de la misma forma en que fue constituida la relación por la voluntad de ambos o de una sola de las partes, sin que para ello exista necesidad de acudir a las instancias judiciales, como así lo prevé el criterio jurisprudencial publicado el dos de febrero de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice1:

CONCUBINATO. FINALIZA CON LA VOLUNTAD DE UNA DE LAS PARTES, POR LO QUE ES INNECESARIA UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL.

El concubinato es la unión de hecho en la que interviene sólo la voluntad de las partes sin que medie ninguna formalidad para su constitución; así, al entenderse esta figura como una situación de hecho con ciertas consecuencias jurídicas, se considera que de la misma forma puede darse por terminado, pues los concubinos tienen la libertad de separarse, prescindiendo del requisito de acudir ante los órganos jurisdiccionales o administrativos para poner término a su relación. De esta manera, si alguno de los concubinos manifiesta previamente a la presentación de la demanda su voluntad de no continuar con la relación e, incluso, abandonó el domicilio en que cohabitaba con el otro, resulta claro que la unión material de hecho finalizó, sin que al efecto sea necesaria una determinación de tipo judicial, pues esa clase de uniones no requiere de ninguna formalidad.

Es así que exigir declaración judicial para concluir el concubinato constituiría una restricción al derecho de libre desarrollo de la personalidad como así es indicado por el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe2:

CONCUBINATO. LA EXIGENCIA DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL PARA TENERLO POR CONCLUIDO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN EXCESIVA AL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la decisión de comenzar un concubinato, permanecer en él o darlo por terminado, forma parte de un plan de vida elegido de manera autónoma por una persona, de suerte que cualquiera de estas decisiones entra en el ámbito de tutela del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, exigir una declaración judicial como requisito necesario para darlo por terminado implica una restricción desproporcionada al derecho humano en comento, ya que dicha exigencia desplaza completamente la voluntad de los concubinos como el elemento esencial en la adopción de este modelo de familia, para ser sustituido por el reconocimiento y declaración del Estado a través de una autoridad judicial, condición que no se encuentra justificada ni siquiera en función de la protección del principio de seguridad jurídica, pues si bien la existencia de una declaración judicial que reconozca tal circunstancia se constituye como una prueba idónea a efecto de brindar certeza a las partes, lo cierto es que no es la única manera de satisfacer este principio, ya que nada impide que dicha terminación sea acreditada por otros medios de prueba, de ahí que elevar a rango de requisito necesario un elemento que únicamente constituye una prueba idónea, vuelve desproporcionada la medida y vulnera injustificadamente el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, tomando en cuenta que el concubinato es una unión de hecho cuya configuración no se encuentra sujeta a formalidades.

Sin embargo, aún y cuando la familia constituida a través de la figura del concubinato no se encuentra sujeta a formalidades, si les atañen responsabilidades jurídicas respecto a obligaciones, como lo es contribuir al sostenimiento de la familia, decidir sobre el número de hijos que desean tener, su mantenimiento y educación, tal y como se encuentra previsto para el caso sobre Derechos y Obligaciones que nacen del matrimonio previsto en en el Código Civil Federal.

Es así que si bien no existe formalidad para concluir con una relación de concubinato, quienes fueron concubinos si adquieren responsabilidad cuando concluyen su relación y la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe así nos lo indica3:

ALIMENTOS. LOS EX CONCUBINOS TIENEN DERECHO A ALIMENTOS DESPUÉS DE TERMINADA LA RELACIÓN DE CONCUBINATO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LO TIENEN LOS EX CÓNYUGES (LEGISLACIONES DE TAMAULIPAS, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL, APLICADAS EN LOS CASOS CONTENDIENTES).

La obligación alimenticia tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, la cual puede subsistir una vez disuelta la relación familiar, en virtud de la imposibilidad de uno de los miembros del grupo de allegarse alimentos por sí mismo. A su vez, dado que la familia, más que un concepto jurídico es un concepto sociológico, queda claro que el concubinato constituye una relación familiar. En tal sentido, debe concluirse que los ex concubinos tienen derecho a una pensión alimenticia ya que se constituyó, de hecho, una relación familiar. Ahora bien, en tanto los códigos civiles de Tamaulipas, Guerrero y del Distrito Federal, aplicados en los casos contendientes, no prevén disposiciones expresas para el trámite de los alimentos en caso de terminación del concubinato, deberán aplicarse las reglas generales que regulan dicha institución alimenticia, así como los requisitos y límites que se establecen para el caso del divorcio. Así, para la procedencia de la pensión alimenticia entre ex concubinos, deberá atenderse a las posibilidades del deudor alimenticio, las necesidades del acreedor, la capacidad para trabajar de éste y su situación económica. Este derecho subsistirá por el tiempo que duró la relación de concubinato y en tanto el acreedor no contraiga nupcias o se una en concubinato con otra persona.

Contradicción de tesis 148/2012. Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Tesis de jurisprudencia 83/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce.

Ante ello, es necesario que el Código Civil Federal contemple la figura del concubinato para el efecto de obligación alimentaria respecto de los hijos concebidos dentro del concubinato al igual que el derecho que ya le asiste a la pareja concubina de demandar alimentos tal y como se previene por el artículo 302 del citado ordenamiento.

Si bien el artículo 165 del Código en comento, señala a la letra que “Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos”, sin dejar de resaltar que este artículo corresponde al capítulo III, “De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio”, no debe descuidarse a los hijos nacidos en una relación de concubinato y que se les debe proteger para garantizar su interés superior.

Debe reconocerse que, en la actualidad, hay un número creciente de personas en la sociedad mexicana que deciden tener vida en pareja y formar familia sin la necesidad de legalizar su unión a través del matrimonio.

Sin embargo, debemos observar que este tipo de relación también presenta consecuencias para las parejas y si bien como ya ha sido expuesto en el cuerpo de la presente iniciativa, no existe formalidad alguna para dar por concluido el concubinato, no debe descuidarse por ello las obligaciones que los padres tienen para sus hijos como si hubiesen estado unidos a través de un vínculo matrimonial.

Los hijos nacidos a través de la familia constituida mediante el matrimonio, como los nacidos bajo una relación de concubinato, tienen el derecho de que se garantice su sano crecimiento, que se satisfaga su necesidad alimentaria que contempla vestido, habitación, educación, salud, esparcimiento, alimentos y convivencia con los padres, principios rectores del interés superior de la niñez.

La disolución del vínculo matrimonial, así como la conclusión de un concubinato atraerá para los hijos problemas emocionales, más aún cuando ellos, como hijos, son usados como medio para castigar al progenitor que no queda con la guarda custodia y privarles del derecho de convivencia.

En juicio de divorcio garantiza de inicio los alimentos para los hijos de manera provisional y posteriormente definitiva, se efectúa convenio en el que se acuerda la guarda custodia, el régimen de convivencia de los hijos con el padre que no tendrá la guarda custodia y la garantía en cuanto a los alimentos entre otros, porque igualmente pueden considerarse bienes adquiridos durante el matrimonio.

Para el caso del concubinato, la pareja que queda a cargo de la responsabilidad de los hijos ya sea por ignorancia o bien por desconocimiento de sus derechos, no acude ante las instancias judiciales porque presumen que de la relación de concubinato no nacen derechos y obligaciones que se tienen legalmente para con los hijos y en su caso, con la propia pareja respecto de lo ya dispuesto por el artículo 302 del Código Civil Federal.

Es en esa virtud que, así como ya fue considerado incorporar obligaciones alimentarias entre las parejas de relación de concubinato, debemos ocuparnos porque el cuidado, atención, cumplimiento y condiciones de sano crecimiento para los hijos sean protegidos y de esa manera garantizar su interés superior.

Por otra parte, el desempeñar cualquier actividad que no dañe a la moral y la familia, es un derecho que debe quedar garantizado y en este sentido, el Juez de lo Familiar que conozca la causa, deberá resolver y, en su caso, dictar medidas de protección que correspondan.

Concluir con una relación no nos exime que debamos ser responsables y velar y garantizar el sano crecimiento de los hijos que son afectados por las consecuencias de la decisión de los padres de concluir con su relación.

Es así que la propuesta contenida en la presente iniciativa tiene como objetivo incorporar en el Código Civil Federal obligaciones de los padres para con los hijos nacidos en relación de concubinato.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Código Civil Federal

Iniciativa

Capítulo III

De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio

Artículo 162.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.

No existe correlativo

Capítulo III

De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio y del Concubinato

Artículo 162.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.

Artículo 162 bis.- Los concubinos determinarán la forma en que contribuirán para los fines de su relación en concubinato, en quien recaerá la responsabilidad del sostenimiento de la familia y a garantizarse alimentos. En ambos recaerá el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.

Artículo 163.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso.

Sin correlativo

Artículo 163.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso.

Artículo 163 bis.- Los concubinos determinarán y establecerán de común acuerdo, el lugar en donde vivirán. Ambos disfrutarán de autoridad propia y consideraciones iguales.

Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.

 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 164.- Los cónyuges y los concubinos contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y del concubinato serán siempre iguales para cónyuges y concubinos e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 165.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.

Sin correlativo

Artículo 165.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 165 bis.- Los concubinos y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, siempre y cuando este no se encuentre legalmente unido en matrimonio y el concubinato se encuentre en una relación paralela, correspondiendo en este caso el derecho preferente a la cónyuge e hijos del legal matrimonio.

El concubino que demande para sí el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos deberá estar a lo previsto por el artículo 1635 de este ordenamiento.

Para el caso de los hijos, podrá demandarse en cualquier momento para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 168.- El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 168.- El marido y la mujer, así como los unidos en concubinato tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar resolverá sobre la oposición.

Artículo 169.- Los cónyuges, así como los unidos en concubinato podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar resolverá sobre la oposición dictando en su caso y ante la urgencia medidas de protección que garanticen seguridad a quien lo solicite para sí y para sus hijos.

Artículo 172.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 172 bis.- Sin correlativo

Artículo 172.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 172 bis.- Los concubinos, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635, sin que para tal objeto necesite el concubino del consentimiento de la concubina, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 164, 168, 169 y se adicionan los artículos 162 bis, 163 bis, 165 bis y 172 bis del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos:

Capítulo III
De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio y del Concubinato

Artículo 162.- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.

Artículo 162 bis.- Los concubinos determinarán la forma en que contribuirán para los fines de su relación en concubinato, en quien recaerá la responsabilidad del sostenimiento de la familia y a garantizarse alimentos. En ambos recaerá el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.

Artículo 163.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso.

Artículo 163 bis.- Los concubinos determinarán y establecerán de común acuerdo, el lugar en donde vivirán. Ambos disfrutarán de autoridad propia y consideraciones iguales.

Artículo 164.- Los cónyuges y los concubinos contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y del concubinato serán siempre iguales para cónyuges y concubinos e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 165.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 165 bis.- Los concubinos y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia siempre y cuando este no se encuentre legalmente unido en matrimonio y el concubinato se encuentre en una relación paralela, correspondiendo en este caso el derecho preferente a la cónyuge e hijos del legal matrimonio.

El concubino que demande para sí el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos deberá estar a lo previsto por el artículo 1635 de este ordenamiento.

Para el caso de los hijos, podrá demandarse en cualquier momento para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 168.- El marido y la mujer, así como los unidos en concubinato tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 169.- Los cónyuges, así como los unidos en concubinato podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el Juez de lo Familiar resolverá sobre la oposición dictando en su caso y ante la urgencia medidas de protección que garanticen seguridad a quien lo solicite para sí y para sus hijos.

Artículo 172.- El marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 172 bis.- Los concubinos, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635, sin que para tal objeto necesite el concubino del consentimiento de la concubina, ni ésta de la autorización de aquél, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Froilán Esquinca Cano y Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo, del grupo parlamentario del PT)

Los suscritos, Senadores FROILÁN ESQUINCA CANO y EDUARDO ERNESTO CARRASCO ZANINI CASTILLO, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Senado de la República, cuenta actualmente con una comisión ordinaria de Desarrollo Rural, la cual tiene como propósito principal proponer las políticas públicas y el marco jurídico adecuado para la solución a la problemática que actualmente enfrenta el campo mexicano, bajo dos principios constitucionales: por un lado el Derecho a la Alimentación que se expresa en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Mexicanos:

Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El estado lo garantizará.

Así como el concepto de desarrollo rural, contenido en la fracción XX del artículo 27:

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Sin embargo, el retiro del Estado mexicano, desde la década de 1980, tanto de la cadena productiva agrícola como del acopio, de la regulación de los precios así como la nueva orientación de la estructura de créditos y subsidios, ha impactado negativamente el sistema agroalimentario mexicano y, especialmente, a la seguridad alimentaria de nuestro país.

Las políticas públicas en materia de desarrollo rural vigentes rayan en lo absurdo, por un lado, disminuyen el presupuesto destinado al campo, y por el otro, destinan los subsidios de una manera que se perpetúa la polarización entre los grandes y pequeños productores, pauperizando a estos últimos. Resulta que se concentran los subsidios productivos y financiamiento de forma constante y permanente, para los grandes productores quienes supuestamente son competitivos y cuentan con inversión privada, dándoles mejores condiciones para producir y competir, mientras que a la mayoría de los pequeños productores se destinan principalmente subsidios asistencialistas que no permiten mejorar la productividad.

Estas inconsistencias están asociadas a un modelo económico en el que se privilegian los grupos de poder económico y se abandona a la población más vulnerable fomentando la desigualdad y se propicia que los pequeños productores pierdan la capacidad de alimentarse a partir de su propia producción.

Es ante este escenario, que a lo largo del país se vienen gestando estrategias alternativas en forma de sistemas agroforestales y ganadería sustentable acordes a las condiciones locales. Estas experiencias pueden resultar útiles para la construcción de una política de conservación de suelos y de un desarrollo rural sustentable, tal como es el mandato constitucional.

Por su parte, la recuperación de la seguridad alimentaria requiere un programa integral de apoyo productivo a la pequeña agricultura que reoriente las políticas de desarrollo agrícola y rural que rediseñe y reajuste los incentivos y subsidios agrícolas y ganaderos, a la vez que transforma sus sistemas en modelos más sustentables que favorezcan la producción diversificada y que conserve la agrobiodiversidad y los suelos.

En el diseño e implementación de estas políticas públicas agropecuarias debemos reconocer el principio fundamental de desarrollo sustentable, por lo que esta propuesta se enfoca en contar con una comisión ordinaria en el Senado de la República que cuente con ese enfoque, la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IX, al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo las fracciones subsecuentes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. Administración;

II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

III. Asuntos Indígenas;

IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales;

V. Comercio y Fomento Industrial;

VI. Comunicaciones y Transportes;

VII. Defensa Nacional;

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Rural Sustentable;

X. Desarrollo Social;

XI. De la Ciudad de México;

XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XIII. Energía;

XIV. Estudios Legislativos;

XV. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XVI. Gobernación;

XVII. Hacienda y Crédito Público;

XVIII. Jurisdiccional;

XIX. Justicia;

XX. Marina;

XXI. Medalla Belisario Domínguez;

XXII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXIII. Para la Igualdad de Género

XXIV. Puntos Constitucionales;

XXV. Reforma Agraria;

XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVII. Relaciones Exteriores;

XXVIII. Salud y Seguridad Social;

XXIX. Seguridad Pública;

XXX. Trabajo y Previsión Social, y

XXXI. Turismo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Froilán Esquinca Cano.- Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 70, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una práctica nociva que se realizó reiteradamente a lo largo del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la aprobación ‘fast track’ de reformas constitucionales y legales de primera importancia por parte de la Cámara de Diputados y Senadores. Como un retorno a la época del partido hegemónico, el Poder Ejecutivo asumió un rol predominante por sobre los otros poderes del Estado y la voluntad del Presidente se acató sin mayores cuestionamientos. Las Cámaras legislativas, en muchas ocasiones, funcionaron como meras oficialías de partes de la Oficina de la Presidencia.

De los últimos tres mandatarios, y de acuerdo con datos recabados en 2015, el Congreso de la Unión aprobó 68 de las 81 propuestas enviadas por Vicente Fox, con un 83.9% de iniciativas respaldadas; 56 de las 63 iniciativas enviadas por Felipe Calderón, es decir, 88.8% de propuestas avaladas; y, 56 de las 69 iniciativas enviadas por Enrique Peña Nieto, un 81.5% de propuestas respaldadas1. En ese sentido, para 2018, “el Poder Ejecutivo [...] [ha sido el] iniciador de leyes más eficiente de la [LXIII] Legislatura: ha presentado 36 iniciativas, de las cuales 30 ya fueron aprobadas (83 por ciento), cinco están pendientes de dictaminar y sólo una ya fue desechada”2.

Algunos ejemplos del actuar irresponsable del Poder Legislativo: El 30 de noviembre de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que recién se había aprobado fast track horas antes en comisiones. El Pleno no tomó en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni de las 150 organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra. Ignoró, además, la opinión de organismos internacionales y de la propia ciudadanía.3

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2017, el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, nuevamente, sin tomar en consideración a las organizaciones de la sociedad civil ni a los organismos de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales4. Como resultado, -y tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 20175-, contra la Ley de Seguridad Interior se presentaron “14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo”6, así como el “abierto rechazo por parte de organismos internacionales como la ONU y ahora la CIDH”7, haciendo de ésta la Ley “más impugnada en el país”8.

De igual manera, recientemente el Congreso de la Unión aprobó ‘al vapor’ la Ley General de Comunicación Social9 que, ante una omisión legislativa de más cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató al Congreso aprobar antes de la conclusión del segundo período ordinario de sesiones, del tercer año de la LXIII Legislatura. Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, en materia de publicidad oficial, diversas organizaciones de la sociedad civil10, académicos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos11, manifestaron su total rechazo a la Ley aprobada por el Congreso de la Unión, por atentar contra la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a saber, así como al ejercicio democrático de derechos y libertades12, por lo que se le consideró una “ley regresiva, una ley que seguirá vulnerando nuestros derechos como sociedad”13.

Por ello, es necesario recordar que, ante la irrefutable condición del legislador como intérprete de la Constitución, pues “[e]s uno de los operadores constitucionales por excelencia, ya que si le toca dictar leyes, debe hacerlo conforme a las directrices de forma y de contenido que dispone la Constitución; y para eso, obviamente, tiene que interpretarla. No se puede hacer funcionar a la Constitución [...] sin interpretarla”14.

En ese sentido, “el Congreso tiene que interpretar a la Constitución no solamente cuando sanciona leyes. También debe hacerlo cuando realiza el largo rosario de actos constitucionales que la Constitución le encomienda: v. gr., controlar al Poder Ejecutivo y a sus miembros principales, revisar los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el presidente; decretar o no el estado de sitio, aprobar el presupuesto, interpelar a un ministro, etcétera”15. Sin embargo, nos dice Néstor Pedro Sagüés, “es particularmente en su función legisferante [...] donde la interpretación constitucional campea. Así, al Congreso le toca desaprobar proyectos de leyes inconstitucionales, y derogar las vigentes que padezcan de tal vicio”16.

Así, y ante la innegable actividad del legislador, como intérprete de la Constitución, resulta imperante que, como el resto de las autoridades intérpretes de la Constitución, tanto diputados como senadores se vean obligados a fundar y motivar, no sólo sus iniciativas de Ley, así como la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución, sino también, de los votos que emitan en ejercicio de su encargo, pues ello abonaría en la certeza jurídica, y en la rendición de cuentas, y por ende, en la consolidación de un Estado democrático de Derecho.

La presente iniciativa tiene por objeto, reformar el párrafo primero del artículo 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que, toda vez que las resoluciones del Congreso tienen el carácter de ley o decreto, estás deberán estar debidamente fundadas y motivadas. De igual manera que, tanto diputados como senadores deberán, igualmente, fundar y motivar las iniciativas de Ley que presenten, así como los votos que emitan en ejercicio de su encargo. Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma el párrafo primero del artículo 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto, y deberá estar debidamente fundada y motivada. Los diputados y senadores deberán, igualmente, fundar y motivar las iniciativas de Ley que presenten, así como los votos que emitan en ejercicio de su encargo. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".

[…].

[…].

[…].

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 “Fox y Calderón, con más respaldo en el Congreso”, Excélsior, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/03/1016933 (consultado el 4 de junio de 2018).

2 “Arrastra Congreso 4 mil 500 iniciativas”, Reforma, disponible en:
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1308431&sc=672 (consultado el 4 de junio de 2018).

3 “Cámara de Diputados aprueba en ´fast track´ la Ley de Seguridad Interior”, Huffington Post, Disponible en:
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/30/camara-de-diputados-aprueba-en-fast-track-la-ley-de-
seguridad-interior_a_23293438/ (consultado el 4 de junio de 2018).

4 “Pleno del Senado discute Ley de Seguridad; ante críticas, gobierno defiende que no es para militarizar”, Animal Político, Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2017/12/senado-cambios-ley-seguridad-interior/ (consultado el 4 de junio de 2018).

5 DECRETO por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, Diario Oficial de la Federación, Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017 (consultado el 4 de junio de 2018).

6 “A oídos sordos, impugnaciones a la LSI”, Animal Político, Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2018/03/05/a-oidos-sordos/
(consultado el 4 de junio de 2018).

7 Ídem.

8 Ídem.

9 “Aprueba el senado en fast track la Ley General de Seguridad Pública”, La Jornada, Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/26/politica/017n2pol (consultado el 4 de junio de 2018).

10 “Un golpe bajo a la libertad de expresión”, Animal Político, Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2018/05/03/un-golpe-bajo-a-la-libertad-de-expresion/
(consultado el 4 de junio de 2018).

11 “Ley de Comunicación Social no reúne criterios mínimos internacionales”, La Jornada, Disponible en:
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/19/ley-de-comunicacion-social-no-reune-criterios-minimos-internacionales-4809.html (consultado el 4 de junio de 2018).

12 “Un golpe bajo a la libertad de expresión”, Animal Político, Op. cit., supra nota 10.

13 Ídem.

14 SAGÜÉS, Néstor Pedro, El Congreso como intérprete de la Constitución, en VALADÉS, Diego, et. al. (coord.), Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos. Homenaje a Pedro J. Frías, Universidad Nacional Autónoma de México, Acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2003, pp. 301 - 301. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1088/16.pdf (consultado el 4 de junio de 2018).

15 Ídem.

16 Ídem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2, DEL ARTÍCULO 4o., DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE AMPLIAR EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creciente preocupación de los ciudadanos por los temas que involucran la vida pública, es decir, la política, se expresa -en palabras de Alejandra Moreno Toscano1- en una crisis de confianza y de credibilidad profundas que ponen en duda lo que se dice y hace desde el Gobierno -y agregamos, desde los Poderes de la Unión-, cuyo malestar Jesús Silva-Herzog resume con la frase: “la perversión de las funciones elementales de la democracia”2.

Como bien apunta Alejandra Moreno: “la cultura política es resistente al cambio. Como hábito aprendido de la sociedad funciona instintivamente ante impulsos externos”3, diagnóstico del que, evidentemente, no escapa el Congreso de la Unión. Sin embargo, como consecuencia de la realidad por la que atraviesa este país, se exige un papel mucho más activo por parte del Congreso de la Unión. Por tanto, es urgente un cambio que impacte en la vida activa del Poder Legislativo.

Resulta inconcebible que, dada la carga de trabajo del Congreso de la Unión, los períodos de sesiones ordinarios, es decir, “los espacios de tiempo hábil en los que el Congreso de la Unión o sus Cámaras pueden reunirse para realizar sus funciones”4, sean tan reducidos, haciendo propicia la acumulación de trabajo legislativo, en asuntos fundamentales para el futuro del país. Es decir, no es justificable que, a pesar del trabajo pendiente, el Congreso de la Unión tenga periodos de receso tan extensos.

Lo anterior, se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Por ende, como explica Miguel Carbonell, "El tiempo normal de funcionamiento de una legislatura, sumando los dos periodos ordinarios, es de 5 meses al año. Es decir, durante 7 meses al año las Cámaras no sesionan de forma ordinaria.”5

La consecuencias de periodos ordinarios de sesiones tan reducidos son, en palabras de Susana Thalía Pedroza de la Llave, “por un lado, la ineficacia y, por otro, la antidemocracia, que perjudican a uno de los órganos o instituciones del Estado”6, principalmente por cinco razones:

“Primera: El Poder Legislativo carece de una verdadera representatividad, debido a que, durante siete meses, éste no está reunido y la Comisión Permanente, órgano que actúa durante sus recesos y que tiene numerosas atribuciones, representa tan sólo el 6% de seiscientos veintiocho parlamentarios en total;

Segunda: Que por la situación actual que vive el país y los estados de la República, constantemente se convoca a sesiones extraordinarias;

Tercera: Es escaso el tiempo para que la institución representativa realice sus facultades y obligaciones, por ejemplo, la Constitución le atribuye de entrada, en el artículo 73 en sus XXX fracciones, facultades y obligaciones, además de otras previstas en diversos artículos constitucionales;

Cuarta: El tiempo para que se ejerza el control del Congreso sobre el gobierno es escaso, control que debe caracterizarse por ser preventivo, permanente y a posteriori pero, sobre todo, continuo, situación que no se da, y

Quinta: Las iniciativas de ley o cualquier otro asunto se conocen de manera superficial o, en lenguaje coloquial, "al vapor"7.

No es óbice que, estos periodos tan acotados pudieran haber tenido alguna razón de ser en el pasado, “cuando la labor de los representantes y en general la tarea parlamentaria era mucho más simple”8, sin embargo, “en la actualidad, teniendo presentes las enormes necesidades de regulación y de intervención legislativa que demanda la dinámica del sistema político y el mismo entorno social, parece un lujo excesivo para el país tener a las Cámaras fuera de funcionamiento normal durante tanto tiempo”9.

Además, y como bien indica Miguel Carbonell, “[l]os periodos ordinarios de sesiones tan breves provienen de disposiciones que estaban en la Constitución de 1857. En ese entonces se dijo que los periodos breves se justificaban por lo demorado de los trayectos que debían recorrer los legisladores desde todas las entidades federativas (trayectos que podían durar varias semanas). Además, se dijo que no se podía comenzar a trabajar antes del mes de septiembre, porque durante la temporada de lluvias “los caminos están intransitables””10.

En ese sentido, resulta inconcuso que la única razón por la cual se mantiene la actual duración de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, es histórica, pues, las condiciones actuales del país, y el desarrollo tecnológico, han resuelto los problemas que dieron origen a la duración de dichos períodos ordinarios. Por si fuera poco, con períodos de sesiones tan breve, explica Miguel Carbonell11, se rompe la continuidad del trabajo legislativo, pues no permite un análisis y un estudio detenido, detallado, ni facilita las tareas de fiscalización y de control político que debiera ejercer el Congreso de la Unión sobre el Poder Ejecutivo, por lo que, resulta incongruente que, mientras los demás Poderes de la Unión trabajen de manera continua todo el año, el Congreso lo haga apenas la mitad de ese tiempo, para realizar sus tareas, imposibilitando el equilibrio que debe haber entre los Poderes de la Unión.

Por ello, resulta pertinente lo señalado por Diego Valadés, con respecto a que “los principios que han de regir los controles entre los órganos de poder son los de responsabilidad, efectividad, utilidad, publicidad, estabilidad y regularidad”12, por tanto, su propuesta pasa por la ampliación de los períodos de sesiones del Congreso de la Unión.

Es así, que Valadés argumenta que la tendencia a la ampliación de los períodos de sesiones tiene que darse de manera progresiva: “La presencia de los debates en el Congreso capta la atención ciudadana hacia los órganos del poder; encauza la manifestación de las inconformidades; permite advertir y prever la orientación de las demandas; habitúa a que sea en ese ámbito donde se ventilen las discusiones políticas, y permite que las expresiones de todos los partidos y de los representantes populares sitúen la magnitud de los problemas y de sus posibles soluciones.”13

Así, la ampliación del periodo de sesiones, reafirma el papel de los legisladores como actores centrales de la vida política del país y fortalece al sistema democrático y representativo:

“Es indispensable ampliar y mejorar el concepto del servicio civil existente, para que la eventual alternancia de los partidos que ocupen el gobierno y la nueva relación con el Congreso, no suscite dudas y reservas en la ciudadanía. Esas dudas podrían incluso distorsionar el sentido del voto, privilegiando sólo por esa razón al partido que ya estuviera en el poder. Paralelamente, será necesario construir un servicio civil tan amplio como sea necesario y altamente profesional, en el Congreso. Además del apoyo indispensable para el cumplimiento de las labores legislativas, permitirá que la experiencia institucional acumulada facilite la acción de los representantes populares”.14

Por lo tanto, siguiendo a Diego Valadés15, es necesario dotar a los legisladores de los insumos adecuados para el desempeño de sus responsabilidades, por lo que es pertinente ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, a fin de que el Poder Legislativo sesione de manera permanente, por lo que es conveniente reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de ampliar los dos períodos ordinarios de sesiones a diez meses y únicamente dos meses de receso, con lo que se estarían ampliando las oportunidades congresuales para desarrollar sus iniciativas; elaborar, discutir y aprobar las reformas que el país requiera, y, resolver “los demás asuntos que le correspondan de acuerdo con la Constitución”16.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa -que acompaña a una diversa que plantea reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2, del artículo 4o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los numerales 1 y 2, del artículo 4o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1°. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de enero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta y uno de julio del mismo año.

3.4.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 MORENO, Alejandra, Volver al Congreso, Nexos, consultado en: http://www.nexos.com.mx/?p=26961

2 Ibid.

3 Ibid.

4 PEDROZA de la Llave, Susana Thalía, El Congreso de la Unión. Integración y regulación. UNAM. 1997, consultado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=142

5 CARBONELL, Miguel, Reforma del Estado y Cambio Constitucional en México. Documento de Trabajo. No. 2. Segunda versión. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, mayo, 2000, consultado en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/418/5.pdf

6 Op. cit., PEDROZA de la Llave, Susana Thalía.

7 Ibid.

8 CARBONELL, José, ¿Dónde están nuestros legisladores?, Nexos, consultado en:
http://redaccion.nexos.com.mx/?p=1499

9 Op. cit., CARBONELL, Miguel.

10 CARBONELL, Miguel, Los recesos de nuestros legisladores federales, El Universal. Disponible en:
http://www.miguelcarbonell.com/articulos_periodicos/Los_recesos_de_nuestros_legisladores_federales.shtml

11 Op. cit., CARBONELL, Miguel.

12 CARBONELL, Miguel, VALADÉS, Diego, Constitución y democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, 197 pp., Biblioteca Jurídica Virtual, consultado en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/6/rb/rb9.htm

13 VALADÉS, Diego. La transición del Sistema Presidencial Mexicano. Este país. Consultado en:
http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/65/8_ensayo_la%20transicion_valades.pdf

14 Ibid.

15 VALADÉS, Diego, Constitución y democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, consultado en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4

16 Op. cit., PEDROZA de la Llave, Susana Thalía.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE AMPLIAR EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creciente preocupación de los ciudadanos por los temas que involucran la vida pública, es decir, la política, se expresa -en palabras de Alejandra Moreno Toscano1- en una crisis de confianza y de credibilidad profundas que ponen en duda lo que se dice y hace desde el Gobierno -y agregamos, desde los Poderes de la Unión-, cuyo malestar Jesús Silva-Herzog resume con la frase: “la perversión de las funciones elementales de la democracia”2.

Como bien apunta Alejandra Moreno: “la cultura política es resistente al cambio. Como hábito aprendido de la sociedad funciona instintivamente ante impulsos externos”3, diagnóstico del que, evidentemente, no escapa el Congreso de la Unión. Sin embargo, como consecuencia de la realidad por la que atraviesa este país, se exige un papel mucho más activo por parte del Congreso de la Unión. Por tanto, es urgente un cambio que impacte en la vida activa del Poder Legislativo.

Resulta inconcebible que, dada la carga de trabajo del Congreso de la Unión, los períodos de sesiones ordinarios, es decir, “los espacios de tiempo hábil en los que el Congreso de la Unión o sus Cámaras pueden reunirse para realizar sus funciones”4, sean tan reducidos, haciendo propicia la acumulación de trabajo legislativo, en asuntos fundamentales para el futuro del país. Es decir, no es justificable que, a pesar del trabajo pendiente, el Congreso de la Unión tenga periodos de receso tan extensos.

Lo anterior, se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Por ende, como explica Miguel Carbonell, "El tiempo normal de funcionamiento de una legislatura, sumando los dos periodos ordinarios, es de 5 meses al año. Es decir, durante 7 meses al año las Cámaras no sesionan de forma ordinaria.”5

La consecuencias de periodos ordinarios de sesiones tan reducidos son, en palabras de Susana Thalía Pedroza de la Llave, “por un lado, la ineficacia y, por otro, la antidemocracia, que perjudican a uno de los órganos o instituciones del Estado”6, principalmente por cinco razones:

“Primera: El Poder Legislativo carece de una verdadera representatividad, debido a que, durante siete meses, éste no está reunido y la Comisión Permanente, órgano que actúa durante sus recesos y que tiene numerosas atribuciones, representa tan sólo el 6% de seiscientos veintiocho parlamentarios en total;

Segunda: Que por la situación actual que vive el país y los estados de la República, constantemente se convoca a sesiones extraordinarias;

Tercera: Es escaso el tiempo para que la institución representativa realice sus facultades y obligaciones, por ejemplo, la Constitución le atribuye de entrada, en el artículo 73 en sus XXX fracciones, facultades y obligaciones, además de otras previstas en diversos artículos constitucionales;

Cuarta: El tiempo para que se ejerza el control del Congreso sobre el gobierno es escaso, control que debe caracterizarse por ser preventivo, permanente y a posteriori pero, sobre todo, continuo, situación que no se da, y

Quinta: Las iniciativas de ley o cualquier otro asunto se conocen de manera superficial o, en lenguaje coloquial, "al vapor"7.

No es óbice que, estos periodos tan acotados pudieran haber tenido alguna razón de ser en el pasado, “cuando la labor de los representantes y en general la tarea parlamentaria era mucho más simple”8, sin embargo, “en la actualidad, teniendo presentes las enormes necesidades de regulación y de intervención legislativa que demanda la dinámica del sistema político y el mismo entorno social, parece un lujo excesivo para el país tener a las Cámaras fuera de funcionamiento normal durante tanto tiempo”9.

Además, y como bien indica Miguel Carbonell, “[l]os periodos ordinarios de sesiones tan breves provienen de disposiciones que estaban en la Constitución de 1857. En ese entonces se dijo que los periodos breves se justificaban por lo demorado de los trayectos que debían recorrer los legisladores desde todas las entidades federativas (trayectos que podían durar varias semanas). Además, se dijo que no se podía comenzar a trabajar antes del mes de septiembre, porque durante la temporada de lluvias “los caminos están intransitables””10.

En ese sentido, resulta inconcuso que la única razón por la cual se mantiene la actual duración de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, es histórica, pues, las condiciones actuales del país, y el desarrollo tecnológico, han resuelto los problemas que dieron origen a la duración de dichos períodos ordinarios. Por si fuer poco, con períodos de sesiones tan breve, explica Miguel Carbonell11, se rompe la continuidad del trabajo legislativo, pues no permite un análisis y un estudio detenido, detallado, ni facilita las tareas de fiscalización y de control político que debiera ejercer el Congreso de la Unión sobre el Poder Ejecutivo, por lo que, resulta incongruente que, mientras los demás Poderes de la Unión trabajen de manera continua todo el año, el Congreso lo haga apenas la mitad de ese tiempo, para realizar sus tareas, imposibilitando el equilibrio que debe haber entre los Poderes de la Unión.

Por ello, resulta pertinente lo señalado por Diego Valadés, con respecto a que “los principios que han de regir los controles entre los órganos de poder son los de responsabilidad, efectividad, utilidad, publicidad, estabilidad y regularidad”12, por tanto, su propuesta pasa por la ampliación de los períodos de sesiones del Congreso de la Unión.

Es así, que Valadés argumenta que la tendencia a la ampliación de los períodos de sesiones tiene que darse de manera progresiva: “La presencia de los debates en el Congreso capta la atención ciudadana hacia los órganos del poder; encauza la manifestación de las inconformidades; permite advertir y prever la orientación de las demandas; habitúa a que sea en ese ámbito donde se ventilen las discusiones políticas, y permite que las expresiones de todos los partidos y de los representantes populares sitúen la magnitud de los problemas y de sus posibles soluciones.”13

Así, la ampliación del periodo de sesiones, reafirma el papel de los legisladores como actores centrales de la vida política del país y fortalece al sistema democrático y representativo:

“Es indispensable ampliar y mejorar el concepto del servicio civil existente, para que la eventual alternancia de los partidos que ocupen el gobierno y la nueva relación con el Congreso, no suscite dudas y reservas en la ciudadanía. Esas dudas podrían incluso distorsionar el sentido del voto, privilegiando sólo por esa razón al partido que ya estuviera en el poder. Paralelamente, será necesario construir un servicio civil tan amplio como sea necesario y altamente profesional, en el Congreso. Además del apoyo indispensable para el cumplimiento de las labores legislativas, permitirá que la experiencia institucional acumulada facilite la acción de los representantes populares”.14

Por lo tanto, siguiendo a Diego Valadés15, es necesario dotar a los legisladores de los insumos adecuados para el desempeño de sus responsabilidades, por lo que es pertinente ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Congreso, a fin de que el Poder Legislativo sesione de manera permanente, por lo que es conveniente reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de ampliar los dos períodos ordinarios de sesiones a diez meses y únicamente dos meses de receso, con lo que se estarían ampliando las oportunidades congresuales para desarrollar sus iniciativas; elaborar, discutir y aprobar las reformas que el país requiera, y, resolver “los demás asuntos que le correspondan de acuerdo con la Constitución”16.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa -que acompaña a una diversa que plantea reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos- con proyecto de:

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo primero del artículo 65 y el párrafo primero del artículo 66, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

[…].

[...].

Artículo 66. Cada periodo de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.

[...].

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 MORENO, Alejandra, Volver al Congreso, Nexos, consultado en:
http://www.nexos.com.mx/?p=26961

2 Ibid.

3 Ibid.

4 PEDROZA de la Llave, Susana Thalía, El Congreso de la Unión. Integración y regulación. UNAM. 1997, consultado en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=142

5 CARBONELL, Miguel, Reforma del Estado y Cambio Constitucional en México. Documento de Trabajo. No. 2. Segunda versión. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, mayo, 2000, consultado en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/418/5.pdf

6 Op. cit., PEDROZA de la Llave, Susana Thalía.

7 Ibid.

8 CARBONELL, José, ¿Dónde están nuestros legisladores?, Nexos, consultado en:
http://redaccion.nexos.com.mx/?p=1499

9 Op. cit., CARBONELL, Miguel.

10 CARBONELL, Miguel, Los recesos de nuestros legisladores federales, El Universal. Disponible en:
http://www.miguelcarbonell.com/articulos_periodicos/Los_recesos_de_nuestros_legisladores_federales.shtml

11 Op. cit., CARBONELL, Miguel.

12 CARBONELL, Miguel, VALADÉS, Diego, Constitución y democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, 197 pp., Biblioteca Jurídica Virtual, consultado en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/6/rb/rb9.htm

13 VALADÉS, Diego. La transición del Sistema Presidencial Mexicano. Este país. Consultado en:
http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/65/8_ensayo_la%20transicion_valades.pdf

14 Ibid.

15 VALADÉS, Diego, Constitución y democracia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, consultado en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4

16 Op. cit., PEDROZA de la Llave, Susana Thalía.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD OFICIAL REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE DEROGA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones para combatir la desnutrición infantil en las comunidades indígenas del país. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LAS ACCIONES PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El derecho a la alimentación es uno de los pilares del desarrollo humano y social, un componente básico para la salud de la persona y una condición indispensable para una vida plena. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece:

Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, al igual que a su familia, la salud y el bienestar, en especial a la alimentación”.

Para tal fin, es deber del estado garantizar que la población pueda acceder a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, por lo que se han creado diversos instrumentos normativos y políticas públicas para asegurar la suficiencia de alimentos y su distribución para erradicar el problema social en comento.

Para el cumplimiento de este derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité de DESC) en su Comentario General 12, señala:

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”

Hablando propiamente de las acciones que los estados deben realizar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales detalla que:

Artículo 11. “Los Estados Partes reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, la divulgación de principios sobre nutrición; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos en relación con las necesidades.” Entre otras medidas.

De acuerdo con lo anterior, en México, se han construido una red de protección importante para salvaguardar el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. Existen distintas instituciones federales que coadyuvan en la constante actividad para solventar el problema en comento.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene a su cargo la responsabilidad de generar un abasto suficiente de alimentos; la Secretaría de Salud (SSA) tiene la facultad de generar políticas nutricionales para una adecuada alimentación, combatiendo la desnutrición y la obesidad; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha puesto en marcha acciones como el Programa de Inclusión Social PROSPERA y la Cruzada Nacional contra el Hambre que tienen como finalidad la erradicación de las carencias alimentarias de la población.

Estas labores, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema, pues en 2016 el porcentaje de mexicanos que la padecen pasó a ser de 7.6%, en comparación de 2014 que fue de 9.5% y, de 2010 cuando fue de 11.3%. Asimismo, ha disminuido el porcentaje de población con carencia alimentaria, pues el porcentaje de mexicanos que la padece se ubicó en 20.1% en 2016, mientras que en el año 2010 era de 24.8%.

No obstante lo anterior, y a pesar de los amplios instrumentos jurídicos y políticas públicas internacionales y nacionales para asegurar a los individuos su derecho a la alimentación, en muchos casos no está garantizada para amplios sectores de la población, sobre todo, para los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y comunidades indígenas.

Se debe ser claros en señalar que aún falta mucho por hacer, pues los indicadores de CONEVAL señalan que 24.6 millones de mexicanos no tienen asegurado su derecho a la alimentación1.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha manifestado que los pueblos indígenas están entre los grupos más vulnerables del mundo y las poblaciones socio-étnica más pobres, constituyen un porcentaje significativo de la población con inseguridad alimentaria, enfrentando frecuentemente hambre crónica y desnutrición2.

De manera particular, las niñas y los niños indígenas padecen hambre, hay casos documentados de decesos por inanición en comunidades indígenas y muchos de los infantes no llegan a desarrollar sus capacidades en la vida adulta por los altos niveles de desnutrición que presentaron en sus primeros años de vida.

La desnutrición tiene efectos negativos en la salud de nuestros niños, puesto que afecta su capacidad intelectual y cognitiva, disminuye su rendimiento escolar, el aprendizaje de habilidades para la vida adulta y su integración productiva. Aunado a lo anterior, si la desnutrición se presenta en infantes indígenas en situación de pobreza, pues lo más probable será que se mantenga su condición hasta la vida adulta, perpetuado el círculo de transmisión intergeneracional de pobreza indígena. Por eso es necesario un esfuerzo mayor para reducir las disparidades regionales y de origen étnico en el acceso a la alimentación desde la primera infancia.

De acuerdo con UNICEF, la primera infancia, de los 0 a los 2 años de edad, representa una etapa fundamental en el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales del menor, por lo que es indispensable que los niños de este rango de edad adquieran los nutrientes esenciales y desarrollen la fortaleza física y mental que les permita crecer y superarse.

Un adecuado estado nutricional del menor evita la propagación de enfermedades y fortalecen su sistema inmunológico. Los niños con una buena alimentación tienen mejores oportunidades para su futuro y pueden superar su condición. En el caso contrario encontramos la situación de los niños indígenas de nuestro país, pues el riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena3.

Lamentablemente, en México, de acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 1.5 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica (se presenta cuando los niños no alcanzan la talla esperada para su edad), es decir el 13.6 por ciento del total de la población de ese rango de edad, casi 1 de cada 7 niños en el país. En el caso de los niños que habitan en hogares indígenas, la prevalencia de desnutrición crónica es de 33.1, más del doble que en los niños no indígenas, situación que se refleja sobre todo el sur del país4.

Hoy existen instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que tutelan los derechos de los niños a una adecuada alimentación y nutrición y obligan al estado a garantizar su cumplimiento, por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños señala que los estados deberán:

Artículo 24. “Suministrar a los infantes alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”.

Dichos derechos, por su propia naturaleza, se extienden a las mujeres. Pues si una madre presenta signos de desnutrición afecta la salud de su hijo, las mujeres con mala alimentación dan a luz bebés con bajo peso al nacer y su leche materna no aporta los nutrientes necesarios para el menor. Ante esa situación, la Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria dispone:

Artículo 12. “Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el Período de embarazo y lactancia”.

Para proteger a las comunidades indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo segundo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, tendrán la obligación de:

Artículo 2. “Apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil”.

El Gobierno Mexicano ha hecho un esfuerzo importante por garantizar la alimentación y una adecuada nutrición desde la primera infancia, por ejemplo, a través de la lactancia materna y orientación nutricional, por lo que se han desarrollado muchas políticas tendientes a la difusión de sus beneficios e incrementar su práctica entre las madres, sin embargo, estas acciones pocas veces llegan a las comunidades más marginadas y a las zonas indígenas.

Complementario a lo anterior, de acuerdo con el diagnostico descrito en el documento “Desnutrición infantil y pobreza en México” de SEDESOL, las mujeres que hablan una lengua indígena enfrentan restricciones adicionales para acceder a los servicios e información referente al cuidado nutricional o de salud preventiva, en tanto aún se necesita fortalecer la adecuación de los mismos a la cultura de los distintos pueblos indígenas o porque no han sido traducidos a sus lenguas. De esta forma, las madres que hablan una lengua indígena no cuentan con los elementos que les ayude a prevenir y atender una situación de desnutrición5.

En ese contexto, debemos fortalecer nuestras acciones conjuntas para garantizar la adecuada alimentación y nutrición de las madres y sus hijos, sobre todo, para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las comunidades indígenas.

Debemos sumar esfuerzos que apoyen en la labor de combatir la falta de alimentos y la desnutrición que hoy padecen niñas y niños indígenas en sus primeros años de vida.

Para lograr tal cometido, el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Salud y sus dependencias, tiene una importante labor, sobre todo en el combate a la desnutrición infantil de las comunidades indígenas y para brindarles orientación nutricional.

En el Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos el trabajo realizado por el Gobierno Federal en la materia y nos sensibilizamos ante la situación de emergencia que viven las comunidades indígenas, en particular, la población infantil que enfrenta carencias alimentarias.

Por tal motivo y en congruencia con lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para combatir la desnutrición infantil en las comunidades indígenas del país, así como los programas de orientación nutricional para las madres de las comunidades indígenas, con el propósito de impulsar una adecuada alimentación desde temprana edad y darle seguimiento al estado nutricional de los menores.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar la posibilidad de incluir asignaciones en el Presupuesto de Egresos del 2019, para desarrollar programas transversales que impulsen el combate a la desnutrición infantil en las comunidades indígenas del país.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
el 13 de junio de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuentes:
UNICEF MÉXICO
Salud y Nutrición. https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
Infancia. https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html
CONEVAL
Medición de la Pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
FAO
Derecho a la Alimentación y Los Pueblos indígenas. http://www.fao.org/3/a-a1603s.pdf
SEDESOL
Desnutrición infantil y pobreza en México. http://bvsper.paho.org/texcom/nutricion/sedesol.pd

1 CONEVAL - Medición de la Pobreza. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

2 FAEO - Derecho a la Alimentación y Los Pueblos indígenas. http://www.fao.org/3/a-a1603s.pdf

3 UNICEF MÉXICO - Salud y Nutrición. https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

4 UNICEF MÉXICO - Infancia. https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html

5 SEDESOL. Desnutrición infantil y pobreza en México. http://bvsper.paho.org/texcom/nutricion/sedesol.pdf






Del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo en relación a las manifestaciones y expresiones realizadas durante el proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, Senador de la República de la LXIIl Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Marco jurídico.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM), dispone en su artículo 6o lo siguiente:

“….La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado…”.

Asimismo, el artículo 7o de la CPEUM dispone:

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

2. Manifestaciones y expresiones realizadas durante el proceso electoral de 2018.

Que durante el proceso electoral de 2018, diversos medios de comunicación en el ámbito nacional y local han venido documentando diversas manifestaciones que van desde ataques en el ámbito personal hasta amenazas por parte de algunos liderazgos pertenecientes al Movimiento Regeneración Nacional (en adelante, Morena), hacia los candidatos que representan otra ideología partidaria distinta a la de este movimiento.

Ejemplo de ello, es que el pasado 3 de junio de 2018, distintos medios de comunicación local en el Estado de Tamaulipas, dieron a conocer que, durante una conferencia de prensa dada por el C. Alejandro Rojas Díaz Durán, quien actualmente es el enlace nacional de Morena, manifestó una serie de descalificaciones y amenazas en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

De acuerdo con estos medios informativos, el C. Rojas Díaz Durán señaló que: “Una vez que el candidato de Morena tome posesión en la Presidencia de la República, removerán al gobernador del Estado de Tamaulipas”.

Asimismo, manifestó que “Promoverán un juicio político a todos los gobernadores de los estados que intervengan de cualquier forma en la elección, en contra de su candidato a la Presidencia de la República”.

Que de acuerdo con el artículo 6o de la CPEUM, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, por lo que todos los ciudadanos tenemos derecho a la “libertad de expresión”, pues es una garantía que otorga la Constitución y que por años hemos tenido grandes luchas para ejercer este derecho.

No obstante, en el caso que nos ocupa, los liderazgos de Morena han rebasado estos límites, debido a que sus manifestaciones han atacado no solo a los candidatos que contienden en este proceso electoral sino también a las autoridades de todos los niveles, así sus campañas están basadas en el ataque a la vida privada, los derechos de terceros, al pronunciarse con expresiones que a todas luces perturban el orden público.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace un llamado a todos los Partidos Políticos Nacionales a manifestarse y conducirse en apego al respeto al marco legal correspondiente. En caso de que sean violados o vulnerados sus derechos, acudan a las instancias correspondientes y no hagan manifestaciones que carecen de sustento legal, confunden a la ciudadanía e inducen a la violencia dando como resultado perturbar el orden público.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena y reprueba las manifestaciones y expresiones que atenten contra la vida privada y los derechos de los candidatos que participan en el proceso electoral 2018, las autoridades en el ámbito Federal, Local y Estatal, y los diversos sectores de la sociedad, y exhorta a todos los Partidos Políticos Nacionales a:

a) Manifestarse y conducirse con apego respeto al marco legal para evitar confundir a la ciudadanía y perturbar el orden público, y

b) Acudir a las instancias correspondientes para dirimir sus controversias, en caso de haber indicios de violación o vulneración a sus derechos en apego a un estado de derecho.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Suscribe

Sen. Héctor Larios Córdova.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a garantizar la equidad, legalidad y transparencia del proceso electoral 2017-2018; asimismo, refuerce las investigaciones sobre las denuncias presentadas por el probable delito de coacción del voto. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con Norberto Bobbio, la oligarquía “significa según la etimología, gobiernos de pocos, pero en los clásicos del pensamiento político griego, que han dejado el término a la filosofía política posterior, la misma palabra tiende con frecuencia el significado más específico y éticamente negativo de gobierno de los ricos, para el cual hoy se usa el término plutocracia”.1

Lo anterior se menciona toda vez que en México se lee entre los analistas políticos, que el país es gobernado por una grupo reducido de personas con gran riqueza económica, o como lo menciona Lorenzo Meyer “hoy, la vida política en México es democrática pero está capturada y dependiente de las acciones ya no del presidente autoritario, sino de las oligarquías que mal dirigen los partidos”.2

Un claro ejemplo de lo anterior, son las recientes declaraciones que han hecho los presidentes corporativos de empresas en México, quienes han ejercido su derecho para expresar sus diferencias con la visión de país de alguno de los candidatos a la Presidencia de la República; sin embargo, pareciera que dichas expresiones también han tenido la intención de influenciar el sentido del voto de sus empleados en contra de algún candidato.

Por ejemplo, el dueño de Grupo México envió una carta firmada a empleados, colaboradores y accionistas para advertirles de los riesgos ante el triunfo de un modelo “populista”. La misiva hace referencia a que “recientemente hemos escuchado con precaución, propuestas de estatización de empresas, la derogación de las reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas y el regreso a un modelo económico que está más que probado que no ha funcionado en varios países. Venezuela, Argentina, Cuba, la extinta Unión Soviética entre otros, son testigos de ello”.3

El Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, terminó la carta con un “Cuidemos todos a nuestra empresa que es nuestra fuente de trabajo, sustento familiar y bienestar.”

Otro empresario que se sumó a no votar por el “populismo” fue el presidente de Vasconia S.A.B., quien declaró que los empresarios deben estar preparados por si, desafortunadamente, el 1 de julio gana la opción populista, con todas sus consecuencias; asimismo, hizo referencia que este modelo no ha tenido éxito en otros países y que los mexicanos deberían cuidar sus recursos y ahorros porque podrían venir tiempos complicados.

En este mismo tenor, el presidente y director de Grupo Herdez se pronunció sobre los riesgos de una posible devaluación. “Seremos más cautelosos en nuestras inversiones, limitándonos, por lo pronto, a la protección y conservación de nuestros activos […] En estos 104 años que tiene Grupo Herdez de existir, hemos pasado por muchas situaciones adversas y de alguna u otro forma hemos salido adelante, aunque no sin sufrir daño económico que nos limitara la posibilidad de crecer y generar más bienestar […] Muchos de ustedes no lo vivieron, pero cada vez que hay una devaluación importante se refleja en nuestras carteras, tuya y mía, donde el dinero que tenemos vale menos en el mismo porcentaje que se devalúa”.4

Asimismo, de acuerdo con un reportaje de Andrea Navarro, del Financiero Bloomberg, directivos de Palacio de Hierro citaron “al personal de Perisur en el comedor para una reunión obligatoria. En los siguientes 40 minutos, el mensaje fue repetido una y otra vez, de acuerdo con empleados que estuvieron presentes esa noche: Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador; es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos, dijo la empresa”.5

No hay duda que un reducido grupo de empresario han utilizado su posición para intentar influenciar el voto de sus empleados, mediante mensajes que indirectamente promueven el miedo e intentan hacer entender que sus trabajos dependen de quien gane o no la Presidencia de la República.

En consecuencia, “el titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE), pidió a los empresarios a no presionar a sus empleados para votar a favor de algún candidato porque, explicó, podrían ser sancionados penalmente de acuerdo con la normatividad vigente […] El titular informó que desde el inicio del proceso electoral, el pasado 8 de septiembre, se han generado 12 denuncias anónimas de empelados que acusaron a sus patrones de presionarlos para votar por un determinado candidato”.6

Por otro lado, el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, comentó que esta institución “tiene la obligación de investigar por oficio las denuncias de coacción del voto a empleados y trabajadores de las empresas […] Es atribución que tiene el Fiscal, porque nadie puede solicitar el sufragio a cambio de una contraprestación, amenaza o condicionar programas sociales a favor o en contra de un partido político o de un candidato presidencial”.7

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marca en su artículo 35, que es derecho del ciudadano votar en las elecciones populares y asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacifica en los asuntos políticos del país; asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo séptimo establece que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Por tal motivo, hay las bases para inferir que algunos empresarios han intentado presionar a sus empleados, haciendo referencia al peligro que corre la economía de sus familias, si llegara a ganar el “populismo”.

Cabe destacar que la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo séptimo, Fracción VII, contempla como delito electoral solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenazas, se presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

La responsabilidad que tienen los líderes de empresas debe ser llevada con mesura, estrictamente la libertad de expresión que se tiene como individuo no puede ser coartada; sin embargo, cuando se intenta presionar el sentido del voto mediante la difusión del miedo, puede constituirse como un delito electoral, por lo que las autoridades electorales deben estar al pendiente de estas prácticas.

Por lo anterior, se cree pertinente y de suma importancia exhortar respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que garantice la equidad, legalidad y transparencia del proceso electoral 2017-2018; asimismo, refuerce las investigaciones sobre las denuncias presentadas por el delito de coacción del voto.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que garantice la equidad, legalidad y transparencia del proceso electoral 2017-2018; asimismo, inicie o refuerce las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finque responsabilidades a quien o quienes resulten por la probable comisión del delito de coacción del voto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Bobbio, Norberto, (2015), “Diccionario de Política”, México, Siglo XXI, pp. 1067.

2 Meyer, Lorenzo, “México a lo larga gestión de la ciudadanía”, [en línea], consultado el 1 de junio de 2018, disponible en:
http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/031204.pdf

3 Ortega, Octavio, “¿Quiénes son los empresarios que piden no votar por AMLO?”, [en líena], consultado el 1 de junio de 2018, disponible en:
http://www.nacion321.com/elecciones/quienes-son-los-empresarios-que-piden-no-votar-por-amlo

4 Ídem.

5 Navarro, Andrea, “Segundo hombre más rico de México llama a sus empleados a votar en contra de AMLO”, [en línea], consultado el 4 de junio de 2018, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/segundo-hombre-mas-rico-de-mexico-llama-a-sus-
empleados-a-votar-en-contra-de-amlo

6 Suárez, Alejandro, “Fepade exige a empresarios no incidir en le voto; tiene 12 denuncias de trabajadores”, [en línea], consultado el 4 de junio de 2018, disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/fepade-exige-a-empresas-no-incidir-en-el-voto
-tiene-12-denuncias-de-trabajadores-1710525.html

7 Huízar, Mauricio, “Fepade debe investigar a empresarios: Santiago Nieto”, [en ínea], consutlado el 4 de junio de 2018, disponible en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/fepade-debe-investigar-a-empresarios-santiago-
nieto-castillo-1712963.html






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en materia electoral a intensificar las medidas de prevención de la violencia política en contra de las mujeres; a investigar dicha violencia conforme la debida diligencia; así como a garantizar la debida y efectiva protección de las mujeres que en este proceso electoral contienden por un cargo público. Se turna a la Primera Comisión.








De los Diputados y los Senadores de los grupos parlamentarios del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial de los Océanos”. Se turna a la Tercera Comisión.

Los Diputados y Senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los océanos han hecho posible el surgimiento y evolución de toda la vida en nuestro planeta. Son parte fundamental de la biosfera, ayudan a regular el clima, proporcionan oxígeno y alimentos, así como otros efectos beneficiosos para el medio ambiente, para la sociedad y la economía en general.

Algunas cifras relevantes sobre la importancia de los océanos son las siguientes:1

• Los océanos cubren más de 70% de la superficie del planeta, aunque solo el 1% de la superficie oceánica está protegida.

• Entre un 50 y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie del océano, que constituye 90% del espacio habitable del planeta. Menos de 10% de este espacio ha sido explorado hasta ahora por los humanos.

• El fitoplancton produce la mitad del oxígeno de la atmósfera.

• Los océanos contienen 96% de toda el agua de la Tierra. El resto es agua dulce que se encuentra en forma de ríos, lagos y hielo.

• El océano absorbe anualmente cerca del 25% del CO2 que se agrega a la atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así el impacto de este gas con efecto de invernadero en el clima.

• El conjunto de los ecosistemas costeros que actúan como sumideros de carbono, como los manglares, las marismas salinas y las praderas submarinas pueden contener una cantidad de carbono cinco veces superior a la de los bosques tropicales.

El bienestar de los océanos es una condición básica para mantener la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Desafortunadamente, los mares de todo el mundo sufren actualmente diversas presiones generadas por la humanidad, amenazando su subsistencia, incluyendo la sobreexplotación pesquera, la pesca ilegal, desconocida o sin regular, así como las insostenibles prácticas de acuacultura, la contaminación marina, la destrucción del hábitat, la introducción de especies invasoras, el cambio climático y la acidificación, causada por la absorción de dióxido de carbono antropogénico desde la atmósfera.

A fin de asegurar la gestión prudente de los mares para el futuro sostenible, en 1992 se creó ONU-Océanos, un mecanismo interinstitucional que busca mejorar la coordinación, la coherencia y la eficacia de las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo principal de ONU-Océanos es fortalecer y promover la coordinación y la coherencia de las actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con las zonas oceánicas y costeras.2

Con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la conservación del océano se convirtió en una prioridad, de modo que el Objetivo 14 de los ODS es “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, a través de diversas metas.3

Recientemente, en junio de 2017 se celebró la Conferencia de los Océanos, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre este asunto, la cual sirvió para promover el avance del objetivo 14 de la Agenda 2030, haciendo un llamamiento para conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos.

A fin de impulsar continuamente las acciones para el desarrollo sostenible y la gestión adecuada de los recursos marinos, las Naciones Unidas decidieron designar a partir de 2009, el 8 de junio de cada año como Día Mundial de los Océanos, como parte de su resolución 63/111 “Los océanos y el derecho del mar”, aprobada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 2008.4

Esta conmemoración busca movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, así como para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos.

En 2018, el Día Mundial de los Océanos lleva por tema “Limpiemos nuestros océanos”, por lo que la celebración gira en torno a iniciativas para prevenir la contaminación por plástico y proponer soluciones para unos océanos más limpios. Se pone énfasis en la polución por plástico, debido a que está causando enormes daños a nuestros recursos marinos; entre otros:5

• El 80% de la contaminación en los océanos está causada por los seres humanos.

• 8 millones de toneladas de plástico al año acaba en nuestros océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo.

• La contaminación por plástico está costando a nuestros océanos la vida de un millón de aves marinas y de 100 mil mamíferos marinos al año.

• Los peces comen el plástico de los océanos y nosotros nos comemos después estos peces.

• El plástico genera gastos de 8 mil millones de dólares en daños a nuestro ecosistema marino, cada año.

Además, este año el tema del Día Mundial de los Océanos se alinea con el del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), que es “Sin contaminación por plásticos”, invitando a todo el mundo a organizarse para planear actos que se conviertan en un movimiento mundial para combatir la contaminación provocada por este tipo de materiales.7

Este tema adquiere mayor relevancia en estos días, debido a que recientemente fue dada a conocer en múltiples medios informativos la noticia de que un pequeño ejemplar de ballena piloto murió en Tailandia tras haber ingerido más de 80 bolsas de plástico y otros artículos con un peso total de ocho kilos. La autopsia reveló que estos materiales impedían a la ballena realizar sus funciones digestivas normales.8

La situación de esta ballena piloto debe verse como un llamado urgente para erradicar el uso de plástico y el grave problema que su presencia trae consigo en los océanos del mundo.

En el ámbito nacional, México posee una enorme riqueza natural en sus regiones costeras y marinas, debido a su posición geográfica privilegiada entre los dos océanos más grandes del planeta, así como a sus más de once mil kilómetros de litorales y a sus tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva.

La riqueza natural de las regiones costeras y marinas de nuestro país concurre con diversas actividades económicas y sociales prioritarias para el desarrollo nacional, como la extracción de hidrocarburos, el turismo, la transportación marítima, la portuaria, la industrial, la acuacultura y la pesca, entre otras.

Por ello, los mares y costas de México deben ser conservados y gestionados de manera sustentable, ya que son una parte fundamental del territorio nacional para la seguridad, la soberanía y el desarrollo sustentable del país.

Para tal efecto, en 2007 se presentó la “Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y Costas”, a partir de la cual se instruyó la creación de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), con carácter de permanente por Acuerdo Presidencial en 2008, cuyo objeto es coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo sustentable de los mares y las costas del territorio nacional.9

La Comisión está integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB); Relaciones Exteriores (SRE); Marina (SEMAR); Desarrollo Social (SEDESOL); Energía (SENER); Economía (SE); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Comunicaciones y Transportes (SCT); Turismo (SECTUR) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien la preside.

Una de las primeras tareas de la CIMARES fue la elaboración de la Política Nacional de Mares y Costas de México, la cual se estructuró bajo tres objetivos generales:10

1. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las poblaciones costeras por medio del aprovechamiento sustentable de los recursos que ofrecen las zonas marinas y costeras, y procurando una distribución más equitativa de la riqueza que en ellas se genera.

2. Fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad regional y contribuir a la nacional, incentivando las actividades económicas y productivas responsables con el medio ambiente marino y costero.

3. Asegurar que la estructura y función de los ecosistemas marino-costeros no sufran alteraciones irreversibles y en su caso se recupere su resiliencia y mantener, inducir o incrementar los bienes y servicios que prestan y su calidad paisajística.

Adicionalmente, la SEMARNAT promueve varias acciones para contribuir a sanear los mares y océanos:11

• En conjunto con municipios, servidores turísticos y la ciudadanía, se promueven jornadas para la limpieza de playas, especialmente durante el Día Internacional de Limpieza de Playas.

• En conjunto con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), se verifica el uso, aprovechamiento y explotación de las playas en los 17 estados costeros del país.

• En conjunto con la Secretaría de Salud y de Turismo, se trabaja en la certificación de la calidad del agua de las playas más concurridas del país.

• El Programa Playas Limpias protege el entorno costero y presenta los resultados del monitoreo realizado en los 67 principales destinos turísticos del país, a fin de que quienes visitan las playas puedan gozar de todos sus recursos con mayor confianza y tranquilidad.12

• México supera por más del doble (22.3%) la superficie marina protegida, comprometida en la Meta 11 de Aichi ante el Convenio de Diversidad Biológica.

• De las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, 37 tienen superficie marina y costera, con un total de 649,587 km2 equivalente a los países de Ecuador y Paraguay juntos.13

• En la temporada 2018-2019, México obtuvo distintivos Blue Flag para 53 playas y 2 marinas, las cuales están obligadas a mantener mejoras en su medio ambiente, en calidad de agua, accesibilidad y no discriminación, entre otras buenas prácticas.14

A pesar de estos importantes avances, se requieren más acciones enfocadas a prevenir y combatir la contaminación por plásticos en las playas y mares, a fin de evitar que este problema continúe creciendo y se vuelva inmanejable.

Entre otras acciones, es necesario promover jornadas permanentes de limpieza de playas, una adecuada disposición final de plásticos o incluso evitar su uso en los establecimientos ubicados a la orilla del mar, siguiendo el ejemplo de ciudades como San Francisco, París y Nueva Delhi, que han prohibido parcial o totalmente los productos de plástico.

Además, los tres órdenes de gobierno deben establecer acciones de prevención de la contaminación por plásticos en las playas, los mares y los ríos con desembocadura en el mar. Asimismo, la CIMARES debe coordinarse con los sectores público, privado y sociedad civil, para establecer acciones para prevenir y combatir la contaminación por plásticos en las playas y mares de todo el país.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial de los Océanos, proponemos exhortar a CIMARES y a los tres órdenes de gobierno, para realizar acciones contundentes que contribuyan a prevenir y combatir la contaminación por plásticos en las playas y mares.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- En el marco del Día Mundial de los Océanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) a realizar Mesas de Trabajo en conjunto con los sectores público, privado y sociedad civil, que tengan por objetivo establecer acciones para prevenir y combatir la contaminación por plásticos en las playas y mares de todo el país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, a coordinarse para que en los 17 estados costeros del país se implementen jornadas permanentes de limpieza de playas, se impulse la adecuada disposición final de plásticos, y se establezcan acciones de prevención de la contaminación por plásticos en las playas, los mares y los ríos con desembocadura en el mar.

Sede de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

1 Naciones Unidas. Día Mundial de los Océanos, 8 de junio. Antecedentes (Consultado en junio de 2018)
http://www.un.org/es/events/oceansday/background.shtml

2 UN-Oceans. About UN-Oceans (Consultado en marzo de 2018)
http://www.unoceans.org/about/en/

3 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 14 (Consultado en junio de 2018)
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/

4 Naciones Unidas. Asamblea General. 63/111. Los océanos y el derecho del mar. Resolución aprobada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 2008.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/111

5 Naciones Unidas. Día Mundial de los Océanos, 8 de junio. Portada (Consultado en junio de 2018)
http://www.un.org/es/events/oceansday/index.shtml

7 Naciones Unidas. Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. Rompe con el plástico (Consultado en junio de 2018)
http://www.un.org/es/events/environmentday/action.shtml

8 Noticieros Televisa. Imágenes fuertes: Ballena muere en Tailandia con 80 bolsas de plástico en el estómago. 3 de junio de 2018
https://noticieros.televisa.com/historia/ballena-muere-80-bolsas-plastico-estomago/

9 DOF: 13/06/2008. ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas.
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5044738&fecha=13/06/2008

10 Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES). 2012. Política Nacional de Mares y Costas de México, Gestión Integral de las Regiones más Dinámicas del Territorio Nacional. SEMARNAT. México
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/dialogonacional/Documents/Informacion%20Relevante/Politica
%20Mares%20y%20Costas_espa%C3%B1ol.pdf

11 SEMARNAT. Para sanear mares y océanos: Día Internacional de Limpieza de Playas. 16 de septiembre de 2017
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/para-sanear-mares-y-oceanos-dia-internacional-de-limpieza-de-playas

12 SEMARNAT. Programa de playas limpias. Resultados de calidad de agua de mar (Consultado en junio de 2018)
http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/programa-de-playas-limpias/resultados-de-calidad-de-agua-de-mar

13 CONANP. México es líder mundial en la protección de áreas marinas. 29 de enero de 2018
https://www.gob.mx/conanp/es/prensa/mexico-es-lider-mundial-en-la-proteccion-de-areas-marinas?idiom=es

14 SECTUR. México, Primer País De América En Obtener Distintivos Blue Flag Para 53 Playas Mexicanas y 2 Marinas. Comunicado del 24 de mayo de 2018
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-primer-pais-de-america-en-obtener-distintivos-blue-flag-para-53
-playas-mexicanas-y-2-marinas






De las Diputadas Blanca Margarita Cuata Domínguez y Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral, así como a las 32 entidades federativas a generar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos y sus simpatizantes, así como de la población en general. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer públicas las razones que justifican los 2,090 contratos otorgados por adjudicación directa, a través de DICONSA, a Grupo Herdez, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y Presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 179, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE HAGA PÚBLICAS LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LOS 2,090 CONTRATOS OTORGADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, A TRAVÉS DE DICONSA, A GRUPO HERDEZ, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El 28 de mayo 2018 se informó a través de distintos medios de comunicación1 que DICONSA ha asignado sin licitación alguna a Grupo Herdez, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, un total de 2,090 contratos por un monto de 208 millones 418 mil 568.46 pesos.

Los montos de los más de dos mil contratos de Grupo Herdez con DICONSA van desde convenios de 439 mil pesos hasta los casi cuatro millones. Los más pequeños se ubican en las delegaciones que la entidad tiene en la República y los mayores en las oficinas centrales en la Ciudad de México.2

Tal vez sea el miedo a perder en el futuro este tipo de contratos que DICONSA asigna de manera directa a Grupo Herdez, lo que motiva a su Director, Héctor Hernández Pons Torres, a enviar cartas a sus colaboradores en la que alerta que la empresa debe estar preparada por cualquier giro que se pueda presentar después de las próximas elecciones.

SEGUNDA.- Como sabemos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las dependencias de la Administración Pública Federal (APF).

El objetivo último de las disposiciones de la LAASSP es que se logren las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad de las compras que realizan los distintos órdenes de Gobierno con los recursos públicos aportados por toda la sociedad.

En su Artículo 26, la LAASSP señala que hay tres opciones de procedimientos a través de los cuales se pueden llevar a cabo las adquisiciones que realicen las dependencias de la APF, estas opciones son:

• Licitación pública,

• Invitación a cuando menos tres personas, y

• Adjudicación directa.

El citado Artículo también señala que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes.

El Capítulo Tercero de la LAASSP contiene las disposiciones que regulan las excepciones a la Licitación Pública. En particular, el Artículo 41 del citado ordenamiento señala los supuestos concretos bajo los cuales es posible omitir el procedimiento de Licitación Pública y aplicar cualquiera de los dos procedimientos de excepción.

La disposición del Legislador de que sea la Licitación Pública el procedimiento ordinario para las adquisiciones es en la inteligencia de que la libre competencia entre los proveedores abona a que el Estado obtenga las mejores condiciones posibles en cuanto a precio y calidad de los bienes y servicios adquiridos. Es sabido que los procedimientos de excepción a la Licitación Pública limitan notablemente la libre competencia entre los proveedores, lo cual se presta no sólo a la colusión de los mismos, sino a la adjudicación a proveedores “favoritos” de los funcionarios públicos encargados de las adquisiciones.

El Artículo 40 de la LAASSP establece con claridad que la adquisición realizada por un procedimiento de excepción debe fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así mismo, señala que en ambos procedimientos de excepción, deberá hacerse una investigación de mercado que sirva de base para la selección del procedimiento.

TERCERA.- Es preciso que la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual depende DICONSA, difunda de manera pública las razones por las cuales le han sido asignados tantos contratos de manera directa, sin pasar por el proceso de Licitación Pública, a Grupo Herdez. La sociedad mexicana merece una explicación de este favoritismo en las compras con dinero público.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que haga públicas las razones que justifican los 2,090 contratos otorgados por adjudicación directa, a través de DICONSA, a Grupo Herdez, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 13 de junio de 2018.

Dip. Claudia Sofía Corichi García.

1 http://www.sinembargo.mx/28-05-2018/3423207

2 Ídem.






Del Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en coordinación con las respectivas autoridades en el estado de Jalisco, determinen acciones conjuntas, a fin de realizar los trabajos pertinentes para la recuperación y saneamiento del río Lerma, así como atender a los ciudadanos afectados debido a la contaminación del mismo. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América un informe sobre la cantidad de niños migrantes desaparecidos con nacionalidad mexicana. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, ABEL CRUZ HERNÁNDEZ, diputado del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El pasado 29 de mayo el periódico New York Times denunció que las autoridades estadounidenses habían perdido el rastro de al menos 1.475 menores que fueron separados de sus familias al solicitar asilo en la frontera estadounidense con México.

Derivado de lo anterior, funcionarios del ejecutivo ofrecieron una conferencia telefónica en la que rechazaron que los menores estén "bajo custodia" de las autoridades americanas y afirmaron que esta situación se debe a "vacíos legales" heredados de la administración del expresidente Barack Obama.

2. Parte del problema se debe a que en su mayoría los niños llegan con sus familias al territorio estadunidense y solicitan asilo en migración, sin embargo, los familiares pasan a los centros de detención migratoria mientras duran sus procesos y los niños son separados de sus padres y entregados directamente al sistema de seguridad social de Estados Unidos, el cual supuestamente tendría que resguardarlos.

Durante la administración del presidente Barak Obama, se entregaban a los familiares que estaban esperándolos en Estados Unidos, pero con el actual presidente se ha decidido que se entreguen todos al sistema social.

3. En el mes de abril las autoridades reconocieron haber perdido el rastro de todos estos niños y justo un mes después la noticia vuelve a la luz pública, debido a que hay muchas organizaciones que están muy preocupadas y porque el caso tiene que ver con el derecho al asilo internacional.

Al respecto, Marta Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano señaló en entrevista para un medio norteamericano, que las leyes de asilo obviamente no se están cumpliendo, porque el asilo no debe ser motivo de detención, deberían entregar una visa temporal para que los niños puedan mantenerse en Estados Unidos hasta que llegue su turno en la Corte Migratoria.

Además la burocracia del sistema de seguridad social comprende que deben ser entregados a las casas de acogida y eventualmente los entregan en adopción, "aunque se supone que en el caso de los niños migrantes no los deben dar en adopción, pero también está sucediendo", contó la coordinadora.

Según explicó Sánchez el proceso para definir el asilo de padres y familiares debería durar muy poco pero migración tiene un rezago de 400.000 casos migratorios, "entonces esto está durando hasta más de un año", indicó.

4. Asimismo, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) mostró ha mostrado su preocupación por los informes de que mil 475 niños migrantes detenidos en la frontera sur no han sido localizados después de ser enviados con tutores.

Además, urgió al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin a la práctica nociva de separar a los niños de sus padres en la frontera, de la misma manera para Encuentro Social, los informes sobre niños migrantes desaparecidos son extremadamente alarmantes e instamos a las autoridades a actuar con rapidez para garantizar que los niños mexicanos estén seguros y bien cuidados.

5. Ante el creciente número de detenciones que generan la separación de familias migrantes, diversas ONG alertan que este sector sufre de vejaciones, explotación laboral, sexual e incluso llegan a perder la vida si vuelven a sus lugares de origen.

6. Derivado de esta situación que ha venido incrementándose en los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de los Estados Unidos detener la deportación automática de menores mexicanos que viajan solos y en forma indocumentada, al considerar que se violan sus derechos.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil calificaron como discriminatoria esta práctica debido a que el procesamiento de estos menores difiere en mucho del trato que se les da a los menores indocumentados que viajan solos desde Centroamérica.

7. Al respecto, la comisionada Rosa María Ortiz, de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, expuso que los niños mexicanos deportados de manera automática enfrentan igualmente riesgos adicionales derivados del hecho de que en ocasiones estas deportaciones ocurren en altas horas de la noche, sumado a que no pocas veces son enviados a regiones distantes de sus lugares de origen y que la explicación de las autoridades estadunidenses ha sido que esto tiene como propósito evitar que intenten cruzar nuevamente la frontera.

Esto atenta contra la protección del niño. Esta información es indicativa de prácticas violatorias de los derechos de los niños y de los propios tratados de repatriación entre México y Estados Unidos”, denunció la abogada.

8. En su reporte, la CIDH -dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)- mencionó haber recibido información que indica que los menores no acompañados de origen mexicano son, en algunos casos, sujetos a devoluciones antes de ingresar en el territorio estadunidense.

De manera adicional se hace notar que funcionarios estadunidenses no logran identificar correctamente a los niños y niñas no acompañados mexicanos que puedan tener necesidades especiales de protección internacional.

Ya que si bien el régimen jurídico al amparo del cual se llevan a cabo estas deportaciones es consistente con los estándares internacionales, preocupa “la falta de garantías de debido proceso y la falta de acceso a mecanismos de protección internacional” para los menores en el marco de sus procedimientos migratorios.

9. Ante esa situación, la CIDH instó a Estados Unidos “a poner fin a su práctica de la detención migratoria automática y arbitraria de familias; a tratar a niños y niñas mexicanos no acompañados con las mismas salvaguardas y procedimientos aplicables a los niños y niñas no acompañados procedentes de países no limítrofes”.

Estas instancias internacionales defensoras de Derechos Humanos, han solicitado que el procesamiento de menores que buscan asilo no quede en manos de agentes del orden, sino de especialistas “y asegurarse de que los niños procedentes de México no sean discriminados, o colocados en situaciones de peligro a partir sólo de su ciudadanía”.

10. Reforzando lo anterior, en su informe Niños en Fuga, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) encontró que de 404 niños encuestados de México y Centroamérica que se encontraban en situación migratoria irregular en los Estados Unidos, el 58% indicó que eran "desplazados por la fuerza" debido a: la violencia de los actores armados delictivos organizados, incluyendo carteles de droga y pandillas; violencia doméstica; y en el caso de México por sí solo, el 38% debido al reclutamiento forzado en las redes de tráfico de personas.

11. Asimismo, un informe de la Washington Office on Latin America (WOLA) reveló que un hilo común entre los NNA mexicanos no acompañados devueltos es que algunos prefieren seguir tratando de cruzar la frontera con los Estados Unidos en lugar de involucrarse con grupos organizados de delincuencia y el tráfico de drogas. Claramente, los NNA mexicanos se enfrentan a riesgos de persecución en sus comunidades de origen.

12. Según las leyes de los EEUU, un "niño o niña extranjero no acompañado" se define como un niño o niña que:

(a) carece de estatus migratorio legal en los Estados Unidos;

(b) no ha cumplido los 18 años de edad; y

(c) con respecto a quien

(i) no hay padre o tutor legal en los Estados Unidos; o

(ii) ningún padre o tutor legal en los Estados Unidos está disponible para proporcionar cuidado y custodia física1.

13. Antes de 2008, y "como una cuestión de práctica" los niños no acompañados de origen mexicano llegados a los Estados Unidos eran automáticamente expulsados hacia México a través del puerto de entrada más cercano2. La expulsión se llevaba a cabo "durante las horas del día" y dentro de las 24 horas de su llegada. Tras la adopción de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPRA) en 2008, los oficiales fronterizos de los Estados Unidos deben determinar si un niño o niña no acompañado proveniente de México puede tener necesidades de protección, antes de iniciar su regreso a México.

14. Concretamente, los funcionarios deben determinar dentro del plazo de 48 horas de la aprehensión, si el niño o niña:

(a) no ha sido víctima de una forma grave de trata y no hay evidencia creíble de que el niño estará en riesgo de ser víctima de trata a su regreso a México;

(b) no tiene temor de regresar a México debido a un miedo creíble de persecución; y

(c) es capaz de tomar una decisión independiente de retirar la solicitud de admisión a los Estados Unidos3.

15. Si los funcionarios no pueden hacer una determinación en cuanto al riesgo de trata o persecución, o si el niño o niña no es capaz de tomar una decisión independiente para retirar su solicitud de admisión a los Estados Unidos, el oficial seguirá el mismo procedimiento vigente para NNA no acompañados procedentes de países no limítrofes. En resumen, el oficial debe brindar al niño más protección para asegurar que no es una víctima de trata de personas, ni tiene un "miedo creíble" de persecución en su país de origen antes de cualquier intento de deportar al niño.

16. Las condiciones y los mecanismos de la repatriación de los NNA no acompañados mexicanos se rigen por un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y México. Este acuerdo se implementa a través de acuerdos locales en varias áreas a lo largo de la frontera terrestre común.

17. Adicionalmente, México cuenta con un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Conforme al artículo 1º de nuestra Carta Magna que reconoce los derechos humanos contemplados tanto en la misma Constitución, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, las familias migrantes son protegidos por diversas normas jurídicas, entre ellas destacan:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4º y 11).

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Ley de Migración.

• Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados Unidos de América.

• Memorándum de Entendimiento sobre Mecanismos de Consulta Sobre Funciones del Servicio de Inmigración, Naturalización y Protección Consular.

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza
Asimismo, existen múltiples acuerdos bilaterales que se han celebrado entre México y Estados Unidos con la finalidad de asegurar una repatriación segura y ordenada de migrantes.

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila- Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila – Eagle Pass, Texas y su Protocolo que lo Enmienda

• Procedimientos para la Repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, San Diego y sus Adiciones.

• Arreglo Local para la Repatriación de nacionales mexicanos, El Paso.

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos entre las Autoridades Migratorias del Sector Laredo, el Consulado de México en Laredo, Texas y el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas.

• Acuerdo de Repatriación en las fronteras de Mc Allen y de Brownsville, Texas.

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las Fronteras de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta, Sonora.

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en Nogales, Phoenix, Yuma, Tucson y Douglas.

18. Conforme al mandato constitucional establecido en su artículo 89, fracción X, corresponde una obligación para el Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado Mexicano bajo la conducción del principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

19. Por esta razón, la problemática que viven los menores separados de sus familias y los no acompañados en las fronteras con Estados Unidos de América a la espera de resolver su situación migratoria, debe ser un tema de suma importancia en la relación bilateral con nuestro país vecino del norte, impulsando una política exterior que coadyuve a mejorar las condiciones y los procedimientos a los que son sometidos los menores asegurados por las patrullas fronterizas.

20. Si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar los derechos humanos de las familias migrantes, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel. Se necesita más que una norma jurídica, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para encaminar una política integral que sea eficaz y de resultados visibles.

En este contexto la situación de los menores migrantes debe ser vista como una alta preocupación por parte del Estado Mexicano en la conducción de su política exterior para ser atendida de manera integral y conforme al total respeto a los Derechos Humanos.

Para Encuentro Social, la mejor manera de proteger a los menores que han cruzado las fronteras o migrado debido a la pobreza, la violencia y circunstancias fuera de su control es mantenerlos con sus padres y familias.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América un informe sobre la cantidad de niños migrantes desaparecidos con nacionalidad mexicana.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice la petición para que las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, respeten el debido proceso de los acuerdos binacionales, a fin de que se realicen las indagatorias correspondientes que revelen si un niño o niña no acompañado proveniente de México puede tener necesidades de protección, antes de iniciar su regreso al país.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Dip. Abel Cruz Hernández.- Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco.

1 Homeland Security Act of 2002, 6 U.S.C. § 279, § 462(g).

2 Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., Unaccompanied Alien Children: An Overview, R43599 (8 de septiembre de 2014), pág. 5.

3 TVPRA, 8 U.S.C. § 1232 (a) (2); Appleseed Network, niños en la frontera (2011), pág. 23.






Del Senador José María Martínez Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer la coordinación en materia de seguridad pública en Jalisco. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración a la Comisión Permanente, el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A FORTALECER LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN JALISCO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia es uno de los principales retos que enfrentamos como país y, en particular, en mi estado, Jalisco. Desde el inicio del año se observó una tendencia preocupante e, incluso, el propio gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, señaló el 7 de marzo del 2018 que sería un año difícil para la entidad. A tres meses de su declaración, es evidente que no se aquilató la dimensión del problema.

Se viven días en los que la ola de violencia llega a escalar a decenas de homicidios, ataques a funcionarios públicos, policías y miembros del ejército. No hay soluciones mágicas para prevenir estos sucesos, pero es evidente que la estrategia y coordinación en materia de seguridad puede y debe mejorar.

De nuestro marco normativo se desprende que la seguridad pública está a cargo de los tres órdenes de gobierno: federación, entidades federativas y municipios.1 Ello tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.2 Esto, siempre tomando en cuenta las distintas competencias en la materia.3

Coloquemos en contexto, tan solo en los últimos meses, la tendencia de la violencia en Jalisco. En marzo de este año, jóvenes estudiantes de cine fueron asesinados y disueltos en ácido por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Al margen de la estrategia, estos actos exigen una profunda reflexión de todos y cada uno de nosotros.

El pasado 21 de mayo, el ex fiscal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez fue objeto de un atentado en su contra. El enfrentamiento ocurrió en una de las zonas más transitadas de Guadalajara. Horas después, la delincuencia escaló a tal grado que quemaron un vehículo de transporte público en el que perdió la vida Tadeo, un bebé de ocho meses de edad.

En el contexto de esta ola de inseguridad, las autoridades estatales señalaron, en una primera instancia, que los actos de violencia no estaban vinculados entre sí y, posteriormente, corrigieron la declaración para afirmar que eran parte de una lucha entre diversos grupos de crimen organizado.4

En los días subsecuentes, se realizaron diversas detenciones, por parte de elementos de la federación, a líderes de grupos del crimen organizado, tanto en Jalisco como en otras entidades de la República. Posteriormente, el 4 de junio, agentes de la Secretaría de la Marina fueron violentados en el municipio de Ciudad Guzmán, sin observarse la presencia de apoyo municipal o estatal.

Tanto las declaraciones, como la agresión a integrantes de las fuerzas armadas hacen evidente la necesidad de fortalecer la coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno.

De igual forma, no podemos ser omisos a la existencia del proceso electoral 2017-2018. Dentro de pocos días, casi cinco millones de jaliscienses ejerceremos nuestro derecho al voto y se debe garantizar que la hornada se lleve con tranquilidad.

Por lo anterior, someto a la consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas competencias, a fortalecer la coordinación en materia de seguridad pública.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas competencias, para que se fortalezca la estrategia de atención a víctimas de la violencia en Jalisco.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas competencias, garanticen que la jornada electoral pueda celebrarse en paz.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Sen. José María Martínez Martínez.

1 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (1917), artículo 21.

2 “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública” (s/f), artículo 2.

3 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cap. IX.

4 “Fiscalía niega relación entre hechos violentos con cárteles y se desdice”, El Informador?:: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento, consultado el 5 de junio de 2018,
https://www.informador.mx/jalisco/Fiscalia-niega-relacion-entre-hechos-violentos-con-carteles-y-
se-desdice-20180529-0150.html.






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a reforzar las medidas empleadas para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en específico el acoso sexual. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El acoso sexual es definido por la Organización Internacional del Trabajo:

“Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”.1

De igual manera, dentro de la Recomendaciones Generales, adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Recomendación 19, Articulo 11, numeral 18, define al acoso sexual como:

“El comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil”2

Al respecto el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) lo define como:

“Cualquier tipo de penetración, la exposición de material sexual explicito, el tocamiento corporal, la masturbación forzada, el exhibicionismo, las insinuaciones sexuales, la exposición de actos sexuales no deseados, la prostitución y la pornografía. 3

Las definiciones antes señaladas denotan que en caso de que este exista, esto resultaría una grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

En el ámbito internacional existen varios instrumentos que protegen los citados Derechos comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala que:

“Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en la misma, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.4

Aunado a ello encontramos que el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", condena todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que el estado mexicano deberá adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia en nuestro país. 5

De igual forma la Convención para Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por sus siglas en inglés, instaura la obligación de adoptar las medidas necesarias, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en cualquier ámbito.

En el ámbito nacional de acuerdo con lo instaurado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.

En este sentido la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé las medidas que necesarias para el cumplimiento de esta ley, las cuales deben encaminarse a la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer.

Aunado a ello la Ley comento enuncia al acoso sexual como una forma de violencia laboral o docente en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.6

Cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, arrojo que las mujeres han sufrido violencia laboral en la cuestión sexual a lo largo de su vida un 11% y en los últimos 12 meses del año 2016 un 6.6%.7

Asimismo, destaca que la violencia laboral a nivel nacional en el año 2016 ocupo un 26.6% siendo Chihuahua, Querétaro, Coahuila, Baja California y Quintana Roo las entidades federativas con porcentajes más altos de este tipo de violencia.

Bajo esta misma tesitura cifras del periódico Milenio revelaron que:8

• En los primeros cuatro meses del año se iniciaron 738 averiguaciones por acoso sexual en el país, cifra que supera en 60 por ciento a la del mismo periodo de 2017, cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó de 463 casos.

• Entre 2016 y 2017 los casos aumentaron 23 por ciento, al pasar de mil 316 a mil 619.

• En 2018, enero tuvo 118 casos; febrero, 170; marzo, 218, y abril, 232 que es la cifra más alta desde 2015. Aunque el Secretariado Ejecutivo no especifica si las denuncias son presentadas por mujeres, es sabido que la mayoría de las víctimas de este crimen son del sexo femenino. Si se contabilizan las averiguaciones iniciadas por acoso sexual desde enero de 2015 hasta abril pasado, en México se tiene un total de 4 mil 737, lo que arroja un promedio mensual de 118 denuncias en tres años y cuatro meses.

• Las entidades donde se han realizado más denuncias en el periodo mencionado son Estado de México (626), Guanajuato (600), Jalisco (599), Ciudad de México (512) y Coahuila (410). Juntas concentran 57 por ciento de las averiguaciones.

• En el Estado de México hubo un aumento de 111 por ciento en las denuncias de todo 2017 respecto a las de 2015, al pasar de 121 a 256 casos.

• Asimismo, en la capital del país el incremento en los últimos tres años también es determinante: en 2015 fueron 33 las denuncias, en 2017 la cifra fue 208.

• Este año van 90 casos, lo que representa 40 por ciento del registro total de todo 2017.

• En Guanajuato y Jalisco las denuncias disminuyeron entre 2015 y 2017, sin embargo, son parte del top five de entidades con más víctimas de acoso sexual en el país.

• Por el contrario, Durango, Nayarit, Chiapas, Morelos y Sinaloa son las que presentan menos delitos, en un rango de entre 3 y 40 casos. Sin embargo, de acuerdo con las cifras del SNSP, en nueve estados las autoridades reportan cero denuncias.

• Llama la atención que entre ellos se encuentra Chihuahua, donde la violencia de género y los feminicidios son un sello de la inseguridad. En esta lista también se encuentran Zacatecas, Yucatán, Tabasco, Colima, Campeche, Baja California y Aguascalientes. Existen otros aumentos relevantes registrados en el último año. En San Luis Potosí y Tamaulipas los casos aumentaron 117 por ciento en 2017 respecto al año anterior.

• En Quintana Roo 65 por ciento; en Veracruz, 30 por ciento. A diferencia del acoso sexual, el hostigamiento tiene la particularidad de que la persona que lo ejerce es de mayor jerarquía laboral que la víctima.

• Las cifras del SNSP revelan que en lo que va del año, cada día se han presentado en promedio tres denuncias por hostigamiento. En términos de tendencias de búsqueda, el concepto de acoso sexual adquirió relevancia en el último año. Según Google, los meses en los que en México hubo mayor interés de este tema fueron noviembre y diciembre de 2017; en 2018, marzo ha sido el de mayor puntuación (80 de 100).

El 31 de agosto de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, mismo que tiene como objetivo prevenir, atender y sancionar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual para garantizar el acceso de las personas a una vida libre de violencia, en el servicio público, tal como lo mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.9

En este orden de ideas el acoso sexual es una conducta lasciva para las mujeres en la sociedad, misma que no debe permitirse en ninguna circunstancia. Por ello es deber del Estado mexicano garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres en cualquier ámbito de que se trate.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, es que el día de hoy me permito someter ante esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de las dependencias competentes refuercen las medidas empleadas para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en específico el acoso sexual.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 Género, salud y seguridad en el trabajo. Hoja informativa. Organización Internacional del Trabajo, Hostigamiento y Acoso Sexual.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf.
Pág. 1. 30/05/2018.

2 http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf. 30/05/2018.

3 Glosario de Género. Pág. 11.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf. 31/05/2018.

4 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. 30/05/2018.

5 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 31/05/2018.

6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178863/ley-general-acceso-mujeres-vida-libre-violencia.pdf. 30/05/2018.

7 file:///C:/Users/LUCIA.DANTAN/Downloads/endireh2016_presentacion_ejecutiva%20(4).pdf. Pág. 18. 30/05/2018.

8 http://www.milenio.com/policia/hasta-abril-60-mas-casos-de-acoso-que-hace-un-ano

9 https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-para-la-prevencion-atencion-y-sancion-del-
hostigamiento-sexual-y-acoso-sexual-98700. 31/05/2018.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a dar seguimiento e informar sobre las denuncias interpuestas en contra de Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero y evasión fiscal. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En pasados días dos ciudadanos, cada uno por su propia cuenta, ha interpuesto denuncias ante la Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador.

La primera de ellas se dio a conocer el 15 de abril de 2018. El denunciante de nombre Alejandro Ponce Rivera, levantó una denuncia en contra del candidato de MORENA a la Presidencia de la República por la presunción de los delitos de lavado de dinero y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo que Ponce Rivera argumenta es que López Obrador obtiene recursos pero al no hacer uso de las instituciones del sistema financiero mexicano, evita el pago de impuestos, particularmente el Impuesto sobre la Renta.

En la denuncia se afirma que la esposa de López Obrador desde 2010 ha adquirido diversos inmuebles en la Ciudad de México y en el estado de Puebla que no han sido reportados en las declaraciones patrimoniales de López Obrador. Lo mismo se puede decir de los recursos que obtiene López que no han pasado por el requisito de sus declaraciones fiscales.

La segunda denuncia fue interpuesta hace un par de días por el ciudadano Gabriel Ortiz Gómez, miembro y expresidente de la Barra Colegio de Abogados, por la presunción de delito de evasión fiscal por parte de López Obrador.

Ortíz Gómez señala que en los últimos años, López Obrador sólo ha presentado tres declaraciones fiscales: las de 2013, 2014 y 2015. La primera de ellas en ceros, la segunda representó un saldo a favor del candidato por 22 mil pesos y la tercera con beneficio de un poco más de 700 pesos. Las declaraciones de 2016 y 2017 no se encuentran expuestas en la declaración 3 de 3 de López Obrador.

La motivación que se puede inferir de estas dos denuncias por parte de ciudadanos, es que las autoridades investiguen y den respuesta a lo que López Obrador se ha negado de manera reiterada a manifestar ante la opinión pública: su modus vivendi.

En distintas ocasiones se le ha hecho esa pregunta que ha sido evadida en cada oportunidad. Se puede inferir que López Obrador obtiene recursos, vastos recursos del partido político que él fundo, MORENA. Sin embargo, eso no lo exime de presentar ante la autoridad sus declaraciones fiscales correspondientes y el pago de los impuestos a que sus ganancias den lugar.

Quienes participan o son líderes al interior de los partidos políticos deben ser los primeros en señalar y demostrar la forma en que se gastan los recursos de éstos, provenientes del erario público.

Los recursos de los partidos, al ser entidades de interés público, no quedan al margen de la demostración fehaciente y transparente del destino de los recursos que por ley obtienen de manera proporcional a la cantidad de votos registrados a ellos en las urnas.

De tal modo que López Obrador no puede estar al margen de las leyes y las instituciones mexicanas. Quien aspira al cargo de presidente de la República debe demostrar que su forma de vida, además de honesta y honorable, corresponde a lo que ha declarado a manera de ingresos y que colabora con el Estado a través del pago de sus impuestos. López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que él gobernará con el ejemplo; pero si el ejemplo es no declarar impuestos y evadir las responsabilidades y obligaciones ante el Estado, no está actuando con la congruencia que se espera de un candidato presidencial.

En tal virtud, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A DAR SEGUIMIENTO E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS DOS DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE DICHA DEPENDENCIA LOS PASADOS DÍAS 15 DE ABRIL Y 20 DE MAYO, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR POR LOS PRESUMIBLES DELITOS DE LAVADO DE DINERO, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EVASIÓN FISCAL.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 13 de junio de 2018.

Atentamente.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a iniciar o, en su caso, fortalecer las investigaciones respecto del enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2018. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Detención de Infractores y Probables Responsables en el marco del Sistema Penal Acusatorio, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de enero de 2015, en el numeral séptimo del acuerdo por el que se expide el protocolo establece que la actuación de los cuerpos de seguridad en la Ciudad de México, en casos para la detención de infractores o probables responsables que requiera el uso de la fuerza, se deberán hacer con base en los principios de: legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.

Asimismo en su numeral cuarto, establece que para realizar la detención de Infractores y Probables Responsables se aplicarán los siguientes criterios: Sean sorprendidas en flagrancia; se emita un mandamiento ministerial o se emita un mandamiento jurisdiccional.

Mientras que en el número quinto del mismo ordenamiento, se establece que al realizar las acciones para la detención de Infractores y Probables Responsables, la Policía de la Ciudad de México deberá respetar los derechos humanos, con apego a la normatividad vigente del uso de la fuerza pública; utilizar candados de mano, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable; poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente al infractor o probable responsable, y hacer del conocimiento del infractor o probable responsable, los derechos que le asisten en términos de lo dispuesto en el acuerdo, así como abstenerse de realizar actos que impliquen intimidación, discriminación, tortura y en general cualquier otra acción u omisión que implique tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Lamentablemente en muchas ocasiones, tanto los protocolos como la instrucción que han recibido por parte de la misma Secretaría, en el desarrollo de hechos de confrontación con la ciudadanía los cuerpos de seguridad olvidan actuar con base en las normas establecidas y bajo la instrucción con la que han sido formados. La ausencia de una actuación basada en el respeto a los derechos humanos, en muchas ocasiones desemboca en violencia, confrontación directa, e incluso, en abusos por parte de la autoridad sobre la población.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el abuso de autoridad es el principal delito por el cual los policías capitalinos son denunciados. Según cifras de esta dependencia, de 2012 a 2016, de las 5 mil 023 averiguaciones previas que abrieron las autoridades capitalinas basadas en las quejas de ciudadanos, casi la mitad corresponden a este delito.1

Lo anterior sale a colación debido a que en días pasados estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Centro Histórico, denunciaron a través de redes sociales un enfrentamiento con integrantes de la policía de la Ciudad de México, en donde aparentemente actuaron con abuso de autoridad.

De acuerdo con algunos testimonios y grabaciones que circulan en redes sociales, se puede observar cómo integrantes de las fuerzas públicas agreden físicamente a jóvenes, quienes aparentemente son estudiantes de dicha casa de estudios. La versión dada a conocer por un usuario de la red social Twitter de nombre Edson Avelar es: “quien se identifica como vocero universitario de la UACM, la “redada” se desató después de que hubiera un asalto cerca, lo que llevó a los agentes al plantel. Además, acusó a los policías de haberle robado a los alumnos.”2

Como consecuencia de estos hechos cuatro alumnos de dicha Universidad, Julio Canek Gonce Castillo, Cristian Omar Ramírez, Julián Abraham Castilla Gutiérrez y Édgar Alejandro Aguilar Garrido fueron agredidos y detenidos frente a las instalaciones del plantel Centro Histórico de la UACM.3

Sobre estos hechos ocurridos, la Rectoría de la UACM a través del comunicado 003/2018,4 fijó la postura de la Universidad condenando enérgicamente la agresión a los estudiantes “por parte de policías de la Ciudad de México, quienes violando cualquier protocolo de actuación y sin tener causa justificada, los detuvieron mediante el uso de la violencia física y verbal. Este hecho se vio agravado por la pretensión de los uniformados de acceder al plantel para realizar más detenciones, lo que hubiese representado una flagrante violación a la Autonomía de nuestra Universidad.” Asimismo, las autoridades se comprometieron con la comunidad de estudiantes, profesores y trabajadores a brindar el respaldo absoluto y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la libertad de cátedra, la libre discusión de las ideas y la defensa de la autonomía de esa institución.

Estos hechos fueron interpretados por algunos miembros de esa comunidad estudiantil como actos de provocación tendientes a desestabilizar la vida interna de la UACM.

Es importante recordar que el pasado 3 de abril, tres estudiantes de esta Universidad fueron asesinados con arma de fuego y uno más fue lesionado, en la Unidad Habitacional el Arbolillo Uno, en la Delegación Gustavo A. Madero, de esta misma ciudad.5 Si bien la agresión ocurrió fuera de las instalaciones de esa casa de estudios, tanto estudiantes como autoridades demandaron el esclarecimiento de los hechos, así como dar con los responsables de los mismos, exigiendo mayores condiciones de seguridad en los alrededores de los distintos planteles.

Otro caso en el que se atentó contra la integridad de un estudiante a manos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México fue el de Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, quien cursaba la Escuela Nacional Preparatoria número 8. El pasado 26 de enero de 2018 fue detenido y golpeado por policías capitalinos, y posteriormente desapareció por cinco días. En esa ocasión fue determinante la participación de servidores públicos, pues “pasó por instituciones de la Ciudad de México y del Estado de México a partir de una detención por parte de policías capitalinos y de la cuál aún hay vacíos en el relato ofrecido por el procurador capitalino”.6

Finalmente fue encontrado deambulando, desorientado y con aparentes lesiones provocadas por golpes, en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México, a 40 kilómetros de distancia de la colonia el Rosario, en la Ciudad de México, donde fue visto por última vez. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó la actuación de los cuerpos policiacos, y exigió el uso de protocolos de actuación por parte de las fuerzas públicas e hizo un llamado a respetar los derechos de los estudiantes.

En esta tesitura es necesario que las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México, así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investiguen los hechos ocurridos el pasado 30 de mayo del presente año entre policías de la Secretaría de Seguridad Pública y estudiantes de la UACM, a fin de esclarecerlos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes a los integrantes de las fuerzas de seguridad por la posible comisión de abuso de autoridad.

Con base en los hechos y argumentos que han sido expuestos en las consideraciones anteriores, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones inicie o fortalezca las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y, en su caso, finque las responsabilidades a quien o quienes resulten responsables, así como a sancionar la actuación de integrantes de los cuerpos policiacos implicados en el enfrentamiento con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, ocurrido el pasado 30 de mayo de 2018.

Asimismo, se pretende exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes por el posible abuso de autoridad de los policías de la Ciudad de México en contra de estudiantes.

En un Estado democrático de Derecho es inadmisible el abuso de las autoridades, pues son éstas quienes deben actuar en estricto apego a la legalidad y dar muestra a la ciudadanía de una forma ejemplar de ejercer sus funciones.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones:

A. Inicie o fortalezca las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finque responsabilidades a quien o quienes resulten responsables y, en su caso, sancione la actuación de integrantes de los cuerpos policiacos que participaron en el enfrentamiento con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, ocurridos el pasado 30 de mayo de 2018.

B. Informe a esta Soberanía las causas que originaron el enfrentamiento con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, ocurridos el pasado 30 de mayo de 2018.

C. Inicie o fortalezca cursos de capacitación en el uso de protocolos en detenciones, así como en materia de derechos humanos para todos los elementos de la policía de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que inicie o en su caso fortalezca las investigaciones en el enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, ocurridos el pasado 30 de mayo de 2018, y determine si existieron violaciones a los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Robles, Johana. “Abuso de autoridad, principal denuncia contra elementos”, El Universal, [en línea], consultado 01/06/18, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/21/abuso-de-autoridad-principal-
denuncia-contra-elementos

2 “Agreden polis a estudiantes en UACM y denuncian detención arbitraria”, Plumas Atómicas, [en línea], consultado 31/05/18, disponible en:
https://plumasatomicas.com/noticias/cdmx/agreden-polis-uacm/

3 Ramos, Paola. “Condenan en UACM agresión a alumnos”, Reforma, [en línea], consultado 01/06/18, disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1408064&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1408064

4 Universidad Autónoma de la Ciudad de México, “Comunicado de prensa 003/2018”, [en línea], consultado 01/06/18, disponible en:
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2018/5/31/image0026.pdf

5 “Hombres armados matan a tres estudiantes de la UACM; la universidad pide no estigmatizarlos”, Animal Político, [en línea], consultado 01/06/18, disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/04/pgjcdmx-agresion-estudiantes-uacm/

6 Roldán, Nayeli. “Las ocho omisiones de las autoridades de la CDMX y el Edomex en la desaparición de Marco”, Animal Político, [en línea], consultado 04/06/18, disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparicion-policias-golpes/






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, concluyan la construcción del “Colector Jamapa” del Fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo para conocer los avances de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de búsqueda de Personas; fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de noviembre del 2017, entrando en vigor el 16 de enero del 2018 conforme lo ordenaba el transitorio primero de dicha ley.

En la misma se tipifico la conducta de desaparición forzada de personas, como “aquella que comente el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.”

Los objetivos primordiales de dicha Ley son la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional y Comisiones Locales de Búsqueda de Personas, el Consejo Nacional Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con lo que se busca acelerar los instrumentos para la localización e identificación de personas, sin que sea necesario iniciar una carpeta de investigación.

En este orden de ideas, el pasado 7 de marzo el titular de la Secretaria de Gobernación tomó protesta al Lic. Roberto Cabrero Alfaro como Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas. Asimismo, por acuerdo A/013/18 de fecha 16 de febrero del año en curso se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para el 16 de mayo del presente año se instaló el Consejo Nacional Ciudadano, órganos que si bien han sido implementados de una manera desfasada a lo ordenado en la ley en comento, son clara muestra del interés por parte del Gobierno Federal para atender con eficacia y transparencia las necesidades de las víctimas y familiares de personas desparecidas.

La Ley en comento, además ordena que cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda de Personas (artículo 50), la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda. Del mismo modo las procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas (artículo 68).

No obstante lo anterior, como parte de los pendientes para la correcta implementación de esta Ley, aún se encuentra en cause el trabajo con las Entidades Federativas para armonizar su legislación local a la Ley General en la Materia, pero sobre todo dar cumplimiento a los transitorios tercero y cuarto de dicha Ley que establecen:

Tercero. Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. Las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

En virtud de lo anterior, y dado que los términos para implementar La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, han fenecido es que presento este exhorto a efecto de solicitar al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas informe a esta Soberanía las tareas que se han desarrollado y las que están pendientes para la implementación total de la Ley en comento y el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ello a fin de sumar herramientas que den respuesta a las familias de las víctimas.

Asimismo, se exhorta a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas a que den pleno cumplimiento a lo establecido en los transitorio tercero de y cuarto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, para que a la brevedad posible sean creadas la Comisión Local de Búsqueda de Personas así como a las procuradurías Locales para que creen la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en cada Estado.

En virtud de los motivos aquí expuestos, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para que informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han desarrollado y las que están pendientes por incrementar para la total implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, así como el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que a la brevedad posible sea creada una Comisión Local de Búsqueda de Personas en cada estado; así como a las Procuradurías Locales para que creen la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en cada Estado, ello a fin de implementar Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas y se dé pleno cumplimiento a lo establecido en los transitorio tercero de y cuarto de dicha Ley.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de junio de 2018.

Suscriben

Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Eloisa Chavarrias Barajas.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.






Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a informar el fundamento y motivo por el cual el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero determina separar de su cargo a la Directora General de Auditoría Forense. Se turna a la Primera Comisión.

JUAN ROMERO TENORIO, Diputado Federal integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las presente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Muna Dora Buchahin, quien se desempeñó como Directora General de Auditoría Forense, fue separada de su cargo en la Auditoría Superior de la Federación, el veintitrés de mayo del año en curso, por parte del auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, A lo cual ella decidió responder con una carta, dirigida a su actual titular, David Rogelio Colmenares Páramo, el día 30 del mismo mes. Misiva que fue hecha pública por la periodista Carmen Aristegui.

SEGUNDO.- El primero de junio de dos mil dieciocho, en una carta suscrita por el auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, dirigida a la periodista Carmen Aristegui, el funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación explicó que la ex funcionaria fue removida de su cargo por “conflicto de interés” y detalló que en dos mil diecisiete la ASF contrató a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), encabezada por la propia Buchahin Abulhosn.

TERCERO.- Considerando que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, determina en su artículo 89, fracción VII, que es atribución del Titular de la Auditoria Superior de la Federación nombrar al personal de mando superior de la Auditoría Superior de la Federación, quienes no deberán haber sido sancionados con la inhabilitación para el ejercicio de un puesto o cargo público. Atribución que el último párrafo de dicho precepto señala de ejercicio exclusivo del Titular de la Auditoría Superior de la Federación y, por tanto, no podrán ser delegadas.

CUARTO.- Considerando que en la reunión de instalación de los trabajos de esta Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, celebrada el 16 de mayo pasado, sus integrantes aprobaron por unanimidad de votos los Criterios de Trabajo de sus resoluciones, acordando que, previo al sostenimiento de reuniones con servidores públicos planteadas en términos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, éstas se atiendan a través de una solicitud de información, por lo que se estima conveniente y por analogía, requerir al titular de la Auditoria Superior un informe de la separación del cargo de la Directora General de Auditoria Forense.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de ésta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Auditoria Superior de la Federación informe a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a la brevedad posible, el fundamento y motivo por el cual el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, determina separar de su cargo a la Directora General de Auditoría Forense.

Senado de la República de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Dip. Juan Romero Tenorio.






De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar para prevenir y evitar afectaciones a la salud, ante las altas temperaturas que se presentan en el país. Se turna a la Segunda Comisión.

La proponente, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116,122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 171,175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México el derecho a la salud es un derecho humano que encuentra su fundamento legal en el primer párrafo del artículo 1° del texto constitucional que a la letra dice:“ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

De manera específica el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestra Ley Fundamental establece, que la obligación del Estado Mexicano para garantizar la protección de la salud en favor de la población del país, cuya reglamentación se encuentra contemplada en la Ley General de Salud, ordenamiento que establece las bases y modalidades para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia entre la federación y las entidades federativas a fin de garantizar la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, sobre todo, el mejoramiento de la calidad de la vida de las y los mexicanos.

En los últimos años, México ha consolidado una cultura de prevención ante los distintos fenómenos naturales suscitados, y ante ello, es de reconocer que las diversas instituciones del Estado Mexicano hoy por hoy cuentan con una capacidad operativa suficiente para prevenir, atender y mitigar los riesgos que pudiera generar cualquier desastre natural, situación que es plausible, al permitir salvaguardar la integridad de millones de vidas y garantizar la seguridad de las y los mexicanos.

En este orden de ideas, durante las últimas semanas hemos sido testigos, cómo en la mayor parte del territorio nacional se han registrado temperaturas extremadamente altas, con niveles de hasta 50 grados Celsius en algunas entidades del país, tal como alertó el Sistema Meteorológico Nacional en un comunicado el pasado 30 de mayo del presente, en el que estimó temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Guerrero, Coahuila y Oaxaca; de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Veracruz y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja California, Nayarit, Colima, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, debido a una onda de calor registrada en el país.

De acuerdo con el propio organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, las temperaturas para el sábado 02 de junio la onda de calor que afecta a México de manera similar ocasionó temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Coahuila e Hidalgo; de 40 a 45 grados Celsius en sitios de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Baja California, Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Cabe recordar, que el cuerpo humano sólo puede funcionar de manera adecuada (temperatura corporal) dentro de un rango de 37°C. Por ello, las olas de calor constituyen un riesgo considerable para la salud por que el clima caliente, agravado con la alta humedad, tiende a elevar la temperatura corporal y por consiguiente tiende a representar una amenazan a la vida.

Entre condiciones que suelen generarse como consecuencia de las altas temperaturas encontramos:

• La Deshidratación, se presenta por la exposición al calor irradiado por el sol y la incapacidad del organismo para, eliminar el calor excedente que ocasiona un aumento de la temperatura corporal e insuficiencia de múltiples órganos. Sus principales síntomas, son: la astenia, adinamia, cefalea, náusea, taquicardia, temperatura corporal de 40 a 41ºC, piel caliente, seca y enrojecida, confusión mental, mucosas secas, saliva filante y llanto sin lágrimas.

• El golpe de calor, es provocado por la exposición a temperaturas elevadas que genera la incapacidad del cuerpo de disipar el calor y regular la temperatura corporal. Sus principales síntomas, son: temperatura corporal mayor o igual a 41ºC, piel seca y congestionada, cefalea, fatiga, sed, náuseas, vómito, somnolencia, espasmos musculares, convulsiones y pérdida de la conciencia. En casos extremos puede provocar la muerte.

• Quemadura Solar, la exposición directa a la luz solar puede provocar quemaduras en la piel de segundo y tercer grado, en algunos casos con síntomas como: edema de la piel, eritema, dolor local, aumento de la temperatura corporal, vesículas y ampollas.

Lamentablemente, las altas temperaturas provocadas por la onda de calor ya cobraron la vida de un joven discapacitado y un jornalero agrícola por combinación deshidratación y desnutrición de las víctimas, en los municipios Chihuahuenses de Meoqui y Camargo, de acuerdo a información de la coordinación estatal de Protección Civil de Chihuahua. Aunado al fenómeno, también se han incrementado los incendios forestales principalmente en los estados de Puebla, Chihuahua, Morelos y Guerrero.

Ante esta situación, el pasado 01 de junio Luis Felipe Puente, Titular de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, informó que la ola de calor que azota el país se mantendrá por lo menos 10 días más en la mayoría de los estados principalmente de la zona norte del país, destacando la emisión de la declaratoria de emergencia para 573 municipios de 22 estados del país, con los que se liberan recursos del Fonden para la atención de la emergencia en las diferentes regiones con mayores afectaciones.

Entre los Municipios que incluye la declaratoria encontramos: 2 en el Estado de Durango, 17 en Puebla,10 en Colima, 34 en Michoacán, 23 en Oaxaca, 6 en Nayarit, 72 en Chihuahua, 13 en Sinaloa, 27 en Chiapas, 98 en Yucatán, 8 en Quintana Roo, 9 en Campeche, 15 en Tabasco,18 en Guerrero 5 en Baja California, 5 en Baja California Norte, 64 en Sonora, 20 en Coahuila, 11 en Nuevo León, 6 en Tamaulipas, 19 en San Luis Potosí y 51 en Veracruz.

A la par de estas acciones, el pasado 30 de mayo la Secretaría de Salud a través de un comunicado ha recomendado a la población permanecer en lugares frescos, a la sombra y ventilados, utilizar gorras o sombreros, lentes de sol, sombrillas y protector solar, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón antes de comer, servir y preparar a alimentos y después de ir al baño, así como evitar el consumo de alimentos en la calle.

La propia dependencia, ha dejado en claro que las niñas y niños menores de seis años y adultos mayores de 65 años, personas con sobrepeso y enfermedades del corazón, son las más propensas para sufrir un golpe de calor, y por ello, su gran relevancia.

Luego entonces y ante las altas temperaturas que continúan registrándose en gran parte del territorio nacional, resulta urgente redoblar esfuerzos “permanentes” a fin de fortalecer las acciones de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, con el involucramiento de la propia ciudadanía encaminados a salvaguardar la salud de nuestra población en el país, especialmente de los sectores más vulnerables.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la cultura de la prevención ante las contingencias climatológicas, constituye la mejor herramienta para mitigar los riesgos y consecuencias que éstos pueden generar a la población mexicana. Por ello, es fundamental que las instituciones del Estado Mexicano y la propia población en conjunto redoblemos esfuerzos para evitar riesgos ante las altas temperaturas que actualmente se presentan en el país.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen las campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar para prevenir y evitar afectaciones a la salud ante las altas temperaturas que se presentan en el país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a conducirse con respeto a los derechos humanos y, en el marco de la legalidad, a informar sobre las razones del despido de Muna Dora Buchahin Abulhosn, así como a informar sobre las ocho auditorías que dejó pendientes al ser separada de su cargo dicha funcionaría, su actual estatus y el nombre del servidor público responsable de llevarlas a cabo en su ausencia. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La lucha en contra de la corrupción y por la rendición de cuentas ha sido un elemento determinante de este sexenio. Sin duda, esa guerra la ha encabezado la sociedad civil, sin mucho éxito por parte del entramado institucional. En efecto, parecería que dentro de la estructura gubernamental, no muchos tienen el valor de enfrentar al sistema por “hacer lo correcto”. En términos generales el actuar de los servidores públicos en el combate contra la corrupción ha brillado por su ausencia.

Un caso excepcional a esa regla ha sido el de la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación expuso públicamente los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “Estafa Maestra”, caso en el cual esta funcionaria demostró cómo diversas dependencias federales desaparecieron más de 7,700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

Después de 13 años de laborar en la ASF, Dora Buchahin, el pasado 23 de mayo, hizo público su despido sin causa alguna. Por ese motivo, solicitó las razones por las que era despedida, sin que hubiera respuesta alguna. Pareciera que el premio a la honradez y al trabajo reconocido internacionalmente no fue tomado en cuenta a la hora de su despido de forma abrupta e injustificada. Casualmente, su salida se da después del nombramiento de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI, y avalado por los diputados de Morena.

Tras su despido, se han quedado sin resolver ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con SEDATU y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de auditorías en diciembre de 2017. Tan solo el 30 de mayo pasado, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias documentadas que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado “la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, fue asesor de Peña Nieto”.

“La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude”.

Los servidores públicos que hacen su trabajo deben ser reconocidos, no corridos. La impunidad, el “amiguismo” y los tratos especiales no son acordes con la democracia. Necesitamos un sistema justo, en el que se respeten los principios al debido proceso, incluso si se trata de un despido. Instituciones tan importantes para el país como la ASF deben tener como principios rectores la legalidad y la transparencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaría de la Función Pública a exponer, en un término no mayo a 10 días hábiles, las razones por las que la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn fue retirada de su encargo.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a informar cuáles son las ocho auditorías que Muna Dora Buchahin dejó pendientes al ser separada de su cargo, su actual estatus y el nombre del el servidor público responsable de llevarlas a cabo en su ausencia.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaría de la Función Pública a conducirse con respeto a los derechos humanos y en el marco de la legalidad.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 13 de junio de 2018.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a fiscalizar directamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que hayan otorgado contratos de obra pública a las empresas “Constructora y Arrendadora de La Cuenca S.A. de C.V.”, “Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V.” y “Comercializadora Tres Hermanos S.A. de C.V.”, a fin de comprobar que se hayan cumplido con las normas y disposiciones en la materia. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El escenario social, político y económico actual en el país, sin duda alguna, en los últimos años se ha visto plagado de prácticas relacionadas con la corrupción y la impunidad. Ambos son lastres que obstaculizan el desarrollo, sobretodo, cuando provienen de las más altas esferas del Gobierno, el cual debiera velar en todo momento por el interés social, y no por el particular.

La corrupción e impunidad en México parecen ser dos pilares inamovibles, pues sexenio tras sexenio, fuera de erradicarlos, éstos se fortalecen a tal grado que de acuerdo al Índice Global de Corrupción 2017, el país se ubica en la posición 135 de 180, con una puntuación 29 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ocupa el último lugar. En el 2012 México se encontraba en el lugar 105 con una puntuación de 34 de IPC;1 es decir, durante la actual Administración Federal se retrocedió 30 lugares y se perdieron 5 puntos del IPC.

Lo anterior es muestra clara de lo poco que se ha realizado para erradicar dos de los problemas nacionales que más afectan el desarrollo del país y con ello a su población, ejemplo de lo anterior son la “Casa Blanca”, “Odebrecht” y la “Estafa Maestra”, casos emblemáticos en los cuales no se ha sancionado a ningún alto funcionario. Lo anterior sucede a pesar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República, plantea en su objetivo 1.4., titulado “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito imparcial y transparente” una serie de estrategias para erradicar la corrupción, las cuales, resultan oportuno mencionarlas:

Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.2

Líneas de acción

• Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos.

• Desarrollar criterios de selección y evaluación del desempeño y competencias profesionales.

• Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal.

• Transparentar la actuación ministerial ante la ciudadanía, y robustecer los mecanismos de vinculación de las instituciones del Sistema de Justicia Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios de comunicación.

• Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México.

Lo anterior solo fue una carta de buenas intenciones pues en la práctica ninguna de las estrategias mencionadas ha logrado reducir las índices de corrupción. No se ha designado al Fiscal Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción está incompleto pues hacen falta nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señales de la poca voluntad para erradicar la corrupción.

La corrupción en el presente año no parece ser diferente a años anteriores, de acuerdo a la Encuesta de delitos económicos 2018-Edición México:3

• El 58% de las compañías mexicanas reconocen haber sido víctimas de algún tipo de delito económico o fraude durante los últimos 2 años. En 2016, la cifra ascendió al 37%.

• Poco más de la mitad de las organizaciones declara haber perdido hasta un millón de dólares a causa de un delito de este tipo.

• Las vulneraciones más habituales son, en este orden, la malversación de activos, el soborno y la corrupción y el fraude cometido por el consumidor.

• El soborno y la corrupción es el segundo delito más habitual en el país con un 30%.

• El soborno y la corrupción es una de las principales preocupaciones de las compañías con un 31%.

Entre la población la percepción que se tiene de la corrupción pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017, convirtiéndola en el segundo lugar de los problemas que más le preocupa; asimismo, se estima que la tasa de prevalencia se incrementó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017, paradójicamente únicamente el 29.9% confía en el Ministerio Público; 25.5% de la población tiene confianza en el Gobierno Federal y 20.6 en el Congreso de la Unión.4

Por tal razón, es necesario que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no tolere más actos de corrupción e impunidad, por ende, es ineludible realizar todos los esfuerzos posibles a fin de erradicarla, pues dichos problemas no son inherentes a un partido político o gobierno federal, estatal o municipal, lamentablemente ya se está volviendo una forma de vida.

Se deben brindar todas las instituciones públicas a fin de que ningún servidor público se beneficie de manera directa o indirecta de su cargo, pues lo peor que puede realizar un alto funcionario es traicionar la confianza de la población y con ello truncar todas las oportunidades de desarrollo.

Los casos concretos alimentan el hartazgo social, puesto que administración tras administración se evidencia la comisión de múltiples hechos de corrupción, en los cuales, los principales afectados son los mexicanos a través del detrimento y mal uso que se hace del erario. En este punto, cabe hacer mención del artículo 134 constitucional, precepto que debe ser el principio que conduzca en todo momento el actuar de los servidores públicos, dependencias e instituciones que tienen una de las mas grandes responsabilidades, es decir, el ejercicio del gasto público:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Pese a la claridad con que se encuentra redactado el texto citado, persisten las prácticas y los servidores públicos que se resisten a tomar como guía los principios constitucionales y a perseguir la finalidad primordial de los recursos públicos. La complicidad es parte medular para la operación y malos manejos, mismos que al final de todo terminan evidenciando toda una red alrededor de personajes clave.

En esta ocasión el reflector apunta al titular actual de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, quien asumió el cargo el 10 de enero de 2018. Cabe señalar que de abril de 2016 hasta la fecha en que fue nombrado Secretario, se había desempeñado como subsecretario de Desarrollo Social y Humano en la misma dependencia, siendo actualmente Senador de la República con licencia por tiempo indefinido desde el 5 de abril de 2016.

En días recientes, una nota periodística realizada con sustento documental obtenido vía transparencia, concluyó que empresas ligadas al hoy Secretario y a sus familiares se han beneficiado con contratos de obra pública entre 2014 y 2017: “Constructora y Arrendadora de la Cuenca”; “Construcciones Civiles y Asesoría Técnica” (ambas operadas por su hermano); y “Comercializadora Tres Hermanos”, en la que el funcionario tiene 50 por ciento de las acciones, según las actas constitutivas.5

La información abunda que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado de Oaxaca son los que han asignado esos contratos. Se menciona que en febrero de 2014, la SCT les asignó un contrato por 63.4 millones de pesos para la rehabilitación del pavimento del kilometro 50 al 80 en el tramo Tuxtepec-La Esperanza; en ese mismo año, Sedesol pagó 21 millones de pesos a “Constructora y Arrendadora de la Cuenca” por la construcción de techos en Tuxtepec; en 2017, siendo subsecretario de Desarrollo Social, las empresas obtuvieron contratos para obras por 121 millones de pesos del Gobierno de Oaxaca.6

Aunado a la información citada, quien suscribe el presente documento ha corroborado que en el Portal de Obligaciones de Transparencia la existencia de múltiples contratos celebrados con las empresas a que hace referencia la nota periodística. Por ejemplo, la CDI a través de la Delegación estatal en Oaxaca otorgó:

• En 2013 a Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V. un contrato por 9 millones 882 mil pesos para la elaboración del proyecto integral del albergue escolar indígena de la localidad de Buenos Aires, municipio de San José Independencia en el Estado de Oaxaca.7

• En 2015 a la Comercializadora Tres Hermanos S.A. de C.V. un contrato por 3 millones 536 mil pesos para la construcción del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de Piedra Quemada, del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.8

• En 2015 al grupo conformado por Constructora Carrasco Ortega S.A. de C.V. y Constructora y Arrendadora De La Cuenca S.A. de C.V. un contrato por 12 millones 262 mil pesos para la ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de Lachicocana, en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla.9

Por su parte, la SCT, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia ha otorgado 6 contratos a la empresa Constructora y Arrendadora De La Cuenca S.A. de C.V., incluido el señalado en la nota periodística:

• En 2014, a través del Centro SCT Yucatán, le otorgó un contrato por 29 millones 837 mil pesos para la reparación de losas de concreto hidráulico y microcarpeta en la carretera Campeche-Mérida.10

• En 2014, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 63 millones 429 mil pesos para la rehabilitación del pavimento del km. 50+000 al km. 80+000, tramo: Tuxtepec - La Esperanza, carretera: Tuxtepec - Oaxaca, en el Estado de Oaxaca.11

• En 2014, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 9 millones 999 mil pesos para la modernización y ampliación del camino La Venta- San Francisco Ozolotepec.12

• En 2014, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 13 millones 998 mil pesos para la reconstrucción del camino: La Vieja Soledad- Cerro Caballo.13

• En 2015, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 11 millones 359 mil pesos para la conservación periódica del km. 7+000 al km. 9+000 y del km. 12+400 al km. 13+200, del tramo: Nochixtlán - Yucudaa - Tlaxiaco - Pinotepa Nacional de la carretera Huajuapan de León - Pinotepa Nacional.14

• En 2015, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 8 millones 566 mil pesos para la modernización del camino Oaxaca-Puerto Escondido.15

En esa misma tesitura, la SCT también ha otorgado diversos contratos a Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V., a saber:

• En 2014, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 67 millones 351 mil pesos para la conservación periódica en el km. 80+000 al km 110+000, tramo Oaxaca- Ixtlan - Valle Nacional - Tuxtepec, carretera: Tuxtepec – Oaxaca.16

En 2014, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 17 millones 231 mil pesos para la reconstrucción del camino: San Miguel Chicahua - Asunción Nochixtlan del km 0+000 al km 23+000, en el Estado de Oaxaca.17

• En 2015, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 12 millones 146 mil pesos para la conservación periódica del km. 207+800 al km. 222+800, tramo: lim. edos. Gro/Oax.- Pinotepa Nacional, carretera Acapulco-Pinotepa Nacional.18

• En 2015, a través del Centro SCT Oaxaca, le otorgó un contrato por 9 millones 679 mil pesos para la conservación periódica del km. 0+000 al km. 2+000, del tramo Oaxaca-Ixtlan-Valle Nacional-Tuxtepec, de la carretera Tuxtepec-Oaxaca.19

Ahora bien, Sedesol le otorgó a Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V., a través de su Delegación en Oaxaca, en 2014 un contrato por 3 millones 618 mil pesos para la construcción de techos y muros en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca20 y, en 2015, otro contrato por 2 millones 32 mil pesos para la construcción de techos en el mismo municipio.21

Con la información vertida hasta el momento, así como con las diversas investigaciones que a nivel mediático han surgido sobre este caso en particular, se puede inferir la continuidad de las licitaciones públicas a modo, en las cuales, lejos de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los parámetros para el otorgamiento de contratos se circunscriben a intereses meramente particulares, es decir, para el beneficio económico de unos cuantos.

Derivado de los señalamientos expuestos en la nota periodística, el titular de la Sedesol se dio a la tarea de aclarar la situación por medio de su perfil público en la red social Twitter, afirmando, entre otras cosas, que: desde 2001 se desligó “jurídica y operativamente de las empresas que se mencionan en la nota”; que no se ha instruido procedimientos administrativo alguno en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública ni por alguna otra entidad fiscalizadora; y manifestó su disposición “para atender por los conductos legales adecuados, los requerimientos, notificaciones o emplazamientos relacionados con cualquier responsabilidad” a su cargo.22

Por tanto, atendiendo a que el asunto en comento se relaciona con el titular de una de las Secretarías de Estado más importantes para la correcta administración del país, así como para la garantía de derechos humanos elementales, es prudente que se indague cualquier irregularidad en la asignación de los múltiples contratos otorgados a las empresas presuntamente ligadas con el actual secretario de la Sedesol y su familia, a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar o fincar las responsabilidades correspondientes.

En este sentido, la presente proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de la Función Publica, para que en el ámbito de sus atribuciones, fiscalice directamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que hayan otorgado contratos de obra pública a las empresas “Constructora y Arrendadora De La Cuenca S.A. de C.V.”, “Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V.” y “Comercializadora Tres Hermanos S.A. de C.V”, a fin de comprobar que se hayan cumplido con las normas y disposiciones en la materia. Es inaceptable que la omisión de las autoridades siga alimentando el espectro de impunidad, la cual se ha convertido en un elemento clave que incentiva prácticas relacionadas con la corrupción. No es posible ser cómplice en situaciones evidentes.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Publica, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, fiscalice directamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que hayan otorgado contratos de obra pública a las empresas “Constructora y Arrendadora de La Cuenca S.A. de C.V.”, “Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V.” y “Comercializadora Tres Hermanos S.A. de C.V.”, a fin de comprobar que se hayan cumplido con las normas y disposiciones en la materia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Véase Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional, España [en línea], consultado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
https://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/

2 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, Gobierno de la República, pp. 110.

3 Encuesta de delitos económicos 2018-Edición México, PWC [en línea], consultado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.pwc.com/mx/es/prensa/archivo/encuesta-de-delitos-economicos-2018-edicion-mexico-10042018.pdf

4 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2017, INEGI [en línea], consultado e 04 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/encig2018_03.pdf

5 Jiménez, Benito. “Dan obra a empresas ligadas a Secretario”, Reforma, Ciudad de México, 3 de junio de 2018, consultado el 04/06/2018 [en línea], disponible en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/sintesis/book/2018/06/03/PRIMERAS/files/assets/basic-html/page-1.html#

6 Ídem.

7 Véase en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.id
Contrato=CDI-OAX-PAEI-BUENOS-AIRES-04-13&_idDependencia=00625

8 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=CDI-OAX-PROII-009-15&_idDependencia=00625

9 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.
idContrato=CDI-OAX-PROII-017-15&_idDependencia=00625

10 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=4-5-CB-A-515-W-0-4&_idDependencia=9

11 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=2014-20-CB-A-065-W-00-2014&_idDependencia=9

12 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=2014-20-CF-A-346-W-00-2014&_idDependencia=9

13 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
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14 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
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15 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
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16 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=2014-20-CB-A-066-W-00-2014&_idDependencia=9

17 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=4-T-CF-A-527-W-0-4&_idDependencia=9

18 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
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19 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=2015-20-CB-A-185-W-00-2015&_idDependencia=9

20 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarConvenio.do?method=consultaConvenio&id
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21 Véase en el POT, consultado el 04/06/2018 [en línea], búsqueda disponible en:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id
.idContrato=SDS-OAX/OP/PDZP/TE/12-15&_idDependencia=20

22 Véase el perfil de Eviel Pérez Magaña (@EvielPM) en la red social Twitter, consultado el 04/06/2018 [en línea], disponible en:
https://twitter.com/evielpm?lang=es






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación la restitución de la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn, responsable de las investigaciones de la Dirección General de la Auditoría Forense. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la República y a las secretarías de medio ambiente de las entidades federativas a implementar campañas de información y concientización dirigidas a disminuir el consumo de agua embotellada o bebidas en envases de plástico y a reforzar las campañas para promover la cultura del reciclaje en la ciudadanía. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel mundial el crecimiento insostenible de la población, de la urbanización y de la industrialización son factores que han ocasionado una sobredemanda de agua. Si bien, actualmente es posible cubrir las necesidades de este recurso natural, si no se hace un cambio en la manera y en la cantidad en que se utiliza, en algunos años se generará una crisis por su escasez.

Una de las modalidades en la cual es más frecuente el consumo de este bien es en botellas o envases, convirtiéndose este en uno de los mercados más importantes y lucrativos a nivel mundial. De acuerdo con un estudio elaborado por Kantar WordlPanel, empresa global experta en el comportamiento del consumidor, en 2016 México se convirtió en el principal consumidor de agua en embotellada a nivel mundial, y en 2017 en el primer consumidor de agua en esta modalidad en América Latina.1

El mismo estudio señala que en 2017, el 98 por ciento de los hogares en nuestro país compró agua embotellada, adquiriendo aproximadamente 1,385 litros por hogar, lo que se traduce en un gasto monetario anual de $1, 315 pesos. Mientras que países como Chile o Colombia, compran alrededor de 37 y 39 litros en promedio, respectivamente.

En promedio cada hogar mexicano suele consumir 80 garrafones de agua al año, pues esta resulta ser la modalidad más económica, ya que cada litro tiene un costo aproximado de $0.85 centavos, mientras que la presentación de botellas individuales representa más del doble del costo, adquiriéndose en $7.00 pesos por litro.

A su vez, los resultados del Módulo de Hogares y Medio Ambiente (Mohoma), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que en 2017 el 76.3 por ciento de los hogares mexicanos compraron agua embotellada o de garrafón, destinando por hogar un promedio de 52 pesos semanales. En los últimos años, el porcentaje de hogares que compran agua de garrafón o botella para beber aumentó poco más de 5 puntos porcentuales, al pasar de 70.8 por ciento en 2015 a 76.3 por ciento en 2017, concluyendo que tres de cada cuatro hogares mexicanos consumen agua embotellada o de garrafón.2

Es importante resaltar que, en la zona sureste y noreste del país, debido a la dificultad para el traslado, el clima y los malos sistemas de distribución, se ha presentado un mayor porcentaje en el consumo de agua embotellada, principalmente en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Durango, Chihuahua y Sonora. 3

Por cuestiones demográficas es simple estimar que la entidad de la República que presenta mayor consumo de agua embotellada es la Ciudad de México. Sin embargo, un estudio realizado el año pasado por la Universidad de Guadalajara señala que Jalisco se posicionó como el segundo consumidor de agua embotellada en el país. Los resultados arrojaron que en esta entidad cada familia consume 2.5 garrafones por semana, y que el 70 por ciento de los alumnos de esta institución educativa prefieren consumir agua embotellada, por lo cual su consumo asciende a 105 mil botellas a la semana, esto significa un presupuesto de $100.00 pesos por individuo a la semana.4

Analizando las preocupantes cifras sobre el consumo de agua embotellada en el país, resulta necesario identificar las motivaciones por las cuales al paso de los años se ha desencadenado el consumo desmedido de esta modalidad o presentación de agua.

De acuerdo con el MOHOMA, en 2017 el 69 por ciento de las personas consumieron agua embotellada por considerarla más saludable, el 20 por ciento porque no gustan del sabor o color del agua de la red pública, el 5 por ciento porque es la única forma de poder beber agua, mientras que el 3% bebe agua embotellada porque la mayoría de las personas la toman.

Sin embargo, otras de las razones importantes que han contribuido a este problema son: a) la desconfianza de la población de la calidad del agua a consumirla del grifo, b) la poca disponibilidad del agua potable, y c) la aplicación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y gasificadas.

La desconfianza que ha presentado la población ante el consumo del agua proveniente de las tuberías y en general ante el sector hídrico del país, ha provocado que sea socialmente aceptado el continuo uso de agua embotellada. A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala en la publicación “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2017”, que la cobertura del servicio del agua potable nacional ha incrementado significativamente en los últimos años, alcanzando una cobertura en los servicios del 94.4 por ciento a nivel nacional, de 97.2 por ciento en zonas urbanas y de 85.0 por ciento en zonas rurales, diversos sectores de la sociedad han declarado que ciertamente el suministro suele ser insuficiente, irregular y de muy baja calidad.5 El INEGI señala que 32.4 por ciento de los hogares con servicio de agua de la red pública califica como regular el aspecto del servicio asociado a la confianza en relación con la salud.6

En el estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, se ha expuesto que existe una gran diferencia en la calidad del agua potable que se recibe dependiendo de la zona o la colonia en cuestión. Por ejemplo, algunas de las fuentes hídricas del estado de Jalisco son el Lago de Chapala, los valles de Toluquilla y Tesistán, el río Santiago y el bosque de Los Colomos, donde el grado de contaminación suele variar dependiendo de dónde se extrae el agua y a dónde se destina, lo cual genera desigualdad e inequidad entre la población.

Otro de los factores que ha contribuido al aumento en el consumo de agua embotellada, es la aplicación en 2014 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual gravó con un peso por litro a los refrescos y las bebidas azucaradas.

Por la naturaleza de dicho mercado y del impuesto, son los consumidores finales quienes absorben el costo o aumento. Una investigación realizada en 2015 por la Universidad de Nuevo León titulada “La Industria de las bebidas no alcohólicas en México”, señala que el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas ocasionó en el año 2014 una reducción de 3 por ciento en el consumo.7

Cabe señalar que una de las principales motivaciones para la aplicación de este impuesto, fueron los altos índices de sobrepeso y obesidad presentados en niños, jóvenes y adultos. UNICEF México, señala que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos8. Asimismo, datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que entre 2012 y 2016 los adolescentes aumentaron la prevalencia de sobrepeso en 2.7 puntos porcentuales, mientras que el 36.3 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso y obesidad.9

Si bien es cierto que incrementar el consumo de agua es una buena noticia para la salud de la población, lo cierto es que cuando se consume agua embotellada se presentan algunas externalidades negativas en otros ámbitos. Una de las consecuencias más preocupantes son las relacionadas con el impacto al medio ambiente. El estudio de la Universidad de Guadalajara señala que una persona consume 235 litros de agua embotellada por habitante, situación que implica el desecho a los ecosistemas de 21 millones de envases PET producidos al año, alcanzando en temporada de sequía hasta 50 millones.

El pasado 5 de junio en la celebración del Dia Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dio a conocer que anualmente se vierten en los océanos alrededor de 13 millones de toneladas de plástico, tardando hasta 1000 años en poder desintegrarse, estimando que para el año 2050 existirán cerca de 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y en los océanos.10

ONU Medio Ambiente también informó que cada minuto se compran un millón de botellas de plástico, lo que constituye el 10 por ciento de todos los residuos que generamos. De los 9000 millones de toneladas de plásticos que se han producido en el mundo, sólo el 9% se ha reciclado. Como consecuencia de ello, hoy en día existen 5 islas de plástico flotante, dos en el océano atlántico, dos en el océano pacifico y una en el océano indico. Es indudable que la contaminación por plásticos afecta la biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra salud.

Es importante recordar que los envases utilizados en estos productos en su mayoría se encuentran elaborados con PET, el cual es un material que se encuentra conformado por petróleo y derivados del gas natural, por lo cual el uso constante de este material en envases puede convertirse en un riesgo para la salud de las personas debido a la naturaleza de sus componentes.

Desafortunados ejemplos del mal uso y manejo de estos residuos son visibles en los ríos, playas y mares de las costas del país, como el Parque Nacional del Cañón del Sumidero en el estado de Chiapas, donde en 2017 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), extrajo más de 1, 500 toneladas de basura y envases provenientes de los municipios aledaños.11

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en 2015 la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una evaluación a diversas instituciones y dependencias del gobierno federal, entre ellas, a la Cámara de Diputados. Dicha evaluación clasificó a la Cámara de Diputados como una de las instituciones más contaminantes del país, revelando que el Palacio Legislativo genera al día 3 toneladas de basura, esto acompañado de un notable desperdicio de energía, agua y papel.12

De acuerdo con esta evaluación, el consumo de agua potable al día en el recinto es de aproximadamente 14 mil metros cúbicos, por lo cual la institución educativa emitió las siguientes recomendaciones: i) uso y ahorro responsable de energía con el cambio y reparación de materiales e instalaciones; ii) prevenir el desperdicio de agua potable mediante el cambio y reparación de llaves, mingitorios e instalaciones en mal estado; iii) instalación de un programa de manejo de residuos sólidos antes de ser enviados a la unidad de transferencia y; iv) promover un consumo responsable eliminando la compra de botellas y garrafones de agua. 

Por otro lado, en el sector educativo en los últimos años se han implementado diversas medidas que tienen como objetivo brindar a los niños y jóvenes un mejor sistema para su sano desarrollo en las aulas. Una de las medidas implementadas fue la instalación de bebederos para llevar agua potable a las comunidades escolares, esto con el fin de propiciar una cultura de salud para la adopción de hábitos de consumo de agua potable, lo cual contribuye a disminuir los índices de obesidad infantil y prevenir la diabetes.13

Dicho esto, es necesario implementar medidas similares en diversos lugares de trabajo para que jóvenes y adultos accedan al servicio de agua potable por medio de mecanismos de purificación con el objetivo de disminuir el consumo de agua embotellada y garrafones, brindar seguridad a los consumidores de agua proveniente del sistema hídrico, y reducir la contaminación por plásticos que diariamente afectan nuestros mares, para garantizar un futuro sostenible y libre de contaminación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la República y a las secretarías de medio ambiente de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, implementen campañas de información y concientización dirigidas a disminuir el consumo de agua embotellada o bebidas en envases de plástico (PET) y a reforzar las campañas para promover la cultura del reciclaje en la ciudadanía.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Legislativo, al Poder Judicial de la Federación, a la Administración Pública Federal, a los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus competencias, disminuyan gradualmente en sus oficinas la distribución y el consumo de agua embotellada en sus diversas presentaciones e implementen progresivamente sistemas suficientes para la purificación de agua.

Notas

1. “México: Alto consumidor de agua embotellada en LatAm”, Kantar Worldpanel. Recuperado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias-/Mexico-Alto-consumidor-de-agua-embotellada-en-LatAm
2. “Cerca de la mitad de los hogares realizan algún tipo de separación o clasificación de la basura: módulo de hogares y medio ambiente”, INEGI. Recuperado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/GrfiaMdoAmte/MOHOMA2018_06.pdf
3. Almudena Barragán, “México, el país que más agua embotellada consume: 28,453 millones de litros al año”, Economía Hoy. Febrero 01, 2016.
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7318458/02/16/Mexico-el-pais-que-mas-agua-
embotellada-consume-1341-pesos-al-ano-en-garrafones.html
4. “Jalisco, segundo lugar nacional en consumo de agua embotellada”, Universidad de Guadalajara. Recuperado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.udg.mx/es/noticia/jalisco-segundo-lugar-nacional-en-consumo-de-agua-embotellada
5. “Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento”, Comisión Nacional del Agua. Recuperado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento
6. “Banco de Indicadores”, INEGI. Recuperado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207068444#divFV6207068435#D6207068444
7. “La Industria de las bebidas no alcohólicas en México”. Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado el 04 de junio de 2018. Disponible en:
http://impuestosaludable.org/wp-content/uploads/2013/06/La-industria-de-las-bebidas-no-alcoh%C3%B3licas
-en-m%C3%A9xico_vf_UANL.pdf
8. UNICEF MÉXICO salud y nutrición. Recuperado el 04 de junio de 2016. Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
9. “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016”, Secretaría de salud. Recuperado el 04 de junio de 2016. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf
10. ONU Medio Ambiente. Recuperado el 07 de junio de 2018. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111
11. “Intensifica CONANP acciones de limpieza en el Parque Nacional Cañón del Sumidero”, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recuperado el 07 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/conanp/prensa/intensifica-conanp-acciones-de-limpieza-en-el-parque-nacional-canon-del-sumidero
12. “Cámara de Diputados es altamente contaminante, revela UNAM”, El Financiero. Recuperado el 07 de junio de 2018. disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/camara-de-diputa dos-es-altamente-contaminante-revela-unam.html
13. Sistema de bebederos, Gobierno Federal. Recuperado el 07 de junio de 2018, Disponible en: consulta:
http://escuelas.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PRE/bebederos

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de junio de 2018.

Suscriben

Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Eloisa Chavarrias Barajas.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.






De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sergio René Cancino Barffuson y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General y a la Fiscalía General del estado de Veracruz a investigar y fincar responsabilidades contra Julen Rementería del Puerto, por su presunta comisión de diversos delitos de corrupción al otorgar, cuando fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la entidad, diversos contratos de obra a IZAL INMOBILIARIA S.A. de C.V., propiedad de José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente estatal del PAN. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su absoluto respaldo a las acciones implementadas por el gobierno federal, en respuesta a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedente de nuestro país. Se turna a la Tercera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU ABSOLUTO RESPALDO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN RESPUESTA A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE APLICAR ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DE ACERO Y ALUMINIO PROCEDENTE DE NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

Desde los primeros días del pasado mes marzo, el presidente Donald Trump anunció que pretendía imponer el 25% de arancel al acero y 10% al aluminio importado de nuestro país; esto en una reunión con ejecutivos de la industria estadounidense en la Casa Blanca, haciendo hincapié en que reconstruiría estos sectores metalúrgicos norteamericanos que no habían recibido el trato que se merecían durante décadas por otras naciones, tuiteando “las compañías estadounidenses de acero y aluminio necesitan un comercio libre, justo e inteligente”.1

La Cámara de acero de México comentó que, si el Gobierno de Estados Unidos imponía aranceles al acero nacional, “el Gobierno mexicano debería responder con medidas recíprocas e inmediatas”.2 Ello, debido a que el pasado 8 de marzo, Donald Trump firmó una proclama con la que impuso aranceles al acero y aluminio a las importaciones extranjeras, excluyendo temporalmente a México y a Canadá; condicionándolos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual se encuentra en etapa de renegociación.3

El presidente Trump declaró: “Si no alcanzamos un compromiso o damos por terminado al TLCAN, porque no pudimos lograr un acuerdo que sea justo para nuestros trabajadores o agricultores; amamos a nuestros agricultores, y que sea  justo para nuestras empresas manufactureras, daremos por terminado al TLCAN, y empezaríamos todo de nuevo, o simplemente lo haríamos de diferente manera, pero daríamos por terminado al TLCAN; aunque tengo el presentimiento de que concretaremos un acuerdo y, de ser así, no habrá tarifas para Canadá ni para México”.4

Asimismo, enfatizó: “Hoy estoy defendiendo la seguridad nacional de Estados Unidos al imponer tarifas a las importaciones extranjeras de acero y aluminio. Es una tarifa de 25% al acero y de 10% al aluminio, al momento que estos productos crucen nuestras fronteras”5; palabras con las que declaró una guerra comercial de carácter global que obligará a los países afectados a tomar acciones contra las exportaciones estadounidenses.

El Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, indicó que era un error para la negociación del TLCAN, pues las negociaciones continuarán; también informó que sostuvo una reunión con los coordinadores parlamentarios para expresarles la certeza del gobierno mexicano de cerrar varios capítulos en esta ronda del tratado, como el de telecomunicaciones y el de barreras técnicas al comercio, entre otras; aunque haya temas complicados como el automotriz y la cláusula de cinco años donde no hay progreso. En el caso de las remezas, estas están al alza, “al inicio de 2018, el envío promedio de remesa fue por 306 dólares, por debajo de los 310 dólares observados en diciembre de 2017”.6

El pasado 31 de mayo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció que se impondrán medidas arancelarias al acero y aluminio a México, Canadá y la Unión Europea. Los aranceles serán de 25 por ciento para el acero y de 10 por ciento para el aluminio y entraron en vigor el 1º de junio.7

Tanto el Gobierno de México como el Gobierno de Canadá lamentaron y expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio de las dos naciones y la Unión Europea bajo el criterio de seguridad nacional. Nuestro presidente, anunció las medidas que México pondrá en marcha de manera inmediata por un monto equiparable al nivel de la afectación y que estarán vigentes en tanto el gobierno de los Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos. Aplicará aranceles a las mercancías como el acero plano, lámparas, piernas y paletas de cerdo, embutidos, preparaciones alimenticias, manzanas, arándanos, uvas y diversos quesos.8

El H. Congreso de la Unión respalda las acciones firmes, oportunas y contundentes que el Ejecutivo Federal implementó sustentadas en el principio de reciprocidad, con el propósito de defender el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de las mexicanas y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente expresa su absoluto respaldo a las acciones implementadas por el Gobierno Federal en respuesta a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedente de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Anuncia Trump aranceles a importación de acero y aluminio. Disponible en:
www.jornada.unam.mx/2018/03/01/anuncia-trump-aranceles-a-importacion-de-acero-y-aluminio-1461.html

2 Ídem.

3 Trump firma orden que impone aranceles al acero y al aluminio; excluye temporalmente a Canadá y a México. Disponible en:
www.proceso.com.mx/525399/trump--firma-orden-que-impone-aranceles-al-acero-y-aluminio-excluye-
temporalmente-a-canada-y-mexico

4 Ídem.

5 Ídem

6 Trump anuncia 25% de arancel al acero. Disponible en:
www.milenio.com/negocios/trump-anuncia-25-de-arancel-al-acero

7 Trump impone aranceles a México, Canadá y UE en acero y aluminio. Disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-impone-aranceles-a-mexico-canada-y-ue-en-acero-y-aluminio

8 Así responden México, Canadá y UE a los aranceles en acero impuestos por Trump. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/global/asi-responden-mexico-canada-y-ue-a-los-aranceles-en-acero
-impuestos-por-trump/1242293






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior a la Fiscalía General, ambos del estado de Jalisco, a investigar y, en su caso, sancionar al candidato de Morena al gobierno la entidad, Carlos Lomelí Bolaños, por su presunta participación en el desvío de recursos y la venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones del estado de Jalisco. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución a tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el año 2016 se logró documentar que en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) se llevó a cabo un fraude en el que participó el ahora candidato del partido MORENA a la gubernatura del estado, Carlos Lomelí Bolaños.

Se tiene conocimiento de que a finales de ese año, el IPEJAL otorgó un contrato por 501 millones a la empresa “Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V.” (Abisalud) para la compra de 271 medicamentos. De ese catálogo de medicamentos, 31 productos se obtuvieron a un costo mayor del reportado como precio de referencia.

Un ejemplo de ello es el del medicamento Omeprazol, cuyo precio unitario sugerido era de 217 pesos y se pagó en dos mil 520. Además, el contrato entre Abisalud y el Ipejal señalaba que se comprarían 171 cajas de Omeprazol 40 como máximo, sin embargo, y sin razón alguna, esa cifra se incrementó a 10 mil cajas. El dinero triangulado nada más por el medicamento Omeprazol asciende a 20 millones de pesos. De tal forma que, al hacer cuentas, los sobreprecios detectados por los 31 medicamentos dan una suma de 30 millones de pesos.

El candidato de MORENA ha señalado en varias ocasiones que él no tiene nada que ver con la empresa Abisalud, no obstante, y no es casualidad que la empresa de Carlos Lomelí, “Lomedic”, esté registrada con el mismo domicilio que Abisalud.

No es la primera vez que la empresa Lomedic, de Carlos Lomelí se ve involucrada en este tipo de asuntos en colusión con el gobierno. En el año 2011, la revista Proceso realizó toda una investigación en la que la empresa de Lomelí Bolaños como proveedora de medicamentos a las instancias de salud de Jalisco, se vio involucrada en casos de incumplimiento en la distribución de medicamentos.

Debido a esto, la asociación civil “Conciencia Cívica”, denunció a Lomedic por incumplir su contrato con la Secretaría de Salud de Jalisco y pidió a los integrantes de la Comisión de Adquisiciones de la dependencia negar a Lomedic la adjudicación 43068001-015-10 relativa al servicio integral de subrogación de medicamentos y material de curación para los afiliados al sistema estatal de protección en salud y población abierta en 2011.

Si esto no fuera poco, la firma empresa de Carlos Lomelí Bolaños estuvo en la lista de las 10 empresas a las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les atribuyó vínculos con el narcotráfico.

Se trata de asuntos de la máxima relevancia. Son asuntos que involucran la salud de las personas que no pueden pasarse por alto. Es necesario que las autoridades competentes hagan una investigación sobre las acusaciones que pesan sobre el candidato de MORENA al Gobierno de Jalisco.

No es posible que alguien con antecedentes de incumplimiento de contratos, de desvíos y triangulación de recursos del gobierno, pretenda gobernar a los jaliscienses. No es posible que alguien que ha lucrado con la salud de las personas quede en la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto es que presentamos la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Auditoría Superior del Estado a investigar y en su caso sancionar al candidato de MORENA al gobierno de la entidad, Carlos Lomelí Bolaños, por su presunta participación en el desvío de recursos y la venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de junio de 2018.

Atentamente.






Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que nuestro país convoque y sea sede de una Cumbre Global para la Defensa del Multilateralismo y el Comercio Libre, así como que lidere las acciones de respuesta con diferentes naciones e iniciar los litigios internacionales correspondientes. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, LUIS HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES, senador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las sesiones y el Orden del Día, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace unos días, Donald Trump anunció la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio a México, Canadá y la Unión Europea, con esta decisión los Estados Unidos eliminan las exenciones que habían aprobado a 34 países hasta el 1 de junio.

Así, Donald Trump no solo empantana las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sino declara una guerra comercial al mundo.

En el marco de las agresiones e insultos, México debe tomar una posición no solo de defensa del interés y dignidad nacional, también debe ser inteligente, audaz y pragmático. Por lo tanto, es de la mayor relevancia ofrecer una respuesta proporcionada al tamaño de las ofensas.

Hoy México está obligado a sumar aliados a la racionalidad económica y comercial del mundo, debe convocar de manera inmediata a una cumbre global para la defensa del comercio libre, así como coordinar acciones e iniciar los litigios correspondientes con otras soberanías.

Vivimos la etapa geopolíticamente más peligrosa desde el fin de la Guerra Fría, por las posiciones agresivas de Trump y su guerra comercial global. Su posición proteccionista afecta el crecimiento económico mundial, porque se deteriora la cooperación entre los países ante una visión de dominio.

No hay nada más dañino para un sistema internacional multipolar como el actual que el unilateralismo de los Estados Unidos, el cual no le hace la guerra comercial a solo a México sino al mundo y al consenso multilateral que sustenta la convivencia racional entre las naciones. Es precisamente la irracionalidad de las medidas arancelarias tan grande que su denuncia debe servir como punta de lanza de un liderazgo en contra de la amenaza global que hoy representa la administración Trump.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la imposición de tarifas arancelarias decretadas por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión Europea, por constituir medidas unilaterales contrarias a la legitimidad de un sistema internacional basado en el consenso alcanzado a través del diálogo respetuoso entre naciones soberanas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal que nuestro país convoque y sea sede de una Cumbre Global Para La Defensa Del Multilateralismo y el Comercio Libre, así como que lidere las acciones de respuesta con diferentes naciones e iniciar los litigios internacionales correspondientes frente a las medidas unilaterales mencionadas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 13 de junio de 2018.

Suscribe

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para investigar el desvío de recursos públicos en el estado de Coahuila. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía a implementar acciones que, a corto plazo, permitan que el consumidor identifique la diferencia entre la leche y las fórmulas lácteas, así como la diferencia entre éstas con los productos lácteos combinados, cuidando la adecuada notificación al consumidor del origen, el contenido y calidad de cada producto. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, Dip. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Conforme al informe “Panorama de la Leche en México” elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el año 2017 México produjo 11 mil 807 millones de litros anuales de leche de bovino, lo que representó un incremento de 1.7 por ciento respecto a la producción de 2016, la cual fue de 11 mil 608 millones de litros anuales, permitiendo ocupar a nuestro país el 9º lugar en la producción mundial de leche de bovino. Así mismo, se estima para 2018 una producción superior a los 12 mil 026 millones de litros de leche, es decir, 1.85 por ciento más con respecto a la producción registrada en 2017.

Los datos reflejan una tendencia de crecimiento de la producción de leche de bovino de forma estable. En estados como Jalisco la producción lechera sigue en ascenso, en 2011 la producción fue de 1 millón 991 mil litros y de 2 millones 306 mil litros en la anualidad de 2017, de acuerdo a la estadística del Sector Lácteo 2010-2017, elaborada por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, lo cual convierte a Jalisco en el principal productor de leche de bovino a nivel nacional.

Por citar un ejemplo, el hato lechero de Jalisco cuenta con 334 mil cabezas de ganado que aportan 6.2 millones de litros de leche diarios, esto implica que 24 millones de mexicanos toman diariamente un vaso de leche producida en Jalisco.

Sin embargo, de acuerdo con un estudio de calidad realizado en el año 2014 por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a 105 marcas de leche, 17 fórmulas lácteas y 3 productos lácteos combinados, se concluyó que, 15 de 17 fórmulas lácteas tienen menos proteína, lactosa y/o sólidos no grasos que lo requerido por las Normas Oficiales Mexicanas para denominarse así, existiendo un sinnúmero de marcas que aseveran vender leche bovina sin que el líquido lo sea. Asimismo, los resultados arrojaron que en algunos casos la información proporcionada en el etiquetado de las marcas resulta no ser veraz, induciendo al consumidor al error o engaño.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-183-SCFI-2012, denominada “Producto Lácteo y Producto Lácteo Combinado Denominaciones, Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de Prueba”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2012, un producto lácteo es elaborado con ingredientes propios de la leche, tales como caseína, suero de leche, agua, proteína de leche, etcétera, es decir, no es leche, sino un líquido que se compone de ingredientes semejantes a los que por naturaleza contiene la leche de bovino.

La leche para consumo humano es aquella que “... debe ser sometida a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; además, puede ser sometida a operaciones tales como clarificación, homogenización, estandarización u otras, siempre y cuando no contaminen al producto y cumpla con las especificaciones de su denominación”, esto según el punto 4.30 de la NOM-155-SCFI-2012, denominada “Leche Denominaciones, Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de Prueba”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2012.

Se entiende entonces que la leche es un producto que para el consumo humano debe ser sometido a un proceso que garantice la inocuidad del líquido, no se adiciona ni se elabora con aditamento alguno; en concreto, la leche es única y exclusivamente el líquido que se obtiene de la ordeña de ganado bovino.

Marcas que comercializan fórmula láctea han logrado que el consumidor identifique su producto como auténtica “leche”, aun cuando no lo es. Lo anterior, principalmente porque ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la clasificación para el registro de marca o nombre comercial se hace bajo la clase 29 que engloba a la “Leche y productos lácteos”. Esto es, cuando un interesado hace un registro de marca o nombre comercial para la comercialización de un producto, ya sea que se trate de leche o formula láctea, el registro se hace dentro de la clase 29, asumiendo que la fórmula láctea se entiende como “producto lácteo”, lo cual permite que un comercializador de fórmula láctea logre registrar un “signo distintivo” en el mismo rubro que un comercializador de leche; esta situación permite que la imagen, los símbolos, figuras, vocablos y cualquier tipo de expresión en el empaque y publicidad, sea semejante entre leche y fórmula láctea.

Lo anterior hace necesaria la intervención de la PROFECO, cuyo objetivo, por disposición legal, es promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor, procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores, por ello se requiere que la Procuraduría Federal del Consumidor sea un vigilante estricto en la licitud de la publicidad y tome acciones para evitar que se induzca al error o a la confusión al consumidor, ya sea por inexactitud o por publicidad engañosa en el consumo de un producto.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Leche realizada por PROFECO la mayoría de los consumidores de leche desconocen la diferencia entre ésta y las fórmulas lácteas; 76 por ciento de la población encuestada manifestó estar interesada en conocer la distinción entre la leche y la fórmula láctea, lo que deja claro que el desconocimiento en el consumo del producto es latente, porque el consumidor al pretender comprar leche adquiere un producto distinto, e implícitamente se afecta el consumo per cápita de este importante líquido que en abundancia produce nuestro país, ya que el consumidor desconoce que adquiere una fórmula láctea elaborada con elementos parecidos a los componentes que naturalmente contiene la leche, componentes que además son de importación, dañando de esta manera de forma irreparable al sector lechero de México.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en un trabajo coordinado y de manera libre implementen acciones que a corto plazo permitan que el consumidor identifique, en términos claros y comprensibles, la diferencia entre la leche y las fórmulas lácteas, así como la diferencia entre éstas con los productos lácteos combinados, cuidando la adecuada notificación al consumidor del origen, el contenido y calidad de cada producto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de junio de 2018.

Suscriben

Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Eloisa Chavarrias Barajas.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.

Fuentes

1. SIAP “Panorama de la Leche en México”. Recuperado el 01 de junio de 2018. Disponible en:
http://infosiap.siap.gob.mx/opt/boletlech/Brochure%20leche_Diciembre2017.pdf
2, SAGARPA Crece la producción de leche en México. Recuperado el 01 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/crece-la-produccion-de-leche-en-mexico-sagarpa-158644
3, CANILEC “Estadísticas del Sector Lácteo, 2010-2017”. Recuperado el 01 de junio del 2018. Disponible en:
http://www.canilec.org.mx/estadisticas-lacteos-2010-2017.pdf
4, Procuraduría Federal del Consumidor, Revista del Consumidor, “No todo lo que parece leche lo es”.Recuperado el 01 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf
5. Diario Oficial de la Federación. NOM-183-SCFI-2012. “Producto Lácteo y Producto Lácteo Combinado Denominaciones, Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de prueba”. Recuperada el 01 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4693/seeco1/seeco1.htm
6. Diario Oficial de la Federación. NOM-155-SCFI-2012. “Leche Denominaciones, Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de Prueba”. Recuperada el 01 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5254842&fecha=03/05/2 012
7. Gaceta de la Propiedad Industrial. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas Parte I, diciembre 2015. Recuperado el 01 de junio de 2018. Disponible en:
http://clasniza.impi.gob.mx/SiteCollectionDocuments/MA_C1_2015_12_001.pdf
8. PROFECO “Encuesta Nacional de Leche”. Recuperado el 01 de junio de 2018. Disponible en:
https://www.profeco.gob.mx/encuesta/mirador/2011/PROFECO_ReporteAn%C3%A1lisis_Leche_presentacion
%20nov30%20(3).pdf
9. Ley General de Salud. Recuperada 01 de junio de 2018. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf






De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Magdalena Moreno Vega y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Estado de México a tomar las medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial en las carreteras de dicha entidad, particularmente en el municipio de Texcoco, donde ocurrió un fatal accidente en el que perdieron la vida 11 personas. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, ALICIA BARRIENTOS PANTOJA, MAGDALENA MORENO y VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, Diputadas y Diputado Federales, respectivamente, a la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los trabajos de la Comisión Permanente hemos conocido de tragedias humanas ocurridas en las carreteras del país que nos han conmovido. Muchas de ellas derivadas de la negligencia de las autoridades responsables de la construcción de la infraestructura vial y de su mantenimiento. Fue el caso, por ejemplo, del accidente sucedido el 12 de julio de 2017 en la carretera México-Cuernavaca a raíz de un socavón abierto; suceso que provocó la muerte de dos personas y que llevó a este órgano del Congreso a pronunciarse y a solicitar la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como la presencia del Gobernador de Morelos.

Conscientes de la sensibilidad que las y los legisladores han tenido en este tipo de acontecimientos lamentables y de los precedentes dolorosos como el citado, quienes suscriben desean, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, exponer una tragedia más, esta vez, acaecida en el Estado de México, con el ánimo de llamar la atención de las autoridades responsables sobre esta clase de hechos aciagos y de coadyuvar, en el ámbito de nuestras atribuciones, a disminuirlos.

El sábado de 2 de junio del año en curso, ocurrió un accidente en el que perdieron la vida 11 personas y 12 más quedaron lesionadas. El hecho se presentó alrededor de las 10 de la mañana de ese día y se originó por el choque entre un camión de la línea México-Texcoco y un tráiler que transportaba tarimas; esto sobre la carretera Federal Texcoco-Calpulalpan, a la altura de la comunidad de Santa Inés del municipio de Texcoco.

El camión de pasajeros venía del poblado de Santa María Tecuanulco con dirección a Texcoco cuando intentó incorporarse al carril de alta velocidad, momento en que un tráiler lo embistió enviándolo a una barranca donde terminó deshecho. Tras el impacto, ambas unidades cayeron al barranco por lo que el camión de pasajeros quedó partido en dos.

Las víctimas del accidente se ubican en comunidades como Santa María Tecuanulco, San Jerónimo, San José Amanalco, Santa Inés y San Juan Tezontla de aquel municipio.

A pesar de los señalamientos que ya habían hecho los ciudadanos de esas localidades sobre la inseguridad en dicho tramo carretero, las autoridades responsables no las atendieron, omisión que ahora debemos de lamentar.

Ya antes lo pobladores habían solicitado señalamientos viales, semáforos coordinados y reductores de velocidad, una rampa de frenado y un desnivel para que los habitantes pudieran tener la oportunidad de incorporarse a la carretera federal Texcoco-Calpulalpan de manera segura. Fueron desoídos.

Cabe mencionar también, como lo ha destacado la prensa local, que los afectados y el propio cabildo texcocano han señalado que “desde el inicio de obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) los accidentes se han multiplicado y se han visto involucrados góndolas y vehículos de carga pesada que transportan material a la zona del nuevo aeropuerto, poniendo en riesgo principalmente, a los cientos de vecinos de nuestro municipio y otros más que circulan diariamente por esta carretera”.1

La magnitud de la tragedia obligó a las candidatas y a los candidatos a la Presidencia Municipal, así como a las diputaciones federales y locales a interrumpir su campaña por tres días en señal de luto. Como ya lo ha hecho Morena en Texcoco, quienes promueven este punto de acuerdo se suman a la solidaridad con las familias de las víctimas y solicitan un pronunciamiento de la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta profundamente el fallecimiento de 11 personas, acaecido el sábado de 2 de junio del año en curso, como resultado de un accidente ocurrido sobre la carretera Federal Texcoco-Calpulalpan, a la altura de la comunidad de Santa Inés del municipio de Texcoco y manifiesta las más sentidas condolencias a sus familiares.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial en las carreteras de la entidad, particularmente en la zona donde ocurrió el accidente y resultaron sin vida 11 personas, así como lesionadas 12 personas más.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, velen porque se repare el daño a las víctimas del accidente y a sus familiares.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, vigilen que los choferes al servicio de las líneas de transporte reciban una adecuada capacitación para el desempeño de sus labores; asimismo para que éstas garanticen que las unidades de pasajeros se encuentren en buen estado.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 13 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Alicia Barrientos Pantoja.- Dip. Magdalena Moreno Vega.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

1 https://contrapapel.mx/gobierno-municipal-exige-a-la-sct-y-gem-medidas-para-frenar-accidentes-en-la-
texcoco-calpulalpan-e3TQyNTgzNw.html





Del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, a nombre propio y de los Senadores Víctor Manuel Galicia Ávila, Ismael Hernández Deras y Manuel Humberto Cota Jiménez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a declarar a la entidad en estado de emergencia, por la severa sequía que actualmente está viviendo. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el posible desvío de recursos de diversas Secretarías de Estado. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presentamos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES INICIE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS ACTOS U OMISIONES QUE IMPLIQUEN ALGUNA IRREGULARIDAD O CONDUCTA ILÍCITA EN EL INGRESO, EGRESO, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS FEDERALES, Y DESLINDE LAS RESPONSABILIDADES correspondientes.

CONSIDERACIONES

Entre 2014 y 2017, tres empresas vinculadas con el actual secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Mañaga, y sus familiares obtuvieron contratos de obra pública por 500 millones de pesos, reportó el diario Reforma.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Sedesol, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno de Oaxaca asignaron los contratos, en el periodo mencionado, mientras Pérez Magaña fue senador y funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

De acuerdo con el diario, fueron beneficiadas las empresas Constructora y Arrendadora de la Cuenca y de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, que opera un hermano de Pérez Magaña.

Y también Comercializadora Tres Hermanos, empresa fundada por el padre del funcionario, y de la que Pérez Magaña tiene 50 por ciento de las acciones, según las actas constitutivas.

En febrero de 2014, la SCT asignó a estas empresas un contrato por 63.4 millones de pesos para la rehabilitación del pavimento del kilómetro 50 al 80 en el tramo Tuxtepec-La Esperanza.

En 2017, detalló Reforma, cuando Pérez Magaña ya era subsecretario de la Sedesol, la empresa que opera su hermano obtuvo un contrato del gobierno de Oaxaca por 47 millones de pesos.

El diario indicó que obtuvo los contratos vía transparencia, y que la mayoría han sido de obra para beneficiar a Tuxtepec, municipio que gobernó el ahora funcionario federal de 2002 a 2003.

Pérez Magaña obtuvo licencia para ausentarse del cargo de senador en abril de 2016, y tomó el cargo de subsecretario de Desarrollo Social. En 2018, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró titular de Sedesol, en lugar de Luis Miranda.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

“Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Fracción VI:

Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.”

“Artículo 79:

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivos se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.”

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que en el ejercicio de sus facultades inicie una Investigación respecto de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y deslinde las responsabilidades correspondientes respecto de la asignación de contratos a empresas vinculadas a Eviel Pérez Magaña.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 13 de junio de 2018.

Atentamente.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo en relación al desvío de recursos por el gobierno de Chiapas destinados para servicios públicos de salud. Se turna a la Primera Comisión.








De los Diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar de manera urgente un programa emergente de abasto de pollo que interrumpa la especulación, el acaparamiento y encarecimiento de la carne de pollo. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su condena por el asesinato de Juana Maldonado, candidata a Diputada por el PVEM y Erika Cázares, Segunda Regidora de Salud, Asistencia Pública, Ecología, Medio Ambiente y Juventud del municipio de Juan Galindo, ocurrido en Jopala, estado de Puebla, así como el asesinato de Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata del PRI-PVEM ocurrido en el municipio de Juchitán, estado de Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU CONDENA POR EL ASESINATO DE JUANA MALDONADO CANDIDATA A DIPUTADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y ERIKA CÁZARES, SEGUNDA REGIDORA DE SALUD, ASISTENCIA, PÚBLICA, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO JUAN GALINDO, OCURRIDO EN EL MUNICIPIO JOPALA, ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EL ASESINATO DE PAMELA ITZAMARAY TERÁN PINEDA, CANDIDATA DEL PRI-PVEM OCURRIDO EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso electoral en curso será recordado como el proceso del terror, por la alta tase de asesinatos que se han cometido en contra de aspirantes a candidatos, candidatos, regidores y figuras interesadas en participar en la contienda a celebrarse el próximo 1° de julio del año en curso.

Lamentablemente no hay semana que no conozcamos de un nuevo crimen en contra de una candidata o candidato, es así que hasta el mes de mayo se tenía como antecedente el dato de 112 asesinatos para este proceso electoral, que comparado con el celebrado en las elecciones federales de 2015 que fue de 21 asesinatos representa un incremento de 385% entre ambos períodos tal y como lo señala el medio informativo Proceso en su edición número 21701.

El mismo medio nos presenta los estados que lamentablemente han sido ubicados como de semáforo rojo por los casos que ahí se han presentado y señala a Guerrero (22), que junto con Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit suman el 50% de los casos” (texto íntegro extraído del medio informativo).

Estos crímenes que no pueden ser calificados de otra manera sino como actos de violencia política e incluso ataques por razón de género, deben detenerse.

No debe importar que colores porta un candidato, que nombre de partido lo representa, si son independientes o no lo son, si participa en coaliciones o de manera individual, a todos nuestros compañeros que en este momento trabajan en pro de ganar el voto que los lleve a obtener la representación de la sociedad en los distintos ámbitos de la vida política, ya sea federal, local o municipal, a todos ellos debe garantizarse su derecho de participación y sobre todo garantizar su integridad personal y la integridad de sus familias quienes también se están viendo involucradas en blanco de ataques en contra de su integridad física.

No podemos como Congreso dejar pasar estos lamentables hechos, nuestras compañeras extintas se unen a compañeras que representaban a otras corrientes políticas y tan dolorosa la desaparición de unas como de otras y la cifra crece día a día cuando más nos acercamos a la fecha del sufragio.

Debe reiterarse que ante estos lamentables acontecimientos no hay colores ni partidos, debe existir solidaridad conjunta y repudio generalizado ante esta ola de ataques que deja marcado este proceso electoral como el más sangriento en muchos años.

Debemos hacer un llamado a todas las corrientes políticas, a todos los candidatos y a las instituciones involucradas en este proceso electoral, para que se sumen y hagan eco del repudio ante estos crímenes y actuar con la sensibilidad que estos hechos requieren.

Diecisiete compañeras de distintas corrientes políticas han fallecido en este proceso electoral independientemente de los compañeros hombres que también han perdido la vida.

El asesinato de nuestras compañeras Juana Maldonado, de Erika Cázares y de Pamela Itzamary no deben quedar impunes.

A las autoridades judiciales de los estados de Oaxaca y Puebla nuestro llamado y profundo reclamo por asesinato de las po el pronto esclarecimiento de los hechos, solicitando igualmente se garantice para todas y todos los candidatos participantes garantía de seguridad personal.

La violencia no es el camino.

En razón de lo antes expuesto, presento a esta alta Soberanía de Urgente y Obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su condena por los asesinatos de Juana Maldonado candidata a Diputada por el Partido Verde Ecologista de México, y Erika Cázares, Segunda Regidora de Salud, Asistencia, Pública, Ecología, Medio Ambiente y Juventud del Municipio Juan Galindo, ocurridos en el municipio Jopala, estado de Puebla.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su condena por el asesinato de Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata de la coalición PRI-PVEM ocurrido en el Municipio de Juchitán, estado de Oaxaca.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ministeriales de los estados de Puebla y Oaxaca, el pronto esclarecimiento de los hechos y