Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 19 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 6



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 06 de Junio de 2018




PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

APERTURA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:03 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Señoras legisladoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 26 ciudadanos legisladores. Procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran registrados en el sistema electrónico.



Se tiene registro de una asistencia de 37 legisladoras y legisladores que han pasado asistencia personalmente ante la Secretaría. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión de la Comisión Permanente de hoy miércoles 6 de junio de 2018, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monito pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la Ciudad de México a las doce horas con tres minutos del miércoles treinta de mayo de dos mil dieciocho, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Senadores, oficio con el que remite los expedientes de los ciudadanos inscritos, con motivo de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por legisladores)

Se recibieron cuarenta y un oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los legisladores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales de la Cámara de Senadores, su informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Desarrollo Regional de la Cámara de Senadores, su informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico de la Cámara de Senadores, su Informe final de Actividades.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, sus Informes de Actividades, correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, sus informes de actividades correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y al Primer y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Senadores, su informe de actividades, actas de las reuniones y eventos realizados, correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Juan Carlos Ruíz García, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de mayo de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de abril de 2018.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, a nombre de diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 7 y 8 y adiciona un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913".- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre de la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre propio y del Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, y de las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre el Día de la Marina.- Para referirse al pronunciamiento hicieron uso de la palabra los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó una propuesta de modificación; Senador Manuel Bartlett Díaz del PT; Senador Miguel Romo Medina del PRI; Senador Enrique Burgos García del PRI; Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández del PRD; Senador Fernando Torres Graciano del PAN; Senador Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Diputado Agustín Basave Benítez del PRD; Diputado Arturo Huicochea Alanís del PRI; Diputado Adolfo Mota Hernández del PRI; Senador Javier Lozano Alarcón; Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo del PT; Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI; y Diputada Josefina González Luna de NA. La Presidencia sometió a consideración de la Asamblea el pronunciamiento, el cual fue aprobado en votación económica, en sus términos.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública información relacionada con las estrategias y las acciones que actualmente se ejecutan para fortalecer la prevención y el combate a los delitos de alto impacto en el país.

2. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer e implementar planes y estrategias que permitan garantizar la seguridad a los usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas que existen en el país.

3. El que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a informar sobre el avance en el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2018.

4. El que exhorta a las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno a que todas sus investigaciones se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, velando en todo momento por la protección y garantía de los derechos humanos y del debido proceso, en los hechos de violencia ocurridos en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección popular y, en consecuencia, se castigue a los responsables.

5. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización del primer y segundo debate presidencial organizados por el Instituto Nacional Electoral, y convoca a la ciudadanía a seguir activamente el tercero a realizarse en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de junio.

6. El que exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en San Martín Texmelucan, que involucran a funcionarios y policías municipales, en la presunta comisión de diversos delitos.

7. El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a los presuntos hechos constitutivos de delitos perpetrados en el Centro de Control Canino de la Delegación Tláhuac, con motivo de sacrificios de animales domésticos.

Para presentar los siete dictámenes hizo uso de la palabra el Senador José María Tapia Franco, Presidente de la Primera Comisión. Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a dar celeridad a la investigación para esclarecer el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. La Mesa Directiva informó que la Senadora Adriana Loaiza Garzón hizo llegar propuesta de modificación, la cual se admitió a discusión y fue aceptada por la Asamblea. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. Por el que se solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción un informe de los avances y, en su caso, problemáticas detectados en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las medidas que a su juicio considere se puedan ejecutar para impulsar su funcionamiento.- Intervinieron los legisladores: Diputado Juan Romero Tenorio de Morena; Senador José María Tapia Franco, Presidente de la Primera Comisón; y Senador Víctor Hermosillo y Celada del  PAN. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3. El que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar las estrategias de prevención del delito y acciones que se están implementando para el combate a la incidencia delictiva en dicha entidad.- Intervinieron los legisladores: Senador Fernando Torres Graciano del PAN, en contra; Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI; Diputado Jorge López Martín del PAN, quien presentó propuesta de modificación; Senador Fernando Torres Graciano del PAN, para rectificación de hechos; Diputada María Bárbara Botello Santibáñez del PRI, para alusiones personales; Senador José María Tapia Franco, Presidente de la Primera Comisión; y Diputado Jorge López Martín del PAN, para rectificación de hechos. La propuesta de modificación del Diputado Jorge López Martín, no se admitió a discusión. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica, en sus términos.

4. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a emprender las acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en la delegación Coyoacán.- Intervino el Diputado Juan Romero Tenorio de Morena. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, considere un incremento en el presupuesto asignado al componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.

2. El que exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y a la Comisión Estatal del Agua del estado de San Luis Potosí a realizar un plan para el retiro del lirio acuático que se encuentra en la presa “San José”, que pone en riesgo la salud de la población potosina.

3. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar un departamento de registro público marítimo nacional en la oficina de servicios a la marina mercante en Playa del Carmen, Quintana Roo, en beneficio de los prestadores de servicios de turismo náutico de la zona.

4. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estado que guarda la ministración de recursos del Ramo 33 aprobados en el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, para el municipio de Bacalar, Quintana Roo.

5. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre los mecanismos y controles permanentes en las revisiones a rastros y distribuidoras de carne para consumo humano, a fin de detectar la comercialización de carne contaminada con clembuterol.

6. El que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre el estado que guardan las obras de la refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo y sus respectivos contratos.

Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenófobas y racistas del Presidente de los Estados Unidos que han acompañado la negociación de la agenda bilateral; y exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Intervinieron los legisladores: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, quien presentó propuestas de modificación; Diputado Agustín Basave Benítez del PRD; Diputada Nancy Sánchez Arredondo del PRI; y Senador Luis Humberto Fernández Fuentes del PT. Las propuestas de modificación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, se admitieron a discusión y fueron aceptadas por la Asamblea. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Diputada Genoveva Huerta Villegas, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de mayo de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma las fracciones II y XII del artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 100-B y 184-B de la ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el Recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro del Honorable Congreso de la Unión los nombres de los próceres liberales Guillermo Prieto Pradillo e Ignacio Ramírez Calzada, en el bicentenario de su nacimiento.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se invita a comparecer al Secretario de Educación Pública Federal para que informe sobre el estado actual de la asignación de recursos y la reconstrucción de los planteles escolares que sufrieron daños tras los sismos de septiembre.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a corregir los estereotipos contenidos en la "Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018" e instruir al personal diplomático y consular adscrito a la Embajada de México en la Federación de Rusia a implementar mecanismos preventivos y de asistencia contra cualquier tipo de discriminación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la calidad de la atención prenatal y obstétrica en el sector salud e implementar políticas públicas enfocadas a disminuir la mortalidad materno-infantil en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo los de yacimientos no convencionales y la asociación de PEMEX con otras empresas, para explotar los campos petroleros que le fueron asignados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas a establecer la Secretaría del Migrante.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a niños migrantes en bases militares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con la muerte del defensor y activista del medio ambiente, ciudadano Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, expedita y objetiva, al tiempo de remitir un informe relacionado con el desarrollo de las investigaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar nuevos protocolos de atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizándoles un trato digno y seguro desde su ingreso a la institución médica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el cuestionario básico y en el cuestionario ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de Discapacidad, con preguntas que permitan evaluar el grado de dificultad o la imposibilidad de los informantes para realizar las actividades sobre las que serán cuestionados, conforme a los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral inicie una investigación de oficio al Gobierno Estatal de Puebla por su arbitraria injerencia en los comicios locales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas Ivanova Pool Pech, Cristina Ismene Gaytán Hernández e Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la ex Directora General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México; así como al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a fin de explicar las acciones emprendidas para solventar las fallas y problemas que padeció el servicio de pagos electrónicos interbancarios durante abril y mayo de 2018.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, realicen y fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X’cacel y X’cacelito.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a derogar el artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal por ser inconstitucional; a la Policía Federal para que de inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal en contra los pequeños transportistas, así como del denominado hombre-camión por ser un acto inconstitucional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas a diversas autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar el acceso y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades competentes para que tomen las medidas correspondientes con el objeto de combatir el asalto a ferrocarriles y el sabotaje de las instalaciones y líneas de ferrocarril.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Angelina Lizeth Arcos Villalva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las y los candidatos de los poderes ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno de los comicios electorales de 2018 a que, en caso de ser electos, consideren la integración paritaria en sus gabinetes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla a que actúe con absoluta imparcialidad como árbitro electoral del proceso comicial que se desarrolla en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para la fiscalización de recursos para la reconstrucción y atención de damnificados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances en la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas ejercidos en los estados de Chiapas y Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de Acuerdo para instruir a la Auditoría Superior a que realice auditorías de desempeño, forense y de gasto federalizado, del presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública en los ejercicios 2017 y 2018 y en lo que corresponda a ejercicios previos, tanto para los recursos ejercidos directamente, así como los entregados a delegaciones, instituciones, centros y planteles relacionados con la educación, como parte del programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que ha realizado con otras instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las terminales punto de venta sean trasladadas al consumidor.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad física y garantizar sus derechos humanos, durante la actual administración.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Hugo Ángel Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la violencia política en el actual proceso electoral y exhorta a distintas autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno a coordinar una estrategia eficaz que garantice las condiciones de seguridad necesarias para candidatas y candidatos, integrantes de sus equipos de campañas, simpatizantes y militantes de todos los partidos políticos, que participan en el actual proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Guillén Rivera y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de modificar la fracción arancelaria aplicable al piloncillo e impulsar un procedimiento ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América para formalizar la disociación del piloncillo del azúcar, en virtud de que éste no es un azúcar refinado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro de su programa “Pensión para Adultos Mayores”, modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente realiza un llamado a la nación a favor de los migrantes mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para reestablecer la seguridad pública en el país, ante el incremento de los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad de la población y la actividad económica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Guillén Rivera y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de expedir una norma oficial mexicana aplicable al piloncillo, con el objeto de que este producto se elabore con el más alto estándar de calidad y con ello se promueva su competitividad en México y en el mercado internacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal "Tus Derechos Laborales", a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de Acuerdo a la ley vigente en la materia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal emitir un informe sobre el estado que guarda el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Heriberto Varela Colmenares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los poderes constitucionales, así como a los organismos constitucionales autónomos del estado de Oaxaca a reforzar las políticas de previsión y protección ante el abuso sexual y toda forma de violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a impulsar acciones por conducto de la policía cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a través de internet y de las redes sociales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para garantizar el diálogo con los sectores obrero y patronal en los trabajos de justicia laboral.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión exhaustiva a la aplicación de todos los fondos y recursos federales otorgados al municipio de Ixhuatán del estado de Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al reforzamiento de medidas contra la violencia de género en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos, realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar un informe del impacto sobre la competitividad de la reforma fiscal implementada por la administración estadounidense y su impacto sobre los flujos de capitales, inversión y crecimiento de la economía mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea ocurrida en la Habana, Cuba.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la inmediata destitución del Director General de Caminos y Puentes Federales y del Director de Infraestructura, por su participación en la manipulación de las licitaciones para el servicio de mantenimiento, estabilización y/o protección de taludes y terraplenes de autopistas en el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría a los contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en virtud de distintas anomalías documentadas por diversos de comunicación que señalan pagos a sobrecosto en la adquisición de productos para los centros de desarrollo infantil de la demarcación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros a fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico, en el marco de la campaña de ventas online.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una auditoría integral a los recursos y contratos signados por el gobierno capitalino para la instalación, operación y mantenimiento al "Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas", ante el incremento de denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, además de anomalías en su operación; entre ellas, falta de mantenimiento y nula transparencia en el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro a establecer los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de trenes, en virtud del incremento exponencial de estos hechos delictivos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar, actualizar e informar sobre el uso y destino de los recursos, así como del patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el "Fideicomiso Beca un Niño Indígena, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de Infraestructura Deportiva", ante las denuncias públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de transparencia en el padrón de beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer e intensificar sus operativos en materia de seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado "La Unión Tepito".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México emprender operativos y aplicar sanciones a los usuarios de motocicletas que incumplen el Reglamento de Tránsito, respecto a la circulación en vías de acceso restringido.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México a investigar un presunto desvío de los recursos generados por la operación de los parquímetros, en virtud de que desde julio de 2017 la Secretaría de Movilidad ha dejado de informar sobre los montos y el destino de dichos recursos, tal como lo han documentado diversos medios de comunicación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como hechos de privación ilegal de la libertad y tortura por parte de Nestora Salgado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio y de la Diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a cumplir con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, e instalen la comisión estatal de búsqueda en sus respectivas entidades federativas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores a establecer mecanismos para reducir el tráfico de armas hacia nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud a que en la revisión y actualización de la NOM-028-SSA3-2012 en materia de regulación de los servicios de salud para que la práctica de la ultrasonografía diagnóstica se reafirme el perfil profesional médico del ultrasonografista.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la Policía Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, así como a los gobernadores de los estados a garantizar la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, cesar el acoso contra activistas y líderes sociales y coadyuvar a un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos democráticos en el marco de la defensa de los derechos humanos y el proceso electoral que vivimos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a dar debido cumplimiento al Acuerdo publicado el 13 de octubre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México estableciendo la gratuidad del servicio de directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural y, en su caso, habilitar a profesionales del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana para poder hacerlo.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Marina Nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse al incremento del flujo de recursos por inversión extranjera directa en los últimos años.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al condicionamiento que hace el Partido Revolucionario Institucional del programa PROSPERA a cambio de apoyo electoral en todo el país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con quince minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles seis de junio, a las once horas.

 

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2018.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2018, así como la ejecución de la política monetaria.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibió del Congreso del estado de Colima, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibió del Congreso del estado de San Luis Potosí, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibieron 24 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los legisladores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Del Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el VII Foro Mundial de Regulación de Energía, celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de marzo de 2018.








Del Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada en Panamá, Panamá, los días 13 y 14 de abril de 2018.








Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 y 25 de mayo de 2018.








Del Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite su informe de actividades correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Alfredo Ferreiro Velazco, Coordinador del grupo parlamentario del PES, por la que informa la incorporación de los Diputados Julio César Tinoco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez a dicho grupo parlamentario, a partir del 25 de mayo de 2018.



La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Se recibieron también las siguientes comunicaciones de legisladores, por las que informan sus respectivas reincorporaciones a sus funciones legislativas:

De la Diputada Leticia Amparano Gamez, del grupo parlamentario del PAN, a partir del 2 de julio de 2018.








Del Diputado Mario Machuca Sánchez, del grupo parlamentario del PVEM, a partir del 1° de junio de 2018.








Y del Diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN, a partir del 1° de junio de 2018.



La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Recibimos una comunicación de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa para separarse de sus funciones legislativas, del 1º de junio al 1º de julio de 2018.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente Acuerdo.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa para separarse de sus funciones legislativas, del 1º de junio al 1º de julio de 2018. Por lo que respecta a su reincorporación, la Asamblea queda enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.






Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó modificar la prelación de los asuntos de la sesión de la siguiente manera:

Después del despacho de la correspondencia, pasaremos a la discusión de los dictámenes inscritos.

Iniciaremos con los dictámenes de la Tercera Comisión que quedaron pendientes de la sesión anterior y los nuevos que se registran en la agenda de hoy.

Continuaremos con la discusión de los dictámenes de la Primera y Segunda comisiones, y posteriormente abriremos una ronda de proposiciones con puntos de Acuerdo.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que propone un listado con el nombre de los seis aspirantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto. Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias. Aprobado el dictamen sobre los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Informo a la Asamblea que la Comisión Permanente debe elegir a cuatro Consejeros para incorporarse al Consejo Ciudadano. Esta elección debemos realizarla por cédula con una mayoría de las dos terceras partes de los presentes en la Asamblea. En una sesión posterior realizaremos dicha elección.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Adelante, Senador Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Gracias, Diputada Presidenta.

Nada más con la súplica de que quede constancia que esta idoneidad únicamente representa que se cumplieron los requisitos legales.

No constituye, de ninguna forma, que son idóneos para el cargo sobre algún criterio de cualquier otra naturaleza.

Se limita estrictamente a cumplir los requisitos legales, sólo para que quede en el Diario de los Debates, si me lo permite, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Sí, Senador. Así viene en el dictamen, y queda registrada su intervención.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Senador Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Sí, señora Presidenta.

En relación a lo que comenta el Senador, si se usa la palabra “idoneidad”. Son idóneos porque cumplen los requisitos para desempeñar el cargo.

No son electos, ese será un proceso que corresponde a otro momento.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Así es. Así quedó el dictamen.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Banco de México a remitir un informe en torno a la intervención cibernética que vulneró los Sistemas de Transferencias Electrónicas de las instituciones financieras. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto. Doy lectura al dictamen.



Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El tema de la ciberseguridad en el sistema financiero ha adquirido particular relevancia a nivel global; por supuesto, en México, debido al aumento de los ataques a dicho sistema, que en los años recientes hemos tenido, sobre todo en pasadas semanas.

Por lo anterior, el dictamen que hoy discutimos es de la mayor trascendencia, en la medida que contribuye a salvaguardar los derechos del patrimonio de los usuarios de los servicios financieros.

Los ataques de ciberseguridad a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, mejor conocido como SPEI, registrados en semanas anteriores y que afectan a diferentes grupos financieros, ponen en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero de nuestro país.

Para dimensionar la magnitud de este asunto, cabe mencionar que en 2018 el volumen de transacciones efectuadas vía dicho sistema ascendió a 33 millones de operaciones, cifra equivalente a 15 billones de pesos, promedio mensual, cifra superior en 8 millones a las realizadas en 2012, que equivale a 13 billones de pesos.

De acuerdo con las autoridades del Banco de México, se realizó un intento de hurto electrónico por transferencias no autorizadas a cinco instituciones bancarias a través de tres proveedores externos que interconectan a los bancos con el SPEI.

En este sentido, insto a las instituciones financieras a conectarse al sistema de pagos del banco central con un sistema de contingencia.

Se estimula entre 300 y 400 millones de pesos los que sustrajeron al crear órdenes fantasmas, que transfirieron fondos a cuentas falsas y que fueron retirados rápidamente.

Aunque no se han dado a conocer detalles precisos de las fallas y de los montos y, bueno, actualizando, sí se dio información de manera global, pero no en precisión.

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRI continuaremos actualizando el andamiaje jurídico con el objeto de salvaguardar los derechos y patrimonio de los usuarios en los servicios financieros y obligar a las instituciones a que cumplan con los protocolos de seguridad en todas las operaciones y plataformas, así como endurecer las penas para aquellos que cometen y sean cómplices de este tipo de delitos.

En tal virtud, coincidimos en que es necesario solicitar al Banco de México un informe sobre los incidentes ocurridos, que vulneraron el sistema de transferencias electrónicas de las instituciones financieras, incluyendo el alcance de la afectación, las autoridades responsables y las medidas de prevención que estamos solicitando.

Por los anteriores beneficios que representa este dictamen para las familias mexicanas, los invitamos a votar a favor del mismo.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senadora De la Torre.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, su señoría, muchísimas gracias.

Saludando el punto de Acuerdo, sin embargo para tener mayor efectividad, toda vez que con el informe no avanzaremos en mayor cosa, quiero poner a consideración de sus señorías, de la Soberanía, que se le puedan añadir dos puntos que creo que serían importantes:

El primero, es el exhorto a la Procuraduría General de la República para que le dé prioridad y atención a la persecución de los delitos, materia de este punto de Acuerdo, toda vez que aunque ya ha pasado el tiempo no hay ni detenidos ni tampoco noticias de la investigación criminal de estos hechos.

Y la segunda y más importante, es que de manera respetuosa, solicitemos al Ejecutivo presente una estrategia de ciberseguridad financiera.

¿Por qué es la importancia de esto? De otra manera nos quedamos con un informe sin avanzar en la solución o sin mejorar las condiciones para evitar estos delitos en el futuro.

Por lo tanto, solicitaría a su señoría nos permita incluir estos dos puntos en la redacción del punto en comento.

Es cuanto.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senador Fernández Fuentes. Y le pediría dejarnos, por favor, su propuesta por escrito para darle trámite correspondiente.

En consecuencia, y sobre el mismo asunto, concedo el uso de la voz al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Presidenta.

Todos estaremos de acuerdo en que este tema es de suma importancia y de primordial atención, ya que tan solo en lo que va del año el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en México ha registrado 33 millones de operaciones, lo que equivale a 15 billones de pesos en promedio mensual.

Si bien, la intromisión cibernética sólo afectó de manera directa a instituciones financieras, no podemos dejar de pensar en la seguridad de los usuarios, en la protección de su patrimonio.

Por otro lado, hasta el día de hoy, sólo se sabe que el ataque cibernético a cinco instituciones bancarias tuvo como consecuencia la sustracción de 300 mil millones de pesos, mediante la creación de órdenes fantasmas de transferencias el de fondos a cuentas falsas y que fueron retirados rápidamente en efectivo. Sin embargo, no ha habido claridad sobre el daño real causado ni de quién fue esta responsabilidad.

Es así que el dictamen que se discute, es pertinente a la luz dé a conocer, mediante un informe, los detalles precisos de las fallas presentadas en el sistema de pago electrónico bancario y determinar con sustento documental si se trató de un ataque cibernético, sus consecuencias y las medidas de seguridad que deberán tomarse.

No debemos perder de vista que este ataque puede comprometer la seguridad nacional, la protección de datos de los usuarios y su patrimonio financiero.

México, precisamente, no se caracteriza por su eficiencia en la protección de los datos personales, siendo vulnerable en esta materia, como se ha señalado en distintas ocasiones sin ninguna lección aprendida.

Todo parece indicar que hay una responsabilidad de las instituciones financieras que no se han apegado a los protocolos de seguridad sobre operaciones y plataformas, por lo que en un segundo momento se debe exhortar al Banco de México para que aplique las sanciones correspondientes si se llega a comprobar alguna omisión por parte de estos bancos.

Tal como se discutió en el seno de la Tercera Comisión, una vez estudiado el informe que remitirá el Banco de México a esta Soberanía, deberemos dar paso a una petición de comparecencia de los representantes del banco central para profundizar en un tema tan delicado como este.

Por tal motivo, mi voto será a favor del presente dictamen, a la luz de conocer las posibles causas de la vulnerabilidad de la ciberseguridad que afectaron a las instituciones financieras, esperando que contenga de manera detallada el alcance de las afectaciones, las autoridades responsables en las medidas de prevención establecida.

Asimismo, como ya mencioné, se deben tener las bases para dialogar en una comparecencia con los representantes del banco central, el Banco de México y entrar a un mayor análisis del tema.

No es un asunto irrelevante, estamos hablando de la seguridad patrimonial de los usuarios de la banca, dicho sea de paso, los principales interesados en tener certidumbre sobre su patrimonio.

Por último, es pertinente hacer un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que refuerce las acciones, la asesoría y la atención a los usuarios y generar un ambiente de tranquilidad.

Algo nos tiene que quedar muy claro, los trabajos que realicen dentro de la Comisión Permanente en torno a este tema, tienen que velar por los intereses del ciudadano siendo su patrimonio financiero lo primordial en los sistemas de seguridad.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senador Monreal.

Sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta.

Solamente me apunté para subir por las propuestas específicas que se hicieron de modificación.

Y para poder contextualizarlo quisiera decir que hace dos semanas, por un lapso de más de casi dos horas se discutió en la Tercera Comisión y literalmente se redactó el contenido y la resolución que está presentada. Se redactó por los miembros de la Comisión, duró aproximadamente dos horas la construcción de los acuerdos, porque es un tema que tiene muchísimas aristas, como por ejemplo la propuesta que se hace al exhortar a la PGR y lo que acordó la Comisión es presentar este proyecto de dictamen para que el Banco de México informe, de hecho informará en esta misma semana y a partir de ahí tomemos entonces sí otro tipo de medidas como las que ha propuesto aquí el Senador Fernández.

Lo segundo. Lamentablemente cuando se discutió no hubo tiempo de presentarlo a la Permanente y la semana pasada estaba listado, y fue el segundo punto que se quedó sin votación porque se acabó el tiempo de la sesión de la Comisión Permanente.

Este fue un punto de Acuerdo que debió haber sido aprobado en la sesión pasada y que urge su aprobación para que en esta misma semana seguramente el Banco de México entregue el informe.

Me parece que no conviene y fue parte del contenido del debate en la Comisión, hacer, prejuzgar o asumir hechos sin conocer exactamente lo que el Banco de México tiene ya elaborado, de forma tal que a título personal y del grupo parlamentario del PAN, como se lo he expresado al propio Senador, nosotros estaríamos por no hacerle modificaciones, que quede aprobado este punto de Acuerdo y que con gusto, en esta, el próximo martes, debatamos el informe que nos presenta el Banco de México, saquemos las conclusiones que convengan y tengamos exactamente la información objetiva que nos presenten para debatirla, para asumir consecuencias, que ese es el sentido del punto de Acuerdo.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Una pregunta al orador.

El Senador Héctor Larios Córdova: Desde luego que sí.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Nada más una pregunta.

¿Usted considera conveniente que el gobierno federal presente una estrategia de ciberseguridad financiera a la brevedad?

El Senador Héctor Larios Córdova: A ver, es parte del debate.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Sí ¿Considera conveniente que el gobierno federal presente una estrategia de ciberseguridad financiera?

Y, dos, ¿sí se considera conveniente en el ámbito de lo pragmático, de lo útil, si considera útil que la Procuraduría General de la República dé celeridad a las investigaciones?

Ese sería el tema de fondo, lo digo con el profundo respeto y admiración que sabe que se le tiene, nada más es si es conveniente hay que votarlo a favor, si no es conveniente, pues en contra, yo creo que es conveniente.

El Senador Héctor Larios Córdova: Precisamente el informe nos permitirá saber si la estrategia de ciberseguridad en materia financiera compete al Banco de México o compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es una dependencia del Ejecutivo Federal.

Por qué no esperar el informe y exhortar, en todo caso, a la autoridad correspondiente y no hacer juicios previos pensando que esto compete al Ejecutivo Federal, y a lo mejor compete al Banco de México, ese es un poquito el sentido del debate.

Lo segundo, aquí hay querellas, esos son delitos que están presentados, los afectados son los bancos, que fueron afectados, no hay clientes afectados, y ellos han presentado una querella ante la autoridad investigadora y, desde luego, los propios querellantes tienen toda la intención de que se desahogue lo más rápido esa investigación, me parece que no necesariamente requiere de un exhorto de la Cámara para que la PGR haga una investigación rápida.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senador Larios.

Pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación que anunció el Senador Luis Humberto Fernández, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto. Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Diputada Presidenta, no se admite a discusión.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo en los términos originales.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo en los términos originales. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a realizar el procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Arlette Muñoz Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Vengo a hablar a favor de este dictamen porque la justicia laboral es uno de los grandes pendientes de este país.

Desde los injustos salarios que perciben los trabajadores, insuficientes para superar los gastos diarios de las familias mexicanas, hasta las precarias condiciones en que se desarrollan muchas de estas y que en ocasiones, dependiendo del sector, se convierten en verdaderas bombas de tiempo.

Aunado a ello, existen prácticas lamentables como la explotación de los esfuerzos laborales colectivos en que han incurrido algunos seudo líderes sindicales que, al amparo de las fuerzas de los trabajadores, han acumulado inmensas fortunas, dejando en segundo plano aquellos intereses que supuestamente defendían.

El caso de Napoleón Gómez Urrutia, el todavía Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y hoy candidato al Senado de la República por la vía plurinominal, es uno de ellos.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió en semanas recientes, que el sindicato encabezado por Gómez Urrutia debe repartir entre los trabajadores mineros del Grupo México y de otras empresas, los más de 54 millones de dólares del fideicomiso que entregaron a dicho sindicato en el 2005.

Y es que hoy el exiliado en Canadá, que busca regresar a nuestro país cuando tenga un escaño asegurado en esta Cámara, ha sido señalado por hacer desvíos de estos recursos para su beneficio personal.

O, ¿cómo es que justifica, compañeros legisladores, que desde hace doce años ha vivido en el exilio en Vancouver con toda clase de lujos, como un departamento de 1.8 millones de dólares?

¿Cuáles son los ingresos que hoy sigue teniendo en Canadá como Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros?

Y peor aún, pregunto desde esta tribuna, ¿cuáles son los verdaderos motivos que explican que un personaje señalado por las autoridades mexicanas pretenda regresar a nuestro país, no para rendir cuentas, sino para tomar protesta como integrante de esta Honorable Cámara de Senadores?

Es por ello que hoy, el dictamen que está a discusión, a propuesta de los legisladores del Partido Acción Nacional, plantea que con estricto apego a derecho, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje realice el procedimiento de ejecución del citado laudo y, con ello, se garantice la justicia para un sector importante de trabajadores mineros en nuestro país, porque esta es nuestra obligación, compañeros legisladores, garantizar que en México prevalezca la justicia antes de prebendas electorales.

Y es obligación también de los partidos políticos garantizar que los perfiles de los candidatos a los distintos cargos de representación estén libres de cualquier señalamiento.

Quienes hemos sido electos por la vía democrática del voto, nos hemos comprometido en velar los intereses de las mayorías y hacer del ejercicio de las leyes el único camino para la transformación de México.

Por ello, que en este sector importante de estos trabajadores mineros, existe una justa razón de la devolución de este fideicomiso, que es indispensable que traigamos su reclamo al interior de este Congreso.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y su Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, debe aclarar dónde están estos recursos.

Y como ha expresado su abogado, ya fueron devueltos cerca de 20 millones de dólares a trabajadores mineros, debe acreditarse ante la autoridad correspondiente tal afirmación, y deberá explicarse, además, qué ha pasado con el resto del fideicomiso, si no es así queda abierta la duda posible del desvío de recursos.

Y si no entrega las cuentas que le exige la autoridad, queda libre el camino para que espacios en este recinto parlamentario, como éste, sean usado como moneda de cambio por encima de la justicia.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinedo: Muchas gracias, Diputada Muñoz.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con mucho gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tijuana a informar la situación que guarda la implementación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura:



Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Nancy Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Nancy Sánchez Arredondo: Gracias. Con el permiso de la Mesa y de ustedes, legisladores:

Agradezco mucho que se discuta hoy y se hable de Tijuana, esa región de mi país donde empieza la patria. Que por más de una década Tijuana ha buscado un transporte público masivo digno de acuerdo a las necesidades de esa región, que su geografía, su ubicación, su densidad poblacional amerita con urgencia tener un buen sistema de transporte público.

El arranque de este Sistema Integral, conocido como SIT, representaba por fin el comienzo de ese sueño, un servicio de calidad que merecen los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa; más económico, más amigable con el medio ambiente, a la altura de esa importante ciudad fronteriza que el 60 por ciento hace uso del servicio público de transporte.

Hoy no existe un dato preciso de cuántos son los autos que circulan por Tijuana, pero es evidente y creciente la cantidad de motores que fluyen por sus calles, y esto con el consecuente deterioro del medio ambiente. Por eso la necesidad de un buen servicio de transporte público.

Aquí la importancia de tener claro y saber qué está pasando con este tan necesario servicio para los tijuanenses.

Su implementación ha tenido muchos tropiezos, estamos conscientes de que este tipo de cambios tienen resistencias que deben de superarse y esa es precisamente la tarea del Alcalde de la ciudad, del Alcalde Juan Manuel Gastélum, esa es su responsabilidad.

La inversión no es menor, son más de 700 millones de pesos que se han invertido en el SIT y existe un claro divorcio entre los ciudadanos y el Alcalde de Tijuana, que no se ha asumido como facilitador en la resolución de este conflicto.

En razón de lo anterior expuesto, estamos solicitando al Alcalde Juan Manuel Gastélum, un informe pormenorizado y detallado sobre los avances que hasta el momento registra el Sistema Integral de Transporte de Tijuana.

Compañeros Diputados y Senadores, si bien es cierto el aspecto de inversión es importante, así como el servicio, la situación de las instalaciones, pero no menos importante es conocer también las medidas de seguridad que se han implementado en el gobierno municipal para evitar actos vandálicos y proteger a sus ciudadanos.

Es necesario que el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, nos informe porqué no ha podido poner en funcionamiento al 100 por ciento el servicio de transporte conocido como el SIT.

Que nos informe porqué sólo cerca de 13 mil usuarios han hecho uso del SIT y no los casi 100 mil que deberían de estar usando el transporte ahora.

Que nos informe, por qué los ciudadanos de Tijuana no se han beneficiado de este servicio si se hizo pensando en ellos la inversión.

Pero sobre todo que nos informe, que nos diga qué medidas de seguridad y protección ha hecho para proteger a los usuarios, a los choferes, como hemos visto en las redes sociales, han sido atacados por vándalos y delincuentes y han atentado contra su seguridad personal.

Porque no se trata sólo de instalaciones, de inmuebles, sino que estamos hablando de la seguridad de los miles de usuarios y de los conductores que hacen uso todos los días de ese servicio.

Es necesario, insisto, que en el informe precise el Alcalde, si existe algún plan de prevención y de seguridad para evitar que estas acciones criminales se repitan.

No quisiéramos, señores Diputados y Senadores, en un momento cercano, en un tiempo cercano en los noticieros que un nuevo ataque hable de víctimas fatales.

La clase trabajadora exige servicios de calidad y a bajo costo, seguro.

Es por la gente, es por Tijuana.

Un servicio de calidad y económico, pero siempre muy confiable, seguro, muy seguro.

Eso exigimos al Alcalde de Tijuana.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Diputada Sánchez Arredondo.

El Senador Héctor Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señora Presidenta.

Solamente en referencia a este punto de Acuerdo, donde se solicita información al Alcalde de Tijuana en torno al funcionamiento de un nuevo sistema de transporte, literalmente, y lo ha dicho aquí la Diputada, de primer mundo. Un transporte moderno, eficaz, con instalaciones adecuadas y que, lamentablemente, ha sido objeto, como en todo el país, de agresiones de vándalos que le han tirado objetos cuando pasan los camiones.

Me parece que, si bien es cierto, estamos en un proceso electoral, podríamos nosotros aprovechar aquí para venir a decir que la Ciudad de Tijuana, a diferencia de muchas otras ciudades, ha logrado conjuntar los esfuerzos del ayuntamiento del gobierno del estado y de la Federación, para aportar una solución a un problema grave que tenemos en todo el país.

Ese reconocimiento no está limitado a que tenga que pulirse, pero de ahí a hablar a que existe un divorcio entre el Alcalde y la ciudadanía, me parece que tiene más contenido en el orden electoral que el contenido que tiene de reconocer la solución a un problema.

Nosotros estamos a favor del dictamen, así lo discutimos en la Comisión.

Todo aquello que ayude a dar más elementos de juicio, como son los informes que solicitamos al Alcalde, pues es bienvenido.

Pero no tiene ningún contenido, ni a favor ni el contra de la alcaldía, por lo cual, nosotros no podemos aceptar las expresiones que se han hecho aquí en tribuna.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senador Larios.

Ahora, en virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo en relación con el establecimiento de un arancel para el acero y el aluminio. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que la Tercera Comisión entregó una propuesta de modificación a este dictamen. Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, para presentarla.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señora Presidenta.

Bueno, el tema del retraso que a veces se provoca porque se prolonga la sesión de la Comisión Permanente hizo que este punto de Acuerdo que estaba sometido a votación en la sesión pasada, que fue reservado para su discusión por algunos integrantes de la Comisión Permanente, llegó el tiempo y no se aprobó.

¿Y qué proponía este punto de Acuerdo? Como se ha leído aquí: Exhortar a la Secretaría de Economía a que en el supuesto de que Estados Unidos establezca aranceles al acero y al aluminio, reaccione con rapidez y con firmeza ante tal agresión comercial.

Evidentemente está absolutamente fuera de tiempo el que vayamos a aprobar hoy una propuesta en este sentido.

De tal manera que hemos consensado una modificación al punto de Acuerdo para ponerlo en dos puntos:

Primero. Respaldar las decisiones que ha tomado el Ejecutivo Federal de imponer aranceles, no ni necesariamente exclusivamente al acero y al aluminio, sino a otro conjunto de productos sensibles que permitan generar serias molestias políticas a nuestro vecino del norte.

Y segundo. Acompañar la decisión del Ejecutivo Federal de presentar una controversia en un panel de la Organización Mundial del Comercio, al igual que lo están haciéndolos los demás países afectados.

En este sentido son las dos modificaciones que la comisión pone a consideración del Pleno.

Yo solamente haría referencia a que no es un tema, sí ciertamente el Presidente Trump ha sido particularmente ofensivo con nuestro país, sí ha sido particularmente, se ha ensañado con México y nos ha usado para su beneficio electoral.

En este caso en particular, no es una acción en contra de México, esta acción la tomó en contra de todos los países que producen y le venden a Estados Unidos acero y aluminio, y exentó de los aranceles del 25 por ciento al acero y el 10 por ciento al aluminio; exentó por un tiempo a México y Canadá por el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también a la Unión Europea.

Se venció el plazo de la exención y simplemente decretó, y me parece que esto es importante porque en este caso particular no es una acción contra México, sino contra todo el mundo, particularmente contra el sistema de libre comercio y yo creo en lo personal contra la Organización Mundial del Comercio que es al final donde quiere llegar.

Quizá algún día desconocerla, lo cual sería fatídico para este planeta.

Pero también es justo decirlo que en el caso del acero y el aluminio de México se pega un balazo en el pie, porque México le compra más acero y aluminio a Estados Unidos que lo que nosotros le vendemos. Es más, somos el primer cliente del acero de Estados Unidos, y somos el primer cliente del aluminio.

Quizá la lógica diría, bueno, ponle arancel al acero y al aluminio que importamos de Estados Unidos, pero son insumos para nuestra industria, nos afectaríamos nosotros mismos.

Por eso, se le están poniendo aranceles a productos terminados de acero, pero a otros productos sensibles que no afectan al mercado mexicano como por ejemplo, a las manzanas, México es un fuerte importador de manzanas, y la mayor parte de las manzanas de Estados Unidos se producen en el estado de Washington, y el estado de Washington tiene mucha variabilidad en los resultados electorales, y ahorita poner un arancel del 20 por ciento a las manzanas, seguramente no tendrá contentos a los agricultores del estado de Washington, y seguramente estarán molestos con su presidente.

Lo mismo con los productores de puerco, porque en Estados Unidos solamente consumen prioritariamente el lomo de puerco y nosotros estamos poniendo aranceles a la paleta, a la pierna de puerco; o en el caso de las uvas que se producen en todos los estados, en Florida que es un estado también switch electoralmente.

Me parece que son medidas que funcionan y ya han funcionado en el pasado; en la administración pasada ante una agresión del gobierno de Estados Unidos en materia comercial, México respondió poniendo aranceles a productos muy sensibles de ellos y a las dos semanas se echaron para atrás y se resolvió el problema.

En este caso es un tema mundial, pero creo que es la reacción correcta. Y lo único que proponemos en la comisión es, actualizar el punto de Acuerdo porque los eventos que debieron de darse la semana pasada, ya ocurrieron.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Senador Larios Córdova.

Pido a la Secretaria dé lectura a la propuesta de modificación, y consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la propuesta presentada sea integrada al texto del dictamen.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura a la modificación.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la modificación se integre al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia la discusión del dictamen será con la modificación que fue autorizada por la Asamblea.

En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Abel Cruz Hernández, del Partido Encuentro Social.

El Diputado Abel Cruz Hernández: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

Para todos son conocidas las constantes muestras de racismo y discriminación del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha venido manifestando en contra de la comunidad hispanoamericana radicada en nuestro país, pero con un notable énfasis, y particularmente a los mexicanos.

Desde que se anunció su candidatura este personaje ha acusado a los inmigrantes mexicanos de ser delincuentes, violadores y traficantes de drogas, lo que dio pie para hacer una de sus principales promesas de campaña que fue la deportación de 11 millones de ellos, además de la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera con México.

Su discurso de odio apela a las más bajas pasiones como la xenofobia, el machismo, la intolerancia política y el dogmatismo religioso.

Lo cual inevitablemente recuerda campañas que en el pasado se han dirigido contra otros grupos étnicos y cuyas consecuencias fueron la muerte de millones de personas.

Los incontables ataques del presidente republicano son infundados y sin sustento estadístico y de hechos probados. Más bien, son el resultado de su muy lamentable opinión personal.

Pareciera que este oscuro personaje ha sido extraído de las épocas más sombrías de la humanidad, ya que no solo desprecia a los inmigrantes hispanos, sino que exhibe una peligrosa actitud contra sus oponentes a quienes tacha de manera grosera de “estúpidos” o de “débiles”.

A esto, hay que sumar el reciente aumento de aranceles al acero y aluminio mexicano, impuestos por el gobierno de Estados Unidos, lo que a decir de especialistas en economía produciría inflación y pérdida de empleos con consecuencia inmediata, ya que estos dos productos se emplean, por ejemplo, en la fabricación de autos y aparatos electrónicos, entre otros productos manufacturados por los cuales los mexicanos empezaremos a pagar más.

Las medidas que tomó el gobierno de México de gravar algunos productos norteamericanos, en respuesta a estos aranceles al acero y aluminio para compensar el daño, solamente van a ayudar a nuestro país en muy corto plazo; sin embargo, no son la solución para hacer frente a los efectos negativos en nuestra economía, como la pérdida de empleos, de competitividad, de producción, los cuales posteriormente se van a extender a otras industrias.

Asimismo, esta guerra comercial que también involucra a Canadá, cada vez se hace más incierto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Si bien es cierto que el Tratado no ha sacado a México de sus principales problemas, no podemos prescindir de él, porque sería un impacto tremendo en términos económicos y, además, casi dependemos en un 60 ó 70 por ciento de Estados Unidos.

Por lo anterior, el gobierno de México deberá de tomar medidas adicionales para incentivar la industria del acero y promover el mercado interno, pues este sector resentirá la imposición de los aranceles debido a que era el cuarto exportador a Estados Unidos.

Las medidas agresivas del Presidente Trump, parecen dejar de lado la importancia que la población mexicana tiene en el vecino país, pues de acuerdo a la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 40 por ciento de las empresas del Fortune 500, fueron fundadas por migrantes de primera y segunda generación, estas crean diez millones de empleos, los mexicanos representan el 12 por ciento de inmigrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos.

Alrededor de 570 mil empresas en ese país, más 1 de cada 25, son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 mil millones de dólares tan sólo en ingresos.

En conclusión, se puede afirmar que el mercado hispano es fundamental para la prosperidad estadounidense, los hispanos son el mayor mercado minoritario del país.

De acuerdo con un estudio de Ceilán Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos superó los 1.5 trillones de dólares en el 2015, cerca del 11 por ciento del total de Estados Unidos.

Asimismo, muchos de los inmigrantes mexicanos e hispanos han contribuido con su trabajo, no sólo como mano de obra, sino también en diversos campos del conocimiento, los avances de la ciencia, a la prosperidad, el entretenimiento y el bienestar de todos los habitantes de Estados Unidos.

Más allá de la aportación de los inmigrantes mexicanos que realizan a nuestro país mediante el envío de remesas, resulta indiscutible que contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos en la producción, consumo, pago de impuestos y, sobre todo, en la satisfacción de la demanda laboral, sin que ese país haya tenido que sufragar los gastos que entraña su formación y reproducción.

En esta perspectiva resulta importante transitar a esquemas de colaboración y reciprocidad en materia de desarrollo y migración que posibiliten avanzar hacia una senda de responsabilidad compartida, y no por el contrario a edificar muros que darán como resultado pérdidas económicas, materiales, sociales, morales, pero sobre todo humanas para ambos países.

Para Encuentro Social, la conducta del señor Trump es indigna de un presidente del país más poderoso del mundo, es impensable el riesgo que se corre de concretarse sus objetivos, pues la capacidad económica, armamentista e infraestructura con la que cuenta Estados Unidos representa, y ojalá lo tomemos en cuenta, un inminente peligro, no sólo para México e Hispanoamérica, también está en riesgo la paz del mundo entero, y ojalá tomáramos medidas precautorias.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Abel Cruz Hernández.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Josefina González Luna, del partido Nueva Alianza.

La Diputada Josefina González Luna: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores:

De manera unilateral, el 1 de junio el gobierno de los Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea, impone así un arancel del 25 por ciento a la venta de esos productos.

En Nueva Alianza reiteramos nuestra postura ante este nuevo ataque del Presidente Trump.

No impulsemos el discurso de la dependencia, no impulsemos el discurso del país más poderoso del mundo, porque también es el más endeudado, y cuando el Presidente Trump hace esas declaraciones, instala a un discurso en la conectividad.

No permitiremos que se afecten los intereses nacionales y no cederemos ante esta afrenta contra nuestro país.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos debe ser relevante para ambas partes.

La imposición de medidas arancelarias a un socio comercial como México, tendrá efectos negativos para todos.

Derivado de la decisión del gobierno de los Estados Unidos, nuestro país anunció este martes nuevos aranceles hasta del 25 por ciento a productos procedentes de aquel país.

De igual manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que iniciará un proceso de solución de controversias al amparo de la Organización Mundial del Comercio.

Somos conscientes de que Estados Unidos necesita de México, y no permitiremos que mediante este tipo de medidas se pretenda imponer un proteccionismo económico que había sido superado mediante acuerdos, tratados, con una visión integradora.

Nueva Alianza ha defendido el liberalismo económico porque somos conscientes de que la apertura comercial es un camino hacia el desarrollo.

Las acciones implementadas por el Presidente Trump no sólo afectan a las industrias involucradas, sino que pone en riesgo una relación comercial que se había caracterizado por la armonía y la cooperación.

Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está utilizando este tipo de medidas para presionar tanto a México como a Canadá, y en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

El mensaje es claro: “no cederemos en la defensa de los intereses nacionales”.

Por su atención gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada Gónzalez Luna.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Muchas gracias, señor Presidente.

Uno de los principios más sólidos de economía es la división del trabajo, desde la más pequeña aldea hasta este planeta globalizado, no todo el mundo puede hacer todas las cosas todo el tiempo. Esa es la base, entre otros principios, de la libertad de comercio, en donde se intercambian con libertad bienes y servicios para satisfacción de todas necesidades.

A mí me parece paradójico, y hasta debo de decir primitiva la actitud del vecino del norte, de su presidente, primitivo e ignorante que está contradiciendo ese principio de libertad de comercio y de división del trabajo, en perjuicio, en primer lugar, de sus propios ciudadanos, que es lo que ellos aparentemente no han visto.

Es por eso que qué mejor que México responda con contundencia a una vocación por la libertad de comercio, por una vocación por fronteras abiertas y libres para una mejor distribución de bienes y de servicios, y una condena contundente a las arbitrariedades que se cometen por parte del presidente de Estados Unidos.

Mi temor, amigos, no sólo es que se perjudique el comercio, acuérdense que cuando los nacionalismos cierran fronteras, la primera barrera es para los bienes; la segunda para las personas; la tercera para las ideas; y la cuarta para la paz.

Repasen la historia y ustedes verán que los nacionalismos extremos siempre acaban en la guerra, cosa que no es deseable para nadie.

De tal manera que qué mejor esta reunión, esta Asamblea que hoy tenemos aquí, para condenar la conducta del presidente de Estados Unidos, no me gusta decir su nombre, y para exhortar a nuestro Ejecutivo Federal a que sea todavía más contundente en medidas económicas y políticas para frenar tanto primitivismo e insensatez.

Es cuanto lo que tengo que decir.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Tamez Guajardo.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Romero Tenorio.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Sí, buenas tardes a todas las legisladoras y legisladores.

Apoyamos la modificación que se presenta a este punto de Acuerdo, pero la propuesta tendría que ser más profunda.

Este Poder Legislativo tendría que asumir plenamente una función evaluadora de la política económica nacional.

En la estrategia de Trump, que ha sido publicada siempre, él busca negociar en una posición fuerte, una posición donde él domine el escenario, y en este juego cae la propuesta o su decreto por el cual el Ejecutivo de los Estados Unidos determina un arancel para el acero y para el aluminio, en un marco general, que incluye a la economía mexicana.

¿En qué posición está jugando el Estado mexicano, en este toma y daca con Estados Unidos en la cuestión comercial? En una cuestión de desventaja, porque tenemos que asumir una posición más crítica y determinar si las metas de desarrollo que estableció el Ejecutivo Federal, que está por concluir ¿se han cumplido o no se han cumplido?

¿En dónde ha habido debilidad en una estrategia que permita un desarrollo con equidad y proporcionalidad y permita una distribución del ingreso que tiene nuestro país?

Tenemos un déficit interno en cuanto a fortalecer a una economía nacional capaz de competir en un mercado globalizado.

 Tenemos que ir más a fondo, no solamente aplaudir las medidas que la coyuntura obliga al Ejecutivo Federal.

Hay que revisar si efectivamente estas medidas atienden algún esquema de desarrollo que planteó el Ejecutivo Federal al principio de su sexenio.

Desafortunadamente, nos vamos a dar cuenta que no funcionó su política económica. El crecimiento de nuestro país se ha estancado, no se han generado los empleos, no se ha generado una distribución de la riqueza en nuestro país que permita el desarrollo equitativo de todos los sectores sociales.

Acompañamos la propuesta, pero sí es necesario tener una visión más crítica y de mayor alcance.

Desafortunadamente esta respuesta que se da el gobierno americano, se da en una coyuntura electoral, y es parte de su estrategia, porque no solamente ve la cuestión económica, sino ve la fortalece que tiene el Ejecutivo Federal dentro del proceso política nacional.

Tenemos a un Ejecutivo Federal nacional debilitado, carente de legitimidad, de credibilidad para impulsar acciones más fuertes.

Esta coyuntura electoral nos exige ser más analíticos y más propositivos.

Tendríamos que evaluar la política económica nacional para determinar si estas medidas coyunturales sí atienden a una estrategia de defensa de la soberanía nacional en la globalización económica.

Tenemos que ahondar más. Este Poder Legislativo tiene esa oportunidad, tiene esa atribución.

Es absurdo que la Cámara de Diputados termine esta Legislatura y no haya dictaminado ninguna cuenta pública del Ejecutivo Federal y de los anteriores, que sería el instrumento para evaluar si la política económica fue adecuadamente implementada o no.

Tenemos que profundizar, repito, en propuestas más serias, que asuman un compromiso de este Poder Legislativo frente a las medidas que ha tomado el Poder Legislativo.

Por lo pronto, en la respuesta coyuntural nos dará indicadores para ver si es correcto o no. Al final, en esta supuesta guerra comercial a mediano plazo a quien afecta es a los consumidores.

Entonces, no consideremos que estamos en una coyuntura en donde se pone en riesgo la soberanía económica nacional.

Tenemos que ver qué estrategias, a partir de la Organización Mundial del Comercio y de las mismas reglas del Tratado de Libre Comercio que están vigentes, se pueden implementar para fortalecer una estrategia de defensa frente al embate estridente de Trump frente a México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Romero Tenorio.

Me permito hacer una pausa en el debate de este dictamen con el siguiente propósito:

Hace tres años, el 5 de junio del 2015, falleció nuestro compañero, el Senador Víctor Manuel Camacho Solís, quien fuera electo para integrar la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión.

A tres años de su ausencia, recordamos a un gran orador parlamentario, comprometido con la defensa de la legalidad en todos sus ámbitos, y en su actuación como legislador demostró capacidad de diálogo y análisis.

El día de hoy, en su aniversario luctuoso, hacemos un sencillo reconocimiento a un mexicano ejemplar, destacado político, forjador de una notoria generación de mexicanos.

Que descanse en paz nuestro querido compañero.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a esta tribuna a hablar, en efecto, de este punto de Acuerdo, particularmente en las modificaciones propuestas por el Presidente de la Tercera Comisión.

Como él bien señaló, originalmente se había propuesto un punto de Acuerdo en el que el promovente proponía: “Que en caso de que Estados Unidos decidiera imponer aranceles a México en el tema de aranceles de aluminio, México respondiera de la misma manera en el mismo sector”.

La discusión en la Tercera Comisión fue que exhortáramos a nuestro gobierno, particularmente a la Secretaría de Economía, a que no se limitara a imponer o a establecer medidas de represalia en el mismo sector, que se considerarán otros sectores que pudieran ser estratégicos para la relación comercial entre México y los Estados Unidos, así fue aprobado.

Sin embargo, como bien lo explicó el Presidente de la Tercera Comisión, de ese momento al día de hoy, pues ya han ocurrido muchas cosas que alteraron el escenario y que ameritan esta propuesta que se puso sobre la mesa y que fue aprobada por este Pleno de la Comisión Permanente.

Nosotros, en el Partido Verde, desde luego que respaldamos las medidas anunciadas por la Secretaría de Economía en cuanto a la imposición de aranceles a diversos productos, no sólo en materia de acero, sino particularmente los que tienen que ver con el sector agropecuario para importaciones provenientes de los Estados Unidos, porque la medida, sin duda, ha sido estratégica.

Yo aplaudo la forma en la que la Secretaría de Economía estudió este conjunto de medidas y qué productos, en particular, seleccionó.

Porque desde el día de ayer estamos viendo reacciones en los Estados Unidos, porque estos productos que, efectivamente, fueron incluidos por el gobierno de México en su respuesta, pues están vinculados con estados de actores políticos muy relevantes dentro del Congreso de los Estados Unidos, que desde luego, pues ya están muy preocupados de la respuesta que México ha empezado a adoptar.

Se trata de estados donde tenemos legisladores republicanos que han anunciado públicamente que tienen dudas sobre las medidas del Presidente Trump, que están preocupados sobre el efecto que pueda tener sobre las economías de sus estados, y desde ese punto de vista creo que ha sido muy atinada la repuesta del gobierno de México al establecer estas medidas o estos aranceles a productos específicos, como los mencionó el Senador Héctor Larios aquí en tribuna.

La decisión de los Estados Unidos por lo que hace a la imposición de aranceles al aluminio y al acero provenientes de México, lamentablemente se basa en un estudio, en un reporte del Departamento de Comercio que está basado, en primer lugar, en una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en la época de la guerra fría, es una ley que data de 1962, el contexto mundial era otro, y las facultades que se le daban al Ejecutivo de ese país eran otras.

El criterio con el que está hecho este estudio, evidentemente no concuerda o no coincide con la política comercial que en las últimas décadas tuvo el gobierno de los Estados Unidos, desde luego le es muy ad hoc al actual presidente para sus fines proteccionistas.

Pero yo espero que en este procedimiento de solución de controversias al que también se ha sumado el gobierno de México a través de la Secretaria de Economía, primero a través del inicio de un procedimiento o un proceso de consultas con los Estados Unidos, pues yo tengo la confianza y espero que el órgano de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, pueda estudiar con serenidad los distintos casos que están siendo llevados ante ese mecanismo en este caso particular de la decisión de los Estados Unidos y que adopte una solución o una decisión que sea benéfica, que sea positiva para el comercio mundial, el libre comercio internacional.

En ese sentido, no sólo hay que respaldar la decisión del gobierno de México, en cuanto a la imposición de aranceles y en cuanto al inicio de este procedimiento de consultas de cara a llevar a Estados Unidos al mecanismo de solución de controversias, sino también el Poder Legislativo de nuestro país, el actual y el que resulte a partir del 1 de septiembre, deberán y yo hago un exhorto para que deba acompañar al gobierno de México en ese procedimiento de solución de controversias, porque va a ser un procedimiento bastante complejo, pues por el perfil que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos, pero eso no está para que el Poder Legislativo acompañe y muestre que el Estado mexicano está unido en contra de este tipo de medidas que nos hacen daño.

Lamentablemente por aquí se vino a decir al final o quien me antecedió en el uso de la palabra, vino a ocasionar, al hablar de este tema, aprovecho para cuestionar la política económica, yo tomé nota de dos pronunciamientos muy particulares, uno que dijo que el crecimiento económico se ha estancado y otro que no se han creado empleos.

Yo lamento que se vengan a usar este tipo de expresiones a esta tribuna de cara a esta discusión, porque ni una, ni la otra.

En cuanto a crecimiento económico, la economía mexicana lleva, no tengo el dato en este momento, pero lleva muchos trimestres consecutivos creciendo, no ha crecido a la tasa que queremos, efectivamente, pero el contexto internacional ha sido muy complicado, hay países que han estado creciendo mucho menos que nosotros, que incluso han mostrado caídas en su Producto Interno Bruto, mientras que México ha venido creciendo a tasas moderadas, sí, pero ha venido creciendo de manera sistemática.

Entonces no puedo aceptar que alguien venga aquí a afirmar que el crecimiento se ha estancado y que no se han creado empleos, ¡por Dios! Este sexenio es el sexenio en el que más empleos se han creado, se han creado 3 millones 600 mil empleos, entonces y también se dijo aquí que la respuesta del gobierno de México a las medidas del Presidente Trump, se da en una coyuntura electoral, la verdad es que ese es un análisis muy ligero, la medida obedece, pues sí, a una circunstancia adoptada por el gobierno de los Estados Unidos y ni modo que el gobierno de México no haga nada o espere a que termine el periodo electoral para tomar una decisión.

Desde luego que habría que optar con oportunidad, con prontitud como lo hizo la Secretaría de Economía, pero además con prudencia y firmeza.

Entonces yo lo que pido es que cuando abordemos este tema aquí, tratemos de acompañar al gobierno de México, en este tema no creo y no veo que haya oportunidad para enfrascarnos en una discusión de una agenda electoral que no tiene sentido.

Por mi parte es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Sonido en el escaño del Diputado Juan Romero Tenorio.

El Diputado Juan Romero Tenorio: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Había pedido, a través del sistema, la palabra antes de que terminara el orador, era para una pregunta al orador.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ya bajó de la tribuna, pero permítame preguntarle al Senador Gerardo Flores si acepta la pregunta.

Senador Flores, ¿acepta usted la pregunta del Diputado Tenorio?

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) No, ya no.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ya no acepta la pregunta.

Senadora De la Peña, por favor.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores:

Hoy estamos ante una consecuencia de una forma de cómo se emprenden con infortunio o con eficacia las negociaciones que a veces no son fáciles con uno de los países más poderosos del mundo, con el que además tenemos historias que a lo largo de nuestras historias, de la construcción de ambas naciones, pues reflejan siempre una situación de relación compleja con una gran cantidad de obstáculos y en la política si algo es ejemplo de lo que se determina por lógica causa-efecto, es precisamente el ejemplo lo podemos dar en la relación con Estados Unidos.

No voy a hablar de los distintos hechos históricos que hemos enfrentado con Estados Unidos, pero lo que sí hemos aprendido de la historia es que cuando tienes gobiernos en el caso de México, que son fuertes, que son determinantes, obviamente hay un contrapeso importante frente a los embates de nuestro vecino del norte, sobre todo cuando tiene gobiernos que se caracterizan por ser radicalmente inhóspitos contra México.

La imposición de aranceles que acabamos de sobrevivir por parte de Estados Unidos, pues es en este causa-efecto, pues es una muestra del fracaso de las negociaciones, entre las negociaciones comerciales que se han llevado a cabo con Estados Unidos y que todos y todas conocemos, las características de estas dificultades, esta falta de una relación de par a par, como es el caso del Tratado de Libre Comercio.

Pero también tenemos otros hechos que son deleznables en la forma como han tratado a México, seguir amenazando que México tiene que pagar el muro, emplazar en quitar el DACA, la relación irrespetuosa respecto contra los dreamers.

Y por supuesto yo creo que el peor momento antes de ahora es la militarización de la frontera con Estado Unidos, es algo que realmente que, en países que tienen una relación de paz resulta una verdadera ofensa, pero todo esto tiene que ver y perdónenme, a lo mejor no les gusta lo que les voy a decir, pero esto tiene que ver con una relación que tiene un efecto y que seguimos arrastrando a partir de empoderar a Trump como candidato, eso va a pasar a la historia y no va a poder ocultar, es algo que nos ha llevado a tener una relación irrespetuosa en donde no se reconoce al gobierno mexicano y particularmente a quienes representan al Poder Ejecutivo Federal como entes con los que se puede tener una relación de respeto, una relación de igual si no es una actitud predominantemente compleja, insisto, por no decir palabras más fuertes, pero que los resultados ahí están.

Qué bueno que en el punto de Acuerdo, como lo dijo aquí el Senador Larios, acompaña un segundo resolutivo que tiene que ver con acompañar la controversia ante la Organización Mundial del Comercio y efectivamente también acompañar la determinación que el pasado 5 de junio, es decir el día de ayer se publica en el Diario Oficial de la Federación para lanzar diferentes modificaciones a diferentes Decretos para también determinar aranceles contra muchos de los productos, más de 200 productos que entran a nuestro país por parte de Estados Unidos.

Donde ciertamente, como aquí también se mencionó, por el ponente del punto de Acuerdo, pues claro que va a mover a la otra parte que es importante que empiece a tomar partido, que empiece a tomar también una actitud menos pasiva para que se pueda lograr señalar esta parte de comunicación cotidiana de comerciantes de Estados Unidos con México, y ciertamente habrá reacciones por parte de los comerciantes norteamericanos.

Porque México es un campo importantísimo comercial para Estados Unidos, ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos, no solamente por los más de 3 mil kilómetros de frontera, sino, insisto, por la relación cotidiana que hemos construido, a veces en dificultades complicadas y terribles, guerras incluso como pudo ser en el siglo antepasado, pero que también tenemos historias muy importantes que nos han llevado a tener relaciones, relaciones que hoy están siendo trastocadas por una determinación política por parte del Presidente Trump.

No fue fácil con Obama, pero hoy la situación es mucho más tensa y por supuesto que necesitamos responder.

Es importante, por lo tanto, que lo hable, que esta Comisión Permanente apruebe estos resolutivos, los dos de este punto de Acuerdo, pero debemos seguir señalando que, insisto, esto es una causa-efecto.

No hay manera de que con este gobierno puedan haber condiciones, y no es un asunto de voluntad, es un asunto de deseo, ya nos tomaron la medida, Trump ya tomó la medida del gobierno mexicano, de quien lo encabece, de sus distintos interlocutores en la Cancillería, en la Secretaría de Comercio, etcétera, que nos están llevando a una situación de deterioro en la relación, y eso se está demostrando hoy con los aranceles contra lo que México finalmente vende a Estados Unidos, el 25 por ciento de arancel al acero y el 10 por ciento al aluminio, como una entrada de la amenaza de lo que seguramente va a venir.

Porque nadie puede ser tan ingenuo para no entender y saber que también va haber una reacción al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, donde se está también castigando a los comerciantes norteamericanos, y entonces esto no acaba hasta que acaba, y yo creo que eso va acabar hasta que ciertamente tengamos interlocutores distintos en donde la relación con Estados Unidos también se plantee desde el principio de manera distinta, y eso va a ser finalmente, a partir de lo que se determine el 1 de julio.

Ni modo, así es esto, estamos en elecciones, estamos en una contienda, este es un foro también político, un foro parlamentario político, y claro que hay que decir las cosas como son, no hay manera de ocultarlo, ahí está la historia y, bueno, ni modo, hay que apechugar y hay que reestablecer la relación con Estados Unidos de otra manera, en donde se nos reconozca como un vecino, que somos pares y que nos necesitamos.

Además también voltear a diversificar nuestra economía con otros países del mundo, y si nos conviene ya empezar en serio a construir nuestra mirada hacia el continente latinoamericano.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora De la Peña.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, con su venia.

Y agradeciéndole que traiga a la memoria en esta sesión a mi amigo y maestro don Manuel Camacho Solís, que recordamos como siempre con mucho cariño.

Bueno, Estados Unidos le declara la guerra comercial al mundo hace unas semanas, ¿qué es lo que pasó? Eliminó una excepción que se había puesto a todo el mundo, el tema de los aranceles.

¿Pero qué significa esto? No sólo es un arancel, es una guerra comercial a todo el mundo y es un regreso a 40 años del comercio internacional.

Aquí estamos hablando sobre el punto de Acuerdo y sobre la respuesta que ha tenido el gobierno federal.

¿Es deseable? Sí, sin duda.

¿Es saludable? Sí, sin duda.

¿Es suficiente? No lo sabemos, entonces la pregunta obligada es cómo debe de responder México a este tipo de acciones.

Lo que no podemos obviar es la asimetría entre el tamaño de la economía de Estados Unidos y la mexicana entre la potencia diplomática y la potencia de influencia que tiene Estados Unidos y la que tiene nuestro país.

Entonces frente a esta diferencia tan grande ¿una acción aislada es suficiente? No.

¿Creo que es necesaria? Sí.

¿Pero esto cambia la correlación de fuerzas? De ninguna manera.

Entonces la respuesta más viable en este momento es entender que la agresión de Trump no es específica sobre México, fue contra todo el mundo, y a partir de eso creo que lo más saludable es empezar a ver una respuesta que sea efectiva, y el primer paso es construir una posición global y un debate internacional en beneficio del comercio libre y justo.

Y por lo anterior, y si me lo permiten aprovecho, por economía procesal, para comentar un punto de Acuerdo que está enlistado.

Por lo anterior, entendiendo que esto es necesario y es deseable, pero no suficiente, nos permitimos proponer que este Senado exhorte al Ejecutivo, y como parte de una estrategia nacional, a que México debe de convocar y ser sede de una Cumbre Global para la Defensa del Comercio Libre y Justo, así como liderar y coordinarse con otras naciones en las respuestas, no sólo en los litigios, también en las sanciones, pero, sobre todo, y lo más importante, en crear una conciencia global sobre lo peligroso que resulta para la estabilidad y la prosperidad mundial este tipo de acciones emprendidas por Trump.

Los ejemplos en la historia son muchísimos, pero creo que el más conveniente es el de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que Churchill hubiera pensado en detener sólo a Hitler, él tenía que crear una conciencia que era un problema no únicamente de Gran Bretaña, sino un problema global, y a partir de eso construir una alianza.

Por lo que necesitamos hoy el diálogo con nuestros dispares y con nuestros disparejos, tenemos que sentarnos en la mesa con corporaciones, con naciones y, sobre todo, con todos los afectados por este tipo de medidas que hacen gran daño.

La apuesta es por la diplomacia y la conjunción de intereses comunes, que es la única manera de organizarnos; y la otra es pensar de manera convencional, de ser conservadores, ser ortodoxos y decir que con esta respuesta, pues ya cumplimos, creo que esto sería de gran daño para el país.

México puede salir bien librado de esta batalla comercial, pero con las acciones que estamos teniendo ahora no son suficientes, porque como lo señalaba la Senadora De la Peña, no sólo estamos hablando del arancel al aluminio o al acero, ¿cuando lleguen los aranceles a la industria automotriz o a los productos agroalimenticios seguiremos en esa lógica? para ese momento será demasiado tarde para seguir transitándolo solos.

Por eso nuevamente el exhorto es saludable, pero debemos de ir más allá y convocar a la brevedad a una cumbre global para debatir la prosperidad y la estabilidad del comercio global.

Es cuanto, sus señorías.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

¿Tiene usted la propuesta concreta para darle el trámite parlamentario correspondiente, Senador? Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Agustín Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional.

El Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Muy buenas tardes tengan todas ustedes, legisladoras y legisladores.

El momento que estamos viendo el día de hoy en el tema de aranceles, no nos debe únicamente preocupar el tema de los aranceles al acero y al aluminio, lo debemos de ver como un preámbulo de las afectaciones a futuro que pudiera tener nuestro vecino país.

En Acción Nacional estamos preocupados por el tema arancelario en el que se corre un riesgo real de afectaciones a nuestro comercio internacional y a nuestra economía.

La decisión de no extender las exenciones arancelarias, tanto a México, como a Canadá, es producto, por no decir “represalia” del aplazamiento de las conversaciones del Tratado de Libre Comercio entre los tres países y en la prácticamente conclusión de las mismas por la falta de acuerdos ante la intransigencia de Donald Trump.

Sin lugar a dudas, la posición del gobierno del Presidente Trump, es una medida en extremo radical que es resultado de su visión proteccionista de la economía en un contexto global, donde el libre comercio y el aprovechamiento de ventajas competitivas y los tratados comerciales entre diferentes países imperan.

La medida tomada por aquel gobierno impactó de forma inmediata el tipo de cambio. Nuestra moneda hasta hoy se ha depreciado un poco más de 3 por ciento, valor que está muy cerca de alcanzar su máximo histórico desde el 2015.

Ante la posición del gobierno de Estados Unidos, celebramos que la reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar, y en días pasados a través de la Secretaría de Economía, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista de diversos productos estadounidenses que serán sujetos a nuevos aranceles, que incluyen un 20 por ciento a importaciones definitivas.

Los aranceles se impondrán a productos como la lámina, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, quesos, entre otros, por un monto equiparable al nivel de afectación que causará la decisión de la administración de Donald Trump.

Sobre todo, en Acción Nacional, vemos con preocupación que estas medidas de Estados Unidos sean el preámbulo para imponer impuestos a la industria automotriz nacional.

Esa ha sido una de las principales obsesiones de Donald Trump en su permanente ataque contra México y si no protegemos nuestra industria corremos el grave riesgo de perjudicar al sector automotriz, el cual representa alrededor de una tercera parte de todas las exportaciones de nuestro país.

Por eso el llamado que hacemos el grupo parlamentario del PAN desde esta tribuna es:

Primero. A Donald Trump y a su gobierno, a dejar a un lado su mezquindad y que corrija y rectifique las medidas tomadas en contra de sus países vecinos y del resto del mundo, ya que afectará no sólo a México, sino la competitividad de toda la región de América del Norte.

Segundo. Al gobierno de México y a los empresarios mexicanos, a encontrar caminos de unión y eficacia y así lograr mayor competitividad no sólo ante Estados Unidos de América, sino ante un mundo globalizado.

Hoy más que nunca nos necesitamos entre todas las naciones, por el bienestar, crecimiento y desarrollo de las mismas.

Nuestros mercados permanecerán en el tiempo.

Donald Trump, estoy seguro que no permanecerá como nuestros mercados.

Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Rodríguez Torres.

Tiene el uso de la tribuna, para referirse a este tema, el Diputado Arturo Huicochea Alanís.

El Diputado Arturo Huicochea Alanís: Gracias, señor Presidente.

Los gobernantes no deben desunir lo que los gobernados mantienen sólidamente cohesionado.

México y los Estados Unidos de América, compartimos un camino de larga data, más que naciones vecinas, nuestras naciones están desde la perspectiva histórica en proceso de fusión.

Juntos hemos superado obstáculos, construyendo puentes que han hecho de un pasado compartido, un proyecto en común.

Sabido es que más de un millón de cruces fronterizos legales ocurren cada día, que nuestra frontera es la más transitada del mundo.

El comercio entre nuestras naciones asciende a 532 millones de dólares, lo que significa que mientras hago uso de la palabra habrán cruzado la frontera más de cinco millones de dólares.

Eso es un comercio más intenso, más grande que el que realizan con Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España juntos.

De sus exportaciones, de las norteamericanas, depende el empleo de seis millones de familias de aquel país.

Junto con China formamos un cuarto del comercio de bienes y servicios del comercio total de los Estados Unidos.

Socias comerciales, aliadas estratégicas; sobre todo, naciones amigas, las nuestras han mantenido su relación en un clima de respeto mutuo que no debe verse mermado por la demagogia, ni la intolerancia.

Desde el inicio de su administración, el presidente de los Estados Unidos ha sostenido una actitud hostil y prepotente. Deshonra al pueblo y a la historia norteamericana.

En contraste, nuestro gobierno ha privilegiado el diálogo y la negociación. Frente a los embates viscerales de allá a acá, se ha mostrado madurez y respeto; y de cara a la amenaza constante nuestro gobierno ha defendido nuestra soberanía y dignidad nacional.

Argumentando que la importación de aluminio y acero de Canadá, la Unión Europea y México, como explicó muy bien hace rato el Senador Héctor Larios, argumentando que eso representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, Trump impuso aranceles a nuestras exportaciones de acero y aluminio.

Por eso, Senadores y Diputados, representantes de todos los partidos políticos respaldamos por inteligente y valerosa la actitud del gobierno mexicano, las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas por el Ejecutivo Federal, para suspender el trato preferencial y el incremento de las tasas del Impuesto General de Importación a diversas mercancías originarias de Estados Unidos de América, las cuales deberán permanecer vigentes hasta que ese país haya dejado de aplicar las injustificadas tasas a productos de acero y aluminio originarios de México.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, apoya la solicitud del gobierno mexicano, al gobierno de los Estados Unidos, para iniciar el proceso de consultas ante la Organización Mundial del Comercio, respecto de las injustificadas tasas arancelarias a los productos mexicanos.

Citando al Benemérito de las Américas, podríamos decir que Trump no se deshonra al equivocarse, Donald Trump se deshonra al insistir en su error. Su triunfo sería inmoral y, por lo tanto, es imposible.

Al mundo libre, a México, nos asiste la razón y los valores de la civilización occidental: la democracia, la libertad y la paz.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Arturo Huicochea Alanís.

El Senador Luis Humberto Fernández hizo una propuesta de modificación al dictamen que votaríamos.

Doy lectura a la propuesta de modificación del Senador Luis Humberto Fernández y, de ser aceptado, añadiríamos un tercer elemento a lo que votaríamos, además de los dos antes discutidos.

Doy lectura a la propuesta del Senador Fernández Fuentes:



Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta de modificacion.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta se agregue el último párrafo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Señor Presidente, no se acepta.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Secretaria.

Doy lectura al dictamen tal y como lo discutimos antes de proceder a la votación.

“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas por el Ejecutivo Federal para suspender el trato arancelario preferencial y el incremento de las tasas del Impuesto General de Importación a diversas mercancías originarias de Estados Unidos de América, las cuales deberán permanecer vigentes hasta que el gobierno mexicano estime que ese país ha dejado de aplicar las injustificadas tasas arancelarias en productos de acero y aluminio originarios de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda la solicitud del gobierno mexicano al gobierno de los Estados Unidos para iniciar el proceso de consultas en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, respecto de las injustificadas tasas arancelarias en productos de acero y aluminio originarios de México, aplicadas por ese país”.

Señora Secretaria, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que fue leído en sus términos.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo en los términos que ha dado lectura el señor Presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos ahora el despacho de siete dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy cuenta con las materias de siete dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son:

Primero. Que exhorta a implementar acciones encaminadas a preservar la operación de las vías de comunicación pertenecientes al sistema ferroviario del país, en condiciones de seguridad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Segundo. Que exhorta a transparentar los fideicomisos en los cuales el gobierno federal es fideicomitente.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Tercero. Que exhorta a atender el deterioro de las carreteras en el estado de Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Cuarto. Que exhorta a llevar a cabo la revisión de la obra Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el kilómetro 50+900 de la Carretera Federal No. 45, en el municipio de Celaya.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Quinto. Que exhorta a implementar y reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero a fin de evitar accidentes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Sexto. Que exhorta a realizar y fortalecer los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X’cacel y X’cacelito a elaborar y publicar el Programa de Protección del área de refugio de Bahía de Akumal.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Séptimo. Y por el que se desecha la proposición para citar a una reunión de trabajo a diversas autoridades a fin de explicar las acciones emprendidas para solventar las fallas y problemas que padeció el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios durante abril y mayo de 2018.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar los dictámenes de la Tercera Comisión. El Senador Larios amablemente declina a su derecho.

Están a discusión.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a establecer estaciones de monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales ciudades del estado de Yucatán. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y del estado libre y soberano de Yucatán.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Gracias. Con su permiso, señor Presidente, Ernesto Cordero Arroyo, Senador por la Ciudad de México, y ex Secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Compañeros y compañeras legisladoras, hago uso de esta máxima tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para manifestar mi posicionamiento a favor del dictamen que contiene la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que establezca estaciones de monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales ciudades del estado de Yucatán, a efecto de que sean esos los resultados los que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de agua.

Asimismo, de ser el caso de que las temperaturas, se exhorta a la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer la tarifa 1-D, tomando en consideración no sólo los promedios de temperaturas elevadas, sino también incluir la combinación de humedad y temperatura, dado que esta combinación es la que determina el nivel de confort y, en consecuencia, el consumo mayor de energía para aparatos enfriadores de aire.

Yo solamente quiero hacerles un comentario, el año pasado por primera vez en la historia de todo México, una ciudad como es Mérida, capital de Yucatán, hicimos las gestiones comprobando con Conagua, comprobando con el Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas de la capital de Mérida y a raíz de que comprobamos que las temperaturas en Mérida rebasaban los 31 grados centígrados, se cambió la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad para todos los usuarios domésticos, casa-habitación, de Mérida, estamos hablando de un beneficio a más de 450 mil viviendas de Mérida, de todo el municipio de Mérida, con un ahorro de más de 100 millones de pesos anuales en el cambio de tarifa, y eso es un ahorro para el bolsillo de todos los meridanos.

Hoy estamos pidiendo a todos ustedes su voto a favor para que la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de realizar el monitoreo al exterior de los centros urbanos acerca de los cuerpos de agua donde las temperaturas mínimo promedio que se reportan en verano son menores a 31 grados centígrados, muy distinto a los que se registran en el interior de las ciudades en el efecto llamado isla del calor, donde en verano se obtiene un promedio mínimo por encima de los 31 grados centígrados, temperatura mínima promedio que se requiere para solicitar un cambio de tarifa ante la Comisión Federal de Electricidad, organismo que solicita promedios de temperatura para tal efecto.

La temperatura más alta registrada en Yucatán se coloca por encima de los 31 grados centígrados, ocasionando que la población tenga que invertir en aparatos electrodomésticos como ventiladores y refrigeradores para mitigar el calor, inversión que en muchos casos no está prevista.

A lo anterior, hay que sumar la utilización de los aparatos eléctricos por tiempo prolongado, ocasionando mayor consumo de energía en el verano e incremento del pago en el recibo de energía eléctrica, de esta forma se repercute la economía familiar en todo el estado.

Por ello, yo creo que es muy importante realizar un ajuste de tarifas eléctricas vigentes en las distintas regiones del estado de Yucatán, principalmente en ciudades como Valladolid, como Tizimin, como Tecoh, como Progreso, como Motul, zonas donde la temperatura es superior a los 31 grados centígrados, y se pide que se deje de aplicar la tarifa 1-B y en cambio se aplique la tarifa 1-D.

La implementación de esta nueva tarifa eléctrica de 1-B a 1-D, basada en las temperaturas reales, dadas las condiciones climatológicas del estado de Yucatán, se verá reflejada en una mejor calidad de vida para muchos yucatecos, así como un mejor uso de las finanzas públicas para el gobierno del estado y el gobierno federal, el cual otorga subsidios al servicio de energía eléctrica para minorar y apoyar a la población en el costo de este servicio, dado que el casi 90.4 por ciento de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad pertenecen al sector doméstico, o sea, a las viviendas.

Por las consideraciones antes expuestas, mi voto será a favor de este dictamen que presenta la Tercera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente.

Y pido con mucho respeto a todos ustedes, legisladores presentes, que su voto sea en el mismo sentido.

Hace algunas semanas se presentó un punto de Acuerdo similar para el estado de Sinaloa, donde el estado de Sinaloa ya tiene la tarifa 1-F, que es la más barata prácticamente y en ese sentido estamos pidiendo lo mismo para el estado de Yucatán, para que sea la tarifa 1-D y esto va a llevar a un ahorro de todos los yucatecos en sus bolsillos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente, Ernesto Cordero Arroyo, Senador por la Ciudad de México, y ex Secretario de Hacienda y Crédito Público Federal.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador por el estado libre y soberano de Yucatán.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a remitir el estudio en materia de adquisición de watthorímetros. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar y explicarnos todo lo que siempre hemos querido saber sobre los watthorímetros, se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Es usted muy amable, señor Presidente. Con detalle hablaremos del asunto.

Compañeras y compañeros legisladores, me permito presentar una reserva a este dictamen que se discutió recientemente el día de ayer por la tarde en la Tercera Comisión, prácticamente para pedirles de nueva cuenta que rectifiquemos en el contenido del dictamen.

Si bien es cierto que la petición a la Comisión Federal de Electricidad, para que abunde en el tema y aporte esta información relacionada con los posibles conflictos de competencia o de monopolio en la licitación y sobre todo en la asignación del contrato de los watthorímetros, que no son otra cosa sino los medidores de energía eléctrica que tienen los hogares de todos los mexicanos. Consideramos que esta decisión es insuficiente, en buena medida porque México enfrenta un problema de competitividad que fundamentalmente está basado en una ausencia en el cumplimiento o la aplicación del estado de derecho.

Resulta que el procedimiento de licitación por la cantidad de aproximadamente mil 973 millones de pesos a favor de una empresa contratista, conocida creo que por todos, IUSA, está cuestionada, y la intención y el propósito de un servidor no es prejuzgar sobre la legalidad o la fortaleza o la certidumbre que arroja el proceso de licitación, sino solicitarle a esta Asamblea que considere la modificación del dictamen, para en lugar de pedirle a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre un tema que presumimos debe de existir, y presumimos, porque es un requisito que surge de las disposiciones de carácter general que son aplicables al proceso de licitación, por lo tanto no podría haberse obviado.

Lo que queremos es exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que suspenda el proceso de licitación o el proceso de adjudicación, hasta en tanto no haya un pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido de que efectivamente no existen problemas de competencia en términos de la ley de la materia.

La petición es importante porque consideramos que es momento de actuar con prudencia, esperar la resolución de la Comisión Federal de Competencia mandaría no solamente una señal positiva en términos del cumplimiento del estado de derecho y del marco jurídico en México, sino también permitiría que se evite comprometer indebidamente el patrimonio de una empresa productiva del Estado, que en la opinión de un servidor y de los legisladores del grupo parlamentario del PAN, debiera ser ejemplo de cumplimiento de la norma, más en las condiciones en las que el país se encuentra, de mandar señales positivas hacia el exterior.

Por lo tanto, señor Presidente, dejo a la consideración de esta Asamblea, la redacción de una modificación al dictamen que hago entrega, está redactada en manuscrito, por falta de tiempo, pero que le suplicaría que una vez pudiera ser leída por la Secretaría, para someterse a la votación de esta Asamblea.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Flores, por su exposición de los watthorímetros.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, daré lectura a la propuesta del Senador Héctor Flores, y consultaré a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación.

El Senador Héctor Flores propone modificar el dictamen elaborado y dictaminado en la comisión, y sugiere el siguiente texto.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a suspender el proceso de licitación para la adquisición de watthorímetros, en tanto la Comisión Federal de Competencia Económica resuelva que no existen problemas de competencia en los términos de la ley de la materia”.

Diputada Secretaria, por favor, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la modificación propuesta por el Senador Héctor Flores.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la propuesta del Senador Héctor David Flores Ávalos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada Secretaria.

En virtud de que no se admitió a discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen presentado en sus términos.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos a realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Dijo el filósofo Loren Eiseley que “si hay magia en el planeta, está contenida en el agua”, pues en muchos sentido nuestra supervivencia depende de este líquido vital.

Por ello, debemos promover con responsabilidad la conversión de nuestros mares, así como de la vida que en ellos viven.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en México se utilizan diariamente 20 billones de bolsas de plástico, lo que representa 7 mil 300 millones de bolsas utilizadas anualmente en el país.

Por otro lado, como lo ha advertido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México se producen 9 mil millones de botellas de plástico al año y se arrojan a nuestros bosques y ríos unos 900 millones después de su uso.

Si las cifras del desecho de estos plásticos son descomunales, su tasa de reciclaje es paupérrima, pues el 99 por ciento de dichos contaminantes acaba en calles, ríos, lagunas u océanos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo tema es: “Sin contaminación por plástico”, la ONU apuntó que al menos 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, lo que equivale a la descarga de un camión de basura cada minuto.

Señoras y señores, México cuenta con una línea litoral que involucra a 16 entidades federativas, por lo que es importante que sus gobiernos se coordinen y tomen las medidas pertinentes para garantizar lo que nos importa a todos los mexicanos: que nuestros océanos sigan siendo fuente de prosperidad.

Nuestra Constitución Política consagra, en su artículo 4o., que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, subrayando que el Estado mexicano garantizará el respeto a este derecho y sancionará, conforme a las leyes aplicables, el deterioro ambiental.

En ese sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene, entre otros propósitos, preservar, restaurar y mejorar nuestro medio ambiente, así como prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo.

Conforme a dicho ordenamiento jurídico, se debe entender por contaminante a toda materia o energía, en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse a la atmósfera, al agua o al suelo altere o modifique su composición y condición natural.

Votaremos a favor del presente dictamen para que los gobiernos de aquellas entidades federativas que cuenten con litorales marinos, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para la disminución y manejo de contaminantes en sus océanos.

Ya lo dijo ayer el Secretario General de la ONU, António Guterres: “O nos divorciamos del plástico o nos olvidamos del planeta”.

Por eso a nosotros nos corresponde trabajar hoy para que mañana las próximas generaciones sigan disfrutando del planeta que merecen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Les informo que con el propósito de procurar la equidad en el despacho de los dictámenes y debido a que en la sesión anterior no se presentaron proyectos de la Segunda Comisión, pasaremos a la discusión y votación de los dictámenes que esa comisión inscribió para este día.

Pasamos a la discusión de 17 dictámenes de la Segunda Comisión que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con mucho gusto, señor Presidente.

Doy cuenta con las materias de 17 dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión:

1. Que exhorta a intensificar la difusión nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2. Que exhorta a emitir un informe sobre la estrategia “compra consolidada de medicamentos” que fue implementado en 2013 para combatir el problema de desabasto de medicamentos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








3. Que exhorta informar sobre las acciones para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








4. Que exhorta a fortalecer las políticas públicas para reducir los casos de atraso escolar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








5. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como “embajadores culturales” a los músicos, intérpretes y creadores de origen mexicano radicados en Estados Unidos de América.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








6. Que exhorta a rendir un informe en torno a la mortalidad en los hospitales durante el periodo 2012 a marzo de 2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








7. Que exhorta a considerar el inicio de la investigación con relación a la posible operación de una red de explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








8. Que exhorta a llevar a cabo la conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a maestros del Sistema Estatal de Telesecundaria del estado de Durango.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








9. Que exhorta a analizar el proyecto de construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Tizimín, Yucatán.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








10. Que exhorta a realizar los cambios necesarios a fin de incorporar a los centros de atención para estudiantes con discapacidad como parte de la Educación Media Superior en el Sistema Educativo Nacional.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








11. Que exhorta a realizar las acciones necesarias para que exista suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los municipios del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








12. Que exhorta a realizar las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








13. Por el que se solicita un informe sobre el uso de los recursos que ha recibido la Casa de México en París.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








14. Por el que se solicita información sobre el destino de los recursos para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de bebederos escolares en el periodo 2015-2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








15. Por el que se solicita promover la restructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








16. Por el que se solicita un informe en torno a los alcances y términos del esquema conocido como “Tercer País Seguro”, en su modalidad de instrumento de política migratoria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








17. Por el que la Comisión Permanente lamenta y condena los hechos de violencia ocurridos recientemente en Nicaragua, como consecuencia de las protestas en contra de la reforma del Seguro Social.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la tribuna al Diputado Agustín Basave Benítez, para presentar los dictámenes de la Segunda Comisión.

El Diputado Agustín Basave Benítez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Primero celebro que se voten ya estos dictámenes, porque se acumularon, quedaron pendientes de la sesión de hace una semana.

Voy a enlistar abreviadamente los que están en cartera, algunos de los cuales ya se mencionó que no tienen reservas.

1.- El que exhorta a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a implementar las acciones de atención preferencial de asesoría, acompañamiento y seguimiento, a fin de agilizar los trámites que realizan los adultos mayores.

2.- El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a intensificar la difusión nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

3.- El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las acciones y estrategias para evitar el cobro de cuotas obligatorias.

4.- El que exhorta a la Secretaría de Salud, para rendir un informe sobre la estrategia, “compra consolidada de medicamentos”, que fue implementada en 2013 para combatir el problema de desabastos en medicamentos en 20 de las 32 entidades.

5.- El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento a tratados internacionales en materia de derechos humanos.

6.- El que exhorta a la SEP y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas que tiene como finalidad reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la reinserción de niños y niñas.

7.- Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como “embajadores culturales” a los músicos, intérpretes y creadores de origen mexicano radicados en Estados Unidos.

8.- Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, información sobre las razones que sustentaron la abstención de nuestro país, en la votación de la resolución A/ES-10/L.22 de la Asamblea General de la ONU.

9.- El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a rendir un informe en torno a la mortalidad de los hospitales a su cargo durante el periodo 2012 a marzo del 2018.

10.- El que exhorta a la PGR a considerar el inicio de la investigación con relación a la posible operación de una red de explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

11.- El que exhorta a la SEP, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer los protocolos y programas diseñados para prevenir y entender la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

12.- El que exhorta la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para promover la salud y el bienestar de las mujeres.

13.- El que exhorta a diversas autoridades y dependencias a llevar a cabo la conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 maestros del Sistema Estatal de Telesecundaria del Estado de Durango.

14.- El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar el proyecto de construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Tizimín, Yucatán.

15.- El que exhorta a la SEP a realizar los cambios necesarios a fin de incorporar a los centros de atención para estudiantes con discapacidad como parte de la educación media superior, en el Sistema Educativo Nacional.

16.- El que exhorta al Consejo Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias para que exista suficiencia en las ambulancias con equipo suficiente en todos los municipios del país; y exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado de Colima a remitir un informe sobre el estatus que guarda el vehículo tipo ambulancia de la localidad de Cofradía de Juárez.

17.- El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a realizar las gestiones pertinentes, a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripciones de las escuelas particulares.

18.- Por el que se solicita a la SEP un informe sobre el uso de los recursos que ha recibido la Casa México en Paris, las actividades desarrolladas, así como la situación del patrimonio de la casa.

19.- Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre el destino de los recursos para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de bebederos escolares en el periodo 2015-2018.

20.- Por el que se solicita al Ejecutivo Federal que promueva la reestructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte, a efecto de incluir a Canadá, incrementar su partida presupuestaria, ampliar su cartera y extender su jurisdicción geográfica.

21.- El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

22.- Por el que se solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan, un informe en torno a los alcances y términos del esquema conocido como “Tercer País Seguro”, en su modalidad de instrumento de política migratoria.

23.- Y último. Por el que la Comisión Permanente lamenta y condena los hechos de violencia ocurridos recientemente en Nicaragua, como consecuencia de las protestas contra la reforma del Seguro Social.

Estos son los dictámenes que están pendientes de la Segunda Comisión, y con ello termino su enunciación, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Diputado.

Están a discusión, consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Martínez: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a implementar acciones de atención preferencial a fin de agilizar los trámites que realizan los adultos mayores. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con mucho gusto, doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María Gloria Hernández Madrid: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Las estadísticas sobre el maltrato al adulto mayor son alejados de la realidad, debido a que los adultos mayores que lo viven normalmente no lo denuncian.

Esta situación se da, entre otras razones, por el temor que tienen a las represalias y porque desconocen ante quién deben de acudir.

En la actualidad encontramos que nuestros adultos mayores realizan un sinnúmero de trámites en diferentes dependencias, donde esto les representa, muchas de las veces, horas esperando a pie bajo el sol y sin la certeza de que obtendrán una respuesta favorable y sin comprender también plenamente la naturaleza del trámite, la causa y efecto y hasta el beneficio de lo que pueden ellos obtener.

Esto origina que los adultos mayores deban, innecesariamente, multiplicar sus visitas a diferentes dependencias.

Y como todos sabemos, resulta innegable que hoy tengamos la necesidad de pedir que hoy haya una sensibilización y de generar una cultura en el servicio público, especialmente en los poderes ejecutivos estatales para acertar, facilitar y verificar que los adultos mayores comprendan los trámites que realizan, y que todos sabemos, día con día, ellos requieren de atención.

Con ello, no sólo vamos a cumplir un mandato constitucional de respeto a los derechos humanos y no discriminación, sino que vamos a dotar de un rostro más amable y cercano de los servidores públicos con este sector tan importante de la población.

En consecuencia, compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor de este punto de Acuerdo que sensiblemente los integrantes de la Segunda Comisión aprobaron y que tiene como objetivo el que la Comisión Permanente de este Honorable Congreso exhorte, respetuosamente, a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a que en las dependencias, bajo su responsabilidad, se implementen acciones de atención preferencial de asesoría, acompañamiento y seguimiento, a fin de agilizar los trámites que realizan los adultos mayores en beneficio de esta población.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Consulto a Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las acciones y estrategias para evitar el cobro de cuotas obligatorias en instituciones de educación pública. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la tribuna a la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada María Gloria Hernández Madrid: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

“Si la educación es el movimiento de la oscuridad a la luz”, como precisa el filósofo estadounidense Allan Bloom, ésta no puede tener precio, ni mucho menos cuotas que priven a las niñas y a los niños de su acceso y, sobre todo, del futuro que se merecen.

No son pocos los casos en los que los padres de familia han denunciado que algunas autoridades escolares condicionan la inscripción de los alumnos,  la entrega de documentos al pago de una cuota.

Y no obstante que la Secretaría de Educación Pública expide los libros de texto gratuitos, son varios los casos en que las escuelas despojan a los alumnos de éstos porque sus padres no pagaron las cuotas de recuperación.

Si lo anterior ya es alarmante, de acuerdo con Parametría, el 76 por ciento de los mexicanos cree que las cuotas escolares son obligatorias, además, según el periódico “El Universal”, los padres de familia pagaron más de 6 mil millones de pesos en cuotas en escuelas públicas de nivel básico en el año 2014.

Por si fuera poco, las cuotas escolares representan el 7 por ciento del presupuesto mensual de una familia promedio mexicana.

En otras palabras, ese porcentaje equivale a 6 de cada 10 pesos de los que una familia necesita para transportarse cada mes; una tercera parte de lo que refiere para comer; o cuatro veces lo que gasta en cuidados de la salud.

Que no haya duda, todos los niños, niñas y jóvenes merecen un acceso efectivo a una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Nada ni nadie puede estar por encima de ese derecho.

La Ley General de Educación prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo.

Asimismo, señala que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción al acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o la entrega de documentación al pago de contraprestación alguna.

Votaremos a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades federativas fortalezcan sus acciones y estrategias tendientes a evitar el cobro de cuotas obligatorias en instituciones de educación pública, a fin de garantizar la gratuidad de la educación pública.

Más allá de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, fortalece el espíritu y siembra los valores que hacen de un pueblo una nación.

México necesita más soñadores, de esos que estudiando mucho transformarán para bien el destino de la patria.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, con mucho gusto, pues soy proponente de este punto de Acuerdo, le informo que ha sido aprobado.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese. Muy bien, señor Diputado.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo en torno al status jurídico de la ciudad de Jerusalén. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores:

Este punto de Acuerdo me motiva a hacer uso de la tribuna para, en primer lugar, felicitar a la Segunda Comisión por la aprobación unánime de esta solicitud de información relativa a una de las decisiones, quizás, más lamentables que ha tomado este gobierno, en política exterior, y voy a decir por qué.

El 14 de mayo de este año tuvo lugar la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos de América en Jerusalén, con lo cual se cumple una de las promesas que distinguieron en este ámbito de política exterior de Estados Unidos que planteó Donald Trump.

Al mismo tiempo que acontecía la inauguración de esta Embajada, había protestas y manifestaciones y, por supuesto, todos conocemos los más de 2 mil heridos, y al menos 52 personas palestinas murieron en Gaza a causa de los disparos de los soldados de Israel.

Constituyó este hecho una de las jornadas más violentas de la región en los últimos años, y todo tiene que ver con una decisión política, de una decisión unilateral de Estados Unidos de cambiar la sede de su Embajada y abrir su nueva representación en la ciudad de Jerusalén y, sobre todo, desoír la discusión y, por supuesto, la resolución que tomó el 21 de diciembre del año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde rechazó abrumadoramente cualquier acción o decisión unilateral que pretendiera alterar el status de la ciudad de Jerusalén.

En efecto, esa votación en la Asamblea de Naciones Unidas tuvo 129 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones.

La negociación de las abstenciones fue una política implementada por quien representa a Estados Unidos en las Naciones Unidas, y que empezó a trabajar para evitar que fuera una, evitar que pudiera reflejarse una votación contundente contra esta decisión unilateral de Estados Unidos y, por supuesto, ahí es donde estamos identificando, por desgracia, uno de los comportamientos que necesitan ser explicados por parte del señor Canciller, puesto que quien nos representa ante Naciones Unidas fue uno de los países que se abstuvo.

Lo cual nos parece que no contribuye a lo que evidentemente se ha desatado en la región y que nadie niega las enormes dificultades históricas que se han tenido que, por desgracia, enfrentar y que siempre tenemos que abonar.

Nuestro país ha sido uno de los países que se ha distinguido en su política exterior siempre buscando la construcción de soluciones de paz, de no exacerbar los conflictos en las naciones, y particularmente en esta zona del país. Nos parece muy lamentable que se hayan desoído los distintos pronunciamientos, particularmente el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quien afirmó, y lo leo textual:

“Que la cuestión del status de Jerusalén debe ser resuelta por negociaciones directas entre israelíes y palestinos. Entiendo, dice, el profundo significado que Jerusalén tiene en el corazón de muchas personas, lo ha sido durante siglos y siempre lo será. No existe ninguna alternativa más que la solución de dos Estados, entre los dos Estados.

Y remata. No hay plan B, no hay ningún plan B”.

Por desgracia, como sabemos, México se abstiene, insisto, es una decisión que no corresponde a lo que distingue a nuestro país y, por supuesto, no abona.

Y miren, aquí puedo decir, ligando mi intervención con la anterior que tuve desde esta tribuna: ¿De qué nos ha servido? ¿De qué ha servido que México tenga esta relación de, voy a cuidar la palabra, de menoscabo en el respeto que deberíamos recibir de Estados Unidos?

Y pareciera que trabajamos más, a propósito de ser una especie de comodín en la relación con otros países, lo vemos en el caso, por ejemplo, de Venezuela y así podemos identificar muchas acciones.

De tal manera, que creemos que eso ha denostado al Gobierno de México también.

No contribuye a seguir teniendo esta imagen de un país solidario, de un país que promueve la paz, que promueve siempre los acuerdos para que transitemos en una relación de respeto entre las naciones y, sobre todo, meternos en el conflicto entre Israel y los palestinos, pues simplemente es algo verdaderamente inusitado.

Voy a terminar recordando una de las reflexiones de quizás uno de los más relevantes poetas israelíes que nacieron, viven, están en la cotidianidad precisamente en Israel, Amos Oz.

Él ha hecho muchísimas reflexiones de este conflicto entre Israel y Palestina, y quizás esta parte seguramente nos ayudará a reflexionar de la importancia de seguir insistiendo en que tengamos cuidado y no meternos en asuntos que nos faltaría conocer más.

“En esta zona, dice él, es la única patria de los judíos, pero también de los palestinos.

No vivir como una familia feliz, porque no lo somos, somos dos familias infelices.

Tenemos que vivir en dos más pequeñas”.

No tiene sentido fantasear con que después de 100 años de derramamiento de sangre judíos y árabes van a vivir una luna de miel.

Eso a propósito de la decisión unilateral de Trump, de abrir la Embajada en Jerusalén.

Es cuanto.

Y qué bueno que la Comisión dictaminó este punto de Acuerdo en los términos en que lo hizo.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora De la Peña.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer los protocolos y programas para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la tribuna a la Diputada Ruth Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sonido en el escaño de la Senadora Yolanda de la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Yo quisiera solicitarle a usted, creo que vamos a llegar a puntos de Acuerdo y ahí quería solicitarle uno que en particular inscribí el día de hoy y que tiene que ver con un cuestionario que un grupo de ciudadanos plurales envían a los candidatos a la Presidencia de la República, en Estado de derecho, en economía y desarrollo social.

Me parece muy interesante este cuestionario, fue publicado el día lunes en diversos medios nacionales.

Y yo quisiera pedirle, está por escrito, que se inserte el punto de Acuerdo, el suplemento adicional, en el Diario de los Debates, para que quede inserto ahí por la gran trascendencia y el significado que tienen las propias propuesta y compromisos que todos han hecho.

Si fuera ten gentil, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así lo haremos, señora Senadora, y quedará turando a comisiones el punto de Acuerdo, también.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Senadora.

Adelante, Diputada Tiscareño.

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En primer término, quiero reconocer a los integrantes de la Segunda Comisión, por el sentido favorable de este dictamen que incluye el punto de Acuerdo propuesto por una servidora, encaminado a prevenir y combatir la violencia escolar.

De acuerdo con la definición consensada entre la Organización Mundial de la Salud y la ONG Internacional “Bullying sin Fronteras”. El bullying o acoso escolar implica toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual, contra una persona en edad escolar, particularmente niños y adolescentes, en forma reiterada, causando graves daños, temor y tristeza en la víctima o en el grupo de víctimas.

Entre sus principales manifestaciones encontramos la violencia física, verbal, psicológica, sexual y ciberbullying o acoso cibernético, principalmente; destacando entre la población más vulnerable a sufrir estas formas de violencia a los adolescentes de entre 12 y 15 años, principalmente aquellos caracterizados por ser tímidos, por su desarrollo físico o por ser estudiosos.

En el último estudio en materia elaborado por la OCDE, México resultó con estándares poco alentadores de la población adolescente de entre 15 años que han sufrido bullying, incluso superó el promedio de toda la Organización.

Un estudio realizado en el periodo de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 por la ONG Internacional “Bullying sin Fronteras Para América Latina y España”, establece que los casos de bullying en México van en aumento, pese a las acciones gubernamentales y esfuerzos legislativos impulsados en la materia.

En el mismo orden, el estudio “Educación Obligatoria en México 2018”, presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establece que, al interior de los salones de clases de primaria y secundaria los niños y adolescentes continúan siendo el blanco de burlas, apodos, nombres ofensivos y hasta amenazas.

Por su parte, en los bachilleratos las agresiones más comunes son verbales y físicas, además de robo y difamación.

En el caso de San Luis Potosí, según la organización Rescátame Por Favor, A. C, los esfuerzos para combatir este fenómeno no han tenido los resultados esperados, sino por el contrario, se han incrementado en los últimos cinco años en las escuelas de la entidad.

Este fenómeno ha tomado una gran preocupación por los padres de familia, no sólo los de San Luis Potosí, sino de todas las entidades del país, al encontrarse en constante incertidumbre ante actos de bullying que circulan en redes sociales.

Más aún, sabemos, pueden ocasionar suicidios, deserción escolar y hasta la muerte.

Compañeras y compañeros legisladores, es urgente seguir conjuntando esfuerzos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad encaminada a proteger la salud e integridad física, mental y social de las niñas, niños y adolescentes estudiantes del país.

Por ello, pedimos su voto favorable al presente dictamen para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fin de fortalecer los protocolos y programas diseñados para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del Sistema Educativo Nacional.

En el PRI mantenemos el compromiso por garantizar el interés superior de la niñez en un ambiente de convivencia que garantice un mejor aprovechamiento escolar para las futuras generaciones de mexicanos, que son nuestra niñez.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Diputada.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Hablar de la violencia escolar no es cualquier cosa, es hablar de un fenómeno muy fuerte, que ha crecido de manera muy importante; hace muy poco una agencia internacional, “Sin Fronteras”, para América Latina, presentó un estudio sobre la violencia escolar o el bullying en México, de los años 2017 y 2018.

Fíjense nomás la cifra, qué tan alarmante será. De cada 10 niños, 7 han referido algún tipo de violencia.

O sea, que 28 millones han sido víctimas de violencia escolar, por lo menos una vez, y eso es muy grave.

Anoche, en un programa de televisión, no sé si ustedes vieron que acaban de descubrir sobre la Universidad Benemérita de Puebla, sobre un joven que fue invitado a un hotel, y cuatro compañeros y compañeras, las cámaras filmaron todo lo que pasó, le pidieron rescate a los padres por 700 mil pesos, pero exactamente el día que pidieron el rescate, ese día lo asesinaron.

Es muy serio el tema de la violencia escolar, porque es una violencia que se reproduce a propósito de lo que viven los niños, niñas y adolescentes en sus casas, no es un hecho aislado.

Pero, además, esa violencia continúa fuera de la escuela.

¿Quién controla la violencia escolar?

Pues si nos fijamos, aquí cerquita, en Estados Unidos, vean el fenómeno que hay, del armamentismo que hay, y cómo 10 y 15 y 20 y 30 son asesinados en un aula escolar que debería de ser el lugar más seguro.

Hace muy poco hubo un debate muy fuerte acerca de un programa que la Secretaría de Educación Pública echó a andar, que se llamaba “Mochila Segura”, que era esculcarle la mochila a los muchachos, y, quién creen que fueron los primeros que se opusieron a que revisaran la mochila de los muchachos, ¿quién creen?, los padres de familia, las madres de familia.

Entonces, cómo vamos a parar un fenómeno tan fuerte como es la violencia escolar.

Yo aquí me puedo pasar horas diciéndoles acerca del caso de Huixquilucan, en el Estado de México, del disparo que sufrió este adolescente de 17 años. Y, hay muchos casos más.

Tenemos que apoyar a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos para que la violencia escolar no sea un sello distintivo en este país, no es posible que en siete niños adolescentes escolares, en edad escolar, refieran algún tipo de violencia.

Es muy serio el tema de la violencia escolar, yo creo que sumando esfuerzos podemos lograr erradicar uno de los problemas más serios que en este momento tenemos en el país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Senadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer acciones para promover la salud y bienestar de las mujeres. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a fortalecer las acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con gusto. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






PRONUNCIAMIENTOS

Tengo un pronunciamiento que haré de su conocimiento, por parte de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en relación a los hechos ocurridos en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009.








A continuación, daré lectura también a un pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con motivo de las erupciones del Volcán de Fuego, en Guatemala.








Tenemos también un pronunciamiento de la Comisión Permanente en relación con los hechos ocurridos en Ciudad Guzmán, Jalisco.








Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por el Diputado Alex Le Baron González, del grupo parlamentario del PRI)

Quien suscribe, C. ALEX LE BARON GONZÁLEZ, Diputado de la LXIII Legislatura al H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 15 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 26 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

El delito es ante todo una acción típica y antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento jurídico y prevista como tal en el mismo. Las causas de exclusión de la antijuridicidad o causas de justificación también denominadas, son aquellas que excepcionalmente impiden que una conducta pueda revestir los caracteres del delito, al faltar en ella la nota de la antijuridicidad, es decir, en caso de concurrir las causas de exclusión, la acción realizada será conforme a derecho, aunque aparentemente reúna los caracteres del delito.

La característica fundamental de una causa de justificación es la de excluir totalmente la posibilidad de cualquier consecuencia jurídica: no sólo penal, sino también civil, administrativa, etc.; y no sólo respecto del autor, sino también de quienes lo hayan ayudado o inducido.

La legítima defensa constituye una de las más tradicionales y reconocidas causas de exclusión del delito. Es común en la doctrina que la naturaleza de la legitima defensa consiste en ser una causa que excluye la antijuridicidad de la conducta y de ahí se le conoce como una causa de justificación.

Así pues, por antonomasia el instituto jurídico de la legitima defensa, es el prototipo de la antijuridicidad negativa, que hace inexistente la ofensa a la norma de cultura que va implícita en la norma penal y, por ende, la del delito previsto en la legislación punitiva.

Desde el ámbito conceptual y académico, se entiende por legítima defensa, como aquella defensa que es necesaria para alejar de sí o de otro un ataque actual antijurídico con ciertos límites.

Doctrinalmente se entiende por ataque y agresión la conducta de un ser viviente que amenaza lesionar intereses jurídicamente protegidos. Ahora bien, de acuerdo con esta noción jurídica, resulta indudable que la repelición de ataque, esto es, el rechazo de la agresión debe ser coetáneo a ésta, de lo que resulta, el instituto jurídico de la legítima defensa.

No obstante, debemos resaltar que, en el código punitivo federal limita el ejercicio de este instituto, tales como: la necesidad de la defensa debido a una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, la racionalidad de los medios empleados y que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte de la víctima o de la persona que se defiende, tal como lo establecen las fracciones IV y V del artículo 15. En la misma inteligencia, diversos códigos represores de las entidades federativas tienen previstas similares limitantes respecto al ejercicio de esta figura.

De lo anterior se advierte, que en el código punitivo federal no solo se creó la legitima defensa, sino también el exceso en la misma, cuando no había necesidad racional en el medio empleado, cuando el daño que iba a causar al agresor era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparados con los que causó la defensa, o cuando existía un dolo en la repelición.

Sin embargo, es dable señalar, que la defensa propia es históricamente tan antigua como el hombre, que va anclada a uno de sus más fundamentales instintos: el de la conservación y supervivencia.

Al respecto, la historia nos enseña que en su origen la defensa privada hoy conocida como legítima defensa se encontraba vinculada a cuestiones relacionadas con la vida, la integridad física y el honor, y posteriormente como es inconcuso, paulatinamente se fue ensanchando hacia todo bien jurídicamente protegido, sin embargo, como lo hemos señalado, a la legitima defensa se la ha puesto limites.

Por otro lado, es un derecho constitucional poseer armas para la seguridad y legítima defensa con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, según lo establece la Carta Magna en su artículo 10.

En tal virtud, poseer armas en México es un derecho humano garantizado por la Constitución Política Federal, de tal suerte, que es legal no sólo la venta y compra de armas, sino también, portarlas y poseerlas en domicilio privado, usarlas en defensa propia en determinadas circunstancias. La ley que regula dicho derecho es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De lo anterior se desprende, que la legitima defensa, así como el uso de armas de fuego, es un tema que tiene vinculación en sí, y que además diversos estudios sobre la materia concluyen que el uso de armas de fuego en defensa legitima es eficaz, ya que cuando la víctima se encuentra en posesión de un arma, las posibilidades de un ataque son menores. Además, varias investigaciones señalan que las víctimas de algún delito que no opusieron resistencia fueron lesionadas el doble que las victimas que se resistieron mediante el uso de un arma de fuego (Encuesta Nacional sobre Victimización del Crimen).

Por último, es muy importante advertir, que la posesión y el uso de armas de fuego en legítima defensa no debe considerarse como hacerse justicia por su propia mano, ya que nuestra Ley Fundamental prevé el derecho humano de posesión y uso de armas en el artículo 10, y la prohibición de hacerse justicia por propia mano se encuentra mandatado en el  artículo 17 constitucional, como una garantía; es decir como un medio para la defensa y protección de los derechos fundamentales que la propia Constitución establece.

2. CONSIDERACIONES

Actualmente no han existido novedades en cuanto a la regulación de la legitima defensa, pues desde hace ya bastante tiempo no ha sido objeto de modificación alguna, al menos en el ámbito federal.

Debemos reconocer, que existe un interés por parte de la sociedad respecto a problemáticas que en los últimos tiempos se han ido planteando en los sistemas de justicia penal, tanto en el ámbito local, nacional, como internacional, tales como aquellos que se relacionan con hechos en los que incurren miembros de la delincuencia organizada que ocasionan ilícitos penales relevantes y graves como privación de la vida, lesiones, privación de la libertad, secuestros, robos a casa habitación, negocios y vehículos; entre muchos otros.

Ante tales ilícitos, los mexicanos se ven afectados y atemorizados de sufrir las consecuencias lacerantes de un ilícito, siendo víctimas plenamente de la delincuencia, sin conocer debidamente el alcance del privilegio que conlleva la legitima defensa, para de esta forma, repeler una agresión de conformidad con la ley.

Muchos testimonios de ciudadanos mexicanos y en particular de ciudadanos del Estado de Chihuahua, Entidad Federativa de la cual forma parte el Distrito que represento, son en el sentido de que, por un lado, se sienten atemorizados por los delitos que se perpetran día a día y, por otro lado, que ante el desconocimiento de los alcances de la legitima defensa, al repeler una agresión muchas veces genera que sean juzgados y condenados como si fueran delincuentes.

En esa guisa, se vuelve verdaderamente preocupante para los ciudadanos, el que a pesar de estar sufriendo por si, por sus familiares, por sus seres queridos o por terceras personas los efectos lacerantes de un delito (privación de la vida, lesiones, privación de la libertad, secuestros, robos o daños patrimoniales, ente muchos otros), también resulte preocupante el que si actúas para repeler la agresión, para defenderte, defender a tu familia, defender a tus seres queridos o a terceras personas, esa actuación a pesar de que en el momento de la perpetración del ilícito se crea que sea permitido por la ley, esta defensa no lo sea y por ende se convierta en un hecho punible.

No podemos soslayar, que muchas personas han actuado bajo ese supuesto, y a pesar de que en el momento consideraron que la defensa era lo correcto, conforme a la ley vigente en muchos de casos hipotéticos se excedieron y por ende fueron enjuiciados y condenados. En pocas palabras, nos encontramos ante el desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos que de buena fe actuaron en su defensa ante un riesgo inminente provocando un tipo de lesión o inclusive de privación de la vida al agresor, lo que se traduce en el desconocimiento del privilegio de la legitima defensa y por ende en la comisión de un delito.

En pocas palabras, las limitantes de la legitima defensa, en muchos de los casos puede ser perjudicial para las propias víctimas en la comisión de un delito. Desconocer este instituto jurídico, sus alcances y consecuencias puede resultar contraproducente en caso de defenderse contra el delincuente y causarle algún daño.

En esa inteligencia, y ante el surgimiento de la problemática de la delincuencia organizada, es que se considera que este instrumento jurídico, como derecho positivo vigente, no debe permanecer estático, sino debe de ser dinámico y renovarse de acuerdo y al paso con que cambia y transforma la sociedad, y bajo esa premisa se estima que la panorámica jurídica actual de la legitima defensa plasmada en el Código Penal Federal debe ser reformada, en aras de aumentar la protección jurídico-penal de los gobernados frente a una conducta reprochable que invariablemente afecta a la población; por tal motivo, es que la presente propuesta se pretende precisar que si se ocasionó lesiones e inclusive homicidio, lo que conlleva a lesionar un bien mayor al salvaguardado, no sea causal de excepción a la legitima defensa y por ende se vea perjudicado el victimario.

Debemos subrayar, que lo anterior no significa que no existan límites a la legitima defensa, sino que simplemente se aumenta su protección, basada en la actuación de un peligro implícito inminente, lo que fortalece a la justicia social.

Al respecto, debemos decir que diferentes códigos locales penales han transitado a extender el radio de acción de la legitima defensa, como es el caso, de Nuevo León, Guanajuato, entre otros.

Por otro lado, y como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, la portación y el uso de armas de fuego ligado a la legítima defensa, muchas veces su implementación es de gran importancia, dado que reduce los riesgos que pudiera sufrir el victimario frente a los delincuentes, de tal suerte que, examinando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ordenamiento legal que regula el ejercicio de este derecho humano consagrado en el artículo 10 de la Ley Fundamental, se observa que el término de la expedición de licencias a particulares para portar armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es de 50 días hábiles contados a partir de que se presentó la solicitud correspondiente.

Sobre este tópico, se estima que dicho término es muy extenso, puesto que muchos de los ciudadanos se encuentran atemorizados ante la delincuencia que observan día a día y realizar un trámite de esta naturaleza desmotiva su implementación, aunado a que además los requisitos para la solicitud son muy numerosos, lo que evidentemente afecta en cierto grado a una eficaz legítima defensa. Por tanto, con la presente iniciativa también se propone reducir el término de expedición de licencias a 30 días hábiles, tiempo razonable para que la autoridad competente valore el cumplimiento de los requisitos, así como el motivo justificado de su solicitud. 

3. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objeto extender el radio de acción de la legítima defensa, así como reducir el término para la expedición de licencias a particulares para portar armas.

En tal virtud, se propone modificar las fracciones IV segundo párrafo y V del artículo 15, del Código Penal Federal, así como el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se reforma por modificación las fracciones IV segundo párrafo y fracción V del artículo 15 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15.

I. a III.

IV.-

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesiones u homicidio a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor, igual o mayor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VI. a X.

SEGUNDO. Se reforma por modificación el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

I. a II.

El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de treinta días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Transitorio siguiente.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá adecuar sus normas reglamentarias y disposiciones administrativas de la materia de conformidad con el presente Decreto, en un plazo no mayor a sesenta días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Alex Le Baron González.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada Federal MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). De igual manera, el National Heart, Lung and Blood Institute expone la existencia de distintos tipos de actividad física, dentro de los cuales destacan la actividad aeróbica, refiriéndose a actividades que ayudan al movimiento de músculos grandes como los brazos y piernas; las actividades para el fortalecimiento de los músculos, las cuales se dedican al incremento de fuerza, potencia y resistencia; las actividades de fortalecimiento de huesos, en las que los pies, piernas y brazos sostienen el peso del cuerpo y los músculos ejercen fuerza contra los huesos; y los estiramientos dedicados al mejoramiento de la flexibilidad y la capacidad de movimiento.

Ante ello, la inactividad física pudiera entenderse como un estado de reposo prolongado y que requiere un gasto físico energético de nivel bajo. La inactividad es considerada como el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial ya que el 6% de las muertes registradas en todo el mundo se deben en parte a la inactividad física1, siendo asociada directamente con la aparición y falta de control de diversas enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, diabetes, cirrosis hepática, osteoporosis y algunos tipos de cáncer2, principalmente el cáncer de mama con un 21% del total mundial de casos registrados y cáncer de colón (25%), y aproximadamente el 30% de los casos son afectados por carga de cardiopatía isquémica, así como el 27% corresponden a la diabetes mellitus3. De igual modo, la OMS reportó que al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física para obtener beneficios sobre la salud. Lamentablemente, la inactividad física ha tenido un importante aumento en adultos del 14% en los últimos tres años a nivel mundial4.

El cambio generacional, así como el desarrollo de nuevos tipos de interacciones sociales, han desencadenado que las actividades laborales, el transporte y el tiempo libre se hayan convertido en actividades con muy baja demanda energética, por lo que diversos estudios han reportado que las actividades sedentarias tienen una influencia directa en el metabolismo, la salud ósea y cardiovascular, señalando que mientras más prolongado sea el tiempo de inactividad, mayor será el riesgo de alteraciones metabólicas. El aumento del uso de los medios de transporte “pasivos” también ha reducido la actividad física5.

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT 2016) señala que el 82.8% de los niños y jóvenes entre 10 y 14 años expresaron no haber realizado alguna actividad física o deporte durante los 12 meses previos a la encuesta; el 78.2% corresponden a los niños, en tanto que el 87.3% son niñas6. Dicha encuesta fue aplicada a 1, 843 niños, que representan a 11, 257, 112 individuos a nivel nacional.

Adicionalmente, de la ENSANUT 2016 se obtuvo información sobre actividad física en adultos a partir de 7, 287 personas, que representan a 64, 300, 236 individuos a nivel nacional. La proporción de adultos que no cumplen con la recomendación de la OMS de realizar por lo menos 150 minutos de actividad física moderada-vigorosa por semana en cualquiera de los 4 dominios (transporte, tiempo libre, ocupación y hogar) disminuyó ligeramente de 16% a 14% de 2012 a 2016, siendo mayor en hombres (15.2% vs. 13.7%) que en mujeres (16.7% vs. 15%). Sin embargo, no se trata de un cambio significativo. La prevalencia de adultos que pasan 2 horas o menos al día frente a pantalla fue de 44.5%, siendo mayor en mujeres que en hombres (49.9% vs. 38.5%). Este último porcentaje refleja un aumento preocupante de la inactividad física de los jóvenes y adultos mayores7.

La OMS manifiesta que en México el 22.7% de los jóvenes entre 15 y 18 años de edad son inactivos, mientras que el 56.2% de la población de 18 años y más, es inactiva físicamente, 42% son hombres y 58% son mujeres, en relación a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), siendo la falta de tiempo (57.9%) y el cansancio después de trabajar (16%) las excusas más comunes8.

Como se señaló con anterioridad, una de las principales consecuencias de la inactividad física es la obesidad. Es importante mencionar que en nuestro país se tienen altos grados de esa enfermedad en diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, la ENSANUT 2016 indica que en los adultos de 20 años de edad o más la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 71.2% en 2012 a 72.5% en 2016. Este aumento de 1.3 puntos porcentuales no fue estadísticamente significativo, sin embargo, a pesar de los esfuerzos en los diversos sectores quedan retos pendientes por resolver. Las prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad y de obesidad mórbida fueron más altas en el sexo femenino9.

Respecto a los principales obstáculos para alimentarse saludablemente fueron la falta de dinero para comprar frutas y verduras (50.4%), falta de conocimiento (38.4%), falta de tiempo para preparar alimentos saludables (34.4%), falta de una alimentación saludable en la familia (32.4%), preferencia por consumir bebidas azucaradas y comida chatarra (31.6%), falta de motivación (28.3%) y desagrado por el sabor de las verduras (23%). El 81.6% de la población adulta gusta del sabor de las bebidas azucaradas, sin embargo, la mayoría (92.3%) no las consideran saludables.

El Instituto Mexicano para la Competencia A.C. (IMCO) muestra que el 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad10, por lo que el 39% del total de las defunciones ocurridas en nuestro país se debe así mismo a la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado y las enfermedades cerebrovasculares, según datos del INEGI del 201511.

Datos del IMCO revelan que por lo menos 8.6 millones de mexicanos padecen de diabetes a causa del sobrepeso u obesidad, siendo que apenas el 48% de estas personas están diagnosticadas y reciben un tratamiento, y el resto no han sido diagnosticadas, por lo que anualmente fallecen 59, 083 personas a causa de dicha enfermedad. Los costos del sobrepeso y la obesidad que pudieran más tarde desarrollarse en diabetes mellitus tipo 2 deben ser considerados, puesto que los costos sociales causados por la diabetes ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año, de los cuales 73% corresponden a tratamientos médicos, 15% a perdidas monetarias por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingresos por muerte prematura12. La elevada tasa de obesidad ubica a nuestro país como el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor incidencia después de Estados Unidos13.

México se sitúa en el último lugar de la OCDE en cuanto al gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Japón, Alemania y Suecia invierten el 9% de su PIB al gasto público en salud; nuestro país solo destina, aproximadamente, el 2.7%; el gasto promedio de los países de la OCDE es del 6.6%. El gasto de bolsillo en México, que es la proporción del gasto que las familias directamente desembolsan para este servicio, es alrededor del 45% del gasto total en salud, el más alto de la OCDE. De hecho, por primera vez en 2016 y 2017, se redujeron en los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) respectivos las partidas asignadas a salud14.

Comparando el gasto público en salud como porcentaje del gasto público total, éste se ha mantenido en la misma proporción desde 2006, alrededor del 11%. En 2006 representó el 11.9% mientras que en 2017 fue del 11.2%15. Pero en el 2017, el ramo 12 “Salud” del PEF reflejó una disminución en términos nominales al presupuesto aprobado en 2013, pasando de $121,834.6 millones a $121,817.5, eso sin considerar la inflación y los grandes problemas de salud que no se han podido contener. La tasa de crecimiento promedio anual del gasto público en salud para el periodo 2006-2017 fue de 3.9%. El mayor incremento fue en 12.3%, mientras que para los años 2016 y 2017 se redujo el presupuesto asignado a salud en 1% y 0.8% respectivamente, derivado de la reingeniería del gasto público16. Dicho recorte fue irresponsable y constituyó una afectación al derecho humano de acceso a la salud.

II. Argumentación de la propuesta

La presente iniciativa pretende modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece las deducciones personales, con la finalidad de que los contribuyentes puedan deducir de los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal para calcular el impuesto anual a su cargo, los pagos que efectúen por concepto de admisión y permanencia en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de actividades físicas que contribuyen a preservar y mejorar la salud física y mental, tanto para sí como para su cónyuge, concubina o concubinario, y sus descendientes en primer grado menores de edad, con el propósito de fomentar la actividad física y reconocer a quienes invierten de manera económica en las actividades físicas deportivas.

Lo anterior constituye una medida de política fiscal dirigida a promover la práctica de actividades de prevención y combate a la obesidad, lo cual puede redundar consecuentemente en la disminución de las enfermedades derivadas de la misma.

Es sabido que el ejercicio de la potestad tributaria del Estado es un instrumento para obtener recursos a fin de satisfacer las necesidades públicas, pero también para influir en determinadas circunstancias del conjunto económico y social. Esta es una tendencia observada en el Derecho tributario mexicano y en el de otros países. En este sentido, las modificaciones que se proponen contribuirán desde el aspecto fiscal junto con otras medidas ya vigentes en diferentes ámbitos al aumento en la realización de actividades físicas que preserven y mejoren la salud de la población, permitiendo a los contribuyentes deducir los pagos por ingreso y permanencia en instituciones dedicadas al desarrollo de esas actividades que efectúen para sí, su cónyuge, concubina, concubinario, o sus hijos menores de edad.

En resumen, los contribuyentes podrán invertir las cantidades que puedan deducirse conforme al proyecto de iniciativa en su salud y la de las personas que conforman su núcleo familiar, en vez de destinarlas al pago de una obligación fiscal.

Es importante mencionar que el establecimiento de un monto máximo de deducción por el concepto propuesto constituye un mecanismo de control a fin de evitar la aplicación abusiva del beneficio planteado en perjuicio del fisco federal. En cuanto a los parámetros para la determinación de dicho monto se proponen el total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio respectivo, y el valor mensual de la unidad de medida y actualización calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para ese periodo.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo manifestado, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ÚNICO: Se reforma el párrafo tercero del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona una fracción IX al mismo artículo, en los términos siguientes:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. …

IX. Los pagos efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge, concubina o concubinario, y para sus descendientes en primer grado menores de dieciocho años, por concepto de admisión y permanencia en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de actividades físicas que contribuyan a preservar y a mejorar la salud física y mental o el desarrollo social, ético e intelectual. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, en la parte que no exceda el equivalente a cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para ese ejercicio.

...

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I, II y IX que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 6 de junio de 2018.

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.


1 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/  Consultado el día 24 de Abril del 2018.

2 1. Stevens G, Días R, Thomas K, Rivera J, Carvalho N, Barquera S, Hill K, Ezzati M. Characterizing the Epidemiological transition in Mexico: National and Subnational burden of disease, injuries, and risk factors. Plos Medicine.

3 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/   Consultado el día 24 de Abril del 2018.

4 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ Consultado el día 26 de Abril de 2018.

5 http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0050125

6 Informe final de resultados. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, 2016. Página 74 Recuperado de http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-
insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf

7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, Página 9. Recuperado en:  http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf

8 https://www.gob.mx/conade/prensa/presentan-inegi-y-conade-estadisticas-de-practica-deportiva-y-ejercicio-
fisico

9 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, Página 8 y 77. Recuperado en:  http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf

10 http://fmdiabetes.org/la-diabetes-mexico/

11 INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de La Población” (11 DE JULIO DE 2017) Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf

12 http://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/ Consultada el 25 de abril de 2018.

13 OCDE, Obesity Update (2014). Recuperado en: http://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2014.pdf y https://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf

14 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/curar-a-mexico-presupuesto-de-salud-2018-307782.html

15 http://ciep.mx/gasto-en-salud-propuesta-2017/

16 Ibídem.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 380 Y 392 BIS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Diputados y los Senadores de los grupos parlamentarios del PVEM)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena)

Los que suscriben, integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando las instituciones públicas y partidos políticos conmemoran fechas relevantes como el día internacional de la mujer, se suelen plantear discursos y reconocimientos, pero existen pocas acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. 

Actualmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social reconocen a las madres trabajadoras un período de doce semanas de descanso por embarazo y parto, seis semanas antes y seis después del parto, que a solicitud de la interesada y con autorización médica se pueden distribuir hasta cuatro de las seis semanas previas al parto al período posterior al mismo. En ese sentido, la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo establece a la letra que:

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

 En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

La posibilidad de transferir las semanas para ampliar el período de descanso postparto responde a diversos informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que reconocen la necesidad de que las trabajadoras gocen de licencias de maternidad suficientemente prolongadas con el propósito de que recuperen las condiciones endócrinas y nutricionales que tenían antes del embarazo, y que compartan más tiempo con su hija o hijo, pues la primera etapa del período postnatal es de extrema importancia en la relación afectiva con el recién nacido, así como en su lactancia1.

Los tres Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad (No. 3 de 1919, No. 103 de 1952 y No. 183 de 2000) obligan a los gobiernos a otorgar a las trabajadoras licencias de maternidad por un período mínimo de seis semanas con posterioridad al parto, así como a proporcionar prestaciones pecuniarias a toda mujer que se ausente del trabajo en virtud de una licencia de maternidad. Asimismo, la Recomendación No. 191 subraya las ventajas de que las trabajadoras tengan derecho a elegir libremente cuándo tomarán la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto, y permite cierta flexibilidad para que se acuerden a nivel nacional arreglos sobre la distribución de tales licencias2.

El segundo tema de que trata esta iniciativa es la importancia de la lactancia materna en el desarrollo de la niña y niño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el primer año de vida es el de mayor crecimiento durante la infancia. Además los órganos comienzan a madurar, con lo cual crece la demanda de nutrientes. Por eso resulta importante que, siempre que sea posible, el niño reciba durante el primer año, lactancia materna exclusiva (recibe vitamina D como complemento y en los casos de dietas insuficientes recibe sulfato ferroso o hierro polimaltosato como profilaxis de la anemia fisiológica del recién nacido). También el amamantar propicia un vínculo entre la madre y el hijo que puede impactar positivamente en la autoestima e independencia del niño.  Hay evidencia de que existe una relación entre la lactancia y el desarrollo intelectual y cognitivo del niño.

El mismo artículo 170 de la LFT en su inciso IV: establece:

En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo incidir concretamente en la mejora de las condiciones de las mujeres trabajadoras, ampliando el periodo de licencia de maternidad de las madres  y fomentando la lactancia materna de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

Ampliar el periodo de lactancia para las madres trabajadoras

El estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) intitulado Nurturing the Health and Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfeeding señala que incrementar la tasa mundial de lactancia materna exclusiva podría salvar la vida de 520,000 niños menores de cinco años y generar potencialmente 300,000 millones de dólares en ganancias económicas en 10 años, como resultado de la reducción de las enfermedades, de los costos de atención médica y el aumento de la productividad.

Por lo tanto la propuesta que es materia de la presente iniciativa no debe entenderse como un gasto para la economía del país, sino que constituye en realidad una medida racional que significará beneficios económicos contundentes para los servicios médicos nacionales, pero también para las empresas y negocios, que podrán contar con trabajadoras más sanas. La OMS sostiene que la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres; ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama; aumenta los recursos familiares y nacionales; es una forma de alimentación segura; y carece de riesgos para el medio ambiente.

Por todo ello resulta oportuno ampliar el periodo para que las madres trabajadoras gocen de descansos dentro de su jornada de trabajo -una vez que se reincorporan a sus labores profesionales- pasando de los 6 meses actuales para llegar hasta 2 años.

Ampliar el periodo de licencia de maternidad

Actualmente el Estado Mexicano se encuentra fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 4 señala que toda mujer tendrá derecho a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.

Adicionalmente resulta indispensable cumplir con la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad de la OIT. Si bien la recomendación no constituye una norma vinculante, sí debe entenderse como parte del soft law internacional y como un instrumento idóneo para aplicar e interpretar las normas relativas a los derechos humanos.

Dicha recomendación establece en su numeral 1.1 que los Estados miembros deberán procurar extender la duración de la licencia de maternidad, a dieciocho semanas, por lo menos. En su numeral 1.2 señala que los Estados deberían prever una prolongación de la licencia de maternidad en el caso de nacimientos múltiples y finalmente en su numeral 1.3 estipula que deberían adoptarse medidas para garantizar que, en la medida de lo posible, la mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto.

Resulta notoriamente injusto y hasta discriminatorio el trato que damos a las madres trabajadoras en México y en América Latina en general. Mientras en Europa y en los países desarrollados, más del 90% de los países garantizan licencias superiores a las 14 semanas, en América Latina apenas el 22% de los países garantiza licencias superiores a las 14 semanas.3

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a consideración de Comisión Permanente la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se reforma el artículo o 170 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 170. - Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. […]

II. Disfrutarán de un descanso de nueve semanas anteriores y nueve posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta seis de las nueve semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que hubiesen tenido dos o más hijos, haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II. Bis […]

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, se prorrogarán en el caso de que así lo soliciten las madres trabajadoras hasta por un periodo denoventa díasadicionales, con la consiguiente reducción salarial a que se refiere la fracción V de este artículo;

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de dos años, contados a partir de que se hubiesen reincorporado a su centro de trabajo, gozarán de dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de noventa días;

VI. al VII. […]

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Alicia Barrientos Pantoja.- Dip. Dante Virgilio Caballero Pedraza.


1 Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; “Estrategia Mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño”; disponible en:
http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy_iycf/es/

2 Organización Internacional del Trabajo; “La maternidad en el trabajo: examen de la legislación nacional”; 2ª edición; disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_142159.pdf

3 LA MATERNIDAD EN EL TRABAJO. Examen de la legislación nacional. Resultados de la Base de datos de la OIT sobre las leyes relacionadas a las condiciones de trabajo y del empleo. Segunda edición, 2010. Oficina Internacional del Trabajo Ginebra.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, Diputada RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58, 85, 174 y 179 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el texto del artículo 50 de nuestra ley fundamental, “El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores”.

Como todos sabemos, ambas cámaras constituyen al Congreso de la Unión, casa donde el pueblo mexicano a través de sus representantes, expresan, reforman y buscan dar soluciones a las diferentes demandas y necesidades que exige nuestra sociedad.

En la actualidad es claro, que las funciones de representación, legislativas, presupuestarias, de control, jurisdiccionales y administrativas del Poder Legislativo, son de gran importancia y trascendencia para la vida política, económica, social y cultural del país.

Es por ello, que atendiendo al dinamismo y a las exigencias de las y los mexicanos, resulta necesario unir esfuerzos en el fortalecimiento y actualización de las normas encargadas de regular el desempeño institucional y los procedimientos del Poder Legislativo Federal, especialmente de esta H. Cámara de Diputados, a fin de garantizar un trabajo integral con mayor eficiencia, rapidez y sobre todo para sentar las bases de mejores resultados para nuestra sociedad.

Actualmente la Cámara de Diputados se encuentra normada por su propio Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2010, ordenamiento que tiene por objeto normar la actividad parlamentaria de las y los diputados principalmente para la creación, reforma o derogación de normas, leyes o decretos, estableciendo además los procedimientos internos para su estructura y funcionamiento.

A pesar de tratarse de un ordenamiento de gran alcance normativo, en la práctica legislativa denota una seria deficiencia en el desahogo de asuntos principalmente en el proceso de discusión en lo particular de los dictámenes de iniciativas ley o decretos ante el pleno de este órgano legislativo, deficiencia que a nuestra consideración urge subsanar.

En este tenor, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados la discusión de los dictámenes se votará en primera instancia en lo general y posteriormente en lo particular, en los términos y condiciones plasmados en los artículos 104 al 108 de dicho ordenamiento.

En una primera parte del procedimiento de discusión se destaca la participación del presidente de la junta directiva quien podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por diez minutos, la participación de las diputadas y diputados integrantes de cada grupo y de un independiente hasta cinco minutos, la respectiva lista de oradores en contra y a favor por cinco minutos cada uno de manera sucesiva, hasta lograr la votación nominal del dictamen en lo “general”, que a nuestra consideración es correcto.

Sin embargo a lo anterior, las dificultades del procedimiento surgen durante la discusión en lo particular de las reservas o propuestas de modificaciones, adiciones o eliminación de artículos a un proyecto de dictamen, específicamente cuando un legislador tiende a reserva varios artículos del proyecto de dictamen, mismas que al momento de discutirse hacen que las sesiones del pleno se vuelvan muy improductiva, generando retraso y acumulación de asuntos, pero sobre todo una obstaculización en el proceso de creación normativa como principal función de la Cámara de Diputados.

Ejemplos a lo anterior, encontramos las maratónicas sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, pero en particular la efectuada en diciembre de 2013 en el proceso de discusión de la Reforma Constitucional en materia energética, misma que fue desahogada por más de 20 horas continuas de sesión, tiempo que en su mayoría los legisladores dedicaron para discutir en lo particular más de 400 reservas de las cuales ninguna de ellas fue aceptada.

Más específicamente en julio de 2014 se discutió por un aproximado de 73 horas los dictámenes referentes a las leyes secundarias de la propia reforma energética. Durante esta sesión los legisladores procesaron seis dictámenes en la materia que contó con la presentación ante el pleno de 2,885 reservas o propuestas de modificación a los documentos. De los cuales sólo fueron aceptadas 30, lo que significa que en promedio cada cambio implicó un debate de dos horas y media.

En esta discusión particularmente del dictamen referente a la nueva Ley de Hidrocarburos y reformas a las Leyes de Inversión Extranjera, Minera y Asociaciones Público Privadas fue discutido por 18 horas y 17 minutos (el debate inició a las 12:40 horas del lunes 28 de julio y terminó casi a las 7:00 horas del martes 29). Cuya mayor parte de su discusión fue utilizado para el desahogo de 793 reservas de las cuales sólo tres fueron aceptadas y 790 fueron rechazadas.

Como todos sabemos, de acuerdo a las facultades conferidas a la Junta de Coordinación Política en el artículo 34, mineral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano cuenta con atribuciones para Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

Luego entonces, la Junta de Coordinación Política tiende a expedir acuerdos específicos encaminados a normar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones constitucionales de la Cámara de Diputados, como sucede con los acuerdos creados para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, fundamentado en el artículo 221, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Entre ellos, encontramos el publicado el pasado 10 de noviembre de 2015, para definir las reglas implementadas en la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, mismo que en su cuarta regla materia que nos ocupa, estableció que:

La discusión en lo particular se llevará a cabo conforme a las siguientes características:

Harán uso de la palabra, hasta por tres minutos cada uno, los Diputados que hubieran reservado, artículos, anexos o ambos.

En caso de que un diputado haya presentado diversas reservas, procurará exponerlas en una sola intervención. Para tales efectos, la Mesa Directiva determinará, en consulta con el diputado proponente, el número de reservas a presentar en cada intervención.

La Mesa Directiva establecerá el tiempo para la presentación de las reservas, cuando éstas sean agrupadas.

Con los mismos objetivos, también encontramos diferentes acuerdos que en su momento la Junta de Coordinación Política aprobó para normar la discusión y votación ante el pleno de importantes reformas a nuestro sistema jurídico nacional, entre ellas, de la reforma en materia laboral, publicado en Gaceta Parlamentaria en septiembre de 2012, en materia financiera, publicada en Gaceta Parlamentaria en septiembre de 2013, la Constitucional en materia de energía publicada en Gaceta Parlamentaria en diciembre de 2013, en materia de pensión universal y seguridad social universal publicado en Gaceta Parlamentaria en marzo de 2014. Por citar algunos ejemplos.

Evidentemente que estos documentos normativos, han sido expedidos a fin de lograr un mejor entendimiento parlamentario entre las diferentes fuerzas políticas, pero además para buscar lograr que la discusión y el debate de dictámenes específicos de reformas legislativas se realicen en condiciones de equidad y pluralidad.

No obstante a ello, consideramos necesario fortalecer las disposiciones reglamentarias de la Cámara de Diputados a fin promover un método de debate más dinámico, ágil y que permita mejorar el funcionamiento, así como las condiciones para el desahogo de los asuntos, especialmente en materia de la discusión de dictámenes a proyectos legislativos en lo particular.

Luego entonces, se propone modificar el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de impulsar una reducción en los tiempos y en el número de oradores para dar agilidad a la presentación y discusión de reservas ante el pleno, además de establecer parámetros específicos en aquellos casos donde un proponente presente diversas reservas, así como las condiciones procedentes en aquellos casos especiales donde las reservas versen sobre un mismo artículo y objetivo.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Único. Se reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 110.

1. La presentación de las reservas se realizará de la siguiente forma:

I. El proponente hará uso de la palabra hasta por tres minutos, para exponer las razones que la sustenten;

II. El Presidente preguntará al Pleno si la reserva presentada se admite a discusión.

III. En caso negativo la reserva se desechará y el Presidente ordenará que se pase a la presentación del siguiente artículo reservado.

VI. En caso afirmativo el Presidente formulará una lista de oradores a favor y en contra, quienes podrán intervenir hasta por tres minutos cada uno;

V. Después de que hubiesen intervenido hasta dos oradores de cada lista, el Presidente preguntará al Pleno si el asunto se encuentra suficientemente discutido; en caso negativo continuará la discusión, sólo si hubieran oradores inscritos, pero el Presidente repetirá la pregunta cuando hubiera intervenido un orador más de cada lista y así en lo sucesivo;

VI. Cuando no hubieran oradores en contra, podrá hablar un orador a favor;

VII. Cuando no hubiera oradores a favor del artículo incluido en el proyecto podrá hablar un orador en contra, y

VIII. Cuando no hubiere oradores inscritos, el Presidente ordenará que se pase a la discusión del siguiente artículo reservado.

IX. Concluida la discusión del artículo reservado, el Presidente preguntará al Pleno si se acepta la modificación propuesta y discutida, en caso afirmativo se procederá a su votación nominal en su conjunto de los artículos reservados, en caso negativo se desechará quedando el artículo en los términos del dictamen a discusión.

X. El Proponente que haya presentado diversas reservas, deberá exponerlas en una sola intervención. Para tales efectos se respetará el siguiente parámetro de tiempo:

a) De una a cinco reservas hasta tres minutos

b) De seis a diez reservas hasta cinco minutos

c) En el caso de que el número de reservas supere lo establecido en el inciso b, el Presidente determinará un tiempo de 10 minutos para su presentación.

VIII. Cuando dos o más proponentes del mismo grupo parlamentario presenten reservas sobre un mismo artículo y objetivo, éstas serán agrupadas y expuestas en un sólo acto hasta por tres minutos.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 6 de junio de 2018.

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales séptimo, octavo y décimo segundo del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones y al Orden del Día, en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, en materia de apoyo a empresas de reciente creación, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas busca se generen oportunidades para que la juventud mediante sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la ruta de acción para que encaren los grandes desafíos que se les presentan.

Un objetivo fundamental de la Agenda 2030 es que como sociedad se impulsen los liderazgos juveniles en el ámbito del desarrollo para que dialoguen, propongan y emprendan; es indispensable promover políticas públicas con una perspectiva de juventud y generar asociaciones multisectoriales que promuevan los derechos de la juventud. Sobre todo, es preciso seguir generando espacios y caminos para que la juventud esté en el centro de los planes de desarrollo nacionales y participe activamente en la elaboración y monitoreo de políticas y programas económicos, sociales y educativos.1

Conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadi?stica Geografi?a e Informa?tica (INEGI), la Encuesta Intercensal 2015, arroja que la poblacio?n joven de 15 a 29 an?os ascendio? a 30.6 millones (25.7%) de la poblacio?n nacional. 35.1% son adolescentes (15 a 19 an?os), 34.8% tienen de 20 a 24 an?os y 30.1% tienen de 25 a 29 an?os de edad.

Los jóvenes que han decidido emprender empresas cuyos servicios pueden ser contratados por el sector gubernamental para obra pública, se enfrentan a diversos retos, algunos en común con el resto de los jóvenes, como la falta de oportunidades por carencia de experiencia, y otras muy particulares como el retraso prolongado de pagos que los dejan sin liquidez toda vez que se trata de empresas noveles, con menor solvencia que las ya consolidadas  y que merma su productividad.

“La productividad es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos deseables. El concepto de productividad implica la interacción entre los distintos factores del lugar de trabajo.  Estos factores determinantes incluyen:

• la calidad y disponibilidad de los materiales

• la escala de las operaciones y el porcentaje de utilización de la capacidad

• la disponibilidad y capacidad de producción de la maquinaria principal

• la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra

• la motivación y efectividad de los administradores

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, comerciales o personales.”2

Se necesita impulsar la productividad de las empresas noveles, lo cual además tiene un impacto positivo en empresas, que si bien no necesariamente son de reciente creación, no han incursado como contratistas del gobierno federal.

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 31 fracción XVI, refiere que las convocatorias a la licitación pública deben contener “La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos”.

En ese mismo tenor, consideramos que las convocatorias deben prever ciertas consideraciones a empresas nuevas, normalmente conformadas por jóvenes, para que estas puedan adquirir experiencia, al tiempo que demuestra su valía y eficacia.

Por ello, esta iniciativa propone dar preferencia a las empresas nuevas, que no han ganado licitaciones con anterioridad, cuando se trate contrataciones de montos inferiores a diez mil Unidades de Medida y Actualización.

Y a efecto de robustecer a las empresas de recién creación, pero también a las ya consolidadas, proponemos que en los contratos pactados sobre la base de precios unitarios, se de un pago inicial del veinte por ciento antes del inicio de la obra, y que no pasen mas de cuarenta y cinco días naturales para liquidar el monto total, después del día señalado para ello. En los contratos pactados a precio alzado, se podrá estipular una penalización ante el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma.

Para un mayor entendimiento de la presente propuesta, se compara el texto vigente con el proyecto de decreto planteado:

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Texto Vigente

Texto propuesto

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:
I. a XXXIII. …

Artículo 31.

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil Unidades de Medida y Actualización, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que antecede, la publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades.

Sin correlativo.

Cuando el presupuesto estimado de contratación sea inferior a diez mil Unidades de Medida y Actualización, el proyecto de convocatoria procurará adjudicarse a empresas o personas físicas que no hayan sido contratadas previamente.

Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto.

Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.

Artículo 45.

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:
I. a IV. …

Sin correlativo.

En los contratos pactados sobre la base de precios unitarios, en todo caso deberá darse un pago inicial del veinte por ciento antes del inicio de la obra, y no podrán pasar mas de cuarenta y cinco días naturales para liquidar el monto total, después del día señalado para ello.

Sin correlativo.

En los contratos pactados a precio alzado, se podrá estipular una penalización ante el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma.

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 31, tercer párrafo y se ADICIONAN un quinto párrafo al artículo 31, y un tercero y cuarto párrafos, recorriendo el tercer vigente al quinto párrafo, del artículo 45,  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 31. …

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil Unidades de Medida y Actualización, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

Cuando el presupuesto estimado de contratación sea inferior a diez mil Unidades de Medida y Actualización, el proyecto de convocatoria procurará adjudicarse a empresas o personas físicas que no hayan sido contratadas previamente.

Artículo 45. …

En los contratos pactados sobre la base de precios unitarios, en todo caso deberá darse un pago inicial del veinte por ciento antes del inicio de la obra, y no podrán pasar mas de cuarenta y cinco días naturales para liquidar el monto total, después del día señalado para ello.

En los contratos pactados a precio alzado, se podrá estipular una penalización ante el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN AL MAÍZ BLANCO

(Presentada por el Diputado Evelio Plata Inzunza, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado EVELIO PLATA INZUNZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116, numeral 1 y 122 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, numeral 1, fracción I y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN AL MAÍZ BLANCO, con el propósito de alentar la promoción de las políticas públicas que estimulen una mayor producción y la rentabilidad de esta gramínea, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Gracias a cualidades de carácter alimentario y con una producción que anualmente supera las mil millones de toneladas, el maíz es hoy día el grano de mayor cultivo en el mundo. Los principales productores de la gramínea en el orbe, con una productividad que en conjunto representa el 76 por ciento del total, son: Estados Unidos, China, Brasil, Ucrania y Argentina.

Una mirada a los aspectos alimentario, económico y social, refleja que el maíz es asimismo el cultivo de la mayor importancia para México, ubicando a nuestra nación en el sexto lugar de la clasificación mundial.

Su siembra ocupa una superficie aproximada a las 7 millones 100 mil de hectáreas y de cuyo total, el 80 por ciento se cultiva en la modalidad de temporal y el restante bajo la de riego. A la siembra de este grano están dedicados más de tres millones de productores.

El 92 por ciento de los productores poseen predios cuya extensión promedio es de cinco hectáreas. Este sector aporta el 56.4 por ciento de la producción total. El restante 43.6 por ciento está a cargo del otro 8 por ciento.

Entre las variedades diversas que a nivel nacional se cultivan, destaca el maíz blanco, con estimaciones de producción por el orden de las 24.1 millones de toneladas, ubicando así a nuestro país en el mayor productor del grano, dado que la productividad mundial de la gramínea fluctúa anualmente entre las 65 y 70 millones de toneladas.

El maíz blanco representa el 90 por ciento de la producción total de este grano, Las entidades de mayor cultivo son: Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Puebla.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el cultivo del maíz blanco en México ha resultado aceptable, al término de los ciclos agrícolas que fueron de octubre del 2016 a septiembre del 2017.

El rendimiento de productividad alcanzado, superior en un 8.3 por ciento al obtenido en el periodo previo, contribuye a garantizar la demanda interna del grano, que considera tanto la de consumo humano como la destinada a la industria pecuaria.

Conforme al SIAP, las ventas de maíz blanco al exterior han repuntado a partir de los ciclos 2014/2015, debido precisamente al incremento en la producción, ocurrido entre otros factores, por efecto de mejores condiciones climáticas. No obstante, ello no ha sido significativo.

Sin embargo, México es aún deficitario en la producción de maíz blanco. Situación que ante una demanda creciente, ha llevado al país a la necesidad de tener que importar anualmente un promedio de 1.4 millones de toneladas del grano.

Por ello, voces diversas agrupadas en organizaciones nacionales de productores, han insistido y con razón, en la necesidad de poner freno a las importaciones de maíz blanco y por otro lado generar en automático condiciones de precios de garantía realmente competitivos para el productor y que a su vez se convierta en un círculo virtuoso que se traduzca en aliento para la productividad del grano.

Esas voces son coincidentes cuando año con año, antes y durante el proceso de siembra y cosecha, han venido demandando a las instituciones de gobierno sea definida y aplicada una política de estímulos al cultivo y comercialización que realmente beneficie al productor directo.

Una política que se caracterice por elevar la productividad, incrementando la siembra y rendimientos a partir de innovaciones tecnológicas, para contribuir así a la autosuficiencia en la demanda creciente de la gramínea, pero también procurando precios de garantía para el productor a niveles competitivos.

Toda vez que la liberalización del mercado de los granos no ha sido lo benéfica que se esperaba para el productor nacional y en particular para el renglón del maíz blanco, el sector público, invocando y con razón argumentos de sustentabilidad alimentaria, está obligado a determinar esquemas para asegurar precios mínimos al productor, compras garantizadas y desde luego controles efectivos a las importaciones.

Esquemas que además, consideren para el maíz blanco operaciones de cobertura de compras anticipadas, toda vez que el destino para este grano, a diferencia del maíz amarillo, es exclusivo para el consumo humano, estratégico por este hecho para garantizar la soberanía alimentaria.

Es así que la presente iniciativa propone sea aprobado un instrumento legal, cuya finalidad está en alentar condiciones que incentiven a un mayor cultivo e industrialización y comercialización del maíz blanco, de suerte tal que ello contribuya a garantizar la demanda interna, a frenar las importaciones y generar superávit en la producción del grano, buscando de la misma manera precios competitivos y desde luego la soberanía alimentaria, como medida fundamental para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar entre la población.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco

Artículo Único. Se expide la Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco, para quedar como sigue:

Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1. Se expide la presente Ley en el marco de lo dispuesto en el artículo 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de interés público y estratégicas para la economía nacional en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 3. La presente Ley declara al maíz blanco como patrimonio alimentario de México y su propósito está en fomentar el desarrollo sustentable del grano, promoviendo su productividad y competitividad.

Artículo 4.  La presente Ley tiene por objeto normar las actividades asociadas a los procesos de siembra, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización del maíz blanco, sus productos, subproductos, coproductos y derivados.

Artículo 5. Son sujetos de esta Ley los productores, industriales y comercializadores del maíz blanco.

Artículo 6. Los productos derivados del cultivo e industrialización del maíz blanco, por ser necesarios para la economía nacional y el consumo popular, quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 7. Las líneas de política para el cultivo, cosecha, industrialización y comercialización del maíz blanco deberán ser consideradas y previstas en el programa que para los efectos diseñe y aplique la Secretaría.

Artículo 8. La presente Ley tiene por objetivos:

I. Establecer mecanismos de protección al maíz blanco, en lo referente a su producción, comercialización y consumo como patrimonio alimentario de México;

II. Establecer las instituciones y procedimientos para que las autoridades del ámbito federal, de manera coordinada con las de las entidades federativas y de los municipios, tramiten y obtengan las declaraciones correspondientes a la protección del maíz blanco;

III. Regular el almacenamiento, distribución y comercialización del maíz blanco en cualquiera de sus etapas en materia de sanidad;

IV. Promover las actividades de comunidades y productores que se dedican al cultivo del maíz blanco; y,

V. Promover la conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras de cultivo del maíz blanco.

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

II. Ley: La Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco;

III. Maíz Blanco: Grano que resulta del proceso de cultivo que por razones estratégicas de desarrollo económico realizan los productores de México;

IV. Grano: Maíz Blanco;

V. Materia: La materia referente al fomento y protección del maíz blanco;

VI. Productores: Los productores, personas físicas o morales, cuyas tierras se dediquen total o parcialmente al cultivo del maíz blanco para uso industrial;

VII. Industriales: Los industriales, personas físicas o morales, que se dediquen al procesamiento y transformación del maíz blanco y subproductos;

VIII. Organizaciones: Las organizaciones nacionales y locales de productores de maíz blanco;

IX. Padrón Nacional: El listado de los productores de maíz blanco;

X. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable;

XI. Comité Nacional: El Comité Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco;

XII. Junta Directiva: Es la autoridad suprema del Comité Nacional;

XIII. Junta Permanente: Es la autoridad competente para resolver controversias en el sector;

XIV. Centro: El Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Maíz Blanco; y;

XV. Sector: El sector para el aprovechamiento, industrialización y comercialización del maíz blanco.

Artículo 10. Las líneas de política para la agroindustria del maíz blanco deberán ser consideradas y previstas en el Programa de Fomento a la Agricultura para productores de maíz y frijol, con carácter especial, contemplando los objetivos, las metas, las estrategias y las líneas de acción propuestas en el mismo.

TITULO SEGUNDO
De las autoridades

Capítulo I
De la Secretaría

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los Gobiernos Federal, Estatal y de la Ciudad de México, así como de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones realizará lo siguiente:

I. Dictar las políticas públicas nacionales que habrán de aplicarse en la Materia, de manera que se garantice rentabilidad, productividad y competitividad a las actividades que regula esta Ley, que la hagan sustentable;

II. Participar en coordinación con las autoridades correspondientes, en la tramitación y/o prestación de todos los servicios asociados al fomento y protección del maíz blanco;

III. Establecer programas para el fomento y el desarrollo del cultivo del maíz blanco e impulsar esquemas que propicien la inversión en el campo y en la industria;

IV. Formular en coordinación con el Comité Nacional, los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la agroindustria del maíz blanco, así como las Reglas de Operación de los mismos;

V. Gestionar los recursos que demande la ejecución de los programas que formule para promover el mejoramiento de la agroindustria del maíz blanco;

VI. Promover y encauzar el crédito en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo y estimulación de la producción de maíz blanco y el financiamiento de los inventarios del grano; 

VII. Proponer a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía cuando así se requiera, los niveles de cuota y arancel para la importación de maíz blanco y sus sustitutos;

VIII. Fomentar en coordinación con las Secretarías de Economía y de Energía la exportación de productos, coproductos, subproductos y derivados del maíz blanco;

IX. Proponer a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de precios máximos en la Materia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica;

X. Establecer en coordinación con la Secretaría de Economía, las medidas para procurar el abasto nacional suficiente de maíz blanco previendo la reserva estratégica que permita el establecimiento de niveles de inventarios adecuados;

XI. Establecer en coordinación con la Secretaría de Economía un sistema integral de información de mercados y otros servicios que consoliden el mercado doméstico y la exportación de productos, coproductos, subproductos y derivados del maíz blanco;

XII. Instrumentar el sistema de registro de las organizaciones locales y nacionales de abastecedores de maíz blanco dentro del Servicio Nacional del Registro Agropecuario;

XIII. Elaborar y promover programas de productividad de las Zonas de Abastecimiento donde se incorporen los programas de infraestructura hidroagrícola y de caminos rurales;

XIV. Fomentar el consumo nacional del maíz blanco y de los productos, coproductos, subproductos y derivados del grano;

XV. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en la agroindustria del maíz blanco y sus actividades complementarias;

XVI. Fomentar en coordinación con las dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de empresas de los sectores social y privado cuyo objeto social sea el aprovechamiento del maíz blanco, la industrialización y comercialización de los productos, coproductos, subproductos y derivados del grano, propiciando la competitividad y en su caso, la reconversión productiva;

XVII. Participar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las acciones de preservación del medio ambiente y la protección de la biodiversidad en el campo productor de maíz blanco en las Zonas de Abastecimiento, impulsando la ejecución de programas de recuperación ecológica, y;

XVIII. Las demás que esta Ley y su Reglamento establezcan.

Artículo 12. La Secretaría, en coordinación con el Comité Nacional, deberá formular el Programa Nacional de la Agroindustria del Maíz Blanco con carácter especial, que será presentado para su aprobación al Titular del Ejecutivo Federal, el que deberá considerar como mínimo, el balance de productividad, las políticas de financiamiento de inversión para el campo productor del grano, las políticas comerciales, los estímulos fiscales y apoyos gubernamentales, la competitividad en costos y precios, el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, los tratados comerciales celebrados con otros países y el comportamiento del mercado nacional e internacional, con el objeto de establecer, para el corto y el mediano plazos, los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, asignación de recursos, responsabilidades, instrumentos de evaluación, y mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional con los gobiernos Federal, Estatales, de la Ciudad de México y municipales, para propiciar el ordenamiento, fortalecimiento y transparencia en las actividades de la agroindustria del maíz blanco.

Capítulo II
Del Comité Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco

Artículo 13. En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se constituye el Comité Nacional de Fomento y Protección al Maíz Blanco como un organismo público descentralizado, dependiente de la Administración Pública Federal, cuyo objeto será la coordinación y la realización de todas las actividades previstas en esta Ley relacionadas con la agroindustria del maíz blanco. Su domicilio legal será la Ciudad de México.

Artículo 14. El Comité Nacional, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer a la Secretaría, en los términos del Sistema Nacional de Planeación, los programas que resulten más convenientes para la producción, industrialización y comercialización del maíz blanco, sus coproductos, subproductos y derivados, así como las obras de infraestructura, considerando el entorno en el que se desenvuelve el Sector en el corto y en el mediano plazos;

II. Generar mecanismos de concertación entre abastecedores e Industriales de maíz blanco;

III. Analizar el tamaño de los mercados con el propósito de instrumentar estrategias de expansión y repliegue del cultivo del grano, así como sus coproductos, subproductos y derivados, acorde con las tendencias de los mercados y las condiciones del País, que a su vez permitan participar con criterios objetivos y pertinentes en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación de maíz blanco, coproductos, subproductos, derivados y sustitutos;

IV. Promover alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de los agentes económicos participantes, llevando un registro de convenios y contratos de asociación en participación y coinversiones celebrados entre los productores, industriales y comercializadores de maíz blanco;

V. Evaluar las repercusiones de los tratados de libre comercio en el ámbito de la agroindustria del maíz blanco y proponer las medidas pertinentes;

VI. Instrumentar en coordinación con la Secretaría, un sistema obligatorio de registro e informes de control semanal, mensual y anual del comportamiento del balance de productividad de maíz blanco con base en el ciclo agrícola;

VII. Llevar el registro y control de niveles de producción óptima por regiones para contribuir a elevar la competitividad del Sector;

VIII. Elaborar balances de productividad de maíz blanco, para homologar las políticas públicas de los socios comerciales de nuestro país en relación con costos, precios, subsidios, índices de productividad, fondos compensatorios, estímulos fiscales, tasas de interés, políticas crediticias, políticas comerciales, precios administrados y de mercado que entre otros se consideren para establecer las bases para fijar criterios de precios máximos al maíz blanco en el mercado nacional;

IX. Conciliar entre los productores del país, la distribución de las cuotas de exportación de maíz blanco acordadas en los tratados comerciales que México haya celebrado o celebre en el futuro;

X. Con base en el balance de productividad de maíz blanco para el ciclo correspondiente, calcular y proponer el precio de referencia del grano, llevando registro y control de los precios nacionales del mismo y de los precios del mercado internacional incluidos los precios del mercado de los Estados Unidos de América;

XI. el sistema de pago del maíz blanco por calidad;

XVI. Elaborar las estadísticas de resultados de producción y productividad de los ciclos agrícolas;

XVII. Proponer a los productores e industriales la instrumentación de un sistema de información que permita integrar los costos de producción de la siembra, el cultivo, la cosecha, los costos de transformación y de distribución del maíz blanco, para sustentar las bases del programa de productividad y competitividad de la agroindustria del grano;

XVIII. Aprobar los programas de fomento que se circunscriban a las Zonas de Abastecimiento, autorizando su ejecución por conducto de los Comités;

XIX. Promover la instalación de los Comités Regionales, apoyados en la multifuncionalidad de las Zonas de Abastecimiento, el desarrollo de los territorios rurales, complementando e integrando las actividades económicas, agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, para fortalecer el empleo, la inversión y los programas de bienestar social que mejoren los mínimos de bienestar de las familias productoras de maíz blanco y de los pobladores;

XX. Coadyuvar al estricto cumplimiento de la Ley y de todas las disposiciones que de ella emanen, así como concertar acuerdos entre los distintos sectores que intervienen en la agroindustria del maíz blanco para incrementar su eficiencia y la productividad;

XXI. Instrumentar un programa de desarrollo tecnológico que articule el campo con la industria para elevar sus niveles de competitividad en forma sostenible;

XXII. Aprobar el Reglamento, el programa de trabajo y el presupuesto del Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Maíz Blanco, recibir informes periódicos y evaluar el cumplimiento de su desempeño, así como proponer las aportaciones que hagan los industriales, las organizaciones nacionales y la Secretaría;

XXIII. Proponer en coordinación con la Secretaría, las acciones y programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, formulándose y ejecutándose bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación, los cuales formarán parte del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XXIV. Recibir, analizar y evaluar los informes de los Comités respecto de los programas convenidos y sus modificaciones, los avances semanales y acumulados de los programas de campo y de recepción e industrialización del maíz blanco, los de inicio y término de ciclo, los reportes de evaluación de actividades y todos aquellos que a su juicio resulten necesarios para tomar decisiones en materia de esta Ley;

XXV. Realizar revisiones, exámenes o auditorías a solicitud de los Comités sobre el desempeño de sus operaciones en general o de alguna en particular;

XXVI. Opinar sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración y que propicien la eficiencia administrativa y el aprovechamiento pleno de los recursos, a fin de alcanzar niveles de producción de maíz blanco satisfactorios y aumentar la eficiencia y productividad en la agroindustria del grano;

XXVII. Proponer a la instancia correspondiente todas aquellas reglas, definiciones y disposiciones que contribuyan a la instrumentación de la Ley;

XXVIII. Intervenir en las consultas de carácter técnico, presupuestal o programático que le sean planteadas;

XXIX. Invitar a los centros de investigación, instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales relacionados con la actividad de la agroindustria del maíz blanco para escuchar su opinión de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar y para incorporarlos al Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Maíz Blanco, y;

XXIX. Las demás que se señalen en esta Ley.

Artículo 15. La administración del Comité Nacional estará a cargo de:

I. La Junta Directiva, y

II. El Director General.

Artículo 16. La Junta Directiva estará integrada por:

I. El Titular de la Secretaría, quien la presidirá;

II. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Un representante de la Secretaría de Economía;

IV. Un representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Un Representantes de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, y;

VII. Representantes de las organizaciones nacionales productoras de maíz blanco.

Por cada miembro propietario habrá un suplente y contará con las mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de éstos.

El total de integrantes de la Junta Directiva no será menor de cinco ni mayor de quince.

Podrán integrarse a la Junta Directiva con carácter de invitados y solo con derecho a voz, los servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal, que tengan a su cargo acciones relacionadas con el objeto del Comité Nacional, así como los representantes de organizaciones privadas o sociales con actividades afines al mismo, siempre y cuando así lo apruebe la Junta Directiva.

Artículo 17. La Junta Directiva aprobará el Reglamento operativo, así como las facultades y obligaciones que correspondan a la misma.

Artículo 18. La Junta Directiva determinará, aprobará e incluirá en el Reglamento operativo lo referente a la designación del Director General, así como las facultades y obligaciones que a este se le confieran.

Artículo 19. La vigilancia del Comité Nacional estará a cargo de un Comisario propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública; lo anterior sin perjuicio de que el Comité Nacional integre en su estructura su propio órgano interno de control.

Artículo 20. El Comisario evaluará el desempeño general y por funciones del Comité Nacional, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan las erogaciones de los gastos corriente y de inversión, así como lo referente a los ingresos y en general solicitará toda la información para efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne de conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Junta Directiva y el Director General, deberán proporcionar la información que solicite el Comisario.

Artículo 21. Las relaciones de trabajo entre el organismo descentralizado y su personal, se regirán por la legislación que dispone el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO III
De los Comités Regionales para el Fomento y Protección al Maíz Blanco

Artículo 22. En el ámbito territorial en el que quede comprendida cada una de las regiones que determine el Comité Nacional, se promoverá la creación de los Comités Regionales, para que, en concordancia con los acuerdos del Comité Nacional y los programas estatales y municipales del ramo, coadyuven en el ámbito regional a la planeación, organización, producción, competitividad y rentabilidad, con base en la multifuncionalidad de las zonas productoras de maíz blanco, circunscribiendo su actuación al ámbito regional y estatal que corresponda, en los términos de la propia Ley.

Corresponde al Comité Nacional la instalación de los Comités Regionales y la expedición de su Reglamento Interno.

CAPITULO IV
De los Comités de Producción y Calidad del Maíz Blanco

Artículo 23. En cada región se constituirá un Comité para tratar todo lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha, calidad e industrialización del maíz blanco.

Artículo 24. Los Comités se integrarán con los representantes de los productores e industriales que correspondan a cada región.

Artículo 25. Los acuerdos de los Comités se tomarán por mayoría de votos.

Artículo 26. Los Comités son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, y de las reglas y definiciones que acuerde el Comité Nacional.

Artículo 27. Los Comités celebrarán las reuniones conforme a un calendario y mecánica que estará determinada por acuerdo de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 28.-Todos los cargos en el Comité serán honoríficos.

TITULO TERCERO
DEL PADRON NACIONAL DE PRODUCTORES DE MAIZ BLANCO

Capítulo Único
Del listado Nacional

Artículo 29. El Padrón Nacional estará conformado por el listado de productores e incluirá los datos que permitan su plena identificación.

Artículo 30. El Padrón Nacional servirá de base para fomentar y fortalecer los programas y acciones de Gobierno orientados a la modernización y desarrollo de las zonas de abastecimiento.

TITULO CUARTO

DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO, DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y SUSTENTABILIDAD

CAPITULO I
De la Investigación y Desarrollo Tecnológico

Artículo 31. Se crea el Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Maíz Blanco que tendrá como propósito orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la agroindustria del grano.

Este centro dependerá del Comité Nacional, y se sujetará a las directrices de éste, a las del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y a las políticas que sean aprobadas por la Comisión Intersecretarial.

Su estructura, programa de mediano plazo y programa operativo anual de investigación y desarrollo, así como su presupuesto, serán aprobados por el Comité Nacional.

Artículo 32. Para darle viabilidad al Centro se creará un fondo con aportaciones tripartitas, del Gobierno Federal, de los Industriales y de las Organizaciones en los términos, lineamientos y reglamentación que acuerde el Comité Nacional.

Artículo 33. A través del Centro, en coordinación con las instituciones de investigación y educación superior participantes, se dará prioridad al establecimiento de un inventario nacional de proyectos de investigación y recursos materiales en campus de experimentación, a efecto de optimizar las investigaciones y sus resultados obtenidos y aprovechar los campus existentes para el desarrollo de nuevos proyectos.

Artículo 34. El Centro se apoyará en cuerpos colegiados formados por investigadores de reconocido prestigio que serán convocados de las diferentes instituciones públicas que realizan investigación científica y tecnológica en el país.

Artículo 35. El Centro, con la aprobación del Comité Nacional, atenderá las demandas de los sectores integrantes de la agroindustria del maíz blanco, y tendrá como propósitos fundamentales los siguientes:

I. Desarrollar nuevas variedades tolerantes a plagas y enfermedades, sequía e inundaciones y otras adversidades climatológicas;

II. Generar paquetes tecnológicos regionales que incrementen sustancialmente la productividad agrícola e industrial;

III. Diseñar y evaluar los sistemas de cartografía y geoposicionamiento satelital y los programas de cómputo que aseguren una aplicación y uso estandarizado en los Comités, con el fin de fortalecer el Sistema de Información para la toma de decisiones que permitan la elevación de la productividad y competitividad de cada una de las zonas productoras de maíz blanco;

IV. Establecer los mecanismos de vinculación y coordinación de todas las instancias que participan en el desarrollo tecnológico del maíz blanco y en particular retomar el control de las estaciones de hibridación y cuarentenaria para proyectar el programa de nuevas variedades a largo plazo, evitar duplicidades y abaratar los costos;
V. Promover las investigaciones que diversifiquen y optimicen el aprovechamiento del maíz blanco atendiendo a su rentabilidad, mercado y disponibilidad de inversiones;

V. Elaborar el inventario de investigación aplicada y sus productos en el mercado, a efecto de medir sus ventajas y su costo beneficio, poniéndola a disposición de productores e Industriales;

VI. Promover para cada región y zona de abastecimiento, el sistema de cartografía y geoposicionamiento satelital estandarizado para todos los Comités, con el propósito de facilitar la reconversión productiva y lograr el pleno aprovechamiento de la tierra;

VII. Determinar mediante estudios e investigaciones, la contribución a la competitividad del territorio rural de cada una de las Zonas de Abastecimiento de maíz blanco que permitan consolidar la producción, el empleo y los servicios rurales;

VIII. Inventariar la investigación y sus resultados en materia de coproductos, subproductos y derivados, y promover las nuevas investigaciones para maximizar el aprovechamiento y diversificación del maíz blanco, y;

XI. Llevar a cabo las investigaciones, estudios y acciones que acuerde y le instruya el Comité Nacional.

Artículo 36. El Centro promoverá, a través de los mecanismos de coordinación que se establezcan con las instituciones académicas y de investigación, la formación del recurso humano que le dé certidumbre y continuidad al mismo.

Artículo 37. A efecto de garantizar la aportación del Gobierno Federal a este Centro, se harán las previsiones necesarias en el Programa Especial Concurrente que incluya el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año. Las aportaciones que deban realizar los productores e industriales serán acordadas en el Pleno del Comité Nacional.

CAPITULO II
De la Diversificación Productiva

Artículo 38. Se considera como diversificación productiva la obtención del maíz blanco en todas sus presentaciones, los Coproductos, Subproductos y Derivados del grano.

Los Coproductos: son una variedad de productos intermedios y finales, que tienen como propósito dar un mejor uso a los residuos del proceso agrícola y de la industria del maíz blanco.

Los Subproductos: son productos colaterales a la producción de maíz blanco.

Derivados: son aquellos productos que se obtienen a partir de los Subproductos del maíz blanco.

Artículo 39. El Comité Nacional, apoyándose en el Centro promoverá el intercambio de tecnologías de punta probadas en el cultivo e industrialización del maíz blanco.

Artículo 40. El Comité Nacional, por conducto de la Secretaría, propondrá a la Comisión Intersecretarial las políticas, el marco legal y administrativo tanto público como privado, que permita el aprovechamiento diversificado del maíz blanco, a efecto de que procedan las adecuaciones de Ley y reglamentación respectiva.

Artículo 41. El Centro propondrá al Comité Nacional los estudios y proyectos que tengan como prioridad el desarrollo y aprovechamiento de la agroenergía, en particular del etanol como carburante y oxigenante de gasolina a partir del aprovechamiento de mieles iniciales y de mieles finales del maíz blanco.

Los resultados de dichos estudios deben incorporar la rentabilidad financiera, social e institucional, para que, de resultar favorables, el Comité Nacional proponga a la Comisión Intersecretarial la reglamentación e iniciativas de Ley que permitan el aprovechamiento de los coproductos como bienes estratégicos para la soberanía nacional en producción de energéticos y los derivados de la industrialización del maíz blanco como bienes necesarios para la soberanía alimentaria y farmacéutica del país.

Artículo 42. El Comité Nacional propondrá a la Comisión Intersecretarial, para su aprobación, los estímulos a la inversión para la producción de etanol como carburante, sin dejar de incluir al resto de coproductos, subproductos y derivados.

Artículo 43. El Comité Nacional, con apoyo de la Secretaría, promoverá el desarrollo de los Coproductos, Subproductos y Derivados vinculándolos a los programas de riesgo compartido y riesgo de inversión, a las alianzas productivas y a las instituciones de educación superior existentes dentro del territorio de la Zona de Abastecimiento de maíz blanco donde se promueva, mediante módulos demostrativos, la viabilidad de este desarrollo.

Artículo 44. Los apoyos que el Gobierno Federal otorgue para la diversificación productiva de la agroindustria del maíz blanco, serán previstos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que incluya el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año.

CAPITULO III
De la Sustentabilidad

Artículo 45. El Comité Nacional, con apoyo del Centro, identificará las actividades innovadoras, tanto en el área agrícola como industrial cuya implementación coadyuve al desarrollo sustentable del Sector.

Artículo 46. El Comité Nacional promoverá sistemas de siembra, cultivo y cosecha de maíz blanco sustentables basados en la conservación del medio ambiente y el eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles, involucrando la calidad de vida de los productores y de la sociedad en general.

Artículo 47. El Comité Nacional evaluará, promoverá y apoyará la instrumentación de programas que reduzcan la fuente contaminante de la industria, tanto al aire como al suelo y al agua.

Artículo 48. Se promoverá y apoyará la adopción de prácticas de manejo sustentable del suelo, estableciendo un sistema de registro de siembras.

Artículo 49. A efecto de garantizar una agricultura y una industrialización del maíz blanco de carácter sustentable, se considerarán los apoyos necesarios en el Programa Especial Concurrente del Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal.

TITULO QUINTO
DE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS

CAPITULO I
De la Junta Permanente

Artículo 50. Se crea la Junta Permanente en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la que tendrá plena competencia para conocer y resolver todas aquellas controversias en la Materia que le sean sometidas.

En ningún caso la Junta Permanente intervendrá en controversias de carácter interno de las Organizaciones o en asuntos políticos de las mismas.

Artículo 51. La Junta Permanente estará dotada de autonomía para dictar sus fallos y contará con presupuesto anual propio, que se integrará con las aportaciones anuales de los sectores representados en ella, en los montos que determine su Pleno, en términos del Artículo 186 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 52. La Junta Permanente, en acuerdo con la Secretaría, por conducto del Registro, tomará nota de la integración y actualización del registro de las organizaciones nacionales y locales de productores e industriales y el registro oficial del Padrón en los términos de esta Ley.

Artículo 53. La Junta Permanente tendrá su domicilio en la Ciudad de México.

CAPITULO II
Del Pleno de la Junta Permanente

Artículo 54. El Pleno será el órgano supremo de la Junta Permanente, quien dictará los laudos y las interlocutorias que pongan fin a las controversias del Sector.

Artículo 55. El Pleno de la Junta Permanente estará integrado por:

a) Un representante de la Secretaría, quien lo presidirá;

b) Un representante de cada una de las organizaciones nacionales registradas, y

El Presidente tendrá la representación de la Junta Permanente y contará con todos los poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración, pudiendo delegar estas facultades en su totalidad o parcialmente, para los efectos que se requieran.

Por cada representante propietario habrá un suplente; dichos cargos serán intransferibles y honoríficos.

Artículo 56. El Presidente de la Junta Permanente será nombrado por el Titular de la Secretaría. Sus ausencias temporales y las definitivas, en tanto se hace nuevo nombramiento, serán cubiertas por su suplente.

Artículo 57. A propuesta del Presidente de la Junta Permanente, el pleno elegirá un Secretario General.

Artículo 58. Las reuniones serán presididas por el Presidente o, en su ausencia, por su suplente; el Pleno sesionará por instrucciones del mismo o a petición de, por lo menos, dos de sus miembros, previa notificación por escrito de sus integrantes con cinco días hábiles de antelación a la misma.

Artículo 59. El Pleno deberá sesionar con la asistencia total de sus miembros. En caso de no celebrarse una sesión por la inasistencia de alguno de ellos, el Secretario General citará nuevamente para celebrarse dentro de los tres días hábiles siguientes, llevándola a cabo con los que asistan, y se tendrán por conformes los miembros no asistentes con las resoluciones o acuerdos que se tomen en ella.

Artículo 60. El Pleno de la Junta Permanente resolverá por unanimidad o mayoría de votos los asuntos que sometan las partes a su consideración. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 61. El Pleno de la Junta Permanente tiene las facultades y obligaciones siguientes:

I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta Permanente;

II. Conocer y resolver de las controversias que se le presenten; y,

V. Las demás que le confieren las leyes.

Artículo 62. La Junta Permanente tendrá competencia para conocer de las controversias surgidas entre el Sector, derivadas de la aplicación de la presente Ley, el Contrato y de las demás disposiciones relativas.

Artículo 63. La Junta Permanente aprobará el reglamento que corresponda a su funcionamiento.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Se deroga toda disposición que contravenga a esta Ley.

Artículo Segundo. El Comité Nacional, la Junta Directiva y el Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Maíz Blanco deberán quedar debidamente instalados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo Tercero. Para la instalación de uno y otra la Secretaría deberá convocar a los sectores involucrados en un término máximo de 15 días después de la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo Cuarto. Los programas, proyectos y las acciones que se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley, así como los apoyos, subsidios y beneficios que se ejerzan con recursos de carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad de recursos que se hayan aprobado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y deberán observar las disposiciones aplicables en materia presupuestaria.

Artículo Quinto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 6 de junio de 2018.

Dip. Evelio Plata Inzunza.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Presentada por la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de los años, la red de carreteras, túneles, puentes y autopistas de cuota, han ido evolucionando en su infraestructura de manera y notoria, progresiva y constante, constituyendo un factor fundamental en el desarrollo de México.

En los últimos 50 años dicho crecimiento ha traído consigo diversos beneficios al comunicar a diversos centros poblacionales con las regiones de desarrollo y consumo, entre los que destacan, fomentar el empleo, ahorro en el consumo de combustibles y desgastes de vehículos; seguridad; e incremento de la competitividad al reducir costos y tiempo para el traslado de mercancías, materias primas, etc., así como impulso a la industria turística, lo que se ha reflejado en el crecimiento del PIB.

Además, la conectividad facilita el acceso a diversos servicios como la educación y la salud, etc.

Indiscutiblemente, el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada ha aportado a que el crecimiento de cobertura sea cada vez más amplio. Ejemplo de ello, es la modernización de la autopista México-Puebla que está beneficiando a 2 millones de habitantes y a más de 250 mil automovilistas diariamente, pues su ampliación de 6 a 12 carriles ha permitido reducciones en el tiempo de traslado de una hora 15 a 25 minutos. De igual forma, las ampliaciones de la carretera Chalco-Cuautla; las autopistas La Marquesa-Toluca, México-Pachuca y la renovación de la México-Querétaro, reportan importantes beneficios.

De acuerdo al informe presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) en septiembre de 2017, se dio a conocer que, durante la actual administración se concluirá la construcción o modernización de más de 6,500 km de vialidades en el país. Habiendo concluido 36 de las 52 autopistas programadas, y 68 de las 80 carreteras federales comprometidas.1

En suma, cabe señalar que la red de carreteras de “cuota” como comúnmente se les ha denominado, han crecido en los últimos 13 años más de 300 por ciento, y como me he referido en párrafos anteriores, los beneficios han sido diversos y de gran importancia, no sólo para los sectores productivos y la población que transita por éstas, sino también para las empresas privadas que tienen en sus manos las concesiones carreteras.

Sin embargo, la cobertura no siempre va acompañada de calidad en los servicios, lo que afecta a millones de usuarios.

Ya desde la Tribuna y en diferentes espacios, he referido las diferentes quejas de los usuarios que utilizan las vialidades de cuota, fundamentalmente, sobre el costo en relación con las condiciones de las autopistas, ya sea por el desgaste, las permanentes reparaciones y las diversas obras, lo que provoca demoras, accidentes y múltiples imprevistos.

El tiempo, los daños e incluso los perjuicios no son compensados ni por las autoridades ni por los concesionarios o permisionarios.

Cabe señalar que cualquiera que sea la causa de las obras, éstas forman parte del contrato entre el gobierno y el concesionario, y sus costos deben estar previstos en el esquema de negocio convenido, mientras que, para los usuarios, el precio pagado no corresponde al servicio ofrecido.

Los usuarios de las carreteras, autopistas, túneles y puentes de peaje, deben ser reconocidos en su carácter de ciudadanos-consumidores, y, por lo tanto, sujetos de derechos y obligaciones.

Las condiciones y el precio pactado por un servicio deben ser respetados, en caso contrario, debe hacer el rembolso o descuento conducente, e incluso en caso de accidentes imputables a descuidos, negligencia, falta de supervisión, violación de normas, etcétera, proceder a la reparación de los daños y perjuicios, respondiendo a la responsabilidad patrimonial que corresponde.

Los derechos de los ciudadanos-consumidores deben ser el eje articulador y común denominador de todas las acciones públicas. Lo que implica el conocimiento de los mismos por parte del ciudadano.

Prueba de ello, son las reformas de las que fue objeto la ley de aviación y de protección al consumidor, las cuales llegaron tras varios años, incluso décadas de denuncias por parte de los usuarios.

El desconocimiento de los derechos y contraprestaciones a que están sujetos los usuarios de un servicio, impide la protección de los mismos. En suma, los usuarios de la red carretera de cuota, no cuentan con certeza jurídica, de ahí la presente Iniciativa.

Por ejemplo, los usuarios de las autopistas, saben que el boleto ampara solamente un seguro, sin embargo, no saben con claridad: ¿Cuánto tiempo máximo debe trascurrir después del siniestro para poder hacerlo efectivo? ¿Cuál es la cobertura? ¿Qué requisitos deben cumplir para hacerlo válido? ¿Qué tipo de siniestros ampara? ¿Cómo se hace válido el seguro y ante quién?

Además, como todos sabemos la mayoría de las ocasiones el boleto o ticket que se entrega en las casetas es ilegible o se borra con facilidad.

Quedan en el limbo el tiempo de retraso por las obras, los descuentos conforme al número de kilómetros que están en buen estado, los retrasos de hasta 30 kilómetros mientras se hace corte de caja, por bloqueos, accidentes, etc.

La ausencia normativa y la falta de reconocimiento a los derechos y contraprestaciones de los usuarios, propicia discrecionalidad y coloca a los ciudadanos en una posición de franca indefensión.

El Poder Legislativo no puede ni debe dar la espalda a millones de ciudadanos que exigen soluciones efectivas, oportuna y respeto a sus derechos.

Para ilustrar la magnitud de la población que se encuentra expuesta a la incertidumbre e indefensión, es de señalar que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en todo el país circulan 26 millones de automóviles particulares, 357 mil autobuses de pasajeros y 10.9 millones de camiones y vehículos de carga, pasando todos los días por autopistas y puentes de cuota un promedio 1.14 millones de vehículos.

CAPUFE por su parte, ha dado a conocer que por sus casetas pasan cada año más de 426 millones de automóviles y camionetas2.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha revelado que el transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías; el 67% del movimiento doméstico de carga y el 90% de pasajeros se desplazan por esta red3.

De ahí que la presente Iniciativa tenga como objeto establecer en la ley la obligación de hacer públicas las contraprestaciones a las que los usuarios de las vías de comunicación de cuota tienen derecho, así como a publicitar oportunamente el estado de éstas y el tiempo estimado de retraso.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración la presente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 5° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I. ……………

II. …………….

III. ……………

IV. …………….

V. …………….

VI. ……………….

VII. Difundir de forma clara en el portal de internet de la Secretaría y, en la medida de lo posible, mantener a la vista de los usuarios de puentes, túneles y autopistas de cuota, las contraprestaciones a las que éstos tienen derecho, así como el procedimiento, mecanismos y requisitos para hacerlas exigibles. Asimismo, en dicho portal de internet se deberán publicar con oportunidad las obras existentes y programadas, así como el tiempo aproximado de demora que éstas representan para los usuarios.

VIII. ……………………...

IX. ……………………….

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contará con un plazo 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para hacer difundir en su portal de internet, lo establecido en la fracción VII del artículo 5 del presente ordenamiento.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el Diputado Evelio Plata Inzunza, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Diputado EVELIO PLATA INZUNZA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116, numeral 1 y 122 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, numeral 1, fracción I y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS DERECHOS QUE EL MARCO LEGAL GARANTIZA A LOS ADULTOS MAYORES, bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es hoy día el organismo rector del estado mexicano en materia de política nacional sobre envejecimiento, el cual tiene por objetivos centrales: coordinar, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que de ella deriven.

Denominado en principio Instituto Nacional de la Senectud, después Instituto Nacional de Adultos en Plenitud y ahora llamado Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el organismo promueve además el desarrollo integral de las personas adultas mayores, mediante empleo, ocupación, retribuciones, asistencia y oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Otorgar servicios de atención médica, establecer convenios con diversos organismos e instituciones, además de haber promovido actividades culturales, recreativas y manualidades, son entre otras, las primeras acciones llevadas a cabo por el ahora INAPAM, llamado en principio INSEN.

La evolución que el organismo ha tenido a lo largo de su historia, a partir de que fuera creado en el año de 1979, permite al INAPAM reafirmar su posición rectora y coordinadora en asuntos de vejez y envejecimiento, toda vez que los adultos mayores son y han sido fuente de experiencia y testimonio vivo de valores y virtudes en plenitud.

Para el cumplimiento de los objetivos que sustentan su creación, desde su nombre como INSEN, luego INAPLEN y ahora INAPAM, el Instituto realiza múltiples tareas, direccionadas a la meta de alcanzar un México incluyente.

Esto lo lleva a cabo a través de una promoción y fortalecimiento de los valores de solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizando los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, procurando además la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades.

De acuerdo con el Instituto, el organismo promueve una participación permanente de las personas adultas mayores en todas las áreas de la vida pública, de suerte tal que sean copartícipes y protagonistas de su propio cambio.

En este sentido, El INAPAM procura así el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, como un proceso que busca brindar a este sector de la población, además de empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y alta calidad de vida.

El propósito de ello está en reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género que aseguren necesidades básicas y garanticen el desarrollo de las capacidades e iniciativas de las personas adultas mayores en un entorno social incluyente.

Al amparo de los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM tiene como misión promover así el desarrollo humano de este sector poblacional, contribuyendo a mejorar sus niveles de bienestar y calidad de vida, bajo valores éticos y mística de servicio.

Contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenamientos que de la Carta Magna derivan, la Ley establece en sus preceptos los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, como son: los de integridad, dignidad y preferencia, así como de certeza jurídica y denuncia popular, de salud, alimentación, educación, trabajo, asistencia social, participación, acceso a los servicios y a la familia, que constituyen un conjunto de normas para la protección de este grupo poblacional y que las coloca en un plano de igualdad en relación con quienes disfrutan de juventud o capacidad para realizar ciertas actividades.

Precisamente como una medida, entre otras acciones que el INAPAM lleva a cabo para el cumplimiento de su misión, el Instituto desde su creación ha tenido a bien expedir en beneficio de las personas adultas mayores una tarjeta que constituye un instrumento de entrada a los servicios que el organismo brinda en toda la geografía nacional.

Este documento, el cual se expide a personas de 60 años de edad o más, garantiza a sus portadores el beneficio de descuentos en bienes y servicios por parte de más de 20 mil prestadores.

Respecto a ello, existe evidencia de casos en los cuales una persona posee y presenta tarjeta emitida por los entonces denominados INSEN e INAPLEN, donde el documento no es reconocido como válido por algunos establecimientos, bajo el argumento de que debe ser renovado. Esta situación, constituye a todas luces un perjuicio para los beneficios a los que los adultos mayores tienen derecho.

Sin embargo, muchas de las personas ubicadas en esta situación y dada su edad, amén de otras limitantes de carácter físico, se ven impedidas para acudir a uno de los módulos u oficinas correspondientes, a fin de que les sea renovada la tarjeta original.

Resulta incongruente que se instruya a renovar la tarjeta a personas portadoras del documento emitido por los desaparecidos INSEN o INAPLEN, cuando el mismo es una constancia que acredita en principio precisamente una mayoría de edad.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone que para efectos de los beneficios que otorga la tarjeta expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, sea válido también el documento emitido en su oportunidad por los entonces Instituto Nacional de la Senectud e Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

Con la medida, preceptuada desde la Ley, se estará garantizando para las personas adultas mayores un mecanismo que les garantice asistencia y oportunidades para mejorar su calidad de vida, contenidos en los derechos que la legislación preceptúa y con justicia para este sector de la población.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un inciso d a la fracción IX del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adiciona un inciso d a la fracción IX del artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5°. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a VIII…

IX. Del acceso a los Servicios:

a) a c)…

d) A recibir la gama de descuentos en bienes y servicios que invariablemente les otorga la tarjeta que para efectos les ha expedido el Instituto Nacional de la Senectud, el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud o en su caso el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores aprobará y comunicará el Acuerdo que derive de y corresponda al presente Decreto.

Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Evelio Plata Inzunza.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

(Presentada por la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (LFFMAA), fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de enero de 1988, la cual tiene como objeto, “fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales…”.

La aplicación de la Ley referida en el párrafo anterior, en la esfera administrativa y por mandato del propio ordenamiento, corresponde a la Secretaría de Economía.

La LFFMAA define a las artesanías mexicanas como: “una expresión artística popular que, al paso de los años, su técnica de elaboración ha sido trasmitida de generación en generación, dando vida a productos de distintos materiales que derivan de la creatividad e ingenio de las y los artesanos, constituyendo importantes elementos que fortalecen la identidad regional y nacional”.

Para los efectos que nos ocupa, es de señalar que, el artículo 35 de la LFFMAA, establece la creación de La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, la cual, tendrá por objeto “impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales a través de las acciones previstas en la presente ley, especialmente las que consistan en la simplificación de trámites administrativos para obtener registros y autorizaciones y para cumplir obligaciones. La Comisión se encargará de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta la planta microindustrial del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos”.

Es de señalar que la multicitada LFFMAA tuvo su última reforma el 9 de septiembre de 2012, publicada en DOF, es decir haca casi 8 años. Tiempo en el que la realidad de las y los artesanos de México ha cambiado, volviéndose desafortunadamente más complicada, debido a la complejidad de sus problemas, los cuales, no sólo han aumentado, sino que también se han agudizado.

Bajo el anterior orden de ideas, es hacer notar que el andamiaje jurídico también ha sido modificado, aunque no en la medida de las necesidades del sector artesanal y sus integrantes, lo que requiere necesariamente de una adecuada armonización para la correcta aplicación del mandato de ley, así como para la eficaz instrumentación y ejecución de políticas públicas.

Finalmente, en este apartado resulta oportuno recordar que el 19 de junio de 2017 fue publicada en el DOF, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC), que “regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los artículos 4° y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ordenamiento que, promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural.

La LGCDC, tiene como objeto, entre otros aspectos: promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones; promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales; establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de política cultural; y establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado.

En suma, como un primer paso es necesario armonizar ambas leyes cuando menos en sus aspectos fundamentales como, como lo es la integración de la Comisión Intersecretarial, y poder desde ese espacio y este Poder Legislativo, continuar con la modernización y adecuación de la norma en beneficio del Sector Artesanal Mexicano.

Como lo he señalado en diversos espacios de análisis y en otras Iniciativas, las artesanías además de ser un elemento cultural que expresa nuestra historia, tradiciones, usos y costumbres, significa un valioso factor que detona el crecimiento económico, pues es una fuente de subsistencia e ingreso para muchas familias en nuestro país.

Las y los artesanos con su trabajo día con día, se empeñan a través de sus creaciones artísticas en reivindicar su identidad y la de todos los mexicanos1.

La actividad artesanal cultural y económicamente trae consigo diversos beneficios a nuestro país, además de fomentar el autoempleo y la generación de empleos; aporta a la estrategia de atracción de inversiones y turismo, beneficiando directamente al Producto Interno Bruto nacional.

Las y los artesanos mexicanos son un sector económico de alta importancia para nuestra economía, toda vez que aporta al PIB 490 mil millones de pesos, esto de acuerdo con las estadísticas publicadas en 2013 por el INEGI2.

Lamentablemente, a lo largo de los años, dicho sector ha padecido de abusos y de competencias desleales en el mercado. El plagio a sus artesanías y la introducción al país de artesanías “pirata”, han mermado los beneficios culturales y económicos aportados a México, así como su propia economía familiar.

Es necesario que el Estado en sus tres niveles de Gobierno, realice las acciones conducentes a efecto de proteger los productos y diseños artesanales, no sólo para proteger y salvaguardar la cultura mexicana, sino para proteger y salvaguardar al sector artesanal y la economía de aproximadamente 12 millones de artesanas y artesanos, quienes de acuerdo con las cifras oficiales 50% viven en pobreza, 22% son indígenas y 70% mujeres, es decir, representan a uno de los sectores más vulnerables de la población .

Es oportuno recordar que, uno de los fines establecidos por mandado de ley para la creación de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, es estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta la planta microindustrial del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos.

En razón de lo anterior, la presente Iniciativa tiene como objeto:

• Incluir dentro de la estructura que integra a la Comisión Intersecretarial, al titular de la Secretaria de Cultura, toda vez que, la problemática del Sector Artesanal Mexicano y de sus integrantes, necesariamente tiene que incorporarse el elemento cultural. Lo que obliga, desde luego, a un entendimiento que lleve acciones específicas y diferenciadas, toda vez que sobre la industria artesanal descansa la cultura e identidad del pueblo de México.

• Realizar diversas adecuaciones derivadas de la Reforma Política, consagrada en la Constitución, al otrora Distrito Federal hoy Ciudad de México, así como de la Reforma Energética, a efecto de actualizar la nomenclatura.

• Posibilitar la inclusión de los Pueblos y Comunidades Indígenas en las sesiones de la Comisión Intersecretarial, cuando sea pertinente.

Con el fin de presentar con mayor claridad las reformas propuestas, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

 

CAPITULO V

De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria

ARTICULO 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

……………………….

…………………………

A propuesta de cualquiera de los integrantes de la Comisión podrá invitarse a participar en sus sesiones a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de Gobiernos de los Estados y de los Municipios, así como de los sectores social y privado.

 

CAPITULO V

De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria

ARTICULO 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal de Cultura, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

……………………….

……………………….

A propuesta de cualquiera de los integrantes de la Comisión podrá invitarse a participar en sus sesiones a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de empresas productivas del Estado, de Gobiernos de los Estados las Entidades Federativas, y de los Municipios, de las Alcaldías de la Ciudad de México y de las Comunidades y Pueblos Indígenas, así como de los sectores social y privado.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a su consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 36, de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 36.- La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Cultura, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

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A propuesta de cualquiera de los integrantes de la Comisión podrá invitarse a participar en sus sesiones a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de empresas productivas del Estado, de Gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios, de las Alcaldías de la Ciudad de México y de las Comunidades y Pueblos Indígenas, así como de los sectores social y privado.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Diputada MIRIAM DENNIS IBARRA RANGEL, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN DUAL., en términos de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Diversos instrumentos internacionales prevén el derecho de acceso a la enseñanza media superior, estableciendo incluso, la necesidad de lograr la gratuidad universal de manera gradual, ejemplo de ello son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de diciembre de 1966, así como la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989.1

En coherencia con lo anterior, el 9 de febrero del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reformas a la Constitución Federal, en virtud del cual se establece la obligatoriedad de la educación media superior en nuestro País, lo cual patentiza la importancia que para el Estado Mexicano tiene este nivel educativo.2

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática, siendo esencial para garantizar una sociedad justa, pues es una condición para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; además de que la efectividad del derecho a la educación se garantiza mediante el cumplimiento de obligaciones a cargo del Estado relacionadas con la prestación del servicio de manera gratuita, dentro de lo cual se incluye la construcción de centros educativos, de instalaciones sanitarias, la participación de docentes calificados y el pago de salarios competitivos, entre otros aspectos.3

Por su parte, la Ley General de Educación4 (en adelante Ley General) precisa que la educación media superior se debe organizar a través de un sistema con un marco curricular común a nivel nacional,5 fijado por la autoridad educativa federal con participación de las locales, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.

Dicho marco curricular común, se incluyó en la Ley General mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, resaltándose en el proceso legislativo atinente, que el federalismo, la autonomía universitaria y a la diversidad educativa son principios esenciales porque constituyen el ambiente en el que han crecido los distintos subsistemas de la educación media superior, atendiendo necesidades locales, permitiendo que el servicio sea brindado por instituciones universitarias con autonomía y, en general, propiciando una gran diversidad de opciones bajo las que se fue cubriendo la demanda a nivel nacional.6

Ahora bien, una modalidad que se ha venido implementando con éxito en nuestro País desde hace algunos años, es la formación dual, cuyo modelo ha sido tomado de Alemania, Austria y Suiza, constituyendo un excelente instrumento para lograr la pertinencia de la formación técnica y la inclusión natural de los estudiantes a la vida productiva, pues plantea la formación en la empresa y en la escuela de los estudiantes de instituciones públicas de educación media superior.7

Los antecedentes internacionales más relevantes de la educación dual, se remontan a Europa de la edad media, cuando sus artesanos comienzan a formar aprendices auspiciados por sus gremios; y posteriormente, ya en el siglo XIX con el apogeo de la industrialización, principalmente en Alemania y Austria, se aplicó esa misma metodología a las nuevas empresas manufactureras; y ya para el siglo XX se amplía la formación dual a carreras administrativas y de salud y para 1969 se expide el primer ordenamiento que reglamenta esta forma de aprendizaje, esto mediante la Ley Federal de Formación Profesional alemana.8

La internacionalización de la industria alemana propició la implementación por primera vez de la educación dual en México, con la llegada hace 50 años de Volkswagen y Bosch.

En fechas más recientes, las autoridades educativas de nuestro País han desarrollado el Modelo Mexicano de Formación Dual (en adelante MMFD), mismo que inició como un programa piloto en el ciclo escolar 2013-2014 con la participación de 12 entidades federativas,9 participando 150 empresas, 50 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (en adelante CONALEP) y más de mil alumnos, ello con el objetivo de implementarlo en todos los bachilleratos técnicos y tecnológicos del País.10

Así, desde el ciclo escolar de referencia, se han realizado diversas acciones para robustecer el MMFD, como la celebración del convenio de cooperación celebrado en agosto de 2014 entre la Secretaría de Educación Pública (en adelante SEP y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), instrumento en el que se reconoce a las instituciones nacionales que han dado origen y promueven conjuntamente la formación dual en el nivel medio superior y establece el marco general para continuar fortaleciendo la colaboración entre los sectores educativo y empresarial. Dicho convenio de cooperación, así como diversos acuerdos logrados con el Consejo Coordinador Empresarial, han definido en este momento a COPARMEX como el organismo articulador del sector empresarial en torno a la formación dual.11

Otra acción para fortalecer el MMFD, fue la firma del Memorándum de Entendimiento en el área de la educación y la formación profesional técnica, realizada el 9 de junio de 2015 entre México y Alemania, con el propósito de impulsar un programa de cooperación internacional de 10 millones de euros para detonar actividades prioritarias asociadas al diseño de dicho Modelo,12 lo cual es de gran relevancia pues, como ya se apuntó, el sistema de formación dual de ese país europeo es un referente internacional de la vinculación escuela-empresa, lo que ha permitido a ese país lograr bajas tasas de desempleo de sus jóvenes.13

También se debe mencionar la cooperación que en la materia existe entre nuestro País y Suiza, pues incluso en el año 2016 en el marco de la celebración de 70 años de relaciones diplomáticas, se presentó la Alianza Suiza por la Educación Dual, al incorporarse 9 empresas suizas al MMFD; de esta manera, en el ciclo 2016-2017 tres empresas de aquel país (Nestlé, Bühler y Hilti) iniciaron su implementación, proyectándose en aquel momento la incorporación de otras seis empresas para el ciclo escolar 2017-2018 (ABB, Clarian, Givaudan, SIKA, Swiss Re, Schindler y SONOVA).14

Asimismo, el 4 de noviembre de 2016, fue firmada la carta de intención entre la SEP y la Secretaría de Estado para la Educación, Investigación e Innovación de la Confederación Suiza, en materia de cooperación en educación y formación técnica y profesional, cuyo objetivo es impulsar la cooperación en tal materia con el Instituto Suizo de Educación Vocacional y Capacitación (SFIVET), por un periodo de 3 años (2017-2019), a través del intercambio de información, experiencias, buenas prácticas y contactos de expertos y actores mexicanos y suizos, incluyendo el desarrollo de currículo y estándares de competencia para la formación dual.15

De esta forma, el MMFD ha buscado la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo que desarrolla disciplina y competencias genéricas a fin de lograr una educación integral, esto a través de convenios celebrados entre las empresas y los planteles educativos.

Ahora bien, con la finalidad de regular la práctica de la educación dual en nuestro País, la SEP emitió el Acuerdo número 06/06/15 por el que se establece la formación dual como una opción educativa del tipo medio superior.16

El acuerdo en cita, dispone que con pleno respeto al federalismo educativo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, debe promover con los gobiernos de las entidades federativas y las instituciones públicas que impartan estudios del tipo medio superior, la opción educativa de formación dual, mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos.17

De igual manera, el multicitado Acuerdo precisa las reglas que deben cumplirse por las instituciones de educación media superior y las empresas que participen en el MMFD, como son las relativas a los convenios de aprendizaje, los cuales deben establecer:18

a) Calendario, horario y periodos vacacionales para la realización de las actividades derivadas del plan de formación personalizado, en la empresa;

b) Número de horas semanales en las que el estudiante podrá realizar sus actividades en la empresa;

c) Plan de rotación de puestos de aprendizaje, en los que participará el estudiante;

d) Criterios para la supervisión y evaluación de las actividades del plan de rotación de referencia;

e) En su caso, descripción de los apoyos que se brindarán al estudiante; y

f) Las demás que se requieran y acuerden las partes para la adecuada implementación del plan de formación personalizado.

El impulso que actualmente el Poder Ejecutivo da al MMFD, encuentra sustento genérico en los artículos 3º, 7º, y 10 párrafo segundo dela Ley General, preceptos que, entre otras cosas, señalan:

a) Que el Estado debe brindar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación media superior; y que tales servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Federal y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la propia Ley General.

b) Que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tiene, entre otros, los siguientes fines:

b.1. Contribuir al desarrollo integral del individuo.

b.2. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo.

b.3. Favorecer el desarrollo de facultades, para adquirir conocimientos así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos.

b.4. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión, aplicación y uso responsables.

c) Que las instituciones del sistema educativo nacional, impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva.

La Ley General -que en términos del artículo 73, fracción XXV de la Constitución Federal,19 es de aplicación obligatoria en los tres ámbitos gubernamentales de nuestro País- contiene las disposiciones descritas, no prevé de manera específica esta modalidad de la educación media superior, a pesar de que se ha convertido en un instrumento que ha facilitado la inserción en el campo laboral, de muchos jóvenes que egresan del nivel medio superior.

La importancia del MMFD para las políticas educativas desarrolladas en los últimos años en nuestro País, se corrobora con la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicada el 16 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual, se otorga a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, la atribución de “impulsar con los gobiernos de las entidades federativas… la adopción de la opción educativa de formación dual de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.

La consolidación del MMFD, está sujeto a que las acciones descritas impulsadas fundamentalmente por el Gobierno Federal, continúen aplicándose y a que el fomento de esta opción educativa, se genere no solo a través de las autoridades educativas federales, sino que es imprescindible involucrar en ello a las autoridades de las entidades federativas.

Por ello, mediante esta iniciativa propongo reformar los artículos 12, fracción IX Bis y 13 fracción VI Bis de la Ley General, para otorgar a las autoridades educativas federal y locales, la atribución de fomentar la implementación de la educación dual, con respeto a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa, principios que rigen a la educación media superior en nuestro País, pues de esta manera se garantizará la continuidad y fortalecimiento del MMFD, que permite la incorporación de nuestros jóvenes estudiantes, en actividades productivas.

Por lo expuesto, someto a su consideración, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 12, fracción IX Bis; y 13, fracción VI Bis, de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 12.- …

I.- a la IX. …

IX Bis.- Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa, y en los mismos términos, fomentar la implementación de la educación dual;

X.- a la XIV.- …

ARTÍCULO 13.- …

I.- a la VI.- …

VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa, y en los mismos términos, fomentar la implementación de la educación dual;

VII.- a la IX.- …

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel.


1 Véase el artículo 13, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita...”. También véase el artículo 28, párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2 A partir de esa reforma, el artículo 3º, párrafo primero y su fracción IV de la Constitución federal, señalan: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias… IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita…

3 Véanse: La tesis 1a. CCLXXXVI/2016 (10a.) con número de registro 2013207, localizable en la página 369 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, tomo I de diciembre de 2016, bajo el rubro “EDUCACIÓN. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES”; la tesis 1a. CCXC/2016 (10a.) con número de registro 2013201, localizable en la página 365 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, tomo I de diciembre de 2016, bajo el rubro “DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD”; la tesis 1a. CCLXXXIV/2016 (10a.) con número de registro 2013205, localizable en la página 368 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, tomo I de diciembre de 2016, bajo el rubro “DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”; la tesis 1a. CLXVIII/2015 (10a.) con número de registro 2009184, localizable en la página 425 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, tomo I de mayo de 2015, bajo el rubro “DERECHO A LA EDUCACIÓN. ES UNA ESTRUCTURA JURÍDICA COMPLEJA QUE SE CONFORMA CON LAS DIVERSAS OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN, COMO EN LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES”; así como la tesis 1a. CLXIX/2015 (10a.) con número de registro 2009189, localizable en la página 429 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, tomo I de mayo de 2015, bajo el rubro “DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD ESTÁ GARANTIZADA POR DIVERSAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER POSITIVO Y NEGATIVO A CARGO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES”.

4 Ley General de Educación: “Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: IX Bis.- Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa”. “Artículo 13.-Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa”. Artículo 37, párrafo segundo: “El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo”.

5 Este marco se rige esencialmente por el “Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato”, emitido por la Secretaría de Educación Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2008.

6 Dictamen emitido por las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado el 12 de diciembre de 2012, consultable en la Gaceta 77 del 20 de diciembre de 2012: “Cabe subrayar que el proyecto de las dictaminadoras, tal como lo estipula la iniciativa que da origen al mismo, define como principios esenciales del marco curricular común al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa, porque ese es precisamente el ambiente en el que han crecido los distintos subsistema de la Educación Media Superior: atendiendo necesidades locales, como servicio que prestan diferentes instituciones universitarias que gozan de autonomía y, en general, por la gran diversidad de opciones educativas bajo las que se fue cubriendo la demanda a nivel nacional”.

7 Secretaría de Educación Pública. Metodología y criterios para la implementación de los programas de formación dual. Modelo mexicano de formación dual. Páginas 5 y 8

8 Ídem, página 5.

9 Coahuila, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Chiapas, Nuevo León y el Estado de México.

10 Véase Modelo Mexicano de Formación Dual, un impulso a la productividad, disponible en: http://www.educacionfutura.org/modelo-mexicano-de-formacion-dual-un-impulso-a-la-productividad/ consultado el 27 de marzo de 2018.

11 Secretaría de Educación Pública. Metodología y criterios para la implementación de los programas de formación dual. Modelo mexicano de formación dual, Página 6. La figura de organismo articulador, encuentra sustento en los artículos 4º, fracción XVII y 21 del Acuerdo 06/06/15 por el que se establece la formación dual como una opción educativa del tipo medio superior, el segundo de esos preceptos, señala: “En el convenio que celebre la Secretaría con el Organismo articulador del Sector Empresarial se establecerá que este último será el encargado de verificar que las Empresas que participen en un Programa de Formación Dual, cumplan con las disposiciones del presente Acuerdo y los instrumentos jurídicos que de él deriven”.

12 Disponible en http://sep.gob.mx/es/sep1/C140062015#.WrqslYhuaUk consultado el 27 de marzo de 2018.

13 Secretaría de Educación Pública. Metodología y criterios para la implementación de los programas de formación dual. Modelo mexicano de formación dual, página 6.

15 Ídem.

16 Publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de junio de 2015. El Acuerdo en cita, es de aplicación obligatoria para la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, sus direcciones generales de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECTYM) y las instituciones educativas dependientes de estas últimas.

17 Ídem, artículo 3.

18 Ídem, artículo 26.

19 Artículo 73 de la Constitución Federal: “El Congreso tiene facultad: Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma”.






Las proposiciones se turnarán a las comisiones, en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura establecer dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, una asignación específica para la operación del Programa Nacional de Museos Comunitarios a cargo del INAH y se establezca como un programa permanente con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas comunitarias. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, ESTABLEZCA DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, UNA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MUSEOS COMUNITARIOS A CARGO DEL INAH Y SE ESTABLEZCA COMO UN PROGRAMA PERMANENTE CON PRESUPUESTO PROPIO EN APOYO A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM) un museo es una institución permanente, que no persigue fin de lucro y brinda un servicio a la sociedad buscando su desarrollo. Es un recinto que permite el acceso al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de un pueblo o una comunidad.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX se producen las primeras concreciones de la idea moderna del museo.

El primer museo de carácter público en el otrora Palacio Real del Louvre. En 1851 se celebra en Londres la Exposición Internacional del Comercio, en el recién construido Palacio de Cristal, iniciándose así un ciclo de asistencia de grandes masas de espectadores a certámenes, ferias, exposiciones y museos.

Para inicios del siglo XIX, los debates más acalorados se dieron en torno a la arquitectura, por ejemplo, el Estados Unidos, se concretan algunos proyectos cuyo modelo es el templo griego.

En América Latina, las primeras experiencias en la construcción de museos son clasicistas y eclécticas. A pesar de que parecieran imitaciones de los europeos, son marcadas variaciones en Norteamérica. Del mismo modo, se encuentran las interpretaciones latinoamericanas del art-decó, el racionalismo y el llamado estilo internacional.

Los museos se han transformado conforme ha transcurrido el tiempo, no sólo se exhiben objetos, en la actualidad son espacios de dialogo e interpretación en donde puedes experimentar visitas sensoriales. Son puntos de encuentro con el conocimiento por lo que puede ser un recurso útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mostrar ideas, conocimientos, emociones y situaciones sociales.

Existen una variedad de clasificaciones o categorizaciones de los museos, las más comunes obedecen a los siguientes criterios: 

1.- Antropológico: Sus piezas y contenidos son biológicos y sociales del ser humano, enfocando la diversidad cultural.

2.- Arqueológico: Dedicados a la divulgación de la arqueología, muchas veces ubicado junto al sitio arqueológico procedencia de la colección, es decir, un museo de sitio.

3.- Arquitectura: Estudian los procesos constructivos, sus creadores y los edificios diseñados por ellos. Exhiben proyectos y materiales constructivos.

4.- Arte contemporáneo: Sus obras y contenidos tienen una cronología que comprende desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

5.- Artes decorativas: Sus obras y contenidos se dedican a aquellas artes destinadas a producir objetos funcionales y ornamentales, como pueden ser la orfebrería, los bordados, el vidrio, la cerámica o el mobiliario.

6.- Bellas artes: Dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, sus colecciones están formadas fundamentalmente por pintura y escultura.

7.- Ciencias Naturales: Dedicados al conocimiento de la diversidad del mundo natural y entre sus colecciones se encuentran, entre otras cosas, muestras de flora, de fauna y geológicas.

8.- Científico-tecnológico: Cuyos objetos y contenidos sirven como instrumentos de estudio y difusión de la ciencia entre la sociedad, contienen objetos que se pueden manipular en instalaciones interactivas.

9.- Etnográfico: Cuyos objetos y contenidos tratan del folklore y de los usos y costumbres populares de una sociedad.

10.- Histórico: Cuyos contenidos se dedican a difundir la historia general de una ciudad o territorio concreto para ayudar a comprender los sucesos acontecidos en él. (

11.- Marítimo y naval: Cuyos objetos y contenidos tratan sobre la navegación y todo lo relacionado con el mar.

12.- Militar: Cuyos objetos y contenidos están asociados al ejército o a acontecimientos bélicos.

13.- Musical: Cuyos objetos y contenidos están asociados a la música y su devenir histórico, incluyendo instrumentos musicales, compositores, entre otros rubros musicales.

En la actualidad los museos no sólo ofrecen servicios como visitas guiadas o talleres, han creado áreas de servicios educativos o de comunicación educativa para desarrollar experiencias y proyectos, muchos enfocados a la interactividad con el usuario, la digitalización de las ideas, o la lúdica.

Hoy el reto de los museos, es lograr despertar un interés, en sectores más amplios de la población.

En el caso de México, de acuerdo con datos disponibles de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, dispone de al menos 1 mil 311 registros, y tenemos una población de al menos 112 millones 336 mil 538 habitantes, lo que nos da un dato de al menos 1 museo por cada 85 mil 688 habitantes.

Una gran cantidad de estos museos corresponden a espacios desarrollados por instituciones federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los gobiernos estatales y municipales.

Pero un caso singular en el país, ha sido el desarrollo de iniciativas para crear pequeños museos desde grupos comunitarios.

El patrimonio cultural de México es tan amplio en todos los rincones del territorio que sus habitantes advierten la necesidad de contar con estos sitios que permitan exponer con orgullo esos rasgos que les dan identidad y pertenencia, ya sea desde el punto de vista arqueológico, antropológico o etnográfico.

De hecho el INAH, estableció un Programa Nacional de Museos Comunitarios a inicios de los ochentas, impulsado por la Dirección de Museos. 

En su momento retomó las experiencias de la “Casa del Museo” y de los “Museos Escolares” para promover la creación de museos con participación comunitaria.

Tuvo sus inicios en los estados de Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato y Guerrero, el mismo modo, el Centro INAH-Oaxaca promovió la creación de museos en comunidades indígenas aprovechando las formas de organización tradicional político - religiosa.

Sin embargo, el Programa Nacional de Museos Comunitarios no fue un programa formal con presupuesto y personal asignado, no obstante ello, contó siempre con el reconocimiento en diversos ámbitos de las instancias culturales y atendió una demanda constante de la sociedad mexicana.

Desde la parte institucional, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones a través de la Dirección Técnica-INAH, contó y sigue contando con el personal profesional y experimentado para continuar apoyando a la sociedad civil en este tipo de iniciativas en rubros como la planeación, museología, la museografía y la organización social enfocada a proyectos culturales.

Son muchos los temas a considerar cuando de crear y mantener activo un museo se trata. Hay que consolidar la organización impulsora del museo y constituirla legalmente; tener la posesión legal del inmueble y con destino exclusivo para fines museísticos; elegir los temas de exposición; investigar y desarrollar los guiones para fines de la exposición; establecer vínculos con organizaciones culturales similares; y buscar patrocinadores, entre otros.

De ahí que el presente punto de acuerdo busque exhortar a la Secretaría de Cultura para que se reestablezca el Programa Nacional de Museos Comunitarios que estuvo activo hasta el año 2000 y que tantos espacios comunitarios estableció con gran éxito.

Dicho programa debería seguir apoyándose en las capacidades técnicas del personal del INAH como institución rectora, pero tener recursos suficientes para apoyar labores como:

1) Capacitar y asesorar a diversas iniciativas sociales que desean crear un museo en los aspectos técnicos y prácticos de los procesos museográficos;

2) Fomentar el desarrollo de un proyecto cultural, iniciado, dirigido y sostenido por representantes de pueblos autóctonos y organizaciones auténticas;

3) Financiar el desarrollo de infraestructura, equipamiento y adquisición de mobiliario, además de recursos para el desarrollo de actividades de divulgación y difusión del patrimonio, talleres, cursos y actividades de formación de nuevos públicos con niños, jóvenes o comunidades.

4) Impulsar la participación de los pueblos rurales y urbanos, indígenas y mestizos, en la investigación, conservación y difusión de su propia cultura; 

4) Fortalecer el conocimiento del devenir histórico con la exposición de temas de la cultura local.

Compañeras y compañeros legisladores, los Museos Comunitarios deben seguir siendo ese resultado de diversas experiencias de promoción cultural, de investigación, protección y difusión del patrimonio de diversos pueblos mexicanos. 

Lo realizado hasta ahora, ha sido producto del trabajo de muchos especialistas que colaboraron en el Programa Nacional a lo largo de su existencia con logros significativos y también propuestas de creación de museos que durante muchos años solo habían quedado como una inquietud, pero existe aún más iniciativas que atender en muchas comunidades del país. 

Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros legisladores, a efecto de que apoyemos este punto de acuerdo, logrando una mayor protección del patrimonio cultural de México.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, para que establezca dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, una asignación específica para la operación del Programa Nacional de Museos Comunitarios a cargo del INAH y se establezca como un programa permanente con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas comunitarias

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez

Fuentes:
“Definición de museo”, en Consejo internacional de museos. Recuperado de: http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/, el 21 de agosto de 2017.
http://difusionfractal.upnvirtual.edu.mx/index.php/blog/373-para-que-visitar-un-museo
https://sic.gob.mx/?table=museo&disciplina=&estado_id=0
https://www.cromacultura.com/tipos-de-museos/
Sachie Hernández. La evolución de los museos y su adaptación. CULTURA Y DESSARROLLO • NO 8 • AÑO 2012. Consultora de la UNESCO
Sistema de Información Cultural. Recuperado de: https://sic.gob.mx/?table=museo&estado_id=9, el 21 de agosto de 2017.






De las y los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de San Luis Potosí a garantizar un clima de seguridad para los candidatos y los ciudadanos durante el proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado sábado 26 de mayo, el equipo de campaña del candidato del PAN a diputado por el sexto distrito de San Luis Potosí, Ricardo Villareal, fue víctima de un atentado que dejó un saldo de tres heridos y una persona fallecida.

El proceso electoral de 2018 se ha destacado como uno de los más violentos –quizá el que más- de la historia.

Patrick John Buffe, corresponsal del Radio Francia Internacional en México, escribió que “nunca en México un proceso electoral había sido tan violento. Desde que inició la campaña asistimos a un aumento de asesinatos de aspirantes, candidatos y políticos en casi todo el país”. Señala que este fenómeno se observa sobre todo en municipios “porque es un espacio estratégico para el crimen organizado, cuyos integrantes saben que sus actividades son más fáciles y controlan a las autoridades locales”.

El periodista anota que el número de “asesinatos, agresiones, amenazas de muerte e intimidaciones a los candidatos locales pueden afectar gravemente la participación electoral en estos comicios que serán los más grandes en la historia del país”.

Con anterioridad, el 12 de abril, CNN Español publicó que del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de 2018, al menos 79 políticos han sido asesinados en la precampaña y campaña. Basado en el “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018” de la consultora Etellekt, destacó que durante el proceso electoral se habían registrado 173 agresiones directas a políticos  y 79 asesinatos.

El Director General de Etellekt, Rubén Salazar, expuso durante el foro “Los Retos y las Amenazas a la Seguridad durante las Elecciones”, organizado por la Universidad de las Américas de Puebla, que las agresiones contra candidatos incluyen también a familiares de actores políticos.

Según el informe, “las agresiones ocurrieron en 29 de los 32 estados del país y en un total de 167 municipios”. La mayoría de los asesinatos contra políticos se concentran en Guerrero (18casos), Oaxaca (13), Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6). Por partidos políticos, los datos reportados son: PRI (29 asesinatos); PRD, 16; PAN, 8; MC, 5 y Morena, 4.

Los altos niveles de violencia detectados desde finales de 2017 y principio de 2018 obligaron al gobierno federal y los partidos políticos a reforzar la seguridad de los candidatos a cargos de elección popular.

El 21 de febrero, con la ausencia de Morena, los partidos políticos nacionales y la Secretaría de Gobernación acordaron establecer una mesa de diálogo y seguimiento puntual a casos de inseguridad y hechos violentos contra candidatos a cargos públicos, militantes de partidos y ciudadanos durante el proceso electoral.

El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, enumeró los acuerdos a los que llegaron con líderes y representantes de los ocho institutos políticos, entre los que destaca la creación de un sistema de alerta temprana a fin de atender los hechos violentos contra ciudadanos y candidatos, así como proporcionar un diagnóstico preciso de la condición de seguridad  del país.

SIN EMBARGO Y NO OBSTANTE ESTOS ESFUERZOS A NIVEL FEDERAL, LOS GOBIERNOS LOCALES SE SIGUEN MOSTRANDO VULNERABLES ANTE LA VIOLENCIA QUE SE ESTÁ DEJANDO VER EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL.

El gobierno de San Luis Potosí debe brindar todas las garantías para que el proceso electoral se conduzca en un clima de paz y tranquilidad; que los candidatos tengan la certidumbre de poder hacer campaña sin amenazas y sin violencia, y que los ciudadanos tengan la certeza de que no habrá situaciones que pongan en riesgo su participación, tanto en las campañas como el día de los comicios.

En tal virtud, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA LOS ACTOS DE VIOLENCIA POR LOS QUE FALLECIÓ UN BRIGADISTA DE LA CAMPAÑA DEL CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN POR EL SEXTO DISTRITO DE SAN LUIS POTOSÍ, RICARDO VILLARREAL, Y TRES MÁS RESULTARON HERIDOS POR IMPACTO DE BALA DURANTE LA MADRUGADA DEL PASADO SÁBADO 26 DE MAYO DEL PRESENTE.

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSÍ, JUAN MANUEL CARRERAS, A BRINDAR TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD A CANDIDATOS Y CIUDADANOS DURANTE EL PROCESO Y LA JORNADA ELECTORAL, ASÍ COMO GARANTIZAR QUE LOS COMICIOS EN LA ENTIDAD SE LLEVEN A CABO BAJO UN CLIMA DE PAZ Y TRANQUILIDAD.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a promover las escuelas normales como una opción de educación superior a fin de elevar su matrícula escolar. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas Cristina Ismene Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar un plan económico emergente de apoyo a la planta productiva, específicamente en las ramas y actividades económicas afectadas por los aranceles impuestos al acero y al aluminio, con objeto de contrarrestar los efectos negativos en el empleo y el mercado nacional. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial sin Tabaco”. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio René Cancino Barffuson, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender la problemática de los tiraderos a cielo abierto en las inmediaciones de la laguna María Lizamba, en el estado de Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, ALICIA BARRIENTOS PANTOJA, VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA y SERGIO RENÉ CANCINO BARFFUSON, diputados federales a la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Entre los municipios veracruzanos de Tierra Blanca e Ixmatlahuacan, se encuentra la laguna María Lizamba, siendo esta uno de los principales cuerpos de agua de la Región Papaloapan y del estado de Veracruz. De la parte noreste de la laguna María Lizamba surge el río Camarón, desembocando en la laguna El Lodo, luego de lo cual se convierte en el río Limón, cuya terminación se tiene en la Tlalixcoyan, para terminar el recorrido del agua en la laguna de Alvarado.

Durante todo este trayecto las aguas son parte importante de los ecosistemas acuáticos y terrestres, mismos que presentan amplia biodiversidad, por lo mismo, la contaminación que se tenga en la laguna se magnifica e impacta una amplia región.

Con respecto a las actividades económicas, en general el sistema lagunar descrito es hábitat de varias especies de interés para la pesca y sus aguas son utilizadas en las diversas actividades agropecuarias. En cuanto a la laguna María Lizamba en particular, son alrededor de 270 familias de pescadores las que encuentran su sustento en las capturas de especies acuáticas. Además, por su belleza escénica, en su ribera se encuentran varios restaurantes en los que se preparan productos de la pesca local, y de los cuales dependen también decenas de familias.

Como parte de los problemas ambientales que aquejan a la laguna se tiene la presencia de tiraderos a cielo abierto, lo cual podría parecer un problema menor, pero este no lo es, de hecho, es de gran importancia y requiere ser atendido a la brevedad.

La disposición final de los residuos sólidos en tiraderos a cielo abierto, contaminan el agua, aire, suelo y propician la proliferación de fauna nociva. De hecho, los tiraderos de basura a cielo abierto, violan derechos fundamentales, como lo son el derecho a un ambiente sano, a la salud, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible, todos ellos reconocidos en nuestra carta magna.

Los residuos sólidos urbanos fácilmente contaminan la tierra y las aguas subterráneas, ya que la basura acumulada en estos sitios desprende un líquido conocido como lixiviado, mismo que provoca una de las mayores afectaciones al ambiente. Dicho líquido proviene de desechos heterogéneos y arrastra todo tipo de contaminantes orgánicos e inorgánicos, entre los que se pueden encontrar en concentraciones elevadas, nitrógeno amoniacal, metales pesados, detergentes, plaguicidas, plastificantes y sales inorgánicas, por lo que resultar ser de lo más nocivo para el ambiente y difícil de tratar.

Estos lixiviados pueden migrar de los tiraderos hacia las aguas subterráneas o superficiales, generando de esta forma la degradación del suelo y la calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de la población cuando el agua es utilizada como fuente de abastecimiento de la localidad

También produce efectos adversos en la flora y la fauna silvestres que van desde la bioacumulación de toxicos, hasta la muerte por intoxicación aguda en numerosas especies. Así, por ejemplo, se sabe que la presencia de arsénico en los lixiviados puede producir la muerte de varias especies de peces y disminución en la reproducción y el crecimiento del plancton en los ecosistemas acuáticos.

De acuerdo con varios estudios científicos, los organismos pueden acumular grandes cantidades de estas sustancias en sus tejidos a través de las cadenas alimenticias, provocando serios efectos tóxicos a largo plazo. Entre los efectos adversos observados en los organismos acuáticos y aves se encuentran trastornos en la reproducción y desarrollo, inhibición en las tasas de crecimiento y pérdida de la coordinación, entre otros.

Además, los lixiviados pueden generar que los peces y otros organismos dejen de ser aptos para el consumo humano. Al contener estos líquidos altas concentraciones de tóxicos como los metales pesados, estos son bioacumulados a lo largo de la cadena alimenticia, dando como resultado peces con concentraciones de tóxicos más elevadas que las concentraciones del medio ambiente.

El aire también es afectado por los tiraderos a cielo abierto, ya que el biogás generado en estos sitios contiene metano, bióxido de carbono, ácido sulfhídrico, con lo cual se incrementa la emisión de gasees de efecto de invernadero, lluvia ácida y deterioro en la capa de ozono, entre otras afectaciones al ambiente. A la par, de tenerse malos olores y suspensión de microrganismos, polvos y partículas suspendidas, que son transportadas por el viento.

Otro efecto nocivo se tiene en el deterioro del paisaje, ya que el impacto visual negativo que ocasiona la presencia de los residuos sólidos a cielo abierto y su dispersión en su entorno, influye directamente en el rechazo de la población. Además de la presencia de residuos, el daño al paisaje se ve incrementado por la presencia de polvos, humos, materiales ligeros suspendidos por los vientos, con lo cual el deterioro del paisaje no sólo se limita al área que ocupa propiamente el sitio de tiradero a cielo abierto, sino que se extiende en una superficie mayor por la acción del viento que dispersa olores, papeles y bolsas de plástico a distancias considerables, lo cual para el caso de la laguna María Lizamba es de mayor relevancia, ya que una de las posibilidades para el desarrollo económico de la zona se tiene en el turismo, de hecho, en el lugar ya existen restaurantes y otros servicios encaminados a esta actividad económica.

Aunado a lo anterior, la falta de control en el ingreso de los residuos a los tiraderos a cielo abierto, propicia en la mayoría de los casos, que estos sitios se convierten en puntos clave para el depósito ilegal de residuos peligrosos, lo cual provoca que en se agraven aún más los efectos de contaminación ambiental y el riesgo a la salud humana.

En otro orden de ideas, al ser parte del servicio público de limpia, corresponde al municipio la disposición adecuada de los desechos sólidos urbanos, lo anterior por efectos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la par, el artículo 10, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, señala que son los municipios quienes tienen a su cargo el manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consiste en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.

No obstante, para el tema que nos ocupa, el de los tiraderos a cielo abierto en las inmediaciones de las riberas de la laguna María Lizamba, las autoridades federales también tienen atribuciones, ya que estos se encuentran sobre terreno forestal y la instalación de tiraderos de residuos sólidos urbanos de forma clandestina constituye de facto el cambio de uso del suelo en áreas forestales que afecta a la vegetación natural, sin la autorización de la SEMARNAT.

A la vez, por encontrarse en las cercanías de un lago de jurisdicción federal, es posible que el tiradero se encuentre en la zona federal y/o los lixiviados estén contaminando las aguas de dicho cuerpo de agua.

Por su parte, el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, cuenta con atribuciones para la inspección, vigilancia y aplicación de las sanciones correspondientes, en materia de residuos sólidos, esto, por efectos del artículo 175, fracción III de la Ley Estatal de Protección Ambiental.

En cuanto a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta, en su artículo en su artículo 29, fracción IV, expresamente prohíbe la instalación de tiraderos a cielo abierto.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, al gobierno del estado de Veracruz, y a los gobiernos municipales de Tierra Blanca e Ixmatlahuacan, Veracruz, a que, con base en sus respectivas atribuciones, hagan efectiva la prohibición de instalar tiraderos a cielo abierto y solucionen la problemática de la disposición de residuos sólidos urbanos en este tipo de tiraderos, en las inmediaciones de la laguna María Lizamba. Así mismo, investiguen y de ser el caso, procedan conforme a derecho en contra de quienes han instalado y operado tiraderos a cielo abierto en contravención de la normatividad aplicable.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Sergio René Cancino Barffuson.- Dip. Alicia Barrientos Pantoja.






Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A HOMOLOGAR SUS CÓDIGOS PENALES EN MATERIA DEL DELITO DE PEDERASTIA CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 209 BIS Y 209 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pederastia significa el cometimiento de abuso sexual con menores de edad.1 Desafortunadamente, México ocupa el horrendo primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).2

A pesar de las cifras, 25 de las 32 entidades que conforman a la federación mexicana NO tipifican y consideran como delito grave la pederastia,dejando así en libertad a personas que invadieron y dañaron la intimidad y seguridad de los niños en nuestro país con tan sólo pagar una fianza que puede ir de 3 días a mil 200 días de salario mínimo, esto por no considerarse como grave la pederastia.3

Entidades como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México sí consideran grave este delito y sin derecho a fianza; aunque cabe mencionar que solo en Jalisco el delito tiene una penalidad alta, que va de 12 a 20 años de prisión a quien cometa acto sexual en contra de un menor.4

Resulta preocupante que no se considere el abuso sexual contra un menor como una falta grave, ya que, tras un abuso, la víctima debe afrontar traumas y agresiones que no sólo marcan su infancia, sino su vida entera.

El manual de Save the Children expone las consecuencias a las que se enfrentan las víctimas de este delito, en un corto y largo plazo.

A corto plazo las víctimas de abuso pueden presentar, entre otros: ansiedad, problemas de autoestima, fracaso escolar, inadaptación social, Síndrome de Stress Postraumático, pesadillas y problemas de sueño, cambio de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres, consumo de drogas y alcohol, fugas del hogar, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, miedo generalizado, culpa y vergüenza, aislamiento, depresión, rechazo al propio cuerpo, conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual y déficit en habilidades sociales, mientras que a largo plazo se pueden manifestar: dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, desórdenes alimentarios, intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno disociativo de identidad, depresión, ansiedad, dificultad para expresar sentimientos, fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo y alteraciones de la motivación sexual, entre otros.5

El cometer un abuso sexual en un menor cae en gran parte en la oportunidad, es decir, lastimosamente las personas que son víctimas de este delito son menores cercanos a sus agresores, normalmente mediante un vínculo familiar o bien por la cercanía hacia la familia o a algún culto religioso, existiendo así alta confianza entre ellos.6

Se presume que la pederastia puede tener una relación con distintas variables, como lo puede ser el aprendizaje de actitudes negativas hacia la sexualidad, con un abuso sexual sufrido en el pasado, con sentimientos personales de inferioridad o bien, con la inhabilidad para establecer relaciones sociales y sexuales normales.7

Como podemos reflexionar, un abuso sexual abre decenas de consecuencias y padecimientos para las víctimas en todas las etapa de su vida, razón por la cual es precisa la tipificación del delito de pederastia en toda la república, así como el aumentar su sanción y hacer obligatoria la privación de la libertad, ya que al dejar libre a las personas que cometen abuso sexual en menores, solo representa la tentativa de volver a cometer el delito, dañando así a más menores y a sus familias; convirtamos la pederastia en un delito que no quede impune, pues el seguir evadiendo tal responsabilidad en las leyes de nuestro país, representa el dejar en abandono a miles de menores de edad.

Si bien el Código Penal Federal en sus artículos 209 Bis y 209 Ter estipula como castigo al delito la pérdida de la libertad,8 el establecimiento del delito dentro de los códigos penales locales abonará a la disminución del delito, así como brindar estadísticas útiles para conocer más y afrontar el mismo, para así prevenir a los menores, como a sus padres, además de informarles el cómo actuar ante un abuso y castigar así a los culpables del acto, además claro, de ofrecerle la seguridad a la víctima en todo momento y que tenga la libre expresión sobre lo vivido, para así brindar la ayuda adecuada tanto a la víctima, como a la familia, ya que es una huella que es difícil de borrar.

CONSIDERANDOS

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 47 fracción III, establece la obligación por parte de las autoridades federales, estatales y municipales a tomar medidas para prevenir y sancionar casos como la trata de menores de 18 años, abuso sexual, explotación sexual infantil y otras conductas punibles9.

Reforzando lo anterior, nuestra Constitución en su artículo 4 párrafo noveno, menciona que todas las decisiones que se tomen, así como de las actuaciones a favor de las niñas, niños y adolescentes deberán estar bajo el principio superior de la niñez, así como el garantizar en plenitud sus derechos principalmente para su sano esparcimiento y desarrollo integral.10

Dejando de lado lo jurídico, a continuación mencionaré unos datos duros acerca de la violencia sexual que se vive en México, ya que este delito va en aumento. Entre 2015 y 2016 se registraron de 27 mil a 30 mil casos en un año, presentando un aumento de 3 mil casos, además de que en el primer trimestre del presente año se presentó un aumento de un 8 por ciento con respecto del año pasado al mismo periodo. En 2016 se tenía un registro de cada 24 horas ocurrían 81 nuevas denuncias de violencia sexual en el país, siendo aproximadamente de 3 a 4 violaciones o abusos sexuales por hora.11

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nuestro país tiene de los presupuestos más bajos para combatir la violencia sexual, de hecho solo el 1 por ciento de los recursos destinados a la infancia está asignado a la protección de nuestro menores contra la violencia, abuso y explotación.12

La impunidad del delito de pederastia dentro de nuestras fronteras es tal que estados como Guerrero, en concreto la ciudad de Acapulco, se ha convertido  tristemente en un destino de turismo sexual para pederastas extranjeros, principalmente de Estados unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, entre otros; siguiéndole localidades como Cancún, Tijuana, Guadalajara y Tapachula los cuales son concurridos por estas personas.13

PUNTO DE ACUERDO

Único: Punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 Fundeu. “Pedofilo y pederasta no son equivalentes”. 29 de marzo de 2010.
http://www.fundeu.es/recomendacion/pedofilo-y-pederasta-no-son-equivalentes-566/

2 “Un país de ‘depravados’”. Reporte Índigo. MARÍA ALESANDRA PÁMANES. 12 de junio de 2017. http://www.reporteindigo.com/piensa/sustentabilidad/abuso-sexual-mexico-pederastia-hostigamiento-homicidio-delitos

3 “En 25 estados, el abuso sexual infantil es cosa menor; no lo consideran delito grave”. Excélsior.  ROLANDO AGUILAR, PEDRO TONANTZIN Y MIGUEL GARCÍA TINOCO. 23 de mayo de 2016. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094349

4 Idem.

5 “ABUSO SEXUAL INFANTIL: MANUAL DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES “ Save the Children. Noviembre 2001. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abuso_sexual.pdf

6 “Abusadores sexuales, identifícalos y aleja a tus hijos”. Salud y Medicinas.com. 11 de agosto de 2016. http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-infantil/prevencion/abusadores-sexuales-identificalos-aleja-hijos.html

7 Milenio. “La pederastia y la pedofilia: un análisis“. 9 de noviembre de 2014.
http://www.milenio.com/firmas/laura_telles/pederastia-pedofilia-analisis_18_406339408.html

9 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_230617.pdf 

10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

11 “Aumentan los delitos sexuales en México; en un año el registro subió de 27 mil a 30 mil casos”. Animal Político. Arturo Ángel. 3 de abril de 2017. http://www.animalpolitico.com/2017/04/delitos-sexuales-violencia-mexico/

12 “Un país de ‘depravados’”. Reporte Índigo. MARÍA ALESANDRA PÁMANES. 12 de junio de 2017. http://www.reporteindigo.com/piensa/sustentabilidad/abuso-sexual-mexico-pederastia-hostigamiento-homicidio-delitos

13 “En 25 estados, el abuso sexual infantil es cosa menor; no lo consideran delito grave”. Excélsior.  ROLANDO AGUILAR, PEDRO TONANTZIN Y MIGUEL GARCÍA TINOCO. 23 de mayo de 2016. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094349 






Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la instalación de bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, derivado de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito ABEL CRUZ HERNÁNDEZ, diputado del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud. La obesidad se puede medir con el Índice de Masa Corporal (IMC), dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para generar numerosas enfermedades crónicas, principalmente la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

2.- Es alarmante como los problemas de sobrepeso y obesidad han aumentado de una manera acelerada, de acuerdo a datos de la OMS, a nivel mundial en 2016, más de 1,900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 millones eran obesos, muriendo como mínimo 2,8 millones de personas. Es de gran importancia atender este tema de sobrepeso y obesidad, ya que la cifra se ha triplicado entre 1975 y 2016, aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también se presenta en los países de ingresos bajos y medianos.

3.- Es importante identificar las causas por las que las personas tienen sobrepeso, obesidad y diabetes entre otras enfermedades. Existen causas subyacentes que promueven el problema, entre las que se destacan la alta disponibilidad y accesibilidad a alimentos con elevada densidad energética y bebidas azucaradas; el bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas; el mercadeo masivo de alimentos procesados; los bajos precios relativos por caloría, tanto de alimentos procesados con alta densidad energética como de bebidas con azúcar adicionada, y la falta de orientación nutricional. 

4.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerto sobre los malos hábitos alimenticios en México, ya que, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, el 73% de la población adulta padece sobrepeso u obesidad. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que nuestro país se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial.

En la 35 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en Montengo Bay, Jamaica; evaluaron como bueno el trabajo de la Secretaria de Salud de México, brindando atención al tema de la diabetes y obesidad, también mencionaron que hace falta más acción gubernamental en esta problemática, así como que el sector alimentario tome parte, en cuanto a legislar sobre etiquetados claros y comprensibles de los alimentos y educación escolar.

5.- Es importante destacar que el alto consumo del refresco, se relaciona con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Como país, México es el campeón mundial en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Cifras de la OMS y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del 2017, indican que el mexicano promedio bebe 163 litros de refresco al año. Esta cantidad es 45 litros mayor que el estadounidense promedio y 7.3 veces más que el promedio mundial.

Según especialistas, 163 litros equivalen a beber 446 mililitros diarios de refresco equivalente a 1.3 latas de 355 mililitros al día, y 459 latas al año. En azúcar, beber esta cantidad de refresco es igual a comerse nueve cucharadas de azúcar, el doble del consumo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En México el consumo de las bebidas azucaradas es un factor de riesgo muy claro como causa de sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas.

6.- Es importante fomentar en las personas el consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas además de realizar actividad física. Este factor juega un papel fundamental en la formación de las habilidades de las personas, ya que resulta esencial para el desarrollo de las capacidades físicas, de razonamiento, funcionamiento cognitivo e interacción social de las personas, particularmente durante la infancia. Un buen nivel de salud brindará asimismo un buen desempeño de los individuos en sus actividades diarias. Por este motivo es importante combatir el problema desde las escuelas.

El agua simple potable es la elección más saludable y la bebida ideal para satisfacer las necesidades diarias de líquidos, ya que no tiene efectos adversos en individuos sanos cuando se consume en los intervalos aceptados.

Cabe destacar que, en septiembre de 2011, siguiendo el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 2010, México elevó a rango constitucional este derecho, incluyéndolo en el artículo 4to de la Carta Magna, garantizando que todos los mexicanos tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; atendiendo un problema que afecta a más de 10 millones de   habitantes, cerca del 10 por ciento de la población en el país.

En este sentido, es obligación del Estado garantizar el derecho al agua potable para que las personas puedan cuidar su higiene y salud, y adopten hábitos de vida y consumo más saludables.

El acceso garantizado al agua potable en las escuelas primarias es un factor fundamental para contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas, una de las causas de que México sea el país con mayor obesidad infantil en el mundo.

7.- En el Senado se logró incluir en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos para el 2014 que el 10% de la recaudación por concepto del impuesto especial sobre la producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinaría a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo.

Investigadores de México y Estados Unidos realizaron el estudio sobre el impacto de este impuesto desde que fue implementado. Los resultados son reales, pero de muy difícil interpretación. La venta de bebidas endulzadas se redujo en un 6.3% el primer año, mucho mayor en los hogares de bajo ingreso, mientras que en 2015 se vio una reducción de 9.7%. Por otro lado, las ventas de agua se incrementaron, en promedio, 16.2%.

Los resultados así, tal cual, aparentan ser muy positivos, pero hay detractores en varios campos. Las compañías refresqueras afirman haber experimentado una fuerte recuperación en las ventas de estas bebidas en 2016 y 2017; otros reportes añaden que esa venta de bebidas carbonatadas con azúcar (como la Coca-Cola, que es de consumo masivo en México) sólo se redujo en un 1.7%; la reducción más significativa fue de las bebidas azucaradas no carbonatadas, como jugos y Gatorade. Un efecto más del impuesto, al parecer, es que se venden más latas y botellas pequeñas que las presentaciones “familiares”. Otra clase de bebidas que experimentó un aumento de ventas fueron los refrescos dietéticos, pero ya otros estudios han demostrado que su consumo no ayuda a controlar el sobrepeso pues de cualquier manera se promueve un gusto por lo dulce.

De 2014 a octubre de 2017 se han recaudado alrededor de 82 mil 652 millones de pesos por el impuesto a bebidas, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El primero de enero de 2018 el impuesto a las bebidas azucaradas sufrió un ajuste pasó de 10% al 17.29% para quedar en 1.17 pesos por litro.

Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública alertaron que la disposición recaudatoria no cumplió totalmente con los fines para los que fue implementada en 2014, pues de los 82 mil millones de pesos, menos del 10 por ciento se ha destinado a la instalación de bebederos en escuelas.

Con base en información de la Auditoría Superior de la Federación, se sabe que en 2015 se instalaron bebederos en 5,964 escuelas del país. De cualquier forma, hoy en día más de 150,000 escuelas públicas y privadas en México deberían contar con un sistema de bebederos que garantice a los alumnos el acceso a agua limpia para beber. Así se estableció hace tres años al reformarse la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual indica que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) “procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable” prevista en la Ley, “en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del Decreto”.

Esto es contradictorio con el Sexto Transitorio que se incluyó en las Leyes de Ingresos de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que señala que los recursos recaudados del impuesto se deberán destinar a programas de prevención y a bebederos en escuelas.

Por todo lo anterior, Encuentro Social, expresa su preocupación por la población infantil, por ello hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sea transparente en la recaudación y uso de los recursos destinados a la instalación de bebederos en las escuelas. Educar a los niños de México a consumir agua en lugar de bebidas con alto contenido calórico, ayudara a combatir la crisis de salud por la que está pasando nuestro país, debido al problema de obesidad y sobrepeso.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita a esta Asamblea un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la instalación de bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, derivado de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Abel Cruz Hernández.- Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco.






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en torno al alto índice de asesinatos de candidatas y candidatos en el proceso electoral actual, al tiempo de implementar una estrategia con estricto apego a derechos humanos y perspectiva de género, que garantice a las y los contendientes a puestos de elección popular en los diversos ámbitos de gobierno y demás actores inmersos en la dinámica, su integridad y un ambiente propicio para los comicios. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato fortalecer sus acciones en materia de seguridad, ante el incremento de los homicidios dolosos en la entidad y hacer pública toda la información relacionada al Proyecto Escudo ante la falta de resultados en su implementación. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ integrante del grupo parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la falta de resultados en materia de seguridad, el actual mandatario del Estado de Guanajuato desde hace un año decidió bajar la guardia, soslayando su responsabilidad al alarmante recrudecimiento en la ola de violencia, inseguridad e incremento en los homicidios dolosos y optó por culpar a la Federación de que los delitos que se comenten son del fuero federal.

A inicios de este año, a pregunta de varios periodistas sobre la inseguirdad en la entidad, el mandatario estatal respondió que “yo ya hice y ya he hecho lo que me ha tocado y puedo dormir tranquilo.

Esta respuesta del gobernador Miguel Márquez demuestra su falta de sensibilidad para enfrentar la inseguridad y su poca responsabilidad en la situación más grave de violencia que ha enfrentado Guanajuato en su historia reciente.

Desde el mes de febrero de este año, la entidad está considerada en el primer lugar nacional de homicidios dolosos.

De enero a marzo de este año, en Guanajuato se cometieron 1,219 homicidios totales, equivalente a un 22% más que en el mismo periodo del 2017.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se cometieron en el país 11,939 homicidios.

Con estas cifras, podemos decir que los 1,219 homicidios cometidos en Guanajuato de enero a marzo representaron el 10.21% de los homicidios a nivel nacional.

Es importante reconocer la correlación alta de homicidios cometidos por arma de fuego respecto del total de homicidios dolosos. A nivel nacional al mes de marzo, el 71.3% de los homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego. Guanajuato tuvo la proporción más alta que fue del 85.7%.

Estos últimos datos han sido argumentos tramposos del gobernador Márquez para resposabilizar a la Federación de la falta de seguridad en la entidad y lavarse las manos, siendo omisio en su responsabilidad.

Para el mes de abril, guanajuato ocupó el tercer lugar nacional en indicidencia delictiva con 11, 530 carpetas de investigación abiertas.

Pero los hechos que han llamado la atención de expertos en seguirdad es que en 4 dias, del 21 al 24 de mayo, 15 municipios de la entidad padecieron una ola de vilencia dejando como resultado 46 homicidios dolosos.

En promedio se cometen 8 homicidios dolosos diarios, lo que de mantenerse esta tendencia, al final del año se habrán cometido 2,900 homicidios dolosos si las autoridades estatales siguen sin asumir sus responsabilidad y no colaboran con la Federación en atender toda la gama de delitos que se comenten como el robo de combustible, a trenes y camiones de carga.

El gobernador Marquéz debe reconocer que la estrategia de seguridad es el mayor fracaso de su administración y que el Proyecto Escudo no funcionó para inhibir la incidencia delictiva cuando a comienzos de 2012 era ya una amenaza en toda la entidad.

Dado que toda la información del Proyecto Escudo se mantiene oculta bajo la modalidad de clasificada como reservada, quien suscribe el presente Punto de Acuerdo tuvo acceso a la siguiente información vía transparencia y sólo se sabe que:

1. Se contrató a una sola empresa de nombre Seguritech Privada, S.A. de C.V. por un importe total de $2,722,343,413 pesos, pero que esta a su vez tiene contrato con proveedores que realizan el mantenimiento a las cámaras de seguridad instaladas por territorio guanajuatense.

2. No existen rubros para detallar la erogación de los $2,722,343,413 pesos, pues es por un sólo servicio.

3. La erogación de los $2,722,343,413 pesos es por la prestación de servicios para el diseño, funcionamiento y mantenimiento del Sistema Integral de Enlace y Monitoreo en materia de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato.

4. No existe un padrón de proveedores, pues el Gobierno del Estado no celebró ningún acto jurídico con otra empresa, sólo con Seguritech Privada, S.A. de C.V. y a esta le corresponde informar sobre los actos jurídicos con otras empresas relacionadas al Proyecto Escudo.

5. El mantenimiento de las cámaras de vigilancia se realiza de forma permanente, pero no se aportan más datos.

6. No existen indicadores de medición del Proyecto Escudo, por lo que desde su implementación ninguna persona o institución han realizado alguna evaluación al respecto.

7. No hay reuniones entre las instancias de seguridad estatal y las autoridades municipales de la entidad relacionadas al Proyecto Escudo, sólo para tratar temas generales de seguridad pública.

Con las anteriores respuestas dadas por la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del Estado, resulta insuficiente saber cómo opera el Proyecto Escudo, pero lo más alarmante de todo es que no existan indicadores de medición de desempeño, así como tampoco se hagan públicos los resultados de su funcionamiento, los que como todos sabemos, son resultados negativos que tienen bañado en sangre a la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Gobierno del Estado de Guanajuato a fortalecer sus acciones en materia de seguridad ante el incremento de los homicidios dolosos en la entidad.

SEGUNDO. Asimismo, se solicita al Gobierno del Estado de Guanajuato, haga pública toda la información relacionada al Proyecto Escudo ante la falta de resultados en su implementación por la alarmante y preocupante situación de inseguridad y violencia que registra la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua de todos los hogares de México. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México a investigar y cuantificar los recursos erogados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México a favor de las candidatas de la Coalición “Por la Ciudad al Frente”, Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez en un evento del “Día de las Madres”, y dichas cantidades se contabilicen a sus gastos de campaña. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, JUAN ROMERO TENORIO, Diputado integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE Y CUANTIFIQUE LOS RECURSOS EROGADOS POR EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FAVOR DE LAS CANDIDATAS DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD AL FRENTE”, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO Y GABRIELA JIMÉNEZ EN EL EVENTO QUE AQUÍ SE DESCRIBE, Y DICHAS CANTIDADES SEAN ABONADAS A SUS GASTOS DE CAMPAÑA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Entre el 14 y el 17 de mayo de este año, alrededor de 500 trabajadoras afiliadas al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de Ciudad de México, integrantes de diversas secciones sindicales, recibieron menajes a través de watts up en los que se les avisaba que el Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México las invitaría a un festejo para celebrar el Día de las Madres. En dicho mensaje aparecían las fotografías del líder sindical Juan Ayala Rivero y del candidato presidencial Ricardo Anaya.

2. En el mensaje se advertía que las invitaciones serían enviadas al domicilio particular de cada una de ellas. Un ejemplo del texto del mensaje es el siguiente:

A TODO EL PERSONAL DE ESTE HOSPITAL:

Se hace de su conocimiento que el SUTGCDMX, del cual somos integrantes, está llevando (sic) una serie de festejos para celebrar el día de la madres en toda la ciudad, para las madres trabajadoras del SUTGCDMX, por lo cual no les caiga de extraño de que lleguen a sus domicilios compañeros sindicalizados de nuestra organización (de cualquiera de las 42 secciones), para visitar sus domicilios y hacerles personalmente la invitación para dicho festejo, reciban un cordial saludo.

ATTE.

Secretaría de acción juvenil Sección 13 Rama Médica.

3. El desayuno y la correspondiente rifa de electrodomésticos tuvieron lugar el sábado 19 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón Ícaro, ubicado en Amado Nervo N° 53, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 11330, Delegación Miguel Hidalgo. En el salón había aproximadamente 50 mesas dispuestas para 10 personas cada una. El desayuno comenzó puntualmente, y terminado éste dio inicio la rifa de electrodomésticos entre las madres asistentes. Se rifaron: pantallas de televisión, lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas, bolsas, cosmetiqueras y más.

4. Los animadores de la rifa comenzaron a hacer llamados a unirse a la Coalición “Por México al Frente” y a votar por las candidatas Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez, esta última presente en el evento, a la que dieron el uso de la palabra. Mientras transcurría la rifa, en las pantallas que rodean el salón, comenzaron a aparecer los spots promocionales de la candidata Barrales Magdaleno, como la “tarjeta para las jefas” y la tarjeta para los estudiantes.

5. Las trabajadoras asistentes al festejo del Día de las Madres, incómodas por el engaño, intentaron salir del salón; pero para entonces las puertas estaban cerradas y custodiadas por vallas de organizadores que impedían la salida.

6. A cada trabajadora que resultó premiada en la rifa le entregaron un “certificado” a manera de vale por el premio obtenido y les prometieron que se los llevarían a sus domicilios particulares. Para recibirlo, ellas deberían presentar el “certificado” que acababan de entregarles y dos copias legibles de su credencial para votar.

7. Así, un evento que se convocó para festejar a las madres trabajadoras fue transformado por los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en un acto electoral, en el que pueden presumirse diversas infracciones, como veremos a continuación.

a) Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México hicieron uso indebido de los datos personales de las trabajadoras afiliadas al sindicato, pues sin su autorización personas ajenas accedieron a sus domicilios particulares y a sus números telefónicos, en clara falta a lo previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

b) Alrededor de 500 trabajadoras afiliadas al mencionado Sindicato fueron invitadas a participar en un evento conmemorativo del Día de las Madres; sin embargo, los dirigentes sindicales lo transformaron en un acto de tipo electoral en el que se entregaron regalos a las asistentes, que están lejos de ser elaborados con materiales textiles, como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

c) Para llevar a cabo un evento de esta naturaleza deben realizarse gastos diversos como el arrendamiento del inmueble, su acondicionamiento con 50 mesas para recibir a 10 comensales en cada una, arreglos florales en cada mesa, pantallas y sonido adicionales al desayuno propiamente dicho. Además se hicieron otros gastos para la adquisición de los electrodomésticos que se rifaron. Estos gastos deben sumarse a los gastos de campaña de las candidatas Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez ya mencionadas.

Al parecer estas organizaciones sindicales se niegan a abandonar las prácticas corporativistas y patrimonialistas heredadas de los sindicatos charros de filiación priista. Aquellos que asumieron siempre que la organización sindical era de su propiedad y que también lo era la gente que integraba esa organización. Por eso podían disponer de los trabajadores para llevarlos a movilizaciones de apoyo a los candidatos y comprometer los votos como si también les pertenecieran. En 1988 por ejemplo, los líderes de la CTM se dieron el lujo de prometer 20 millones de votos obreros al candidato del PRI.

Ahora, en pleno siglos XXI, la dirigencia del sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México repite las viejas prácticas corporativas y se dedica a promocionar candidaturas a cargos de elección popular y a utilizar a sus afiliados en movilizaciones proselitistas y a comprometer el voto corporativamente con tal o cual candidato.

Además, los líderes de esta organización sindical utilizan los recursos financieros de la organización para realizar eventos que son ajenos a su naturaleza gremial. La política electoral es facultad legal de los partidos políticos. Al sindicato le corresponde representar los intereses de sus agremiados frente a su contraparte patronal.

En consecuencia, el sindicato debe dejar en libertad a sus agremiados para que opten por el o los candidatos de su preferencia. Los dirigentes no deben decidir por cual partido votarán sus integrantes. La libertad política es un valor esencial de la democracia, por eso hay que protegerla y defenderla.

8.- El país y la Ciudad de México se encuentran inmersos en un proceso electoral. Los candidatos y los partidos que los apoyan están obligados, como todos los ciudadanos, a respetar la ley. En materia de propaganda electoral la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente establece con toda claridad en su artículo 209 numeral 4 que “Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.” Sin embargo, es frecuente observar en las campañas electorales en la Ciudad de México, que algunos candidatos regalan artículos que están lejos de haber sido elaborados con material textil, como son los obsequios de bultos de cemento, tinacos, materiales de construcción; refrigeradores, televisiones, lavadoras, tabletas y computadoras y más.

La misma Ley establece en el numeral 5 del artículo ya mencionado que “La entrega de cualquier tipo de material [que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.

Y el numeral 6 prevé que: “El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley.”

Por otra parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece en su artículo primero párrafo sexto que son sujetos obligados… : “Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.”

Así mismo la Ley General de Delitos en Materia Electoral señala:

“Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;”

Conscientes de que la justicia electoral es un mecanismo adecuado para que los ciudadanos puedan expresar con libertad sus preferencias políticas para dar viabilidad al sistema democrático,  nos pronunciamos por el respeto y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, que reclaman elecciones libres, justas y auténticas. En consecuencia, ponemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que en ejercicio de sus atribuciones, investigue y cuantifique los recursos erogados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en el evento que éste realizó para festejar el “Día de la Madre” que tuvo lugar el sábado 19 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón Ícaro, ubicado en Amado Nervo N° 53, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 11330, Delegación Miguel Hidalgo y se utilizó como un acto proselitista a favor de las candidatas a la Jefatura de Gobierno y a la diputación local del distrito V por la Coalición “Por la Ciudad al Frente”, Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez respectivamente, y dichas cantidades se contabilicen a los gastos de campaña de estas candidaturas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México a abstenerse de utilizar corporativamente los recursos humanos y financieros de su organización para realizar actos de proselitismo a favor de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, se le exhorta a dejar en libertad a sus afiliados para que apoyen y, en su caso, voten por los candidatos de su preferencia, reconociendo así que la libertad política es un bien esencial de la democracia.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a que en base a sus atribuciones y facultades investigue la presunta utilización de coacción o amenaza de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México en contra de sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, como fue el caso del evento que este gremio realizo para festejar el “Día de la Madre” que tuvo lugar el sábado 19 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón Ícaro, ubicado en Amado Nervo N° 53, Colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 11330, Delegación Miguel Hidalgo y se utilizó como un acto proselitista las candidatas a la Jefatura de Gobierno y a la diputación local del distrito V por la Coalición “Por la Ciudad al Frente”, Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez respectivamente.

Recinto de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Juan Romero Tenorio.






Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a sus homónimas en los estados de la República a crear un programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que éstas reciban promoción y difusión a nivel nacional e internacional, fomentando así el desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable al interior de las zonas metropolitanas. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A SUS HOMÓNIMAS EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA EN EL QUE SE PUEDA CONSIDERAR A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTAS RECIBAN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, FOMENTANDO ASÍ EL DESARROLLO E INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SUSTENTABLE AL INTERIOR DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México siempre se ha caracterizado por su turismo cultural, el cual es definido por la Secretaría de Turismo como: “el viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar diversos rasgos y elementos distintivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico”.1

El desarrollo del turismo es una oportunidad no solo de aprovechar el patrimonio cultural de nuestro país, sino también como una oportunidad para generar recursos para su conservación y desarrollo. En este sentido también tenemos que definir al patrimonio cultural tangible, ya que estos son elementos materiales de valor monumental, artístico y simbólico que en los pueblos se van elaborando o edificando a través de su historia y pueden ser observados y disfrutados en la actualidad.2

Existen muchos lugares en México que son verdaderos senderos culturales; lugares de gran importancia, historia y belleza, pero que no pueden ser considerados  dentro del programa existente de “Pueblos Mágicos”, dejándolos fuera de la oportunidad de obtener difusión y conocimiento entre los turistas.3

Existen varios municipios de nuestro país que se caracterizan por sus tradiciones culturales e históricas, desde colonias, mercados, parques, casonas o simplemente calles que tenemos encerrados dentro de las diversas zonas metropolitanas de nuestro país, pero que no pueden ser beneficiados por los programas de turismo hoy existentes. La promoción e inclusión de estos rincones resulta necesaria para el desarrollo turístico de estos municipios,4 pues son sin lugar a duda puntos dentro de las ciudades que tienen mucho que ofrecer.

Por lo anterior propongo la realización del programa “Rincones con magia”, el cual identifique y promocione los municipios que, dentro de las Zonas Metropolitanas de México, tengan las características culturales, históricas, o turísticas necesarias para incrementar su desarrollo turístico.

CONSIDERANDOS

Lugares como Coyoacán o San Pedro Tlaquepaque son dos excelentes ejemplos de lugares con un alto valor cultural que al estar dentro de zonas metropolitanas han quedado fuera de la promoción que ofrece el programa de Pueblos Mágicos.

México cuenta con 48 sitios en la lista de patrimonio mundial, de los cuales 12 son bienes naturales, 34 bienes culturales y 2 mixtos, legado de lugares con riqueza natural y cultura, como por ejemplo el centro histórico de puebla o Oaxaca, zonas arqueológicas, como la ciudad prehispánica de Tajín o lugares como el Hospicio Cabañas en Guadalajara o la reserva de biosfera de la mariposa monarca.5

A pesar de tener los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos,6 el programa rechaza la incorporación de municipios que se encuentren dentro de las Zonas Metropolitanas.

Por todo lo anterior se exhorta a la Secretaría de Turismo y a sus homónimas en los estados de la república para la creación de un programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que estas reciban promoción y difusión a nivel nacional e internacional, fomentando así el desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable al interior de las zonas metropolitanas.

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta a la Secretaría de Turismo y a sus homónimas en los estados de la república para la creación de un programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que estas reciban promoción y difusión a nivel nacional e internacional, fomentando así el desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable al interior de las zonas metropolitanas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 Secretaria de Turismo. (13 de mayo de 2015). Riqueza de México #TurismoCultural. Consultando en: https://www.gob.mx/sectur/articulos/riqueza-de-mexico-turismocultural?idiom=es

2 Ídem.

3 Lourdes Arizpe. Cultura e identidad mexicanos en la era global. Revista de la universidad. Unam. Consultado en: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9211/pdf/92arizpe.pdf

4 Secretaria de Turismo. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos. 26 de septiembre de 2014. Consultado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/273028/Acuerdo_Lineamientos_Generales_Pueblos_Ma_gicos_DOF_260914.pdf

6 Secretaria de Turismo. (16 de noviembre de 2017). Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos. Consultado en:
https://www.gob.mx/sectur/documentos/lineamientos-generales-para-la-incorporacion-y-permanencia-al-programa-pueblos-magicos






Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer o, en su caso, implementar el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, intensifiquen las políticas públicas que promuevan y difundan la donación voluntaria de sangre entre los mexicanos, con la finalidad de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud. Se turna a la Segunda Comisión.

FRANCISCO SARACHO NAVARRO, Diputado Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La acelerada vida cotidiana en la que actualmente nos desenvolvemos, no nos permite estar exentos de alguna contingencia de salud que amerite hospitalización, tratamiento e incluso una intervención quirúrgica de emergencia, del cual dependerá la total recuperación del padecimiento que se esté sufriendo, ya sea que ello ocurra sobre nosotros mismos o  algún familiar.

Ante tal escenario, las personas que se encuentren involucradas en una situación de este tipo, deberán estar pendientes del tratamiento que su familiar recibirá, debiendo colaborar en los requerimientos que le sean solicitados por los médicos o institución de salud, ya que es común que se requiera determinado número de personas para que donen sangre en reposición, por lo que en la medida que tal petición sea satisfecha, la transfusión podrían realizarse en forma pronta, siempre que de ello no dependa o se comprometa la vida del paciente, de ahí que una transfusión de sangre pueda marcar una línea muy delgada entre la vida y la muerte.

Advertimos que con tal espera, las instituciones de salud, públicas o privadas, no se encuentran respaldadas con los medios necesarios para aplicarla a algún tratamiento que requiera la disponibilidad de reservas sanguíneas, o bien, en caso de contar con tales reservas y utilizarlas, que no se agote su existencia.  

Los fluidos sanguíneos tienen un gran impacto terapéutico, debido a que cuentan con diferentes componentes que pueden ser aplicados a enfermos con diferentes padecimientos, de ahí la importancia de la donación de sangre, puesto que con su realización, se contribuye a los tratamientos de muchas personas que lo requieren para lograr su total recuperación.

Al respecto, la donación de sangre es un acto que los individuos deberían realizar voluntariamente, generando reservas disponibles de sangre para contribuir con la recuperación y atención médica que reciben otros individuos enfermos, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, sin embargo, a pesar de los beneficios de la donación sanguínea, en nuestra sociedad existen obstáculos para ello, tales como la falta de una cultura de donación voluntaria de sangre, por la existencia de convicciones religiosas que no la aceptan, desinterés generalizado por el tema, así como de la existencia de ideas sustentadas en el temor a infecciones o enfermedades, lo cual en su conjunto impiden su desarrollo y consolidación de la donación voluntaria de sangre, como un instrumento de apoyo a la atención médica.

Bajo esas circunstancias, el derecho humano a la salud se ve comprometido por circunstancias fácticas, como lo es la ausencia de reservas sanguíneas disponibles, lo que atenta contra el contenido del párrafo cuarto del artículo 4 constitucional, que señala lo siguiente:

“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."

En ese sentido, el espíritu de la donación voluntaria de sangre radica en “donar, recibir y devolver”, cimentándose una cultura de apoyo y solidaridad hacia las personas que la necesitan para recibir algún tratamiento y recuperarse o mitigar los efectos de algún padecimiento, aunado a ello, sería necesario fortalecer y mejorar la estructura de bancos de sangre, en la que se atraiga a los donadores, dándoles confianza y certeza, siempre que cuente con los siguientes aspectos:

“…1. Información de las necesidades de sangre.

2. Adecuadas instalaciones.

3. Buena organización.

4. Tiempos de espera cortos.

5. Personal afable y técnicamente capacitado.

6. Facilidades para la donación.

7. Confidencialidad…”1

La Organización Mundial de la Salud refiere la necesidad de que en nuestro país se pueda llegar a 50 donantes por cada 1000 habitantes, parámetro internacional que desafortunadamente no se cumple en nuestro país, advirtiéndose la debilidad de las acciones, estrategias y políticas públicas que impulsen la donación voluntaria de sangre, lo que se combina con el desinterés que hay en la población para participar en este tipo de prácticas.

En ese tenor, en la mayoría de las ocasiones en nuestro país, la sangre se logra recolectar en los hospitales mediante el requerimiento realizado a los familiares de un paciente atendido por algún padecimiento, tal como lo referimos en párrafos anteriores; existen datos de 2011 de los que se advierte que “…a nivel nacional, la donación de reposición ocupa el 97% y sólo el 3% corresponde a la donación voluntaria y/o altruista”2, lo cual es preocupante, puesto que además de ser limitadas las reservas disponibles en los bancos de sangre, por las circunstancias en que se realiza la donación de recuperación, podría estar sujeta a más riesgos de contaminarse que realizándose de manera voluntaria o altruista.

Resulta importante se impulse la cultura de la donación voluntaria de sangre entre toda la población mexicana, con la finalidad de que sea una práctica habitual y permanente para generar reservas sanguíneas que estén a disposición de las instituciones de salud y/o médicos, en la salvaguarda de la salud y de la vida de quienes lo necesiten, lo que podrá lograrse a través de la intensificación de acciones, estrategias o políticas públicas que las autoridades de salud emitan que permitan incrementar a estándares internacionales el número de donadores, lo que fomentaría el apoyo y solidaridad generalizada para los necesitados.

La intensificación de las políticas públicas relativas a la promoción y difusión de la donación voluntaria de sangre, deben de guardar armonía y coordinación con la NOM 253-SSA1-2012, con la finalidad de que los potenciales donadores satisfagan los filtros de seguridad para ser elegibles, o bien, sean inhabilitados indefinida o temporalmente, permitiendo que el fluido sanguíneo donado, sea totalmente sano, y de esa manera se garantice el derecho humano a la salud de las personas que lo vayan a recibir en una transfusión. 3

Al respecto, la fracción III del artículo 313 de la Ley General de Salud, nos señala que el impulso de las políticas públicas en materia de donación de sangre, es competencia de la Secretaría de Salud, lo cual se establece en los siguientes términos:

“Compete a la Secretaría de Salud:

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea;…”

Al estar contenida la dirección de la políticas, en lo que hace a la donación de sangre, dentro de las facultades legales de la Secretaria de Salud, es que exhortamos a dicha autoridad, para que en coordinación con su desconcentrado, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, las intensifique, a través de campañas permanentes en todo territorio nacional, promoviendo y difundiendo la donación voluntaria de sangre en todo el país, con la finalidad de incrementar el número de donadores y las reservas, seguras, con calidad de sangre, tomando en cuenta su importancia para fines terapéuticos y como una forma de garantizar el acceso al derecho humano a la salud de todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, intensifiquen las políticas públicas, a través de campañas permanentes en territorio nacional, que promuevan y difundan la donación voluntaria de sangre entre los mexicanos, con la finalidad de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Francisco Saracho Navarro.


1 PICHARDO MARTINEZ, María de Jesús, Estrategias de reclutamiento de donadores de sangre en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, Volumen 4, Número 2, mayo-agosto, 2011, página 109.

2 PICHARDO MARTINEZ, María de Jesús, Ob. Cit, nota número 1, página 107.






De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Yucatán a garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del estado a su cargo y a no utilizarlas con fines electorales, evitando con ello atentar contra la calidad y estilo de vida de sus habitantes, así como para no poner en riesgo el estado de derecho en esa entidad federativa. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal KATHIA MARÍA BOLIO PINELO, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A SU CARGO Y A NO UTILIZARLAS CON FINES ELECTORALES, EVITANDO CON ELLO ATENTAR CONTRA LA CALIDAD Y ESTILO DE VIDA DE SUS HABITANTES, ASÍ COMO PARA NO PONER EN RIESGO EL ESTADO DE DERECHO EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La fiscalización de los recursos públicos es sin duda una de las tareas fundamentales que se realiza por el Poder Legislativo tanto a nivel federal como local.

Considerando esta importante facultad, es que fue contemplada su participación como órgano integrante del Sistema Nacional Anticorrupción en su calidad de órgano vigilante de la correcta aplicación de los recursos públicos federales, el cual ha sido replicado en el ámbito de las Entidades Federativas.

De esta manera, en el caso específico de los Estados, las Entidades de fiscalización locales se han vuelto fundamentales, para que en coordinación con los titulares de los Poderes Ejecutivos locales se genere un mejor esquema de coordinación, y en consecuencia el fortalecimiento del desarrollo adecuado de nuestra democracia siendo un factor fundamental para evitar que la corrupción siga lastimando el desarrollo político, económico y social de nuestro país.

Sin embargo, recientemente se han presentado algunos casos en los que se utiliza a las entidades de fiscalización locales como un medio para realizar prácticas antidemocráticas en los procesos electorales generando confusión en la sociedad y desprestigiando a los candidatos del PAN y Movimiento Ciudadano, como ocurre actualmente en el Estado de Yucatán.

En el transcurso de los últimos días, la presidenta municipal del Municipio de Mérida, María Fritz Sierra, ha manifestado su extrañeza debido a que el Ayuntamiento está siendo objeto de procesos legales atípicos que se realizan por parte de diversas instituciones como la Auditoría Superior del Estado de Yucatán a raíz de una serie de presuntas denuncias presentadas el 3 y 4 de mayo. La alcaldesa informó que esa dependencia ha solicitado en copia certificada, con inusitada celeridad, documentos relacionados con diversas empresas que prestan servicios al Ayuntamiento de Mérida, documentos todos que ya habían sido previamente revisados y auditados por la propia Auditoría y aprobados posteriormente por el Congreso del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2016, requerimientos que además, coinciden con un citatorio realizado a varios funcionarios municipales por parte de la Fiscalía General del Estado por un asunto que ha sido aclarado desde el año pasado.

Como se observa, las acciones que ha venido realizando la Auditoría Superior del Estado de Yucatán está generando confusión en la sociedad, toda vez que se trata de casos que ya han sido solventados tanto por el Congreso Local como por las autoridades del Ayuntamiento de Mérida, este último, en estricto cumplimiento a su obligación de transparentar el uso de los recursos públicos y de rendir cuentas, demostrando su correcta aplicación en obras de infraestructura fundamentales para sus ciudadanos.

Los hechos antes descritos, muestran un panorama de las prácticas indebidas que aún se realizan en los gobiernos locales y que sin lugar a dudas deben ser erradicadas.

Hoy es necesario y urgente que se fortalezca a la máxima autoridad responsable de la fiscalización de los recursos públicos locales, como un instrumento indispensable para garantizar a las familias mexicanas la seguridad de un futuro libre de prácticas de corrupción, así como dejar de utilizar a las áreas de procuración de justicia como entes para afectar la equidad en las contiendas electorales.

Es por todo lo anterior, que sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estado de Yucatán, a garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del estado a su cargo y a no utilizarlas con fines electorales, evitando con ello atentar contra la calidad y estilo de vida de sus habitantes, así como para no poner en riesgo el Estado de Derecho en esa entidad federativa.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Dip. Federal Kathia María Bolio Pinelo.






Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las diversas autoridades del gobierno federal, del estado de Guerrero, del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar las acciones correspondientes a fin de dar pronto y cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa”. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal que mantengan contratos con empresas de subcontratación, a corroborar que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL LAS CUALES MANTENGAN CONTRATOS CON EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN, A QUE CORROBOREN QUE ÉSTAS CUMPLAN CON EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 28 de septiembre de 2012 se aprobó en el pleno de la H. Cámara de Diputados, una iniciativa enviada por el entonces presidente Felipe Calderón, la cual era de carácter urgente, ya que contenía reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas agregar los artículos del 15-A al 15-D sobre la regulación de la subcontratación (Outsourcing).1

En 1980 el término outsourcing fue creado por la creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. El principal país en utilizarlo es Estados Unidos, en el cual el gasto en prestaciones offshore triplica al de la totalidad de los países del continente europeos.2

La definición de outsourcing es un término inglés que está compuesto por dos palabras "out" que significa fuera y "source” cuyo significado es fuente u origen, es decir, se refiere a una fuente externa; es usada comúnmente en ámbito empresarial como subcontratación, externalización o tercerización.  Es un proceso empleado por una empresa o compañía, la cual contrata otra empresa u organización para que ésta desarrolle alguna actividad o cubra alguna área de la empresa contratante.3

De acuerdo con varios autores, el objetivo de dicho proceso es el de encontrar una fuente externa que pueda funcionar en un área del negocio de manera más eficiente, obteniendo así más tiempo y recursos para centrarse en los aspectos clave de la gestión empresarial. Sin embargo, en la práctica este es un gran beneficio para las empresas, ya que al usar el outsourcing para la contratación de personal, a pesar de arriesgarse a no fomentar la lealtad entre sus empleados, a estos también los perjudican, ya que no generan una antigüedad en el puesto, no ganan mayor experiencia debido a la rotación continua de personal, en muchas empresas no hay posibilidades de una mejora laboral, decrece la curva de aprendizaje, puede generar estancamiento profesional, además de considerarse fácilmente remplazables.4

En nuestro país existen empresas de subcontratación dedicadas a la limpieza, seguridad, mantenimiento informático, asesoría legal, entre otras; estas empresas continuamente son contratadas por otras empresas, lo cual al estar regulado por la ley y es correcto, sin embargo, de manera continua se sabe de abusos y evasión de algunas obligaciones patronales; por ejemplo, existen empresas que subcontrataban al total de sus empleados, con la finalidad de evitar el reparto de utilidades y generar un ahorro de cargas sociales al implementar prácticas desleales ante el fisco, situaciones de despidos injustificados, entre otros.5

El Artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo menciona que:

“La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última”.6

A pesar de lo estipulado, existen empresas en las que no respetan los derechos de los trabajadores, a los cuales no se les proporciona el material, uniformes o prestaciones de ley y donde la empresa contratante no se hace responsable de ellos. Contrariamente a que en muchas ocasiones este tipo de actos son evidentes, dentro de la misma H. Cámara de Diputados contamos con el servicio de una empresa de subcontratación de personal de intendencia, misma que por servir dentro del Palacio Legislativo creeríamos que cumplen con todas las disposiciones de ley, sin embargo, esto no sucede así. Un ejemplo de ello es cuando ordenan al personal de limpieza a barrer el agua de lluvia estancada en las calles aledañas al recinto, donde el personal lo hace en ocasiones descalzos para evitar mojar sus propios zapatos con los que trabajan el resto del día, esto ocasionado porque no se les proporcionan botas plásticas, y donde si ellos desean no mojarse, deben adquirir de manera propia su material de trabajo. Otro abuso cometido en este mismo edificio es el control absurdo a los insumos de limpieza, ya que el material es entregado por semana y en cantidades ridículas, mismas que deben hacer rendir para cumplir sus obligaciones, aunado a esto se les cobran comisiones para entregarles sus pagos, todo esto permitido ya que cada determinado tiempo la empresa cambia de nombre y de razón social sin entregar ningún finiquito o liquidación a los empleados, y donde mágicamente se adjudican los contratos constantemente, y a los empleados, en su mayoría personas de la tercera edad, no les queda más remedio que aceptar o quedarse sin trabajo; de igual forma se aplican de manera injusta descuentos dobles por retardos o faltas, cinco días de vacaciones al año incluyéndoles el día de descanso, entre otras cosas que pasan inadvertidas para las autoridades y para nosotros mismos.

Pues bien, para evitar todos los abusos arriba mencionados, las empresas contratantes, como lo menciona el artículo 15-C antes citado, tienen la obligación de cerciorarse periódicamente de que no se menoscaben los derechos de los trabajadores, es decir, contratar los servicios de empresas serias y profesionales, con experiencia y capacidad de no solo cumplir con lo que las empresas contratantes requieren, sino también con su personal para que estos a su vez proyecten un trabajo eficiente y profesional.

CONSIDERANDOS

El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo menciona:

Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas siguientes:

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Por lo antes mencionado se solicita a todas las instituciones de gobierno en cualquiera de sus ámbitos a que cumplan con los preceptos del artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta a los titulares de las instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 Sandoval, F. (2012). Diputados aprueban Reforma Laboral privilegiando cúpulas sindicales. agosto 02, 2017, de Animal Político Sitio web: http://www.animalpolitico.com/2012/09/aprueban-en-lo-general-la-reforma-laboral/

2 Almanza, M. & Archundia, E. (2015). El Outsourcing y la Planeación Fiscal en México. Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato.

3 Ídem.

4 Colegio de Contadores Públicos de México. (mayo, 2013). Causa y efecto de la Reforma Laboral en el outsourcing. Boletín de Investigación de la Comisión de Desarrollo Seguridad Social - Sur, Núm. 2, 15.

5 Ídem.

6 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (1970) Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas urgentes para investigar los casos de secuestro, así como los que incitan a la prostitución en las redes sociales. Se turna a la Primera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS, PARA QUE SE TOMEN MEDIDAS URGENTES PARA INVESTIGAR LOS CASOS DE SECUESTRO, ASÍ COMO LOS QUE INCITAN A LA PROSTITUCIÓN EN LAS REDES SOCIALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las actividades tabús que generan muchas situaciones de riesgo y daño principalmente hacia las jóvenes y niñas de nuestro país, es la trata de personas, este atroz delito, violenta deliberadamente la vida de las personas que son privadas de la libertad para utilizarlas como una mercancía.

La actividad relacionada con la sexualidad es una actividad viva, cambia, crece y encuentra nuevas formas de expresarse, esto considerando las actividades normales, las que se encuentran dentro de los parámetros morales y adecuados para el desarrollo humano.

En los últimos años se han acrecentado las actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas y los delitos relacionados a ella, en varias ciudades hay problemas por la cantidad de formas de prostitución.

Las circunstancias donde se intercambian sexo y dinero son complejas, y están insertas en contextos sociales, económicos, culturales e históricos, la trata de personas es uno de los flagelos que más avivan la prostitución, contra la voluntad de las personas involucradas en ello.1

Las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los responsables de la comisión de delitos relacionados con la venta de sexo, en los últimos años han realizado una importante labor, sin embargo, la incidencia en la realización de esas conductas delictivas continúan y encuentran nuevas formas de visualización y movilidad, en este rubro se ha investigado sobre todo a las trabajadoras en calle, así como las expresiones del estigma y de exclusión social; la literatura epidemiológica es inmensa. También ha habido trabajos geográficos que investigan las zonas de tolerancia y los conflictos vecinales, el enfoque criminológico y el jurídico se han concentrado en el impacto de los regímenes legales para controlar la prostitución.

Sin embargo, no son solo estos parámetros sobre los que debemos poner atención, la explotación sexual y la trata de personas se entrelazan con privación ilegal de la libertad que tiene diferentes objetivos y fines; la esclavitud sujeta a condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la  explotación laboral, el  trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, o incluso la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años2

Los criminales no son ignorantes, ni están alejados de los avances tecnológicos, al contrario, son ellos quienes en algunas ocasiones introducen al desarrollo de una comunidad nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas necesidades que les permiten avanzar en su carrera criminal.

Así, la barrera entre un depredador sexual y un niño en internet es tan delgada como la misma pantalla de una computadora. Detrás de un monitor pueden ocultarse mentes criminales entrenadas para hacer “clic” y enganchar a cualquiera de los 15 millones de usuarios del internet que navegan en México.

Un simple “Me gusta” en Facebook, un inofensivo piropo en el mail, o un “yo sí te comprendo” en el chat pueden ser el inicio de una sofisticada estrategia para enganchar a menores de edad con fines de extorsión, explotación sexual o secuestro3

Incluso ahora existen mensajes de texto enviados por WhatsApp a través de los cuales ofrecen “trabajo” en tiendas de productos eróticos, o en agencias de edecanes; en los que señalan números telefónicos para que te comuniques; Facebook, WhatsApp y los chats de diversas páginas de internet se han convertido en las herramientas de ligue de los proxenetas para involucrar en su negocio hasta a 10 mujeres al mismo tiempo, informó Mariana Wenzel González, Directora General de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS).4

La especialista explicó en entrevista que los tratantes de personas ofrecen amor y atención a sus víctimas para enamorarlas y después en un estado de dependencia, la someten a la explotación sexual.5 El lenón es el perfecto escuchante: les pregunta a su víctima ¿cómo está? ¿qué tal estuvo su día? ¿qué tal su relación con su grupo cercano? analiza su vida para ganarse su confianza.

Los delincuentes buscan usuarios desprevenidos en las redes sociales; ellos se arriesgan menos a ser descubiertos y a ser atrapados, porque los operativos cibernéticos no son tan eficaces como pueden ser los operativos físicos; y los pederastas bajo el anonimato de la red logran un nivel de relación con el menor de tal grado de solidez, que los niños les dan preferencia sobre la que tienen con sus propios familiares.6

Esta empatía malévola sigue un proceso sistemático. Los depredadores se preparan para entenderlos, saben qué les gusta, cuáles son los temas de moda entre ellos, y se hacen pasar por sus mejores amigos.

Los acosadores se mueven en los sitios más populares entre los menores de edad y un simple “hola” es apenas la primera de las siete etapas de su método conocido como grooming o cortejo con el que buscan el encuentro físico para perpetrar luego los diferentes delitos; después del primer “clic” en el ciberespacio entre un pederasta y un niño, el criminal se enfoca en hacerle creer a su víctima todas las cosas que tienen en común7

Entonces la Internet es un magnificador, todo lo que se puede hacer en la vida real se puede hacer mil veces o millones de veces más en la red. Si eres una buena persona, entonces en internet puedes ayudar a mucha gente, pero si eres un criminal también puedes dañar a muchos. Aprovechan las cuentas de Facebook, Whatsapp y Skype para atraer a niños y adolescentes integrándolos a su red de trata de personas. Los menores son las víctimas, pero no lo saben. Los tratantes suelen esconderse en nombres falsos y, la mayoría de veces, les ofrecen trabajos con pagos tan atractivos que no pueden rechazar.

Los explotadores también usan la red para ofrecer al público como mercancía a las personas captadas, difundir y comercializar los materiales derivados de la trata, como la pornografía. Además, los pederastas y turistas sexuales utilizan internet para planear o concertar encuentros sexuales con personas que son explotadas. En México, el 98% de las víctimas son niñas y mujeres. Los delincuentes se aprovechan de la inocencia de ellas para seducirlas o enamorarlas, y después reclutarlas en las diferentes redes de prostitución.

El acelerado avance transnacional de este delito ha provocado la reacción de la comunidad internacional, que ha expresado su preocupación y necesidad de adoptar medidas para prevenir y sancionar la trata de personas y garantizar protección a sus víctimas.8

La trata constituye una de las formas más extremas de la violencia contra las mujeres. Terminar con ella implica  desnaturalizar las relaciones de poder basadas en patrones culturales patriarcales que reproducen las desigualdades de género, eliminar los prejuicios sexistas, y comenzar a deslegitimar ciertas prácticas todavía aceptadas o toleradas y que favorecen la dominación y el abuso de un sexo por el otro, y nunca olvidar que una persona que se convierte en víctima de trata es sometida a amenazas, engaños y violencia psicológica constante por lo que es muy difícil que puedan escapar con sus propios medios.

Podemos señalar que, según el orden de acontecimientos, la trata de personas ocurre de la siguiente manera:

- Reclutamiento: Ya sea a través de engaños, abuso de la necesidad de las personas, falsas ilusiones, ofrecimiento de una mejor calidad de vida, mejores trabajos con salarios dignos o incluso a la fuerza; y cuenta con la participación de una persona específica con las "habilidades" para realizar esta acción.

- Transporte: Durante esta etapa, la víctima está bajo el dominio de quien la vigila. El traslado puede ser entre regiones cercanas o entre países. En esta actividad se involucran los transportistas, los funcionarios corruptos y quienes negocian con la víctima.

- Explotación: La víctima es sometida a actos abusivos por un explotador que la adquiere como su propiedad para hacer con ella lo que más le convenga y obligándola a tener jornadas de explotación de entre 12 y 15 horas diarias. El sometimiento de la víctima implica que se aumenta la violencia física, pues al negarse a ser prostituida o explotada, el tratante la golpea y violenta psicológicamente para dominarla, también sufre amenazas de muerte para ésta y su familia. Aquí inicia el doloroso proceso de humillación y sometimiento a las más duras formas de crueldad que existe.9

La mayoría de las ocasiones la trata de personas se relaciona directamente con la delincuencia organizada, acompañada de armas y drogas, siendo ignorada y al mismo tiempo encubierta por la corrupción y el hambre de poder de las autoridades. El responsable de esta transgresión no es únicamente el agresor, sino también el mercado y la sociedad misma al tolerar estos delitos.

Por ellos es de suma importancia marcar líneas de acción para intervenir en procesos de prevención, atención, investigación y erradicación de las líneas de contacto que en el ciberespacio se generan, el manejo de las redes sociales y el internet deben de ser monitoreado constantemente para poder localizar los puntos de contacto que los depredadores y enganchadores utilizan en contra de los sujetos susceptibles de ser arrastrados a este negro universo.

En razón de lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, a través de las Fiscalías Especializadas en la atención de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, para que se tomen medidas urgentes para investigar los casos de secuestro, así como los que incitan a la prostitución en las redes sociales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 https://www.proceso.com.mx/507461/glamsex-investigacion-los-mercados-sexuales

2 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/prevencion-de-la-trata-de-personas

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/21/909845

4 http://periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/2102-whatsapp-y-redes-sociales-permiten-a
los-tratantes-de-personas-enganchar-a-10-victimas-simultaneamente-athus

5 http://periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/2102-whatsapp-y-redes-sociales-permiten-a-
los-tratantes-de-personas-enganchar-a-10-victimas-simultaneamente-athus#ixzz5GFxKBpAy

6 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/11/26/994485

7 http://www.cronicadechihuahua.com/La-trata-de-blancas-en-los-tiempos.html

9 http://www.peques.com.mx/como_se_lleva_a_cabo_la_trata_de_personas.htm






De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales a llevar a cabo acciones de atención e investigación en beneficio de los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., que en los últimos meses, además de vivir una situación de crisis humanitaria, han padecido falta de atención por parte de autoridades. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Sen. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Comisión Permanente en funciones, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES FEDERALES, PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES DE ATENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V. QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES ADEMÁS DE VIVIR UNA SITUACIÓN DE CRISIS HUMANITARIA, HAN PADECIDO FALTA DE ATENCIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El presente punto de acuerdo tiene relación con otros dos que he presentado, uno apenas la semana pasada, y el otro el 6 de marzo ante el Pleno del Senado de la República, en el cual refiero principalmente a un grupo de trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. que se encuentran desprotegidos y realizando trabajos y servicios forzados, a merced no sólo de las patrones subsidiarios, sino también de los dueños de la empresa, lo anterior sumado a la ausencia de acción y atención por parte de las autoridades encargadas de proteger sus derechos humanos.

A manera de antecedente, cito los hechos acontecidos en el año de 2014, donde servidores públicos de Pemex en contubernio con funcionarios de la institución bancaria Banamex, hoy Citibanamex, llevaron a cabo ciertas acciones anómalas con el objeto de vincular al dueño de la empresa Oceanografía S.A. de C.V. en hechos que le merecieron ser investigado y sujeto a proceso, por lo que la empresa fue intervenida y administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

El SAE, a efecto de lograr la administración de la empresa, realizó la contratación de poco más 300 trabajadores entre capitanes, patrones y tripulación, con el objeto de cumplir con las regulaciones marítimas, y atender a 74 embarcaciones amarradas y fondeadas  en el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, darles el mantenimiento permanente que requieren, asegurar su operatividad, garantizar su seguridad a fin de evitar un accidente con las instalaciones portuarias y petroleras de costa y mar adentro, condición que no cumplió diligentemente después de que quedara varado en el 2016 el buque Titán II, Bandera de Ucrania, frente las costas de Campeche, aparejado a los conflictos diplomáticos que conlleva.

Posteriormente, ya para abril de 2017 y ante la ausencia de elementos jurídicos para imputar la existencia de los delitos por los cuales se había asegurado anteriormente a la empresa, la PGR dio por cerrada la investigación por fraude, por lo que solicitó el desaseguramiento de los bienes, y derivado de ello la Administración quedó en manos de un síndico nombrado por el IFECOM (Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles), del Consejo de la Judicatura Federal.

Actualmente la administración de la empresa se encuentra en manos de sus dueños, derivado de un convenio también dentro del procedimiento mercantil de quiebra, no obstante, se puede afirmar que la pésima gestión del SAE en la administración de los bienes de Oceanografía S.A. de C.V., por el desvío de recursos, sumado a la violación sistemática de los derechos de los trabajadores de a bordo de las embarcaciones y en tierra, ha creado una situación difícil de solvencia redundado en perjuicio de tales trabajadores.

Son persistentes las malas condiciones que viven, sin pago de salarios, ninguna de las prestaciones laborales mínimas cumplidas, sin alimentación abordo, sin condiciones higiénicas, aire acondicionado, todo ello a partir de una profunda indiferencia y desahucio, que como había mencionado se ubica en los supuestos  de explotación laboral y trabajo forzoso como una de las formas análogas a la esclavitud, que se han certificado abordo por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Marina.

Igualmente se ha mencionado que pude constatar personalmente esas condiciones precarias, de extrema insalubridad e inseguridad con la que viven los trabajadores, aspectos que ya habían generado una auténtica crisis humanitaria, tal como lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche el 24 de septiembre de 2017. Muchos de esos trabajadores llevaban para septiembre del año pasado, poco más de 4 meses sin cobrar sus salarios.

También he insistido que por tales hechos y ante la ausencia de atención por parte de las autoridades del trabajo, el pasado 13 de septiembre de 2017, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que esa autoridad emitiera alguna medida cautelar eficaz para cesar las violaciones abordo y recomendara a las autoridades que han sido omisas en vigilar las condiciones de trabajo y seguridad a bordo de las embarcaciones, asimismo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conceda las providencias cautelares en virtud de las diversas demandas y convenios suscritos e incumplidos ante ésta.

Lo anterior tuvo como resultado que durante los primeros días de noviembre de 2017, la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo, realizara una visita a bordo constatando las condiciones precarias de los trabajadores de la empresa, por lo que dictó las medidas cautelares únicamente en dos embarcaciones de 21  que quedaban atracadas en el puerto y fondeadas,  sin embargo, a los trabajadores no se  les garantizaron las prestaciones por dichas medidas cautelares, derivado de que no tendrían acceso a la fuente de trabajo. La misma situación ocurrió con los náufragos de las embarcaciones que se hundieron y vararon,  pues tampoco a ellos se les brindó atención en los términos de los instrumentos internacionales en materia del trabajo vigentes en México  para estos supuestos.

En Junio del presente,  se cumple un año de retención de salarios y condiciones de explotación laboral como una de las formas análogas esclavitud, sin embargo, a la fecha no se ha tomado medida institucional de ninguna de las distintas autoridades que enuncian, a través de un mecanismo que cese la violación que sufren los trabajadores abordo, a fin de ser indemnizados y sujetas a resguardo  las embarcaciones que servirán de garantía de pago.

Por lo anterior,  reitero mi atento exhorto a las autoridades a la Secretaría de la Marina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAE y a la Procuraduría General de la República, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las lamentables condiciones en que se encuentran  los trabajadores frente la amenaza de peligro a su vida.

En las pasadas propuestas, hice de conocimiento, que en una primera reunión de trabajo presidida por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, hoy Secretario del Trabajo, se acordó la intervención de las dependencias en el ámbito de sus competencias, de noviembre a la fecha y a pesar de nuestra insistencia y de diversas reuniones de manera independiente con las diversas dependencias no se ha tenido  respuesta a los problemas de los trabajadores. Las instituciones involucradas han sido omisas en dar una respuesta o acción contundente sobre la situación que prevalece con los trabajadores de la empresa.

También reconozco los esfuerzos del Juez Tercero de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, al frente del concurso mercantil, quien desde el pasado mes de noviembre se pronunció por el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, que a la vez se encargan de resguardar los bienes que eventualmente garantizarán al resto de acreedores, sin embargo a la fecha la empresa Oceanografía, no obstante que cuenta con capacidad de ejercicio y es responsable directo de los trabajadores, los mantiene en condición de abandono,  es por lo anterior, que también propongo exhortar al Juez de Distrito, a efecto de trabajar hombro con hombro, desde la Junta de acreedores y en atención a los derechos de los trabajadores, a fin de que se tomen medidas eficaces que garanticen los derechos humanos laborales abordo así como el resguardo de las embarcaciones, bienes que servirán para resarcir a los afectados de las decisiones de las autoridades citadas. 

Lo anterior guarda íntima relación también con el contexto de los mecanismos que el Servicio de Administración Tributaria, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social han ejercido a fin de garantizar créditos fiscales, embargando cuentas bancarias de Oceanografía, empero, esta condición dentro de esa medida no beneficia en nada a los trabajadores que tienen más de un año con salarios retenidos y se encuentran en condición de abandono, cuando los salarios guardan privilegio frente a estos créditos, con base en el artículo 123 apartado A fracción XXVIII de la Constitución mexicana y 149 del Código Fiscal de la Federación, de ahí que se haga un llamado a tales autoridades.

Es indudable que las condiciones en las que el SAE abandonó las embarcaciones y las instalaciones de la empresa durante su administración, pero especialmente el desahucio  a los trabajadores luego de que fuera él quien les contrató, son verdaderamente deplorables e inhumanas.

Al día de hoy han sobrevivido con la ayuda de lugareños y son amenazados de no pagarles si inician procedimientos jurídicos, impedidos de abandonar sus puestos bajo amenaza que de hacerlo incurrirán en responsabilidades administrativas y penales graves.

Lo anterior evidencia que también son explotados y mantenidos a bordo de las embarcaciones a base de engaños con la promesa de que les pagarán tarde o temprano aunque quizá, a sabiendas que la empresa no tiene solvencia monetaria, pretenden mantenerlos con base a artimañas y amenazas en sus puestos de trabajo, simulando convenios de pago ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todo ello se ubica en el supuesto de explotación por desempeño de trabajos y servicios forzados formas análogas a la esclavitud.

Con respecto a tales tratos por parte de los patrones y autoridades responsables la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en su sentencia de 20 de octubre de 2016, sobre las obligaciones estatales en materia de trata de personas con fines de esclavitud y prácticas análogas, servidumbre y trabajo forzado que:

“…es razonable concluir que la falta de debida diligencia y de sanción por los hechos de sometimiento a condición análoga a la de esclavo, estaba relacionada a una preconcepción de las condiciones a las que podía ser normal que fueran sometidos los trabajadores…” (y que) “…situaciones laborales no estables, [son causas estructurales por las que]  muchos trabajadores [se someten] a situaciones de explotación aceptando el riesgo de caer en condiciones de trabajo inhumanas y degradantes”, pero que se debe distinguir “…claramente entre los conceptos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso” y evitar la confusión entre los diversos tipos de explotación humana, pues no hacerlo “banalizaría la esclavitud y dificultaría su erradicación ”, y deja claro que, como es el caso que se denuncia, “una mera violación a la legislación laboral no alcanza el umbral de reducción a la esclavitud, sino que se necesita que las violaciones sean graves, persistentes y que lleguen a afectar la libre determinación de la víctima […]”

Ya mencionaba en mi propuesta pasada que los delitos y violaciones a derechos humanos se cometen por acción u omisión de las personas, en el presente caso las conductas desarrolladas tanto por administradores como por las mismas autoridades, y sus omisiones tienen una línea muy delgada entre lo que deben de realizar, y sus abstenciones, aspectos que generan una complicidad por parte de ellas al saber de las condiciones en que viven y vivieron los trabajadores de Oceanografía a bordo durante el tiempo que estuvo intervenida, sin que hubieran atendido diligentemente la condición de abandono que ahora se denuncia.

Actualmente, la empresa adeuda a muchos de sus trabajadores sus salarios desde el año pasado, por lo que ante esa negativa de pago y de intervención por parte de las autoridades encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, algunos de ellos, en específico, los que desarrollan sus actividades en la Barcaza DLB 801, con pabellón mexicano, fondeada frente al puerto, sin acceso a tierra y en condiciones deplorables, se vieron en la necesidad de iniciar una huelga de hambre hace un par de semanas, pues están desesperados y no ven solución alguna a sus demandas, no al menos de forma pronta.

Este panorama sobre las autoridades encargadas de velar por la integridad y derechos laborales, hace posible que después de todo lo antes narrado, podamos llegar a la conclusión de tanto autoridades como la empresa, con sus omisiones, continúan incumpliendo el mandato constitucional del artículo 1º, que sirve de base al sistema democrático que se funda en la protección de los derechos humanos:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Es por las anteriores consideraciones y en razón de la persistencia de las omisiones en que han incurrido las autoridades federales, administradores y dueños, en detrimento de los derechos humanos de los trabajadores, por las que me en veo la necesidad de acudir a este honorable cuerpo colegiado para hacerles un llamado a que cumplan el mandato constitucional del respeto y protección de los derechos humanos, pues a la fecha han sido omisas en cumplir con sus atribuciones, solo “administrando” el problema pero no resolviendo el fondo del mismo.

Por lo antes expuesto y fundado, propongo a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto que, derivado de las inspecciones sobre las condiciones de trabajo que viven los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., decrete las medidas cautelares a con base en el artículo del Reglamento de Inspección Federal del Trabajo , y dé vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de los delitos en materia de trata de personas y explotación en su modalidad de trabajos y servicios forzados; asimismo, se dicten providencias cautelares a las Juntas Federales que tienen conocimiento de las demandas a fin de garantizar de manera definitiva el pago de salarios e indemnizaciones.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente con pleno respeto a la división de poderes e independencia judicial, exhorta al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México para que continúe privilegiando la protección de los derechos humanos de los trabajadores de Oceanografía S.A. de C.V., y que en coordinación con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Marina, establezca un mecanismo que garantice los derechos de los trabajadores, derivado de la necesidad de que abandonen sus puestos de trabajo por el riesgo que corren al permanecer en ellos.

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta al Sistema de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que derivado de los embargos que ha ejecutado sobre las cuentas bancarías de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., reconozca los créditos laborales de los trabajadores a bordo de las embarcaciones, en virtud de la preferencia que guardan los créditos de laborales con base en el artículo 123 apartado A, fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 149 del Código Fiscal de la Federación.

Comisión permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Adriana Dávila Fernández.






Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilómetro carretero donde fueron registrados. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A MODIFICAR EL CUESTIONARIO EE-4-8 DE LA ENCUESTA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS, CON EL FIN DE AGREGAR UNA DISTINCIÓN ENTRE LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS POR COLISIONES CON ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES, ASÍ COMO LA VIALIDAD O KILOMETRO CARRETERO DONDE FUERON REGISTRADOS, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contar con información completa y confiable es frecuentemente la consideración más elemental para prever el éxito o fracaso de una política pública. Sin información, las políticas públicas no son más que ejercicios especulativos, donde los resultados son improbables y el desenlace poco certero. Ésta no sólo permite fundamentar y argumentar en favor de ciertas políticas por sobre otras, también nos da la oportunidad de problematizar la realidad e identificar a los posibles actores que pueden ayudarnos a transformarla.

Lo anterior cobra más importancia en tanto el problema sea mayor, el espacio de acción más amplio o la resolución requiera de cooperación multi-sectorial e interinstitucional. Un caso paradigmático, entre muchos otros que ocurren dentro del país, es aquel que encontramos en la protección del medio ambiente y su conservación.

Proteger un ecosistema no solo requiere del apoyo de comunidades interesadas, sino de múltiples niveles de gobierno y agencias que deben colaborar en cada paso. El número de especies que requieren protección y el espacio geográfico que ocupan son importantes obstáculos en la formulación de cualquier política ambiental. Aunado a esto, en México existe un importante rezago en información útil sobre la materia.1 Sea por falta de coordinación, una precaria cultura sobre el valor de la información o simple negligencia gubernamental; la escasez de información a significado una batalla cuesta arriba para conservacionistas que buscan formular políticas completas y efectivas.

En pocos casos es esto más claro que en los esfuerzos que actualmente se realizan para detectar y proponer pasos de vida silvestre con la finalidad de consolidar corredores biológicos. La mayor parte de las acciones enfocadas en la protección del jaguar al sureste del país, por ejemplo, toman como base la noción de crear un hábitat regional compuesto de múltiples reservas ecológicas en más de tres países.2 Empresas similares han sido desarrolladas a lo largo del país, particularmente en aquellas zonas donde la fragmentación de los hábitat ha ocasionado problemas bien conocidos en la comunidad conservacionista, como lo son la reducción del acervo genético o la separación total y parcial de poblaciones.3

Lamentablemente, y a pesar de su comprobada efectividad4, estos esfuerzos han tenido resultados limitados debido a los costos relacionados a la creación de nueva información. En la ausencia de información gubernamental al respecto, cada ejercicio de este tipo tiene que partir desde cero, utilizando sus ya limitados recursos en la tarea de generar los datos necesarios.

En este contexto, el gobierno puede realizar acciones que permitan orientar sus capacidades estadísticas propias con el fin de coadyuvar a estos esfuerzos. Si bien es cierto que ya existen esfuerzos por generar información ambiental al interior de distintas dependencias, es posible visualizar un cambio más profundo en la cultura institucional del aprovechamiento informacional. No existe razón, por ejemplo, para limitar ciertos ejercicios estadísticos a objetivos muy limitados que pueden impedir el máximo aprovechamiento de estos recursos. El caso que aquí presentamos es una clara muestra de ello.

La Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contempla la realización de un registro exhaustivo de los siniestros ocurridos al interior del país, haciendo una clara distinción de los motivos y aspectos referentes a cada accidente. El cuestionario utilizado en el levantamiento de esta encuesta es el denominado EE-4-8, e incluye el espacio para registrar el tipo de vehículo, el tipo de accidente, las causas, la responsabilidad y las perdidas encontradas. Dentro del apartado Tipo de Accidente, el cuestionario incluye la Colisión con Animal como uno de los motivos que pueden presentarse. Sin embargo, el mismo se limita tan solo a ello, sin definir, por ejemplo, si el animal que causó la colisión era una especie doméstica o salvaje. Esto es importante debido a que, dependiendo del tipo de la fauna al que nos referimos, es posible formular acciones que eviten futuros accidentes. Si el accidente en cuestión fue causado por ganado, por ejemplo, podrían generarse acciones de barricado que ayudarían a reducir su incidencia. Si, por otro lado, el animal causante fuese salvaje, como el jaguar, podría proponerse la construcción de un paso de fauna que permitiese a éste transitar de forma segura y al conductor garantizarle un recorrido seguro.

El anterior ejemplo va enfocado concretamente a la iniciativa aquí presente, pero modificaciones como ésta podrían significar la creación de información de mejor calidad en el futuro. No solo los temas ambientales requieren de este tipo de información, como queda demostrado en el caso anterior. Mejorar la calidad de la información gubernamental es una tarea impostergable si queremos generar las condiciones que permitan construir mejores políticas y resultados.

Dada la situación aquí esbozada, es necesario que quienes tengan la oportunidad de generar cambios al interior de esta cultura organizacional lo hagan, buscando mejorar esta deficiencia informacional a través de medidas creativas que vayan más allá del simple ajuste presupuestal.

A tal efecto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, donde se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilometro carretero donde fueron registrados.

CONSIDERANDOS

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece, en su artículo 3º, que “El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia”.5

Esta misma legislación contempla, en su artículo 78, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sólo podrá generar información que cumpla con los siguientes requisitos:6

• Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;

• Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional.

• Sea generada en forma regular y periódica.

• Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

Finalmente, es importante notar que, de acuerdo con la Síntesis Metodológica de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la importancia de estos estudios radica en que permite “conocer y cuantificar los accidentes de tránsito terrestre y sus consecuencias para apoyar los estudios de siniestralidad que presenta el tránsito urbano y suburbano de vehículos automotores y de esta forma coadyuvar a la planeación, prevención y organización de la vialidad a nivel regional”.7

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilometro carretero donde fueron registrados.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 Rivera, Astrid. Falta Ciencia en Política Ambiental?. México. El Universal. 2017. Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/falta-ciencia-en-politica-ambiental.

2 Manterola, Carlos; Amor Conde, Dalia; Colchero, Fernando, et al. “El Jaguar como Elemento Estratégico para la Conservación”. En Corredor Biológico Mesoamericano México. Serie Acciones. Núm. 8.  México. CONABIO. 2011. Consultado en:
https://www.demogr.mpg.de/publications/files/4587_1333023642_1_Book%20El%20jaguar%20como%20elemento%20estrategico%20para%20la%20conservacion.pdf.

3 World Wide Fund for Nature. How Does Biodiversity Loss Affect Me and Everyone Else? Gland. WWF. 2018. Consultado en: http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity/biodiversity_and_you/.

4 Western Transportation Institute. Banff Wildlife Crossing Project: Integrating Science and Education in Restoring Population Connectivity Across Transportation Corridors. Bozeman, Montana. Montana State University. 2009. Consultado en: https://westerntransportationinstitute.org/wp-content/uploads/2016/08/4W1713_Executive_Summary.pdf.

5 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Artículo 3º. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

6 LSNIEG. Artículo 78. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

7 INEGI. Síntesis Metodológica de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. México. INEGI. 2016. Consultado en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825087999.pdf.






Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar acciones y estrategias enfocadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes que transitan por nuestro país. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado MARCO ANTONIO AGUILAR YUNES, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS REFUERCE SUS ACCIONES Y ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR NUESTRO PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONDICIÓN MIGRATORIA, ASÍ COMO GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ,con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es importante precisar que migrante es toda persona que se encuentre en un país o área geográfica distinta a aquella en donde nació independientemente de los motivos de su desplazamiento. En tanto por flujo migratorio, es “aquellos que se originan por diversas causas y se caracterizan por ser movimientos de población complejos que comprenden diferentes perfiles de personas”.1

Nuestro país es considerado como emisor, receptor, lugar de tránsito y retorno de grandes flujos migratorios, los cuales en ocasiones son irregulares, lo cual, conlleva una compleja serie de retos en materia de política interna y exterior. Ante tal escenario el Estado mexicano enfrenta diversas situaciones para garantizar, la seguridad nacional, los derechos humanos de los migrantes en tránsito, así como la implementación del marco jurídico en materia migratoria. Los crecientes flujos de migrantes centroamericanos en su mayoría buscan cruzar el país con el objetivo de llegar hacia los Estados Unidos, motivo por el cual, México tiene la responsabilidad de garantizarles el pleno respeto a sus derechos humanos como lo establece la legislación vigente.

Hay que recordar que el 25 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva legislación en materia de migración, en estos términos es importante señalar que el objetivo de dicho marco jurídico es proteger los derechos humanos de todos los migrantes sin importar su estatus legal, así como establecer mecanismos para que cualquier persona pueda regularizar su situación migratoria de manera voluntaria ante la autoridad y pueda acceder, entre otros, a servicios médicos y educativos.2

Así mismo, la actual administración dando cumplimiento al andamiaje jurídico en materia de migración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estipulo un programa especial estableciendo las prioridades en 5 objetivos: a) fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración; b) incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y local; c) consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana; d) favorecer los procesos de integración y reintegración de los migrantes y sus familiares; y, e) fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos.3

Así mismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, se establece que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”4

Es preciso mencionar que el incremento de los flujos migratorios en la frontera sur de nuestro país, provenientes de centroamérica han provocado que las autoridades norteamericanas consideren a esta migración como de seguridad nacional. En 2014, la Patrulla Fronteriza, detuvo y deportó a 257 mil migrantes “no mexicanos” en la frontera sur estadounidense, en contraste con los 229 mil mexicanos.5 Con respecto a las niñas y niños migrantes en el mismo año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detuvo a casi 52 mil niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.6

En este sentido, el incremento de los flujos migratorios en los últimos años, se han originado por las condiciones de pobreza y desigualdad en varios países de Centroamérica, así como por la violencia ocasionada por organizaciones criminales, circunstancias que han  causado que los centroamericanos ingresen a México con la intención de continuar su trayecto hacia los Estados Unidos. Es por ello, que Catherine Wihtol de Wenden, ha manifestado que independientemente de las barreras políticas, económicas o sociales, la migración es un fenómeno que no se detendrá, por ello, los esfuerzos, nacionales e internacionales, no deben estar orientados a evitar la migración sino a manejarla de mejor manera.7

Este fenómeno ha provocado que en nuestro país, se implementen en todas las instituciones involucradas en el tema, políticas enfocadas a adoptar medidas que garanticen el respecto a los derechos de los migrantes8 que transitan por nuestro territorio nacional, con independencia  de su estatus migratorio. Sin embargo, aún se continúan violentando los derechos de los migrantes, como ha quedado evidenciado por las recientes recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración, el pasado 29 de diciembre de 2017, “Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la protección de salud, a la seguridad jurídica y al interés superior del niño, en agravio de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la “Estancia Migratoria” del Instituto Nacional de Migración en Fortín de las Flores, Veracruz.9 

Así como, el 26 de abril de 2018,  “Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, protección a la salud y al interés superior de la niñez en agravio de V, adolescente de 13 años de edad en contexto de migración internacional, de nacionalidad hondureña”.10 Recientemente, el pasado 14 de mayo de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una nueva recomendación al Instituto Nacional de Migración, “Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la libertad, a la integridad personal por actos de tortura, a la protección de la salud y a la seguridad jurídica, cometidas en agravio de QV, persona en contexto de migración que fue detenida en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en Mexicali y Tijuana, Baja California.”11

Un punto en común dentro de dichas recomendaciones emitidas, es el compromiso que debe asumir el Instituto Nacional de Migración de capacitar de forma periódica a su personal sobre derechos humanos para garantizar el pleno respeto de las personas bajo su resguardo. Es oportuno recordar lo expresado por José Bracamonte, “la condición migratoria de una persona no puede suspender cualquier derecho que como persona, le corresponde”.12

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración en el marco de sus competencias refuerce sus acciones y estrategia enfocadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes que transitan por nuestro país independientemente de su condición migratoria, así como garantizar en todo momento el interés superior de la niñez.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes.


1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, Washington, D. C., 30 de diciembre de 2013, pp. 29 - 32

2 Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. Cámara de Diputados, Ley de Migración, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_091117.pdf

3 El Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), es el instrumento de planeación de carácter transversal y multisectorial, orienta y da seguimiento al cumplimiento de programas y acciones específicas en materia migratoria en las que participan, directa o indirectamente, los tres órdenes de gobierno. Igualmente, consolida el esfuerzo que gobierno y sociedad civil han trazado juntos a fin de promover, monitorear y evaluar la coordinación y coherencia institucional para la atención integral al fenómeno migratorio en México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Secretaria de Gobernación, Programa Especial de Migración 2014-2018, disponible en
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_de_Migracion_2014-2018_PEM

4 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en, http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml.

5 El creciente traslape de los flujos migratorios entre Centroamérica, México y Estados Unidos queda claramente de manifiesto cuando se considera que 2014 fue el primer año en la historia en que la migración mexicana hacia Estados Unidos fue superada por aquélla proveniente de Centroamérica. US Border Patrol, "Sector Profile - 2014 ", diciembre 2014,  disponible en http://goo.gl/UWRF03

6 Jens Manuel Krogstad y Jeffrey S. Passel, "U.S. border apprehensions of Mexicans fall to historic lows", Pew Research Center, Washington, D. C., 30 de diciembre de 2014, disponible en, http://goo.gl/2sgQoC

7 Catherine Wihtol de Wenden, El fenómeno migratorio en el siglo XXI. Migrantes, refugiados y relaciones internacionales, Fondo de Cultura Económica, México, 2013, p. 212.

8 El problema de la migración se ha debatido y analizado en el marco de conceptos como soberanía, democracia y nacionalidad, y no necesariamente desde una perspectiva de derechos. Tamas, Kristof y Joakim Palme, Globalizing Migration Regimes. New challenges to transnational cooperation, Ashgate, 2004, p. 131.

12 José Bracamonte, “Human Rights, Sovereignty and the Migration of Mexican Workers”, en Defense of the Alien, vol. 8, s. l., 1985, p. 111.






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el ejercicio de los recursos asignados en materia de salud al Estado de México y, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, PRESENTAMOS A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO DEL USO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

CONSIDERACIONES

El Estado de México atraviesa una grave crisis de salud. En los hospitales del estado hay desabasto de medicamentos, materiales de curación y otros insumos necesarios. Esto, señala la Secretaría de Salud, es herencia de la administración de Eruviel Ávila de 2011 a 2017.

El Secretario de Salud, Gabriel Jaime O’Shea, señaló que actualmente los 65 hospitales generales y municipales atraviesan una crisis financiera que se ha reflejado en el desabasto: 72 por cierto en medicamentos y 70 en materiales de curación.

En las unidades médicas de primer nivel, mientras tanto, el abasto de medicamentos apenas supera el 60 por ciento y el de materiales un 50 por ciento.

La crisis financiera en hospitales de la entidad ha llevado a la Secretaría a endeudarse con los distribuidores: “Cuando entró la nueva administración, en septiembre de 2017, el abasto promedio era del 25 por ciento debido a los adeudos con los distribuidores de medicamentos”, señaló O’Shea.

Para cubrir esas deudas, además, tuvieron que solicitar un préstamo por 500 millones de pesos. “Nunca dejamos de reconocer los adeudos, solo no había dinero para pagar”, dijo.

Durante el gobierno de Eruviel Ávila, en marzo de 2017, el entonces Secretario de Salud César Nomar Gómez Monge prometió que se liquidarían las deudas antes de que terminara la administración del mexiquense. Sin embargo, las deudas continúan.

Entre otros proyectos que quedaron incompletos mientras Gómez Monge se desempeñó como Secretario de Salud está el Hospital General de la Zona Oriente de Tlalnepantla, cuya primera piedra se colocó en 2013 pero, hasta la fecha, no se ha avanzado en su construcción. La obra costó más de 550 millones de pesos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), el Estado de México tiene un adeudo de mil 193 millones de pesos, de los que 313 millones corresponden a compras consolidadas. 1

Estadísticas de Finanzas Públicas del Estado de México 2012-2018
(cifras en pesos y porcentajes)

Año

Ingresos Totales del Estado de México (A)

Aumento Nominal (A)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA)

Aumento en FASSA

Gasto en Salud
(S)

Aumento Nominal en (S)

2012

165,642,766,000

6,985,951,000

23,658,804,379

2013

174,408,422,000

5.3%

7,569,979,000

8.4%

25,325,527,312

7.0%

2014

195,303,834,000

12.0%

8,014,954,000

5.9%

29,797,534,859

17.7%

2015

211,944,065,905

8.5%

8,556,576,638

6.8%

30,717,675,289

3.1%

2016

221,285,729,374

4.4%

8,905,110,635

4.1%

32,043,863,060

4.3%

2017

260,318,993,616

17.6%

9,351,347,877

5.0%

37,301,624,674

16.4%

2018

280,706,179,011

7.8%

9,857,062,024

5.4%

40,167,555,329

7.7%

Fuente: http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

Los ingresos totales del Estado de México en el periodo 2013-2018 han crecido en promedio 9.3% en términos nominales.

Por su parte y el mismo periodo de tiempo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), correspondiente al Ramo 33, ha crecido en promedio 6%.

El gasto en salud se ha incrementado en promedio 9.4% en el mismo periodo de tiempo. Como se puede observar, tanto los ingresos totales como los provenientes de la Federación han crecido en proporción al gasto en salud, por lo que es difícil explicar por qué el sistema de salud del Estado de México se encuentra en quiebra.

En este orden de ideas con los fundamentos que nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exhortamos a que se inicie una investigación correspondiente en materia del ejercicio de los recursos públicos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

“Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Fracción VI:

Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.”

“Artículo 79:

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivos se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.”

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que en el ejercicio de sus facultades inicie una Investigación respecto de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, asignados al Estado de México en materia de Salud y deslinde las responsabilidades correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.

1 https://plumasatomicas.com/noticias/corrupcion/eruviel-crisis-salud-edomex/ consultado el 29 de mayo de 2018






De las Diputadas Cecilia Soto González, Isaura Ivanova Pool Pech y Cristina Ismene Gaytán Hernández y del Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación investigar las posibles responsabilidades en las que José Antonio Meade Kuribreña podría haber incurrido al avalar el contrato PEMEX- BRASKEM-IDESA. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio René Cancino Barffuson, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, a evitar la tala de árboles de la Alameda Chicuéllar y se consulte a la ciudadanía sobre su remodelación. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, ALICIA BARRIENTOS PANTOJA, VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA y SERGIO RENÉ CANCINO BARFFUSON, Diputados Federales a la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Generalmente, cuando hablamos del ambiente pensamos en espacios prístinos, naturales, en los que no se ha dado la intervención humana, o ésta ha sido muy limitada, pero el ambiente no sólo se refiere a estos espacios naturales, sino que los espacios artificiales creados por el ser humano, en los que vivimos, nos desenvolvemos y pasamos nuestras vidas, son también parte importante de él, como señala el primer numeral de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, redactada en Estocolmo, Suecia, en 1972.

Dicha conferencia, auspiciada por Naciones Unidas, fue el evento que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional, en el cual participaron gran parte de las naciones que forman la ONU, y surge de la presión ejercida por las sociedades de varios países sobre la degradación del medio natural y lo inhumana que se estaba tornando la vida en las ciudades debido a los problemas relacionados con un ambiente urbano, nocivo para la salud física y psicológica.

Al respecto, el mencionado numeral 1 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano dice:

“1. El hombre es a la vez obra y artífice del ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.”

Desde que inicia el movimiento ambientalista a escala mundial, como una obligación que la sociedad impone a sus respectivos gobiernos, el tema del ambiente artificial ha sido parte de este movimiento, y el reclamo de que éste sea acorde con el bienestar humano ha sido parte significativa de él. Además, como podemos observar en el numeral citado, el tema del ambiente forma parte del catálogo de los derechos humanos.

El derecho a un ambiente sano es reconocido en el título primero, capítulo I, “De los derechos humanos y sus garantías”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), cuyo artículo 4o., párrafo, señala:

“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto de este derecho. El daño y deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.”

Otro ordenamiento que es parte de nuestro acervo jurídico de normas vigente, referentes al derecho humano y el ambiente, lo encontramos en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de noviembre de 1998.

El artículo 11 de este instrumento ordena a los Estados parte proteger y mejorar el ambiente, tanto el natural como el artificial:

“Artículo 11. Derecho a un ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”

Con lo escrito en los párrafos precedentes queda claro que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, tutelado por el derecho interno y el internacional reconocido y vinculante para México.

Si recordamos, la Carta Magna ordena en el tercer párrafo del artículo 1o. a todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias a proteger todos los derechos humanos:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Es de señalarse, como lo hace el párrafo citado del artículo 1o. de la CPEUM, que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Lo anterior significa entre otras cosas que no se puede establecer una jerarquía entre estos derechos y que están interrelacionados, ya que la violación de uno de ellos conlleva a la violación de otros, por ejemplo, el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente está relacionado con el derecho a la vida y a la salud, de tal forma que, como consecuencia de no respetarse el primero, los otros dos también serán violentados.

Los parques y las áreas verdes de una ciudad contribuyen a respetar el derecho a un ambiente sano y por lo mismo al respeto a otros derechos, como es el derecho a la salud, tanto en su faceta física como psicológica, ya que la cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una buena calidad de vida.

Las plazas, los jardines, los parques o los bosques urbanos desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, el relajamiento o el ocio, a nivel de ordenación del territorio forman parte de su estructura, y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios naturales.

Por lo anterior, los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y saludables.

La importancia que para los habitantes tienen los parques públicos, fue reconocida en la Ley número 76 “Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” del estado de Veracruz, misma que en la fracción I., de su artículo 50, consideraba a los parques urbanos como áreas naturales protegidas.

Si bien, la mencionada ley fue abrogada a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Protección Ambiental, está sigue reconociendo la importancia que tienen los parques, definiéndolos en la fracción XXXIV Bis., del artículo 3., como “Las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes.”

Todo lo anterior viene a colación porque en el municipio de Huatusco, Veracruz, existe una alameda conocida que lleva el nombre de Chicuéllar, misma que el ayuntamiento planea remodelar y/o darle mantenimiento.

Lo anterior por sí mismo no sería criticable, es una de las obligaciones de los gobiernos municipales el preservar los parques urbanos y jardines públicos. El problema comienza cundo la remodelación busca cambiar la fisonomía del lugar, perdiéndose áreas verdes, arboladas, a cambio de zonas encarpetadas con cemento, sin tomar en cuenta el parecer de los habitantes, que viene a ser el caso de la Alameda Chicuéllar.

La Alameda Chicuéllar fue inaugurada el 16 de septiembre de 1904, desde entonces es el espacio natural de recreación y esparcimiento de los huatusqueños, un sito que brinda importantes servicios ambientales ya que contribuye a la limpieza del aire limpio y la recarga de agua en el manto freático, entre otros beneficios ambientales.

A la par, en los social, la Alameda Chicuéllar es de esos sitios que no deben de faltar en una ciudad, que la hacen más humana, que dan sentido de identidad a los habitantes, es un lugar emblemático, lugar de encuentro social, en el que por generaciones los padres han convivido con sus hijos, los jóvenes han pasado ratos de sana convivencia, por lo que los huatusqueños sienten que la alameda es suya, y cualquier cambio que se quiera hacer en ella es de su incumbencia, y por lo mismo, desean ser consultados antes de que estos se lleven a cabo.

Cabe señalar que, al margen de la parte emotiva, importante por sí misma, la Ley Orgánica del Municipio Libre, les concede la razón, dicha ley en su fracción IV, del artículo 195, garantiza la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación y en las acciones del gobierno municipal.

De igual forma, en el ambientalismo es un principio reconocido a nivel mundial que se requiere la participación social en la toma de decisiones referentes al ambiente, como se puede constatar en la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, documento resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, coloquialmente conocida como la Cumbre de la Tierra, o Cumbre de Río, siendo el Principio 10 de la Declaración el siguiente:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. … así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. …”

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía municipal, exhorta al Ayuntamiento de Huatusco de Chicuéllar, Veracruz, a evitar la tala de árboles, así como la remoción de arbustos y de plantas, en la Alameda Chicuéllar.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía municipal, exhorta al Ayuntamiento de Huatusco de Chicuéllar, Veracruz, a llevar a cabo consultas públicas y tomar en cuenta la opinión de la sociedad, antes de llevar a cabo cualquier acción de remodelación de la Alameda Chicuéllar.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.- Dip. Sergio René Cancino Barffuson.- Dip. Alicia Barrientos Pantoja.






Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a crear la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Biodiversidad. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A CREAR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTADÍSTICAS DE LA BIODIVERSIDAD, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La conservación de la biodiversidad debe ser considerada una meta indisociable del objetivo mayor que constituye la protección integral del medio ambiente. Un ambiente sano no es solo aquel que registra bajos índices de contaminación o que cuenta con amplios territorios en esquemas de protección, también lo es el que conserva las condiciones apropiadas para sostener la totalidad de procesos biológicos que se dan en su interior. Un bosque, una selva o un desierto que carece de plantas, hongos u animales no puede nombrarse como tal.

Nuestra concepción de la naturaleza como kosmos, como un conjunto que lo abarca y toca todo, un supra-organismo cuyas funciones son definidas a partir de la interacción, no es novedosa (como sí lo son nuestras intenciones por protegerla).1 La ciencia occidental ha sincretizado el medio natural desde hace un par de siglos, evolucionando nuestro propio entendimiento y demostrando la compleja relación de interdependencia que nos une al medio ambiente.2 Reconocer este nexo es esencial si queremos emprender el diseño de políticas públicas abocadas a su efectiva protección.

Dada la coyuntura moderna que significa el cambio climático, hoy más que nunca habríamos de reconocer el lugar que ocupa la biodiversidad en la construcción de nuestro propio bienestar. Un ecosistema sano no solo es capaz de mantener sus procesos biológicos en equilibrio, sino que cuenta con mayores “herramientas” para adaptarse a las condiciones cambiantes del planeta.3 La biodiversidad permite, por ejemplo, que la extinción de una especie dentro del ecosistema no signifique el rompimiento inmediato de la cadena alimenticia para otras especies. Esta desaparición puede sustentarse en la existencia de otras especies que adopten su papel. Entre más variedad vegetal y animal exista dentro del ecosistema, menor es el peligro de un completo desequilibrio.4

La biodiversidad también representa una importante fuente de sustento para millones de comunidades alrededor del planeta, teniendo un papel particularmente importante en aquellos espacios en condiciones de precariedad. De acuerdo a estimados de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el valor monetario de los productos y servicios que proveen los ecosistemas a nivel global es de $33,000,000,000,000 de dólares.5 Para colocar esta cifra en contexto, consideremos que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana alcanzó un valor nominal de poco más de 1.1 billones en 2017.6 Adicionalmente, la explotación sustentable de la biodiversidad nos permite ser más saludables (se cosechan entre 50 y 70 mil especies distintas de plantas con fines medicinales cada año),  tener mayor seguridad alimentaria (la proteína animal es esencial para el desarrollo nutricional de la población, particularmente en comunidades precarias) y contar con un ambiente limpio.7

Dadas estas condiciones, pareciese obvio que la protección de la biodiversidad merece una consideración prioritaria dentro de la agenda gubernamental, incluyendo todos los esfuerzos complementarios que esto implica. Posicionar un tema dentro de la administración pública no solo requiere de voluntad o medios logísticos sino también de información periódica y actualizada. Un franco error que se comete con frecuencia al interior de las instituciones mexicanas es el diseño de políticas públicas que carecen de información confiable e integral. Tomar decisiones de esta forma equivale a conducir en la oscuridad, es un ejercicio peligroso e improbable. Tal es el caso de muchas políticas ambientales que se emprender año con año en el país.

La falta de datos o el uso de información incompleta es reconocido en la comunidad científica mexicana como uno de los principales obstáculos para la creación de una política ambiental efectiva.8 La ausencia de datos es un problema al que se enfrentan hacedores de políticas públicas en todos los campos de atención, pero en pocos esto determina de forma más constante el fracaso o el éxito de la política en cuestión como lo sucede en el campo ambiental. Los ecosistemas son complejos, diversos y, en particular, cambiantes. La salud de un ecosistema hoy puede ser sustancialmente distinta a la que tendrá en cinco, diez o veinte años. Factores como la sobreexplotación de sus recursos o su reducción espacial pueden tener profundos efectos sobre las poblaciones que habitan en su interior. Es necesario que las autoridades mexicanas cuenten con la información suficiente para hacer frente a los retos que significan su protección.

La necesidad que tenemos de contar con información periódica y confiable es evidente, mas no puede obviarse el posible impacto presupuestal que significaría su desarrollo. Generar información de estas características no es una tarea menor, pero las potenciales consecuencias de no contar con ella pueden significar la desaparición de cientos de especies en territorio nacional. La administración pública mexicana ya realiza importantes esfuerzos por crear información confiable en campos como la economía, la demografía, el gobierno, las comunicaciones o la democracia. Generar información sobre temas ambientales tan solo ampliaría el repertorio de herramientas disponibles con el fin de crear un mejor gobierno. La protección del medio ambiente (y, en particular, de la biodiversidad) merece la misma atención, recursos y esfuerzos.

Justificado en lo anterior, propongo se exhorte al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a crear la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Biodiversidad; una unidad adscrita a la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto que tenga por objetivo la creación de información periódica y confiable en el campo de la biodiversidad, así como el establecimiento de los medios apropiados para ponerla a disposición de aquellos individuos, organismos o instituciones que trabajen en pro de la conservación de la biodiversidad en territorio mexicano.

CONSIDERANDOS

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece, en su artículo 3º, que “El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia”.9

El artículo 4º de esta misma legislación establece como objetivos del sistema nacional de información los siguientes10:

• Producir Información.

• Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que faciliten su consulta.

• Promover el conocimiento y uso de la Información.

• Conservar la Información.

Sobre el actuar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la legislación define que este emprenderá acciones tendientes a:11

La adecuación conceptual de la Información de Interés Nacional, a las necesidades que el desarrollo económico y social del país impongan.

• Que la Información sea comparable en el tiempo y en el espacio.

• La adecuación de los procedimientos estadísticos y geográficos a estándares internacionales, para facilitar su comparación.

Sobre la información pertinente para su producción al interior del Instituto, la Ley menciona que este habrá de avocarse en aquella que se considere de interés nacional. Las características que debe cumplir la información con este carácter son las siguientes:12

• Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;

Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional.

• Sea generada en forma regular y periódica.

• Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

La información que se propone crear en esta nueva Dirección General Adjunta cumple con cada uno de los requisitos que arriba se señalan. Por lo tanto, el Instituto se encuentra actualmente facultado para la creación de una unidad como la aquí propuesta.

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a crear la Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Biodiversidad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 Wulf, Andrea. The Invention of Nature. Alexander von Humboldt´s New World. Nueva York. Vintage Books. 2016. Pág. 101-102.

2 Convention on Biological Diversity. Climate Change and Biodiversity. Nueva York. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2018. Consultado en: https://www.cbd.int/climate/.

3 European Commission. Guidelines on Climate Change and Natura 2000. Dealing with the Impact of Climate Change/On the Management of the Natura 2000 Network of Areas of High Biodiversity Value. Bruselas. European Commission. 2013. Consultado en:
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf.

4 World Wide Fund for Nature. How Does Biodiversity Loss Affect Me and Everyone Else? Gland. WWF. 2018. Consultado en: http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity/biodiversity_and_you/.

5 Ibíd.

6 Fondo Monetario Internacional. México. Washington. IMF. 2018. Consultado en:
http://www.imf.org/en/Countries/MEX#countrydata.

8 Rivera, Astrid. “Falta Ciencia en Política Ambiental”. México. El Universal. 2017. Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/falta-ciencia-en-politica-ambiental.

9 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Artículo 3º. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

10 LSNIEG. Artículo 4º. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

11 LSNIEG. Artículo 54. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

12 LSNIEG. Artículo 78. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una investigación en relación a la posibilidad de prácticas desleales y coercitivas para la comercialización de productos y servicios por parte de diversas marcas automotrices a través de sus agencias o concesionarios. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LA POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS DESLEALES Y COERCITIVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS POR PARTE DE DIVERSAS MARCAS AUTOMOTRICES A TRAVÉS DE SUS AGENCIAS O CONCESIONARIOS; de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mucho se ha comentado en esta honorable sede legislativa, sobre la necesidad de evolucionar a un escenario de movilidad sustentable, con especial énfasis en la promoción de los medios no motorizados y el uso del transporte público. También, que la aspiración de nuestras sociedades es que esa movilidad sea incluyente y accesible para todas las personas, respetando finalmente el medio de transporte que se decida emplear.

Falta trabajo, planeación e inversión para avanzar hacia esa deseable movilidad sustentable, en la que la oferta de mejores opciones fomenten positivamente el desuso del automóvil particular, mientras tanto, sigue siendo una elección muy socorrida.

Además de ello, el automóvil significa para muchos una herramienta de trabajo y claro está, un elemento importante del patrimonio para todos aquellos que posean alguno. Por eso es transcendental su atención y cuidado.

Para evitar que sufra alguna avería y gastar de más en su compostura, es recomendable realizar chequeos y servicios cada determinado tiempo o kilometraje.

Regularmente el servicio consta de cambio de aceite, filtros, alineación y rotación de llantas, chequeo de niveles y revisión de balatas de frenos.

Esto es por demás recomendable cuando se encuentra vigente la garantía del vehículo y por ende, que sea llevado a la agencia automotriz correspondiente a la marca del auto para conservarla. Además de la garantía, llevarlo a una agencia en lugar de a uno de los tantos talleres que existen en el país, tiene varias recomendaciones, como lo es la seguridad de instalación de piezas originales y que en caso de que la avería persista, que no se realizará un doble desembolso.

Sin embargo, una vez caducada la garantía, las recomendaciones de llevar el vehículo a una agencia por causa de este motivo (la vigencia de la garantía), es todavía más opcional y queda de mayor manera en el terreno de la recomendación; esto es, por ningún motivo debe considerarse una obligación el llevar un auto al servicio o reparación a una agencia, salvo la incapacidad técnica de otros talleres por causas inherentes a estos mismos.

Me refiero a que algunas marcas de autos, tienen programación para que el tablero del auto muestre a través de sus códigos, el aviso de servicio.

Aparentemente es un mensaje favorable para el mantenimiento del vehículo, sin embargo, sobreviene la duda cuando ocurren casos como los siguientes:

• Los códigos en el tablero aparecen pese a que no exista la necesidad del servicio o que no se trate de ninguna avería, simplemente por cuestión de plazos.

• Pese a que el auto no sea usado, el código aparece sin posibilidad de suprimirlo a menos que sea llevado a un innecesario servicio a la agencia automotriz.

• Si se lleva el vehículo a un taller que no sea el de la agencia, el código persiste, pues se insta a que sea llevado a estos talleres de la marca automotriz.

• En ocasiones, la programación del vehículo conlleva a acciones como el “tironeo” del auto, no respuesta del acelerador, incluso, a no encender.

• Pese a no tratarse de un servicio en verdad requerido, las agencias se niegan a apagar el código en tablero o las acciones “recordatorias” que inciden en su desempeño, mediante el escáner de computadora que corregiría la “falla ilusoria”.

Ejemplos muy claros aportados por poseedores de ciertos vehículos automotores, es que aseguran que pese a que sus autos tienen muy poco uso, y que por ello no llegan ni a la mitad del kilometraje sugerido para cambio de aceite o balatas, el tablero muestra un molesto e insistente código que exige el servicio.

Luego, sucede que al llevarlos a la agencia, se advierte de la revisión física que las balatas se encuentran en buen estado, sin embargo, el personal técnico señala que pese a ello, para suprimir el código se requiere hacerle ese innecesario servicio, obviamente con el pago respectivo.

Y esto sucede así periódicamente, ya con los cambios de aceite, con las balatas, y hasta por batería, aun cuando estén en óptimas condiciones.

La conclusión de muchos automovilistas, es que algunas marcas de autos están programados de manera que requieran, aún sin necesidad, los servicios de la agencia, evitando incluso, la posibilidad de asistencia por otro tipo de talleres.

Se trata de una situación muy ajena a las hipótesis de servicios relativos al estado de un vehículo por cuestiones de verificación de emisiones, que independientemente del uso, conforme al calendario respectivo se debe acreditar que se cumple con las normas correspondientes a esta asignatura para poder circular.

Es una situación diferente, se trata de la posibilidad de códigos y reacciones del auto programadas, con la finalidad de exigir periódicamente un servicio, ocúpelo o no lo ocupe, y que solamente pueda ser “solucionado” en las agencias.

Definitivamente son conclusiones basadas en casos de similitud, en los que no es posible hacer una afirmación contundente, pero que esta misma situación, la posibilidad y sospecha de los automovilistas consumidores que se sienten obligados a servicios innecesarios, hacen imperioso que se investigue.

Cualquier posibilidad de que estas hipótesis fuesen ciertas, implicaría un atentado a los derechos del consumidor, en particular, al que se refiere el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

ARTÍCULO 10.-

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.

Luego, respecto a la necesidad de una investigación que conlleve a dilucidar sobre la existencia o no, de prácticas comerciales desleales y coercitivas contra el consumidor conforme líneas que antecede se desprende, cabe destacar el contenido de la fracción VII del artículo 24 de la legislación invocada, en cuanto a las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor;

Ello, con la finalidad de aplicar medidas para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Para que esto funcione así y los procesos comerciales y económicos sean beneficiosos para todos, es necesario de la confianza, algo que con este probable fenómeno se está inhibiendo.

Generalmente un auto es usado con regularidad por su propietario, por lo que seguramente los casos de desconfianza por la posibilidad planteada no hayan trascendido antes, pero que cada vez se vuelve mayor, por ello, indispensable sean aclarados en bien de proveedores y consumidores, en este caso, del mercado automotriz y sus servicios.

Por ello, es precisa la realización de una investigación al respecto.

Propuesta sugerida en los siguientes puntos concretos de…

ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a realizar una investigación en relación a la posibilidad de prácticas desleales y coercitivas para la comercialización de productos y servicios por parte de diversas marcas automotrices a través de sus agencias o concesionarios, consistente en la eventual programación de los vehículos para requerir servicios o reparaciones innecesarios a través de códigos de tablero, señales y reacciones automecánicas, con la finalidad de someter al consumidor a la contratación periódica de servicios de agencia, al condicionar la supresión de dichos códigos o reacciones al referido servicio innecesario.

Lo anterior, en favor de la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, en este caso, del mercado automotriz y sus servicios.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente desconoce la legitimidad del proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018 en Venezuela y se congratula por la iniciativa del Grupo de Lima para lograr el restablecimiento del Orden Democrático en el país sudamericano. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía suspender el acuerdo que obliga a Pemex a ceder, sin proceso licitatorio, su capacidad de almacenamiento y distribución de gasolinas a las empresas que lo sustituyan en el suministro de estaciones de servicio. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

El primer día del 2017, entro en vigor el mayor aumento a los precios de las gasolinas y el diésel del que se tenga registro. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los precios promedio a nivel nacional se determinaron en $15.99 para la Magna, $17.79 para la Premium, y $17.05 para el diésel, lo que significaron aumentos del 14.2%, 20.1% y 16.5% respecto de los precios de diciembre de 2016.

Sin embargo, por el esquema de precios diferenciados entre regiones del país, en algunos lugares el precio aumentó en proporciones mayores. En algunas regiones del país la Magna llegó a los $16.95, la Premium a $18.41, y el diésel a $17.68.

Este aumento se dio en el marco del proceso de liberalización de los precios de los combustibles.

Para la liberalización de los mercados de los combustibles, se contempló la privatización de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos de Petróleos Mexicanos. En consonancia con el cronograma para la liberalización de precios de los combustibles, se estableció el proceso de temporadas abiertas para la subasta de la capacidad de almacenamiento y transporte en la infraestructura de PEMEX.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó el calendario para el proceso de adjudicación de capacidad de almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel. En estos procesos los privados presentan ofertas para utilizar la infraestructura de Pemex de almacenamiento y transporte, para comercializar las gasolinas que importen.

PEMEX ha lanzado 4 Temporadas Abiertas para que los privados usen sus ductos y tanques de almacenamiento de gasolinas. Con este mecanismo, pusieron a la renta la infraestructura de PEMEX para que los privados traigan su gasolina.

La primera Temporada Abierta  de Baja California tuvo éxito. La empresa Texana Tesoro Corp ganó la licitación, esta empresa cambió de nombre a Andeavor. Esta empresa junto con ExxonMobil son las únicas que están trayendo gasolina propia para vender en México.

La segunda Temporada Abierta se declaró desierta porque ninguna empresa presentó propuestas. Esta licitación incluía los sistemas que suministran los Estado de Coahuila, Nuevo León y la zona norte de Tamaulipas. 

Hay dos Temporadas abiertas en proceso. Incluyen los sistemas del Pacífico y los que suministran los Estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. Un factor que ha influido para en el poco interés de las Temporadas Abiertas, es el problema del robo de combustibles, que en 2017 significó pérdidas a PEMEX por 30 mil millones de pesos.

Por la ausencia de un verdadero mercado competido, se está distorsionado el precio que pagan los mexicanos. Contrario a lo que prometió el gobierno,  cuando en el mundo la gasolina sube, en México sube más y cuando en el mundo baja, en México sigue subiendo.

El precio de referencia de la Costa del Golfo de Texas disminuyó un 6 por ciento en Febrero de 2018. Mientras tanto en México la gasolina magna aumentó casi 5 por ciento en el mismo mes.

En enero de 2018 el precio de referencia de la Costa del Golfo de Texas fue de 9.31 pesos por litro (ya hechas las conversiones). Para el cierre de febrero el precio fue de 8.71 pesos por litro, es decir, 60 centavos menor.

Mientras tanto, en México el precio promedio a la venta de la gasolina magna fue de 16.70 pesos por litro, para el cierre se calcula que el  precio llegó a 17.5 pesos por litro. Es decir, 80 centavos más cara que el mes anterior.

La distorsión del mercado se debe a dos factores: la intervención del precio por parte de la Secretaría de Hacienda y, por otro lado, la ausencia de competencia real el mercado.

Por otro lado, en realidad PEMEX sigue suministrando el 99% de la gasolina del país, por lo que continúa estableciendo los precios de los combustibles por medio del precio de venta al por mayor al que le vende a las estaciones de servicio, que además es un precio regulado por la propia CRE.

Como lo advertimos, la ausencia de un verdadero mercado competitivo distorsiona los precios en el supuesto mercado libre de gasolinas que ha impuesto el Gobierno actual.

Lo grave es que ante el fracaso de las Temporadas Abiertas, la CRE  aprobó, el 28 de marzo de 2018, el Acuerdo A/015/2018 que obliga a PEMEX ceder su capacidad de almacenamiento y distribución a las empresas que lo sustituyan en el suministro a estaciones de servicio que antes eran PEMEX. Es decir, la empresa productiva del Estado deberá ceder a sus competidores, sin proceso licitatorio alguno, la capacidad que estos necesiten después de haberle quitado contratos con gasolineras.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente punto resolutivo.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Reguladora de Energía a suspender el Acuerdo A/015/2018 por el que se obliga a PEMEX a ceder, sin proceso licitatorio, la capacidad de Almacenamiento y Transporte de gasolinas y diésel a las empresas que lo sustituyan en el suministro de estaciones de servicio que previamente eran clientes de la empresa productiva, aprobado en sesión del órgano de gobierno de la Comisión el 28 de marzo de 2018. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Reguladora de Energía que, en término de 15 días, envíe a esta Soberanía, un informe detallado sobre los proceso de temporadas abiertas de ductos de transporte y tanques de almacenamiento de petrolíferos concluidos y en proceso; así como, los antecedentes, estudios y demás información que llevó a la CRE a aprobar el Acuerdo A/015/2018 e indique la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, presente la justificación constitucional y legal de imponer regulación asimétrica a PEMEX en detrimento del valor que genera la empresa productiva del Estado.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.






De la Diputada Araceli Damián González y del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal y, en su caso, consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el 10 de junio de 1971, conocidos como “El Halconazo”. Se turna a la Primera Comisión.

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ y JUAN ROMERO TENORIO, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El 10 de junio de 1971, en la Ciudad de México, el Comité Coordinador de Comités de Lucha, integrado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Universidad de Chapingo y la Universidad Iberoamericana, convocó a una marcha que tendría como ruta del Casco de Santo Tomás al Zócalo capitalino.

El objetivo era ejercer el derecho a la manifestación pública y a la protesta social, para expresar solidaridad con la lucha estudiantil y magisterial por la autonomía de la Universidad de Nuevo León, demandar la democratización de la enseñanza en las instituciones de educación superior, rechazar la reforma educativa impulsada por Luis Echeverría Álvarez, en ese momento Presidente de la República, la libertad de los presos políticos en México, además de exigir la independencia y democracia sindical.

SEGUNDO. Luego de sortear al menos dos intentos para impedir el avance de la manifestación, por parte del cuerpo de granaderos adscrito a la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, cuando los estudiantes arribaron a la altura de la Calzada México-Tacuba, irrumpió en la movilización el grupo paramilitar denominado “Los Halcones”, quienes iban provistos con varas de kendo y armas de fuego para atentar contra la vida y la integridad física de los manifestantes.

Producto de los actos de represión, se contabilizaron aproximadamente 200 personas heridas y por lo menos 22 ejecutadas extrajudicialmente.

TERCERO. Con motivo de las quejas presentadas por diversas organizaciones no gubernamentales en relación a los hechos de violencia que tuvieron lugar durante la “guerra sucia”, el 18 de septiembre de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos. Los resultados de la investigación dieron lugar a la Recomendación 26/2001, en la que se insta al Poder Ejecutivo Federal para que: “se sirva girar instrucciones al Procurador General de la República a efecto de que designe un Fiscal Especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación, y persecución, en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere esta Recomendación; en caso de resultar procedente, ponga en consideración de las autoridades judiciales competentes los resultados de las indagatorias y, en su oportunidad se dé cuenta a esta Comisión Nacional de las acciones realizadas”. 

CUARTO. El Presidente de la República aceptó la Recomendación 26/2001 y el 27 de noviembre del 2001 publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, en el que se solicitó al Procurador General de la República que designara a un Fiscal Especial, con el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de concentrar y conocer de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos, en contra de personas vinculadas con los movimientos sociales y políticos referidos, así como perseguir los delitos correspondientes ante los tribunales competentes.

QUINTO. Mediante el Acuerdo A/01/02, de fecha 4 de enero de 2001, el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, designó al Fiscal Especial al que se hace mención en la Recomendación y en el acuerdo presidencial invocado; el nombramiento recayó en el jurista Ignacio Carrillo Prieto.

Asimismo, por Acuerdo A/066/03, de fecha 23 de julio de 2003, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, el Procurador Macedo de la Concha delegó en el Fiscal Especial las facultades requeridas para el debido cumplimiento de su cargo.

SEXTO. Derivado de los hechos del año 1971, el 10 de junio de 2002, las víctimas interpusieron formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Por este motivo se dio inicio a la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002.

SÉPTIMO. No obstante las relevantes motivaciones históricas por las que la Fiscalía Especial fue creada, y aunque esta no agotó las indagatorias penales objeto de la Recomendación de la CNDH, el 30 de noviembre del 2006 ?último día de su gestión?, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, emitió el Acuerdo A/317/06, mediante el que se dispuso lo siguiente:

a) La abrogación del acuerdo emitido por el Procurador Rafael Macedo de la Concha, mediante el cual designó al Fiscal Especial.

b) La derogación del capítulo tercero del Acuerdo A/066/03, también emitido por el Procurador de la Concha, por el cual había delegado diversas facultades al Fiscal Especial.

c) El turno de los asuntos a cargo del Fiscal Especial a otras áreas de la institución, sin precisar a cuales.

d) La adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación a otras áreas de la procuraduría, sin importar las tareas que venían desempeñando bajo la coordinación del Fiscal Especial.

El Acuerdo A/317/06 implicó la desaparición de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ?FEMOSPP?, así como de la estructura operativa y administrativa que le había sido designada para llevar a cabo sus funciones.

OCTAVO. Mediante comunicado de prensa del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de fecha 19 de agosto de 2015, por el que se hace público el mandato para que la Procuraduría General de la República entregue la versión pública de las averiguaciones previas en las que se consignó al ex Presidente, Luis Echeverría Álvarez, por el delito de genocidio en los hechos del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, se confirma que tales indagatorias integran averiguaciones ministeriales todavía en trámite, ahora bajo la competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Procuraduría General de la República ejercitar acción penal, y en su caso consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el 10 de junio de 1971, conocidos como “El Halconazo”, antes competencia de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ahora a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SEGUNDO. Hacer pública la información que obre en todas las averiguaciones previas referidas a la comisión de graves violaciones a derechos humanos durante el periodo conocido como la “guerra sucia”, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Araceli Damián González.- Dip. Juan Romero Tenorio.






Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas a capacitar al personal que labora en los Ministerios Públicos y a los policías, para que puedan ofrecer una atención más humana a las víctimas que acuden a ellos para realizar la denuncia de algún hecho delictivo y a la ciudadanía en general. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA O FISCALÍAS GENERALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE INSTRUYAN AL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS A QUE CUMPLAN CON SU DEBER ATENDIENDO A LAS VÍCTIMAS INDEPENDIENTEMENTE DEL DELITO DEL QUE SE TRATE Y NO EJERZAN ACCIONES TENDIENTES A QUE DESISTAN DE REALIZAR SU DENUNCIA, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México el 93.7% de los delitos no se denuncian, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la cual es elaborada por el INEGI.1

Pese a que los delitos causan un daño económico, moral y en ocasiones incluso físico, ¿Por qué no se denuncian? algunos de los motivos son miedo al agresor, no contar con pruebas, pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad, siendo estas dos últimas causas atribuibles a las autoridades gracias a los trámites largos o difíciles, a la actitud hostil de la autoridad e incluso el miedo a ser extorsionado por parte de las mismas autoridades.2

Estos miedos de las víctimas contra las autoridades dentro de nuestro sistema de justicia desafortunadamente no son infundados, pues existen casos documentados de personal del Ministerio Público inmiscuido en delitos de extorsión contra víctimas de delito. En agosto de 2017, se dio a conocer un caso en el que una agente del Ministerio Público extorsiona a una víctima de robo en la Ciudad de México, la víctima se presentó en el ministerio público a denunciar un robo a mano armada en la colonia Condesa, los asaltantes viajaban en motocicleta, usaban casco con la careta levantada, 12 horas después lograron capturar a uno de ellos y la víctima lo reconoció, sin embargo, al mismo tiempo aceptó que no lo podía reconocer plenamente por el casco que llevaba. Ante esta situación se le acuso a la víctima de falsedad de declaración y se le pidieron 15 mil pesos para evitar que se le consignará. Tanto la secretaria del ministerio, como la ministerio público, presionaron a la víctima con el argumento de que el presunto responsable la estaba acusando de falsedad de declaraciones y tenían que consignarla, sin embargo, ellas podían ayudarla a cambio de esos 15 mil pesos para no cambiar su estatus de víctima a presunta responsable, siendo lo anterior comprobado gracias a la grabación de las llamadas entre las extorsionadoras y la víctima a su número celular.

La justicia en México cuenta con limitantes, ya sea por los protocolos, la interpretación de las leyes, o el personal que las ejerce; cuestiones que en ocasiones contribuyen a que los denunciantes desistan de levantar sus denuncias, sobre todo si a esto le sumamos que al denunciar también nos arriesgamos a caer en manos de servidores sin escrúpulos que pueden terminar extorsionándote. Afortunadamente en el caso anterior detuvieron a las responsables y no todo el personal de los ministerios públicos trabaja de esta manera, sin embargo, es preocupante la facilidad con la que demeritan las denuncias de las víctimas, ya sea por ser de monto bajo, por no querer hacer papeleo o por no querer brindar orientación adecuada a las víctimas, ocasionando que muchísimos delitos queden en la impunidad y muchos delincuentes más no sean perseguidos, pues al no existir denuncias en su contra, no hay delito que perseguir.3

La sociedad no se siente segura con sus autoridades, y es que en el 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), emitió un informe destacando temas de corrupción, resaltando que el 78% de los encuestados creen que ganar un juicio se puede con dinero y con relaciones, así como el 45% dijo haber sido víctima de corrupción; pero el que más resalta es el nivel de confianza que tiene la sociedad en las autoridades el cual se encuentra en 44% un nivel muy por debajo del promedio que es de 52%.4

Desafortunadamente la sociedad y las víctimas son las que tienen que enfrentarse con la incapacidad de las autoridades, la corrupción, que se ha vuelto algo normal y de trámite cuando se busca que algún asunto prospere, y la impunidad por la falta de actuar de la autoridad que ya es una constante. Si bien nuestras autoridades tienen exceso de trabajo, sueldos bajos y falta de personal, ante un delito, re victimizar a la víctima no debe ser una opción.

Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, si no confiamos en las autoridades, entonces ¿qué debemos hacer? Es un deber consagrado en la Constitución Política y es una obligación establecida en el artículo 21, en la que se describe que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías,5 es por ello que además de capacitar a las autoridades, se debería de exigir mayor eficacia y atención en temas de índole cotidiano, no que atiendan de acuerdo a la cuantía o gravedad, un delito es un delito y si ya son pocos los que acuden a denunciar, se debe hacer algo para evitar que estas situaciones se repitan.

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencia Penales (INACIPE), Laura Londoño, ha planteado una mayor capacitación para un mayor seguimiento al proceso de implementación y problemas procesales que se van presentando, así como la contratación del personal adecuado,6 medidas necesarias para una mejor implementación en el sistema de justicia penal acusatorio.

Medidas que de igual forma coindicen con la publicación realizada por el (INACIPE), subrayando que, para alcanzar el objetivo en una mejor práctica del sistema penal Acusatorio, es necesario la capacitación, ilustración y entrenamiento de la misma, cambiando el paradigma de justicia desde su vida, haciendo que todo lo que aprenda sea una experiencia personal7. La capacitación con lo anterior se plantea que sea más directa y más humana, que se pueda sentir y escuchar el auxilio ciudadano y sobre todo tener más cercanía con los problemas sociales y cotidianos.

Ya que las consecuencias son muchas y los malestares crecen cada día más, es por ello que exhorto a las procuradurías a afianzar la capacitación al personal que labora en los ministerios públicos, ya que es necesario para un mejor resultado y sobre todo la confianza en la gente que a diario vive y sufre el temor de algún delito y que este quede en la impunidad.

CONSIDERANDOS

Durante el Congreso Internacional Cambio Cultura en el Nuevo Modelo en el Nuevo Modelo de Justicia penal, organizado por el (INACIPE), el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, Rommel Moreno, resaltó el temor que se tiene por parte de los Ministerios Públicos, Policías y Jueces, así como también de los defensores públicos y privados, derivado de la falta de capacitación.8

Además de que para la directora del área de justicia del CIDAC, María Novoa, la policía y el ministerio público, deberán de ser un binomio con el que el ciudadano cuenta, ya que son con los que se entra en contacto en primera instancia por algún delito, estos deben eliminar los problemas que mantienen de coordinación y de desconfianza; esto podemos presumirlo ya que el 50 % de los Ministerio Público considera que hay deficiencias generalizadas en coordinación con la policía.9

La capacitación de Ministerios públicos y Policías, así como del resto del personal que labora en las agencias del Ministerio Público es necesaria para una mayor eficacia y rendimiento en su labor con la sociedad, desde una percepción más humana.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que capacite al personal que labora en los Ministerios Públicos y a los policías, para que puedan ofrecer una atención más humana a las víctimas que acuden a ellos para realizar la denuncia de algún hecho delictivo y a la ciudadanía en general.

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que instruya al personal de los ministerios públicos para que cumplan con su deber atendiendo a las víctimas independientemente del delito del que se trate y no ejerzan acciones tendientes a que desistan de realizar su denuncia.

TERCERO. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas y a la Visitaduría general, para que supervisen y se aseguren de que existan teléfonos con línea directa a la fiscalía de delitos de servidores públicos, para denunciar a servidores públicos, instalados en cada agencia del ministerio público; que estos estén visibles, funcionen y cuenten con servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 INEGI. NOTA TÉCNICA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE) 2017. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

2 Ídem.

3 “Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017”. Observatorio Nacional Ciudadano.
http://onc.org.mx/tag/estadisticas/ 

4 “Corrupción y Desconfianza en el Sistema Judicial”. Milenio. Jesús Rangel. 28 de abril de 2015.
http://www.milenio.com/firmas/j-_jesus_rangel_m/Corrupcion-desconfianza-sistema-judicial_18_508329189.html

5 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 “Sistema penal: un año de ir a contracorriente”. El Economista. 15 de junio de 2017.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sistema-penal-un-ano-de-ir-a-contracorriente-20170616-0054.html

7 “El sistema penal acusatorio”. Inacipe. Arely Gómez Gonzales. Noviembre 2016.
http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf

8 “"Temen" aplicar justicia por falta de capacitación”. El Siglo de Durango. 8 de noviembre de 2017. http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/918213.temen-aplicar-justicia-por-falta-de-capacitacion.html

9 “No hay coordinación entre policías y MP”. El Economista. Héctor Molina. 15 de marzo de 2017. https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-hay-coordinacion-entre-policias-y-MP-20170316-0068.html 






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a informar respecto de los casos de violencia laboral que se han presentado en el estado de Puebla y específicamente los relacionados directa o indirectamente con el Hospital del Niño Poblano. Se turna a la Tercera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE INFORME RESPECTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA LABORAL QUE SE HAN PRESENTADO EN EL ESTADO DE PUEBLA Y ESPECÍFICAMENTE LOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL HOSPITAL DEL NIÑO POBLANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las obligaciones más importantes del Estado Mexicano es procurar brindarle a la población las herramientas necesario y los espacios adecuados para poder desarrollar sus actividades cotidianas bajo un régimen de seguridad y bienestar, por ello cuando se hace público que una joven de apenas 26 años, que se encontraba realizando su residencia médica en el Hospital del Niño Poblano se quita la vida, se enciende muchos focos rojos, que nos obligan a manifestar nuestra inconformidad y desde nuestra trinchera promover lo necesario para evitar que situaciones como esta sigan ocurriendo.

El pasado 16 de mayo fue encontrada sin vida Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, quien había terminado su carrera de medicina y estudiaba para su especialización en pediatría; residente en el Hospital para el Niño Poblano desde hace poco más de un año. Conforme lo comentado por las fuentes de noticias, fue encontrado su cuerpo en el departamento que compartía con otras personas; el mensaje suicida encontrado por las autoridades, menciona entre cosas la depresión que vivía día a día, así como la falta de confianza que sentía al tratar a un paciente.

En declaraciones realizadas por compañeros médicos de Zyanya mencionan: “sentirse presionado, aquí en el centro laboral es normal, todos los días las y los residentes recibimos humillaciones, somos exhibidos ante pacientes y otros médicos adscritos, además, nos duplican guardias y horarios para que renunciemos”1

“El acoso es sistemático, es una costumbre en este hospital y todos. Desde que llegas te avisan que así los han tratado a ellos y que incluso les iba peor. Acá los médicos superiores que ahora son ya prácticamente pediatras formados, o R3, el grado mayor, te tratan con la punta del pie; te gritan que sin ellos mataríamos niños, que qué vamos a hacer cuando no estén ellos; son jornadas largas de trabajo, te castigan cuando quieren y puedes estar hasta 36 horas diarias. Algo así le pasó a Zyanya Estefanía” 2

De estas declaraciones se desprende que la violencia psicológico ejercida por algunas personas con mayor rango laboral en dicho hospital se han convertido en costumbre y que nadie castiga, por ello no  debemos permitir que dichas conductas misóginas y denigrantes sigan afectando el desarrollo de los servidores públicos y de las instituciones.

El estrés que se genera por acoso laboral puede ser confundido con procesos depresivos o problemas cardiacos; al respecto debemos de establecer que el abatimiento y el cansancio sirven para recordarnos que debemos de darle un descanso al cuerpo y a la mente, permitirles recobrar su nivel normal de funcionamiento, esto a través de momentos de tranquilidad, una caminada, un descanso, un proceso de relajación, una actividad que nos agrade y ayude a relajarnos son formas que permiten al cuerpo reestablecer sus niveles de bienestar.

El estrés puede ser manejado a través del llanto, la pena, o la tristeza que de manera natural y saludable nos permite hacer frente a acontecimientos traumáticos o tristes en la vida, de hecho, son mecanismos necesarios para ayudarnos a seguir adelante cuando las cosas se deshacen o experimentamos una pérdida. “Todos sentimos una gran tristeza en diferentes momentos de nuestras vidas, tales como el final de una relación, un divorcio, alejarnos de la familia y amigos, la pérdida de un trabajo, o caer enfermo; incluso si te siente confundido y desesperado después de una pérdida o un acontecimiento traumático, no significa necesariamente que tengas una depresión”3

Si bien la depresión está relacionada con pensamientos que pueden sugerir suicido, es algo más lo que hace que la percepción del mundo pueda orillar a alguien a quitarse la vida; “la forma de comer, dormir, lo que piensas y sientes acerca de ti mismo y los demás; genera un  desequilibrio grave que requiere atención y puede haber surgido a partir de una variedad de factores,”4 y debe de ser tratada por especialistas.

Para ello existen en el mundo diversas visiones de esta situación; para la tradición hindú, la medicina ayurvédica o medicina tradicional, reconoce que la depresión puede surgir cuando el temperamento de las personas afecta su sistema nervioso, ellos clasifican a las personas en tres tipos, los que son fríos, ásperos; los apáticos, a los que les da lo mismo casi todo y los que son pacíficos y calmados, para cada uno de ellos las consecuencias de un desajuste, la ansiedad, el nerviosismo, el insomnio, la soledad, la ira, el miedo al fracaso,  cometer errores o  perder el control y recurrentes pensamientos suicidas son síntomas característicos de este tipo de depresión. Una depresión leve puede ser causada por la decepción o el fracaso para alcanzar un cierto estatus o incluso un ascenso en el trabajo, sin embargo, esto no es suficiente para tomar la decisión de quitarse la vida.

Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen intento de suicidio están buscando aliviar vergüenza, culpa, quieren dejar de sentirse una carga para los demás, sentirse víctima, sentir rechazo, pérdida o soledad5

En atención a lo anterior podemos establecer que parte de las conductas mencionadas han sido calificadas como acoso laboral o “mobbing”, “es una forma de maltrato laboral, principalmente psicológico o moral, que se caracteriza por un hostigamiento persistente, sistemático y continuo sobre el trabajador de diferentes formas”; la mayoría de las veces no es necesario el uso de la violencia física para hundir a la víctima en la peor de las pesadillas;  cuando la violencia proviene de los jefes o superiores se identifica como “bossing”6

El acoso laboral es una fuente de estrés laboral que puede agravar el Síndrome de Burnout que provoca que la víctima no pueda o no quiera abandonar su puesto de trabajo, e incluso es frecuente entre quienes han padecido acoso de cualquier clase, desarrollen trastorno de estrés postraumático, un tipo de estrés crónico muy perjudicial.

Entre las formas de acoso laboral más comunes encontramos conductas como:

1. Amenazas verbales.

2. Agresiones físicas.

3. Extender falsos rumores para perjudicar a la víctima.

4. Burlarse de la víctima tanto en público como en privado.

5. Asignar a la víctima tareas humillantes, absurdas o demasiado exigentes para su capacidad.

6. Obligar a la víctima a simplemente no hacer nada.

7. Intentar aislar a la víctima del resto de compañeros.

8. Manipular a los demás para que acosen o ignoren a la víctima.

El acoso laboral puede tener efectos negativos sobre la salud física y mental de la víctima; entre las consecuencias negativas para el acosado se identifican: Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), riesgo de padecer Síndrome de Burnout, menor realización personal, adicciones, mayor riesgo de sufrir un accidente o cometer errores críticos en el trabajo, posibilidad de conductas violentas, mayor propensión a sufrir enfermedades psicosomáticas, aislamiento social, depresión e incluso suicidio en los casos más graves.

Entonces, si revisamos los elementos existentes en el suicidio de la joven Figueroa Becerril podemos deducir que puede tratarse de un simple suicidio sino la consecuencia de acoso laboral, si bien no es nuestra función valorar  lo contenido en la carpeta de investigación que en su caso integre la autoridad investigadora, si es nuestra función realizar los exhortos necesarios para combatir el acoso en cualquiera de su formas, eliminar la violencia en contra de las mujeres y buscar la manera de que en México la igualdad de género sea una realidad y no un mero discurso bonito.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 10 que la  violencia laboral y docente  es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño, también incluye el acoso o el hostigamiento sexual; y esta violencia no es exclusiva hacia las mujeres y su atención debe de ser a favor de cualquier persona, en cualquier situación.

Mientras que el artículo 11, del mismo ordenamiento, señala que: Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

Entonces conforme a lo señalado es necesario que las autoridades del Estado de Puebla ejerzan y cumplan con su obligación, pues su facultad es establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; y establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos.

Esto debe de ser establecido fundamentalmente a través de las Unidades de Género, creadas en cada una de las dependencias del estado, centralizas, descentralizadas, autónomas o desconcentradas, para que cada una de ellas ejerzan la facultad de combatir la violencia laboral. Elaboren los proyectos de investigación en materia de género, generen diagnósticos que identifiquen brechas de desigualdad de género que se presenten en su ámbito de competencia, proponiendo las acciones para mejorar las condiciones laborales entre hombres y mujeres.

Para apoyar estas acciones, ya en el mes de diciembre del dos mil diecisiete he presentado ante esta soberanía la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán contar con Unidades de Género para orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ahora es necesario exhortar a los diferentes poderes del Estado de Puebla para que establezcan las Unidades de Género en cada una de sus dependencias, estableciendo las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; y establezcan mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales

En razón de lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que Informe respecto de los casos de violencia laboral que se han presentado en el Estado de Puebla y específicamente los relacionados directa o indirectamente con el Hospital del Niño Poblano.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Salud del Estado de Puebla, para que Informe respecto de los casos de violencia laboral que se han presentado en el en los diferentes Hospitales del Estado y específicamente los relacionadas directa o indirectamente con el Hospital del Niño Poblano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

3 https://espaciohumano.com/depresion-desde-el-ayurveda/

4 ibidem

5 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001554.htm

6 http://www.estreslaboral.info/acoso-laboral.html






De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a través de su encargado de despacho, Lic. Alberto Elías Beltrán, y del Lic. Alonso Israel Lira Salas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, a dejar de obstruir las investigaciones y procesos en contra del ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores, y a cooperar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en este caso, sin dilación alguna. Se turna a la Primera Comisión.

Las suscritas, Senadoras de la República, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura Adriana Dávila Fernández, ANDREA GARCÍA GARCÍA Y SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE SU ENCARGADO DE DESPACHO, LIC. ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, Y DEL LIC. ALONSO ISRAEL LIRA SALAS, SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, A NO OBSTRUIR LAS INVESTIGACIONES Y PROCESOS EN CONTRA DEL EXGOBERNADOR EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES, Y A COOPERAR CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN ESTE CASO, SIN DILACIÓN ALGUNA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que entre 2005 y 2010, el ahora acusado C. Eugenio Hernández Flores se desempeñó como Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. En dicha capacidad, según se han pronunciado autoridades mexicanas y norteamericanas, el exgobernador Hernández realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, actos de corrupción y desvíos de recursos contra de las hacienda pública estatal y federal por más de 30 millones de dólares.

Que el pasado 15 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición del ciudadano Eugenio Hernández para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude en una Corte Federal de los Estados Unidos de América. El caso actualmente se encuentra en el amparo, y su eventual extradición podría tomar meses, o de plano nunca llevarse a cabo.

Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por medio de su Fiscalía Anticorrupción, tiene abiertas carpetas de investigación en contra del exgobernador Eugenio Hernández, donde se le acusa de diversos desfalcos a la hacienda pública del Estado, así como de diversos actos de corrupción y delitos en contra de la administración estatal.

Que derivado de dichas investigaciones, la Procuraduría local y el gobierno del estado han acudido a la Procuraduría General de la República en no menos de 11 ocasiones para solicitar la colaboración del Ministerio Público Federal, a fin de intercambiar información sobre las actividades criminales del exgobernador.

Que sistematicamente, sin fundamento y motivación suficiente, la Procuraduría General de la República se ha negado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tamaulipas en las investigaciones en contra del hoy detenido, cuestión que claramente ha dilatado y obstruido las investigaciones del Ministerio Público local, en clara contravención a la Constitución, leyes nacionales y convenios hoy vigentes.

Que por medio de exhortos judiciales, el Poder Judicial de Tamaulipas ha conminado al Ministerio Público Federal a colaborar y aportar los datos de prueba con que cuente, a fin de fincar las responsabilidades en el caso en contra de Eugenio Hernández, sin resultado alguno.

Que la obstrucción de investigaciones es un delito federal en contra de la administración de justicia con penas entre los 4 a 10 años de cárcel.

Que el propio Gobierno Constitucional del Estado de Tamaulipas, puede llegar a concurrir en calidad de víctima y representate jurídico de las víctimas materiales de los hechos que se le imputan al ciudadano Hernández Flores en los procesos penales federales y extranjeros que se le han iniciado, con lo que tendría el derecho, de acuerdo a las leyes mexicanas y las leyes de cooperación judicial internacional, a concurrir a juicio, acceder a las investigaciones ministeriales, así como a buscar por todos los medios jurídicos a su alcance el acceso a la justicia y a que se repare el daño al patrimonio de todos los tamaulipecos.

Por lo anterior expuesto y fundado, somete a consideración de esta soberanía el siguiente con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del Senado de la República se dictamine esta proposición como de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a través de su encargado de despacho, Lic. Alberto Elías Beltrán, y del Lic. Alonso Israel Lira Salas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, a no obstruir las investigaciones y procesos en contra del exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores, y a cooperar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en este caso, sin dilación alguna.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a garantizar al pueblo de Tamaulipas, el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño en todas las causas penales y de extradición en contra del exgobernador.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Suscriben

Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Andrea García García.- Sen. Sandra Luz  García Guajardo.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla se excuse de conocer los asuntos en los que sea parte la candidata de la Coalición “Por Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso, por realizar diversos actos que revelan una parcialidad manifiesta hacia dicha candidata y se abstenga de dañar la autoridad institucional del tribunal que preside. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, MARIO DELGADO CARRILLO, senador del grupo parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción y el abuso de poder que desde varios gobiernos locales se perpetra en el actual proceso electoral para favorecer a un partido político o a un candidato o candidata, son de las amenazas más perniciosas que se ciernen sobre la democracia y la voluntad popular.

Esa forma de autoritarismo exige que haya instituciones garantes profesionales, honestas, imparciales y celosas custodias de la importante función que la Constitución les ha encomendado. Esas cualidades deben caracterizar inexorablemente a todos los institutos y tribunales electorales del país. Son, al final, los guardianes de la expresión de la soberanía popular.

Esa obligación constitucional es quebrantada cuando el Presidente de uno de esos órganos vulnera la imparcialidad con la que debe ejercer su función y realiza actos o emite dichos que favorecen indebidamente a una las partes.

Este es el caso del Magistrado Fernando Chevalier Ruanova, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, quien emitió comentarios en donde “celebra” que en el Instituto Electoral del Estado emitiera medidas cautelares en contra del candidato a la gubernatura del estado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, ANTES DE QUE EL TRIBUNAL QUE PRESIDE EMITIERA RESOLUCIÓN ALGUNA SOBRE EL ASUNTO O INCLUSO, FUERAN IMPUGNADAS TALES MEDIDAS.

Dicho Magistrado dijo textualmente el pasado 22 de mayo sobre las medidas cautelares emitidas por el Instituto Electoral del Estado de Puebla:

"Ese llamamiento fue oportuno por parte del Instituto y no con efectos parciales o proteccionistas para la candidata. Obviamente, la candidata se ha sentido agraviada y en consecuencia de su solicitud, actuó el Instituto. Ningún sesgo, ni ningún vicio de parcialidad, al contrario lo celebro, los órganos jurisdiccionales y administrativos electorales debemos actuar de manera inmediata cuando advirtamos que se trastocan los principios de equidad en la contienda electoral".1

COMO PUEDE OBSERVARSE, EL MAGISTRADO PRESIDENTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLARAMENTE PREJUZGÓ SOBRE UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA QUE NI SIQUIERA ERA TODAVÍA IMPUGNADO ANTE EL PROPIO TRIBUNAL.

La prohibición de prejuzgar sobre los asuntos de su competencia gravita como mandato inexorable sobre todos los órganos jurisdiccionales, ya que tal prohibición constituye un resguardo fundamental de su imparcialidad. Es decir, una de las formas en que los juzgadores conservan y cuidan la imparcialidad de su función jurisdiccional ES ABSTENIÉNDOSE DE PREJUZGAR O DE EMITIR OPINIONES ANTICIPADAS CALIFICANDO UN CONFLICTO EN CONCRETO SOBRE EL CUAL TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER.

La imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral es un principio rector de la misma, ordenado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción IV, inciso b).

Esta disposición constitucional se materializa en legislación electoral de Puebla, en su acepción particular de prohibición para prejuzgar, en el artículo 334, inciso e) del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que textualmente dice:

“Artículo 334
Son causales de remoción y causas de responsabilidad de los magistrados las siguientes:

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

…”                     

Según puede verse, el Magistrado Chevalier Ruanova ha incurrido en una de las causas de responsabilidad citada.

Sus expresiones tendenciosas, descuidadas e ilegales, propias de un representante partidista y no de un juzgador que debe otorgar las más amplias garantías de certeza e imparcialidad al proceso electoral que debe resguardar.

El favoritismo y la ilegal parcialidad del Magistrado Chevalier hacia la Coalición “Por Puebla Al Frente” tienen otra causa de origen familiar.  Gretta Fernanda Chevalier Mora y Juan Manuel Chevalier Ruanova, hija y hermano del Magistrado forman parte de las planillas de regidores de los partidos Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración a la presidencia municipal de Puebla.  

Por sí esto fuera poco, el 19 de abril pasado, el Magistrado Chevalier señaló en un encuentro de la Asociación de Mujeres Periodistas del Estado de Puebla que la candidata puntera de las encuestas era Martha Erika Alonso. Otro dicho irresponsable y delator de la parcialidad de este Magistrado hacia la candidata panista. 

Ante tales desplantes antidemocráticos, que lesionan no sólo la equidad en la contienda sino la autoridad del Tribunal como último arbitro local del proceso electoral, el Magistrado Chevalier Ruanova no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de los principios rectores que la Constitución imponen a toda contienda electoral, como los de independencia, imparcialidad y objetividad.

Su nulo compromiso con un ejercicio digno y democrático de la función jurisdiccional no debe ser tampoco cómplice de la descarada intervención del gobierno local en el proceso electoral. Por la regularidad constitucional del proceso comicial en Puebla, el Magistrado Fernando Chevalier Ruanova debe excusarse en todos los asuntos en que sea parte la candidata panista Martha Erika Alonso, quien ha tenido en ese juzgador a un aliado de su causa política, a costa de que Puebla cuente con un Magistrado probo que resguarde su proceso electoral.     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Fernando Chevalier Ruanova se excuse de conocer los asuntos en los que sea parte la candidata de la Coalición “Por Puebla Al Frente” Martha Erika Alonso, por realizar, dentro del proceso comicial que se desarrolla en tal entidad federativa, diversos actos que revelan una parcialidad manifiesta hacia dicha candidata. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla se abstenga de realizar actos o emitir dichos que contravengan los principios rectores en materia electoral de independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda autoridad en la materia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.


1 http://www.e-consulta.com/nota/2018-05-22/politica/celebra-presidente-del-tribunal-electoral-mordaza-barbosa





De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre el diseño, operación y evaluación de los programas que permiten generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos vulnerables. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a generar un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos para que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE GENERE UN PROGRAMA QUE INCLUYA A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, LOCATARIOS DE MERCADOS Y COMERCIANTES DE PRODUCTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS, A QUE OBTENGAN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los vales de despensa son una prestación que algunas empresas utilizan para contrarrestar el descuento de impuestos, y como parte complementaria del sueldo de sus empleados. Para la empresa el dar vales y no dinero en efectivo, les genera un beneficio fiscal, ya que los vales no son gravables y la empresa puede deducir el 53% del gasto, beneficiando también al empleado, ya que recibe la cantidad íntegra en vales, sin que por esa cantidad les retengan impuestos, como sucede cuando pagan con efectivo y les descuentan el Impuesto sobre la renta (ISR). 1

El uso de vales de despensa está destinado única y exclusivamente a la compra de alimentos, artículos de la canasta básica y despensa en general; por lo que el gobierno decidió no gravar esta prestación, permitiendo que tanto las empresas como los empleados reciban los beneficios.

Sin embargo, los beneficios de los vales de despensa, están limitados y condicionados a comprar solo en establecimientos y comercios afiliados a los emisores de dichos vales. Dentro de estos comercios en su gran mayoría se encuentran: Diconsa, Waldo´s Mart, Bodega Aurrera, Sam´s, WalMart, Tiendas del ISSSTE, Costco, Superama, Gigante, Chedrui, Soriana, Comercial Mexicana, Extra, Super Bara, Woolworth, Del Sol, Fabricas de Francia, Suburbia, Liverpool, Famsa, Tiendas Natura, Farmacias Benavides, Farmacia el Fenix, Farmacias Guadalajara, Super G, Calmax, Six, Farmacias del Sol, Vips, Dominos Pizza, Carl´s Jr, Sanborn´s, Mega Comercial Mexicana, Toks, El Portón, Pollo Feliz, Subway, S-Mart, entre otros, en su mayoría tiendas de autoservicio, farmacias, algunos restaurantes y algunas tiendas de abarrotes.2

En su mayoría los vales son aceptados por las grandes cadenas de autoservicios, dejando en desventaja a las tiendas de abarrotes, locatarios de mercados y pequeños comerciantes.

Los mercados constituyen las principales fuentes de abastecimiento en los barrios, colonias y lugares cercanos a ellos. Solamente en la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, distribuidos en sus 16 delegaciones.

Por años los mercados se han distinguido por ser sitios en los que se pueden adquirir artículos de primera necesidad a precios accesibles, además de ser el sustento de miles de pequeños comerciantes, en nuestro país.

Fortalecer los mercados y apoyar a los pequeños comerciantes es una tarea que económicamente favorecerá a miles de personas, ya que no solo permitirá que los pequeños comerciantes incrementen sus ventas, sino que también le permitirá al consumidor adquirir productos frescos y de buena calidad.

Por lo anteriormente expuesto propongo que se realice una campaña para incluir a los locatarios de mercados y pequeños comerciantes de productos perecederos y no perecederos, como comercios, a que puedan contar con dispositivos electrónicos, para la recepción de tarjetas de vales de despensa y de esta manera dar oportunidad a que los consumidores a que tengan la opción de hacer su despensa en mercados y no solo con las grandes compañías de autoservicio.

Los tiempos en los que estamos nos indican que debemos apoyar la economía nacional e incrementar el consumo no solo de los productos nacionales, sino también de los comerciantes locales, aquellos que poseen los clásicos negocios en las esquinas o en los mercados, y que también necesitan oportunidades para crecer e incrementar su productividad.

CONSIDERANDOS

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el artículo 27, fracción XI en su primer párrafo menciona que las prestaciones que se otorguen de manera general a todos los trabajadores, podrán ser deducibles de impuesto y especifica que cuando se trate de vales de despensa, tendrán que ser entregados a través de monederos electrónicos, previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.3

La Miscelánea fiscal 2015, define el concepto de vales de despensa, mencionando en el punto 3.3.1.16  que “se entenderá por vale de despensa, aquél que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia… no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del tabaco.”4

Entre las obligaciones con las que cuenta el emisor de monederos electrónicos de vales de despensa tenemos en el punto 3.3.1.20. numeral V de la Miscelánea Fiscal 2015, que los emisores tendrán que “afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la celebración de contratos, a efecto de que en dichos comercios pueda ser usado el monedero electrónico de vales de despensa…”; al mismo tiempo deberán publicar en su página de Internet una lista de los comercios afiliados y mantener esta lista actualizada.5

Por lo antes mencionado, pongo a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 “3 preguntas que se repiten sobre beneficios de vales de despensa”. Edenred. 23 de julio de 2015. http://blog.edenred.mx/tres-preguntas-beneficios-de-vales-de-despensa#sthash.ZbYblDSu.dpuf

2 “Directorio Nacional de Establecimientos Afiliados a Vale Papel Despensa”. Si vale. file:///C:/Users/PC/Downloads/valenacional%20(1).pdf

3 “Ley del Impuesto Sobre la Renta”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

4 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

5 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las acciones realizadas para garantizar la protección de la niñez migrante no acompañada. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dentro del tema de migrantes el grupo más vulnerable es el de la niñez procedente de los países centroamericanos, en especial del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y de México en los flujos migratorios irregulares que se dirigen a Estados Unidos.

Un estudio realizado por la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Política Migratoria1, en el 2015, señaló que del 97.6% del total de menores migrantes presentados ante las autoridades migratorias, el 48.6% son nacionales de Guatemala mientras que los de Honduras representan a 28% y los de El Salvador a 21.1%.

En el siguiente cuadro se graficaran los tres países que cuentan con menores migrantes acompaños y no acompañados durante el año 2015, de acuerdo al informe de Menores migrantes en México. Extranjeros presentados ante las autoridades migratorias y mexicanos devueltos por Estados Unidos2.

País

Acompañados

No acompañados

El Salvador

47.8%

52.2%

Honduras

55.9%

44.1%

Guatemala

40.9%

59.1%

Esta problemática se presenta debido a la pobreza en la que se encuentran, así como a la falta de oportunidades laborales, la violencia, ausencia de protección, y el deseo inminente de reunirse con sus padres en Estados Unidos, mismos que se encuentran “encerrados” en este país en su mayoría por su situación migratoria irregular, así como la acción de las redes de tráfico de migrantes las cuales han encontrado en las niñas y niños migrantes una fuente de negocio particularmente redituable.

Sin duda, la migración irregular de menores es una de las dimensiones más preocupantes del fenómeno migratorio contemporáneo, que demanda acciones firmes por parte de los países de origen, tránsito y destino, para reducir el impacto de la múltiple condición de vulnerabilidad de este grupo de migrantes, particularmente de los que viajan solos asegurando el ejercicio de sus derechos, en términos de unidad familiar y protección del interés superior, conforme a los instrumentos internacionales.

De enero a marzo de 20183 los tres países que contaron con menores migrantes por hombre y mujer fueron los siguientes:

Países

Hombres

Mujeres

El Salvador

375= 58.3%

268= 41.7%

Honduras

1 793= 64.2%

1 002=35.8%

Guatemala

2 497= 67.9%

1 183= 32.1%

En México, las principales causas por las que los menores quieren migrar a los Estados Unidos es incorporarse al mercado laboral de este país, así como el reencontrarse con sus padres. A esto se suma que la niñez más vulnerable es aquella que migra sin documentos, así como sin el acompañamiento de un familiar adulto, exponiéndose a las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.

Una forma de acercamiento a esta problemática es a través de la información registrada por las autoridades migratorias mexicanas sobre los menores migrantes Repatriados de Estados Unidos.

Las repatriaciones de menores migrantes mexicanos muestran un ligero descenso entre 2012 y 2013, al pasar de 17,129 a 16,971, descenso que se prolonga hasta al 2014 registrando 14,339 eventos. En 2015, esta tendencia continúa, ya que del total acumulado de repatriaciones entre enero y noviembre fue de 10,698; una cifra menor a la observada el mismo periodo de 2014. El flujo de menores migrantes devueltos es mayoritariamente masculino alrededor de 84% en los años recientes, entre los 12 y 17 años de edad.

De enero a marzo de 20184, la siguiente grafica representa repatriaciones de menores migrantes mexicanos:

Condición de Acompañamiento

Enero- marzo 2018

Acompañados

341

No acompañados

2 660

Al respecto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Marlyn, señaló que en los últimos cuatro años 56 mil niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados terminaron en custodia del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, de esta última cantidad solo el 1.3 % (721) fueron canalizados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para ver si pueden recibir la condición de refugiados.5

Los marcos jurídicos mexicanos encargados de proteger el interés superior de la niñez, son los siguientes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo noveno del artículo 4.

• Dentro de la Ley de Migración se encuentra salvaguardado en el párrafo segundo artículo 11.

• Por último en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran en los artículos 2, 7 y 9 respectivamente.

En este sentido en nuestro país el Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad encargada de salvaguardar la Integridad de las niñas, niños y adolescentes, es por ello que deberá realizar todas aquellas medidas necesarias para que su trasladado sea el adecuado y no permanezcan detenidos o en su caso sean víctimas de violación a sus derechos humanos.

Bajo esta tesitura la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la cual  fue creada por Acuerdo Presidencial el 22 de julio de 1980, en el contexto de la llegada de aproximadamente 50 mil centroamericanos que huían de la violencia. Es un órgano intersecretarial de carácter permanente, conformado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con un Órgano Administrativo Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la encargada  de efectuar de manera eficiente y expedita el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgar protección y asistencia a la población refugiada, así como estudiar la problemática y necesidades que enfrentar los refugiados con el objeto de encontrar las soluciones a las mismas.6

Con estas cifras podemos ver que la migración de la niñez no acompañada sigue siendo una constante y es necesario que en todos y cada uno de los países se brinden las condiciones necesarias para el respeto y garantía de sus Derechos Humanos de forma particular hablamos de nuestro país.  Por lo que si bien reconocemos que se han realizado diversas acciones para su protección es necesario que estás se fortalezcan dados los acontecimientos actuales.

En razón de lo anterior, es importante exhortar al Instituto Nacional de Migración para que fortalezca las acciones encaminadas a garantizar la protección de la niñez migrante no acompañada con la finalidad de evitar que siga existiendo un constante abuso físico, psicológico e incluso sexual de este sector tan importante de la población.

Derivado de lo anteriormente expuesto es que el día de hoy me permito someter ante esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones y competencia fortalezca las acciones realizadas para garantizar la protección de la niñez migrante no acompañada.

Dado en la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.


1 Menores migrantes en México. Extranjeros presentados ante las autoridades migratorias y mexicanos devueltos por Estados Unidos.
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/En%20Foco%2024122015.pdf. 24/05/2018.

2http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/En%20Foco%2024122015.pdf. Pág. 6 24/05/2018.

3 http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2803/1/images/NNYA_Sintesis_ene-marzo2018.pdf. Pág. 4. 25/06/2018.

4 ibidem Pág. 10. 24/05/2018.

5https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1401576&md5=8a79ca114aeef8ed55841c2d1839c512&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe. 23/05/2018.

6 http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Preguntas_Frecuentes. 25/05/2018.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República para que explique el retraso en las investigaciones sobre el espionaje de Estado contra candidatos y activistas sociales. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En julio de 2017 el diario estadunidense The New York Times publicó un trabajo realizado por el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto, Canadá, Citizen Lab, en donde se demostró el uso del malware pegasus para intervenir los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

En aquella ocasión entre las víctimas del espionaje ilegal estaba el entonces presidente nacional del PAN y ahora candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés y otros tres dirigentes de Acción Nacional.

Otros activistas y líderes de opinión espiados fueron Mario Patrón, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; investigadores de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

De acuerdo con el diario estadunidense, los actos de espionaje se realizaron entre 2015 y 2016, justo cuando se estaban abordando temas de alto impacto como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya,  la “Casa Blanca”, el plagio de la tesis por parte de Enrique Peña Nieto, las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, y los hechos de corrupción del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Según The New York Times, cada licencia para el uso del malware Pegasus de uso exclusivo para gobiernos, tendría un costo alrededor de 77 mil dólares, es decir, el equivalente a 1.4 millones de pesos.

Este tema debe ser de la mayor preocupación para todos los ciudadanos, pues no solo atenta contra las libertades, sino que es un retroceso para nuestra democracia.

Los agraviados han expresado sus exigencias a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación profunda e independiente, así como solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares para proteger su integridad. En Acción Nacional nos sumamos a esas voces que, hasta ahora, no han sido atendidas.

De confirmarse que el Gobierno Federal realizó espionaje a particulares, resultaría por demás cuestionable la legalidad de esa intervención, la cual, salvo disposición judicial, está prohibida en nuestro país.

Pero esas investigaciones las ha retrasado la PGR sin motivo alguno. En un comunicado firmado por organizaciones cuyos integrantes fueron víctimas del espionaje, se informó que un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, resolvió el recurso de impugnación 19/2018, relativo a la negativa de la PGR a admitir probanzas presentadas el 20 de febrero.

Estas organizaciones señalan que desde el momento en que se presentó la denuncia sobre el espionaje del que fueron objeto, ya se advertía la falta de capacidad y voluntad de PGR para investigarse a sí misma, por lo que exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantía mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido.

De ahí la importancia de contar con un fiscal autónomo, que no tenga reserva alguna en revisar este tipo de asuntos que involucran al gobierno federal.

Son muy graves las acusaciones en contra del gobierno de México, sobre todo en el contexto de los procesos electorales que se están llevando a cabo en toda la República.

Condenamos en su momento las acciones de un gobierno “espía” así como el día de hoy condenamos que ese mismo gobierno no haya hecho nada para defender a los ciudadanos que fueron víctimas del espionaje de Estado.

En el Estado de Derecho no puede tener cabida la más mínima expresión de violación a los derechos humanos. Por eso resulta imprescindible que el Gobierno Federal aclare, de forma precisa, si adquirió o no el software Pegasus y, de ser el caso, si la intervención de comunicaciones ha estado apegado de forma irrestricta a la ley.

El Poder Judicial de la Federación Ya ha ordenado a la PGR admitir pruebas presentadas por la defensa de las víctimas del espionaje gubernamental a través del software Pegasus, estableciendo las dependencias y funcionarios que fueron responsables de la contratación del sistema, adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia dependencia, por lo que la dependencia del gobierno ya no tiene pretextos para retrasar las investigaciones correspondientes.

En tal virtud, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN:

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, PARA QUE EXPLIQUE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL ESPIONAJE DE ESTADO EN CONTRA DE CANDIDATOS Y ACTIVISTAS SOCIALES, Y EL USO DEL SOFTWARE PEGASUS PARA TALES PROPÓSITOS.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus 32 homólogas en la República Mexicana a supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para Realizar Trabajos en Altura y, en su caso, impulsar actualización de la norma. Se turna a la Tercera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y SUS 32 HOMOLOGAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA A SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-STPS-2011, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA Y EN SU CASO, IMPULSAR ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lamentablemente los accidentes laborales se encuentran presentes en el día a día, en algunas ocasiones no pasa de ser un incidente, sin nada que lamentar, pero otras ocasiones no tiene el mismo final.

Para entrar en contexto mencionaré algunos casos:

1. El pasado 28 del mes y año en curso, a escasa distancia del lugar en que se encuentra situado el Senado de la República, se suscitó un incidente que pudo ser de funestas consecuencias, al quedar suspendidos por avería en el andamio en que laboraban cuatro pintores en un inmueble situado en Paseo de la Reforma, colonia Juárez1.

2. El pasado 27 de abril del año en curso, un trabajador que se encontraba realizando sus actividades en un andamio, cayó sufriendo heridas de gravedad en un inmueble situado en la colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México2.

3. En noviembre del año 2017, dos trabajadores fueron rescatados por personal paramédico cuando quedaron suspendidos en el aire tras caída de andamio en la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana3.

4. El 26 de febrero del año 2016, cuatro trabajadores limpiavidrios quedaron suspendidos en el aire en un andamio en el piso 52 de la Torre Mayor, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México, por una falla mecánica en la grúa que los sostenía, siendo rescatados por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de rescate y paramédicos4.

El trabajo en andamio resulta de gran importancia para la construcción, pero de alto riesgo por lo peligroso que resulta.

Quienes realizan trabajo en las alturas deben contar con elementos de protección y seguridad al momento de subir al andamio, como arneses de seguridad, cables que los sujeten y todos aquellos que se encuentran contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, sobre Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de abril de dos mil once5.

Los trabajadores que laboran en andamios deben realizar su actividad con el equipo de protección personal cuya finalidad es que, en el caso de eventualidad o accidente, quede salvaguardada su integridad personal con sistemas de detección de caídas que permita que sea soportado el cuerpo del trabajador y rescatado por personal de seguridad capacitado para este tipo de eventos.

Estos trabajadores de andamios se encuentran en riesgo potencial a sufrir accidentes por la naturaleza de su actividad laboral, sin embargo, los riesgos son mayores cuando los trabajadores no son provistos del equipo de seguridad por parte de sus empleadores.

La NOM-009-STPS-2011 contempla entre otros, que al inicio de cada jornada debe verificarse que en las plataformas de elevación no existan evidencias de soldaduras deterioradas o defectos estructurales, así como que no existan daños en cables, mal estado de conexiones eléctricas o que no existan condiciones irregulares en neumáticos, frenos y baterías.

Los accidentes son previsibles y cumplir con medidas de seguridad, protección, supervisión, vigilancia y detección de fallas en los sistemas de elevación, pueden prevenir que un accidente no se presente.

Nuestra condición de vulnerabilidad en torno a eventos naturales como sismos, tormentas eléctricas u otras, pueden presentarse en cualquier momento y los trabajadores deben estar debidamente protegidos ante una eventualidad de esta naturaleza.

Los riesgos de caídas, el colapso de andamios la caída de objetos, son parte del trabajo que realiza el personal de la construcción o pintores como lo es el caso del evento acontecido el día 28 del mes y año en curso.

Quienes dimos seguimiento a la nota informativa en tiempo real a través de noticieros televisivos, pudimos percatarnos que los trabajadores que fueron rescatados no contaban con equipo de seguridad y fueron justamente los rescatistas quienes asistieron a los trabajadores que quedaron suspendidos en el aire para colocarles chalecos y otros accesorios que permitiera bajarles de la altura en la que quedaron suspendidos, lo que traduce en que los trabajadores en comento no fueron proveídos del equipo de seguridad para realizar su labor y que nadie supervisó que iniciaran sus actividades luego de haber revisado las condiciones de equipo y plataforma de altura para que iniciaran sus actividades.

Las empresas que se dedican al trabajo en andamios, ya sea para la limpieza de cristales, conocidos como limpiavidrios, soldadores, pintores, resanadores y otros, deben cumplir con lo dispuesto por la NOM-009-STPS-2011, así como por las disposiciones relativas y aplicables contenidas en otros ordenamientos de nuestro marco jurídico nacional, como lo es la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo

Es en razón de lo antes expuesto, que a esta alta Soberanía presento, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus 32 homologas en la República Mexicana a supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana Nom-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para Realizar Trabajos en Altura e impulsar en su caso actualización a la Norma.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1405381&v=4&sc=672&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1405381&v=4&sc=672

2https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1381184&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1381184

3 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/rescatan-dos-trabajadores-tras-caida-de-andamio-en-uam-xochimilco

4 http://www.milenio.com/estados/trabajadores-quedan-colgados-en-andamio-en-la-torre-mayor

5 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una postura ante los acontecimientos políticos y sociales por los que atraviesa la hermana República de Nicaragua. Se turna a la Segunda Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES FIJE UNA POSTURA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES POR LOS QUE ATRAVIESA LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA.

CONSIDERACIONES

Desde finales del pasado mes de abril, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dio a conocer reformas con el fin de estabilizar el sistema de pensiones, lo que provocó una serie de protestas de los directamente afectados, así como de estudiantes y la sociedad civil. La respuesta de las autoridades a dichas manifestaciones fue violenta y represora, derivando en decenas de heridos y muertos. A pesar de la cancelación de la reforma, la respuesta del gobierno a las manifestaciones derivó en una crisis que aún no termina.

Diversos organismos internacionales han reprobado la actuación del gobierno nicaragüense a las protestas: uso excesivo de la fuerza, detención de estudiantes, civiles y activistas, así como intimidación y represión a los medios de comunicación.

Amnistía Internacional, basado en 30 entrevistas personales y el estudio y documentación de 16 casos, entregó un informe, titulado “Disparar a matar”, de 36 páginas, en donde concluyen que hubo uso excesivo de la fuerza, irregularidades en las investigaciones, denegación de atención médica, violaciones a los derechos humanos e intento de controlar a la prensa. Esta organización registraba, para fines de mayo, el número de muertos en 83, mientras la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos da cuenta de 76 muertos y 868 heridos.

El presidente Ortega culpa a simpatizantes de derecha de infiltrar las marchas y ocasionar la violencia, para desacreditar a su gobierno de izquierda. Por otra parte, los organismos internacionales antes señalados han acusado al gobierno de Ortega de colaborar con grupos paramilitares para suprimir las manifestaciones, además de usar grupos de choque conocidos como turbas y fuerzas parapoliciales.

Es importante señalar que, ante la condena internacional, así como reiterados llamados al diálogo, los intentos por entablarlo han fracasado, incluidos aquellos que se ha pretendido establecer con la mediación de la Iglesia Católica.

En este contexto, mediante este punto de acuerdo, hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cese la innecesaria y reprobable represión hacia la población. Así mismo, exhortamos a las autoridades y a los habitantes de ese país para que, mediante el diálogo, logren acuerdos que conduzcan al restablecimiento de la paz interna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta profundamente y condena los acontecimientos políticos y sociales acontecidos en la hermana República de Nicaragua y que han llevado a la arbitraria represión, detención y muerte de decenas de personas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de los canales que estime conducentes, fije una postura ante dichos acontecimientos.

Atentamente.






Del Diputado José Hugo Ángel Olvera, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la denuncia presentada por el caso de espionaje con el Programa Tecnológico Pegasus, que fue radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017. Se turna a la Primera Comisión.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que propone la creación de una “Semana Nacional de Promoción del Ahorro”. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a efecto de que sea considerada la designación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Empleado Superior de Hacienda. Se turna a la Tercera Comisión.

Las y los suscritos Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL A SENDAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE A EFECTO DE QUE SEA CONSIDERADA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO EMPLEADO SUPERIOR DE HACIENDA, A EFECTO DE DICHO NOMBRAMIENTO SEA RATIFICADO POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE CORRESPONDA, ANTE LA NECESIDAD DE QUE SU FUNCIÓN SE REALICE CON VISIÓN DE ESTADO. con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La Unidad de Inteligencia Financiera es la entidad del gobierno federal encargada de la recopilación, análisis y diseminación de la información que le es remitida por parte de aquellos particulares que están comprendidos en la legislación financiera y comercial y que están sometidos al régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Dicha Unidad fue creada mediante decreto publicado el 7 de mayo de 2004.

SEGUNDO.- De acuerdo a la información de la propia Secretaría, dicha Unidad tiene las siguientes finalidades y atribuciones:

• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;

• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y

• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero o el Financiamiento al Terrorismo y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

En tal sentido, las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 Bis del Código Penal Federal).

• Terrorismo nacional (artículo 139 del Código Penal Federal),

• Terrorismo internacional (artículo 148 Bi del Código Penal Federal) y

• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 Quáter del Código Penal Federal).

TERCERO.- El Lavado de Dinero en México representa un reto de importantes proporciones, ya que es el delito a través del cual los grupos del crimen organizado, los defraudadores del fisco y quienes incurren en actos graves de corrupción, transfieren, se aprovechan y ocultan inconmensurables caudales de recursos financieros y económicos. Si bien no hay cifras oficiales respecto de los montos que son blanqueados por dichos grupos delictivos, existen cifras en las que se calcula que los flujos ilícitos fluctúan entre los diez mil y los sesenta mil millones de dólares anuales en México.

No obstante lo anterior, los resultados que las autoridades han obtenido en la materia son altamente insatisfactorios, tanto por el lado de los procesos penales abiertos y las sentencias condenatorias obtenidas respecto DE CASOS RELEVANTES (no vale la pena considerar pequeños casos de lavado de activos para medir la eficacia del estado), así como por el lado de los procesos de RECUPERACIÓN DE ACTIVOS del crimen, en los que mediante actos de decomiso, abandono o extinción de dominio, México no llega a incautar siquiera el uno por ciento de los flujos financieros y económicos de la criminalidad, como se puede constatar en los informes presidenciales de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

CUARTO.- No obstante lo anterior, dicha UNIDAD, así como la Procuraduría General de la República y otras autoridades, se han desviado de sus facultades y faltando a su obligación constitucional de objetividad e imparcialidad, en diversas ocasiones han utilizado de manera engañosa, facciosa y abiertamente tramposa para afectar a líderes de la oposición político-partidista, filtrando información falaz y manipulada para hacer creer a la opinión pública que existen indagatorias formales en contra de dichos líderes de oposición.

Tal fue el caso, por ejemplo, de la ex candidata al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, quien fue víctima de filtraciones criminales, respecto de una indagatoria por lavado de dinero, que vulneraron su presunción de inocencia y que terminaron por afectarle en el desarrollo de su campaña. Exhibiendo su cinismo y la intencionalidad dolosa, la PGR publicó un comunicado expresando a Vázquez Mota que no estaba siendo investigada, tan solo a una semana de concluir las campañas electorales.

En fechas recientes, el candidato de POR MÉXICO AL FRENTE, Ricardo Anaya, sin haber sido llamado UNA SOLA VEZ por el ministerio público a realizar la más mínima aclaración ha sido víctima de una feroz campaña de filtraciones y engaños por parte de las instituciones, con la intención evidente de afectarle políticamente.

En tal sentido, es evidente que la UIF no solamente ha sido una entidad poco eficiente para su misión institucional sino que se ha corrompido al servir como ariete político conjuntamente con el PGR, lo cual no puede ser sino objeto de preocupación y un obligado llamado a cuentas.

QUINTO.- Dentro del marco constitucional se encuentra la figura de los EMPLEADOS SUPERIORES DE HACIENDA. Dicha denominación data de las constituciones mexicanas del siglo XIX así como el requisito de su ratificación por parte del Congreso derivado del acceso que históricamente dichos servidores públicos tenían a importantes caudales de la hacienda pública. Tal era el nivel de acceso a recursos del estado por parte de estos servidores que los constituyentes de diversas etapas de nuestra historia consideraron necesario darles una clasificación distintiva, así como el requisito de validación parlamentaria señalado.

Dicho requisito se conservó en la promulgación de la Constitución de 1917, aunque no se ha desarrollado la legislación reglamentaria en la materia.

SEXTO.- Actualmente prevalecen tanto la categoría de EMPLEADOS SUPERIORES DE HACIENDA, como la disposición constitucional de ratificación por parte de órganos legislativos, si bien con algunas modificaciones y aspectos transicionales que mencionaremos:

A) Régimen vigente hasta el 1º de diciembre de 2018:

1. Actualmente tiene vigencia la disposición plasmada en la Fracción II del artículo 76 Constitucional que señala lo siguiente:

Arti?culo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la Repu?blica, Ministros, agentes diploma?ticos, co?nsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y dema?s jefes superiores del Eje?rcito, Armada y Fuerza Ae?rea Nacionales, en los te?rminos que la ley disponga;

En tal sentido se encuentra vigente el acuerdo de mesa directiva del senado de fecha 6 de diciembre de 2012, que señala quiénes son los EMPLEADOS SUPERIORES DE HACIENDA a ser ratificados por dicha Cámara. En tal acuerdo se enlistan los siguientes:

1.     Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2.     Subsecretario de Egresos;

3.     Subsecretario de Ingresos;

4.     Procurador Fiscal de la Federación;

5.     Tesorero de la Federación;

6.     Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7.     Administrador General de Recaudación;

8.     Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;

9.     Administrador General de Aduanas;

10.   Administrador General Jurídico;

11.   Administrador General de Grandes Contribuyentes;

12.   Jefe de Unidad de Crédito Público, y

13.   Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

2. En caso de que la designación se realice durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, la ratificación de los empleados superiores de hacienda y otros servidores públicos reace en la Comisión Permanente, tal y como dispone la fracción VII del artículo 78 de la Constitución:

Artículo 78.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I.  a VI.

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

B) Régimen de ratificación a partir del próximo primero de diciembre de 2018.

1. En virtud de la reforma político-electoral que se realizó en el año 2014, la facultad de ratificar a los empleados superiores de Hacienda se trasladó a la Cámara de Diputados, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 74:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I.  a II.

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

 Dicha reforma entrará en vigor a partir del primero de diciembre de 2018.

2. Por lo que toca a la ratificación en recesos congresionales, la ratificación se realizará conforme la regla señalada, es decir por la Comisión Permanente del Congreso Federal.

SÉPTIMO.- Actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra sin un titular designado oficialmente, lo que propicia que el momento actual sea idóneo para avanzar en la línea de la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que dicha titularidad se cubierta por alguien que goce de la sanción congresional correspondiente.

Ante la importancia de las funciones de la UIF y de la necesidad de verificar que su trabajo se realice CON VISIÓN DE ESTADO y de acuerdo a los más altos estándares de eficacia, eficiencia y objetividad, esta Comisión Permanente estima indispensable e impostergable que las mesas directivas tanto de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como esta propia Comisión Permanente, realicen emitan a la brevedad sendos acuerdos en los que se incorpore que será considerado como EMPLEADO SUPERIOR DE HACIENDA para efectos de su ratificación, al TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

Al siguiente tenor:

ÚNICO.- SE EXHORTA A AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE A EFECTO DE QUE SEA CONSIDERADA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO EMPLEADO SUPERIOR DE HACIENDA, A EFECTO DE DICHO NOMBRAMIENTO SEA RATIFICADO POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO EN EL MOMENTO EN QUE SEA REALIZADO, ANTE LA NECESIDAD DE QUE SU FUNCIÓN SE REALICE CON VISIÓN DE ESTADO.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.






Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transportes Eléctricos de la capital a detener los proyectos inmobiliarios que busca desarrollar en predios del sistema en Tetepilco, en la delegación Iztapalapa y, en Potrero, en la delegación Gustavo A. Madero. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, en razón de los siguientes antecedentes y:

CONSIDERACIONES

La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México no tiene límites, y ahora pretende seguir haciendo negocios inmobiliarios.

Esta vez se trata de dos proyectos que falsamente se presentan como si fueran de sustentabilidad, característicos del famoso cartel inmobiliario que comanda Miguel Ángel Mancera y que sigue tolerando el actual jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.

Se trata de dos proyectos para cambiar el uso de suelo de predios propiedad del Servicio de Trasportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, en Tetepilco, en la delegación Iztapalapa y, en Potrero, en la delegación Gustavo A. Madero. Como dato preciso se tiene como conocimiento que el C40 es el que hace la promoción en su página web para estos fines.

El proyecto Tetepilco, con un área de 166,120 metros cuadrados, actualmente alberga varios edificios, incluyendo oficinas, talleres y áreas de operación del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que es la empresa a cargo de administrar y operar el transporte eléctrico en la Ciudad de México.

El Depósito Tetepilco incluye el Museo del Transporte Eléctrico, que retrata la historia de la movilidad eléctrica y su importancia para el desarrollo urbano, económico y social de la Ciudad de México.

El proyecto que se puede consultar en el sitio Reinventing Cities forma parte supuestamente de una agenda para combatir el cambio climático en mega ciudades. Sin embargo, se observa que se trata de cambiar el uso de suelo y hacer negocio inmobiliario. En el sitio específico del proyecto se señala que:

• "Los concursantes tendrán la oportunidad de desarrollar propuestas de uso mixto pudiendo incluir comercio, servicios, cultura, deporte, capacitación y educación, así como generación de energía."1

• "Este predio tiene extraordinario potencial para reorganizar y mejorar el programa operativo actual de STE, liberar espacio y permitir la integración de nuevos usos."2

• "La Ciudad definirá con precisión el tamaño y las partes de los servicios públicos que los concursantes deberán reconstruir en el sitio".3

En el caso de la subestación Potrero, se trata de un área total de 924 m2, incluida un área que ocupa la subestación eléctrica de 250 m2. El cambio de uso del suelo se observa nítidamente en el proyecto que "No hay elementos de programa obligatorios, excepto la consideración de promover usos mixtos, incluida la vivienda, y la alternativa más adecuada (técnica y económica) para enterrar la subestación, según el caso.4

Los dos proyectos lejos de favorecer políticas de mayor eficiencia ambiental y de movilidad, son negocios inmobiliarios que nada tienen para reconocer al transporte eléctrico con el valor histórico que tiene. El tranvía fue el primer modo de transporte público masivo que conectó las áreas centrales con zonas periféricas, fortaleciendo económicamente la ciudad y dotándola de un servicio 100% libre emisiones desde aquella época. Hoy que se pretende su desmantelamiento y la privatización de los predios.

Este gobierno se ha caracterizado por hacer negocios con servicios públicos y recaudar dinero mediante los mecanismos para aplicar la ley. Así pasó con las fotomultas, los verificentros, los parquímetros y ahora el sistema de transporte eléctrico.

Debemos detener la privatización de esta modalidad de transporte y en su lugar, debemos incrementar el mantenimiento y parque vehicular para el STE, porque una ciudad sin movilidad eficiente no puede avanzar en lo social, en lo económico y en lo ambiental.

La flota de STE comprende 290 trolebuses, distribuidos en 8 líneas que cubren un total de 203.64 km; 20 unidades de trenes ligeros, que cubren una línea de 13.04 km que corre de norte a sur; y 20 taxis eléctricos. Proporciona servicio en promedio cada 4 minutos. El sistema transporte trolebús diariamente transporta aproximadamente a 260 mil usuarios.5

Un transporte histórico y amigable con el medio ambiente requiere esfuerzos serios de inversión, mantenimiento y renovación; sin embargo, este gobierno lo ha abandonado drásticamente, característica de esta administración, que ahora sigue –antes de que finalice el sexenio- con otro plan de naturaleza inmobiliaria, que pretenden disfrazar como proyecto contra el cambio climático.

Cuestión de revisar solo el presupuesto. Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera la inversión al STE no ha tenido incrementos sustanciales. Mientras que de 2013 a 2015 se incrementó levemente el presupuesto del STE, a partir de 2016 ha venido disminuyendo; es más, el presupuesto en términos reales de 2018 es menor al autorizado para 2013.

Presupuesto asignado al STE

Monto real

2013

$ 1,195,801,926.00

2014

$ 1,318,952,384.32

2015

$ 1,382,197,141.12

2016

$ 1,197,181,754.00

2017

$ 1,108,824,626.68

2018

$ 1,105,675,714.00

Fuente: elaboración propia con base en informes en http://www.ste.cdmx.gob.mx/

De hecho, los requerimientos reales del STE rondan los 2 mil 500 millones de pesos anuales. Ante las carencias, no es posible invertir en refacciones, equipos, unidades nuevas. Todo esto, en detrimento del servicio que debería ser orgullo de la ciudad.

Por otro lado, no hay consultas a los vecinos y residentes de las colonias afectadas en esas delegaciones, principalmente en Iztapalapa. Además, para echar a andar estos proyectos, han atacado la base trabajadora, en un acto de invasión a la vida interna y a la libertad sindical. Se hostiga a quienes se han opuesto al despojo, con amenazas, despidos y coacción; todo por tratar de evitar que siga el desmantelamiento del STE.

En la página de Reinventing Cities se establece que la fecha límite para que el gobierno de la ciudad reciba propuestas vence el 29 de junio de este año. Por ello, estamos a tiempo de detener otro negocio del denominado cartel inmobiliario que privatiza bienes que son públicos y que sigue dispuesto a dejarnos sin nuestros sistemas de movilidad limpia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía los siguientes puntos resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México a que remita a esta soberanía de manera urgente un informe pormenorizado de los proyectos de obra en los predios de Potrero y Tetepilco que se concursan en Reinventing Cities, en especial las ofertas de desarrolladores que a la fecha ha recibido el Sistema de Transportes Eléctricos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en pleno respeto a su autonomía, a detener cambio alguno en el uso de suelo y proteger el patrimonio de la Ciudad de los predios en Potrero y Tetepilco que se concursan en Reinventing Cities.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transportes Eléctricos a dar marcha atrás al proyecto que pretende privatizar los predios de Tetepilco y Potrero; y en su lugar, se exhorta al Gobierno de la Ciudad a que se incrementen los montos de inversión pública que requiere el servicio de transporte eléctrico en la ciudad capital con la finalidad de que ese servicio público se preste en condiciones adecuadas, limpias y regulares, satisfaciendo la demanda de movilidad de los usuarios del servicio.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transportes Eléctricos, a que haga valer y cumpla con los principios constitucionales de libertad y autonomía sindical, así como a respetar de manera irrestricta la vida interna de la organización gremial y, de manera inmediata, se reparen los daños a los trabajadores afectados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.


1 Cfr. https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/44/ssr_mexico_cdmx_tetepilco_spanish_version_2a94f.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Cfr. https://www.c40reinventingcities.org/data/sites_134e6/fiche/41/ssr_mexico_cdmx_potreros_spanish_version_64f53.pdf

5 Cfr. http://tyt.com.mx/noticias/trolebus-requiere-2500-mdp-para-mejorar-servicio/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación a presuntas irregularidades por parte de la Delegación Álvaro Obregón en el ejercicio de recursos destinados a brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A más de ocho meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, cuya magnitud fue de 7.1 grados en la escala de Richter (según el Servicio Sismológico Nacional), una de las grandes preocupaciones continúa siendo el retorno a la normalidad de la toda comunidad afectada. Aunque son múltiples los esfuerzos que se han impulsado desde que ocurrió la tragedia que derivó en invaluables pérdidas humanas y numerosos detrimentos materiales, tanto al patrimonio de las familias, también han sido numerosas las irregularidades en los trabajos de reconstrucción.

En el caso de la Ciudad de México, en distintas delegaciones se han documentado casos de conductas que vulneran a los damnificados, tales como extorsiones por parte de presuntos sindicatos, corrupción en la entrega de tarjetas de apoyo, falta de entrega de recursos o uso distinto a los fondos destinados a los trabajos de reconstrucción, todo en detrimento de las familias que perdieron parte o todo su patrimonio en el desastre natural acontecido el año pasado. 

A inicios de esta semana, tuvimos conocimiento de un nuevo caso de irregularidades de esta naturaleza. Según información vertida en medios de comunicación, en la delegación Álvaro Obregón, recursos que deberían ser utilizados para los trabajos de rehabilitación, reparación, reestructuración o reforzamiento estructural de los inmuebles afectados, fueron destinados a al pago de reparaciones inexistentes.1

Al efecto, ponen como ejemplo el caso de trabajos realizados en la Avenida Centenario 1810, en Bosques de Tarango, y Gallareta 33, Colonia Bella Vista, la empresa P&P Ingeniería de Vanguardia e Innovación recibió 988 mil 694 pesos para el reforzamiento y reconstrucción en casas. Sin embargo, los dueños de los domicilios rechazaron que su inmueble haya resultado afectado.

Medios de comunicación indican que de acuerdo con la plataforma de la Finanzas, esta delegación recibió 63 millones de pesos en 17 apartados del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN CDMX). Según los oficios de la Plataforma CDMX, Álvaro Obregón administró 78 millones 909 mil 802 pesos, de los cuales, 37 millones fueron destinados a 167 construcciones.

Asimismo, refieren que hubo viviendas que recibieron 125 mil pesos y otras hasta 518 mil pesos a fondo perdido para rehabilitar una sola vivienda. Por otro lado, 17 millones de pesos más fueron invertidos por la delegación para la compra de material para la reconstrucción y 10 millones más para el retiro de cascajo, entre otros gastos.

Cabe destacar que de las 17 casas con más presupuesto invertido, el periódico de circulación nacional REFORMA visitó 10, identificando que en dos hubo una reconstrucción integral; en cuatro tuvieron reforzamiento; en dos, a pesar de que había recursos por alrededor de 400 mil pesos por casa, no fueron entregados; uno no registró daños; y uno ni siquiera existe en el plano catastral de la entidad y no fue localizado.  

Igual de importante es señalar que el gobierno delegacional pagó 283 mil pesos a la empresa Servicios Especiales para la Construcción Cofradía para la rehabilitación de una casa ubicada en la Calle Morelos, de Lomas de Becerra. No obstante, la dueña del inmueble manifestó la delegación aportó 60 mil pesos pero ella tuvo que pagar 36 mil pesos. En otro caso, habitantes del Lote 12 de Andador Aldama, en Lomas de Becerra, dijeron autoridades subsanaron las grietas que se formaron en techo y paredes, cuando los trabajos en la vivienda costaron 283 mil pesos.

En contraste al pago de reparaciones inexistentes para la reconstrucción en la delegación, hay personas y familias completas que siguen sin recibir atención por parte de las autoridades de la entidad. Ejemplo de ello es el abandono en el que se encuentran 49 víctimas del edificio de Álvaro Obregón 286, quienes además de sufrir la tragedia del sismo, también han padecido la falta de respuesta de las autoridades.2 

Por si esto no fuera suficiente, también fueron denunciadas irregularidades en el manejo de cómo se pretendieron rescatar los cuerpos de las personas que quedaron sepultadas en el edificio, y según familiares de las víctimas, a ocho meses de distancia, siguen sin recibir respuesta de las autoridades. Asimismo, se ha denunciado el mal manejo de los recursos para la reconstrucción, ante lo que tres integrantes (entre ellos su titular) de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México renunciaron el pasado mes de febrero por la falta de garantías para transparentar el uso de recursos.  

Ante este panorama, es de vital importancia que se lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo. Al efecto, cabe mencionar que en términos del artículo 5 de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente: Las instancias del Gobierno de la Ciudad de México llevarán a cabo la reconstrucción con apego a los derechos humanos y bajo los principios de inclusión, integralidad, simplificación, información, legalidad, transparencia, imparcialidad, accesibilidad y buena fe.

Por lo que respecta a la pertinencia del presente asunto, el artículo 33, último párrafo del ordenamiento jurídico en comento, dispone a la letra que: Los trabajos de obra serán ejecutados por el Gobierno de la Ciudad o por quién determinen las personas afectadas; la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México vigilará, supervisará y fiscalizará la correcta aplicación de los recursos. Así mismo, dichos recursos serán considerados en el Programa General de Auditoría que lleva a cabo la Auditoría Superior de la CDMX.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones y de manera objetiva e integral, lleve a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación a presuntas irregularidades por parte de la Delegación Álvaro Obregón en el ejercicio de recursos destinados a brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, tales como el pago de reparaciones inexistentes en diversos predios de la demarcación, y en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes.  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.


1 Israel Ortega, Samuel Adam, Selene Velasco y Alejandro León. (2018). Paga Álvaro Obregón reparaciones fantasmas. Reforma,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1399242&md5=40803dbe7e63c266a5769c28f02afd8a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=a3bf58fdf3f46884d18b3e73dc87d442

2 Beltrán, José. (2018). Los familiares de las víctimas de Álvaro Obregón 286 en el olvido, ocho meses después del sismo. HuffPost, https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/16/los-familiares-de-las-victimas-de-alvaro-obregon-286-en-el-olvido-ocho-meses-despues-del-sismo_a_23435522/






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en esta nueva etapa de investigación en el “Caso Ayotzinapa” se mantenga en el marco del respeto a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. Se turna a la Primera Comisión.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, mismos que conforman la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo de fecha 8 de mayo de 2018, emitido por los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, mediante el cual establece criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día, las reuniones de comisiones y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, es que se presenta ante Usted el presente PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE EN ESTA NUEVA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL “CASO AYOTZINAPA” SE MANTENGA EN EL MARCO DEL RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, IMPARCIALIDAD Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 2 de junio, el Consejo de la Judicatura Federal hizo pública una sentencia histórica; en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ordenó reponer el procedimiento y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia porque la Procuraduría General de la República (PGR) es parcial1. Celebramos la resolución del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso; sin duda, la justicia ha dado un paso hacia adelante “y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.

Como lo dijeron los expertos, las víctimas y la sociedad; en el “Caso Ayotzinapa” la justicia NO fue pronta, NO fue efectiva, NO fue independiente, y NO fue imparcial por parte de la PGR, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los lineamientos internacionales en la materia.

Entre los hechos que se destacan en la sentencia son: que la PGR fue parcial y no investigo las posibles líneas de investigación; realizó las investigaciones a base de tortura y fuera del margen de la ley; asimismo existieron graves violaciones a los derechos humanos. Sin contar que el origen del caso  tiene como base la  desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales.

El Poder Judicial afirmó que SIN UNA FISCALÍA INDEPENDIENTE, se debe crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala); integrada por (1) los representantes de las víctimas; (2) la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y (3) el Ministerio Público de la Federación. Los dos primeros decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Como ya lo ha señalado la sociedad civil, los expertos, este grupo parlamentario y ahora el Poder Judicial de la Federación; no es posible acceder a una justicia imparcial cuando el titular de la PGR es designado directamnete por el Presidente de la República y puede removerlo cuando así lo desee.

Coincidimos en que es fundamental para una sociedad democrática el garantizar el derecho fundamental justicia de las víctimas, llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos. En ese sentido, coincidimos en que “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa. Dada la reiterada resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo”2.

En ese mismo sentido, coincidimos en que el desempeño de la Procuraduría ha sido más político que Juridíco. Necesitamos un verdadero FISCAL INDEPENDIENTE, fuera de toda sospecha de parcialidad y libre de intereses políticos y partidistas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que en esta nueva etapa de investigación en el “Caso Ayotzinapa” se mantenga en el marco del respeto a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las demás Fracciones Parlamentarias para que con base en esta experiencia se vote por un Fiscal General independiente, pero sobre todo, apartidista.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.


1 La versión pública de la resolución puede ser consultada en el siguiente link: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=508/05080000211078340011012.doc_1&sec=Jes%C3%BAs_Desiderio_Cavazos_Elizondo&svp=1

2 http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2541:2018-06-04-22-33-00&catid=209:front-rokstories&lang=es






De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, a informar sobre las acciones que han implementado para salvaguardar los derechos de los infantes en nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer la difusión de campañas, con el objeto de prevenir los accidentes automovilísticos provocados por el uso de teléfonos celulares, principalmente, entre los jóvenes. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El uso de teléfonos celulares se ha convertido una práctica diaria y esencial de millones de personas en todo el mundo, es un instrumento funcional para la realización de cualquier tarea desde una llamada hasta la edición de videos y fotografías, entre otras.

Para dimensionar la magnitud del tema, basta señalar que de acuerdo con el reporte de 2018 Global Digital Report, de una población total de 7.6 mil millones de habitantes en el mundo, se estima que el número de usuarios de la telefonía móvil es de más de 5 mil millones, con un crecimiento de un 4% cada año.1

Sin embargo, el uso desmedido y no informado de estos dispositivos pueden conllevar a graves riesgos para quien los usa, como el hecho de sufrir algún síntoma de dolor de cuello o por utilizarlos mientras se maneja, siendo ésta la razón de que ocurran miles de accidentes automovilísticos cada año, privando de la vida a quienes conducen y sus acompañantes, así como el ocasionarles graves secuelas físicas.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) estima que cada año se pierden aproximadamente 1.25 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos traumatismos provocan una discapacidad.2

Asimismo, las lesiones ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas y sus familias, a consecuencia de los costos del tratamiento médico, la pérdida de productividad de las personas que quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que destinan los familiares de los lesionados para atenderlos. Se estima que los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PIB.

La distracción al conducir algún vehículo provocado por el uso de teléfonos móviles representa un motivo de preocupación cada vez mayor en el ámbito de la seguridad vial, ya que los conductores tienen cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente, que los conductores que no lo hacen.

El uso de móviles reduce la velocidad de reacción al volante (especialmente para frenar y ante las señales de tránsito), y hace más difícil mantener la dirección en el carril correcto y guardar las distancias entre automóviles, especialmente responder mensajes de texto al conducir aumenta considerablemente el riesgo de provocar un accidente.

En el caso de nuestro país, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) indica  que los accidentes de tránsito siguen encontrándose entre las diez principales causas de muerte. La última encuesta de seguridad vial establece que en 2015 fallecieron 16 mil 39 personas por esta causa (el 43.1% del total de lesiones accidentales durante dicho año).3

Se calcula una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil habitantes, cifra solo un 0.1% menor a la registrada en 2014. De acuerdo con el documento “La seguridad vial en la Región de las Américas” (OPS, 2016), México ocupa la posición número 23, de 31 países que conforman esta región.

Asimismo, indica que alrededor del 40% de la población utiliza un celular mientras conduce, ya sea para contestar una llamada o leer un mensaje, lo que puede tardar de cuatro a siete segundos. Cualquier distracción por mínima que pueda parecer aumenta hasta en un 23% la posibilidad de sufrir un accidente.4

Por ejemplo, en el estado de Chihuahua conducir a exceso de velocidad y el uso del teléfono celular han sido las causas más frecuentes de accidentes viales en los primeros cuatro meses del 2018, ya que de enero a abril, ocurrieron 421 accidentes por conducir a exceso de velocidad y 241 siniestros por distracciones al volante, en su mayoría por el uso del celular, según cifras que presenta la División de Policía Vial.5

En Mérida, Yucatán, todos los días se registran de 7 a 8 accidentes en el primer cuadro de la ciudad, el 99% de estos es por algún distractor según reportes del Departamento de Peritos de la Policía Municipal de Mérida.6

En el estado de Jalisco, durante los primeros cuatro meses de este año, se aplicaron tres mil 275 multas por usar el celular al manejar; equivalen a 27 al día en promedio. Según la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad (Semov), en toda la administración, y hasta el pasado 7 de mayo, suman 98 mil 732 folios por cometer esa infracción.7

En la Ciudad de México, el reglamento de Tránsito, prohíbe el uso de celular mientras se conduce e impone una multa de dos mil 642 pesos a quien cometa esa infracción, sin embargo, en 2016 se registraron sólo 950 infracciones.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 32 personas mueren al día por textear y manejar en la ciudad y el 50% de ellas no son los ocupantes del vehículo.8

El uso de teléfonos celulares al volante sigue en aumento en gran parte del territorio nacional, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y el gobierno de las entidades federativas redoblen esfuerzos para disminuir el número de accidentes viales, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población y disminuir la tasa de mortandad, especialmente en aquellos sectores más vulnerables a esta tecnología, como son los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la difusión de campañas, con el objeto de prevenir  los accidentes automovilísticos provocados por el uso de teléfonos celulares, principalmente, entre los jóvenes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.


1 https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018

2 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

3https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informe-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-vial-mexico-2016?state=published

4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mandar-mensajes-texto-primera-causa-accidentes-viales/

5 http://www.omnia.com.mx/noticia/67678

6https://noticias.canal10.tv/nota/policiaco/aumentan-accidentes-de-transito-en-el-centro-de-la-ciudad-2018-05-28

7https://www.informador.mx/jalisco/Pese-a-sanciones-mas-costosas-persiste-uso-del-celular-al-volante-20180516-0043.html

8 https://noticieros.televisa.com/historia/hablar-o-textear-primera-causa-accidentes-viales/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio Meteorológico Nacional a fortalecer las medidas de alertamiento para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición a las altas temperaturas que prevalecen en diversas regiones del país. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El calor es uno de los fenómenos naturales que más puede afectar la salud de las personas, especialmente en determinadas épocas del año. Las ondas de calor son periodos de un tiempo caluroso inusual, el cual es responsable de cifras altas de morbilidad y mortalidad, principalmente por deficiencias cardiovasculares. Se trata de un periodo que se caracteriza por la presencia de varios días seguidos con valores térmicos elevados, es decir, temperaturas máximas superiores a un nivel de umbral, definido en referencia al valor medio de la temperatura máxima diaria.1

En México, la época de calor inicia en mayo y concluye en octubre. Durante esta temporada, se estima que la onda de calor en el país originará temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en la mayor parte del territorio nacional, en 27 estados del país.

Varían de región a región, por ejemplo, temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca; de 40 a 45 grados Celsius en puntos de Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Hidalgo y Morelos, y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.2

Los riesgos que representa la exposición a altas temperaturas (ondas de calor) son diversos. Puede causar efectos sobre la salud, de diferente gravedad, tales como erupción en la piel, edema en las extremidades, quemaduras, calambres musculares, deshidratación, agotamiento, etc. Pero, sin duda, el efecto más grave de la exposición a situaciones de calor intenso es el golpe de calor.

El golpe de calor o insolación es el incremento súbito de la temperatura corporal a más de 39 grados, causado por la exposición a extremas temperaturas ambientales, al no ser tratado de manera adecuada puede dañar rápidamente el cerebro, corazón, riñones y músculos, por ello, requiere de un tratamiento de urgencia.

Son más frecuentes al comienzo de una ola de calor, debido a que el cuerpo aún no ha puesto en marcha los mecanismos de aclimatación y son más frecuentes en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años.

Las altas temperaturas, en general, pueden afectar la salud de las personas, especialmente a los adultos mayores, niños, personas en situación de calle, quienes están más expuestos a padecer deshidratación, golpes de calor, así como enfermedades transmitidas por el agua, particularmente las de tipo gastrointestinal. En todas las regiones del país el número de enfermedades diarreicas agudas podría aumentar debido al incremento de temperaturas.

Ante estos fenómenos meteorológicos, hay una serie de medidas de prevención que se deben tomar en cuenta para evitar riesgos en la salud de la población. Se recomienda a la población atender los avisos que emiten el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados.

Diversas secretarías, por ejemplo, han dado a conocer en sus plataformas recomendaciones a fin de reducir los riesgos y daños a la salud de la población como consecuencia de estos cambios, como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente de 11:00 a 15:00 horas que es cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos, aumentar el consumo de agua natural, lavado constante de manos, extremar medidas de limpieza y manejo higiénico de los alimentos.3

Durante la época de calor algunos de los microorganismos que causan enfermedades como hongos, bacterias, etc. pueden crecer con mayor rapidez, sobre todo en los alimentos, ante ello, se lleva a cabo el monitoreo de virus como V. cholerae, Salmonella,  Shigella, Rotavirus, E. coli y enteropatógena, entre otros, que ocasionan hasta el 70% de los casos de enfermedad diarreica aguda en el país.

No obstante, es importante reforzar acciones a fin de garantizar la salud y bienestar de la población. En este sentido, se propone fortalecer las medidas encaminadas a alertar y concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición a altas temperaturas u ondas de calor.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio Meteorológico Nacional para que, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las medidas de alertamiento para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición a las altas temperaturas que prevalecen en diversas regiones del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.


1 Greenpeace, México ante el cambio climático. Evidencias, impacto, vulnerabilidad y adaptación, Disponible en [en línea :]  http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2010/6/vulnerabilidad-mexico.pdf

2 Conagua, La onda de calor en México originará temperaturas superiores a 35 grados Celsius en 27 estados, en línea [Disponible en:]  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/329610/Comunicado_de_Prensa_304-18.pdf  

3 Conacyt, El largo viaje de las aves migrantes, en línea [Disponible en:] https://centrosconacyt.mx/objeto/el-largo-viaje-de-las-aves-migrantes/






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que proporcionen información sobre el resultado de las acciones que se llevan a cabo para evitar el robo de combustible en el estado de Guanajuato. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presentamos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITE LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA EVITAR EL ROBO DE COMBUSTIBLE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

CONSIDERACIONES

En los últimos días del mes de mayo, fuerzas federales implementaron un operativo de revisión sorpresa a trabajadores de Pemex en la Refinería Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, como parte de las acciones para combatir el robo de combustible.

Este operativo, realizado por varias horas, no impidió que la refinería continuara operando con normalidad.

Los constantes robos de combustible desde esas instalaciones motivaron esta estrategia en la que el Ejército, la Gendarmería y personal de Seguridad de Pemex aseguraron documentación y bitácoras sobre el manejo de productos terminados en la planta.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes castrenses de la 16 Zona Militar, en el Municipio de Sarabia, en Guanajuato, "Se trató de un operativo ordenado para verificar los procesos por los cuales probablemente se extrae de manera ilícita combustible en la refinería, además de realizar tareas de inteligencia.1

La indagatoria apunta, según las mismas fuentes, a que personal de Pemex manipula los sistemas de medición y verificación. De esa manera, no quedan rastros de los robos. También es importante señalar que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el robo de gasolinas Premium y Magna, así como diésel, aumentaron durante los meses de marzo, abril y mayo.

Así quedó asentado en los informes elaborados por el jefe de Seguridad Física de Pemex en la zona, Tadeo Lineol Alfonzo Rojas, quien desde 2017 recopiló información sobre el modus operandi del robo de combustible.

Cabe recordar que el 25 de enero de este año, fue asesinado este funcionario, quien era responsable de la vigilancia de instalaciones de la refinería, así como de toda la infraestructura de la petrolera en Guanajuato, incluida la red de ductos en el estado.2

Al día de hoy, Pemex no ha informado sobre la detención de los asesinos de Alfonzo Rojas que le dispararon desde una motocicleta. Tampoco se ha informado de la detención de algún funcionario o trabajador involucrado como resultado de este operativo.

Por último, es importante señalar que las refinerías y los ductos de hidrocarburos en el país se han convertido en un objetivo del crimen organizado, el cual busca beneficiarse del robo de combustible, situación que ha aterrorizado a empleados y ha frenado la inversión privada.

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que proporcionen información sobre el resultado de las acciones que se llevan a cabo para evitar el robo de combustible en el estado de Guanajuato.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.

1 Nota periodística “Indagan por ordeña a mandos de Pemex”, periódico Reforma, 25 de mayo de 2018.  Consultado el 1 de junio de 2018.

2 Nota periodística “Desata ordeña violencia.” Reforma, 25/01/18 consultado el 1 de junio de 2018.






De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la investigación y sanción de candidatos que provocan violencia de género en el estado de Chiapas. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Morelos a dar cumplimiento a lo emanado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago de las pensiones de los ex trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, a fin de no dejar a los trabajadores pensionados en total estado de indefensión. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo por el que la COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, POR CUANTO A SU COMPETENCIA CORRESPONDA, A DAR CUMPLIMIENTO A LO EMANADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES DE LOS EX TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, A FIN DE NO DEJAR A LOS TRABAJADORES PENSIONADOS EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN , con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la información proporcionada por diversos medios de comunicación locales del estado de Morelos y  por los extrabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJEM), se requiere urgentemente resolver el conflicto generado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por las controversias constitucionales interpuestas a decretos jubilatorios de los ex trabajadores de esta Institución en contra del Poder Legislativo del Estado de Morelos

Dicho conflicto ha llevado a la afectación de los derechos humanos de los extrabajadores del TSJEM, aseguran que el sistema de pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no responde a los principios establecidos en el Articulo123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por México en materia de Seguridad Social.

Asímismo, expresan que se encuentran en insolvencia económica que satisfaga sus necesidades alimentarias y de sus familias, no obstante de haberse aprobado su pensión, siendo terceros perjudicados por la interposición de las controversias constitucionales en la que se alegó la transgresión de la autonomía y afectación del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos.

A la fecha se han interpuesto 166 Controversias, de las cuales se han resuelto de la siguiente manera:

CONCEPTO

NO.

RESOLUCION

EFECTOS

1.- Controversias pendientes de resolver

53

 

 

2.- Controversias resueltas por la segunda sala y el Pleno

75

Se declara la invalidez parcial del Decreto impugnado.
Se sobresee en la controversia constitucional.
Es parcialmente procedente y fundada la controversia constitucional.

La invalidez parcial de los decretos no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a los trabajadores pensionados y que fueron materia de la invalidez decretada por lo que el Congreso del Estado de Morelos en ejercicio de sus facultades deberá
1.- Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez artículo segundo.
2.- A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, deberá establecer de manera puntual:
a).- Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o,
b).- En caso de considerar algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente, pueda satisfacer la pensión en cuestión.

3.- Controversias resueltas por la primera sala

38

Declaración de Invalidez del Decreto Impugnado.
Sobresee las Controversias por cuanto a la impugnación de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil.
Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.

Se dejan a salvo los derechos de los trabajadores para reclamar el pago de la pensión ante la autoridad y en la vía que correspondan.
Exhorta tanto el Congreso del Estado de Morelos como al Poder Judicial del estado de Morelos para que en el marco de sus respectivas competencias y a la brevedad, realicen las acciones tendientes a determinar el pago de las pensiones de los trabajadores y que el Congreso del Estado de Morelos revise el sistema legal de pago de pensiones a efecto de que establezca uno que no resulte trasgresor de la autonomía de otros poderes o de otros ordenes normativos.

Total

166

 

 

Es menester señalar que la Primera Sala se especializa en materias Civil y Penal y la Segunda Sala se especializa en materias Administrativa y Laboral, que son los casos que nos ocupa.

De conformidad a las siguientes resoluciones los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos, enviaron oficios a la Suprema Corte de Justicia de la nación solicitando se resolviera de conformidad con lo expuesto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un segundo escrito, denunciar y establecer la contradicción de tesis en la que señale con claridad cual o cuales serían los efectos respectivos a fin de que las partes contendientes ejecutivo, legislativo y judicial no sigan afectando los derechos fundamentales de los trabajadores en materia de seguridad social.

Derivado de lo anterior, el presidente de la SCJN ha determinado mediante acuerdo, que no ha lugar acordar de conformidad, por un lado, por no contar con el carácter de parte en ese medio de control constitucional y por otro, ya se dictó sentencia en ese asunto, quedando pendiente la admisión de la denuncia de contradicción de tesis, ya que a la fecha no se ha emitido ningún acuerdo al respecto.

En otros casos, se observa que se han emitido resoluciones por parte de la Primera Sala, invalidando el decreto de los trabajadores, aun cuando dichos decretos fueron emitidos en cumplimiento a la resolución de un Juicio de Amparo, existiendo jurisprudencia que señala que la Controversia Constitucional no es la vía idónea para impugnar actos derivados de resoluciones dictadas en un procedimiento de ejecución de sentencias de amparo y por lo que también existe contradicción de tesis entre la resolución de la controversia constitucional 108/2017 y el acuerdo emanado de la controversia constitucional 246/2017 proveída por el  Ministro instructor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el 06 de septiembre de 2017.

Se hace notar que los trabajadores cuya controversia fue resuelta por la Primera Sala de la SCJN, El poder Judicial Actor ha determinado suspender los pagos de los trabajadores jubilados,  por lo que se encuentran en total estado de indefensión, ya que a la fecha no han sido publicados los Engroses de dichas resoluciones, por lo tanto no se cuenta con la documental comprobatoria de la situación jurídica en que se encuentran y la mayor parte de ellos no pueden efectuar la reposición del procedimiento que les permita hacer valer sus derechos respecto de las pensiones determinadas invalidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al igual que no se encuentra plenamente definido quien será la autoridad competente y la vía para hacer valer los derechos adquiridos a las pensiones.

Por otro lado, en el caso de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos, que tienen decreto tanto de invalidez total como parcial, se tiene  el temor fundado de que el poder demandado (Congreso del Estado de Morelos), prorrogue violación a sus derechos, con un decreto que no solo no dé solución de fondo, y en los términos emanados del exhorto que se le hizo por parte de este máximo de la SCJN, sino que además deje en estado indefinido la determinación del pago, a todos y cada uno de los trabajadores jubilados, atendiendo a que no ha dado cumplimiento a las Resoluciones que ya han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por no contar con la asignación del presupuesto correspondiente.

Es necesario precisar que los trabajadores pensionados del Poder Judicial han realizado gestiones ante los tres poderes del Estado (Negándose a recibir documentos), a efecto de que se realice el pago de la pensión en términos de los decretos emitidos por el Congreso del Estado de Morelos, sin que contribuyan a resolver el fondo del asunto destinando la partida presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a los decretos de pensiones, evadiendo con argucias legales y dilatorias la solución conflicto, sin que a la fecha hayan realizado la gestiones que den cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendientes al pago de las pensiones jubilatorias.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERA.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, POR CUANTO A SU COMPETENCIA CORRESPONDA, A DAR CUMPLIMIENTO A LO EMANADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES DE LOS EX TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, A FIN DE NO DEJAR A LOS TRABAJADORES PENSIONADOS EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.






Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a informar respecto de los ingresos obtenidos por el pago de derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, conforme a lo que observó la Auditoría Superior de la Federación en el informe de octubre de 2017. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva y las Diputadas Cristina Ismene Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar un informe del gasto ejercido en el primer cuatrimestre del año en curso. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar sobre el estado que guarda la economía nacional. Se turna a la Tercera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados, el presidente Peña Nieto señaló ante empresarios de la industria hidroagricola, que en México “están sentadas las bases para que continúe el crecimiento y a nuestra economía le siga yendo bien gracias a las reformas”.

El año pasado, de igual forma el Presidente Peña criticó a la ciudadanía de quejarse mucho cuando no había razones para hacerlo pues “todo marcha bien”. Pero además argumentó que “si ha habido un gobierno que ha estado resuelto a entrarle al tema con toda contundencia y con firmeza, ha sido este gobierno, como ninguno otro lo había hecho antes”.

El problema del Presidente es que a seis años de haber tomado las riendas del Gobierno Federal, no sabe en qué país vive y por si fuera poco, no tiene la menor idea  del país que dirige y la situación por la que atraviesa en los años recientes. Peor aún, tal parece que no hará nada por solucionar los problemas que le aquejan.

Desafortunadamente para los mexicanos, este gobierno no tiene nada que presumir y sí mucho que lamentar. Sin duda, este ha sido un gobierno caro, malo y altamente desastroso y lesivo para nuestra economía.

A pesar de las reformas estructurales que fueron aprobadas al inicio de su mandato, como la reforma hacendaria, la energética, la reforma financiera y la reforma en telecomunicaciones, nuestra economía continúa estancada.

El único argumento que parece válido para el Gobierno Federal es que no crecemos producto de las condiciones económicas internacionales.

Mientras economías emergentes en el mundo como la India crecen anualmente 6.2 por ciento e Indonesia 4.2 por ciento, México sigue creciendo por debajo de las metas programadas año con año.

De 2013 a 2018, la economía mexicana creció en promedio 2.1 por ciento real con respecto al PIB. La tasa de crecimiento más baja que se alcanzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue en 2013 con 1.4 por ciento real, mientras que la más alta apenas alcanzó el 2.6 por ciento real.

La tasa objetivo ha quedado por debajo del margen del 2.5-3.0 por ciento que se prometieron al menos en los últimos 3 o 4 años por parte del Gobierno Federal y muy por debajo aún, del rango de entre 5 y 6 por ciento que prometió Peña cuando hacia su campaña como candidato a la Presidencia de la República.

Como nota a pie de página, después de la crisis internacional registrada en 2008 con impacto hasta el 2009, nuestra economía logró recuperarse de un decrecimiento del (-) 4.1 por ciento real para crecer en 2010 y 2011en 5.1 por ciento y 4 por ciento real respectivamente.

Además, a pesar de que este gobierno presume que la reforma hacendaria propició más ingresos por concepto de una mayor recaudación y ha permitido que las finanzas públicas dependan en menor porcentaje de los ingresos petroleros, la deuda continúa creciendo de manera desproporcionada.

¿Qué ha hecho éste gobierno con los recursos que dice haber generado como para que la deuda se haya incrementado tanto?

De acuerdo con los informes de finanzas públicas, de 2013 a 2017 el Gobierno Federal tuvo ingresos tributarios adicionales por más de 800 mil millones de pesos. En total, los ingresos presupuestarios del sector público adicionales casi alcanzaron los 2 billones de pesos.

Mientras los ingresos tributarios crecieron en promedio 12.8 por ciento real de 2013 a 2017, la deuda tiene una relación directa con dicho crecimiento. En una administración que presume ser eficiente y manejar las finanzas públicas con alta responsabilidad, debería suceder lo contrario.

En 2012 la deuda ascendía a 5.9 billones de pesos que representaban el 37.7 por ciento del PIB; en 2017 dicho monto ascendió a 10 billones de pesos, 46.1 por ciento del PIB.

Hoy, la deuda es superior en 4.1 billones de pesos que al inicio de la actual administración. Para ser más claros y precisos, el comparativo resulta buen ejemplo. Con estos recursos se puede financiar un presupuesto de egresos para hacer funcionar a las dependencias del Gobierno Federal, los Organismos Autónomos, financiar programas y proyectos de inversión vinculados al combate a la pobreza, la educación, salud y seguridad pública, así como para destinar recursos al ramo 28 y ramo 33 a todos los estados que conforman la república mexicana.

Nuestro país no puede estar bien. En 2017, la inflación promedio alcanzó 6.77 punto porcentuales, dos veces más el valor registrado en diciembre de 2012. Si bien ésta se ha reducido en un punto porcentual durante el 2018, es gracias al comportamiento del mercado que resultado de políticas monetarias y publicas eficientes.

La alta inflación sin lugar a dudas es el resultado del incremento del precio de los combustibles que afecta en los últimos años al bolsillo de la gran mayoría de los mexicanos. Su poder adquisitivo ha disminuido producto del incremento de dichos precios.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), durante el mes de mayo el precio promedio de la gasolina magna alcanzó los 18.49 pesos por litro, la Premium costó 19.90 pesos por litro mientras que el precio del diésel fue de 18.07 pesos por litro.

En 2012, el precio de dichos combustibles de acuerdo a los Informes, publicaciones y estadísticas de PEMEX fueron de 10.2, 10.9 y 10.5 pesos por litro respectivamente. Dichos precios se han incrementado en un periodo de seis años en más del 70 por ciento en promedio general.

Es tarde para tomar medidas al respecto. Este Gobierno va de salida y no regresará más porque los mexicanos ya entendieron que no saben administrar bien los recursos y mucho menos gobernar. Este gobierno ya se va porque insistió en mantener su visión ligera de los problemas que aquejan a nuestro país  y porque faltaron a su palabra y a la responsabilidad que debieron asumir cuando tomaron el cargo.

En Acción Nacional insistimos a lo largo de seis años la necesidad de que el Gobierno Federal reconociera que había cometido errores grandes que afectaron a todos los mexicanos. En la medida en que se hubieran reconocido los mismos hubiéramos estado a tiempo para enmendar lo que se hizo mal.

Afortunadamente ya se van, y cuando Acción Nacional vuelva a Gobernar éste país, volveremos a crecer a tasas superiores al 4 por ciento, a mantener contralada la inflación, la deuda y el tipo de cambio y por supuesto, a invertir de manera eficiente los recursos públicos.

En un sexenio, esta administración que dice tener buenas noticias y que argumenta haber hecho bien las cosas, duplicó la deuda, nos mantiene estancados en el crecimiento económico, y ha generado un incremento en el precio de los combustibles superior al 50 por ciento.

En virtud de lo anterior, se propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que envíe un informe detallado, sobre el estado que guarda la Economía del país y las proyecciones que se tienen en el corto plazo del comportamiento de las principales variables macroeconómicas.

Dado en la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a implementar acciones que solucionen el problema de los actos vandálicos y robos a los trenes de carga en las entidades federativas. Se turna a la Tercera Comisión.

El grupo parlamentario del PAN en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERANDOS

En nuestro país, el sistema ferroviario nacional reviste una especial importancia, ya que es un medio de transporte prioritario, el cual es concesionado a particulares y que, por su extensión, permite conectar a los puertos con un alto movimiento en el manejo de contenedores con las ciudades que registran un alto dinamismo económico.

Actualmente los trenes de carga mueven una importante cantidad de productos, entre los que destacan: agrícolas, minerales, industriales, inorgánicos, forestales, animales y petróleo. De acuerdo a cifras de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la carga transportada en 2017 fue de 126,585 millones de toneladas, cifra mayor a la registrada en 2016 en 4,617 toneladas, lo que representa un incremento anual de 3.8 por ciento.

Con estos datos podemos apreciar la importancia de este sector, sin embargo, un gran problema al que se enfrentan las empresas ferroviarias tiene que ver con la delincuencia organizada, en donde los delitos de robo y vandalismo a los trenes son asuntos cotidianos, y están afectando a las empresas ferroviarias con pérdidas millonarias. Este fenómeno se presenta por la falta de garantías y omisiones en la responsabilidad que le toca al Gobierno Federal.

Hoy encontramos que son varias entidades federativas las que han resultado afectadas por el problema del vandalismo y el hurto a los trenes de carga, situación que se ha ido agravando, por lo que es urgente e impostergable que se den soluciones efectivas. Esto es lo que motiva a que en el presente Punto de Acuerdo se exija al Gobierno Federal que emprenda las acciones inmediatas para atender el problema. 

De acuerdo a cifras de 2017 de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en el rubro: Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, son 12,619 actos totales de vandalismo y robo a los trenes de carga registrados durante ese año, dentro de los cuales el 86.1 por ciento son actos de vandalismo y 13.9 por ciento corresponden al robo de trenes.

En el reporte 2018 correspondiente al primer trimestre los actos de vandalismo y robo registraron un total de 3,371 dentro de los cuales el vandalismo en sí registró el 74.7 por ciento y el robo a trenes un 25 por ciento, en comparación con el primer trimestre de 2017 los actos relacionados con el robo a los trenes se incrementaron en un 581.6%, pasando de 125 a 727.

Es importante señalar que de los 852 robos que se han realizado a los trenes de carga en el primer trimestre de 2018, 607 corresponden a asaltos a los trenes, principalmente a la sustracción de los productos de los contenedores.  

En lo que respecta a los sucesos relacionados con el robo a los trenes de un total de 607 eventos, es de destacar que los productos con mayor número de reportes conciernen a granos y harinas que representan el 27 por ciento, el mismo porcentaje corresponde a productos terminados y de consumo, las autopartes representa el 22 por ciento, el material para la construcción registró el 17 por ciento y otros productos con el 7 por ciento.

En lo que corresponde al vandalismo, de acuerdo a datos del primer trimestre de 2018, de los 2,519 actos registrados, 2,215 actos se ubican en vandalismo sobre los trenes de carga y 304 a actos de vandalismo sobre las vías del tren.

De los 2,215 actos de vandalismo sobre los trenes, el cierre de angulares registran el 47 por ciento, el 45 por ciento materiales rodantes y el 8 por ciento corresponde a otros. De los 304 actos de  vandalismo a las vías, el 65 por ciento corresponden a la obstrucción de vías, 18 por ciento a aparatos de vía, 8 por ciento a componentes de vía, 6 por ciento a componentes de señales y 3 por ciento a equipo sobre la vía.

Este fenómeno es un problema que se le está saliendo de control al Gobierno Federal y tiene presencia en buena parte del territorio nacional. Las entidades que muestran mayores actos de vandalismo son: Nuevo León, Querétaro, Sonora y recientemente Veracruz; y las entidades que registran mayor número de robos a los trenes de carga son: Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Guanajuato.

Ante estas cifras negativas, es impostergable que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación, tomen cartas en el asunto y atiendan de forma urgente con acciones efectivas para disminuir el robo y el vandalismo que se está suscitando en las vías férreas en el país.

Los descarrilamientos a los trenes de carga que últimamente se han presentado, han sido realizados por la delincuencia organizada, y por lo tanto, es momento que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad en la aplicación de la Ley para erradicar estas prácticas que están dañando la economía nacional. 

El sistema ferroviario es un servicio público concesionado y el Estado debe ser garante y generar condiciones de certidumbre jurídica a los particulares, y en este sentido, el Gobierno Federal no ha solucionado un problema que va en ascenso y que está afectando a las empresas ferroviarias con millones de pesos en pérdidas por actos vandálicos de sabotaje y de robo producto de la delincuencia organizada.

Hoy se tiene el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios el cual cuenta con recursos para atender este tipo de problemas, sin embargo, el Gobierno Federal se ha visto ineficaz para atender esta situación.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) no ha publicado las reglas de operación del Fondo, lo que revela la inoperancia e ineptitud del Gobierno Federal, el cual cuenta con recursos presupuestarios y no los ejerce por deficiencias administrativas.

Es importante señalar que la ARTF aportó inicialmente al Fideicomiso del Fondo la cantidad de 20 millones de pesos, y durante el primer trimestre de 2018 se tiene presupuestado aportar 50 millones de pesos adicionales, no obstante, estos recursos no se pueden liberar sino se tienen publicadas las Reglas de Operación del Fondo señalado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de forma urgente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación para que implementen acciones que solucionen el problema de los actos vandálicos y robos a los trenes de carga en las entidades federativas.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que publique a la brevedad las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios y se consideren los recursos suficientes para atender el problema de la inseguridad que está afectando el sistema ferroviario de carga.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos de los Estados para que se  coordinen e implementen acciones, para atender de forma urgente el problema de la inseguridad que se tiene en el sistema ferroviario nacional de carga.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.






De la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de México a atender las peticiones de agentes del Ministerio Público, Servicio Pericial y Policía Investigadora, en un marco de diálogo y respeto a los derechos humanos y laborales de esos trabajadores. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Juan José García Espinosa, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones necesarias para rehabilitar la carretera federal 180, en el tramo que recorre el norte de Veracruz, desde el municipio de Tuxpan y hasta el municipio de Tampico, Tampico, con la finalidad de garantizar la seguridad de los automovilistas que recorren la citada vía de comunicación. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado JUAN JOSÉ GARCÍA ESPINOSA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REHABILITAR LA CARRETERA FEDERAL 180, EN EL TRAMO QUE RECORRE EL NORTE DE VERACRUZ.

CONSIDERACIONES

Las vías de comunicación en el país, particularmente las vías carreteras propician el aumento de la competitividad de la economía, impulsan el desarrollo nacional y regional, extienden la comunicación y eliminan el aislamiento de las comunidades rurales. Es por lo anterior que el desarrollo de una infraestructura carretera moderna en el país es primordial, sin embargo también lo es la preservación de la red carretera federal, que sea de calidad y genere seguridad a los automovilistas.

La carretera federal Tuxpan-Tampico es una de las más transitadas del estado de Veracruz, al ser paso obligado de las personas que desean llegar a la zona norte del país procedentes de los estados del sur como lo son Chiapas, Campeche, Tabasco o bien, de las personas que desean llegar del norte del país a las ya citadas entidades federativas, por tal motivo es una vía de comunicación con un flujo vehicular intenso a cualquier hora del día, además de que el número de unidades que a diario circulan por esta importante vía de comunicación provoca congestionamientos viales.1

No obstante la importancia que tiene está vía de comunicación, actualmente se encuentra en un pésimo estado, lo que representa un peligro para quienes a diario transitan esta carretera. Los automovilistas han señalado que “es un peligro transitar por esta rúa, ya que en ocasiones se han salido de la cinta asfáltica por querer librar los baches, donde además constantemente se han suscitado accidentes de funestas consecuencias (…) por lo que es urgente que se reparen los baches en este tramo carretero, para evitar que se sigan presentando accidentes.”2 En esta carretera han sucedido un sinfín de accidentes en donde por desgracia, ya se han cobrado muchas vidas, es por ello que la ciudadanía ha expuesto preocupación para que esta estadística no vaya aumentando.3 Lo anterior sin duda deriva en mucho por las lluvias que se presentan en la zona aunado al flujo vehicular con que cuenta esta vía, dejando destrozada la carpeta asfáltica en algunos tramos.4

Entre otras cosas que los propios operadores de autobuses han mencionado que “es un martirio transitar por esta ruta, pues cuando generalmente en servicio directo el tiempo de traslado entre Naranjos y Tampico es de hora y media, en la actualidad nos hacemos una hora más, lo que causa malestar en los pasajeros”.5

Es por todo lo anterior que se presenta este exhorto, para solicitar la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que lleve a cabo las acciones de rehabilitación de la carretera 180, lo anterior  para garantizar la seguridad de los automovilistas que a diario recorren la citada vía de comunicación en su tramo Tuxpan-Tampico.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Dirección General de Conservación de Carreteras lleve a cabo las acciones necesarias para rehabilitar la carretera federal 180, en el tramo que recorre el norte de Veracruz, desde el municipio de Tuxpan y hasta el municipio de Tampico, Tamaulipas, con la finalidad de garantizar la seguridad de los automovilistas que recorren la citada vía de comunicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Dip. Juan José García Espinosa.


1 Véase Diario La Opinión de Poza Rica. “Cruzar la vía 180, una odisea”. 4 de abril de 2018. Disponible en: http://www.laopinion.net/cruzar-la-via-180-una-odisea/

2 Véase Sintesis del Golfo, Servicio de Publicidad y Noticias en Línea. “Pésimo estado de carretera federal 180, un grave peligro para automovilistas”. 8 de mayo de 2018. Disponible en: http://www.sintesisdelgolfo.com/pesimo-estado-de-carretera-federal-180-un-grave-peligro-para-automovilistas/

3  Véase Diario La Opinión de Poza Rica, ob.cit.

4 Véase El Heraldo de Tuxpan. “Carretera Tuxpan-Tampico destrozada”. 16 de noviembre de 2017. Disponible en: http://elheraldodetuxpan.com.mx/estado/naranjos/62613-carretera-tuxpan-tampico-destrozada.html

5 Ibíd.






De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, haciendo un llamado a los partidos, actores políticos y candidatos, a conducirse por la vía democrática y condenar las expresiones que intentan llevar al país a una regresión autoritaria. Se turna a la Primera Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo a tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que las elecciones de 2018 serán las más complejas que se hayan organizado en la historia del país; y es cierto. El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que brindar todas las garantías para la elección de tres mil 406 cargos de elección popular, que serán decididos por alrededor de 90 millones de ciudadanos.

Se estima habrá un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo Presidente de la República, a los 128 senadores y 500 diputados federales, nueve gobernadores y dos mil 768 diputados locales y presidentes municipales.

Si bien la principal atribución del INE es la de la organización de los procesos electorales, este órgano autónomo del Estado debe cumplir con una función primordial: la promoción democrática y contribuir a que los actores políticos y ciudadanos en general se conduzcan bajo los principios democráticos de respeto, tolerancia y participación.

El artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala de manera expresa cuáles son los fines del INE:

Artículo 30.

1. Son fines del Instituto:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el Registro Federal de Electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y

h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

En este proceso electoral 2018 han ocurrido situaciones en las que el INE debería pronunciarse de manera más puntual para cumplir con sus fines ulteriores de preservación de la democracia. En este proceso ha habido situaciones que pueden poner en vilo el desarrollo democrático y llevar a México a situaciones de verdadera crisis.

Hace algunos días, el Consejero Presidente del INE manifestó su rechazo a que algunos empresarios estuvieran pidiendo a sus empleados una reflexión respecto a su voto. El presidente del INE interpretó este asunto como una forma de coaccionar el voto. A juicio nuestro lo que hacen los empresarios es  hacer un llamado a la participación democrática en uso pleno de su libertad de expresión.

Pero así como el Consejero Presidente del INE se refiere a la expresión de los empresarios, es omiso en manifestarse sobre otros asuntos que vulneran el desarrollo democrático de México.

Preocupa que hace unos días Alejandro Rojas Díaz Duran, vicecoordinador del partido MORENA responsable de la segunda circunscripción electoral, criticó la labor del gobernador de Tamaulipas y lanzó una ofensiva en su contra haciendo un llamado a solicitar su remoción en caso de que el candidato López Obrador ganase la Presidencia.

Se trata de un asunto muy grave y no es la primera vez que ocurre. Durante todo el proceso electoral se ha visto la forma en que los allegados a López Obrador actúan de manera revanchista y totalmente alejados de los principios democráticos.

No es menor salir a dar una conferencia de prensa para asestar un golpe autoritario a un gobernador. Se trata de un intento golpista que solo se puede ver en regímenes dictatoriales. Lo que MORENA garantiza es un retroceso a los tiempos en que no había democracia en México y todo se hacía a voluntad del presidente. Estamos ante una involución de la democracia.

Es cierto, los dichos de Rojas Díaz Duran también deben ser respetados en tanto su libertad de expresión, pero así como el Consejero Presidente del INE dio su opinión sobre el llamado de los empresarios a la reflexión del voto, también debería pronunciarse a favor del ejercicio democrático y rechazando cualquier intento de regresión autoritaria.

El INE (en su origen Instituto Federal Electoral) nació de la voluntad ciudadana de ir hacia una transición democrática. La labor del INE no sólo se circunscribe a organizar elecciones y contar votos, sino a ser garante y promotor de la democracia en todos sus aspectos.

En tal virtud es que presentamos este punto de acuerdo para que el INE haga un extrañamiento  al partido que está constantemente retando a la democracia y garantice en todo momento un buen clima en las campañas electorales y en el periodo post electoral.

Por lo anteriormente expuesto es que presentamos la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento de sus fines legales, a contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, haciendo un llamado a los partidos, actores políticos y candidatos, a conducirse por la vía democrática y condenar las expresiones que intentan llevar al país a una regresión autoritaria como es el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán de MORENA.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Atentamente.






Del Diputado Heriberto Varela Colmenares, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a los gobiernos de la Ciudad de México y de las entidades federativas a realizar campañas de seguridad vial, dirigidas a usuarios de motocicletas, a través de los medios de difusión y otros organismos que consideren pertinentes, acompañadas de actividades de vigilancia durante y después de la campaña, a fin de disminuir los accidentes viales. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE REALICEN CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL, DIRIGIDAS A USUARIOS DE MOTOCICLETAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN Y OTROS ORGANISMOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES, ACOMPAÑADAS DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DURANTE Y DESPUÉS DE LA CAMPAÑA, A FIN DE DISMINUIR LOS ACCIDENTES VIALES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, la popularidad del uso de motocicletas ha ido en aumento, presentando un considerable crecimiento en el uso como vehículo de recreación, movilidad, ahorro en combustible y como una solución al problema del congestionamiento y estacionamiento, pero también ha traído consigo el aumento de accidentes viales y lo más lamentable la pérdida de vidas, ya que las motocicletas no brindan una protección en caso de accidente a diferencia de un automóvil que posee estructuras y sistemas de retención que proveen protección al conductor o a los acompañantes, además de tener mayor estabilidad, y por su tamaño que es más visible que una motocicleta que carece de características que contribuyen directamente con la seguridad del ocupante.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito causan 1.2 millones de defunciones anuales y representan la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo.

El 23% de todas estas muertes se concentra en los motociclistas, el 22% en peatones, y el 4% en ciclistas. Es decir, el 49% de todas las muertes por accidentes viales se concentra en los usuarios más vulnerables de la vía pública, según muestran las cifras de OMS en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015.

En México, cada año 16 mil personas fallecen en la vía pública como consecuencia de accidentes automovilísticos: 49% son peatones, 33% ocupantes de vehículos de motor y 18% motociclistas y ciclistas, según la Dirección de Prevención de Lesiones y Accidentes de la Secretaría de Salud.

En cuanto a las defunciones de conductores de motocicletas, la mayor parte de ellas se concentra en personas de entre 20 y 39 años.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México conducir una motocicleta representa un riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves, y tres veces más riesgo de morir en comparación con conducir un automóvil.

En todo el país circulan 2.3 millones de motocicletas, lo que representa un incremento de 672% respecto de las que circulaban en 2000, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), dependiente de la Secretaría de Salud.

De 1999 a 2009 las muertes entre los usuarios de motocicletas aumentaron 332.2%. Llama la atención que, durante el mismo periodo, el número de motocicletas en el país incrementó 312%. De acuerdo con el análisis de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los motociclistas constituyeron el 23% de los 1.4 millones de personas que reportaron haber sufrido un accidente vial sin consecuencias fatales en el país.

La OMS identifica cinco principales factores que aumentan el riesgo de las lesiones causadas por el tránsito:

1. El exceso de velocidad

2. La conducción bajo los efectos del alcohol

3. No usar de casco por los motociclistas

4. No usar los cinturones de seguridad y

5. No emplear medios de sujeción para los niños

En décadas de investigación, se ha establecido que el uso de cascos de protección es el equipo de seguridad de mayor protección para los usuarios de motocicletas disminuyendo considerablemente las tasas de mortalidad y de lesiones, pero sólo 71% de motociclistas que circulan en el país utiliza casco protector y sólo 16% de los pasajeros de motocicletas llevan puesto un casco, señala el Informe sobre la situación de la seguridad vial México 2015, sin verificar que corresponda a un casco certificado (por las normas DOT y ECE).

Sin embargo, muchos otros factores afectan la mortalidad y las lesiones en motociclistas. El gobierno federal, estatal, local, organizaciones civiles y la población en general tienen responsabilidad en la promoción de la seguridad vial para los motociclistas. Los usuarios también tienen que tomar responsabilidad en la propia seguridad, deben aprender a manejar éste tipo de vehículos, obtención de licencias, portar el equipo de seguridad adecuado y evitar manejar bajo la influencia de alcohol. En el mismo sentido, los conductores de vehículos deben tomar conciencia de los motociclistas y compartir las vialidades entre ellos y con los motociclistas.

Actualmente, existen muy pocas provisiones para la seguridad vial para los motociclistas y no han sido considerados dentro del grupo de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) para desarrollo de infraestructura segura, diseño de vialidades y campañas de conductas seguras.

En este sentido los usos de campañas de seguridad vial son importantes, datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el establecimiento de campañas de seguridad elaboradas bajo un enfoque multisectorial y enmarcado en una política nacional de seguridad vial es un elemento que apoya el establecimiento de metas de reducción de siniestros viales y fortalece la acción del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

Los objetivos primordiales de las campañas dirigidas a los usuarios de las vías, es la reducción de siniestros de tránsito y, aunado a ellos, la reducción de la mortalidad, morbilidad y discapacidad que de ellos se desprenden, en favor de la salud de todos los mexicanos.

Las campañas de comunicación sobre seguridad vial y en este caso específico dirigidas a usuarios de motocicletas, son importantes porque confluyen y compiten por el espacio en las vías de tránsito, lo que ya significa un riesgo por sí mismo, además de la poca o escaza aplicación de la ley y falta del conocimiento necesario para desplazarse de modo seguro por parte de los usuarios, que es donde las campañas de comunicación deben incidir.

Sin duda las campañas que se acompañan de supervisión de las normas son las que dan resultados, estas campañas han demostrado ser muy eficaces cuando paralelamente existen leyes en la materia y estas leyes se aplican.

Sólo como ejemplo, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, en su Primer Capítulo de objetos y conceptos generales, dentro del Artículo cuarto Fracciones XXII y XXIII, definen a la motocicleta y al motociclista respectivamente.

XXII. Motocicleta, vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, de una o más plazas, con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico, de combustión interna de dos o cuatro tiempos, con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos de desplazamiento o impulsado por cualquier otra fuerza motriz, que cumpla con las disposiciones estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular;

XXIII. Motociclista, persona que conduce una motocicleta;

Además de contar con los Artículos 20 y 21 del Capítulo Cuarto, específicamente para la circulación de motocicletas:

Artículo 20.- Los conductores de motocicletas deben sujetarse a lo dispuesto en el capítulo II de este Título, exceptuando aquellas provisiones que por la naturaleza propia de los vehículos no sean aplicables.

Adicionalmente los conductores de motocicletas deben:

I. Utilizar un carril completo de circulación;

II. Adelantar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; y

III. Respetar las reglas de preferencia de paso estipuladas en el artículo 10.

Artículo 21.- Se prohíbe a los conductores de motocicletas:

I. Circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; salvo que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, debe desmontar;

II. Circular por vías ciclistas exclusivas;

III. Circular por los carriles confinados para el transporte público de pasajeros;

IV. Circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre detenido y busque colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos peatonales;

V. Circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando utilicen vehículos menores a 250 centímetros cúbicos;

VI. Circular en vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación, carriles centrales y segundos niveles de vías de acceso controlado.

VII. Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros;

Además el reglamento señala la sanción con multa equivalente en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y los puntos de penalización en su licencia para conducir.

Así como el ejemplo de la Ciudad de México, existen reglamentos con apartados específicos para el uso de motocicletas en las entidades federativas, por ello y para lograr máxima eficacia en el cumplimiento de la ley, se deben realizar campañas coordinadas con medios publicitarios y el uso de la tecnología.

Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Legisladores, a efecto de que apoyemos este punto de acuerdo, que solicita al gobierno federal, a los gobiernos de la Ciudad de México y las entidades federativas a realizar campañas de sensibilización sobre seguridad vial y a lo que deben sujetarse según lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito, dichas campañas que sean dirigidas específicamente a usuarios de motocicletas a través de los medios de comunicación que consideren pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de la Ciudad de México y de las Entidades Federativas, a que realicen campañas de seguridad vial, dirigidas a usuarios de motocicletas, a través de los medios de difusión y otros organismos que consideren pertinentes, acompañadas de actividades de vigilancia durante y después de la campaña, a fin de disminuir los accidentes viales.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 6 de junio de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuentes:
Instituto Nacional de Salud Pública
https://www.insp.mx/avisos/3889-accidente-motocicleta.html
Secretaría de Comunicaciones y transportes
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Estadistica_de_accidentes/A%C3%B1o_2016/15_EDOMEX_2016.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Estadistica_de_accidentes/A%C3%B1o_2016/09_CDMX_2016.pdf
Centro Nacional para la Prevención de Accidentes
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Publicaciones_Especializadas/Los_Accidentes_Motocicleta.pdf
Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/trafico2016_0.pdf
Gloria Contreras “La muerte ronda en motocicleta; aumentan 34% los decesos de 2013 a 2015”
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/09/1156782
Secretaría de Salud
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/campanas-de-comunicacion-sobre-seguridad-vial?state=published






Del Diputado Jacobo Soto Pizano, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General, al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Marina, a Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional a garantizar el acceso y la disponibilidad de tratamientos biológicos de la Hidradenitis Supurativa. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el presente punto de Acuerdo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Hidradenitis Supurativa (HS) o “acné inverso” es una enfermedad inflamatoria, crónica y recurrente de la piel, devastadora pero poco conocida. Esta enfermedad afecta entre el 1% y 4% de la población mundial. En México, se tiene el dato de que 1 de cada 840 pacientes atendidos en el servicio de Coloproctología del Hospital General de México padecen esta enfermedad; sin embargo, existe un importante subdiagnóstico.

La HS se caracteriza por la aparición recurrente de nódulos dolorosos y abscesos, con la consiguiente formación de fístulas y/o cicatrices que secretan líquido purulento que tiene mal olor.  Esta enfermedad aparece en las áreas anatómicas donde existen glándulas sudoríparas apocrinas y en general en lugares donde hay fricción de la piel, como: axilas, zonas submamarias e intermamarias, ingles y genitales externos, glúteos y zona perianal. Inicia desde la adolescencia y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres; el 40% de los pacientes posee un antecedente familiar. El principal síntoma de las lesiones es el dolor, intenso en la fase de nódulos y más intenso cuando aparece el absceso antes de que drene; el drenaje de los abscesos suele aliviar este síntoma. Sin embargo, el dolor suele requerir para su manejo incluso analgésicos de tipo opioide por su intensidad y persistencia.

Los pacientes suelen tardar hasta 8 años en ser diagnosticados, lo cual impacta negativamente en su calidad de vida, su vida laboral, en sus relaciones interpersonales, de autoestima y de percepción de la imagen personal. Además, los pacientes tienden a experimentar depresión, vergüenza, fatiga y fiebre.

La Hidradenitis Supurativa grave y persistente con frecuencia causa complicaciones que incluyen: infección, cicatrices y cambios en la piel, restricción de movimiento, obstrucción linfática, y en algunos casos cáncer de piel.

La Hidradenitis Supurativa no tiene cura; sin embargo, existen opciones terapéuticas que pueden mantener a esta enfermedad inactiva o con muy poca actividad a largo plazo. Su tratamiento es complejo y varía en función de la severidad de la enfermedad y las características de cada paciente. Existen tratamientos biológicos que mejoran la calidad de vida de los pacientes, así como inyecciones de corticosteroides, retinoides, antibióticos, inmunosupresores y a veces la cirugía, que sobre todo en pacientes con HS moderada-severa suele ser radical, por lo que puede llegar a deformar la región tratada y tomar varios meses para la cicatrización completa.

Sin embargo, en la actualidad, este padecimiento en su modalidad moderada a severa no tiene un tratamiento que ofrezca control a largo plazo en las instituciones públicas de salud pues no existen opciones de tratamientos disponibles en los cuadros básicos del Consejo de Salubridad General, IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA y PEMEX.

El derecho a la salud se encuentra titulado en los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De acuerdo al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado debe crear las condiciones necesarias para el disfrute del derecho al nivel más alto a la salud.

La protección a la salud engloba diversas actividades las cuales el Estado mexicano debe realizar y que se encuentran dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas mediante la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y las relativas a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, así como garantizar la existencia y disponibilidad permanentes de medicamentos y otros insumos esenciales, para la población que los requiera.1

Como parte de esta función protectora del derecho a la salud, el Estado mexicano otorga a los pacientes el acceso a medicamentos biológicos innovadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, al Consejo de Salubridad General, al IMSS, al ISSSTE, a PEMEX, a SEMAR y a SEDENA, a garantizar el acceso de los tratamientos biológicos para el tratamiento de la Hidradenitis Supurativa a sus cuadros básicos y garantizar la disponibilidad de estos tratamientos con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes con Hidradenitis Supurativa y así garantizar su derecho a la salud, tal como inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de junio de 2018.

Atentamente

Dip. Jacobo Soto Pizano.


1 Tesis: I.8o.A.6 CS (10a.)DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU TUTELA SE ENCUENTRA PLENAMENTE SATISFECHA POR LOS ARTÍCULOS 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 2o., 23, 24, FRACCIÓN I, 27, FRACCIONES III, IV, VIII Y X, 28, 29, 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, POR LO QUE ES INNECESARIO CONSIDERAR EL CONTENIDO DE LOS TRATADOS O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pag. 2431