Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 19 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 4


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Mayo de 2018




PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

APERTURA

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: (11:53 horas) Compañeras y compañeros. Senador Secretario, por favor verifique el quórum para la sesión del día de hoy.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Diputado Presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 23 ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores.

Procederemos al pase de lista de las y los legisladores que no se encuentran en el sistema electrónico



De acuerdo al cómputo, tenemos una asistencia de 26 ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores.

Por lo tanto, hay quórum, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Secretario. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de mayo de 2018, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.


El Orden del Día para la sesión de hoy está disponible para su consulta en el monitor instalado en el escaño de cada una y de cada uno, ahí se encuentran los asuntos que corresponden a la agenda que habrán de desahogarse en la sesión del día de hoy. Si alguna legisladora o legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar directamente a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también puede consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL DIPUTADO
JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y nueve minutos del miércoles dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, con una asistencia de veintiocho legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el martes ocho de mayo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe de la gira de trabajo del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República Federal de Alemania, al Reino de Países Bajos y al Reino de España, realizada del 21 al 25 de abril de 2018.- Quedó de enterado. Se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina "EXPONAVAL 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2018, desagregada por tipo de fondo de Acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2017.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Para referirse a la comunicación intervino la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández del PRD.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California Sur, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII Bis al artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del congreso del estado de Nuevo León:

• Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

• Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo V denominado "Tarifas de Autotransporte de Pasajeros para Estudiantes", así como los artículos 21 Bis, 21 Bis 1 y 21 Bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Aerotransporte Federal. Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron cuarenta y tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los legisladores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibieron de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el informe de su participación en el curso de Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la Alimentación para Asesores y Asesoras del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se realizó del 2 al 4 de mayo de 2018, en la sede del PARLATINO, en Panamá, Panamá y las Memorias del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México: rumbo a garantizar la alimentación de nuestras familias, correspondiente al periodo 2016-2018.- Quedaron de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Sonia Rocha Acosta, los informes de sus participaciones en la quinta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, realizado en Washington, Estados Unidos, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 y la XVI Asamblea General y reuniones conexas de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que se celebró en Panamá, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el martes 15 de mayo del año en curso realizó su reunión de instalación.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Francisco Martínez Neri, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 2 de julio de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de mayo de 2018; e informa su reincorporación a partir del 1 de junio del mismo año.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. La reincorporación se dio por enterada.

(Iniciativas)

La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Kathia María Bolio Pinelo, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Josefina González Luna, del grupo parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre propio y del Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, y de las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el artículo 7 Quáter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 285 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Agustín Basave Benítez, a nombre de la Diputada Ivanova Pool Pech y del Diputado José María Arroyo Juárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia dio turno a la iniciativa del Senador Froilán Esquinca Cano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

PRESIDE EL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

(Dictámenes a discusión)

Se recibió un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a fortalecer las campañas de difusión y concientización a la ciudadanía, sobre la importancia de su participación en la integración de las mesas directivas de casilla, en calidad de funcionarios electorales en los comicios a efectuarse el próximo 1º de julio.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a ampliar su catálogo de sitios históricos a toda la ciudad.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer estaciones de monitoreo de las temperaturas y humedales dentro de las principales ciudades del estado de Sinaloa, a efecto de que esos resultados determinen la tarifa preferencial que se aplique.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a remitir un informe sobre las medidas de regulación, comercialización y aplicación de los productos, insecticidas y herbicidas que atenten contra la salud de los trabajadores del campo.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a emitir un informe sobre las posibles afectaciones ecológicas por la operación de la Marina Porto Real, operadora por la Promotora Majahua, S.A. de  C.V., ubicada en la playa Majahua, Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio cuenta con un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con la violencia política.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Considerado de urgente resolución. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado Abel Cruz Hernández del PES; Diputada Josefina González Luna de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputado Juan Romero Tenorio de Morena; Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez del PVEM; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuestas de modificación; Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; y Diputada Martha Sofía Tamayo Morales del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica, con las propuestas de modificación presentadas.

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 30 entidades federativas en donde habrá comicios a implementar los protocolos de seguridad y realicen las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las y los candidatos, de los militantes de los partidos políticos y en general de todos los actores que participen en el marco de las elecciones del 1 de julio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de a la Secretaría de Gobernación, al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a llevar a cabo diversas actuaciones de atención para los trabajadores de la empresa Oceanografía, S. A. de C.V., que en los últimos meses además de vivir una situación de crisis humanitaria, han padecido la ausencia de atención por parte de autoridades federales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México den máxima celeridad a las investigaciones respecto a las denuncias presentadas por la utilización de los programas sociales con fines electorales por parte de funcionarios de la Delegación Coyoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar el derecho a la educación media superior de las personas con discapacidad en México, a través del adecuado funcionamiento de los centros de atención para estudiantes con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre propio y de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a las dependencias homólogas de cada estado a que, en la medida de sus posibilidades presupuestales, hagan una mayor difusión de los medios que existen para denunciar el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas y se implementen más estrategias con la finalidad de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Educación para que las cuotas o donaciones a las escuelas sean estrictamente voluntarias.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abroga la Ley de Seguridad Interior y expide la Ley General de Derechos, Obligaciones y Principios para la Actuación de Instituciones de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 en su fracción XXIX-C y el artículo 115 en su fracción VI, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Nuño Guzmán, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que adiciona la fracción V bis al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 53 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Minera.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción XII del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 372 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 390 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María García Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se crea el capítulo V del Título Décimo Primero de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 132 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Ximena Tamariz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XLII al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 164 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 54 y 151 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 189 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de uso y tratamiento sustentable de pilas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a que, en coordinación con el titular del Ejecutivo Estatal de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer uso de sus atribuciones para emprender una campaña de comunicación social que informe a la ciudadanía sobre las prácticas de compra y coacción del voto, así como de los mecanismos de denuncia que dispone.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se crea una comisión de seguimiento para supervisar que no se desvíen recursos públicos y no se utilicen los programas sociales para favorecer a algún candidato, partido político o coalición en la campaña electoral, tanto federal como de las entidades federativas para el proceso electoral del 1 de julio de 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier Octavio Herrera Borunda y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la posibilidad de crear una zona económica especial en la región norte del estado de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a corregir las pautas de conducta de los agentes migratorios, con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias que ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al interior del aeropuerto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos y Diputados del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a establecer medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar campañas informativas para el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras federales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el "Memorándum de Cooperación" realizado con Facebook; y a la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de delitos cometidos en contra de ciudadanos mexicanos por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa Cambridge Analytica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de inspección de los zoológicos y en otros lugares de cautiverio de animales silvestres, buscando mejoras sustanciales en sus condiciones de espacio, enriquecimiento ambiental, alimentación o bien, su envío a santuarios o hábitats naturales, según sea el caso.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos a cumplir con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen de partidario en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento de las obras e inmuebles públicos, así como en los mismos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar y reforzar las medidas de seguridad en el país, y así evitar el crecimiento de asociaciones delictuosas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar campañas informativas permanentes para concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a realizar una campaña a nivel nacional de preparación y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicanas en todo el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como "Embajadores Culturales" a los músicos e intérpretes de origen mexicano, conocidos coloquialmente como "chicanos", radicados en los Estados Unidos de América y que han contribuido con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a implementar mejores medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, y así evitar accidentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para mejorar la convivencia en los centros educativos, a fin de prevenir y reducir la violencia escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias para que exista suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los municipios del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas y a las coordinaciones metropolitanas a implementar planes y estrategias a fin de garantizarles seguridad, en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte público de cada una de las 74 zonas metropolitanas que existen en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a presentar un informe sobre el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar la auditoria correspondiente con objeto de revisar la legalidad de la ampliación al título de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de altas especificaciones de jurisdicción federal Armería-Manzanillo en el estado de Colima, otorgada a la empresa privada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a garantizar el derecho de acceso a la justicia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a las investigaciones contra el gobierno de San Martín Texmelucan y su policía municipal, por la presunta comisión de diversos delitos como colusión con el crimen organizado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y cohecho, además de irregularidades identificadas en los procesos de contratación, evaluación y registro del personal, y en su caso establezcan las sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Sergio López Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la situación de represión y violación a los derechos humanos en Nicaragua.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a regresar al esquema de ministración de recursos plasmado en las reglas de operación emitidas el 27 de diciembre de 2017, así como exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar las transferencias de recursos dentro de los plazos convenidos, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia y acciones concretas que se están implementando en materia de seguridad pública, con el objeto de combatir la incidencia delictiva creciente registrada en diversos municipios de la entidad, que atentan contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de los habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación del vaso regulador ubicado en las colonias Revolución y Azteca, en la Delegación Venustiano Carranza.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a transparentar el ejercicio de los recursos del "Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Acciones Específicas para Mujeres" del Programa Presupuestal "Programa de Derechos Humanos" durante los años 2016 y 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al otorgamiento de recursos del Programa Bienestar Salario Rosa para mujeres en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas en materia de derechos laborales para periodistas, reforma integral a la Ley Federal del Trabajo para incluir la perspectiva de género, reconocimiento a la seguridad social para concubinos y concubinas, y para prohibir el matrimonio infantil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer al Estado Palestino libre, independiente y soberano y elevar a rango de embajada a la Delegación Especial de Palestina y la Oficina de México en Ramala, Cisjordania.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado Chiapas, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a garantizar el respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos, con motivo del reforzamiento de la frontera sur con elementos de la gendarmería nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de México que cancele de manera definitiva la concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgada a la Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V., filial de la empresa OHL, estado de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Salarios un incremento extraordinario del salario mínimo a un monto de 158 pesos por día, con el objeto de iniciar la recuperación salarial frente al fenómeno de la inflación en la canasta básica en 2017 y 2018, y cumplir con el mandato constitucional del artículo 123 en materia de salarios mínimos para la clase trabajadora.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros un informe sobre las fallas y medidas adoptadas para mejorar la seguridad del sistema de pagos electrónicos interbancarios, y garantizar en el futuro su operatividad y protección del patrimonio y datos personales de los usuarios de servicios financieros en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer la facultad prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Ivanova Pool Pech, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los estados financieros de los fideicomisos creados con recursos del erario público, así como del objetivo de los mismos y utilidades generadas a partir de su creación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Julio Saldaña Moran y de las Diputadas Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al Director General de Petróleos Mexicanos, al Secretario de Energía, así como al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía a fin de explicar las acciones emprendidas en torno del incumplimiento de crear valor económico, por parte de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, en el contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroquímica Mexicana de Vinilo, señalado en la revisión de la Cuenta Pública 2016, por la Auditoria Superior de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a cubrir el total de prestaciones que integran el concepto de jubilación, conforme a lo establecido en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2014-2016, celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, a aquellas personas que ejercieron dicho derecho fundamental a la pensión, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Cristina García Bravo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a vigilar la exposición de imágenes y textos violentos y ofensivos, con la finalidad de que éstos se mantengan dentro de los límites del respeto y no se violente el interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las dirigencias de los partidos políticos a instalar una mesa de diálogo para mejorar los mecanismos de protección a los candidatos de elección popular durante el proceso electoral 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Cecilia Soto González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a privilegiar el interés público y a desincorporar el predio ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, a favor de la Ciudad de México, por los servicios ambientales que brinda a la ciudad y por los potenciales beneficios sociales de la zona para el esparcimiento, el entretenimiento y la cultura de los habitantes de la metrópoli bajo un modelo de sustentabilidad urbana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Dra. Lorenza Martínez, Directora del Sistema de Pagos del Banco de México, para explicar las causas y acciones para corregir la seguridad del sistema de pagos electrónicos interbancarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a entregar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la información correspondiente al caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en torno al estatus de la ciudad de Jerusalén.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez Cárdenas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Fernando Mesta Soulé, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Juez de Distrito Gerardo Moreno García, a apegarse al estado de derecho y abstenerse de vulnerar la soberanía del estado de Chihuahua, respetando el curso de los procesos judiciales instrumentados en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación al presunto reparto de despensas en el marco de las campañas electorales por parte de servidores públicos adscritos a la Delegación Iztacalco, a fin de cumplir con el principio de equidad en el proceso electoral y, en su caso, se sancionen conforme a derecho a quienes resulten responsables.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a la conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 maestros del sistema estatal de telesecundaria del estado de Durango desde el pasado mes de noviembre de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar celeridad a la resolución de la demanda presentada el 8 de octubre de 2010 registrada en la Junta Especial No. 5 con No. 3852/2010, para que a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro les sean liquidados sus pasivos laborales pendientes y los fondos de las cláusulas 64, 98 y 112 de su Contrato Colectivo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal a designar a la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del Tianguis Turístico 2020.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a la Secretaría de Educación Pública, en razón del exorbitante gasto en comunicación social durante el año 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a suspender el proceso de licitación de watthorímetros hasta en tanto no se resuelva la investigación en curso por prácticas monopólicas absolutas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, derivado del "Estudio sobre la Intervención de las Autoridades del Trabajo en la Prevención de la Trata de Personas y la Detección de posibles víctimas en campos agrícolas", inicie el proceso formal para emitir las recomendaciones al Gobierno Federal y los gobiernos estatales para resolver el caso de manera urgente; además, se exhorta al Gobierno Federal a intensificar la vigilancia y aumentar el número de supervisores en los centros de trabajo agrícolas para prevenir y detectar casos de explotación y trata de personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y otras autoridades a avocarse a la investigación de los hechos señalados a través de un periódico de circulación nacional, relativo a un grupo delictivo transnacional dedicado a la trata y explotación de mujeres traficadas desde Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a revisar y concluir la construcción del paso superior vehicular Paseo del Bajío en Celaya, Guanajuato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a investigar y solucionar las acusaciones realizadas por residentes y trabajadores de la Casa de México en Paris, Francia, en contra de su directiva por irregularidades en su gestión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a garantizar la seguridad de los candidatos a cargos de elección popular durante el proceso electoral 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el deterioro de las carreteras federales y proceda a su rehabilitación y mantenimiento.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a coordinarse e implementar una estrategia dirigida a abatir la problemática de la deserción escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día del Internet.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional del Reciclaje.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse al desarrollo comercial del país y el Tratado de Libre Comercio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al gasto excesivo en comunicación social de la Secretaría de Educación Pública en 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia concedió el uso de la palabra a diversos legisladores para referirse a la realización de una reunión de trabajo con el Gobernador del Banco de México, a efecto de informar respecto de los ciberataques ocurridos a las instituciones bancarias.- Intervinieron los legisladores: Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Senador José María Tapia Franco del PRI; y Senadora Adriana Dávila Fernández del PAN.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con nueve minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintitrés de mayo, a las once horas.

 

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: A probada el acta.

Pasamos al siguiente asunto, por favor, Senador Secretario.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el "Informe Anual 2016 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos".



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase dicho informe a las Comisiones de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También de la Secretaría de Gobernación, se recibieron oficios con los que se remiten los siguientes instrumentos internacionales:

El Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el 20 de enero de 2016.








El Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el 17 de enero de 2016.








Y el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el 24 de noviembre de 2015.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnense los tres expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de abril del 2018 se dio destino a bienes aptos para su uso y consumo.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Continuamos con el siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Primer Informe Trimestral de Actividades 2018.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase el informe a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Continuamos con el siguiente punto.






LEGISLATURAS

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió del Congreso del estado de Baja California, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39, 43 Y 44 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Continúe, señor Secretario, por favor.






El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibió del Congreso del estado de Veracruz, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.






El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También del Congreso del estado de Veracruz, se recibió una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 94 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 8º BIS 1 A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 BIS 3 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese la iniciativa del Congreso del estado de Veracruz a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Continuamos con el siguiente punto.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: También el Congreso del estado de Veracruz remite: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DEL TÍTULO SEXTO CONSTITUCIONAL.








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnense ambas iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Continuamos con el siguiente asunto.

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibieron 39 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Informo a esta Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los legisladores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.






Continuamos con el siguiente punto.

COMUNICACIONES

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibieron las siguientes comunicaciones de las ciudadanas y ciudadanos legisladores:

Una, de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en el 62? Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la Organización de Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 12 al 23 de marzo del año en curso.








Una, de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su participación en el Foro de Mujeres, Canadá 2018 “Cerrar la brecha, un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo”, celebrado en Toronto, Canadá, los días 10 y 11 de mayo de 2018.








Una, de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de marzo del 2018.

La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018.

La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018.








Una, del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PT, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de marzo 2018.

La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018.








Una, del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz; y una del Senador David Monreal Ávila, con la que remiten sus respectivos informes de la participación en la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018.










Y una, de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Esta Asamblea ha quedado enterada de las comunicaciones de las y los legisladores.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de los ciudadanos Diputados, por las que se informan sus respectivas reincorporaciones a sus funciones legislativas.

Del Diputado Otniel García Navarro, a partir del pasado 18 de mayo de 2018.








Y de la Diputada Genoveva Huerta Villegas, a partir del día 23 de mayo de 2018.








El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Esta Asamblea se da por enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Continuamos.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Recibimos una comunicación suscrita por la Diputada Rocío Matesanz Santamaría, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Doy lectura a la comunicación.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Por favor, Senador Secretario, dé lectura a la comunicación de nuestra compañera Diputada Rocío Matesanz Santamaría.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura, Diputado Presidente.



Es cuanto, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la ciudadana Diputada Rocío Matesanz Santamaría para separarse de sus funciones legislativas, del 11 de junio al 2 de julio de 2018”.

Al no haber ningún orador inscrito, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo en comento. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Secretario. Se concede licencia a la ciudadana Diputada Rocío Matesanz Santamaría para separarse de sus funciones legislativas, del 11 de junio al 2 de julio del año en curso. Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados.






El siguiente punto del Orden del Día es el relativo a la presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto relacionado con la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Diputado Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores.

El motivo de mi presencia en esta tribuna es con la finalidad de presentar una iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Esto en razón de que en los últimos años, concretamente en los últimos tres, se ha generado un fenómeno delictivo que nos debe llamar la atención, que genera una gran pérdida al Estado mexicano, pero en particular a la iniciativa privada.

Estamos hablando de los delitos que se cometen a las vías generales de comunicación, en particular a las vías ferroviarias, estamos hablando del sustantivo, o qué digo sustantivo, estamos hablando del exponencial incremento de estos delitos que se cometen prácticamente todos los días y que requiere de la atención de este Poder Legislativo.

Yo soy de las personas que considero que uno de los graves problemas de inseguridad se derivan por la impunidad, se derivan porque quien comete un delito difícilmente llega a ser procesado y condenado, y esto lo que ocasiona es que se siga incrementando la inseguridad, que se sigan generando estas conductas delictivas que tanto nos afectan.

Y esta en particular, y lo hago de veras con un gran sentimiento de responsabilidad, se requiere de la intervención nuestra, que podamos hacer modificaciones importantes para que por parte de este Poder Legislativo hagamos lo que nos corresponde y que respondamos con responsabilidad.

Esta iniciativa que presenté la semana pasada hoy es motivo, no la iniciativa, pero sí el fenómeno delictivo, de por lo menos las primeras planas de diarios de circulación nacional.

Alarmante, el robo de mercancía en México.

El crimen organizado usa métodos más sofisticados de acuerdo a la Concamin.

El Universal establece que hay 14 ataques de asaltos a trenes en el país todos los días.

Lo mismo lo destaca La Jornada.

Y habla del descarrilamiento en Veracruz, y que establecen que fue sabotaje, de acuerdo a Ferromex.

Lo mismo establece hoy el diario Excélsior, en el que establece en su primera plana que toma 20 minutos descarrilar un tren.

Cuando se descarrila un tren no solamente es en menoscabo al patrimonio del transportista y también de Ferromex, estamos hablando del peligro que representa descarrilar un tren para robarlo cuando se transportan materiales peligrosos, cuando se transportan materiales que pueden dañar la salud de las personas. Por eso, se hace necesario la intervención.

¿Y qué estamos proponiendo?

Estamos proponiendo, en principio, que los delitos cometidos…

Diputado Presidente, si pudiera llamar su atención.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Les pediría un poco de silencio para escuchar al orador, por favor.

El Senador Jesús Casillas Romero: Miren, compañeras, compañeros, si no fuera un asunto que realmente se considerara importante, créanme que no estaría apelando a su disposición para que se sirvan escucharnos, porque este delito, insisto, es en contra del transporte ferroviario, nos afecta a todos, a nuestras entidades federativas, a los distritos de representación, a la economía nacional y también representa un peligro, insisto, a la integridad de las personas.

El objetivo es que estos delitos a las vías generales de comunicación sean considerados como amenazas graves a la seguridad nacional.

Estamos proponiendo incrementar las penas a los delitos contra el transporte ferroviario.

Y estamos proponiendo también que este sea un delito del orden federal.

Por eso es que esta iniciativa, y lo quiero decir con toda claridad, es una iniciativa idéntica que ya se encuentra en la Cámara de Diputados.

En la Cámara de Diputados ya está esta iniciativa que es prácticamente un espejo de lo que estoy presentando hoy, con la finalidad de que las comisiones dictaminadoras de Justicia, en la Cámara de Diputados; y de Justicia, aquí en la Cámara de Senadores, puedan de alguna manera, en conferencia, dictaminar y que de veras nos comprometamos a que si así lo determina el Pleno de ambas Cámaras y que determine un periodo extraordinario de sesiones, este tema se aborde y este tema se apruebe.

No es un tema menor, es un tema que de alguna manera nos plantean, nos solicitan, de alguna manera nos exige la sociedad que cumplamos con aprobar estas iniciativas.

La iniciativa concreta establece lo siguiente.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley de Vías Generales de Comunicación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Primero. Se reforman las fracciones XI, XII; y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional: Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico, prioritario, o indispensables para la provisión de bienes o servicios públicos.

Actos ilícitos realizados en contra del transporte ferroviario.

Actos ilícitos en contra de las vías generales de comunicación.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 533, 534 y 536 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue.

Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyen las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados de dos a nueve años de prisión y multa de 200 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporte por este medio la pena se aumentará hasta la mitad.

Artículo 534. El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquiera obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles de derecho de dicha vía, serán castigados con tres meses a un año de prisión y multa de 200 a 1,000 Unidades de Medida de Actualización.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio la pena se aumentará a la mitad.

Artículo 536. Se impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de 200 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización al que de cualquier modo destruya, inutilice, apague, quite o cambie una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación o medios de transporte.

Cuando el objeto del delito sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, la pena se aumentará hasta la mitad.

Artículo Tercero. Se adicionan un inciso ñ) a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue.

Artículo 50. De los delitos de orden federal.

Son delitos del orden federal, los previstos en los artículos 533, 534 y 536 de la Ley General de las Vías de Comunicación.

Un tema también importante que hay que decir, que hay robo también de las propias vías, el material con el que cuentan estas vías también ha sido objeto de sabotaje y también ha sido objeto de robo, por eso se hace necesario que aprobemos estas iniciativas, insisto, que ya están prácticamente en las comisiones, y que solamente con voluntad política y en respuesta al planteamiento que nos hace la sociedad podamos aprobar estas iniciativas.

Muchas gracias, Senador Presidente.

Muchas gracias, compañeras, compañeros.

Espero que esta iniciativa las comisiones la adopten y pronto tengamos un dictamen para votarlo por el Pleno.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Luis Humberto, ¿con qué objeto?

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Si nos permite suscribirla.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien.

¿Alguien más suscribe la iniciativa del Senador Casillas?






Estimadas compañeras y compañeros, quiero pedir su comprensión para interrumpir la presentación de iniciativas, y recibir a nuestros visitantes, legisladores de la Federación Rusa.

Hay una muy distinguida delegación de Diputados rusos, y habría que recibirlos en esta Asamblea como se merecen y con la distinción de su encargo, por lo cual les pediría su comprensión para en esta parte del Orden del Día recibirlos.

Le pediría a Asamblea me evite la pena, de por su nombre pedirles que se comporten y guarden silencio para poder llevar a cabo nuestra sesión.

A todos los apoyos legislativos y staff que nos acompañan, a los cuales les agradezco, valoro su trabajo, les pediría que guardaran silencio y se fueran hacia alguno de los pasillos, por favor, para poder llevar a cabo nuestra sesión.

Gracias.

Les informo que recibimos este día en la Comisión Permanente la visita de una delegación de Asamblea Federal de la Federación de Rusia, encabezada por la Diputada Olga Epifanova, Vicepresidenta de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Los visitantes se encuentran en el salón anexo a este recinto.

Para introducir a nuestros distinguidos visitantes se designa, en comisión protocolaria, a los siguientes ciudadanos legisladores:

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora Adriana Dávila Fernández, Diputado Agustín Basave Benítez, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Diputado Macedonio Tamez Guajardo, Diputada Josefina González Luna, Diputado Abel Cruz Hernández.

Solicito a la comisión designada se sirva cumplir con su encargo.

(La comisión cumple)

VISITA DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Honorable Asamblea, nos acompaña una delegación de parlamentarios de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Sean bienvenidos a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Le doy la más cordial bienvenida a la Diputada Olga Epifanova, Vicepresidenta de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Saludo al Diputado Dmitry Novikov, Vicepresidente Primero del Comité de la Duma Estatal para los Asuntos Internacionales.

Saludo al Diputado Serguéy Marinin, miembro del Comité de la Duma Estatal para los Asuntos Internacionales.

Saludo también al Diputado Dmitry Perminov, miembro del Comité de la Duma Estatal para la Seguridad y Lucha Contra la Corrupción.

Y mencionar que nuestro compañero legislador es un héroe en su país y tiene la máxima condecoración que otorga la Federación Rusa a uno de sus ciudadanos.

Muy honrado en tenerlo con nosotros.

También damos la bienvenida al Excelentísimo señor Eduard Malayan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en México, y un amigo en nuestro país.

Distinguidos visitantes, amigos, acuden ustedes a la sesión semanal de la Comisión Permanente del Poder Legislativo en México.

Esta es una Asamblea que funciona durante los recesos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Nuestro trabajo se extiende del mes de mayo al de agosto y es el máximo órgano congresional en México durante este periodo.

Para el Congreso de la Unión de México es muy grato recibir la visita con la que nos honra la Delegación de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia.

A fin de reconocer la presencia de nuestros distinguidos parlamentarios visitantes, les haremos entrega de uno de los fistoles que utilizamos los legisladores mexicanos con lo que simbólicamente los acreditamos como integrantes de esta Asamblea.

Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

(Entrega de fistoles)

La relación que nuestro país sostiene a nivel de diplomacia parlamentaria con nuestros compañeros rusos es profunda, sincera y de una gran amistad.

Esta es, en los últimos cinco años, la cuarta visita de legisladores rusos a nuestro país y nosotros hemos correspondido de igual manera, y tan sólo la semana pasada estuvo una delegación de Senadores mexicanos, por cuarta ocasión, en la Federación Rusa.

De manera que, señores, compañeros visitantes, sean ustedes bienvenidos, ésta es su casa, México es un país que le tiene un gran afecto a su país y donde los vínculos de cooperación son profundos, son extensos y que durarán toda la vida.

¡Les agradecemos mucho su visita y son ustedes muy bienvenidos a México!

Voy a solicitar a la comisión designada se sirva acompañar a nuestros invitados cuando deseen retirarse de este recinto.

(La comisión cumple)

Para cerrar la intervención del Senador Casillas, daremos turno a su iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene la palabra el Diputado Leonel Cordero Lerma, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por el Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma: Gracias, Senador Presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores, Diputados y Senadores:

Presento el día de hoy una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que presenta la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del PAN, para integrar un Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

La discapacidad en nuestro país es una realidad para miles de mexicanos.

Con base a lo que indica la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud del 2001, se entiende por personas con discapacidad a quienes presentan una o más deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales, que les impiden participar plena y efectivamente con su entorno en igualdad de condiciones con las demás personas.

Es obligación del Estado, no sólo su responsabilidad, ver que esas personas se integren de la mejor manera posible al entorno que los rodea.

Para lograrlo, el Estado debe adoptar políticas públicas adecuadas.

Estas políticas públicas deben basarse en información confiable para que se den los mejores resultados que lleven a una adecuada integración de las personas con discapacidad en el entorno que los rodea.

Una herramienta indispensable para lograr con éxito esta misión son, sin duda, la información que nos proporcionan los censos de población, ya que cuentan con un alto grado de precisión.

La experiencia nos ha demostrado que los datos recabados de los censos sirven para la toma de decisiones y la correcta elaboración de políticas públicas.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, es el responsable de elaborar y llevar a cabo los censos poblacionales que se realizan cada 10 años.

En el tema de identificación de la discapacidad, por primera vez el Inegi incorporó una serie de preguntas relativas al tema en el cuestionamiento básico del 12° Censo General.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Diputado Cordero, ¿me permite un momento, por favor?

Le suplico a todo el personal de apoyo que nos compaña en el Pleno, o guardan silencio o me voy a ver obligado a pedir que abandonen este recinto

Es la última vez, compañeros, se lo suplico.

Gracias.

Adelante Diputado Cordero.

El Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma: Gracias, Senador Presidente.

Decía que el Inegi incorporó una serie de preguntas relativas al tema de la discapacidad en el cuestionario básico del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000.

Ese cuestionario incluso buscó conocer las causas de la discapacidad de una persona. Es decir, si son por nacimiento, por accidente, por enfermedad, por edad o por otra causa.

Los censos garantizan que las cifras que se reportan se dan con gran detalle.

Por el otro lado, esto no es el caso de la información recopilada por la Secretaría de Salud, la cual sólo habla de quienes están sujetos a los registros administrativos de los prestadores de servicios de salud, a los que acuden por motivos de rehabilitación.

Es necesario que la información sea más amplia, más completa y que sea fácil de acceder y fluya con mayor facilidad entre las dependencias que ven el tema de discapacidad.

Un fácil acceso a la información permitirá que se concrete el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

De igual manera, el intercambio de información entre instancias como el Inegi o el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Conadis, con la Secretaría de Salud, es pieza clave para contar con cifras reales de la situación de la discapacidad en México.

La Ley General de Salud faculta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y otras secretarías, integren la información relativa a temas de salud, incluida la discapacidad, suministrarla a otras entidades y dependencias que ven el tema, para llegar a la consolidación de un Sistema Nacional de Información en Salud.

La iniciativa que presento el día de hoy a nombre de mi compañera Diputada Olimpia Zapata y a nombre propio, busca ayudar a que el flujo de información se dé de manera ágil entre las dependencias y entidades que ven temas relacionados con la discapacidad, con el fin de elaborar las mejores políticas públicas en la materia.

Tenemos los insumos necesarios a la gran labor que desempeñan instancias como el Inegi y, de igual manera, el Conadis.

Sería una importante aportación a la labor de la Secretaría de Salud y, por lo tanto, a otras secretarías y dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales e incluso de los municipales, para que cuenten con los datos necesarios que lleven a un conocimiento real de la discapacidad en México.

En Acción Nacional, en el PAN, nos preocupa que las mexicanas y los mexicanos se desarrollen plenamente en el entorno que les rodea.

Nos ocupa hacer políticas públicas que permitan su incorporación y que garanticen sus derechos.

El Estado está obligado a proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad.

La herramienta clave con la que contamos para conocer el tema a fondo son los datos estadísticos que se recopilan tanto para identificar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, como para realizar políticas públicas adecuadas.

La importancia de la recopilación de estos datos estadísticos para identificar barreras, se plasma en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, misma de la cual México fue impulsor y ratificó en el año 2007.

Las herramientas que nos permiten identificar ciertos aspectos ya están presentes gracias a los datos estadísticos que proporcionan los censos. Falta ayudar a que la información con la que ya se cuenta, se comparta sin problema entre las instancias y dependencias correspondientes.

Esta es la importancia de esta iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para integrar el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y lograr que el Estado en todos sus niveles e instancias adopte las políticas públicas adecuadas que beneficien a estas personas y a todos los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Diputada Federal María Olimpia Zapata Padilla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) presentada en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás1.

El término discapacidad hace referencia entonces a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y los factores de su contexto, ya sean ambientales, como la configuración física y las características de la comunidad a la que pertenece, o personales, por ejemplo, su grado académico o situación socioeconómica. A las instituciones del Estado, como entes rectores de los colectivos que encabezan, les corresponde implementar medidas que coadyuven a la integración plena de las personas con discapacidad a los diversos ámbitos donde se desarrollan las actividades adscritas al curso ordinario de la existencia. La elaboración y ejecución de esas medidas en forma de políticas públicas precisa, como cualquier instrumento de la misma naturaleza, el conocimiento de la magnitud y características de la población objetivo. Estadística en una palabra.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la Convención) aprobada en la sede de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008, cuyo propósito es promover, proteger, y asegurar el goce de los derechos humanos a todas las personas con discapacidad, impone expresamente a los Estados partes en su artículo 31 la recopilación de datos estadísticos y de investigación para identificar las barreras con las cuales topan esas personas en el ejercicio de las prerrogativas fundamentales, formular las políticas tendientes a concretar la finalidad del tratado, e informar de los avances en su cumplimiento, salvando en todo caso la privacidad de los datos personales recabados.

El Estado Mexicano, como impulsor que fue de la Convención en 2004, y en su calidad de parte vinculada por haberla ratificado el 17 de diciembre de 2007, tiene la obligación moral y jurídica de traducir en cifras la realidad de las personas con discapacidad habitantes de su jurisdicción para dimensionarla y comprenderla cabalmente, con miras a realizar o fomentar acciones que les permitan desenvolverse con inconvenientes menores en sus actividades cotidianas. La captación mediante los censos de población es, a priori, el canal idóneo para satisfacer este deber.

Desde finales del siglo XIX se ha promovido a nivel internacional la celebración periódica de censos de población. Primero fueron recomendados por el Congreso Internacional de Estadística. A partir de 1958, la ONU también se interesó en impulsarlos y compilar los principios más adecuados para su verificación. Sus promotores y la experiencia han evidenciado los beneficios que reportan la recopilación, el procesamiento y la divulgación de estadísticas detalladas sobre la composición, características, distribución espacial y organización de la población de los países, como fundamento empírico para la toma de decisiones internas en gobierno, economía y sociedad2.

Entre los métodos de producción estadística, los censos se distinguen específicamente por su alto grado de precisión sobre zonas y grupos pequeños. Lo anterior, porque implican un empadronamiento individual y se rigen por los principios de universalidad dentro de un territorio definido y simultaneidad. Esto es, respectivamente, que se registra por separado a cada persona con sus particularidades, mediante el levantamiento de información sobre el terreno o con apoyo de registros administrativos; que se empadronan a todas las personas presentes o residentes en el país o, en su caso, en la región del país seleccionada para el censo; y que la obtención de datos se completa en un periodo breve y bien determinado3.

Por motivos presupuestales y para no afectar las tasas de respuesta de los informantes, el principio de universalidad suele sufrir excepciones. Así, es común que para practicar el censo se diseñen dos formularios o cuestionarios: uno básico, destinado a todas las personas por empadronar, y otro ampliado o largo para recoger información únicamente de una muestra de la población sobre temas concretos o complejos. El diagnóstico que se desprende de los datos conseguidos a partir de esta última clase de cuestionarios es más profundo en cuanto a la diversidad de condiciones de una colectividad humana, pero a la vez es incompleto porque parte de una encuesta parcial en la cual la población no entrevistada solo se apersona artificialmente en los resultados4.

La periodicidad definida también es un rasgo inherente a los censos de población. La mayoría de los Estados en el mundo han dispuesto su celebración cada 10 años, según lo plantea la recomendación internacional. La demanda de actualización de datos poblacionales en el transcurso de ese extenso plazo ha propiciado la realización de encuestas intercensales por muestreo que, además de proveer estadísticas recientes acerca de temas específicos, no requieren el despliegue físico, organizacional, técnico y presupuestario inseparable del  ejercicio censal5.

En México, la realización de todos los censos nacionales es facultad exclusiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 59 de la ley orgánica-reglamentaria del inciso B del artículo 26 de la Constitución Federal. Por lo que toca al censo de población, es el recurso fundamental del que dispone el INEGI para generar los indicadores clave del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, los cuales deben atender como mínimo los temas de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. En virtud de las ramas que reflejan, así como por su generación periódica, regular, sustentada científicamente, e indispensable para el diseño y evaluación de políticas públicas de alcance nacional, dichos indicadores son información de uso obligatorio para las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México6. Constituyen pues, una referencia ineludible para la planeación de acciones gubernamentales, en cuanto a en que deben consistir y los ámbitos a donde han de enfocarse.

En lo que atañe a la identificación de la discapacidad, el INEGI incorporó por primera vez una serie de preguntas en el Cuestionario Básico del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 basadas en los parámetros de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 19807, a saber:

1. ¿Tiene limitación para moverse, caminar, o lo hace con ayuda?

2. ¿Tiene limitación para usar sus brazos y manos?

3. ¿Es sordo(a) o usa un aparato para oír?

4. ¿Es mudo(a)?

5. ¿Es ciego(a) o solo ve sombras?

6. ¿Tiene algún retraso o deficiencia mental?

7. ¿Tiene otra limitación física o mental?

En el Cuestionario Ampliado del mismo censo el INEGI indagó igualmente por vez primera las causas de la discapacidad, preguntando si la limitación manifestada previamente era de nacimiento o causada por una enfermedad, accidente, edad avanzada, u otro motivo.

En el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda del año 2010 se incluyó nuevamente en la sección de características de las personas el subtema de discapacidad, pero los cuestionamientos formulados no se basaron ya en los conceptos de la CIDDM sino en los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad (GW) elaborados desde el enfoque de la CIF, lo cual significó erradicar de las preguntas los adjetivos empleados tradicionalmente para designar la ausencia total de audición, visión y habla, así como el término “limitación” (excepto de la última interrogante “¿Tiene alguna limitación mental?”) para iniciar la entrevista preguntando si el informante tenía “dificultad” para8:

1. Caminar, moverse, subir o bajar;

2. Ver, aun usando lentes;

3. Hablar, comunicarse o conversar;

4. Oír, aun usando aparato auditivo;

5. Vestirse, bañarse o comer;

6. Poner atención o aprender cosas sencillas.

A dicha interrogante, los entrevistados solo pudieron responder afirmativa o negativamente, sin hacer precisión alguna.

Las diferencias entre los cuestionarios básicos de estos censos tornaron ineficaz la comparación entre sus resultados. En efecto, es imposible saber si la brecha entre las casi 1.8 millones de personas que en el 2000 reportaron una discapacidad y las 5, 739, 2709 que 10 años más tarde declararon la misma condición obedece a un aumento real en el volumen de la población discapacitada, o a que el empleo del término “dificultad” en las preguntas hechas en 2010 abarcó a individuos que habían respondido negativamente en el censo anterior a la voz “limitación” -más aproximada a denotar un impedimento total- o a los adjetivos absolutos relativos a la vista, al oído y a la expresión oral.

Empero, la variación supuso un avance. Respecto de la materia en comento, al Censo 2010 lo avala haber tomado como modelo las líneas a inquirir  recomendadas a partir del 2006 por el GW, las cuales fueron trabajadas por un conjunto de expertos durante 5 años, a saber:

1. Dificultad para caminar o subir escalones;

2. Dificultad para ver, aun usando lentes;

3. Dificultad para comunicarse (por ejemplo, entender a los demás o que los demás lo entiendan) a causa de un problema de salud física, mental o emocional;

4. Dificultad para oír, aun usando audífonos;

5. Dificultad para realizar tareas de cuidado personal, como lavarse o vestirse;

6. Dificultad para recordar o concentrarse.

Actualmente, constituyen la referencia más aceptada en el mundo. Además de por el prestigio que les comunicaron sus creadores, por traer aparejadas 4 respuestas excluyentes que permiten graduar, en su caso, la dificultad revelada por los declarantes: ninguna dificultad, poca dificultad, mucha dificultad e imposibilidad. Desafortunadamente, en México no se ha aplicado esta  propuesta del GW sino en proyectos basados en muestras. Por el formato de los cuestionarios de los ejercicios censales realizados hasta ahora, únicamente es dable conocer con precisión  el número de los sujetos que contestaron afirmativamente a los cuestionamientos sobre si tenían uno o más de los tipos de discapacidad contemplados, pero no la escala en que los padecen.

Todo indica que no se corregirá esa omisión en el Censo de Población y Vivienda que habrá de efectuarse en el año 2020. No al menos, de manera que contribuya a la construcción de una estadística fidedigna de las personas con discapacidad apta como punto de partida para diseñar las políticas públicas enderezadas a ese sector en la tercera década del siglo XXI. Durante la consulta pública llevada a cabo por el INEGI entre el 21 de agosto y el 30 de noviembre del 2017 para definir la metodología de aquel censo, se advirtió la ausencia del subtema discapacidad en la ficha técnica del cuestionario básico, de carácter censal, y que se planeaba abordarlo en su totalidad con las variantes “Condición de discapacidad o limitación”, “Tipo de discapacidad (sic) o limitación” y “Causa de la discapacidad o limitación” en el cuestionario ampliado, de carácter muestral10.

II. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Del 4 de agosto al 26 de septiembre de 2014, el INEGI llevó a cabo la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Las encuestas que realiza el Instituto son alternativas para complementar otros proyectos de recolección y análisis de información proveedores del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, como son los censos nacionales y los registros administrativos. En este tenor, la ENADID 2014 fue emprendida para dar continuidad a una serie de proyectos estadísticos sobre la dinámica demográfica mexicana que miran a la formación permanente de indicadores clave acerca de fecundidad, preferencias reproductivas, mortalidad infantil y demás tópicos de índole poblacional. Para efectuarla se seleccionaron 101, 389 viviendas particulares a nivel nacional con base en el Marco Nacional de Viviendas 2012, el cual es la muestra maestra de diseño probabilístico, estratificado, unietápico y por conglomerados de la que se desprenden las muestras de todas las encuestas por viviendas que le incumben al INEGI11.

Según las estimaciones que derivaron de la ENADID 2014, México contaba en ese año con 7.1 millones de habitantes que tenían problemas emocionales o mentales o que no podían hacer, o no sin poca o mucha dificultad, alguna de las siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver, aun usando lentes; mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. Es decir, la población con discapacidad aumentó en 1.12 % respecto a la detectada en 2010. El 49 % del sector estudiado correspondió al sexo masculino y el resto a mujeres. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) eran adultos mayores (60 años y más) y el 34.8% oscilaban entre los 30 y los 59 años de edad12. Como ya se insinuó líneas arriba, la ENADID tuvo el mérito de cuestionar a los informantes sobre el grado de dificultad que experimentaban para desarrollar una o varias de las actividades enunciadas en el formulario, a imitación de la obra del GW. En general, es incontestable además su valía como instrumento de actualización de los datos que el Estado y nuestra sociedad ocupan para formar opinión y medidas en beneficio de quienes padecen una disminución motriz o perceptiva.

Con todo, es menester hacer hincapié en que el aporte de la ENADID, así como el de cualquier proyecto estadístico basado en una muestra, son solo estimaciones. Válido y aun necesario es atenerse a ellas en los periodos intercensales, pues la confiabilidad de los insumos informativos oficiales decaería si su renovación aguardara en todo tiempo a la celebración del censo. Pero llegado el momento de emprenderlo, no debe desperdiciarse la oportunidad de cobertura universal en los temas que por su relevancia o rezago exigen mayor exactitud, empezando por las cifras. Nadie pondrá en duda que la discapacidad es uno de esos temas.

En el comunicado de prensa con el que presentó el informe de resultados de la consulta pública para la definición de la metodología del Censo 2020, el INEGI se comprometió a trabajar en la prueba temática a practicarse en el segundo trimestre del 2018 el subtema discapacidad, para su inclusión en el cuestionario básico13. Digna de reconocimiento es esta postura del Instituto, que no ignoró las propuestas enviadas en el curso de la consulta sobre el particular, ni las voces de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que en abril de este año manifestaron su preocupación por la relegación de dicho subtema al cuestionario ampliado.

No obstante es pertinente insistir, mediante un exhorto al INEGI, en que incluya tanto en el cuestionario básico como en el ampliado que diseñe para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de discapacidad. Lo anterior, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión, en su carácter de representación popular, pueda dar seguimiento al proceso de inclusión del subtema reiteradamente aludido al cuestionario de cobertura universal, y obtenga uno o varios informes del Instituto acerca de sus avances y conclusión.

También es pertinente exhortar al INEGI a que en ambos cuestionarios pregunte a los informantes si tienen poca, mucha o ninguna dificultad, o si están impedidos para hacer alguna de las actividades que se consideren en el subtema discapacidad14. Abordar estos puntos exclusivamente en el cuestionario ampliado equivaldría a ignorar a la población con discapacidad comprendida en el 43 % de la población total del país, pues se planea que este formulario solo se aplique en las 217 localidades con 50, 000 o más habitantes, las cuales albergan únicamente al 53 % de la comunidad nacional15.

En aras también de mejorar la calidad de la información sobre las personas con discapacidad en México, es oportuno que el Congreso de la Unión cohesione las estructuras  que recopilan, procesan y publican de manera permanente los datos cuantitativos y cualitativos a los que se reduce la realidad de ese grupo para su entendimiento.

El artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) dispone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en coordinación con el INEGI, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, cuyo objetivo es proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales, y todo tipo de información relacionada, a la población con discapacidad, por medios electrónicos e impresos. A su vez, la Ley General de Salud faculta a la Secretaría del ramo (SSA) para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integre la información sobre varios aspectos demográficos vinculados a la salud, entre ellos la discapacidad, que capte o que le suministren otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios, las autoridades de las comunidades indígenas, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado -en particular, las que prestan servicios de salud- con la finalidad de elaborar las estadísticas nacionales que contribuyan a la consolidación de un sistema nacional de información en salud16.

La información sobre discapacidad compilada por la SSA no goza, desde luego, de la exhaustividad numérica que puede garantizar un censo, pues da noticia exclusivamente de quienes son sujetos a los registros administrativos de los prestadores de servicios de salud a los que acuden para recibir rehabilitación. No obstante, por abrevar de fuentes en operación continúa en las que las condiciones de los usuarios se asientan con más minuciosidad que la esperada de los ejercicios censales, constituye un insumo valioso para el binomio INEGI-CONADIS en el cometido que les asigna la LGIPD. A fin de facilitarles a estas instituciones el acceso a dicha información, es indispensable dotarlas de un enlace cierto con la SSA. Séalo el Comité Técnico Especializado en Información de Discapacidad (CTEID), creado en 2015 por la Junta de Gobierno del INEGI a instancias del CONADIS con el objetivo de servir como instancia de coordinación interinstitucional de identificación y desarrollo de acciones conjuntas de captación, integración, producción, procesamiento, sistematización y difusión de datos en la materia17, o el Comité que, en su caso, lo suceda en sus funciones con posterioridad. Bien puede ser esta medida, uno de los cimientos propicios para lograr el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que esos organismos no han podido concretar aun.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo manifestado, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ÚNICO: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en los términos siguientes:

Artículo 23. …

Para la integración del Sistema señalado en el párrafo anterior, el Comité Técnico Especializado del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social creado en materia de discapacidad podrá requerir en cualquier tiempo a la Secretaría de Salud las estadísticas e información que esta integre sobre discapacidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que pueda requerirlas directamente a cualquier prestador de servicios de salud, a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de la entidades federativas, a las autoridades municipales o de las comunidades indígenas, o a las personas físicas y morales de los sectores social o privado que las generen.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Cordero Lerma. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

2 Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, Revisión 2, ONU, Nueva York, 2008, p. 5.

3 Ibíd., pp. 6 y 8.

4 Ibíd., pp. 18 y 19.

5 Ibíd., pp. 8 y 14.

6 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, artículos 6, párrafo primero, 21, 22, párrafo primero, fracción I, 59, párrafo primero, I y 78.

7 REYES Manzano, Jorge, La medición de la discapacidad en México en los censos de población 2000 y 2010; experiencia, resultados y retos (ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población realizado en Lima del 12 al 15 de agosto de 2014), pp. 3-4.
http://www.alapop.org/Congreso2014/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2014_FINAL230.pdf

8 REYES Manzano, Jorge, op. cit., pp. 3-4.

9 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

10 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Metodología en Consulta Pública. Fichas Técnicas de los Cuestionarios Básico y Ampliado.
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pdf http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado.pdf

11 INEGI, Diseño muestral de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, INEGI, México, 2015, pp. VII, 3, 6 y 7.

12 INEGI, La discapacidad en México, datos al 2014, INEGI, México, 2016, p.22.

13http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/RestConsCPYV2020_2018_04.pdf

14 Por razones de proceso legislativo, la proposición con punto de acuerdo en la que se plantean estos exhortos se formuló en un documento aparte de la misma fecha.

15 FONCE Segura, Carlos Daigoro, Discapacidad y el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020, México, 2017; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020…, op. cit., p. 7.

16 Ley General de Salud, artículos 104, 105 y 106.

17 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/comite-tecnico-especializado-en-informacion-sobre-
discapacidad






Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de la creación de una Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Presidente.

Históricamente México ha conocido casos que han lastimado de manera importante a su pueblo e instituciones. Particularmente relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos y la poca actividad de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Ejemplos, como la matanza de estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968; el Halconazo del 10 de junio de 1972; el de Aguas Blancas, de 1995; y Acteal, de 1997; asimismo los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa han representado para el Estado mexicano una profunda crisis de credibilidad por su incapacidad de ofrecer una verdad socialmente aceptada.

Lo anterior ilustra de sobremanera un régimen que históricamente ha estado plagado de impunidad y corrupción al que se suma hoy una estrategia de seguridad fallida.

Sin embargo, hay posibilidades de comenzar a revertir la crisis paulatinamente, dar paso a la reconciliación y pacificación del país que invariablemente fortalecerá el estado democrático de derecho.

Una acción concreta para lograr esto es robustecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Es así que vengo a proponer la adición de una fracción IV al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de crear la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad que de manera transversal se coordine con el Secretariado Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es imprescindible mencionar que las bases para un buen gobierno se encuentran en el compromiso ético de una gestión pública que garantice la eficiencia, la transparencia y la honestidad, bajo estos principios se hace urgente que México cambie el rumbo, sobre todo en las políticas públicas. Un cambio que esté basado en la verdad.

Por tal motivo, se trae a colación en esta iniciativa, ese derecho a la verdad, inicialmente considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales.

Asimismo, la interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares, pero también le pertenece a la sociedad en general.

En la sentencia Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aseverado que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes”.

Este derecho ha nacido en respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violaciones graves de derechos humanos por parte de los Estados.

Por lo que representa una oportunidad para obligar a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública a responder de manera honesta sobre los casos más delicados y graves de violación a los derechos humanos.

Si bien, el Consejo Nacional es el único facultado para determinar el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las Comisiones Permanentes de manera enunciativa, pero no limitativa, se proponen algunas de las atribuciones a integrantes que debería tener la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad.

Por un lado, se considera pertinente que la Comisión se vea integrada por organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, organismos públicos y privados enfocados a la promoción y defensa de los derechos humanos, mismos que deberán tener voz y voto en todas las resoluciones que tomen.

Por otro lado, se cree pertinente contemplar en los lineamientos y estatutos de la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad tenga entre sus atribuciones velar por el esclarecimiento y explicación de los hechos, proteger la integridad y bienestar de las víctimas, supervisar el cumplimiento de los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública y las atribuciones de los Centros Nacionales.

Promover la reconciliación local y nacional, ofrecer propuestas de políticas públicas para asegurar que las violaciones no se repitan y promover la protección, reconocimiento y restablecimiento de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos.

No tengo la menor duda que reconociendo la verdad y recuperando la honestidad como una de las virtudes del ejercicio de gobierno, y aprovechando el patrimonio moral de México podemos fortalecer las instituciones y regresarle la legitimidad y confianza que tanto se ha perdido.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Romero Tenorio, a nombre de la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, en materia de cuidado de hijos de padres varones que trabajan.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, a nombre de la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena)

El Diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Senadoras, Senadores; Diputadas, Diputados de esta Comisión Permanente.

Presento una iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

Es una iniciativa que atiende un problema diario que enfrentan los derechohabientes del Seguro Social, el derecho a la guardería.

Esa disposición que se propone modificar señala en forma específica quién puede acceder a una guardería adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es una descripción excluyente, es una descripción específica que discrimina y que vulnera derechos humanos de los derechohabientes, en particular, de los hombres.

Estas disposiciones señalan que únicamente podrán solicitar el servicio de guardería las mujeres trabajadoras, los viudos o los hombres que hayan tenido la custodia judicial de sus hijos.

El hombre trabajador que en forma ordinaria aporta sus cuotas y que tiene que atender el cuidado de los hijos, no tiene derecho a esta guardería, es un trato discriminatorio derivado de la propia ley.

Una ley que los ciudadanos que se han abocado a exigir sus derechos han ido sentando precedentes a través de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han amparado este acto administrativo que impide que los hombres adquieran la guardería.

El 16 de mayo pasado, la Primera Sala de la Corte emitió una nueva resolución en la cual declara inconstitucional estas dos disposiciones al impedir el acceso de los hombres al servicio de guardería para sus hijos.

Tenemos en consecuencia la tercera resolución que declara inconstitucional estas disposiciones, faltarían dos acciones de amparo del personal que solicita este servicio para asentar jurisprudencia y consecuentemente hacer obligatoria la determinación de la Corte.

No podemos tomar como algo sencillo que la Corte esté supliendo el papel que tienen los legisladores de adecuar las leyes a las necesidades de la población.

La propuesta tiene ese objetivo, modificar los artículos 201 y 205 para quitar ese impedimento administrativo de que los hombres tengan derecho al servicio de guardería para sus hijos, independientemente en la situación que tengan con su pareja. Esto ayudaría a resolver el problema de parejas en concubinato, a parejas del mismo sexo y a parejas que tengan problemas de acceder a este sistema de seguridad social.

Es la propuesta que presenta la Diputada Araceli Damián, del grupo parlamentario de Morena.

No podemos permitir que sea la Corte, a través de jurisprudencias, la que vaya modificando un marco legal, marco legal que debe modificar este Poder Legislativo atendiendo a las necesidades y problemas de los ciudadanos, marco legal que debe atender a una reforma en derechos humanos, que a partir de 2011 creó un nuevo paradigma en la interpretación de la aplicación del derecho.

Es la propuesta que presentamos, es una propuesta que no exige un gasto adicional para el Estado, pero sí garantiza el acceso a un derecho igualitario de hombres y mujeres que pagan en forma ordinaria sus cuotas al servicio que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Queda en las comisiones esta propuesta, y es una propuesta que ayudaría a resolver muchos conflictos ordinarios que tienen los ciudadanos frente a la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

La suscrita ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De los derechos humanos y sus garantías

Los artículos de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que pretenden reformarse bajo esta iniciativa son anticonstitucionales y trasgreden los derechos fundamentales del ser humano, pues estipulan que los varones afiliados al IMSS que tienen hijos, salvo algunas excepciones, no pueden acceder a los servicios de guardería infantil, por el mero hecho de su condición; ser hombres, aun siendo que el Artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que queda prohibida toda discriminación motivada por el género y de cualquier otra índole; y que el artículo 4ª declara que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.

Incluso con estas magnas prerrogativas, los artículos 201 y 205 de la Ley del IMSS permanecen bajo el yugo de los roles de género, en donde un varón sólo puede cuidar a sus hijos mediante el acceso a los servicios de guardería infantil, si se ha divorciado de una mujer y cuenta con la patria potestad y/o custodia de los menores o si la esposa ha fallecido. En los casos anteriores, se implica que el varón sólo puede proveer cuidados a los hijos cuando una mujer no está presente en la relación, aludiendo y legislando que el cuidado de éstos, está conferido únicamente a las mujeres. Lo anterior revela que la desigualdad de género no sólo es un problema social, sino que también es perpetrada por las instituciones, en este caso, el IMSS, que desafía la Ley Suprema de los Estados Unidos Mexicanos.

Más aún, en los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, no solamente se regula el prejuicio de que el varón no puede cuidar de sus hijos a menos de que sea viudo, divorciado o ejerza la patria potestad y/o custodia, sino que también se regula el que insinúa que es deber de la mujer cuidar de los menores aún si no es la madre. Lo anterior se explica en el Artículo 205 que indica que el padre asegurado puede acceder al servicio mientras no contraiga nuevamente matrimonio o se una en concubinato.

En el ámbito internacional, los derechos de igualdad para el hombre y la mujer son reiterados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 19481, que constituye los fundamentos para que los seres humanos obtengan en condiciones de igualdad, los derechos sociales, económicos, culturales y cívicos que no dependen del comportamiento, grupo social, raza o género, ni son exclusivos de un país en concreto, sino que son inalienables de todas las personas. Lo cual implica en este caso, que la ley debe brindar a ambos sexos los mismos derechos de seguridad social, sin que esto dependa de las limitaciones presupuestales o de los prejuicios de los roles de género.

El contenido de ambos artículos también trasgrede por una parte, los artículos 1º, 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2, en donde las partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella así como, garantizar el ejercicio de los mismos sin discriminación de cualquier índole; y en todo caso, arreglar sus disposiciones legislativas en las que no estuvieren garantizados. Por otra parte, transgrede el artículo 17º de la misma cuyo contenido indica, la igualdad de derechos para los cónyuges en el matrimonio e iguales derechos para los hijos que estén dentro del matrimonio o no. Finalmente, contraviene el Artículo 24º de la referida que establece la igualdad y protección ante la ley para todas las personas.

Género y desigualdad perpetrada desde el Estado

Cuando las ideas obcecadas sobre la diferencia de roles que deben desempeñar los hombres y las mujeres en la sociedad se plasman no sólo en la estructura social como en la organización del espacio y el tiempo y la división sexual del trabajo, sino también en las leyes, entonces se perpetúa la discriminación y la desigualdad que niega la capacidad de las personas como sujetos de derecho.

Se asume que la brecha de desigualdad de género sólo se desarrolla en los pormenores de la vida cotidiana y que pesa más la balanza del lado de la mujer, pero debe de ser cuestionada desde un enfoque integral, porque el ideario sobre los mandatos atribuidos social y diferenciadamente a hombres y mujeres, se fortalece y normaliza en procesos legales que disminuyen los derechos de las personas. En este caso, se representa como la violación del derecho de los varones para acceder igualitariamente a la seguridad social para la guarda de los hijos y es una expresión de la desigualdad de género con respecto a los cuidados infantiles. De acuerdo con Judith Lorber, el género es una institución social que se define bajo los parámetros de proceso, estratificación y estructura; como proceso crea estatus sociales distinguibles para la asignación de derechos y responsabilidades; representadas en las diferencias sociales que definen lo que representa un hombre y una mujer en la sociedad. Como parte de un sistema de estratificación, clasifica estos estatus de manera desigual, donde usualmente un género es el hito, lo normal, lo dominante mientras el otro es el diferente, el desviado y subordinado. Finalmente, el género como estructura divide el trabajo en la casa y la producción económica, legitima la autoridad y organiza la sexualidad y la vida emocional.3 El género es el mayor bloque de las estructuras sociales que está construido sobre la desigualdad4 porque coarta las libertades de la mitad de la población que ejecuta el rol del subordinado, haciendo que tenga menos poder, prestigio y beneficios económicos que la otra mitad.

En el género como estructura para la cultura mexicana, aún se le juzga al varón por cuidar de sus hijos; por cocinarles, vestirles, limpiarles y educarles; juicios que infortunadamente han llegado hasta la legalización de la desigualdad de género en cuidados infantiles, porque están legitimados en nuestra estructura social y se asume y glorifica la incapacidad del hombre como cuidador porque se le ha asignado la labor de ser proveedor.

Es deber del Estado reducir la brecha de desigualdad social, económica y de género para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos, y no instaurarla, legalizarla y normalizarla mediante Leyes fundamentadas en sistemas de estratificación.

Como la Ley del Seguro Social trata diferenciadamente a hombres y mujeres, no sólo infringe el marco institucional de derechos humanos, sino también normaliza estructuralmente los patrones de privilegios de un género sobre el otro. Incluso, ha  sido advertida sobre el perjuicio inumerables veces por el poder judicial y por el mismo poder legislativo.

Antecedentes: hacia la igualdad de género en los derechos sociales

Esta iniciativa es una reiteración de propuestas de reforma anteriores a los artículos 201 y 205 del IMSS, todas ellas presentadas con enfoque de género, es decir, considerando equitativamente el acceso a las oportunidades de seguridad social para ambos sexos.

Entre dichas iniciativas se encuentran:

1. La del 25 de septiembre de 2012 por parte de la Diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, que reforma los Artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,

2. La del 25 de febrero de 2016 por parte de la Diputada Ma. del Rosario Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del PAN que reforma los Artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,

3. La del 27 de julio de 2016 por parte de la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del grupo parlamentario del PRI, que modifica los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo,

4. La del 13 de septiembre de 2016 por parte de la Diputada Maricela Contreras Julián, integrante del grupo parlamentario del PRD, que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley Seguro Social,

5. La del 20 octubre de 2016 por parte de la Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, que reforma los Artículos 201 y 205 de la Ley Seguro Social,

6. La del 25 de enero de 2017 por parte de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del grupo parlamentario del PRI, que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 196 de la Ley del ISSSTE,

7. La del 6 de abril de 2017 por parte de la Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del grupo parlamentario del PAN, que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,

8. La del 7 de junio de 2017 por parte de la Diputada Mirza Flores Gómez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se reforman los artículos 64, 130, 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

Además de las iniciativas anteriores, se acumulan ya los amparos de padres que han tenido que pugnar para que sus hijos puedan acceder al servicio de guarderías del IMSS y que han recibido resoluciones satisfactorias por parte de diversos juzgados; formando un camino hacia la jurisprudencia desde el poder judicial puesto que desde el poder legislativo las mayorías partidarias han impedido la aprobación de la reforma sobre este asunto. Entre dichos amparos, la SCJN concedió este favor de un trabajador en contra de los artículos tildados mediante el expediente 59/2016, considerando que discriminan a los hombres cuando solicitan el acceso a los servicios de guardería; lo que evidencia que la norma no se adecúa con los principios internacionales de los derechos fundamentales, ni tampoco garantiza los preceptos establecidos en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.

Los amparos que han sido resueltos a favor por diversos tribunales son:

• Del 5 de diciembre 2006, del quejoso Juan Antonio Vega Báez, en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México por el Juez Antonio Rebollo Torres,

• Del 29 de junio de 2016, con el amparo 59/2016, en la Segunda Sala de la SCJN bajo la ponencia de Margarita Beatriz Luna Ramos,

• En marzo de 2017, del quejoso Oscar Antonio Espinoza, en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora,

• Del 6 de diciembre de 2017, con el amparo 700/2017, en la Segunda Sala de la SCJN bajo la ponencia de Margarita Beatriz Luna Ramos,

• Y del 16 de noviembre de 2017, con el recurso 77/2017-6º, en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo de la Cd. México.

Adicionalmente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de conformidad con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación emitió, el 6 de octubre del 2015, la resolución por disposición 8/15 que se refiere a la restricción y/o negación del servicio de estancias infantiles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a hombres trabajadores, ya que sólo se otorga a trabajadores divorciados, en estado de viudez o que por cualquier otra circunstancia tengan la custodia legal de su hijo o hija.

Con los mencionados antecedentes, se incita a la Cámara a modificar con perspectiva de género y definitivamente, los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para que se adecúen al marco institucional en materia de derechos humanos.

Para efectos de esta iniciativa a la Ley del Seguro Social, se propone reformar el Artículo 201 y derogar el 205 de la manera que sigue:

Texto vigente de la Ley del Seguro Social

Propuesta

 Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

 


Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporciona cuidados durante la jornada de trabajo a los hijos o menores bajo custodia de las personas aseguradas durante su jornada de trabajo en la primera infancia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino. pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Texto vigente de la Ley del Seguro Social

Propuesta

 Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Derogado.

Dicho lo anterior, es deber del poder Legislativo modificar la Ley del Seguro Social en su artículo 201 y derogar el artículo 205 ya que el acceso igualitario a dicho servicio, no es una gratificación que deba otorgar el Estado, sino que es un derecho inalienable de los seres humanos que está siendo violentado por esta norma.

La Cámara debe de cumplir su papel para garantizar las prerrogativas sustentadas en la dignidad humana; acatar la carta magna y cumplir los acuerdos internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y para los efectos de la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo Único. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías proporciona cuidados a los hijos o menores bajo custodia de las personas aseguradas durante su jornada de trabajo, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Artículo 205. Se deroga.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En el caso del artículo 201, la Federación asignará los recursos suficientes para que en un lapso de 5 años se cubra la totalidad de la demanda.

Tercero.- El Instituto del Seguro Social deberá armonizar su Reglamento y demás instrumentos, como Circulares y Criterios de Interpretación, con lo estipulado en este Decreto, de manera inmediata, con el fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos de los asegurados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Araceli Damián González.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

1 Declaración Universal de Derechos Humanos, versión electrónica disponible en:
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, versión electrónica disponible
en:https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

3 LORBER, Judith, et al. (ed.). The social construction of gender. Newbury Park, CA: Sage, 1991. Versión electrónica disponible en: http://armine.pbworks.com/f/reading+9.pdf

4 Ibid, p. 113.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de derechos de militantes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, Senador Presidente. Buenas tardes.

Como ya lo dijo el Senador Presidente, vengo a hablar a nombre de mi compañero Jorge Álvarez Máynez, a presentar una propuesta para modificar la Ley General de Partidos Políticos, a sus artículos 39 y 40.

La idea es fortalecer nuestra democracia porque, miren ustedes, la democracia, dentro de lo imperfecto que es, ya ven que es la menos mala forma de gobierno, no empieza cuando se abre un periodo electoral, ni termina cuando se presentan las elecciones, la democracia debe estar vigente desde mucho antes, y en particular, en esos instrumentos de las luchas democráticas, que son los partidos políticos.

¿Cuántos problemas?

¿Cuántas falsedades?

¿Cuántos fraudes no han tenido su origen en la falta de democracia interna en los partidos?

Incluso, el Tribunal Electoral ha tenido que participar y dictar sentencia, muchas veces, para fortalecer las decisiones democráticas dentro de estos institutos, ha obligado a algunos partidos a elegir a sus dirigencias después de que éstas se han perpetuado varios lustros.

En otra ocasión, han obligado a los partidos a abrir a una elección interna, la composición de sus comités nacionales; también ha metido la mano el Tribunal para que los partidos no quiten a capricho autoridades locales y nombren con un dedo flamígero de autoritarismo a los jefes estatales y a veces municipales de sus propias instituciones.

De tal manera que esta propuesta contiene una serie de puntos de iniciativas para que la vida política interna en los partidos sea más democrática, y entre esas destacan, en primer lugar, que cuando algún interesado, en participar, en un partido sea rechazado, este partido tenga que motivar y fundar la causa del rechazo.

También establece que los militantes tengan derechos iguales, sin ninguna excepción, y que la vida interna de los partidos se rija bajo los principios de la democracia, de la representatividad y del laicismo, y destaco la palabra laicismo porque en este momento estamos ya viendo el espectro de la intromisión de denominaciones religiosas en la vida interna de los partidos.

También exige esta reforma que las dirigencias partidistas sean colegiadas, que no haya reelección, que nadie pueda perpetuarse por más de seis años, que sean revocables, también establecimientos internos, claro, para cuestionar las decisiones de las dirigencias.

Y, finalmente, algo muy importante, el que los dirigentes partidistas no puedan al mismo tiempo tener cargos de elección popular.

Finalmente, los partidos ahí están, somos parte de ellos, existen. A partir de ahora siento que van a coexistir pacíficamente con candidaturas independientes, que son válidas y son bienvenidas.

Sin embargo, tenemos que depurar la existencia de estos institutos políticos para que sean verdaderamente representativos, democráticos y dignos de lo que los mexicanos aspiramos.

Gracias por su atención.

Iniciativa

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ miembro del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los rasgos fundamentales que caracterizan a todo sistema político contemporáneo que se precie de ser democrático, es la existencia de una pluralidad de partidos políticos que pueden competir en equidad de condiciones y con posibilidades reales de triunfar en los ejercicios electorales por los que se designan, a través del voto, a gobernantes y representantes populares.

Durante una gran parte del siglo XX, el panorama político de nuestro país fue acaparado por un sólo partido político, cuya hegemonía indiscutible se reafirmaba cada 6 años. México, a diferencia de los demás países de Latinoamérica, no vivió bajo un régimen político dictatorial propiamente dicho. Sin embargo, es indudable que el régimen era autoritario y que los ejercicios electorales no tenían mayor relevancia, pues los partidos de oposición no tenían oportunidad alguna de acceder al poder.

Dicha situación llevó a miles de personas a buscar formas alternativas de participar en la vida pública en oposición al Partido Revolucionario Institucional: algunos desde la sociedad civil; otros, por la vía armada. Durante las décadas de los sesentas y los setentas, la violencia política y la represión contra los opositores del régimen alcanzaron niveles alarmantes.

En esa época, la vida pública de México estuvo marcada por la simulación. Una de las prácticas que caracterizó al sistema político mexicano del siglo XX, fue la elección, por parte del Presidente de la República, del candidato que debía sucederlo, de manera unipersonal y opaca, lo que se conocía en el argot político como “el tapado”. Jorge Carpizo definió dicho sistema de sucesión de la siguiente manera: “el Presidente saliente escoge a su sucesor y tiene para ello un margen de libertad muy amplio; quizá su única limitación sea que el ‘escogido’ no vaya a ser fuertemente rechazado por amplios sectores del país. Por tanto, su discrecionalidad es casi absoluta.”1 Dicha simulación antidemocrática era aceptada por la sociedad y la clase política, y era un reflejo de la carencia de democracia en que estaba sumergido el sistema político mexicano en su conjunto.

La falta de democracia del sistema político mexicana comenzaba al interior del Partido hegemónico: la voluntad de las bases del partido no era tomada en cuenta para elegir al candidato. No obstante que se llevaban a cabo despliegues con gran teatralidad, en los que los sectores del partido -el sector obrero (CTM), el sector campesino (CNC) y las clases medias (CNOP)- arropaban e impulsaban al candidato, en realidad su elección correspondía a una sola persona: el Presidente.

Fue por ello que Daniel Cosío Villegas describió al sistema priista como una “monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”. Por otra parte, y aún más grave, era prácticamente imposible que la oposición accediera al poder, pues no existían instituciones electorales neutrales ni confiables, además de que varios partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano, se vieron obligados a actuar desde la clandestinidad.

Se llegó al extremo de que en las elecciones del año 1976, sólo hubo un candidato postulado: José López Portillo que realizó campaña sin oposición y obtuvo el 100% de los votos2, el PRI se vió obligado a ampliar la representación política, dando pie a la reforma en materia electoral de 1977, la primera con una verdadera intención de cambio. Dicha reforma incluía un sistema mixto de elecciones, por mayoría relativa y por representación proporcional, implicando un antes y un después en la representación política de las minorías. Sin embargo, a pesar de representar un avance importante, no propició la posibilidad de la alternancia y mucho menos de un escenario equitativo para todos. El desarrollo de un sistema plural de partidos políticos en México fue un proceso lento y gradual que, aún el día de hoy, dista de haber concluido.

Cabe recordar que el Partido Revolucionario Institucional nació desde el poder y gobernó el país de manera ininterrumpida durante 70 años. Además, gobernó la totalidad de los estados hasta que en 1989 perdió la gubernatura de Baja California. En cuanto a la composición del Congreso de la Unión, el partido perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y la de Senadores en 2000.

A partir del triunfo de la oposición en 1997, el poder del Ejecutivo y del partido hegemónico se han acotado paulatinamente, mientras que la oposición se ha consolidado y fortalecido (en el plano electoral). Podemos afirmar que en México se ha establecido, desde 1997, un gobierno sin mayoría y con una pluralidad de fuerzas políticas con una presencia cada vez mayor a nivel federal, estatal y municipal.

Actualmente, existen nueve institutos políticos con registro nacional: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Encuentro Social. Sin embargo, aunque pluripartidista, nuestro sistema sigue arrastrando vicios propios de la época del partido hegemónico. Uno de ellos, es la presencia de prácticas que socavan la democracia al interior de los partidos.

La democracia al interior de los institutos políticos es una condición fundamental para que los regímenes democráticos puedan tener lugar. Resulta inconcebible que partidos políticos con estructuras y prácticas oligárquicas aspiren a desarrollar gobiernos democráticos. Existe una correlación entre el actuar interno y los actos exteriores de los partidos políticos. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia STC 56/1995: “Difícilmente pueden los partidos ser cauces de manifestación de la voluntad popular e instrumentos de una participación en la gestión y control del Estado que no se agota en los procesos electorales, si sus estructuras y funcionamiento son autocráticos.”3 Por ejemplo, un partido político que permite la reelección indefinida de los miembros de sus órganos directivos, probablemente no tendría inconveniente en actuar en contra del mandato constitucional que ordena la no reelección del Titular del Poder Ejecutivo.

Siguiendo con su sentencia paradigmática, el Tribunal Constitucional Español señala que la democracia interna de los partidos políticos consiste en “la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y su funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de gobierno y, en suma, y esto es lo aquí relevante, mediante el reconocimiento de unos derechos y atribuciones a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido”.4

Respecto de la práctica judicial mexicana, es necesario mencionar que en diversas ocasiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido de impugnaciones respecto de la ilegalidad y/o inconstitucionalidad de los Estatutos de los partidos políticos con registro nacional. Por ello, resulta necesario modificar la legislación en la materia, a fin de que la ley establezca los estándares mínimos para garantizar la democracia interna de los partidos políticos y combatir la simulación. A continuación se enlistan algunos casos.

Un ejemplo paradigmático de la carencia de democracia al interior de algunos partidos políticos y el desprecio por las prácticas democráticas, es la gestión que durante veintidós años ininterrumpidos ha realizado Alberto Anaya al frente del Partido del Trabajo, y que el año pasado, fue reelecto para encabezar la dirigencia petista por seis años más.5 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al PT, mediante sentencia del 22 de junio de 2017, renovar a los integrantes de sus órganos de dirigencia nacional.

Otro antecedente en la materia se dio en el año 2005, cuando el Tribunal Electoral declaró inconstitucionales y antidemocráticos los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México. El órgano jurisdiccional ordenó al PVEM establecer un procedimiento democrático para la elección de los miembros del CEN y eliminar la facultad del presidente del partido de nombrarlos; suprimir la reelección del propio presidente del CEN o bien establecer un periodo de duración del cargo de tres años con posibilidad de reelección por un periodo total máximo de seis años.6

También en 2008, el Tribunal Electoral declaró inconstitucional el artículo 94 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, el cual confería facultades discrecionales a su Comité Ejecutivo Nacional, para designar una delegación que sustituyera a los comités estatales, sin establecer las causas, motivos, supuestos, y límites del arbitrio, ni esclarecer cuáles eran los parámetros para calificar los acontecimientos necesarios para el ejercicio de las facultades discrecionales. Es decir, se le daba una supremacía al Comité Ejecutivo Nacional por encima de sus equivalentes estatales, centralizando el ejercicio del poder al interior del partido.7

Si bien, es cierto que los partidos políticos son centros de producción normativa en ejercicio de su potestad de autoorganización, también es cierto que la creación de sus normas Estatutarias está supeditada al  respeto de las directrices constitucionales y legales. Las normas estatutarias, al igual que las leyes, pueden establecer facultades de ejercicio discrecional, siempre y cuando estén sujetas a límites y reglas, y se subordinen al principio de legalidad.8

En ese sentido, algunos académicos se han pronunciado acerca de los aspectos que debe contemplar la legislación electoral para garantizar que exista democracia al interior de los partidos. El investigador Pedro Aguirre Ramírez señala que la normatividad deberá “no solo hacer mención de establecer fórmulas claras y democráticas para la elección de candidatos y dirigentes sino instituir la posibilidad de que los militantes que se sientan afectados en sus derechos por las dirigencias partidistas puedan interponer recursos de queja ante el Tribunal Electoral.”9

Por otra parte, Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex Consejero del Instituto Federal Electoral enlista los requisitos que la ley electoral debe imponer a los partidos para ampliar la democracia interna: “la existencia o el reclamo de minorías dentro del partido; la descentralización de los órganos del partido; la afiliación abierta; la existencia de órganos de control democráticos; la revocación en todo momento de los dirigentes; el nombramiento de los directivos por nombramiento no solo de los militantes sino de los electores; la existencia de instituciones dentro del partido como el referéndum o de la iniciativa popular; la movilidad permanente de los dirigentes; la prohibición para impedir la compatibilidad entre dos o más cargos públicos, ya sean del partido o del Estado; la prohibición de expulsiones sin procedimiento previo y sin las garantías procesales y constitucionales; el establecimiento de una cláusula de conciencia para los diputados a efectos del mandato imperativo; la transparencia en la financiación y sobre los donativos, etc.”10.

A grandes rasgos, señala Cárdenas, para calibrar la democracia interna de los partidos políticos, se deben tomar en consideración 4 elementos: el nivel de respeto y garantía de los derechos fundamentales dentro del partido, la organización y los procedimientos internos, la existencia de corrientes en el seno de la organización y los órganos de control de su vida interna.11

Finalmente, María del Pilar Hernández, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace una lista de aspectos que debería contener la norma electoral acerca de la democracia interna12:

- Revocabilidad de los cargos directivos;

- Flexibilizar los requisitos establecidos para ocupar cargos de dirección partidaria:

- Libertad de expresión al interior del partido;

- Igualdad de derechos de los militantes;

- Representación equitativa en las listas de género;

- Acceso a la información de los asuntos del partido, incluidos los económicos;

- Fundamentación de los rechazos de solicitud de afiliación;

- Prohibición de las “vías especiales” de afiliación;

- Tipificación de causas de expulsión y sanciones aplicables a militantes;

- Establecimiento de procedimientos de defensa para los militantes que pretendan ser expulsados;

- Respeto a las diferentes fracciones al interior del partido; y,

- Posibilidad de que el TEPJF conozca impugnaciones contra órganos internos partidistas, exclusivamente en cuestiones estructurales, nunca ideológicas.

En atención a las propuestas que desde la academia se han vertido respecto de la democracia interna de los partidos políticos, y bajo la consideración que un sistema democrático debe construirse desde su núcleo básico -los partidos políticos- la presente iniciativa propone introducir una serie de cambios a la Ley General de Partidos Políticos, a fin de ampliar los derechos de los militantes de los partidos y ampliar los aspectos mínimos que deberán contener los Estatutos partidistas, para democratizar internamente a los partidos políticos.

Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos

ÚNICO.- Se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. En caso de que las solicitudes de afiliación sean rechazadas, los partidos deberán fundamentar y motivar dichas resoluciones;

c) Los derechos y obligaciones de los militantes. Todos los militantes serán iguales en derechos;

d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político. Dicha estructura deberá ser compatible con los principios de democracia, representatividad y laicidad que establece el artículo 40 constitucional. Los órganos de dirección partidista deberán ser de carácter colegiado.;

e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Ningún miembro de los órganos de dirección partidistas podrá reelegirse ni durar en su cargo más de 6 años consecutivos. Se deberán prever procedimientos para garantizar a los militantes, en todo momento, el derecho de revocar por medio del sufragio mayoritario a quienes ocupen cargos de dirección partidistas;

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos;

g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen;

i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos;

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones. Para tal objeto, se deberá contemplar la existencia de procedimientos y órganos especiales, ajenos a la directiva partidista, encargados de dirimir las disputas entre entidades locales del partido, o entre éstas y las nacionales, así como sobre la interpretación de programas, plataformas o reglamentaciones objeto de controversia;

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. Será inválida toda expulsión que se realice sin procedimiento previo y sin respetar las garantías procesales y constitucionales de los militantes; y

l) La prohibición de disolver o expulsar agrupaciones territoriales de rango inferior, así como de destituir órganos enteros del partido, permitiéndose la aplicación de sanciones únicamente en casos individuales. El órgano de dirección nacional no podrá bajo ninguna circunstancia disolver o reemplazar arbitrariamente a los órganos de dirección estatales, salvo bajo las causas, motivos, supuestos y límites previamente establecidos en los Estatutos.

Artículo 40.

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político;

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político. Los militantes podrán en todo momento impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales los procesos internos de selección de candidatos cuando consideren que se han afectado sus derechos político-electorales, siempre y cuando hayan agotado previamente las instancias correspondientes al interior del partido;

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos. Los ciudadanos que ocupen un cargo de dirección al interior de un partido político, no podrán ejercer simultáneamente cargos de elección popular;

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información;

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión;

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político;

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales,

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante;
k) Ejercer en todo momento su libertad de expresión en el seno interno del partido. Los militantes podrán realizar el libre debate de las ideas y de las decisiones principales que tome el partido político;

l) Formar corrientes de opinión en el seno de la organización. Se deberá garantizar que las diversas corrientes internas, aún minoritarias, puedan manifestarse libremente e incidir en la toma de decisiones del partido;

m) Participar a través de mecanismos de democracia directa en el interior del partido, tales como el referéndum o el derecho de iniciativa de las bases, para reformar los documentos básicos o instituciones partidarias, así como para incidir en los procesos de selección de candidatos.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

1 CARPIZO, Jorge, El tapado: sistema de engaños y mentiras, Nexos, Disponible en:
https://www.nexos.com.mx/?p=9469

2 AGUILAR CAMÍN, Héctor, Nocturno de la democracia mexicana, Nexos, disponible en:
http://www.nexos.com.mx/?p=28283

3 Sentencia 56/1995, Tribunal Constitucional de España, Disponible en:
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2910

4 Íbid.

5 Reeligen a Alberto Anaya como dirigente del PT, Reforma, Disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1240016&fuente=md&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1240016&Fuente=MD

6 Rechaza el tribunal electoral estatutos del PVEM y ordena reformarlos, La Jornada, Disponible en: http://www.jornada.com.mx/2005/02/17/index.php?section=politica&article=010n1pol

7 ASTUDILLO, César,  La inconstitucionalidad del artículo 94 de los estatutos del Partido Acción Nacional, TEPJF, Disponible en: http://te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/comentarios_inconstitucionalidad.pdf

8 Íbid.

9 MOSCOSO SALAS, Martín, La democracia interna de los partidos políticos mexicanos: una obligación constitucional, Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/Moscoso.pdf

10 Íbid.

11 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Partidos Políticos y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, IFE, Disponible en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosDivulgacion/2015/cuad_8.pdf

12 HERNÁNDEZ, María del Pilar, Democracia interna: una asignatura pentiende para los partidos políticos en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Dipsonible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/347/10.pdf






Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXII AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEY GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Senador Presidente.

Voy a hacer entrega de una versión modificada de la iniciativa completa para que luego la puedan publicar y agregar en el apéndice de este Congreso, y voy a hacer uso de la palabra en un texto más puntual.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así lo haremos, Senador. Gracias.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Compañeras y compañeros legisladores:

Pueblo que nos ve a través del Canal del Congreso.

El día de hoy me permitiré presentar el oscuro balance y las oportunidades que nos presenta, como Estado mexicano, en el tema de obra pública, así es, y me permitiré abusar de su tiempo para poner el dedo en la llaga sobre la falta de voluntad de esta administración para atender el tema de la corrupción y los recurrentes escándalos en todo lo relacionado con obras públicas, incluso la colusión de las autoridades para iniciar procesos judiciales contra funcionarios de esta administración que aceptaron recursos en calidad de sobornos de la empresa Odebrecht, actualmente bajo proceso de investigación internacional, y que hasta la fecha, junto con OHL, la empresa española y otras más, Pemex y la SCT, no han podido explicar a la opinión pública, ni a este Poder Legislativo, las prácticas más insanas de asignación directa de obras sobre precios y la falta de entrega de obras.

Como es el caso de mi tierra, en la refinería de Tula, donde Pemex se aferra a mantener los contratos con Odebrecht, sin que a la fecha el Gobierno Federal se deslinde de las acusaciones de financiamiento y soborno de Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto en la campaña electoral de 2012.

La Ley de Obras Públicas en México ha sido superada por las reformas en materia de transparencia, competencia, competitividad, fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción, sin olvidar la nueva Ley de Desarrollo Urbano y Metropolitano y de zonas económicas especiales.

En una ley anacrónica y opaca, a nivel federal, y aún así, la corrupción y la falta de planificación se repiten con mayor amplitud a nivel estatal y municipal.

Durante estos seis años, la resistencia del gobierno y de los grupos parlamentarios del PRI para cambiar el paradigma fue implacable frente a los intereses creados por las cúpulas del poder con los grupos de construcción del extranjero.

En momentos donde nuestra economía requiere detonar el mercado interno frente a las amenazas de Donald Trump para ratificar el Tratado de Libre Comercio, el sector de la construcción es un sector estratégico y una oportunidad para fortalecer el mercado interno.

¿Cuánto representa?

1.- El sector económico generador de riqueza, medio, por el porcentaje del Producto Interno Bruto.

En 2017, llegó a representar 1.6 billones en facturación.

Es la tercera actividad económica con mayor capacidad de generación de empleos con diez millones de trabajadores directos e indirectos.

En México se destina del 15 al 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de los proyectos de inversión física.

Dentro de la plataforma electoral de la coalición “Por México al Frente”, nos hemos comprometido, dentro de la próxima generación de reformas, a la creación de una Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados como uno de los pilares para detonar la infraestructura, la riqueza y el empleo que necesita nuestro país.

La problemática en el sector de la construcción, no se reduce la corrupción sino a problemas de planificación, financiamiento, certeza jurídica, sobreregulación y particularmente la opacidad y discrecionalidad con la que operan la figura de adjudicación directa, que en esta administración, el 71 por ciento de las grandes obras así fueron asignadas por el Gobierno Federal.

Desde el Frente por México, hoy iniciamos en esta tribuna, una convocatoria para cambiar el paradigma de la obra pública en México, somos y seremos un espacio de discusión de la próxima reforma del Estado.

Nuestra prioridad como gobierno será disolver este esquema de corrupción que sangra nuestras finanzas públicas en favor de unos cuantos y en deterioro de la obra pública, e incluso, como ya se vio en el lamentable caso del paso exprés de Morelos, se pierden vidas humanas sin que a la fecha el Secretario Luis Esparza, asuma ninguna responsabilidad penal o administrativa, menos mal que no lo hicieron candidato a nada.

En concreto, la presente iniciativa propone:

a). Crear la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados como parte de lo que debe ser la nueva política de obra e infraestructura del país.

b). Se crea un Consejo Nacional de Obra e Infraestructura, donde la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales y los estados y municipios establecerán mecanismos de coordinación en materia de planeación de obras públicas, infraestructura y logística.

Con esta reforma estaremos en posibilidades de eficientar el gasto público en obras de los tres niveles de gobierno, duplicar el crecimiento del sector y en consecuencia la inversión y generación de empleo que nuestros jóvenes necesitan, pero sobre todo, un nuevo paradigma en el sector de obras públicas dentro de la próxima reforma del Estado.

Termino mi intervención con un agradecimiento a los representantes de la industria de la construcción, de la sociedad civil y particularmente a los Senadores y Senadoras de la Comisión de Desarrollo Urbano por el esfuerzo realizado en estos cuatro años al interior de los trabajos que dictaminarían para crear una nueva Ley de Obras Públicas, pero que finalmente pudo más el sabotaje y la oposición que el logro de una iniciativa de ese tamaño.

Muchas, gracias, Senador Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Pasamos a la discusión de siete dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente.

Doy cuenta con las materias de siete dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son los siguientes:

Que exhorta a investigar la presunta entrega de despensas con fines electorales, realizada con recursos del gobierno de Tamaulipas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a intensificar las campañas de difusión, a fin de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos electorales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a promover entre sus servidores públicos el respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta cumplir con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales con la finalidad de abstenerse de usarlos de origen partidario en obras e inmuebles públicos y servicios relacionados con ellos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a dar cabal seguimiento al caso de la ciudadana Karen Fabiola García Padilla, con el objeto de garantizar plenamente sus derechos humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación de la red de distribución de agua en la Ciudad de México y, de manera específica, del vaso regulador, ubicado en las colonias Revolución y Azteca, en la Delegación Venustiano Carranza.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Y por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre violencia en contra de candidatos a cargos de elección popular y otros actores políticos durante el proceso electoral del año 2018.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Secretario Diputado.

Se concede el uso de la tribuna al Senador José María Tapia Franco, para presentar los dictámenes de la Primera Comisión.

El Senador José María Tapia Franco: Con su autorización, Senador Presidente; y a la Mesa Directiva. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores.

Los integrantes de la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en nuestra primera reunión de trabajo, realizada el día de ayer, 22 de mayo, aprobamos por unanimidad ocho dictámenes que contienen diversas proposiciones con punto de Acuerdo.

Los dictámenes en comento atienden asuntos de la mayor relevancia, de los que destacan la violencia ejercida en contra de diversas y diversos candidatos a cargo de elección popular y de actores durante el proceso electoral del presente año.

En ellos se hace un exhorto a los gobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios, para evitar prácticas ilegales y que se conduzcan con pleno respeto y apego a las posiciones electorales, con la finalidad de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad del voto libre de los ciudadanos.

En lo que se refiere a la detención de grupos vulnerables, se aprobó el exhorto respetuoso al Instituto Nacional de Migración para que dentro de sus facultades promueva, entre los servidores públicos de esta institución, el respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Como parte del compromiso del Congreso de la Unión, por erradicar toda forma de violencia contra la mujer, se aprobó exhortar respetuosamente a la Comisión de Atención a Víctimas, de la Ciudad de México, para que en uso de sus facultades vigile el respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadana Karen Fabiola García Padilla, en el desarrollo de su proceso penal.

En el que, en esta sesión se exhortó respetuosamente, una vez más, a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas a que de conformidad con sus atribuciones cumplan con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo y representación gráfica y topografía institucional de los gobiernos estatales así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de usar el origen partidario en obras e inmuebles públicos y servicios relacionados con ellos.

Adicionalmente y con un punto que es medular, y creo que para todas y todos nosotros, como legisladores, tenemos que sumarnos, los miembros de esta comisión consideramos que las preocupaciones motivo de las proposiciones que se dictaminaron con motivo de la violencia en el desarrollo del proceso electoral se sujetarán y quedarán atendidas en virtud del pronunciamiento aprobado por la Mesa Directiva en su sesión del 16 de mayo, con relación a la violencia ejercida contra diversos candidatos y candidatas a cargo de elección popular, y el de otros actores políticos durante este proceso electoral.

Pronunciamiento, compañeras y compañeros legisladores, que si me permite la Mesa Directiva, voy a hacer la lectura del mismo, ya que consideramos que es de vital importancia y de apego a cada una de las entidades públicas que están conduciendo el proceso electoral.

La Mesa Directiva emite el siguiente pronunciamiento.

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos de violencia en contra de ciudadanas y ciudadanos postulados a cargo de elección popular durante el proceso electoral en curso y lamenta profundamente las pérdidas de vidas de diversas candidatas y candidatos.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite un llamado a las instituciones responsables de organizar los comicios para que convoquen a los partidos y a todos los participantes en el proceso electoral a conducirse con pleno respeto a las reglas y a no generar climas de violencia entre quienes compiten, candidatas y candidatos, y a la propia ciudadanía.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal a que fortalezcan decididamente los mecanismos de protección a favor de las candidatas y los candidatos y obviamente la ciudadanía, que participen en actos de campaña organizados con motivo del proceso electoral.

Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos federal y locales, y a las autoridades electorales federal y estatales, para que en lo que resta del proceso electoral instrumenten y desarrollen acciones que contribuyan a distender y generar un ambiente de armonía que permita a la ciudadanía la celebración de unos comicios en sana competencia y en ambiente de paz social y convivencia social y democrática.

Quinto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite un atento llamado a las autoridades competentes y a todos los actores que participan en el proceso electoral 2018, a no criminalizar anticipadamente a las víctimas.

Sexto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos y candidatos para que en su estrategia y comunicación política electoral eviten la calumnia y la referencia a la violencia y el odio.

Dado en el salón de sesiones, a los 16 días del mes de mayo del 2018”.

Estimadas compañeras y compañeros legisladores:

Reconocemos, desde esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el compromiso de los integrantes de esta comisión, así como de la Primera Comisión para atender con celeridad y responsabilidad los diversos asuntos turnados que son fundamentales para nuestro país.

Estoy seguro que continuaremos privilegiando el debate y el diálogo que nos permitan alcanzar los consensos necesarios en favor del interés nacional.

Los dictámenes que hoy presentamos son producto de un trabajo serio, responsable y dedicado, en virtud de la relevancia y trascendencia de ello.

Esperamos contar con el respaldo de cada una y cada uno de ustedes, compañeros legisladores, y el voto unánime de esta Comisión Permanente.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Tapia.

Están a discusión. Consulto a la Asamblea si alguno se quiere reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: ¡Como no!, Senador Presidente. Aquellos Diputados y Senadores que estén a favor, levanten su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, levanten su mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría, por la afirmativa, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a dar celeridad a las investigaciones por la presunta utilización de programas sociales con fines electorales por parte de las autoridades de las Delegaciones de Coyoacán e Iztacalco. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con mucho gusto, señor Presidente, doy lectura al dictamen.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre el asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, Senador Presidente.

Mi grupo parlamentario tiene un posicionamiento acerca del exagerado uso de los recursos públicos en favor de las Delegaciones de Iztacalco y Coyoacán, pero no solamente en eso.

Yo, ayer, anduve por allá, en Milpa Alta, ¡no hombre!, qué increíble, qué manera de usar los recursos públicos con un propósito muy claro, el poder comprar, hacerse de la clientela, que son expertos, porque aquí en la Ciudad de México todo es clientela, el que no tiene una beca, tiene un taxi o tiene un espectacular, pero los tienen bien controlados, o sea, “a ver, venga para acá, usted no sigue en esta ruta, mañana mismo se queda sin este apoyo”.

Y es soberanamente grotesco lo que hemos podido constatar, que nosotros estamos pidiendo urgentemente la participación de la FEPADE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que revise, cosa que ya sabemos, pero no actúan, cosa que ya sabemos que es el uso de los programas sociales con fines electorales.

Es urgente porque juegan con la necesidad de la gente, juegan con los recursos, tienen bien planeados los pagos y demás que se están haciendo.

Los trabajadores al servicio de esta delegación en los sindicatos, no, una cosa exagerada de cómo este clima de violencia que están viviendo ellos, de amenazas que están viviendo, aleja el clima que deberíamos de tener, de certeza y seguridad para un voto libre de las próximas elecciones.

Por eso, mi grupo parlamentario, el posicionamiento nuestro es que urge que la FEPADE y el Instituto Electoral de esta capital actúen en consecuencia.

Nosotros esperamos que no estén también solapando una situación tan seria como ésta, porque no solamente estamos hablando de Iztacalco y Coyoacán, estamos hablando de todas las delegaciones, es urgente.

Es de la manera más fácil de transitar aquí en la capital, el uso de los programas sociales en donde te paran, te lo dicen, pero es importante poder blindar este proceso electoral tan importante que tenemos del 1 de julio.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Diva Hadamira Gastélum.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede la tribuna al Diputado Juan Romero Tenorio.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva.

En la sesión pasada se aprobó un pronunciamiento contra la violencia, por consenso de todos los grupos representados en este Pleno, señalábamos que la apología de la violencia inicia con el discurso y también inicia con acciones disfrazadas del gobierno que impiden la libre participación de los ciudadanos, ya sea a través de acciones en donde se utilizan recursos públicos para comprar o condicionar el voto, o se utilizan los programas sociales para coaccionar a los ciudadanos para tener una preferencia político-electoral.

Esta apología de la violencia es responsabilidad de las administraciones, y en particular, en nuestro caso, en la Ciudad de México, en febrero el Instituto Electoral de la Ciudad de México, junto con algunos partidos políticos, llamó a un pacto de civilidad y aprobó unas reglas de neutralidad, estas reglas de neutralidad obligan y se obligaron las propias autoridades, como el Jefe de Gobierno y los titulares de las demarcaciones territoriales, a hacer públicos los programas sociales, el padrón de beneficiarios de estos programas sociales, el cronograma de ejecución de los mismos, también se obligaron a mensualmente presentar el uso de espacios públicos para efecto de evitar distorsiones en el acceso a eventos públicos por parte de los diferentes candidatos, coaliciones o frentes políticos en la Ciudad de México.

Existe una omisión de las autoridades en la Ciudad de México respecto a este compromiso de neutralidad y respecto a la observación de la ley, por ello le solicitamos al Presidente del Instituto Electoral que presentara un informe del cumplimiento de estas reglas de neutralidad, tardó más de quince días en presentar este informe que se dio el lunes pasado en una sesión extraordinaria del Consejo General.

Este informe está publicado en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México y en el mismo se acredita la omisión de las autoridades administrativas centrales y de las demarcaciones a transparentar el uso de recursos públicos, y más aún, existe un desvío de recursos para despensas, para botas de dulces, para regalos que se hacen sin ningún programa social y se hacen por encima de cualquier competencia administrativa de las autoridades del gobierno central y de las demarcaciones territoriales.

Es urgente que se frenen estas series de actividades porque están viciando el proceso electoral, están corrompiendo la participación libre de los ciudadanos, por ello nos sumamos a este punto de Acuerdo en el cual se exhorta a limitar el uso de recursos públicos en procesos electorales para evitar este ambiente de violencia política; violencia política que el propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como toda acción que tiene como objeto perturbar la libre participación de los ciudadanos.

Por ello nos sumamos a este punto de Acuerdo y de nueva cuenta exhortamos a las autoridades electorales a que cumplan con uno de sus objetivos institucionales: vigilar el proceso electoral, vigilar las condiciones de equidad en la competencia electoral, vigilar el uso ilícito de recursos en procesos electorales.

El recurso público, cuando se desvía a fines electorales, se convierte en un recurso ilícito en campañas electorales, eso es materia de fiscalización, es materia que debe impactar los topes de gastos de campaña de los candidatos que se benefician con esta serie de actividades.

Este informe, presentado el lunes pasado por el Consejo General, que es una prueba que acredita la omisión de las autoridades en la Ciudad de México, estaremos presentando un juicio electoral por la omisión de la autoridad electoral y la responsabilidad del Jefe de Gobierno y de las demarcaciones territoriales en el uso ilegal de recursos en campañas electorales.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Diputado.

Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra la Diputada Cristina Gaytán.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor Presidente.

El día de ayer, como integrante de la Comisión, de la Primera Comisión, justamente hice este planteamiento, que el punto de Acuerdo debía de ser mucho más amplio, no restringirse solamente a unas delegaciones, sino, justamente pasaría eso.

En la próxima sesión el PRD presentaría uno, o el PRI, o algún partido político, porque tal parece, compañeras y compañeros, que vemos la paja en el ojo ajeno y no la despensa que tenemos, en el propio.

Eso está sucediendo en todos los gobiernos, desafortunadamente para el proceso electoral, y pasa no solamente en la Ciudad de México, podemos hablar del Estado de México, o de Chiapas, o de Coahuila, o del estado de la República que ustedes me quieran decir. Está sucediendo en todo el país y la responsabilidad de esta Comisión Permanente, y a lo que exhortamos precisamente a la FEPADE y al INE es para que se pueda dar vigilancia.

Celebramos nosotros, como grupo parlamentario del PRD, que se instale próximamente la Comisión Especial que va a dar seguimiento, precisamente, al proceso electoral.

Pero algo muy importante es que esos puntos de Acuerdo no se conviertan en la simulación de pegarle al gobierno de enfrente porque entonces vamos a caer solamente en eso, que una vez unos lo presentemos y otra vez los otros lo presentemos, y tampoco se trata de venir aquí a defender a los gobiernos propios, sino por el contrario.

Me parece que la importancia de estos puntos de Acuerdo es que la Comisión Permanente se pronuncie por un proceso electoral no corporativo, no viciado, sino todo lo contrario, transparente, legal y libre y que dé condiciones de equidad a todos los candidatos, y en eso creo que vamos a coincidir todos los partidos políticos.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada.

No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de seis dictámenes de la Segunda Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente.

Doy cuenta con las materias de seis dictámenes de la Segunda Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Los dictámenes son los siguientes:

Que exhorta a informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018 y sobre la disponibilidad de vacunas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a analizar la posibilidad de crear un Comité Nacional para la Educación en Derechos Humanos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación del posible traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “La Undécima Musa”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a evaluar la implementación de acciones para promover y garantizar la capacitación y certificación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas en la República Mexicana.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a vigilar la exposición de imágenes y textos violentos y ofensivos que se publican en los periódicos o revistas, con la finalidad de que no se violente el interés superior de la niñez.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Y por el que se desecha la proposición que exhorta a excitar a los órganos de la Administración Pública Federal para estar en posibilidad de efectuar un experimento sustentado en una tesis matemática irrefutable que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, Senador Presidente, en los que no hay reservas para su discusión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Secretario Diputado.

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Agustín Basave Benítez, para presentar los dictámenes de la Segunda Comisión.

El Diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Creo que mi turno debió de haber sido antes de que se enlistaran los que tienen consenso, pero, en fin, les voy a decir cuáles fueron los diez dictámenes que la Segunda Comisión aprobó. En el Orden del Día original se enlistaban once, pero uno fue retirado.

El primero es el que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018 y sobre la disponibilidad de vacunas, así como las acciones emprendidas para garantizar el derecho a la salud y el acceso de la población al esquema nacional de vacunación.

El segundo. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las entidades gubernamentales de la administración pública federal, estatal y municipal y organismos desconcentrados y descentralizados, impulsen ha habilitación de lactarios en sus instalaciones para las madres trabajadoras.

Tercero. El que exhorta al gobierno federal a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio de la humanidad que se encuentra en nuestro país, a fin de promover el desarrollo económico por medio del turismo nacional e internacional.

Cuarto. El que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la posibilidad de crear un Comité Nacional para la Educación en Derechos Humanos, para cumplir el mandato de un Plan Nacional de Acción en Educación en Derechos Humanos.

Quinto. El que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, a considerar la aprobación del posible traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “La Undécima Musa”.

Sexto. El que exhorta al Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a evaluar la implementación de acciones para promover y garantizar la capacitación y certificación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas en la República Mexicana.

Séptimo. Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de la lectura rápida en las bibliotecas públicas del país.

Octavo. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar la exposición de imágenes y textos violentos y ofensivos que se publican en los periódicos o revistas, con la finalidad de que éstas se mantengan dentro de los límites del respeto y no se violente el interés superior de la niñez.

Noveno. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el reconocimiento del Estado Palestino libre, independiente y soberano y establecer relaciones diplomáticas plenas con dicho Estado; y elevar a rango de Embajada la Oficina de México, en Ramala, Cisjordania y dar tratamiento homólogo a la delegación especial de Palestina en México.

Décimo. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a excitar a los órganos de la administración pública federal, para estar en posibilidad de efectuar un experimento sustentado en una tesis matemática que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación.

Quiero comentarles, compañeras y compañeros, que salvo uno de ellos, el noveno, todos los dictámenes fueron aprobados por consenso. Eso no obsta para que cualquiera pueda objetarlos o pueda reservarlos y dar su opinión sobre algunos de ellos, como ya ha sido señalado.

Pero yo quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a los integrantes de la Segunda Comisión, a las y los integrantes, su voluntad política para trabajar en la mayor medida posible en consenso y para aprobar de manera unánime la mayor cantidad de proyectos, de propuestas, de puntos de Acuerdo posibles.

Ha habido un trabajo y una negociación con la mejor de las voluntades por todas las partes y quiero hacer ese reconocimiento y dar mi agradecimiento a las y los integrantes.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado.

Están a discusión. Consulto si alguien quiere reservarse alguno de los dictámenes anunciados.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Señor Presidente, yo quiero reservar el dictamen concerniente a Palestina.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Resérvese. Muy bien.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a esta Asamblea, en votación económica, si se aprueban estos dictámenes. Quienes estén a favor, por favor, levanten su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, por favor, levántenla.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a impulsar la habilitación de lactarios para las madres trabajadoras. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torres Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Muchas gracias, Senador Presidente. Amigas y amigos legisladores; Senadores, Senadoras; Diputados y Diputadas.

“La primera riqueza es la salud”, Ralph Emerson, escritor estadounidense.

He solicitado el uso de la tribuna, primero, para reconocer el trabajo de la Segunda Comisión y la eficiencia.

La semana pasada presenté este punto de Acuerdo y hoy ya lo tenemos como un dictamen.

Muchísimas gracias a las y los integrantes de la Segunda Comisión.

Evidentemente, vengo a hablar en favor del presente dictamen que se encuentra en discusión en este momento en el Pleno, en materia de lactancia materna, misma que recoge el punto de Acuerdo presentado por la de la voz la semana pasada.

La Organización Mundial de la Salud reconoce a la lactancia materna como un tema que va quedando rezagado y que además no debe descuidarse por la gran importancia que reviste para la salud, no sólo de los hijos, de los niños, de los bebés, sino también de sus madres.

La lactancia significa salud para el bebé, porque todos sabemos que la leche materna no sólo tiene todos los nutrientes que debe requerir el bebé, sino que además, en el cuerpo de las mujeres le es altamente favorable para prevenir muchas enfermedades, sobre todo, que tienen que ver, por ejemplo, con el cáncer.

La misma Organización Mundial de la Salud, recomienda la práctica de la lactancia hasta los 23 meses de edad de sus hijos, toda vez que contribuye a disminuir la mortalidad de los niños y niñas por mala nutrición.

Cuando un niño, han habido diferentes estudios, recibe durante sus primeros dos años la lactancia materna, le estamos dando un salvoconducto de una buena nutrición. Y un niño que desde su primera infancia, que desde que nace está bien alimentado, es un niño que va a estar preparado para la vida, que va a estar en condiciones de dar ese salto que significa una mejor calidad de vida.

Porque un niño, una niña que está bien alimentado desde que nace, significa que va a tener mayor capacidad de aprendizaje de Español y Matemáticas, pero también de operaciones lógicas básicas, y esos niños que cuentan con esas herramientas van a poder defenderse y tener mejores oportunidades de vida.

Yo, además, soy maestra de Educación Preescolar, y recuerdo en mis grupos y trabajé en colonias siempre populares, y yo recuerdo cómo podías ver desde la docencia, en tu grupo, cuando un niño está bien alimentado o cuando no está, su capacidad de aprendizaje es diametralmente opuesta.

Entonces, es cuando percibes la verdad, la importancia que significa que desde que nacen tengan alimentación, y aunque los maestros y las maestras de este país tienen una gran sensibilidad frente a sus alumnos no solamente los enseñan, sino los acompañan en todo su desarrollo con su familia, y un maestro y una maestra, yo estoy convencida de que los grandes maestros de México no solamente siempre están en sus salón de clases, sino siempre están preocupados por sus niños y sus niñas y tienes que hacer hasta gestiones en el DIF para que puedan recibir un apoyo alimentario, que esa familia sea mejor, pero no es lo mismo cuando desde su nacimiento los niños y las niñas pueden tener acceso de una alimentación.

Personalmente aspiro a que cada vez en este país tengamos una nutrición más sana, adecuada, que llegue un día en que podamos volver a la alimentación básica donde los huertos orgánicos y la alimentación que esté libre de pesticidas y de hormonas, pues sea otro tema, que, espero tratar más adelante; pero también aspiro que cada vez tengamos mayores oportunidades para que nuestros niños y nuestras niñas reciban una mejor alimentación y estén bien nutridos, porque es la manera en que vamos a poder acercar las brechas de entre los que tienen mayores oportunidades y los que tienen menos oportunidades.

Aunado a ello, atrae beneficios como lo es el reducir el riesgo de padecer cáncer de ovarios para las mamás, igualmente contribuye a reducir los riesgos de la salud de la mujer.

Por su parte la Secretaría de Salud refiere respecto de la situación epidemiológica de cáncer de ovario en México, que ésta representa la sexta causa de muerte por cáncer en la mujer, y anualmente diagnosticados 3 mil 277 casos, y por otra parte, en 2015 hubo una tasa de incidencia de 6.7 defunciones por cada 100 mil habitantes femeninas mayores de 25 años.

La lactancia materna contribuye a que los hijos en un futuro tendrán menor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. De ese tamaño es el tema y de la importancia de la lactancia materna.

La lactancia materna contribuye a que los hijos, también en un futuro, desarrollen mejores capacidades, habilidades y destrezas para poder enfrentar el mundo.

La razón y fundamento de este punto de Acuerdo se basa en otorgar a las madres trabajadoras la oportunidad de lactar a sus hijos dentro de su fuente de trabajo.

Hay estudios básicos, y cuando puedes platicar en las reuniones de mujeres quienes tienen la oportunidad en su trabajo o que trabajan por su cuenta o que tienen determinados espacios, permiten, y te lo refieren, poder alimentar a mi hijo, poder guardar la leche, poderla refrigerar, y que mi hijo, aunque yo no esté cerca de él por el trabajo, pueda tener la alimentación de la leche materna, nos cambia también a las mamás la vida.

En el Senado de la República es prueba fiel de que esto es posible, toda vez que aquí hemos impulsado, a través de la Comisión Para la Igualdad de Género, la creación y habilitación en lactario para nuestras compañeras trabajadoras, madres trabajadoras, y me parece que es importante cuando podemos predicar con el ejemplo, y que podamos hoy aprobar este punto de Acuerdo, promoviendo la lactancia en los centros de trabajo, estaremos impulsando mejores condiciones de salud para las mujeres y sus hijos, abatiendo incluso incidencias laborales como permisos, faltas y otras.

No excluyamos a nadie, promovamos acciones tendientes a garantizar el derecho a la salud, previsto en nuestra Carta Magna.

En la actualidad la práctica de la lactancia se encuentra por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

En México, sólo uno de cada tres niños reciben lactancia materna en su primera hora de vida, y esto también es otro tema que tenemos pendiente, porque a veces, en los hospitales, los dejan, les dan fórmula y los dejan por horas, quizá hasta un día en que puedan llevarlo con su madre para que pueda recibir su primera alimentación, que es muy distinta la fórmula a que reciban la alimentación de su propia madre, que para eso está hecho el cuerpo, que es tan sabia la naturaleza y nuestro cuerpo, que es el mejor alimento que pueden recibir nuestros hijos.

Por ello, impulsamos acciones que permitan combatir este rezago, garanticemos a las madres mexicanas el poder lactar a sus hijos, no importando su tipo de contratación laboral.

En esa razón de lo antes expuesto, es que solicito a todas y a todos ustedes su voto a favor del presente dictamen.

Como sé que así será, porque estoy convencida que todos y todas compartimos un anhelo común, una mejor infancia para nuestros niños y nuestras niñas.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

No tengo más oradores. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén a favor, por favor, levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, por favor, levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





Pasamos a la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio de la humanidad en nuestro país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, Senador Presidente.



Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, Senador Presidente. Compañeros legisladores:

México cuenta con todo para ser una potencia turística: diversidad natural y riqueza cultural.

Diversidad natural que es reconocida en cada uno de sus paisajes, desde las playas que bañan la hermosa isla de Cozumel, hasta el imponente y místico Valle de los Cirios, que ataviado de cactáceas, pareciera no tener fin.

Riqueza cultural que llena de nuevos sabores al paladar y de nuevos colores las pupilas de quienes tenemos el privilegio de conocer cada uno de los pueblos mágicos que enmarcan las tradiciones de nuestro hermoso México.

Cada rincón de nuestro país tiene dos historias: una que se cuenta y otra que nos llevamos como parte de nosotros mismos. Afortunados de contar con tal riqueza, podemos compartirla con el mundo, pero debemos de hacerlo sin poner en riesgo su preservación.

Mega diverso, nuestro país cuenta con 34 sitios considerados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO: 6 naturales; 27 culturales; y 1 mixto, que lo posicionan como una potencia natural, cultural y turística, no sólo en América Latina, sino en todo el mundo.

Sin embargo, una inadecuada política de conservación y preservación de estos patrimonios en muchos casos pone en riesgo este legado, pues únicamente promueve el turismo desde un punto de vista meramente comercial que al final podría tener como consecuencia la pérdida de estos sitios, y por consiguiente, su atractivo turístico.

En ese sentido, resulta indispensable realizar acciones que faciliten que todos disfrutemos de esta riqueza, promoviendo de manera sostenible dicho patrimonio natural y cultural, que mediante el turismo pueda potenciarse.

Votaremos a favor del presente dictamen para que la Secretaría de Cultura promueva una campaña tendente a salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio de la humanidad que se encuentra dentro de nuestro país, a fin de fomentar el desarrollo económico por medio del turismo, tanto nacional como internacional.

Compañeras y compañeros legisladores, el turismo es una actividad intrínseca al desarrollo que fomenta la recreación y promueve la calidad de vida, es, en sí mismo, suma de talentos y atractivos.

Talentos de quienes dedicados a este sector ponen todo de sí para dar el mejor servicio a quienes los visitan, y atractivos, que generados por la cultura y la natura hacen de nuestro país un lugar digno de conocerse.

Aseguremos, entonces, la protección de este legado.

Nos corresponde por ello garantizar que no sólo siga siendo el motor de desarrollo de México, sino una herencia de nuestro país para las futuras generaciones y para el mundo entero.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se aprueba. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, Senador Presidente.



Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Mota Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una disculpa. Quien hará uso de la tribuna es nuestra compañera, la Senadora Yolanda de la Torre.

Adelante, Senadora.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros:

Les comparto este maravilloso proverbio hindú: “Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”.

Solicité el uso de la palabra para hablar a favor de este dictamen que recoge un punto de Acuerdo de gran importancia para los mexicanos y las mexicanas, ya que, lamentablemente, no contamos con el hábito y la cultura de la lectura.

Leer es una de las primeras actividades que aprendemos de niños y niñas. Conocer las letras y poder formar frases nos permite llegar a mundos mágicos y tierras fantásticas.

¿Quién no recuerda las primeras lecturas que hizo de niño?, aquellos primeros cuentos que nos llevaron a mundos mágicos, tierras increíbles, animales fantásticos, villanos, princesas y héroes, todo aquello que a través de la magia encierra un libro.

La maravillosa rosa de “El Principito”, o tal vez el molino hechizado de “Don Quijote de la Mancha”, o por qué no, “Harry Potter” y todas sus aventuras contra el que “no debe ser nombrado”.

Todos coincidimos en que la lectura aporta conocimiento, mejora las destrezas comunicativas, amplía el vocabulario, desarrolla capacidad de análisis, mejora la atención, aporta entretenimiento y motiva el desarrollo, la creatividad y la imaginación.

Barbara Tuchman dijo alguna vez: “Que los libros son compañeros, maestros, magos y vaqueros de los tesoros de la mente y, sobre todo, llegar a ellos a través de la lectura”.

Leer es apasionante. Los diversos temas que podemos conocer a través de la lectura son pocos en comparación de los libros que existen en el mundo, no sólo por sus contenidos, sino incluso también por su idioma.

Tener herramientas que nos permitan leer más y mejor, es uno de los objetivos de este dictamen.

En México, conforme a los resultados aportados del Inegi, la población de 18 años y más, en 2016 leyó durante ese año un promedio de 3.8 libros.

Los encuestados dijeron que la razón principal para leer libros y revistas es por entretenimiento, 40.2 y 60.5 por ciento, respectivamente, mientras quienes leen periódico los asocian a su interés por la cultura general o por estar al día, 63 por ciento.

En promedio, utilizamos sólo 38 minutos al día para leer, esto puede ser modificado si se cuenta con la herramienta y la técnica que permita aumentar la velocidad con la que se lee sin que ello disminuya lo que se entiende al leer.

Leer más rápido también mejora la capacidad de entendimiento sobre lo leído, sumado a ello, el hecho de que si podemos y aprendemos a leer más rápido, podemos leer más libros.

Por ello resulta importante acercar a todos los lectores las herramientas y técnicas que permitan hacerlo, al considerar que con la práctica de la lectura rápida se pueda leer libros de 300 páginas en 25 minutos, esto implica que los 38 minutos en promedio que utilizamos los mexicanos en leer, permitirían acrecentar el interés de la lectura y la modificación de los títulos que se elige para leer.

Leer nos lleva a nuevos lugares, a nuevos universos, y esa capacidad de asombro, imaginación y creatividad, lo que forja en los personajes que llevan a la humanidad hacia adelante, démosle a nuestros lectores la oportunidad de ensanchar su camino para llevarlos a nuevos destinos.

La razón de lo anteriormente expuesto, es que solicito su voto a favor del presente dictamen que recoge un punto de Acuerdo presentado por la de la voz en el que solicito se implementen acciones en las bibliotecas públicas para enseñar las técnicas de la lectura rápida.

Es cuanto, Senador Presidente.

Por su apoyo, Senadores y Senadoras; Diputadas y Diputados, muchísimas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este dictamen. Quienes estén a favor, levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión del dictamen de la Segunda Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a emitir el reconocimiento al Estado Palestino libre, independiente y soberano. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, Senador Presidente.



Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Y para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señor Presidente.

En el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, la destruyeron porque los judíos, ahí residentes, se atrevieron a desafiar el poderío del imperio y pretendieron tomar sus propias decisiones, sobre todo, en materia religiosa.

Por eso fue que el Emperador Vespasiano mandó al general a Tito, su hijo, a enfrentar a los judíos y fácilmente los derrotó, destruyendo sus ejércitos, dispersando a la población judía por todo el Imperio Romano, en lo que sería el principio de una diáspora que hasta la fecha persiste y destruyendo la ciudad diciendo textualmente: “Que no debía dejarse piedra sobre piedra”.

Sólo mantuvieron el muro occidental del Templo de Jerusalén, el construido por Herodes, El Grande, como testimonio de la grandeza arquitectónica que fueron capaces de destruir.

Y así fue como Jerusalén Judía fue destruida y fue convertida en una ciudad romana de nombre Aelia Capitolina, con la intención de borrar a los hebreos de la faz de esta región.

Sin embargo, esto no lo lograron, quedaron comunidades judías a partir de entonces, en pequeñas poblaciones, el mismo Jerusalén, de crédito judaísmo y así persistieron a través de los siglos, pasando del Imperio Romano al Bizantino, a los persas, a los omeyas, a los fatimitas de Egipto, y finalmente acabando como parte del Imperio Turco Otomano.

Fue esta permanencia judía en lo que se conocía como Palestina y ahora se conoce como Israel, el Estado de Israel, lo que en 1917, habiendo derrotado los ingleses a los turcos en esa región, llevaron al ministro Balfour a declarar que había derecho a un Estado judío, aquí Inglaterra repartió, como era su costumbre, lo que no era suyo.

Sin embargo, junto a la presencia judía siempre hubo presencia árabe, también bajo los mismos imperios y coexistiendo pacíficamente, finalmente ambos son pueblos semitas.

Aquí el problema es que los ingleses promovieron, debo decir que con derecho, finalmente, la creación del Estado de Israel, que nació en 1948, pero no promovieron la creación de un Estado palestino. Si bien, es cierto, que antiguamente un Estado israelí, el derrotado en el año 70 de nuestra era, nunca hubo un Estado palestino como tal, sin embargo existe un pueblo de esta índole, existen sus derechos, existe su identidad y creo que es momento de que se llegue a su reconocimiento.

Sin embargo, no ahora, sería una imprudencia.

Yo siento que la solución del conflicto de Medio Oriente debe pasar por un acuerdo entre las dos partes beligerantes, entre Israel y los palestinos. Un acuerdo en que se reconozcan mutuamente y nazca así el Estado palestino, tal vez con una capital compartida, que sea Jerusalén, no sé, pero siento que si en este momento el Ejecutivo Federal exhorta a que reconoce un Estado palestino y da carácter de embajada a nuestra representatividad en Ramala, podría llevar a mayores problemas.

Acabamos de ver cómo el procaz Presidente de Estados Unidos, cometió una imprudencia y súbitamente cambió la embajada de su país a Jerusalén por las consecuentes protestas, disgusta a la comunidad europea, manifestaciones, represión, muertos y demás.

Yo creo que es imprudente y que si bien, debemos promover la paz en esta región y, finalmente, anhelar que haya dos Estados coexistiendo, la manera de hacerlo, mediante un reconocimiento bilateral ajeno a la comunidad internacional por parte de este gobierno sería contraproducente.

Es cuanto.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Senador Presidente Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión.

Antes, les informo que a petición de la comisión, se ha retirado de la discusión el dictamen por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenofóbicas y racistas del Presidente de los Estados Unidos de América, que han empañado el proceso de revisión del tratado. Lo anterior en virtud de la modificación de los resolutivos del mismo.

Debido a que todos los demás dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, Senador Presidente.

Doy cuenta, por lo tanto, con las materias de tres dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Que exhorta a realizar las acciones necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a realizar campañas informativas de seguridad vial para mejor cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras federales del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Y que exhorta a evaluar la posible designación de la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del Tianguis Turístico en 2020.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. En consecuencia, están a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Fue muy rápido la bola ésta de quitar del Orden del Día los dictámenes, la condena y el rechazo a las expresiones xenofóbicas.

¿Esto es porque se va a turnar a la Tercera Comisión o porque ya se va?

Estamos en la Segunda Comisión, ¿no? No, pues en la Tercera lo teníamos nosotros para abordarlo.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Nos informan que la comisión va a reelaborar esa parte del dictamen.

Se retira, por eso no está en la discusión, se retira, la comisión va a reelaborar esa parte.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: ¿Pero en la Tercera?

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Quedó para reelaborarlo en la Tercera Comisión, me informan de Servicios Parlamentarios.

Está a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, Senador Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Pasamos a la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población del cuidado del medio ambiente. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, Senador Presidente.



Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Secretario.

Está a discusión el dictamen. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, Senador Presidente. Con permiso de la Asamblea y de la Mesa Directiva.

Voy a iniciar con una cita de Víctor Hugo que dice: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”.

Es decir, sin medio ambiente no hay sociedad, compañeras y compañeros, y como lo escribiera la poeta y antropóloga Margaret Mead, se escribe Mead, se pronuncia Mid. No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente, y es que siendo el medio ambiente todo lo que nos rodea, tenemos la enorme responsabilidad de concientizarnos para encontrar una armonía entre seres humanos y naturaleza.

En la medida en que encontremos un entorno más sano y con una sociedad más responsable, podremos heredarle a las futuras generaciones un medio ambiente más sano y sustentable que garantice su bienestar.

Necesaria es la concientización del ciudadano con relación a este tema.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tan sólo en 2012, murieron 12.6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables, casi una cuarta parte del total de estos fallecimientos en el mundo fueron a causa de fuentes urbanas y rurales de contaminación.

Por otro lado, según datos desarrollados por investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM, tan sólo durante los últimos 30 años, México ha perdido 40 por ciento de toda su fauna, y entre un 25 y 30 por ciento de nuestra diversidad natural, la cual se encuentra en peligro de extinción.

Por eso, además de necesaria la concientización sobre la protección del medio ambiente, es un instrumento de cambio que permite a las personas ser artífices del desarrollo sostenible, mejorando sus condiciones de vida a la par de mitigar el impacto que dejamos en la naturaleza.

Nuestra Constitución Política señala en el artículo 4o. “Que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, y en ese mismo sentido, el 25 de septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de gobierno del mundo se reunieron en la Cumbre de Nueva York del Desarrollo Sostenible, en la que se aprobó la Agenda 2030.

Dicho instrumento, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, y será la guía de referencia para los próximos 15 años.

Específicamente, en su objetivo 13.3, considera la necesidad de mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana frente a este fenómeno.

Votaremos en el PRI a favor del presente dictamen y solicitamos que también las demás fracciones lo hagan, para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, instrumenten campañas informativas a fin de concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, todo ello en el marco de los compromisos contraídos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Compañeras y compañeros legisladores, nos corresponde asegurar la protección del medio ambiente, porque como dijera otrora algún pensador: “la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano, es, pues, definitivo”.

Mil gracias por su atención.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputada.

Consulto a la Asamblea si hay algún legislador, legisladora, que desee participar de la discusión.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre las recomendaciones realizadas en la Cuenta Pública 2016 por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con Pemex Gas y Petroquímica Básica, en el contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroquímica Mexicana de Vinilo. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Secretario. Está a discusión el dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores:

Este punto de Acuerdo lo vamos a tomar en sentido positivo, no obstante que limita en demasía la propuesta inicial que fue presentada a esta Comisión Permanente.

En la propuesta inicial que se presentó a esta Comisión Permanente se pedía una reunión de trabajo con el Director General de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina; con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como con el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, con el objeto de que explicaran las acciones emprendidas en torno del incumplimiento de crear valor económico, por parte de Pemex Gas y Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, particularmente en el contrato entregado a Pemex Etileno y a Petroquímica Mexicana de Vinilo, derivado de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Pemex debe estar ocupado en la revisión de sus contratos, en la revisión de sus relaciones comerciales, porque se va a sujetar a un escrutinio en el siguiente gobierno.

Pemex es un nicho de negocios ilícitos y de un robo descarado a los bienes nacionales.

Y en el mismo dictamen que se publica en la Gaceta Parlamentaria se da cuenta de un caso particular.

Hay un contrato de Pemex Transformación Industrial con un costo estimado de un mil 736 millones de pesos, a los cuales se suma un mil 387 millones de pesos sobre servicios de transportación. Este contrato representa un costo de ventas de 3 mil 123 millones de pesos.

Hay una pérdida en este contrato de un mil 935 millones de pesos, y es un contrato por 20 años. Esto es, en los subsiguientes años seguiremos teniendo reportada una pérdida de Pemex en este contrato en particular.

No podemos permitir que con la supuesta Reforma Energética se solape, se tolere, es más, se sea cómplice de desvíos de recursos y bienes nacionales a través del disfraz de contratos que generan una pérdida cuantiosa para la propia empresa del Estado, Pemex.

Es por ello que se proponía una reunión de trabajo para evaluar las medidas que se han implementado para mitigar este esquema de pérdida millonaria.

Es una pérdida que no es de Pemex, es una pérdida que es de todos y cada uno de los mexicanos.

Es una pérdida que va a afectar el presupuesto público en los años venideros, puesto que es práctica común que en la deuda de empresas del Estado, o de la deuda pública que se adquiere a través de contratos multimillonarios, se convierta en deuda pública sin importar el esquema y la afectación hacia los recursos de la nación.

Es por ello que una vez que entreguen este informe tendremos que hacer acciones para determinar si se ha cumplido el objetivo de la supuesta Reforma Energética, que era la de proveer de mayores recursos a Pemex como empresa del Estado, y no ser una pantalla de simulación de contratos donde el que pierde es el pueblo mexicano y no las empresas que participan en estos contratos multimillonarios.

Nos falta transparencia, nos falta rendición de cuentas. Esa transparencia y rendición de cuentas va a hacer visible el grado de corrupción que existe en Pemex, una corrupción multimillonaria que genera una fuga de capital que es necesario para el pueblo mexicano ante una situación de crisis permanente.

Por eso señalamos que estaremos pendientes de este informe que rinda y que se solicita a Pemex para efecto de salvaguardar los bienes nacionales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Romero Tenorio.

Al no haber más oradores registrados para la discusión del dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con gusto, señor Presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Aprobado el dictamen. Comuníquese.






En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a poner en funcionamiento a su total capacidad el sistema integral de transporte de Tijuana.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Gracias. Con la venia de la Mesa.

Tijuana, Baja California, es una ciudad fronteriza, como todos saben, con poco más de 2 millones de habitantes, y el servicio de transporte público, como otros servicios, siguen siendo una asignatura pendiente.

Peor aún, ante la indiferencia y la complacencia de las autoridades, encabezadas por el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la solución a los problemas de ese servicio que utilizan diariamente más de 100 mil personas, se retrasa, se complica y se genera, en consecuencia, la justificada indignación colectiva.

Debo recordar que a finales de 2014 el ayuntamiento de Tijuana anunció el crecimiento del organismo para la operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, el SITT, con la finalidad, y cito textualmente, “de atender con calidad, eficiencia y sustentabilidad la demanda del transporte público de la ciudad y su área de influencia”.

Para su financiamiento inicial el ayuntamiento firmó un contrato con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, por 262 millones de pesos, que completaría la aportación municipal destinada al proyecto.

Tres años, y millones de pesos después, los objetivos y promesas siguen en el aire.

Aún más, un año y medio después de que inició las operaciones del llamado SITT, el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, sólo moviliza a 13 mil usuarios diariamente, cuando el compromiso era que este servicio beneficiaría, por lo menos, a 90 mil personas todos los días.

En palabras de Rafael Echegoyen, Presidente del Consejo de Administración del SITT, Sociedad Anónima, que es la empresa que tiene el contrato de operaciones, recientemente difundidas en una entrevista en Tijuana, señaló “que si el ayuntamiento de Tijuana quisiera, en menos de un mes pudiéramos arrancar al 100 por ciento el servicio integral de transporte”.

Y sostuvo: “ha pasado un año y medio y las cosas no se han dado, y cuando se van a dar siempre hay un obstáculo que se interpone por parte de las autoridades, ningún ayuntamiento nos dio las rutas al SITT, los socios del transporte aportaron las rutas para la sociedad”. Estas rutas ya fueron autorizadas anteriormente a la empresa del SITT, Sociedad Anónima.

El empresario denunció entonces que han sufrido 28 atentados las unidades y en las instalaciones del SITT, que han costado a las empresas más de un millón y medio de pesos, sin que hasta el momento haya una investigación por parte de la autoridad.

Advirtió que de continuar estos ataques se corre el riesgo de que Banobras embargue al ayuntamiento de Tijuana para proteger la inversión realizada.

Pero de igual manera, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco y Servytur de Tijuana, por medio de su presidente, emitió un enérgico llamado a las autoridades para que investigue y se proceda en contra de los responsables de los ataques a las unidades del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, y para que el SITT se convierta en una prioridad para el municipio.

Señoras y señores legisladores, la atención a la ciudadanía para brindarle un servicio digno, para proteger su seguridad, no pueden estar sujetos a decisiones unilaterales ni a caprichos de funcionarios incapaces.

Quien asume la responsabilidad de encabezar un gobierno no es investido con más facultades que lo que la ley marca.

El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, tiene la obligación de cumplir con las demandas ciudadanas, y si el crecimiento de la ciudad exige un sistema de transporte colectivo eficiente y seguro, no tiene excusas para no hacerlo, más cuando ya hay una inversión importante en la ciudad.

Del mismo modo, regatear o de plano negar el apoyo a la seguridad pública municipal para la vigilancia de estas instalaciones y de los usuarios es una decisión que raya en lo criminal, por lo que lo hacemos, directamente, al presidente municipal, responsable de cualquier daño a la integridad de los usuarios y también de las instalaciones.

Por esta razón anteriormente expuesta, solicito a este Honorable Congreso de la Unión, se exhorte respetuosamente al ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a que ponga en funcionamiento a su total capacidad el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, para lograr el objetivo por el que se realizó la inversión y garantice, como es su responsabilidad como primera autoridad municipal, la integridad física de los usuarios y conductores de las unidades.

De igual manera se exhorta a la autoridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quien corresponda, investigar y proceder en consecuencia en contra de los responsables de los actos vandálicos registrados en contra del Sistema Integral de Transporte de Tijuana.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputada Sánchez Arredondo. Túrnese a la Tercera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a hacer un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República, a hacer público un examen médico que permita conocer a la sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandato.

El Diputado Jorge López Martín: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Mesa. Amigas y amigos legisladores:

En distintos institutos políticos ha habido personajes que nos han enseñado y nos han mostrado un camino de honestidad intelectual, pero, sobre todo, de principios, en la representación de los ciudadanos.

Reyes Heroles refería que: “en política, la forma es fondo”.

Carlos Castillo decía que: “la democracia no es peligro, la democracia es una oportunidad”.

En la última semana se ha dado a conocer ante la opinión pública información sobre el mal estado de salud del candidato López Obrador.

Tuvimos la oportunidad de ver en las redes sociales un video que muestra al candidato de Morena, en un mitin, sufriendo algún tipo de mareo que le condujo a sostenerse de un acompañante.

Obrador ha señalado que se encuentra bien de salud, eso ha dicho él; sin embargo, consideramos necesario que el estado de salud de todos los contendientes no quede sólo en la palabra, no quede sólo en su dicho, no quede solamente en un intento de buena voluntad.

Lo que debemos hacer, es solicitar que haya un estudio médico que ampare el dicho de los candidatos.

¿Y por qué es tan importante conocer el estado de salud de los aspirantes a la Presidencia?

Porque ejercer la presidencia de un país implica uno de los mayores desgastes físicos y mentales, ejercer la presidencia de un país es la mayor responsabilidad de un ciudadano.

El ejercicio presidencial amerita contar con personas en buen estado de salud, con vigor físico, además de lucidez mental para afrontar la gran cantidad de asuntos y problemas que un Jefe de Estado debe de atender.

De igual forma, no podemos contribuir a que se guíe el sentido del voto sólo por rumores, o peor aún, por la manipulación de la información.

No es un tema nuevo, hay que decirlo, es un debate que se ha tenido en múltiples ocasiones y nuevamente se reaviva cuando vemos a un candidato a punto de desplomarse en un templete, además, los ciudadanos no pueden estar con la incertidumbre sobre una persona que dura seis años en un encargo de elección popular.

Solicitar que todos los candidatos hagan público su estado de salud o manifestar de manera fehaciente si es que padecen alguna enfermedad, resulta a todas luces pertinente, dado que como actores relevantes de la vida pública, sus actos trascienden su vida personal y su vida privada.

En nuestro país, conocer las condiciones de salud del Presidente, tiene singular importancia, dado que nuestro diseño constitucional le da gran peso a la figura del Ejecutivo, es decir, a la figura presidencial.

Ante la importancia y magnitud de sus decisiones y responsabilidades, se debe tener la mayor certeza respecto de sus condiciones de salud, la cual debe de estar alejada de toda duda o rumor.

Con esto no queremos decir que queramos o que queramos intervenir en la vida privada de las personas. Sin embargo, los candidatos deben de estar dispuestos, como figuras públicas, a la mayor transparencia y eso se aplica también a su salud.

Es necesario generar un equilibrio entre el derecho a la vida privada del actor público y el derecho a saber de la sociedad sobre los problemas de salud a los que se enfrentan, lo cual no siempre ha sido posible.

Que los ciudadanos conozcan sobre la salud de los candidatos presidenciales fomenta la transparencia de los actos de Estado y de la democracia, además de que promueve la responsabilidad de todos quienes participamos en la vida pública.

Informar a la ciudadanía sobre el estado de salud de los actores políticos relevantes, no debe de verse como una intromisión a la vida privada, sino como una responsabilidad republicana motivada por la más profunda honestidad intelectual.

Por poner un ejemplo, en Estados Unidos se ha documentado sobre la salud de los presidentes y se ha vuelto una práctica común el revelar un certificado médico, sin detallar todo el expediente clínico, haciéndolo de candidatos, a los gobiernos estatales y a la propia Presidencia de la República.

Y así lo hizo Barack Obama antes de su última reelección, la salud de una persona que va a dirigir un país es tomada con seriedad.

Los Demócratas se asombraron cuando las cámaras tomaron, durante la campaña presidencial, a Hillary Clinton desvaneciéndose al subir a su vehículo.

No fue el caso del Presidente Franklin D. Roosevelt, quien murió en la Casa Blanca durante su cuarto mandato, cargo que buscó, a sabiendas de que tenía una enfermedad del corazón, avanzada, de hipertensión.

Pero también se ha documentado que en el caso de Venezuela, el Presidente Hugo Chávez murió de cáncer, en 2013, sin que los votantes estuvieran enterados del avance de su enfermedad.

En Colombia, Juan Manuel Santos, quien también presentó un cuadro de esta enfermedad, se vio obligado a hacer público su estado de salud para dar certidumbre en cuanto a su capacidad de gobernar.

Es momento también de traer a esta tribuna el sentimiento de impotencia y de frustración de nuestros hermanos michoacanos, ante la caótica renuncia de Fausto Vallejo, como gobernador de ese estado, en el 2014.

En nuestro país podemos recordar que en junio de 2014, López Obrador se refirió a la salud del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien dos meses antes había sido intervenido quirúrgicamente para retirarle un nódulo tiroideo benigno.

Abro comillas “Existe el rumor, sostenía López Obrador, de que Peña Nieto está enfermo. Es momento de pensar en su renuncia”. Escribió.

Concluyo, señor Presidente.

Los mexicanos tenemos el derecho a conocer el estado de salud de quienes pretenden gobernar.

Ante estas dudas sobre el estado de salud de López Obrador, en ese partido, ya se habla de los posibles aspirantes a reemplazarlo.

Es por eso que el grupo parlamentario de Acción Nacional propone a este Pleno que se pueda exhortar al Instituto Nacional Electoral a que se les solicite un examen médico a los candidatos a la Presidencia de la República.

Solicitamos que sea tramitado en la comisión correspondiente, en breve término, y los mexicanos puedan tener la mayor certeza, la mayor información para conocer respecto del voto que habrán de emitir en menos de 40 días.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, JORGE LÓPEZ MARTÍN, Diputado Federal de la LXIII Legislatura integrante, del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y  60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la última semana, un rumor sobre el estado de salud de uno de los candidatos contendientes por la presidencia de la república, reavivo nuevamente el debate sobre sobre sí los mexicanos tenemos el derecho o no a conocer el estado de salud de los candidatos a puestos de elección popular, o de los funcionarios públicos que ocupen los más altos cargos en la administración Pública.

Dichos rumores han generado una gran incertidumbre sobre la salud de los candidatos presidenciales, ya que, en la eventualidad de padecer alguna enfermedad, ésta podría limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandatado.

En este contexto de incertidumbre, desde diversos ámbitos les han solicitado hacer público su estado de salud o si padecen de alguna enfermedad. Lo anterior resulta pertinente dado que, como actores relevantes de la vida pública, sus actos trascienden su vida personal o privada, ya sea su actuar y decisiones son importantes para la sociedad, porque impacta en el ejercicio de sus funciones o pueden trascender en el desempeño de su cargo público.

En nuestro país, las condiciones de salud del presidente, tienen singular importancia, dado que nuestro diseño constitucional da gran peso a la figura del jefe del Ejecutivo, es decir a la figura presidencial. Ante la importancia y magnitud de sus decisiones y responsabilidades, se debe tener una gran certidumbre respecto de sus condiciones de salud, la cual debe estar alejada de toda duda o rumor. 

La salud física y mental es un requisito para el ejercicio del poder público en una sociedad democrática e informar sobre elle es una acción apropiada dentro de una democracia.

La actividad política que han decidido participar, como candidatos presidenciales, exige un escrutinio público intenso de sus actividades y los hace susceptibles de sufrir mayores intromisiones en su vida privada que los particulares. No obstante que, como se reconoce, tienen efectivamente derecho a la vida privada.

Por ello, es necesario generar un equilibrio entre el derecho a la vida privada del actor público y el derecho a saber de la sociedad sobre los problemas de salud que enfrentan; lo cual no siempre ha sido posible. De ahí que tenga que ser la propia voluntad de los candidatos, y su compromiso con la Nación, la que habrá la posibilidad de conocer de manera fehaciente la información sobre su estado de salud.

Que los ciudadanos conozcan sobre la salud de los candidatos presidenciales, fomenta la transparencia de los actos de Estado y de la democracia, además de que promueve la responsabilidad de todos quienes participan de la vida pública. Nuestros funcionarios públicos, particularmente los del más alto nivel se convierten en un bien público que debe ser preservado y del que la ciudadanía debe tener la información necesaria.

La corresponsabilidad debe conducirnos a tomar como sociedad conocimiento de determinados hechos o circunstancias de manera responsable, ya que lo que está en juego es el interés de los ciudadanos, y el ciudadano tiene derecho a estar informado para la construcción de una opinión pública sobre los asuntos del Estado.

Informar a la ciudadanía sobre el estado de salud de los actores políticos relevantes, no debe verse como una intromisión a la vida privada, sino como una responsabilidad republicana. 

Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica se ha documentado sobre la salud de los presidentes y se ha vuelto una práctica común el revelar un certificado médico, sin detallar todo el expediente clínico, de candidatos y gobernantes, tal y como lo hizo el ex Presidente Barack Obama antes de su última reelección. La salud en una persona que va a dirigir un país es tomada con seriedad, los demócratas se asombraron cuando las cámaras tomaron, durante la campaña presidencial a Hillary Clinton desvaneciéndose al subir a su vehículo. No fue el caso, del presidente Franklin D. Roosevelt quien murió en la Casa Blanca durante su cuarto mandato, que buscó a sabiendas de que tenía una enfermedad del corazón avanzada e hipertensión.

Pero también se ha documentado, que en el caso de Venezuela el presidente Hugo Chávez murió de cáncer en 2013, sin que los votantes estuvieran enterados del avance de su enfermedad; en Colombia Juan Manuel Santos, quien también presentó un cuadro de esta enfermedad, se vio obligado a hacer público su estado de salud para dar certidumbre en cuanto a su capacidad de gobernar.

En nuestro país, podemos recordar que, en junio de 2014, López Obrador se refirió a la salud del presidente Enrique Peña Nieto, quien dos meses antes había sido intervenido quirúrgicamente para retirarle un nódulo tiroideo benigno. “Existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter, el 5 de junio de ese año. “Ni lo creo ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”.

Por ello es importante que todos conozcamos la información sobre el estado de salud de los candidatos presidenciales, porque cuando la ciudadanía no tiene información se comienzan a generar todo tipo de especulaciones que en nada contribuyen al proceso electoral que vive nuestro país. Pero no basta con la simple declaración de los candidatos, sino que deben presentar prueba fehaciente sobre su estado de salud.

Tan interesa el tema, que en esta última semana se han desatado toda una serie de rumores y especulaciones que son necesario detener, pues en nada contribuyen al proceso democrático que vive nuestro país, ni la salud de la vida pública. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que haga un llamado a los candidatos a la presidencia de la República, a hacer público un examen médico que permita conocer a sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandatado.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de Unión,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Jorge López Martín.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado López Martín. Túrnese la proposición a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Senador Bartlett, ¿con qué objeto?

Sonido en el escaño del Senador Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: No ha lugar.

Estamos en el apartado de proposiciones, Senador, y fue turnado a la comisión.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Fíjese que cuando la “perra es brava”, me deja entrar.

¿Entonces, cuánto podría yo hablar, señor Presidente, sobre este tema tan interesante, sobre la salud y la salud mental y todo lo que vamos a discutir aquí?

¿Cuándo me autorizaría usted, señor Presidente?

El Presidente Senador David Monreal Ávila: La proposición no está a discusión, sólo que lo hubiera solicitado el proponente que fuera de urgente resolución, pudiéramos abrir la discusión de la proposición.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) ¿Pero voy a poder intervenir en algún momento, verdad? ¿Me va usted a autorizar?

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sí. Si hace alguna solicitud de un registro de un punto de Acuerdo.

El tema se ha turnado a la comisión, la proposición del Diputado que acaba de presentar.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Bueno, entonces espero la oportunidad.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Si el espacio del…

Tiene el uso de la tribuna el Senador…, ya estamos en el punto de las proposiciones.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Órale, pásale.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias por su comprensión, Senador Bartlett.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, sus señorías.

Antes de entrar en materia, agradecemos de corazón las preocupaciones por la salud de Andrés Manuel, con la apostilla necesaria que, qué bueno que no era inglés, porque si no, ni Churchill, ni Roosevelt, ni Bismark hubieran podido ser presidentes.

Pero bueno, lo entendemos como parte de la desesperación.

Entremos en materia, si me permiten sus señorías.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Favor de poner atención al orador, por favor.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Entrando en materia, vivimos tiempos muy complicados en una relación de vecindad, de por sí muy compleja, con la que tenemos con los Estados Unidos. De manera reiterada hemos escuchado que demandamos respeto y que nuestra política debe de ser de independencia y de dignidad, y nos llenamos el pecho al invocar estos valores.

Pero el tema de fondo es cómo darle un sentido a estas palabras, cómo hacerlo que sean significado y significante, y hoy tenemos, como legisladores, la obligación de hacer que tengan sentido.

¿Qué dirían ustedes si les platicara que México se convertirá en una estación migratoria de los Estados Unidos? En los próximos días se reunirán en Washington autoridades de ambos países para dialogar sobre un eventual acuerdo bilateral para hacer de México, lo que llaman, un tercer país seguro, Safe Field Country.

¿Esto qué significa?

Que nuestro país toma la obligación de dar asilo a todos aquellos que transiten por territorio nacional para llegar a Estados Unidos y no logren su objetivo.

Esto es un equivalente a ser responsable subsidiario de la política migratoria norteamericana.

El “New York Times” lo cabecea de manera importante, que Estados Unidos busca que México administre sus peticiones de asilo.

Y lo anterior parte de dos errores fundamentales, el primero es, una declaración que parece como sarcasmo, tan cruel como falso, y es que México es un país seguro para los migrantes que van de camino a los Estados Unidos.

El segundo error es asumir que México tiene las capacidades institucionales para asumir cualquier tipo de compromiso, cuando la Comar está colapsada, devastada, sin capacidad de respuesta ni posibilidades técnicas, financieras o de infraestructura; el Instituto Nacional de Migración es ineficiente, y bueno, pues tampoco es el ejemplo de confiabilidad institucional ni de integridad.

Entonces, este asunto es de la mayor atención. México tiene una vocación de asilo, pero por decisión propia, no por imposición ajena.

Y esto, además, puede generar presiones importantes a la gobernabilidad y al empleo, pero también dolor y abusos, por lo que no podemos dejarlo pasar desapercibido.

No nos confundamos, cuando Trump habla de que México no hace lo suficiente en materia migratoria y genera adjetivos, que no voy a repetir, no lo hace para presionar sobre el Tratado de Libre Comercio, lo hace para presionar que México agarre este status de tercer país seguro y se acabe convirtiendo en una especie de intendencia de su área migratoria.

Esto nos deja dudas importantes, ¿cuál es el alcance del acuerdo?, su conveniencia, sus consecuencias, ¿va a pagar Estados Unidos por estos servicios que preste el gobierno mexicano?, o ¿por qué nos vamos a hacer responsables de la migración de Estados Unidos?

Por lo anterior, es muy importante que solicitemos, a la mayor brevedad, un informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la situación de este acuerdo, y no es una solicitud hueca, la verdad es que no hay un solo boletín o un posicionamiento en México sobre los avances de esta negociación, esto es un acuerdo que es tan oscuro, como puede resultar peligroso.

No prejuzgamos sobre la conveniencia, pero no tenemos otra posibilidad si no se nos comparte, en especial, al Senado de la República, como garante de la política exterior de nuestro país, sobre de qué se trata este acuerdo.

Este acuerdo puede ser de gran indignidad y de gran complejidad para nuestro país, por lo tanto, es del mayor interés, y espero que ustedes lo compartan, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eventualmente la Secretaría de Gobernación, otorguen la información necesaria y pertinente para aclarar estas dudas.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, senador del grupo parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La prevención, detección y evaluación de actos que puedan vulnerar los principios que materia de política exterior debe observar el Ejecutivo Federal, debe realizarse por medio de todos los medios de rendición de cuentas que establece nuestro sistema constitucional. Uno de ellos son los informes que Secretarios de Estado, directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, deben rendir sobre asuntos de su competencia, con la finalidad de que mediante preguntas o comparecencias, tal acto de rendición de cuentas pueda ser ampliado.

En este sentido, un análisis del centro de Estudios Fronterizos señala que nuestro país “…está negociando con el gobierno estadounidense para convertirnos en el ‘tercer país seguro’. Un esquema nada innovador porque así funciona la legislación fronteriza de la Unión Europea. Es decir, México, como en su momento lo hizo Grecia, España, Italia, se convertirán en los centros de detención de los migrantes no mexicanos (hot spots) que buscan asilo o refugio en EUA: una triangulación administrativa para evitar la entrada masiva de personas centroamericanas al país vecino.”

En este contexto, el Derecho Internacional es un instrumento fundamental en contra de la arbitrariedad, el abuso, la amenaza y violencia entre los Estados. Esta contención normativa permitió establecer que las relaciones internacionales tuvieran como finalidad primordial la paz y la cooperación entre las naciones.

El sistema jurídico supranacional vigente, producto de la postguerra, contiene diversas expresiones de estas premisas. Por un lado, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 señala, en su artículo 2º, que la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.              

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.           

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.              

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

La importancia rectora de estos principios de la Carta de San Francisco fue desarrollada en un instrumento posterior, la Resolución 2625 de la XXV Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La misma tiene enorme trascendencia política y jurídica: No sólo refleja el consenso alcanzado por los Estados sobre su contenido, sino que despliega normativamente los alcances que los principios de la propia Carta de la ONU.

Ante el autoritarismo, la amenaza y el unilateralismo de algún integrante de la Comunidad Internacional, el Estado mexicano siempre apelará al Derecho Internacional y a sus instituciones como instrumentos para mantener la convivencia pacífica entre las naciones, generar condiciones sustentables para su desarrollo social, económico y cultural, así como para proteger el principio universal de la dignidad humana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe exhaustivo y detallado sobre los alcances y términos del esquema "TERCER PAÍS SEGURO", como instrumento de política migratoria y su inserción en la negociación del TLC con Estados Unidos de América. 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 23 de mayo de 2018.

Suscribe

Dip. Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Fernández. Túrnese la proposición del Senador Fernández a la Segunda Comisión.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Cristina Gaytán Hernández, para presentar, a nombre de las Diputadas Hortensia Aragón Castillo, Ivanova Pool Pech y del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de Acuerdo por el que cita a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo extraordinario de sesiones.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

El pasado 17 de mayo, hace solamente unos días, el Poder Judicial de la Federación otorgó a mi compañera, la Diputada Hortensia Aragón, un amparo en contra de la omisión de la Cámara de Diputados para dictaminar y votar una iniciativa presentada el 22 de septiembre de 2015.

Esta iniciativa por la cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad de género.

Esta sentencia de amparo identificada con el número 1291/2017 tiene una doble importancia.

La primera, es que protege a las y los legisladores de la tan conocida y temida congeladora que todas y todos nosotros hemos padecido, por lo cual obliga a las Cámaras a dictaminar todos los asuntos presentados. La congeladora, en esta legislatura, ha dejado sin dictamen a 4 mil 217 iniciativas, de las 5 mil 929 presentadas.

Este amparo es la oportunidad para que las Cámaras superen la inercia y puedan dar celeridad a sus actividades de dictaminación legislativa, es decir, que cumplamos cabal, eficiente y efectivamente nuestra tarea como legisladores.

Por otro lado, esta iniciativa tiene una especial importancia para nosotros como perredistas.

Llama la atención hacia una lucha que nuestro partido ha impulsado por décadas, la igualdad vertical y horizontal en los órganos legislativos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

En esta Legislatura alcanzamos el 42 por ciento de mujeres en la representación popular, es un gran avance que muchas y muchos oímos en este proceso de campaña a todos los candidatos hablar de esta igualdad, reconocer la igualdad, pero celebrando solamente cuantitativamente los avances de paridad, sin avanzar a fondo, como la iniciativa en comento lo hace.

Es decir, en la Cámara de Diputados las mujeres que estamos en estos cargos de representación popular tenemos el 42 por ciento, sin lugar a dudas esto es importante, pero no es el 42 por ciento de las presidencias de las comisiones; tampoco de las presidencias de los comités o de otros órganos de gobierno de la propia Cámara de Diputados.

Es por ello, que en el momento de su presentación, la iniciativa tuvo mucho apoyo y mucho respaldo y aceptación, de tal manera que más de 100 compañeras y compañeros Diputados de los diferentes grupos parlamentarios se adhirieron a ella, estableciendo un compromiso que debería de ser honrado en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en primer término, por la Mesa Directiva y por la Junta de Coordinación Política, mismo que extrañamente, como varias de las iniciativas en materia de paridad, se dejaron en el olvido, sin una razón aparente.

Es por ello que saludamos la decisión del Poder Judicial para que en un acto de congruencia, la Cámara de Diputados discuta y vote en un plazo no mayor a los 20 días, que le mandata, la sentencia, durante un periodo extraordinario que deberá ser convocado por esta Comisión Permanente.

Como grupo parlamentario, el PRD, en la Cámara de Diputados, hemos denunciado e impulsado reformas para cambiar estas prácticas viciadas, que sean eliminadas estas prácticas como la congeladora y sean privilegiados los acuerdos consensados por encima de la imposición de las mayorías.

Exhortamos a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política para allanarse a cumplir esta sentencia, en un ánimo de conciliación y cumplimiento estricto de la ley, y no esa reglamentación interna.

Por lo que solicitamos a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente tenga a bien modificar el turno indicado a este punto de Acuerdo turnándolo directamente a la Junta de Coordinación Política, quien tiene en sus manos la decisión final de convocar a la realización de un periodo extraordinario.

Finalmente, y en otro acto de suma importancia, saludamos también la admisión de la solicitud de amparo promovida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para que el Senado de la República ratifique a los 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debieron serlo desde julio del año pasado.

Es por ello que insistimos en que dicho periodo extraordinario podría ser aprovechado para votar importantes asuntos como los anteriormente mencionados, y sin lugar a dudas, uno de los pendientes más importantes que tiene este Congreso, el relativo a la eliminación del fuero.

Es cuanto, compañeras y compañeros Diputados y Senadores.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Túrnese la proposición de la Diputada Gaytán a la Primera Comisión. Y remítale copia, como lo ha solicitado la proponente, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señor Presidente.

El pasado 19 de abril fue un día fausto para la República Mexicana, fue fausto porque en la Cámara de Diputados aprobamos la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos.

Fue por unanimidad, todos los partidos, en un maravilloso acuerdo, y además fue un acontecimiento festejado por la sociedad que ve esta eliminación del fuero como un éxito en cuanto a la limitación de los privilegios de la clase política, que todo mundo detesta.

Desafortunadamente, aquí en el Senado, y no es una crítica, simplemente una mención, no se alcanzó a procesar esta iniciativa, y el país quedó expectante viendo lo que iba a pasar.

El fuero tuvo su razón de ser en el siglo XIX, cuando estaban enfrentados Ejecutivo y Legislativo.

Recuerdo, por ejemplo, en Tamaulipas, cuando en cierta ocasión el gobernador Servando Canales arrestó a todos los Diputados para obligarlos a autorizarle un crédito, y no los soltó hasta que éstos firmaron dicha autorización. Eso pasaba en el siglo XIX, pero ya no sucede ahora. Al contrario, en esta época el fuero se ha convertido en un indebido privilegio que ha permitido, y a todos aquí nos consta, que convivamos en el Senado y en Cámara de Diputados, a veces con delincuentes o presuntos delincuentes que no pueden ser llevados a la justicia por esta figura.

De tal manera que, encarecidamente, a través de esta propuesta y de forma muy respetuosa, exhorto al Senado y pido que así lo haga esta Comisión Permanente para que a través de una sesión extraordinaria autorice esta minuta y quede vigente esta eliminación.

Mi propuesta es tan respetuosa, que esta misma mañana eliminé lo de urgente resolución para que pase la iniciativa a comisión y ahí pueda ser discutida y valorada en forma pasiva y sensata.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO, diputado integrante y coordinador del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA CÁMARA DE SENADORES A CONVOCAR UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE SEA APROBADA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA ELIMINACIÓN DEL FUERO, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. En nuestro país la figura del fuero fue concebida como un mecanismo para la protección de los legisladores, mismo que posteriormente fue extendido a otros funcionarios gubernamentales los cuales, en caso de ser perseguidos por algún delito no podrían cumplir con su mandato. La idea fundamental era mantener un  equilibrio entre los tres poderes de la Unión en los regímenes democráticos.

Las distintas constituciones en México han mantenido el fuero debido a las constantes amenazas que sufrían los congresos nacionales por parte del Poder Ejecutivo y su gabinete, sobre todo en las épocas posteriores a la Independencia y el periodo postrevolucionario de 1910. 1

Entre los casos más distintivos de esas épocas estuvo el del  encarcelamiento de los diputados Carlos María de Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Juan Bautista Morales y José María Luis Mora en octubre de 1822, cuando el sargento Pío Marcha disolvió el congreso por instrucciones de Agustín de Iturbide.  De igual manera, en octubre de 1913, por instrucciones del usurpador Victoriano Huerta se ordena el encarcelamiento de 84 diputados poco después del asesinato del senador Belisario Domínguez para la consumación de un golpe de Estado.2

Sobre este tema, el Poder Judicial de la Federación ha argumentado que “la inmunidad parlamentaria no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de diputados o senadores para sustraer sus manifestaciones del conocimiento o decisión de los jueces; sino como una medida de protección al órgano legislativo, a efecto de enfrentar la amenaza de tipo político, y que consiste en la eventualidad de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular.”

Por esta razón, no debemos negar la importancia de la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores, como integrantes del máximo órgano de representación social, como lo es este Congreso General, que por su naturaleza colegiada y deliberativa reclama la máxima libertad de expresión y pensamiento, así como las garantías para ejercer su función de contrapeso a los otros poderes del estado, como el Poder Ejecutivo, que históricamente y aun actualmente ha subordinado y politizado la Procuración de Justicia para utilizarla contra oponentes políticos.

Sin embargo, el fuero que protege o protegía no solo a legisladores sino a servidores públicos de todos los poderes del estado y órdenes de gobierno, en los hechos constituyó un manto de impunidad que permitió el ejercicio indebido de funciones sin consecuencias jurídicas para gobernantes corruptos.

Con esto, el fuero se sumó a los muchos privilegios que la clase política adoptó para protegerse al cometer actos de corrupción, trayendo como consecuencia una ola de impunidad y opacidad en la actuación de la justicia contra éstos.

Por lo tanto, la sociedad civil y académica han señalado en distintas ocasiones como el fuero ha generado gran impunidad en el ámbito político, abriendo así la puerta a la corrupción y al abuso de este privilegio. Esto, en consecuencia, quebranta el principio de la igualdad jurídica y trasgrede nuestras garantías individuales.

II. Los grandes reclamos por parte de diversos sectores de la sociedad se han multiplicado en los últimos años, en buena medida debido a los innumerables escándalos por desvío de recursos públicos por parte de la actual administración del Ejecutivo y sus predecesoras, así como por parte de una gran cantidad de gobernadores de nuestro país.

Es en este sentido que se requiere replantear la existencia de la figura del fuero, ya que, para poder vivir en un país con verdadera democracia, los privilegios de la clase política deben desaparecer para así poder reducir la gran brecha de desigualdad entre ciudadanos y gobernantes.

Movimiento Ciudadano ha sido uno de los impulsores dentro de esta legislatura para que dicho privilegio político fuese eliminado, pues propusimos eliminar el fuero para que los funcionarios públicos sean sujetos a proceso penal aún estando en funciones.

III. El pasado 19 de abril de 2018 en la H. Cámara de Diputados se votó a favor del dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de México en materia de eliminación del fuero.

En dicho dictamen se establece que nadie puede ser sancionado con pena privativa de libertad por deudas de carácter puramente civil, ni por las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia y la injuria.

A su vez, se deroga tener que declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

 Además, dicta que no se establecerán prerrogativas o tratos procesales especiales cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos a los servidores públicos que desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

De igual manera, se establece que podrá ser sujeto de juicio político el Presidente de la República y, para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría calificada del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara.

También, se observarán los principios, derechos y garantías procesales que esta Constitución establece a toda persona para imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, al Presidente de la República; así como a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales; y a los presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales.

A su vez, cuando el juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados se le podrá imponer cualquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto. En ningún caso se impedirá el ejercicio de las funciones y facultades inherentes a la deliberación o voto en los órganos colegiados del poder público al que pertenezca el servidor público imputado o acusado;

Por lo tanto, la aprobación de la reforma para la eliminación del fuero en la H. Cámara de Diputados ha sido un acontecimiento histórico que dio eco al descontento social que generaba este privilegio en el ámbito político, por lo tanto, dicho mérito no sólo lo debemos a los legisladores, sino también a la sociedad mexicana que ha sido agraviada y ofendida por la clase política.

IV. El 24 de abril de 2018 se recibió como minuta dicha propuesta en el H. Senado de la República, dando trámite a ser analizada y votada en comisiones de esta, sin embargo, la discusión sigue aún pendiente, impidiendo que pueda seguir su proceso legislativo.

La eliminación del fuero es uno de los temas más controversiales dentro de la política mexicana, pues ha permitido evitar ir a prisión o enjuiciar a servidores públicos corruptos en nuestro país, siendo la ciudadanía testigo de estos eventos, los cuales ha acrecentado la desconfianza y el descontento con la clase política nacional. Por esta razón es imperante que esta reforma sea también avalada y respaldada por la Cámara Alta, pues con ello permitiremos otorgar una mayor confianza a los ciudadanos para recuperar la denostada credibilidad que han perdido nuestras instituciones.

Es claro que hoy día debe de desaparecer la figura del fuero para erradicar la impunidad que ha permitido el saqueo de los recursos de los mexicanos, por lo que es imprescindible que esta minuta sea discutida y aprobada lo antes posible.  Por ello requerimos que el H. Senado de la República convoque a un periodo extraordinario para poder seguir con el proceso legislativo de dicha minuta.

La eliminación del fuero sólo es uno de los pasos que se requieren para dar comienzo a la construcción de la confianza entre la sociedad y las instituciones para el buen funcionamiento de nuestro régimen democrático.  No debemos olvidar, que también se requiere de la supresión de los diversos privilegios de los que actualmente goza la clase política para lograr cerrar la brecha de desigualdad entre gobernantes y ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Senadores a convocar un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de que sea aprobada la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Primera Comisión.

1 Castellanos, R., R. Zepeda Gil y E.D. Orozco (2017) Fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político en México, Reporte de Temas Estratégicos, número 42, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

2 Ibidem.






En una segunda ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a rendir un informe sobre el status que guardan las 17 candidaturas que fueron retiradas a los aspirantes que se registraron como personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Por si nos falta tema en la participación política de las mujeres. Es increíble, creí yo ya haber visto todo lo que tenía que ver: Las Juanitas, las cuotas de mentiras, las letritas debajo de disposiciones legales sobre la participación política de las mujeres.

Este punto de Acuerdo está registrado ya hace algunas semanas, porque nos llamó mucho la atención este registro de 19 candidatas, candidatos, haciendo valer una cláusula que tiene la legislación de Oaxaca, pero ya en otros estados ya la están haciendo valer.

O sea: “Yo soy hombre, pero me percibo mujer, en tratándose de la participación política de las mujeres”. Bueno, pues, qué a todo dar. O sea, qué bien.

No solamente se registraron, se maquillaron muy bien, se pusieron sus buenos vestidos y luego se declararon mujeres.

Casualmente, todos los partidos políticos habían sido reconvenidos por el Instituto de Participación Ciudadana de Oaxaca, porque no alcanzaban la paridad.

¡No, pues qué a todo dar!

¡Pues ya la alcanzaron!

Ustedes saben que en Oaxaca hay una Comunidad Muxe, que son trangéneros, que debemos de respetar, es una comunidad reconocida, pero parte de la legislación tiene una medida de nivelación.

¡Ah, pues de aquí somos, pues, aquí nos acomodamos, luego nos vestimos bien y nos maquillamos, y ya se alcanzó la democracia paritaria que necesitamos para el estado!

Finalmente, fueron bajados de la lista, pero quiero llamar la atención que cada vez hay más rendijas por las cuales la violencia política en contra de las mujeres ahí está.

Esas sonadas de campañas y aplausos de todos los partidos, de que ya alcanzamos la democracia paritaria, pues está al acecho, ahí, permanentemente, de esta misoginia política que tiene que ver con molestarles la participación plena de las mujeres en política, o lo que es lo mismo, ciudadanía plena, porque el derecho al voto no nos dio más que un hecho material de votar por los varones, no teníamos una real participación.

Por eso hoy queremos saber el status y la revisión de otros estados de la República que también, pues, los señores se maquillaron, se pusieron sus buenos vestidos. Y ¿qué creen? ya estamos participando como las mujeres.

Es muy bonito ser mujer, es muy bonito ser mujer.

En este país, por mucho tiempo, y espero se destierre.

¿No era así, don Manuel?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Así era.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Era un problema ser mujer.

Se acabó, porque no lo vamos a permitir. Esta herencia maldita de la violencia en contra de las mujeres, estamos queriendo cortar, esperamos cortar este eslabón que hemos pasado de generación en generación y queremos desterrarlo.

¿Quieres ser mujer? Pues, que Dios les dé la bendita dicha de serlo, no de aparentar ser mujeres, porque eso no lo vamos a permitir.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diciembre de 2017, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó los lineamientos de paridad de género, en los que incluyó la medida de nivelación con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes en el estado. 1

En este contexto el pasado 21 de marzo de 2018, se inscribieron como aspirantes a 19 candidaturas de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes en el estado de Oaxaca, amparándose bajo el lineamiento del artículo 16 en materia de paridad de género 2018 que señala lo siguiente:

“En caso de postulación de persona transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate”. 2

De las 19 candidaturas3 se registraron 12 candidaturas propietarias a presidencias municipales, estas fueron:

1. Luis Armando Martínez Morales, a la Presidencia municipal de Cosolapa por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

2. Pedro Osiris Agustín Cruz, a la Presidencia municipal de San Pedro Ixcatlán por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

3. Roberto Ferrer Espinoza, a la Presidencia municipal de San José Chiltepec por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

4. Alejandro Javier García Jiménez, a la Presidencia municipal de San Antonio Castillo Velasco por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

5. Carlos Ceballos Rueda, a la Presidencia municipal de Santiago Laollaga por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

6. Alfredo Vicente Ojeda Serrano, a la Presidencia municipal de San Juan Bautista lo de Soto por Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

7. Emmanuel Martínez Palacios, a la Presidencia municipal de San Juan Cacahuatepec por el partido Movimiento Ciudadano.

8. Yahir Hernández Quiroz (Yiaras), a la Presidencia municipal de Chalcatongo de Hidalgo por el partido Nueva Alianza.

9. Santos Cruz Martínez (Santi), a la Presidencia municipal de Cuilapam de Guerrero por la Coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza.

10. Carlos Quevedo Fabián, a la Presidencia municipal de Santa María Teopoxco por la Coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza.

Mientras que en el registro de candidatos suplentes a las presidencias municipales se registraron las siguientes personas:

1. Lenin Morales Palma, en Cosolapa por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

2. Pedro Agustín Pedro, en San Pedro Ixcatlán por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

3. Carlos Gómez Gregorio, en San Juan Chiltepec por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

4. Rodrigo Abdias Córdova Sánchez, en San Antonio Castillo Velasco por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

5. Salvador García Guzmán, en San Juan Cacahuatepec por el partido Movimiento Ciudadano.

6. Carlos Arturo Betanzos Villalobos, en Santiago Laollaga por la Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

7. Alejandro Guzmán Liborio, en San Juan Bautista lo de Soto por Coalición PAN, PRD-Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, solo 2 de las 19 candidaturas registradas son reconocidas como Muxes: Kristel (Israel Ramírez Cortés) y Grecia Jiménez Osorio.

Por lo que el 7 de mayo de 2018, la Comunidad Muxe de Juchitán junto con el Colectivo de la ciudadanía de las Mujeres e integrantes de diversos colectivos exigieron al instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cancelar los registros de los hombres que de manera ilegal registraron su candidatura para participar en la contienda electoral, ocupando espacios destinados para las mujeres y rompiendo con el principio de paridad de género y lo señalado en el artículo 16 de los lineamientos de paridad de género 2018.4

Mitzary Toledo Guerra, de la comunidad Muxe de Juchitán y Anabel López Sánchez,  señalan que el registro de estas postulaciones son ilegales ya que violan el principio de paridad de género, contemplada en la fracción primera, segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocupando espacios destinados para las mujeres y específicamente para la comunidad LGBTTTI, ya que de las 19 candidaturas registradas solo 2 son reconocidos públicamente como Muxes y los 17 restantes son conocidos en sus comunidades por contraer nupcias con personas del sexo opuesto y sin presentar con anterioridad características de Muxes.5

Asimismo, rechazaron y denunciaron el intento de usurpación fraudulenta de la realidad trans para evadir la obligación que tienen los partidos políticos y los candidatos.

En este tenor y mediante un comunicado de fecha 11 de mayo del año en curso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ordenó como medida cautelar, la cancelación del registro de las 17 candidaturas de partidos políticos y coaliciones, por supuestas irregularidades al registrar a hombres que se auto adscribieron como mujeres transgénero.6

Al respecto el Consejero y presidente de la comisión, Gerardo García Marroquín explicó que estas medidas se adoptaron para cesar los actos que pudieran afectar los principios que rigen el proceso electoral.

Sin embargo y dado que aún quedan cuestiones que se deberán definir respecto de esas candidaturas es que el día de hoy me permito someter ante esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca para que rinda un informe sobre el estatus que guardan las 17 candidaturas que fueron retiradas a los aspirantes que se registraron como personas transgéneras, transexuales, intersexuales o muxes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a la Primera Comisión.

1 ACUERDO IEEPCO-CG-32/2018, POR EL QUE SE REGISTRAN DE FORMA SUPLETORIA LAS CANDIDATURAS A CONCEJALÍAS A LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE RIGEN POR EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS, POSTULADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. Numeral 22.  https://twitter.com/IEEPCO. 9/05/2018.

2 Lineamientos en materia de paridad de género 2018.
http://www.ieepco.org.mx/archivos/acuerdos/2017/ANEXO%20LINEAMIENTOS.pdf. Artículo 16.

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17-candidatos-transgenero-falsos/1237458.
9/05/2018.

4 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/fingen-ser-transexuales-por-candidatura.
9 /05/2018.

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-investigan-a-17-candidatos-transgenero-falsos/1237458.
9/05/2018.

6 http://www.ieepco.org.mx/comunicados/cancela-ieepco-17-candidaturas-trans






Tiene la palabra la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a dar impulso al procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana contra su líder, Napoleón Gómez Urrutia.

La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Con su venia, Senador Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Al pensar en la figura de Napoleón Gómez Urrutia, el hoy todavía Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien se mantiene en el exilio en Canadá desde el 2016, es inevitable pensar en una de las figuras sindicales más polémicas de la última década, y es que el hoy candidato al Senado por la vía plurinominal, es uno de los personajes que han ganado espacios y poder al amparo de las bases de los trabajadores, bases que hoy son vistas como votos y que traen a estos personajes de vuelta a la vida nacional.

En aquel año tuvo lugar una de las tragedias más lamentables del sector, la explosión en Pasta de Conchos, en donde perdieron la vida 65 trabajadores mineros y en donde quedó evidenciada la precariedad en la que laboraban, el socavón letal que era aquella mina de carbón.

El historial de acusaciones en contra de este personaje es variado y debería de ser suficiente para aplicar parámetros de justicia y ética antes de razonamientos electorales.

Es por ello que hoy acudo a esta tribuna para presentar este punto de Acuerdo, a nombre de integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de la Comisión Permanente, para poner sobre la mesa un tema fundamental de justicia social y laboral.

El pasado mes de febrero, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó en un laudo que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que dirige desde Vancouver, Napoleón Gómez Urrutia, debe pagar 54 millones de dólares a trabajadores que contribuyeron con sus aportaciones a la constitución de un fideicomiso.

Dicho fondo, que administró entre 2004 y 2006 el ex líder minero, fue desviado a cuentas ajenas a la organización, de acuerdo con investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, y a pesar de que la Junta Federal ya haya determinado que estos recursos pertenecían a los trabajadores mineros del Grupo de México, la falta de justicia prevalece.

Frente a ello, el citado Gómez Urrutia descalificó el fallo de la Junta Federal y enfatizó que no habrá de pagarse la suma referida.

Es una pena este tipo de respuestas que demuestran la calidad moral de las personas, porque pone en evidencia la falta de responsabilidad frente a la principal institución de procuración de justicia moral y sindical de nuestro país.

En esta escena, resulta inconcebible que uno de los candidatos a la Presidencia de la República haya colocado al ex líder minero en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República, por uno de los partidos que forma parte de su proyecto de nación.

La designación pues, huele a prebenda electoral, porque la estructura, detrás del exiliado en Canadá, le dará a este candidato más de 200 mil votos de mineros a cargo de una curul en la Cámara Alta.

En este punto de Acuerdo, los legisladores de Acción Nacional hacemos un exhorto para que a favor de los trabajadores afectados, sea ejecutado antes este acto de justicia que quienes entregaron por años sus aportaciones a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, accedan a recursos que por derecho les pertenecen.

Queremos, además, que éste sea un llamado al compromiso ético, a la responsabilidad política y al prestigio moral que debe prevalecer en la selección de candidatos a los distintos cargos de representación popular, exigimos también a los acuerdos en la opacidad y bajo la lógica de la numeralia de los votos que han traído de vuelta a éste y a otros personajes que han sido abiertamente señalados por la justicia de nuestro país.

Compañeros legisladores, los invito, pues, a que busquemos garantizar la justicia laboral y sindical, que llegue a cada uno de los sectores más pobres del país, pero también para evitar aquellos que apuntan a seguir beneficiándose de estructuras a modo, lo hagan al amparo de la impunidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

DIP. ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, mismos que conforman la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo de fecha 8 de mayo de 2018, emitido por los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, mediante el cual establece criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día, las reuniones de comisiones y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, es que se presenta ante usted el presente PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PARA QUE PARA QUE SIN DEMORA Y APEGADO A DERECHO, DE IMPULSO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO DICTADO A FAVOR DE DIVERSOS AGREMIADOS DEL SINDICATO NACIONAL DE MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CONTRA SU LÍDER NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como es sabido, desde el inicio de las precampañas y campañas políticas, el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por reunir dentro de sus filas a personajes de dudosa calidad moral, mismos que se han visto envueltos en escándalos de delitos y de corrupción, como lo son Eva Cadena –al recibir fajos de billetes para beneficiar su campaña-, los Abarca –con su apoyo incondicional-, así como Nestora Salgado Garcia –ex presidiaria que enfrentó delitos de secuestro-.

Tal parece ser, que al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), le es grato el incluir dentro de sus filas y candidaturas a personajes que tienen problemas con la justicia, como en el caso del presente punto de acuerdo, sigue al ex líder de Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia. Persona que se ha auto exiliado a Canadá para presuntamente no ser perseguido político, pero que a todas luces lo hizo por protección a la impunidad.

Diversos medios nacionales y el líder de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en su momento dieron a conocer que este personaje Napoleón Gómez Urrutia, era candidato a una curul en el Senado de la República por el principio de representación proporcional del partido que nos ocupa; pero también salió de la mano con esta nota, que este líder tenía problemas con la justicia, en lo especifico de carácter laboral y quizá de alguna otra índole, al haber presuntamente sustraído de las arcas del sindicato a que me he referido por un total de 55 millones de dólares, que le correspondían a los agremiados, mismos que no han sido justificados.

De tal suerte, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en fechas recientes, dictó un laudo condenatorio en contra del líder minero, para los efectos de pagar a los agremiados de dicho sindicato la parte que en derecho les correspondió desde hace años, derivado de las demandas instauradas en el año de 2006. Es de conocimiento nacional, que estas instituciones de carácter laboral, no cumplen con los principios que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no cuenta con una justicia pronta y expedita.

En ese sentido es dable señalar, que los trabajadores mineros agremiados han sufrido un detrimento patrimonial al dejar de percibir la cantidad reclamada en las demandas que al día de hoy han obtenido un sentido favorable para el agremiado, y por ello, es que debe la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dar seguimiento puntual e inmediato al procedimiento de la ejecución correspondiente; los agremiados llevan ya 12 años esperando este laudo, resulta por ello justo, que sea reintegrado a su patrimonio, lo hasta ahora desviado a las cuentas personales del flamante candidato plurinominal Napoleón Gómez Urrutia.

Con lo anterior, se advierte que se ha acreditado el desvió de los recursos y que los mismos no han sido pagados a los trabajadores agremiados, por ello, caben las siguientes preguntas: ¿Cómo justifica el ex líder minero el condominio de 1.8 millones de dólares en la que vive en Vancouver, Canadá? ¿Acaso no existe un enriquecimiento ilícito? ¿Acaso Napoleón Gómez Urrutia enfrentara la justicia en algún momento?; estas preguntas deben generarnos importancia, porque la impunidad y corrupción con la que se conducen los simpatizantes y actores de MORENA, son su estandarte de presentación. Lamentable es, que se pretenda siquiera tomarlos en cuenta, para que en el momento que tomen posesión, burlen la justicia una vez más, respaldados en el fuero e inmunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que para que sin demora y apegado a derecho, de impulso al procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, contra su líder Napoleón Gómez Urrutia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputada Muñoz Cervantes. Túrnese a la Tercera Comisión.






En la tercera ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna el Senador José María Tapia Franco, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a realizar las gestiones a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país.

El Senador José María Tapia Franco: Precisamente, como dice el señor Presidente, es un poco quitarnos la arenga electoral, compañeros y compañeras legisladoras que tenemos que darle otro sentido a nuestro trabajo legislativo.

Para el Banco Mundial, la educación es un importante motor para el desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.

En el mismo sentido, la ONU, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, señalan que la educación es un derecho humano fundamental, que consiste en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.

En México, nuestro artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “todo individuo tiene derecho a recibir una educación, el Estado, llámese Federación, estados y municipios, impartirán gratuitamente la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.

La educación preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica, ésta y la media superior serán obligatorias.

Asimismo, establece que toda la educación que imparta el Estado debe de ser gratuita y de calidad.

Lo anterior significa que todos los servicios educativos que otorgue el Estado, no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de los alumnos.

Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 6 que la educación que el Estado imparta será gratuita, las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos y en ningún caso se podrá condicionar la inscripción el acceso a la escuela, a la aplicación de evaluaciones y exámenes o la entrega de documentación a los educandos, o afectarla en cualquier sentido, la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

También, en términos del artículo 3o. constitucional, los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y grados, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y de la Secretaría de Educación Pública.

Cabe mencionar que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestación económica, que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de su objeto.

Actualmente, en nuestro país existen 43 mil 895 planteles, de los cuales, 28 mil 797 pertenecen a la educación básica, un poco más de 15 mil son para la educación media y media superior.

En años recientes, el número de instituciones de educación privada se ha incrementado, tan sólo del 2010 al 2017 en un 7 por ciento.

Se estima que durante el ciclo escolar 2016-2017 estaban inscritos en escuelas privadas de educación básica, alrededor de 2.6 millones de alumnos, de los cuáles, el 27 por ciento cursaba el preescolar, el 50 por ciento primaria y el 22 por ciento restante la secundaria.

Respecto al nivel medio superior, se estima que durante el mismo periodo se encontraban estudiando poco más de un millón de alumnos en escuelas particulares.

Asimismo, el gasto en la educación privada se ha incrementado, de pasar de un poco más de 185 mil millones de pesos, de 2010, a 326 mil millones de pesos, en 2017.

Si bien es cierto que la legislación nacional establece que los particulares que impartan la educación con autorización y con reconocimiento de validez oficial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional, el de la Ley General de Educación y de las demás disposiciones aplicables, así como cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes.

No obstante, el pago de colegiaturas mensuales más la inscripción y las reinscripciones sumando a diversos gastos, como son los útiles escolares y uniformes, ocasionan gastos que se multiplican cuando se tiene más de un hijo en estas edades escolares.

La única regulación en el marco legal, en el cual se fija la colegiatura de los padres que tienen que cubrir para poder reinscribir y mantener a sus hijos en estas instituciones, se encuentra establecida en un acuerdo, que señalo que es el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992.

Dicho acuerdo establece lo siguiente:

“Los prestadores del servicio educativo que refiere el artículo 1 de este acuerdo, deberán informar por escrito previamente a la inscripción de cada ciclo electivo a los padres de familia, tutores, usuarios, lo siguiente:

El acuerdo en general, el contenido de él.

La relación de todos los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por el prestador del servicio para cada ciclo, así como la mención de la fecha y el número del acuerdo por el cual le otorgó su incorporación.

Y en su fracción III, en el inciso a) marca el capítulo de inscripción o reinscripción.

Dicho acuerdo señala la posibilidad de que las escuelas particulares cobren por concepto de inscripción o reinscripción, por lo que es importante que las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones correspondientes a fin de eliminar el cobro por el concepto de reinscripción en las instituciones de educación privada.

Derivado de todo lo anteriormente expuesto, en lo personal y mi grupo parlamentario acompañándome, proponemos a esta Comisión Permanente exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las autoridades educativas de las entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones realicen las gestiones necesarias pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país como un beneficio a todos los que no son capaces de recibir una educación gratuita que imparte el Estado.

Por su atención y acompañamiento, compañeras y compañeros legisladores, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para el Banco Mundial, la educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad;1 en el mismo sentido,  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que la educación es un derecho humano fundamental que consiste en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible .

En México, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”2 Asimismo, establece que toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita y de calidad, lo anterior significa que todos los servicios educativos que otorgue el gobierno no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de los alumnos. Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 6º que:

La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.”

También, en términos del artículo 3o. Constitucional, los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y grados, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y la Secretaría de Educación Pública.

Cabe mencionar que los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que aquéllas utilizan para el cumplimiento de su objeto.

Actualmente, existen 43 mil 895 planteles, de las cuales 28 mil 797 pertenecen a la educación básica y poco más de 15 mil son de educación media superior y superior.3 En años recientes, el número de instituciones de educación privada se ha incrementado, tan solo del año 2010 al 2017 lo hicieron en un 7%.

Se estima que durante el ciclo escolar 2016-2017 estaban inscritos en escuelas privadas de educación básica alrededor de 2.6 millones de alumnos de los cuales el 27% cursaba preescolar, el 50% primaria y el restante 22% secundaria. Respecto al nivel medio superior se estima que durante el mismo periodo se encontraban estudiando poco menos de 1 millón de alumnos en escuelas particulares.  Asimismo, se ha incrementado el gasto en la educación privada al pasar de 185.9 miles de millones de pesos en 2010 a 326.8 miles de millones de pesos en 2017.

La legislación nacional establece que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables; así como, cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes.

No obstante, el pago de colegiaturas mensuales, más la inscripción y las reinscripciones, sumado al gasto de útiles escolares y de uniformes,  ocasionan gastos que se multiplican cuando se tiene más de un hijo en edad escolar.

La única regulación en el marco legal en la cual se fijan las colegiaturas que los padres tienen que cubrir para poder reinscribir y mantener  a sus hijos  en estas instituciones, se encuentra establecida en el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992.”4

En dicho acuerdo se establece lo siguiente:

“ARTICULO 2o.- Los prestadores del servicio educativo a que se refiere el artículo anterior, deberán informar por escrito, previamente a la inscripción, para cada ciclo lectivo, a los padres de familia, tutores o usuarios, lo siguiente:

I. El contenido de este Acuerdo;

II. La relación de los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por el prestador del servicio para cada ciclo lectivo, así como la mención de la fecha y número del acuerdo por el cual le otorgó la incorporación.

A falta de este, el número de inscripción como plantel no incorporado y la mención de que dichos estudios carecen del reconocimiento de validez oficial.

En caso de que no cuenten con ninguno de ellos, deberán explicar la razón de dicha circunstancia;

III. El costo total correspondiente a los siguientes conceptos:

a) Inscripción o reinscripción;…

Dicho Acuerdo señala la posibilidad de que las escuelas particulares cobren por concepto de inscripción o reinscripción, por lo que es importante que las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones correspondientes a fin de eliminar el cobro del concepto de reinscripción en las instituciones de educación privada.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Tapia Franco.

Sonido en el escaño del Senador Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Si me permite el Senador suscribirme al punto de Acuerdo.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senadora, asiente que suscriban el punto de Acuerdo del Senador Fernández.

¿Con el mismo objeto, Senador?

Tome nota Servicios Parlamentarios de los Senadores y Diputados que desean adherirse a la proposición.

El Senador José María Tapia Franco: Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Túrnese la proposición del Senador Tapia a la Segunda Comisión.

1 http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

3 http://framework-gb.cdn.gob.mx/quintoinforme/5IG_ANEXO_FINAL_TGM_250818.pdf

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4655028&fecha=10/03/1992






Compañeras y compañeros legisladores:

Les informo que la Mesa Directiva acordó dar turno directo a las proposiciones relacionadas con la seguridad del sistema financiero, y por lo que se solicita realizar reuniones y solicitar información a las autoridades correspondientes.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con las proposiciones que se turnaron de manera directa.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Como no, señor Presidente.

Doy cuenta con las proposiciones que se turnan a la Tercera Comisión:

La de un servidor, Macedonio Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para que se exhorte a informar sobre las medidas para fortalecer la seguridad de las transacciones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

El suscrito, MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO diputado integrante y coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL MTRO. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO, GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, AL MTRO. BERNARDO GONZÁLEZ ROSAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y AL LIC. ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES, EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  PARA QUE, DESDE EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, INVESTIGUEN E INFORMEN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS, ASÍ COMO EL AVANCE DE LAS DENUNCIAS PENALES DERIVADAS DEL CIBERATAQUE OCURRIDO ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUE IMPLICÓ UN MILLONARIO ROBO DE RECURSOS A VARIAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y GENERÓ AFECTACIONES TEMPORALES POR EL RETRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PERTENECIENTES A MILES DE CUENTAHABIENTES Y USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA BANCA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. De acuerdo con datos del Banco de México en el trimestre correspondiente de octubre a diciembre de 2017 se realizaron 64 millones de operaciones vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), es decir 720 mil operaciones diarias en dicho lapso.

Asimismo, y de acuerdo con datos de “Fortinet” (empresa internacional especializada en servicios de seguridad informática), en América Latina el 66 por ciento de las instituciones financieras enfrentaron al menos un incidente de ciberseguridad en los últimos 24 meses, siendo México y Brasil los países de la región con el mayor número de ataques.  En tanto que, del total de ataques sufridos por las instituciones financieras en Latinoamérica durante el 2017, el 34 por ciento fueron ataques a la disponibilidad, el 48 por ciento fueron ataques a aplicaciones web desplegadas por los bancos y 15 por ciento de los incidentes permaneció sin ser descubierto por más de seis meses.1 

Entre los meses de abril y probablemente mayo de este año algunos bancos mexicanos sufireron un ciberataque que repercutió en retiros ilegales de grandes cantidades de efectivo, lo cual fue confirmado por el Banco de México. En el primer corte se estimó un monto de 400 millones de pesos. Posteriormente el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha reconocido que no se puede concluir hasta la fecha que el ciberataque haya cesado y que sólo cinco instituciones financieras fueron las afectadas. 

Cabe señalar que desde el día 17 de abril de 2018 se tenía la sospecha de que existían movimientos irregulares.  Sin embargo, hasta diez días despúes, el día 27 de abril de 2018, se constató que existían elementos suficientes para determinar que estaban bajo un ataque cibernético, por lo que miles de trabajadores con nomina vinculada a instituciones bancarias fueron afectados al no recibir oportunamente su pago correspondiente a la quincena, así como miles de cuentahabientes que tuvieron que esperar tres días para liberar su pago o hasta 4 días para recibir un deposito generado entre particulares.

Además, no se tiene certeza de cuánto asciende la cantidad de los envíos irregulares a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).  Por ello el funcionario del Banco de México no dio los nombres de las instituciones por “la sensibilidad de las investigaciones”. Pero sigue afectando a miles de usuarios financieros para realizar o recibir alguna transferencia vía electrónica.

En la consulta de varios medios de información, el único banco que informó públicamente sobre las fallas con el sistema SPEI fue “Banorte”,  afirmando que le fueron sustraídos cerca de 150 millones de pesos a. Por su parte la Asociación de Bancos de México (ABM) explico que los bancos se conectan vía SPEI de forma directa o vía proveedores y que por medio de este sistema se desviaron millones de pesos “hacían un depósito al cliente, pero los “hackers” abrían una cuenta y duplicaron los depósitos.”

Por otro lado, el periódico “El Financiero” destaca que los “hackers” contactaron a clientes reales de los bancos afectados y que ofrecieron un porcentaje de los recursos obtenidos por aceptar el deposito a sus cuentas para posteriormente retirar el efectivo y entregarlos a estas personas para recibir lo prometido. También se detectó que éstos ofrecieron a comerciantes y proveedores un pago a cambio de aceptar recibir trasferencias a sus cuentas bancarias y de esa forma retirar el efectivo.2

Por su parte, “Forbes” señala que no se descarta la posibilidad de que los “hackers” hayan recibido ayuda desde adentro de los bancos y que básicamente se tiene como consecuencia de estos actos que las transferencias sean lentas ya que se tuvo que migrar a otro sistema alternativo al SPEI y que las transferencias mayores a 50,000 pesos deberán validarse por los bancos, además de que sólo se podrá retirar de ventanilla la misma cantidad y si es mayor se deberá esperar 24 horas para retirar el resto.3

Por otro lado, es necesario señalar que “estrategias corporativas IT Lawyers” estima que se hicieron entre 900 y 1,250 transacciones de 75 cuentas de personas mayores y que estas fueron usadas como “mulas” para abrir cuentas bancarias entre los meses de enero y marzo de 2018 y los retiros de efectivo se dieron los primeros días de mayo de 2018.

II. Del 26 de abril al 15 de mayo de 2018, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ha recibido por parte de 7,500 usuarios de instituciones bancarias, quejas derivadas del ataque cibernético al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por transferencias no reflejadas o retiros ilegales.

Además, la Condusef ha señalado que los bancos han sido omisos en tomar previsiones de informar a los usuarios bancarios de las consecuencias en el retraso en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en lo que respecta a los créditos, ya que se teme que cobren los intereses moratorios o cargos de cobranza al no detectarse el pago a tiempo, a pesar de que los usuarios hayan realizado su pago en la fecha de vencimiento.

“Di Costanzo informó que, del viernes 27 de abril a la fecha, la Condusef ha recibido 285 solicitudes de atenciones sobre las transacciones no realizadas por fallas en el SPEI, de las cuales sólo 15 se han traducido en quejas por irregularidades en la atención de los bancos afectados. “Ya veremos qué pasa en los próximos días cuando se sepa si cobraron comisiones o no”. 4

III.  El Artículo 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la potestad del Banco de Mexico para regular la intermediación y los servicios financieros, al señalar lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 28, párrafo séptimo:

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.”

A su vez, la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Capítulo I, De las finalidades y funciones, artículos 2 y 3 fracción I, establece la potestad regulatoria del Banco de Mexico en materia de intermediación de los servicios financieros y sistema de pagos, al señalar lo siguiente:

LEY DEL BANCO DE MEXICO

“ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes:

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos;

Asimismo, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con atribuciones y facultades para supervisar, regular e investgar el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano, al señalar en sus artículos 2 y 4 fracciones XVI y XIX Bis, lo siguiente:

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

“Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.”

“Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: […]

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XIX Bis. Realizar, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio Público Federal, como coadyuvante de dichas dependencias, actividades de investigación en entidades financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con propósitos de detección de recursos y obtención de información para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como para la persecución de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, para la comisión del delito previsto en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.

Las facultades de investigación a que se refiere esta fracción, se ejercerán en los términos del artículo 5 de esta Ley. La Comisión rendirá un informe del resultado de sus investigaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público Federal para los fines que resulten aplicables.

Las actividades de investigación y la presentación del informe no implicará transgresión alguna a los secretos financieros contemplados en las leyes relativas al sistema financiero mexicano;”

IV. El 30 de abril de 2018, a través de un Comunicado de Prensa emitido de manera conjunta por El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se informó, entre otros lo siguiente:

“En seguimiento al comunicado de prensa de este Banco Central, dado a conocer el viernes 27 de este mes, para informar de afectaciones en el servicio de transferencias electrónicas de algunos participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), hacemos del conocimiento del público la siguiente información adicional:

· La infraestructura del SPEI ha mantenido su operación de manera normal y en ningún momento ha estado en riesgo.

· Se detectaron problemas en tres instituciones que utilizaban un aplicativo provisto por un proveedor externo que permite la conexión de algunos participantes al SPEI. Como parte de los protocolos de seguridad del sistema, dichas instituciones migraron a un esquema de conexión alterno.

· Como medida preventiva, los participantes del SPEI que tienen el aplicativo en cuestión, y que no han presentado problemas como los ya mencionados, han estado migrando su operación a un esquema alterno provisto por el Banco de México. Lo anterior se ha llevado a cabo considerando siempre que la operación debe realizarse bajo esquemas estrictos de control y mitigación de riesgos por parte de las instituciones. Asimismo, el Banco de México requirió a todos los participantes del sistema a implementar medidas de control adicionales.

· La implementación de las acciones mencionadas ha generado retrasos en los tiempos de envío y acreditación de transferencias electrónicas vía SPEI, que pueden incidir en el servicio a clientes de instituciones financieras no directamente afectadas por el aplicativo en cuestión. Esto se debe a que algunas instituciones también migraron a los esquemas de conexión alternativa, o bien en algunos casos en los que la transacción en cuestión involucra a alguna institución operando en esquema de contingencia.

· Se mantendrá el esquema de operación alterna hasta que se implementen las soluciones correspondientes.

· El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentran monitoreando de cerca la operación de todos los participantes con el objetivo de estar en posibilidad de implementar oportunamente medidas adicionales para evitar afectaciones en el servicio que dan las instituciones financieras participantes en el SPEI a sus clientes. Estas medidas pueden incluir, entre otras, la ampliación de horarios de cierre de la operación del día.5

El 16 de mayo el Banco de México emitio un nuevo comunicado titulado: Puntos Importantes sobre la Situación Actual del SPEI, que señala lo siguiente:

1. Se tienen registrados 5 participantes con vulneraciones de ciberseguridad. Todos los ataques que se han observado han sido dirigidos hacia los bancos, casas de bolsa y otros participantes del sistema de pagos. Estos han estado enfocados en los sistemas de los participantes con los que se conectan al SPEI.

2. El sistema central del SPEI, que opera el Banco de México, no se ha visto afectado y no ha sido blanco de ningún ataque. El sistema central opera de manera segura y eficiente como lo ha hecho desde su creación.

3. Los recursos de los clientes de instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de los ataques. Los recursos que se han extraído han sido de los participantes (bancos, casas de bolsa, etc.). Los atacantes han buscado vulnerar las conexiones de las instituciones con el SPEI, inyectando instrucciones de pago fraudulentas a partir de cuentas inexistentes, lo cual afecta la cuenta transaccional de los participantes en el SPEI, pero no las cuentas de los clientes finales. Los recursos de los clientes están seguros porque radican en un sistema separado con validacionesindividuales por operación.

4. Para salvaguardar la continuidad operativa, el Banco de México alertó a losparticipantes en el SPEI y solicitó a los participantes con un mayor perfil de riesgo migrar la operación a una plataforma contingente. Este esquema de operación contingente y las validaciones adicionales que han implementado los participantes han propiciado la ralentización de los flujos de pagos.

5. Una vez recibidas en el SPEI, el 100% de las operaciones son procesadas y enviadas a los participantes receptores en segundos. Por otra parte, desde que se recibe la solicitud por parte de un cliente en los sistemas del participante hasta el abono final el 55% de las operaciones fluye por el sistema y los participantes con normalidad en cuestión de segundos, mientras que el 99% se opera en menos de dos horas. No obstante, en algunos casos estas acreditaciones pueden tardar uno o más días. El Banco de México, consciente de la preocupación y malestar de los clientes, trabaja arduamente para que los participantes agilicen sus procesos para abonar en el menor tiempo posible los recursos de sus clientes y con ello minimizar la afectación a los mismos.

6. Con la información disponible, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son de aproximadamente 300 millones de pesos.

7. Los participantes de SPEI tienen obligaciones de ciberseguridad establecidas en la regulación que emitió el Banco de México desde julio de 2017. Las principales medidas en materia de seguridad debían estar aplicadas a finales de 2017. Cabe destacar que parte de la regulación emitida se refiere a los aplicativos que fueron vulnerados en algunos participantes.

8. El Banco de México inició los procesos de supervisión para el cumplimiento de requerimientos de ciberseguridad durante 2017 detectando un nivel de cumplimiento heterogéneo. A la fecha se tienen iniciados procesos de supervisión sobre el cumplimiento de requerimientos de ciberseguridad por parte de los participantes en diferentes sistemas del Banco de México.

9. El Banco de México cuenta con esquemas de ciberseguridad que han venido fortaleciéndose en los últimos años, los cuales incluyen auditorías internas y externas por parte de especialistas con reconocimiento internacional.

10. El Banco de México emitió disposiciones que otorgan a las instituciones de crédito y demás entidades que prestan el servicio de transferencias de fondos, espacio para que estas implementen medidas de control adicionales encaminadas a fortalecer sus sistemas de detección de transferencias irregulares, verificar la integridad de sus operaciones y evitar posibles afectaciones a dichas instituciones, al resto de los participantes y al sistema en su conjunto. Adicionalmente, estas disposiciones consideran espacios para verificar la seguridad en los retiros de efectivo. 6

V. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas ya investiga el ciberataque a bancos: 

La PGR investiga ciberataque a bancos

“La Agencia de Investigación Criminal, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) trabaja en la investigación sobre el ciberataque al servicio de transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) mediante el que se habrían sustraído 400 millones de pesos.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la AIC, a través de la UICOT, trabaja en recabar los registros y procedimientos de operación de todos los sistemas involucrados que soportan la operación del sistema SPEI de las instituciones financieras afectadas y proveedores de servicios de enlaces de comunicación del sistema con el Banco de México (Banxico).

Dichas acciones, explicó, tienen la finalidad de identificar la vulnerabilidad, los vectores de ataque y el modus operandi de posibles involucrados en las transferencias electrónicas ilegitimas sobre la plataforma de pagos SPEI.

“A la fecha, la AIC cuenta con datos técnicos que permiten establecer diferentes líneas de investigación, las cuales se encuentran en proceso de análisis, lo que permitirá reconstruir los hechos ocurridos en días pasados y poder identificar a los responsables de estas conductas que han afectado al sistema financiero mexicano”, señaló la PGR en su comunicado.”7

El ciberataque que sufrieron las instituciones bancarias en Mexico, no debe quedar impune, pues si bien es cierto que los recursos sustraídos, estimados en 400 millones de pesos, no afectaron el patrimonio de los cuantahabientes, sí resultaron en afectaciones de disponibilidad oportuna y posibles cobros de intereses por retraso de pagos que no son imputables a ellos.  Por  ello este delito que constituye un robo millonario para los bancos debe ser investigado con la mayor diligencia y prontitud, hasta identificar y sancionar a los responsables, pues en ello va la confianza y protección del sistema financiero mexicano y de los millones de personas cuntahabientes y clientes de las instituciones financieras.   

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de México, para que, desde el ambito de su competencia, informe a esta Soberanía sobre las medidas de seguridad implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI), lo anterior derivado del ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con dicho Sistema.

SEGUNDO.- Se exhorta al Mtro. Bernardo González Rosas, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que, desde el ambito de su competencia, investigue e informe a esta Soberanía sobre las medidas y acciones implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del Sistema Financiero Mexicano, así como, en su calidad de coadyuvante de la Procuraduría General de la República,  para identificar el mecanismo e involucrados en el ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con el Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI).

TERCERO.- Se exhorta al Lic. Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en su calidad de encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República, para que, con diligencia y prontitud, se investigue e identifique tanto el mecanismo, como a los presuntos responsables, del ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con el Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI) y se informe a esta soberanía el avance de las denuncias penales derivadas del ciberataque ocurrido entre los meses de abril y mayo del presente año, que implicó un millonario robo de recursos a varias instituciones bancarias y financieras.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo.

1 “Contingencia en SPEI, Advertencia para el sistema bancario: Fortinet,” Rodrigo Riquelme, Diario El Economista, 02-mayo-2018. https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Contingencia-en-SPEI-advertencia-para-el-sistema-bancario-Fortinet-20180502-0064.html

2 Maquinaron el hackeo con clientes de bancos,” Jeanette Leyva, Diario El Financiero, 16-mayo-2018, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/maquinaron-el-hackeo-con-clientes-de-bancos

3 “Esto es lo que se sabe del robo millonario tras hackeo de bancos”, Israel López, Revista Forbes, 15-mayo-2018. https://www.forbes.com.mx/esto-es-lo-que-se-sabe-del-robo-con-el-ciberataque-a-los-bancos/ 

4 “Afecto a 7,500 usuarios fallas en el sistema SPE: Condusef”, Margarita Rasso, periódico La Crónica, 14-mayo-2018, recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1078228.html

5 Comunicado de Prensa Conjunto del Banco de Mexico, SHCP, y CNBV. 30 de abril de 2018. Recuperado de:   https://www.cnbv.gob.mx/PRENSA/Prensa%20%20Otros/Comunicado%20conjunto%20SPEI.pdf

6 Banco de México. Cominicado de Prensa. 16 de mayo de 2018.  Recueprado de: http://www.banxico.org.mx/inicio/banner/informacion-importante-sobre-la-situacion-del-spei/%7B022CD9D7-11A9-68E6-D1A5-965F57A23F60%7D.pdf

7 Revista PROCESO. “La PGR investiga ciberataque a Bancos.” 16 de mayo de 2018 recuperado de: https://www.proceso.com.mx/534515/la-pgr-investiga-ciberataque-a-bancos






Dos. La de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva sobre el robo de información y de dinero a diversas instituciones bancarias.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

EL BANCO DE MÉXICO INFORMÓ QUE EL SISTEMA BANCARIO SUFRIÓ UN ATAQUE CIBERNÉTICO QUE GENERÓ PÉRDIDAS  CALCULADAS EN 400 MILLONES DE PESOS Y LAS AUTORIDADES BANCARIAS ASEGURARON QUE LOS AHORROS DE LOS USUARIOS QUEDARON A SALVO.

Sin embargo, en el  ataque cibernético  contra el  sistema financiero nacional,  los “hackers” utilizaron un  nuevo modus operandi, en dicho ataque contactaron a clientes reales de la banca a quienes ofrecieron un porcentaje de los recursos obtenidos de manera ilícita a cambio de aceptar depósitos en sus cuentas, los “hackers” usaron a una un banco cuyo nombre comercial es Bancomer como trampolín del robo.

No se tenía antecedente alguno en México sobre un ataque cibernético al sistema financiero nacional, más específicamente al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, lo cual de suyo es muy grave porque compromete la seguridad nacional de nuestro país y también pone a prueba el blindaje informático  tanto de las instituciones financieras como la protección que dichas instituciones están obligadas a brindar a  sus usuarios.

A raíz de este incidente, el Banco de México creó la Dirección de Ciberseguridad cuyo papel será planear estrategias para proteger la información de la institución.

La nueva dirección tendrá acceso a cualquier tipo de información de Banxico, sin importar si es reservada o confidencial, así como a todas las áreas, registros y sistemas.

Es necesario rediseñar nuestro marco jurídico secundario para la protección del sistema financiero nacional atendiendo las recomendaciones de expertos en Ciberseguridad Financiera, para dejar a salvo los derechos y patrimonio de los usuarios de servicios financieros así como la de exigir a las instituciones bancarias y financieras que cumplan con los protocolos de seguridad en todas sus operaciones y plataformas, así mismo se deberán de endurecer las penas para quienes cometan y/o sean cómplices de estos tipo de delitos.

El blindaje y la protección al Sistema Financiero de México es un asunto de seguridad nacional y no deben escatimarse  medidas ni  acciones  para la salvaguarda de dicho sistema. 

El Banco de México deberá hacer lo necesario conforme a sus facultades y competencias de ley para proteger al sistema bancario y financiero del país de futuros ataques cibernéticos.

Así mismo las instituciones financieras están obligadas a reforzar la seguridad cibernética de sus operaciones y dejar a salvo los derechos, intereses y patrimonio de los usuarios  de los servicios financieros.

Es importante resaltar que Jaime González Aguadé quien fuera presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano del Estado mexicano encargado de vigilar, supervisar y regular al sistema financiero nacional, dejo su encargo en medio de escándalos como la manipulación del mercado de bonos de deuda del gobierno por parte de los bancos y en su gestión habría solicitado a las instituciones financieras limitar el flujo de información a la Comisión Federal de Competencia Económica que había iniciado una investigación por presunta colusión entre los formadores del mercado.

Otro escándalo durante la gestión de González Aguadé fue la intromisión de hackers en el sistema financiero nacional y donde se tuvo el primer intento de ataque masivo contra instituciones bancarias en enero pasado, como lo fue al Banco Nacional de Comercio Exterior, (Bancomext) que afortunadamente pudo detenerse en su momento pero los ataques continuaron y los intentos de robo cada vez se reproducían con más agresividad.

Ante esta situación el cuestionado Jaime González Aguadé optó por renunciar al puesto de Presidente de la CNBV e incorporarse al equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que en uso de sus facultades y competencias realice una investigación exhaustiva sobre el robo de información y dinero a instituciones bancarias y financieras para llevar ante la justicia a quienes hayan sido autores materiales e intelectuales de este delito y también se castigue a sus cómplices.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a informar a esta Soberanía sobre las medidas y providencias que está aplicando para garantizar la protección y salvaguarda del sistema financiero mexicano y del sistema de pagos electrónicos interbancarios así como los protocolos a implementar por parte de las instituciones financieras para resguardar la información y los derechos de los usuarios de los servicios financieros de ataques cibernéticos o por medios remotos.

Dado en la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.






Tres. La del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se solicita información sobre el presunto ciberataque que sufrió el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en días pasados.

El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el pasado 27 de abril y hasta estos días se han presentado fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI) del Banco de México con lo que se ha puesto en peligro el funcionamiento del sistema de pagos y a millones de usuarios en el país.

Tras los eventos que afectaron a instituciones financieras como Banorte, Banco del Bajio, CitiBanamex, Bancomer, entre otros, se han ocasionado demoras, errores y según se ha reportado el robo de cerca de 400 millones de pesos por un presunto hackeo al sistema. Como respuesta Banco de México instó a las instituciones financieras a conectarse al sistema de pagos de Banco de México con un sistema de contingencia.

Entre las fallas que se han reportado están la incapacidad de retirar dinero en cajeros y depósitos que demoran en registrarse. Frente a esta situación es de vital importancia que Banco de México informe al público a detalle sobre el origen de la vulnerabilidad del sistema.

Los recursos de millones de mexicanos en el sistema bancario deben ser protegidos y las instituciones financieras deben hacerse cargo de mejorar su seguridad para garantizar que el patrimonio de los mexicanos esté a salvo.

El funcionamiento óptimo del sistema de pagos es esencial para el funcionamiento de una economía, la falta de información y rendición de cuentas daña la confianza que los mexicanos tienen en las instituciones financieras y por ende tiene consecuencias adversas para la economía.

Más allá de tres comunicados que ha emitido el Banco Central mexicano, de fechas 27 y 30 de abril y del 14 de mayo de 2018, no se han dado a conocer detalles precisos de las fallas presentadas en el SPEI, los o el presunto ciberataque sufrido por el sistema y las consecuencias para evitar que se repitan situaciones de esta naturaleza. Ante esto, permanecen diversas interrogantes que el Banco de México y las autoridades del sector financiero deben despejar:

1.- ¿Qué ocurrió con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario?

2.- ¿Quiénes son los responsables del ataque?

3.- ¿Qué medidas de seguridad se están tomando?

4.- ¿Qué ha ocurrido con los 400 millones de pesos robados?

5.- ¿Cómo se garantiza que los usuarios no sufran afectaciones en su patrimonio?

Esta información es fundamental para generar certeza en los participantes del sistema financiero mexicano, en los usuarios de sus servicios y para que desde el Poder Legislativo, de ser el caso, se adopten medidas legislativas para garantizar el correcto funcionamiento del SPEI.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el ámbito de sus atribuciones informe a esta Soberanía de manera detallada los sucesos relacionados con presuntos ciberataques y fallas al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), ocurridos en los días pasados.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo.






Y cuatro. La del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del PRD, por el que se solicita una reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Son todas las proposiciones, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario.






Informo al Pleno que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantenerse como lo permite el resolutivo décimo segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 Y DEROGA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 58, 85, 174 y 179 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 150 Y DEROGA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE DERECHOS DE PENSIONES EN EL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Seguridad Social es un derecho fundamental, capaz de garantizar a su vez, diversos derechos como la salud, la asistencia médica, los medios de subsistencia y otros servicios sociales indispensables en esta materia, como el caso de las guarderías.

En nuestro país, debidamente consagrado en el Apartado A de la fracción XXIX del artículo 123 de la Carta Magna:

“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

En un contexto internacional, bajo el más amplio consenso, la Seguridad Social constituye un derecho humano inalienable, contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensable a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Seguridad Social que es regulada principalmente por la Ley del Seguro Social, mediante la prestación de los servicios inherentes, relativa a los trabajadores del referido apartado A.

En dicha legislación, se contempla cada uno de los seguros a que hace referencia la fracción XXIX antes transcrita, así como los regímenes de seguridad social, esto es, tanto el obligatorio como el voluntario.

Por lo que respecta al régimen obligatorio, relativo “a las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado”, cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada ramo o seguro en particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas en la ley.

Para ello, es necesario contar con las cotizaciones necesarias para cada seguro, esto es, el otorgamiento de las prestaciones requiere del cumplimiento de períodos de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados.

Por ejemplo, el seguro para el ramo de  invalidez requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado al menos el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización y ciento cincuenta si el dictamen determina 75% o más en el grado de invalidez (Artículo 122 de la Ley del Seguro Social).

Para el caso del seguro en el ramo de vida, es necesario que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez (Artículo 128 de la Ley del Seguro Social).

También se señala en su artículo 150, que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja.

Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja.

Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.

Esto es, que pese a haber dejado de prestar el trabajo personal subordinado, el trabajador al que lamentablemente le ocurriese la muerte o sobreviniere una invalidez, podrá hacer efectivo su derecho dentro del plazo señalado.

Aparentemente esta situación es favorable al trabajador, por cuanto le permite extender la vigencia de su aseguramiento mediante la conservación de derechos. Sin embargo, de una interpretación en sentido contrario, la interrogante versaría sobre la pérdida de éstos.

Es decir, mientras que el invocado artículo 150 se refiere a la conservación de derechos, la realidad es, que en un país garante de los derechos humanos y su progresividad, no tendrían por qué perderse o suspenderse.

Luego, sobre la posibilidad del reconocimiento de derechos o bien, recuperar los mismos, el artículo 151 se refiere a la hipótesis relativa al trabajador que hubiese causado baja, y que luego reingrese al régimen obligatorio, conforme a lo siguiente:

“I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones;

II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones;

III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y

IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida.

En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.”

De esta lectura, advertimos que por ejemplo, en las fracciones II y III, se prevén plazos hasta de un año para el reconocimiento de lo que ya, con su esfuerzo y trabajo a lo largo de sus semanas cotizadas, los trabajadores habían logrado.

Situación que es de considerarse como indebida, por cuanto impone obstáculos y requisitos respecto al reconocimiento de un derecho ya adquirido.

Como ya se dijo, la Seguridad Social es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, producto de años de trabajo coordinado entre organismos internacionales, como la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Además, a partir de la reforma al artículo 1ro Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, todas las autoridades  tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y bajo el principio de “pro persona”, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Situación que no acontece con la imposición de requisitos o plazos para el reconocimiento de sus cotizaciones anteriores, o lo que es peor, la pérdida o suspensión contenida en el artículo 150, que de no ser por éste, el diverso 151 relativo al reconocimiento de cotizaciones anteriores, no tendría razón de ser.

Esto ha generado injusticias, que en esencia, la gran mayoría se hace consistir en que en el caso de que un asegurado muriese aún después de haber reingresado al régimen obligatorio, pero antes de cotizar nuevamente cincuenta y dos semanas, implicaría la negación a una viuda a obtener la pensión que en derecho le corresponde porque el asegurado hubiese cotizado las semanas suficientes para su procedencia, por el hecho irracional de que se encontraban inactivas ante la falta de las cotizaciones que estaban en curso.

Esta situación, definitivamente resulta contraria a la protección constitucional en materia de derechos fundamentales, ante una imposición innecesaria de requisitos para reconocer un derecho que el trabajador había obtenido ya, con el esfuerzo de su trabajo.

Por ello, la propuesta en concreta es suprimir la posibilidad de pérdida o suspensión de derechos en materia de seguro de invalidez y vida, a efecto de que la conservación de ellos sea permanente.

En otros casos, la conservación de derechos es congruente y entendible, como es el caso del ramo de “enfermedades y maternidad”, sin embargo, el caso de “invalidez y vida”, se trata de derechos adquiridos que no pueden ser suspendidos y menos perdidos, por considerarse como una facultad o provecho que ha ingresado al patrimonio o haber jurídico de la persona, que no puede soslayarse y menos aún, cuando hablamos de derechos fundamentales.

Cabe decir, que ante esta honorable Cámara de Senadores se había presentado con antelación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que propuso reformar el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para establecer expresamente que cuando un trabajador reingrese al régimen obligatorio, se le debiera reconocer el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores desde el momento mismo de la reinscripción.

Sin embargo, la protección y ejercicio efectivo de los derechos humanos en nuestro país debe ir más allá de recuperarlos a través del reconocimiento de cotizaciones. De acuerdo al principio de progresividad consagrada en el artículo 1º Constitucional, en realidad, los derechos fundamentales no debieran perderse a efecto de verdaderamente estar en condiciones de brindar a los mexicanos, la protección más amplia.

Razones por las que la propuesta necesaria e impostergable la modificación al artículo 150 de la Ley del Seguro Social para garantizar la conservación permanente de derechos respecto del seguro de invalidez y vida de los trabajadores, con la consecuente derogación del diverso 151, que dejaría de tener razón.

Lo anterior, en congruencia constitucional, cumplimiento a los compromisos internacionales en esta asignatura y mejor aún, por el reconocimiento y protección máxima a nuestra clase trabajadora.

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 Y DEROGA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN PERMANENTE DE DERECHOS EN EL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 150 y se deroga el artículo 151, ambos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida.

Artículo 151. Se deroga.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS DE LOS HIJOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al hablar sobre el derecho que tienen los padres a elegir el orden de los apellidos de sus hijos, pensamos casi sin duda que es el apellido paterno el que debe señalarse primero, esta construcción social ha generado desde su inicio una conducta de discriminación y sujeción de la mujer hacia el hombre.

La protección a la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución General:

"Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia…"

Así como en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:
"Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado..."

En el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, esto se prevé en los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales:

"Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges."

Y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

"Artículo 23. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado."

Adicionalmente, vale la pena destacar que en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados-parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares del niño

"Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad."

La familia nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que se presenta de forma distinta en cada cultura.

Reconocemos que la base del grupo familiar se encuentra en la procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad.

Una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, consiste en determinar el nombre de sus hijos, a través del nombre, integrado por el nombre de pila y los apellidos que lo acompañan, se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia. Más aún, la elección del nombre de un hijo por sus padres es un momento personal y emocional, razón por la cual queda circunscrito en su esfera privada, la elección del nombre de los hijos genera un vínculo especial entre estos y sus padres.

Así, los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, este derecho no sólo implica el elegir el nombre personal de sus hijos, sino establecer el orden de sus apellidos.1

Esto ha sido resuelto ya por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien entre otras cosas dijo:

"… tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Tal objetivo es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género. . .El reconocimiento constitucional de este derecho tuvo como objetivo reafirmar el igual valor y dignidad de la mujer con respecto al hombre, por lo que ésta tiene derecho a intervenir en condiciones de equidad en todas las relaciones sociales, laborales y familiares que participe. Así, ni los roles, costumbres o prejuicios deben servir de pretexto para negarle el ejercicio de algún derecho. Todo lo contrario, el derecho a la igualdad impone que se adopten medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prácticas atingentes a los papeles de hombres y mujeres, que surgen de modelos de inferioridad de un sexo respecto a otro, o bien de las funciones de género, las cuales no necesariamente están definidas por el sexo"2

Por ello el orden de los apellidos que de forma acostumbrada se señalan en las actas de nacimiento violenta el derecho a la igualdad y discrimina a la mujer en relación con los hombres. Lo anterior debido a que el orden acostumbrado para señalar los apellidos de las personas obedece a formulismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable.

Existe una presunción de que se debe colocar primero el apellido paterno antes que el materno, esto derivar en un tratamiento desigual pues esta costumbre transmite un sentido de propiedad del hombre sobre la familia. Esto, a su vez, transmite el mensaje de que el hombre posee mayor jerarquía familiar y social que la mujer, esto debe de cambiar.

El avance en materia de equidad debe de observarse en cada una de las disposiciones legales de nuestro país, y lograr su entendimiento en toda la sociedad, esto generará modificaciones a las costumbres arcaicas y machistas de nuestro país; permitir que las parejas al registrar el nacimiento de su hijo y otorgarle la identidad que le pertenece elijan el orden de los apellidos permitirá iniciar un cambio en la historia de nuestra sociedad, será el inicio de una nueva construcción social más igualitaria.

La prerrogativa de otorgar un nombre es de los padres, incluido poner sus apellidos a sus descendientes, el nombre es un atributo de la personalidad que, bajo ciertos supuestos puede ser modificado, no se debe perder de vista que esta prerrogativa establece la filiación necesaria para generar una historia personal, por ello la presente reforma aporta una oportuna identidad de la persona determinada por los padres a favor de sus hijos.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Código Civil Federal
Actual

Código Civil Federal
Iniciativa

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

No tiene correlativo


No tiene correlativo

 

 

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca.

En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Los apellidos aparecerán en el orden deseado por los padres.

Los apellidos de los hijos futuros de la pareja deberán ser asentados en el mismo orden. Lo anterior con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad jurídica a los descendientes.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca.

En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal en materia de  elección del orden de los apellidos de los hijos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Los apellidos aparecerán en el orden deseado por los padres.

Los apellidos de los hijos futuros de la pareja deberán ser asentados en el mismo orden. Lo anterior con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad jurídica a los descendientes

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 AMPARO EN REVISIÓN 208/2016
https://www.google.com.mx/search?q=amparo+208%2F2016&rlz=1C1OKWM_esMX789MX789&oq=amparo+208%2F2016&aqs=
chrome..69i57.6055j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

2 ibidem






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY GENERAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

(Presentada por el Senador Eduardo Ernesto Carrasco Zanini, del grupo parlamentario del PT)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del grupo parlamentario del PRD).








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena)

Los suscritos, ALICIA BARRIENTOS PANTOJA y VIRGILIO CABALLERO DANTE PEDRAZA, Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la agenda legislativa del grupo parlamentario del Morena, la educación pública en todos los niveles ocupa un lugar prioritario. A pesar del avance en materia de calidad y cobertura de la educación en México, experimentado en las últimas décadas, existen rezagos que es necesario abatir, para garantizar su pleno desarrollo, así como permitir el acceso de quienes lo demanden, desde la educación básica hasta el nivel superior. La presente iniciativa tiene como antecedente la pieza legislativa que quien suscribe presentó en la Cámara de Diputados, junto con las diputadas Patricia Elena Aceves Pastrana, María Antonia Cárdenas Mariscal, Delfina Gómez Álvarez y Guadalupe Hernández Correa, el 22 de septiembre de 2015, y que quedó sin dictaminar.

La educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave en el desarrollo de nuestro país. A lo largo de la historia de México la educación ocupó un lugar privilegiado en sus documentos fundacionales. Morelos, en los Sentimientos de la Nación, otorga a la educación una jerarquía esencial para lograr la igualdad entre los mexicanos. Aparece en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado en Apatzingán en 1814. En la consolidación como país independiente, la concepción educativa de los liberales del siglo XIX quedó plasmada en la Constitución de 1857 como un compromiso programático con la escuela pública y gratuita. Estos principios fueron ratificados por el Constituyente de 1917 que amplió su alcance social como un derecho de todos los mexicanos.

El texto original de los artículos 3o. y 31 constitucionales, no deja duda sobre el proyecto educativo concebido por los constituyentes: su carácter laico, gratuito y obligatorio.

Ese propósito originario se desarrolló en el artículo 3o. a lo largo de varias reformas posteriores como un modelo educativo y cultural de gran alcance, limitado por las políticas sexenales o por los francos retrocesos legislativos.

En el artículo 3o. se refleja el ideal democrático, el progreso científico, la libertad de creencias, la independencia económica y política, la igualdad y la diversidad cultural, entre otros principios que encierra.

El mandato del artículo 3o. constitucional ha permitido ampliar la cobertura de la educación básica y elevar los niveles de escolaridad, extender la educación obligatoria hasta el bachillerato, así como reducir paulatinamente el índice de analfabetismo. Sin embargo, existen rezagos en materia de calidad de la enseñanza, cobertura y equidad. A Morena le preocupan los enormes rezagos en los niveles medio superior y superior, que provocan inequidad y exclusión social, y que si no se atienden oportunamente pueden ser fuente de conflicto. Además, sin la solución adecuada de esos rezagos México no podrá integrarse plenamente a la revolución del conocimiento.

El propósito de la reforma que aquí se sustenta es darle a la educación superior un carácter obligatorio como un esfuerzo más por cumplir el ideal del Constituyente de Querétaro. También tiene el objetivo de elevar a rango constitucional la obligación del Estado de destinar recursos suficientes a la educación superior y a la investigación científica y tecnológica, como palanca de desarrollo y bienestar social, sin desequilibrar las finanzas públicas.

Con información contenida en el Quinto Informe de Gobierno, se estima que en el ciclo escolar 2016-2017, se registró una matrícula en Educación superior 3 millones 762 mil 700 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

Normal licenciatura: 94 mil 200;

Licenciatura universitaria y tecnológica: 3 millones 429 mil 600; y

Posgrado: 238 mil 900.

En eficiencia terminal la educación superior se estima en 69.4.

Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se registra que el presupuesto asignado en educación es de 676 mil 624.4 millones de pesos, equivalente a 2.9 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2018.

A la educación superior se asignó un presupuesto por 117 mil 531.0 millones de pesos, equivalente a 0.5 por ciento respecto al PIB en 2018.

A educación de posgrado 7 mil 450.7 millones de pesos, equivalente a 0.03 por ciento respecto al PIB 2018.

El gasto en inversión pública en educación para 2018, es por un monto de 13 mil 874.2 millones de pesos, para educación superior es por un monto de 5 mil 065.0 millones de pesos, y en posgrado se destinó un gasto de inversión pública por 6.3 millones de pesos.

Para 2018 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron los siguientes montos:

UNAM 41 mil 300.4 millones de pesos; que incluye para inversión 1 mil 637.3 millones de pesos.

IPN  19 mil 188.7 millones de pesos, que incluye para inversión 12.3 millones de pesos.

UAM 7 mil 147.0 millones de pesos y en inversión 55.6 millones de pesos

Para la subfunción de Ciencia e Innovación Tecnológica se asignó un presupuesto para 2018 por un monto de 53 mil 298.3 millones de pesos, equivalente a 0.2 por ciento respecto al PIB.

No existen datos disponibles sobre la cobertura para el ciclo en curso, pero según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, el sistema educativo nacional del nivel superior absorbe menos de una tercera parte de la demanda potencial de los jóvenes de 19 a 23 años con posibilidad de estudiar1. ANUIES reconoce que este porcentaje es inferior al promedio de los países de América Latina, y se encuentra muy por debajo de los países de la OCDE, que de acuerdo con datos de la UNESCO se situaron en 38 por ciento y 66 por ciento respectivamente.2

La anterior cifra revela el enorme drama que significa para nuestra juventud la imposibilidad de acceder a estudios superiores, así como, por este medio, conseguir empleos de calidad y bien remunerados.

La insuficiente cobertura es profundamente inequitativa y deja a los jóvenes, en edad de estudiar, sin horizonte cierto o de plano a merced de la delincuencia y la violencia que priva en amplias zonas del país.

Hacer obligatoria la educación de ese nivel, como se propone en la presente iniciativa, llevará a asumir una política de educación superior, ciencia y tecnología con visión de Estado, que tienda a abatir el rezago, elimine la inequidad y la exclusión y que brinde mejores oportunidades de estudio a los jóvenes que lo demanden.

Pero hacer obligatoria la educación superior como un medio para ampliar su cobertura, no bastaría para convertirla en realidad como derecho humano. Se requiere un compromiso presupuestal del Estado y de colocar el incremento de su financiamiento en el centro de las prioridades nacionales, lo cual no implica la adquisición o aumento de la deuda pública o que se busque compartir la responsabilidad presupuestal del Estado con los capitales privados.

Se requieren recursos presupuestales suficientes para crear nuevas instituciones y ampliar la infraestructura de las existentes, contratar personal académico y mejorar la oferta educativa, lo que conlleva el incremento gradual del gasto público.

El mandato constitucional para que el Estado financie la educación pública está plasmado implícitamente en las responsabilidades que establece el artículo 3o. constitucional, así como en un conjunto de leyes secundarias.

Sin embargo, hasta la fecha el gasto público ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de educación superior e investigación científica de nuestra nación. Diversos organismos educativos, investigadores, académicos, alumnos y organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por un aumento sustantivo y creciente de la inversión estatal en educación y han propuesto alcanzar como mínimo un monto anual equivalente a 2 por ciento del PIB, para educación superior y del 1 por ciento del mismo indicador para la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Propuesta que el Grupo Parlamentario de Morena hace suya con este proyecto de decreto.

Javier Mendoza Rojas en su estudio Financiamiento Público de la Educación Superior en México, sostiene que el incremento sostenido del gasto en este reglón no se vio reflejado en los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación enviados a la Cámara de Diputados de 2000 a 2011 y que ha sido la acción de los diferentes actores involucrados en el sector lo que ha permitido modificar, aunque de manera errática, la propuesta original del Ejecutivo. Por ello concluye que “Estos comportamientos variables del presupuesto muestran nuevamente la carencia de una política de financiamiento de la Federación con una visión de mediano y largo plazos”.3

El mismo autor demuestra que en la década 2000-2010 el gasto público en educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanzó la cifra más alta en 2009, que representó el 0.89 por ciento de ese indicador para caer nuevamente en 2010 al 0.83 por ciento como proporción del PIB. Para 2018, como ya lo señalamos, el gasto en este rubro se ubica apenas en el 0.5 por ciento del PIB, lejos de aquel 0.89 por ciento.

Todo ello a pesar de que el artículo 25 de la Ley General de Educación establece desde 2002 que el Estado –federación, estados y municipios– destinará a la educación el equivalente a 8 por ciento del PIB, y que de éste el 1 por ciento del PIB se destinará a investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones públicas de educación superior.

Por esto es de suma urgencia modificar y mejorar gradualmente las condiciones presupuestales de las instituciones públicas de educación superior ya existentes, para que cumplan la premisa de ser espacios para la formación de profesionales en donde se cultiven las ciencias, las humanidades y las artes. Además, se debe considerar un equilibrio entre los recursos disponibles y la enseñanza de calidad.

Desde la óptica de Morena, el Estado debe fortalecer y ampliar el funcionamiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, a cargo del Conacyt formulando un proyecto nacional de investigación científica que incorpore la generación y la aplicación del conocimiento como un recurso que contribuya a consolidar con mayor autonomía y competitividad el crecimiento y el desarrollo sustentable del país.

Elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación superior será un gran paso adelante en la ruta que trazó el Constituyente de 1917 y generará expectativas de futuro para millones de jóvenes. Asimismo, destinar mayores recursos a este nivel educativo y a la investigación científica y tecnológica por mandato constitucional, como lo proponemos en esta iniciativa, será una determinación histórica que nos permitirá acercar la norma suprema a la realidad nacional que nos exige mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones y alcanzar los niveles de bienestar esperados por todos los mexicanos.

Por lo expuesto, y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a la consideración de esta soberanía la presente

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el artículo 3o., párrafos primero y tercero; y fracción V; y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta, la media superior y superior serán obligatorias.

...

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. El monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública superior no podrá ser menor al equivalente al dos por ciento del Producto Interno Bruto del país, ni menor del uno por ciento de este indicador el que se destine a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de educación superior públicas.

I. ...

II. ...

a)- d) ...

III. ...

IV. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

V. a IX. ...

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. ...

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La educación superior será obligatoria, para todos los estudiantes a partir del ciclo escolar 2019-2020, implantándose esta obligatoriedad de manera gradual hasta universalizar dicho servicio en todo el país, conforme a la disponibilidad presupuestal que al efecto se cuente en los distintos órdenes de gobierno.

Tercero.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 3o. de esta Constitución, los presupuestos del Estado considerarán un incremento gradual hasta alcanzar la meta de financiamiento público destinado a la educación pública y a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, que mandata la presente reforma.

Cuarto.- En un plazo no mayor a 200 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la legislación aplicable en la materia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Alicia Barrientos Pantoja.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.


1 Inclusión con responsabilidad social, ANUIES, 2102, página 19.

2 Ibíd., página 39.

3 Mendoza Rojas, Javier, Financiamiento Público de la Educación Superior en México, fuentes de información y cifras del período 2000 a 2011, México, UNAM/DEGEL, 2011, p. 29.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO VI “DE LOS LÍMITES PRESUPUESTADOS” Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 46, 47 Y 48 A LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)








Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del resolutivo décimo cuarto del acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere un incremento en el presupuesto asignado al componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SAGARPA, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, SE CONSIDERE UN INCREMENTO EN MEDIDA DE LO POSIBLE EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COMPONENTE DE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA, A EFECTO DE QUE SE IMPULSE EL APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y FORTALECER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS ZONAS RURALES., al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Se considera que existe una buena alimentación cuando se combina el consumo de diversos alimentos que hacen un balance entre consumo y desgaste calórico, que además de proveer nutrientes mantiene a los humanos con niveles aceptables de salud. De ahí que debamos reconocer que la alimentación es un factor esencial de la salud pública, ya que una dieta balanceada que ofrezca nutrición a un niño permite su sano crecimiento además de que marca positivamente su vida para acceder a oportunidades de educación, recreación, empleo.

Además, la alimentación está reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y ha sido consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Está amparada además por diversas convenciones internacionales. En México, también existe la ratificación de los tratados internacionales previamente mencionados y este derecho está consagrado en nuestra Constitución Política.

Sin embargo existen un sin fin de circunstancias que impiden la materialización de este derecho para todas las familias por igual. De acuerdo con la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Entre 2014 y 2015 la carencia por acceso a la seguridad social presentó la mayor disminución al pasar de 58.5 a 56.6 por ciento de la población; seguida por la carencia por acceso a la alimentación, al pasar de 23.4 a 21.7 por ciento. Pese a esta reducción, el acceso a la seguridad social sigue siendo la carencia social con mayor prevalencia en el país.

De ahí la importancia que han tenido los programas gubernamentales encaminados a fortalecer la disponibilidad, distribución y canalización de alimentos a la población vulnerable en todo el país, así como para promover la implementación de proyectos productivos o comunitarios relacionados con la producción agropecuaria, tendientes a generar las condiciones necesarias para que la población tenga los medios para una alimentación adecuada.

La SAGARPA a través del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas ha venido realizando acciones con los gobiernos de todas las entidades, previa suscripción de convenios de coordinación, los cuales pueden abarcar, de acuerdo a lo que decidan los gobiernos locales en el marco de los Planes Estatales de Apoyos a Pequeños Productores, dentro de este marco existe la innovación tecnológica y extensionismo rural entre otros, que permiten beneficiar a unidades económicas rurales para incrementar sus activos productivos.

Referente al extensionista,  es un promotor y gestor del desarrollo rural. Un agente que favorece la realización de procesos de desarrollo rural, deben de cumplir con ciertas características propias para su actividad a realizar dentro de la localidad que les haya sido encomendada, o que ellos mismos hayan escogido; es necesario que cuenten con conocimientos, y experiencia en la prestación de servicios profesionales relacionados con el medio rural, que realicen un debido diagnóstico del lugar para que el proyecto que habrán de impulsar, asesorar o poner en marcha para que tenga resultados viables, y sobre todo, que a los habitantes del lugar les sea de beneficio en el mejoramiento de su calidad de vida.

Datos de la SAGARPA, el extensionismo agrícola como tal, surge a fines del siglo XIX en los Estados Unidos bajo el modelo de estaciones agrícolas experimentales asociadas a Universidades o Colegios, en 1914 se estableció formalmente en los Estados Unidos la extensión agrícola y se patrocinaron ese mismo año 8,861 cursos para agricultores.

Su amplia difusión en América Latina se da entre la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, con el surgimiento de la revolución verde y la creación de Institutos Nacionales de Investigación sobre temas silvoagropecuarios.

La extensión agrícola se ha difundido en el mundo moderno porque, a la larga, ningún país puede permitirse el lujo de descuidar su población rural. En todos los países, la extensión agrícola o rural ha presentado profundas evoluciones desde en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX.

En México, a lo largo de la historia reciente, el extensionismo se ha definido de diferentes formas. Actualmente se dice que es “el servicio prestado por personal de las instituciones de educación y de investigación que facilita el acceso al conocimiento, la información y las tecnologías, a productores, grupos y organizaciones económicas rurales y a otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola”.

En este sentido, el esquema de extensionismo rural surge bajo el supuesto de “extender” prácticas de producción más eficientes a campesinos que necesitaran mejorar sus sistemas de producción y que demandaran lo que se les ofrecía: tecnología.

En el año 2002 la SAGARPA inicia con el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural conocido como PRODESCA, en este programa se establecieron cuatro actividades: la identificación y formulación de proyectos, la puesta en marcha de proyectos, la consultoría o asesoría profesional y capacitación, que podían ser de carácter técnico, comercial o administrativo y para el año 2009 se transita del extensionismo clásico al sistema de servicios profesionales privados pagados con recursos públicos.

En el año 2010, con un rediseño en sus programas relacionados con el extensionismo, la SAGARPA le solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la realización del estudio “Análisis del Extensionismo Agrícola en México”. En dicho estudio se destaca que en el campo de investigación y extensión, la ley delega su instrumentación a la SAGARPA, que coordina los distintos organismos cuya función es la investigación agrícola y la generación de tecnología, así como el sistema mexicano de innovación agrícola ha sufrido una serie de reformas en los últimos 20 años.

Estas reformas fueron impulsadas principalmente por la necesidad de una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, la reducción de la nómina del gobierno federal en el sector, y la necesidad de un sector más competitivo al preparar al país para su entrada al Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

En el caso de la extensión agrícola, las reformas resultaron en la disolución del sistema nacional de extensionismo, y se pusieron en marcha instrumentos para fomentar la creación de un mercado de prestación de servicios de extensión privada en todo el país que apoyara la ejecución de los programas de gobierno a nivel local.

Es a partir del año 2011 cuando renace con una nueva visión el extensionismo rural en México con la creación, por parte de la SAGARPA, de un nuevo programa denominado Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, hoy denominada Componente de Extensionismo e Innovación Productiva.

Este programa tiene como objetivo específico fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades y extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas.

Los servicios de extensión agraria, generalmente han establecido como objetivo el difundir nuevas tecnologías y educar al productor para mejorar su desempeño productivo.

En México los sistemas de extensionismo están siendo redefinidos, el Sistema de Extensionismo Rural Mexicano (SERMexicano), rescata en esencia los elementos útiles del extensionismo tradicional e incorpora acciones y herramientas novedosas para conformar el nuevo Extensionismo Holístico Rural, tomando como eje rector, el trabajo y liderazgo de las y los extensionistas.

La operación e implementación, traerá consigo las siguientes bondades según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO:

• Orienta adecuadamente las líneas de acción para impulsar y consolidar el Nuevo Extensionismo Rural Mexicano; a través de un espacio de encuentro, gestión del conocimiento, debate, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo de las y  los actores involucrados en el Componente de Extensionismo e Innovación Productiva, acompañando a las y los productores en la solución de sus problemáticas particulares por región, clima y tipo de producto.

• Las y los actores involucrados, incluidos las y los productores, serán usuarios generadores de flujos de información ya que están vinculados directamente con los procesos de las políticas de desarrollo rural.

• Este sistema de gestión, contribuirá a dinamizar la actividad económica de los territorios y favorecer la constitución de “Células de Seguimiento e Información” que se articulen con unidades operativas, como lo son las Instituciones de Educación Superior, Organizaciones y las y los propios extensionistas.

• Es un sistema de gestión de la información, que permitirá en el mediano plazo sistematizar y divulgar datos actualizados sobre las y los extensionistas, sus características y su presencia en los territorios.

• Este sistema está alineado con la tendencia de la Administración Pública, de colocar su mayor peso en una gestión más participativa, que reconoce la necesidad de contar con administraciones públicas eficaces, eficientes y responsables del mandato político democrático. De esta manera, SERMexicano se constituye como un nuevo modelo de extensionismo rural que reúne el esfuerzo de productores, profesionistas, y en general, de todos las y los actores involucrados en las diversas etapas y procesos del nuevo extensionismo en beneficio del Desarrollo Rural Sustentable de nuestro país. 

En este sentido, en las prácticas agrarias se requiere continuar incorporando la educación e investigación que permitan a las comunidades rurales llegar al máximo de su desarrollo, a través del extensionismo, que facilita el acceso al conocimiento, la información y las tecnologías, a productores, grupos y organizaciones económicas rurales y a otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola.

Datos de la SAGARPA refieren, que para lograrlo se requiere el trabajo del extensionista, promotor y agente de cambio que conoce y comprende la realidad de su entorno, comunica sus ideas y conocimientos a base del diálogo para incorporar y encaminar la tecnología hacia el desarrollo de las actividades agropecuarias, así como a la solución de problemas.

De igual forma, los extensionistas influyen de manera positiva en la actitud del productor ubicándolo como el centro del desarrollo de todo, fomentan su crecimiento y desarrollo personal, respetan a los miembros de su comunidad con los cuales genera empatía y se gana su confianza.

Por ello es necesario incrementar el presupuesto que es asignado para el desarrollo de esta actividad que sin duda promueve el aprendizaje colaborativo, aprovecha la experiencia y construye comunidades de aprendizaje.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los presupuestos asignados a este componente han variado considerablemente del año 2016 al 2018, como se indica en la tabla siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.

AÑO

COMPONENTE

MONTO EN MILLONES

2016

Extensionismo

600.0

2017

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

478.1

2018

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

366.7

Reconociendo que es una estrategia de intervención territorial que motiva la mejora en la productividad de la mano con los sistema producto, fomentando la integración de equipos funcionales a nivel local que fomentan la pertenencia y apropiación por los actores locales de forma permanente, es necesario incrementar el presupuesto que le es asignado.

Por ello acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Legisladores, a efecto de que apoyemos el presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, se considere un incremento en medida de lo posible en el presupuesto asignado al componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el 23 de mayo de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez

Fuentes
SAGARPA
http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/apoyos_pequenos_productores/extensionismo-desarrollo-capacidades-asociatividad-productiva/Paginas/Conceptos_de_apoyo.aspx
http://extensionismo.sagarpa.gob.mx/web2/extensionismo/antecedentes.php
https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/extensionistas-de-mexico
FAO
http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/317890/
OCDE
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/39076610.pdf
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, 2017 y 2018
http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/08/r08_epr.pdf
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PEF_2016_abro.pdf
CONEVAL
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/COMUNICADO-03-Evolucion-Carencias-Sociales-2015.pdf






De la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a informar sobre las acciones que ha tomado ante la ola de violencia del estado y la suscitada respecto al asesinato del candidato Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de la coalición Por México al Frente al municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Se turna a la Primera Comisión.

Dip. ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, mismos que conforman la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo de fecha 8 de mayo de 2018, emitido por los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, mediante el cual establece criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día, las reuniones de comisiones y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, es que se presenta ante usted el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE INFORME A LA COMISIÓN PERMANENTE, SOBRE LAS ACCIONES QUE HA TOMADO ANTE LA OLA DE VIOLENCIA DEL ESTADO Y LA SUSCITADA RESPECTO AL ASESINATO CANDIDATO JUAN CARLOS ANDRADE MAGAÑA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE (PAN-PRD-MC) AL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO; SE EXHORTA DE IGUAL MANERA A LA FISCALÍA REGIONAL PERTENECIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EFECTOS DE QUE INFORME LOS AVANCES Y DILIGENCIAS REALIZADAS DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL CASO.Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 14 de abril de 2018, fue ejecutado Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) al Municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Andrade Magaña asumió la Presidencia Municipal de Jilotlán de los Dolores en el año de 2015, y el mismo se encontraba de licencia para buscar la reelección al frente de este Municipio.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a cargo de Raúl Sánchez, indicó que el Edil con licencia fue asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera Jilotlán-Tepalcatepec, a la altura del punto conocido como Los Terreros, en los límites de la entidad con Michoacán. La Fiscalía dio a conocer de igual suerte, que el Fiscal Regional de la Fiscalía del Estado de Jalisco - Fausto Mancilla, es la persona que estaría a cargo de encabezar la investigación para esclarecer el asesinato del candidato.

Frente a la lamentable tragedia, en fecha 15 abril de 2018, la coalición “Por México al Frente” condenó el artero y cobarde asesinato del candidato, al tiempo se exigía al Gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, el garantizar el esclarecimiento del crimen y el castigo para los responsables1. Es claro, que más allá de ser un acontecimiento aislado, la ejecución del Alcalde de Jilotlán de los Dolores, se sumaba a los recientes asesinatos de Salvador Magaña Martínez, dirigente de Movimiento Ciudadano en el Municipio de La Huerta y de Saúl Galindo Plazola, Diputado Local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ambos ocurridos en diciembre de 20172, hechos que confirman la nula protección del Gobierno del Estado para todos los ciudadanos.

Como se puede advertir, la violencia en contra de los candidatos de oposición en el Estado de Jalisco se encuentra vigente, latente e interminable. De tal suerte, que apenas la madrugada del pasado domingo 13 de mayo de los corrientes, un convoy del equipo de campaña del actual candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Chapala, Moisés Alejandro Anaya Aguilar, fue atacado por un comando armado, resultando lesionados tres de sus colaboradores3. Es evidente que el objetivo era el candidato, pero a su vez el generar y sembrar miedo entre la población, el electorado y los participantes de la vida democrática del País. 

Resulta alarmante, que previo al intento de ejecución, el candidato de mérito recibió amenazas de muerte en su propio domicilio, a través de un mensaje colocado en una manta; de ahí, podemos advertir que la vida de las personas en el Estado de Jalisco está en peligro, no existe un Estado de derecho que garantice la seguridad de la ciudadanía y menos aún que garantice la vida democrática de los actores.

Datos estadísticos han arrojado, que el escenario de violencia desbordada que prevalece en el Estado de Jalisco, se refleja en los más de 5,600 ejecutados de los que se tiene registro en el presente sexenio y en el incremento de hasta doscientos por ciento en diversos delitos del fuero común en 2017 y lo que va de 2018. A datos recabados de la propia Fiscalía del Estado, señalan que en lo que va de 2018 suman alrededor de 300 carpetas de investigación por el delito de homicidio, lo que representa que en promedio se cometen 7 asesinatos por día4.

Bajo este escenario, Jalisco se ha colocado entre las entidades con los índices más altos de violencia, tan sólo por debajo de Guerrero, Baja California, Chihuahua y Sinaloa; sin embargo, el foco rojo se ha concentrado en esta entidad a raíz de tragedias como asesinato de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara, identificados como Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, quienes tras encontrarse en calidad de desaparecidos en el Municipio de Tonalá (Jalisco), se supo más tarde fueron “levantados”, torturados, ejecutados y disueltos en ácido sulfúrico por integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación5.

De igual forma, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) reportó que hasta diciembre de 2017, se habían cometido 29,339 robos, de los cuales casi el 40% fueron cometidos con violencia6. Aunado a ello, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 del INEGI, hoy 7 de cada 10 habitantes en la entidad consideran que priva un estado de inseguridad en la entidad y de acuerdo con el mismo instrumento de medición el fraude y la extorsión se han constituido como los delitos con mayor frecuencia (con 5,329 denuncias por fraude y 419 denuncias por extorsión).

Ante lo hasta ahora reseñado, es dable hacer los siguientes cuestionamientos: ¿Hasta cuando seguirá el Estado de Jalisco sin realizar acciones contundentes? ¿Acaso todos los crímenes quedarán impunes? ¿Qué garantías de seguridad existen para los ciudadanos? ¿Ha hecho algo la Fiscalía en estos casos?; Como podemos ver, el Estado de Jalisco comandado por el Aristóteles Sandoval, está plagado de impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco, para que informe, sobre las acciones que ha tomado ante la ola de violencia del Estado de Jalisco y la suscitada respecto al asesinato candidato Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) al Municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Regional perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para los efectos de que informe los avances y diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación, respecto al asesinato candidato Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) al Municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes.

1 Véase: https://www.pan.org.mx/blog/condena-mexico-al-frente-asesinato-juan-carlos-andrade-magana/

2 Ídem.

3 Véase: https://www.animalpolitico.com/2018/05/candidato-equipo-ataque-chapala-jalisco/

4 Véase: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/22/aumentan-robos-violencia-2017.html

5 Véase: https://www.forbes.com.mx/estudiantes-desaparecidos-en-jalisco-fueron-asesinados-y-disueltos-en-  acido/

6 Véase: http://udgtv.com/featured/delitos-alto-impacto-aumentaron-jalisco-2017/






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a remitir un informe sobre la mortalidad hospitalaria. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Diputados y Senadores del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. a remitir un informe sobre la administración del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al cumplimiento de su objetivo y, en su caso, las causas de su extinción. Se turna a la Tercera Comisión.

Los Diputados y Senadores Integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONOCER EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO NO. 80724 “RÍO SONORA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, en el Arroyo Tinajas, Municipio de Cananea, Sonora por parte de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México1.

El derrame fue ocasionado por una falla en el amarre de la tubería de salida de una represa, contaminando el arroyo Tinajas y el río Bacanuchi que es afluente del río Sonora, el cual descarga aguas en la presa el Molinito misma que fue cerrada precautoriamente por la autoridad ambiental, por los posibles efectos de contaminación.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el derrame fue ocasionado por la empresa, aunque en diversas ocasiones Grupo México afirmaba que el incidente fue a causa de las lluvias por arriba de la media, que se presentaron en la zona; sin embargo la autoridad indicó que es absolutamente falso, lo dicho por la empresa.

El 7 de agosto de ese mismo año, los habitantes de la zona informaron a Protección Civil del Gobierno de Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi; la empresa notificó vía telefónica al Gobierno Federal la emergencia ambiental el 8 agosto y el 12 de agosto mediante comunicación oficial.

Debido a los daños ocasionados al afluente de agua el 15 de septiembre de 2014 se establece el Fideicomiso Río Sonora y se firmó con Grupo México convenio privado de 2 mil millones de pesos, con las siguientes características2:

• Monto base comprometido de 2,000 millones de pesos

Aportación inicial de 500 millones de pesos, renovable por tres ocasiones cuando el patrimonio del fideicomiso descienda a 50 millones de pesos. Recursos adicionales por causas específicas. Fideicomiso privado.

El Gobierno Federal, cuenta con un link del fideicomiso http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/fideicomiso.html, en el cual se pueden observar las acciones y avances del fideicomiso firmado por el Gobierno Federal.

En esta página se indica que el fideicomiso sirve de:

1) De fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el Derrame, conforme al Programa de Remediación; y

2) Mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del Derrame

En este se especifica que en caso de que el monto comprometido resultare insuficiente para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso, los Fideicomitentes aportarán los recursos adicionales que fueran necesarios para cada situación específica.

Asimismo se establece dentro de las estipulaciones del contrato de fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”3, lo siguiente:

• Que Financiara Nacional, recibirá, administrará y conservará en propiedad fiduciaria el patrimonio fideicomitido, incluyendo, las aportaciones iniciales y las adicionales.

• Financiera Nacional invertirá las cantidades de dinero que, en su caso, lleguen a formar parte del patrimonio del Fideicomiso, conforme a las instrucciones que le sean remitidas por parte del Comité Técnico4.

• De conformidad con las indicaciones del Comité Técnico, Financiera Nacional realiza los pagos de:

a) Las reparaciones que resulten procedentes;

b) De los gastos y erogaciones que corresponden que correspondan a las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana causados por el derrame.

c) El pago de la restitución que, en su caso, corresponda a la SEMARNAT y otras dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.   

• Las empresas tendrán que acreditar al Comité técnico que las autoridades competentes ha emitido resoluciones en la que tengan cumplimentados los objetivos del Programa de Remediación y siempre  cuando no exista ninguna reclamación de reparación o solicitud de restitución de pagos o erogaciones pendientes de resolución; entre otras.   

Para dar seguimiento al Fideicomiso, la página electrónica, cuenta con un apartado de documentos y presentaciones en la cual se advierte un link con el nombre de avance del diagnóstico del Río Sonora del 23 de junio de 2016, sin embargo al momento de abrir el documento, este no está disponible y la página sólo indica que en próximos días se contará con una versión detallada del Diagnóstico Ambiental, esto se repite en el documento denominado Evaluación de la calidad del agua en el Río Sonora julio – septiembre 2015.

Asimismo, en el apartado de apoyos e información financiera, en donde se localizan la supuesta información financiera de los recursos utilizados para atender las afectaciones ocasionadas por el derrame, se indica en el rubro de actividades productivas que la cuarta fase está pendiente de pago, siendo esta información del 26 de junio del 2015. En este mismo sentido en el rubro de estudios y proyectos se indica que el monto autorizado no es el mismo monto que el importe pagado, y la fecha de última actualización también es de junio del 2015.

Es de llamar la atención, que de acuerdo con la información de la página del fideicomiso, se gastó  21 millones de pesos en daños a la salud y acciones de atención y seguimiento médico y casi 24 millones en estrategia de comunicación social, lo cual nos  alerta de la mala disposición de los recursos del fideicomiso.

Recordemos que el objeto del fideicomiso era contar con medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana causados por el Derrame, por lo que se pone en duda porque se destinó más de 20 millones en estrategias de comunicación social.

La transparencia es una de las mejores formas de dar a conocer las actividades gubernamentales, para evitar cualquier tipo de confusión o poner en duda la entrega y distribución de recursos, por lo cual, contar con una página desactualizada respecto al fideicomiso del Río Sonora pone en duda la correcta aplicación de los recursos y genera incertidumbre en la aclaración de la ejecución de los montos, así como la forma en que se ejerció el fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”.

Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D, es la encargada de administrar los recursos destinados para resarcir los daños, misma que debe de realizar las aclaraciones de la ejecución de los mismos, conforme al cumplimiento del objeto de dicho contrato.

En virtud de la carencia de información se requiere conocer las medidas de remediación de los daños ambientales, salud y cuáles fueron las formas de pago de en las afectaciones materiales de las personas por consecuencia del derrame.

Cabe recordar que parte de los derechos fundamentales es la protección del medio ambiente y la salud, la transcendencia radica en las medidas que el Estado ejerce la defensa hacia el ser humano, así como las acciones de prevención para la convivencia plena del individuo y la naturaleza.

Asimismo, es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental la que obliga a toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que proceda.

Como legisladores tenemos el compromiso de estar al pendiente de las operaciones que pueden afectar al medio ambiente, la biodiversidad debe ser cuidada, debido a que es el entorno donde nos encontramos. Hoy debemos ser vigilantes de aquellas empresas que han afectado los entornos ambientales, y quien contamine tiene que pagar y resarcir los daños que se han causado, pero sin duda se debe de privilegiar la reparación del ambiente por ser una repercusión colectiva.

Sabemos que existen daños que pueden durar mucho tiempo para su reparación, pero debemos ser conscientes que de nosotros depende el presente y futuro de las nuevas generaciones, conservar el aire, agua y suelo de calidad, es primordial para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes.

Por ello, el presente punto de acuerdo cobra gran urgencia y relevancia, en virtud de que como una comunidad ambiental requerimos exigir desde las posturas políticas que sean analizadas y supervisadas las empresa que contaminan y quienes transgredan nuestro hábitat, se encarguen de hacer las gestiones necesarias para devolvernos nuestro ecosistema.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. remita a esta Soberanía un informe sobre la administración del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al cumplimiento de su objeto y, en su caso, las causas de su extinción.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación o auditoria de los recursos entregados y ejercidos a través del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 23 de mayo de 2018.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríquez.- Dip. Lorena Corona Valdés.

1 http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPpresentacion_conferencia_derrame.pdf, página consultada el 18 de mayo de 2018

2 http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/04082015_2.pdf página consultada el 18 de mayo de 2018

3 http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/docs/DPContrato%20Fideicomiso.pdf

4 El comité técnico se encuentra constituido por 5 miembros: 1 designado por la SEMARNAT quien funge como Presidente; 1 designado por las empresas; 1 experto ambiental designado por SEMARNAT; 1 miembro independiente experto en materia ambiental designado por las empresas; 1 miembro independiente. designado entre las empresas y SEMARNAT.






De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas que ha detectado en su implantación y las medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficaz. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, Diputados ALICIA BARRIENTOS PANTOJA, JUAN ROMERO TENORIO Y VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, integrantes del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El fuerte reclamo de la sociedad mexicana, el papel de los medios de comunicación y los escándalos de corrupción que han estallado durante el actual sexenio, obligaron a crear un entramado institucional orientado a combatir la corrupción imperante. De esta manera nació el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. La reforma constitucional respectiva fue publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Esta reforma constitucional, la expedición de nuevas leyes y las modificaciones realizadas a otras ya subsistentes, le dieron vida a un modelo de combate a la corrupción que se encuentra en su primera etapa, no exenta de problemas y dificultades que los propios actores han puesto de manifiesto. Uno de ellos, crucial para la urgencia del país, es que sus resultados no se verán antes de que pasen años.

De acuerdo con la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA se integra por los miembros del Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción.

Durante la aprobación de la legislación secundaria se impuso la iniciativa de ciudadanizar el funcionamiento del SNA como garantía de una adecuada comunicación entre la sociedad y las instancias de gobierno encargadas de combatir la corrupción. El Comité Coordinador es la cabeza rectora del Sistema, pero está presidido por quien representa al Comité de Participación Ciudadana (CPC).

A poco más de un año de la instalación del Comité de Participación Ciudadana del SNA,
El Sistema está incompleto porque el Senado no ha nombrado al Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, ni a los magistrados de la sección especializada y de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); como se sabe, éstos últimos tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves.

Por su parte la Cámara de Diputados no pudo cumplir con su tarea. Aún está pendiente el nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control del Institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

Ante estos hechos el Comité de Participación Ciudadana realizó el siguiente pronunciamiento:

“ …

Ante la grave falta de ciertas designaciones en diversos cargos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, y dada la posibilidad de que los nombramientos se realicen de manera sorpresiva en los próximos días sin atender a la transparencia y publicidad necesarias, y muy probablemente sin que tampoco sean elegidos los perfiles adecuados, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción reitera que, si bien comparte el reclamo colectivo consistente en la urgencia de que se lleven a cabo dichos nombramientos, también está convencido de que para lograr la eficacia en el combate a la corrupción, sin caer en simulaciones, las instituciones y los nombramientos deben apegarse estrictamente a los estándares requeridos, por lo cual demandamos que en el proceso se cumplan cabalmente los siguientes criterios:

1. Magistrados anticorrupción: Para la ratificación de los 18 magistrados propuestos ya por el Presidente de la República, la Cámara de Senadores deberá cumplir con los principios de transparencia, parlamento abierto y máxima publicidad, para asegurar que los mejores perfiles sean los designados. Esta es una exigencia establecida en la ley. Para quienes no cuenten con los conocimientos jurídicos, el perfil, la honorabilidad ni la experiencia para ocupar el cargo, la petición es que sus nombramientos se rechacen a efecto de que el Ejecutivo Federal designe a otros candidatos en su lugar, y que a los nuevos nombramientos acompañe la justificación que dispone el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

2. Auditor Superior de la Federación. La Cámara de Diputados deberá garantizar que …

3. Fiscal General de la República. En este caso es necesario:

• Concluir la reforma constitucional del artículo Decimosexto Transitorio a fin de eliminar el ‘pase automático’ como Fiscal General de la República, de quien ocupe el puesto de Procurador General de la República (#fiscalcarnal). Aún falta que esta modificación se apruebe en la mayoría de los Congresos locales de las entidades federativas.

• Que el Senado detenga la discusión de la minuta del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, aprobada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2014 y presentada ante la Cámara de Senadores al día siguiente, así como de cualquier iniciativa de Ley presentada con el objetivo de expedir la normatividad secundaria necesaria para la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República, hasta en tanto no se cuente con las reformas constitucionales pertinentes. (#fiscalíaquesirva)

Lo anterior con el fin de generar una nueva propuesta de Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), que parta de un debate nacional en el que se involucren expertos, sociedad civil, partidos políticos y empresarios, y que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:

• Diseño, facultades y alcances de la FGR.

• Perfil del titular de la FGR.

• Servicio profesional de carrera de la FGR.

• Autonomía de los servicios periciales.

• Transparencia y acceso a la información. • Que el Senado se abstenga de aprobar la declaratoria formal de instalación de la Fiscalía General.

4. Fiscalía anticorrupción. Posponer su nombramiento en tanto no se concluya el procedimiento de estudio y reflexión, en un foro nacional, sobre el diseño, funciones y características de la Fiscalía General de la República”1.

Para el Grupo Parlamentario de Morena, el Comité de Participación Ciudadana es la instancia del SNA que puede generar mayor credibilidad en esta nueva institución por su vínculo con la sociedad y su naturaleza independiente. Para ello tiene que acreditar con hechos y determinaciones que cumplirá con las importantes atribuciones que la Ley le confiere.

El Grupo Parlamentario de Morena tiene el propósito de contribuir, desde el Congreso, a que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla con lo que ofreció y entregue resultados tangibles a la sociedad. Sin embargo, cabe traer a cuenta que ante los diversos escándalos de corrupción, el trabajo del Comité de Participación Ciudadano se ha visto limitado, toda vez que diversas instituciones no han coadyuvado en el actuar de este CPC. Instituciones como la PGR han dejado de manifiesto que en tanto no termine de configurase el SNA, seguirán usándose de manera facciosa para proteger intereses.

De las diversas acciones que ha implementado el CPC, es importante resaltar la solicitud que hizo a la PGR sobre un caso de corrupción a nivel mundial. Nos referimos a la empresa Brasileña Odebrecht.

Como trascendió en los medios de comunicación:

“El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó emitir una exhortación pública a la Procuraduría General de la República (PGR), para que informe sobre el estado de la investigación del caso Odebrecht.

La exhortación fue propuesta por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA y solicita al encargado de despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán, que informe de manera detallada cuál es el estado de la investigación; en qué etapa se encuentra, si sigue abierta, y en cuánto tiempo se calcula terminarla.

Al proponer el llamado, la presidenta del CPC, Jaqueline Peschard, recordó que al renunciar a la PGR, Raúl Cervantes Andrade aseguró que la Procuraduría había concluido las investigaciones sobre un complejo esquema de corrupción regional.

La propuesta del CPC fue aprobada con seis votos a favor y ninguno en contra, aunque la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Javier Pérez Saavedra, emitieron votos concurrentes, es decir, observaciones.

Arely Gómez hizo varias precisiones a la propuesta del CPC, entre ellas que el “exhorto público” debe ser una medida de última instancia y que los delitos por hechos de corrupción en relación con los cuales se puede emitir un exhorto para solicitar información se encuentran como no vigentes, mientras no se designe al o la fiscal anticorrupción.

La propuesta del exhorto tampoco delimita con claridad la investigación sobre la que pide información, consideró Gómez, pues sólo menciona “el caso Odebrecht” sin especificar más. Es viable solicitar información sobre el estado procesal de la investigación, dijo la titular de la SFP, pero no lo es pedir un tiempo aproximado para su conclusión; dicha solicitud excede las atribuciones del SNA y podría considerarse de imposible respuesta, añadió.

Gómez sugirió que las sesiones del CPC, presidido hasta este lunes por Jacqueline Peschard, sean públicas y que se documenten las argumentaciones que llevan al órgano a hacer solicitudes de exhortos. También pidió que se transparenten las votaciones del CPC pues, dijo, no existe certeza de que la propuesta de pedir un exhorto al Comité Coordinador se haya realizado con las formalidades requeridas.

Juan Javier Pérez Saavedra emitió un voto concurrente pues consideró que, a la par de emitir el exhorto, el SNA debe proponer una acción en el sentido del combate a la corrupción. Por ello propuso que se emita también una recomendación para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalezca sus medidas para controlar el delito de cohecho. También señaló que se deben establecer exigencias sobre el perfil del titular de la UIF”2.

La PGR niega información al Sistema Nacional Anticorrupción sobre el caso Odebrecht; que “investiga”, dice:

El pasado 2 de febrero, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente y el tiempo de finalización del caso Odebrecht. Sin embargo, la dependencia al mando de Alberto Elías Beltrán informó que no puede compartir dichos datos ya que la carpeta cuenta con el “carácter reservado”.

Odebrecht está acusada en 12 países de América y África, entre ellos México, de montar una red de corrupción, en complicidad con funcionarios estatales, para beneficiarse con contratos. A la fecha, sólo en México y Venezuela no se han presentado ni detenciones ni se han levantado acusaciones en contra de algún funcionario público.

La Procuraduría General de la República (PGR) evadió compartir el expediente del caso Odebrecht al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por el carácter reservado de la investigación, así como precisar el tiempo de conclusión del proceso.

La negativa, informó el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, se debió a que la investigación “sigue su curso” y ha sido catalogada como de “carácter reservado”, por lo que sólo la víctima y el acusado tienen acceso al expediente.

El anuncio se dio durante la segunda sesión del SNA, en la que se detalló que el pasado 2 de febrero se envió un exhorto al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que informara sobre el estado procesal de la investigación, el tiempo estimado de su conclusión y compartiera información de la misma.

Salgado añadió que el pasado 14 de febrero, la PGR dio su repuesta. En ella detalla que la investigación sigue en curso y por tanto no se puede determinar el tiempo de conclusión ni dar a conocer partes del mismo.

La solicitud había sido presentada por la anterior presidenta del Comité Coordinador del SNA, Jacqueline Peschard.

Odebrecht está acusada en 12 países de América y África, entre ellos México, de montar una red de corrupción, en complicidad con funcionarios estatales, para beneficiarse con contratos. A la fecha, sólo en México y Venezuela no se han presentado ni detenciones ni se han levantado acusaciones en contra de algún funcionario público.

En el caso mexicano, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ha sido el único nombre que ha salido a la luz, aunque en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios inmiscuidos con la constructora.

A lo largo de 2017, Lozoya Austin fue sólo en una ocasión a la PGR, pero a pesar del número de medios que se dieron cita para registrar su llegada al edificio de Reforma, al ex director de Pemex no se le vio entrar, ni tampoco se le vio partir.

Ese mismo día ofreció una conferencia de prensa, en la que negó las acusaciones de sobornos y anunció demandas por daño moral.

El pasado 24 de enero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instó a la PGR a “dar a conocer el número de personas que, hasta el 28 de agosto de 2017, han sido llamadas a declarar por el caso Odebrecht”, anunció en un comunicado el pasado 24 de enero.

La información deberá estar desglosada por el número de servidores públicos o ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y, en su caso, si han declarado directivos de Odebrecht, así como dar a conocer el número de fojas que conforman la referida carpeta de investigación”3.

Si el Sistema Nacional Anticorrupción no puede conocer, ni actuar sobre un hecho de corrupción de gran magnitud, estamos frente a una grave situación que pone en duda su viabilidad. Ante ello, el Poder Legislativo debe conocer de voz de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana los problemas que enfrenta y contribuir a resolverlos.

Creemos, por tanto, que la Comisión Permanente debe conocer los problemas en la implementación y consolidación del SNA y con base en ello, urgir a que los diferentes órganos e instituciones cumplan con la misión que las leyes les ha encomendado para prevenir, detectar, investigar, perseguir y castigar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción como lo exige la sociedad. Para conocer el estado que guarda el Sistema Nacional Anticorrupción y las dificultades que ha encontrado, será de gran utilidad conocer la opinión del Comité de Participación Ciudadana como actor relevante en el diseño institucional que nos hemos dado.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, solicito poner a consideración del Pleno la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas que ha detectado en su implantación y las medidas que a su juicio se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficaz.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 23 de mayo de 2018.

Dip. Alicia Barrientos Pantoja.- Dip. Juan Romero Tenorio.- Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.

1 Comité de Participación Ciudadana, “Comunicado sobre los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción”, 12 de marzo de 2018.
http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/Comunicado-N.pdf

2 Aristegui noticias, “¿En qué va la investigación de Odebrecht? Sistema Anticorrupción pedirá informe a PGR”, Redacción AN, enero 15, 2018.
https://aristeguinoticias.com/1501/mexico/en-que-va-la-investigacion-de-odebrecht-sistema-anticorrupcion-pedira-informe-a-pgr/

3 Sin Embargo, La PGR niega información al Sistema Nacional Anticorrupción sobre el caso Odebrecht; que “investiga”, Por Redacción, 17 de abril de 2018.
http://www.sinembargo.mx/17-04-2018/3408833






Del Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Presidente y al pleno del INAI a, de manera oficiosa, instruyan la verificación y el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de los Fideicomisos Federales que reciben ejercen recursos públicos. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Josefina González Luna, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública estatales, así como al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, a salvaguardar a nivel federal, estatal y municipal la seguridad de los ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el proceso electoral del año 2018. Se turna a la Primera Comisión.

Quien suscribe, JOSEFINA GONZÁLEZ LUNA, Diputada Federal e integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, numeral 1 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el último cuatrimestre de 2017 a la fecha, los mexicanos hemos sido testigos del incremento desmedido de ataques y asesinatos perpetrados contra políticos y ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el proceso electoral del 2018, ya sea a nivel municipal, estatal y de carácter federal.

Según datos del “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018”, de septiembre de 2017 a los primeros días de abril del año en curso, se han consumado alrededor de 173 agresiones directas a políticos y, al menos, 78 asesinatos en los estados de Guerrero (18 casos), Oaxaca (13), Puebla (9), Veracruz (8) y el Estado de México (6); cifras a las que se le deben sumar los últimos dos asesinatos consumados a mediados de abril en los estados de Michoacán y Jalisco.

Si bien es cierto que estas cifras son preocupantes, resulta más alarmante saber que en un periodo de cinco años, correspondiente de diciembre de 2012 a septiembre de 2017, se cometieron 74 asesinatos a presidentes municipales, exalcaldes o ediles electos, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), ante lo cual, no se concibe que en poco más de seis meses, se tenga una cifra similar a la alcanzada en 5 años.

No es menor el tiempo que transcurre entre un crimen y otro, cuando volvemos a leer en los encabezados de las notas periodísticas que un “ataque a candidato de Panal en Zumpango deja 3 heridos”1, o que “atentan contra candidato a Diputado Federal del PRI en Guerrero”2, entre otras más por el estilo; como se observa, esta situación refleja un clima de inseguridad que perjudica la vida e integridad de los aspirantes y actores políticos de todas las fuerzas políticas, así como la vigencia del Estado de Derecho y la vida democrática del país.

Ante este panorama, Nueva Alianza no puede ser omisa ante una realidad que sobrepasa los límites de la intimidación y el hostigamiento; es por ello que, invocando la actuación responsable de las autoridades correspondientes, hacemos este respetuoso exhorto a fin de que los actores políticos que participan en este proceso electoral del 2018, ciudadanos mexicanos de gran valía, les sea proporcionada mayor protección, a fin de preservar su seguridad y el derecho a la vida a todos ellos.

No omitimos señalar que la comisión de estos delitos ya ha llamado la atención de la comunidad internacional, como lo expresado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien planteó que los asesinatos de candidatos que participan en las elecciones de México son condenables, resaltando el uso de la no violencia y su llamado a que los ciudadanos sean los que elijan a los candidatos.

En el mismo sentido, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ha señalado que se tienen que mandar señales muy claras de que se debe poner un hasta aquí y el mejor mensaje que se puede mandar es que las autoridades se hagan responsables.

Como se observa, muchas voces se unen en una sola voz que clama “protección”, en aras de que se realice un proceso electoral tranquilo y en paz, resaltando que se puede combatir la violencia política con medios de investigación efectiva en los procesos, dejando de lado la impunidad.

En fechas recientes, tres candidatos, dos a la Presidencia y uno al gobierno del estado de Morelos han solicitado mayor protección y seguridad al Instituto Nacional Electoral, con el propósito de defender su integridad física ante la creciente ola de violencia desatada en contra de políticos, misma que ha costado la vida a varios de ellos.

Una de las tareas de la clase política y de las instituciones democráticas del país consiste en actuar con honestidad, firmeza, inteligencia, responsabilidad y, desde luego, apego a la ley, a fin de llevar adelante una política de Estado que destierre el cáncer de la delincuencia organizada y la violencia política.

Los mexicanos estamos convencidos que debemos mantener el orden institucional y la paz social, en contraposición a las manifestaciones partidistas, e incluso delincuenciales, que llaman a la violencia y a la confrontación, sabedores que el camino para el desarrollo de México no se da por medio de la violencia política.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Gobernación y de Seguridad Pública Estatales para que, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, coordinen a nivel federal, estatal y municipal la procuración de cuerpos de seguridad mejor preparados a los candidatos que compiten por algún cargo de elección popular durante el desarrollo del proceso electoral 2018.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República para que, en los procedimientos provenientes por la comisión de algún delito en materia de violencia política, se rija por los principios de celeridad y certeza jurídica, pugnando en todo momento por la plena protección y garantía de los derechos humanos.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente,
el 23 de mayo de 2018.

Dip. Josefina González Luna.

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/ataque-a-candidato-de-panal-en-zumpango-deja-3-heridos/1233454

2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/atentan-contra-candidato-a-diputado-federal-del-pri-en-guerrero/1233566






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de San Luis Potosí a garantizar el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo, bienestar y salud de la población potosina. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los cincuenta y ocho municipios del estado de Zacatecas a trabajar de forma coordinada con las autoridades estatales en la ejecución de estrategias y acciones que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo un informe sobre el proceso de análisis y evaluación de la cooperación México-Estados Unidos de América, en materia de seguridad. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar a la Cámara de Diputados solicitud de desafuero en contra del Diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al cumplimiento de una sentencia de amparo, a fin de que responda ante la justicia, como cualquier ciudadano, conforme a lo mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, por el cual fue consignado ante un Juzgado de Distrito en materia penal. Se turna a la Primera Comisión.

JUAN ROMERO TENORIO, en mi calidad de Diputado Federal de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El día siete de noviembre de dos mil diecisiete, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió Sentencia en el incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, ordenando la destitución de Israel Moreno Rivera, titular (hasta ese momento) de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, resolución definitiva e inatacable que en sus puntos fundamentales señala: 

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere.

SEGUNDO. En el caso de que aún lo ejerza, queda inmediatamente separado de su cargo Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia emitida en el amparo indirecto 2200/2014, del índice del Juzgado Cuarto en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

TERCERO. Consígnense a Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, al igual que a José Manuel Ballesteros López, quien fungía anteriormente como titular de la citada Delegación, ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

CUARTO. Para los efectos mencionados en la parte final del punto cuatro de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados.

Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución hágase la consignación establecida, dese vista al Procurador General de la República para los efectos de su representación e intervención en el proceso penal respectivo y resérvese el archivo de este expediente de inejecución de sentencia hasta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.”1

Los ministros del máximo Tribunal del país, por unanimidad, ordenaron, la consignación de, José Manuel Ballesteros López, diputado local de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, por el delito de desacato a un laudo en favor de trabajadores dictado por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual fue emitido durante el periodo administrativo a cargo de Ballesteros, quien no lo atendió, y lo heredó a Israel Moreno, quien de igual forma incumplió dicho resolutivo.

Israel Moreno y su antecesor, el actual diputado local José Manuel Ballesteros, fueron consignados a fin de que sean juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo.

El ministro Fernando Franco, en su exposición, señaló que Israel Moreno debió acatar lo resuelto en el laudo de 23 de enero de 2013, es decir, expedir a los quejosos los nombramientos con la categoría de verificadores o inspectores; pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les habían venido pagando y las que les correspondían por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador, desde el 26 de noviembre de 2003, hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el laudo. También tenía que pagarles las diferencias de aguinaldo de los años 2003, 2004, y las que se generaran durante el juicio y, finalmente, debía proporcionar los elementos necesarios para el desempeño del encargo, como credenciales y demás documentos oficiales.

Al resolver el Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delegado y ex delegado, de manera reiterada, incumplieron la sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de 2014 por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.

Dicho Juez había ordenado el cumplimiento del laudo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero de 2013, que ordenó expedir a cuatro personas los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

SEGUNDO. Cabe señalar que antes de tomar la determinación para destituir y consignar a los exdelegados la Suprema Corte había requerido durante tres años a las autoridades de la delegación Venustiano Carranza  el cumplimiento de la sentencia de Amparo, quienes ignoraron 98 requerimientos emitidos por un juzgado federal2

Los registros del Consejo de la Judicatura Federal indican que el primer requerimiento para acatar la sentencia, fue expedido el 16 de octubre de 2014 al entonces Jefe Delegacional y actual diputado ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Manuel Ballesteros López, a quien fueron enviadas las siguientes 18 órdenes.

Los otros 80 requerimientos restantes, emitidos por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, fueron dirigidos al Delegado Israel Moreno Rivera, quien nunca cumplió por completo el amparo, que a su vez ordenaba ejecutar un laudo laboral dictado en enero de 2013 por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Es decir, por años existió una conducta contumaz para no acatar una sentencia de amparo.

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace referencia expresa a esta situación e indica:

“… la referida autoridad responsable ha sido omisa en cumplir de manera total con el fallo protector e incluso justificar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito o el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, las causas del incumplimiento; pues no existe evidencia de que haya acatado los dos efectos restantes del fallo, esto es, expedir a los quejosos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, así como proporcionarles los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, tales como credenciales y órdenes de verificación.

Corrobora lo anterior, la circunstancia de que la Juez de Distrito del conocimiento continúa con el procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, habida cuenta que el trece de septiembre de dos mil diecisiete dictó un acuerdo en el que requirió de nueva cuenta el cumplimiento de aquél, en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; sin que se advierta respuesta alguna por parte del referido titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

También debe tomarse en consideración que el diecinueve de octubre del año que transcurre el Juez de Distrito, en atención a que la autoridad responsable no exhibió constancia alguna tendiente al cumplimiento del fallo, la requirió por última vez para que en el plazo de tres días acreditara el citado acatamiento; sin que de nueva cuenta se advierta respuesta de la autoridad, lo cual revela sin lugar a dudas la persistente contumacia con la que se ha conducido esta última.

En ese sentido, cabe señalar que es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito correspondiente, tal como deriva de lo previsto en el párrafo primero de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su texto vigente establece las providencias consistentes en la separación del cargo y la consignación al Juez de Distrito son aplicables por mandato constitucional a la autoridad responsable que incumpla con un fallo protector, debiendo estimarse que ello acontece cuando es notificado del fallo protector, requerido reiteradamente para realizar su cumplimiento y, a pesar de ello, no utiliza los medios a su alcance para lograrlo.

Por tanto, si el titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue requerido en diversas ocasiones para que diera cumplimiento total al fallo protector, sin que hasta el momento haya informado sobre el acatamiento integral de éste, pues sólo existe evidencia de que puso a disposición de los quejosos las cantidades a cuyo pago se le condenó, pero hasta el momento no ha acreditado haber expedido a favor de aquéllos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, ni proporcionado los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, esto es, las credenciales y órdenes de verificación; tal actuar es constitutivo de la sanción que establece la fracción XVI, del citado artículo 107, constitucional.
…”3
Finalmente, el Juzgado Décimo de Distrito en materia de procesos penales federales será el órgano jurisdiccional que se encargue del juicio por desacato a una sentencia de amparo en contra de los ex delegados de Venustiano Carranza, los perredistas Israel Moreno Rivera y José Manuel Ballesteros López4.

TERCERO. La decisión del máximo Tribunal del país se emitió en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Mexicana, que establece que “si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”, por la desobediencia cometida, según lo prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo.

La finalidad del sistema de ejecución de sentencias dispuesto en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se estableció un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo.

Es por eso, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad acata la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a la continuación del procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia aun después de habérsele impuesto la sanción pecuniaria, sí implicará la continuación de aquél, pudiendo concluir con la separación del cargo y consignación.

El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo como en el requerimiento respectivo, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107 fracción XVI establece:

“Artículo 107

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.

Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;”

Por otra parte, la Ley de Amparo en su artículo 267 a la letra establece:

Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;

II. Repita el acto reclamado;

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.”

CUARTO. Con fecha 15 de noviembre de 2017, el Licenciado Armando del Rio Leal, delegado de la PGR en la Ciudad de México remitió oficio número DDF/009318/20175 DIRIGIDO AL Lic. Alberto Elías Beltrán, Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, en el que en su parte sustancial menciona:

Subprocuraduría de Control Regional
Procedimientos Penales y Amparo
Delegación en el Distrito Federal
Oficina del C. Delegado.
DDF/009318/2017
Ciudad de México a 15 de noviembre de 2017.

Distinguido:
LIC. ALBERTO ELlAS BELTRÁN
TITULAR DE LA SUBPROCURADURIA   
JURIDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES
EN SUPLENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLlCA
PRESENTE.

Por medio  del presente  me permito  hacer  referencia  al auto de fecha  9 de noviembre  de 2017, suscrito  por el Ministro  Presidente  de la Suprema  Corte de Justicia  de la Nación, Luis María  Aguilar  Morales,   dentro   del   Incidente   de   Inejecución de Sentencia 296/2016, promovido por los Quejosos Felipe del Calleja  Garcidueñas y otros, mismo  que a la letra dice:

" ... Asimismo,   dese  vista  con  la  resolución   dictada  en  el presente asunto al Procurador  General de la Republica, por conducto  del Agente del Ministerio  Público adscrito, para los efectos  de su representación  e intervención  en el proceso penal respectivo.”

Por lo anterior y por considerar que se trata de un asunto de su competencia  en términos de lo establecido  en los artículos  21 y 102 apartado  "A" de la Constitución   Política  de los Estados  Unidos Mexicanos;  4, fracción  1,  inciso (B), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General  de la República;  y 102 Y 103 de su Reglamento,  remito  a Usted original  del oficio SSGA-XV-39126/2017 y copias  certificadas   de  la resolución dictada en el  Incidente  de Inejecución  de Sentencia  296/2016,  que constan de 30 páginas útiles.

Así mismo  hago de su superior  conocimiento  que el 10  de noviembre   de 2017, a las 09:33 horas, se recibió  en la oficina  de correspondencia común de los Juzgados de  Distrito de Procesos  Penales  Federales  en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio  Oriente,  el oficio   SSGA-XV-39125/2017 signado por el licenciado Carlos Raymundo Hernández, Secretario  General  de Acuerdos de la Presidencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el que se transcribe el auto de 09 de noviembre de 2017, que en su parte conducente   ordena remitir copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 296/2016  e incidente  de inejecución  de sentencia  3/2016,  al Juez de Distrito  de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, en vía de consignación directa de ISRAEL  MORENO  RIVERA, Ex Delegado de Venustiano Carranza en la Ciudad de México y JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ Ex Delegado de la misma demarcación.

Se dio cuenta a la Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales  en la Ciudad de México, con el oficio SSGA-XV-39125/2017 signado por el Secretario  General  de Acuerdos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación, recibido en la oficina de correspondencia del Juzgado a las 10:40 horas, con sus anexos, en vía de consignación directa de ISRAEL MORENO  RIVERA,  Ex Delegado de Venustiano  Carranza  en la Ciudad de México y JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  Ex  Delegado de la  misma demarcación, a fin de que sean juzgados y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

En consecuencia, se radicó  la causa  penal 42/2017 -IV, se dio aviso al Tribunal  de Alzada en turno  y la intervención  que le compete  al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a ese Juzgado.

En razón de que se solicita  se libre orden  de aprehensión,   se ordenó  dar nueva  cuenta dentro  del  término a que alude el  numeral  142  del  Código  Federal de Procedimientos Penales, para resolver lo que en derecho  corresponda,  lo que se hizo del conocimiento  de la Suprema  Corte  de Justicia  de  la Nación,  término  que fenecerá  el 27 de  noviembre  de 2017,   acuerdo  que  se  acompaña   al  presente   oficio  en  copia   simple,   por  lo  que   la representación   social  adscrita   le  ha  dado  seguimiento   desde  la  radicación y estará al pendiente  de la resolución  que se emita en el término  señalado.

Lo anterior  para todos  los efectos  legales  a que haya lugar.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LIC. ARMANDO DEL RIO LEAL
DELEGADO EN EL DISTRITO FEDERAL”

No obstante lo anterior, debe señalarseque el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México declinó la competencia   sobre este asunto, por lo que en su lugar la causa penal fue enviada al Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio Norte.

Con fecha 10 de enero de 2018, mediante oficio CPJF/Despacho/266/2018, causa penal 292/2017, el mencionado Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, hizo de conocimiento al Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México lo siguiente:

“Gustavo A. Madero, Ciudad de México a 10 de enero de 2018.
Causa penal 292/2017

Oficio CJPF/Despacho/266/2018
Juzgado Décimo de Distrito de Procesos
Penales Federales en la Ciudad de México
Por medio del presente se hace de su conocimiento que en el expediente citado al rubro, se determinó lo siguiente:
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, diez de enero de dos mil dieciocho.
Téngase por recibido oficio 125, signado por la Jueza Décimo de Distrito de Proceso Penales Federales en la Ciudad de México.
En atención a su contenido  infórmese al oficiante lo siguiente:

1. Acuse de recibido oficio 891 del índice de la oficiante.

2. Veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete el Ministerio Público solicitó se citara a los dos justiciables.

Acepté la competencia de mi declinada.

3. Cinco de diciembre de dos mil diecisiete, llevé a cabo la audiencia inicial.

- Respecto de José Manuel Ballesteros López, por tener protección constitucional, suspendí el proceso.

- Por cuanto hace a Israel Moreno Rivera, a solicitud de la defensa, prorrogué el plazo constitucional para resolver su situación jurídica.

- Impuse al nombrado como medida cautelar presentación periódica, el primer lunes de cada mes.

4. Nueve de diciembre de dos mil diecisiete, dicte auto de vinculación a proceso al señalado por existir la probabilidad que cometió el delito previsto y sancionado en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo.

Cúmplase.
Atentamente
Gerardo Moreno García
Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia
Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el
Reclusorio Norte.”

QUINTO. Existe un juicio penal en contra del Diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Ballesteros López tal y como se desprende del oficio CPJF/Despacho/266/2018, en la causa penal 292/2017, suscrito por Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, toda vez que el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictó auto de vinculación a proceso a Israel Moreno Rivera, pero no así a José Manuel Ballesteros López, quien por tener protección constitucional cuenta con su proceso penal suspendido.

Es evidente que el Diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Ballesteros López, utiliza su posición como legislador para evadir la justicia, ya que escudándose en el fuero constitucional no ha pedido licencia para separarse del encargo a fin de afrontar su proceso penal como cualquier ciudadano.

Esta acción del legislador local José Manuel Ballesteros, primero de no acatar un mandato judicial y ahora de no presentarse ante la justicia federal se traduce en impunidad, lo que daña profundamente la credibilidad de las instituciones y es percibido por la población como un acto de corrupción.

Este hecho agravia profunda y directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyas sentencias no son cumplidas, además de que perjudica la imagen del poder legislativo, acentuando la desaprobación y rechazo hacia la política y los políticos en percepción ciudadana, en particular sobre los legisladores. Baste decir que los indicadores de opinión pública señalan que el Congreso se encuentra entre las instituciones de menor aprobación y confianza ciudadana.6

Actualmente, el fuero se percibe como un privilegio que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares e impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente.

Por si fuera poco, el Diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Ballesteros López, sin pedir licencia ahora es candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa en el distrito 31, ubicado en Netzahualcóyotl, Estado de México7. Esto con la evidente intención de acceder a un escaño y seguir contando con fuero a fin de evadir la acción de la justicia. 

SEXTO. Con fecha 19 de abril de 2018 la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 370 votos a favor y 0 en contra 0 abstenciones, dictamen que elimina el fuero Constitucional para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.

El dictamen que reforma los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Carta Magna, además establece que el Presidente de la República también podrá ser sujeto de juicio político y que la acusación respectiva que haga la Cámara de Diputados ante la de Senadores, requerirá de la mayoría calificada.

Con estas reformas, se señala que de igual manera, se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, concejales. En todos casos se observarán los principios de derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si ha o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.

De igual manera, plantea que las Constituciones estatales no deberán establecer prerrogativas o tratos procesales especiales a los servidores públicos de las entidades y municipios, cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos.

En el caso de que un Juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado.

También se estipula que si la sentencia fuera condenatoria y se trate de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto.

Se establece que “la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años”.

Destaca la necesidad de erradicar la posibilidad de que un servidor público se valga del fuero, como figura institucional, para emplearlo como un escudo ante prácticas de corrupción o de conductas delictivas.

En este orden de ideas, debe señalarse que ya son 11 estados de la República Mexicana los que han aprobado reformas para retirar la inmunidad procesal a funcionarios: Baja California, Campeche, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz8.

Incluso en la Ciudad de México, donde desempeña su cargo como diputado local José Manuel Ballesteros López, se ha eliminado el fuero en su constitución local; sin embargo, esta disposición entrará en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018.

SÉPTIMO. Dado que proceso penal instaurado en contra el Diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Ballesteros López, por el delito de desacato a una sentencia de amparose encuentra en suspendido, según lo dictado por el Juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, dado el fuero constitucional del legislador, es el momento procesal idóneo para solicitar la declaración de procedencia por parte del Ministerio Público toda vez que ya se ha procedido a consignar al servidor inculpado ante el juez de distrito correspondiente.

La declaración de procedencia se inicia cuando el Ministerio Público solicita a la Cámara de Diputados que se retire la inmunidad procesal al presunto responsable de un delito.

La declaración de procedencia. como acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados, tiene por objeto remover la inmunidad procesal o fuero de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial, a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición del Ministerio Público a fin de que  la Cámara, como órgano acusador, emita la declaración de procedencia y se elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad.

La Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos establece que cuando se presente denuncia o querella del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados.

Por su parte, la Jurisprudencia señala:

“DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.9 El procedimiento de declaración de procedencia (conocido también como "desafuero"), en el caso de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal ("fuero") que la propia Constitución Federal les atribuye para que, una vez desarrollado y, de ser el caso, queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita el desafuero, más que nada valora si el servidor público debe enfrentar en ese momento el proceso penal o no, pues se trata de una ponderación política a cargo de un órgano político, que aunque es precedida por un antecedente penal, se erige como un acto de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en última instancia, se reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues si se remueve el fuero constitucional, en ese momento el servidor público queda a disposición de las autoridades correspondientes; de lo contrario, al término de su encargo -en tanto que el fuero subsiste solamente durante su desempeño- quedará sujeto a la disposición de las autoridades competentes, pero en todo caso será responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si existe actuación ilícita punible.

Recurso de reclamación 208/2004-PL, derivado de la controversia constitucional 70/2004. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 7 de septiembre de 2004. Mayoría de siete votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintidós de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVIII/2004, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro.”

En razón de las consideraciones, argumentos y preceptos legales arriba invocados es que se propone ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta a la Procuraduría General de la República para que en uso de su facultades, de inmediato envíe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitud de desafuero en contra del diputado Local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al cumplimiento de una sentencia de amparo, a fin de que responda ante la justicia, como cualquier ciudadano, conforme a lo mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, por el cual fue consignado ante un Juzgado de Distrito en materia Penal.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Juan Romero Tenorio.

1 INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 296/2016 DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 2200/2014.  http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2016/15/2_207619_3589.doc

2 Ignoraron en V. Carranza  98 requerimientos.   Reforma, 8 de noviembre de 2017.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1252535&v=3&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1252535&v=3

3 INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 296/2016 DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 2200/2014. Páginas  47-49.

4 A juzgado federal, caso de ex delegado de la Venustiano Carranza. La Jornada 10 noviembre 2017. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/10/a-juzgado-federal-caso-de-ex-delegados-de-la-venustiano-9817.html

5 file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/archivo%255b2%255d.pdf

6 La percepción de las y los mexicanos en el Congreso de la Unión. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la Republica noviembre de 2017. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3769/Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2037.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7 INE. RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA REGISTRADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 página 14.
http://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/04/DESCARGAR-AQU%C3%8D-LISTA-DE-DIPUTADOS.pdf

8 https://expansion.mx/nacional/2016/10/07/la-eliminacion-del-fuero-avanza-poco-a-poco-en-los-estados

9 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/179/179940.pdf






Del Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar en la Capitanía de Puerto de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir Libretas de Mar y un Registro Público Marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500 profesionales, prestadores de servicios turísticos, acuáticos y subacuáticos de uno de los destinos más importantes del país. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, diputado MOISÉS GUERRA MOTA, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Playa del Carmen y los sitios turísticos aledaños recibieron en 2017 a más de 4 millones de visitantes, nacionales y extranjeros, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, lo que posicionó a este destino turístico como el de mayor crecimiento en el país, con un prestigio a nivel internacional.

En la temporada de fin de año pasado creció en más un millón de turistas la llegada de visitantes a Playa del Carmen en comparación con 2016, informó la directora de Turismo del Municipio de Solidaridad, Rocío Ocampo Colmenares, quien también detalló a los medios de comunicación que la estadía de los turistas paso de 3 a 4 noches lo que mejoró la derrama económica.

Este incremento de visitantes demanda un enorme esfuerzo del todo el sector turístico, tanto de hoteleros y restauranteros, como de los prestadores de servicios, cuyo sostenimiento familiar depende de la buena atención que brinden a los turistas.

De acuerdo con el Sindicato de Buzos de El Caribe, con registro sindical número 386, en el ámbito de la navegación marítima, acuática y subacuática hay un padrón de 2,000 embarcaciones, un aproximado de 2,500 capitanes y 3,000 marineros sólo en Playa del Carmen, Puerto Aventura y Tulum.

Los más de 7 mil 500 profesionales de los servicios turísticos trabajan incansablemente para satisfacer la demanda de los millones de visitantes que arriban a la zona, siempre con la intención de dar la mejor atención con el fin de que los turistas regresen o promocionen el destino.

Representantes del Sindicato de Buzos de El Caribe afirman que el objetivo de conquistar el gusto de los turistas, sobre todo los extranjeros, se ha logrado con base en mucha dedicación, preparación y profesionalización.

Sin embargo, los prestadores de servicios marítimos, acuáticos y subacuáticos enfrente el grave problema de la expedición o renovación de sus libretas de mar, ya que para obtenerla deben trasladarse hasta la ciudad de Cancún, única localidad donde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte instaló un módulo para la entrega de tan importante documento.

Trasladarse a Cancún, cumplir con los requisitos y concluir el trámite le lleva a los prestadores de servicios al menos un día completo, y les representa gastos en traslados y alimentos; además, de que dejan de laborar y se pierden los ingresos de esa jornada.

Asimismo, organizaciones civiles y gremios independientes solicitan que también se instale en la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen un módulo de Registro Público Marítimo, mediante el cual se podrán efectuar de forma más rápida y eficaz las altas de los nuevos propietarios.

Contar en Playa del Carmen con un módulo integral, como lo marca el artículo 9 fracciones I y VII de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, permitirá que las autoridades cuenten con un censo actualizado de propietarios, capitanes y marineros, lo que generaría la nueva renovación de libretas o permisos, así como altas en el Registro Público Marítimo Nacional.

Contar con estos censos actualizados ocasionará también que la prestación de servicios se otorgue de forma regularizada y actualizada, lo que evitaría anomalías e irregularidades que podrían derivar en accidentes, abusos e incluso delitos.

 De tal forma, resulta indispensable que la autoridad federal competente, en este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explore la posibilidad de ayudar a las miles de familias que dependen de la prestación de servicios turísticos en Playa del Carmen, Tulum y Puerto Aventura a lograr los documentos oficiales de forma más rápida y a menores costos, y a regularizar la expedición de documentos, tenencia y registro de nuevas embarcaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar en la Capitanía de Puerto de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir Libretas de Mar y un Registro Público Marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500 profesionales, prestadores de servicios turísticos, acuáticos y subacuáticos de uno de los destinos más importantes del país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Moíses Guerra Mota.






De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones necesarias para prevenir y combatir la violencia escolar en las instituciones públicas y privadas del estado de San Luis Potosí y demás entidades del país. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Instituto Nacional Electoral por la realización del primer debate presidencial y exhorta al Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el segundo debate entre candidatos a la presidencia de la república, a celebrase el 20 de mayo de 2018, sea transmitido a través de la totalidad de frecuencias de radio y televisión a cargo de entidades y dependencias del gobierno federal y estatales y en las estaciones privadas, a través de por lo menos una de las frecuencias de cada concesionaria, como dispone la ley, por considerarse un evento de contenido informativo indispensable para el desarrollo democrático del país. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, JORGE LÓPEZ MARTÍN, Diputado Federal de la LXIII Legislatura integrante, del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 59 y  60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Vivir en democracia conlleva a que el Estado cumpla con su obligación de allegar a la sociedad de todos los elementos que tenga a su alcance para que ésta se forje sus propias opiniones respecto de temas de trascendencia nacional.

La legitimidad de la jornada electoral próxima a celebrarse en nuestro país, requiere la participación de todos los ciudadanos debidamente informados, y en ello, los debates entre los candidatos a la presidencia de la República que son organizados por el Instituto Nacional Electoral adquieren especial importancia, pues mediante ellos se muestra la confrontación de ideas y propuestas directamente entre los candidatos.

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad hacer extensiva una felicitación al Instituto Nacional Electoral por haber hecho los esfuerzos necesarios, para lograr que se llevará acabo el primer debate entre candidatos a la presidencia de México, en la Ciudad de México el pasado 22 de abril de 2018, logrando una audiencia de aproximadamente 11. 4 millones de personas mayores de 18 años. El debate tuvo como resultado ser más dinámico, flexible y con moderación activa.

Es importante recalcar que este Instituto busca que los debates puedan convertirse en mecanismos para garantizar la equidad de la contienda, debido a la atención ciudadana y mediática que reciben estos ejercicios. Lo que permite que los candidatos puedan darse a conocer y tener mayor cobertura en medios de comunicación.

Al tener esa audiencia nos habla de una sociedad que desea ser informada, por lo cual es necesario que se siga promoviendo la participación ciudadanía en las elecciones, de esta forma es primordial que se siga convocando al segundo debate presidencial que tendrá lugar en Tijuana Baja california, el próximo 20 de mayo. 

Además, que con este debate se debe lograr que los votantes tengan mayor información de las campañas para emitir un voto informado y razonado. Las redes sociales han jugado un papel muy importante, donde las transmisiones de los eventos en las plataformas de internet como son Facebook, Twitter y YouTube, tuvieron 6.6 millones de visualizaciones en total.

Es importante que, la ciudadanía cuente con toda la información posible en cuanto a propuestas de cada uno de los contendientes a la presidencia de la república y ellos puedan tomar una decisión, con plena certeza, también es importante que los contendientes se encuentren en igualdad de circunstancias para poder dar a conocer sus propuestas. Por lo cual se deben agotar todos los medios para lograr aún despertar más, el interés entre la ciudanía para ver completo el próximo debate presidencial.

De vital importancia es sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para que las concesionarias de radio y televisión difundan y transmitan el siguiente debate presidencial, ya que no todos cuentan con redes sociales y los medios por los que se informan son los tradicionales. La celebración de la jornada electoral es un tema de la mayor importancia y transcendencia para el futuro político, económico y social de nuestro país, lo cual es motivo suficiente para que todos los concesionarios de uso comercial, público y social que presten servicios de radio y televisión en el país deban encadenar sus estaciones para la transmisión de los debates presidenciales, conforme lo previsto en el artículo 255 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de organizar dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República, los cuales deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público, así como en por lo menos en una de las señales de los concesionarios de uso comercial. Sin embargo, y a efecto de garantizar el derecho a la información de las y los mexicanos consideramos oportuno que los debates sean transmitidos en todas las frecuencias y canales de radio y televisión, tanto en canales que se encuentren a cargo del gobierno federal y local, como en las de uso comercial, estas últimas, conforme a lo previsto en dicha Ley.

Destacamos y reconocemos la labor que días pasados realizó el Instituto Nacional Electoral de convenir con las principales cadenas nacionales de televisión, la transmisión de los tres debates organizados entre los candidatos presidenciales en sus canales de mayor audiencia, garantizando como lo han reconocido, una cobertura idónea y uniforme entre la población.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al Instituto Nacional Electoral por la realización del primer debate presidencial, y convoca a la ciudadanía a visualizar el segundo debate a efecto de tener la mayor información posible de las campañas electorales y puedan emitir un voto con la mayor información posible.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal  a que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la instancia correspondiente, realice las acciones necesarias a efecto de que el segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República, a celebrase el 20 de mayo de 2018, sea transmitido a través de la totalidad de frecuencias de radio y televisión a cargo de entidades y dependencias del Gobierno Federal y Estatales y en las estaciones privadas, a través de por lo menos una de las frecuencias de cada concesionaria, como dispone la ley, por considerarse un evento de contenido informativo indispensable para el desarrollo democrático del país.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Jorge López Martín.






Del Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estado que guarda tanto el avance como la oportuna ministración de recursos del Ramo 23 aprobados en el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para el cumplimiento de obras públicas en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. JOSÉ ANTONIO GÓNZALEZ ANAYA, PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA TANTO EL AVANCE COMO LA OPORTUNA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 23 APROBADOS EN EL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018, PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO. con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El 10 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados en ejercicio de su atribución  establecida en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2018, en cuyo anexo 21.2 denominado Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, correspondientes al Municipio de Bacalar, Quintana Roo, se inscriben los siguientes:  

ANEXO 21.2 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (pesos)


PROYECTO

MONTO

Construcción de Calles en Municipio de Bacalar, Quintana Roo.

10,000,000

Construcción de Cancha de Usos Multiples y Domo Deportivo en la Localidad Tierra Negra, Bacalar, Quintana Roo

2,300,000

Construcción de Cancha de Usos Multiples y Domo Deportivo Localidad Margarita Maza de Juarez, Bacalar, Quintana Roo

2,300,000

Construcción de Canchas de Usos Multiples y Domo Deportivo Localidad de Lazaro Cárdenas del Rio Tercero

2,300,000

Entronque Carretero Estatal Bacalar/Reforma (Km 0+0009 Ichkabal (21+823) primera etapa en el Estado de Quintana Roo   

94,100,000

II. El artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 establece lo siguiente:

Artículo 11. Los recursos a que se refieren el Anexo 21.2 Proyectos de Desarrollo Regional se destinarán para inversión en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, quienes serán responsables de la integración y veracidad de la información contenida en los expedientes técnicos correspondientes, la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades federales en materia de fiscalización. La información referida deberá estar disponible en la página de Internet del ejecutor de gasto, o a través de medios accesibles a los ciudadanos, según sea el caso.

Del costo total de cada proyecto de infraestructura, se podrá destinar hasta el 30 por ciento de los recursos para su equipamiento.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que realicen proyectos de infraestructura con cargo a los recursos de este fondo, se sujetarán a las disposiciones específicas que para tal efecto emita la Secretaría, a más tardar el 31 de enero.

En el caso de los proyectos de infraestructura cuyos montos sean iguales o menores a 10 millones de pesos, las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán presentar la cédula del proyecto que incluya, cuando menos lo siguiente: los datos, la descripción y la geolocalización de la obra; recursos solicitados y retenciones; calendario de ejecución, componentes y metas, así como su factibilidad.

La Secretaría podrá ministrar los recursos cuando se cuente con la información referida en el párrafo anterior, respecto de cada proyecto de infraestructura.

Para los proyectos mayores a 10 millones de pesos y menores o iguales a 50 millones de pesos, se requerirá la presentación del expediente técnico correspondiente, conforme a las disposiciones a que se refiere el presente artículo.

Los proyectos cuyo costo total sea mayor a 50 millones de pesos deberán contar con el análisis costo-beneficio simplificado o análisis costo-eficiencia simplificado, según corresponda, en términos de las disposiciones que para tal efecto se emitan.

Los proyectos con cargo al fondo referido en este artículo deberán sujetarse a los costos paramétricos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables ante los órganos fiscalizadores de justificar las variaciones que, en su caso, excedan de dichos costos.

Del monto total asignado a este fondo, la Secretaría podrá destinar hasta el 1 por ciento para la administración del mismo, y transferirá a la Auditoría una cantidad equivalente al 1 al millar del monto aprobado en este fondo, para su fiscalización.

 III. El 24 de enero de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del Fondo Regional en cuyos numerales 3 y 4 se establece los siguiente:

3. Los recursos del Fondo Regional, se aplicarán a través del fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo Regional, constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5. El Comité Técnico del fideicomiso aprobará los programas y proyectos de inversión propuestos por las entidades federativas, que cumplan lo previsto en los presentes Lineamientos, el contrato del Fideicomiso, las Reglas de Operación y demás normativa aplicable.

Toda vez que la realización de los proyectos regionales aprobados por la Camara de Diputados se sujetan a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y toda vez que estos cinco proyectos regionales implican una inversión de más de 110 millones pesos para beneficio de la población del municipio de Bacalar, además de potenciar el desarrollo deportivo y de activación física de la población con la construcción de tres espacios deportivos y mejorar la movilidad de calles y carreteras de la misma población, así como para potenciar la vocación turística del Bacalar como Pueblo Magico establecido por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Encontramos oportuno la nececiad de solictar se informe sobre la autorización, ministración y el avance de los proyectos reginales ya referidos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Antonio Gonzalez Anaya, para que informe sobre el estado que guarda tanto el avance como la oportuna ministración de recursos del Ramo 23 aprobados en el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para el cumplimiento de obras públicas en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 23 de mayo de 2018.

Dip. Moises Guerra Mota.






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emprender acciones y sanciones en contra de los bancos que por medio de cajeros engañan y obligan a contratar créditos y préstamos. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 85, 174 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los bancos en México están en expansión, cada vez hay más sucursales, se utiliza la banca electrónica para transferencias y compras, así como existe una red de 47 mil cajeros automáticos en todo el país que en su mayoría son utilizados para retiro de dinero, checar saldos o realizar pagos, ello de acuerdo a la Asociación Mexicana de Bancos (AMB).

A la par de esta expansión y modernización, las quejas por movimientos operativos en la banca, como cargos domiciliados por servicios, entrega incompleta de efectivo en cajeros automáticos, cargos por intereses, comisiones, impuestos y aplicación de depósitos, pagos y transferencias originaron ante la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de la Banca (Condusef) 2.2 millones de reclamaciones por un monto de 9 mil 014 millones de pesos en 2017.

Por institución financiera, la que registró el mayor número de quejas fue Bancomer con 637 mil 822 y con una afectación a 453 mil 162 personas; CitiBanamex con 635 mil 282 reclamos y 413 mil 470 usuarios afectadas; Santander con 276 mil 368 reclamaciones y 227 mil 156 cuentahabientes, agrega la Condusef.

Se añade que ese tipo de reclamaciones aumentaron 11% respecto al 2016, los usuarios reclamaron 9 mil 14 millones de pesos y el monto promedio reclamado por asunto fue de 4 mil 187 pesos.

Del monto reclamado se abonó el 42%, mientras que 71 de cada 100 reclamos fueron resueltos a favor del usuario.

Ante ello, la Condusef verificar los movimientos operativos que hace el banco en los productos contratados, revisar las comisiones, hacer valer las promociones que oferta el banco, verificar las comisiones de apertura y disposición del crédito.

De enero a septiembre de 2017 se registraron 4.8 millones de reclamaciones por un posible fraude con tarjeta de crédito y débito; es decir, 28% más que en 2016, cuya cifra fue de 3.7 millones.

Los medios donde se originó el posible fraude con tarjeta de crédito y débito son: Comercio Electrónico (49%), Terminal Punto de Venta (34%), Comercio por Teléfono (11%) y Cajero Automático (3%).

Por posible fraude en ATM o cajeros automáticos, hubo un total de 577 millones de pesos reclamados por 88 mil personas afectadas. Por su parte, los Bancos con más quejas por posibles fraudes en ATM son, principalmente: BBVA Bancomer (85 mil 558), CitiBanamex (33 mil 119), Santander (13 mil 355) y HSBC (9 mil 318).

En este contexto, uno las irregularidades más constantes en la operación de la red de cajeros automáticos en todo el país, es la promoción de préstamos, compra de seguros, donativos para diversas instituciones.

Todos los usuarios de esos 47 mil cajeros automáticos en el país, además del temor de ser asaltados, de cajeros con dispositivos fraudulentos, sin vigilancia, sin cámaras de seguridad, tienen que estar pendientes de las pantallas y mensajes que prácticamente obligan y llevan a los cuentahabientes a la contratación de préstamos, seguros de vida o donativos.

Caso especial son los cajeros del Banco Santander, los cuales además de su mal estado, tienen un esquema de pantallas que prácticamente es imposible disponer de efectivo sin cometer un error y pedir un préstamo no solicitado a tasas de casi el 40 por ciento.

Después de teclear el NIP, los usuarios se ven bombardeados por promociones de préstamos. Oculto, en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece la opción de regresar al menú general para consultar saldo, movimientos o disponer de efectivo.

Cientos de usuarios en redes sociales y en escritos enviados de forma personal a mi oficina en el Senado de la República han denunciado este tipo de irregularidad y la forma burocrática en que actúa Santander para cancelar dichos préstamos o créditos no solicitados.

La mayor parte de estos usuarios defraudados u obligados de manera tramposa a contratar estos caros créditos, aluden que el mal estado de los cajeros automáticos de Santander son una de las causas que provocan estas irregularidades, ya que al teclear la opción cancelar o que no se desea acceder a préstamos, el sistema en automático o por fallas, lleva a la contratación del empréstito.

Los préstamos “otorgados” van de los 37 mil pesos hasta los 500 mil pesos. El crédito viene acompañado con la “obligación” de contratar un seguro de vida, que por supuesto el cuentahabiente tampoco quiere, ni autorizó, pero por el cual tendrá que pagar.

Lo grave es que en muchos casos, los usuarios no se dan cuenta que les “autorizaron” el préstamo personales o de nómina y al disponer de su quincena o de sus propios recursos, los bancos, en este caso Santander, da por sentado que se autorizó y dispuso del crédito.

El viacrucis apenas inicia, ya que si bien es muy sencillo que te “aprueben” un crédito que no se solicitó vía cajero automático, es burocrático, lento y engorroso el tratar de cancelarlo. La llamada “Superlínea” remite a los cuentahabientes a ir a una sucursal. En las sucursales aluden que debe ser cancelado vía telefónica. Al final, por fin se accede en las sucursales a empezar el trámite de cancelación mediante la entrega de una carta del cliente donde solicita dicha cancelación. El trámite, el mejor de los casos, puede durar varias semanas.

Si el usuario por error dispone de un peso, aunque sea de su propia quincena o saldo de su tarjeta de débito, el banco da por sentado que se está utilizando el crédito y por ende es prácticamente imposible cancelarlo.

Otro de los bancos que incurre frecuentemente en este tipo de “promociones” o prácticas en detrimento de sus cuentahabientes es Bancomer. Hay usuarios a los que les fue “concedido” un crédito y por meses no se dieron cuenta de ello. Al final se les exigió pagar hasta 100 mil pesos por el préstamo, intereses y seguro.

Al respecto, si bien la Condusef recomienda acudir primero a la institución bancaria a exponer el problema e iniciar el trámite de cancelación, no hay campañas o sanciones que inhiban este tipo de prácticas tramposas por parte de los bancos en los cajeros.

Se señala que en caso de no recibir una respuesta razonable acudir a la Condusef para presentar la queja, llevando el estado de cuenta, copia de la tarjeta ya sea de nómina, debito, ahorro o cheques para tener los elementos para poder hacer los reclamos ante la institución bancaria.

Desde el 2015 la Condusef advirtió que algunas instituciones bancarias han optado por ofrecer créditos a sus clientes al momento de realizar alguna operación en cajeros automáticos, por ello, recomendó a los usuarios ser cautelosos con este tipo de ofertas.

Actualmente, instituciones bancarias como HSBC, BBVA Bancomer, Santander, Banamex, Inbursa, Banorte, Afirme y Banco del Bajío ofrecen a sus clientes a través de los cajeros automáticos créditos de nómina, créditos personales o créditos al consumo.

Ante esta situación que pone en riesgo la economía y en algunos casos el patrimonio de miles de usuarios de la banca que utiliza los cajeros automáticos, presentó ante el Honorable Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de la Banca (Condusef) informar a esta Soberanía sobre los casos y acciones emprendidas para solucionar la publicidad y programas en los cajeros automáticos que prácticamente obligan o engañan a los clientes a contratar créditos, préstamos, seguros o donativos.

SEGUNDO: Se exhorta a la Condusef a establecer sanciones a los bancos como Santander, Bancomer y otros que realizan este tipo de prácticas a través de los cajeros automáticos, así como una campaña de modernización de los mismos, en donde los menús sean más amigables y que no engañen, defrauden o obliguen a los cuentahabientes a contratar servicios o préstamos no solicitados.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar todos los fideicomisos en los cuales el gobierno federal es fideicomitente. Se turna a la Tercera Comisión.

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde la lógica jurídica, un fidecomiso es un fondo de dinero público o privado, en el que un sujeto denominado fideicomitente, envía recursos a una institución bancaria denominada agente fiduciario, que es el encargado de la administración de los recursos para su propio beneficio, o el de un tercero al que se le llama fideicomisario.

A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, un fideicomiso se puede crear para un fin específico, que en caso del gobierno, puede ser para administrar los recursos petroleros en el Fondo Mexicano del Petróleo, para garantizar un nivel de recursos públicos ante cualquier eventualidad en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, o también para construir una carretera, transferir subsidios, pagar a proveedores o administrar algún subsidio.

Los fideicomisos son instrumentos que permiten mucha flexibilidad puesto que en la Administración Pública en ocasiones no existen los instrumentos legales para la administración de los recursos.

Sin embargo, estas figuras jurídicas carecen de popularidad debido a la falta de transparencia que existe al interior de los mismos.

En la Administración Pública Federal se cuentan más de 300 fideicomisos en donde no todos están perfectamente estructurados, lo que quiere decir que no todos cuentan con un comité técnico responsable que rinda cuentas del dinero de todos los mexicanos.

Lo anterior resulta en un enorme “boquete” por el cual se puede “fugar” el dinero público, puesto que al existir una gran cantidad de operaciones al interior de los fideicomisos, éstos pueden servir para múltiples cosas (adicionales al mandato principal), como puede ser el pago o adquisición de deuda, o para enmascarar los recursos públicos que fueron subejercicios.

Al respecto de lo anterior, cabe mencionar que el día 9 de mayo del presente año, el periódico Reforma1 publicó una nota relacionada con la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que se encuentran en los denominados fideicomisos.

En la citada nota periodística, las asociaciones civiles FUNDAR y México Evalúa, estiman que los recursos públicos manejan con discrecionalidad y falta de transparencia alrededor de 837,500 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 16% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

Desde la sociedad civil y el Congreso de la Unión, ya se ha dado cuenta de la falta de transparencia y rendición de cuentas con la que opera el gobierno federal. Apenas esta semana, los medios de comunicación exhibieron que en la gestión de Aurelio Nuño como Secretario de Educación Pública gastó más de 2700% de lo aprobado por la Cámara de Diputados tan solo en el concepto de publicidad.

Las mismas asociaciones civiles se han encargado de revelar a todos los mexicanos que la actual administración es especialista en gastar el dinero público por encima de lo aprobado por el Congreso, por lo que es menester de esta Soberanía, el llamar a cuentas al Poder Ejecutivo sobre el manejo del dinero de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta esta proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito a transparentar la totalidad de los fidecomisos en donde el Gobierno Federal actúa como fideicomitente, mediante el envío a esta Soberanía de un informe pormenorizado de los mismos, que contenga al menos lo siguiente:

1. Información desde el inicio de la actual administración a la fecha, de los fideicomisos creados y liquidados.

2. Fideicomisos estructurados y no estructurados, así como sus respectivos estados financieros.

3. Fideicomisos que fueron creados a partir de subejercicios del gasto público.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que amplíe la muestra auditada de los fideicomisos que se integran con recursos públicos, y vigile el cumplimiento del presupuesto aprobado para transferencias de recursos a los mismos, con la finalidad de evitar los sobre ejercicios que se documentan en la Cuenta Pública.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1390188&md5=2542afb2be298b906f39538dda9bd630&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe.





De legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación sobre el egreso, manejo o aplicación de recursos públicos realizada por el entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación social. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sexenio que ahora se extingue ha tenido como constantes el autoritarismo, la corrupción, la impunidad, la frivolidad, el culto a la personalidad de los miembros de la camarilla gobernante, el dispendio y el abuso del poder.

No pasa semana en la que no se descubra una nueva canallada cometida en contra de la hacienda pública, de los derechos humanos o, en general, en contra del interés público.

A 45 días de la elección, sale a luz pública un caso más del saqueo a las arcas públicas en beneficio de la elite priísta en el poder: Durante 2017, el entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, gastó 1,963 millones de pesos en el rubro de comunicación social, cuando el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue de 72 millones de pesos. Es decir, el sobreejercicio excedió en 2,700% a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Gastar recursos públicos en un monto 27 veces mayor a lo aprobado en la sobrexposición mediática del Secretario Aurelio Nuño constituye desde luego un delito y deben determinarse las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.

Pero los delitos y las faltas administrativas no son los únicos hechos graves cometidos en este escandaloso dispendio presupuestal. Deben señalarse sus motivaciones y sus graves consecuencias para el sistema educativo mexicano.

Por lo que hace a las motivaciones, fue un hecho público y notorio que Aurelio Nuño aspiraba y añoraba alcanzar la candidatura presidencial por su partido político, el PRI, la cual sería justamente definida durante el año 2017, el año del despilfarro de recursos públicos para promocionar su imagen personal bajo el pretexto de difundir el modelo educativo.

La conducta de Aurelio Nuño, actual Coordinador de Campaña de del candidato priísta José Antonio Meade, encaja perfectamente en una de las definiciones más claras y simples de corrupción –de Transparencia Internacional-: El aprovechamiento de los recursos públicos para el beneficio privado.

El financiamiento de las aspiraciones políticas de Aurelio Nuño a costa del bolsillo de los mexicanos dañó no solo la hacienda pública: Provocó un grave daño a los servicios educativos que el Estado debe prestar y para el que se debieron haber utilizado esos recursos:

Como bien dice el analista José Merino, con esos 1,963 millones de pesos se hubiera pagado el salario de 1,428 maestros de primaria durante 10 años –a razón de un salario de 9,500.00 pesos mensuales-, con lo que se hubieran beneficiado a 300,000 niños.

También hubiera servido para para dar durante un año becas a un millón de estudiantes de educación básica en el país.

Las necesidades en las escuelas públicas del país son inconmensurables: planteles sin baños, sin pisos, sin techos, miles de niños que tomas clase sentados en una piedra o que inician sus clases con el estómago vacío. Todas esas necesidades pudieron haber sido aliviadas con esos 1,963 millones de pesos. Pero no. Sirvieron para financiar las fallidas aspiraciones políticas del ahora coordinador de campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño Mayer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el dispendio de recursos públicos realizado por Aurelio Nuño Mayer cuando fue Secretario de Educación Pública y que durante 2017 ascendió a 1,963 millones de pesos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, realice una investigación sobre el egreso, manejo o aplicación de recursos públicos realizada por el entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación social.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Suscriben.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría de los recursos empleados en 2017 en el concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a instruir a sus respectivas delegaciones estatales, a fin de brindar una mayor atención a los migrantes que provienen de Centroamérica y que transitan por el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Diputado Federal SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ, integrante de la LXIII Legislatura, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En fechas recientes se publicó en medios de información nacional, la localización de migrantes centroamericanos en un transporte de carga que no contaba con la adecuada condición para ser trasladados al norte del país, de acuerdo con información publicada por el diario El País, “La crisis humanitaria que se vive al sur de México se ha trasladado a la frontera con Estados Unidos. En el último mes casi 600 migrantes centroamericanos han sido localizados en Tamaulipas en condiciones de hacinamiento y desnutrición. En  algunas  ocasiones  fueron hallados  en el interior  de camiones de carga y en otros retenidos  en casas de seguridad  en la ciudad de Matamoros.”1

“De todos ellos, apenas unos pocos son mexicanos y el resto son centroamericanos”2.

Esta noticia nos debe llevar a hacer conciencia de las condiciones de los migrantes indocumentados que de manera constante e irregular cruzan nuestro país buscando mejores condiciones de vida en los Estados Unidos de Norteamérica, nación que   paradójicamente ha sido y es hostil a la migración, no obstante, de los múltiples beneficios que los migrantes aportan a la economía y la cultura de esta potencia mundial.

Esta situación también la enfrentan muchos de nuestros connacionales al tratar de ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos de Norteamérica; el trato muchas veces inhumano que reciben de la patrulla fronteriza, vulnera su dignidad de personas o ciudadanos de otros países, así como los derechos humanos de todos ellos. Por lo que resulta de la mayor importancia evitar reproducir en nuestro país los esquemas y condiciones de maltrato que tienen las autoridades estadounidenses hacia el migrante.

México debe ser un referente de respeto a la dignidad y los derechos humanos de quienes se encuentran de paso, independientemente de cuál sea su condición migratoria.

La reciente situación en la que se localizaron migrantes hacinados y en deplorables condiciones de salud, debe llevar al Gobierno de la República, a replantear la atención que se está dando al tema de migración, desde la frontera sur en donde se origina el problema de la contratación de personas que los trasladan a los límites con el país vecino, hasta el mejoramiento de acciones para la debida atención de los   migrantes en coordinación con cada una de las entidades federativas que tienen colindancia con el país del norte; así como aquellas que son tránsito de migrantes.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que instruya a sus respectivas delegaciones estatales para brindar una mayor atención a los migrantes que provienen de Centroamérica y que transitan por el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Dado en la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Salvador García González.

1 Casi 600 migrantes centroamericanos localizados en el último mes en Tamaulipas”, El País, (13/02/2018), recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/02/13/mexico/1518490847_563828.html

2 idem.






De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas a que las personas adultas mayores cuenten con asesoría especializada en los trámites administrativos que realicen. Se turna a la Segunda Comisión.








De legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de candidatos, perpetrados durante el actual proceso electoral y solicita al gobierno federal una estrategia de seguridad para prevenir atentados en contra de los candidatos a cargos de elección popular. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las razones por las que, lamentablemente, el actual proceso electoral es inaudito es por el asesinato perpetrado en contra de candidatos de varios partidos a diversos cargos elección popular. Desde septiembre a la fecha han ocurrido 93 candidatos asesinados. El último de ellos fue el compañero candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre.

La sociedad mexicana se encuentra actualmente atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada -que se dedican no sólo al narcotráfico sino también al secuestro y la extorsión, entre otros delitos-, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policiacas así como la falta de voluntad gubernamental para superar esta condición, la inconstitucional actuación de las Fuerzas Armadas en la labores de seguridad pública y la constante violación a derechos humanos por diversos cuerpos de seguridad, sean civiles o militares.

Así, no existe un conjunto de políticas articuladas en materia de seguridad determinado a partir de un diagnóstico que arroje claridad sobre la complejidad que representa la criminalidad común, la organizada y la vinculada a la corrupción gubernamental; que cuente con los soportes políticos suficientes –en el Congreso, en la sociedad civil, los partidos políticos y los gobiernos locales- que la hagan viable, sustentable y eficaz en el corto, mediano y largo plazo. En pocas palabras, a más de cinco años de haber iniciado, este gobierno fue incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad.

Por el contrario, lo que existe es un conjunto de decisiones inconexas que:

a) Muestran improvisación –cuando ocurre un brote de violencia criminal en alguna entidad federativa, la respuesta estatal consiste en trasladar a ésta a las fuerzas federales (Ejército, Marina y Policía Federal), que éstas permanezcan ahí hasta en tanto los criminales temporalmente se repliegan o explota otra crisis de inseguridad en otra entidad. Cuando se retiran, los grupos criminales retoman la misma intensidad de su actividad delictiva en la entidad-;

b) Mantienen dinámicas provenientes del gobierno anterior que ya han mostrado su ineficacia e incluso sus efectos contraproducentes, como la consistente en basar los términos del éxito en el combate a los grupos criminales en su descabezamiento mediante la captura o eliminación de sus líderes sin priorizar del mismo modo la desarticulación total del grupo criminal. A lo largo de los últimos diez años esta decisión ha provocado la fragmentación de varios grupos de la delincuencia organizada y el surgimiento de nuevos, los cuales en muchos casos abandonan o reducen su actividad en el narcotráfico y en cambio intensifican la comisión de delitos predatorios como el secuestro, la extorsión o la trata de personas.

c) Parten de diagnósticos equivocados que confunden las causas de la capacidad de fuego y del poder corruptor del crimen organizado con sus efectos. El ejemplo más claro fue la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Titular del Ejecutivo Federal en diciembre 2014, que proponía, entre otras medidas, la intervención total o parcial –previa aprobación del Senado- por la Federación de aquellos gobiernos municipales de los que se contará con indicios de haber sido infiltrados por el crimen organizado, como si determinados gobiernos municipales fueran la causa del poder corruptor del crimen organizado y que por eso había que someterlos mediante una interdicción funcional desde la Constitución, cuando el fenómeno se explica precisamente a la inversa: La debilidad municipal es causada por la capacidad de la delincuencia organizada de corromper y capturar el funcionamiento de ese nivel de gobierno. 

En este contexto, a 46 días de la elección resulta una omisión aberrante que el gobierno federal no sepa cuáles son los factores detonantes de la violencia y los asesinatos en contra de los candidatos, si hay un hilo conductor o varios de ellos. En pocas palabras, que no exista un diagnóstico para saber qué es lo que esta detonando la violencia en contra de los candidatos participantes en los procesos electorales. Si no hay diagnóstico, menos una estrategia para prevenir esos delitos y garantizar la seguridad de los candidatos. Ambos instrumentos son urgentes y el Estado mexicano debe contar con ellos para proteger la vida de las personas y la funcionalidad institucional de proceso electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena y lamenta el asesinato de 93 candidatos a cargos elección popular ocurridos durante el actual proceso electoral.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al gobierno federal la elaboración de un diagnóstico integral, objetivo e imparcial en donde se determinen las causas de la violencia y de los asesinatos de 93 candidatos a cargos elección popular ocurridos durante el actual proceso electoral.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República que realice la investigación y diligencias respectivas a fin de garantizar la persecución y castigo de todos los responsables de los asesinatos de 93 candidatos a cargos elección popular ocurridos durante el actual proceso electoral.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Suscriben.






De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres a llevar a cabo una ampliación inmediata de la matrícula en sus programas de formación a distancia dirigidos al público en general en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como del catálogo de sus cursos. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Ricardo Ernesto López Priego, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, RICARDO LÓPEZ PRIEGO, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Convenio Internacional de Trabajadores Temporales. El propósito de ese acuerdo fue que trabajadores mexicanos cubrieran el déficit de mano de obra en aquel país, causado por la participación de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. El trabajo mexicano se canalizó a la producción de alimentos agrícolas y a la construcción de vías férreas, es decir, participó activamente en dos sectores que fueron clave en el desarrollo económico de aquél país en un momento crítico. Se calcula que durante el periodo que abarcó el acuerdo, 1942-1964, alrededor de 4.6 millones de mexicanos trabajaron como braceros en Estados Unidos, amparados por el acuerdo.

Como parte importante del Convenio se estableció, en su cláusula quinta, que el gobierno de Estados Unidos haría una deducción del 10 por ciento en los salarios de esos trabajadores mexicanos con objeto de crear el Fondo de Ahorro Campesino, el cual les sería devuelto a los braceros una vez que regresaran a su país.

Sin embargo, como es lamentablemente conocido, aun cuando el gobierno estadounidense envió los recursos del Fondo, en tiempo y forma, al gobierno mexicano, éste no lo ha entregado a los ex braceros, junto con los intereses bancarios y ajustes inflacionarios correspondientes a 76 años que han transcurrido desde el inicio del Programa Bracero. El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM calculó en 2008 que el monto de la deuda del gobierno mexicano con los ex braceros ascendía a más de 5 billones de pesos, es decir, que a cada trabajador le corresponde en promedio un millón 96 mil pesos.

SEGUNDO.- Como resultado de la lucha de los trabajadores ex braceros, el 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos. Dicho fideicomiso se propuso entregar a los ex braceros en cuestión un apoyo social por 38 mil pesos por única ocasión. No obstante, sólo el 6.1 por ciento del total de ex braceros o beneficiarios existentes han recibido ese apoyo.

Cabe señalar que la ley y el fideicomiso referidos constituyen sólo un apoyo a los trabajadores ex migrantes y que, en consecuencia, su lucha por el pago del fondo de ahorro y los accesorios legales correspondientes, se mantiene. Es así que el

TERCERO.- El 29 de febrero de 2016 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a los ex braceros, en el expediente 1558/2015, el amparo y la protección de la justicia federal para los efectos de que, una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, se emita un nuevo oficio donde se resuelva el pago requerido; se devuelva la cantidad de numerario que les corresponde de dicho fondo; se cree un banco de datos, “censo”, con toda la información y nombres de los ex braceros y sus beneficiarios; se otorgue el certificado de identidad correspondiente; que las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de Estados Unidos a efecto de determinar los nombre, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes; y que los connacionales que residan en Estados Unidos y que tengan la calidad de ex braceros o beneficiarios, puedan acceder al pago.

No obstante, la Presidencia de la República, bajo la presente administración, interpuso un recurso de revisión en virtud del cual el caso fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México y, cuando éste estaba a punto de resolver, la Procuraduría General de la República, a nombre del Ejecutivo federal, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso. El 26 de octubre de 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte acordó, por unanimidad, ejercer la facultad de atracción.

Es así que, los trabajadores ex braceros y sus beneficiarios se encuentran en espera de una decisión de la Suprema Corte que definirá la resolución del problema.

CUARTO.- La retención que el gobierno mexicano ha hecho del Fondo de Ahorro de los Trabajadores Braceros es claramente ilegal y nuestra Constitución así lo sostiene al señalar en su artículo primero que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”. De igual manera, la Constitución dispone que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos… En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Asimismo, en sus artículos 5 y 14 nuestra Constitución establece que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos ni del producto de su trabajo, sino mediante juicio.

Consciente de la ilegalidad y de la grave injusticia impuesta a estos trabajadores, el 17 de enero de 2018 la diputada Modesta Fuentes Alonso, miembro del grupo parlamentario de Morena, sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964. Sin embargo, el punto de acuerdo fue rechazado.

El logro de los trabajadores ex braceros de mayo de 2005 y los resolutivos propuestos por la diputada Fuentes recogen los elementos requeridos para la solución de esta seria irregularidad.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Esta Comisión Permanente exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver conforme a derecho el expediente de Amparo en Revisión 1252/2016, promovido por varios miles de trabajadores mexicanos ex braceros o sus beneficiarios, esto es, que ratifique en todos y cada uno de sus términos la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México el pasado 29 de febrero de 2016, y en consecuencia ordene al Ejecutivo federal restituya a los quejosos el equivalente del 10 por ciento de sus salarios que les fue retenido mientras trabajaron en los Estados Unidos de América, más los accesorios legales correspondientes por todos los años que han transcurrido desde el inicio del llamado Programa Bracero.

SEGUNDO. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice un censo y elabore la base de datos respectiva con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro, creado con el Programa Bracero, entre 1942 y 1964.

TERCERO. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados “braceros”, entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos.

CUARTO. Esta Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que se otorgue a los trabajadores ex braceros que hoy día ya no tienen documentos probatorios originales el Certificado de Identidad respectivo, ello con el objetivo de que los ex braceros y sus beneficiarios puedan obtener la documentación que necesitan a efecto de acreditar el derecho al pago de tal ahorro. Lo anterior en virtud de que existe un documento que fue expedido en 1944 y 1945, titulado “Instrucciones para cobrar el diez por ciento”, emitido por la War Food Administration (Oficina de Administración de Alimentos de Guerra) del gobierno de los Estados Unidos, en el cual se establecía con toda claridad que sería la Secretaría de Gobernación quien expediría dichos Certificados de Identidad.1

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades responsables a cumplir la Ley del 25 de mayo de 2005 y sus reformas a fin de que el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos entregue inmediatamente, a todos los ex braceros del país y en una sola exhibición de 38 mil pesos, tales recursos económicos como apoyo social.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Ricardo López Priego.

1 Diputada Modesta Fuentes Alonso, Grupo Parlamentario de Morena, LXIII Legislatura, “Punto de acuerdo relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964”, presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, primer receso del tercer año, Gaceta Parlamentaria, 17 de enero de 2018.





Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a establecer controles más estrictos y de carácter permanente en las revisiones a los rastros y distribuidoras de carne para consumo humano, con la intención de detectar contaminación por clembuterol, antes de que el producto sea comercializado. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A ESTABLECER CONTROLES MÁS ESTRICTOS Y DE CARÁCTER PERMANENTE EN LAS REVISIONES A LOS RASTROS Y DISTRIBUIDORAS DE CARNE PARA CONSUMO HUMANO, CON LA INTENCIÓN DE DETECTAR CONTAMINACIÓN POR CLEMBUTEROL, ANTES DE QUE EL PRODUCTO SEA COMERCIALIZADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, se estima que cada mexicano consume 16 kilos de carne de res al año, ocupando el vigésimo lugar en el mundo, esto de acuerdo con la asociación de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) por sus siglas en inglés. Uno de los factores por los cuales no se consume mayor cantidad la carne de res es por la falta de capacidad adquisitiva que tiene la población, por lo que hoy existen más personas que consumen otro tipo de carne como pollo o cerdo,1 debido a esto algunos ganaderos buscan otras alternativas para incrementar la producción de otras especies, desafortunadamente en muchas ocasiones lo realizan a través de métodos erróneos que producen carne nociva para la salud.

La substancia tóxica más común encontrada en la carne es el clembuterol, la cual es utilizada por los ganaderos en animales como las vacas, cerdos e incluso pollos. La finalidad del clembuterol es la de engordar de manera rápida al animal, para poder comercializar su carne prontamente y así aumentar la producción y venta acortando los tiempos de engordamiento del animal.

El clembuterol sirve como esteroide, tiene propiedades anabólicas, es utilizado como suplemento para bajar de peso, produce el crecimiento muscular y la reducción de grasa en el cuerpo; entre los deportistas es ilegal su consumo, además de estar prohibido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por sus singlas en inglés para engordar el ganado.2

Al ser comercializada la carne contaminada, los consumidores pueden presentar afectaciones a su salud, ya que los alimentos que contienen clembuterol dañan los tejidos, afectado la glándula de la tiroides, además de provocar una disfuncionalidad metabólica; otros síntomas que puede llegar a provocar es el adormecimiento de manos, temblores musculares, nerviosismo, dolores de cabeza, dolores musculares e intoxicación.3 Si bien la probabilidad de quedar intoxicado con esta sustancia es baja, todos estos riesgos en la salud se pueden evitar si se logra impedir la distribución y venta de estos productos.

La experta en nutrición Fernanda Alvarado, señala la irresponsabilidad de los productores de carne de res en nuestro país y de la falta de medidas efectivas por parte de SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad inocuidad y Calidad Agroalimentaria),4 pues comenta que al permitir la compra-venta de estos productos, sin ninguna restricción, cuidado y vigilancia por las autoridades sanitarias, el público en general es presa de consumir la carne infectada sin saberlo y sin que exista un responsable por los daños ocasionados a la salud del consumidor.

Dado lo anterior se solicita a las autoridades exhortadas a implementar medidas estrictas y de carácter permanente en el cuidado y tratamiento de la carne, desde los rastros, hasta las carnicerías, con la intención de detectar la carne contaminada a tiempo y evitar su comercialización.

CONSIDERANDOS

El artículo 126 de la Ley Federal de Sanidad Animal, establece que Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, podrá inspeccionar los establecimientos en cualquier momento que estos lo decidan, así como también las mercancías reguladas de origen animal.5

El artículo 17 bis fracciones II y VI, de la Ley General de Salud, establece el control y vigilancia sanitaria por parte de la SAGARPA, sobre productos de salud, alimentos y bebidas, así como sustancias toxicas o peligrosas para la salud que intervengan en la elaboración de los productos anteriormente señalados.

Por su parte investigadores de la COFEPRIS, realizaron durante 2014 un estudio adquiriendo 90 lotes de carne de res de 2.5 kilos cada una, dicha carne fue adquirida en lugares en donde anteriormente se habían detectado carnes contaminadas, así como en localidades donde hubo casos de personas intoxicadas, separándolas por código y por voluntarios, obteniendo como resultado que de 1,916 muestras, 938 resultaron positivas a la sustancia, en algunos casos con concentraciones muy elevadas.6 Anteriormente la COFEPRIS mencionaba que para que los análisis antidopaje de un deportista salieran alterados, tendría que comer en promedio de 3.3 a 620 kilos, sin embargo dentro de los resultados de los voluntarios del estudio, se logró descubrir que con solo consumir de una a tres hamburguesas de 250 gramos cada una, es la cantidad suficiente para dar positivo de clembuterol.7

Situaciones de intoxicación por consumo de carne contaminada dentro del deporte en nuestro país ya se han dado. El boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, se enfrentó a una cancelación de pelea por parte de las autoridades boxísticas al salir positivo en los análisis antidopaje en los que encontraron resultados de 0.6 y 0.8 nano gramo de clembuterol.8

Investigadores de la UNAM señalaron que existen carniceros en distintos puntos del país que venden carne de caballo haciéndola pasar por carne de res, lo cual resulta preocupante no solo por la estafa, sino que la carne de estos animales contiene altos niveles de clembuterol.

En 2015 la venta de carne mexicana fue prohibida en la Unión Europea al detectar que hacían pasar carne de caballo como de res.9

PUNTO DE ACUERDO

Único: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Salud, y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a establecer controles más estrictos y de carácter permanente en las revisiones a los rastros y distribuidoras de carne para consumo humano, con la intención de detectar contaminación por clembuterol, antes de que el producto sea comercializado.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 23 de mayo de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.

1 Frida Andrade. (26 de junio de 2017). Rezaga a México consumo de carne de res. Reforma. Consultado en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1147792&md5=4df3f0814867a9e11db89168dd5ffa82&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

2 Salvador García Liñan. (12 de marzo de 2018). Unos dañino de clembuterol para engorda de ganado. El Financiero. Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-garcia-linan/uso-danino-del-clembuterol-para-engorda-de-ganado 

3 (6 de marzo de 2018). Cuál es el riesgo de comer alimentos con clembuterol. El Universal. Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/menu/cual-es-el-riesgo-de-comer-alimentos-con-clembuterol 

4 Ídem.

5 Cámara de Diputados. (27 de julio de 2007) Ley Federal de Sanidad Animal. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf

6 Beatriz Pereyra. Clembuterol. Proceso. Consultado en: http://www.quintoelab.org/clembuterol/entrega-1/

7 Ídem.

8 Beatriz Pereyra. (7 de abril de 2018). En carne propia la pesadilla del clembuterol. Proceso. Consultado en: https://www.proceso.com.mx/528738/en-carne-propia-la-pesadilla-del-clembuterol

9 Noticieros Televisa. (2 de noviembre de 2017). UNAM descubre a carniceros mexicanos que vendían carne de caballo como res. Noticieros Televisa. Consultado en: https://noticieros.televisa.com/historia/unam-descubre-carniceros-mexicanos-que-vendian-carne-caballo-como-res/






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se turna a la Segunda Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FORTALEZCAN LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discapacidad es una condición de vida que vivimos algunas personas, más no es una limitante para desarrollarnos personal, social y profesionalmente.

La principal limitación a la que debe enfrentarse aquel que sufre alguna discapacidad es al rechazo social, a la marginación, a la hostilidad, exclusión y a la discriminación de las que somos objeto.

No obstante que en el artículo primero constitucional tercer párrafo se encuentra previsto que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, esto, en la práctica, aún está presente.

Que se encuentre dispuesto en nuestra carta magna, así como en diversos instrumentos del marco jurídico nacional, no da certidumbre jurídica a las personas con discapacidad, quienes continuamos encontrando barreras para participar en condiciones de igualdad con las demás personas en nuestro entorno social, vulnerándose con ello nuestros derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su publicación de título “Los principales derechos de las personas con discapacidad”, documenta que en el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se obtuvo una cifra de 5’739,270 personas con discapacidad, lo que representa un porcentaje del 5.1 % de la población total1.

Y un dato relevante que muestra la publicación en referencia, nos arroja como dato que no debe pasarse por alto al señalar que: “la mayoría de los censos realizados siguen enfocándose en las deficiencias de la persona y no en las distintas barreras que existen en el entorno que limitan su participación2.

Es por esa razón, señala el documento en cita, que los Censos son cuestionados por organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales.

Debemos reconocer la vital importancia de accesibilidad tanto al entorno social, como económico, cultural, así como al correspondiente a la salud, a la educación y a la información para todas las personas con discapacidad.

La publicación del medio informativo Proceso en su edición 2166, señala que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hay aproximadamente 7.2 millones de personas que han reportado haber encontrado dificultad para realizar alguna actividad básica de la vida diaria respecto de las personas con discapacidad3.

Igualmente señala la publicación en comento que parte de la problemática a la que debe enfrentarse la población discapacitada es la deficiencia en el acceso a los servicios de salud, inclusión educativa y limitación en la participación económicamente activa.

Este año nos encontramos cumpliendo una década de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no obstante que se han obtenido avances lo cierto es que las personas con discapacidad aún tienen que padecer muchos obstáculos y son uno de los grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad como así lo reconoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para superar las barreras que la propia sociedad impone se requiere que todos los sectores de la sociedad se involucren y participen, desde los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones no gubernamentales y colectivos de la sociedad civil quienes en su conjunto pueden contribuir a impulsar la transformación social que se requiere para que exista una verdadera inclusión de las personas con discapacidad al interior de la sociedad.

Las personas con discapacidad, a nivel mundial están consideradas como una de las minorías más invisibles y marginadas en el mundo, y México no es la excepción4

La discapacidad puede presentarse por diversas circunstancias, desde la que corresponde al nacimiento de la persona, así como por enfermedad, accidentes o por la edad.

Se estima que el 15% de la población mundial presenta alguna discapacidad, lo que equivale a 110 millones de personas y es de reiterarse que en México hay 5.7 millones de personas con algún tipo de dificultad física o mental que les permita realizar actividades en su vida cotidiana, siendo la limitación más común la correspondiente al tipo motriz, que abarca el 53.8% de esta población, continuando con la que tiene deficiencias visuales con un 28.5%, posteriormente está la población con deficiencias auditivas que es de un 11%, así como el núcleo de población con discapacidad mental que representa un 9.9% y se concluye con la población que tiene deficiencias en la comunicación que representa un 8.9%5.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce como derechos para las personas con discapacidad entre otros:

• Igualdad y no discriminación.

• Accesibilidad.

• Derecho a la vida.

• Igual reconocimiento como persona ante la ley.

• Acceso a la justicia.

• Libertad y seguridad de la persona.

• Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.

• Movilidad personal.

• Educación.

• Salud.

• Trabajo y empleo.

• Participación en la vida política y pública.

• Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

Es así que para derrumbar las barreras que se impone con actitudes negativas al núcleo de población discapacitada, es necesario que todos los sectores de la propia sociedad nos involucremos y permitamos que puedan superarse los obstáculos que impiden a esta población ejercer sus derechos humanos.

Es en razón de lo antes expuesto, que a esta alta Soberanía presento, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que dentro del ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-DH-Princi-Discapacidad.pdf

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-DH-Princi-Discapacidad.pdf.- Texto íntegro
localizado en la página 8 de la publicación.

3 https://www.proceso.com.mx/532639/la-cndh-llama-a-intensificar-esfuerzos-para-cambiar-la-vision-hacia-las-personas-con-discapacidad

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249671/Discriminacionmultiplemujerescon.pdf

5 Ibidem.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas a que, como sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición del público y actualice, en las plataformas correspondientes, las versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el 1 de enero de 2016. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El proceso de consolidación del derecho a la información ha pasado por una prolongada evolución, la cual paulatinamente le da forma hasta lo que se conoce hoy en día. En México, por primera vez se reconoció dicho derecho en la Constitución Federal mediante una reforma de 1977 al artículo 6°, la cual adicionó la expresión “El derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado”.

Primero, desde la exposición de motivos el objetivo de dicha reforma era que los partidos políticos nacionales pudieran difundir con amplitud sus principios, tesis y programas en los medios de comunicación masiva, es decir, se trataba de una prerrogativa destinada a un sector determinado. Sin embargo, después de múltiples interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se amplió “la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero”.1

Derivado de lo anterior, es hasta el año 2002 cuando se crea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ordenamiento que le da tratamiento de garantía individual al derecho de acceso a la información; no obstante, continuaba latente la inquietud por establecer en el máximo ordenamiento las directrices que deberían guiar el respeto y ejercicio de ese derecho.

Es así como en 2007, el artículo 6° constitucional es objeto de una segunda reforma, la cual estableció principios fundamentales y bases operativas que dieron contenido al derecho de acceso a la información, siendo un enorme avance en la consolidación del Estado democrático. Para el año 2013, se publicó otra reforma al precepto referido, que entre otras cuestiones, adicionó la expresión “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Ahora bien, en 2014 se dio otra reforma de enorme calado, puesto que buscó fortalecer el derecho de acceso a la información, consolidar un sistema nacional de transparencia y fortalecer al principal organismo garante (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) con nuevas facultades. Asimismo, con la finalidad de hacer realidad la reforma constitucional, se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de autoridades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

En este sentido, cumpliendo con lo mandatado por la reforma referida con antelación, se promulgó en 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se establecieron “los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios”.

Sin profundizar en el tema, la breve síntesis expuesta lleva a reflexionar sobre el alcance del derecho a la información, así como del enorme avance que se ha tenido en la materia para que los organismos garantes y los sujetos obligados lo garanticen plenamente. Resultaría impensable que, aun con el amplio marco jurídico, hubiera autoridades, entidades, órganos u organismos que incumplan con sus obligaciones en materia de transparencia; sin embargo, en el Estado de Zacatecas hay un preocupante caso que obstaculiza el derecho humano de acceso a la información.

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) han tomado cartas en el asunto, un colectivo conformado por ocho OSC interpuso un juicio de amparo contra jueces y magistrados del Estado de Zacatecas, así como contra otras autoridades (Gobernador, magistrado presidente y el titular de la Unidad de Transparencia de la entidad), “por no cumplir con su obligación de hacer públicas en el Portal Nacional de Transparencia las sentencias que han emitido”.2

El juicio de amparo respectivo fue promovido inicialmente por EQUIS Justicia para las Mujeres y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el 23 de marzo de presente año. La demanda fue admitida por un Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y el litigo fue impulsado por otras seis OSC (México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, Controla tu Gobierno y Fundar).3

Según MCCI “ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”, por lo que violan el derecho de acceso a la información”.4 Al respecto, abundan que el concepto de “interés público” no está definido, y que por tanto “en él se escudan para mantener su labor en la opacidad”.5

La aseveración realizada por la sociedad civil se puede confirmar en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el cual, respecto a la obligación de transparentar y actualizar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, no hay una sola resolución publicada desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre del año en curso.6

Derivado de lo anterior, es inconcebible que el quehacer del Poder Judicial permanezca oculto, arrebatando la posibilidad a la sociedad de poder evaluar el desempeño de las actividades que realizan. Tanto la Constitución Federal como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información incluyen a los poderes judiciales de las entidades federativas.

Sobre el tema en particular, la Ley en comento es clara al disponer en la fracción XXXVI del artículo 70 (De las obligaciones de transparencia comunes), que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada la información respecto de “Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio”.

Asimismo, el artículo 73 del ordenamiento abunda que los sujetos obligados, tanto del Poder Judicial Federal como de las entidades federativas deben poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; 

IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, y

V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

De lo anterior se desprende que la obligación, en este caso, del Poder Judicial de Zacatecas en materia de transparencia es ineludible y debe obedecer en todo momento al principio de máxima publicidad, es decir, que toda la información en posesión de los sujetos obligados sea pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Escudarse en un término ambiguo, como lo puede ser el de “interés público”, no justifica que todas las sentencias permanezcan en la opacidad, mucho menos que los integrantes del Poder Judicial del estado eludan sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de las sentencias, puesto que de su análisis se desprende la forma en que los órganos judiciales imparten justicia, fortaleciendo así su credibilidad y legitimando las decisiones que adoptan. En caso contrario, mientras sigan sin ponerse a disposición las versiones públicas de sus resoluciones, habrá un avance nulo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lastres que tanto han dañado al país.

Se apunta que “la publicación de las sentencias, además, ayuda al control ciudadano sobre la actuación de los tribunales, principalmente por parte de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y  otras personas interesadas en el trabajo de la justicia”.7

Transparencia y acceso a la información pública son conceptos que van ligados y  que no se desentienden de la actuación de los órganos del Poder Judicial, puesto que ambos se erigen como fundamentales en la consolidación de la democracia.

Por un lado, la mayor transparencia y el aumento del flujo de información eliminan los márgenes para la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el comportamiento judicial y de los grupos de interés. Por otro, generan un grupo de ciudadanos interesados por el funcionamiento del Poder Judicial, quienes respaldan la labor de aquel con su intervención.8

De igual forma, los sujetos obligados no deben ignorar que, de acuerdo con el primer precepto de la Constitución Federal, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ese texto y en los tratos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que las todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Lo anterior se plantea puesto que, aunado a que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, también es contemplado en diversos instrumentos internacionales (algunos vinculantes):

• Declaración Universal de Derechos Humanos:9 En su artículo 19 dispone que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:10 Este instrumento toma como base parte de la Declaración; sin embargo, en sus articulo 19.2 abunda que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José):11 El artículo 13.1, en esencia, retoma fielmente el texto citado sobre el Pacto.

Lo citado con antelación corrobora que es necesario un actuar transparente por parte de los sujetos obligados, pues el derecho de acceso a la información se erige como esencial en la democratización del país, sobre todo, en un arco de respeto a los derechos humanos.

Por tanto, se hace hincapié en que los integrantes del Poder Judicial del Estado Zacatecas no deben rehuir su obligación. De acuerdo con los “Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos”, respecto a la obligación de transparentar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, establecen que:

“Los sujetos obligados pondrán a disposición en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional, con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XII de la Ley General y demás disposiciones aplicables, las sentencias de aquellos asuntos que durante su proceso de resolución trataron puntos controvertidos que le otorgan importancia jurídica y social y, por tanto, se consideran asuntos trascendentales para la nación, los cuales deben darse a conocer a la sociedad de manera oportuna”.

Cabe decir que los Lineamientos referidos apuntan que, el periodo de actualización de esa información es trimestral y que aplica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales superiores de justicia locales, Consejos de las judicaturas locales.

En este sentido, y derivado de la opacidad con la que se han manejado las sentencias emitidas por jueces y magistrados en la entidad, se propone exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas para que ponga a disposición del público y actualicen, en las plataformas correspondientes, las versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el primero de enero de 2016.

Lo anterior se solicita con fundamento en las obligaciones consagradas en la fracción XXXVI del artículo 39 y fracción II del artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, así como en las fracciones homólogas de los artículos 70 y 73, respectivamente, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Contenido que ya ha sido abordado en las presentes consideraciones.

Asimismo, se exhorta al mismo Tribunal a que remita a esta Soberanía un informe en el cual exponga exhaustivamente los razonamientos por los cuales no se ha hecho pública ninguna sentencia en las plataformas correspondientes desde el año 2016.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a que como sujeto obligado en materia transparencia y acceso a la información pública:

1) Ponga a disposición del público y actualice, en las plataformas digitales correspondientes, las versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el primero de enero de 2016.

2) Remita a esta Soberanía, en un plazo no mayor a 15 días naturales, un informe en el cual exponga de forma exhaustiva, los razonamientos por los cuales no se ha hecho pública ninguna sentencia en las plataformas correspondientes desde el año 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Tesis aislada: P. XLV/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, p. 72.

2 Vega Andrea. “Demandan a jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias”, Animal Político, 11 de abril de 2018, consultado el 14/05/2018 [en línea], disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/04/demandan-a-jueces-y-magistrados-de-zacatecas-por-no-hacer-publicas-sus-sentencias/

3 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Demandan a todos los jueces y magistrados de Zacatecas”, Ciudad de México, 20 de abril de 2018, consultado el 14/05/2018 [en línea], disponible en: https://contralacorrupcion.mx/demandazacatecas/

4 Ídem.

5 Idem.

6 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Portal de Obligaciones de Transparencia, consultado el 14/05/2018 [en línea], disponible en: http://187.174.173.102:8081/tr/transparencia_art43.html

7 Asociación por los Derechos Civiles. “Acceso a la Información y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Practicas en América Latina”, [en línea], consultado el 18 de mayo de 2018, disponible en: http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/accesoalainformacionytransparencia.pdf

8 Ibídem, p. 18.

9 Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

10 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

11 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cancelar los contratos de las obras inconclusas en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, adjudicados directamente a la compañía Odebrecht en 2013-2014. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a vigilar y garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, en los centros de control de canino; asimismo, a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos ocurridos en el Centro de Control Canino de la Delegación Tláhuac. Se turna a la Primera Comisión.








Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo sobre el homicidio ocurrido en contra de los ciclistas y turistas Krzysztof Chmielewki y Holger Franz Hagenbusch en Chiapas. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN A LA MUERTE DE LOS TURISTAS Y CICLISTAS KRZYSZTOF CHMIELEWKI Y HOLGER FRANZ HAGENBUSCH, EN CHIAPAS, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad a datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo. Está ampliamente reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales.

Por lo que respecta a nuestro país, la industria turística constituye una de las más importantes fuentes de ingresos. Equivale al 8.4% del PIB y genera cuando menos 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos.

Sin embargo, si no existen condiciones de seguridad, difícilmente encontraremos condiciones para que este sector de la economía pueda florecer a plenitud.

Se han hecho esfuerzos importantes para incorporar nuevas formas de llevar al turista al disfrute máximo de nuestros atractivos. Una forma muy elocuente y que se ha comenzado a explorar y explotar, es aquella que tiene que ver con la conjugación de los destinos turísticos de nuestro país, con el disfrute de visitarlos en bicicleta, sin embargo, se insiste, debemos ofrecer condiciones de seguridad.

Un caso lamentable y ejemplo de lo que no debe ocurrir en nuestro país, es el que ha llamado poderosamente la atención, sobre el fallecimiento de dos turistas y ciclistas en Chiapas.

De acuerdo a medios de comunicación, se dice que los ciclistas KRZYSZTOF CHMIELEWKI, polaco y HOLGER FRANZ HAGENBUSCH, alemán, se conocieron en la localidad de San Cristóbal de las Casas el 20 de abril y decidieron dirigirse hacia la zona arqueológica de Palenque, pero parece que sufrieron un asalto en el camino.

La primera versión de las autoridades fue que se trató de un accidente, sin embargo, ahora este asunto dio un vuelco y todo indica que se trata de un homicidio. México era uno de los destinos de su vuelta al mundo en bicicleta, pero en lugar de concretar su aventura, lo que encontraron en nuestro país fue una muerte artera.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cuerpo del ciclista Holger Franz Hagenbusch presenta un orificio en el cráneo producido presuntamente por un arma de fuego, lo que derrumba la tesis inicial sobre deceso por accidente.

Ahora el caso fue atraído por la fiscalía de homicidios, para investigar el asesinato de dos ciclistas encontrados muertos en la carretera San Cristóbal de las Casas – Ocosingo. Lo alarmante es que esta determinación se hace hasta después de que el hermano de uno de ellos, el alemán Reiner Hagenbusch, denunciara que se trató de un crimen.

Esto, hasta pasados más de veinte días de los hechos, lo que sin duda, deja muy mal posicionadas a nuestras autoridades.

Es necesario que estos lamentables hechos sean esclarecidos a cabalidad y se dé con el paradero de los responsables, que nos haga reflexionar y dar cuenta de la urgencia por brindar seguridad a los turistas, en este caso, a los que viajan a nuestro país a disfrutar de nuestros atractivos en el doble disfrute de hacerlo en bicicleta.

Es necesario alzar una enérgica protesta y urgir a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de seguridad y algo bastante apremiante, que este lacerante suceso no quede impune.

Recordemos que en lo que va del presente año, de acuerdo a cifras y reportajes de diversos medios de comunicación, se han reportado al menos ocho casos en los que personas de procedencia extranjera han perdido la vida en nuestro país, bajo la presunción de tratarse de asesinatos. Es necesario poner un alto a la violencia que ha alcanzado a turistas inocentes y que dicho sea de paso, además nos deja muy mal posicionados ante la comunidad internacional.

Pronunciamiento que me permitiría proponer a la honorable consideración de esta Comisión Permanente, al tenor de la siguiente proposición con…

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A).- Lamenta y condena enérgicamente el homicidio efectuado en contra de los turistas y ciclistas KRZYSZTOF CHMIELEWKI, polaco y HOLGER FRANZ HAGENBUSCH, alemán, ocurrido el mes pasado en el estado de Chiapas.

B).- Exhorta respetuosamente al gobierno de Chiapas para el pronto esclarecimiento de los hechos y se dé con el paradero de los responsables.

C).- Exhorta al gobierno de la República y de las entidades federativas del país, a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, incluyendo de manera enfática las medidas de protección a “cicloturistas”, y se evite a toda costa que este tipo de hechos se repitan.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los posibles actos de corrupción en los procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras dentro de las dependencias y entidades federales, durante el periodo 2012-2017. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la prevención y sanción de conductas que propicien la violencia política contra las mujeres, en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para prevenir y combatir los hechos de violencia al interior de los centros penitenciarios existentes en el país. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en el contexto del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, promueva la reestructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a consultar la base de datos de las denominaciones o razones sociales de la Secretaría de Economía antes de otorgar el registro de marca, con la finalidad de garantizar la protección de los titulares de los derechos marcarios. Se turna a la Tercera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IMPI) A CONSULTAR LA BASE DE DATOS DE LAS DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANTES DE OTORGAR EL REGISTRO DE MARCA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS TITULARES DE LOS DERECHOS MARCARIOS, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vivimos en una sociedad donde el prestigio y la reputación de una marca representan un factor de seguridad para el consumidor, es decir, la marca es el enlace entre los productos y/o servicios con la ciudadanía. En razón de esto, es necesaria la implementación de mecanismos para la protección de los signos marcarios.

La marca registrada es un signo visible con carácter distintivo1, estas características también son aplicables a una razón social (o denominación social) y lo lógico es que exista una relación entre los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y los de la Secretaría de Economía.

La razón social es un elemento de la personalidad, es decir, se trata de un atributo legal que figura en una escritura o documento de constitución a partir del cual se puede identificar a la sociedad como sujeto de derechos y obligaciones.

La atribución para autorizar el uso o cambio de denominación o razón social de las personas morales en México corresponde a la Secretaría de Economía a partir del 16 de junio de 2012, derivado de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 20112.

ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional.3

La Ley de la Propiedad Industrial en México establece que:

“Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.”

El hecho de contar con una razón social para designar a una sociedad mercantil no otorga el derecho de usar en forma exclusiva dicho nombre o denominación para fines comerciales; la denominación o razón social no confiere por sí misma derechos de uso exclusivo marcarios e incluso es ilegal utilizar sin autorización, marcas registradas pertenecientes a terceros como parte de una denominación social. Para poder utilizar parte de una razón social como una marca es necesario verificar que la misma sea susceptible de registro ante el IMPI, es decir, que la denominación no sea contraria a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, y que no sea semejante en grado de confusión con otras solicitudes y/o registros vigentes aplicados a los mismos productos o servicios.

La búsqueda se hace de manera gratuita y en tiempo real a través de la página web MARCANET, que es un servicio electrónico de consulta externa sobre los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta la Dirección Divisional de Marcas.4

El registro de una marca se hace ante el IMPI y da el derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 años5, vigencia que puede ser renovada por otros 10 años, ya que distingue los productos o servicios de otros existentes en el mercado, además puede ayudar a iniciar acciones legales por posible uso indebido y puede otorgar licencias de uso o franquicias.

Sin embargo, el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial permite la constitución de una marca aún si esta es una razón o denominación social:

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado”6

Es por ello, que resulta necesario implementar mecanismos para que el IMPI consulte la base de datos de la Secretaría de Economía antes de conceder un registro de marca, para no caer en contradicción con el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, que permite el otorgamiento de una marca sin importar que sea una razón social, lo cual es motivo de conflictos entre las empresas y los titulares de los derechos marcarios, que representan el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta alta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que, en el ámbito de sus atribuciones, consulte la base de datos de la Secretaria de Economía antes de otorgar el registro de marcas, con la finalidad de garantizar la protección de los titulares de los derechos marcarios.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 88. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf

2 Autorización de uso de denominación o razón social (SE-09-041). Disponble en:
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/autorizacion-de-uso-de-denominacion-o-razon-social-se-09-041

3 Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 15. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf

4 MARCANET. Disponible en: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/

5 Solicitud de registro de marca ante el IMPI. Disponible en: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88

6 Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 89. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales del estado de Yucatán al interior de los centros urbanos. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERANDOS

Yucatán es un estado cuyo territorio se encuentra ubicado en una zona geográfica donde se registra un clima tropical privilegiado, ya que cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tanto de flora como de fauna, debido justamente a su clima. Sin embargo también es una de las regiones que presenta las temperaturas más altas durante el año, por encima de los 31 grados centígrados, con variaciones en las distintas regiones de su territorio.

Esta situación ha impactado directamente entre la población, quienes han tenido la necesidad de adquirir aparatos electrodomésticos como ventiladores, y refrigeradores, para mitigar el calor que los afecta en su vida diaria, durante sus actividades del día.

A decir de los testimonios recogidos durante mis giras de trabajo por las distintas regiones del estado, el calor ha impactado en el bolsillo de los jefes de familia debido a que muchos de ellos se han visto en la necesidad de adquirir más de dos ventilares para su hogar para poder mitigar con eficacia las altas temperaturas, lo cual ha representado un costo no considerado en su economía, además de los gastos de mantenimiento periódico de dichos aparatos, debido al uso prolongado de los mismos.

Precisamente las altas temperaturas han obligado a los habitantes a utilizar sus aparatos eléctricos por periodos más prolongados durante el día, en el verano, por lo que se ha reportado un mayor consumo de energía eléctrica, atribuible directamente al calor, en horarios de las 10:00 horas a las 16:00 horas, cuando aumenta la demanda. En consecuencia, debido al mayor consumo de energía también se ha incrementado el costo a la ciudadanía en sus recibos de energía eléctrica, repercutiendo en la economía familiar.

Debido a esta realidad, es urgente realizar un ajuste en las tarifas eléctricas vigentes en las distintas regiones del estado de Yucatán, principalmente en municipios como Valladolid y Tizimín, donde se han registrado temperaturas por encima de los 31 grados, durante los últimos años en periodo de verano, de manera consecutiva por más de dos meses contínuos, ubicándose en el supuesto establecido por la autoridad para que se les aplique la tarifa 1D y se le deje de aplicar la tarifa 1B.

La distribución de usuarios ante la Comisión Federal de Electricidad presenta el mayor porcentaje en el sector doméstico con el 90.4% Atendiendo lo anterior, el área de oportunidad para buscar el cambio de tarifas es para dicho sector, al ser este el cliente más importante de la Comisión Federal de Electricidad.

En Yucatán, hoy en día la CFE cobra la tarifa 1B para el sector doméstico al 70% de los habitantes del estado, a un 25% la tarifa 1C y tan solo a un 5% la tarifa 1D.

En este contexto, para determinar la tarifa vigente aplicable a cada región, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la encargada de realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales en todo el país y es quien emite reportes de los cuales se sirve la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para emitir las recomendaciones de tarifas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo ésta la que autoriza la aplicación de las tarifas.

CONAGUA realiza el monitoreo de temperaturas las 24 horas de los 365 días del año, solo que, al tener sus estaciones de monitoreo al exterior de los centros urbanos o cerca de algún cuerpo de agua, las temperaturas mínimas promedio que se reportan en verano son menores a 31 grados centígrados, muy distinto a las que se registran en el interior de la ciudades en el efecto llamado "Isla de Calor', donde en verano se obtiene un promedio mínimo por encima de los 31 grados centígrados, esta es la temperatura mínima promedio que se requiere para solicitar un cambio de tarifa ante la CFE organismo que solicita promedios de temperatura para tal efecto.

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo 123/2017, denominado Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se han establecido las tarifas para el cobro del consumo de energía eléctrica en el país. En la parte que se refiere a la Tarifa 1C, servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, se establece que aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo.

Por su parte, para considerar que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, se toma en cuenta cuando alcanza el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco que se disponga información. Asimismo, se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por lo tanto, considerando que Yucatán, particularmente los municipios de Valladolid y de Tizimín, de acuerdo con registros de la CONAGUA ha registrado temperaturas promedio de 31 grados centígrados, durante los últimos cinco años, es pertinente modificar las tarifas eléctricas.

En este sentido, lograr el cambio de tarifa de la 1B a la 1D, representaría una mejor calidad de vida para la población y un mejor uso de las finanzas públicas para el Gobierno del Estado, ya que cada año, durante el verano, existe un subsidio estatal para tratar de aminorar los gastos de la población.

Por lo tanto, resulta indispensable que CONAGUA lleve a cabo el monitoreo de temperaturas ambientales al interior de las principales ciudades del Estado con la finalidad de que la CFE corrobore que el promedio de temperatura media mínima en verano es de 31 grados centígrados, con lo que se hace viable la autorización para el cambio de tarifa en la región y que la SHCP, como la entidad encargada de aprobar y fijar las tarifas de energía eléctrica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica publicada desde 1993, con la participación de la Secretaria de Energía (SENER), la de Economía (SE) y a propuesta de CFE, atiendan la demanda de la población yucateca.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que establezcan estaciones de monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales ciudades del estado de Yucatán, a efecto de que sean esos resultados los que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de agua.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer las tarifa 1D en los municipios de Valladolid y Tizimín, Yucatán, tomando en consideración no sólo los promedios de temperaturas elevadas sino también incluir la combinación de humedad y temperatura, dado que esta combinación es la que determina el nivel de confort, y en consecuencia el consumo mayor de energía para aparatos enfriadores de aire.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a garantizar la capacitación de las y los inspectores del trabajo y promueva la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y regionales para profundizar la información sobre la población jornalera y los riesgos que enfrenta. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a emprender una investigación integral para deslindar responsabilidades en la presunta comisión de diversos delitos como sobrecostos en la construcción y anomalías en el equipamiento de la sala de conciertos “Foro Boca”, identificados por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública, edificada durante la gestión Miguel Ángel Yunes Márquez, actual candidato de la coalición “Por Veracruz al frente” a la gubernatura de la entidad. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Márquez como presidente municipal de Boca del Río en el estado de Veracruz, se construyó la sala de conciertos “Foro Boca” con una inversión superior a los 323.5 millones de pesos del Fondo de Contingencias Económicas del Estado de Veracruz y del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional. Dichas instalaciones, cuentan con una sala de conciertos, estudio de grabación, múltiples camerinos y un área especial para la presentación de músicos y actores de obras de teatro, conciertos musicales, muestra de cine y danza clásica o contemporánea.

Durante su inauguración, se dijo que estas instalaciones serían la sede de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, y que por sus características arquitectónicas se convertiría en un detonador para las inversiones, la generación de nuevos proyectos culturales y la presentación de festivales, ferias de libro y demás actividades artísticas en beneficio de la población y los turistas nacionales y extranjeros.

A pesar de su relevancia cultural, desde su licitación, construcción y puesta en operación, diversos medios de comunicación han documentado una serie de irregularidades, entre ellas destacan las siguientes:

• Sobrecostos, debido a que el proyecto original tenía proyectado un gasto de 130 millones de pesos, sin embargo la verificación física por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio, arrojó una erogación superior a los 323.5 millones de pesos.

• Observaciones de la Auditoría Superior de la Fiscalización, sin acreditación o parcialmente atendidas por parte del gobierno municipal de Boca del Río, Veracruz. Las observaciones, giraron en torno al incremento en los presupuestos y la  falta de modificación de la evaluación socioeconómica; a la suspensión temporal injustificada de los trabajos y gastos no previstos en el proyecto que derivaron en posibles trasgresiones de las arcas públicas.1

• Opacidad en el uso de los recursos públicos. Por ello, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ordenó al gobierno municipal de Boca del Río a no sólo transparentar el ejercicio de las partidas presupuestales, sino también, hacer entrega física de la información total del proyecto, entre las que se encuentran las licitaciones realizadas, los contratos signados y los gastos erogados.

• Incumplimiento con los cronogramas de obra, ya que estaba prevista su apertura en el año 2016 y no fue hasta diciembre de 2017 en el que fue inaugurada. Cabe señalar que durante su construcción, en dos ocasiones fueron suspendidos los trabajos, uno de ellos por parte de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente por su afectación al entorno e impacto ambiental.2

• Por la gravedad de las anomalías y sus impactos a la hacienda pública, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz tiene programado por su parte, otras auditorías, que podrían derivar en sanciones administrativas y penales.

No es la primera ocasión en la que la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez, actual candidato de la Coalición “Por Veracruz al frente” está vinculada con la comisión de anomalías, ejemplo de esta situación son los desfalcos, gastos injustificados y presuntos desvíos de recursos públicos de los fondos de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa.  

Ante estas anomalías, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia conocer el estado que guardan las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las acciones instrumentadas para su aclaración por parte del gobierno municipal de Boca del Río, Veracruz, y las sanciones interpuestas contra los servidores públicos que por acción u omisión trasgredieron las arcas públicas, entre ellos, el actual candidato de la Coalición “Por Veracruz al frente” a la gubernatura de la entidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, emprenda una investigación integral para deslindar responsabilidades en la presunta comisión de diversos delitos como sobrecostos en la construcción y anomalías en el equipamiento de la sala de conciertos “Foro Boca”, identificados por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública, edificada durante la gestión Miguel Ángel Yunes Márquez, actual candidato de la Coalición “Por Veracruz al frente” a la gubernatura de la entidad.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 Auditoría Superior de la Federación. (2017). Informe General Ejecutivo, Cuenta Pública 2016. 30/04/2018, de ASF Sitio web: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf

2 Fernanda Castillo. (2018). Foro Boca, la obra "Top" de Yunes Márquez cuestionada por la ASF. 30/042018, de E-consulta Sitio web: http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-02-27/estado/foro-boca-la-obra-top-de-yunes-marquez-castigada-por-la-asf






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se convoca a comparecer al Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones del caso Odebrecht con ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración Pública Federal. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia de la entidad a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la aparición de “narcomantas” en distintas delegaciones durante el año en curso, las que presumen la proliferación de cárteles en la capital del país, a fin de salvaguardar la integridad de la población y el orden público. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La actual administración de la Ciudad de México tiene como matiz a la violencia e inseguridad en todos los ámbitos, así lo muestra el incremento de hechos delictivos en vialidades, transporte público, comercios o casa habitación, así como el aumento de delitos de alto impacto como: homicidios dolosos, robos con violencia y extorsión.

Por si esto no fuera suficiente, se ha documentado la presencia de grupos del crimen organizado “cárteles” (entre ellos el de Tláhuac), los que llevan a cabo actividades al margen de la Ley, tales como portación de arma de fuego, extorsiones, cobro de piso y narcomenudeo, por mencionar algunas. 

Sobre el particular, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el pasado 2 de mayo, en un puente peatonal ubicado en la colonia Tlaxpana de la delegación Miguel Hidalgo, apareció una manta con las siglas CJNG como se conoce al Cártel de Jalisco Nueva Generación.1

Detallan que en el mensaje hallado hace unos días, presuntos integrantes de la organización criminal en comento amenazaban al Procurador General de Justicia de la entidad y al llamado Cártel de La Unión de Tepito, para que el primero ponga orden en dicho barrio, o de lo contrario, serán ellos quienes lo harán; asimismo, se hace mención de un grupo de personas, que en su mayoría están privadas de su libertad (todos han estado detenidos) y dos más que fueron asesinadas en distintos acontecimientos registrados en la capital del país. 

Entre las personas aludidas en la manta referida, desatacan dos sujetos apodados “El Barbas” y “El Elvis”, personas que presuntamente fueron ejecutadas por integrantes de organizaciones rivales a la Unión de Tepito. Ante los hechos expresados, peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México comenzaron con el análisis gráfico del contenido de los mensajes, a fin de determinar si existe relación con otros similares aparecidos con antelación.

Aunque el Jefe de Gobierno ha negado la presencia de dichos grupos criminales en diferentes ocasiones, manifestando que el narcotráfico únicamente se enfoca en la delegación Tláhuac, cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que se encuentran mantas de la naturaleza que motiva el presente punto de acuerdo, así lo demuestran los hechos que a continuación se enuncian:

6 de noviembre de 2015. En un puente ubicado en la delegación Tlalpan se halló una manta (la tercera en dicho mes) presuntamente colocada por miembros del crimen organizado. En el mensaje dirigido al Jefe de Gobierno, le recriminaban que su llamado para limpiar las corporaciones policiacas no había sido atendido, además, amenazaron con más hechos delictivos como la ejecución de hombres, personas calcinadas o personas colgadas.2    

19 de septiembre de 2017. En las inmediaciones del Centro de Mando de la Policía Federal Preventiva CONTEL y otras más en Eje 2 Norte, colonia Morelos, cerca de la SEIDO de la PGR, se observaron diversas mantas con mensajes que aludían al crimen organizado.

23 de marzo de 2018. En la delegación Tláhuac se hallaron dos narcomantas con amenazas hacia la familia de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, ex líder del Cártel de Tláhuac, abatido en julio de 2017.3 

5 de febrero de 2018. En un puente peatonal de Periférico sur, entre Río Hondo y Chihuahua, se encontró una narcomanta dejada por presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes anunciaron su llegada a la entidad para “pelear” contra el cártel de “El H”, a quien identifican como “Hugo”, y su tío “Don Agustín”. Asimismo, se amenazaba a las autoridades locales y federales por “apoyar” a sus grupos rivales.4

Los hechos expuestos dejan de manifiesto una problemática que debe ser atendida y no ignorada; asumida y no negada, como lo han hecho las autoridades de la Ciudad de México hasta el momento. El panorama expresado se agrava si tenemos en cuenta que no es un asunto de violencia e inseguridad aislado, sino que más bien, se trata de una constante que prevalece en toda la entidad y en prácticamente todos los ámbitos.

En este tenor, según cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México, el número de denuncias presentadas ante la Agencia del Ministerio Público en 2015 fue de 169 mil 701, en 2016 de 179 mil 720 y en 2017 de 204 mil 078.5 El incremento sostenido observado, implica que en dos años la incidencia delictiva creció más del 20%.

Precisando que son múltiples los factores que advierten un clima álgido en la capital del país, un aspecto que pone en relieve la violencia e inseguridad que vulnera a la entidad es el número de homicidios dolosos que se registran, toda vez que mientras que en 2012 se hubo 779 casos, en 2017 llegaron a 1 mil 085; y aunque en 2013 y 2014 la cifra ascendió a 749, en 2015 el número nuevamente subió a 854, en 2016 a 952 y como ya se ha mencionado, en 2017 superaron los mil.

Al ver la tasa por cada 100 mil habitantes en este tipo de ilícitos, observamos que en 2012 fue de 8.74, en 2013 de 8.42, en 2014 de 8.44, en 2015 de 9.54, en 2016 de 10.78 y en 2017 de 12.31.6

Por otro lado, no podemos ser omisos en señalar que de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al mes de marzo de 2018, la zona oriente de la Ciudad de México (delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco) registró que el 96.7% de las personas perciben las calles de su ciudad como insegura, siendo el porcentaje más alto a nivel nacional. En un panorama similar se encuentra la región norte de la Ciudad de México (delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza), donde la cifra llega a 94%7  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la entidad, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la aparición de “narcomantas” en distintas delegaciones durante el año en curso, las que presumen la proliferación de cárteles en la capital del país, a fin de salvaguardar la integridad de la población y el orden público. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 Revista Proceso. (2018). Aparece otra narcomanta en la CDMX presuntamente del CJNG. Revista Proceso, https://www.proceso.com.mx/532517/aparece-otra-narcomanta-en-la-cdmx-presuntamente-del-cjng

2 Redacción/Sin Embargo. (2015). Una tercera manta, colgada en Tlalpan, amenaza a Mancera y la firman cárteles; PGJDF investiga. Sin Embargo, http://www.sinembargo.mx/06-11-2015/1543366

3 REDACCIÓN SDPNOTICIAS. (2018). Dejan narcomantas en Tláhuac con amenazas a familia de ‘El Ojos’. SDPnoticias, https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/03/24/dejan-narcomantas-en-tlahuac-con-amenazas-a-familia-de-el-ojos

4 Revista Proceso. (2018). “Hemos llegado” a la CDMX para pelear contra “El H”, advierte narcomanta del CJNG dejada en Periférico sur. Revista Proceso, https://www.proceso.com.mx/521447/hemos-llegado-la-cdmx-para-pelear-contra-el-h-advierte-narcomanta-del-cjng-dejada-en-periferico-sur

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común, SEGOB, http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2017, SEGOB,http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas032018.pdf

7 INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana: cifras correspondientes a marzo de 2018, INEGI, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_04.pdf






De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para promover la salud y el bienestar de las mujeres, en el marco del “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud es una condición central en el crecimiento de las economías y para el desarrollo social. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar.

En las últimas décadas hemos tenido avances sustanciales a favor de la salud del sector femenino y dichas acciones se traducen en el aumento de su esperanza de vida. No obstante, cabe destacar que pese a los avances logrados, persiste una mayor carga de enfermedades entre las mujeres, por ejemplo, se exponen a problemas relacionados con el parto y el embarazo; además de sufrir de otros padecimientos como la diabetes mellitus, la hipertensión, el infarto, el síndrome metabólico y la salud mental.

A nivel mundial, el sida es la principal causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva, además son particularmente vulnerables a dicha infección debido a una combinación de factores socioculturales, biológicos y desigualdades de género. En 2015, había alrededor de 17.8 millones de mujeres de 15 años o más que vivían con el VIH, lo que equivale al 51% del total de la población adulta que vive con este virus.1

El cáncer de mama es considerada la segunda neoplasia más frecuente en la población y entre las mujeres con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados anualmente, representando el 25% de los casos de cáncer en mujeres, cabe destacar que su incidencia es más alta en países desarrollados.2

Tan sólo en la región de América Latina, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente con 152 059 casos diagnosticados anualmente, cifra que representa una cuarta parte de los casos de cáncer en mujeres, es decir el 24.9%. En segundo lugar se ubica el cáncer cérvico uterino con 68 818 casos anuales.

La salud reproductiva es otra área importante que se debe atender a nivel mundial pues la mortalidad materna es aún alta. Se estima que en el mundo mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo o parto y el 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo.3 Cabe añadir que, en comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.

En nuestro país, las mujeres representan más de la mitad de la población total. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población de mujeres representa el 51.4% de la población total, por ello, es indispensable generar un servicio de salud que responda a las necesidades del sector.

A partir del año 2006, el cáncer de mamá desplazó al cáncer uterino para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en el territorio mexicano. Tan sólo en el año 2013 se registraron más de 5 mil defunciones en mujeres, con una tasa de 16.3 defunciones por cada 100 000 mujeres. Coahuila, Sonora y Nuevo León registraron las mayores tasas. El cáncer del cuello uterino se mantiene como la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer.

La salud sexual y reproductiva también son esferas en las cuales se debe trabajar a nivel nacional, ya que 3 de cada 10 embarazos son de adolescentes y están estrechamente asociadas a mortalidad materna. En 2015, las entidades en las que se reportó la mayor cantidad de muertes fueron en Chiapas y Nayarit, siendo las únicas con más de 65 muertes por cada 100 000 nacimientos. Para este sector, la salud sexual y reproductiva es una esfera que debe fortalecerse, a fin de que las mujeres cuenten con la información necesaria que les permita saber sobre el uso de anticonceptivos y otros métodos, a fin de evitar un mayor número de muertes entre sectores jóvenes. 

Los padecimientos también tienden a variar dependiendo de la edad de las mujeres. En la población joven de 15 a 29 años, el 21.6% de las muertes femeninas se deben a accidentes, aunque cabe destacar que otras causas asociadas a la mortalidad en jóvenes son los suicidios, homicidios, muertes maternas y enfermedades como la leucemia o desordenes alimenticios. 

Por su parte, en la población femenina adulta, entre el rango de edad de 30 a 59 años, las cuatro primeras causas de muerte son los tumores malignos, la diabetes mellitus, las enfermedades del hígado, las enfermedades isquémicas del corazón, que representan 55.8% de las defunciones de mujeres adultas.

Ante este escenario, es importante fortalecer las acciones que permitan a la sociedad prepararse para prevenir y atender los problemas crónicos de salud que acompañan el proceso de envejecimiento, así como la atención a la salud del sector femenino. Actualmente las mujeres también realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados, y, cuando tienen un empleo remunerado, están sobrerrepresentadas en el sector informal y entre la población pobre.

Para atender estas problemáticas, desde el Gobierno Federal se implementan acciones en atención a la salud femenina, destacan programas tales como el Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018; además del Programa de Salud Materna y Perinatal como el instrumento de la política nacional que plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de salud.

Además, en el país también se conmemora, el 28 de mayo de cada año, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer a fin de concientizar y reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano al que dicho sector debe acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, además, denuncia las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres.

Debemos trabajar en el fortalecimiento de la salud de las mujeres, quienes  se han convertido en una importante fuente de trabajo, son pilares económicos de muchos hogares y sobre todo son un sector fundamental con papeles clave en el núcleo familiar. Las mujeres, como actoras sociales aspiran a estar donde se toman las decisiones para el futuro de sus vidas y de sus sociedades y garantizar su acceso a un servicio de salud eficiente es primordial para lograr dicha meta.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan acciones para promover la salud y bienestar de las mujeres del país. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 ONUMujeres, Hechos y cifras: el VIH y el SIDA, en línea [Disponible en:] http://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids/facts-and-figures

2 Secretaría de Salud, Información estadística, en línea [Disponible en:] https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

3 Inmujeres, Día Internacinal de Acción por la Salud de las Mujeres, en línea [Disponible en:] https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/dia-internacional-de-accion-por-la-salud-de-las-mujeres?idiom=es






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México a informar sobre las acciones y apoyos directos que hasta el momento se han realizado para atender las necesidades de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 para rehabilitación de viviendas, así como para prevenir que inmuebles con mayor o menor daño, construidos hace más de 30 años, resulten afectados frente a un futuro sismo. Se turna a la Primera Comisión.

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE A LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MÁS RESILIENTE, INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES Y APOYOS DIRECTOS QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN REALIZADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, ASÍ COMO PARA PREVENIR QUE INMUEBLES CON MAYOR O MENOR DAÑO, CONSTRUIDOS HACE MÁS DE 30 AÑOS, RESULTEN AFECTADOS FRENTE A UN FUTURO SISMO; EL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN, LAS EROGACIONES HECHAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA TAREA, ESPECIFICANDO SU DESTINO, Y EL MONTO RESTANTE CON EL QUE SE CUENTA PARA LAS ACCIONES PENDIENTES; ADEMÁS, SOBRE LOS SEIS CENSOS QUE ESTABLECE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCION Y EL PORQUÉ NO ESTÁN DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA CDMX. ASIMISMO, A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NOS INFORME SOBRE LA AUDITORÍA HECHA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, al tenor de los siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El 26 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente”. Señalándose entre las atribuciones de ésta última:

“SEXTO.- Las atribuciones de la “Comisión” serán las siguientes:

“I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria ejecutadas por las Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que estén vinculadas a los objetivos y metas del “Programa”; II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del Jefe de Gobierno; III. Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa” y las modificaciones que por razones de su operación se pudieran generar; IV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México ante las instancias públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a los temas y acciones que conforman el “Programa”; V. Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, Convenios y Lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o administrativo, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones; VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; VII. Administrar la “PLATAFORMA CDMX”; VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente; IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos; X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, coordinación, comunicación, ejecución institucional y de gestión con la ciudadanía; XI. Llevar a cabo el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos; XII. Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y esfuerzos de gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones realicen los entes públicos que se encuentren vinculados con la atención de las personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, para garantizar sus derechos en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad social y las demás que resulten necesarias; XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, así como para la reconstrucción, rehabilitación y demolición de inmuebles dañados; XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de incentivos, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la consecución de su objeto; y XV. Las demás que le asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma le puedan corresponder”.

2.- Que el 26 de octubre de 2017 se instaló formalmente la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, señalando en esa ocasión el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Angel Mancera, que sería “una Comisión que estará encargada de una tarea que va más allá de un encargo de Jefe de Gobierno, que va más allá de lo que yo pueda hacer en el tiempo que me quede al frente de la Ciudad de México. Traspasa esto, es una planeación que es de beneficio de largo plazo para la Ciudad de México y estoy seguro que sus trabajos habrán de mostrarlo así”.

Advirtió por otro lado que la Comisión habría de administrar la plataforma CDMX “para que sea una plataforma robusta, transparente, blindada y por supuesto también que brinde información a la ciudadanía”. Y entre otras tareas subrayó las de: “Gestionar obtención de recursos; hacer comprobación de los mismos, establecer mecanismos de concertación, de atención, monitorear el programa de acuerdo con los indicadores que se establezcan, entre otras tareas. Básicamente, reestructurar a la Ciudad de México y transformar a la Ciudad de México porque eso es lo que nosotros aspiramos… También tener a la brevedad la planeación de los apoyos económicos a mediano y largo plazo para la ciudadanía en todos y cada uno de los frentes.

“Reforzar nuestra reconstrucción en materia de familia, es importantísimo que no dejemos de tener los apoyos; reforzar nuestra planeación y reforzar nuestra ejecución en materia de protección civil y por supuesto de los equipos de rescate, en donde incluimos por supuesto a los bomberos, que aquí nos representa su secretario general del sindicato y a los demás cuerpos que integran el rescate de la Ciudad de México.

“Trabajar en la actualización de protocolos para los casos de emergencia en la Ciudad de México, revisión y actualización y por supuesto, también en algo que lanzamos aquí que se llama “Voluntarios de Corazón”, a fin de tener a la sociedad civil perfectamente estructurada y vinculada con las tareas de la Ciudad de México.

“Planear las acciones complementarias que vengan con la ley que tenga a bien aprobar la Asamblea Legislativa y revisar que en todas nuestras acciones se cumpla con la transparencia, se cumpla con el acceso a la información para que la ciudadanía no tenga ninguna duda de nuestro actuar, así como ejecutar y poder llevar a cabo los planteamientos que haga el Comité Científico que estará apoyando en nuestras tareas”.

Enfatizando, como una de las metas centrales de la Comisión, la siguiente: “Queremos que aquellos inmuebles anteriores al 85 no vivan en un riesgo permanente, sino que se ocupará la ciudad de, en este plan, poder atender a aquellos inmuebles para que sus habitantes puedan tener edificios mejorados, reforzados a través de esquemas de beneficio fiscal, que también estamos ya trabajando y en los cuales estamos empeñados y próximamente se irán anunciando”1.

3.- Que el 26 de octubre de 2017, tomó protesta como encargado de la Comisión, Ricardo Becerra, quien en esa oportunidad indicó que la instancia se creaba para dar respuestas y soluciones a los damnificados. Y que entre sus principales funciones, la Comisión tenía encomendadas la elaboración técnico-científica del Plan de Reconstrucción; transparencia, uso, destino y rendimiento de los recursos económicos y la administración de la Plataforma CDMX, apoyándose para esas tareas en un consejo consultivo integrado por 27 dependencias locales y la consulta permanente con la población.

4.- Que el 1 de diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Decreto por el que se expide la Ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente”, señalándose entre sus artículos transitorios:

“CUARTO. El Jefe de Gobierno emitirá el programa de reconstrucción con los distintos modelos que permitan atender a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como las disposiciones complementarias o lineamientos para la aplicación del presente ordenamiento, en un plazo de treinta días naturales a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley.

“SÉPTIMO. En un plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, expedirá los lineamientos para otorgar todas las facilidades administrativas necesarias durante el proceso de reconstrucción de todo tipo de viviendas afectadas por el sismo.

“NOVENO. En un plazo de 15 días naturales, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Consejería Jurídica, expedirá las reglas necesarias para que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, otorgue las facilidades administrativas necesarias para la reconstrucción de todo tipo de viviendas afectadas por el sismo.

“DÉCIMO. En un plazo de 10 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad de México, publicará, a través del INVI el programa de apoyo y gestión crediticia para los inmuebles con daños estructurales reparables, de acuerdo a la modificación de sus reglas de operación para la atención de los afectados.

“DÉCIMO PRIMERO. El Gobierno de la Ciudad apoyará económicamente a los hogares cuyo jefe o jefa de familia haya fallecido o hubiera quedado incapacitado parcial o totalmente a consecuencia del sismo.

“DÉCIMO SEGUNDO. El gobierno de la Ciudad actualizará el Atlas de riesgo en un plazo no mayor a 180 días naturales y entregará una versión pública del mismo, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

“DÉCIMO TERCERO. A más tardar en un plazo de 365 días naturales, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley el gobierno de la Ciudad entregará un programa integral de protección civil que permita preparar a la ciudad ante posibles desastres y desarrollar capacidades que permitan hacer frente a las situaciones de emergencia a través de los protocolos idóneos para ello. Asimismo, integrará una estrategia de capacitación y difusión sobre las medidas y protocolos que deberán de seguirse en caso de ocurrir un sismo.

“DÉCIMO CUARTO. La Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, informará en plazo no mayor a 15 días naturales, el monto del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, integrado por los recursos Locales, Federales y Privados, de los ejercicios 2017, 2018 y subsecuentes. Asimismo establecerá, en un lapso no mayor a 15 días naturales, los lineamientos necesarios para la utilización del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en caso de ocurrir cualquier desastre natural.

“DÉCIMO QUINTO. En un plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, expedirá el programa para el apoyo a las actividades agrícolas afectadas por el Sismo.

DÉCIMO SÉPTIMO. En un plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, expedirá el programa para el apoyo a las actividades económicas y comerciales afectadas por el Sismo.

“DÉCIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México, en un plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente de su publicación, deberá publicar las normas de funcionamiento y reglas de operación de la Plataforma CDMX.

“DÉCIMO NOVENO. El Órgano Legislativo aprobará el presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.

“VIGÉSIMO. Con la finalidad de evitar riesgos la Secretaría, vía el Consejo de Publicidad Exterior, coordinará el retiro de los anuncios en azoteas de inmuebles de acuerdo a lo previsto en la Ley de Publicidad Exterior; y de resultar procedente su reubicación, se llevará a cabo de manera coordinada con las empresas de publicidad, de acuerdo a los trámites de reordenamiento iniciados con anterioridad, se buscará en todos los casos prever el cambio de modalidad.

“VIGÉSIMO PRIMERO. Para acceder a los programas, beneficios y estímulos contemplados en la presente ley, las personas afectadas contarán con un plazo de 90 días naturales para registrarse en la Plataforma CDMX, a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

“VIGÉSIMO SEGUNDO. En tanto las disposiciones contenidas en el apartado correspondiente a los criterios para la rehabilitación, reparación, reestructuración, rigidización o reforzamiento estructural de la presente Ley se encuentren vigentes; Las condiciones y los plazos previstos en los artículos 71, 139, 179 y 224 del Reglamento de Construcciones que sustentan las Inspecciones Oculares Estructurales del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la CDMX serán suspendidos mediante decreto que emita el Jefe de Gobierno a propuesta de la Comisión para la Reconstrucción”.

Cabe destacar que el 23 de diciembre, con motivo de la aprobación del presupuesto para la Ciudad de México en 2018, la Asamblea Legislativa etiquetó 8 mil 792 millones de pesos destinados a la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados por el sismo del 19 de septiembre2.

De los recursos aprobados, se destinaron 5 mil millones de pesos para el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente. Y los otros 3 mil 700 millones de pesos fueron destinados a las diversas dependencias del gobierno capitalino involucradas en el proceso de reconstrucción. Entre esos recursos, 400 mdp se entregarían al Instituto de Vivienda; 1 mil millones de pesos para programas de atención a damnificados que otorga la Secretaría de Desarrollo Social y 1 mil 100 millones para la reparación de infraestructura hidráulica dañada, entre otros rubros.

De acuerdo con lo dicho ese día en la Asamblea, esto permitiría que, junto con los cerca de 3.7 mil millones de pesos de fondos federales destinados a la reconstrucción, se tengan recursos suficientes para esa tarea en la Ciudad 3, y es de señalar que tanto en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 como  en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se atribuyeron funciones específicas a la ALDF para supervisar, vigilar y aprobar esos recursos, se preveía además que harían comparecer al titular de la comisión cada vez que quisieran, y que éste quedaba obligado a hacerles llegar reportes mensuales de sus actividades, incluido uno “sobre las erogaciones y destino de los recursos del Fondo de Reconstrucción y una vez auditado por el órgano de control interno se integrará a la Plataforma CDMX”, situación que desató una guerra con el gobierno de la Ciudad, que insistía en manejar los recursos de manera autónoma.

5.- Que el 16 de febrero en curso, renunció el Comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México Ricardo Becerra, señalando que ignoraba el manejo de 8 mil millones de pesos que la ALDF habría autorizado ejercer a la Secretaría de Finanzas del GDF, desatándose un amplio debate sobre el uso, destino y transparencia de los recursos para reconstrucción, y quien debía ejercerlos, que llegó a su punto crítico cuando en solidaridad con el ex Comisionado renunciaron también varios consejeros de la Comisión.

6.- Que el 17 de febrero de 2018, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Angel Mancera, presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Decreto para reformar los Artículos 13, 14 y 71 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente, eliminando las facultades de la ALDF en materia de supervisión del uso, destino y monto de los recursos para la reconstrucción, mismo que fue aprobado el 22 de febrero, otorgando esa función a la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

En su oportunidad, el Dr. Miguel Angel Mancera declaró al respecto: “Será un ejercicio exclusivamente responsabilidad nuestra, del Gobierno de la Ciudad de México, (…) mañana (este lunes) tendremos sesión con el fideicomiso para la reconstrucción, ahí daremos cuenta de los recursos que estamos destinando para la reconstrucción”4.

Luego de eso, el 6 de marzo anunció la reactivación de las labores de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, con el nombramiento de Edgar Tungüí Rodríguez como nuevo comisionado y con la integración de tres subcomisionados más, quienes igualmente sustituían a quienes habían dimitido.

7.- Que el problema es que se han dado diversas cifras e incluso distinta información acerca del manejo y destino de los recursos.

Para empezar, están los 8 mil 772 millones de pesos que constan en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 5, pero que según declaraciones del diputado Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la ALDF, ascendería a 8 mil 792 millones de pesos, mismos que, según declaraciones suyas, serían producto de la reducción de la subestimación de la Ley de Ingresos, logrando un aumento de poco más de 13 mil millones respecto a lo marcado por el Gobierno de la Ciudad 6.

En contraste con lo anterior, el 15 de marzo del presente año, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, al dar a conocer que se instalaría una mesa interinstitucional para elaborar una propuesta que se presentaría a la Comisión para la Reconstrucción sobre la mejor manera en que se deberían emplear los recursos, habló de 6 mil 800 millones de pesos asignados por la Asamblea Legislativa para la reconstrucción en 2018, “que aún no habían sido liberados”7.

En esa ocasión el licenciado Amieva explicó además que el fondo estaba intacto y no se podía ejercer sin la autorización de la Comisión para la Reconstrucción, de acuerdo con las modificaciones que se habían hecho al Presupuesto de Egresos 2018.

Sin embargo, de acuerdo con información pública, el 23 de marzo la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en un lugar cada vez más resiliente, aprobó el ejercicio de 2 mil 195 millones 451,996 pesos para acciones para la recuperación de la capital del país tras el sismo del 19 de septiembre pasado. Y hasta detalló las asignaciones: para la Sobse 701 millones 504,742 pesos y para la Seduvi 729 millones 150,384 pesos.

Los trabajos corresponden a demoliciones de inmuebles con daño estructural y puentes peatonales colapsados en la zona Xochimilco-Tlalpan, rehabilitación de mercados, reparación de daños menores o inmuebles de código verde, así como la construcción de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, mejoramiento del suelo en Tláhuac y Xochimilco y la estabilización del talud en el Río San Buenaventura.

También los trabajos de los Directores de Responsables de Obra, retiro de anuncios en azoteas, elaboración de proyectos de reforzamiento estructural, estudios de mecánica de suelos y la reparación de inmuebles dictaminados como amarillos, entre otros.

En tanto, la Agencia de Gestión Urbana recibirá 220 millones 550,000 pesos para rehabilitar escuelas, trasladar escombro y demolición de inmuebles, entre otras tareas; y el Sacmex, 544 millones 296,870 pesos principalmente para recuperación de infraestructura de agua potable y drenaje8.

Por esos mismos días, la Secretaría de Obras y Servicios informó que había demolido 30 edificios riesgosos que quedaron dañados por el sismo. Y que, como parte de las acciones encaminadas a la reconstrucción de la capital, se encontraban en proceso de demolición de otros 21 edificios ya dictaminados por el Comité de Emergencias de la Ciudad de México.

Por si esto fuera poco, también de acuerdo con información pública, el 10 de abril de este año el propio licenciado José Ramón Amieva, para esas alturas encargado del despacho de la jefatura de gobierno, dio dos cifras más al anunciar que ya se había autorizado la entrega de 2 mil 382 millones 238 mil 496 pesos de los 6 mil 800 millones de pesos que se habían destinado para la reconstrucción, por lo que las dependencias involucradas en el tema comenzarían a ejercerlos en las acciones que tenían establecidas.

En entrevista comentó que estaban a la espera de que el gobierno federal haga entrega del dinero que del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) corresponde a la ciudad para poder destinarlo a trabajos de diversas índoles, y detalló que la Agencia de Gestión Urbana (AGU) recibiría 220 millones 500 mil pesos; el Sistema de Aguas (Sacmex), 544 millones 296 mil 870 pesos; la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), 809 millones 504 mil 742 pesos; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), 207 millones 936 mil 884 pesos; y la Secretaría de Desarrollo Social, 600 millones de pesos.

Adicionalmente señaló que continuaba la liberación de los espacios que en su momento fueron demolidos y que ya fueron retirados, que ascendían en ese momento a 33 espacios, así como la entrega ya de todos los recursos para que tanto esos 33 espacios como cerca de 45 que estaban en la zona sur pudieran ir desarrollando sus proyectos para la reconstrucción. Y anunció que “la próxima semana”, es decir siete meses después del sismo del 19 de septiembre, hablamos del 19 de abril, se presentarían los informes preliminares de los tres censos que habían sido realizados. El primero en lo que respecta a las afectaciones en la zona rural, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC); el segundo en lo que toca a los daños a inmuebles, que corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); y el tercero, que tiene que ver con pérdidas del patrimonio cultural, desarrollado por la Secretaría de Educación9.

Y todavía, mediante Tarjeta Informativa de fecha 12 de mayo, disponible en la página de Comunicación del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad (SEFIN), a través de la Subsecretaría de Egresos dio las siguientes cifras: según ellas, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea Legislativa para 2018, en su Artículo 14 se autorizó el Fondo de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México por un monto de 6 mil 855 millones de pesos, que no corresponden con lo que ahí se especifica.

También se dice ahí que la Secretaría de Finanzas asigna los recursos “conforme a los planes de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente”, y que derivado de ello, “del 24 de febrero a la fecha, la Comisión para la Reconstrucción ha aprobado 35 acciones para atender la contingencia derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017, las cuales ascienden a un monto de 3 mil 713 millones 858 mil 538 pesos”. Agregándose que esta información puede ser consultada en www.plataforma.cdmx.gob.mx 10.

En dicha Plataforma consta la cifra de 8 mil 772 millones de pesos (y no 8 mil 792 millones) como el monto total de los recursos asignados para la reconstrucción de la CDMX 11. Sin embargo, cuando uno pretende encontrar en el desglose el monto total a que ascienden los recursos provenientes del FONDEN y de donaciones, aparece la leyenda “Información en proceso de captura”, e igual en otros casos, además de que está desactivado en la sección de “Contacto”.

Cabe destacar que el 19 de marzo, con motivo de su designación como comisionado, Edgar Tungüi declaró que se iba a hacer un análisis de la Ley y el Programa para la Reconstrucción, “a fin de determinar las modificaciones necesarias, mismas que deberían estar listas antes de que concluya esta administración”. Advirtió que sus objetivos a corto plazo, no más de un mes, eran “concluir los censos de daños que dejó el sismo, habilitar la Plataforma CDMX y dar transparencia al ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción”.

Dijo además que de los 45 programas que integran el Plan de Reconstrucción, hay “algunos” que están cumplidos, sin precisar cuales, pero que daría cuenta de ello “en los próximos días”; y que estaban “integrando” todo el cuadro de necesidades 12.

Exactamente un mes después de estas declaraciones el comisionado Tugüi presentó un informe de avances de los trabajos de reconstrucción. Señaló que hasta esa fecha se habían autorizado 3 mil 624 millones de pesos en 30 acciones distintas. Dijo que sumaban 40 edificaciones demolidas en 7 delegaciones y que se trabaja en otras 23 13, pero nada dijo de la atención directa de los damnificados, el número de ciudadanos afectados que resultaron beneficiados, nada sobre financiamiento o apoyos directos para la rehabilitación de vivienda unifamiliar y condominal, o para infraestructura comercial y urbana, y nada tampoco sobre la Plataforma y los censos y dictámenes que inicialmente se habían prometido.

A ese respecto, el estudio “Ecos del Sismo”, realizado por Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), ha puesto en evidencia irregularidades durante la etapa de reconstrucción, que demuestran la poca efectividad de las acciones tomadas por los tres niveles de gobierno para la reparación de los inmuebles dañados 14.

Hasta noviembre de 2017 el Gobierno de la Ciudad reportó un total de 16 mil 452 inmuebles revisados, los cuales dividió en cuatro categorías: inmuebles con daños menores; inmuebles con riesgo incierto (daños en fachadas o bardas expuestas o cercanas a otros inmuebles); inmuebles con daños estructurales (que serán demolidos si es necesario); e inmuebles recuperados, (aquellos que han sido intervenidos para ser habitables. De éstos, hasta el 31 de enero pasado 14 mil 264, había sido oficialmente evaluados.

La investigación resalta que la entrega de créditos para aquellas personas que perdieron sus hogares, no garantiza la recuperación de su patrimonio, sino más bien demuestra que “la reconstrucción de la ciudad estará determinada por la capacidad de pago que tengan las y los ciudadanos para reconstruir sus viviendas”, lo que, se considera, coloca en una situación incierta a las víctimas pues pone a prueba “su capacidad financiera para asumir una deuda”, a pesar de que lo han perdido todo, cuando más bien se debería garantizar “su derecho a la vivienda y a una ciudad amparada en la misma ley”.

El estudio también realizó un análisis de la violación de derechos humanos y laborales de las víctimas; así como diversas omisiones que pudieron haber evitado numerosas muertes en los inmuebles colapsados, derivado de lo cual se ha propuesto incluso, por organizaciones y activistas sociales, la instauración de una Comisión de la Verdad 19S que “garantice un debido proceso y respete los derechos humanos de las personas afectadas”.

8.- Que han pasado ya 8 meses desde que se registró el sismo, y se ve muy poco avance en las tareas de reconstrucción, hay infinidad de damnificados todavía en las calles o en albergues, sin casa y sin apoyo económico alguno, unas 3 mil 500 familias según los propios damnificados 15, y oficialmente se reconocen aproximadamente 27 campamentos, además de que nadie sabe bien a bien en qué consiste y a cuánto ascienden las tareas de reconstrucción en la Ciudad. Y ningún edificio colapsado ha vuelto a reconstruirse.

Según estimaciones publicadas en el diario “El Universal”, el gobierno de la Ciudad de México dispondría en el mes de marzo de 12 mil 577 millones de pesos para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción, 2 mil 754 millones de los cuales están ya etiquetados para programas de vivienda, educación, desarrollo social e infraestructura. 8 mil 722 millones correspondían a lo dispuesto en el Presupuesto 2018. 2 mil 950 millones del FONADEN, 900 millones más que se tiene proyectado recaudar por fotomultas y 5 millones 300 mil pesos por concepto de donaciones16.

Pero nada de esto se refleja en acciones. Además de los damnificados que todavía se mantienen en albergues o campamentos, se estima en más de 5 mil inmuebles pendientes de dictaminación para conocer sus daños, y de las 422 escuelas con daños, menos de la mitad ha sido reparada17.

Son ya ocho meses del sismo y la reconstrucción de la Ciudad, que era considerado el tema de máxima prioridad en la capital, se ha ido diluyendo entre promesas de acciones y recursos y la total opacidad en su manejo, al grado de que cada día son más las voces que reclaman poner un alto a esta situación y enfrentar de una vez el problema de las más de 100 mil personas que se estima son damnificadas desde el 19 de septiembre de 2017, la mayor parte de ellas por cierto de la tercera edad, y en general de todos los habitantes de esta Ciudad, zona de alto riesgo sísmico, que no pueden seguir viviendo apostando a que en el siguiente sismo les toque en suerte no perder su casa, sus bienes o la vida.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

PRIMERO. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Comision para la Reconstruccion, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, informar a esta Soberanía sobre las acciones y apoyos directos que hasta el momento se han realizado para atender las necesidades de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 para rehabilitación de viviendas, así como para prevenir que inmuebles con mayor o menor daño, construidos hace más de 30 años, resulten afectados frente a un futuro sismo; el monto total de los recursos para reconstrucción, las erogaciones hechas para el cumplimiento de dicha tarea, especificando su destino, y el monto restante con el que se cuenta para las acciones pendientes; además, sobre los seis censos que establece la ley para la reconstruccion y el porqué no están disponibles en la plataforma CDMX. asimismo,

SEGUNDO.- El Senado de la República respetuosamente exhorta al gobierno de la Ciudad de Mexico, para que a través de la contraloría general de esa entidad federativa, nos informe sobre la auditoría hecha a la Secretaría de Finanzas por la aplicación y distribución de los recursos de la reconstrucción de la ciudad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

1 http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/instalacion-de-la-comision-para-la-reconstruccion-recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada-vez-mas-resiliente

2 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-etiqueta-aldf-8-mil-792-millones-pesos-reconstruccion-ciudad-mexico-
presupuesto-egresos-2018--36766.html

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/23/1209692

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mancera-propone-restar-facultades-a-ALDF-en-materia-de-
reconstruccion-20180219-0022.html

5 http://www.aldf.gob.mx/archivo-7e7807ea83cd3469efdfc1c4c4e547e3.pdf

6 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-presupuesto-historico-reconstruccion-cdmx-2018--36768.html

7 http://obrasweb.mx/construccion/2018/03/15/alistan-la-liberacion-de-los-fondos-2018-para-reconstruccion-en-
cdmx

8 http://obrasweb.mx/construccion/2018/03/26/la-comision-para-la-reconstruccion-de-la-cdmx-autoriza-2000-mdp

9 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/autorizados-primeros-recursos-para-reconstruccion-de-cdmx/1231705

10 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/recursos-para-la-reconstruccion

11 https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/acciones-aprobadas-2018

12 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/analizan-otra-reforma-ley-de-reconstruccion

13 https://noticieros.televisa.com/videos/tungui-rodriguez-presenta-avances-reconstruccion-cdmx/

14 https://www.projectpoder.org/wp-content/uploads/2018/03/Ecos_Sismo_final.pdf?platform=hootsuite

15 http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070336.html

16 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/bolsa-para-reconstruir-cdmx-es-de-125-mmdp

17 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/el-universal/nacion/reconstruccion-indolente






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, en coordinación con las entidades federativas, emprenda acciones para proteger y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del sistema ferroviario del país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del crimen organizado. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en coordinación con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fortalezcan las medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y el patrimonio de los usuarios. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El tema de la ciberseguridad en el sistema financiero ha adquirido una inusitada relevancia a nivel global, debido al aumento exponencial de los ataques a este sistema, en perjuicio de los derechos y seguridad del patrimonio de los usuarios y sus familias.

El fraude cibernético se refiere a aquellas estafas que utilizan la red para realizar transacciones ilícitas1. Los bancos son los más propensos a los ataques cibernéticos, toda vez que su tamaño y el número de clientes que tienen.

Para poner en su justa dimensión la gravedad de esta problemática, es necesario señalar que a nivel mundial, los ataques cibernéticos en el sistema financiero han crecido alrededor de 10 por ciento en los últimos dos o tres años, con una frecuencia de ataque de 65 por ciento mayor que otras industrias.2

Nuestro país no escapa a esta grave situación. De acuerdo con medios periodísticos, actualmente dos de cada tres reclamaciones que presentan los usuarios de la banca en México tienen que ver con fraudes cibernéticos, fenómeno que en un lustro se multiplicó más de 10 veces y que tiene la característica de realizarse sin la tarjeta física, como es el caso del comercio electrónico, el comercio por teléfono, las operaciones por Internet, la banca móvil y los pagos por celular.3  

Los fraudes cibernéticos, como se les denomina a aquellas estafas que emplean la red para realizar transacciones ilícitas, pasaron de 356 mil casos en 2012 a poco más de 4 millones 82 mil el año pasado, conforme a cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef).

De acuerdo con esta misma Comisión, en los últimos dos o tres años se han registrado ataques cibernéticos en las instituciones financieras, sobre todo, en bancos, por un monto afectado de 150 millones de pesos. Según funcionarios de dicho organismo, 40 por ciento de los ciberataques en el sistema financiero es por phishing o de robo de información personal mediante la suplantación de una página oficial de algún banco o institución financiera.

En este mismo orden de ideas, en días pasados diversos medios de comunicación, han hecho de conocimiento público múltiples incidencias en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios e instituciones financieras (SPEI), entre ellas la sustracción irregular de recursos y la supuesta operación de una banda delictiva de hackers encargada de realizar trasferencias a cuentas ”fantasma”.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los montos sustraídos podrían superar los 300 millones de pesos, los cuales fueron trasferidos a fondos y cuentas falsas para después ser retirados en diversos puntos del país.4

Desde el 27 abril, múltiples instituciones bancarias han detectado retrasos en las trasferencias electrónicas o la imposibilidad de realizar dichas transacciones, por lo que se han visto obligados a migrar a otros sistemas de trasferencias que han hecho de estos servicios uno más lento.

Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros ha recibido más de 410 denuncias y solicitudes de asesorías ante la permanencia de este tipo de fallas en el denominado SPEI. Sólo en el mes de abril, se presentaron 191 quejas por transferencias no aplicadas de las cuales 69 fueron de Bancomer, 40 de Banamex, 28 Banorte, 13 Santander y 16 Scotia.5 

Derivado de estos hechos, el Banco de México creó la dirección de “Ciberseguridad” que será la encargada de fortalecer las medidas de protección a la información y las disposiciones aplicables en materia de intermediarios financieros.

Pese a los avances en la materia, los fraudes cibernéticos aumentan exponencialmente, lo que atenta contra los intereses y patrimonio de los usuarios y sus familias, por lo que la Condusef recomienda tomar las medidas necesarias para evitar ser víctimas de estas prácticas.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 4, establece como una de sus facultades, procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas6.

Asimismo, en su artículo 5°, plantea a la letra que “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios”.

Por su parte, el artículo 2o de la Ley del Banco de México apunta que “El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago”.7   

Y, finalmente, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional bancaria y de Valores, plantea que tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.8

De igual manera, será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

Además de contar con este importante andamiaje jurídico, resulta oportuno y urgente fortalecer la estrategia para prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones, los intereses y patrimonio de los usuarios y sus familias.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fortalezcan las medias de seguridad, para prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y el patrimonio de los usuarios.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 https://www.gob.mx/condusef/acciones-y-programas/el-fraude-cibernetico

2 https://www.20minutos.com.mx/noticia/287766/0/ciberataques-en-sector-financiero-dejan-dano-economico-por-150-mdp-cnbv/

3 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/06/en-mexico-4-millones-de-fraudes-ciberneticos-durante-2017-
589.html

4 El Universal. (2018). Hackers roban más de 300 mdp a bancos mexicanos. 15/05/2018. Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/hackers-roban-mas-de-300-mdp-bancos-mexicanos

5 Edgar Juárez. (2018). Condusef ha atendido 410 llamadas por el tema del SPEI. 15/05/2018, de El Economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Condusef-ha-atendido-410-llamadas-por-el-tema-del-SPEI-20180514-0097.html

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78275/ley_condusef.pd

7 http://www.banxico.org.mx/disposiciones/marco-juridico/ley-del-banco-de-mexico/%7B6A70B07F-127A-0079-220C-83843B089097%7D.pdf

8 https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo en torno a asesinatos, secuestros y amenazas a candidatos, en diversos estados del país. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a transparentar y hacer del conocimiento público el número total de bebederos instalados y en funcionamiento en las escuelas del Sistema Educativo Nacional; el destino de los recursos destinados a tal fin, así como el plan emergente para su cumplimiento antes de concluir el sexenio. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación del Estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador del propio estado, en lo que va de la actual administración, con el objeto de dar seguimiento al uso eficiente y transparente en el manejo de dichos recursos. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

El párrafo séptimo del mismo artículo señala que “Los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Mientras que el párrafo octavo menciona que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propagada incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Pese a este importante andamiaje jurídico, distintos medios periodísticos han destacado que “En cinco años el estado ha gastado 33 millones 35 mil pesos para exaltar la imagen y el trabajo de Miguel Márquez Márquez con motivo de sus informes de Gobierno”.1

La Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, detalló la forma en que se gastó el dinero de los guanajuatenses que, en términos generales, se desglosa de la siguiente manera:

Para el Primer Informe llevado a cabo en marzo de 2013, se gastaron dos millones 496 mil 608 pesos en 134 conceptos. El mayor gasto, de 742 mil 400 pesos se destinó al pago de la impresión de 200 glosas y 400 anexos.

Para el Segundo Informe, se ejercieron cuatro millones 297 mil 257 pesos, con lo que el costo se incrementó 72.2% con respecto al año previo. El gasto se destinó en 350 conceptos, en su mayoría difusión y transmisión por radio y televisión.

En el Tercer Informe, realizado en 2015, se ejerció un monto de cinco millones 988 mil 320 pesos, 39.35% más que el año anterior; mientras que en el Cuarto Informe, se destinaron seis millones 40 mil 541 pesos.

El Quinto Informe que se celebró en el Parque Guanajuato Bicentenario, evento donde el gobernador estatal presumió sus logros en obras y programas,  tuvo un costo de siete millones 151 mil 898 pesos.

Para el Sexto Informe -el último de actual gobierno- el gasto total de la promoción alcanzó siete millones 60 mil 388 pesos. La Coordinación General de Comunicación Social apostó a la difusión de banners, redes sociales y espacios en salas de cine. Para éste ejercicio se observaron nuevos conceptos como la difusión y transmisión en las redes sociales y plataformas. En total se destinaron 353 mil 880 pesos para informar a los ciudadanos de lo hecho por la Administración estatal en medios digitales.2

Esta información de carácter oficial, revela el aumento sistemático de los recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador Márquez Márquez, del orden de 183% entre 2013 y 2017, lo que significa cuatro millones 563 mil 780 pesos más.

Indudablemente, el gobernador estatal privilegió su agenda personal y aspiraciones políticas, por encima de la agenda institucional lo que explica, en gran medida, los principales problemas que hoy enfrentan aquejan la mayoría de la población, sobre todo, en materia de incidencia delictiva, que ha aumentado exponencialmente en el presente gobierno, en perjuicio de la paz y el orden en la entidad, y de la tranquilidad, integridad y patrimonio de los guanajuatenses.

En este contexto, el ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, con el objeto de recuperar la credibilidad en las instituciones, las autoridades y los funcionarios en sus diferentes niveles, en beneficio de los ciudadanos.

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, menciona que “La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de la fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo”.3

De manera general, la Auditoría tiene entre sus principales funciones, las siguientes: Analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas; conocer, revisar y evaluar los resultados de la gestión financiera de los sujetos de fiscalización; investigar los actos u omisiones que pueden constituir daños o perjuicios a la hacienda o patrimonio públicos; acordar y practicar auditorías; verificar el exacto cumplimiento y apego a la legislación y normatividad aplicable, por parte de los sujetos de fiscalización; dictaminar los daños y perjuicios causados a la hacienda o patrimonio público; dictaminar la probable responsabilidad y promover el financiamiento de sanciones; e informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización.

Por último, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, reafirma las competencias de la Auditoría Superior del estado y establece los principios fundamentales de la fiscalización4.

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes fundamentales para la gobernabilidad democrática y una gestión pública eficaz y eficiente, en beneficio de la población.

Por ello, el aumento irresponsable de los gastos en promoción personal del gobernador estatal es incongruente con las problemáticas sociales que afectan a la sociedad guanajuatense, que limitan la implementación de políticas públicas oportunas y eficaces y el ejercicio pleno de derechos fundamentales de los habitantes en materia de seguridad pública, educación y salud, principalmente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTOS DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, fiscalice los recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador del estado de Guanajuato, en lo que va de la actual administración, con el objeto de dar seguimiento al uso eficiente y transparente en el manejo de dichos recursos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 https://www.am.com.mx/2018/04/15/local/gastaron-33-millones-en-informes-de-marquez-458979;
http://alaunanoticias.com/gastaron-33-millones-en-informes-de-marquez/

2 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/resumen_informativo/archivo/2233/sintesis16042018.pdf

3http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/1/CONSTITUCION_POLITICA_PARA_EL_ESTADO_DE_GUANAJUATO_PO_04Abr2017.pdf

4http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/143/Ley_de_Fiscalizacion_Sup_del_Edo_Gto_REF_P.O._28Oct2016_FedeE_02dic2016.pdf






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y aluminio provenientes de los Estados Unidos de América. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación integral ante las denuncias públicas de posibles conflictos de interés y desvío de recursos públicos para incrementar la plusvalía de diversos predios en el municipio de San José Chiapa derivado de la instalación de la “planta automotriz Audi”, por parte del ex gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a fin de beneficiar a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, actual candidata de la coalición “Por Puebla al Frente” a la gubernatura de la entidad. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a emprender las acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en la delegación Coyoacán, como recabar votos a favor del PRD y coaccionar a los trabajadores de la demarcación para afiliarse a dicho partido político, a fin de que los hechos sean esclarecidos con celeridad, legalidad y objetividad, así como deslindar las responsabilidades correspondientes. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 09 de mayo del año en curso, el diario de circulación nacional Reforma hizo del dominio público que trabajadores de la delegación Coyoacán son coaccionados para recabar votos a favor del PRD y para afiliarse a dicho instituto político, mismo que tiene sometida la demarcación desde 1997 a través de prácticas de esta naturaleza.1

En el mismo tenor, refieren que ante la negativa de acceder al “trabajo político”, como es llamado por sus promotores, los trabajadores son amenazados con perder sus empleos en las Direcciones de Desarrollo Social o Atención Ciudadana de la Demarcación. Asimismo, expresan que a cada empleado le solicitan garantizar una cuota de hasta 80 votantes en la próxima elección.

Por otro lado, precisan que las personas afectadas principalmente son trabajadores eventuales que cuentan con una antigüedad de entre 5 y 10 años, a los que se les ha condicionado la entrega de una base a cambio de apoyo al PRD. En el caso concreto, la promoción se lleva a cabo por medio de la entrega de despensas, vajillas y tarjetas conocidas como “Por Ti”, con 4 mil 100 pesos (aunque aclaran que son apoyos del PRD).

Por si esto no fuera suficiente, las personas afectadas han expresado que a pesar de que las actividades se realizan fuera de sus horarios laborales, no han recibido el pago correspondiente a las quincenas del mes de abril; e incluso, acusan intimidaciones por parte del personal de la delegación.

Aunado a lo anterior, con base a testimonio de las personas afectadas, quien continúa al frente de la delegación el ex jefe delegacional, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, personaje que a través de los años ha acumulado múltiples denuncias y señalamientos derivados del control violento que ejerce en la delegación.

La conducción inadecuada y al margen de la ley por parte del ex delegado se encuentra ampliamente documentado. Entre otros casos, destaca el relativo a contratos suscritos por el gobierno de la demarcación con evidentes beneficios en favor de empresas vinculadas con él.

Así lo advierte lo ocurrido con la empresa Comercializadora Shamer, misma que según información pública, tan sólo de 2015 a 2017 vendió diversos productos a la delegación Coyoacán, entre ellos miles de tinacos, tabletas, pintura para fachadas, apoyo logístico, box lunch, material de limpieza e incluso, gorras, todo ello con un gasto superior a los 44 millones de pesos.2 Es oportuno hacer énfasis en que cuestiones como la distribución de tinacos comprados a empresas vinculadas con él, se ha registrado de manera sistemática en cada proceso electoral.

Como legislador, al lado de otros integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Mauricio Toledo Gutiérrez fue denunciado por el presunto uso inadecuado de los recursos que estaban destinados a la reconstrucción por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 

Acusan que los legisladores locales administraron 898 millones 074 mil 939 pesos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018 que deberían asignarse preferentemente a reconstruir, pero en su lugar, únicamente destinaron 270 millones; además, etiquetaron 2 mil 400 millones para regalos como tabletas, pintura y tenis.3

Por otro lado, en distintas ocasiones se ha denunciado a funcionarios de la delegación Coyoacán por la comisión de delitos electorales. Por lo que respecta a los hechos que motivan el presente punto de acuerdo, hace menos de un mes se dio a conocer la compra de votos en las colonias Santa Úrsula Coapa y Ajusco.

Igual que en esta ocasión, como dimos cuenta en el Senado de la República, se acusó a funcionarios de entregar tarjetas que forman parte de Por ti, Bienestar y A Tu lado. A reserva de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, cabe mencionar que el artículo 7, fracción VII de la Ley General de Delitos Electorales, dispone que se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien: Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Estamos ante un asunto que debe ser esclarecido sin mayor dilación, sobre todo si tenemos en cuenta que el artículo 5 del propio ordenamiento jurídico establece que: Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

En atención a la persistencia de las conductas antijurídicas, es imperativo que en el marco de sus funciones, la FEPADE investigue y sancione el inadecuado uso de las acciones institucionales realizado por el gobierno delegacional perredista desde hace por lo menos cuatro años en detrimento de la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático mexicano.  El objetivo es garantizar elecciones pacíficas, libres y auténticas en la Ciudad de México y particularmente, en la delegación Coyoacán, donde han sido expuestas prácticas al margen de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, emprenda las acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en la delegación Coyoacán, como recabar votos a favor del PRD y coaccionar a los trabajadores de la demarcación para afiliarse a dicho partido político, a fin de que los hechos sean esclarecidos con celeridad, legalidad y objetividad, así como deslindar las responsabilidades correspondientes. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 León, Alejandro. (2018). Denuncian en Coyoacán activismo para PRD. Reforma,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1389753&md5=7b254a774af073982e578f1241520b1e&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=12f943692b004f3e26766f602e1405b0

2 Redacción, La Silla Rota. (2018). Firma vinculada a Toledo le vendió de todo a Coyoacán. La Silla Rota, https://lasillarota.com/metropoli/firma-vinculada-a-toledo-le-vendio-de-todo-a-coyoacan-empresa-coyoacan-cdmx/201729

3 Fuentes, David. (2018). Denuncian a Mauricio Toledo, Jorge Romero y Leonel Luna por presunto desvío del S-19. El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-mauricio-toledo-jorge-romero-y-
leonel-luna-por-presunto-desvio-del-s-19






De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas. Se turna a la Primera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar celeridad y transparencia a la investigación que realiza sobre el video en el que presuntamente elementos de la Policía de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A más de cinco años del inicio de la actual administración del gobernador de la Ciudad de México, la entidad enfrenta una situación de inseguridad creciente.

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal1 2013-2018, establece que para fortalecer el tejido social, el orden, la paz y la tranquilidad, es necesario consolidar y modernizar el sistema de seguridad ciudadana y de prevención del delito, así como la capacitación y evaluación permanente del personal de seguridad pública y de procuración de justicia, para prevenir la corrupción e impunidad2.

Dentro de las principales acciones planteadas en la materia, destacan las siguientes: Crear y fortalecer programas de prevención del delito que incluyan acciones para mejorar el tejido social, como la recuperación y mantenimiento constante de espacios públicos y de la confianza de la ciudadanía y fortalecer las estrategias para prevenir actos de corrupción en las instituciones de seguridad pública.

No obstante lo anterior, diversos medios periodísticos señalan que el pasado 14 de mayo del año en curso, dos elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina fueron captados en un video cuando presuntamente recibían dinero a modo de soborno de vendedores de droga en una vecindad del barrio de Tepito3.

El video fue difundido por el portal del diario El Universal, horas después, la Procuraduría informó en un comunicado que “inició las investigaciones para determinar la posible comisión de un delito y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente”.

Cabe destacar que los agentes escaparon de su guardia en la Coordinación Territorial de la delegación Cuauhtémoc. Se llevaron sus armas de cargo, apagaron sus teléfonos y radios de comunicación. Según la Procuraduría General de Justicia, estaban “ilocalizables”.

De acuerdo con la nota divulgada por El Universal, el jefe de grupo de la policía de Investigación y su compañero -quien porta una pequeña maleta atravesada en el pecho-, fueron captados en video cuando estaban dentro de una vecindad ubicada en el número 6 de la calle Jesús Carranza, conocida por los múltiples operativos por venta de droga en el llamado “Barrio Bravo”.

Según información de la PGJ, los servidores públicos dialogan con el supuesto líder de narcomenudeo del “Palacio Negro” o “Cártel del 6”, ligado a La Unión.

Hacia el final de la grabación -fechada en abril de 2018- los presuntos narcomenudistas le entregan un fajo de billetes al policía de Investigación.

Sin embargo, la dependencia agregó que la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició de oficio una carpeta de investigación por el delito de cohecho para deslindar o acreditar la responsabilidad penal a que hubiera lugar.

Sin duda, este hecho no ha sido el único ya que el pasado, 2 de mayo del 2017 fue difundido en redes sociales en donde se aprecia el momento en que un automovilista les ofrece dinero, para evitar una infracción a dos policías de tránsito de la Ciudad de México4.

En este contexto, resulta preocupante la falta de resultados por parte del Gobierno de la Ciudad de México en materia de corrupción e impunidad por parte de elementos de seguridad, pese a que se estableció como una estrategia gubernamental prioritaria de la agenda institucional.

Lo anterior, revela que las acciones hasta ahora implementadas han resultado insuficientes e ineficientes para mejorar la confianza de las instituciones de seguridad y que afecta a la mayoría de los capitalinos.

En el segundo párrafo  del artículo 21 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos establece, que la actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.5

Asimismo, la Ley de Seguridad Publica de la Ciudad de México, expresa en su artículo 17, fracción VI que “Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, independientemente de las obligaciones que establecen la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras leyes especiales, deberán: Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción6.

El Jefe de Gobierno de la entidad no puede ser omiso ante sus obligaciones fundamentales, como la de capacitar y profesionalizar sus policías y abstenerse de corrupción e impunidad contra la delincuencia.

Ante este panorama, resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad de México, lleve a cabo las investigaciones correspondientes sobre el presunto video en la que elementos de la Procuraduría General de la Ciudad de México reciben dinero de supuestos narcomenudistas, con el propósito de deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

La seguridad pública es un derecho fundamental e indispensable para el bienestar de la sociedad, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones que permitan a todas las personas realizar sus actividades cotidianas, a efecto de salvaguardar su vida y patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé celeridad y transparencia a la investigación que realiza sobre el video en el que presuntamente elementos de la Policía de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 De Acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México, el Distrito Federal cambió de nombre como “Ciudad de México”.

2 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/PGDDF.pdf

3 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/elementos-exhibidos-en-grabacion-desaparecidos

4 https://elsemanario.com/video-viral/202912/graban-a-policias-de-transito-de-la-cdmx-recibiendo-un-soborno/

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 http://www.aldf.gob.mx/archivo-51021e3f0562d38356ccb328ffca01d3.pdf






De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas locales, remitan un informe sobre la estrategia “Compra consolidada de medicamentos”. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar una presunta red de corrupción por parte del partido de MORENA en la recolección de recursos para los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En reiteradas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el partido MORENA ha donado la mitad de sus prerrogativas a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Incluso, durante el primer debate entre candidatos a la presidencia de la república señaló que MORENA entregó la mitad de sus prerrogativas de campaña a los damnificados.

El Instituto Nacional Electoral ha reportado que sólo cinco partidos con registro nacional han devuelto 525 millones de pesos de los recursos de sus prerrogativas para que se destinen a un fondo de reconstrucción, destacando que el PRI, fue el instituto político que ha realizado la mayor aportación, con casi 259 millones de pesos1, mientras que MORENA no aparece en esta lista.

La legislación electoral imposibilita a los partidos políticos para aplicar sus prerrogativas de manera  directa en el apoyo de los damnificados. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 51, numeral 2, establece que:

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

Ante esta restricción, se estableció una ruta legal que permitiera hacer llegar los recursos a los damnificados sin violentar la legislación electoral: los partidos notifican al INE sobre sus decisión de renunciar a recibir las prerrogativas, y su petición de transferirlas a las personas damnificadas, posteriormente el INE notifica a la SHCP de la renuncia y esta instancia realiza los ajustes presupuestales.2

En este sentido, si MORENA no ha notificado al INE de su intención de regresar parte de sus prerrogativas para que sean entregadas los damnificados, significa una violación a la legislación electoral.

El 25 de septiembre de 2017,  MORENA creo el  Fideicomiso “Por los demás” en el Banco Afirme con el cual busca recaudar fondos para los damnificados de los sismos de septiembre, sin embargo, actualmente no existe transparencia sobre el origen y destino de dichos recursos.

Cabe resaltar el uso de recursos de procedencia ilícita para financiar campañas políticas se ha convertido en una práctica sistemática del partido MORENA. En julio de 2015, luego de finalizar los comicios electorales en el Estado de Chiapas, tres colaboradoras de Ricardo Monreal fueron detenidas cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula, debido a  que llevaban en su equipaje poco más de un millón de pesos, de los cuales no pudieron acreditar su origen lícito.

El 24 de abril de 2017, el video en que se muestra a Eva Felicitas Cadena Sandoval ex diputada de MORENA en el Congreso de Veracruz y quien fuera la candidata de dicho partido a ala a la presidencia municipal de Las Choapas recibiendo medio millón de pesos, evidenció la forma en la que opera la red de corrupción dirigida por la diputada federal con licencia y candidata de dicho partido al Senado de la República, Norma Rocío Nahle García, quien se encarga de recaudar recursos de procedencia ilícita para financiar las aspiraciones políticas de Andrés Manuel López Obrador.

El actual candidato de MORENA a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños no sólo ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la relación de sus empresas con distintos cárteles de la droga, sino también por financiar y apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México, así como sus distintos intentos por ocupar la Presidencia de la República en el año 2006 y 20012.

El caso más reciente de un integrante de MORENA involucrado en un caso de recursos de procedencia ilícita se presentó en el Estado de Yucatán, cuando en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Gerardo Rodríguez Mendoza, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Río Lagartos, Yucatán le fueron detectado dos millones de pesos de los cuales no pudo acreditar su origen.

Que quede claro, los legisladores del PRI no estamos en contra de que los partidos políticos apoyen a los damnificados, lo que condenamos es que este ayuda se realice con opacidad, sin conocer el origen y destino de los recursos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue una presunta red de corrupción por parte del partido MORENA en la recolección de recursos para los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una investigación en relación a un presunto desvío de las prerrogativas del partido MORENA al Fideicomiso “Por los demás”. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones legales que conforme a derecho procedan.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 “Partidos dan a damnificados 525 mdp de su gasto; Morena no renuncia a prerrogativas y crea fideicomiso privado”, Animal Político, < https://www.animalpolitico.com/2018/05/partidos-dan-a-damnificados-525-mdp-de-su-gasto-morena-no-renuncia-a-prerrogativas-y-crea-fideicomiso-privado/> Consultado el 7 de mayo de 2018.

2 Ibíd.






Del Diputado Erick Arturo Ovando Figueroa, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a suspender la licitación pública nacional No. LA-006G1C003-E2-2018, “AAS” “PAQUETE SURESTE”. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Javier Lozano Alarcón, con punto de Acuerdo por el que se solicita llevar a cabo una investigación a la gestión del Senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta como Presidente de la Mesa Directiva del Senado y como Presidente del Instituto Belisario Domínguez, debido a las inconsistencias reportadas en su declaración patrimonial. Se turna a la Primera Comisión.








Les informo ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, para referirse al desarrollo comercial del país y el Tratado de Libre Comercio.

(No se registran intervenciones)

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la situación política nacional.

(No se registran intervenciones)

Del grupo parlamentario del PRD, para referirse a la situación política nacional actual.

(No se registran intervenciones)






EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casilla Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”

“Todas las culturas, de un modo u otro, reflejan necesidades humanas comunes”
-Bronislaw Malinowski-

La Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre la Diversidad Cutural se aprobó en el año 2001, y al año siguiente, en diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el día 21 de mayo como el “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, a través de la resolución 57/249.

La intención básica es animar a las personas y organizaciones de todo el mundo a tomar medidas concretas de apoyo a la diversidad.

De acuerdo con la campaña de 2011 de UNESCO, concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, asimismo combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las personas de diferentes culturas.

Y es que de acuerdo a la ONU, tres cuartas partes de los grandes conflictos han tenido una dimensión cultural. Si esa inercia fuese a la inversa, que tres cuartas partes de los conflictos se hubiesen solucionado gracias a la cooperación cultural e internacional, pues definitivamente otra sería la situación global en la que vivimos.

El asunto debiera ser muy simple. Todos somos iguales como personas, con derechos y libertades, pero al mismo tiempo, diferentes en una curiosa contradicción por cuanto hace a la riqueza de la diversidad cultural, con lenguas, creencias, costumbres y tradiciones que deben fomentar el cordial mosaico de la interculturalidad.

El respeto y reconocimiento a nuestras diferencias, contrario al conflicto, debe constituirse, de acuerdo a la misma ONU como “una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora”.

Con toda razón, debemos fomentar el respeto y reconocimiento de nuestras diferencias culturales para un desarrollo mundial de concordia, y que lejos de la disconformidad, la diversidad cultural de la humanidad sea capaz de generar mayores oportunidades de bienestar.

La idea es sencilla: Mayor diversidad, mayores perspectivas de paz y desarrollo.

Muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Froilán Esquinca Cano, del grupo parlamentario del PT, sobre el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional de la Diversidad Biológica”
22 de mayo

Este 2018 se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Desde 1992, la Convención es el instrumento internacional que ha fomentado la conservación de la diversidad biológica, así como promover el desarrollo sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa entre la sociedad de los beneficios que deriven del uso y aprovechamiento de sus recursos genéticos.

Detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres y de agua dulce están incluidos en el Objetivo de Desarrollo Nº15 en la agenda de Objetivos de Desarrollo Sustentable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La biodiversidad o diversidad biológica es definida como la variedad de la vida, concepto que incluye varios niveles de la organización biológica: Por un lado incluye a la diversidad de especies, ya sean plantas, animales, hongos y microorganismos, que viven en un espacio determinado, su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman parte y a los paisajes o regiones en donde se ubican dichos ecosistemas. Por otro lado abarca los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

El objetivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica es reafirmar que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad y, que por ello debe existir el compromiso hacia el cuidado de la misma, para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera.

De esta manera, la sana convivencia con el ser humano, la utilización sustentable y el respeto de la diversidad biológica deben tener como enfoque su valor intrínseco y de sus componentes, valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos, para atender la preocupante reducción de la diversidad biológica derivada de determinadas actividades humanas, a través del desarrollo de nuevas capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar medidas adecuadas por parte de los estados firmante, que prevengan y ataquen en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica.

El 25º aniversario de la Convención es un momento para reflexionar sobre los logros en nuestras comunidades, en nuestras entidades federativas, en México y en el mundo, así como para trazar nuevos objetivos con miras al desarrollo de la diversidad biológica.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Sen. Froilán Esquinca Cano.






De los Diputados y Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”

La variedad de especies como plantas, animales y cualquier forma de vida en el planeta, permite que los seres vivos habitamos en armonía y equilibrio con los elementos necesarios para un sano desarrollo en convivencia.

La diversidad de especies contempla “plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes”1.

Desde hace 25 años, cada 22 de mayo se recuerda la necesidad de proteger a las especies y el entorno ecológico como el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”, estipulado por la Asamblea General de la Naciones Unidas, con la finalidad de transmitir educativamente los parámetros y alcances del “Convenio sobre la Diversidad Biológica” de 1992.

Dicho instrumento internacional permite “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”2.

Lo anterior, indica al Estado Mexicano la obligación de adaptar el marco jurídico con parámetros adecuados para que los recursos sean utilizados bajo esquemas sostenibles y de protección del entorno ambiental.

Por otro lado, es de observarse el Plan estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas del Aichi3 “Viviendo en armonía con la naturaleza” la cual pretende que en 10 años se puedan aplicar los objetivos siguientes:

• Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad;

• Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible;

• Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética;

• Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos; y

• Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad.

De lo anterior, el Estado Mexicano ha realizado reformas jurídicas para la protección de los animales y recursos naturales, es de recorda que México es considerado como “megadiverso”, por forma parte de un grupo poseedor de gran cantidad de animales y plantas.

En este sentido, como sociedad tenemos la responsabilidad de cuidar el entorno ambiental, debido a que en gran parte nos corresponde mantener un equilibrio frente a los recursos de la humanidad.

Hoy debemos de resguardar los recursos mediantes políticas que permitan el uso sostenible de los mismos, sin excesos por parte de los individuos y las empresas, en caso contrario, deben de ser sancionados y reparar el daño que causen.

Por ello, en el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en la construcción de iniciativas y propuestas que garanticen la defensa del medio ambiente mediante esquemas sostenibles para beneficio de todas y todos los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 CONABIO “Diversidad Mexicana” http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/pdf/Que_es.pdf

2 Organización de la Naciones Unidas “ Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo” http://www.un.org/es/events/biodiversityday/

3 Plan Estratégico para la diversidad biológica 2011-2020 inlcuidas las metas de Aichis para la Diversidad Biólogica https://www.cbd.int/sp/






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”

“La peor amenaza para nuestro planeta
es la creencia de que alguien lo salvará”
-Robert Swan-

Salvaguardar la vida de todos los organismos en el planeta, es más que una tendencia; es una necesidad, un compromiso, una obligación, es el único y urgente camino para preservar nuestra propia existencia.

Sobre este tema, el de los seres vivos, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, los términos biodiversidad o el mismo de diversidad biológica, son los que hacen referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforman.

De acuerdo con la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU), son “el fundamento de los medios de vida y el desarrollo sostenible de la población en todas las esferas de actividad, incluidos los sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros.”

Nuestro país, junto con China, India, Colombia y Perú se encuentra entre los cinco países llamados “megadiversos”, los cuales en conjunto albergan entre el 60% y 70% de la diversidad biológica conocida del planeta. Tan sólo aquí se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre.

Su relevancia es tal, que se estima que más del 70% de las personas que habitan en zonas rurales dependen directamente de la biodiversidad para subsistir.

Sin embargo, la capacidad de consumo de la humanidad ha superado la capacidad de abasto de la tierra, por lo que la variedad y abundancia de especies se ha disminuido, según datos de ONU, hasta en un 40% en tan solo 30 años.

Por ello, es necesario reflexionar sobre la preservación de la biodiversidad en el mundo y lograr su aprovechamiento sustentable.

Razones por las que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo de cada año, como el Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el propósito de informar y concienciar a la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la aprobación del invocado Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992.

Una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los diversos ecosistemas conformados por las interrelaciones de la gran variedad de seres vivos que habitamos en el planeta, su preservación, la dependencia de la supervivencia humana en base a los elementos que nos proveen, y algo muy importante: el término “aprovechamiento sostenible”, sin el cual, la biodiversidad del mundo se agotará en detrimento directo de la calidad de vida y posibilidades de subsistencia ésta y de las próximas generaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Diputados y Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Tortuga”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional de la Tortuga”

Compañeros Legisladores, de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, seis se distribuyen en mares de jurisdicción mexicana, en nuestro país se localizan playas de gran importancia mundial en las que anidan estos reptiles marinos.

Las especies de tortugas marinas que se distribuyen en el golfo de México y el mar Caribe, así como las del océano Pacífico, incluyendo el golfo de California, son la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora (Lepidochelys kempii), tortuga blanca o verde (Chelonia mydas), tortuga caguama o perica (Caretta caretta), tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y sus subespecies, que se encuentran clasificadas como en peligro de extinción dentro de la NOM-059-Semarnat-2001, y enlistadas en la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Así mismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), considera a la tortuga carey y lora las más amenazadas determinadas en peligro crítico de extinción, seguidas de las especies caguama y blanca y posteriormente la golfina y laúd.

Las tortugas marinas son organismos considerados biológicamente importantes por tratarse de seres vivos que han permanecido millones de años en el planeta y han superado los cambios drásticos en los ecosistemas a lo largo de su evolución. Sin embargo, debido a su explotación y al deterioro de los ecosistemas que ha provocado el humano, las tortugas marinas se encuentran en grave peligro de extinción.

Razón por la cual el 23 de mayo se conmemora el día internacional de las tortugas marinas, de acuerdo con diversas organizaciones internacionales como “American Tortoise Rescue”, con la finalidad de apoyar en la protección de las especies y sus hábitats en todo el mundo1.

En nuestro país, la explotación de tortugas marinas y de sus productos alcanzó niveles alarmantes en la década de los setenta. En consecuencia se implementaron vedas nacionales, cuya finalidad era proteger y equilibrar las poblaciones naturales.

Como por ejemplo el Programa de Conservación de Especies  en Riesgos, en el cual se crearon estrategias de protección de las tortugas marinas y se generaron prioridades para su conservación, como:

• Recuperación de las especies de tortugas marinas que habitan nuestro país,

• Monitoreo de poblaciones,

• Creación de una base de datos nacional,

• Trabajo en comunidades,

• Comités de vigilancia,

• Educación ambiental,

• Áreas Naturales Protegidas,

• Programa de turismo, y

• Difusión.

Nuestro país cuenta con 27 áreas naturales protegidas, decretadas para la protección de tortugas marinas, que resguardan más de 2.6 millones de hectáreas terrestres y 1.3 millones de hectáreas marinas.

Sin embargo debemos considerar que entre las actividades directas que han ocasionado la disminución de poblaciones de tortugas marinas están la explotación de nidos, la caza de adultos y juveniles, y la pesca incidental; y entre las indirectas podemos destacar el deterioro del hábitat, el daño a las playas de anidación, el turismo y la contaminación de playa y océanos.

Por lo anterior, es de reconocer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han realizado acciones para el monitoreo y vigilancia para evitar el saqueo de huevos de tortuga.

Para el Partido Verde la protección de las especies de tortuga es prioritaria, por ello reconocemos el trabajo de las autoridades ambientales en la protección de las especies de tortuga marina.

Y, queremos hacer un llamado a la población en general  para que sean parte del cuidad de las tortugas marinas, a través de actividades que no generen impactos negativos en sus poblaciones, pues las tortugas son especies que distinguen a nuestro país en la riqueza de biodiversidad.

Nuestro compromiso con el medio ambiente, en particular con las especies de alto valor ecológico como son las tortugas marinas, es fundamental, evitar que cualquier actividad que dañe o ponga en peligro la existencia de la flora y fauna silvestre.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.worldturtleday.org/





Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Tiroides y la Semana Internacional de la Tiroides”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de la Tiroides” y la Semana Internacional de la Tiroides

Con la amargura de la enfermedad se conoce la dulzura de la salud.
Dicho catalán

De acuerdo a los documentos de medicina, la tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo, en las que se incluye la velocidad con la que se queman las calorías y cuán rápido late el corazón. Actividades que componen el metabolismo del cuerpo.

En cuanto a los trastornos relacionados con esta glándula, las alteraciones más conocidas son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Entre los síntomas de la primera está el nerviosismo, fatiga, pérdida de peso, debilidad, intolerancia al calor, angustia, insomnio, palpitaciones, diarrea, caída del cabello, alteraciones menstruales, piel húmeda, taquicardia, bocio, parálisis ocular y visión borrosa.

Por lo que respecta a la segunda, está la fatiga, la ganancia de peso por retención de líquidos, piel seca, pérdida de cabello, uñas quebradizas, palidez, sudoración, hipotermia, intolerancia al frio, insuficiencia cardiaca y constipación, entre otros.

Las cosas no son sencillas, alrededor de 700 millones de personas en el mundo padecen algún trastorno tiroideo. La Organización Mundial de la Salud estima podría afectar al 10% de la población mundial y que la gran mayoría, desconocería estarla padeciendo.

En nuestro país, entre el 30 y 40% de los adultos mayores podrían padecer enfermedad nodular de toroides, con una posibilidad de que entre el 4 y el 7% sean cancerosos. Al menos 10 millones de personas en México tendrían algún padecimiento tiroideo.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud convoca cada 25 de mayo a reflexionar sobre la importancia de atender cualquier posible síntoma de una patología. El antecedente deviene de la Reunión General de la Federación Internacional de Tiroides en Leipzig, Alemania, en septiembre de 2007, en la que se decidió crear un “Día Mundial del Tiroides”, eligiéndose dicha fecha en mérito de que ya se celebraba en algunos países escandinavos.

En México, como en diversos países del mundo, en el marco de esta conmemoración, esta semana en transcurso se desarrolla la Semana Internacional de la Tiroides. En sus acciones se realizan todas aquellas encaminadas a generar mayor conocimiento en torno a la tiroides y sus afectaciones.

Es necesario alertar sobre esta enfermedad, que cabe decir, suele confundirse con inflamación de ganglios linfáticos asociada a infecciones virales faríngeas o problemas dentales, por ello, la recomendación a la población para acudir a un especialista si se presentan los síntomas y éstos no ceden a los antibióticos, con la finalidad de realizarse estudios sobre la tiroides.

Razones por las que sin duda, este 25 de mayo, en el marco del “Día Mundial de la Tiroides”, una buena oportunidad para reflexionar, en primer término, sobre la importancia de la SALUD en sí misma, los buenos hábitos para conservarla, la mejora de nuestro servicios sanitarios y su cobertura.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la Republica,
el 23 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Pasamos al siguiente asunto, Secretario.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Sí, señor. Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

(Leyó)

Es cuanto, señor Presidente.

CITA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Se levanta la sesión y se cita el siguiente miércoles 30 de mayo, a las 11:00 horas, en este recinto.

(Se levantó la sesión a las 15:09 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.