Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 5



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 30 de Mayo de 2018




PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

APERTURA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:03 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación de quórum.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Señores legisladores y señoras legisladoras, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 21 ciudadanos legisladores. Por lo tanto, procederemos al pase de lista de los legisladores que no se encuentran en el sistema electrónico.



Se tiene registro de 37 legisladoras y legisladores que han pasado asistencia personalmente ante la Secretaría.

Por lo tanto, hay quórum, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión de la Comisión Permanente de hoy miércoles 30 de mayo de 2018, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también puede consultar la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO

PRESIDE EL DIPUTADO
Jesús Enrique Jackson Ramírez

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y tres minutos del miércoles veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el "Informe Anual 2016 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos".- Se remitió a las Comisiones de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2018 dio destino a bienes aptos para su uso y consumo.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Primer Informe Trimestral de Actividades 2018.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Baja California, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 39, 43 y 44 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del congreso del estado de Veracruz, iniciativas con:

• Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

• Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIV del artículo 94 y adiciona un artículo 8 Bis 1 a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y reforma el segundo párrafo al artículo 17 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX del Apartado A del artículo 123 del Título Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

• Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron treinta y nueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los legisladores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, el Informe de su participación en el 62o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 12 al 23 de marzo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el Informe de su participación en el foro de mujeres Canadá 2018 "Cerrar la brecha, un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo" celebrado en Toronto, Canadá, los días 10 y 11 de mayo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, los Informes de sus participaciones en:

• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de marzo de 2018,

•La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018 y

•La 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018.

Quedaron de enterado.

 

Se recibieron del Senador Raúl Morón Orozco, los Informes de sus participaciones en:

• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de marzo de 2018 y

•La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018.

Quedaron de enterado.

 

Se recibió del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, el Informe de su participación en la 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador David Monreal Ávila, el Informe de su participación en la 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Juventud y Deporte, su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Otniel García Navarro, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 18 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Genoveva Huerta Villegas, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Rocío Matesanz Santamaría, oficio por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 11 de junio al 2 de julio de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje en atención a la visita de una delegación de parlamentarios de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, integrada por la Diputada Olga Epifanova, Vicepresidenta de Asamblea Federal; por el Diputado Dmitry Novikov, Vicepresidente Primero del Comité de la Duma Estatal para los Asuntos Internacionales; por el Diputado Serguéy Marinin, miembro del Comité de la Duma Estatal para los Asuntos Internacionales; y por el Diputado Dmitry Perminov, miembro del Comité de la Duma Estatal para la Seguridad y Lucha Contra la Corrupción.

 

El Diputado Leonel Cordero Lerma, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Juan Romero Tenorio, a nombre de la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado de Tamaulipas a investigar la presunta entrega de despensas con fines electorales realizada con recursos del gobierno de dicha entidad. Asimismo, exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a evitar prácticas ilegales y se conduzcan con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad del voto de los ciudadanos.

2. El que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, intensifiquen las campañas de difusión a fin de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos electorales.

3. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a promover entre sus servidores públicos el respeto a los derechos humanos de los usuarios nacionales y extranjeros al interior del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

4. El que exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos a cumplir con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen partidario en obras e inmuebles públicos y servicios relacionados a ellos.

5. El que exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a dar cabal seguimiento al caso de la ciudadana Karen Fabiola García Padilla, con el objeto de garantizar plenamente sus derechos humanos y, en consecuencia, el acceso a la justicia.

6. El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación de la red de distribución de agua en la Cuidad de México y, de manera específica, del vaso regulador ubicado en las colonias Revolución y Azteca, en la delegación Venustiano Carranza, en esta capital.

7. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre violencia en contra de candidatos a cargos de elección popular y otros actores políticos durante el proceso electoral del año 2018.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Senador José María Tapia Franco, Presidente de la Primera Comisión. Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que, en coordinación con el Instituto Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las investigaciones por la presunta utilización de programas sociales con fines electorales por parte de las autoridades de las delegaciones de Coyoacán e Iztacalco. Asimismo, exhorta a las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México a conducirse con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad del voto de los ciudadanos.- Intervinieron los legisladores: Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; Diputado Juan Romero Tenorio de Morena; y Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández del PRD. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018 y sobre la disponibilidad de vacunas, así como las acciones emprendidas para garantizar el derecho a la salud y el acceso de la población al esquema nacional de vacunación.

2.El que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la posibilidad de crear un comité nacional para la educación en derechos humanos, para cumplir el mandato de un plan nacional de acción en educación en derechos humanos.

3.El que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación del posible traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “La undécima musa”.

4.El que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a evaluar la implementación de acciones para promover y garantizar la capacitación y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicanas en la República Mexicana.

5.El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar la exposición de imágenes y textos violentos y ofensivos que se publican en los periódicos o revistas, con la finalidad de que éstas se mantengan dentro de los límites del respeto y no se violente el interés superior de la niñez.

6.Por el que se desecha la proposición que exhortaba a excitar a los órganos de la Administración Pública Federal para estar en posibilidad de efectuar un experimento sustentado en una tesis matemática irrefutable que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación.

Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Diputado Agustín Basave Benítez, Presidente de la Segunda Comisión. Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las entidades gubernamentales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal y organismos desconcentrados y descentralizados impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones para las madres trabajadoras.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2. El que exhorta al Gobierno Federal a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio de la humanidad que se encuentra en nuestro país, a fin de promover el desarrollo económico por medio del turismo nacional e internacional.- Intervino la Diputada Sara Latife Ruiz Chávez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

3.El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país.- Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

PRESIDE EL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

4.El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el reconocimiento al Estado Palestino libre, independiente y soberano, y a establecer relaciones diplomáticas plenas con dicho estado; y a elevar a rango de embajada a la oficina de México en Ramala, Cisjordania, y dar un tratamiento homólogo a la delegación especial de Palestina en México.- Intervino el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1. El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las acciones necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos.

2.El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar campañas informativas de seguridad vial para el mejor cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras federales del país.

3.El que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la posible designación de la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del tianguis turístico en 2020.

Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

1.El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población del cuidado del medio ambiente, en el marco de los compromisos contraídos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.- Intervino la Diputada Martha Sofía Tamayo Morales del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

2.El que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía a informar sobre las recomendaciones realizadas en la cuenta pública 2016 por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con Pemex Gas y Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, en el contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroleoquímica Mexicana de Vinilo.- Intervino el Diputado Juan Romero Tenorio de Morena. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a poner en funcionamiento a su total capacidad el sistema integral de transporte de Tijuana, para lograr el objetivo por el que se realizó la inversión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República, a hacer público un examen médico que permita conocer a la sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandato.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe sobre los alcances y término del esquema "Tercer País Seguro", como instrumento de política migratoria y su inserción en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, a nombre de las Diputadas Hortensia Aragón Castillo e Ivanova Pool Pech y del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que se cita a la Cámara de Diputados a celebrar un período extraordinario de sesiones, para la discusión y votación de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad de género, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo 1291/2017.- Se turnó a la Primera Comisión y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a convocar un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de que sea aprobada la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca a rendir un informe sobre el estatus que guardan las 17 candidaturas que fueron retiradas a los aspirantes que se registraron como personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar impulso al procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, contra su líder Napoleón Gómez Urrutia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

El Senador José María Tapia Franco, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a realizar las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

La Presidencia dio turno a la proposición del Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar sobre las medidas de seguridad implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del sistema de pagos electrónicos interbancarios, derivado del ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con dicho sistema.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Presidencia dio turno a la proposición de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva sobre el robo de información y dinero a diversas instituciones bancarias; y al Banco de México para que explique las medidas para garantizar la protección del sistema de pagos electrónicos interbancarios ante futuros ataques cibernéticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Presidencia dio turno a la proposición del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre el presunto ciberataque que sufrió el sistema de pagos electrónicos interbancarios en días pasados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Presidencia dio turno a la proposición del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proporcionen información relativa a las investigaciones que se están desarrollando sobre el presunto "hackeo" al sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de México, que se detectó en los primeros días del mes de mayo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 150 y deroga el artículo 151 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 58 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Eduardo Ernesto Carrasco Zanini, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un título VI "De los límites presupuestados" y se adicionan los artículos 46, 47 y 48, a la Ley General de Comunicación Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere un incremento en el presupuesto asignado al Componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a informar sobre las acciones que ha tomado ante la ola de violencia del estado y la suscitada respecto al asesinato candidato Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de la Coalición por México al Frente al municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a remitir un informe sobre la mortalidad hospitalaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo que exhorta a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. a remitir un informe sobre la administración del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al cumplimiento de su objetivo y, en su caso, las causas de su extinción.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de esta institución, los problemas que ha detectado en su implantación y las medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficaz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Comisionado Presidente y al pleno del INAI a, de manera oficiosa, instruyan la verificación y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los fideicomisos federales que reciben ejercen recursos públicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Josefina González Luna, del grupo parlamentario Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública estatales, así como al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, a salvaguardar a nivel federal, estatal y municipal la seguridad de los ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el proceso electoral del año 2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de San Luis Potosí a garantizar el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo, bienestar y salud de la población potosina.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los cincuenta y ocho municipios del estado de Zacatecas a trabajar de forma coordinada con las autoridades estatales en la ejecución de estrategias y acciones que salvaguarden la integridad, los derechos de las personas, las libertades, el orden y la paz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo un informe sobre el proceso de análisis y evaluación de la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar a la Cámara de Diputados solicitud de desafuero en contra del Diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al cumplimiento de una sentencia de amparo, a fin de que responda ante la justicia, como cualquier ciudadano, conforme a lo mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, por el cual fue consignado ante un Juzgado de Distrito en materia penal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar en la capitanía de puerto de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir libretas de mar y un registro público marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500 profesionales, prestadores de servicios turísticos, acuáticos y subacuáticos de uno de los destinos más importantes del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones necesarias para prevenir y combatir la violencia escolar en las instituciones públicas y privadas del estado de San Luis Potosí y demás entidades del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Instituto Nacional Electoral por la realización del Primer Debate Presidencial y exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República, a celebrase el 20 de mayo de 2018, sea transmitido a través de la totalidad de frecuencias de radio y televisión a cargo de entidades y dependencias del Gobierno Federal y estatales y en las estaciones privadas, a través de por lo menos una de las frecuencias de cada concesionaria, como dispone la Ley, por considerarse un evento de contenido informativo indispensable para el desarrollo democrático del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Moisés Guerra Mota, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estado que guarda tanto el avance como la oportuna ministración de recursos del Ramo 23 aprobados en el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para el cumplimiento de obras públicas en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emprender acciones y sanciones en contra de los bancos que por medio de cajeros engañan y obligan a contratar créditos y préstamos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar todos los fideicomisos en los cuales el Gobierno Federal es fideicomitente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación sobre el egreso, manejo o aplicación de recursos públicos realizada por el entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación social.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría de los recursos empleados en 2017 en el concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a instruir a sus respectivas delegaciones estatales, a fin de brindar una mayor atención a los migrantes que provienen de Centroamérica y que transitan por el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas a las personas adultas mayores cuenten con asesoría especializada en los trámites administrativos que realicen.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de candidatos perpetrados durante el actual proceso electoral y solicita al Gobierno Federal una estrategia de seguridad para prevenir atentados en contra de los candidatos a cargos de elección popular.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres a llevar a cabo una ampliación inmediata de la matrícula en sus programas de formación a distancia dirigidos al público en general en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como del catálogo de sus cursos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a establecer controles más estrictos y de carácter permanente en las revisiones a los rastros y distribuidoras de carne para consumo humano, con la intención de detectar contaminación por clembuterol, antes de que el producto sea comercializado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas a que, como sujeto obligado en materia transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición del público y actualice, en las plataformas correspondientes, las versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el 1º de enero de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cancelar los contratos de las obras inconclusas en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, adjudicados directamente a la Compañía ODEBRECHT en 2013-2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a vigilar y garantizar la aplicación de la NOM-03-SAG/ZOO-2014, en los centros de control de canino; asimismo, a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos ocurridos en el centro de control canino de la delegación Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo sobre el homocidio ocurrido en contra de los ciclistas y turistas Krzysztof Chmielewki y Holger Franz Hagenbusch en Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los posibles actos de corrupción en los procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras dentro de las dependencias y entidades federales, durante el periodo 2012-2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo a la prevención y sanción de conductas que propicien la violencia política contra las mujeres, en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para prevenir y combatir los hechos de violencia al interior de los centros penitenciarios existentes en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en el contexto del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, promueva la reestructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a consultar la base de datos de las denominaciones o razones sociales de la Secretaría de Economía antes de otorgar el registro de marca, con la finalidad de garantizar la protección de los titulares de los derechos marcarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a garantizar la capacitación de las y los inspectores del trabajo y promueva la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y regionales para profundizar la información sobre la población jornalera y los riesgos que enfrenta.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a emprender una investigación integral para deslindar responsabilidades en la presunta comisión de diversos delitos como sobrecostos en la construcción y anomalías en el equipamiento de la sala de conciertos "Foro Boca", identificados por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública, edificada durante la gestión Miguel Ángel Yunes Márquez, actual candidato de la Coalición "Por Veracruz al frente" a la gubernatura de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se convoca a comparecer al Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones del caso Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia de la entidad a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la aparición de "narcomantas" en distintas delegaciones durante el año en curso, las que presumen la proliferación de cárteles en la capital del país, a fin de salvaguardar la integridad de la población y el orden público.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para promover la salud y el bienestar de las mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México a informar sobre las acciones y apoyos directos que hasta el momento se han realizado para atender las necesidades de los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 para rehabilitación de viviendas, así como para prevenir que inmuebles con mayor o menor daño, construidos hace más de 30 años, resulten afectados frente a un futuro sismo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que, en coordinación con las entidades federativas, emprenda acciones para proteger y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del sistema ferroviario del país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del crimen organizado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en coordinación con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fortalezcan las medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y el patrimonio de los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo en torno a asesinatos, secuestros y amenazas a candidatos, en diversos estados del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar y hacer del conocimiento público el número total de bebederos instalados y en funcionamiento en las escuelas del Sistema Educativo Nacional; el destino de los recursos destinados a tal fin, así como el plan emergente para su cumplimiento antes de concluir el sexenio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador del propio estado, en lo que va de la actual administración, con el objeto de dar seguimiento al uso eficiente y transparente en el manejo de dichos recursos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y aluminio provenientes de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación integral ante las denuncias públicas de posibles conflictos de interés y desvío de recursos públicos para incrementar la plusvalía de diversos predios en el municipio de San José Chiapa derivado de la instalación de la "planta automotriz Audi", por parte del ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a fin de beneficiar a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, actual candidata de la coalición "Por Puebla al Frente" a la gubernatura de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a emprender las acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en la delegación Coyoacán, como recabar votos a favor del PRD y coaccionar a los trabajadores de la demarcación para afiliarse a dicho partido político, a fin de que los hechos sean esclarecidos con celeridad, legalidad y objetividad, así como deslindar las responsabilidades correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar celeridad y transparencia a la investigación que realiza sobre el video en el que presuntamente elementos de la Policía de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Olga Catalán Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas locales, remitan un informe sobre la estrategia "Compra consolidada de medicamentos".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar una presunta red de corrupción por parte del partido MORENA en la recolección de recursos para los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Erick Arturo Ovando Figueroa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a suspender la licitación pública nacional No. LA-006G1C003-E2-2018, "AAS" "PAQUETE SURESTE".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, con punto de Acuerdo por el que se solicita llevar a cabo una investigación a la gestión del senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta como Presidente de la Mesa Directiva del Senado y como Presidente del Instituto Belisario Domínguez, debido a las inconsistencias reportadas en su declaración patrimonial.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Ernesto López Priego, del grupo parlamentario Morena, con punto de Acuerdo relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales del estado de Yucatán al interior de los centros urbanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casilla Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Froilán Esquinca Cano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados y Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Tortuga.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Tiroides y la Semana Internacional de la Tiroides.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse al desarrollo comercial del país y el Tratado de Libre Comercio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la situación política nacional actual.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con nueve minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles treinta de mayo, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE SENADORES

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Se recibió un oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite los expedientes de los ciudadanos inscritos, con motivo de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.









El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a la Tercera Comisión para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Se recibieron 41 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los legisladores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y una, de la Comisión de Desarrollo Regional, ambas de la Cámara de Senadores, con las que remiten sus respectivos informes de actividades, correspondientes al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.










Una, de la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe final de actividades.








Una, de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, con la que remite sus informes de actividades, correspondientes al primero, segundo y tercer años de ejercicio de la LXIII Legislatura.










Una, de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, con la que remite sus informes de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura y al primer y tercer años de ejercicio de la LXIII Legislatura.












Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades, actas de las reuniones y eventos realizados, correspondientes al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.






















Y del Diputado Juan Carlos Ruiz García, del grupo parlamentario del PAN, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018.



Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones. Por lo que respecta a la reincorporación del Diputado Ruiz García, comuníquese a la Cámara de Diputados.






Recibimos una comunicación suscrita por la Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Doy lectura, Senador Presidente.



Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de mayo del 2018.”

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán para separarse de sus funciones legislativas, a partir de hoy 30 de mayo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Solcito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Para los efectos de los artículo 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, horarios, sueldos y gastos para el mes de junio del año en curso.

Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban el proyecto de presupuesto para el mes de junio de 2018. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Queda aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2018.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado el informe del presupuesto ejercido en el mes de abril de 2018.

Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del informe.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 8 BIS AL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”

(Presentada por la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, a nombre de diversos Diputados del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Senador Presidente.

El día de hoy vengo a presentar una iniciativa que contiene dos modificaciones al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

Esto a fin de precisar y homologar el procedimiento para la expedición de su convocatoria, la recepción de candidaturas y el otorgamiento de la presea.

La Medalla “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” es la distinción más relevante que otorga la Cámara de Diputados para reconocer a los ciudadanos que por sus hechos, conducta ejemplar y aportaciones se hayan distinguido por su servicio a la sociedad mexicana.

El proceso de su creación e institucionalización ha sido una tarea compleja, producto de importantes momentos de nuestra historia e intensos debates al interior de la Cámara de Diputados.

El origen de esta Medalla se remonta a la XLVII Legislatura, cuando el 21 de octubre de 1969 un grupo de parlamentarios, encabezados por el Diputado Celso Vázquez Ramírez, propuso reconocer al ex Diputado Eduardo Neri.

La propuesta recibió el beneplácito de la Asamblea instaurándose la Medalla “Eduardo Neri” al Mérito Cívico, siendo el primero en recibirlo precisamente Eduardo Neri.

Posteriormente, en la LIII Legislatura se llevó a cabo un vigoroso debate en torno a la denominación del reconocimiento bajo el argumento de que dicha Medalla no debería llevar únicamente su nombre, toda vez que fueron varios legisladores los que dieron muestra de un acerado patriotismo, por lo que se sustituyó su denominación con el nombre de “Medalla al Mérito Legisladores Mártires de 1913”.

Poco después, en la LVIII Legislatura, legisladores federales guerrerenses presentaron una propuesta para reivindicar el nombre de Eduardo Neri, misma que fue aprobada y dio paso a la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

Finalmente, durante la LXII Legislatura, diversos integrantes del grupo parlamentario del PRI presentaron una iniciativa con la finalidad de que la Medalla fuera entregada anualmente y no cada tres años, como acontecía en ese entonces.

La redacción vigente del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” de la Honorable Cámara de Diputados, es notoriamente difusa al no distinguir con claridad las etapas del procedimiento para su entrega, lo que genera incertidumbre jurídica.

Su artículo 7 establece dos hipótesis para la expedición de la convocatoria.

La primera, al iniciar la Legislatura, en el mes de septiembre y el otorgamiento de la Medalla a realizarse, a más tardar, en el mes de diciembre.

La segunda, en los siguientes dos años de ejercicio, en el segundo periodo ordinario de sesiones, durante el mes de octubre, preferentemente el día 9 del mes.

La fracción I del artículo mencionado, distingue claramente dos etapas del procedimiento:

Primera.- La expedición de la convocatoria en la fecha de su entrega.

Sin embargo, la fracción II regula lo correspondiente al segundo y tercer año de ejercicio no la distingue.

Asimismo, existe un error de temporalidad, toda vez que el segundo periodo ordinario de sesiones no comprende el mes de octubre, sino los de febrero, marzo y abril.

Por su parte, también el artículo 8 señala los plazos para la recepción de candidaturas.

Primero.- Al iniciar la Legislatura comprenderá los meses de octubre y de noviembre.

Y segundo.- También para el segundo y tercer año de ejercicio, el plazo abarcará los meses de abril a septiembre.

Con el propósito de brindar mayor claridad al procedimiento, es que se busca reglamentar por separado cada una de sus tres etapas, así como homologar a cuatro meses su duración.

La propuesta que se presenta permitirá.

Primero.- Durante el primer año legislativo la convocatoria se expida en septiembre, la recepción de candidaturas abarque los meses de octubre y noviembre, y se entregue en diciembre, preferentemente el día 15.

Para el segundo y tercer año de ejercicio, la convocatoria se expide en julio del año legislativo inmediato anterior, la recepción de candidaturas abarque los meses de agosto del año legislativo anterior, y septiembre, y se entregue en octubre, preferentemente el día 9.

La iniciativa que se pone a su consideración dotará de certidumbre jurídica la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, y permitirá seguir rememorando al defensor de la dignidad del Poder Legislativo.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 8, Y SE ADICIONA UN 8 BIS AL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como propósito realizar diversas modificaciones al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, a fin de precisar los plazos para la expedición de convocatoria, recepción de candidaturas y otorgamiento de la medalla, por lo que respecta al segundo y tercer años de ejercicio de cada Legislatura.

La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” es la más alta  distinción que otorga la Cámara de Diputados, a aquellos ciudadanos que se hayan destacado en los ámbitos cívico, político o legislativo, y cuyos actos beneficien a la República y a la sociedad mexicana en su conjunto.

Su proceso de creación e institucionalización ha sido una tarea compleja; su concepción tuvo origen en importantes momentos históricos e intensos debates al interior de la Cámara de Diputados.

En la XLVII Legislatura (1969), a propuesta de diversos legisladores, encabezados por el diputado Celso Vázquez Ramírez, fue sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen que propuso realizar un homenaje a Eduardo Neri Reynoso quien, el 9 de octubre de 1913, cuando se desempeñaba como diputado federal, hizo uso de la máxima tribuna para denunciar los asesinatos de diversos legisladores, entre ellos, los diputados Edmundo Pastelín, Adolfo Gurrión y Serapio Rendón, así como el senador Belisario Domínguez, los cuales fueron orquestados desde la Presidencia de Victoriano Huerta y su gobierno. Resulta importante recordar que su discurso le costó la libertad a él y a otros 83 diputados.

En su discurso, Eduardo Neri defendió los ideales liberales y constitucionalistas, y contribuyó a forjar un capítulo histórico en nuestro país, en torno a la defensa de la democracia y de sus instituciones.

En ese sentido, el 2 de diciembre de 1969, se aprobó el dictamen por el cual se establecía la celebración de una sesión solemne para rememorar los actos cívicos, la conducta ejemplar y el férreo patriotismo de Eduardo Neri. En esa misma sesión, fue creada la “Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico1, que sería entregada el día 9 de octubre. Además, en esa misma Legislatura, el 21 de octubre de 1969, se llevó a cabo la sesión solemne de mérito, entregándose por primera vez dicho reconocimiento a quien inspiró su creación.2

Posteriormente, en la LIII Legislatura (1985-1988), se llevo a cabo un vigoroso debate en torno a la denominación que debía tener la medalla, bajo el argumento de que la distinción no debería llevar el nombre de un sólo diputado, toda vez que fueron varios legisladores de la Legislatura de 1913 los que participaron en estos actos de gran patriotismo; por ello, se propuso modificar la denominación de la medalla para sustituirla con el nombre de Medalla al Mérito “Legisladores Mártires de 1913”,moción que fue aprobada por el Pleno. Es importante destacar que esta medalla nunca fue entregada.3

Durante la LVIII Legislatura (2000-2003), diversos grupos parlamentarios, subrayadamente legisladores federales guerrerenses, presentaron una propuesta para rescatar el nombre de Eduardo Neri y reivindicar su entrega a ciudadanos distinguidos. Además, todos los Grupos Parlamentarios coincidieron en la necesidad de reglamentar el procedimiento para su entrega; por lo que, en esa misma Legislatura, se aprobó el Decreto por el que se crea la “Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913”4 y el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, de la H. Cámara de Diputados.5

Finalmente, en el año 2013, durante la LXII Legislatura, el diputado Heriberto Galindo Quiñones, así como diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa para reformar el Decreto de creación y su respectivo Reglamento, con la finalidad de que la Medalla fuera entregada anualmente; propuesta que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero del 2013.6

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El espíritu de las reformas al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” realizadas en el año 2013 buscaba que dicha presea fuera entregada de manera anual, en lugar de cada tres años; sin embargo, la redacción de los artículos que establecen su anualidad y los plazos relacionados con la expedición de la convocatoria, la recepción de las candidaturas y el otorgamiento de la misma, es difusa, lo que genera incertidumbre jurídica respecto de los tiempos establecidos para llevar a cabo el procedimiento.

Actualmente, el artículo 7 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” establece:

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la Convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva y usando los medios de comunicación social disponibles:

I. Al iniciar la legislatura, en el mes de septiembre y el otorgamiento de la Medalla se realizará, a más tardar, en el mes de diciembre;

II. En los siguientes dos años de ejercicio, en el segundo periodo ordinario de sesiones, durante el mes de octubre, preferentemente el día 9 del mes.

De la lectura de la fracción I del artículo transcrito, se distinguen dos etapas del proceso: la primera, referente al plazo de expedición de la convocatoria, y la segunda, que determina la fecha en que debe ser otorgada la presea durante el primer año de ejercicio.

La fracción II del mismo artículo regula lo correspondiente al segundo y tercer años de ejercicio; no obstante, su redacción no distingue entre la expedición de la convocatoria y su otorgamiento. Asimismo, existe un error de temporalidad, toda vez que el segundo periodo ordinario de sesiones comprende los meses de febrero a abril, y no el de octubre como señala la redacción vigente.

Por su parte, el artículo 8 del multicitado Reglamento, señala:

Artículo 8. Los plazos para la recepción de candidaturas, serán los siguientes:

I. Al iniciar la legislatura comprenderá los meses de octubre y noviembre;

II. Para el segundo y tercer año de ejercicio, el plazo abarcará los meses de abril a septiembre.

La fracción I de dicho artículo contempla un periodo de 2 meses para la recepción de candidaturas; mientras que la fracción II dispone que, para el segundo y tercer años de ejercicio, la recepción de candidaturas será de abril a septiembre, es decir, durante un plazo de 6 meses. Además, la redacción genera confusión, ya que de su literalidad se entendería que estos seis meses corresponden al segundo y tercer años de ejercicio. En este sentido, se debe precisar que estos meses corresponden al año de ejercicio inmediato anterior.

En este sentido, con el propósito de brindar mayor claridad, se busca reglamentar cada una de las tres etapas del proceso: expedición de la convocatoria, recepción de candidaturas y otorgamiento de la medalla. De igual manera, se propone homologar la duración del procedimiento para el primero, segundo y tercer años legislativos.

Para mayor claridad, se ilustra con el siguiente cuadro:

PRIMER AÑO LEGISLATIVO

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO

TERCER AÑO LEGISLATIVO

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

SEPTIEMBRE

JULIO DEL AÑO LEGISLATIVO ANTERIOR

JULIO DEL AÑO LEGISLATIVO ANTERIOR

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

AGOSTO DEL AÑO LEGISLATIVO ANTERIOR Y SEPTIEMBRE

AGOSTO DEL AÑO LEGISLATIVO ANTERIOR Y SEPTIEMBRE

ENTREGA

ENTREGA

ENTREGA

15 DE DICIEMBRE

9 DE OCTUBRE

9 DE OCTUBRE

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 8, Y SE ADICIONA UN 8 BIS AL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”.

PRIMERO. Se reforman los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, para quedar como siguen:

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la Convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva y usando los medios de comunicación social disponibles:

I. Al iniciar la legislatura, en el mes de septiembre.

II. Para los siguientes dos años de ejercicio, durante el mes de julio del año legislativo inmediato anterior.

Artículo 8. Los plazos para la recepción de candidaturas, serán los siguientes:

I. Al iniciar la legislatura comprenderá los meses de octubre y noviembre;

II. Para el segundo y tercer años de ejercicio, los plazos abarcarán los meses de agosto del año legislativo inmediato anterior y septiembre.

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, para quedar como sigue:

Artículo 8 Bis. Los plazos para el otorgamiento de la medalla serán los siguientes: 

I. Al iniciar la legislatura, se entregará en el mes de diciembre, preferentemente el día 15.

II. Para el segundo y tercer años de ejercicio, se entregará durante el mes de octubre, preferentemente el día 9.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada Botello Santibáñez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.


1 Diario de los Debates, XLVII Legislatura, 2 de diciembre de 1969.

2 Diario de los Debates, XLVII Legislatura, 29 de diciembre de 1969. Disponible en:
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/47/3er/Ord/19691229.html

3 Medalla al Mérito Cívico” Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, Trayectoria Legislativa: Creación y Evolución, Compilada por la Subdirección de Referencia Especializada, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, pág. 42. 

4 Diario Oficial de la Federación, 2 de mayo de 2001. Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=765163&fecha=02/05/2001

5 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 2002. Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=732894&fecha=07/05/2002

6 Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2013. Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288819&fecha=25/02/2013






Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Flores Ávalos, para presentar a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 135 constitucional, en materia de mayorías exigibles para reforma constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senador Presidente.

Efectivamente, me voy a permitir presentar un par de iniciativas a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García.

La Constitución Política es el fundamento normativo de nuestro sistema jurídico nacional. Es norma fundamental que, por un lado, cimienta la estructura del Estado mexicano a partir del reconocimiento de los derechos humanos; y por el otro, establece a los poderes constituidos con sus respectivas competencias, las cuales desde luego no pueden exceder su contenido y menos aún vulnerar los referidos derechos.

La Constitución es suprema por su contenido, es norma fundamental y originaria, particularmente porque no sólo define la forma de gobierno y de organización política, sino que reconoce los derechos más esenciales de las personas, esos derechos que nos describen y nos definen como sociedad.

La Constitución, de este modo, entraña una limitación de poder. Distingue, a su vez, entre el Poder Constituyente que la creó y los poderes constituidos que ella misma establece.

El Poder Constituyente, soberano, ilimitado y originario, al crear la Constitución, estableció su distinción entre aquel y los poderes constituidos, que es precisamente la limitación de su funcionamiento.

En ese contexto, al encontrarse limitantes para los poderes constituidos en la propia Constitución, cuando de su reforma se trata, no puede decirse que el poder de reforma en tanto es un poder constituido pueda reformarlo todo como si fuera un poder omnipotente.

En México, particularmente en la doctrina se habla de un Poder Constituyente o de reforma limitado. Esto es un poder, que si bien tiene la facultad de reformar la Constitución encuentra ciertas limitantes.

Sin embargo, de la lectura de nuestra norma fundamental no es posible desprender normas que, de manera explícita, impongan a este poder constituido límites en su actuación.

Existen constituciones que prevén cláusulas que son inamovibles, inmodificables, esto es: límites materiales expresos que garantizan los derechos fundamentales y otros principios por medio de zonas exentas de la intervención del poder reformador.

Así, por ejemplo, la Constitución de la República Federal de Alemania, entre otras, prevé diversos artículos en los que se establece que no está permitido ningún tipo de reforma a los derechos humanos, a la división de poderes, a la reforma republicana de gobierno y a su federalismo”.

De este modo, estas cláusulas de intangibilidad encuentran una justificación razonable en los términos del constitucionalismo democrático.

Efectivamente, a partir del siglo XVIII, queda claro que la Constitución no es solamente un concepto neutro, sino es un concepto cargado de determinados valores que hacen referencia a la protección y a la garantía de libertad, fundamentalmente.

Por eso no debe aceptarse que una Constitución pueda reducir o eliminar las libertades y los avances alcanzados por una sociedad.

Por esas razones, el Poder Constituyente ha instaurado la garantía de los derechos humanos, la división de poderes y la forma republicana y democrática como forma de Estado y de gobierno, así como los valores principales que forman y cimientan el resto del sistema jurídico mexicano, debe decirse que cualquier reforma que permitiera su transformación o derogación no supondría una reforma constitucional común, sino una destrucción auténtica de la norma fundamental.

Por ello esta iniciativa propone incluir, en el artículo 135 de la Constitución, tres postulados constitucionales que son básicamente tres ejes sobre los cuales no habría posibilidad de modificación.

Estos son el reconocimiento a los derechos humanos y a las garantías jurisdiccionales, la división de poderes y la forma republicana y democrática como forma de Estado de nuestra nación.

Finalmente, se propone también un límite al proceso de reforma constitucional, tanto en lo referente al artículo 135 constitucional, como en lo que se refiere al artículo 76, fracción I.

En este sentido, debe recordarse que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales tienen el rango de Norma Suprema de la Unión.

La supremacía, como cualquier cualidad política, no basta con ser reconocida, sino que debe ser garantizada jurídicamente.

Por esta razón se propone una modificación al texto constitucional para que cualquier reforma posterior a la Constitución tenga necesariamente que darse por dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de ambas Cámaras, de la totalidad de los integrantes del Congreso de la Unión.

Con esto lo que se pretende garantizar es, por un lado, la rigidez constitucional, y por el otro, que en el escenario político que estamos por enfrentar, ninguna fuerza por sí misma tenga la capacidad de hacer una modificación y mucho menos una modificación que signifique un retroceso a las libertades y a los avances logrados por nuestra sociedad.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García)



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Flores Ávalos.

Daremos turno a las iniciativas presentadas por el Senador Flores Ávalos.

El proyecto que reforma el artículo 135 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Y el proyecto que reforma el artículo 76 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

La Senadora Adriana Loaiza Garzón: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Loaiza, por favor.

La Senadora Adriana Loaiza Garzón: (Desde su escaño) Buenas tardes, Senador Presidente.

Nada más para comentarle, si me puedo sumar a la iniciativa que acaba de presentar el Senador Héctor Flores.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con mucho gusto. Tome nota la Secretaría Parlamentaria de la petición de la Senadora Adriana Loaiza.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona y diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de contenido de libros de texto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, Senador Presidente.

La presente iniciativa con proyecto de Decreto reforma y adiciona varios artículos de la Ley General de Educación a efecto de garantizar el derecho a la educación, en la libertad y el respeto a la diversidad sexual en los programas y contenidos de los libros de texto gratuitos.

La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual ha sido, como otras luchas reivindicatorias de derechos, larga y ardua.

Algunas sociedades latinoamericanas han avanzado mucho en la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual, como también en la no discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, falta aún mucho por hacer.

En México, particularmente en los últimos años, se han logrado algunos avances, pero las resistencias aún son muchas, pues de hecho la visibilidad de la diversidad todavía provoca rechazos en ciertos sectores, y en el caso de los matrimonios igualitarios sólo en algunos de los estados se permiten: la Ciudad de México y los estados de Coahuila, Nayarit y Quintana Roo, mientras que en Campeche, Jalisco y Colima si bien se permite la unión entre personas del mismo sexo, no se avalan los mismos derechos que conlleva al matrimonio entre hombres y mujeres, por lo que se impone consolidar lo ganado, ir más allá de los derechos civiles y permear hasta el ámbito social y cultural, sobre todo a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, de la cual determine, entre otras cosas, que está prohibida cualquier discriminación basada en la orientación sexual de la persona.

En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, puedan disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así, pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual.

La discriminación en las escuelas y colegios, o en cualquier otra parte, espacio educativo, sobre todo, es una realidad, no podemos negarlo, y puede afectar de manera directa tanto a docentes como a estudiantes identificados o identificadas como homosexuales o transexuales.

Y la invisibilidad del tema en los contenidos o charlas referentes a los derechos humanos o a la sexualidad, que es en sí un acto de discriminación, sólo contribuye a reproducirla y a veces hasta agravarla.

Con ello se da algo que nosotros llamamos la intimidación o el bullying dentro de las escuelas, que puede llegar hasta actos de maltrato físico o actos de maltrato verbal. Algunos de ellos pueden llegar, incluso, hasta la muerte para algunas de estas personas, ya sea para el suicidio o por, efectivamente, algún asesinato.

O sea, las consecuencias de la falta de conocimiento y de educación pueden y son verdaderamente graves.

Además de lo anterior, es importante recalcar que la legislación internacional sobre derechos humanos protege a todas las personas por igual, sin distinciones ni discriminaciones. Todos los grupos e individuos deben de gozar de manera igualitaria del amplio espectro de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Así, la protección de los derechos humanos de las personas que tienen sexo con otras personas de su mismo sexo, se fundamenta, pues, en un marco de derechos humanos, según el cual las personas merecen igual respeto y dignidad, cualquiera que sea su situación.

Los tratados y convenciones de derechos humanos más importantes que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizan la libertad de todos los seres humanos de la discriminación basada en diferentes aspectos, incluyendo sexo, color, idioma, religión, opinión política, nacimiento, origen nacional o social, status económicos, civil, político, social u otros status.

El principio de la no discriminación fue adoptado también en los instrumentos regionales de Derechos Humanos, tales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

El derecho a la educación es un derecho fundamental basado en numerosos documentos y compromisos internacionales que ha suscrito nuestro país, particularmente en materia de contenidos educativos.

Los Estados se han comprometido, mediante diversos instrumentos internacionales, a garantizar el acceso a una educación universal que quiera decir que es para todos sin distinción, pues además de impulsar una educación debe estar libre de prejuicios, como es en nuestro caso establecer, repito, los Constituyentes de 1917, y como dice textualmente la fracción II del artículo 3o. de nuestra Constitución:

“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

Es por eso tan importante, después de todas las consideraciones a nivel nacional e internacional que se hablan sobre los derechos humanos y sobre el derecho a una educación científica, pero incluyente, que en el año 2000, los países europeos aprobaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde el Capítulo III sobre la Igualdad, artículo 21 de la no discriminación se incluye la orientación sexual:

“Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o cualquier otro tipo, pertenecía a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

Con base en todo ello es que solicitamos nosotros sean modificados los artículos pertinentes en la Ley de Educación para que en cuanto a los contenidos, sobre todo en cuanto a los contenidos, el definir la transversalidad en todos los niveles educativos, de la educación sexual, la educación en derechos y la educación para la salud, que tienen la implicación de elaborar programas de educación y libros de texto idóneos para la aplicación de sus programas que coadyuven a la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género u expresión de género.

Es decir, que de acuerdo con nuestro orden jurídico se está en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género para garantizarles a estos grupos de personas el goce o el ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones.

Y por ende, se tienen que desechar los criterios que consideran a la heterosexualidad como la única forma de vivir el amor, la sexualidad y la conformación de la familia.

En otras palabras, el vincular expresamente la educación con los principios de la no discriminación y de los derechos humanos, temas tales como el desarrollo psicosocial, la afectividad y la sexualidad, la identidad de género, el VIH/Sida, el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y las orientaciones sexuales pasan a formar parte central de la propuesta educativa en su conjunto; de manera que efectivamente se garantice el respeto a la libertad de conciencia de las y los ciudadanos y se asegure la expresión de las diversas orientaciones y concepciones.

Es cuanto.

Iniciativa

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LOS LIBRO DE TEXTO GRATUITO,  de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha por el reconocimiento a la diversidad sexual ha sido, como otras luchas reivindicatorias de derechos, larga y ardua.

Algunas sociedades latinoamericanas han avanzado mucho en tolerancia y respeto de la diversidad sexual, como también en la no-discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. Y sin embargo aún falta mucho por hacer

En México, particularmente en los últimos años, se han logrado algunos avances pero las resistencias aún son muchas, pues de hecho la visibilidad de la diversidad todavía provoca rechazo en ciertos sectores, y en el caso de los matrimonios igualitarios sólo en algunos de los estados se permiten: la Ciudad de México y los estados de Coahuila, Nayarit y Quintana Roo, mientras que en Campeche, Jalisco y Colima si bien se permite la unión entre personas del mismo sexo, no se avalan los mismos derechos que conlleva el matrimonio entre hombres y mujeres; por lo que se impone consolidar lo ganado, ir más allá de los derechos civiles y permear hasta el ámbito social y cultural, sobre todo a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, la cual determinó, ente otras cosas, que

“… está prohibida cualquier discriminación basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual1.

La Corte expresó su opinión en una serie de tesis de jurisprudencia que se refieren específicamente al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la discriminación tiene raíces culturales. Tiene que ver con lo que se aprende en el hogar y en la escuela, y por lo mismo conlleva una elevada dosis de castigo social.

La discriminación en las escuelas y colegios, o en cualquier otro espacio educacional, es una realidad que puede afectar de manera directa a docentes y estudiantes identificad@s como homosexuales o transexuales. Y la invisibilidad del tema en los contenidos o charlas referentes a los derechos humanos o la sexualidad, que es en sí también un acto de discriminación, solo contribuye a reproducirla, y a veces hasta a agravarla.

A raíz de los mitos o ignorancia sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales es habitual que los estudiantes o docentes identificados como homosexuales o transexuales sean víctimas de burlas o molestias por parte de sus propios compañer@s o colegas. De hecho, nuestro país es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia -sólo superada por Brasil- y la Ciudad de México es donde se comete en mayor medida este tipo de delitos2.

La discriminación se da de diversas formas y en varios escenarios, tales como el seno familiar, el campo laboral, los servicios de salud, los servicios públicos, la política, la educación, actividades sociales y deportivas, e inclusive el sistema jurídico-legal, como en aquellos países de América Latina y el Caribe que aún penalizan la homosexualidad.

La discriminación por orientación sexual y por identidad de género ha recibido varias denominaciones. Desde la psicología y las ciencias sociales se empezó a usar el término “homofobia”, y así se ha generalizado a pesar de ser inexacto, entendiéndose como la intolerancia y el desprecio hacia quienes presentan una orientación o identidad diferentes a la heterosexual. Es decir, la discriminación, odio, miedo, prejuicio o aversión contra hombres homosexuales, mujeres lesbianas, y personas bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales3.

La violencia o intimidación en el sistema escolar, como puede ser la discriminación u otro tipo de fenómeno, ha sido conocida con el nombre de bullying, un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. La palabra deriva de bully, que puede ser un verbo con el significado de “intimidar”, o un sustantivo que traduce “matón” o “bravucón”, y el concepto se refiere a la práctica de toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de una persona.

El bullying homofóbico o transfóbico, puede expresarse en violencia física o verbal o en la sanción, expulsión o despido de estudiantes o docentes sólo por ser identificad@s como homosexuales o transexuales. El o la agresora puede ejercer directamente la violencia o mandar a otras personas a ejecutarla, tanto al interior como al exterior de la escuela, como también en espacios virtuales (el internet).

La carencia de menciones en los textos escolares sobre el tema de la diversidad, sobre la existencia de las personas homosexuales y transexuales, así como la ausencia de información en el hogar y en el aula sobre las diversas formas de vivir la sexualidad (homosexual, bisexual, heterosexual y transexual) contribuyen a incrementar los prejuicios e ignorancia y, por tanto, facilitan contextos para el bullying. Esto es así porque lo que no se nombra no existe para estudiantes y docentes, y lo desconocido generalmente provoca temor, desconfianza o prejuicios, todos caldos de cultivo para la discriminación de cualquier tipo. Por lo que la erradicación de la homofobia y transfobia es una obligación del Estado porque es benéfica para todos los seres humanos.

Estudios realizados por organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han alertado acerca de cómo estudiantes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) reciben con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia por parte de sus pares, docentes y personal administrativo en las escuelas. Como consecuencia de ello, much@s de ell@s enfrentan situaciones que van desde la depresión y el bajo rendimiento escolar hasta el suicidio; por su parte, la escuela no cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar y tramitar los conflictos derivados de la intolerancia frente a orientaciones sexuales o las identidades de género no tradicionales.

Es así que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los gobiernos impartir un tipo de educación que sea capaz de contrarrestar la discriminación y el bullying homofóbico. Esto es, que hay que educar a la niñez en la diversidad. Algo, por lo demás, que no es optativo por tratarse de un derecho humano y por lo que vienen luchando diversas organizaciones y colectivos en México desde hace años y ha derivado en modificaciones importantes jurídicas y legislativas.

La primera gran transformación legislativa en ese sentido es la reforma, en el año 2001, al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la que, además de establecer la primacía de los derechos humanos, para complementar al genérico “derecho a la igualdad” se adicionó el denominado “derecho a la no discriminación” y se prohibió toda discriminación motivada por el género, las preferencias “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”4. Con ello, nuestra Constitución ya no solo proclamaba a la igualdad como uno de sus valores primordiales, sino que desterraba el repudio a la diferencia.

El siguiente cambio importante vino con la promulgación, en el año 2003, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación5 que, a diferencia de la ambigüedad constitucional que implicaba el reconocimiento a las “preferencias” en genérico, condenaba “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en las preferencias sexuales tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas” (artículo 4).

El propósito de esta ley -y sus consecuentes réplicas estatales- es poder defender a las personas en todos los ámbitos de la vida: las escuelas, los trabajos, las calles, los hospitales, etc., para que el ejercicio de sus derechos sea efectivo. Es decir, que pretende ser el paraguas que incide ahí en donde los derechos clásicos -civil, penal, laboral, mercantil, etc.- no alcanzan.

La tercera transformación fundamental ocurrió en 2007, y fue a nivel local: tanto en el Distrito Federal, como en Coahuila se aprobaron modificaciones legislativas que permitieron, por primera vez, reconocer y proteger las relaciones afectivas de las parejas del mismo sexo. En la primera entidad federativa se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, con la cual se creó una nueva figura -la Sociedad de Convivencia- para proteger relaciones, tanto entre personas del sexo opuesto, como del mismo sexo, con la generación de ciertos derechos (sucesorios, arrendatarios, de alimentos) y obligaciones. En la segunda entidad federativa se reformó al Código Civil para incluir el Pacto Civil de Solidaridad, exclusivo para las parejas del mismo sexo6.

La cuarta modificación ocurrió a finales de 2009, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Civil local para reconocer el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo7, que de ese modo pudieron acceder también a la adopción como matrimonios y/o concubinatos8.

La quinta y más importante reforma fue a nivel constitucional y es sin duda la más trascendente en materia de derechos humanos. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, e implicó no sólo el cambio de la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución, dejando atrás el anticuado concepto de “garantías individuales” que, a partir de la reforma, se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. Un cambio profundo en la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México, los que reconoce a partir de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la propia Constitución como por los tratados internacionales. Esto es, que la Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos.

Grandes logros, sin duda. Y sin embargo, todo esto no basta. Es necesario avanzar todavía más, justo al terreno de la revolución de las conciencias.

Esto se vio muy claro durante la elaboración del artículo sobre la educación en los debates del Constituyente de 1916-17. Había conciencia clara de que la escuela era la institución formadora de la sociedad, y entendiéndolo así, como ellos, hoy se hace indispensable incluir dentro de ella, la promoción y la aceptación de los patrones de nuestra cultura la normalidad de la diferencia, es decir, el reconocimiento y la aceptación de la diversidad.

Por eso, la modificación ahora de los contenidos educativos y concretamente la modificación de los libros de texto, sería una manera de llegar a las nuevas generaciones para impulsar la conciencia social sobre la diversidad, un importantísimo mejoramiento en la convivencia humana. Porque siendo, como lo es, la única arma no violenta que tienen las sociedades para transformarse y progresar, se combatiría así, de raíz, la violencia homofóbica y de género, se evitarían muchísimos embarazos de adolescentes, muchísimos casos de abuso y violaciones, y se reconocerá a las personas con diferente orientación sexual, otorgándoles el marco de respeto y dignidad que merecen.

Además de lo anterior, es importante recalcar que la legislación internacional sobre derechos humanos protege a todas las personas por igual, sin distinciones ni discriminaciones. Todos los grupos de individuos deben gozar de manera igualitaria del amplio espectro de los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Así, la protección de los derechos humanos de las personas que tienen sexo con otras personas de su mismo sexo se fundamenta pues en un marco de derechos humanos según el cual todas las personas merecen igual respeto y dignidad, cualquiera sea su situación. Los Tratados y Convenciones de derechos humanos más importantes que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos 9, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos10, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales11, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer12, y la Convención sobre los Derechos del Niño 13, garantizan la libertad de todos los seres humanos de la discriminación basada en diferentes aspectos, incluyendo sexo, color, idioma, religión, opinión política, nacimiento, origen nacional o social, estatus económico, civil, político, social u otro estatus. El principio de la no discriminación fue adoptado también por los instrumentos regionales de derechos humanos, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos14.

En su calidad de miembros de las Naciones Unidas y como Estados-parte de los mencionados instrumentos de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos15.

La obligación de respetar implica que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el goce de los derechos humanos. La obligación de proteger implica que los Estados tomen medidas que eviten que terceras partes interfieran en los derechos humanos, y la obligación de cumplir o realizar implica que los Estados adopten medidas legislativas, presupuestarias, judiciales y otras necesarias para la plena realización de los derechos humanos16.

El derecho a la educación es pues un derecho fundamental, basado en numerosos documentos y compromisos internacionales que ha suscrito nuestro país. Particularmente en materia de contenidos educativos, los Estados se han comprometido, mediante diversos instrumentos internacionales, a garantizar el acceso a una educación universal que quiere decir que es para todos sin distinción; pero además a impulsar una educación que debe estar libre de prejuicios, como en nuestro caso establecieron, repito, los Constituyentes del 17, y como dice textualmente la fracción segunda del Artículo 3º de nuestra Constitución:

“II. el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

Para hacer pues, todavía más efectivos tales compromisos, es necesario prevenir y combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las condiciones de salud, física y mental, la educación y la garantía de los derechos humanos están estrechamente vinculados: la salud impacta en el ejercicio de los derechos, la educación impacta en la salud y el desarrollo integral de la persona, y por ende los derechos impactan en la salud individual y colectiva. Porque las violaciones o falta de cumplimiento de alguno o todos los derechos humanos tienen efectos negativos en la salud de los individuos y las comunidades, definida ésta como el bienestar físico, mental y social. Es un hecho que las violaciones más flagrantes de los derechos humanos, como la tortura y el encierro en condiciones inhumanas, tienen impacto en la salud de las personas. Pero también lo tienen aquellas violaciones de derechos menos evidentes, como la discriminación y el bullying, que obliga a las personas a aislarse y en más de una ocasión a cancelar o por lo menos limitar su desarrollo. Inversamente, el respeto y la promoción de derechos humanos tienen consecuencias favorables para el desarrollo individual y público.

Lo cual cobra una importancia vital si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) llevada a cabo en 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación17, precisamente es la población homosexual la más discriminada en México, por encima de otros grupos, tales como personas con VIH/SIDA, extranjeros, gente con otras creencias religiosas o personas con discapacidad. Y es que sólo 42% de los encuestados aceptarían a una lesbiana o a un homosexual viviendo en su casa. De esta forma, la comunidad gay se sitúa en el último lugar de aceptación.

De acuerdo con el estudio, 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en este país no se respetan los derechos de las personas de diversidad sexual; y una de cada 2 personas que integran la comunidad LGTTTBI opina que el principal problema que enfrenta la homosexualidad es la discriminación, seguido de la falta de aceptación, las críticas y burlas.

Además de estos datos, ya de suyos significativos, conforme con un muestreo que abarca 1995 a 2013, el Instituto Oikos, una Organización No Gubernamental en defensa de la discriminación, ha revelado que nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por este miedo a las personas con preferencias homosexuales18.

Desde luego hay más estudios al respecto, pero lo que es un hecho es que de acuerdo con todos, la discriminación es uno de los grandes obstáculos que deben superarse si de verdad se quiere construir un México de inclusión social, política, económica y cultural de todas y todos. Su persistencia impide que pueda fortalecerse la cohesión social, y su ejercicio cotidiano limita las posibilidades de impulsar nuevas relaciones de solidaridad.

Es poco sabido que las discusiones sobre temas de diversidad sexual se iniciaron en la ONU hace más de treinta años en sus Conferencias Mundiales, organismos y programas. La discusión surgió, por ejemplo, en la primera Conferencia de la ONU sobre la Mujer, realizada en México en 1975, y ya en la Conferencia de la ONU sobre la Mujer en Nairobi en 1985 se presentó la provisión de educación pública sobre “mujeres que aman a mujeres”.

La Conferencia Mundial de ONU sobre Derechos Humanos del año 1993 avanzó más el tema; el párrafo 5 del Programa de Acción de Viena declara que:

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”19.

Un año después, la Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo reconoce en su Programa de Acción la necesidad de reconocer la diversidad de estructuras familiares. Si bien el tema de la discriminación sobre la base de la orientación sexual fue formalmente presentado por primera vez en un foro de la Naciones Unidas durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el año 1995, fue retomado luego en el proceso preparatorio para la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban. El gobierno de Brasil llevó el tema a la Conferencia Regional de las Américas, realizada en Santiago de Chile en el año 2000, preparatoria para la Conferencia de Durban. De tal suerte que la llamada “Declaración de Santiago” compromete a todos los países del continente con el texto que menciona la orientación sexual entre las bases de formas agravadas de discriminación racial y exhorta a los Estados a prevenirla y combatirla.

En la 83º Sesión de la Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), efectuada en 1996, el Comité sobre la Aplicación de las Convenciones y Recomendaciones examinó entre otros temas, la discriminación en el trabajo basada en la orientación sexual, y los integrantes del Grupo de Trabajadores apoyaron la sugerencia de incluir nuevos criterios de discriminación prohibida en un protocolo adicional para ampliar el ámbito de la Convención de la OIT sobre Discriminación (Empleo y Ocupación) C 111, 195820.

En la última década se ha hecho común incluir lenguaje respecto a la orientación sexual en la mayoría de declaraciones de derechos humanos en la ONU. Incluso, muchos gobiernos han cambiado la legislación discriminatoria y han incluido la “orientación sexual” como una de las categorías sujetas a protección bajo sus leyes de derechos humanos. Sudáfrica, por ejemplo, tiene una de las mejores constituciones no discriminatorias en el mundo, porque incluye expresamente protecciones a los derechos de lesbianas y homosexuales. También es el caso de la Constitución del Ecuador, la de Canadá, y en general son varios los países que han establecido organismos especiales y planes para monitorear y combatir todas las formas de discriminación, incluida la orientación sexual. Pero la lucha sigue librándose, incluso internacionalmente.

En el año 2000, los países europeos aprobaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde en el Capítulo III sobre la Igualdad, Artículo 21 de la No discriminación se incluye la orientación sexual:

Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual21.

Aquí en el Continente, en el año 2008 los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron de forma unánime la Resolución n. 2435 (XXXVIII-O/08), bajo el título “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, una declaración en la que se extendía la protección de los derechos humanos a la identidad de género y la orientación sexual22.

El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que veda de manera explícita la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género e insta a los Estados adheridos, entre los cuales se cuenta nuestro país, a la adopción de: políticas públicas especiales y acciones afirmativas para promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades; medidas legislativas que prohíban la discriminación y la intolerancia; sistemas políticos y legales que contemplen la diversidad; y medidas judiciales que promuevan el acceso a la justicia para las víctimas de la discriminación. Además, el texto de la Convención crea como mecanismo de monitoreo un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia23.

Y el 26 de septiembre de 2014 fue aprobada finalmente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una resolución para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y México fue de los países que la suscribieron24.

El más relevante de todos, empero, para el tema que nos ocupa, es el documento Principios sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, conocido como los “Principios de Yogyakarta”25, dentro del cual se incluye un artículo específico (el N°16) sobre el derecho a la educación de todas las personas sin discriminación basada en su orientación sexual e identidad de género, planteando medidas específicas para que los Estados avancen en la materia. El texto fue elaborado a iniciativa de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, y fue presentado como una carta global para los derechos LGBT, el 26 de marzo de 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

Todos estos instrumentos mencionados forman parte ya del orden jurídico mexicano, pero cabe destacar, que adicional a lo anterior, la Internacional de la Educación (IE), la mayor federación de sindicatos del  mundo, que representa a 32 millones de trabajador@s de la educación agrupad@s en unas 400 organizaciones de 170 países, de la cual México es integrante, establece dentro de su Constitución, como uno de sus objetivos:

“combatir toda forma de racismo y prejuicio o discriminación en la educación y en la sociedad debido al género, estado civil, orientación sexual, edad, religión, opinión política, condición social o económica u origen nacional o étnico” (Art. 2, h)26.

Y ha emitido hasta tres declaraciones -en 1998, 2011 y 2015-, para recomendar a sus organizaciones miembros hacer “presión sobre sus gobiernos a fin de que introduzcan leyes contra la discriminación y políticas de igualdad en el trato concernientes a los derechos de docentes y estudiantes en materia de orientación sexual”.

Es decir, que la IE trabaja para defender los intereses de los y las docentes, y del sector educación en general dentro del sistema de la ONU, las instituciones financieras internacionales, las agencias de comercio y otros organismos intergubernamentales. Y existe la obligación de nuestro país de cumplir con esa encomienda. Por lo que conviene agregar que la IE también promueve la educación contra los prejuicios, la discriminación y el acoso, y apoya a las personas empleadas en el sector educación en temas claves relativos a la libertad académica, mejoras de la condición de docente y lucha por sus derechos y los de sus estudiantes. Más aún, la IE emprende acciones contra los gobiernos que no se rigen por las normas internacionales de derechos humanos y organiza acciones de solidaridad para ayudar a las víctimas.

En su séptimo Congreso Mundial, celebrado en Otawa el 26 de julio de 2015, en el documento, “Resolución sobre: Los Derechos de las Personas LGBTI”, apoyado por profesores de México, la IE recomendó, entre otras cosas, a los docentes de todo el mundo:

“Defender los derechos de las personas LGBTI en todas las campañas y políticas de la IE;

“Denunciar situaciones de discriminación que el colectivo padece y que se deben a que la sociedad aún conserva profundos estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI.

“Ayudar a las organizaciones miembro de la IE en su trabajo de defensa de los derechos de los estudiantes, los docentes investigadores y el personal de apoyo educativo LGBTI;

“Trabajar activamente con organizaciones socias para fomentar los derechos de las personas LGBTI;

“Exigir que las administraciones y empresas educativas adopten medidas para crear contextos de trabajo más seguros y propicios a la diversidad sexual y a la identidad de género.

“Considerar necesario que el personal docente cuente con la formación necesaria para proporcionar una educación igualitaria y respetuosa que tenga en cuenta el género y la diversidad sexual.

“Considerar como una prioridad la enseñanza de contenidos programáticos de la escuela relacionados con el respeto a la diversidad sexual y de género y la adopción de las medidas necesarias a nivel escolar destinadas a erradicar la ‘fobia a las personas LGTB’, así como la aplicación de estrategias para incorporar a los estudiantes transexuales al sistema escolar.

“Promover libros de texto y material didáctico libres de connotaciones discriminatorias, que tenga en cuenta todas las formas de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y libres de todo estereotipo”27.

Además de lo anterior, especialmente relevante es el acuerdo “Prevenir con Educación” asumido por los ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe el año 2008 en México28. En el documento, las autoridades se comprometieron a promover una educación integral en sexualidad, basada en “una amplia perspectiva de los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente”. Ésta educación, añadió el acuerdo, “incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal de cada país, para así generar el respeto a las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas al inicio de sus relaciones”. Además las autoridades se comprometieron también a incluir estos componentes de la educación integral en sexualidad en el currículo y en los programas de formación y actualización magisterial antes del 2015.

Por eso, frente a las declaraciones hechas por la directora de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación, Elisa Bonilla Rius, en el sentido de que los libros de texto gratuitos tienen un abordaje “explícitamente heterosexual”, por lo que descarta que haya planes para incluir otra perspectiva desde la diversidad sexual en los textos que se entregarán como parte del nuevo modelo educativo, es necesario actuar. Y, si otros no lo hacen, o no están dispuestos, es obligación de esta soberanía hacerlo.

En entrevista, la funcionaria declaró que en los últimos 10 años no ha habido cambios en la forma en la que se imparten los conocimientos en educación sexual y que estos tienen el propósito de prevenir embarazos no deseados en adolescentes, violaciones y violencia sexual en niñas pero no difundir el respeto por la diversidad sexual, sobre la que hasta el momento no se incluye nada asegurando que el tema de educación sexual no tendrá modificaciones importantes en esta administración, bajo esta afirmación categórica: “La política de educación sexual de la SEP es moderada”.

“No. Los libros de texto tienen un abordaje explícitamente heterosexual. Por el momento no se piensa incluir esta otra perspectiva (la de la diversidad sexual). Veremos cuando desarrollemos los planes y programas. En este momento no está planteado y no voy a abrir esa puerta por el momento”.

“Se están confundiendo dos cosas. Hay una iniciativa que pasó al Congreso, que no ha sido discutida; mientras no pase, no tiene por qué tener implicaciones hacia otros ámbitos. La Secretaría tiene una política de educación sexual que viene promoviendo desde los años 90 y no tiene intención de hacer ningún cambio en esa materia y esa forma de abordar los contenidos”29.

Estas son declaraciones graves, porque demuestran la falta de voluntad de ciertas autoridades educativas, en este caso una funcionaria decisiva en el desarrollo del tema, cuyas funciones son, entre otras, de acuerdo con el reglamento interior de la SEP, elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la educación básica y proponer lineamientos y criterios pedagógicos que orienten los programas de estudio de educación inicial, para cumplir no sólo con un mandato constitucional y compromisos internacionales, sino incluso con una instrucción presidencial precisa, puesto que hay que recordar que el pasado 17 de mayo, el Ejecutivo Federal planteó la necesidad de una revisión para identificar normatividades que contengan contenidos discriminatorios, y “se editen, se deroguen o se modifiquen, y sean acordes precisamente a este reconocimiento a la diversidad”, y fue explícito al instruir precisamente a la Secretaría de Educación Pública para que -como medida complementaria– ajuste los contenidos de los libros de texto gratuito a la diversidad sexual30. Por lo que esta omisión es grave, hay que insistir, resulta inadmisible, porque resulta que ahora las autoridades condicionan el cambio de contenidos educativos en el tema del respeto a los derechos de la diversidad a la aprobación de la iniciativa de Ley sobre matrimonios igualitarios.

Este criterio ignora que, más allá de controversias y resistencias, los derechos humanos no son optativos, no están sujetos a la aceptación de nadie ni son renunciables, ni siquiera por su titular. Constituyen un mandato, por lo que establecido el principio de que el Estado es responsable de garantizar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, independientemente de otros procesos, el sistema educativo está obligado a fortalecer la aceptación de la diferencia, la comprensión y valoración de la sexualidad como una dimensión de las personas, que requiere de actitudes y conductas acordes a dicha dignidad, independiente de la orientación sexual que se tenga. Y entre los objetivos tanto de las autoridades educativas como de los docentes, está el formar estudiantes respetuosos y no discriminadores con sus pares y otros ciudadanos.

En cuanto a los contenidos, el definir la transversalidad, a todos los niveles educativos, de la Educación Sexual, la Educación en Derechos y la Educación para la Salud, tiene la implicación de elaborar programas de educación y libros de texto idóneos para la aplicación de esos programas, que coadyuven a la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Es decir, que de acuerdo con nuestro orden jurídico se está en la obligación de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Y por ende, se tienen que desechar los criterios que consideran a la heterosexualidad como la única forma de vivir el amor, la sexualidad o la conformación de familia. En otras palabras, al vincular expresamente la educación con los principios de la no discriminación y de los derechos humanos, temas tales como el desarrollo psicosexual, la afectividad y sexualidad, la identidad de género, el VIH/SIDA, el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y las orientaciones sexuales, pasan a formar parte central de la propuesta educativa en su conjunto; de manera que efectivamente se garantice el respeto a la libertad de conciencia de los ciudadanos, y se asegure la expresión de las diversas orientaciones y concepciones.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LOS LIBRO DE TEXTO GRATUITO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 5; 7 fracciones I y VI bis; 32; y 33 fracción II Bis. Y se ADICIONAN un párrafo al Artículo 5; la fracción X del artículo 7; el articulo 8 y su fracción III; el artículo 32; las fracciones II ter, VII y XV del artículo 33; y el artículo 42, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- La educación que el Estado imparta será laica y con enfoque de derechos humanos, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa o ideología política.

Tendrá como fin el pleno desarrollo físico, psicológico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna, por lo que que el Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, discriminados cultural, económica o socialmente, y actuará de forma de incluirlos a efecto de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes. Asimismo, estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual y promoverá una cultura de igualdad y diversidad que abarque el respeto de los derechos de las personas LGBTI.

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas; asumiendo la obligatoriedad de la inclusión de la homosexualidad en el contexto de la educación sexual como una expresión más de la sexualidad humana, y asegurando el trato igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;

(…)

VI Bis.- Velar porque la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto a los patrones familiares de cada niña y niño, a su propia identidad cultural, a su realidad y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, aceptación e igualdad entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de un enfoque holístico del ser humano y de las sociedades donde éste se desenvuelve, por lo que la conexión entre derechos humanos y sexualidad implica conocer y comprender que existen diversas formas de amar, de sentir placer y de construir familias, lo cual se da tanto en relaciones heterosexuales, como en las lésbicas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI);

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, el respeto a la diversidad sexual, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana; así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, así como contra la comunidad LGTBI, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de las familias, un trato respetuoso y sin discriminación entre los estudiantes y con los demás miembros de la comunidad educativa, evitando los privilegios, así como la discriminación por motivos de raza, color, creencias religiosas, origen nacional o social, posición económica, discapacidad, vestimenta o aspecto físico, orientación sexual e identidad de género, y

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja o discriminación, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

(…)

II Ter.- Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con condición homosexual, en términos de lo dispuesto en el artículo 39; abordando las temáticas de la homosexualidad y la transexualidad en toda asignatura o debate vinculado a la sexualidad, el amor, la afectividad y la educación cívica.

VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de libertad y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria, así como de prevención y combate a la discriminación por motivos de raza, color, creencias religiosas, origen nacional o social, posición económica, discapacidad, vestimenta o aspecto físico, orientación sexual e identidad de género; tomando en consideración que las temáticas ligadas a la orientación y preferencia sexual, y a la identidad de género, deben encararse en el marco del ejercicio de derechos humanos y garantías individuales y colectivas, buscando modificar los valores culturales discriminatorios, reforzando los valores de la solidaridad, la igualdad, la paz y respeto de la diversidad.

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; procurando dotarlos de la información necesaria para la introducción en temas fundamentales como las orientaciones sexuales y de identidad de género, y su manejo.

Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de prevenir y protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación y discriminación.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o reformar la normatividad necesaria a efecto de dar cumplimiento a la presente Ley en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.


1 https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/06/mex_matrimonio_gay.pdf

2 http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/mexico-es-el-segundo-pais-mas-homofobico-del-planeta-unam-785

3 http://www.scout.es/downloads2/Onusida_Guia_prevenir_discriminacion.pdf

4 Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo 1, se reforma el Artículo 2, se deroga el párrafo primero del Artículo 4, y se adicionan un sexto párrafo al Artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 14 de agosto de 2001.

5 Se aprobó por 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra en la Cámara de Diputados y por 98 votos a favor en la Cámara de Senadores.

6 En el Distrito Federal, al día de hoy, las parejas –tanto del sexo opuesto, como del mismo sexo– cuentan con tres regímenes distintos de regulación: la sociedad de convivencia (se pacta frente a una autoridad y genera ciertos derechos sucesorios, arrendatarios y alimenticios), el concubinato (no se pacta, sino que “se da” una vez la pareja lleva 2 años viviendo juntos o tienen un hijo y genera más derechos y obligaciones que la sociedad de convivencia, pero menos que el matrimonio) y el matrimonio (que sigue generando una multiplicidad impresionante de derechos y algunas obligaciones).

7 La iniciativa fue impulsada por el entonces Partido Social Demócrata. Fue aprobada por el PRD y rechazada por el PAN (todos en contra) y el PRI (tres en contra y dos abstenciones).

8 La adopción para solteros –regulada en el artículo 380 del Código Civil del Distrito Federal– nunca estuvo vedada para personas con una orientación sexual que no fuera la heterosexual. Las parejas del mismo sexo, sin embargo, no podían acceder a la adopción como matrimonios o concubinatos –artículo 381– porque no podían casarse o concubinarse.

9 Adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 mediante la Resolución 217 A (III).

10 Adoptado por la Asamblea General mediante la Resolución de la A.G. 2200 (XXI), UN GAOR, 21st session, Supplement No. 16, UN Doc. A/6316 (1966). Entró en vigencia el 23 de marzo de 1976.

11 Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 mediante Res. A. G. 2200 (XXI); UN GAOR, 21st Session, Supplement No. 16 at 49, UN Doc. A/6316 (1966).

12 Adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución A. G. 34/180 del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigencia el 3 de septiembre de 1981

13 Adoptada por la Asamblea General mediante res. AG 4/25 del 20 de noviembre de 1989. Entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990.

14 Adoptado el 22 de noviembre de 1969. Entró en vigencia el 18 de julio de 1978.

15 Ver Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, General comment 14. The right to the highest attainable standard of health adopted 11 August 2000. E/C.12/2000/4, # 34-37. Ver también http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm

16 Por ejemplo, compromisos políticos relevantes recientes se hicieron en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2001), la Declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (UNGASS) (2002), la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y la Intolerancia (2001) y la Declaración de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (2002).

17 https://es.scribd.com/document/55700435/Informe-Encuesta-Nacional-sobre-Discriminacion-Enadis-2011-Conapred

18 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/05/17/mexico-ocupa-segundo-lugar-mundial-crimenes-odio-ikos

19 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement

20 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111

21 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18-12-2000.

22 ILGA (20 de diciembre de 2008). «ONU: 66 países condenan las violaciones basadas en orientación sexual e identidad de género». Consultado el 19 de marzo de 2009.

23 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

24 https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales

25 http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf

26 http://pages.ei-ie.org/library/es/libraries/detail/106

27 http://pages.ei-ie.org/library/es/libraries/detail/213

28 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/declaracion-prevenir-educacion-espanol.pdf

29 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/18/los-libros-de-texto-son-heterosexuales-afirma-la-sep

30 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/232400-envia-pena-nieto-iniciativa-para-reconocer-al-matrimonio-gay; http://www.animalpolitico.com/2016/05/pena-nieto-anuncia-cambios-a-la-constitucion-para-reconocer-el-matrimonio-igualitario/






Tiene el uso de la palabra la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Cinematografía, en materia de promoción turística.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

(Presentada por la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, Senador Presidente. Compañeros legisladores; compañeras legisladoras:

México cuenta con 111 pueblos mágicos, 21 barrios mágicos en la Ciudad de México, 34 sitios Patrimonio de la Humanidad y una inmensa cantidad de monumentos artísticos e históricos, así como zonas arqueológicas.

Somos el octavo país más visitado del mundo y los ingresos productos del turismo principalmente cultural, y la prestación de servicios culturales, recreativos y demás actualmente representan la tercera fuente de ingresos para nuestro país.

México es y ha sido escenario de filmación de diversos largometrajes, algunos de ellos con gran impacto en la industria cinematográfica internacional, lo que ha contribuido a la exposición de nuestro país como un destino de clase mundial.

Adicionalmente, nuestra legislación otorga en sentidos fiscales, mediante el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conocido como Eficine; sin embargo, más allá del orgullo que representa para nosotros que se muestre nuestra riqueza cultural en el cine, esto lamentablemente no se refleja en beneficio de las comunidades, de la industria hotelera, restaurantera, de los prestadores de servicios turísticos y de los pequeños comerciantes de estos lugares.

Las películas no solamente cuentan historias, hoy en día también comunican tradiciones, patrimonio, cultura, es por ello que propongo la modificación de la Ley de Cinematografía para que las producciones nacionales o extranjeras que generen material cinematográfico con fines comerciales en formato de largometraje, que hayan sido filmados en locaciones catalogadas como: sitio Patrimonio de la Humanidad, Pueblo Mágico, Barrio Mágico, monumentos con valor histórico, monumento con valor artístico o zona arqueológica, incluyan al inicio del material filmográfico, dentro de la sección publicitaria correspondiente, una cápsula audiovisual con una duración mínima de un minuto y hasta tres minutos que exalte y explique la riqueza y el valor cultural histórico y/o natural del lugar o lugares en donde se realizó dicha filmación.

De esta disposición quedan exentos los cortometrajes y las producciones independientes, nacionales o extranjeras, o aquellas que tuvieran un presupuesto menor a los diez millones de pesos, sin considerar los estímulos fiscales.

Con las modificaciones que se proponen en la presente iniciativa, se busca que en las producciones extranjeras filmadas en nuestro país se den a conocer nuestras riquezas culturales y naturales y con ello se promueva el turismo nacional e internacional.

De esta manera, la localidad que facilitó el acceso a nuestro patrimonio para fines cinematográficos puede ser beneficiada con promoción turística, cultural, que genere una importante derrama económica en la región y, sobre todo, en la economía de sus pueblos.

Es indudable que México es uno de los destinos favoritos del turismo mundial.

Es importante, compañeras y compañeros legisladores, que acompañemos la actividad turística con una intensa campaña reivindicatoria de nuestros derechos culturales.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada Gaytán Hernández. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de azoteas y paredes verdes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 17 QUÁTER A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del grupo parlamentario del PVEM)

El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Buenas tardes.

Saludo a quienes nos siguen en el Canal del Congreso y en la página de internet.

El día de hoy alcanzaremos en la Ciudad de México una temperatura de 32 grados centígrados debido a una onda de calor pronosticada por la Comisión Nacional del Agua. Pero en zonas como en los estados de Chihuahua, de Coahuila, de Guerrero y de Oaxaca se alcanzarán temperaturas que oscilen entre los 45 y los 50 grados centígrados.

Esta onda de calor que cada año se va haciendo más común, nos llama a reflexionar para generar propuestas que permitan mitigar las altas temperaturas y generar una mejor calidad climática. Una de estas estrategias es el incremento de áreas verdes en nuestras ciudades. Para lograrlo, una buena acción es el establecimiento de la naturación urbana. Es decir, crear ambientes más saludables y apostar por el desarrollo sostenible y la conservación del medioambiente.

Lo anterior, se puede lograr con el revestimiento de azoteas y paredes verdes en edificaciones. Con estas estrategias se logrará principalmente mejorar la calidad del aire, regular la temperatura interior y el clima local al mantener el calor interno durante los periodos de frío y disminuir la absorción de las radiaciones en épocas de calor.

Recuperar el ciclo natural del agua y retener el agua pluvial y también amortiguar el nivel de ruido, eliminando así la contaminación acústica.

Por lo anterior, es necesario desarrollar infraestructura urbana con áreas verdes, tanto para complejos habitacionales, como complejos turísticos, corporativos y gubernamentales.

Reconocemos que diversas ciudades de nuestro país ya cuentan con incentivos para lograr esta naturación y existen diversos desarrollos que lo han implementado. Sin embargo, nos falta trabajar en la adaptación de edificaciones gubernamentales que permitan la generación de estos espacios verdes.

Por lo anterior, la presente iniciativa reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con objeto de que las dependencias de la Administración Pública Federal del Poder Legislativo y del Poder Judicial Federal, establezcan y evalúen azoteas y/o paredes verdes en sus instalaciones.

Con esta reforma, lo que buscamos es reducir la temperatura e incrementar las áreas verdes en las ciudades, considerando como parte de las buenas prácticas en materia de construcción y las políticas públicas orientadas hacia la urbanización sustentable.

Asimismo, se fomentará la sustitución de superficies grises, que como el concreto, absorben grandes cantidades de calor, cubriéndolas con el verde de la vegetación apta para la instalación en azoteas y en muros, dada la facilidad de su mantenimiento y su sobrevivencia.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Únicamente para comentar, modificamos el turno de la iniciativa presentada por el Senador Héctor Flores, para que se turnaran las dos iniciativas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, para presentar a nombre de la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de repatriados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre de la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias.

Perdón por la distracción. Vengo a presentar, con mucho gusto, una iniciativa a nombre de mi compañera Candelaria Ochoa, para modificar la Ley de Migración.

Nuestro país es una nación que expulsa migrantes y luego los recibe mal, a pesar de que son mexicanos que han salido del país por necesidad económica, por persecución o simplemente por el muy humano deseo de mejorar sus condiciones de vida.

Pero cuando regresan por decisión personal, porque son expulsados, porque son llamados, son prácticamente olvidados por nuestra patria.

De tal manera, que esta propuesta de mi compañera Candelaria Ochoa, para modificar la Ley de Migración, incluye desde el establecimiento del concepto de repatriados, hasta una serie de medidas para darles la bienvenida, como el darles una Cédula de Identidad para que tengan con qué identificarse, muchas veces no la tienen; para reconocer su nivel de estudios, para proporcionarles servicios de salud, por lo menos durante un año los servicios públicos de salud, para ayudarlos en el Registro Civil a regularizar su situación y, sobre todo, para procurar darles empleo.

Siento yo que esta iniciativa es de una nobleza extraordinaria, de tal manera que al tiempo que la presento, pido a quien la vea en Comisiones en la Cámara de Diputados con benevolencia, para cumplir con nuestro compromiso moral de recibir bien a los mexicanos que regresan.

Gracias, y buenas tardes.

Iniciativa

La suscrita, MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 18 Y 20, ASÍ COMO SE INCLUYE UN CAPÍTULO III AL TÍTULO CUARTO, DE LA LEY DE MIGRACIÓN bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración de las personas es un fenómeno complejo que presenta muchas aristas. Hay muchos motivos que la detonan, como los conflictos armados, cambios en la naturaleza de las regiones, crisis económicas, movilidad de capitales, crisis de seguridad, amenazas a la vida, entre otras.

Sin duda una de las principales causas, y en el caso de los migrantes mexicanos es más latente, es la búsqueda de mejores oportunidades de vida y desarrollo. La migración económica.

La falta de oportunidades y los bajos salarios han sido un expulsor de mexicanos, quienes se dirigen principalmente hacia Estados Unidos. El diferencial económico, la vecindad de los países y programas históricos que lo fomentaron han hecho de la migración hacia el país del norte un patrón de movilidad de los connacionales.

A partir de los datos del Anuario de migración y remesas México 2017, se establece que en el 2015 radicaban en el país del norte 12.2 millones de personas nacidas en México, cifra que ha crecido en más de 4 millones desde el año 2000. De los migrantes mexicanos solo el 14.5% cuentan con el estatus de naturalizados, dejando al 85.5% restante como migrantes indocumentados.

La importancia económica de la migración para el país es reconocida. Las remesas que enviaron los migrantes fueron en 2017 de 28 mil 630 millones de dólares, lo que corresponde al 2.7% del PIB nacional, y se estima que contribuyeron con la décima parte del crecimiento de la economía en ese año1.

Ahora bien, hay elementos que hacen que muchos de los migrantes mexicanos regresen a nuestro país. Plan de vida, familia y arraigo son algunos de estos elementos; también se encuentran las deportaciones, la xenofobia o la persecución migratoria de la que son objeto.

En los últimos años la política migratoria de expulsión de personas migrantes establecida por el país del norte y el creciente sentimiento antinmigrante en ese país ha intensificado el regreso de connacionales.

Durante el periodo 2010 a 2015 regresaron de los Estados Unidos de América 495,434 personas, correspondiendo al 89.3% de la población que retorno al país. Otros países de los cuales retornaron mexicanos fueron Canadá, España, Francia y Alemania, principalmente.

Si bien los migrantes repatriados regresan a sus lugares de origen en todo el país, se concentran en los Estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, y Chihuahua.

En muchos casos los migrantes repatriados tienen varios problemas para reintegrarse a sus comunidades. Algunos no tienen documentación de identificación personal, otros han perdido su patrimonio o no está regularizado, otros no encuentran empleo y tienen trabas administrativas para iniciar negocios, y en algunos casos han perdido toda conexión o arraigo con el país, por lo que les cuesta encontrar su espacio de nuevo.

De acuerdo con algunas cifras, el 45% de los migrantes menores a 25 años no asiste a la escuela; sólo el 61% cuenta con vivienda propia y de ellos el 62.4% cuenta con escrituras de la misma. Del total de repatriados mayores a 12 años el 61% trabaja o se encuentra ocupado, y las principales actividades son agricultura, construcción, comercio y manufactura (obreros).

Es decir, una de las poblaciones que más contribuye con el soporte económico del país no tiene toda la cobertura necesaria para poder reintegrarse a la sociedad mexicana y tener una calidad de vida digna.

Sin duda se requiere de mejorar y fortalecer los mecanismos de apoyo y asistencia a los mexicanos repatriados, a fin de mejorar sus condiciones de vida y garantizar su retorno en buenas condiciones. El Estado debe retribuir a los migrantes por el esfuerzo social que significa su trabajo mientras se encuentra lejos de su familia y amigos.

Por ello, propongo la siguiente:

Iniciativa

Por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo único: Se añade un numeral XXVI recorriéndose los subsiguientes en orden progresivo al artículo 3, se añade un numeral VIII recorriéndose los subsiguientes en orden progresivo al artículo 18, se añade un numeral X recorriéndose el subsiguiente en orden progresivo al artículo 20 y se adiciona un Capitulo III “De los mexicanos repatriados” al Título Cuarto, con la adición de los artículos del 66 al 72, recorriéndose los subsiguientes en orden progresivo a la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 3. I a XXV […]

XXVI. Repatriado: Persona migrante con nacionalidad mexicana que regresa de manera voluntaria o por deportación a radicar en territorio nacional.

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I a VII […]

VIII. Establecer las políticas, los mecanismos, programas e instrumentos de apoyo y atención a los repatriados nacionales

VIX. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I a IX. […]

X. Apoyar y atender a repatriados para su reincorporación a sus comunidades o a los espacios de desarrollo que así consideren a través de programas, instrumentos y refugios temporales 

XI. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Titulo cuarto

Capítulo III
De los mexicanos repatriados

Artículo 66. La secretaría reconocerá a los migrantes mexicanos repatriados desde su ingreso al país si así lo solicitan. La secretaria expedirá cedulas de identidad provisional con duración de 6 meses para que puedan regularizar su situación documental y administrativa de identidad.

Artículo 67. La secretaría brindará todas las facilidades para el retorno y la reinserción de los repatriados a sus comunidades de origen o destino que así manifiesten.

Los migrantes que hayan perdido su vínculo comunitario, familiar o de arraigo, podrán acceder a refugios temporales o a casas de migrantes por el tiempo necesario para su reintegración a la comunidad que decidan. 

La secretaría establecerá y financiará refugios temporales y/o casas de migrantes de manera directa o a través de organizaciones de la sociedad civil. En este último caso la secretaría podrá emitir convenios, acuerdos o reglas de operación para la operación de las mismas.

Artículo 68. Los repatriados podrán validar los estudios realizados en el país del cual provienen y retomar los estudios en el último nivel escolar registrado; las autoridades educativas junto a la secretaria establecerán los mecanismos para realizarlo.

Artículo 69. Los repatriados tendrán acceso irrestricto a los servicios de salud que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta por un año a partir de su ingreso al país o hasta que el migrante sea afiliado de manera formal y pase a ser derechohabiente.

Artículo 70. Las autoridades del Registro Civil brindarán las facilidades para la obtención de acta de nacimiento y la actualización de los archivos que se requiera para la regularización de la identidad personal.

Artículo 71. Los repatriados podrán acceder a los programas de promoción del empleo y el autoempleo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social brinden. En caso de ser migrante residente en refugio temporal o casa de migrante, la secretaría fungirá como garante solidario sobre el requisito de domicilio.

Artículo 72. La secretaria reconocerá la labor realizada por asociaciones de la sociedad civil en materia de atención y solidaridad con los repatriados y establecerá con ellas la agenda de trabajo que garantice la reinserción de los repatriados a la sociedad mexicana y el respeto a sus derechos humanos.

TRANSITORIOS

Primero: el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría establecerá en los siguientes 120 días naturales los convenios con otras Secretarias de Estado a fin de cumplir lo establecido en los artículos 68, 69, 70 y 71.

Tercero. La Secretaría establecerá a partir del año 2019 los mecanismos para que se cumpla con lo establecido en el artículo 66

Cuarto. La Secretaría establecerá en un máximo de 6 meses el mecanismo y la convocatoria para cumplir con lo establecido en el artículo 72.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputado Ochoa Ávalos. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.


1 Remesas aportan decima parte del crecimiento del PIB del País, El Financiero, 30 de enero de 2018.  http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-aportan-decima-parte-del-crecimiento-del-pib-del-pais





Tiene la palabra el Diputado Abel Cruz Hernández, para presentar a nombre propio y de Diputadas y Diputados del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de reducción del impuesto a gasolina.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

(Presentada por el Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre propio y de las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Abel Cruz Hernández: Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Compañeros legisladores, la opinión generalizada entre los ciudadanos apunta que el alza en los precios de las gasolinas ha provocado aumentos en el resto de los productos y servicios básicos.

Por esta razón, es necesario discutir alternativas para hacer frente a esta situación, ya que las medidas implementadas por el gobierno federal para proteger la economía familiar han resultado insuficientes.

En el contexto histórico, el Estado mexicano tuvo el monopolio en el mercado de las gasolinas y el diésel hasta el año 2016, por lo que fijaba el precio independientemente de la demanda.

De lo anterior, se desprende que la variable demanda no sirve para explicar el comportamiento del precio de la gasolina, lo cual quedó de manifiesto en el ejercicio de liberación parcial de los precios que se realizó en el 2016, fijando una banda de flotación de, más menos 3 por ciento respecto al precio promedio observado en el año inmediato anterior, cuando la banda de flotación restringió el libre movimiento de los precios y propició que éstos nuevamente tuvieran al IEPS como mecanismo de ajuste en el nivel superior de la banda.

En este sentido, se observa que a pesar de que el objetivo de la liberación de precios es que éstos actúen de acuerdo a las condiciones de mercado, el gobierno sigue aplicando el IEPS como mecanismo de ajuste, es decir, las variables que el gobierno ha mencionado que son determinantes para los continuos aumentos en el precio de la gasolina, ni en los años con precios administrados, ni en los más recientes, con el deslizamiento mensual de los precios, e incluso con las reformas, han resultado significativas.

El gobierno federal ha mencionado en reiteradas ocasiones que la flexibilización del mercado de gasolinas tendría como objetivo que el precio de estos combustibles estuviera por debajo de los de la mayoría de los países de América Latina.

Hasta diciembre de 2016, antes de iniciar con la liberación de precios, el litro de gasolina Magna estaba en 13.98 pesos y el de Premium en 14.81; para el 2017 las estimaciones del gobierno federal, eran que el precio promedio de la gasolina en México fuera de 15.99 pesos, lo cual obviamente no ha sucedido.

El precio de las gasolinas mexicanas está por encima de países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina que no son productores de crudo.

En la actualidad el precio de la Premium, lo hemos visto, está por encima de 20 pesos por litro; y el de la Magna cercano a los 19 pesos. El incremento de enero de 2017 a mayo de 2018 corresponde a 5 pesos para Magna, y 5.19 para Premium, conforme a datos oficiales.

Para diversos especialistas en la materia, el aumento de los precios de la gasolina se debe a la especulación por parte de los comercializadores y expendedores de este combustible, por lo que el gobierno federal debe intervenir los precios de las gasolinas, ya que las condiciones salariales de los mexicanos no les permiten solventar el incremento de precios que conllevan el alza de energéticos. La población sacrificará parte de lo que gaste en alimentos para poder pagar transporte y todos, absolutamente todos los servicios de los que requerimos.

Desde el momento del gasolinazo, de diciembre de 2016 a enero de 2017, la gasolina Magna tipo, subió 14 por ciento de enero de 2017 a mayo de 2018, el precio se ha incrementado 15.6 por ciento, mientras que el salario mínimo subió sólo el 10 por ciento.

Lo ideal sería dar marcha atrás a la reforma energética, pero por lo pronto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe controlar los precios ante la incapacidad de un regulador que está capturado por las grandes empresas comercializadoras de combustibles.

Se estima que el mercado de combustibles en México tiene un valor aproximado a los 30 mil millones de dólares, ya que México es el sexto consumidor de gasolina a nivel mundial.

Para Encuentro Social haber llegado a la barrera de los 20 pesos por litro de gasolina de manera injustificada, solamente refleja la incapacidad del control efectivo del Estado, asimismo, consideramos urgente que México invierta en el Sistema Nacional de Refinación porque el país se encuentra en condiciones de vulnerabilidad energética, sobre todo ante una dependencia de Estados Unidos, que ya sabemos cómo nos está tratando.

Por si esto fuera poco para la economía de las familias, los incrementos son aprovechados por muchos comerciantes en diversas partes de la República, para encarecer todavía más de lo debido los precios de absolutamente todos los productos, incluso se ha incrementado la canasta básica hasta un 17 por ciento, según el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, elaborado por la UNAM, en el año 2017.

Otro incremento que se dio a raíz de lo ya mencionado y que lastima gradualmente el bolsillo de los mexicanos a nivel nacional, es el del sector del transporte, ya que un trabajador que gana el salario mínimo, destina casi una cuarta parte de sus ingresos al transporte público.

Tomando en cuenta lo anterior y en consideración de las demandas y necesidades ciudadanas, es que la presente iniciativa tiene como propósito reducir en un 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas, para lo cual será necesario reformar el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

México es un país que está en una época verdaderamente dramática en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales.

Les pedimos su comprensión y ojalá lo hagamos.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

Quienes suscriben, ABEL CRUZ HERNÁNDEZ y JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELASCO, a nombre de las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa, en tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 2017 comenzó con los mexicanos en las calles protestando contra el “gasolinazo”, el cual junto con el aumento al gas LP fue elevando la tasa de inflación anual hasta concluir en diciembre de ese año en 6.69 por ciento. Para 2018, el panorama luce igual o peor, este nuevo año, la escalada de aumentos desató ya diversas manifestaciones en diferentes estados de la República.

La opinión generalizada entre los ciudadanos apunta a que el alza en los precios de las gasolinas ha provocado aumentos en el resto de los productos y servicios básicos; por esta razón es necesario discutir alternativas para hacer frente a esta situación, ya que las medidas implementadas por el Gobierno Federal para proteger la economía familiar han resultado insuficientes.

Tomando en cuenta lo anterior y en consideración a las demandas y necesidades ciudadanas, es que la presente iniciativa, tiene como propósito reducir en un 50 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las gasolinas, para lo cual será necesario reformar el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

ARGUMENTOS QUE LO SUSTENTAN

Debido a la transición que se está llevando a cabo desde 2017, de una política de precios administrados de las gasolinas a su plena liberalización, así como la entrada de empresas extranjeras para vender gasolina y diésel en México, se ha observado que las variables determinantes de dicho precio que el gobierno federal manifiesta poner en operación no resultan relevantes, por lo menos a la luz de la experiencia histórica, ni justifican que en el primer mes de 2017 los precios máximos hayan aumentado entre 15 y 20 por ciento, dependiendo de la región, y vuelvan a experimentar incrementos de casi tres por ciento durante noviembre del mismo mes.

Hasta diciembre de 2016, los precios de las gasolinas y el diésel operaron bajo el esquema de precios administrados, lo que significa, que el precio de venta al público era determinado de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, la venta de gasolina fue por muchos años un monopolio estatal, contemplado en el artículo 27 constitucional, por lo que no respondía a cambios en el mercado sino a los criterios de la mencionada Secretaría.

De esta manera, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se convirtió en el mecanismo con que se ajustaban dichos precios. Sin embargo, como resultado de la reforma energética de 2013-2014, la SHCP dispuso una fluctuación del precio de la gasolina entre dos bandas caracterizadas por un precio máximo y uno mínimo.

Para gasolina y diésel, se había determinado que a partir del 1 de enero de 2015 y máximo hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo Federal establecería la regulación sobre precios máximos, considerando las diferencias de costos de transporte por regiones, modalidades de distribución y expendio al público y la inflación esperada. A más tardar en 2018, los precios serían determinados por el mercado (después se adelantó a 2017).

En cuanto a los permisos para importación de gasolina y diésel, en un principio se estipuló que estos se otorgarían como máximo al 31 de diciembre de 2016 únicamente a PEMEX o sus subsidiarias, y en 2017 o antes, si las condiciones lo permitían, a cualquier interesado que cumpliera con las disposiciones correspondientes.

La aplicación de las disposiciones anteriores, orilló a que la Ley del IEPS se modificara en 2016, para incorporar un esquema de impuesto de cuota fija, así como la fórmula temporal para determinar los precios máximos de la gasolina y el diésel y una banda de fluctuación para dichos precios, como principales aspectos.

En este contexto, en 2016 se aprobó que los valores mínimos y máximos de la banda se ajustaran al alza o a la baja, según la inflación esperada del tres por ciento considerada en los Criterios Generales de Política Económica 2017.

Posteriormente, en el Paquete Económico 2017 se aprobó iniciar la apertura del sector durante el año. De esta manera, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017 se estableció que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), determinaría el ritmo de la liberalización de los precios en las distintas regiones del país durante 2017 y 2018.

Asimismo, se estipuló, que en las regiones donde los precios no se determinaran bajo condiciones de mercado, la SHCP publicaría los precios máximos a más tardar el 31 de diciembre de 2016, con base en una metodología pública que reflejara los precios internacionales del combustible, la calidad y los costos de logística.

Por otro lado, desde 2010 hasta 2016 se siguió teniendo una política de precios administrados, pero con deslizamientos mensuales en el precio aprobados en 2008, hasta llegar a 2017, año en que se comenzó a liberar los precios, de manera que empezarían a funcionar en torno a las condiciones de mercado. También este es un período en el que las importaciones de gasolina crecieron considerablemente, y en los últimos meses, ya no es sólo PEMEX el que puede vender gasolina, sino que se ha permitido su importación y venta a empresas nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional.

La realidad es que el Estado tuvo el monopolio en el mercado de las gasolinas y el diésel hasta el 2016, por lo que fijaba el precio independientemente de la demanda. Ya que al fijar el precio, y no contarse con un producto sustituto, que provoca que tenga una demanda inelástica1 (al ser indispensable en el transporte público y privado, en prácticamente todas las actividades industriales y como insumo del propio sector energético), la demanda tiende a mantener una tasa de crecimiento superior a la del Producto Interno Bruto (PIB).

En esto influye el aumento del parque vehicular y la ausencia de productos sustitutos, a pesar de que en los últimos años algunos automóviles han mudado del uso de la gasolina al gas LP, y se ha introducido la venta de carros híbridos y eléctricos.

De lo anterior se desprende, que la variable demanda no sirve para explicar el comportamiento del precio de la gasolina, lo cual quedó de manifiesto en el ejercicio de liberación parcial de los precios que se realizó en el 2016, fijando una banda de flotación de más menos tres por ciento respecto del precio promedio observado en el año inmediato anterior, cuando la banda de flotación restringió el libre movimiento de los precios y propició que éstos nuevamente tuvieran al IEPS como mecanismo de ajuste en el nivel superior de la banda.2

En este sentido, se observa que a pesar de que el objetivo de la liberalización de precios es que éstos actúen de acuerdo a las condiciones de mercado, el gobierno sigue aplicando el IEPS como mecanismo de ajuste. Es decir, las variables que el gobierno ha mencionado que son determinantes para los continuos aumentos en el precio de la gasolina, ni en los años con precios administrados ni en los más recientes con el deslizamiento mensual de precios, e incluso con las reformas resultaron significativas.

Por otro lado, las variables que sí lo fueron son los impuestos y el margen de refinación, aunque influyen muy poco en el precio. De ahí que resulta incierta la manera en que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía han determinado los niveles de precios. Ya que, a pesar de que se diga que los precios se comportan desde enero de 2017 de acuerdo al mercado, la realidad es que el gobierno sigue controlándolos por medio del IEPS.

El actual Gobierno Federal, ha mencionado en reiteradas ocasiones que la “flexibilización” del mercado de gasolinas tendría como objetivo que el precio de estos combustibles estuviera por debajo de los de la mayoría de los países de América Latina, esto cuando el precio promedio en México era de 15.99 pesos por litro, hace casi dos años.

Hasta diciembre de 2016, antes de iniciar con la liberalización de precios, el litro de gasolina Magna costaba 13.98 pesos y el de Premium 14.81, para 2017 las estimaciones del Gobierno Federal eran que el precio promedio de la gasolina en México fuera de 15.99 pesos, más barata que en países de la región como Uruguay, Cuba, Belice, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Nicaragua o Guatemala que se estimaban en rangos de 16 a 29 pesos por litro, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía.

Sin embargo, el precio de las gasolinas mexicanas está por encima de países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina que no son productores de crudo. En la actualidad el precio de la Premium está en 20 pesos por litro y el de la Magna cercano a los 19 pesos. El incremento de enero de 2017, a mayo de 2018 corresponde a 5 pesos para la Magna y 5.19 para la Premium conforme a datos oficiales.

Para diversos especialistas en la materia, el aumento de los precios de la gasolina se debe a la especulación por parte de comercializadores y expendedores de este combustible, por lo que el gobierno federal debe intervenir los precios de las gasolinas, ya que las condiciones salariales de los mexicanos no les permiten solventar el incremento de precios que conlleva el alza de energéticos. “la población sacrificará parte de lo que gasta en alimentos para poder pagar el transporte”.

Lo ideal sería dar marcha atrás a la reforma energética, pero por lo pronto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe controlar los precios, ante la incapacidad de un regulador que está capturado por las grandes empresas comercializadoras de combustibles, y no es para menos, pues se estima que el mercado de los combustibles en México, tiene un valor aproximado a los 30 mil millones de dólares. México es el sexto consumidor de gasolina a nivel mundial.

Desde el momento del gasolinazo en diciembre de 2016 a enero de 2017 la gasolina tipo Magna subió 14 por ciento. De enero de 2017 a mayo del 2018 el precio se ha incrementado 15.6 por ciento, mientras que el salario mínimo subió sólo 10 por ciento.

Para Encuentro Social, haber llegado a la berrera de los 20 pesos por litro de gasolina de manera injustificada, refleja la incapacidad del control efectivo del estado. Asimismo, consideramos urgente que México invierta en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) porque el país se encuentra en condiciones de vulnerabilidad energética, sobre todo ante la dependencia de países como Estados Unidos y su voluntad.

Los conductores de México son de las personas más afectadas. Se calcula que un conductor mexicano compra en promedio 358.94, es decir que estaría gastando $7,180 pesos en gasolina a partir de 2018, sin embargo hay quienes gastan menos de eso (dependiendo el tipo de carro que posean). Pero también hay quienes podrían desembolsar hasta 19 mil pesos en gasolina. Esto se debe en gran medida a que existe, por ejemplo, una gran concentración de empleos en la Ciudad de México, ello genera que de lunes a viernes el número de trabajadores de la periferia sea la misma cantidad de habitantes que hay en la capital.

Aunado a los problemas económicos y sociales que presenta el país, si a estos le agregamos el alza al precio de la gasolina, el descontento se hace más evidente.

Pues estadísticas del INEGI, señalan que el número de población que utiliza carro o transporte público para trasladarse a su lugar de trabajo es muy alto: De la población que trabaja y se traslada al lugar en donde desempeña su actividad, poco menos de la mitad (47.7%) se dirige al lugar de trabajo en vehículos particulares; el 27.4% emplea un transporte público: camión, taxi, combi o “colectivo”; el 11.3% camina para llegar al trabajo; 10.5% cuenta con transporte proporcionado por la empresa; mientras que la población que utiliza bicicleta representa el 2.1%. Es decir, más del 95% de la población que labora ocupa algún medio de transporte que utiliza gasolina.

Asimismo, las viviendas que la mayoría de los trabajadores pueden pagar están fuera de la ciudad, y ello también incrementa los traslados y el gasto en gasolina. En México una persona promedio que viene del Estado de México a la capital utiliza entre 2 y 5 horas de viaje de su hogar al trabajo y viceversa. Las malas condiciones del pavimento de la zona metropolitana del Valle de México hacen que los autos y transporte de carga circulen lento, ello hace que la velocidad de traslado sea menor y eso incrementa el uso de gasolina (la velocidad promedio de la ciudad es de 13 Km/h.)

Con esta información queremos argumentar que la situación económica del país, no se encuentra totalmente sostenible para poder solventar los incrementos por el llamado gasolinazo. Por si esto fuera poco para la economía de las familias los incrementos, son aprovechados por muchos comerciantes en diversas partes de la Republica, para encarecer todavía más de lo debido los precios de los productos. Incluso se ha incrementado la canasta básica, hasta en un 17.7 por ciento según el Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM 2017.

Otro incremento que se dio a raíz de lo ya mencionado y que lastima gradualmente el bolsillo de los mexicanos a nivel nacional, es el del sector transporte, ya que un trabajador que gana salario mínimo, destina casi una cuarta parte de sus ingresos en transporte público.

Tomando en cuenta lo anterior y en consideración a las demandas y necesidades ciudadanas, es que la presente iniciativa, tiene como propósito reducir en un 50 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las gasolinas, para lo cual será necesario reformar el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Gasolina menor a 92 octanos, para que pase de 4.59 a 2.29 pesos por litro; a la Gasolina mayor o igual a 92 octanos para que pase de 3.88 a 1.94 pesos por litro; al Diésel, para que pase de 5.04 a 2.52 pesos por litro; y a los Combustibles no fósiles, para que pasen de 3.88 a 1.94 pesos por litro.

Esta propuesta representa una gran ayuda para los mexicanos, pues en ese sentido la canasta básica conservaría un costo más acorde a la condición económica de los ciudadanos. Además de las razones vertidas, resulta urgente llevar a cabo acciones de esta importancia, para contrarrestar el malestar generalizado de los ciudadanos, quienes además de pagar el alza al combustible, habrán de sobrellevar la avalancha de incrementos de todos los energéticos y de mercancías de todo tipo, como ya ha sido demostrado.

Desde una perspectiva personal, puedo argumentar que en México, existe un creciente desencanto de parte de los ciudadanos, por la frustración de no sentir como verdaderos los cauces de nuestra representación.

Lo anterior, sin darnos cuenta, que en la medida que los ciudadanos no se sientan representados, crecerá más la distancia entre representantes y representados.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se reforma el apartado D del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A)…

B)…

C)…

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida

a. Gasolina menor a 92 octanos............ 2.29 pesos por litro.
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 1.94 pesos por litro.
c. Diésel................................................. 2.52 pesos por litro.

2. Combustibles no fósiles..................... 1.94 pesos por litro.

E)… a J)…
II…

III…

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Abel Cruz Hernández.- Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.


1 La demanda inelástica es aquella demanda que se muestra poco sensible ante un cambio en el precio.

2 CEFP (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas), 2017, “Evolución de los precios de las gasolinas en México 2016-2017”, México.






PRONUNCIAMIENTO

Compañeras y compañeros legisladores, dentro de las conmemoraciones cercanas, y debido a que está comprendido entre los temas de las efemérides, la Mesa Directiva acordó sumarse a los legisladores que registraron la referencia al aniversario del “Día de la Marina”.

Por esta razón, quienes integramos la Mesa Directiva haremos un pronunciamiento al cual daré lectura.



Comuníquese.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Presidente, por darle lectura y por la decisión que tomaron ustedes en la Mesa Directiva para este reconocimiento a la Marina.

Solamente tengo una observación, en el texto que nos acaba de leer, donde dice seguridad interior diga: “seguridad pública”, porque eso es lo que vienen haciendo los marinos en el interior del país, tareas de seguridad pública.

Si es usted tan amable de aceptar este cambio que estoy proponiendo para que la Asamblea lo pueda signar, si es tan gentil.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora De la Peña.

Entendiendo su comentario, me parece que también hace funciones de seguridad interior, tal y como está definido en nuestro marco legal.

De manera que no veo cuál es el problema del cambio en la palabra.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Mire, ya sé que es revivir debates que hemos dado en el Senado de la República y en el Congreso respecto a los términos que tienen que ver con seguridad nacional, con seguridad interior, con seguridad pública, estado de excepción, etcétera.

Yo creo que para que este tema pueda tener un consenso de todos de quienes estamos aquí, independientemente del posicionamiento que hemos tenido particularmente, respecto a la Ley de Seguridad Interior que fue muy cuestionada, que hay dos acciones de inconstitucionalidad, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.

Nos parece importante que se signe que son tareas de seguridad pública, aunque estoy observando, creo que no están de acuerdo en la parte técnica parlamentaria respecto a lo que estamos proponiendo.

Yo creo que es volver otra vez a revivir, yo no quiero hacer eso, lo que quiero hacer es que se signe exactamente la labor que está haciendo la Marina como parte de las Fuerzas Armadas en el país, respecto de una deficiencia en materia de seguridad pública.

Así es, en lo que están haciendo, es lo que están haciendo en los estados, apoyando en materia de seguridad pública a las entidades, a la Federación en la persecución de la delincuencia, no en la persecución de terroristas.

Yo creo que, me parece, con todo respeto, Senador Presidente, y yo no quería abundar más en pedir que nos pasen el documento por escrito y que lo podamos aquí discutir pues para que salga por consenso de todas y de todos quienes integramos la Comisión Permanente.

Si no, pues me voy a ver obligada a pedirle que lo signemos y lo votemos, ¿como para qué?

Me parece que es muy loable la intención de la Mesa Directiva de asumir la propuesta de algunos legisladores respecto a la conmemoración del aniversario de la Marina de México.

Simplemente lo que estoy proponiendo es que en lugar de seguridad interior, que es un concepto que está en debate y que lo hemos planteado de muchas maneras, incluso respaldada docta en nuestras respectivas tribunas cuando discutimos la Ley de Seguridad Interior, hoy no hagamos eso, no repitamos eso, y lo que debemos hacer es simplemente atender una propuesta que con todo respeto hago para no abundar en un debate que en todo caso puede no ser favorable a la intención de la Mesa Directiva, respecto a este importante reconocimiento a la Marina, por cierto, al que nosotros, por supuesto, nos integramos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo quiero señalar que estoy de acuerdo con la Senadora.

El concepto de seguridad interior está sub júdice, incluso, hay una acción de inconstitucionalidad que presentamos, tres de las fracciones, tres de las fracciones del Senado.

De manera que, me parece muy justo que se haga este reconocimiento, pero que sea de seguridad nacional y no de seguridad interior, sería muy sencillo, porque están en funciones de seguridad nacional.

Yo creo que es algo que se resuelve fácilmente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Entendiendo sus consideraciones, me parece que en nuestro marco legal vigente aprobado en varias Cámaras, existe el concepto de seguridad interior, si después se resuelve en alguna otra instancia lo que ustedes están peleando en la Corte, bueno, pues se atenderá y se harán las modificaciones legales correspondientes.

Hoy el concepto de seguridad interior es vigente en nuestro marco legal y me parece que no hay ninguna duda.

Yo les pediría, si estamos de acuerdo, es para celebrar los 101 años de una gran institución a la cual los mexicanos le debemos mucho, no veo por qué escatimarle en este momento un reconocimiento a la Marina, que es absolutamente consistente con el marco legal mexicano.

Si no tienen inconveniente, yo creo que no hay que reeditar ese debate, ese debate está concluido, existe una Ley de Seguridad Interior y votemos y veamos qué grupos parlamentarios están a favor de reconocerle a la Marina de México su trabajo y quiénes no, y ya no nos entrampemos en un debate que créanme que no tiene sentido, Senadora.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Mire, Senador Presidente, creo que el Presidente Peña, incluso ha tomado una actitud de mayor prudencia, respecto de lo que aquí se está decidiendo, es cierto lo que usted menciona de que es una ley aprobada, pero cuestionada por una minoría, que en ese momento quedó así signada por las votaciones en ambas Cámaras, pero es un cuestionamiento, tan es así que estas acciones de inconstitucionalidad están en proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Presidente ha decidido, a propósito de la declaratoria que está inscrita en esa ley, no utilizarla, no usarla, porque está esperando a que la Corte resuelva, o sea, tiene más prudencia el Presidente de la República ante un texto legal que está en proceso de resolverse si se violenta la Constitución en sus preceptos o no.

Entonces, me parece que lo que yo propongo es francamente algo muy sencillo que se hubiera corregido, si hubiéramos estado ahí en la mesa de la discusión de ustedes, del texto.

Yo creo que es muy fácil de resolver, el problema, el asunto de las Fuerzas Armadas es que están hoy realizando trabajos de policías, lo que no hacen las policías civiles lo están haciendo las Fuerzas Armadas, entonces me parece que hay que reconocer eso, es seguridad pública, es trabajo de policías ante el déficit de policías que tenemos en el país, me parece que no abundemos en una discusión y entonces este maniqueísmo de haber votemos ahorita para ver quiénes están a favor o en contra de reconocer a, francamente me parece que eso no es el debate.

Estamos todos de acuerdo, el texto es en donde estamos haciendo una corrección, por cierto, totalmente plausible, no hagamos mayor debate y considérese que se está hablando en seguridad pública, no seguridad interior, que el propio Presidente ha dicho, yo me espero a que se resuelva por el Tribunal Constitucional, porque hay un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, punto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Bartlett y también ha solicitado el uso de la voz el Senador Romo, el Senador Burgos y la Diputada Gaytán.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo creo, Senador Presidente, que es muy sencillo.

Someta usted a votación ese texto, vamos a votar en contra, entonces va a aparecer que estamos en contra de un reconocimiento a la institución hermana, de manera que es muy simple, cambie la palabra y estaremos todos de acuerdo en festejar y todos unánimemente apoyar este homenaje.

¿Para qué votamos en contra? No queremos hacerlo, pues es una palabra, las dos son válidas para usted, si quiere, las dos son válidas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett.

Sonido en el escaño del Senador Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Yo creo que estamos hablando de dos aspectos diferentes: uno es el pronunciamiento que usted ha dado a conocer al Pleno de esta Comisión Permanente, en donde se deja muy en claro que se está felicitando con motivo de este día, a la Marina Armada de México, y creo que ese es el punto central, fundamental y básico de este pronunciamiento.

El aspecto técnico que se refieren o se están refiriendo respecto a lo de seguridad interior y seguridad pública, yo creo que es un asunto, como aquí se ha dicho, que no está en debate o no debe de debatirse, que está sub júdice, que hay una acción de controversia constitucional y que sin duda alguna tendrá que resolverse en los términos que finalmente así determine la autoridad jurisdiccional.

En consecuencia, el grupo parlamentario del PRI considera pertinente apoyar este pronunciamiento, con ese motivo específico, sin el aspecto específico, técnico al que se ha referido en esta discusión.

Muchas gracias, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Romo.

Sonido en el escaño del Senador Burgos.

El Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Presidente.

Pues en el mismo sentido, yo creo que el propósito esencial, como lo expuso la Mesa Directiva por conducto de usted, Senador Presidente, es hacer un reconocimiento a una institución a la que le tenemos gratitud y reconocimiento como es la Marina Armada de México.

El tema de sustituir seguridad interior por seguridad pública, creo que no es necesario volver a repetir lo que ya muchas veces hemos hablado y que está todavía por definirse constitucionalmente a la luz de la Suprema Corte, en tanto que la seguridad pública constitucionalmente es un espacio que corresponde a la autoridad civil y la autoridad, o mejor dicho, la facultad de seguridad interior, sí es un ámbito que le corresponde al Presidente de la República.

Yo diría que, en ese sentido, no tiene caso que nos pongamos en ese apremio en decir quién es de un lado, quién es de otro lado.

Yo creo que no está resuelto, creo que se está haciendo la propuesta de la Mesa Directiva, hablar de lo que constitucionalmente es una facultad, hablar de seguridad nacional y seguridad interior, como lo establece el artículo 89, en su fracción VI, por lo tanto, yo creo que no tenemos que ponernos en disonancia un grupo y otro, lo que dice hoy la Constitución son dos conceptos, si ponemos seguridad pública estamos nosotros mismos avalando un término contrario a la Constitución.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Burgos.

Sonido en el escaño de la Diputada Gaytán.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Bueno, lo primero es que quisiera dejar clara nuestra total oposición al planteamiento que ha hecho usted en este momento.

Si no votamos las cosas como usted dice, entonces estamos en contra de la Marina. Eso es absolutamente erróneo.

Y ese debate ya lo dimos, cuando ustedes impulsaron la Ley de Seguridad Interior y decían que estábamos en contra de los militares, dejamos perfectamente claro que no estar a favor de la Ley de Seguridad Interior no representaba un conflicto con las fuerzas Armadas, entonces dejarlo perfectamente claro aquí.

El detalle está en el término de seguridad interior, y yo lo que pediría es que no metiéramos o no metiera la Mesa Directiva, la Presidencia quien lo está leyendo, en un documento de fines absolutamente nobles de reconocimiento a la Marina, un tema que como ya se ha dicho aquí está forzándolo y llevándolo al conflicto.

Esto lo que nosotros propondríamos es pedirle a la Mesa Directiva, al Presidente, ponga en ejercicio todos sus oficios políticos y esa capacidad de construir consensos.

Si quieren quitar la palabra “pública” y también la palabra “interior” pues que quede solamente “tarea de seguridad”, y ya con eso, pues ni en un lado ni en el otro, y consensamos este importante reconocimiento a la Marina.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Diputada Gaytán.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Torres Graciano.

El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) Como bien comenta usted, se está queriendo reavivar aquí un debate que ya se dio.

Una precisión.

Lo que está hoy en la Corte en análisis y revisión es la Ley de Seguridad Interior, pero el concepto “seguridad interior” es vigente constitucionalmente, el concepto existe y me parece que no hay ningún conflicto en que aparezca así en el pronunciamiento.

Creo que volver a entrar en cómo se iba a llevar a cabo esas tareas de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas es el tema que está allá en discusión, pero aquí no es éste el tema en el pronunciamiento, entonces creo que no tiene ningún caso que por cuestiones dogmáticas estemos en este debate.

Y, en todo caso, quienes se están poniendo en ese vericueto de votar a favor o en contra, son ustedes mismos por el tema de ese dogma que se tiene respecto al tema, pero el concepto existe, y tan existe que incluso el propio PRD, en su momento, presentó iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

¿Por qué? Porque existe el concepto constitucionalmente hablando.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores.

Senadora De la Peña, la escuchamos con atención a usted.

Permita al Senador Flores expresarse.

Gracias.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Presidente.

Yo, al igual que lo hicieron mis colegas, el Senador Romo, el Senador Burgos, el Senador Torres Graciano y de la misma manera como usted lo expresó hace un momento ahí desde la Mesa Directiva, creo que es innecesario este debate.

El concepto tal cual como se ha señalado de “seguridad interior” es un concepto que está incorporado en nuestra Constitución. Y si bien es cierto que se está dirimiendo la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior vigente, esa es otra cuestión.

En este momento el término, el concepto de “seguridad interior” está perfectamente previsto en nuestra Constitución, y me parece que no ayuda a la Marina, a la que le estamos tratando de hacer un reconocimiento, el que estemos llevando a cabo este debate, cuando el concepto está perfectamente previsto en la Constitución.

Si hay grupos en este Pleno que recurrieron la Ley de Seguridad Interior, y están en espera de que se resuelva, eso es otra cosa.

En ese momento llegará y en ese momento habremos de replantear el recurso de acuerdo a lo que decía la Corte en un sentido y en el otro, pero no es el momento, y creo que no ayuda a la Marina el que estemos entrando en este debate.

Yo le pediría que nos sostengamos en ese pronunciamiento que usted leyó hace un momento.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Flores.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Agustín Basave.

El Diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Creo que en el espíritu de este pronunciamiento hay consenso, el reconocer a una institución como la Marina, reconocer el trabajo que hacen, creo que no suscita ninguna discrepancia en esta Comisión Permanente.

Si el problema es un adjetivo, una palabra, sugiero que se deje “seguridad” a secas, queda el espíritu intocado y se allanan, quienes creo yo, quienes han mostrado objeción, y queda exactamente la misma intención, el mismo espíritu del pronunciamiento, que es reconocer el valioso trabajo de una institución que creo que todos los que estamos aquí respetamos.

Me parece que dejándolo en “seguridad” a secas, no cambiamos la esencia y sí dejamos el reconocimiento por unanimidad.

Esa es mi sugerencia.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Basave.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Huicochea.

El Diputado Arturo Huicochea Alanís: (Desde su escaño) Ciertamente nadie puede poner en duda, y a la sociedad mexicana le hará muy bien una expresión de unidad en torno a este importante tema.

Y como se ha señalado ya, no hay duda respecto a la posición de todos los partidos políticos sobre el particular.

Es la propia Constitución la que resuelve esta discusión, en el artículo 89, fracción VI, ahí queda preciso que “la seguridad nacional tiene dos componentes: la seguridad interior y la defensa exterior”, literalmente expresa nuestra Constitución.

De tal suerte que el concepto legal, vigente, incuestionable, es el de la “seguridad nacional” porque ésta abarca la seguridad interior y la defensa exterior.

Si bien hay ahora un debate jurídico sobre el ámbito competencial de las Fuerzas Armadas en alguno de estos dos aspectos, habrá de resolverse, pero cualquiera que sea el sentido, es el Poder Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas, el encargado de preservar la seguridad nacional. Esto zanja cualquier diferencia que debajo del concepto podamos tener.

Así que la propuesta respetuosa del grupo parlamentario del PRI, es que hablando de seguridad nacional mostremos ante la nación la unidad nacional que un tema como éstos requiere en éste y en cualquier momento por el que vive la República.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece que todos los señores legisladores han expresado su opinión, lo que restaría sería someter a consideración de la Asamblea la redacción propuesta por esta Mesa Directiva, y manifestar su opinión a favor o en contra, y seguir con nuestra sesión.

Solicitaría a la Secretaría consulte...

Lo expresado por otros grupos parlamentarios, Senadora De la Peña, que son igual de respetables que su posición, es que están de acuerdo en que se mantenga el término de “seguridad interior”.

Y me parece que también hay que respetar la opinión de otros grupos parlamentarios, y como en democracia esto se dirime votando, yo creo que no debe haber ya mayor problema.

Consultemos a la Asamblea cuál es su sentir y procedamos.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Senador Presidente, pido la palabra, por favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Nada más no nos gritemos, Diputada.

No nos gritemos y con todo gusto.

Aquí a nadie se le niega el uso de la palabra, nada más permítame y no nos levantemos la voz, Diputada, es lo único que le suplico.

Senadora De la Peña, está usted queriendo hablar.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Senador Presidente, con todo respeto.

Mire, usted más que nada sabe que siempre este tipo de puntos de Acuerdo tienen consenso, todo lo que nos presenta la Mesa Directiva, y usted sabe perfectamente bien, porque usted ha sido parte de la instrumentación en dos ocasiones en que usted ha presidido la Permanente, cuando menos sabe que cuando vienen este tipo de textos, con estas características, construidas desde la Mesa, se ponen en consideración del Pleno, tienen una característica: el consenso.

No se vienen aquí a traer a que se voten mayorías y minorías. Eso en primer lugar.

Hay un procedimiento y una práctica parlamentaria que es importante destacar, consenso, no mayorías y minorías. En un tema tan trascendental como éste amerita, además, que se atienda el consenso.

Por favor, querer ustedes llevar una situación de este tipo a que votemos hoy como un asunto totalmente novedoso en la práctica parlamentaria que no nos ha distinguido durante todos estos años, me parece que es una tozudez.

Lo que tenemos que procurar es seguir con esta práctica parlamentaria.

Los puntos de Acuerdo que vienen de la Mesa Directiva se construyen en consenso y el consenso quiere decir que no se votan para ver quién está a favor o en contra.

Nosotros mismos hemos presentado puntos de Acuerdo que los signa la Mesa, y hemos cedido.

¿Por qué? Porque se tienen que construir en consenso.

La redacción está inscrita justamente en buscar que tenga consenso, no hacer lo que usted ahorita va a hacer, con todo respeto, como Presidente de la Mesa.

Los grupos parlamentarios ya dijeron “entonces voy a votar para ver quiénes están a favor y quiénes en contra”, perdón, esa no ha sido la práctica y nos parece que no es correcto, con mucho respeto le digo, que al final de esta Legislatura estemos, entonces, inaugurando una nueva práctica parlamentaria de que los puntos de Acuerdo, en vez de que se votan, se aprueban en consenso, hoy quiera usted llevar este tema a seguir reproduciendo un debate, que ya sabe que tiene una connotación que nos va a dividir.

Esa es la verdad.

Nosotros estamos de acuerdo en que se felicite a la Armada, eso es lo fundamental.

La redacción tiene que estar inscrita en consenso.

Yo no estoy a favor de que eso cambie, y yo le pido, de manera muy afectuosa, Senador Presidente, que esa dinámica que ha caracterizado a la Mesa Directiva de los acuerdos que vienen desde la Mesa Directiva se sigan construyendo en consenso.

Y ya aquí ya ha habido una salida, no estamos ante un asunto que no tenga solución, ya hay una salida, que pueda decir el texto: “materia de seguridad”, “materia de seguridad”, y en la materia, por seguridad entra lo que todo mundo quiera entender por seguridad, incluyendo, por supuesto, también seguridad interior y también seguridad pública y, por supuesto, seguridad nacional.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño de la Diputada Gaytán.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Solamente para reiterar lo que ya dijo la Senadora De la Peña.

Hay tres propuestas: la propuesta suya, Senador Presidente; la propuesta de la Senadora De la Peña, que ella, incluso, ha retirado, o sumándose a la iniciativa intermedia de que solamente diga: “seguridad”.

Si independientemente de ello, usted insiste en votar su propuesta, está en todo el derecho de hacerlo.

Solamente dejar perfectamente claro que nosotros reiteramos nuestro total reconocimiento a la Marina. Tiene su consenso.

Lo cuestionado sería la capacidad de la Presidencia de llegar a ese consenso. Ahí sí votaremos en contra.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Diputado Mota.

El Diputado Adolfo Mota Hernández: (Desde su escaño) Senador Presidente, en el ánimo de pensar el fin último de este punto, que es que salga por unanimidad en consenso, es lucidor ante los medios, ante la Marina, ante la sociedad mexicana.

El concepto de seguridad es amplio, algunos lo interpretaremos de alguna manera, otros de otra, ese debate no está acabado.

Pero creo que en este momento, apelando a su integridad como Presidente, y entendiendo que fue redactado con minuciosa técnica jurídica, lo reconocemos, el término de seguridad salva, nos evitamos la votación y el pronunciamiento grande de esta Comisión Permanente y el reconocimiento a la Marina Armada de México, es amplio en consenso y en conjunción, Diputados, Senadores.

Es mi opinión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Diputado Mota.

Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano, y después el Senador Enrique Burgos.

Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Senador Presidente, en primer lugar, yo creo que todos le reconocemos su conducción como Presidente de la Mesa Directiva, y en ese sentido creo que no debe estar en tela de juicio.

Segundo. No se está refiriendo, y como lo dijo Torres Graciano, el tema de seguridad interior a la ley, que podría perfectamente hacerse porque es una ley vigente, punto, es una ley vigente.

Que haya una serie de acciones de inconstitucionalidad interpuestas, es otra cosa, y que haya habido prudencia del Presidente Peña Nieto para no aplicarla desde ahora, es otra cosa, pero es una ley vigente.

Ya no nos vayamos allá, me quedo con lo que dice Torres Graciano, fracción VI del artículo 89, y dice que: “tiene las facultades el Ejecutivo Federal de preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Con todo respeto al Diputado, pero no, no es lo mismo “seguridad” a secas, que “seguridad interior”.

Así que, yo creo, Senador Presidente, que está en lo correcto el texto que usted está planteando, y en todo caso, sí creo que se debe someter a votación, y que quede en evidencia quién está a favor, con todos sus términos, de hacer un reconocimiento a la Marina Armada de México como lo que es, sí, en los términos constitucionales, y no estar aquí con una serie de caprichos lingüísticos para efectos de salvar.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Lozano.

Tiene el uso de la palabra el Senador Enrique Burgos.

El Senador Enrique Burgos García: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

En realidad, yo quiero reiterar, no solamente en lo que dice el Senador Lozano, lo que comentamos también con el Senador Torres.

Creo que la valía, y me parece que ese es el fondo, es reconocer a una institución de gran significación como es la Marina y, yo reitero, por cierto, Senador Presidente, su conducción y su alto grado de respetabilidad que tiene su conducción.

El planteamiento es: ¿Podemos hacer el ejercicio?, podemos agotar un ejercicio para que el reconocimiento a una institución fundamental, derivado de otra institución como es la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, vaya en sintonía.

Creo que podríamos, salvo su mejor opinión, desde luego, seguir con el Orden del Día e intentar, e intentar una búsqueda de redacción.

Respetuoso como siempre, con usted, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Burgos.

Solicitó la palabra la Senadora Ojesto.

Sonido en su escaño, por favor.

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Con el afán de abonar y de poder resolver el asunto, yo propongo que se haga la votación en dos partes, se divida el punto de Acuerdo en dos partes, el primero, que establezca la intención de las partes en reconocer ampliamente a la Marina, en el que hay consenso; y el segundo, sobre el texto que se está proponiendo para hacer dicho reconocimiento.

Creo que con esto ya estaríamos salvando el hecho de que realmente todo se vería que existe un consenso en cuanto al reconocimiento, y solamente hay diferencias en el texto.

Gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Ojesto.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Yolanda de la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: (Desde su escaño) Quisiera, respetuosamente, solicitarle que pudiera usted ya convocarnos a la votación.

Esta discusión es estéril, y de verdad, en el fondo, es protagonismo, porque le están regateando, pichicateando a la Marina el gran trabajo que hace por este país.

Fíjense nada más el punto de la Litis. Sólo es protagonismo personal y político.

Yo creo que ya es justo que este Senado y esta Comisión Permanente, de verdad, actúe a la altura que los mexicanos esperan.

Yo le solicito, Senador Presidente, respetando su investidura, el trato amable, generoso y respetuoso que usted tiene, que además todos los grupos parlamentarios sabemos esto desde antes, y esperamos el momento oportuno sólo para protagonizar y regatearle, pichicatearle a la Marina, de verdad, el reconocimiento que merece.

Los mexicanos y las mexicanas de este país, quieren y reconocen a la Marina, y este Senado así lo hace.

El que quiera reconocerlo, que lo vote, y el que no, pues que no lo vote y que se exhiba, porque en el fondo tiene un tema político personal o protagonismo, no sé si porque ya se va a acabar y ya se les hace que se les va a acabar el escenario de protagonismo.

Este Senado y esta Comisión Permanente deben trabajar por México.

Nosotros, en el grupo parlamentario del PRI, estamos por la Marina, y le reconocemos, sin regateo y sin pichicateo, el gran trabajo que realiza por México.

Solicitarle que lo someta a votación, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Yolanda de la Torre.

La Diputada Josefina González Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Solicita la palabra la Diputada Josefina González Luna, en su escaño.

Sonido en el escaño de la Diputada, por favor.

La Diputada Josefina González Luna: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Quizás para abundar en el tema, pero a mí, aunque metodológicamente se hacen acotaciones de lo que significa hacer un consenso y por qué votarlo o no, aquí hay ya muchos elementos normativos y legales para decir que el texto original es correcto y es por el que estamos a favor.

El consenso consiste en que todos estemos de acuerdo. Si hay una sola parte en que no lo está, ya no puede haber un consenso y hay que dirimirlo en otro sentido. Pero da la impresión que lo único que puede ser llamado consenso es, si es en los términos en que yo lo pido y si no ya no se llama consenso.

Es obvio que una gran parte de nosotros estamos a favor del texto original, y que si no hay más que dos opciones en este sentido, tenemos que votarlo, y yo creo que ya hay que agotarlo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada.

Creo que está suficientemente discutido el asunto.

Sometería a consideración del Pleno el comunicado en el cual fue leído por esta Mesa Directiva.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, quienes están a favor del comunicado en los términos en los que fue leído por esta Mesa Directiva.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento leído por el Senador Presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Comuníquese.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) La Secretaria no fue muy clara, lo que votamos en contra es el texto de la Mesa, no el homenaje.

Bueno, que así quede.

Todos estamos con la Marina, pero no con el texto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así se hará en el Diario de los Debates, Senador Bartlett. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de siete dictámenes de la Primera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reservas para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy cuenta con las materias de siete dictámenes de la Primera Comisión, que no tienen reserva para su discusión:

Primero. Por el que se solicita información relacionada con las estrategias y las acciones que actualmente se ejecutan para fortalecer la prevención y el combate a los delitos de alto impacto en el país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Segundo. Que exhorta a fortalecer e implementar planes y estrategias que permitan garantizar la seguridad a los usuarios de transporte público en las Zonas Metropolitanas del país.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Tercero. Que exhorta a informar sobre el avance en el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2018.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Cuarto. Que exhorta a las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia a que todas sus investigaciones se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, en los hechos de violencia ocurridos en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección popular.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Quinto. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización del primer y segundo debate presidencial organizados por el Instituto Nacional Electoral, y convoca a la ciudadanía a seguir activamente el tercero a realizarse el próximo 12 de junio.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Sexto. Que exhorta a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en San Martín Texmelucan, que involucran a funcionarios y policías municipales, en la presunta comisión de diversos delitos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Séptimo. Que exhorta a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a los presuntos hechos constitutivos de delitos perpetrados en el Centro de Control Canino de la Delegación Tláhuac, con motivo de sacrificios de animales domésticos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reserva para su discusión, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Diputada Secretaria.

Se concede el uso de la tribuna al Senador José María Tapia Franco, para presentar los dictámenes de la Primera Comisión.

El Senador José María Tapia Franco: Gracias, Senador Presidente, con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en nuestra reunión celebrada el día de ayer, martes 29 de mayo, por mayoría de votos aprobamos once dictámenes que contienen 18 proposiciones con puntos de Acuerdo.

Los dictámenes en comento atienden asuntos de indudable relevancia y actualidad, entre los aprobados destacan temas relacionados con la seguridad pública en el país, el transporte público, con el uso y destino de los recursos públicos para la reconstrucción en la Ciudad de México; y, asimismo, aprobamos conocer el avance de las investigaciones judiciales con motivo de los recientes hechos de violencia ocurridos en contra de candidatas y candidatos a cargo de elección popular, y para recibir información al respecto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Finalmente, aprobamos que se dé celeridad a las investigaciones de los acontecimientos ocurridos en Puebla y derivados de la Policía Municipal en el municipio de San Martín Texmelucan.

Asimismo, decidimos solicitar información al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de que remita a esta Soberanía la información relativa a las acciones y estrategias que ejecuta para el fortalecimiento de la prevención y el combate de los delitos que lesionan a las ciudadanas y a los ciudadanos.

Asimismo, decidimos exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar las acciones para garantizar la seguridad a los usuarios del transporte público, sobre todo privilegiando las zonas metropolitanas que existen en el país.

Con relación a los hechos ocurridos por los sismos y las tragedias vividas por los ciudadanos el pasado 19 de septiembre, se aprobó solicitar a Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a la Secretaría de Finanzas y a la Comisión de la Reconstrucción información sobre el ejercicio de los recursos destinados para el mismo fin y el apoyo a los damnificados.

Por unanimidad de votos de los integrantes de la comisión, convenimos solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dé celeridad a la investigación a un año de haber ocurrido el asesinato del periodista Javier Valdez y el ocurrido ayer a otro periodista en el estado de Tamaulipas.

Respecto al combate a la corrupción se aprobó solicitar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción informe de los avances de su implementación y las medidas para impulsar su funcionamiento.

Sobre el combate a la incidencia delictiva en el estado de Guanajuato, exhortamos al gobierno estatal para que informe a esta Soberanía sobre las estrategias y acciones que en materia de seguridad pública realiza en el ámbito local.

Como parte del pronunciamiento antes aprobado por la Comisión Permanente para erradicar toda forma de agresión en contra de las candidatas y candidatos a cargo de elección popular, se aprobó exhortar a todas las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia para que sus investigaciones se rijan por los principios del servicio público velando para la protección y garantía de los derechos humanos y el debido proceso.

De igual forma, los integrantes de esta Primera Comisión, dentro del contexto del proceso electoral, nos congratulamos por la realización de los debates presidenciales y convocamos a la ciudadanía a seguir activamente el tercer debate que se celebrará en próximos días.

En un marco de preocupación por la seguridad de la población del municipio de San Martín Texmelucan, se exhorto al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad para que le den celeridad a las investigaciones sobre la presunta comisión de delitos que involucran a funcionarios y policías municipales de ese municipio.

Finalmente, con el ánimo de combatir el maltrato animal, los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a que investigue los hechos ocurridos en el Centro de Control Canino de la Delegación Tláhuac con relación al sacrificio de los animales domésticos.

Estimadas compañeras y compañeros legisladores, seguimos reafirmando nuestro compromiso para atender con celeridad y responsabilidad en beneficio del bien común, asuntos de tal trascendencia nacional que aquí se presentan, y de esta manera contribuir a los trabajos de esta Comisión Permanente.

Compañeras y compañeros, ratificamos nuestro deber para la consecución de un futuro mejor para la gente y los ciudadanos de esta gran nación.

Por su atención y aprobación de los dictámenes, muchas gracias.

Gracias, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Tapia Franco.

Están a discusión. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

Un momento, por favor. Sonido en el escaño del Diputado Jorge López.

El Diputado Jorge López Martín: (Desde su escaño) Este servidor reservó el punto de Acuerdo relacionado con el estado de Guanajuato.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está reservado y arranque. Gracias.

Proceda, Diputada Secretaria.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores puntos de Acuerdo. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a dar celeridad a la investigación en relación con el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, Senador Presidente. Señoras y señores.

Ciertamente, estamos ante un poco más de un año ya del asesinato de Javier Valdez.

Hacer un recuento de las distintas situaciones onerosas que sufren las periodistas, los periodistas en nuestro país no es algo que nos aliente a venir a hablar aquí en esta tribuna.

Un recuento muy rápido de lo que va del propio Milenio, encontraremos que son más de 136 periodistas asesinados en nuestro país. Datos que reflejan un Estado casi como si estuviéramos en guerra, pero no estamos en guerra.

Si a esto le sumamos las desapariciones forzadas, los asesinatos y persecuciones a defensoras y defensores de derechos humanos, si atendemos a todo lo que nos señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desplazamiento forzoso interno, además; ejecuciones extrajudiciales, tortura generalizada en distintas instancias del Estado y, por supuesto, hacer un recuento del hostigamiento, el desprestigio, robo de información, amenaza de muerte, finalmente asesinato y desaparición forzada que sufren quienes se dedican precisamente a la labor periodística y a ser defensoras, defensores de derechos humanos, encontraremos que estamos ante una situación muy complicada para el país.

Este año, así como va, seguramente será el año más violento de los últimos 21 años, así como va ahorita; estos meses del 2018 van a superar al 2017 que fue el año más violento en los últimos 20 años.

Y hoy nos encontramos además con una terrible noticia a un año del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, también del asesinato de Héctor González Antonio.

Desde esta tribuna nos solidarizamos con Grupo Imagen y con Excélsior, por el asesinato de este integrante importante de su medio.

Además, es importante también poner en esta tribuna el último comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado que desde Ginebra ha señalado que les preocupa que México no garantice que sus calles, que sus carreteras, que los caminos sean seguros para el país.

Y justamente lo hace a partir de un fenómeno también en el estado de Tamaulipas, que no es distinto, por desgracia, a lo que acontece en los estados de la frontera, pero también, por desgracia, acontece prácticamente en todo el país.

Resaltó el Alto Comisionado su preocupación respecto de familias que han emprendido sus propias búsquedas, de la desaparición de distintas personas, que además han sido, según se establece en el propio comunicado, por los propios dichos de testigos, desaparecidas por elementos de un grupo de seguridad federal; después se encontraron los vehículos quemados y se identificaron los uniformes.

Y a propósito de lo que acabamos de conmemorar hace rato, el Aniversario de la Marina. Parte del desastre que tenemos en el país, perdónenme, tiene que ver con la presencia de quienes están adiestrados, los que están identificados para el uso de la fuerza legal y que están realizando tareas en el ámbito de la seguridad pública, como dice el 21 de la Constitución.

Entonces, al que estamos, por cierto, incumpliendo.

¿Qué es lo que tenemos que hacer?

Pues ciertamente, como atinadamente lo definió, y tengo que felicitar a la comisión que presenta este dictamen acordado en el resolutivo que aquí se acaba de leer, porque ciertamente se necesita insistir en la agilización particularmente de la Fiscalía que está inscrita en el ámbito de la PGR dedicada específicamente a atender los delitos contra periodistas, pues a que trabaje en la investigación y llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer en lo particular, que es motivo de este punto de Acuerdo, del caso del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

Ese es el reto que tenemos; señoras y señores; ese es el reto que no podemos eludir; ese es el reto en el que tenemos que trabajar.

Yo estoy convencida que hay que hacerlo en una construcción donde todos, todos formemos parte.

Me parece que esa es la solución de aquí en adelante de todos los asuntos que nos preocupan, que nos deben ocupar, en el sentido de que busquemos una construcción, una reconstrucción del país para garantizar ciertamente un verdadero estado de derecho, estado de derechos.

Gracias y les felicito por este punto de Acuerdo aprobado de manera afirmativa.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Senadora De la Peña.

Toca el turno a la Senadora Adriana Loaiza Garzón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Entregó una propuesta de modificación al presente dictamen, en su momento le daremos trámite.

Toca el turno a la Senadora Diva Hadamira Gastélum, a favor.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señora Presidenta.

Hablar de Javier Valdez Cárdenas, es hablar de un periodista de gran prestigio en Sinaloa, fundador de Río 12, y además autor de cuatro libros muy fuertes, muy, muy fuertes que ponen de manifiesto que Javier puso en la mesa temas muy delicados y que a alguien le molestó.

Y, a la vuelta de un año hay un detenido, que es el Koala, y los datos que sabemos es que el móvil sí tuvo que ver con el trabajo periodístico que realizaba Javier.

Nosotros estamos muy esperanzados, muy animados que éste y otros crímenes a periodistas se esclarezcan, porque la fama que México puede tener en este caso, pues es delicada; la libertada de expresión se ve mermada, y en un caso tan importante que ha surgido de marchas y movimiento de periodistas y de la sociedad civil que piden esclarecer el crimen de Javier, es urgente que esto se haga.

No van a poder acallar a Río 12, es un periódico que tiene como característica poner en contexto la problemática que tiene el momento en que vivimos sobre el crimen organizado sobre el narcotráfico.

Mi respeto y reconocimiento a Javier por su valentía, porque lo que relata su familia es que sabía que algo estaba pasando, porque había recibido amenazas, sin embargo, su trabajo como periodista, profesional que era, lo siguió realizando.

Bien por este punto de Acuerdo, bien por el avance que llevamos, pero estoy segura que más cosas se pueden realizar si todos contribuimos para que esta actividad tan importante como es el periodismo, la libertad de expresión se realice con toda cabalidad, con todo respeto, y respetando el trabajo noble del periodismo.

Gracias por el voto a favor.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por la Senadora Loaiza e inmediatamente consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra a discusión.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe de los avances y problemáticas detectados en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Buenas tardes, legisladoras y legisladores.

Este punto de Acuerdo que fue aprobado por la Primera Comisión no cumple el objetivo de la propuesta inicial que se presentó, yo soy parte de los promoventes.

La propuesta inicial se planteaba a un grupo de trabajo con el Comité Ciudadano para conocer de viva voz cuáles son los problemas que han enfrentado en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El resolutivo que ahí se aprueba, y que se va a aprobar, porque hay un consenso en esa parte, señala que se solicita un informe a la misma comisión para que nos dé a conocer los avances y problemas detectados en la implementación del sistema.

Este informe va a ser una especie de autocrítica al Poder Legislativo, puesto que el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en 2015 ha tenido problemas en su implementación, en los cuales involucra y en particular al Senado de la República; tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción que es acotado por la falta de operación política de los propios legisladores.

Es como ver a un legislador como es o ha sido en la gestión pública buscando recursos para su distrito, para sus ayuntamientos, para su gobierno, buscando gestión para sus electores, pero es aberrante ver cómo los legisladores no son capaces de facilitar el funcionamiento de las instituciones públicas que derivan de las propias leyes que aquí se aprueban.

Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigencia en 2015, tenía un plazo constitucional para designar funciones sustantivas de este sistema como lo es el fiscal anticorrupción, como lo es la designación de magistrados especializados para el combate a la corrupción, y es esa tortuosidad legislativa la que ha demorado el funcionamiento de este Sistema Nacional Anticorrupción.

Es paradójico que esta Comisión Permanente le solicite al Comité Ciudadano que informe cuáles son los problemas que ha enfrentado, parte de su informe va a ser que el problema, uno de los problemas que ha enfrentado es la falta de voluntad política de los legisladores para ser facilitadores institucionales en el funcionamiento de un sistema anticorrupción.

Ello nos hace como legisladores corresponsables, corresponsables en una omisión institucional que haga funcionar a este sistema.

De 2015 a la fecha se siguen cometiendo actos de corrupción, anunciados por otras instituciones como es la Auditoría Superior de la Federación, la estafa maestra, los desvíos de recursos de la Sagarpa, los desvíos y las deudas millonarias que van dejando cada gobierno en las entidades de la Federación, eso es parte de una complicidad silenciosa en la que han jugado un papel importante los legisladores, es la fecha en que no hay un fiscal anticorrupción, es la fecha en que el Poder Legislativo no ha ratificado el nombramiento de magistrados especializados para el combate y para el conocimiento de juicios de responsabilidad administrativa.

Les repito, va a ser paradójico que el Comité Ciudadano informe la omisión del Senado de la República en nombrar a pilares institucionales en el combate a la corrupción.

Eso, les repito, como legisladores nos hace cómplices silenciosos en los niveles de corrupción que ubican a nuestro país como uno de los más corruptos a nivel mundial, somos cómplices silenciosos de seguir permitiendo la estafa del erario público.

Por ello, abonamos a que este punto resolutivo cumpla esa situación de informar y tengamos un poco de vergüenza y reconozcamos las omisiones que tiene el Poder Legislativo, es común ver aquí cómo se desgarran las vestiduras al dar posicionamientos políticos, pero hace falta eliminar ese doble discurso que se utiliza para atacar la corrupción, pero en la vía de los hechos no se concreta.

Esperamos que al votar a favor este punto resolutivo, volvamos a facilitar la comunicación política y asumamos la situación de emergencia que existe en el país de combate a la corrupción, más allá de los discursos electoreros y demagógicos que se dan en estos días.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Diputado Romero Tenorio.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador José María Tapia del PRI.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Gracias, Diputada Presidenta.

Quisiera, solamente hacer ciertas consideraciones al Diputado Juan Romero Tenorio.

El día 16 de mayo del 2018, en la sesión de instalación de la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobamos por unanimidad de todos sus integrantes los criterios de trabajo con los que se iban a desarrollar dichas sesiones, y en su capítulo sobre las reuniones de trabajo que se va a solicitar por los puntos de Acuerdo, se aprobó que los legisladores integrantes, y leo textual, los legisladores integrantes de la reunión de trabajo, que los legisladores integrantes que soliciten reuniones de trabajo con servidores públicos planteadas en términos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se atiendan a través de una solicitud de información sustentada en el artículo 97 del mismo ordenamiento y sólo en caso de que esa dependencia de que se trate no remita dicho informe en los términos de la normatividad aplicable o no lo haga satisfactoriamente a juicio de la mayoría de los integrantes, se podrá solicitar una reunión de trabajo con el servidor o los servidores públicos en cuestión.

Usted presentó el punto de Acuerdo en compañía de la Diputada Alicia Barrientos Pantoja, y en términos de nuestros propios criterios de trabajo, de las resoluciones de la Primera Comisión, primero solicitamos la información al Comité de Participación Ciudadana y en dado caso que éste no cumpla o no garantice que la información solicitada quede solventada, en dado caso se solicitará la reunión de trabajo con ellos.

Y lo que más me extraña, señor Diputado, con todo respeto, es que este punto usted lo votó ayer, unánimemente y lo reserva el día de hoy.

Eso es lo que más me extraña, ayer fuera votado por usted mismo satisfactoriamente como miembro de la Primera Comisión y hoy aquí, ante el Pleno, lo reserva y pretende la modificación en los términos.

Sería cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En virtud de no haber más oradores, consulte a la Asamblea, en votación económica…

Los diálogos, señor Diputado, están prohibidos.

Por alusiones personales.

El Diputado Juan Romero Tenorio: (Desde su escaño) Gracias, Diputada Presidenta.

Me allano a lo que señala el Presidente de la Primera Comisión, lo que pasa es que no ponen atención cuando uno pasa a tribuna. Yo señalé que había hecho una petición de grupo de trabajo y también señalé que había votado en sus términos el dictamen o en la resolución que se adopta.

Eso no impide que haya un posicionamiento respecto a los contenidos y alcances del mismo. El hecho de que señale de que hay una omisión legislativa, yo creo que agravia, yo creo que despierta cierta sensibilidad en esa doble ética o doble moral política frente a la omisión legislativa que señalé como parte de lo que puede presentar el Comité Ciudadano.

No pongo a discusión los alcances del punto resolutivo, pero sí aclaro los alcances de mi manifestación política.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Les recuerdo que están prohibidos los diálogos, señor Senador.

Le cedemos al Senador Hermosillo la palabra.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Diputada Presidenta, le pediría si me acepta una pregunta el orador.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Se acepta.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Diputado, solamente para aclarar y que nos aclare a los miembros de esta Comisión Permanente.

Está usted en los términos o no del dictamen presentado ante esta Soberanía, sino para que se elimine la reserva.

El Diputado Juan Romero Tenorio: (Desde su escaño) Está en sus términos, no le veo ningún problema.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Senador Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Muchas gracias. Voy a leer aquí lo que dice:

“Se le solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, un informe de los avances y, en su caso, problemáticas detectadas en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las medidas que a su juicio, considere, se pueden ejecutar para impulsar su funcionamiento”.

Qué bueno que le pedimos eso al Comité de Participación Ciudadana, porque hay muchas situaciones en que no se ha atendido al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, está hasta en los periódicos.

Qué bueno que nos dan un buen informe para que veamos por qué no está funcionando en ciertas cosas, precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ojalá nos den una muy buena respuesta y no tengamos luego que ir a verlos.

Espero que la respuesta nos dé a todos los legisladores o a todos los Senadores, una idea de por qué no funciona el Sistema Nacional Anticorrupción.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo anterior.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar las estrategias de prevención del delito. El dictamen está publicado en la Gaceta.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, Diputada Presidenta.

En realidad no estamos en contra de que se solicite información al gobierno de Guanajuato. Yo estoy seguro que con todo gusto la entregarán, pero me parece que sí tenemos que hacer algunas precisiones y tendríamos que emplear el resolutivo de este dictamen.

Primero. Hacer con ustedes algunas reflexiones y comentarios respecto al problema que vivimos en Guanajuato, que es de orden federal, lo que ha derivado esta ola de violencia, porque son delitos que tienen que ver con el robo de combustible; sin embargo, se han hecho muchas acciones.

Se creó un grupo de Coordinación Guanajuato, donde están autoridades estatales, varias Secretarías, pero también federales, y donde cada semana sesionan puntualmente para dar revisión y seguimiento a los acuerdos, donde contamos, incluso, con el apoyo de la comandancia del Ejército, y que contamos, también ahí se apoyó, por parte del gobierno de Guanajuato, con una inversión de más de 400 millones de pesos para la construcción de una brigada militar que va a tener o va a albergar a 3 mil 200 policías militares.

En el 2012, cuando se arrancó el actual gobierno, se tenían mil 200 policías.

Al día de hoy existen 2 mil 800 elementos y se va a cerrar el gobierno, el periodo de este actual gobierno, con 3 mil 600 policías, una acción clara de lo que se está haciendo.

Se está también apoyando por parte de la autoridad estatal a 21 municipios bajo el esquema de Mando Único, municipios gobernados por todos los partidos a los que no se les ha escatimado el apoyo del gobierno estatal por cuestiones de colores partidistas.

La policía estatal de Guanajuato es avalada por la Organización no Gubernamental “Causa Común” que la ubica entre las mejores y mejor calificadas y de más confianza a nivel nacional.

También la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, coloca a Guanajuato entre las cinco incorporaciones estatales con mayor nivel de confianza.

La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA, por sus siglas en inglés, reconoció al gobierno de Guanajuato y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato con el Triple Arco a la Excelencia, su máximo reconocimiento, y se lo dio tanto a la policía estatal como al Sistema C5I, y a la propia Academia de Capacitación y Formación, un reconocimiento que pocos estados lo tienen en este país.

El gobierno del estado también está, y en este año va a apoyar a los municipios, para que a su vez estos puedan incrementar en un 10 por ciento el salario de las policías municipales, y este apoyo es con recurso estatal.

Los Ceresos de Guanajuato están certificados por la Asociación de Correccionales Americanas como uno de los mejores.

La Procuraduría General de Justicia ha sido reconocida como modelo nacional por la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, posiciona a Guanajuato entre los primeros tres lugares con los mayores grados de confianza en el sistema de justicia del país.

La Organización no Gubernamental “Impunidad Cero”, en su índice de desempeño de procuradurías y fiscalías de todo el país, coloca a Guanajuato entre los mejores del país.

Se abrió un centro de justicia para las mujeres en donde se ha otorgado atención a más de 5 mil mujeres que han sufrido temas de violencia.

Se echó a andar, y esto es inédito en el país, una coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública con el municipio de San Miguel de Allende, una unidad especializada por parte de la policía municipal, para prevenir y atender la violencia de género. Insisto, la primera que se abre en el país.

Con diferentes operativos y acciones se ha logrado reducir en un 90 por ciento el robo a trenes.

Estas son las acciones que se están llevando a cabo, pero también hay que decir que se han detenido o se han hecho 902 detenciones a personas vinculadas con el robo de hidrocarburos, de las cuales solamente 5 por ciento se encuentra en proceso y los demás salieron en libertad. Y esto por omisión también nuestra, de este Congreso.

Ya se comentó aquí por el Diputado Romero Tenorio, habría que dar una revisada también a nuestras omisiones.

Aquí tuvimos un llamado por parte de la Conago donde nos pedían pudiéramos legislar en el tema de las armas de fuego, la posesión y transporte de armas de fuego, pero también en una revisión al Código de Procedimientos Penales para evitar la puerta giratoria.

Y aquí incumplimos con muchos otros temas, bueno, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo y nombrar al fiscal; no somos capaces de poner al fiscal anticorrupción e incumplimos con la obligación que nos autoimpusimos en materia de las reformas a la Ley Laboral. En fin, entonces, me parece que este tipo de acuerdos deben de dejar a un lado el oportunismo político-electoral.

Y nosotros tenemos a favor, si incluimos en el texto del Acuerdo, que el exhorto vaya también dirigido a la Procuraduría General de la República, a Pemex, porque no se puede entender el robo de hidrocarburos sin la complicidad de funcionarios de Pemex, que se incluya a la Secretaría de Gobernación, y que, por supuesto, al Comisionado también de Seguridad, para que entonces sí tengamos toda la información de lo que hace el Estado y de lo que ha hecho, o mejor dicho, no ha hecho el gobierno federal.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Senador Torres Graciano.

Tiene la palabra la Diputada Bárbara Botello Santibáñez, del PRI.

La Diputada Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Sólo para plantear algunas precisiones en torno a lo manifestado por el Senador Torres Graciano, de Guanajuato.

Y en relación también al dictamen que está a discusión sobre la grave situación de inseguridad en el estado de Guanajuato, que es un tema por el que he insistido casi cuatro años.

Primero. No hay resultados en materia de seguridad en Guanajuato, jamás se entrega información alguna vía transparencia relacionada con acciones o con la inversión que se ha hecho en materia de seguridad.

Desde hace un año el actual mandatario del estado de Guanajuato bajó la guardia ante la alarmante ola de violencia, inseguridad e incremento de los homicidios dolosos.

Se la pasa repartiendo culpas a la Federación, a los municipios, a la deficiencia de las leyes, a la labor del Poder Judicial, y ahora también a que son delitos del fuero federal o bien que se derivan del robo a combustibles.

Lo más grave de todo esto es que el gobernador ha dicho que “ya hizo lo que pudo, que él puede dormir tranquilo y que ni Robocop ni Terminator acaban con este problema”, que son expresiones alarmantes, que no son expresiones que corresponden a un gobernador que debe de hacer lo imposible para que la seguridad pueda contenerse.

Una de las obligaciones principales del Estado es garantizar la seguridad a los ciudadanos. Por eso, la misma Constitución habla de que la seguridad es una función coordinada de los tres niveles de gobierno, y por ello estas expresiones son despreciables.

De enero a marzo, en Guanajuato, se cometieron mil 219 homicidios totales, que equivalen a un 22 por ciento más que en el mismo periodo del 2017.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se cometieron en el país 11 mil 939 homicidios.

Con estas cifras podemos decir que los mil 219 homicidios cometidos en Guanajuato, de enero a marzo, representan el 10.21 por ciento de los homicidios a nivel nacional.

Es decir, con todos los datos, al mes de mayo, se cometen ocho homicidios cada día en Guanajuato. Lo grave es que con esta tendencia podemos terminar prácticamente con 2 mil 920 homicidios en el 2018.

Tenemos un estado en el país, el estado de Guanajuato bañado en sangre, esta es la gravedad que tiene a la entidad, de manera silenciosa, convertida en la más violenta del país.

Del fallido proyecto “Escudo”, del que se refiere el Senador Torres Graciano, sólo sabemos que se gastaron 2 mil 722 millones, 343 mil 413 pesos destinados a una sola empresa. No hay más información porque la tienen oculta con la modalidad de información reservada, y que desde diciembre pasado debieron hacerla pública.

Por eso le exigimos al gobierno de Guanajuato informe las estrategias y acciones que implementa para combatir la incidencia delictiva, y que ya se pongan a trabajar en este tema, que no ha sido de interés, y que creyeron que con sólo instalar cámaras de vigilancia se inhibirían los delitos que hoy afectan a todos los guanajuatenses.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada Botello Santibáñez. Queda registrada su participación.

Y sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge López Martín, del grupo parlamentaria del PAN.

El Diputado Jorge López Martín: Muchas gracias, Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva.

En una concepción muy particular el filósofo y novelista francés Edmond Thiadiere manifestaba: “Que en algunas ocasiones, la política es el arte de disfrazar, de interés general, el interés particular”.

El interés particular de los promoventes más parece un acto desesperado ante la preferencia electoral que tiene hoy nuestro candidato a gobernador de “Por México al Frente”, en Guanajuato.

Y parece más el interés particular, porque no hay un interés general por combatir al crimen y a la delincuencia en la región, revisando las causas de manera seria y de responsable.

Compañeras y compañeros legisladores, el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe.

Efectivamente, en Guanajuato se ha vivido un repunte en los índices de delincuencia durante los últimos meses. Reconocemos esta situación…

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) ¿Me permitiría una pregunta, señora Presidenta?

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Permítame un momento, señor Diputado.

El Diputado Jorge López Martín: La ha reconocido el propio gobernador de la entidad, Miguel Márquez.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Diputado Jorge, permítame un segundo.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) ¿Sí me permite una pregunta, señor Diputado?

El Diputado Jorge López Martín: Será un privilegio.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Cuando habla de que se condena el uso de las tribunas para promover intereses privados.

¿No entra en el supuesto el tema de la salud de los candidatos?

No es un interés general, es un interés de una candidatura muy específica. ¿Es un día una, y otro día otra?

O así como dice Groucho Marx, escribió alguna vez: “De que si no les gustan mis principios, no hay problema, traigo otros”.

O sea, ¿vamos a hacer siempre de que el interés general o vamos a irlo tamizando, ahora sí que a cada evento?

Es una respetuosa pregunta.

El Diputado Jorge López Martín: Yo le agradezco, de todo corazón, la pregunta, porque me da usted la oportunidad de referirme a un tema que en mi intervención venía más adelante.

Este punto de Acuerdo refiere respecto de los índices de inseguridad que prevalecen, según los proponentes, en una entidad federativa.

Yo me quería referir, y el coordinador Iriarte no me va a dejar mentir, a la pérdida que tuvimos los Diputados Federales de esta nación en la persona de Francisco Rojas San Román.

La delincuencia es tan grave, que hace pocas semanas perdimos a un compañero legislador a manos de la delincuencia organizada.

Ese, señor Senador, es el interés al que me refiero, al interés general por salvaguardar la vida de todos los mexicanos, sean legisladores o no.

¿Tiene usted su respuesta?

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Le agradezco, señor Diputado.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Continúe, Diputado.

El Diputado Jorge López Martín: Solicito se me reponga el tiempo, y reitero mi agradecimiento a la pregunta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Concedido. Se detuvo el reloj.

El Diputado Jorge López Martín: Reconocer el problema significa una oportunidad para buscar las alternativas y poner todos los esfuerzos para resolverlo. Entendemos también la racionalidad política de estos puntos de Acuerdo.

Sin embargo, hay elementos que no se mencionan para tratar de confundir a la opinión pública.

Un dato muy importante, es que hace cuatro años el Ejecutivo Federal decidió retirar a las fuerzas federales del estado. Desde entonces, y no obstante las incesantes solicitudes realizadas por el gobierno de la entidad al entonces Secretario de Gobernación Osorio Chong para restituir el número de elementos de las fuerzas federales.

A diferencia de lo que Osorio Chong decía en sus comparecencias sobre el diálogo y los buenos acuerdos que había con los gobernadores, la realidad es que en el caso de Guanajuato se hizo de la vista gorda, y dejó crecer un problema que hoy azota de manera severa a los guanajuatenses.

El gobierno federal tiene que hacerse responsable de sus omisiones.

El gobierno de Peña Nieto tiene que dar la cara, y decir por qué el asunto de la inseguridad lo trató como un tema político electoral.

El gobierno federal tiene que responder por qué no apoyó con los suficientes cuerpos de seguridad a Guanajuato, siendo el Gobernador Márquez quien se lo solicitó de manera expresa y reiterada.

La escasa presencia de la Policía Federal y de la Gendarmería en Guanajuato, hizo que proliferaran los delitos como el robo de combustible y la ordeña de ductos de Pemex, como lo ha referido atinadamente el Senador Torres Graciano, o el asalto a trenes, cuya responsabilidad es de jurisdicción federal, a ello se suma la colindancia con estados como Michoacán y Jalisco en donde existen grupos de la delincuencia organizada que se percibe se han desplazado para hacer de las suyas.

Quiero subrayar lo siguiente: Apenas hace 18 horas, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de extracción priísta, informó que desde hace más de cuatro años informó a la Procuraduría General de la República que operaban guerrilleros de Colombia y de otras partes del mundo. Esto también hay que denunciarlo, y hay que actuar en consecuencia.

Lo que querían desde la Secretaría de Gobernación era debilitar a un gobierno a todas luces exitoso, a diferencia del gobierno del estado de Jalisco, a quien por cierto la Coparmex le ha advertido que se han disminuido los índices de crecimiento económico y de turismo.

Lo que querían con la perversidad de indolencia que distingue a este Gobierno Federal, era que la inseguridad inundara las calles de Guanajuato para tratar de debilitar a un gobierno que ha enfrentado a la delincuencia con toda la voluntad y con sus propios recursos.

Lo único que el gobierno federal logró es que hoy estemos hablando de un problema que dejaron crecer por simple e infame cálculo político.

Lo bueno es que el PRI ya se va, y con ello sus mañas y su forma facciosa de gobernar.

Hoy lo que no podemos permitirnos es que la delincuencia, en un estado que siempre se ha caracterizado por su paz social se vea inmerso en una dinámica que no se merece. Por eso es que en Acción Nacional no nos oponemos a lo expresado en este punto de Acuerdo, que quede claro.

El motivo de la reserva que vengo a presentarles es para el efecto de incorporar a la Procuraduría General de la República, así como al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que informen a esta Soberanía, de manera conjunta con el estado de Guanajuato, de las acciones y estrategias para combatir al crimen organizado y a la delincuencia en la región.

La seguridad pública es un tema de corresponsabilidad

Existe un Pacto Federal que no debemos de perder de vista y debemos de actuar con absoluta responsabilidad.

La reserva está a su consideración, compañeras y compañeros legisladores.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputado López Martín.

Para hechos, tiene el uso de la voz el Senador Torres Graciano. Sonido en su escaño.

El Senador Fernando Torres Graciano: (Desde su escaño) Solamente para comentarle a la Diputada Bárbara Botello, si sabe ella que muchos de estos delitos que se han cometido en Guanajuato, casi el 90 por ciento tiene una relación directa con el robo a hidrocarburos, y esto es una realidad y está documentado.

Y también comentarle que si sabe que cuando arrancó el actual gobierno del Presidente Peña Nieto, se tenían detectadas alrededor de 980 tomas clandestinas, no llegaban a mil, hoy son más de 11 mil en todo el país, y esto tiene un efecto directo con lo que está pasando en Guanajuato.

Entonces, decir que es el gobierno estatal el que ha sido indolente, me parece que es dejar de reconocer que es un problema serio, hay que verlo con profesionalismo, y lo hemos comentado en varias ocasiones y a ella le consta, lo he dicho públicamente.

Llega un momento en que tenemos que compartir responsabilidades y estar dejando de repartir culpas, porque de otra forma no les estamos solucionando el problema a los ciudadanos.

Este problema de seguridad es en Guanajuato y en todo el país, por si no sabe, también donde gobierna el PRI.

Entonces, creo que tenemos que ser más serios, más profesionales al abordar este tipo de temas porque de otra forma solamente estamos cayendo en discusiones de oportunismo electoral, y creo que lo que menos necesita el tema de la seguridad es este oportunismo.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Senador.

Solicito a la Secretaría…

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Dipuata Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: ¿Con qué objeto?

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Para alusiones personales.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Efectivamente, lo que comenta el Senador, el índice delictivo se ha incrementado, pero precisamente también han sido delitos relacionados con el fuero común, ¿qué me dice de la muerte, del homicidio, más bien, del candidato de Morena, en Apaseo; el incremento del robo a casa habitación, a vehículos; todo lo que ha salido, que ha hecho que suba precisamente la inseguridad?

Y quiero precisar también que fue en Guanajuato en donde llegó primero la Gendarmería a trabajar, fue en León, en el municipio que yo goberné en el 2012-2015, en donde gracias al apoyo y a la coordinación que tuvimos entre el municipio y la Federación, se contuvo la inseguridad que venía dándose en el municipio.

Así que como bien lo dice la Constitución, la seguridad es una función coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Senador Tapia.

El Senador José María Tapia Franco: (Desde su escaño) Gracias, Diputada Presidenta.

Creo que si en algo coincido con mis compañeros legisladores y mis compañeros Senadores es que no hay que traer la arenga electoral a esta Comisión Permanente porque tenemos, creo, mucho más interés en resolver temas que realmente le interesan a la ciudadanía a estar desgastándonos electoralmente, y que a algunos se les olvida que están en el Senado de la República y no ante la representación de los órganos electorales defendiendo a su partido. La reserva que se presentó por parte del compañero legislador, la Primera Comisión en su resolutivo, en los puntos 1, 1.2 y 1.3, que se aprobó por unanimidad en la Primera Comisión, y por unanimidad, porque no fue reservada en esta Comisión Permanente ante el Pleno, marca, y lo voy a leer textualmente:

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remita a esta Soberanía la información relacionada con las estrategias, las acciones que actualmente se ejecutan para fortalecer la prevención y el combate de los delitos de alto impacto en el país”.

No limitamos a una entidad federativa, lo marcamos y se aprobó a las 32 entidades federativas, por lo que la reserva propuesta ya está atendida en el punto número 1 del Acuerdo, en el punto Único del primer Acuerdo que se turnó a esta Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senador Tapia.

Es mi obligación darle trámite, y así va a ser.

Le damos trámite.

El Diputado Jorge López Martín: (Desde su escaño) Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: ¿Con qué objeto?

El Diputado Jorge López Martín: (Desde su escaño) Para rectificar hechos.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Adelante, para rectificación de hechos.

El Diputado Jorge López Martín: (Desde su escaño) A lo que se refiere el Senador Tapia es a un punto distinto del Orden del Día que se trató el día de ayer.

En el punto que está a discusión en este momento nos estamos refiriendo a un caso específico de una entidad federativa, y ayer mismo se comentó que en la técnica legislativa obran considerandos que no son idénticos, por lo tanto, el motivo de la reserva es para el caso específico del punto de Acuerdo que se está tratando y no se vincule con un punto del Orden del Día de la sesión de ayer de la Primera Comisión.

Insisto y subrayo que es distinto.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muy bien, Diputado.

La Presidencia dará el trámite y la Asamblea decidirá. Permítanos consultar.

La Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por el Diputado López  Martín e inmediatamente consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura a la propuesta.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada Secretaria. En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse en sus términos el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, Diputada Presidenta, en los términos el dictamen presentado.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo por el que se da por atendida la proposición que exhorta a emprender acciones en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en la Delegación Coyoacán. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva.

Presentamos un punto de Acuerdo y el resolutivo que ayer votamos, y que incluso votó Morena a favor, es que se tiene por resuelta la petición señalada en el mismo punto de Acuerdo. Aquí solamente es para subrayar el alcance del exhorto.

Comúnmente en el ámbito o en el argot legislativo, se dice que los exhortos son “llamados a misa”. Se tiene por cumplida la pretensión de una proposición, con punto de Acuerdo por el cual se pretendía exhortar al gobierno delegacional de Coyoacán, la abstención de uso de recursos públicos a través de programas sociales, que la misma ley establece restringidos o con una veda para su ejercicio por el impacto electoral que éstos tienen.

Efectivamente, el 23 de mayo, en la sesión pasada de esta Comisión Permanente, aprobó como punto único y por acuerdo, en consenso, que la Comisión Permanente exhortaba a las delegaciones de Coyoacán, Iztacalco y el resto de las delegaciones de la Ciudad de México, para que se abstuvieran de usar programas sociales. Eso fue hace ocho días, el día de hoy el periódico “Reforma” da cuenta del uso de un programa social por parte de la Delegación Coyoacán, en el que entrega tarjetas del Programa de Transferencias Unitarias “A tu Lado”, tarjetas que tienen un fondo económico de 4 mil 40 pesos cada una de esas tarjetas.

Asimismo, ha seguido distribuyendo otra serie de programas como la entrega de tabletas, la entrega de programas sociales que tendrían que estar vedados en este proceso y en particular, en esta campaña electoral. Yo espero que este allanamiento a la pretensión que se hacía para exhortar al gobierno delegacional de Coyoacán, se asuma en sus términos por parte de esa autoridad y por el resto de las delegaciones.

Es frecuente en estos días, y se han usado los medios legales que la propia ley establece. Legalmente se han interpuesto 14 procedimientos, algunos en materia electoral a través del Procedimiento Especial Sancionador y otros de carácter penal, cuatro denuncias ante la FEPADE por el uso de recursos públicos cuando éstos están vedados por la propia ley electoral. La incitación que se hace a la FEPADE y al Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene ese objetivo, de que la autoridad se ocupe y se preocupe por cumplir con las funciones legales que tiene y ojalá este exhorto que hace la Comisión Permanente, a partir de la sesión pasada, no quede en lo que llamamos “un llamado a misa” y quede solamente como un enunciamiento político.

Queremos que la autoridad funcione y funcione bien, tiene la competencia, tiene las atribuciones, tiene la capacidad de presentar medidas cautelares para efectos de no gravar más un proceso inequitativo e ilegal que se está dando en la Ciudad de México, no sólo por el uso de programa sociales, sino también por actos porriles, que miembros del Partido de la Revolución Democrática realizan en Iztacalco, en Iztapalapa, impidiendo eventos políticos de la candidatura como “Juntos Haremos Historia”. Pese a ello, les repito, vamos adelante y no van a parar un proceso electoral donde los ciudadanos están pidiendo rendición de cuentas y esa rendición de cuentas se va a expresar el 1º de julio.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputado Romero Tenorio.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Pasamos a la discusión de seis dictámenes de la Tercera Comisión, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta con las materias de seis dictámenes de la Tercera Comisión, que no tienen reserva para su discusión.

Primero. Que exhorta a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere un incremento en el presupuesto asignado al componente de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Segundo. Que exhorta a realizar un plan para el retiro del lirio acuático que se encuentra en la presa “San José”, en el estado de San Luis Potosí.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Tercero. Que exhorta a instalar un departamento de Registro Público Marítimo Nacional en la oficina de servicios de la marina mercante, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Cuarto. Que exhorta a informar sobre el estado que guarda la administración de recursos del Ramo 33 aprobados en el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, para el municipio de Bacalar, Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Quinto. Que exhorta a informar sobre los mecanismos y controles permanentes en las revisiones a rastros y distribuidoras de carne para consumo humano, a fin de detectar la comercialización de carne contaminada con clembuterol.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Sexto. Que exhorta a Petróleos Mexicanos, a informar sobre el estado que guardan las obras de la refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo y sus respectivos contratos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Están a discusión. Consulto si alguien desea reservar algunos de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada Secretaria. Aprobados los dictámenes. Comuníquense.






Tenemos la discusión de un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenófobas y racistas del Presidente de los Estados Unidos, que han acompañado la negociación de la agenda bilateral. El dictamen está publicado en la Gaceta. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros.

Nada más permítanme felicitar a Chema, porque es una labor que están haciendo sus hijos para un niño de la Sierra de Guerrero; y también felicitar a Angélica de la Peña, porque hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, amiga, muy querida.

Hoy este punto de Acuerdo que mi grupo parlamentario se suma, que tiene algunas consideraciones que queremos poner al Pleno, tiene que ver con la situación que está viviendo México. México es una nación soberana, independiente; nuestras relaciones con el exterior siempre se han basado en el respeto y la solidaridad y cooperación y respeto mutuo y, no pedimos más, más que esto, lo mismo, el respeto que nosotros tenemos en el contexto internacional, también lo pedimos.

Con Estados Unidos hemos tenido una relación respetuosa y de cooperación que no solamente compartimos una frontera, sino muchos intereses comunes. Le guste o no al señor Trump, somos una pieza fundamental en la construcción de ese país, del desarrollo de esta primera potencia. Es imposible borrar la amistad y la solidaridad entre nuestros países. Esto nos ha hecho por mucho tiempo ser prósperos y competitivos como región.

Porque aunque no le guste, hay una extensión de México adentro de Estados Unidos. Las actitudes y amenazas del presidente Donald Trump hacia México y hacia los mexicanos son inaceptables, y contravienen los principios básicos de nuestra relación. Rechazamos y condenamos este tipo de declaraciones que ofende la dignidad de nuestro pueblo, y la de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos.

La retórica utilizada por el Presidente Trump es característica de líderes como él: racista, intolerante, promotor del odio, sus palabras no corresponden a quien dirige la democracia de la más grande potencia del mundo. Desde el inicio de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump ha dirigido varios ataques a México, a los mexicanos y a la comunidad migrante en Estados Unidos.

En un inicio los llamó criminales y violadores; mientras que en sus declaraciones más recientes se refirió a ellos como animales. Al mismo tiempo ha señalado que construirá un muro en la frontera, y que nuestro país va a colaborar, y que lo vamos a disfrutar.

Hace muy poco dijo, que México le mandaba lo peor de su gente. Ante cada uno de estos ataques el gobierno de México ha rechazado públicamente y enfáticamente cada una de sus declaraciones al presidente Trump, particularmente tras decir que algunos migrantes deberían llamarse animales. La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió mediante una nota diplomática en la cual expresa la inconformidad del gobierno mexicano ante las declaraciones del Presidente Trump. Desde aquí le decimos al Presidente Trump: El Tratado de Libre Comercio no es moneda de cambio para estas amenazas que ha vertido.

México no aceptará ni pagará la construcción de un muro o barreras en ninguna de sus fronteras; los muros dividen, y los mexicanos creemos que una relación de amistad sana y benéfica para ambos países es la que debemos de construir. Estamos convencidos que toda negociación debe buscar el beneficio de ambas partes, por ello, en la negociación del Tratado de Libre Comercio nuestro gobierno se ha guiado por una visión de ganar-ganar, buscando que todos salgamos favorecidos como región.

Por ello, estimada Diputada Presidenta, le pido que agregue esta propuesta al punto de Acuerdo, referente a esta amenaza, atropello que ha tenido el Presidente Trump con el pueblo de México.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza y condena las expresiones y actitudes racistas, las agresiones verbales, los condicionamientos y amagos, y los actos inamistosos contra México por parte del Presidente de Estados Unidos Donald Trump. Le exige respeto a nuestra nación, a los migrantes, a las y los mexicanos, a todos, y demanda que la cooperación entre México y Estados Unidos se sustente en el principio de reciprocidad. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reafirma, como lo expresa el Ejecutivo Federal: México no pagará en ningún momento la construcción de un muro en la frontera.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar la evaluación que lleva a cabo actualmente para limitar la cooperación con Estados Unidos en aquellos temas que no afecten a México ni a los mexicanos.

Último. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar con las acciones de protección consular en beneficio de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. En México estamos abiertos a las negociaciones. Así no, señor Trump, atropellando a los y las mexicanas.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senadora Diva.

Le pido, si me puede dejar, por favor, el documento por escrito, y al terminar los oradores, y en su momento le daremos el trámite procesal. Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Agustín Basave Benítez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Gracias, con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros:

Qué bueno que se condenen las expresiones ofensivas y los actos de intimidad del Presidente Trump hacia México. Qué bueno que se plantee en alguna parte que se debe continuar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y mantenerlo en lo visible al margen de estas vicisitudes políticas entre los dos gobiernos.

Yo, en lo particular me congratulo del cambio de discurso del Presidente Enrique Peña Nieto y de su canciller, Luis Videgaray en relación al Presidente Trump, precisamente. Porque durante mucho tiempo lo complacieron, lo consintieron, no lo enfrentaron, lo dejaron decir y hacer muchas cosas, pensando que de esa manera él nos iba a tratar bien, y así no se trata a un bully, como el Presidente Trump, a un bully se le tiene que confrontar.

Por eso digo que, celebro el cambio de retórica, que empezó cuando el Presidente Trump envió tropas, a la Guardia Nacional a la frontera, y que, se reiteró el día de ayer con la respuesta que dio el Presidente Peña Nieto en un tuit a estas nuevas expresiones, en esta ya interminable lista de agresiones verbales, de insultos, de ofensas a México y a los mexicanos, y no solamente de expresiones verbales, subrayo, sino también de actos de hostilidad. Pero ahora, tenemos que pasar de los dichos a los hechos, de la retórica a las acciones.

Hace más o menos dos meses, el Presidente de la República anunció que había pedido a su gabinete un informe sobre la cooperación en los distintos ámbitos de la Administración Pública Federal de México con Estados Unidos, con el fin de analizar qué podemos restringir, cómo podemos apretar, si me vale la expresión coloquial, al gobierno de Trump, de manera que pueda tener México también fichas de negociación, que las tiene, dicho sea de paso, tenemos cartas, lo que pasa es que no las hemos usado.

Yo por eso le pido hoy, respetuosamente a la Presidencia de la República, que nos diga a los mexicanos, qué acciones concretas se derivan de ese estudio, de ese análisis que hizo su gabinete, ¿qué acciones concretas va a hacer, vamos a tomar como país, va a tomar el gobierno de la República para restringir la cooperación con Estados Unidos y en qué tiempos?  Concretamente, Presidente Peña Nieto díganos, ¿qué acciones se van a tomar y cuándo se van a tomar esas acciones? Porque la retórica, el discurso es importante hacerlo en la diplomacia las palabras cuentan y cuentan mucho, pero las acciones son más fuertes, más poderosas, más potentes.

Y por eso, insisto, creo que es momento de saber de ese informe pedido por el propio Presidente, ¿cuáles son las acciones que se derivan? ¿En qué rubros, en qué espacios, en qué ámbitos se va a restringir la cooperación con Estados Unidos y cuándo, cuándo se va a hacer eso? Porque esa es la única manera en que una persona con las características del Presidente Trump puede entender. Solamente confrontándolo, como se confronta, si me vale la comparación, la analogía, a los bully que cuando golpean, atacan, molestan a otra persona no lo van a dejar de hacer hasta que esa persona lo enfrente y cuando esa persona simplemente ceda, no le van a hacer caso, al contrario, van a aumentar las agresiones.

Entonces veremos, por lo menos yo, que se pase de los dichos a las acciones y que sepamos por dónde, cómo y cuándo se van a tomar medidas, por cierto, como las que se tomaron en Venezuela, para enfrentar a este señor que tanto nos ha ofendido y nos va a seguir ofendiendo.

Gracias.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputado Basave.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Nancy Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Con la venia de la Diputada Presidenta, y compañeros Diputados.

El grupo parlamentario del PRI respalda la postura de nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de todos los mexicanos, quienes nos manifestamos en contra de pagar la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Que se escuche fuerte, que se escuche muy claro y que llegue hasta Washington, bajo ninguna circunstancia pagará su construcción, los muros no sólo dividen, también nos aíslan de una realidad y de desafíos que ambos países debemos compartir y superar juntos.

México y Estados Unidos deben fortalecer sus lazos comerciales, ampliar los proyectos de inversión, mejorar las políticas de respeto a los derechos de personas migrantes, independientemente de su nacionalidad, pero de ninguna manera bajo amenazas o represalias. Uno de los rasgos distintivos de la histórica política exterior de México, ha sido el respeto a todos los países de la comunidad internacional. Ante las reiteradas declaraciones que se han realizado del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de nuestro país, queremos señalar que todos los mexicanos nos sentimos agraviados, las constantes aseveraciones del Presidente van en contra del respeto y de la tolerancia.

Ambos países son muy importantes el uno para el otro, y por eso exigimos que se nos dé un trato de respeto, que es lo que todas y todos los mexicanos merecemos. A través de los años hemos construido una relación sólida, hoy compartimos temas de absoluta relevancia que nos exigen trabajar juntos, coordinados y con pleno respeto de las instituciones y soberanía nacional, tales como nuestros vínculos comerciales, de seguridad y temas migratorios.

Mantenemos la firme convicción de dialogar como dos países soberanos, por eso el mutuo respeto al Estado de derecho es y deberá ser la base de nuestra relación. México va a seguir construyendo una relación que se basa en el respeto mutuo. La cooperación y el diálogo constructivo deben de estar siempre presentes, que nos lleven a dar a nuestras sociedades, condiciones de bienestar que se traduzcan también en beneficio de todos, se trata de ganar todos, los dos países.

Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano, sus instituciones y poderes de la Unión hemos sido respetuosos con el gobierno de Donald Trump, por tal motivo, exigimos reciprocidad y respeto para el pueblo mexicano y para nuestros migrantes. Los legisladores del grupo parlamentario del PRI seguiremos trabajando en la defensa y promociones de los derechos de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, en mejorar la coordinación entre las diferentes dependencias federales, gobiernos estatales, municipales, así como el fortalecer la red consular para brindar un mejor apoyo a nuestros connacionales.

Estamos conscientes de que los principios de convivencia pacífica, cooperación y responsabilidad mutua deben ser los elementos y deben continuar guiando las relaciones entre ambas naciones. Quienes vivimos en estados fronterizos sabemos y vivimos diariamente el respeto y la fraternidad entre los ciudadanos de ambas naciones, un muro jamás nos ha detenido, la convivencia va mucho más allá de una relación entre dos países, hay familiaridad entre los dos países.

Por eso debo de insistir, no podemos permitir que la solidaridad y el respeto mutuo que forman parte de un trato histórico entre ambas naciones, dependan de la voluntad de un solo hombre que a base de un tuit, intenta poner de rodillas al mundo entero. Los mexicanos no le tenemos, de ninguna manera, temor a esos tuit que acostumbra enviar, porque nosotros seguiremos siempre buscando el mejor trato como lo marca la diplomacia mexicana. Reiteramos desde esta alta tribuna, nuestro respeto y reconocimiento al pueblo norteamericano. Las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos, deben caminar de manera paralela y empleando los mecanismos de cooperación, construidos a través de los cuales las naciones lleguen a acuerdos de respeto, pero que quede muy claro, muy claro, con orgullo podemos afirmar que México es más grande que la Soberbia y arrogancia de cualquiera que pretenda someterlo a sus caprichos.

Por su atención, muchas gracias, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada Sánchez Arredondo.

Concedemos el uso de la palabra al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, Diputada Presidenta.

No podemos estar más de acuerdo con las palabras de la Senadora Diva y con las expresiones que ha manifestado.

No podemos estar más de acuerdo en rechazar este tipo de expresiones, pero también estamos obligados a puntualizar algunos temas, lo primero es que en la diplomacia la potencia viene de dos cosas, de la fuerza física, pero también de la credibilidad y la consistencia. Y en este caso, tenemos que reconocer, estamos en un momento delicado y lamentable, pero también que se empedró este camino con buenas intenciones e impericias. Sí, reconocemos el tuit del Presidente, no lo regateamos, pero también tenemos que reconocer si somos maduros y si somos objetivos, que llegamos a este momento de manera tardía y que llegamos después de un camino de torpeza e indignidad, como haberlo invitado al señor, darle trato de Jefe de Estado y hasta pagarle la gasolina para que viniera a insultar.

Y aquí hay que hacer una lectura completa de las declaraciones de Trump. Cuando Trump está hablando no nada más que hay centrarnos en los adjetivos, él habla de las caravanas, él habla de lo poco que está haciendo México en materia migratoria. De lo que estamos hablando no es del Tratado de Libre Comercio. De lo que está hablando Trump en estos tuit y de lo que está hablando en estos discursos es sobre la política migratoria que está teniendo en nuestro país, y es la presión para que México se convierta en un tercer país seguro, y alertamos sobre que no podemos tener posiciones dignas, como las que hoy se han señalado, y por la puerta de atrás estar negociando un acuerdo como el de tercer país seguro.

No podemos, y aquí tenemos que ser muy consistentes y muy determinados, sobre en que si vamos a opinar esto en un mes o dos estemos aprobando que México se convierta en la estación migratoria de los Estados Unidos. Alertamos sobre que la intención es sobre presionar a México en este acuerdo. Por lo tanto, no podemos coincidir más, estamos de acuerdo en el punto, pero también tenemos que estar muy atentos a las negociaciones de las cuales sigue sin darse cuenta en materia de la política migratoria de nuestro país. Apoyamos los “decides” y apoyamos las expresiones de nuestra compañera, y lo hacemos propio, pero también tenemos que decir que con las expresiones no vamos a rescatar la dignidad nacional. Debemos de pasar a la acción y debemos de pasar a una política de consistencia y debemos de reconocer que la ruta hasta este momento no ha sido tal.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Senador Luis Humberto.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación presentada por la Senadora Diva Gastélum, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

Les informo que se modifica el resolutivo primero del dictamen y se adicionan los resolutivos tercero, cuarto y quinto. Proceda la Secretaría.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura a la propuesta.



Es cuanto, Diputada Presidenta.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias. ¿Algún orador?

Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias. En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen con la propuesta de modificación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.






Recibimos una comunicación suscrita por la Diputada Genoveva Huerta Villegas, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

COMUNICACIÓN

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura.



Es cuanto, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Genoveva Huerta Villegas para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de mayo de 2018.”

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Diputada Presidenta.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Genoveva Huerta Villegas para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 22 de mayo de 2018. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Compañeros legisladores: Informo a ustedes que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XII DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la Republica, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIONES II Y XII DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país es excepcional ya que su extensión es 1.6 veces mayor que la superficie terrestre. Poseemos una mayor extensión de costas, y es el único que tiene un mar exclusivo, el Golfo de California. En el Caribe, comparte con Belice, Guatemala y Honduras el segundo sistema arrecifal más grande del mundo.

Bajo esta tesitura México, junto con China, India, Colombia y Perú se encuentra entre los cinco países llamados “megadiversos”, los cuales en conjunto albergan entre el 60% y 70% de la diversidad biológica conocida del planeta. En México se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre del planeta.  Prácticamente todos los tipos de vegetación terrestres conocidos se encuentran representados en el país, y algunos ecosistemas.1

Contamos con el mayor número de especies marinas del planeta; en su mayoría se encuentran en el Golfo de California, entre ellos la vaquita marina, que es una especie endémica de la parte alta de dicho Golfo. A nivel nacional, la ictiofauna que es el conjunto de los peces de una zona acuática acotada. se estima en aproximadamente 2,122 especies con 779 géneros.2

Debido a lo anterior se desprende que dichas especies deben ser debidamente protegidas por las autoridades competentes en la materia y emplear los mecanismos necesarios para su cuidado y preservación.

El sector Pesquero y Acuícola, contribuye en la Alimentación con alto valor nutricional, para la población de México, también se reconoce que México, sigue implementado regulaciones más estrictas, con la finalidad, de que estas actividades sean sustentables y por ende rentables en sus aprovechamientos.

México ocupa el cuarto lugar en Producción Pesquera en América y el número 16 a nivel mundial.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se registró un crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) del 19% sin tomar en cuenta la producción Acuícola.

Por otra parte, como resultado del esfuerzo de los productores de pescados y mariscos, así como por el respaldo que en la actual administración federal se brinda al sector pesquero y acuícola nacional, se han logrado avances relevantes como es la producción de 1 millón 800 mil toneladas en 2017, que ubican al sector como el de mayor crecimiento (7%) entre las actividades agroalimentarias, información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).3

En este sentido encontramos que es la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, (SAGARPA) a través de sus Órganos Desconcentrados como es la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), son las autoridades, encargadas de otorgar los permisos correspondientes en el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. De igual forma son las encargadas de emitir la opinión o dictamen técnico científico respectivamente.

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector Pesquero y Acuícola, en los trámites que realiza es el vacío legal que existe en el procedimiento, respecto de la solicitud de permiso o concesión para el aprovechamiento de alguna especie acuática, o cuando solicitan cuota, volumen o número de piezas para el aprovechamiento, ya que actualmente la CONAPESCA no otorga el resultado completo de la opinión o dictamen técnico científico que se realiza y que es elaborado por el INAPESCA.

Por ello es necesario resaltar que si bien México está realizando cambios que son necesarios en la Administración Pública Federal, con la finalidad que los mexicanos tengan una mejor atención en los trámites y/o gestiones que se llevan a cabo ante las diversas Instituciones del Gobierno Federal y con ello se logre transparentar  las resoluciones o respuestas que estas emiten aún falta realizar adecuaciones al marco jurídico con la finalidad de que las autoridades den a conocer de forma precisa la opinión y estudio que en su momento se realiza con motivo de alguna solicitud de permiso o concesión de explotación de especies acuáticas.

El año pasado México, dio un paso decisivo e importante al firmar el Pacto Mundial de transparencia y combate a la corrupción con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,  en donde se estableció que los servidores públicos serían sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la inhabilitación hasta por 20 años.4 

Con este Pacto se pretendió fortalecer las medidas para evitar que los servidores públicos realicen conductas que sean cuestionables y que generen implicaciones graves hacia la Institución y su imagen.

Asimismo, evitar la corrupción, extorción y soborno de los servidores públicos, por lo que aquellos que sean encontrados culpables serán sanciones de acuerdo con lo instaurado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y por las instancias responsables, así como las sanciones económicas correspondientes.

De esta forma es necesario que la autoridad encargada de emitir respuesta a las solicitudes sobre los diferentes tipos de permiso y concesiones en materia de Pesca y Acuacultura, de conocer el contenido total de la opinión que realice sobre la especie que se está solicitando el permiso o la concesión.

Actualmente en el Artículo 29 Fracciones II y XII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) se instaura que la opinión o dictamen técnico científico que realiza el INAPESCA se notifica a la CONAPESCA, pero no se da a conocer el contenido de la misma al peticionario, quedando a la discrecionalidad de la autoridad, dejando un vacío legal y evitando que el mismo conozca los razonamientos que se han realizado.5

El problema con lo establecido en dichas fracciones es que la Secretaria de forma omisa determina de forma discrecional no dar a conocer el resultado del contenido de la opinión o dictamen técnico científico al solicitante del permiso o concesión.

En este contexto es necesario que la Secretaria de respuesta al interesado del contenido total, es decir, de la opinión o dictamen técnico científico de su trámite, en el sentido apegado a derecho, dando a conocer los motivos y razones del resultado.

Esto de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.6

Debido a todo lo anterior es que el OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES: Reformar las fracciones II y XII del Artículo 29 de la LGPAS, otorgando con ello certeza jurídica al interesado respecto del contenido de la opinión o dictamen que emita la autoridad con motivo de la solicitud de permiso o concesión, y en su caso el peticionario pueda atender las observaciones realizadas.

Con ello quedaría instaurado que la Secretaria tendrá la obligación de dar a conocer el contenido total de la opinión o dictamen técnico científico en la resolución que emita en tiempo y forma, la autoridad, independientemente del sentido en el que esta se emita.

Por lo que después de haber expuesto los argumentos que sustentan la presente iniciativa, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforman las fracciones II y XII del Artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 29.- ….

I. …

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, debiendo notificar al peticionario a través de la Secretaria el contenido íntegro de la misma, independientemente de su sentido.

III.a la XI. …

XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto; debiendo notificar al peticionario a través de la Secretaria el contenido íntegro de la misma, independientemente de su sentido.

XIII. a la XVIII. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.
Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:

I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura;

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;

 

 

III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de productores;

IV. Coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de infraestructura;

V. Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;

VI. Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas;

VII. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el Instituto de forma accesible a los productores pesqueros y acuícolas;

VIII. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con centros de investigación, universidades, autoridades federales y de los gobiernos de las entidades federativas;

IX. Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas;

X. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de pesca y acuacultura;

XI. Promover los estudios técnicos y el desarrollo de la acuacultura de especies nativas;

XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto;

 

XIII. Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación al sector pesquero y acuícola;

XIV. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la ley de la materia;

XV. Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos;

XVI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XVII. Designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones; y

XVIII. Las demás que expresamente le atribuya ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven, las leyes y reglamentos correspondientes vinculados al ámbito de la pesca y la acuacultura.

El INAPESCA contará con centros regionales y estatales de investigación acuícola y pesquera.

ARTÍCULO 29.- ….

 

 

 

 

 

 

I. …

 

 

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, debiendo notificar al peticionario a través de la Secretaria el contenido íntegro de la misma, independientemente de su sentido.

III. a la XI. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto; debiendo notificar al peticionario a través de la Secretaria el contenido íntegro de la misma, independientemente de su sentido.

XIII. a la XVIII. …

 

1 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

2 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/dbm_mexico.html

3 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/aumenta-en-2017-la-produccion-pesquera-y-acuicola-nacional-a-1-8-millones-de-toneladas-conapesca-152749

4 https://www.gob.mx/fnd/prensa/fnd-firma-pacto-mundial-de-transparencia-y-combate-a-la-corrupcion-con-la-onu?idiom=es

5 ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.
Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:
I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura;
II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;
III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de productores;
IV. Coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de infraestructura;
V. Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;
VI. Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas;
VII. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el Instituto de forma accesible a los productores pesqueros y acuícolas;
VIII. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con centros de investigación, universidades, autoridades federales y de los gobiernos de las entidades federativas;
IX. Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades acuícolas;
X. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de pesca y acuacultura;
XI. Promover los estudios técnicos y el desarrollo de la acuacultura de especies nativas;
XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto;
XIII. Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación al sector pesquero y acuícola;
XIV. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la ley de la materia;
XV. Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos;
XVI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XVII. Designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones; y
XVIII. Las demás que expresamente le atribuya ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven, las leyes y reglamentos correspondientes vinculados al ámbito de la pesca y la acuacultura.
El INAPESCA contará con centros regionales y estatales de investigación acuícola y pesquera.

6 Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100-B Y 184-B DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Senador de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 100-B Y 184-B DE LA LEY ADUANERA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actual etapa de desarrollo en la que vivimos, una de las tendencias centrales es la creciente intensidad, velocidad e impacto de los flujos comerciales entre países. En ese rubro, México destaca entre las principales potencias exportadoras a nivel mundial y es la primera de América Latina. Indiscutiblemente, para México, el comercio internacional se ha convertido en un motor del crecimiento económico; el modelo de hecho se caracteriza como un modelo orientado a las exportaciones

En este sentido, afirmó que los asuntos que repercuten en la competitividad comercial y en el ambiente para el comercio son asuntos que, al menos en nuestro país, tienen un fuerte impacto económico y resultan determinantes para la atracción de inversión extranjera y la dinámica de comercio.

Para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) de exportación la existencia de reglas claras, sencillas y funcionales que faciliten la importación de materias primas y la exportación de productos terminados es uno de los puntos críticos de su actividad. Y la armonización y simplificación de los trámites comerciales constituye una de sus demandas centrales.

Como es de todos sabido, el sector de la IMMEX en nuestro país sobresale por lo dinámico de sus operaciones y la gran diversidad de sectores que representa a lo largo del país, destacando el sector eléctrico, electrónico, automotriz, aeroespacial, metalmecánico, entre otros. Esto conlleva a una gran cantidad mercancías, insumos, partes, componentes, productos terminados y semiterminados, refacciones, maquinaria y equipos, que diariamente se importan y exportan por las distintas aduanas del país, mismos que son utilizados en sus procesos productivos.

Es tal la relevancia de esta industria global, que precisamente algunas disposiciones aduaneras han sido estructuradas para otorgar facilidades para estas empresas que cuenten con una certificación. Esto que significa, que son empresas con un alto índice de confiabilidad, debido  que tienen que cumplir con innumerables requisitos que establece la autoridad aduanera para el cumplimiento de las disposiciones administrativas relacionadas con la importación temporal de mercancías, para poder también garantizar su competitividad.

Algunos de los tramites que nos ocupa en esta ocasión para su análisis, se debe a los altos costos que tienen las empresas que cuentan con registro IMMEX, al momento de llevar a cabo el despacho de mercancías en la aduana, lo cual está establecido en el artículo 184-A de la Ley Aduanera:

Son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción VII y 59-A de esta Ley, las siguientes:

I. Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos a su comercialización.

II. Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción de la mercancía e identificación individual, considerando la mercancía que se presente a despacho.

III. Transmitir información relacionada con la transportación de la mercancía, incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su descripción e identificación individual y número de contenedor, considerando la mercancía y contenedor presentado a despacho.

Dicho precepto legal, desde su inclusión en la reforma a la Ley Aduanera (diciembre 2013), ha significado una sanción impuesta de manera recurrente con fines meramente recaudatorios y un riesgo latente para las empresas al momento de importar o exportar mercancías.

Aunado al precepto legal citado, el artículo 184-B establece la sanción a las infracciones enlistadas con antelación:

Con independencia de las demás sanciones que procedan, se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su transportación a que se refiere el artículo 184-A de la Ley:

I. Multa de $20,510.00 a $34,190.00 a la señalada en las fracciones I y II.

II. Multa de $1,620.00 a $2,310.00 a la señalada en la fracción III.

Como se puede observar, no existe proporción entre la irregularidad cometida y la sanción impuesta, toda vez que con el simple hecho de incurrir en un ¨error de dedo¨ al equivocarse en un solo digito de algún número de serie, numero de parte, modelo, marca, valor de la mercancía, incluso una letra en la descripción de esta; declarada al momento de ser transmitida de forma electrónica al sistema electrónico aduanero, será causal para que la autoridad aduanera sancione a la empresa fundando su actuar en los artículos citados con antelación.

Cabe destacar, que aún y cuando la propia Ley Aduanera dispone en el artículo 184 que transmitir información que ampare las mercancías que se introduzcan o extraigan del territorio nacional sujetas a un régimen aduanero, como datos, pedimentos, acuses, entre otros; con datos inexactos o falsos; se consideraran infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones; teniendo estas infracciones como sanción, la imposición de una multa que va de los $1,600.00 a $2,280.00 pesos.

¨ARTICULO 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes:

I. Omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en documento electrónico o digital, o lo hagan en forma extemporánea, la información que ampare las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional sujetas a un régimen aduanero, que transporten o que almacenen, entre otros, los datos, pedimentos, avisos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones, a que se refieren los artículos 36 y 36-A de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en los casos en que la Ley imponga tales obligaciones.

II. …….

III. Transmitan o presenten los informes o documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato.

…….¨

¨ARTICULO 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, así como de transmisión electrónica de la información, previstas en el artículo 184 de esta Ley:

I. ……

lI. Multa de $1,600.00 a $2,280.00 a la señalada en la fracción III, por cada documento.

II. ……

…….¨

Más aún, el propio Anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior enlista los datos para efectos del artículo 184, fracción III, de la Ley; y por los cuales, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento de la Ley Aduanera y la Regla General de Comercio Exterior 3.7.25. la autoridad aduanera determinará y aplicará la multa siempre que se trate de los datos señalados en dicho Anexo, los cuales se enlistan a continuación:

1. Fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional (importación).

2. Clave de pedimento.

3. Tipo de operación.

4. Número de pedimento.

5. RFC del Importador/Exportador.

6. Clave del país vendedor o comprador.

7. Clave de país de origen o de último destino.

8. Clave de medio de transporte de entrada a territorio nacional.

9. Fracción arancelaria.

10. Clave de la unidad de medida conforme a la TIGIE.

11. Cantidad de mercancía en unidad de la TIGIE.

12. Valor en aduana de la mercancía.

13. Importe de fletes.

14. Importe de seguros.

15. Importe de embalajes.

16. Importe de otros incrementables.

17. Fecha de pago de los impuestos.

18. Valor comercial de la mercancía.

19. Valor agregado en productos elaborados por Empresas con Programa IMMEX.

20. Número de patente de agente aduanal o de almacenadora.

21. Permisos, autorización(es) e identificadores / claves.

22. Número o números de permisos, autorización(es) e identificadores.

23. Los números de serie, parte, marca o modelo siempre que los declarados sean distintos de los que ostenten las mercancías en uno, dos o tres de sus caracteres alfanuméricos, o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías individualmente y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan y no se consignen en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación que en su caso se haya anexado al pedimento.

24. Número de contenedor.

25. Clave de tipo de contenedor y tipo de vehículo de autotransporte.

26. Certificación de PECA.

Como se puede observar y establecer, dos preceptos legales infraccionan y sancionan los mismos supuestos (transmitir con datos inexactos o falsos al sistema electrónico aduanero, información relacionada con el valor, descripción e identificación de la mercancía, su transportación, incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su descripción e identificación individual y numero de contenedor), siendo el primero y por conveniencia de la autoridad (fines meramente recaudatorios) el de aplicación irrestricta en la mayoría de las aduanas del país.

No está de más, señalar con suma preocupación que el ordenamiento legal aludido ha servido como un instrumento o vía de acceso a prácticas de corrupción, ya que la autoridad actuante amaga al importador y/o exportador de imponer y proceder con la sanción económica excesiva, tratándose de errores incluso por un digito, detectados durante el reconocimiento aduanero de las mercancías, a sabiendas de la urgencia del embarque (sea de importación por requerir los insumos, partes y componentes en la planta de ensamble al contar con programas justo a tiempo, o bien, tratándose de exportación, por requerir estar a tiempo en los centros de distribución ubicados en la frontera de E.U.A. y cumplir con los esquemas de entrega a tiempo -On Time Delivery- a los clientes)

Para mayor referencia se citan tres ejemplos en los que la autoridad aduanera ha impuesto la sanción del artículo 184-B a empresas maquiladoras; pudiendo en todo caso haber procedido con la sanción del otro ordenamiento legal menos oneroso (Artículo 185, fracción II) o bien, a la contenida en el artículo 183, fracción VI:

Aduana y tipo de Operación

Sector Empresa

Fecha

Detalle de Infracción determinada por la autoridad aduanera

Matamoros

Exportación

Eléctrico

Empresa Certificada

27/Junio/2016

Mercancía declarada de menos en cantidad.
Valor de la mercancía objeto de infracción: $4,813.00 pesos. (no se presentó junto con el embarque -faltante-)
Valor total del embarque: $177,128.00
Multa impuesta a la empresa: $30,000.00 pesos.
La autoridad, a pesar de señalar en el acta de inicio que la mercancía no fue presentada para retorno al extranjero en cantidad de 11 piezas, en lugar de imponer la sanción contenida en el artículo 183, fracción VI, la cual consiste en una multa equivalente del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías, pues esta se relaciona con la infracción consistente en realizar la exportación, el retorno de mercancías o el desistimiento de régimen, en el caso de que se transmita, presentando o proporcionando una impresión del pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida; misma que se encuentra contenida en la fracción VII del artículo 182 de la propia Ley Aduanera (de hecho plasma esta infracción en el contenido del acta de inicio); optó por imponer la sanción de mayor cuantía en su afán desmedido de recaudación, aun y cuando esta superaba por mucho el valor declarado de las mercancías omisas.

Matamoros

Importación

Eléctrico

Empresa Certificada

1/Septiembre/2017

Descripción de mercancía declarada incorrecta.
Valor de la mercancía objeto de infracción:               $ 3,727.00 pesos
Valor total del embarque: $1’883,474.00
Multa impuesta a la empresa: $ 20,510.00
La autoridad, a pesar de señalar en el acta de inicio que la cantidad de mercancía afecta a la infracción es correcta, lo mismo que el valor unitario y total de la misma coinciden plenamente, así como la totalidad de los datos contenidos en acuse transmitido electrónicamente al SAAI, y más aún, determina que se transmitió información inexacta; optó de nueva cuenta por imponer la sanción de mayor cuantía en su afán desmedido de recaudación, aun y cuando esta superaba por mucho el valor declarado de las mercancías declaradas de forma incorrecta (descripción).

Matamoros

Importación

Mueble y Madera

Empresa Certificada

9/Mayo/2016

Mercancía faltante (1 pieza)
Valor de la mercancía objeto de infracción: $568.00 pesos. (mercancía faltante)
Valor total del embarque: $216,359.00
Multa impuesta a la empresa: $30,000.00 pesos.
La autoridad, a pesar de señalar en el acta de inicio que la mercancía no fue presentada a reconocimiento aduanero, pudiendo aplicar lo establecido en los artículos 184 y 185 (datos inexactos) de la Ley Aduanera, nuevamente optó por imponer la sanción de mayor cuantía en su afán desmedido de recaudación, aun y cuando esta superaba por mucho el valor declarado de las mercancías omisas.

Cuando la autoridad pretende imponer una sanción al infractor al cometer alguna irregularidad o violenta una normatividad existente, es entendible, sin embargo, acogiéndonos a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, al prohibir las multas excesivas, resulta por demás desproporcionado el hecho de sancionar con un monto exagerado que en muchos casos llega a ser mayor al valor de la mercancía declarada, por el simple hecho de equivocarse en un digito contenido en un documento transmitido de forma electrónica. Es evidente que para la autoridad no representa un problema grave o que ponga en riesgo sus programas estadísticos o de control para el registro y monitoreo de las operaciones en sus bases de datos el hecho de transmitir un documento o acuse al sistema electrónico aduanero con un error ortográfico.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero: Se adiciona una fracción II al Artículo 100-B de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

ARTICULO 100-B. Las empresas inscritas en el registro a que se refiere el artículo 100-A de esta Ley, tendrán derecho a las siguientes facilidades:

I. ……

II. No les será aplicable lo contenido en el Articulo 184-A de esta Ley.

III. ……

…..¨

Segundo: Se adiciona un último párrafo al Artículo 184-B, para quedar como sigue:

ARTICULO 184-A. Son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción VII y 59-A de esta Ley, las siguientes:

I. Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos a su comercialización.

II. Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción de la mercancía e identificación individual, considerando la mercancía que se presente a despacho.

III. Transmitir información relacionada con la transportación de la mercancía, incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su descripción e identificación individual y número de contenedor, considerando la mercancía y contenedor presentado a despacho.

Tratándose de empresas con programas IMMEX que cuenten con certificación a que se refiere el Artículo 2, fracción I del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, no les será aplicable lo dispuesto en este artículo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Presentada por las Diputadas Cecilia Soto González e Isaura Ivanova Pool Pech, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos humanos de las niñas y las mujeres abarcan todos los aspectos, desde la vida, la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, entre otros. El derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos éstos y a vivir libre de todas las formas de discriminación, es fundamental para el logro del desarrollo sostenible a nivel mundial.

Actualmente, son muchos los avances que se han logrado en materia de asistencia social para las niñas y las mujeres en la normatividad internacional y nacional, principalmente en la que se refiere a la protección y asistencia a víctimas de violencia.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing1 confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas. En el mismo tenor, la Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres al igual que todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, todos ellos estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo. La mayoría de los países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW2, en donde se establecen las modalidades y tipos de violencia que no permiten el pleno desarrollo y empoderamiento de ellas por la discriminación y la falta de oportunidades igualitarias con la de los hombres, lo que provoca que existan importantes brechas y violaciones de sus derechos en todas las regiones del mundo.

Por otra parte, el progreso ha sido demasiado lento para las niñas y las mujeres más marginadas, ya que en muchos países sigue habiendo retraso y rezago, principalmente en la armonización de sus leyes con las disposiciones internacionales sobre derechos humanos, lo que las enfrenta a una marcada discriminación en los mercados de trabajo, en el acceso a los bienes económicos y a muchas otras formas de violencia dirigidas específicamente a ellas y que ponen en peligro constante sus vidas.

La protección de los derechos de las niñas y las mujeres debe estar consagrada en las leyes y políticas nacionales expuestas firmemente en las normas internacionales de derechos humanos y es vital su aplicación en aspectos como la facilidad de acceso a la justicia y la de tener procesos imparciales e igualitarios; de ahí la importancia de las campañas de información y sensibilización de la ciudadanía para que conozcan sus derechos y tengan la capacidad de cambiar actitudes sociales y estereotipos que socavan la igualdad de género.

A través de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los Estados parte se comprometieron a tomar medidas en estas áreas; la Declaración contiene un firme compromiso para defender la igualdad de derechos de la mujer y poner fin a la discriminación.

La Plataforma de Acción incluye los derechos humanos de la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación, indicando medidas para lograr una aplicación plena de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la CEDAW, a manera de garantizar la igualdad y la no discriminación en las leyes y en la práctica, con la finalidad de mejorar los conocimientos básicos de derecho.

Llevar a cabo la realización de los derechos humanos de la mujer es un eje primordial para lograr los avances deseados en las esferas a donde aún no se ha podido llegar.

A 20 años de suscribirse este compromiso, se ha podido cumplir en parte estas promesas, actualmente se comprenden y se defienden estos derechos, pero todavía es necesario que estos se vuelvan una realidad para todas las niñas y todas las mujeres para que puedan vivir una vida digna, libre de violencia y sin discriminación.

Las normas sobre seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo OIT, prevén diversos tipos de cobertura de seguridad social, con arreglo a los diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de desarrollo, ofreciendo una amplia gama de opciones y de cláusulas que permiten cumplir con el objetivo de cobertura universal de forma gradual.

En un mundo globalizado, en el que la gente está cada vez más expuesta a riesgos económicos globales, existe una creciente concienciación respecto a que una política de protección social nacional de amplia base puede constituirse en un sólido amortiguador de muchos de los efectos sociales negativos de las crisis económicas.

En la Conferencia Internacional del Trabajo del 2012, se adoptó un importante instrumento, la Recomendación sobre los pisos de protección social en Ginebra, Suiza, en donde se propone establecer y mantener pisos de protección social como un elemento fundamental de los sistemas de seguridad social, estos mecanismos constituyen garantías básicas que permiten definir las acciones afirmativas para aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social siendo responsabilidad directa del Estado implementarlas con respeto a los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por la garante de seguridad social.

A reserva de las obligaciones internacionales vigentes de los Estados parte, deberán establecer en su legislación nacional, especificando la gama, las condiciones de elegibilidad y los niveles de las prestaciones que dan efecto a este derecho.3

La seguridad social en el ámbito de cada país, como hemos observado se complementa con los avances que han impulsado organismos internacionales como la ONU y la OIT, mediante la celebración de tratados y otros instrumentos jurídicos. Además de los que ya analizamos anteriormente, se encuentran otros no menos importantes como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que reconoce el derecho de la seguridad social para todas las personas e incluso al seguro social.4 En la Convención sobre los Derechos del Niño5 se consagra el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, adoptando las medidas necesarias para lograr la plena realización de los mismos.

Además, ha sido reconocido este derecho en diversos instrumentos del Sistema Interamericano, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre6 donde establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

En el Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA de Buenos Aires7, se establece que los Estados Miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de las personas trabajadoras sean igualmente protegidos, y conviene realizar esfuerzos para alcanzar esta finalidad.

Los avances y desafíos en materia de derechos humanos, legislativos y de política pública, han permitido visibilizar la violencia de género, colocándolo en el debate tanto nacional como internacional; generando con ello agendas públicas con la finalidad de fortalecer a las instituciones y organizaciones de la mujer y así lograr avances jurídicos importantes para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia.

En el ámbito jurídico nacional, la asistencia social está consagrada en nuestra Carta Magna, de la que emana la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto instaurar una relación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, garantizando la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera, identifica como tipos de violencia la física, patrimonial, psicológica, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres y explica los ámbitos o modalidades en que se perpetran estas violencias, tales como: la Violencia Familiar, la Violencia Institucional, la Violencia Feminicida, la Violencia Docente, la Violencia en la Comunidad y la Violencia Laboral.

Define a la Igualdad de Género como: “La situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Asimismo, a la Igualdad Sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 8

En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), se contempla la asistencia social, con la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para la creación de estrategias para apoyar y contribuir en el bienestar social del que deben gozar aquellas mujeres que hayan sido violentadas. 

En esta tesitura, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, indica que el objetivo es detectar y prevenir, así como proporcionar servicios de salud y los tratamientos necesarios para aquellas mujeres que se han visto involucradas en situación de vulnerabilidad por razón de violencia. En este mismo sentido, las y los servidores públicos tienen la obligación de difundir los programas necesarios a través de los diversos medios de comunicación para la detección de violencia sexual o familiar, así como acciones para prevenir dichas conductas.9

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que una de cada tres mujeres en el mundo (35%) han sufrido algún tipo de violencia física y/o sexual de pareja o por persona extraña; en cuanto a la relación de pareja, señala que al menos un tercio (30%) de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia, la cual genera graves problemas físicos, mentales, sexuales y reproductivos, las estadísticas afirman que a un 42% de las víctimas se les detectaron lesiones.

Un factor influyente es el haber sido expuesta desde su infancia a violencia doméstica, presenciando directamente el abuso hacia su persona o contra su progenitora, los estudios internacionales han precisado que es un 20% quienes han padecido este tipo de conducta. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha considerado la violencia contra la mujer un gran problema social10: 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, psicológica, sexual, económico y/o patrimonial, perpetrada por su pareja y/o familiar o persona ajena.

Por otro lado, el tipo de violencia que más se presenta es la emocional con un 44.3%, principalmente provocado por la pareja o cónyuge; respecto de la violencia sexual, se encontró en más de un tercio de las mujeres, lo que representa un 35.4% de ellas, fue víctima de su pareja o persona ajena.

La propuesta de reforma tiene como objetivo incorporar el lenguaje incluyente con la finalidad de eliminar el rasgo central de la discriminación que tiene como efecto la exclusión y el trato diferenciado en el acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos a través del lenguaje. Por esta razón, y dada la influencia del sexismo lingüístico en el reforzamiento y reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, considero importante la reforma a fin de adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje.

En cuanto a la reforma propuesta a la fracción II, inciso b), del artículo 4° de la Ley de Asistencia Social, se incorpora la “violencia en contra de las mujeres”, con el propósito de que se les atienda en situación de violencia en cualquiera sus formas, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Es importante que la modificación sea en el marco de la legislación en la materia con el objeto de abarcar todos los tipos y modalidades que categoriza la LGAMVLV; estas modificaciones las presento en el siguiente cuadro comparativo con la finalidad de darle claridad a las mismas:

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

TEXTO INICIATIVA

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

 

I. …

II. Las mujeres:

a) …

b) En situación de maltrato o abandono, y…

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social las personas y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración a una vida digna y libre de violencia.

Con base en lo anterior, son personas sujetas de la asistencia social, preferentemente:

I…

II. Las mujeres:

a) …

b) En situación de cualquier tipo o modalidad de violencia en contra de las mujeres, en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;…

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción II, inciso b), del artículo 4° de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social las personas y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y en su plena integración a una vida digna y libre de violencia.

Con base en lo anterior, son personas sujetas de la asistencia social, preferentemente:

I…

II. Las mujeres:

a)…

b) En situación de cualquier tipo o modalidad de violencia en contra de las mujeres, en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;…

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 Artículo 22.

2 Artículo 11.1.

3 www.ilo.org

4 Articulo 9

5 Artículo 26.1.

6 Artículo XVI.;

7 Artículo 44.

8  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

9 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN (recuperado el 1 de febrero de 2018). Disponible en: http://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, (recuperado el 30 de enero de 2018). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL RECINTO DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN LOS NOMBRES DE LOS PRÓCERES LIBERALES GUILLERMO PRIETO PRADILLO E IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

(Presentada por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT)

María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, a nombre  del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con base en el artículo 41, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numerales 1 y 3, 169 numerales 1 y 4, 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO, EN EL RECINTO DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, LOS NOMBRES DE LOS PRÓCERES LIBERALES GUILLERMO PRIETO PRADILLO E IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En este año, 2018, se conmemoran dos aniversarios significativos de dos personajes, referentes del liberalismo mexicano, que se encuentran en el olvido: los doscientos años del nacimiento de Guillermo Prieto y de Ignacio Ramírez, los dos hombres de letras, eruditos, periodistas de combate, constituyentes de 1857 y políticos honestos y de una obra imperecedera, que con ella contribuyeron a la construcción de la República que hoy somos.

Guillermo Prieto vio la luz hace 200 años nació el 10 de febrero de 1818, en la casa número 5 de la antigua calle del Portal de Tejada, ahora número 10 de la primera de Mesones, en el Centro Histórico, y por cierto que la placa que durante años estuvo ahí como recordatorio no existe ya. Era la casa de sus abuelos, pero sus padres vivían en el Molino del Rey, en el pueblo de Tacubaya, lugar cercano a Chapultepec, y ahí pasó Guillermo sus primeros años.

Hizo sus estudios primarios en la famosa escuela de un maestro llamado Manuel Calderón y Samohano, que se encontraba ubicada en la casa número 14 de la calle segunda del Puente de la Aduana Vieja, ahora sexta de 5 de febrero. Trabajó como dependiente en una tienda de ropa y después como meritorio en la aduana. Y gracias a la protección de Andrés Quintana Roo fue que pudo continuar con sus estudios.

En 1836, bajo la dirección del propio Quintana Roo, fundó la Academia de Letrán, junto con Manuel Toussaint y los hermanos José María y Juan Lacunza. Ahí se encontraría con otros destacados intelectuales, la mayoría mayores que él, y otro joven inquieto, Ignacio Ramírez, con quien compartiría importantes luchas políticas.

Escribió infinidad de libros y fundó varios periódicos, en los que siempre destacó por su pensamiento libre e independiente. Fue autor de numerosos artículos costumbristas publicados en El Siglo XIX y recopilados en “Los San Lunes de Fidel”. Exponente del romanticismo, de su fecunda obra literaria destacan “Musa callejera”, “El romancero nacional”, “Viajes a los Estados Unidos” y “Memorias de Mis tiempos”, una sustanciosa crónica de la vida cotidiana social, política y literaria del siglo XIX mexicano.

Tuvo distintos cargos en el gobierno, fue secretario particular de los presidentes Anastasio Bustamante y Valentín Gómez Farías, y durante el gobierno de Mariano Arista, entre 1852 y 1853, se desempeñó como ministro de Hacienda, decretando una rebaja de 50 por ciento a los sueldos de los militares y de la burocracia, que provocó una crisis nacional.

Participó en la rebelión de los polkos conservadores en 1847, pero luego ingresó en las filas de los liberales. Sus feroces críticas contra la dictadura de Antonio López de Santa Annale valieron el destierro a Cadereyta, Querétaro, donde decía que “se aburría como ostra” y tuvo tiempo para escribir los primeros textos de su obra “Viajes de Orden Suprema” y componer “Los cangrejos”, canción que se convirtió en himno de batalla de los liberales.

Fue nuevamente ministro de Hacienda de Juan Álvarez (1855) y Benito Juárez (1857), apoyó las Leyes de Reforma y fue un decidido oponente del intervencionismo estatal.

Durante la primera Intervención francesa en México, se enlistó en la Guardia Nacional. Salvó la vida de Juárez en Guadalajara anteponiéndose a su persona y gritando su famosa frase de «Los valientes no asesinan» cuando el conservador Filomeno Bravo había dado la orden a soldados de su regimiento de fusilar al presidente, a quien luego acompañó en su exilio en La Habana y Nueva Orléans.

Al terminar la Guerra de Reforma, continuó ejerciendo su nombramiento de ministro de Hacienda, luego fue diputado del Constituyente de 1857, algo que se olvida con frecuencia, destacándose por su férrea defensa de las libertades de acción y de pensamiento, la libertad política y la económica. De los más activos, subió a tribuna 74 veces. De 1861 a 1863 fue diputado federal. Cuando comenzó la Segunda Intervención Francesa, publicó críticas satíricas contra la monarquía de Maximiliano en “El Monarca” y en “La Chinaca”, y acompañó a Juárez en su gobierno itinerante hacia el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez.

Hombre recto, más dado a los principios que a las camarillas, colaborador leal y eficaz del gobierno juarista, fue el amigo íntimo del presidente que participó de lo más entrañable en su hogar y su familia, pero también el político honrado que no dudó en cuestionar a Juárez, y disentir de él, cuando fue necesario, convencido de que para defender la ley no se podía torcer la ley. Por lo que en 1866 apoyó a Jesús González Ortega en sus pretensiones de dar término al período presidencial de Juárez y asumir el cargo, y al negarse éste a la realización del cambio de gobierno argumentando que se vivían tiempos de guerra, le renunció y se pronunció en su contra publicando artículos en “La Orquesta” y “El Semanario Ilustrado”.

Debido a ello, se tuvo que exiliar a Estados Unidos, de donde pudo regresar hasta una vez restaurada la República, ejerciendo entonces la administración de Correos y la dirección del “Diario Oficial”.

Fue don Guillermo además, veinte veces diputado en ocasiones consecutivas entre 1867 y 1877 y luego entre 1880 y 1896, casi todas por Tacubaya.

En 1873 se pronunció en contra del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y durante la llamada revolución de Tuxtepec que encabezó Porfirio Díaz, se mantuvo leal al presidente José María Iglesias, de quien fue ministro de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Justicia e Instrucción Pública, de Fomento y de Hacienda durante breves lapsos entre 1876 y 1877, y por lo que obviamente se vio obligado a exiliarse una vez más.

Muy enfermo y sin riqueza alguna, como todo político honrado, tuvo que acogerse a la política de conciliación de Porfirio Díaz, quien lo protegió relativamente, una ayuda que él justificaba por su condición de último ministro de la Reforma y emblema del liberalismo, pero que no le satisfacía del todo.

Durante el porfiriato daba clases en el Colegio Militar de Popotla y fue diputado de nueve legislaturas seguidas entre 1880 y 1896. Colaboraba también para “La República”, periódico que convocó a un concurso en 1890 para saber quién era el poeta más popular, y fue Prieto quien lo ganó, por lo que fue homenajeado con un gran banquete en el Hotel Jardín, que estaba en las hoy calles de Madero y Gante. Ahí le colocaron una corona de laurel labrada en plata, y luego fue llevado en hombros hasta el Zócalo.

A pesar de su estado de salud precario, abordaba todos los días el tranvía que lo llevaba de Tacubaya al centro, y caminaba un par de cuadras hasta la Cámara de Diputados en Donceles, donde se hacía presente sesión tras sesión. Esto fue hasta noviembre de 1896, cuando deja de plano de asistir al Congreso. Estaba muy mal ya. Falleció el 2 de marzo de 1897 en la “Casa del Romancero”, como la bautizó él mismo en referencia a como era popularmente conocido, una casona en la antigua calle del Maguey, en Tacubaya, que nunca terminó de construir.

Recibió todos los honores por parte del Estado mexicano, su cuerpo embalsamado fue homenajeado en la Cámara de Diputados, adonde Justo Sierra, Hilarión Frías y Soto y Juan A. Mateos pronunciaron los discursos fúnebres. Y de ahí fue llevado a la Rotonda de las Personas Ilustres y sepultado en presencia de Porfirio Díaz y todo su gabinete.

Tenía una verdadera debilidad por las marionetas, al punto en que solía pasar tardes enteras en la Alameda disfrutando de varias funciones consecutivas, y se cuenta que cierto día, cuando la compañía de marionetas Rosete Aranda visitó el Palacio Nacional, Prieto rompió el protocolo y puso su silla delante del presidente Juárez para ver más de cerca la función.

Por sus manos pasaron cerca de 300 millones de pesos, y no sólo nada conservó para él, sino que renunció a la suma de 200,000 que de gratificación le correspondían por haber sido ministro de Hacienda.

Ignacio Ramírez Calzada, conocido como “El Nigromante” nació el 22 de junio de 1818 en la calle de Umaran, en la zona centro de la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato. Su infancia se vio envuelta en las luchas por la Independencia. Su padre, Lino Ramírez, fue un luchador incansable del liberalismo y la construcción de la República, y por ello, él y su familia sufrieron persecuciones, teniendo que emigrar primero a Querétaro y luego a la Ciudad de México.

Al llegar a esta ciudad, Ignacio Ramírez, que para entonces contaba con 16 años, pudo ingresar al Colegio particular de San Gregorio donde tuvo una formación de pensamiento racional y científico con ideas políticas y sociales avanzadas, en particular las ideas liberales. Posteriormente, estudió en la Escuela de Jurisprudencia, en la que obtuvo el título de abogado.

A los 19 años, se matriculó en la Academia Literaria de San Juan de Letrán, cuna de los hombres más ilustres y letrados de la época, en la cual presentó una tesis titulada "Dios no existe: los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos", la que produjo, a la vez que admiración entre académicos, el rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad.

Junto con Guillermo Prieto y Vicente Segura a los 27 años fundó el periódico “Don Simplicio”, que alcanzó fama por las ideas avanzadas que sostenía y por su estilo irónico y hasta sarcástico, lo que le valió a sus redactores ser encarcelados en varias ocasiones.

Ahí fue donde Ramírez comenzó a utilizar el seudónimo de “Nigromante”, por el que después sería identificado. La publicación fue suspendida en 1846, justo cuando avanzaban sobre la Ciudad de México los invasores norteamericanos.

Al recuperar su libertad, el nuevo gobierno lo nombró Ministro de Hacienda y Guerra del Estado de México; desde esta posición elaboró una ley para que los alumnos más destacados fueran becados al Instituto Literario de Toluca, la mejor escuela de ese entonces. Así fue como muchos jóvenes indígenas pudieron llegar a esta casa de estudios, entre ellos, Ignacio Manuel Altamirano.

Tras la caída de la ciudad de México en la guerra de 1847 contra Estados Unidos, participó como voluntario en la batalla de Padierna. Después se dedicó a defender a los indios que vivían en condiciones miserables, defendiendo el derecho a ser educados porque sólo así podían participar como ciudadanos e insistiendo en promulgar leyes que mejoraran su situación.

En el terreno político, Ignacio Ramírez fue uno de los más destacados miembros del partido liberal; por su activismo progresista -él pertenecía al grupo de “los Puros”- tuvo que sufrir penas de destierro y encarcelamiento.

Durante su larga carrera en la política mexicana ocupó diversos cargos, entre ellos: secretario de Guerra y Hacienda del gobierno del estado de México, secretario de gobierno en Sinaloa, gobernador de Tlaxcala, ministro de fomento y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue diputado en el Congreso Constituyente de 1856-1857 por el estado de Sinaloa. Después fue a Puebla, donde se desempeñó como juez de lo civil y catedrático de literatura y derecho romano en el Colegio del Estado. Desde ahí logró que el estado de Puebla fuera el primero que desconociera a Ignacio Comonfort.

Ganada la Guerra de Reforma por el partido liberal, Benito Juárez lo nombró Ministro de Justicia, Instrucción Pública y Fomento. Desde ese cargo realizó diversas acciones para aplicar los principios del liberalismo en la educación; dictó leyes sobre instrucción pública para que el Estado se hiciera cargo de la educación; elaboró planes de estudio; supervisó la labor educativa en las escuelas públicas y privadas y se dedicó personalmente a la preparación de los maestros; creó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria en el Distrito Federal y territorios federales.

Luego, como secretario de Fomento, reformó la ley de hipotecas, participó en la elaboración de las Leyes de Reforma e hizo efectiva la independencia entre el Estado y la Iglesia, desamortizando los bienes del clero.

A la intervención francesa, partió hacia Sinaloa y Sonora, desde donde combatió al imperio, viéndose obligado a salir desterrado a San Francisco, California. Regresó al país poco antes de la caída de Maximiliano, pero fue encarcelado y enviado a la cárcel de San Juan de Ulúa.

Restaurada la República, volvió a la Ciudad de México, donde fue nombrado magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

Gran parte de su vida y sus actividades las dedicó el ilustre Ignacio Ramírez al fomento y desarrollo de la cultura y educación nacionales. Miembro destacado, además de la Academia de San Juan de Letrán, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de diversas organizaciones científicas y literarias, El Nigromante se distinguió por su amplia cultura.

Considerado como uno de los grandes prosistas del siglo XIX, escribió sobre materias dispares. Entre sus obras destacan La lluvia de azogue (1873), Observaciones de meteorología marina y Lecciones de literatura (1884).

En el periodismo, después de la publicación de “Don Simplicio”, fundó también “El Clamor Progresista”, que sostenía la candidatura de Miguel Lerdo de Tejada, y “La Insurrección”, en Sonora, donde mantuvo una célebre discusión con el político español Emilio Castelar acerca de la emancipación de los pueblos hispanoamericanos. Colaboró además en “La Chinaca”, en contra de la intervención, en “El Monitor Republicano” y en “El Correo de México”, de Ignacio Manuel Altamirano.

Distanciado de Juárez en el último tramo de su gobierno por considerar que se apartaba de los principios del liberalismo, se afilió a la causa del general Porfirio Díaz, en cuya administración colaboró como ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo en el que duró poco tiempo, por lo que regresó a su antiguo puesto de magistrado, en cuyo ejercicio falleció el 15 de junio de 1879. Pese a que manejó cantidades exorbitantes de dinero por la liquidación de los bienes eclesiásticos, murió en la mayor pobreza.

En octubre de 1934 sus restos fueron exhumados y trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde también reposan los restos de su amigo y compañero de batallas Guillermo Prieto. De igual modo comparten sitial de honor entre las estatuas de próceres liberales en la avenida del Paseo de la Reforma de esta Ciudad.

Pero este Congreso les debe a ambos un homenaje.

Cabe destacar que en 1957 se aprobó que el nombre de los dos próceres fuera inscrito en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, pero se atravesó el sismo de ese año y se suspendió el trámite.

Y aunque en 2010 se intentó reactivar el tema, no se ha hecho por una causa o por otra, por lo que este año es el más propicio y toca a esta Legislatura corregir la omisión, colocando de una vez sus nombres en el sitial que se merecen en los muros del Congreso de la Unión.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

Proyecto de Decreto

Único. Inscríbanse los nombres de los próceres liberales Guillermo Prieto Pradillo e Ignacio Ramírez Calzada con letras de oro en el Muro de Honor del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro del Honorable Congreso de la Unión.

TRANSITORIOS

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.






Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se invita a comparecer al Secretario de Educación Pública federal para que informe sobre el estado actual de la asignación de recursos y la reconstrucción de los planteles escolares que sufrieron daños tras los sismos de septiembre. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

LOS DAÑOS EN PLANTELES ESCOLARES TRAS LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre hubo daños en planteles escolares de la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. El 25 de septiembre de 2017, el entonces Secretario de Educación Aurelio Nuño, emitió un comunicado en donde establecía que había por lo menos 10 mil escuelas con daños y que la Secretaría a su cargo contaba con los recursos necesarios para rehabilitar o reconstruir escuelas, que podrían alcanzar 4 mil millones de pesos, y se captarían de las aseguradoras, el Fondo de Desastres Naturales y una bolsa de la Secretaría de Educación Pública(SEP) para reparaciones menores; además, que las reparaciones podrían tardar entre 8 y 9 meses. 1

La Secretaría de Nuño, también estableció ocho pasos para el regreso a clases, entre los que se encontraba que a partir del del 24 de septiembre se daría a conocer diariamente a las 17:00 la lista de las escuelas que podrían regresar a clases.2 Sin embargo, desde el 19 de octubre la SEP dejó de publicar este listado con las escuelas que reanudaban clases y el estado de los planteles. Durante muchos meses la Secretaría no dio cuenta del estado de las reparaciones, los recursos destinados y ejercidos, ni del estatus en el que se encontraban los alumnos y nueve meses tras el sismo, no han concluido las reparaciones de los planteles dañados como lo anunció el entonces Secretario.

El 14 de mayo de 2018, casi nueve meses después del sismo del 19 de septiembre, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) publicó el listado de planteles reportados por los estados, o en su caso la autoridad educativa, que fueron afectados con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. En este reporte se publicaron los planteles con daños menores, severos, moderados y graves, sin embargo, sigue sin dar cuenta del estado de las reparaciones ni del monto que se han destinado en cada plantel para tal fin.

Estado

Escuelas con daños graves

Escuelas con daños severos y moderados

Escuelas con daños menores

Ciudad de México

9

793

2147

Chiapas

4

916

1134

Estado de México

35

2633

2985

Guerrero

12

119

418

Hidalgo

3

42

368

Michoacán

N/A

11

559

Morelos

41

396

904

Oaxaca

28

1094

1830

Puebla

77

585

1576

Tlaxcala

1

198

814

Veracruz

N/A

34

18

TOTAL: 19,784

210

6821

12,753

Nueve meses después de los sismos, hoy conocemos que hay 19 mil 784  planteles con daños en el país y que siguen pendiente de recibir los recursos para su reconstrucción, o en su defecto, de ser reparados.

LOS RECURSOS DESTINADOS

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el 20 de abril del 2018 se habían destinado 10,893,661,626 de pesos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en el sector educativo3. Además se entregaron apoyos parciales inmediatos para acciones emergentes, trabajos y obras de carácter prioritario dirigidos a solventar la acción crítica del desastre natural, como el restablecimiento de comunicaciones y servicios básicos. Hasta el 27 de febrero del 2018, estos eran los montos destinados al sector educativo4:

Estado

Fondos estatales

Fondos federales

Chiapas

21,667,682

11,317,015

Oaxaca

4,450,186

314,582,340

Morelos

11,691,250

207,890,315

Estado de México

136,142,000

173,279,130

Puebla

132,084,745

237,433,082

Ciudad de México

139,557,079

372,266,825

Guerrero

21,486,993

202,500,787

Tlaxcala

24,531,142

33,617,032

Veracruz

6,773,000

14,329,958

TOTAL: 2,065,600,561

498,384,077

1,567,216,484

De acuerdo con la misma Secretaría de Hacienda, una vez realizada la dictaminación de daños y con el diagnóstico definitivo, se destinaron recursos para la reconstrucción.

Estos son los montos autorizados para obras y acciones necesarias para la reconstrucción por entidad federativa en el sector educativo5:

Estado

Fondos estatales

Fondos federales

Chiapas

166,309,765

431,740,460

Oaxaca

130,524,610

1,048,420,922

Morelos

720,626,645

2,107,050,911

Estado de México

227,545,958

713,413,153

Puebla

72,554,042

127,036,329

Ciudad de México

8,388,660

904,887,458

Guerrero

28,510,048

447,592,518

Tlaxcala

N/A

31,571,023

Veracruz

N/A

17,606,131

TOTAL: 7,183,778,633

1,354,459,728

5,829,318,905

La suma de los fondos federales y estatales (reportada por la SHCP) que se han asignado al sector educativo hasta el día de hoy es de 9,249,379,194 de pesos. Sin embargo hay más de 19 mil planteles con daños y  la Secretaría de Educación Pública, encabezada hoy por el Mtro. Otto Granados Roldán, todavía no ha dado cuenta de cuál es el status en la entrega de estos fondos, la reconstrucción de los planteles y el estado actual en el que se encuentran los alumnos.

LOS PLANTELES CERRADOS Y LA RECONSTRUCCIÓN

En los últimos meses se han reportado planteles donde los alumnos no han podido regresar a clases. En la Ciudad de México, padres de familia de la escuela primaria Antonio García Cubas en la delegación Iztacalco, han bloqueado en dos ocasiones vialidades, exigiendo la reparación de la escuela y la entrega de presupuesto para la reconstrucción.6,7. El pasado 16 de mayo, padres de familia de la escuela primaria Enrique de Olavarría y Ferrari ubicada en Mixcoac, también se manifestaron afuera de dicho plantel de la Ciudad de México, exigiendo el dictamen del plantel para la reconstrucción. De acuerdo con los mismos padres de familia, ocho meses del sismo, los niños siguen distribuidos en cinco planteles y no ha iniciado la reconstrucción de la escuela. 8

La educación de los niños y niñas debe ser prioritaria para el Estado mexicano. Después de la entrega de casi 10 mil millones de pesos para la atención del sector educativo, es fundamental que los recursos sean asignados a los planteles con daños para que niños, niñas y jóvenes puedan regresar inmediatamente a clases en sus escuelas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía los siguientes puntos resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a comparecer al Secretario de Educación Pública Federal PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PLANTELES ESCOLARES QUE SUFRIERON DAÑOS TRAS LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Sen. Mario Delgado Carrillo.


1 Secretaría de Educación Pública, Comunicado 273, Destaca Nuño Mayer que hay unas 10 mil escuelas con algún tipo de afectación por los sismos, URL: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-273-destaca-nuno-mayer-que-hay-unas-10-mil-escuelas-con-algun-tipo-de-afectacion-por-los-sismos?idiom=es, Consultado el 18 de mayo de 2018.

2  Secretaría de Educación Pública , Comunicado 270, Los ocho pasos para el regreso a clases, URL: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-270-los-ocho-pasos-para-el-regreso-a-clases?idiom=es, Consultado el 18 de mayo de 2018

3 Transparencia Presupuestario (2018), Fuerza México, URL:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico, Consultado el 21 de mayo del 2018.

4 Íbidem

5 Íbidem

6 Reforma (2018), Bloquean escuela dañada en Iztacalco,
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1300638&md5=aebcf42266f15003d76057f726c86151&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=91dfe505146425a72b88ea8c086c436, 16 de enero de 2018,  Consultado el 18 de mayo de 2018.

7 Noticieros Televisa (2018), Alumnos y padres de familia bloquean la calzada de la Viga, URL:
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/alumnos-y-padres-familia-bloquean-calzada-la-viga-cdmx/, 25 de abril de 2018,  Consultado el 22 de mayo del 2018.

8 Excelsior, (2018), En pleno sismo, padres de familia protestan por escuela dañada, URL:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-pleno-sismo-padres-de-familia-protestan-por-escuela-danada/1239282 , Consultado el 18 de mayo de 2018.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a corregir los estereotipos contenidos en la “Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018” e instruir al personal diplomático y consular adscrito a la Embajada de México en la Federación de Rusia a implementar mecanismos preventivos y de asistencia contra cualquier tipo de discriminación. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Lorena Corona Valdés y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la calidad de la atención prenatal y obstétrica en el sector salud e implementar políticas públicas enfocadas a disminuir la mortalidad materno-infantil en México. Se turna a la Segunda Comisión.








Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo los de yacimientos no convencionales y la asociación de PEMEX con otras empresas, para explotar los campos petroleros que le fueron asignados. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, Diputado Juan Romero Tenorio, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los meses recientes ha sido notable la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de acelerar todo aquello que pareciera que, desde su punto de vista, pudiera hacer más complicado corregir los daños que han provocado sus “reformas” o las inversiones faraónicas que impulsó durante su administración.

Por ejemplo, en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), el gobierno del presidente Peña y los accionistas del proyecto buscan “blindar” esa obra de alto costo, que confirma la intención de promover negocios de corto plazo, aunque eso implique seguir concentrando el desarrollo nacional en el Valle de México, cuyos espacios y recursos para otorgarle sustentabilidad a la región en la que viven más de 20 millones de mexicanos, están cerca de agotarse. Es un proyecto que no ofrece beneficios sociales reales y que representa un alto riesgo. Por ello eluden referirse al impacto que tendrá esa obra, en una región en el que el futuro de escasez de agua ya nos alcanzó y donde el NAICM sería sumamente contraproducente en lo relativo al manejo sustentable del agua en el Valle de México en el mediano y largo plazo, poniendo en riesgo el bienestar de millones de mexicanos.

Así actúan también, del mismo modo, en el caso de la reforma energética. Parece que lo más importante para los funcionarios de este gobierno no es demostrar sus posibles beneficios para el país, sino impedir que una revisión de sus impactos negativos o de los términos de los contratos, la cual pudiera llevar a tomar medidas correctivas para recuperar los beneficios de ese patrimonio que es estratégico para el desarrollo nacional.

Todos recordamos cómo, en la 62 Legislatura, el Ejecutivo Federal promovió que se aprobara a toda prisa una reforma energética sin contar con el aval de una consulta ciudadana, condición indispensable para alcanzar la legitimidad en un verdadero estado de derecho, sobre todo tomando en cuenta que la reforma energética implicó un cambio radical en el pacto social que aseguraba la existencia de México como nación soberana.

Esa reforma, que no ha demostrado su beneficio al interés nacional, generó un amplio rechazo en la población mexicana, por el impacto negativo que puede llegar a tener en la existencia soberana de México y sobre todo por la distribución regresiva de costos y beneficios en los diferentes sectores, como sucedió, por ejemplo, con los precios de las gasolinas.

Nada justificaba que la incapacidad de los funcionarios de administrar honestamente el patrimonio de la nación, representada en las empresas del sector público, fuera motivo para que ellos, quienes eran los responsables de enderezarlas para beneficio de todos, concluyeran que la única solución a su incompetencia era venderlas para beneficio de unos cuantos. Eso no requería mucha preparación ni compromiso con el país; todo lo contrario.

Obviamente, las consecuencias de sus acciones fueron ocultadas por el compromiso optimista de alcanzar resultados muy favorables en el corto plazo. Por ejemplo, en el documento Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, publicado por la Secretaría de Energía, los funcionarios del sector afirmaron “Con la Reforma será posible modificar estas tendencias (descendentes). Se espera que la producción de petróleo se estimule para alcanzar 3 millones de barriles diarios (mmbd) en 2018 y 3.5 mmbd en 2025. Asimismo, se espera que se establezcan las condiciones para que la producción de gas natural llegue a 8 mil millones de pies cúbicos diarios (mmmpcd) en 2018, así como a 10.4 mmmpcd en 2025. Estos aumentos se apoyarán en tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%; es decir, el incremento en la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas”.1

Desafortunadamente, el proceso sistemático que se ha llevado a cabo en los últimos sexenios, para erosionar y corromper la capacidad productiva de la empresa pública PEMEX, así como los términos en los que se llevó a cabo la reforma energética, han puesto en riesgo la disponibilidad y la atención oportuna de las necesidades nacionales de energía, aumentando la dependencia del exterior. De hecho, la reforma se ha reflejado, por ejemplo, en la caída de la producción de crudo, gas y productos industrializados.

De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía, la producción de crudo pasó de más de 3.4 millones de barriles diarios (Mbd) en 2004, a 2.56 Mbd en diciembre de 2012 y de ahí cayó a 1.89 Mbd en febrero de este año 2018. A su vez, la producción de gas natural, que llegó a 7.35 mil millones de pies cúbicos diarios en diciembre de 2008, en diciembre de 2012 se situó en 6.52 mil millones de pies cúbicos diarios y en febrero de 2018 ya fue de 4.85 mil millones de pies cúbicos. La producción nacional de petrolíferos pasó de 1.35 millones de barriles diarios en diciembre de 2012, a 524.7 mil barriles diarios en febrero de este año. Así, en sentido contrario a lo ofrecido para justificar la reforma, en el sexenio de Peña Nieto la producción de crudo ha caído 26%, la de gas 25.6% y la de petrolíferos 61%.

Como consecuencia de lo anterior, se observa un creciente saldo negativo de la balanza petrolera. De acuerdo con cifras del Banco de México, pasó de ser una actividad que aportaba divisas al país, a ser una actividad deficitaria a partir de 2015, al grado de que, en 2017 el saldo de la balanza petrolera -crudo, gas, derivados y productos petroquímicos-, fue negativo en $18,400 millones de dólares. Eso, sin considerar el déficit de manufacturas plásticas y textiles, entre otras, que sumaron otros $16,000 millones de dólares de déficit en 2017. Eso significa un cambio radical negativo, un gran deterioro en el intercambio con el exterior, resultado de la decisión de no invertir en PEMEX, de no aprovechar los yacimientos descubiertos y de erosionar la capacidad productiva de la empresa.

Paralelamente, la reforma energética ha generado el riesgo de que se reduzca la aportación fiscal de las exportaciones petroleras, porque además de que a los nuevos inversionistas se les impuso una carga tributaria muy inferior a la impuesta a PEMEX, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía han reconocido que sus áreas responsables –Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)- son incapaces de fiscalizar las inversiones, las actividades y los resultados alcanzados por las nuevas empresas. Difícilmente podrán cumplir obligación de hacer una fiscalización correcta de los ingresos gravables de esas empresas.

Por otra parte, también es previsible una disminución de los recursos fiscales proporcionados por las ventas internas de petrolíferos y petroquímicos, porque ahora captarán los recursos derivados de las ventas de productos importados y además deberán dividir el ingreso neto entre utilidades de los privados y los impuestos. En el caso de CFE, la decisión de depender de filiales de empresas extranjeras las obliga a operar en déficit, para no afectar las ganancias de los generadores privados.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros del gobierno federal, sin incluir a los ingresos propios de PEMEX, pasaron de representar 31.7% de los ingresos presupuestarios en 2008, a 22.7% en 2013 y llegó a 6.37% en 2016. En 2017, con la recuperación de los precios e ingresos petroleros, su participación mejoró a 8.8%. Si bien los funcionarios gubernamentales se vanaglorian de que esa baja en los ingresos petroleros se compensó con el aumento en la recaudación, gracias a la reforma fiscal de 2013, lo correcto habría sido que una mejor recaudación tributaria, no fuera excluyente de una administración pública responsable y eficiente de los recursos energéticos del país.

Se decía que la reforma energética era necesaria, porque así se terminaría con la corrupción sindical. Lo que realmente han hecho es terminar con los trabajadores mexicanos calificados, porque la corrupción sindical la siguen promoviendo, ya que los “charros” son los cómplices que requieren los promotores de la reforma para destruir a PEMEX. Más bien, se puede decir que ahora la corrupción sindical es llevada al extremo.

Los promotores de la reforma también trataron de aprovechar los cambios en las condiciones del mercado, para justificar su propuesta. En una primera etapa, coincidió con una baja en los precios internacionales del petróleo, que pasaron de $91.65 dólares el barril de la mezcla mexicana del petróleo en diciembre de 2013, a $23.91 dólares el barril en enero de 2016, en buena medida por la explotación contaminante mediante fracking en Estados Unidos. Entonces sobraban quienes argumentaban que esta materia prima, como energético, había perdido importancia y añadían que la baja de los precios internos era consecuencia de la “reforma”. Muy previsores.

La baja de precios restó rentabilidad al fracking y bajó la producción, de modo que desde enero de 2016 comenzó una etapa de recuperación de los precios del crudo, por el acuerdo de los países de la OPEP y los productores independientes. Ese aumento de precios propició una lenta recuperación de la producción estadounidense, que debilitó pero no impidió la recuperación de precios. De hecho, a pesar de que la producción de Estados Unidos sigue al alza, los precios continúan fuertes, debido también a la debilidad del dólar y la inestabilidad en Medio Oriente, de modo que el precio promedio de la mezcla mexicana en febrero ya fue de $56.21 dólares por barril y el 13 de abril ya fue de $59.4 dólares el barril.

A ello se añade la preocupante incertidumbre por la situación política en Medio Oriente, que podría reducir la oferta de crudo, lo que ha comenzado a fortalecer los precios del crudo, incluso a pesar de que, como una muestra de la volatilidad de los mercados financieros, el dólar ha registrado una mejora generalizada en sus cotizaciones contra otras divisas.

Para los promotores de la “reforma”, este es un escenario muy diferente al que suponían. A eso se agrega el efecto que tiene sobre la paridad y el costo de las importaciones, incluso de gasolinas, la vulnerabilidad en que se encuentra la economía mexicana. Si bien durante unas semanas se registró un fortalecimiento del peso, provocado fundamentalmente por la debilidad del dólar, apenas hace unos días el dólar se recuperó y el peso se ha debilitado, por arriba de los 18 pesos por dólar, lo que podría generar presiones inflacionarias internas. Lo grave es que, independientemente de los precios internacionales del crudo, debido a las malas administraciones y a la “reforma” México depende de las importaciones de gasolinas.

Lo terrible es que los últimos gobiernos llevaron la desinversión en refinerías al extremo, de modo que si anteriormente México requería importar gasolinas, eso no impactaba en las cuentas externas; ahora sí. Lo que México paga por importación de gasolinas pasó de representar 10.8% de los ingresos petroleros, a 43.4% en 2011, cuando alcanzó la suma más alta, pero también los ingresos petroleros eran muy importantes. Ahora, en 2017 89% de la factura petrolera se usó para comprar gasolinas y diésel. Aunque ahora hay otras fuentes de divisas, eso no significa que las divisas por exportaciones petroleras no deban ser consideradas para fortalecer al país.

Como resultado de la volatilidad del contexto, los funcionarios ya no pueden ofrecer que la “reforma” permitirá bajar los precios y tampoco pueden argumentar que los hidrocarburos no tienen una importancia estratégica y económica. Ahora que los precios del petróleo en dólares siguen una tendencia al alza en el mercado internacional, deben asumir que su reforma tenía el propósito de renunciar a administrar un bien estratégico en beneficio de los mexicanos.

Por cierto, ante el riesgo de aumento a los precios, los funcionarios de la CNH ya tienen la “solución”, ya se preparan para entregar campos para promover la explotación privada de petróleo y gas vía fracking, de modo que pondrán en riesgo los recursos hidráulicos del país. Quienes decían que los hidrocarburos no eran importantes, ahora están dispuestos a comprometer un recurso vital, fundamental y escaso en México, como el agua, para asegurar la rentabilidad de los inversionistas privados. Totalmente incongruentes.

Finalmente, los funcionarios gubernamentales dirán que la reforma fue necesaria, porque ahora el sector público no tendrá que invertir en PEMEX y CFE, porque lo harán los “privados”. En realidad, el esquema de las reformas busca que las empresas privadas inviertan en su beneficio, financiándose con los fondos de ahorro de los trabajadores; es decir, se “ayudarán” con recursos que no son privados. Pero, además, estas empresas privadas lo harán de manera ventajosa, porque cuentan con la asesoría o la participación de exfuncionarios, que saben la riqueza que pueden obtener de los campos comprendidos en las licitaciones.

Lo cierto es que en los últimos sexenios, los responsables gubernamentales de las finanzas públicas y energía invirtieron muy poco en PEMEX y CFE. Al mismo tiempo, dejaron que se deterioraran y permitieron que empresas que no tenían su experiencia las desplazaran del mercado. Y hay que aclarar que eso no se tradujo en la superación de rezagos en educación, en salud o vivienda, a tal grado que, por mencionar un ejemplo, la renuncia a invertir en energía no significó más inversión en educación o en salud, por lo que privilegiaron los esquemas de Asociación Pública Privada y la colocación de bonos, que finalmente implican un endeudamiento, y lo más curioso es que la liberación de recursos no permitió ni siquiera atender la emergencia del terremoto de septiembres de 2017. A los rezagos, se agregan los efectos de los terremotos y el desdén por la reconstrucción.

Lo cierto es que ahora, lo que los mexicanos hemos visto después de  la “reforma”, es que los funcionarios peñistas consideran “legítima” su decisión de licitar a toda prisa, sin suficiente rigor en los criterios y en desventaja para el país y para los mexicanos, los campos petroleros y malvender la infraestructura que se pagó con recursos de todos los mexicanos.

No se puede dejar de mencionar que para hacer rentables las inversiones privadas, la reforma energética no sólo pasó por encima de los intereses de las empresas públicas y del país, sino que se diseñó en términos tales que además se permite que los intereses de inversionistas privados se sobrepongan a los intereses de los propietarios de tierras ejidales y comunales, entregándoles incluso recursos vitales como el agua.

A partir de esta relatoría de hechos, se comprende la alarma que se registra en amplios sectores de la población, comunidades, universitarios, pequeños productores agropecuarios, pequeños industriales, cooperativas, profesionistas y ONG´s del sector social, acerca de las perspectivas que enfrentará el país sin la posibilidad de explotar sus propios recursos y sin la operación de sus emblemáticas empresas del sector energético.

Esa preocupación es más fuerte en estos meses cuando, previo al inicio del proceso electoral, el pasado 8 de febrero de este 2018, en conferencia de prensa, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que “en los 10 meses por venir, la Secretaría de Energía avanzará en la consolidación de la Reforma Energética, junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concluirá las dos licitaciones petroleras en curso, la 3.1 y la 3.2. Se apoyará a Pemex con el lanzamiento de más farm-outs y se trabajará en el diseño de una licitación piloto para yacimientos no convencionales.”2.

Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo los de yacimientos no convencionales, y la correspondiente a la asociación de PEMEX con otras empresas (farm-outs) para explotar los campos petroleros que le fueron asignados, hasta que la sociedad exprese su decisión de continuar por ese camino o se inclina por otra opción, como parte de un proceso indispensable de legitimidad, como corresponde al Estado de Derecho que queremos construir los mexicanos en un ambiente de verdadera democracia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos dé a conocer a los mexicanos los criterios económicos aplicados en la distribución de los campos involucrados en la Ronda Cero, los yacimientos solicitados originalmente por PEMEX, los yacimientos que le fueron asignados a esta empresa, los términos en los que se licitaron y asignó el resto a empresas privadas, así como la variaciones en las reservas probadas y certificadas de esos yacimientos, antes y después de las rondas en las que participaron.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, expliquen cómo llevan a cabo y qué resultados han encontrado de la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones acordadas con los nuevos inversionistas del sector.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Juan Romero Tenorio.


1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf. Página 10.

2 https://www.gob.mx/sener/es/prensa/con-los-proyectos-a-realizar-en-este-ano-las-inversiones-totales-
comprometidas-con-la-reforma-energetica-van-a-rebasar-los-200-mil-millones-de-dolares-pjc?idiom=es. 8 de
febrero de 2018






Del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas a establecer la Secretaría del Migrante. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a niños migrantes en bases militares. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito ABEL CRUZ HERNÁNDEZ, Diputado del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Desde hace varios años, la migración es un fenómeno que está presente en la realidad política, social y económica de nuestro país, la falta de oportunidades de empleo, la marginalidad en la que se encuentran muchos municipios al interior de los estados, la violencia y en general la gran desigualdad social que se vive en México, obligan a un gran número de connacionales a buscar llegar al vecino país de forma indocumentada, con la intención de encontrar mejores condiciones de vida.

El flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, es un hecho que se ha mantenido constante, sin embargo, en los últimos años se ha observado un considerable incremento en el número de niñas, niños y adolescentes (NNA) menores de edad que viajan solos, situación que representa un gran riesgo a la integridad física y emocional de los menores.

2. Los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos en primer lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término por el deseo de mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y, por último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual.

Aunado a lo anterior, se observa que en los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han incrementado, esto ha dado como resultado el desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas, con lo que se pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas.

3. Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas.

Estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia, entre otros.

4. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos.

5. De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el año fiscal 2014, que se desarrolló entre el 1 de octubre 2013 y el 30 de septiembre de 2014, el número de llegadas de familias con hijos y de niños, niñas, y adolescentes no acompañados a la frontera sur de los Estados Unidos aumentó drásticamente, incluso por encima de los ya crecientes niveles que se registraban desde 2011, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

PAÍS

2011

2012

2013

2014

Honduras

974

2997

6747

18244

Guatemala

1565

3835

8068

17057

El Salvador

1394

3314

5990

16404

México

11768

13794

17240

15634

Otros países

248

463

714

1202

Total

15949

24403

38759

68541

6. Ante el creciente número de detenciones efectuadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (que tan sólo en el mes de octubre del año pasado sorprendió a casi cinco mil menores no acompañados cuando intentaban cruzar la frontera), diversas ONG alertan que este sector sufre de vejaciones, explotación laboral, sexual e incluso llegan a perder la vida si vuelven a sus lugares de origen.

7. Aunado a lo anterior, se dio a conocer por el diario The Washington Post, que la Administración de Donald Trump está haciendo los preparativos para resguardar a niños migrantes en bases militares, según las comunicaciones del Departamento de Defensa.

Un correo electrónico enviado al personal del Pentágono, señalaba que el Departamento de salud y Servicios Humanos (HHS) realizará visitas a cuatro instalaciones militares en Texas y Arkansas en las próximas dos semanas para evaluar la idoneidad para los refugios de los niños. El HHS es la agencia gubernamental responsable de proporcionar a los menores lo cuidados y la crianza hasta que otro pariente adulto pueda asumir la custodia.

Las bases se usarían para retener a menores de 18 años que crucen la frontera sin un familiar adulto o después de que el Gobierno les separara de sus padres.

La agencia antes mencionada, tiene espacio para albergar a 10 mil 571 niños en su red de 100 centros de cuidado de crianza. Actualmente las instalaciones están al 91 por ciento de su capacidad, según informes de un funcionario que habló bajo condición de anonimato, ya que los planes en el departamento aún no son públicos.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que las medidas buscan detener el fuerte aumento en el número de familias que cruzan la frontera ilegalmente, muchos de los cuales son centroamericanos.

Los agentes fronterizos han arrestado a más de 100 mil personas que cruzaron la frontera ilegalmente en marzo y abril, la cifra más alta desde que Trump asumió el cargo.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el Fiscal General, Jeff Session, afirmaron que el Gobierno tomará la medida extraordinaria de entablar cargos penales contra cualquier persona que cruce la frontera ilegalmente, incluidos los padres que viajan con sus hijos.

8. El correo electrónico citado por el periódico revela que las visitas a los sitios militares se tratan de “evaluaciones preliminares”. Advierte que “no se han tomado decisiones en este momento" respecto a si se enviarán o no menores a esos centros.

El uso de instalaciones militares para detener a indocumentados detenidos en la frontera, incluyendo a menores, fue contemplado en el memorando presidencial del 6 de abril y publicado en el registro federal el 13 de ese mes, decreto que puso fin a la política del “catch and reléase” (detener y liberar).

La orden presidencial incluye una serie de medidas, entre ellas la de elaborar "una lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de Estados Unidos o cerca de ellas".

9. Ante esa situación, en Encuentro Social, consideramos urgente que el gobierno mexicano solicite al gobierno de Donald Trump poner fin a su práctica de detención migratoria y arbitraria de familias y a tratar a niños y niñas mexicanos no acompañados con las mismas salvaguardas y procedimientos aplicables a los niños y niñas no acompañados procedentes de países no limítrofes.

Asimismo, se debe solicitar que el procesamiento de menores que buscan asilo no quede en manos de agentes del orden, sino de especialistas “y asegurarse de que los niños procedentes de México no sean discriminados, o colocados en situaciones de peligro a partir sólo de su ciudadanía.

10. Reforzando lo anterior, en su informe Niños en Fuga, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) encontró que de 404 niños encuestados de México y Centroamérica que se encontraban en situación migratoria irregular en los Estados Unidos, el 58% indicó que eran "desplazados por la fuerza" debido a: la violencia de los actores armados delictivos organizados, incluyendo carteles de droga y pandillas; violencia doméstica; y en el caso de México por sí solo, el 38% debido al reclutamiento forzado en las redes de tráfico de personas.

11. Según las leyes de los EEUU, un "niño o niña extranjero no acompañado" se define como un niño o niña que:

(a) carece de estatus migratorio legal en los Estados Unidos;

(b) no ha cumplido los 18 años de edad; y

(c) con respecto a quien

(i) no hay padre o tutor legal en los Estados Unidos; o

(ii) ningún padre o tutor legal en los Estados Unidos está disponible para proporcionar cuidado y custodia física1.

12. Antes de 2008, y "como una cuestión de práctica" los niños no acompañados de origen mexicano llegados a los Estados Unidos eran automáticamente expulsados hacia México a través del puerto de entrada más cercano2. La expulsión se llevaba a cabo "durante las horas del día" y dentro de las 24 horas de su llegada. Tras la adopción de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPRA) en 2008, los oficiales fronterizos de los Estados Unidos deben determinar si un niño o niña no acompañado proveniente de México puede tener necesidades de protección, antes de iniciar su regreso a México.

12. Concretamente, los funcionarios deben determinar dentro del plazo de 48 horas de la aprehensión, si el niño o niña:

(a) no ha sido víctima de una forma grave de trata y no hay evidencia creíble de que el niño estará en riesgo de ser víctima de trata a su regreso a México;

(b) no tiene temor de regresar a México debido a un miedo creíble de persecución; y

(c) es capaz de tomar una decisión independiente de retirar la solicitud de admisión a los Estados Unidos3.

13. Si los funcionarios no pueden hacer una determinación en cuanto al riesgo de trata o persecución, o si el niño o niña no es capaz de tomar una decisión independiente para retirar su solicitud de admisión a los Estados Unidos, el oficial seguirá el mismo procedimiento vigente para NNA no acompañados procedentes de países no limítrofes.

En resumen, el oficial debe brindar al niño más protección para asegurar que no es una víctima de trata de personas, ni tiene un "miedo creíble" de persecución en su país de origen antes de cualquier intento de deportar al niño.

14. Las condiciones y los mecanismos de la repatriación de los NNA no acompañados mexicanos se rigen por un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y México. Este acuerdo se implementa a través de acuerdos locales en varias áreas a lo largo de la frontera terrestre común.

15. Adicionalmente, México cuenta con un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Conforme al artículo 1º de nuestra Carta Magna que reconoce los derechos humanos contemplados tanto en la misma Constitución, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, las familias migrantes son protegidos por diversas normas jurídicas, entre ellas destacan:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4º y 11).

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Ley de Migración.

• Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados Unidos de América.

• Memorándum de Entendimiento sobre Mecanismos de Consulta Sobre Funciones del Servicio de Inmigración, Naturalización y Protección Consular.

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza.

Asimismo, existen múltiples acuerdos bilaterales que se han celebrado entre México y Estados Unidos con la finalidad de asegurar una repatriación segura y ordenada de migrantes, dentro de los que destacan:

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila- Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila – Eagle Pass, Texas y su Protocolo que lo Enmienda.

• Procedimientos para la Repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, San Diego y sus Adiciones.

• Arreglo Local para la Repatriación de nacionales mexicanos, El Paso.

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos entre las Autoridades Migratorias del Sector Laredo, el Consulado de México en Laredo, Texas y el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas.

• Acuerdo de Repatriación en las fronteras de Mc Allen y de Brownsville, Texas.

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las Fronteras de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta, Sonora.

16. Conforme al mandato constitucional establecido en su artículo 89, fracción X, corresponde una obligación para el Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado Mexicano bajo la conducción del principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Por esta razón, la problemática que viven los menores migrantes no acompañados en las fronteras con Estados Unidos de América a la espera de resolver su situación migratoria, debe ser un tema de suma importancia en la relación bilateral con nuestro país vecino del norte, impulsando una política exterior que coadyuve a mejorar las condiciones y los procedimientos a los que son sometidos los menores asegurados por las patrullas fronterizas.

17. Si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar los derechos humanos de las familias migrantes, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel. Se necesita más que una norma jurídica, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para encaminar una política integral que sea eficaz y de resultados visibles.

18. En este contexto la situación de los menores migrantes debe ser vista como una alta preocupación por parte del Estado Mexicano en la conducción de su política exterior para ser atendida de manera integral y conforme al total respeto a los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a niños migrantes en bases militares.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice la petición para que las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, respeten el debido proceso de los acuerdos binacionales, a fin de que se realicen las indagatorias correspondientes que revelen si un niño o niña no acompañado proveniente de México puede tener necesidades de protección, antes de iniciar su regreso al país.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Abel Cruz Hernández.- Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco.


1 Homeland Security Act of 2002, 6 U.S.C. § 279, § 462(g).

2 Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., Unaccompanied Alien Children: An Overview, R43599 (8 de septiembre de 2014), pág. 5.

3 TVPRA, 8 U.S.C. § 1232 (a) (2); Appleseed Network, niños en la frontera (2011), pág. 23.






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con la muerte del defensor y activista del medio ambiente, ciudadano Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, expedita y objetiva, al tiempo de remitir un informe relacionado con el desarrollo de las investigaciones. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar nuevos protocolos de atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizándoles un trato digno y seguro desde su ingreso a la institución médica. Se turna a la Segunda Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR NUEVOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, GARANTIZÁNDOLES UN TRATO DIGNO Y SEGURO DESDE SU INGRESO A LA INSTITUCIÓN MÉDICA, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ejercicio de la medicina y de los profesionistas en el área sanitaria se encuentra regulada por derechos y obligaciones entre médico-paciente, lo que exige al personal de salud prestar un servicio de excelencia, siguiendo los parámetros establecidos en las diversas legislaciones para esta materia.

El derecho a la salud se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en las legislaciones de la mayoría de los países. Entre ellos podemos destacar:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

• EL Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)

• La Carta Social Europea (1961)

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988), entre otros.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que:

“Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”1

En nuestro país, las y los mexicanos tenemos el derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.”2

En ese sentido, la Ley General de Salud señala:

“Artículo 2º.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.3

Este mismo ordenamiento contiene otro de los derechos que goza todo usuario del Sistema Nacional de Salud, ya sea este de carácter público o privado:

“Artículo 51.- “Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares”.4

Actualmente, el ejercicio de la medicina está sujeto a diversas normas para asegurar el buen desempeño de los médicos y su responsabilidad profesional, esta última hace referencia a la obligación que tienen de responder y reparar las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios cometidos en el ejercicio de su profesión, ya sea en materia civil, administrativa y/o penal.

Según lo dispone la Ley General de Salud en distintos preceptos, así como el Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas de la Comisión de Nacional de Arbitraje Médico, (CONAMED)5, la responsabilidad en que llegaran a incurrir los prestadores del servicio de salud, no se limita únicamente a los médicos, sino que se hace extensiva a las instituciones y a los técnicos o auxiliares. 6

Cabe señalar que, si el personal médico pertenece a instituciones públicas, tiene además el carácter de servidor público, por lo es sujeto de las responsabilidades señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es por ello, que un especialista de la salud debe actuar con excelencia, pues tiene en sus manos la vida de una persona que le ha confiado su salud, y aunque errar es de humanos, un error en el área médica puede tener consecuencias irreparables. Hecho que ocurre todos los días a mujeres embarazadas que, por actos u omisiones del personal de diversos hospitales, han puesto en riesgo su vida y la de sus hijas o hijos.

Tal es el caso de Mitzi Ramírez, quien por falta de atención médica adecuada en el Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tuvo complicaciones en su parto y como consecuencia su bebé murió. Ella ingresó el pasado 28 de abril al hospital de Gineco Obstetricia Número 3, con un embarazo de alto riesgo; tres días después, el 1°de mayo, se le rompió la fuente, sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la víctima, ella fue obligada a esperar para dar a luz debido a que los médicos insistieron en que su parto fuera natural, lo que ocasionó el sufrimiento fetal y el fallecimiento del mismo.7

El IMSS anunció que cuatro directivos del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional La Raza fueron cesados como parte de la investigación que se sigue sobre este caso de presunta negligencia médica. Se trata del Director Médico, el Coordinador Médico del turno nocturno, el Jefe de la División de Obstetricia y la Jefa de Departamento Clínico de Perinatología.8

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en el IMSS, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, lleva a cabo su propia investigación para deslindar responsabilidades administrativas. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio la investigación sobre el caso.9

En México, la falta de personal capacitado, de instalaciones adecuadas y de equipo médico apto para proporcionar atención obstétrica es un asunto de todos los días que, en muchos casos, termina dañando física o psicológicamente a las mujeres durante el embarazo, parto o posparto, y en la muerte de criaturas indefensas; violencia obstétrica que se genera en los servicios de salud públicos o privados y ante la que no podemos permanecer indiferentes.

Casos como el de Mitzi exhiben los grandes obstáculos que enfrentan las mujeres en nuestro país para ejercer sus derechos reproductivos que, como mencionamos, van desde la infraestructura, la falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgen­cias obstétricas, así como el trato del personal en los hospitales, que sigue siendo hostil, indigno e inhumano en muchos casos.

Esta problemática demanda cambios estructurales en el Sistema Nacional de Salud para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud obstétrica de calidad y para que no se le vuelva a negar a ningún recién nacido el derecho a nacer a salvo y sin sufrimiento.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta alta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a implementar nuevos protocolos de atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizándoles un trato digno y seguro desde su ingreso a la institución médica.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

3 Ley General de Salud. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_081217.pdf

4 Ídem.

5 Queja Médica ante el CONAMED. Disponible en: https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/queja-medica-para-conciliacion-ante-la-conamed

6 Artículos 465, 468 y 469 de la Ley General de Salud y, Art. 2, fracción XII del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas.

7 Bebé murió en Hospital La Raza; causa sería negligencia en cesárea. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/bebe-murio-en-hospital-la-raza-causa-seria-negligencia-en-cesarea/1237940

8 Por negligencia en parto, cesan a médicos de La Raza. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/sociedad/por-negligencia-en-parto-cesan-medicos-de-la-raza

9 Ídem






De la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el cuestionario básico y en el cuestionario ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de Discapacidad, con preguntas que permitan evaluar el grado de dificultad o la imposibilidad de los informantes para realizar las actividades sobre las que serán cuestionados, conforme a los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, Diputada Federal MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos décimo cuarto, párrafo segundo, y décimo sexto del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura Federal, presento a su consideración proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, conforme a lo siguiente:

CONSIDERACIONES

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) presentada en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás1.

El término discapacidad hace referencia entonces a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y los factores de su contexto, ya sean ambientales, como la configuración física y las características de la comunidad a la que pertenece, o personales, por ejemplo, su grado académico o situación socioeconómica. A las instituciones del Estado, como entes rectores de los colectivos que encabezan, les corresponde implementar medidas que coadyuven a la integración plena de las personas con discapacidad a los diversos ámbitos donde se desarrollan las actividades adscritas al curso ordinario de la existencia. La elaboración y ejecución de esas medidas en forma de políticas públicas precisa, como cualquier instrumento de la misma naturaleza, el conocimiento de la magnitud y características de la población objetivo. Estadística en una palabra.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la Convención) aprobada en la sede de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008, cuyo propósito es promover, proteger, y asegurar el goce de los derechos humanos a todas las personas con discapacidad, impone expresamente a los Estados partes en su artículo 31 la recopilación de datos estadísticos y de investigación para identificar las barreras con las cuales topan esas personas en el ejercicio de las prerrogativas fundamentales, formular las políticas tendientes a concretar la finalidad del tratado, e informar de los avances en su cumplimiento, salvando en todo caso la privacidad de los datos personales recabados.

El Estado Mexicano, como impulsor que fue de la Convención en 2004, y en su calidad de parte vinculada por haberla ratificado el 17 de diciembre de 2007, tiene la obligación moral y jurídica de traducir en cifras la realidad de las personas con discapacidad habitantes de su jurisdicción para dimensionarla y comprenderla cabalmente, con miras a realizar o fomentar acciones que les permitan desenvolverse con inconvenientes menores en sus actividades cotidianas. La captación mediante los censos de población es, a priori, el canal idóneo para satisfacer este deber.

Desde finales del siglo XIX se ha promovido a nivel internacional la celebración periódica de censos de población. Primero fueron recomendados por el Congreso Internacional de Estadística. A partir de 1958, la ONU también se interesó en impulsarlos y compilar los principios más adecuados para su verificación. Sus promotores y la experiencia han evidenciado los beneficios que reportan la recopilación, el procesamiento y la divulgación de estadísticas detalladas sobre la composición, características, distribución espacial y organización de la población de los países, como fundamento empírico para la toma de decisiones internas en gobierno, economía y sociedad2.

Entre los métodos de producción estadística, los censos se distinguen específicamente por su alto grado de precisión sobre zonas y grupos pequeños. Lo anterior, porque implican un empadronamiento individual y se rigen por los principios de universalidad dentro de un territorio definido y simultaneidad. Esto es, respectivamente, que se registra por separado a cada persona con sus particularidades, mediante el levantamiento de información sobre el terreno o con apoyo de registros administrativos; que se empadronan a todas las personas presentes o residentes en el país o, en su caso, en la región del país seleccionada para el censo; y que la obtención de datos se completa en un periodo breve y bien determinado3.

Por motivos presupuestales y para no afectar las tasas de respuesta de los informantes, el principio de universalidad suele sufrir excepciones. Así, es común que para practicar el censo se diseñen dos formularios o cuestionarios: uno básico, destinado a todas las personas por empadronar, y otro ampliado o largo para recoger información únicamente de una muestra de la población sobre temas concretos o complejos. El diagnóstico que se desprende de los datos conseguidos a partir de esta última clase de cuestionarios es más profundo en cuanto a la diversidad de condiciones de una colectividad humana, pero a la vez es incompleto porque parte de una encuesta parcial en la cual la población no entrevistada solo se apersona artificialmente en los resultados4.

La periodicidad definida también es un rasgo inherente a los censos de población. La mayoría de los Estados en el mundo han dispuesto su celebración cada 10 años, según lo plantea la recomendación internacional. La demanda de actualización de datos poblacionales en el transcurso de ese extenso plazo ha propiciado la realización de encuestas intercensales por muestreo que, además de proveer estadísticas recientes acerca de temas específicos, no requieren el despliegue físico, organizacional, técnico y presupuestario inseparable del  ejercicio censal5.

En México, la realización de todos los censos nacionales es facultad exclusiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 59 de la ley orgánica-reglamentaria del inciso B del artículo 26 de la Constitución Federal. Por lo que toca al censo de población, es el recurso fundamental del que dispone el INEGI para generar los indicadores clave del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, los cuales deben atender como mínimo los temas de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. En virtud de las ramas que reflejan, así como por su generación periódica, regular, sustentada científicamente, e indispensable para el diseño y evaluación de políticas públicas de alcance nacional, dichos indicadores son información de uso obligatorio para las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México6. Constituyen pues, una referencia ineludible para la planeación de acciones gubernamentales, en cuanto a en que deben consistir y los ámbitos a donde han de enfocarse.

En lo que atañe a la identificación de la discapacidad, el INEGI incorporó por primera vez una serie de preguntas en el Cuestionario Básico del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 basadas en los parámetros de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 19807, a saber:

1. ¿Tiene limitación para moverse, caminar, o lo hace con ayuda?

2. ¿Tiene limitación para usar sus brazos y manos?

3. ¿Es sordo(a) o usa un aparato para oír?

4. ¿Es mudo(a)?

5. ¿Es ciego(a) o solo ve sombras?

6. ¿Tiene algún retraso o deficiencia mental?

7. ¿Tiene otra limitación física o mental?

En el Cuestionario Ampliado del mismo censo el INEGI indagó igualmente por vez primera las causas de la discapacidad, preguntando si la limitación manifestada previamente era de nacimiento o causada por una enfermedad, accidente, edad avanzada, u otro motivo.

En el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda del año 2010 se incluyó nuevamente en la sección de características de las personas el subtema de discapacidad, pero los cuestionamientos formulados no se basaron ya en los conceptos de la CIDDM sino en los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad (GW) elaborados desde el enfoque de la CIF, lo cual significó erradicar de las preguntas los adjetivos empleados tradicionalmente para designar la ausencia total de audición, visión y habla, así como el término “limitación” (excepto de la última interrogante “¿Tiene alguna limitación mental?”) para iniciar la entrevista preguntando si el informante tenía “dificultad” para8:

1. Caminar, moverse, subir o bajar;

2. Ver, aun usando lentes;

3. Hablar, comunicarse o conversar;

4. Oír, aun usando aparato auditivo;

5. Vestirse, bañarse o comer;

6. Poner atención o aprender cosas sencillas.

A dicha interrogante, los entrevistados solo pudieron responder afirmativa o negativamente, sin hacer precisión alguna.

Las diferencias entre los cuestionarios básicos de estos censos tornaron ineficaz la comparación entre sus resultados. En efecto, es imposible saber si la brecha entre las casi 1.8 millones de personas que en el 2000 reportaron una discapacidad y las 5, 739, 2709 que 10 años más tarde declararon la misma condición obedece a un aumento real en el volumen de la población discapacitada, o a que el empleo del término “dificultad” en las preguntas hechas en 2010 abarcó a individuos que habían respondido negativamente en el censo anterior a la voz “limitación” -más aproximada a denotar un impedimento total- o a los adjetivos absolutos relativos a la vista, al oído y a la expresión oral.

Empero, la variación supuso un avance. Respecto de la materia en comento, al Censo 2010 lo avala haber tomado como modelo las líneas a inquirir  recomendadas a partir del 2006 por el GW, las cuales fueron trabajadas por un conjunto de expertos durante 5 años, a saber:

1. Dificultad para caminar o subir escalones;

2. Dificultad para ver, aun usando lentes;

3. Dificultad para comunicarse (por ejemplo, entender a los demás o que los demás lo entiendan) a causa de un problema de salud física, mental o emocional;

4. Dificultad para oír, aun usando audífonos;

5. Dificultad para realizar tareas de cuidado personal, como lavarse o vestirse;

6. Dificultad para recordar o concentrarse.

Actualmente, constituyen la referencia más aceptada en el mundo. Además de por el prestigio que les comunicaron sus creadores, por traer aparejadas 4 respuestas excluyentes que permiten graduar, en su caso, la dificultad revelada por los declarantes: ninguna dificultad, poca dificultad, mucha dificultad e imposibilidad. Desafortunadamente, en México no se ha aplicado esta  propuesta del GW sino en proyectos basados en muestras. Por el formato de los cuestionarios de los ejercicios censales realizados hasta ahora, únicamente es dable conocer con precisión  el número de los sujetos que contestaron afirmativamente a los cuestionamientos sobre si tenían uno o más de los tipos de discapacidad contemplados, pero no la escala en que los padecen.

Todo indica que no se corregirá esa omisión en el Censo de Población y Vivienda que habrá de efectuarse en el año 2020. No al menos, de manera que contribuya a la construcción de una estadística fidedigna de las personas con discapacidad apta como punto de partida para diseñar las políticas públicas enderezadas a ese sector en  la tercera década del siglo XXI. Durante la consulta pública llevada a cabo por el INEGI entre el 21 de agosto y el 30 de noviembre del 2017 para definir la metodología de aquel censo, se advirtió la ausencia del subtema discapacidad en la ficha técnica del cuestionario básico, de carácter censal, y que se planeaba abordarlo en su totalidad con las variantes “Condición de discapacidad o limitación”, “Tipo de discapacidad (sic) o limitación” y “Causa de la discapacidad o limitación” en el cuestionario ampliado, de carácter muestral10.

Del 4 de agosto al 26 de septiembre de 2014, el INEGI llevó a cabo la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Las encuestas que realiza el Instituto son alternativas para complementar otros proyectos de recolección y análisis de información proveedores del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, como son los censos nacionales y los registros administrativos. En este tenor, la ENADID 2014 fue emprendida para dar continuidad a una serie de proyectos estadísticos sobre la dinámica demográfica mexicana que miran a la formación permanente de indicadores clave acerca de fecundidad, preferencias reproductivas, mortalidad infantil y demás tópicos de índole poblacional. Para efectuarla se seleccionaron 101, 389 viviendas particulares a nivel nacional con base en el Marco Nacional de Viviendas 2012, el cual es la muestra maestra de diseño probabilístico, estratificado, unietápico y por conglomerados de la que se desprenden las muestras de todas las encuestas por viviendas que le incumben al INEGI11.

Según las estimaciones que derivaron de la ENADID 2014, México contaba en ese año con 7.1 millones de habitantes que tenían problemas emocionales o mentales o que no podían hacer, o no sin poca o mucha dificultad, alguna de las siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver, aun usando lentes; mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. Es decir, la población con discapacidad aumentó en 1.12 % respecto a la detectada en 2010. El 49 % del sector estudiado correspondió al sexo masculino y el resto a mujeres. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) eran adultos mayores (60 años y más) y el 34.8% oscilaban entre los 30 y los 59 años de edad12. Como ya se insinuó líneas arriba, la ENADID tuvo el mérito de cuestionar a los informantes sobre el grado de dificultad que experimentaban para desarrollar una o varias de las actividades enunciadas en el formulario, a imitación de la obra del GW. En general, es incontestable además su valía como instrumento de actualización de los datos que el Estado y nuestra sociedad ocupan para formar opinión y medidas en beneficio de quienes padecen una disminución motriz o perceptiva.

Con todo, es menester hacer hincapié en que el aporte de la ENADID, así como el de cualquier proyecto estadístico basado en una muestra, son solo estimaciones. Válido y aun necesario es atenerse a ellas en los periodos intercensales, pues la confiabilidad de los insumos informativos oficiales decaería si su renovación aguardara en todo tiempo a la celebración del censo. Pero llegado el momento de emprenderlo, no debe desperdiciarse la oportunidad de cobertura universal en los temas que por su relevancia o rezago exigen mayor exactitud, empezando por las cifras. Nadie pondrá en duda que la discapacidad es uno de esos temas.

En el comunicado de prensa con el que presentó el informe de resultados de la consulta pública para la definición de la metodología del Censo 2020, el INEGI se comprometió a trabajar en la prueba temática a practicarse en el segundo trimestre del 2018 el subtema discapacidad, para su inclusión en el cuestionario básico13. Digna de reconocimiento es esta postura del Instituto, que no ignoró las propuestas enviadas en el curso de la consulta sobre el particular, ni las voces de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que en abril de este año manifestaron su preocupación por la relegación de dicho subtema al cuestionario ampliado.

No obstante es pertinente insistir, mediante un exhorto al INEGI, en que incluya tanto en el cuestionario básico como en el ampliado que diseñe para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de discapacidad. Lo anterior, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión, en su carácter de representación popular, pueda dar seguimiento al proceso de inclusión del subtema reiteradamente aludido al cuestionario de cobertura universal, y obtenga uno o varios informes del Instituto acerca de sus avances y conclusión.

También es pertinente exhortar al INEGI a que en ambos cuestionarios pregunte a los informantes si tienen poca, mucha o ninguna dificultad, o si están impedidos para hacer alguna de las actividades que se consideren en el subtema discapacidad. Abordar estos puntos exclusivamente en el cuestionario ampliado equivaldría a ignorar a la población con discapacidad comprendida en el 43 % de la población total del país, pues se planea que este formulario solo se aplique en las 217 localidades con 50, 000 o más habitantes, las cuales albergan únicamente al 53 % de la comunidad nacional14.

Toda vez que el punto de acuerdo que se propone tiene por objeto la inclusión del subtema discapacidad en los cuestionarios básico y ampliado, y a que en ambos se prevean preguntas que permitan evaluar el grado de dificultad o la imposibilidad de los informantes para realizar las actividades sobre las que, en su caso, sean interrogados, conforme a los criterios del GW, debe tramitarse de urgente resolución, pues el periodo en el que el Instituto puede atender favorablemente este llamado es el de la prueba temática, es decir, los días restantes del mes de mayo y el mes de junio del corriente. 

Por lo manifestado, someto a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que incluya en el Cuestionario Básico y en el Cuestionario Ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema “discapacidad”, y a que pregunte a las y los  informantes en ambos cuestionarios el grado de dificultad o si les es imposible realizar las actividades contempladas en ellos conforme a los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad.

Comisión permanente del Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.


1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

2 Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, Revisión 2, ONU, Nueva York, 2008, p. 5.

3 Ibíd., pp. 6 y 8.

4 Ibíd., pp. 18 y 19.

5 Ibíd., pp. 8 y 14.

6 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, artículos 6, párrafo primero, 21, 22, párrafo primero, fracción I, 59, párrafo primero, I y 78.

7 REYES Manzano, Jorge, La medición de la discapacidad en México en los censos de población 2000 y 2010; experiencia, resultados y retos (ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población realizado en Lima del 12 al 15 de agosto de 2014), pp. 3-4. http://www.alapop.org/Congreso2014/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2014_FINAL230.pdf

8 REYES Manzano, Jorge, op. cit., pp. 3-4.

9 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

10 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Metodología en Consulta Pública. Fichas Técnicas de los Cuestionarios Básico y Ampliado.
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pdf http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado.pdf

11 INEGI, Diseño muestral de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, INEGI, México, 2015, pp. VII, 3, 6 y 7.

12 INEGI, La discapacidad en México, datos al 2014, INEGI, México, 2016, p.22.

13 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/RestConsCPYV2020_2018_04.pdf

14 FONCE Segura, Carlos Daigoro, Discapacidad y el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020, México, 2017; INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020…, op. cit., p. 7.






De legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral inicie una investigación de oficio al gobierno estatal de Puebla por su arbitraria injerencia en los comicios locales. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las próximas elecciones reconfigurarán el mapa político del país. La insultante corrupción, los elevados índices de inseguridad, la pobreza creciente, la desigualdad insultante y, en general, 18 años de dos gobiernos federales fracasados –dos panistas y uno priísta-, serán llevados al tribunal democrático de las urnas el 1º de julio.

Quienes ostentan el poder a nivel federal y en los gobiernos estatales temen a ese llamado a la rendición de cuentas que tienen con la sociedad mexicana. Ese miedo a perder el poder es proporcional al tamaño de su fracaso como representantes populares.

Hoy los partidos en el gobierno a nivel federal y estatal temen perder el poder porque por medio de éste se han enriquecido, han hecho negocios con la política; han abusado de ese poder y han delinquido con él. Lo han pervertido porque en lugar de servir a la sociedad se han servido a ellos mismos.

Ahora, ante ese miedo a perder el poder y las ilegales prebendas que obtienen por medio de él, pretenden mantenerlo a toda costa, así sea violando la ley.

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México elegirán gobernador y Jefa de Gobierno. En estas entidades federativas hemos visto toda suerte de atropellos y arbitrariedades por parte de sus gobiernos locales con la finalidad autoritaria de mantener a sus partidos en el poder, a pesar de que la voluntad popular se encamina a otra opción partidista honesta y democrática.

Reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas negras o de odio, destrucción u obstaculización de propaganda electoral, todo para condicionar el voto o afectar la equidad en la contienda, son actos perpetrados por los gobiernos locales para beneficiar a sus partidos políticos.

Un caso particularmente grotesco por su arbitrariedad es que el actualmente ocurre en Puebla, en donde el gobierno del estado ha recurrido a estas prácticas ilegales como expresión de su autoritarismo, en desfalco del erario público poblano y de la equidad electoral constitucionalmente mandatada.

Así, el gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de espectaculares del candidato a la gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer indebidamente a la candidata de su partido, Martha Erika Alonso de Moreno Valle.  

El gobierno estatal de Puebla también se aprovechado incluso de las necesidades de estudiantes de educación básica. Desde enero pasado han repartido a los niños zapatos con el logo del gobierno local, cuyos colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.

La administración de Gali Fayad también ha recurrido a la promoción personalizada de la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle utilizando recursos públicos. Un ejemplo de ello es el uso del programa “Mis Raíces” para promover la imagen de la candidata panista ante familias poblanas en su gira por Estados Unidos.

Toda esta canalla política puede resumirse en una constante: Se está implementando una elección de Estado para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Con esta ilegal injerencia en el proceso electoral local, el gobierno de José Antonio Gali Fayad golpea a la sociedad poblana por dos vías:

1.- Defrauda a la hacienda pública local al desviar sus recursos para apoyar ilegalmente a la candidata de su partido; y

2.- Vulnera la voluntad popular e impide que las elecciones sean auténticas, pues busca fabricar una preferencia artificial por Martha Erika Alonso.

En esta elección están en juego múltiples cargos de elección popular, pero también está en juego la credibilidad y legitimidad de las instituciones electorales, pero también de los gobiernos, de los congresos y de los tribunales.

¿Cómo deben ser percibidas las autoridades por la sociedad? ¿Cómo una caterva de individuos capaces de todo por mantener sus privilegios y que no merecen el menor de los respetos, o como instrumentos a los que la sociedad democrática mandata el resguardo del interés público y el bienestar general?

Por eso, este es el momento de los garantes de la legalidad y la equidad electoral. Es el momento para que el árbitro electoral asegure que la voluntad popular, en el día de su expresión más intensa, sea cabalmente respetada. Este es el momento de que el Instituto Nacional Electoral asuma plenamente la función de guardián democrático que Constitución le encomienda y materialice la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, ahora amenazadas por la arbitrariedad de los déspotas políticos próximos a perder el poder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena todo acto de intromisión del gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita atentamente al Instituto Nacional Electoral que inicie, de oficio, un procedimiento de investigación sobre el gobierno estatal de Puebla, encabezado por Jose Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Suscriben.






Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas Ivanova Pool Pech, Cristina Ismene Gaytán Hernández e Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la ex Directora General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México; así como al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a fin de explicar las acciones emprendidas para solventar las fallas y problemas que padeció el servicio de pagos electrónicos interbancarios durante abril y mayo de 2018. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, realicen y fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X’cacel y X’cacelito. Se turna a la Tercera Comisión.

El Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONTINUAR Y FORTALECER CON LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS X´CACEL – X´CACELITO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con diversas organizaciones internacionales como “American Tortoise Rescue”, el 23 de mayo se celebra el Día Internacional de las Tortugas Marinas, con la finalidad de apoyar en la protección de las especies y sus hábitats en todo el mundo.

Actualmente se conocen siete especies de tortugas marinas de las cuales seis se distribuyen en mares de jurisdicción mexicana. Es nuestro país donde se localizan playas de gran importancia mundial de anidación de estos reptiles marinos.

Las especies de tortugas marinas que se distribuyen en el golfo de México y el mar Caribe, así como las del océano Pacífico, incluyendo el golfo de California, son la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora (Lepidochelys kempii), tortuga blanca o verde (Chelonia mydas), tortuga caguama o perica (Caretta caretta), tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y sus subespecies, que se encuentran clasificadas como en peligro de extinción dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Categorías de riesgo1 y enlistadas en la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)2.

Las tortugas marinas son organismos considerados biológicamente importantes por tratarse de seres vivos que han permanecido millones de años en el planeta y han superado los cambios drásticos en los ecosistemas a lo largo de su evolución. Sin embargo, debido a su explotación y al deterioro de los ecosistemas que ha provocado el humano, las tortugas marinas se encuentran en grave peligro de extinción.

En nuestro país, la explotación de tortugas marinas y de sus productos alcanzó niveles alarmantes en la década de los setenta. En consecuencia se implementaron vedas nacionales, cuya finalidad era proteger y equilibrar las poblaciones naturales. No obstante, prácticas clandestinas, como la caza y el acopio ilegal de huevos y adultos de tortugas marinas, han provocado que los resultados no sean ciento por ciento satisfactorios.

Por lo anterior, desde 1986 se decretaron como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina en 16 áreas naturales protegidas3.

Estado

Playa

Tamaulipas

Playa Rancho Nuevo

Yucatán

Playa adyacente a la localidad Ría Lagartos

Sinaloa

Playa Ceuta

Sinaloa

Playa El Verde Camacho

Jalisco

Playas de Mismaloya, Teopan y Cuitzmala,

Oaxaca

Playa de Escobilla

Quintana Roo

Playa Isla Contoy

Michoacán

Playa Mexiquillo

Michoacán

Playas Maruata y Colola

Jalisco

Playa Mismaloya

Guerrero

Playa de Tierra Colorada

Guerrero

Playa Piedra de Tlacoyunque

Chiapas

Playa Puerto Arista

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realiza acciones de protección en 32 campamentos tortugueros, en los cuales se liberan cada año más de 30 millones de crías de tortugas marinas, representando cerca del 90% del total de crías que se protegen anualmente en México4.

En el caribe mexicano llega la visita de la tortuga verde (Chelonia mydas), caguama (Caretta caretta), carey (Eretmochelys imbricata) y laúd (Dermochelys coriacea).

En Quintana Roo el 21 de febrero de 1998, se publicó el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida la región denominada X´cacel – X´cacelito, con la categoría de zona sujeta a Conservación Ecológica, Santuario de la Tortuga Marina.5

Este Decreto, se derivó de la importancia de estas playas que son consideradas las de mayor densidad de anidación a nivel nacional de las especies de tortuga marina caguama (Caretta caretta) y blanca o verde (Chelonia mydas).

Destaca que en el Programa de Manejo del Santuario de la Tortuga Marina X´cacel, X´cacelito indica que uno de los problemas en el santuario es que se localiza en una zona turística importante, lo que representa un problema para la conservación de las tortugas al sufrir presión por parte de los desarrolladores que pretenden la construcción de infraestructura turística, en este sentido para el manejo y protección de la zona es necesario proponer estrategias de conservación y protección que garanticen la continuidad de los procesos de anidación de estos quelonios6.

Ante esta problemática el Partido Verde en el año 2000 presentó una proposición con punto de acuerdo para la protección para el santuario de tortuga marina, en Xcacel-Xcacelito, Quintana Roo, del desarrollo del Grupo Sol Melia el cual, pretendía 104 habitaciones dentro del Santuario de la Tortuga marina. Con ello y gracias a diversas acciones de protección en la zona realizadas por organizaciones ecologistas y la sociedad civil, el 9 de agosto de 2001, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinó que el proyecto era improcedente, y emitió una revocación definitiva del Proyecto.

Este logro, permitió que hasta el día de hoy, las playas de X´cacel y X´cacelito, continúen recibiendo a miles de tortugas marinas, que gracias al trabajo de organizaciones civiles y voluntarios ayudan a que las anidaciones y retorno de las crías al mar, sea un éxito en el estado de Quintana Roo. Destaca que en el año 2015 se registró como cifra récord más de 4 mil 700 nidos de las especies de tortuga caguama y blanca en tan solo 2.5 kilómetros de playa.

Sin embargo, es imprescindible la continua vigilancia en estas playas, y no sólo ante construcciones inmobiliarias o turísticas, sino también para la prevención de la contaminación.

En el Programa de Manejo del Santuario de la Tortuga Marina, se detectaba la acumulación de residuos sólidos, donde se observaban productos plásticos como arillos de cerveza, latas o refrescos; vidrio, colillas de cigarro, entre otros.

En este sentido es importante mencionar que a 18 años de la publicación de dicho programa de manejo, la contaminación continúa en las playas de esta zona, y pueden verse los mismos residuos.

El 7 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece con el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de las especies que se indican en la porción marina ubicada frente a los poblados de San Miguel, en el municipio de Solidaridad y los poblados de Akumal, Aventuras, Bahía Príncipe, Chemuyil, Xcacel-Xcacelito y La Esperanza, todos éstos en el municipio de Tulum y que se localiza aproximadamente a 37 km al sur de Playa del Carmen en el Estado de Quintana Roo, con una superficie de 1,653, para la protección de las especies tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata); cuerno de alce (Acropora palmata), cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), corales blandos o abanicos de mar (Plexaura homomalla y Plexaura dichotoma); mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y mangle rojo (Rhizophora mangle) y los pastos marinos de las especiesThalassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii.

Las áreas de refugio de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 65, tienen por objeto proteger las especies nativas de vida silvestre que se desarrollen en el medio  acuático, en aguas de jurisdicción federal marítimo terrestre y terrenos inundables, para conservar y contribuir, al desarrollo de dichas especies, así como para salvaguardar sus hábitats, a través de programas de protección correspondientes.

A más de dos años de publicado el presente Acuerdo, la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, no ha elaborado el Programa de Protección, por lo cual sigue sin la protección necesaria para el resguardo de las especies silvestres.

Por lo anterior, en continuidad a las acciones de protección de las playas de anidación de tortuga blanca y caguama en X´cacel y X´cacelito, y en el marco del Día Internacional de las Tortugas Marinas el presente punto de acuerdo tiene por objetos:

• Solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar y publicar el Programa de Protección del Protección del área de refugio de Bahía de Akumal.

• Exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con el Gobierno estatal de Quintana Roo, se realicen operativos de limpieza en las playas de X´cacel y X´cacelito.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo realicen y fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X´cacel y X´cacelito.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar y publicar el Programa de Protección del área de refugio de Bahía de Akumal, de conformidad de con acuerdo aprobado el 7 de marzo del 2016.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 30 de mayo de 2018.

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.


1 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010 página consultada el 16 de mayo de 2018

2 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, quien contempla listas de especies que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva https://www.cites.org/esp/app/appendices.php página consultada el 17 de mayo de 2018

3 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/playas-mexicanas-sitios-de-refugio-y-proteccion-de-tortugas-marinas?idiom=es

4 https://www.gob.mx/conanp/prensa/la-conanp-celebra-dia-mundial-de-las-tortugas-54212

5 https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/sistema_nacional/documentos/ANPL/QRoo/XCACEL-XCACELITO.pdf

6 http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/20122/mir/42194/anexo/3357186






De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal por ser inconstitucional; a la Policía Federal para que de inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b) del reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal en contra los pequeños transportistas, así como del denominado hombre-camión por ser un acto inconstitucional. Se turna a la Tercera Comisión.

JUAN ROMERO TENORIO y ALFREDO BASURTO ROMÁN Diputados Federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

ANTECENDETES

PRIMERO.- El del autotransporte es un sector que se encuentra directa e indirectamente relacionado con la mayor parte de las actividades económicas de nuestro país, participa con el 4.9 por ciento del PIB nacional y contribuye con más del 78% del PIB del sector transporte. Además, genera alrededor de 2 millones de empleos directos.

A través del autotransporte federal se mueve el 82% de la carga terrestre y el 56% de la carga nacional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al finalizar el año 2012 se tenían registradas aproximadamente un total de 715,683 unidades, de las cuales el 86.1% correspondían al autotransporte de carga general y el 13.9% al de carga especializada.

De ese gran total de unidades registradas:
• 203,219 vehículos correspondían al hombre-camión (1 a 5 unidades) con un registro de 110,385 empresas;

• 220,676 vehículos pequeña empresa (6 a 30 unidades), con un registro de 19,544 empresas;

• 121,583 vehículos mediana empresa (31 a 100 unidades), con un registro de 1,373 empresas;

• 170,205 vehículos gran empresa (+ de 100 unidades) con un registro de 170,205 empresas;

Los datos revelan que la pequeña empresa y el hombre-camión son quienes ostentan el mayor número de unidades con el 59%, además son quienes poseen una mayor participación en la estructura empresarial con un 98% por ciento del total de empresas que prestan el servicio y que proporcionan un importante volumen de carga a los diferentes sectores productivos y comerciales del país.

Sin embargo, es precisamente el hombre-camión el que no ha podido modernizar sus vehículos por la falta de esquemas financieros y fiscales que les permitan obtener condiciones favorables para la sustitución de sus unidades, muchas de las cuales tienen una antigüedad superior a los 20 años. Ellos se han visto en la necesidad de repotenciar sus unidades para seguir proporcionando el servicio y subsistir en esta competida actividad.

En el año 2000 la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) aprobó el Decreto del Acuerdo de Carácter Esencial, el cual permite repotenciar camiones y autobuses de modelos atrasados con autopartes nuevas o usadas, respetando el chasis como original.

Este hecho promovió la modernización de más de 15,000 unidades con partes importadas de Estados Unidos; y permitió la subsistencia de los hombres-camión y pequeños empresarios. Ello representó un buen inicio, sin embargo, es un hecho que el hombre-camión necesita mayores apoyos para seguir realizando su trabajo.

Para el caso es necesaria la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía lleven a cabo nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a estos trabajadores del transporte, sustituir o en su caso des chatarrizar sus unidades de carga a fin de hacer más eficiente y moderno al sector. Esto permitiría de manera inmediata repotenciar las más de 200,000 unidades con partes legalmente importadas y ensambladas en cada una de las diferentes configuraciones vehiculares que poseen el hombre-camión y la pequeña empresa.

La problemática que enfrenta el sector del autotransporte, particularmente el hombre-camión, se agudiza debido al incremento constante que se tiene en los gastos de mantenimiento de las unidades, el costo del combustible, el alto peaje en las carreteras, y los diversos gastos relacionados con la normatividad existente.

De igual forma, debe señalarse la falta de créditos que se ajusten a las necesidades del hombre-camión, a diferencia de las medianas y grandes empresas que cuentan con acceso a créditos más accesibles ya que cuentan con capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.

El hombre-camión tiene un escenario complejo, ya que el acceso al crédito es restringido y, en la mayoría de los casos, no posee las garantías suficientes haciendo que este sea costoso. Además, los precios en la adquisición de unidades son más altos, ya que no pueden adquirirlas en volumen, por lo que sus posibilidades se limitan a la obtención de seminuevos o, en su caso, autopartes y refacciones, para la repotenciación de sus vehículos para seguir manteniendo el servicio.

Por el otro lado, el Programa de Chatarrización que lleva a cabo la SCT no favorece la situación que atraviesa el hombre-camión, por lo que se requiere que se implementen esquemas financieros más flexibles e incentivos fiscales más favorables que permitan modernizar y hacer más eficiente el autotransporte de carga en nuestro país.

Esta demanda para que se modernice el sector de autotransporte proviene de organizaciones sociales y gremiales como la Asociación Nacional Transportista Asociación Civil (ANTAC), organización que representa al Hombre Camión. 

SEGUNDO.- El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra refiere que:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.”

Por su parte, el artículo 26 constitucional, apartado A, consagra la facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Asimismo, el artículo 3o. de la Ley de Planeación prevé que, mediante la planeación, se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados y el artículo 16 del mismo ordenamiento legal establece la responsabilidad de las dependencias para elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, los gobiernos de las entidades federativas, y las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; asegurando la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República.

En este orden, y con fundamento en lo anterior, el 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece cinco metas nacionales: 1) México en Paz, 2) México Incluyente, 3) México con Educación de Calidad, 4) México Próspero y 5) México con Responsabilidad Global; así como tres estrategias transversales: A) Democratizar la Productividad, B) Gobierno Cercano y Moderno, y C) Perspectiva de Género. Todas para llevar a México a su máximo potencial.

Conviene destacar que el Capítulo VIII del citado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominado "Sistema Nacional de Planeación Democrática", refiere que con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración elaborará, entre otros programas, el "Programa Nacional de Infraestructura", y que los programas que emanen del Plan Nacional de Desarrollo deberán ser sujetos de medición y seguimiento.

En este orden, se publicó el Acuerdo 01/2013, por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, en los cuales se establecen los elementos y características que deben contener los programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Nacional de Infraestructura contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias y concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el Gobierno de la República, que se llevarán a cabo en esta Administración. No obstante, debe señalarse que estas disposiciones no tuvieron positivos para la problemática del transporte conocida como Hombre-camión.

TERCERO. Por su parte el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-20181publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013 señala: 

“Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 36 establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otros:

I) Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

III) Otorgar concesiones y permisos para: establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional; para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras federales; el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua y para construir las obras que le corresponda ejecutar;

IX)   Construir y conservar los caminos y puentes federales;

X)  Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares y;

Además, los ordenamientos legales siguientes establecen diversas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las materias que se indican:

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

El Programa está alineado para formular y conducir las acciones que necesita México para el desarrollo del transporte y las comunicaciones.
...
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es una dependencia del Gobierno de la República con una influencia significativa en el desarrollo económico nacional y en la calidad de vida de los mexicanos.

El Programa desarrolla la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuye al cumplimiento de las Cinco Metas Nacionales y las Tres Estrategias Transversales del PND 2013-2018.

El Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en:

1…3

4.     Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes.

Autotransporte federal

Apoyar la modernización del parque vehicular de autotransporte federal, el principal modo de transporte de personas y bienes, a través de un esquema que combine estímulos fiscales y créditos con el objetivo de reducir la edad promedio de las unidades, especialmente las del hombre-camión y pequeño transportista.”

CUARTO. Aun cuando la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Sobre Metrología y Normalización dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios y que el artículo 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, persisten una serie de problemas estructurales y normativos que contradicen los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que frenan el desarrollo del sector.

En específico tanto las Normas Oficiales NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”2; la NOM-068-SCT-2-2014 concerniente al “Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal”3; y la NOM-086-SCT2-2015 relativa al “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”4, como el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales en su conjunto conforman un sistema que favorece a las grandes empresas y que oprimen el crecimiento del sector que el Plan Nacional de Desarrollo denomina Hombre Camión.

El círculo vicioso comienza cuando por un lado la norma oficial NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal” impide a los pequeños transportistas y al Hombre Camión a circular a través de las carreteras libres de peaje y en cambio los obliga a transitar por la RED FEDERAL DE CARRETERAS DE CUOTA, de lo contrario, son extorsionados por la Policía Federal, quienes aduciendo el reglamento de la Policía y la normas oficiales retienen de manera anticonstitucional e ilegal los vehículos de transporte de carga. Los Pequeños transportistas y el Hombre Camión, no están en condiciones económicas para soportar que una unidad sea retenida durante varios días, lo que los hace encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

Estas retenciones de unidades significan acciones son CLARAMENTE INCONSTITUCIONALES toda vez que el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b), al hacer exigible una pena por no ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas a través de las infracciones de los policías federales que transitan en las carreteras mexicanas, violenta las facultades exclusivas del Congreso de la Unión sobre el señalamiento de penas, cuando no está facultado para ello.

Lo que actualmente sucede es que la Policía Federal al aplicar el Reglamento de Tránsito en Carreteras Y Puentes de Jurisdicción Federal, remite a la Norma Oficial Mexicana, para su cumplimiento.

 “Artículo 218.- El retiro de la circulación de vehículos se hará conforme a lo siguiente:

I…III

IV. Asimismo, se entenderá que los vehículos no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y serán remitidos a depósitos de vehículos permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el respectivo tramo carretero, cuando se encuentren en tránsito bajo las siguientes circunstancias:

a) No estén provistos de placas metálicas de identificación vehicular, tarjeta de circulación y, en su caso, engomado vigente, conforme al artículo 85 de este Reglamento, y el conductor no porte su licencia de manejo vigente o el documento que la supla, conforme al artículo 81, fracción II, del mismo ordenamiento;

b) Excedan las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad máximas permitidas en la correspondiente Norma Oficial Mexicana, y

…”

Esta acción de remitir aspectos punitivos de los reglamentos a otras normas que no tiene carácter de leyes se les conoce como normas penales en blanco y está prohibida en nuestra legislación; toda vez que estaríamos frente a normas donde existe un acto materialmente legislativo, puesto que son elaboradas y aprobadas por el Ejecutivo y ejecutadas por las autoridades administrativas dependientes de aquel,  lo equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal, cuando es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la Unión legislar en materia faltas federales.

Sirva para apoyar lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:

“NORMAS PENALES EN BLANCO. SON INCONSTITUCIONALES CUANDO REMITEN A OTRAS QUE NO TIENEN EL CARÁCTER DE LEYES EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL. Los denominados "tipos penales en blanco" son supuestos hipotéticos en los que la conducta delictiva se precisa en términos abstractos y requiere de un complemento para integrarse plenamente. Ahora bien, ordinariamente la disposición complementaria está comprendida dentro de las normas contenidas en el mismo ordenamiento legal o en sus leyes conexas, pero que han sido dictadas por el Congreso de la Unión, con apoyo en las facultades expresamente conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, las "normas penales en blanco" no son inconstitucionales cuando remiten a otras que tienen el carácter de leyes en sentido formal y material, sino sólo cuando reenvían a otras normas que no tienen este carácter –como los reglamentos–, pues ello equivale a delegar a un poder distinto al legislativo la potestad de intervenir decisivamente en la determinación del ámbito penal, cuando es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la Unión legislar en materia de delitos y faltas federales.5

Además la aplicación del reglamento pasa por alto lo previsto en el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

“artículo 89 constitucional.- las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

[…]”

Cabe recordar que este sector transportista representa a 110,385 empresas y 203,219 vehículos correspondientes al hombre-camión (1 a 5 unidades).

Sin embargo la norma NOM-012-SCT-2-2014 es totalmente discriminatoria, puesto que saca a los pequeños transportistas y al Hombre Camión de las carreteras libres y los obliga a transitar por la RED FEDERAL DE CARRETERAS DE CUOTA. Lo que en los hechos se traduce en que los operadores de unidades de autotransporte que no pertenecen a las grandes empresas, distinguibles a simple vista por el rotulado de sus unidades, son detenidos para revisión, aun teniendo sus permisos en regla y son extorsionados por la policía federal y obligados a pagar cantidades de hasta $70 mil peso de multa o so pena de sufrir la retención de sus unidades, mediante una norma claramente inconstitucional.  Lo que además de violenta el derecho humano de libre tránsito establecido en el artículo 11 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

“Artículo 11.
Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las Leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

…”

Es decir el artículo 11 constitucional establece, entre otras, las siguientes consideraciones:

a) El tránsito consiste en la libertad de los individuos para su movilización y desplazamiento por el territorio nacional; este libre tránsito se podrá realizar sin necesidad de documentación de ningún tipo, sin que la autoridad tenga prerrogativa alguna para impedirlo

Estas Normas Oficiales NOM-012-SCT-2-2014 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”6; La NOM-068-SCT-2-2014 concerniente al “Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal”7; y la NOM-086-SCT2-2015 relativa al “Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales”, se concatenan con el mencionado  Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, para formar un candado que impide el desarrollo del sector del pequeño transportista y del Hombre Camión, contraviniendo con ello los objetivos de la Constitución, la Ley el Plan Nacional de Desarrollo y  el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

QUINTO.- Considerando que el crecimiento económico es un tema estratégico y prioritario para México ya que representa el medio para generar desarrollo y es la pieza clave para incrementar la competitividad, se deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se hayan propuesto.

Por lo que es urgente una acción inmediata por parte del Ejecutivo federal y sus dependencias, específicamente de la Policía Federal y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que revisen la normatividad existente a fin de permitir el desarrollo nacional y la creación de fuentes de empleo que propicien el bienestar para la población en su conjunto.

Por todo lo anterior, sometemos ante esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal parta que derogue el artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b), del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal por ser inconstitucional.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Policía Federal para que de inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b), del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal en contra los pequeños transportistas así como del denominado hombre-camión por ser un acto inconstitucional.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que inicie el proceso de modificación de las normas oficiales NOM-012-SCT-2-2014, “sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”; NOM-068-SCT-2-2014, “Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal”; y la NOM-086-SCT2-2004, “señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras”, a fin de permitir el desarrollo del sector de pequeños transportistas y al Hombre Camión que propicien la creación de fuentes de empleo y el bienestar para la población.

Recinto de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Juan Romero Tenorio.- Dip. Alfredo Basurto Román.


1 DOF: 13/12/2013 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2013

2 DOF: 14/11/2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014

3 DOF: 19/01/2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2015

4 DOF 11/04/2008 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/Normas/Oficiales/2008/11042008(1).pdf

5 Registro: 1011708; Época: Novena Época; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales; Primera Parte - SCJN Décima Quinta Sección - Garantías del inculpado y del reo; Materia(s): Penal; Tesis: 416; Página: 1444. http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1011/1011708.pdf

6 DOF: 14/11/2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014

7 DOF: 19/01/2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2015






De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, incluido en el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2016. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México no avanza en el sentido correcto.

Esta no fue una frase hueca sin sentido que emitió el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, al cual pertenezco.

Al recorrer los distritos electorales que nos corresponden, los diputados ciudadanos escuchamos de manera diaria y repetitiva la necesidad que los recursos presupuestales aprobados en la Cámara de Diputados bajaran a las comunidades, a las colonias, ya que los beneficios de dichos recursos no se veían.

Lo anterior, nos preocupaba y ocupada.

Durante tres años dimos la batalla para llevar la voz de los ciudadanos libres que representamos con la premisa de buscar mejores distribuciones presupuestales.

En tiempos de entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública1 que elabora la Auditoría Superior de la Federación (ASF), retomábamos las ideas centrales que demostraban las áreas de oportunidad y mejora del gasto público pero nos topamos con pared ante la cerrazón de algunos legisladores que parecía no les interesaba el tema.

En ese contexto y en cumplimiento de mi responsabilidad como legisladora y en respuesta a las demandas ciudadanas que he recogido en estos tres años de los ciudadanos que creyeron en una servidora, y con el fin único de buscar maneras que el presupuesto público de nuestro país tenga una mejor planeación y utilización, nuevamente recurrí a la lectura del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 20162 de la ASF.

En el documento señalado, identifiqué el estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo3 con número de control 1781-GB.

En 79 cuartillas, la Auditoría Superior de la Federación tuvo a bien “evaluar las sensibilidades del gasto público respecto de la actividad productiva, medida por el Producto Interno Bruto, en el marco de la estrategia de política fiscal, además de revisar las mejores prácticas internacionales en la materia”3.

Dicho estudio expresa que su enfoque se enmarcó en identificar y analizar las principales aportaciones teóricas sobre el papel del Estado como promotor del crecimiento económico emitidas por parte de organismos internacionales y de centros de investigación; incluyó consideraciones en relación con la medición y pertinencia de acciones de política fiscal y se revisó la estrategia de utilizar el gasto público como instrumento contracíclico en nuestro país y los principales resultados de esta variable en los últimos años.

El documento en comento debe considerarse sumamente importante ya que durante ese ejercicio, organizaciones de la sociedad civil como lo fue el Colectivo por un Presupuesto Sostenible4 emitió, a la opinión pública, recomendaciones orientadas hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales, propuestas que en conjunto buscaban mejorar los mecanismos de planeación, ejecución y evaluación del presupuesto público, desde una perspectiva de sostenibilidad de las finanzas públicas.

En otras palabras, este Colectivo proponía:

• “Proveer de insumos estratégicos, basados en evidencia, al proceso de presupuestación, en ese 2016.

• Participar de forma activa y coordinada en el proceso de reestructuración del presupuesto público en el mediano plazo.

• Mejorar la sostenibilidad, progresividad, transparencia y rendición de cuentas del presupuesto público en el largo plazo”5.

Una de las recomendaciones que nos parecen relevantes se centraban en señalar que:

“Las adecuaciones que anualmente se realizan a los programas presupuestarios en la Estructura Programática y que posteriormente tienen un impacto presupuestal en el PEF (fusiones, eliminaciones, nuevos programas, resectorizaciones, etc.) carecen de información sobre las justificaciones técnicas por parte de los diferentes tomadores de decisión que intervienen en el ciclo presupuestario”6.

En ese marco, el estudio en comento, Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, nos indica que existen áreas de mejora que se engloban en lo siguiente:

“para lograr una mayor contribución positiva del gasto público a la actividad económica y al empleo, será conveniente reforzar las acciones para elevar la calidad del gasto público, mediante el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio del gasto para la consecución de los objetivos de los programas a los que están destinados”3.

De manera analítica, las recomendaciones de ese estudio se citan textualmente a continuación:

· Continuar con la revisión de la calidad, nivel y composición del PEF en los próximos años, a fin de transformar su composición y reducir su nivel en congruencia con los ingresos y el financiamiento en una trayectoria sostenible.

· La racionalización o revisión del gasto público podría abarcar todos los programas y las transferencias a los entes autónomos y los gobiernos locales, para no reducir más la inversión pública con una rigurosa evaluación de costo-beneficio. Además, los gastos obligatorios se deben transparentar conforme a las disposiciones y como lo sugirió el Banco Mundial en su revisión del gasto público en 2016.

· Mejorar la planeación y programación del presupuesto y del gasto, con el objetivo de transformar en el mediano plazo los factores que ocasionan su comportamiento inercial e incremental que no aportan resultados económicos y sociales tangibles, a fin de reorientar los recursos hacia los programas y conceptos que tienen mayores efectos positivos en la actividad económica y el bienestar social, al tiempo que se consolida la disciplina, la responsabilidad hacendaria y la sostenibilidad fiscal.

· Reactivar el crecimiento del gasto público en infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza, como lo recomendó la OCDE.

· No rebasar el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural debido al rol que desempeña para la sostenibilidad de las finanzas públicas, contribuir a generar ahorro, y regular el crecimiento del gasto corriente.

· Es conveniente realizar una evaluación de impacto en los programas presupuestarios dirigidos a producir bienes o servicios en beneficio de la población y la actividad productiva.

· Mejorar la normativa y los mecanismos que contribuyan e incentiven el logro de los resultados esperados de los programas presupuestarios, medidos por sus indicadores de desempeño y se consideren en el proceso de programación y presupuesto, en especial cuando se realicen adecuaciones presupuestarias que modifican lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Para tal efecto, ese estudio emitió dos recomendaciones y una sugerencia, las dos primeras dirigidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la sugerencia emitida a la Cámara de Diputados.

La primera, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere revertir la tendencia decreciente de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las reducciones operadas de 2015 a 2017, mediante una revisión de la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, y con la finalidad de que contribuya al crecimiento económico y la competitividad productiva del país.

La segunda, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la conveniencia de llevar a cabo medidas para la revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel.

Y la sugerencia a Cámara De Diputados a fin de analizar la conveniencia de incluir en el artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se realizará una revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel.

En gran medida, estas recomendaciones y sugerencia, resumen las conclusiones que en su momento el Colectivo Por un Presupuesto Sostenible emitió:

• “Mejorar los mecanismos institucionales para integrar la evidencia a la toma de decisiones presupuestales, y

• Fortalecer las previsiones de transparencia, rendición de cuentas y mejora de la gestión”5.

Es claro que debemos emprender acciones positivas que mejoren la planeación, ejecución, y rendición de cuentas del Presupuesto Federal 2019, a fin de maximizar los recursos públicos. No podemos pasar a la historia como quien vio que estamos peor que ayer y no hicimos nada para que mejorar el camino e impactar positivamente el futuro de los mexicanos.

En ese sentido, compañeras y compañeros legisladores, considero conveniente exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las acciones de mejora que emprenderá a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, que se centran en revisar la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel, y revertir la tendencia decreciente de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las reducciones operadas de 2015 a 2017.

Asimismo, es conveniente exhortar a la Cámara de Diputados, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere llevar a cabo el análisis y estudio de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel y el mismo pueda ser compartido a los integrantes de la LXIV Legislatura previo al análisis y discusión del PEF 2019.

Reitero, que la bancada ciudadana, siempre estará en favor de los que menos tienen y estos resolutivos que pongo a consideración sólo buscan contribuir a la mejor distribución del presupuesto para todos los mexicanos, y beneficiar su economía familiar y bienestar.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las acciones de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y que se centran en revisar la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel, y revertir la tendencia decreciente de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las reducciones operadas de 2015 a 2017.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere llevar a cabo el análisis y estudio de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con los distintos ejecutores del gasto, sugerencia emitida por la Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a fin de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel, y el mismo pueda ser compartido a los integrantes de la LXIV Legislatura previo al análisis y discusión del PEF 2019.

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, disponible en
http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria, consultado el 3 de mayo de 2018.
2 Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016 – 2da entrega, disponible en
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/index.html, consultado el 3 de mayo de 2018.
3 Estudio Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, número de control 1781-GB, disponible en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_1781_a.pdf, consultado el 3 de mayo de 2018.
4 Colectivo por un Presupuesto Sostenible, disponible en
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/colectivo-para-un-presupuesto-sostenible-recomendaciones-orientadas-hacia-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas-nacionales/, consultado el 3 de mayo de 2018.
5 Propuestas para la integración de la estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos 2016 – Colectivo por un Presupuesto Sostenible, disponible en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_integracion_estructura_programatica_PEF-Documento.pdf, consultado el 3 de mayo de 2018.
6 Propuestas para fortalecer la sostenibilidad del sistema presupuestario mexicano en el marco de la reestructuración base cero – Colectivo por un Presupuesto Sostenible, disponible en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Propuestas_fortalecer_sostenibilidad_sistema_presupuestario-Documento.pdf, consultado el 3 de mayo de 2018.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis.






De la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas a diversas autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar el acceso y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Ricardo David García Portilla, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades competentes para que tomen las medidas correspondientes con el objeto de combatir el asalto a ferrocarriles y el sabotaje de las instalaciones y líneas de ferrocarril. Se turna a la Tercera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sector ferroviario representa un importante motor de la economía nacional. Entre el período comprendido entre 1995 y 2015, el ferrocarril pasó de movilizar 37 mil 600 millones de toneladas de carga a 84 mil 451 millones toneladas, lo que  hoy lo coloca en octavo lugar a nivel mundial en carga movilizada.

Desde finales del año pasado, se ha presentado un incremento sostenido de reportes de robo a los ferrocarriles. Mientras que en el primer trimestre de 2017 se presentaron 125 robos en todo el país, en el último trimestre se presentaron 720, lo que significó un incremento de 476%.1

En lo que se refiere a las afectaciones que involucran directamente al ferrocarril, éstas crecieron casi un 20% durante el último trimestre de 2017, mientras que las afectaciones a nivel de vía se incrementaron en más 65%.2

El robo a ferrocarriles, es una problemática que se encuentra focalizada en los Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro, que concentran casi el 50% de la incidencia de este delito a nivel nacional  durante el 2017.3

Durante el primer trimestre del año 2017, en Veracruz solo se presentaron 4 casos de Robo a Tren, mientras que para el segundo trimestre, se reportaron 105 casos; en el tercer trimestre, 91; y en el cuarto trimestre 105,  presentándose un total de 276 robos. En Puebla durante el año 2017, se presentó un total acumulado de 230 robos; en Guanajuato se reportaron 196 casos; y en Querétaro 122 robos.

Hace unos días, un grupo de la delincuencia organizada a la altura de la localidad de Vaquería en el municipio de Acultzingo, Veracruz, descarriló un tren para hurtar la mercancía que transportaba.4

Diversos medios de comunicación han documentado el modus operandi que los grupos del crimen organizado utilizan para robar los trenes, el cual consiste en  emplear a niños y personas de la tercera edad para sabotear las vías del ferrocarril y provocar los descarrilamientos. Los pobladores colocan y cuidan los obstáculos en las vías, tales como piedras o barricadas. Asimismo, participan en los saqueos para llevarlas a camionetas que esperan a las orillas de las vías para posteriormente llevarlas a distintas bodegas.5

Lourdes Aranda, directora de relaciones gubernamentales de Ferromex y Ferrosur, ha señalado que otro método utilizado por la delincuencia organizada, es el de aflojar y engrasar las vías del tren, lo que ha provocado el descarrilamiento de cinco trenes entre finales de abril y la primera quincena de mayo de 2018.6

El incremento de la incidencia de robo de trenes ha tenido importantes afectaciones para el desarrollo económico del país, debido a que ha provocado la detención de operaciones en plantas industriales y puertos, ya que no llegan insumos y no pueden salir productos.

Además de representar un daño a la actividad productiva, también significa un riesgo para la seguridad de las comunidades que existen en las inmediaciones de las rutas del tren, porque éstos también transportan productos que son tóxicos. Por ejemplo, el descarrilamiento de un ferrocarril que transporta cloro, puede provocar la contaminación de la atmosfera hasta en un radio de un Kilómetro, lo que puede provocar la muerte de todos los que inhalen  dicha sustancia.7

Los hechos son contundentes y dan cuenta de la necesidad de que los Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro fortalezcan los mecanismos para que el crimen organizado no utilice a los pobladores de la comunidades aledañas a la infraestructura ferroviaria para llevar a cabo hechos delictivos en contra de los ferrocarriles de carga.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a los gobiernos de los Estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada establezcan los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de trenes, en virtud del incremento exponencial de estos hechos delictivos.

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, 4º trimestre 2017, Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, p.10.

2 Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, 4º trimestre 2017, Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, p.8.

3 Ibíd. p.10

4 Descarrilan tren para robar su carga en Veracruz, El Universal, <
http://www.eluniversal.com.mx/estados/descarrilan-tren-para-robar-su-carga-en-veracruz> Consultado el 15 de mayo de 2018.

5 Da la delincuencia ‘empleo’ en rapiña, Reforma, Nacional, p. 4.

6 Ferromex y Ferrosur: aumentó robo de trenes en Puebla; en Veracruz los descarrilan, Milenio, <
http://www.milenio.com/negocios/aumenta-robo-trenes-puebla-descarrilamientos-veracruz-ferromex-ferrosur_0_1175882441.html> Consultado el 15 de mayo de 2018.

7 Ibìd.






De la Diputada Angelina Lizeth Arcos Villalva, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los candidatos de los poderes ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno de los comicios electorales de 2018 a que, en caso de ser electos, consideren la integración paritaria en sus gabinetes. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Angelina LIZETH ARCOS VILLALVA, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS CANDIDATOS DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO DE LOS COMICIOS ELECTORALES DE 2018, PARA QUE EN CASO DE SER ELECTOS CONSIDEREN LA INTEGRACIÓN PARITARIA EN SUS GABINETES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES

La participación de la mujer en todos los sectores es indispensable para una vida democrática.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en Naciones Unidas se genera una agenda 2030, en la cual las naciones deben trabajar, en específico el objetivo 5. Es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo cuenta con diversas metas entre las que se encuentran aprobar y fortalecer las políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles, así como el emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad.

Constitucionalmente hay dos reformas de referencia, en primer lugar, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, misma que se llevó a cabo en el 2011 y que marca un referente para el cumplimiento de los Tratados Internacionales en los que México forma parte.

También la inclusión del principio de paridad de género a nivel constitucional fue un “clivaje” para alcanzar la igualdad sustantiva, esta modificación a la Constitución que se derivó de la reforma político-electoral en 2014 que garantiza que del total de candidaturas a legisladores federales y locales la mitad sea para las mujeres.

El andamiaje legal en materia de igualdad de género en nuestro país es basto, además reconocido a nivel internacional, por lo que es necesario continuar con esa consolidación a nivel estatal. Un punto a abordar y que es donde existe un déficit en la representación de la mujer es en los puestos de toma de decisiones en los gabinetes tanto, federal, estatal o municipal.  

En este proceso electoral de 2018, se elegirán Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores o Jefe de Gobierno y elecciones concurrentes en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.

Se elegirán 18, 299 cargos federales y locales, entre ellos 1 Presidente de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. A nivel local, son 8 Gubernaturas y 1 Jefatura de Gobierno, 972 diputaciones, 1,596 presidencias municipales, 16 alcaldías, 1,237 concejales, 1,664 sindicaturas, 12, 013 regidurías, 19 regidores étnicos, entre otros.

Si bien, en el Poder Legislativo a nivel federal a raíz de la reforma constitucional al artículo 41, se ha avanzado en la conformación paritaria, lo cierto es que estos esfuerzos tienen que desarrollarse en los demás órdenes de gobierno.

En los congresos locales la situación va similar al poder legislativo federal, aun cuando prevalecen congresos como Coahuila, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, que de acuerdo al Atlas de Género del INEGI la distribución porcentual de diputaciones entre mujeres y hombres dista mucho de llegar a la paridad.

En relación a la distribución porcentual de las presidencias municipales, para el 2015, se informó que a nivel nacional las mujeres cuentan con el 9.40% de las presidencias mientras que el 90.60 de las presidencias las tienen los hombres, lo que deriva de una brecha de desigualdad de alrededor del 81.20 por ciento.

Lo que nos indica una sub representación femenina a nivel municipal. Posición nada favorecedora.

En cuanto a la participación de las mujeres en la integración de gabinetes, a nivel federal se da cuenta que, de 19 Secretarias de Estado, tan solo en 3 una mujer es la que despacha al más alto nivel. Mientras que hay 8 subsecretarias distribuidas en las Secretarías de Estado.

Estos números indican la posición real de la participación de la mujer a nivel federal y un reflejo de la situación a nivel estatal y municipal, por lo anterior es indispensable que se realice un llamado desde este poder legislativo a las y los candidatos a que realicen más que un compromiso social con el sector de la población que representa más del 50 por ciento y exhortarlos a que en caso de ser electos en los próximos comicios electorales, formen sus gabinetes de forma paritaria. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito que esta Asamblea apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los candidatos de los Poderes Ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno de los comicios electorales de 2018, para que en caso de ser electos consideren la integración paritaria en sus gabinetes. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalva.






De legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla a que actúe con absoluta imparcialidad como árbitro electoral del proceso comicial que se desarrolla en dicha entidad federativa. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PT-MORENA, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los principios constitucionales en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad tienen como una de sus finalidades primordiales dotar al proceso de credibilidad en sus resultados y autenticidad en la expresión de la voluntad popular.

Esos principios constitucionales corren peligro en el actual proceso electoral que se desarrolla en Puebla. Al agravio a la democracia que se perpetra a través de la sistemática, ilegal y aviesa intervención del gobierno estatal encabezado por Antonio Gali Fayad para favorecer a la candidata de la coalición partidista en el poder, se suma la omisión del Instituto Estatal Electoral de Puebla frente a esa intervención gubernamental.

Así, el gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de espectaculares del candidato a la gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer indebidamente a la candidata de su partido, Martha Erika Alonso de Moreno Valle.  

El gobierno estatal de Puebla también se aprovechado incluso de las necesidades de estudiantes de educación básica. Desde enero pasado han repartido a los niños zapatos con el logo del gobierno local, cuyos colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.

La administración de Gali Fayad también ha recurrido a la promoción personalizada de la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle utilizando recursos públicos. Un ejemplo de ello es el uso del programa “Mis Raíces” para promover la imagen de la candidata panista ante familias poblanas en su gira por Estados Unidos.

Toda esta canalla política puede resumirse en una constante: Se está implementando una elección de Estado para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Esos actos perpetrados desde el poder público local deberían ser investigados, suspendidos y sancionados por el Instituto Estatal Electoral de Puebla como guardián constitucionalmente mandatado para asegurar el desarrollo democrático de la contienda electoral. 

Pero no lo está haciendo. El Instituto Estatal Electoral es omiso en contener la ilegal intervención del gobierno local en la contienda pero obsequioso en proteger el lucro político que se hace con la legítima, justa y necesaria lucha en contra de la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla que ejerza sus funciones constitucionales con absoluto respeto a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad dentro del proceso comicial que se desarrolla en esta entidad federativa.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla que investigue, ordene suspender y, en su caso, sancione los actos de intervención realizados por el gobierno estatal de Puebla, encabezado por Jose Antonio Gali Fayad, y que afecten la equidad en la contienda en la contienda.  

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Suscriben.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para la fiscalización de recursos para la reconstrucción y atención de damnificados. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances en la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas ejercidos en los estados de Chiapas y Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe; es por ello la frecuencia sísmica en nuestro país, a consecuencia de ello, el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.

En el mismo orden de ideas, es oportuno puntualizar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (CENAPRED), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), define a los sismos como las vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la superficie de ésta, de varios tipos de ondas, cabe mencionar que la palabra sismo es sinónimo de los términos terremoto o temblor.

La Tierra está cubierta por una capa rocosa conocida como litosfera, con espesor de hasta de 100 kilómetros la cual está fragmentada en grandes porciones llamadas placas tectónicas. La movilidad de éstas ocasiona que en los bordes, donde las placas hacen contacto, se generen esfuerzos de fricción que impide el desplazamiento de una respecto a la otra; si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta que desencadena la liberación repentina de la energía acumulada1, dando lugar a los sismos.

Asimismo, debe mencionarse que, posterior al acaecimiento de un sismo, se presentan réplicas, es decir, movimientos de las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura, mismas que sufren un reacomodo; el número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.2

Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana; el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: la de Cocos y la de Norteamérica; la interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Océano Pacífico, frente a dichos estados.

El pasado 07 de septiembre de 2017, tuvo lugar en nuestro país un sismo reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), con magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Asimismo, el SSN apuntó que dicho sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas, se sintió de manera severa en el sur y centro del país, esto por la ubicación de sus coordenadas de epicentro.3

El sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017 trajo consigo graves afectaciones en los estados de Oaxaca y Chiapas; al respecto, diversas fuentes informativas señalaron que: “Debido al sismo de magnitud 8.2, registrado el pasado 7 de septiembre, el Gobierno Federal tiene el reporte de que 110 mil inmuebles resultaron con daños, por lo que deberán de reconstruirse o repararse; En Oaxaca fue donde se presentaron mayores afectaciones a inmuebles, con al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños”.4

En el mismo sentido, se presenta la siguiente recopilación de datos, misma que publicó el portal Evaluación de Riesgos Naturales (ern.com.mx): “El sismo causó la muerte de 96 personas en diferentes municipios del país, en su mayoría en Juchitán, Oaxaca (76 personas). En Oaxaca, 41 municipios resultaron afectados, entre ellos, Juchitán, Matías Romero, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, y del estado de Chiapas, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Pijijiapan y Tapachula”.5

Es menester señalar que el Gobierno Federal contempla dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), recursos etiquetados para apoyar a la población damnificada por el multicitado desastre natural, como son el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), los cuales forman parte del ramo 23 del PEF.

Por lo anterior, debe resaltarse que el Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades.

Este instrumento es denominado como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 y tiene como objetivo otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos, dichos recursos son aprobados en el seno de la Cámara de Diputados y solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las entidades federativas y municipios.

Respecto al FONDEN, debe señalarse que, con fecha del 27 de septiembre del 2017, fue emitido en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, en el cual se expone lo siguiente: “Que con motivo de los desastres naturales acaecidos, particularmente de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del presente año, resulta necesario implementar esquemas eficaces que permitan agilizar el otorgamiento de Apoyos Parciales Inmediatos, así como la realización de acciones para la atención a los damnificados”.6

En lo que respecta al FOPREDEN, se resalta que este Fondo proporciona recursos tanto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, para realizar acciones tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018 fueron asignados recursos para el FONDEN por la cantidad de $24,644,000,000.00 (veinticuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro millones de pesos) y al FOPREDEN  2,500,000,000.00, (dos mil quinientos millones de pesos).7

Es importante señalar que el número de afectados en Oaxaca y Chiapas no es una cifra menor; al respecto, la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Lic. Rosario Robles Berlanga, señaló que en Oaxaca son aproximadamente 33 mil casas en pérdida total y 16 mil 803 en Chiapas.8

Debe reconocerse que el Estado mexicano ha asumido efectivamente y con responsabilidad la tarea de garantizar a la población su seguridad y tranquilidad y que para tal objetivo ha aplicado diversos recursos, de los cuales creemos oportuno solicitar información con el propósito de conocer los avances relacionados con la aplicación de los mismos en beneficio de los habitantes de Oaxaca y Chiapas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances en la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas ejercidos en los estados de Chiapas y Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

SUSCRIBEN DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Eloisa Chavarrias Barajas.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge De Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lía Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.


1 http://www.cenapred.gob.mx/es/PreguntasFrecuentes/faqpopo2.html#preg2

2 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

3 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportesespeciales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf

4 https://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-septiembre-110-mil-inmuebles-oaxaca-chiapas/

5 https://ern.com.mx/boletines/Boletin_ERNterate_DanosSismo_070917.pdf

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498757&fecha=27/09/2017

7 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171109-B.pdf

8 http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismos-destruyeron-casas-150-mil-construidas-2016/






Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo para instruir a la Auditoría Superior de la Federación a que realice auditorías de desempeño, forense y de gasto federalizado, del presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública en los ejercicios 2017 y 2018 y en lo que corresponda a ejercicios previos, tanto para los recursos ejercidos directamente, así como los entregados a delegaciones, instituciones, centros y planteles relacionados con la educación, como parte del Programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que ha realizado con otras instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las terminales punto de venta sean trasladadas al consumidor. Se turna a la Tercera Comisión.

Con punto de Acuerdo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que haya realizado con otras instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las Terminales Punto de Venta (TPV) sean trasladadas al consumidor, y dé a conocer a esta soberanía el impacto anual en las finanzas públicas que implica la realización de las transacciones en efectivo que se efectúan en México ante la incipiente implementación de la inclusión financiera en nuestro país, a cargo de la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Inclusión Financiera en México era marcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 como un reto a atender debido al dato duro siguiente: “…la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 muestra que el 44% de la población adulta en México no interactúa con el sistema financiero…”.

Ante ese escenario, el gobierno federal se comprometía a redoblar esfuerzos para que la población mexicana pudiera acceder al acceso y uso de servicios financieros y esto se reforzaría con educación financiera y protección al consumidor.

En el 2014, se elaboró la Reforma Financiera2 que buscaba en el tema de inclusión mandatar a la Banca de Desarrollo a proveer la inclusión financiera de la población en general y, particularmente, la de mujeres, niños y jóvenes, así como la promoción del ahorro e inversión en comunidades indígenas. Asimismo, y a la par, se fomentaría la creación de programas de inclusión financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo.

En ese sentido, el gobierno diseñó la Política Nacional de Inclusión Financiera3 donde de manera clara en una publicación del mismo nombre que fue emitida por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, definía el rumbo de la inclusión financiera con componentes claramente identificados:

“En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población. Esta definición destaca el carácter multidimensional de la inclusión financiera, ya que señala claramente sus cuatro componentes fundamentales: Acceso, Uso, Protección al Consumidor y Educación Financiera”4.

En ese contexto, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en su estudio denominado Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera5 refería que a nuestro país le urgían acciones que incentivaran el uso de nuevos instrumentos y modernizara el sistema de pagos de bajo valor.
Ese documento señalaba:

• La necesidad de reducir el uso de efectivo fomentado la inversión en tecnología que conecte comercios y consumidores utilizando Terminales Punto de Venta (TPV), acceso a internet y servicios de telefonía móvil para realizar pagos y transferencias bancarias, así como domiciliaciones.

• Lo anterior, implicaba la promoción de la competencia en el sector bancario para disminuir costos de atracción de clientes, reducir comisiones y ampliar la red.

• Para lograrlo, se requerirían en el corto plazo de políticas que incrementaran el ahorro privado y disminución de costos de transacción en el consumo y manejo de efectivo, con un impacto sobre la tasa de crecimiento económico; en el mediano plazo, los ingresos fiscales se verían incrementados debido a una mayor capacidad de monitorear y gravar operaciones de consumo, así como por la transición de actividades económicas informales hacia la formalidad; y en el largo plazo, el uso de medios de pago y transferencias electrónicas aumentan los costos de actividades ilícitas y la corrupción. Lo anterior representa un cambio básico para una estrategia de crecimiento de largo plazo.

Pero al día, que ha pasado con esas buenas intenciones.

Al recorrer las calles de Jalisco, y en específico de Guadalajara y Tonalá, los ciudadanos se han acercado para expresarnos que establecimientos comerciales tanto pequeños como grandes cobran comisión al recibir los pagos con tarjeta de débito o crédito, situación que provoca que exista variación en los precios marcados de bienes y servicios y desincentive el comercio.

Es importante remarcar que lo anterior no es una práctica comercial ni financiera correcta.

Así lo hace notar la Asociación de Bancos de México en su portal de internet, donde se puede consultar en la sección de preguntas frecuentes, el siguiente cuestionamiento:

“…¿Es correcto que los negocios comerciales carguen una comisión adicional por el pago con TDC?

No, los establecimientos que lo hacen están cayendo en una práctica discriminatoria hacia los usuarios de la tarjeta de crédito, por lo que se deberá informar al banco al que pertenece la terminal para que llame la atención a su establecimiento…”6.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)7 señala que el cobro de comisiones adicionales por usar dinero electrónico incumple un pacto entre instituciones bancarias y comercios, dado que el contrato entre ambas partes señala con claridad que el uso de terminales punto de venta no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios.

En su portal de internet, la CONDUSEF hace la siguiente recomendación:

“…Así que ya sabes, si un comercio te quiere cobrar la comisión que debe pagar al banco, sólo por aceptar pagos con tu tarjeta, puedes presentar tu queja ante la institución bancaria dueña de la TPV, e incluso, cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento, en donde no sea trasferida esta comisión.

Si tu queja no es atendida, acude a la CONDUSEF en cualquiera de sus 36 subdelegaciones ubicadas en todo el territorio nacional, o bien, comunícate al 01 800 999 8080…”.8

Por lo anterior, se debe dejar muy claro que las acciones emprendidas por el ejecutivo federal no han sido lo suficientemente útiles para evitar los abusos de los comercios y por el contrario, el permitirlas han generado cargas al gobierno en cuanto a que un sin número de transacciones en efectivo se quedan sin registrar y no pagan impuestos.

Es por ello, que considero conveniente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que haya realizado con otras instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las Terminales Punto de Venta (TPV) sean trasladadas al consumidor, y dé a conocer a esta soberanía el impacto anual en las finanzas públicas que implica la realización de las transacciones en efectivo que se realizan en México ante la incipiente implementación de la inclusión financiera en nuestro país.

Reitero, que la bancada ciudadana, siempre estará en favor de los que menos tienen y este resolutivo que pongo a consideración sólo busca contribuir a mejorar la economía familiar, y evitar abusos que tengan impacto en el bienestar de los mexicanos.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con sus atribuciones, de máxima publicidad a las acciones que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que haya realizado con otras instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las Terminales Punto de Venta (TPV) sean trasladadas al consumidor, y dé a conocer a esta soberanía el impacto anual en las finanzas públicas que implica la realización de las transacciones en efectivo que se efectúan en México ante la incipiente implementación de la inclusión financiera en nuestro país.

___
1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 21 de mayo de 2018.
2. Reforma Financiera – resumen ejecutivo, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66457/6_Financiera.pdf, consultada el 21 de mayo de 2018.3. Política Nacional de Inclusión Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/politica-nacional-de-inclusion-financiera-43631, consultada el 21 de mayo de 2018.
4. Política Nacional de Inclusión Financiera - Consejo Nacional de Inclusión Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf, consultada el 21 de mayo de 2018.
5. Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera - Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), disponible en https://imco.org.mx/banner_es/reduccion-de-uso-de-efectivo-e-inclusion-financiera/, consultado el 21 de mayo de 2018.
6. Asociación de Bancos de México – preguntas frecuentes, disponible en https://www.abm.org.mx/preguntas-frecuentes/abm-preguntas-frecuentes-c.htm, consultado el 21 de mayo de 2018.
7. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), disponible en https://www.gob.mx/condusef, consultado el 21 de mayo de 2018.
8. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) – Proteja su dinero, ¿Te cobran comisión por pagar con tarjeta?, disponible en http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/911-te-cobran-comision-por-pagar-con-tarjeta, consultado el 21 de mayo de 2018.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis.






De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad física y garantizar sus derechos humanos, durante la actual administración. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en espacios públicos y privados1.

La violencia provoca graves consecuencias como la depresión, trastornos de estrés postraumático, insomnio, homicidio y suicidio. En el caso de la violencia sexual causa embarazos no deseados, abortos provocados, muerte fetal, parto prematuro, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que la violencia de género puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica, principalmente2.

Para ponderar la relevancia de esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que alrededor de una de cada tres mujeres han sufrido violencia física y/o sexual de pareja en algún momento de su vida en todo el orbe3.

Un 38 por ciento de los asesinatos que se producen en el mundo son cometidos por su pareja, estas formas de violencia afectan negativamente a la salud física, mental, reproductiva y aumenta la vulnerabilidad de contagiarse de alguna enfermedad.

México no es ajeno a esta grave problemática. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas4.

De manera particular, durante los últimos meses, el estado de Tamaulipas es una de las entidades federativas en la que la violencia de género se ha agravado sostenidamente por la inadecuada atención a las víctimas y la falta de debida diligencia en las investigaciones.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública señala que en 2017 se cometieron un total de mil 111 delitos relacionados contra la libertad y la seguridad sexual. Tan sólo en el primer trimestre del presente año, se cometieron 293 de dichos delitos, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado (279)5.

Diversos medios periodísticos señalan que cada 24 horas en la entidad, 47 mujeres son víctimas de la violencia de género, que contempla desde feminicidios, homicidios dolosos, violaciones, lesiones dolosas, acoso y hostigamiento sexual6.

De acuerdo a la estadística delictiva y de emergencias con perspectiva de género dada a conocer por el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, un total de cuatro mil 238 carpetas de investigación se abrieron en el estado durante los primeros tres meses del presente año por los delitos ya mencionados.

En los primeros meses se reportaron 291 mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas, 305 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, siete llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, 16 incidentes de acoso u hostigamiento sexual y 16 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación.

En este mismo orden de ideas, la Dirección del Instituto de la Mujer plantea que el 70 por ciento de las mujeres sufren de algún tipo de violencia en dicha demarcación, es decir, siete de cada 10 padecen violencia.

Entre enero del 2015 y enero del 2018, un total de 398 mujeres fueron asesinadas en la entidad, cinco mil 189 fueron víctimas de lesiones dolosas; mil 538 violadas, 181 secuestradas, 627 fueron víctima de abuso sexual y 141 de acoso sexual7.

El INEGI señala que unas 804 mil mujeres en el estado de Tamaulipas han sufrido al menos un episodio de violencia de género en su vida. 34.4 por ciento de las mujeres mayores de 15 años -un millón 390 mil según el Consejo Nacional de Población- ha enfrentado agresiones verbales o físicas del esposo o pareja actual o de la última pareja, a lo largo de su relación y, 46.6 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en Tamaulipas en 2017, las autoridades policiacas recibieron seis mil 199 llamadas de emergencia por hechos de violencia de pareja, lo que significan 337 alertas por cada 100 mil mujeres en la entidad.

Tan sólo en el municipio de Tampico, atienden a 50 mujeres por semana que padecen algún tipo de violencia doméstica.

Por otra parte, las mujeres  tamaulipecas enfrentan discriminación dentro del hogar, en escuelas y en sus trabajos. En cuanto a los ingresos laborales, perciben remuneraciones más bajas que los hombres. Esta brecha es más acentuada en la población en situación de pobreza: en 2016 los datos muestran que las mujeres ganan una quinta parte menos que sus pares, aun cuando posean el mismo nivel educativo.

Según el último informe sobre la situación de las mujeres en Tamaulipas, las mujeres son tratadas por el Estado y la sociedad en conjunto de manera francamente desigual.

Los anteriores datos revelan retos mayúsculos que es oportuno y urgente atender. En este panorama, el gobierno estatal debe adoptar medidas efectivas y eficaces con el propósito de erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Es apremiante que las autoridades competentes fortalezcan las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra este sector poblacional, a fin de salvaguardar la dignidad, integridad y respeto pleno de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad física y garantizar sus derechos humanos, durante la actual administración.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 https://www.cepal.org/es/publicaciones/5855-violencia-genero-un-problema-derechos-humanos

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf

5 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf

6 https://elmercurio.com.mx/la-region/mas-de-cuatro-mil-mujeres-victimas-de-la-violencia-de-genero-en-tamaulipas

7 https://expreso.press/2018/03/18/sufren-mujeres-discriminacion-violencia/






Del Diputado José Hugo Ángel Olvera, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la violencia política en el actual proceso electoral y exhorta a distintas autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno a coordinar una estrategia eficaz que garantice las condiciones de seguridad necesarias para candidatas y candidatos, integrantes de sus equipos de campañas, simpatizantes y militantes de todos los partidos políticos, que participan en el actual proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Ricardo Guillén Rivera y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de modificar la fracción arancelaria aplicable al piloncillo e impulsar un procedimiento ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América para formalizar la disociación del piloncillo del azúcar, en virtud de que éste no es un azúcar refinado. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro de su Programa “Pensión para Adultos Mayores”, modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente realiza un llamado a la nación a favor de los migrantes mexicanos. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea el presente punto de Acuerdo:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la LXIII Legislatura, el Poder Legislativo Federal ha sido recurrente en expresar su preocupación respecto de lo que acontece en ambos lados de nuestra frontera con los Estados Unidos.

A través de iniciativas y puntos de acuerdo, así como de intervenciones en agenda política, tanto en nuestros períodos ordinarios de sesiones, como en la Comisión Permanente, hemos construido una agenda legislativa alrededor de la situación de los mexicanos establecidos en aquella nación y de los que pretenden cruzar la frontera de manera ilegal.

Esfuerzo que ha procurado ir de la mano con el realizado por el Gobierno Federal, qué es quién define la política exterior de nuestro país, así como la operación de la política pública en la materia.

En el Legislativo hemos abordado en estos casi tres años, aspectos como el fortalecimiento de nuestros consulados y Embajada Mexicana en aquella nación, para la protección y orientación in situ de nuestros connacionales; hemos propuesto reformas a la ley para una mejor atención e integración de mexicanos repatriados, o bien, en proceso de cruzar la frontera; inclusive hemos elevado la voz a los tribunales internacionales para velar por la integridad de los migrantes establecidos y de sus familias ante redadas y deportaciones donde el engaño y el abuso parecieran ser el factor recurrente de las mismas.

También abordamos desde diferentes enfoques la situación de los llamados dreamers, que son mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos desde muy pequeños, y que ahora son desprotegidos legalmente por el país donde crecieron y donde se han desarrollado en aporte a la propia sociedad americana.

No ha sido obviado tampoco por la máxima tribuna del país, la oprobiosa construcción del muro, donde las manifestaciones en contra han sido de diferente índole por parte de los legisladores mexicanos, pero también del mundo entero.

Recientemente, se ha dado también un nuevo debate por la movilización a la frontera de la Guardia Nacional de los Estados Unidos por órdenes ejecutivas; lo que generó una reacción compartida con todo y la actual competencia electoral, donde el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto encabezó el rechazo expreso a la medida.

Ahora bien, ¿qué sigue? Continuaremos en un debate reaccionario sobre lo injusto de la política migratoria americana; o daremos paso a un rediseño del Estado Mexicano para que deje de expulsar nuestro valioso capital humano, por un lado; y se protejan los derechos de la población mexicana que ya radica en los Estados Unidos por otro.

Es decir, necesitamos que el siguiente Poder Ejecutivo Federal distinga entre lo importante y lo urgente cuando nos refiramos al tema migratorio, con independencia de lo que determine el vecino país del norte.

Entre lo importante debemos determinar con responsabilidad la manera en que nuestro país deje de expulsar a nuestros mejores mexicanos, valientes, con ambición y con ganas de salir adelante; mexicanos que no ven en sus comunidades de origen un futuro digno para ellos y sus familias.

Debemos abrir la discusión sobre el tipo de nación al que aspiramos, en un país rico, diverso y vasto como el nuestro, donde el que se esfuerce por crecer lo haga y deje de ser opción la migración para sobresalir.

Debemos tomar conciencia que se trata solo del inicio de un cambio profundo de paradigma, donde la ahora sí, visible y reconocida hostilidad hacia nuestros migrantes, se esta convirtiendo en un lugar común que puede incidir inclusive generacionalmente dentro de la sociedad americana y por supuesto de la nacional. 

Es decir, nuestras acciones en respuesta a la injusta, aunque soberana política migratoria de los Estados Unidos deberá priorizar el largo plazo que la coyuntura.

Entre nuestros objetivos urgentes, se encuentran el atender que no se vulneren los derechos de nuestros connacionales migrantes tanto en la nación americana, en su recorrido por territorio nacional para cruzar la frontera, así como en situación de repatriación forzada o no a nuestro país.

Se trata de un reto formidable, el llamado que hoy hacemos es a la Nación, para que juntos exijamos resolver de una vez por todas las razones por las que los mexicanos emigran de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

La proposición que presentamos urge al Poder Ejecutivo Federal para que diseñe y conceda a la siguiente administración, nuevas herramientas en este sentido.

Para que el Estado Mexicano se encuentre además con mejores condiciones normativas para enfrentar el atípico comportamiento en el flujo migratorio que se avecina, especialmente en cuanto a migrantes retornados con o sin su voluntad.

Lo anterior, como consecuencia natural del recrudecimiento de las leyes migratorias en los Estados Unidos, producto de las directrices emanadas en el gobierno de Donald Trump que tiende a criminalizar a nuestros emigrantes mexicanos radicados en aquel país.

Reconocemos por supuesto que cualquier nación es soberana en cuanto al marco jurídico que desee aplicar en su territorio; pero rechazamos enérgicamente la existencia de cualquier sesgo en la aplicación de la ley, más y cuando se pudieran violentar derechos fundamentales de connacionales en Estados Unidos y que lo anterior, termine convirtiéndose en una práctica común.

Acciones persecutorias intensivas por una cuestión de raza, cualquiera que sea el motivo, nos hacen retroceder y dejar nuestras grandes aspiraciones humanitarias y de desarrollo a un costado.

Los mexicanos en voz de nuestro gobierno, debemos tomar las acciones que nos correspondan, porque las cosas no van a cambiar y la situación actual debemos tomarla como una nueva oportunidad para unificar a nuestro país en la búsqueda de un desarrollo común, en nuestro propio territorio.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que fortalezca, a través de más y mejores oportunidades para el desarrollo, los programas tendientes a desincentivar el flujo ilegal de mexicanos hacia los Estados Unidos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. José Hugo Cabrera Ruiz.






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para reestablecer la seguridad pública en el país, ante el incremento de los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad de la población y la actividad económica. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Ricardo Guillén Rivera y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de expedir una Norma Oficial Mexicana aplicable al piloncillo, con el objeto de que este producto se elabore con el más alto estándar de calidad y con ello se promueva su competitividad en México y en el mercado internacional. Se turna a la Tercera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. RICARDO GUILLÉN RIVERA y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

“La potestad y el imperio del Estado se evidencian en el ejercicio
de la función legislativa, al imponer patrones de actuación a la
conducta externa humana a través de normas generales,
abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas...”1

De acuerdo con la Doctora Carla Huerta Ochoa, existen distintos tipos de normas, entre las que ubicamos a las Normas Oficiales Mexicanas, las normas mexicanas, las normas de emergencia y las normas de referencia.2

En este tenor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización define a la norma oficial mexicana como “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación…”3

La misma ley en comento define a la norma mexicana como aquella que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

Posteriormente en su artículo 51-A señala que, las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados.

En este orden de ideas, la Dra. Huerta Ochoa señala que, “Se denominan NOMs de Emergencia, las que con motivo de una situación de emergencia deben ser expedidas… En estos casos, la elaboración de la NOM queda exenta del procedimiento previsto por el artículo 47, ya que la dependencia competente podrá elaborar directamente la NOM con la colaboración de las otras dependencias competentes, y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que medie anteproyecto ni proyecto; es decir, no se someterá a consulta pública ni habrá respuestas, y queda exenta también de la obligación de presentar una MIR. Por lo mismo, la vigencia de la NOM de emergencia está limitada a seis meses, y la NOM podrá expedirse dos veces consecutivas, como máximo, conforme a este procedimiento; sin embargo, previa a la segunda expedición, deberá presentarse una MIR a SECOFI. Transcurrido dicho plazo la NOM pierde su vigencia, por lo tanto deja de ser obligatoria. Si la dependencia decidiera extender el plazo de vigencia o hacerla permanente, deberá hacerlo conforme al procedimiento previsto en el artículo 46, y presentar un anteproyecto ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la formulación de observaciones y la respuesta por parte de la dependencia responsable…”.4

En su misma obra, la Dra. Huerta Ochoa también establece que:
“Como parte del capítulo relativo a los organismos nacionales de normalización se encontraba una disposición en el artículo 67, que establecía la obligación para las entidades de la administración pública federal de constituir comités nacionales de normalización para la expedición de normas para adquirir, arrendar o contratar bienes o servicios, que denominaron de referencia, en el sentido de que carecen de obligatoriedad, no solamente por el lugar en donde han sido reguladas sino también porque no se establece la obligación de seguir el procedimiento para la elaboración de una NOM.

El artículo 67 fue reformado el 20 de mayo de 1997, y prevé la expedición de dichas normas de referencia que regulan el arrendamiento, la adquisición o contratación de bienes o servicios por parte de la administración pública federal, en virtud de lo cual las dependencias deberán formar comités de normalización para su expedición en los casos en que las NMX o las normas internacionales sean inadecuadas para lograr los objetivos planteados.

Su carácter de no obligatorias se ve reforzado al remitir su regulación al artículo 51 A, que fue adicionado en la misma fecha con el objeto de regular las normas mexicanas y establece una obligación de coordinación entre los comités que hubieren expedido NMXs relacionadas, con el objeto de actualizarlas con las normas de referencia.”5

Como bien lo resalta la Secretaría de Economía, “…En un contexto de mercados mundiales caracterizado por la innovación tecnológica y la intensificación de la competencia, la actividad normalizadora es un instrumento indispensable para la economía nacional y el comercio internacional…”6

En este tenor, al momento no existe una norma oficial mexicana aplicable al Piloncillo. Fue hasta el año 2016, en que fue emitida la norma mexicana que establece las especificaciones y los métodos de prueba para el producto denominado Piloncillo 100% de jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), que se presenta en bloque o granulado destinado para el consumo humano.7

En dicha norma se estableció el objetivo y campo de aplicación, referencias, definiciones, clasificación y designación del producto, especificaciones, higiene, envase y embalaje, etiquetado, vigencia, bibliografía y la concordancia con normas internacionales.8

Sin embargo, al no contar con una norma de carácter obligatoria, se dificulta su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional, ya que cada productor elabora con distinta calidad su mercancía.

Aquí, cabe resaltar que con base en el estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia9 (Colombia) titulado Cadena productiva de la panela en Colombia: diagnóstico de libre competencia (2010-2012):

“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), la producción de la panela es una de las más tradicionales agroindustrias rurales en América Latina y el Caribe, y la producción mundial de este producto se encuentra alrededor de los 13 millones de toneladas por año (FAO, 2007. p. xi).

La producción en América Latina se caracteriza porque es realizada en pequeñas explotaciones campesinas, en zonas de montaña con escasa mecanización, utilizando principalmente la mano de obra familiar. Así, existen aproximadamente 50.000 trapiches en América Latina que emplean alrededor de un millón de personas.

En orden de importancia, los países de América Latina, productores de panela, de acuerdo con la FAO (2007) son: Colombia, Brasil, Venezuela, Guatemala, México, Honduras, Perú, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Panamá.”10

Por citar un ejemplo de Derecho Internacional, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), organismo nacional de normalización11, ha emitido la Norma Técnica Colombiana 1311 que establece los requisitos y los ensayos que debe cumplir la panela para el consumo humano.

En este orden de ideas, considero oportuno transcribir algunos datos significativos que se citan en el trabajo de investigación titulado Producción y comercialización de piloncillo: caso de la comunidad de Aldzulup Poytzén, San Luis Potosí, cuyo objetivo del trabajo, fue caracterizar la producción y comercialización de piloncillo en tres tipos de productores de la comunidad antes mencionada, lo cual cito textual a continuación:

“…El piloncillo es obtenido del jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en pequeñas empresas rurales denominadas “trapiches” y es un producto agroalimentario que requiere de su inserción en mercados integrados. La producción mundial de este tipo de azúcares integrales, sin refinar, se acerca a los 13 millones de toneladas anuales (FAO, 2004; FAO, 12). En México, el volumen de producción de piloncillo es fluctuante; sin embargo, se estima que se producen cerca de 100 000 toneladas cada año, los principales estados productores son: San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit y Colima (Reyes, 2011).”

Por último, es significativo mencionar que, de ser viable, la norma oficial, debe aplicarse de manera gradual, dando el tiempo necesario a los productores para hacer las adecuaciones necesarias a sus procesos de elaboración, procurando establecer programas que ayuden a las empresas a cumplirlas, así como también otorgar plazos para su aplicación y con una amplia convocatoria a nivel nacional tanto de instituciones como de la industria piloncillera.

Por lo expuesto, fundado y tomando en cuenta que la industria genera anualmente más de 70,000 empleos y se estima un valor de la producción anual de 400 millones de pesos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y Colima12, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de expedir una Norma Oficial Mexicana aplicable al Piloncillo, con el objeto de que este producto se elabore con el más alto estándar de calidad y con ello se promueva su competitividad en México y en el mercado internacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Suscriben

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador Del Grupo Parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Eloísa Chavarrias Barajas.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández Del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José De Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge De Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lía Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.- Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.


1 Fernández Ruiz, Jorge, APUNTES PARA UNA TEORÍA JURÍDICA DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/99/art/art1.htm

2 Huerta, Carla, LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 92, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236

3 ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;
II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;
III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;
IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad;
V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente;
VI. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 20-05-1997
VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;
VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación;
IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta Ley;
X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales;
XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales;
XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;
XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos;
XIV. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 20-05-1997
XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;
XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;
XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y
XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.
Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 20-05-1997

4 Huerta, Carla, op. cit.

5 Ídem.

6 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-normalizacion

7 NORMA MEXICANA NMX-F-596-SCFI-2016 PILONCILLO 100% DE JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum L.) – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

8 Ídem.

9 Dentro de los objetivos y funciones de la protección de la competencia, señala en su página institucional que, “…Para que un modelo de libre empresa apalanque el desarrollo del país y represente posibilidades de desarrollo para todos, es necesario que la actividad empresarial no se vea afectada por conductas monopolísticas y desleales. Con la finalidad de fortalecer la eficiencia del aparato productivo nacional, garantizar que los consumidores tengan libertad de acceso y elección a la oferta de bienes y servicios, así como propender porque en el mercado exista variedad de precios y calidades, la Superintendencia investiga, corrige y sanciona las prácticas comerciales restrictivas de la competencia y la competencia desleal. Asimismo, se analizan para autorizar, condicionar u objetar las integraciones de empresas que se dediquen a una misma actividad productiva  o participen en la misma cadena de valor…”, http://www.sic.gov.co/objetivos-y-funciones

10 http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Panela2012.pdf

11 ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor, de acuerdo a lo señalado en el prólogo de la norma en comento.

12 Con base en los datos de la página web oficial del Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, el cual es una entidad paraestatal, creada por Decreto Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para fomentar los agronegocios, el desarrollo rural y realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero, https://www.gob.mx/firco/que-hacemos






Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales”, a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral II, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A ACTUALIZAR EL PORTAL “TUS DERECHOS LABORALES” (WWW.TUSDERECHOSLABORALES.STPS.GOB.MX), A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO QUE FACILITEN AL TRABAJADOR LA TAREA DE DETERMINAR LAS DISTINTAS PRESTACIONES Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE EN LA MATERIA, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México existe un carente reconocimiento de los derechos laborales que corresponden a todo trabajador. [*] Con frecuencia, dicha falta de conocimiento lleva a la violación sistemática de los mismos, privando a quienes los poseen de los beneficios obtenidos en grandes triunfos históricos. [*] Al igual que los derechos humanos, los derechos laborales fueron creados con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y beneficios entre trabajadores, procurando universalizar una realidad favorable y digna en cada empleo e industria. [*]

La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece que dicha institución busca fortalecer la política laboral en México, a través de acciones dirigidas a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos. [*] Entre estas acciones, frecuentemente reducidas a la aplicación de la ley vigente en materia de regulación, habría de incorporarse una mayor promoción de los derechos que gozan los trabajadores. Ello evitaría, en buena medida, las disputas creadas por el desconocimiento de la ley [*] , otorgando mayor certeza a ambas partes de la relación laboral.

Las desventajas que llegan a existir en el trabajo no se reducen a los abusos más evidentes que pueden ser cometidos contra quienes lo desempeña. La ignorancia que un trabajador tiene con respecto de sus derechos puede generar y perpetuar relaciones asimétricas entre él y su empleador. Al carecer de información completa y oportuna, el trabajador cede involuntariamente el ejercicio de sus derechos al patrón, quien, si bien obligado legalmente, en ocasiones comete faltas a los mismos de forma sabida o inconsciente.

Aduciendo lo anterior, propongo que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” a través de la incorporación de herramientas de cálculo que permitan a el trabajador o trabajadora determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden. Es necesario que un sitio actualizado no solo dé información con respecto a los derechos esbozados, sino que permita al trabajador o trabajadora que lo use una verdadera herramienta con la cual poder corroborar que éstos sean respetados y hechos validos en su propio empleo.

CONSIDERANDOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 6º, determina que “[…] el derecho a la información será garantizado por el Estado”. [*] Adicionalmente, argumenta que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. [*] Finalmente, la Constitución concede que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación […]”. [*]

En tanto al derecho y mecanismo de acceso a la información pública, el Artículo 6º menciona en su apartado A, fracciones III y IV, que toda persona obtendrá acceso a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno y que todo mecanismo de acceso se sustanciara ante los organismos autónomos especializados correspondientes. [*]

En tanto los derechos de las y los trabajadores, La Ley Federal del Trabajo establece como condiciones generales de trabajo el: derecho a tener un contrato, sea éste Individual (Art. 20), Colectivo (Art. 386) o Contrato Ley (Art. 404); el contar con jornadas de trabajo determinadas (Art. 58-68); el recibir aguinaldo (Art. 87); el contar con un salario por las actividades desempeñadas dentro de un trabajo (Art. 82); el contar con vacaciones y una prima vacacional (Art. 76); el tener días de descanso después de un cierto número de días laborando (Art. 69, 71, 73 y 75); el obtener un finiquito después de la finalización voluntaria de la relación laboral (Art. 47, 48, 76, 79, 80, 87 y 162); el beneficio de ser parte de las utilidades de la empresa en la que se labora (Art. 117-131); el generar antigüedad y tener oportunidades de ascenso dentro del empleo (Art. 158 y 159); el gozar del apoyo del patrón si el trabajador desea continuar sus estudios y su apoyo en el estudio de sus hijos (Art. 132); y la capacidad de acceder a crédito para el consumo (Art. 103-Bis). [*]

Fundamentando esta propuesta, es posible corroborar la existencia de sitios que ofrecen herramientas similares en otros países, con experiencias equiparables tanto en países europeos como latinoamericanos. La amplia variedad de propuestas puede constatarse en los diversos mecanismos e información ofertada en estos sitios. Algunos, como lo son el caso de Reino Unido [*] , Estados Unidos [*] y Chile [*] , ofrecen herramientas como una calculadora de salario mínimo y un desglose detallado de los procedimientos necesarios para hacer valido algún derecho o prestación en particular. Otros, como lo es el caso de Colombia [*] , presentan una herramienta de cálculo no solo para determinar el salario, sino también para generar estimaciones de montos de liquidación o las provisiones mensuales que debe otorgar cada empleador.

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.– Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia.

Dado en la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

LXIII Legislatura

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

[*] Redacción. Siete Derechos Laborales Que (Sí o Sí) Debes Tener. México. El Financiero Bloomberg. 25 de Mayo de 2017. Consultado en:
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-laborales-que-si-o-si-debes-tener.html.
[*] Gobierno de la Republica. “¿Cómo se Lograron? Y ¿Cómo Defenderlos?”. En Conoce tus Derechos Laborales. México. Gobierno de la Republica. 2017. Consultado en: https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/conoce-tus-derechos-laborales-29228.
[*] Organización de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos – Artículo 23. Nueva York. ONU. 2017. Consultado en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html.
[*] Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Misión y Visión. México. STPS. 2017. Consultado en: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html.
[*] Proa, Alma. Abusan Patrones de Trabajadores por Desconocer sus Derechos. Saltillo. Zócalo. 2011. Consultado en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abusan-patrones-de-trabajadores-por-desconocer-sus-derechos.
[*] Artículo 6º. Párrafo Primero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última Reforma: DOF 15-09-17)
[*] Ibíd. Párrafo Segundo.
[*] Ibíd. Párrafo Tercero.
[*] Ibíd. Apartado A, Fracción III y IV.
[*] Art. 20, 47, 48, 58-68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 87, 103-Bis, 117-131, 132, 158, 159, 162, 386, 404. Ley Federal del Trabajo. (Última Reforma: DOF 12-06-2015)
[*] Gobierno de Reino Unido. National Minimum Wage and Living Wage Calculator for Workers. Londres. Gobierno de Reino Unido. 2017. Consultado en:
https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage.
[*] Departamento del Trabajo. Wage and Hour Division – Resources for Workers. Washington. Gobierno de Estados Unidos. 2017. Consultado en:
https://www.dol.gov/WHD/workers.htm#tools.
[*] Dirección del Trabajo. Centro de Consultas Laborales – Remuneraciones. Santiago. Gobierno de Chile. 2017. Consultado en: http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22071.html.
[*] Ministerio del Trabajo. Calculadora Laboral. Bogotá. Gobierno de Colombia. 2017. Consultado en:
http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral.






De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal emitir un informe sobre el estado que guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, EMITA UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)., al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El avance en el reconocimiento de los derechos para sectores sociales vulnerables ha ido avanzando en nuestro país de forma permanente.

Ahora podemos hablar en la agenda pública sobre temas como el acceso a derechos económicos y sociales, entre las que destacan: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social y la alimentación de las y los ciudadanos.

Existe ahora una progresiva inclusión de los derechos humanos en las diversas leyes secundarias, reglamentarias y ordinarias tanto federales como estatales y existe igualmente una derivación en reglas de operación y ordenamientos administrativos de las dependencias gubernamentales.

Sin embargo, existe temas pendientes de resolver y normalizar en esta previsión legal para lograr un acceso real de ciertos sectores, este es el caso de las y los trabajadores domésticos.

En este sentido, la expresión trabajador del hogar o trabajadora doméstica tiene por objeto referir a aquellas personas que realizan un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral.

La denominación trabajadora o trabajador del hogar es sinónimo de trabajadora o trabajador doméstico de acuerdo con el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (Convenio 189).

En junio de 2011, esta Conferencia adopto? el Convenio 189, el cual garantiza la mínima protección laboral que deben tener las o los trabajadores domésticos, para que gocen de igualdad en derechos humanos y laborales, frente a los demás trabajadores, además de establecer medidas para impedir el abuso y explotación hacia este sector.

Aunque este instrumento internacional fue firmado por México ese mismo año, aún no ha sido ratificado ni se ha efectuado la armonización legislativa correspondiente.

A nivel internacional 25 países han ratificado el Convenio. América Latina es la región del mundo más avanzada al respecto, 14 países de la región, incluso con niveles de desarrollo menores al de México, han ratificado este Convenio y están dando pasos para garantizar al sector los mismos derechos que el resto de las ocupaciones. De acuerdo con datos de la OIT, México es el país de América Latina con menor porcentaje de trabajadoras del hogar formales, encontrándose por debajo de países como El Salvador o Bolivia. Ratificar el Convenio sería un paso decidido para avanzar en la formalización laboral de 2.2 millones de trabajadoras en el país.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2011):

• Cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar.

• De las 18.4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 10.8% efectuaron trabajo del hogar, lo que equivale a 1 millón 991 mil 646 mujeres.

• En el caso de los hombres, 189 mil 452 de ellos se emplearon como trabajadores del hogar.

• La tercera parte de ellas tienen entre uno y dos hijos/as.

• 35.7% tiene de 3 a 5 hijos.

• 9.1% tiene 6 hijos y ma?s.

• 22.6% de mujeres no tiene hijas o hijos.

• 32% de las trabajadoras del hogar son solteras.

• 21.2% estuvo alguna vez unida.

• 46.8% de ellas se encuentra actualmente unida (casada o en concubinato) 76.8% de las trabajadoras del hogar tiene un estrato socioeconómico bajo y medio bajo.

• 16% tiene un estrato medio alto.

• 7.2% se encuentra en un estrato alto.

• Una de cada cinco trabajadoras no declara tener un grado de pobreza.

Con base en estas cifras podemos darnos cuenta, que en la realidad, el trabajo del hogar esta? feminizado y son las mujeres que lo realizan quienes tienen un mayor el grado de vulnerabilidad.

Así mismo, la existencia de prejuicios y estigmas discriminatorios en torno a esta actividad revela que esto no es tan simple. Por una parte, las relaciones de discriminación que ocurren entre particulares y en el espacio privado sí demandan una acción institucional y, por la otra, no existe un salario lo suficientemente alto para cubrir el historial de agravios, exclusiones y discriminación que depositamos en estas personas.

La ley que rige las condiciones laborales de las personas trabajadoras del hogar en México es la Ley Federal del Trabajo (LFT). El capítulo XIII, título sexto Trabajos Especiales, se encuentra dedicado en exclusiva a este colectivo laboral, donde se rigen por artículos generales como el establecimiento de un contrato escrito, el derecho a vacaciones pagadas, a percibir un aguinaldo, al disfrute de licencia de maternidad, indemnizaciones, entre otros. Sin embargo, la LFT en su capítulo XIII del título sexto, contiene una serie de artículos discriminatorios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Por ejemplo, reconoce que hasta 50% de la retribución del trabajador puede ser en especie, alimentación o habitación, lo que resulta excesivo en términos de la OIT, que recomienda que sea como máximo 33%, y se establece una jornada diaria que puede llegar a ser de 12 horas.

La situación de informalidad en la contratación de este personal, genera un ambiente propicio para que las trabajadoras del hogar acepten un salario y condiciones adversas de trabajo por parte del empleador.

A esto abona el hecho de que el trabajo doméstico resulta aislado y prácticamente invisible, lo que genera una desprotección y vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito.

En este contexto, el presente punto de acuerdo busca hacer un llamado al Ejecutivo Federal, para que en el marco de sus atribuciones, emita un informe sobre el estado que guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con ello avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores domésticos.

Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Legisladores, a efecto de que apoyemos este punto de acuerdo, logrando una mayor protección para este sector tan vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le solicita al Ejecutivo Federal, para que en el marco de sus atribuciones y facultades, emita un informe sobre el estado que guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuentes:

Organización Internacional del Trabajo
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/statement/wcms_499112.pdf

INEGI
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_02.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t

CONAPRED
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1069&id_opcion=103&op=213
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cuadernillo-01_ElTrabajodelHogar_WEB_.pdf






Del Diputado Heriberto Varela Colmenares, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los poderes constitucionales, así como a los organismos constitucionales autónomos del estado de Oaxaca a reforzar las políticas de previsión y protección ante el abuso sexual y toda forma de violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a impulsar acciones por conducto de la policía cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a través de internet y de las redes sociales. Se turna a la Primera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPULSE ACCIONES POR CONDUCTO DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA A EFECTO DE DETECTAR Y COMBATIR LA VENTA DE DROGAS REALIZADA A TRAVÉS DE INTERNET Y DE LAS REDES SOCIALES, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso de las redes sociales y de la red tecnológica Internet acerca a las personas y con ello también permite acceder a distintas herramientas que permiten compraventa de productos entre los que lamentablemente ya se procesan transacciones para adquirir drogas.

El pasado mes de abril, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertó dentro de la sesión de abril celebrada en la ciudad de México el incremento de venta de drogas a través de la red1.

El citado organismo señaló que las tecnologías de información para el comercio ilegal es tendencia creciente para adquirirlas.

Así mismo, la División Antidrogas de la Policía Federal reveló que en la actualidad se venden en el país hasta 15 tipos de drogas sintéticas variando el costo de las mismas entre 130 y 200 pesos2.

El pago de la droga tal y como lo señala la nota periodística del medio electrónico informativo “El Universal”, se realiza a través de tarjetas de débito o incluso de crédito, por transferencias en línea y la entrega del producto se realiza por medio de empresas de paquetería, hecho que debe alertar a las autoridades.

La División Antidrogas de la Policía Federal señala que las entidades detectadas en donde se opera la venta de estas sustancias son; la ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa y Quintana Roo3.

Los métodos para entrega de drogas se innovan y no obstante que en algunos casos son obvios para algunas personas, estas no denuncian por temor a represalias o atentados en contra de sus personas, bienes o familias.

En otros casos, los métodos que utilizan quienes se dedican al narcomenudeo son allegándose de la tecnología para burlar la acción de la justicia, operando la entrega de drogas a través de los llamados drones, que pueden ser manipulados vía control remoto o a través de aplicaciones, lo que hace difícil detectar el lugar desde donde están siendo operados.

En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas (ENCAT) 2016-2017, dada a conocer por la Secretaría de Salud y por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se reveló que, a través de un sondeo practicado a 65,285 personas, existe por parte de la población incremento en el consumo de drogas4.

Por otra parte, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), Doctor Manuel Mondragón y Kalb, hizo mención en el marco de la firma del Convenio de Colaboración entre CONADIC y la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares, que en consumo de drogas y alcohol en menores de edad incrementó hasta en un 200%, principalmente en niñas5.

Estos datos deben alertarnos sobre el grave problema que viven nuestros menores de edad por el tráfico y venta de drogas en el país y por supuesto, sobre las modalidades y métodos empleados en las transacciones que a través de internet y redes sociales se vienen desarrollando.

Acciones tendientes a poder combatir la venta de drogas a través de internet y de las redes sociales, pueden ser iniciadas a través de la Policía Cibernética, unidad de la División Científica dependiente de la Policía Federal para prevenir, detectar y reportar ante las instancias correspondientes las acciones de compraventa de drogas y con ello combatir este terrible mal que se encuentra con incremento constante provocando daños severos a la salud de la población mexicana.

Es en razón de lo antes expuesto, que a esta alta Soberanía presento, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para que, dentro del ámbito de sus competencias impulse acciones por conducto de la Policía Cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a través de Internet y de las redes sociales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/carteles-venden-en-internet-hasta-15-tipos-de-drogas

2 Ibidem

3 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/carteles-venden-en-internet-hasta-15-tipos-de-drogas

4 http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-autoridades-alertan-incremento-consumo-drogas-mexico-20171212203556.html

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/19/1221395






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo para garantizar el diálogo con los sectores obrero y patronal en los trabajos de justicia laboral. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Hernán de Jesús Orantes López, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión exhaustiva a la aplicación de todos los fondos y recursos federales otorgados al municipio de Ixhuatán del estado de Chiapas. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Diputado HERNÁN DE JESÚS ORANTES LÓPEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II, y artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso; 58, 59, 171, 175 y 176 del Reglamento del Gobierno Interior; y los artículos 1, 2, 6, 17 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE QUE SE LE SOLICITE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REALICE UNA LABOR DE REVISIÓN EXHAUSTIVA ACERCA DE LA CORRECTA APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON EL FIN DE DARLES CERTEZA Y TRANSPARENCIA.

CONSIDERACIONES

1. En nuestro país, la política y los políticos; los gobiernos y la administración pública, pasan por un periodo de desaprobación casi generalizado.  La ciudadanía no confía en sus autoridades, a quiénes les atribuye, fundada o infundadamente, toda clase de conductas ilegales.

2. Moralizar la política y los políticos debe pasar por la aplicación precisa de la norma jurídica y la supervisión de todo acto de gobierno. En el caso de la administración de recursos públicos, es necesario una estricta fiscalización, a fin de evitar que se destinen para actividades distintas a las que están destinados.

3. La rendición de cuentas y la transparencia en la utilización de los recursos, es parte fundamental del actuar de todos los servidores públicos; así mismo, la rectitud debe de ser valor esencial de quienes sirven a la población en un estado demócrata y plural.

4. La Fiscalización tiene como objetivo velar por los intereses económicos del estado, entre ellos, la correcta aplicación de los recursos federales, a través de la cual se establezca la certeza de su adecuada y legal utilización; y en caso de no ser así, poder determinar con el cual probatorio conducente, la responsabilidad del ilegal manejo de los dineros por parte de los servidores públicos.

5. Los ciudadanos a través del sufragio depositan su confianza en los representantes que eligieron, aquellos tienen nos solo el derecho, sino la obligación de exigir a estos últimos, cuentas claras sobre los recursos asignados por la Federación.

6. La Auditoria Superior de la Federación tiene la encomienda de apoyar y auxiliar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública Federal, con el objeto de conocer y comprobar el legal manejo de los recursos federales otorgados, consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros, a las diversas Secretaria de Estado, dependientes del Titular del Ejecutivo Federal, apegándose a las disposiciones normativas aplicables.

7. He recibido de viva voz y por escrito, de parte de diversos ciudadanos del municipio de Ixhuatán, Chiapas, sus inconformidades y quejas, respecto de la aplicación y manejo de los recursos federales recibidos por el Ayuntamiento aludido, correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, contemplados en el Rubro 33 de algunos Presupuestos de Egresos de la Federación; los cuales sostienen, debieron ser canalizados para lo que eran, atención a las necesidades del municipio; y en óptica de mis representados, no han sido canalizados para dichos fines.

8. Dada la intranquilidad y duda de mis representados, relativa a la inadecuada utilización de los mencionados recursos, por parte de la presidente municipal Mtra. Dora María Díaz Ruíz, es que el suscrito, en mi calidad de diputado federal del distrito correspondiente al municipio en cuestión, pido a esta soberanía solicitar a la Auditoría Superior de la Federación practique una exhaustiva revisión a los recursos federales mencionados; los periodos 2016 y 2017.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a la Honorable Asamblea de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, realice una revisión exhaustiva a los recursos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, durante los años 2016 y 2017, al municipio de Ixhuatán, Chiapas, encabezado por la presidenta municipal Mtra. Dora María Díaz Ruíz, principalmente los correspondientes al Ramo 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS”, rubros “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL” Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTITO FEDERAL”; así como  del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017”, con la finalidad de trasparentar el destino y aplicación de los mismos y, en su caso, proceder conforme lo marca la legislación correspondiente.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Hernán de Jesús Orantes López.






De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al reforzamiento de medidas contra la violencia de género en el estado de Chiapas. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos, realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos. Se turna a la Tercera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNO ESTATALES QUE TIENE LITORALES MARINOS, PARA QUE DENTRO DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN ACCIONES PARA LA DISMINUCIÓN Y MANEJO DE CONTAMINANTES EN LOS OCÉANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La contaminación es uno de los efectos producidos por la humanidad que debemos de controlar de manera urgente, la contaminación afecta todo lo que nos rodea y pone en riego no solo a la raza humana sino a todo el planeta.

Los temas ambientales que inciden con el calentamiento global se refieren entre otras cosas al destino final que se da a los contaminantes del planeta, uno de esos contaminantes que ocasionan mucho daño, porque no solo contamina al planeta sino que ocasiona directamente daños a la salud de los seres vivos es el plástico.

Este producto incide también en la perdida y extinción de especies de flora y fauna, por la contaminación del aire y del agua, es aquí donde nosotros hemos puesto especial atención, México cuenta con una importante zona litoral y lo que pase en los océanos nos impacta a los mexicanos.

Ahora bien, sabemos que el agua es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta  y forma parte de los seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O ),y recibe diferentes clasificaciones según sus características: agua corriente, la que circula por canales y tuberías y llega hasta las casas; agua nieve, la que procede del deshielo; agua dulce; la de la superficie terrestre y especialmente la potable; agua mansa, la que corre tranquila y apaciblemente; agua mineral, la que brota de  manantial que lleva en disolución substancias minerales y que pueden tener valor medicinal, agua muerta, la estancada y sin corriente, agua salobre, cuya proposición de sales la hace impropia para la bebida y otros usos. 1

En México tenemos 11,122 km de literal continental,  respecto de los 2 grandes océanos del planeta y 42 ríos principales. Esto implica que es sumamente importante encontrar la manera de proteger nuestras fuentes de agua.

De las 32 entidades federativas, 16 tienen litorales marinos; respecto de los 2 grandes océanos, a saber:

Litoral de México por entidades federativas

º

Nombre

Litoral
(km)

%

01

Baja California Sur

2131

19,2

02

Baja California

1493

13,4

03

Sonora

1209

10,9

04

Sinaloa

622

5,6

05

Nayarit

296

2,7

06

Jalisco

351

3,2

07

Colima

142

1,3

07

Michoacán

228

2,0

08

Estado de Guerrero

522

4,7

09

Oaxaca

568

5,1

10

Chiapas

266

2,4

11

Quintana Roo

1176

10,6

12

Yucatán

340

3,1

13

Campeche

425

3,8

14

Tabasco

200

1,8

15

Veracruz de Ignacio de la Llave

720

6,0

16

Tamaulipas

433

3,9

El agua renovable en México es de 447 mil 260 millones de metros cúbicos anuales, por lo que ocupamos el lugar número 92 de 200 países con mayor disponibilidad del vital líquido consumible para el ser humano; y se distribuye en más de 633 mil kilómetros de ríos y 653 acuíferos.

El pasado 22 de abril, día de la tierra se publicó por parte de la organización defensora de la vida natural en el planeta “Greenpeace”, que se estiman llegan al océano al año 12.7 millones de toneladas métricas de plástico; y de la investigación realizada  resulto entre otras cosas que: las fosas marinas localizadas en el Océano Pacífico fueron contaminados con fibras que provenían de botellas de plástico, envases y ropa sintética, estimando que 300 millones de toneladas de plástico contaminan los océanos, con más de 5 trillones de piezas de plástico, pesando más de 250,000 toneladas- que actualmente flotan en la superficie.

Se ha documentado que  aves, cetáceos, camarones, ostras, pulpos, tortugas marinas y una lista creciente de peces tienen  plástico adentro o alrededor de sus cuerpos, quien no recuerda el impactante video que circula en las redes sociales donde podemos ver una pequeña  tortuga que no puede respirar porque tiene incrustado un  popote en su nariz2 o aquella otra que sufre una deformación en su cuerpo al estar atrapada en un cintillo de platico a la que se conoce ahora como tortuga cacahuate, por haber tomado su cuerpo esa forma por culpa de los desechos plásticos que llegan al mar3, esto no solo es peligroso para los animales, es también un riesgo para los humanos, dado que nuestro cuerpo puede absorber los químicos del plástico, aunado a esto en las investigaciones hechas  en Alemania se descubrieron fibras y fragmentos  de plástico en todas las 24 marcas de cerveza que fueron analizadas, así como en miel y en azúcar.4

Esto sumado a la contaminación visual que el plástico produce, quien no ha llegado a una playa con la intención de pasar un buen rato, a la ribera de un rio  y descubre que los desechos plásticos tirados irresponsablemente llegan a la playa o a la rivera del rio, convirtiéndola en un basurero.

Esto producido por el plástico, substancia que se extrae de un subproducto del petróleo, que se llama  "nafta” y una vez que pasa por un proceso de separación se convierte en la materia prima para la fabricación del plástico, esto representa del 3% al 5% de cada barril de petróleo extraído en el mundo.

Por ejemplo las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, siendo usadas en todo el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el planeta, considerando que el plástico es virtualmente indestructible, se han producido formas para múltiples aplicaciones y el plástico está presente en todas las ramas de la industria.5

Pero la creciente producción de plástico y su virtual vida eterna genera una gran contaminación que está afectando a todo el planeta, y que debe de ser combatida y controlada, es la razón para proponer su adecuado manejo final.

En razón de lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobierno Estatales que tiene litorales marinos, para que dentro de sus competencias, realicen acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 http://dle.rae.es/?id=1BKpQj3

2 https://www.youtube.com/watch?v=-UnZYe4THUc

3 https://www.youtube.com/watch?v=iG_ywJe3M0o

4 https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/22/dia-de-la-tierra-datos-aterradores-impacto-plastico-planeta_a_23417347/  http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/index.html

5 http://www.plasticosdegradables.com.mx/plast1.html






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar un informe del impacto sobre la competitividad de la reforma fiscal implementada por la administración estadounidense y su impacto sobre los flujos de capitales, inversión y crecimiento de la economía mexicana. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea ocurrida en la Habana, Cuba. Se turna a la Segunda Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN LAMENTA LA TRAGEDIA AÉREA OCURRIDA EN LA HABANA, CUBA, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México y Cuba están de luto por el avión accidentado el pasado 18 de mayo, que cobró la vida de 111 personas: 100 cubanos, seis tripulantes mexicanos y cinco pasajeros extranjeros (incluyendo un mexicano y dos argentinos); entre los pasajeros había cuatro niños y un bebé.1

De acuerdo con el comunicado emitido por Aerolíneas Damohj S.A de C.V. (Global Air), “la aeronave era tripulada por el Comandante Jorge Luis Núñez Santos y el Primer Oficial Miguel Ángel Arreola Ramírez, la Sobrecargo Mayor María Daniela Ríos Rodríguez, la Sobrecargo Primera Abigail Hernández García y Sobrecargo Primera Guadalupe Beatriz Limón García y Técnico en Mantenimiento Marco Antonio López Pérez.”2

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió el lugar del accidente y aseguró que los funcionarios cubanos determinarán qué causó el accidente del vuelo DMJ 0972 de Cubana de Aviación que viajaba de La Habana a Holguín en el Boeing 737-200 y que se estrelló durante el despegue a las 12:08 p.m. del pasado viernes en el aeropuerto José Martí.3

Las autoridades anunciaron que hay dos mujeres sobrevivientes de nacionalidad cubana, quienes permanecen hospitalizadas en estado de extrema gravedad. En cuanto a los fallecidos, se han recuperado todos sus restos, pero su identificación podría tomar hasta 30 días, por lo que se pidió la ayuda de sus familiares en el proceso; mismos que ya se encuentran en la Habana y a los que se les ha brindado atención psicológica y apoyo emocional.4

No se sabe hasta el momento la causa por la que el Boeing 737-200 se estrelló, lo que sí se sabe es que el avión volaba una ruta para Cubana de Aviación, la aerolínea nacional más grande de Cuba; asimismo, que la aeronave, fabricada en 1979, era propiedad de la aerolínea mexicana Aerolíneas Damohj (Global Air) y que arrendaba a Cubana de Aviación, bajo un "contrato de arrendamiento con licencia", el cual permite a un operador proporcionar una aeronave, tripulación y mantenimiento a otro transportista.5

Sin embargo, existen denuncias contra la aerolínea, como la de Roberto Miguel Santana, quien asegura que voló días antes el avión accidentado y recuerda que “cuando comenzó el descenso, falló la electricidad y el avión bajó a mucha velocidad”, lo cual le ocasionó un enorme temor por su vida.6

No obstante, el aparato superó la última revisión técnica en noviembre del año pasado, por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de México anunció este domingo una nueva auditoría a Damohj para "verificar que las condiciones actuales de operación sigan cumpliendo con la normatividad".7

En la actualidad, el desarrollo tecnológico alcanzado en la industria aeronáutica ha incrementado cada vez más la fiabilidad de las máquinas, pero aún hay mucho por hacer. Entre 1947 y 2018 han muerto 51.705 personas en este tipo de catástrofes, cuyas principales causas son: terrorismo, errores humanos, fallas mecánicas, condiciones climáticas extremas e incendios a bordo.8

En los últimos 69 años se han registrado 477 tragedias, siendo 1973 el año con el mayor número de accidentes, 18 en total; y 2001 el año con más víctimas, con el ataque a las Torres Gemelas donde murieron 2.907 personas.9

De ahí la importancia de llevar a cabo el debido mantenimiento de las aeronaves, para consolidar a los aviones como el medio de trasporte más seguro, considerando que es utilizado por millones de personas diariamente, ya sea por razones de trabajo o por turismo.

Para ello es necesario concienciar a la comunidad aeronáutica de que la seguridad aérea debe estar basada principalmente en la identificación de peligros, en el control de riesgos y en la actualización de mecanismos de seguridad operacional y de mantenimiento con base en las lecciones aprendidas, lecciones que han costado vidas, un precio que no podemos seguir pagando.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta alta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta la tragedia aérea ocurrida en la Habana, Cuba y externa sus más sinceras condolencias a las familias y amigos de las personas que viajaban a bordo del avión, deseando la pronta recuperación de las mujeres heridas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer sus mecanismos para asegurar que el transporte aéreo sea seguro y que garantice una infraestructura y servicio de calidad.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar todo el apoyo, asistencia y traslados que sean necesarios a las familias de las personas mexicanas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido en la Habana, Cuba, hasta que puedan regresar a México con los cuerpos de los fallecidos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 Duelo en Cuba tras la tragedia aérea: 110 muertos, 7 de ellos mexicanos y 2 argentinos. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/19/duelo-en-cuba-tras-la-tragedia-aerea-110-muertos-7-de-ellos-mexicanos-y-2-argentinos/

2 Global Air. Comunicado de prensa. Disponible en: http://globalair.mx/comunicado/

3 Ídem

4 Global Air. Comunicado de prensa. Disponible en: http://globalair.mx/comunicado/

5 Duelo en Cuba tras la tragedia aérea: 110 muertos, 7 de ellos mexicanos y 2 argentinos. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/19/duelo-en-cuba-tras-la-tragedia-aerea-110-muertos-7-de-ellos-mexicanos-y-2-argentinos/

6 El avión siniestrado en la Habana ya tuvo un fallo eléctrico hace un mes. Disponible en: http://www.abc.es/internacional/abci-avion-siniestrado-cuba-tuvo-fallo-electrico-hace-201805212032_noticia.html

7 Despiden a las primeras víctimas de la tragedia aérea en cuba. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/global/despiden-a-las-primeras-victimas-de-la-tragedia-aerea-en-cuba/1240127

8 Tragedias aéreas. Disponible en: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/accidentes-aereos-mas-destacados-en-el-mundo/16718145/1/index.html

9 Ídem






Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la inmediata destitución del Director General de Caminos y Puentes Federales y del Director de Infraestructura, por su participación en la manipulación de las licitaciones para el servicio de mantenimiento, estabilización y/o protección de taludes y terraplenes de autopistas en el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las aves desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas, su importancia en el medio ambiente es vital. Muchas aves son agentes de dispersión que se encargan de esparcir semillas de varias plantas y lograr los procesos de polinización, o bien son encargadas de ejercer controles biológicos de insectos que podrían convertirse en plagas difíciles de erradicar y afectar la salud de las personas.

Se estima que en el mundo existen 9,720 especies y uno de los procesos naturales más importantes por los cuales atraviesa un considerable número de especies son los fenómenos migratorios, marcados por su estacionalidad.

La migración es un proceso importante en la vida de muchos seres vivos, puede definirse como el desplazamiento periódico y cíclico a gran escala de poblaciones animales, de sus sitios de reproducción y no reproducción o supervivencia y el regreso a los mismos, y que pueden estar separados por grandes distancias latitudinales o altitudinales,1 con el fin de evitar climas adversos y escasez de alimento.

Existen dos periodos migratorios de aves al año, primavera y otoño. La migración de otoño ocurre entre septiembre y noviembre, en el cual dichas especies se desplazan de Norteamérica hacia el sur del continente, y después de haberse establecido entre seis y ocho meses en los trópicos, se desplazan durante la primavera, entre los meses de marzo y mayo, a sus áreas de reproducción en Norteamérica.

Desde el Ártico, migran aves hacia Sudamérica, Centro América y América del Norte por tres rutas de México: la del Pacífico, la Central y la del Golfo. Y a la inversa, de Groenlandia, Alaska, Canadá, Estados Unidos, e inclusive de Europa y Asia. El continente americano es privilegiado en este trascendental proceso, ya que es el punto desde el cual millones de aves, de aproximadamente 340 especies, se trasladan de ambientes tropicales de México, Centroamérica y Sudamérica a ambientes templados de Norteamérica.

México alberga a una amplia diversidad de aves, ocupa el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies, con 1,100 aproximadamente, además de un número importante de endemismos, más de 100 del total de especies mexicanas, lo que equivale a un 9%. Y cabe destacar que se caracteriza por ser un lugar de tránsito, ya que diversas áreas reciben aves migratorias que viajan desde Estados Unidos y Canadá.  

El territorio mexicano es visitado cada año por más de 300 especies de aves rapaces, canoras y acuáticas. Esto debido a factores como su ubicación geográfica y riqueza en ecosistemas como bosques, selvas, humedales y cadenas montañosas ideales de descanso, abastecimiento y refugio para las aves, ecosistemas que en conjunto propician la movilidad de norte a sur de América y viceversa, según la temporada estacional.

Además, nuestro país concentra distintos corredores migratorios, entre ellos, el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuyos vientos favorecen el vuelo de las aves durante días completos. Otra región importante y reconocida a nivel internacional es la Laguna Madre y Delta del Río Bravo, donde inverna el 15% del total de las aves migratorias que provienen de Canadá y Estados Unidos y donde confluye la migración de más de 450 especies de aves acuáticas, semiacuáticas y terrestres, elementos que la han reconocido a nivel mundial, con la categoría de Área de Importancia para la Conservación de las Aves.2 

Los manglares y lagunas costeras de Marismas Nacionales, en las costas de Nayarit y Sinaloa, constituyen otro sitio idóneo para las aves migratorias, en esas áreas se reproducen y crecen decenas de miles de organismos de 200 especies neotropicales.

No obstante, durante su travesía, las aves migratorias se enfrentan a diversos obstáculos y peligros de origen humano como antenas, edificios, vehículos,  tendidos eléctricos y colisión al impactarse con estructuras urbanas, así como fenómenos naturales como son el clima, huracanes y tormentas.

Aunado a ello, los ecosistemas que necesitan para vivir en sus residencias tropicales o de estancia reproductiva están disminuyendo drásticamente, se han fragmentado o desaparecido por completo, como son los casos de humedales o bosques que están disminuyendo debido a la expansión agrícola, ganadera o urbana, además del uso de plaguicidas en la agricultura y metales pesados contenidos en cuerpos de agua donde abrevan y ponen en peligro a las aves.

Ante este serio desafío, desde el Gobierno Federal se han emprendido diversas acciones a favor de las aves migratorias, entre ellas, el papel de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) que participa en la actualización de la Lista de especies y nombres comunes de México, a fin de  homologar los nombres comunes para designar a las numerosas especies de aves que se encuentran en nuestro país.

Además, desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se realizan distintos operativos a nivel nacional para evitar la cacería y comercio ilegal de especies residentes y migratorias, así como de sus hábitats.

No obstante, es necesario fortalecer las acciones, a fin de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. La celebración de Día Mundial de las Aves Migratorias es un espacio adicional óptimo para llevarlo a cabo

En esta edición 2018, se llevará a cabo bajo el lema “Uniendo nuestras Voces para la Conservación de las Aves”, el próximo 12 de mayo, a fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de las aves migratorias. Esta campaña sensibiliza acerca de la necesidad de conservar las aves migratorias y sus hábitats, de las amenazas a las que se enfrentan, de su importancia ecológica y de la necesidad de cooperar a nivel internacional para conservarlas.

En México debemos impulsar acciones que fomenten la conciencia social sobre la importancia de conservar y proteger las aves migratorias y su hábitat, y su relevancia como agentes naturales vitales para mantener nuestro equilibrio ecológico.  La protección de estas especies es una condición fundamental para asegurar también el futuro de las próximas generaciones y para que puedan disfrutar de los entornos y belleza natural que las aves nos ofrecen.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves  migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 Conacyt, El largo viaje de las aves migrantes, en línea [Disponible en:] https://centrosconacyt.mx/objeto/el-largo-viaje-de-las-aves-migrantes/

2 Semarnat, México, lugar de tránsito para aves migratorias, en línea [Disponible en:]
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-lugar-de-transito-para-aves-migratorias






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría a los contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en virtud de distintas anomalías documentadas por diversos de comunicación que señalan pagos a sobrecosto en la adquisición de productos para los centros de desarrollo infantil de la demarcación. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La administración de Rigoberto Salgado Vázquez como jefe delegacional en Tláhuac1 estuvo marcada no sólo por la infiltración del crimen organizado, sino también por el desvío de recursos públicos.

El ejemplo más emblemático de estos hechos lo representa el caso del restaurante “La Carreta del Pacífico”, que  no solo era el centro de operaciones del Felipe de Jesús Pérez, líder del Cártel de Tláhuac abatido por elementos de la marina, sino también se desviaron recursos públicos para su edificación, tal como lo comprobó la Contraloría General de la Ciudad de México que luego de una investigación determinó que, Rigoberto Salgado y 17 funcionarios de su administración usaron recursos públicos para la construcción y operación de este establecimiento.2

Este no es el único caso relacionado con el uso indebido de recursos públicos y la infiltración del crimen organizado, en julio de 2017, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en la Delegación Tláhuac laboraban familiares y personas pertenecientes a la estructura criminal de Felipe de Jesús Pérez:

• Griselda Cortés Gutiérrez  ocupó dos plazas durante once meses en el Centro de Servicio de Atención Ciudadana; mientras Arisele Cortés Gutiérrez se desempeña como subjefe de la oficina del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. Ellas son hermanas de Nancy Cortés, presunta pareja sentimental de Felipe de Jesús Pérez.

• Christian Salgado Pérez, sobrino de Felipe de Jesús, trabajó hasta el 30 de junio de 2017, en la Dirección General de Desarrollo Ecológico y Rural.

• Betuel Beltrán Vázquez, es el Jefe de Unidad de la Dirección de Agua Potable  y Lucy Beltrán Vázquez, ocupa dos plazas de manera simultánea en la Delegación, una como analista y la otra como Auxiliar de Servicios Generales. Ellos son hermanos de Edgar Beltrán Vázquez, Jefe de sicarios de y encargado de la seguridad de su hijo Miguel Ángel Pérez Rodríguez.3

En reiteradas ocasiones, Rigoberto Salgado ha sido señalado por el manejo irregular de los recursos de la Delegación Tláhuac4 y por otorgar millonarios contratos a personas que financiaron su campaña. Este es el caso de Patricia Lizeth Sánchez Vázquez, quien en el año 2015 le donó 127 mil 480 pesos en especie y un año después ya como jefe delegacional, ella y sus familiares obtuvieron contratos por 33 millones de pesos que les fueron asignados de manera directa.5

Rigoberto Salgado, también ha sido cuestionado por un presunto enriquecimiento ilícito que ha quedado evidenciado por las importantes modificaciones en su vivienda y la de sus familiares, mismas que no corresponden a los ingresos que percibía  como delegado.

Las autoridades de la Ciudad de México detectaron seis inmuebles que presuntamente son propiedad del entonces jefe delegacional en Tláhuac y su esposa, María Aurora Martínez. De estas propiedades,  cuatro de ellas no aparecen en su declaración patrimonial:

• Una de estas propiedades se ubica en Nicolás Bravo 28 con una superficie de 392 metros cuadrados justo frente a la sede delegacional, y supuestamente es el domicilio fiscal del delegado.

• Además, cuenta con una casa de res pisos con cinco locales ubicada en Santa Cruz 50, colonia Los Olivos.

• El Delegado posee una vivienda localizada en Francisco Villa 1A, en el Pueblo Santiago Zapotitlán.

• Otro inmueble se ubica en Calle Traviata manzana 130, lote 7, colonia Miguel Hidalgo.6

En días recientes, distintos medios de comunicación documentaron que Rigoberto Salgado Vázquez otorgó mediante adjudicación directa el Contrato Abierto de Adquisición Número 050/2017 para abastecer los alimentos de los  Centros de Desarrollo Infantil de la delegación Tláhuac.7

La Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México señala que, una de las excepciones al proceso de licitación es que se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido declarados desiertos8, supuesto bajo el cual se otorgó de manera directa el contrato 050/2017.

No obstante, al revisar los costos de los productos se presume un sobreprecio, lo cual evidencia que no aseguraron las mejores condiciones en cuanto precio y calidad, para la delegación Tláhuac y podrían representar un daño al erario público, lo cual contraviene los principios del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los hechos son contundentes y dan cuenta de los numerosos casos en los que el gobierno delegacional de Tláhuac incurrió en distintos hechos que constituyen un uso indebido de los recursos públicos de dicha demarcación.

Los legisladores del PRI consideramos que la postulación de MORENA de Rigoberto Salgado para la diputación del distrito ocho local, busca brindarle impunidad para que éste no tenga que enfrentar la acción de la justicia por las distintas investigaciones  y procesos que existen en su contra.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, lleva a cabo una auditoría a los contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en virtud de distintas anomalías documentadas por diversos de comunicación que señalan pagos a sobrecosto en la adquisición de productos para los Centros de Desarrollo Infantil de la demarcación. Asimismo, para que en su caso, promuevan las acciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 La administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac inició el 1 de octubre de 2017 y solicitó licencia a mediados de febrero  de 2018 para ser candidato de MORENA a la diputación local del distrito 8 en Tláhuac. El 12 de abril de 2018, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el nombramiento de Feliz Arturo Medina Padilla como delegado sustituto en dicha demarcación.

2 Rigoberto Salgado sí desvío recursos a restaurante donde operaba El Ojos: Contraloría, Crónica, <
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1072431.html> Consultado el 14 de mayo de 2018.

3 “Gente de El Ojos labora en gobierno de Tláhuac” El Universal, Metrópoli, p. C1, 31 de julio de 2017.

4 “Exhortan a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac”, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, <
Exhortan a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac> Consultada el 14 de mayo de 2018.

5 “Dona a Morena; recibe millones”, Reforma,  <
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1141480&md5=39c2818189f31a6230accca1fd7104a3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=e04f2523f94518f471375b6b687cda04> Consultado el 14 de mayo de 2018.

6 Delegado en Tláhuac; Salgado posee más de lo que dice tener, Excélsior, < http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/04/1179580> Consultado el 14 de mayo de 2018.

7 Denuncia a Rigoberto Salgado por compra de productos a sobreprecio, El Financiero, < http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/denuncian-a-rigoberto-salgado-por-compra-de-productos-a-sobreprecio> Consultado el 14 de mayo de 2018.

8 Fracción IV del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico, en el marco de la campaña de ventas online. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El comercio electrónico es el proceso de compra venta, o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación, que brinda una amplia variedad de posibilidades para adquirir cualquier tipo de producto.

Las compras de artículos por internet o línea, son atractivas, sobre todo, por la comodidad y facilidad para realizarla; pero, es muy importante que los ciber-consumidores tomen en cuenta las precauciones debidas para no ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas, que afecten sus derechos y economía.

El comercio en línea ha sido de la mayor trascendencia dentro del sector económico, esta actividad es considerada para algunos, innovadora, teniendo un alcance internacional, motivo por la cual los usuarios de aplicaciones electrónicas generalmente no cuentan con la información necesaria para instrumentarlas con un buen resultado, convirtiéndose en los mecanismos más inseguros para cometer fraudes.

El eCommerce (comercio electrónico, por sus siglas en inglés), crece año con año, ganando cada vez más espacio en negocios tradicionales y logrando dar mayor accesibilidad y facilidades de compra-venta de artículos.

Sin embargo, paralelamente al aumento de esta forma de comercio, se ha incrementado también el fraude en Comercio Electrónico, el cual es la compra-venta de bienes y servicios a través de internet. Estas transacciones se pagan con tarjetas de débito y crédito, razón por la que se recomienda poner mucha atención al momento de llevar a cabo las compras, ya que no existe un contacto directo con el vendedor y puede convertirse en fraude.1

Para dimensionar la magnitud de este asunto, cabe destacar que se calcula en 1,600 millones de usuarios en todo el mundo que han realizado compras en Internet, gastando 1.3 billones de dólares en 2014, un total de 2.3 billones en 2017 y se prevé alcance 4.5 billones en el año de 2021.2

Según Statista los 10 países con mayor penetración de ventas a mediados de 2017, se encuentran China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Indonesia, India y Estados Unidos, Taiwán, Polonia y Tailandia.3

Cabe destacar que a nivel mundial, el 25% de las personas que usan Internet, realiza una compra de comercio electrónico. Estados Unidos concentra el 64% de comercios donde se realizan compras electrónicas, seguido por Asia con un 36%.4   

En 2017 México fue el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas de fraude cibernético, con más de 33 millones de afectados, sólo superado por Brasil con 62 millones.5

Se calcula que los ciberdelincuentes robaron a clientes de servicios financieros, bancarios y empresas en nuestro país siete mil 700 millones de dólares, principalmente, porque los usuarios se comportan en internet de manera peligrosamente despreocupada.

El boquete económico mayor se produjo por la infección de virus en computadoras y dispositivos móviles, seguidos del fraude con tarjetas de crédito, robo de contraseñas, hackeo de mail o cuenta de una red social y correos electrónicos fraudulentos. Se trata de un grave problema que puede afectar a todos, desde las personas físicas, empresas y al mismo gobierno.

El año pasado el promedio mensual de fraudes cibernéticos en comercio electrónico fue de 193 mil casos, lo que significa al menos 6 mil 433 por día, y la tendencia es creciente ya que en 2016 se registraron 131 mil casos mensuales.6

Según la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), las quejas por este tipo de fraude pasaron de 7% (38 mil 539) en el primer trimestre de 2011 a 42% (639 mil 857) en el mismo periodo del año pasado.

Conforme a datos de la misma dependencia, el total de fraudes pasó de poco más de 2.9 millones en 2013 a 5.3 en 2016, y 6.5 millones al tercer trimestre de 2017. Del total de fraudes registrados el año pasado, 3.4 millones son cibernéticos (Comercio por Internet, operaciones por Internet de personas físicas y morales, Banca Móvil y Pagos por Celular) y 3.1 millones son tradicionales (Terminal Punto de Venta, Comercio por Teléfono, Cajeros Automáticos, Sucursales, Movimientos por el Banco, Otros Bancos, Corresponsales y Banca por Teléfono).7

De manera específica, fueron iniciadas 3.3 millones de reclamaciones en el rubro de Comercio por Internet, el monto reclamado ascendió a 3.8 millones de pesos, el monto reclamado concluido fue de 3.5 millones, el monto abonado de casi tres millones, con un 93% de resolución favorable.

Las cifras sobre el comercio electrónico durante el año pasado son reveladoras, entre las que destacan las siguientes: poco más de 271 millones de solicitudes de compra fueron enviadas para autorización; 55.6 millones fueron autorizadas (63%) por un monto de 40,569 millones de pesos; y el número de contracargos en compras autorizadas8 fue de 809,348 por un monto de 353 millones de pesos.

En caso de ser víctima de fraude, se recomienda llamar a las instituciones financieras o establecimientos en los que se tiene cuentas e informar sobre la situación; acudir a la CONDUSEF en caso de enfrentar algún problema con un servicio o producto financiero; levantar un acta ante el Ministerio Público, incluso si el banco ya devolvió el dinero; informar de inmediato a las instituciones correspondientes si hubo pérdida y robo de identificaciones, para evitar que sean utilizadas con un objetivo ilícito; y presentar la reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) si se trata de fraude en compras que hayas realizado con tarjetas departamentales, es decir, entidades no financieras.

Asimismo, se recomienda monitorear tus cuentas y cambiar la contraseña cada mes; contar con un NIP que no debe ser fácil de adivinar; no asumir muchos riesgos a la hora hacer inversiones financieras; y revisar al menos una vez cada 6 meses tu Reporte de Crédito y si identificas algo anormal, notificarlo de inmediato a la Sociedad de Información Crediticia.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 4, establece como una de sus facultades, procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas9.

Asimismo, en su artículo 5°, plantea a la letra que “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios”.

Pese al importante marco jurídico en la materia y al conjunto de recomendaciones realizadas, es oportuno y necesario fortalecer las medidas de seguridad, con el objeto de fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas online, para proteger los intereses, derechos y economía de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la medidas de seguridad del comercio electrónico en el marco de la campaña de ventas online.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 https://www.gob.mx/condusef/acciones-y-programas/el-fraude-cibernetico

2 https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics#GlobalInfographic

3 https://es.statista.com/estadisticas/635775/penetracion-de-mercado-a-nivel-mundial-de-los-sitios-de-venta-minorista-en-linea-en/

4 http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=comercio-electronico

5 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-es-segundo-pais-mayor-numero-fraudes-ciberneticos/

6 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumentan-ciberfraudes-en-comercio-electronico

7 http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas

8 Un contracargo es un mecanismo creado para solucionar aquellos cargos que se realizan a una tarjeta de crédito o débito que no son reconocidos. Es una manera de poder proteger al tarjetahabiente de cargos hechos sin su consentimiento. Se genera cuando un tarjetahabiente se pone en contacto directo con su banco para notificar que no reconoce un cargo hecho a su tarjeta de crédito o débito por tu negocio. En ese momento, el banco emisor del tarjetahabiente envía una solicitud de sobrecargo al banco del negocio.

9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/78275/ley_condusef.pd






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe “Iniciativa mundial sobre la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos”, señala que las pérdidas y los desperdicios de alimentos tienen un impacto negativo en el medioambiente debido a la utilización de agua, tierra, energía y recursos naturales para producir alimentos que nadie consumirá1.

La magnitud del impacto aumenta con el nivel de procesamiento y refinado de los productos alimentarios y el eslabón de la cadena de suministro de alimentos en el que estos se pierden o desperdician.

Por lo general, las pérdidas pequeñas se asocian con una mayor eficiencia en el suministro de alimentos y, a la larga, con un reciclado de recursos más efectivo, menos necesidades de almacenamiento, distancias de transporte más pequeñas y una utilización energética menor.

Sin embargo, las soluciones para reducir las pérdidas suelen suponer un mayor uso energético, sobre todo, en la conservación de los productos alimentarios. Por supuesto, desde un punto de vista medioambiental, los impactos negativos de las medidas para reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos deberían ser menores que los beneficios.

La reducción de desperdicio de alimentos contribuye a mejorar el medio ambiente y la economía. La FAO, indica que los alimentos que se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, ha sido desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final de los hogares.

En los países de ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera significativa en la etapa de consumo, lo que significa que se desechan y producen pérdidas importantes al principio de las cadenas de suministro de alimentos.

Para dimensionar la gravedad de esta situación, la FAO estima que hasta un tercio de todos los alimentos se pierden o se desperdicia antes de ser consumidas por las personas, equivale a mil 300 millones de toneladas de alimentos al año2.

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), señala que los alimentos no consumidos ocupan unos mil 400 millones de hectáreas de tierras, el 30 por ciento del total de la superficie cultivada.

Cada año se estima que se pierden o desperdician en Europa, entre un 30 por ciento y 50 por ciento de los alimentos sanos y comestibles, a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor y se convierten en residuos.

Tan sólo en América Latina se pierden o desperdician hasta 127 millones de toneladas de alimentos anualmente, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas.

México no ajeno a esta grave problemática, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cada año cerca de 20 millones de toneladas de alimentos se pierden en el país3.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señala que se desperdicia el 37 por ciento de los alimentos que se producen, cifra que equivale a 10 millones 431 toneladas de alimentos al año4.

De acuerdo con el Índice General de Desperdicios de Alimentos en México entre los tres alimentos más desperdiciados se encuentran la guayaba con 57.7 por ciento; la leche de vaca, 57.1 y el mango 54.5 por ciento de su producción total5.

En este sentido, las pérdidas impactan directamente a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios del país, ya que reducen la disponibilidad local, generando menores ingresos para los productores y aumento de precios para los consumidores.

Para dar atención a esta grave problemática se requiere la participación y colaboración de todos los sectores involucrados a lo largo de la cadena de producción y consumo de alimentos.

De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo, cuyo objetivo central es instrumentar campañas informativas a través de la radio y televisión, para sensibilizar a toda la población a nivel nacional, sobre la importancia del desperdicio alimenticio.

Hoy, nos encontramos inmersos en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, en la cual las personas de todas las edades, géneros, ubicaciones y situaciones socioeconómicas tenemos acceso a los múltiples medios y fuentes que están a nuestro alcance.

El continúo avance tecnológico de la radio y la televisión e inclusive redes sociales, son los medios más concurridos y revisados por casi la mayoría de la sociedad, dadas sus características de cobertura, gratuidad e inmediatez. Estos medios de comunicación forman parte de la vida diaria de las personas, para informarse, para entretenerse o hasta para acompañar en momentos de descanso.

Ante la relevancia de estos medios, resulta esencial que la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para concientizar a la población sobre el desperdicio alimenticio.

La pérdida de alimento es muy importante en los esfuerzos para combatir el hambre, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional. Estas pérdidas afectan a la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria al desarrollo económico y al medioambiente.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 http://www.fao.org/3/a-i4068s.pdf

2 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/

3 https://www.gob.mx/semarnat/prensa/gobierno-federal-impulsa-estrategia-para-reducir-la-perdida-y-el-desperdicio-de-alimentos?idiom=es

4 http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_02/infografia.html

5 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Agosto/21/1907-Desperdicia-Mexico-37.2-por-ciento-de-sus-alimentos-urge-promover-donacion






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una auditoría integral a los recursos y contratos signados por el gobierno capitalino para la instalación, operación y mantenimiento al “Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas”, ante el incremento de denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, además de anomalías en su operación; entre ellas, falta de mantenimiento y nula transparencia en el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante la presente administración, en la Ciudad de México se ha operado y fortalecido el “Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas”, cuyo objetivo primordial es detectar de manera oportuna a los conductores que incurran en alguna falta al Reglamento de Tránsito, como no respetar los límites de velocidad, realizar vueltas prohibidas, conducir en sentido contrario o bajo los efectos del alcohol y transitar en carriles confinados al Metrobús.

Junto con el “Programa Ciudad Segura”, el sistema de Fotomultas cuenta con más de 11 mil cámaras, 68 radares de velocidad y 40 equipos de monitoreo que están distribuidos de forma itinerante en 428 lugares y 40 intersecciones. Entre las vialidades más vigiladas se encuentra “Viaducto Miguel Alemán, Calzada de Tlalpan, Avenida Constituyentes, Eje Central Lázaro Cárdenas y Anillo Periférico”.

De acuerdo con los resultados de reportes del Gobierno de la Ciudad de México, las principales sanciones hasta ahora han sido por exceder los límites de velocidad con el 48%, le sigue estacionarse en lugares prohibidos 15%, no respetar los semáforos con 6%, no utilizar el cinturón de seguridad con el 6% y el uso del celular mientras se conduce con el 3%.

En cuanto a los fondos recaudados, según la Secretaría de Seguridad Pública sólo en el 2016 estos llegaron a por lo menos 64 millones de pesos y se esperaba que al terminar el 2017 ascendieras a 90 millones de pesos, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial por las autoridades de la capital del país.1 Por su parte, algunos medios informativos han hecho de conocimiento público que la Secretaría de Finanzas hasta el mes de septiembre de 2017 había percibido 224 millones de pesos de los cuales 734 millones eran por pago de Fotomultas, 2 es decir, persiste un desconocimiento de los montos generados.

Lamentablemente este sistema desde su entrada en vigor, se ha traducido en incertidumbre entre la población, ya que lejos de contribuir a consolidar una cultura vial, se ha caracterizado por presentar omisiones y ambigüedades en la expedición, notificación y cobro de las multas.

Existe un pleno desconocimiento y nula transparencia en las licitaciones, contratos y condiciones de operación, ejemplo de ello es la última licitación, realizada para el mantenimiento de los radares, en ella se dio una manipulación de la información a fin de permitir que una de las empresas que ejecutaba el programa resultara nuevamente beneficiada.

Con este nuevo contrato, se espera que la compañía “Inteltráfico” reciba más de 220 millones de pesos solo de las multas que se tienen pronosticadas para este año 2018. A pesar de la relevancia de estas modificaciones, el Gobierno de la Ciudad de México no ha realizado ningún anuncio, por lo que perdura un clima de incertidumbre, por el contrario, diversos servidores públicos habían difundido que en el sistema de Fotomultas ya no existía la intervención de la iniciativa privada.3

Durante esta licitación, también existieron quejas de probables favoritismos, ya que la empresa ganadora no presentó los precios y condiciones más competitivas y a decir de algunos participantes, carece de la experiencia mínima, el personal y la infraestructura para operar el sistema y brindar un mantenimiento adecuado.

No obstante a que el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en numerosas ocasiones afirmó que los recursos recaudados serían utilizados para los trabajos de reconstrucción de edificios colapsados y mejorar la seguridad vial como reparar las avenidas afectadas y banquetas fracturadas, aún no se han informado las acciones realizadas, el avance de los trabajos, los cronogramas de obras y las colonias beneficiadas.

Por si esto no fuera suficiente, se ha revelado la existencia de cuotas mínimas de infracciones anuales y para cumplirlas, las empresas ejecutoras utilizan hasta vehículos particulares como radares, dándose sucesos en donde se levantó la sanción pero el automovilista en ningún momento infringió ningún reglamento o límite de velocidad.

Asimismo, existen acusaciones de que las empresas privadas han cometido abusos como manipulación de los equipos para generar un mayor número de infracciones y han recalibrado los monitores, situación que puede derivar en que la lectura puede ser incorrecta.

Ante este panorama de inconsistencias, es necesario impulsar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en la contratación de las empresas operadoras, para que se ejerzan bajo los principios de máxima publicidad, eficiencia, eficacia, honestidad y economía. Para ello resulta de vital importancia que a la brevedad, se realice una auditoría integral para identificar y sancionar malos manejos y actos de corrupción que trasgreden las arcas públicas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, realice una auditoría integral a los recursos y contratos signados por el Gobierno Capitalino para la instalación, operación y mantenimiento al “Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas”, ante el incremento de denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, además de anomalías en su operación, entre ellas falta de mantenimiento y nula transparencia en el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 El Universal. (2018). Los autos con más Fotomultas en la CDMX. 17/05/2018. Sitio web:
http://www.eluniversal.com.mx/autopistas/los-autos-con-mas-fotomultas-en-la-cdmx

2 Dalia Sarabia. (2017). Engrosan los radares ingresos por multas. 17/05/2018, de El Reforma Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1271534&v=4&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1271534&v=4

3 Milenio.com.mx. (2018). Gobierno de CdMx niega nuevo contrato por Fotomultas. 17/05/2018. Sitio web:
http://www.milenio.com/df/gobierno-cdmx-rechaza-nuevo-contrato-fotomulta-mantenimiento-dinero-transito_0_1175882801.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro a establecer los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de trenes, en virtud del incremento exponencial de estos hechos delictivos. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA, Diputado Federal e integrante del grupo parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto, en el artículo 71 de la Constitución, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE DE MANERA COORDINADA TOMEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA COMBATIR EL ASALTO A FERROCARRILES Y EL SABOTAJE DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sabotaje a los ferrocarriles ha escalado de magnitud, y las fallas provocadas en este tipo de transporte han generado desastres recientes en diversos estados, el último en Veracruz.

De no actuar en forma inmediata todas las autoridades involucradas para detener los asaltos y sabotajes a los trenes, se tienen dos escenarios inmediatos.

• El primer escenario, es el de la perdida de la inversión y de la producción, así como el incremento en los costos de transporte y por concepto de seguro de las mercancías que harían incosteable el traslado de bienes.

• El otro escenario que está latente es que, ojalá y no, se registraran pérdidas humanas y un mayor número de lesionados.

Comentábamos que el último caso registrado fue el sábado pasado en Orizaba Veracruz, en el cual existió un gran daño a la infraestructura ferroviaria, paralizando más de 300 mil toneladas de mercancías e impidiendo el paso del ferrocarril de Coatzacoalcos y el Puerto, hacia el Centro y Sureste del país, con decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

Sin embargo, existió el peligro latente de un derramamiento de productos químicos provenientes de las refinerías del norte de Veracruz en una zona en la que habitan más de cien mil habitantes.

Por el tipo de productos que transporta, por las ciudades que cruza, por los pasajeros que tiene abordo, el accidente de un tren puede generar un daño mayúsculo. Un atentado contra este tipo de transporte es un acto criminal.

En ningún sector o tipo de bienes se ha incrementado el robo, como ha sucedido en los ferrocarriles:

En los tres primeros meses del 2018, se registraron 720 robos a carros del ferrocarril, casi un 500 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

Imaginemos lo que para una persona sería que de cada 7 días que sale de su casa a su trabajo, en uno de esos días va a ser asaltado o a sufrir un atentado. 

Bueno pues de seguir la tendencia de robos y atentados a los trenes, esa será la probabilidad de daño que enfrentará el sector del transporte por ferrocarril.

Cada que un tren salga de su terminal, enfrentará una probabilidad mayor a un 10% de ser asaltado o saboteado.

Ningún país, ninguna economía, ninguna industria, soporta un ataque a su infraestructura ferroviaria de esta magnitud.

Al igual que toda actividad delictiva que no se detiene a tiempo y en tiempo, de hechos relativamente menos, pasa a un mayor número de hechos delictivos y de mayor magnitud, para después trasladar sus actividades hacia la delincuencia organizada y a una red más sofisticada que inicia en el punto de asalto o sabotaje y termina en el punto de venta.

Por ello, las entidades federativas tienen que actuar en forma determinante o a los grupos de huachicoleros, tratantes y narcotraficantes que atentan contra población inocente en sus estados, pronto se les sumará quienes atacan y sabotean a los ferrocarriles mexicanos.

Existen estados que deben actuar en forma inmediata por los ataques que han sufrido los trenes y  vías férreas cuando cruzan las entidades de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Michoacán y Jalisco.

Por lo anteriormente Expuesto, pongo a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que informen sobre las medidas que se están aplicando con el objeto de combatir el asalto a los trenes y garantizar la seguridad de la infraestructura de los ferrocarriles nacionales.

SEGUNDO: Se exhorta al Gobierno Federal para que de manera urgente diseñe una estrategia para garantizar la seguridad de los ferrocarriles en su tránsito por el territorio nacional y valore la intervención de fuerzas federales y Armada de México en operativos para disuadir actos ilícitos en contras de los ferrocarriles y sus instalaciones.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Dip. Ricardo David García Portilla.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar, actualizar e informar sobre el uso y destino de los recursos, así como del patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el “Fideicomiso Beca un Niño Indígena, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de Infraestructura Deportiva”, ante las denuncias públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de transparencia en el padrón de beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, en el estado de Puebla el Gobierno de José Antonio Gali Fayad está haciendo presuntamente un uso discrecional y opaco de los recursos que han sido etiquetados principalmente durante esta administración a los fideicomisos públicos.

Entre las principales anomalías identificadas y dadas a conocer en los últimos meses, se encuentran las siguientes:

• Por lo menos 32 fideicomisos inscritos en la Plataforma Nacional de Transparencia, presentan información incompleta y desactualizada sobre su balance fiscal, cumplimiento de sus objetivos de creación y particularmente destino de los recursos públicos que posee.1

• Entre los Fideicomisos con el mayor número de irregularidades, destaca el de  “Beca un Niño Indígena” que fue creado durante la administración del ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y promovido por la entonces directora del DIF estatal y actual candidata a la gubernatura por la coalición “Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Muestra de su uso faccioso y carente de transparencia, es que se desconoce el padrón de beneficiarios, así como el uso y destino de los recursos públicos etiquetados. La única información disponible, hace alusión a que se utilizaba para la adquisición de material escolar.

• Se ha documentado discrecionalidad en el ejercicio del dinero canalizado para el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, así como en el Fideicomiso del Estado de Puebla para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Para dimensionar la falta de atención que puede ser superado con estos fondos, basta indicar que sólo en la capital de la entidad, por los menos 34 espacios deportivos carecen de mantenimiento, por lo que son inseguros, sucios y propicios para actos delictivos contrarios a la población.

Por estas irregularidades, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, ha solicitado “corregir” estas faltas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de que las dependencias de la administración pública estatal, cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información gubernamental.

Lamentablemente, no sólo se ha registrado falta de transparencia en el uso del dinero en los fideicomisos públicos, sino también en otros fondos de alto impacto social, como el “Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de Puebla” creado para la reconstrucción tras los sismos del pasado mes de septiembre.

Según los resultados de múltiples análisis del Centro de Investigación y Docencia Económicas,  el gobierno estatal y sus dependencias no cuentan con las medidas de seguimiento apropiadas a las acciones de auxilio a las víctimas, superación de emergencias y reconstrucción de espacios y edificios públicos, por lo que no se asegura su debido uso o ejercicio, dando lugar a actos de corrupción. 

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realice un exhorto al gobierno de José Antonio Gali Fayad para que, actualice e informe el uso y destino de los recursos, así como el patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, para esclarecer denuncias sobre su posible uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de trasparencia en el padrón beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales y legales, transparente, actualice e informe el uso y destino de los recursos, así como el patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el “Fideicomiso Beca un Niño Indígena, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de Infraestructura Deportiva”, ante las denuncias públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de trasparencia en el padrón de beneficiarios, montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, presente un informe pormenorizado sobre las acciones emprendidas y sus resultados para dar seguimiento a las obras y ejecución de los recursos del “Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de Puebla”, fundado para la reconstrucción tras los sismos del pasado mes de septiembre a fin de identificar, sancionar y prevenir, actos de corrupción, peculado y desvío de recursos públicos. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 Efraín Núñez. (2018). Son discrecionales y opacos 32 fideicomisos públicos en Puebla. 21/05/2018, de E-consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2018-05-10/gobierno/son-discrecionales-y-opacos-32-fideicomisos-publicos-en-puebla





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer e intensificar sus operativos en materia de seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La Unión Tepito”. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la actual administración de la Ciudad de México, la violencia e inseguridad se han convertido en la principal preocupación de la población, debido a que, en delegaciones como Tláhuac, Xochimilco y Cuauhtémoc se encuentran ampliamente documentadas ejecuciones atribuibles a grupos del crimen organizado. Por si esto no fuera suficiente, dicha situación no es exclusiva de determinadas zonas o demarcaciones de la entidad, por el contrario, representa una constante que se observa en prácticamente toda la capital del país. 

En días recientes, en medios de comunicación se dio a conocer que el grupo delictivo “La Unión Tepito” ha ampliado sus actividades delictivas, al pasar de ilícitos como el narcomenudeo y la extorsión, a otras como el secuestro express, y el despojo de locales comerciales e inmuebles. Detallan que personas que han sido víctimas de la organización criminal que opera en la zona centro de la Ciudad de México, han expresado que en caso de negarse a pagar el denominado “cobro de piso”, también son objeto de amenazas o venganzas.1  

Asimismo, señalan que algunos comerciantes pagan la cuota mientras que otros entregan bienes como automóviles o motocicletas. Sin embargo, cuando los locatarios se han negado, éstos han sido despojados de sus comercios, incluyendo la documentación que acredita la propiedad de los mismos.

Para ponderar la gravedad de los hechos delictivos que se buscan combatir e inhibir, cabe mencionar que una persona despojada de una imprenta que tenía en la plaza Santo Domingo expresó lo siguiente: “Como no les di me quitaron el local y se quedaron con todas mis cosas, tenía que dar rentas de 5 mil a la semana. Mejor me fui porque ya no salía para estar pagándoles a ellos”

Sobre el particular, el propio jefe delegacional ha reconocido que desde diciembre del año anterior cuando tomó posesión del cargo, ha recibido diversas denuncias de comerciantes contra “La Unión Tepito” por extorsión y despojo, lo que ha señalado como un grave problema, toda vez que incluso, el personal de la delegación que participa en un programa de reordenar el comercio ambulante también fue amenazado por lo que ha tenido que ser retirado de las calles. 

Ante el miedo e incertidumbre que impera en la zona, comerciantes de Tepito y del Centro Histórico optan por pagar las cuotas solicitadas o en su defecto, por huir, y dar testimonios anónimos de la situación que sufren diariamente. Bajo esta tesitura, es de vital importancia que el Gobierno de la Ciudad de México fortalezca e intensifique sus operativos en materia de seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La Unión Tepito”. 

El asunto adquiere mayor pertinencia al ver que a principios de mayo del año en curso, se dio a conocer que integrantes del grupo delictivo han aprovechado la coyuntura del proceso electoral para amenazar a comerciantes y obligarlos a pagar el denominado “derecho de piso” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, principalmente en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y en calles aledañas (según testimonio de los propios comerciantes y empresarios).2

Un aspecto a destacar, es que los afectados manifestaron que los delincuentes cuentan con la protección de autoridades policiales y de candidatos a cargos de elección popular en esta zona de la entidad, por lo que advirtieron que existe el riesgo de que en los próximos meses, la inseguridad en Tepito aumente todavía más. Entre los candidatos señalados se encuentra María Rosete Sánchez, candidata de Morena a diputada por el distrito 8 (en la delegación Cuauhtémoc), líder de ambulantes que en distintas ocasiones ha sido vinculada con la comisión de conductas antijurídicas, como provocar enfrentamientos entre comerciantes y autoridades del Gobierno de la Ciudad y estar ligada a “La Unión Tepito”.  

Por lo que respecta al presente punto de acuerdo, a mediados del mes de abril de 2018, vecinos y comerciantes de la zona oriente del Centro Histórico denunciaron la compra de votos por parte de la líder ambulante y actual candidata de Morena. Al efecto, indicaron que al entregar copia de la credencial de elector, recibían mil pesos y el compromiso de la candidata de otorgarles protección en caso de que ganen. En caso de quienes decidieron no “apoyar” a María Rosete Sánchez, precisan, han sido amenazados o sufrido robos en su persona, conocidos o negocios.3 

Por otro lado, tampoco podemos ser omisos ante el hecho de que, a la par de la presunta compra de votos, también existen problemáticas como la venta de espacios en la vía pública (por los que pagan entre 30 mil y 50 mil pesos anuales, así como 5 mil pesos mensuales por “protección”), narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojos. En los últimos años, el cierre de negocios avanzó de manera acelerada (ante la caída de las ventas en más de 70%).

No es extraño que en 2017, las ejecuciones del crimen organizado en la entidad incrementaron 114% respecto a 2016, fenómeno en el que en gran medida obedece a la fragmentación de “La Unión Tepito”. Además, cabe destacar que la delegación Cuauhtémoc, es la que presentó la mayor incidencia de delitos el año pasado al alcanzar una tasa de 21.2 asesinatos por cada 100 mil habitantes.4

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la entidad, fortalezca e intensifique sus operativos en materia de seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La Unión Tepito”. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 NOTICIEROS TELEVISA. (2018). ‘La Unión Tepito’, del narcomenudeo al despojo de locales e inmuebles. televisa.NEWS , https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/la-union-tepito-narcomenudeo-despojo-locales-e-inmuebles/

2 Algaza, Ignacio. (2018). “Unión de Tepito” aprovecha la elección para extorsionar. Milenio, http://www.milenio.com/policia/union_de_tepito-aprovecha-eleccion-extorsionar-cdmx-comerciantes-seguridad-milenio_0_1168083203.html

3 Gómez Flores, Laura. (2018). Denuncian comerciantes y vecinos del Centro compra de votos por lideresa. La Jornada , http://www.jornada.unam.mx/2018/04/17/capital/030n1cap

4 Héctor Molina Y Rubén Torres. (2018). Ejecuciones del crimen organizado aumentan 114% en la CDMX. El Economista , https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ejecuciones-del-crimen-organizado-aumentan-114-en-la-CDMX-20180130-0165.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la construcción y operación del colegio “Enrique Rébsamen” y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El sismo del pasado 19 de septiembre, dejó miles de damnificados y, probablemente dos de los eventos que más conmocionaron a los mexicanos, como el desplome del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 26 personas, entre las que se encontraron 19 menores de edad y los daños estructurales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, donde fallecieron cinco estudiantes y 40 resultaron heridos.

Al dolor de los familiares de las víctimas y la solidaridad de la población en general, sobrevino un enojo generalizado cuando las primeras investigaciones realizadas por distintas autoridades determinaron que, en ambos casos, las tragedias se debieron a irregularidades en la construcción y violaciones a diversas disposiciones normativas en materia de seguridad.

Ante esta situación, la entonces Delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a informar a la ciudadanía sobre las investigaciones que se harían en torno a los casos de estas dos instituciones educativas que se localizan en la referida demarcación. Sin embargo, en lugar de ello, clasificó por 20 años como “acceso restringido” en “modalidad de reservada” los documentos y toda la información de ambos inmuebles”.1

La ahora candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, argumentó que conocer las informaciones sobre los inmuebles era más gravoso que la falta de conocimiento sobre los documentos relacionados y permisos relacionados con estos; es decir, que privilegió la falta de certeza jurídica y el sigilo, frente al interés público del conocimiento de aquellos datos.

A pesar de lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoDF) resolvió que la mayoría de la información clasificada por la Delegación de Tlalpan carecía de sustento jurídico, por lo cual, utilizaron los criterios de máxima publicidad, certeza jurídica y legalidad para desclasificarla. 2

Cabe señalar que el artículo 6, aparatado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que sólo es posible reservar la información por razones de interés público o por seguridad nacional, al plantear a la letra que:

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

En este sentido, dado que no existían elementos para mantener ambos expedientes como clasificados -como lo pretendió la ahora candidata Claudia Sheinbaum-, los documentos fueron abiertos para consulta el pasado mes de febrero de 2018.

De ambos expedientes se desprenden diversas inconsistencias e irregularidades, que advierten la existencia de faltas administrativas y delitos relacionados con actos de corrupción.

En el caso del Colegio Enrique Rebsamén, los documentos que obran en el expediente permiten observar que efectivamente el edificio no cumplía con las especificaciones de la Ley del Sistema de Protección Civil y de Construcciones de la Ciudad de México.

También, la información arroja responsabilidades, tanto para el Colegio, como para la Delegación de Tlalpan que permitió la operación de una obra que incluso contaba con una orden de demolición incumplida.

De acuerdo con la plataforma verificado,3 el Bufete Fuentes León, que representa a seis de los padres de las víctimas y familiares de algunos de los adultos fallecidos, sostiene que Tlalpan entregó información incompleta y que esto es responsabilidad del gobierno delegacional. Entre los documentos faltantes están:

• Los vistos buenos de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19 entre 2007 y 2017 (se tiene que renovar cada tres años). Sin embargo, en el aviso de funcionamiento señala que existe un visto bueno con vigencia hasta el 16 de abril de 2016.

• Certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos de Rancho Tamboreo 19 con folio 16122, fechado de 7 de septiembre de 1993, que figura en el aviso de funcionamiento.

• El colegio estaba ubicado no sólo sobre Rancho Tamboreo 11 y 19, sino también sobre Calzada de las Brujas 34 y 40. Sin embargo, no hay ningún documento oficial sobre la fusión de estos dos predios, por lo que también falta toda la documentación sobre ellos.

• Renovaciones del visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 11 entre 2009 y 2017. El último visto bueno es de 2017 y el anterior, de 2009; pero por ley, este documento debe renovarse cada tres años, por lo que faltarían dos. Lo mismo sucede con el visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19: sólo aparecen los de 2007 y 2017.

• No hay planos de los inmuebles.

• No existen documentos que acrediten que se cumplieron las órdenes de clausura de 2010 y 2014, ni la orden de demolición de 2010.

• No hay ningún documento que acredite la revisión de la escuela tras el sismo del 7 de septiembre.

• No figuran las autorizaciones ni los programas internos de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen, que deben de renovarse cada año. Sólo existe una prevención del año 2017 a la solicitud de autorización del programa interno de protección civil de Rancho Tamboreo 11.

De las inconsistencias observadas desde el 2010, existía una orden de clausura y demolición, hecho que no solo no ocurrió, sino que además entre 2015 y 2016, la escuela construyó una ampliación justo en el edificio que se desplomó durante sismo.

Otra inconsistencia relevante es que en elexpediente hay manifestaciones que refieren el incremento de metros cuadrados construidos pero a la vez, no se encuentran permisos o planos de las ampliaciones que se hicieron al colegio. Es decir, se refiere que la escuela es más grande, pero no se observa ningún documento que reñale que estaban construyendo algo.

Sobre el uso de suelo, el expediente presenta una solicitud de cambio de uso de suelo para la zona de Rancho Tamboreo 19, más no se encuentra el permiso de uso de suelo. Así también, desde 2014 la escuela contaba con un aviso de constancia estructural. Además, sólo hay licencias de construcción entregadas a la delegación en 1983 y 1984.

Asimismo, el expediente se encuentra incompleto y desordenado, la información que obra en el mismo está incompleta y es inconsistente, a la par que deja una serie de preguntas en torno a la responsabilidad de la Delegación ¿por qué si existían previsiones desde 2014 y había incluso una orden previa de demolición el Colegio continuó operando? ¿Quién supervisó o autorizó la construcción del tercer piso que provocó el desplome del edificio y la muerte de 26 personas?

Por otra parte, en lo que se refiere al Tecnológico de Monterrey, el Expediente que obra en la Delegación también se encuentra incompleto, hacen falta las respectivas autorizaciones para la construcción de por lo menos cinco edificios.

Cabe referir que si bien sí hay documentos oficiales que refieren las licencias de construcción faltantes, estos documentos no se encuentran en los archivos de la Delegación, además que de la documentación que se presentó, ninguna incluye descripciones de las obras, ni de los puentes Aulas II y Oficinas III, es decir, de las estructuras que se colapsaron durante el sismo. 4

Es evidente que las irregularidades observadas en ambos expedientes (inconsistencias, contradicciones, documentos faltantes o existentes pero desaparecidos) advierten distintos actos de corrupción que se realizaron en la Delegación de Tlalpan. En este sentido, resulta imperante que la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General de la Ciudad de México agilicen sus procedimientos, a fin de determinar a los probables responsables y se puedan esclarecer estos hechos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, actúen con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 https://www.razon.com.mx/sheinbaum-reserva-papeles-de-rebsamen-y-tec-donde-murieron-31/

2 https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20180216/281509341656966

3 https://verificado.mx/documentos-faltantes-e-inconsistencias-en-el-expediente-rebsamen-primera-parte/

4 https://www.animalpolitico.com/2017/10/tlalpan-expediente-incompleto-tec/






De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México emprender operativos y aplicar sanciones a los usuarios de motocicletas que incumplen el Reglamento de Tránsito, respecto a la circulación en vías de acceso restringido. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, Senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 85, 174 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El uso de las motocicletas en el país y en la Ciudad de México ha crecido de forma exponencial en los últimos años por ser vehículos de bajo consumo de combustible, mayor maniobrabilidad en el tráfico y con un costo, en la mayoría de los casos, menor a la compra de un automóvil.

De acuerdo a la Encuesta de Vehículos de Motor Registrados en Circulación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2000 había únicamente 293 mil 924 motos registradas en las 32 entidades del país. Para 2016 la cifra subió a 2 millones 987 mil 057, lo que representa un incremento de 916.3%.

Las cinco entidades del país que registraron el mayor número de motocicletas durante 2016 fueron el Estado de México (390 mil 378); Jalisco (362,303); Ciudad de México (257 mil 535); Guanajuato (254 mil 325) y Quintana Roo (169 mil 592).

La Ciudad de México por sus graves problemas de movilidad, transporte público ineficiente frente a la demanda de servicios y el aumento de la población, así como la pérdida de varias horas al día en el tráfico por la deficiente planeación vial, de semáforos, controles y limites de velocidad, ha tenido un gran crecimiento en la utilización de motocicletas como una forma económica y más rápida de transportarse.

Cada vez es más común encontrar a jóvenes, muchas de ellas mujeres, que utilizan la motocicleta para ir al trabajo, la escuelas e incluso para transportar a sus hijos. Lamentablemente la Ciudad de México no está diseñada para estos vehículos y tampoco existe una cultura y no se cumple con la reglamentación para evitar accidentes.

De acuerdo a la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa (ALDF) se calcula que en 2012 circulaban en la Ciudad de México alrededor de 59 mil motocicletas y actualmente ese número podría rebasar las 300 mil.

A esta cantidad se suman unas 125 mil unidades más provenientes del Estado de México y al menos 12 mil motocicletas que operan sin registro ni placas, de acuerdo a estimaciones de la ALDF.

Con este incremento de motocicletas circulando por la Ciudad de México también se ha registrado un aumento en los accidentes viales provocados por la carencia de carriles especiales para estos vehículos, la nula aplicación de las restricciones para que motonetas no transiten por las vías de  acceso restringido como Periférico, Circuito Interior y Viaducto, así como el manejo inexperto o temerario de muchos conductores que rebasan por la derecha o los conductores de automóviles que tampoco respetan a los motociclistas.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) indica que las muertes entre motociclistas aumentaron 90% de 2010 a 2014. Algunas causas de accidentes en moto son por falta de pericia o inexperiencia, como mal trazado de curvas, técnica de frenado, circular entre autos o a altas velocidades y no usar el casco.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito causan 1.2 millones de defunciones anuales en el mundo y representan la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo.

 El 23% de todas estas muertes se concentra en los motociclistas, el 22% en peatones, y el 4% en ciclistas. Es decir, el 49% de todas las muertes por accidentes viales se concentra en los usuarios más vulnerables de la vía pública, según muestran las cifras de OMS en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015.

En el caso de México la mortalidad entre ciclistas, peatones y motociclistas alcanza el 60% del total de defunciones por accidentes de tránsito, afirman investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en el artículo "El estado de las lesiones causadas por el tránsito en México: evidencias para fortalecer la estrategia mexicana de seguridad vial" publicado en 2014.

Se añade que De 1999 a 2009 las muertes entre los usuarios de motocicletas aumentaron 332.2%. Llama la atención que, durante el mismo periodo, el número de motocicletas en el país incrementó 312%. De acuerdo con el análisis de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los motociclistas constituyeron el 23% de los 1.4 millones de personas que reportaron haber sufrido un accidente vial sin consecuencias fatales en el país.

También se destaca que en últimos 10 años los accidentes vehiculares en los que se ven involucrados los conductores de motocicletas se han incrementado 42.8% en todo el país, según la Estadística de Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas.

El INEGI agrega que la colisión con motocicleta se ubica como la segunda causa de muerte en accidentes de tránsito en las 32 entidades que conforman el territorio nacional con 21.6% de los incidentes en los que fallecieron los conductores.

En cuanto a las defunciones de conductores de motocicletas, la mayor parte de ellas se concentra en personas de entre 20 y 39 años.

Según datos del INEGI en México conducir una motocicleta representa un riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves, y tres veces más riesgo de morir en comparación con conducir un automóvil.

Sólo 71% de motociclistas que circulan en el país utiliza casco protector y sólo 16% de los pasajeros de motocicletas llevan puesto

Hay que subrayar que circular por la Ciudad de México en los últimos meses y años se ha convertido en una apuesta peligrosa, no sólo por el tema de la inseguridad y los asaltos, sino también porque el aumento en la circulación de motocicletas pone en riesgo la integridad de peatones, motociclistas y automovilistas.

Lo más grave es que es ya una escena común que miles de motocicletas de menos de 250 cilindros y motonetas, es decir vehículos pequeños, circulen sin ningún tipo de impedimento o sanción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por vialidades de acceso restringido como lo son el Periférico, Viaducto y Circuito Interior.

En las madrugadas y mañanas es notable el aforo de motonetas y motocicletas pequeñas que circulan, algunas incluso sin luces, muy poco conductores sin casco, pero van rebasando entre los carriles a los automóviles. Casos extremos, es el de algunos ciclistas que también utilizan estas vías rápidas para circular, lo cual pone en riesgo la vida de ellos y en riesgo la libertad de conductores ante un eventual accidente.

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México las motocicletas con un motor menor a 250 centímetros cúbicos, es decir motonetas, scooters y vespas, entre otras, no pueden circular por los carriles centrales en vías de acceso controlado como Periférico, Viaducto y Circuito Interior.

Artículo 21.- Se prohíbe a los conductores de motocicletas:

V. Circular por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando utilicen vehículos menores a 250 centímetros cúbicos;

VI. Circular en vías en las que exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación, carriles centrales y segundos niveles de vías de acceso controlado.

Asimismo se subraya que los motociclistas deben utilizar el carril completo de circulación, es decir no por la línea divisoria de carriles, sino por en medio del mismo. Tampoco pueden rebasar por el lado izquierdo.

En caso de no cumplir con estas dos normativas serás sancionado con una multa económica de cinco a 10 veces la unidad de cuenta vigente de la Ciudad de México así como un punto menos en la licencia de conducir.

El mismo reglamento señala que está prohibido a los motociclistas circular por áreas reservadas para los peatones, esto incluye calles o parques, ni tampoco sobre los carriles exclusivos destinados para los ciclistas o confinados para el transporte público como el del Metrobús o Trolebús.

Se añade que no se puede transportar a un menor de edad cuando él no puede sujetarse a sí mismo al vehículo o si no cuenta con al menos 12 años. Tampoco se puede llevar a un mayor número de personas para las que la unidad fue fabricada. El artículo 37, fracción III, inciso C, especifica que los motociclistas deben usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario nocturno, de lo contrario serán multados.

Además el artículo 45 se especifica que las motocicletas deben portar la placa en un lugar visible, con la lectura en dirección hacia la parte trasera del vehículo, con una inclinación entre 60° y 120°, con base en su eje horizontal.

Cabe destacar que el marco legal en el ya no tan nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México que nos heredó el ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señala con claridad las vialidades donde las motocicletas de menor tamaño no pueden circular, pero también las que cumplen con este requisito deben cumplir con un manejo adecuado, sin poner en riesgo su vida y la de los demás conductores.

En la realidad este reglamento que tanto presumió Mancera en su momento y que convirtió a la Ciudad de México en una de las más contaminadas y lentas del mundo por su restricción en los índices de velocidad, las llamadas fotomultas y otros programas como los parquímetros y las “arañas” inmovilizadoras, es letra muerta en el tema de los motociclistas. No hay un programa, operativos, que impidan, inhiban o prohíban tajantemente el acceso de las motocicletas que no cumplen con las especificaciones de ley a las vialidades restringidas. Al parecer, a nadie en el Gobierno de la Ciudad de México le interesa la seguridad de miles de motociclistas, muchos jóvenes y mujeres, que se arriesgan a circular por el Periférico o Viaducto sin ninguna restricción.

Lo que se propone no es lanzar por algunos días o semanas a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a multar motociclistas y remitir sus vehículos al corralón, para engrosar las arcas de las empresas concesionadas para estos servicios.

Se proponen operativos, campañas de difusión, de concientización, sobre los graves riesgos de circular por estas vialidades con motocicletas pequeñas, así como establecer sanciones para quienes rebasan por entre carriles o por la derecha o quienes manejan sin casco o llevan a menores, poniendo en riesgo su vida.

Ante esta situación propongo al Pleno de este Honorable Congreso de la Unión el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno en funciones de la Ciudad de México a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad, aplicar el Reglamento de Tránsito vigente para evitar que motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos de cilindraje en sus motores puedan circulan por vías restringidas como Periférico, Viaducto y Circuito Interior.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno en funciones de la Ciudad de México a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad, aplicar el Reglamento de Tránsito vigente a los motociclistas autorizados para circular por vías restringidas, para con ello evitar que rebasen por entre carriles, por la derecha, que no utilicen casco, que lleven menores o que conduzcan a exceso de velocidad, sin placas o sin precaución.

TERCERO: Se exhorta Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno en funciones de la Ciudad de México a instruir a la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad, establecer una campaña de difusión para concientizar a los motociclistas sobre los riesgos que existen por no respetar el Reglamento de Tránsito, así como las restricciones existentes y por conducir sin precaución o sin el equipo adecuado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 30 de mayo de 2018.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México a investigar un presunto desvío de los recursos generados por la operación de los parquímetros, en virtud de que desde julio de 2017 la Secretaría de Movilidad ha dejado de informar sobre los montos y el destino de dichos recursos, tal como lo han documentado diversos medios de comunicación. Se turna a la Primera Comisión.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como hechos de privación ilegal de la libertad y tortura por parte de Nestora Salgado. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las violaciones a los derechos humanos cometidos por Nestora Salgado García, cuando se desempeñó como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, han sido documentadas en la recomendación 9/2016 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la cual se señala que elementos de dicho cuerpo de seguridad pública incurrieron en “abusos físicos y trato inhumano” en contra de personas que mantenían detenidas en sus cárceles.1

La CNDH recabó testimonios de mujeres que señalaron que sufrieron tocamientos de índole sexual por parte de elementos de la Policía Comunitaria, los cuales al ser reportados a sus superiores no sólo no fueron atendidos, sino que fue motivo de burla para éstos. Asimismo, la Comisión constató que en dichas cárceles se mantenía a las mujeres detenidas dentro de las mismas celdas que los hombres, por varios días. La CNDH identificó a por lo menos 12 elementos de la Policía Comunitaria, que cometieron “hechos que atentan en contra de la integridad, trato digno, libertad sexual y el derecho a vivir una vida sin violencia”.2

La recomendación de la CNDH 9 /2016, señala que luego de aplicar el Protocolo de Estambul se identificó que por lo menos tres víctimas entrevistadas fueron objeto de tortura y otros tres lo fueron de tratos crueles.3

El extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco indicó que durante en su encargo se realizaron entre ocho y diez investigaciones por la detención ilegal de entre 48 y 58 personas, ocurridas cuando Nestora Salgado ejerció la coordinación de la Policía Comunitaria de Olinalá, en octubre de 2012. Derivado de estas investigaciones se iniciaron varias averiguaciones previas, acreditándose en todas ellas la existencia de solicitud de dinero a cambio de la libertad de los detenidos, incluso se llegó al extremo de pedir ganado a una de las personas que se encontraba cumpliendo una supuesta medida de reeducación.4

Por estos hechos, Nestora Salgado fue detenida el 21 de agosto de 2013 y luego de pasar dos años y siete meses en prisión fue liberada, sin embargo, esto no significa que fue exonerada, sino que actualmente se lleva a cabo una reposición del proceso, al cual mediante diversas estrategias Nestora Salgado ha retrasado.5

Como lo han documentado diversos medios de comunicación y activistas defensores de derechos humanos, existen por lo menos dos procesos abiertos por secuestro (causas penales 05/2014 y 48/201) y uno por homicidio (67/2014) en contra de Nestora Salgado.6

Nestora Salgado no se ha presentado a dos audiencias, bajo el argumento de que ella vive en Estados Unidos, no obstante, como se ha visto en distintos medios de comunicación ella se encuentra realizando activismo político en virtud de que fue nominada por MORENA como candidata plurinominal al Senado de la República.

Una de las principales atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la de establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos.7

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, en el ámbito de sus atribuciones garantice el acceso a la justicia de las víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos como hechos de privación ilegal de la libertad y tortura por parte de Nestora Salgado; asimismo, para que en su caso, puedan acceder a la reparación del daño.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 8 claves sobre el caso de Nestora Salgado, Animal Político, < https://www.animalpolitico.com/2018/05/8-claves-sobre-el-caso-nestora-salgado/> Consultado el 28 de mayo de 2018.

2 Ibíd.

3 Recomendación No. 9/2016, Comisión Nacional de Derechos Humanos,<
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_009.pdf> Consultado el 28 de enero de 2018.

4 Nestora Salgado llegó a pedir hasta ganado para liberar detenidos: exfiscal de Guerrero, El Financiero, <
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/nestora-salgado-pidio-ganado-para-liberar-detenidos-exfiscal-de-guerrero> Consultado 28 de mayo de 2018.

5 Nestora Salgado miente, no está exonerada: Miranda de Wallace, El Universal, <
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/nestora-salgado-miente-no-esta-exonerada-miranda-de-wallace> Consultada el 28 de mayo de 2018.

6 Ibíd.

7 Ley General de Víctimas, artículo 8 fracción XXIII.






Del Diputado Juan Romero Tenorio y de la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a cumplir con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, e instalen la comisión estatal de búsqueda en sus respectivas entidades federativas. Se turnó a la Segunda Comisión.








Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores a establecer mecanismos para reducir el tráfico de armas hacia nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión.

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA en mi calidad de Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.  A pesar de que nuestro país tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de tenencia de armas de fuego, los datos que diversas investigaciones han emitido, indican que el tráfico ilícito de armas representa un grave problema para México, por lo que resulta necesario prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y modalidades.

Estudios especializados en torno al tema, señalan: 1) La gravedad del comercio ilícito de armas hacia nuestro país; 2) La corrupción existente en las aduanas mexicanas; y 3) El desvío de armas ingresadas legalmente al país, por parte de los gobiernos Federal y estatales para uso de los cuerpos  policíacos, que terminan en manos de la delincuencia organizada, han establecido un nexo causa-efecto con el escenario de inseguridad y de violencia que prevalece en amplias zonas de la geografía nacional. 

Según el documento de trabajo número 183 sobre TRÁFICO DE ARMAS: Entorno, propuestas legislativas y opinión elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública Documento de diciembre de 2014, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados “se ha estimado que las autoridades en nuestro país confiscan sólo el 14% de las 252 mil armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte y que alrededor del 46.7% de las 51 mil armerías estadounidenses depende en alguna medida de la demanda mexicana. Para contextualizar lo anterior, se ha señalado que el número de tiendas de armas crece constantemente en la franja fronteriza sur de los Estados Unidos, en donde cerca de 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas limítrofes con nuestro país de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con un promedio de dos establecimientos por kilómetro. Lo anterior, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80% de esa cantidad provengan de Estados Unidos, lo cual en parte explica que en nuestro país se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012”1.

Según este informe en 2016 circulaban en nuestro país alrededor de 20 millones de armas de fuego, de las cuales, aproximadamente solo el 15% son de forma legal.

Estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil y académicos, arrojan datos entre los que resalta el hecho de que, aproximadamente el 70% de armas ilegales decomisadas en el país, provienen de los Estados Unidos.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que no se tiene un dato preciso sobre el tema, debido principalmente al carácter ilegal de esa actividad y porque sólo se llega a tener una medición aproximada al efectuar acciones encaminadas a frenar el trasiego, posesión, acopio o portación en flagrancia o cuando son usadas en algún enfrentamiento o ejecución. La dependencia menciona que los aseguramientos más significativos de armamento se han realizado como consecuencia de enfrentamientos entre grupos antagónicos, cateos o hallazgos, además de que las personas detenidas en posesión de armas de fuego, sistemáticamente se niegan a rendir declaración o refieren desconocer el origen de las armas que traían consigo2.

La PGR hace referencia a que, además de las armas cortas y convencionales, a los grupos de la delincuencia organizada de nuestro país se les ha asegurado armamento con características especiales como su potencialidad, alcance, penetración y volumen de fuego, como es el caso de las armas tipo cohete antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37mm., aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre 50”, así como armas de fuego denominadas “de nueva generación” como la subametralladora y la pistola FN Herstal de fabricación Belga, conocida como Five-Seven y que por sus características técnicas así como por las cualidades de su munición -subsónica, trazadora y de penetración- es capaz de traspasar blindajes, arma a la que coloquialmente  es llamada matapolicías3.

Un estudio llamado Más allá de Nuestras Fronteras (Beyond Our Borders4) publicado por el Center for American Progress, organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas, señala que a México ingresan cada año  aproximadamente 213,000 armas ilegales desde territorio estadounidense.

En el estudio referido, se detalla que según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), de las 106,001 armas recuperadas por las fuerzas del orden como parte de una investigación criminal en México entre 2011 y 2016 que fueron rastreadas, el 70 por ciento se compraron originalmente de un vendedor de armas con licencia en los Estados Unidos5.

Es probable que estas armas estadounidenses sean sólo una fracción de la cantidad total de armas que cruzan la frontera sur, ya que únicamente representan las armas recuperadas por la policía durante una investigación criminal y enviadas a ATF para su localización6. Otras estimaciones sugieren que cerca de 213,000 armas de fuego son contrabandeadas a través de la frontera de los Estados Unidos y México cada año7

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos (GAO), casi la mitad de las armas de fuego de origen estadounidense recuperadas en México son armas largas,  incluyendo rifles semiautomáticos de alto calibre, como las variantes AK y AR8.

Ésta es una preocupación para los funcionarios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley, que han informado que los fusiles de asalto se han convertido en las armas preferidas por las organizaciones mexicanas de narcotráfico, en parte porque pueden convertirse fácilmente en fusiles automáticos9

La GAO también informa que, de 2009 a 2014, la mayoría de las armas de fuego recuperadas en México que se compraron originalmente en los Estados Unidos provenían de tres estados fronterizos del sur: 41 por ciento de Texas, 19 por ciento de California y 15 por ciento de Arizona10.

El impacto del tráfico desenfrenado de armas desde los Estados Unidos a México ha sido devastador: En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos 20 años, con una tasa de 20.5 homicidios por cada 100,000 personas11. Si bien esta cifra se debe en parte por los altos niveles de impunidad para el comportamiento criminal12 de acceso a las armas de fuego, también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios.

En 1997, el 15 por ciento de los homicidios en México se cometieron con arma de fuego, sin embargo, en 2017 ese porcentaje aumentó a aproximadamente 66 por ciento13.

El uso de armas de fuego durante robos violentos también ha aumentado. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego; en 2017, esta cifra aumentó al 68 por ciento14.

Ante este panorama desolador, es evidente que México requiere de políticas públicas mucho más efectivas, que vayan desde una exigencia clara de cooperación internacional, hasta programas concretos de ataque a la corrupción en las aduanas para disminuir el tráfico ilícito de armas en la frontera, puertos y aeropuertos que se integren a una estrategia nacional para disminuir este ilícito.

La corresponsabilidad, debe incluir acciones eficaces en los Estados Unidos de América para prevenir el ingreso ilegal de armas a México. Así como el gobierno de los Estados Unidos de Norte América señala día con día que México es responsable de inhibir y combatir el tráfico de drogas y personas indocumentadas a su territorio, las autoridades mexicanas deben hacer corresponsable a sus contrapartes estadunidenses por lo que al tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. En esta tarea, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría  de Relaciones Exteriores debe poner espacial énfasis para que nuestro vecino del norte asuma la responsabilidad que le corresponde. Esta política debe ser uno de los puntos centrales de nuestra relación bilateral. 

Por otra parte el Gobierno Federal debe reconocer que la Dirección General de Aduanas, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha fallado durante la última década en impedir la entrada de armas ilegales a través de las fronteras mexicanas, puertos y aeropuertos. La evidencia es inocultable cuando se considera que cada año ingresan ilegalmente más de doscientas mil armas a nuestro país.

SEGUNDO. En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía y la salud de la República. Específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas –entre las cuales se incluye las armas- que año con año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos sin control suficiente de las autoridades aduanales.

Lo grave es que todo este trasiego se realiza a través de las 49 aduanas del país, con la probable complicidad entre altos funcionarios del SAT y el crimen organizado.

En el informe anual de la Comisión Especial Encargada de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar el Funcionamiento de Aduanas, Puertos y Aeropuertos Nacionales se precisa que en “2007 el Sistema de Administración Tributaria –del que depende la Administración General de Aduanas– reconoció que la percepción sobre corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó 5% y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales”.

Según el documento, en 2006 y 2007 las aduanas sólo decomisaron 2% de las armas ilegales que ingresaron al país, es decir 900, mientras que en esos años y en 2008, en allanamientos o enfrentamientos, las fuerzas policiacas decomisaron 38 mil 404. 15

Además de establecer la “falta de un diseño institucional”, el documento destaca que las aduanas no han estado a la altura de las necesidades del país en tiempos de la globalización y que aunque se habían mantenido en “un nivel controlable”, en los últimos 20 años se volvieron verdaderos problemas para la economía del país y la seguridad nacional.16

Según la PGR, el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada. “También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país.”17

Y tan sólo de 2012 a 2015 la pérdida de armas de la PGR se ha disparado más de 200% a nivel nacional. Tan sólo las policías del Estado de México y la Ciudad de México han extraviado o les han robado más armamento que a PGR.

De acuerdo con una investigación realizada por la Asociación Desarma México, de 2006 a abril de 2017 se extraviaron o robaron 20 mil 447 armas de las policías locales y federales.

Desde el 2006 la Procuraduría ha perdido mil 171 armas de fuego, cifra superior incluso al número de armas perdidas por la Policía Federal pese a que esta tiene más de 40 mil elementos, por apenas 8 mil de la PGR, mientras que los primeros cuatro meses de 2017, se extraviaron 219.18

Esta información fue transparentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que es la única instancia en el país autorizada para conceder licencias de portación de armas de fuego. Las corporaciones de seguridad están obligadas a reportarle el extravío o robo de cada una de las armas que les son autorizadas.19

TERCERO. Gran parte de la discusión sobre la violencia armada en los Estados Unidos se centra casi exclusivamente en el alcance y la escala de la violencia armada en ese país, el impacto en las comunidades estadounidenses y políticas o soluciones programáticas para abordarlo.

Sin embargo, este debate a menudo no considera cómo se da la confluencia de altos niveles de fabricación de armas y propiedad de armas en los Estados Unidos,  las  brechas y debilidades en las leyes de armas de los Estados Unidos y queda como resultado la exportación de violencia letal a otros países.

Ese nicho de oportunidad es el que debe de abordar la cancillería mexicana en un esfuerzo conjunto con los legisladores en los Estados Unidos de América para tomar medidas para fortalecer las leyes de armas en un esfuerzo por mejorar la seguridad pública en el hemisferio. 

En este sentido, muchas de las mismas recomendaciones de política a menudo discutidas para reducir el tráfico de armas dentro de los Estados Unidos también tendrían un impacto en la reducción del tráfico a través de las fronteras internacionales.

Algunas  medidas que ayudarían en la aplicación de la ley para combatir el tráfico internacional de armas y cerrar los conductos ilegales que envían armas a través de las fronteras son:

1) Investigar antecedentes universales

Existe un resquicio en la Ley Federal norteamericana que permite que las armas se vendan en transacciones privadas sin una verificación de antecedentes y sin preguntas20

Mientras que los vendedores autorizados de armas de fuego están obligados a realizar verificaciones de antecedentes antes de completar una venta, según la ley federal, las personas que no son distribuidores pueden vender armas sin una verificación de antecedentes. Este resquicio legal permite que las personas a quienes se les prohíbe la posesión de armas evadan fácilmente esa prohibición y compren un número ilimitado de armas de fuego mediante transacciones privadas bajo la mesa.

Hasta la fecha, 19 estados y Washington DC han actuado para cerrar esta brecha y ahora requieren verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego21. Si bien es difícil establecer un efecto causal directo, la investigación académica encuentra que estos estados tienen tasas notablemente más bajas de tráfico de armas.

Un estudio de 2009 utilizó datos de rastros de armas delictivas de la ATF para explorar el vínculo entre las leyes de armas estatales y la tasa de exportaciones de armas de delincuencia en todos los estados. Los autores encontraron un vínculo significativo entre la regulación de las ventas de armas privadas y la menor tasa de exportaciones de armas de crimen en todos los estados22.

Además, un análisis de 2010 realizado por Alcaldes contra las armas ilegales encontró que los estados que no requieren verificación de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego en las exhibiciones de armas tienen tasas de exportaciones de armas criminales que son más de 2,5 veces mayores que los estados que sí lo hacen23.  Del mismo modo, cerrar esta laguna legal y exigir una verificación de antecedentes para todas las ventas de armas, incluso aquellas entre personas sin licencia, ayudaría a reducir el tráfico ilegal de armas a través de la frontera con Estados Unidos.

Además, la GAO encontró que los traficantes que envían armas de fuego a México a menudo usan mercados secundarios, como exhibiciones de armas, donde los vendedores privados a menudo venden armas sin verificación de antecedentes en los estados que aún tienen que cerrar esta brecha, para adquirir y traficar con armas de fuego24.

2) Hacer que el tráfico de armas y los “compradores paja” compren crímenes federales.

Una de las lagunas importantes existentes en la legislación actual, que permite el tráfico de armas tanto nacional como internacional, es la ausencia de una ley federal que se centre específicamente en la conducta delictiva involucrada en el tráfico ilegal de armas de fuego. Según la ley actual, las personas que a sabiendas facilitan el tráfico ilegal mediante la transferencia de armas múltiples a personas que tienen prohibido portar armas o realizar compras espontáneas, a menudo sólo pueden ser enjuiciadas por una violación de la documentación.

La falta de un delito federal específico y dedicado para el tráfico de armas y la “compra de paja”25 hace que sea difícil enfocar los esfuerzos de cumplimiento en aquellos individuos responsables de la creación de canales sofisticados de tráfico de armas, que inundan a las comunidades vulnerables en ambos lados de la frontera con armas de fuego.

Una serie de organizaciones policiales de alto perfil apoyan el fortalecimiento de la ley federal con respecto al tráfico de armas y la compra de paja, incluidas la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades y la Asociación Internacional de Jefes de Policía. Se han presentado varios proyectos de ley en el 115º Congreso para abordar estas lagunas en la ley, incluida la Ley de Prevención del Tráfico de Armas de 201726, la Ley de Detener el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego de 2017, 57 y la Ley Contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego a México27, aunque ninguno se mudó al comité o recibió una audiencia.

3) Ordenar la notificación de ventas múltiples de armas largas

Una de las herramientas que los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley usan para identificar el posible tráfico de armas son los informes de los comerciantes de armas que señalan cuándo una persona compra múltiples armas de fuego en un corto período de tiempo28.

Según la ley federal actual, los vendedores de armas autorizados deben presentarse ante la ATF cuando alguien compra más de dos pistolas en un período de cinco días29. Sin embargo, este requisito legal no se aplica a las ventas múltiples de armas largas, como rifles y escopetas.

En 2011, ATF intentó llenar parcialmente esta brecha de información para abordar el tráfico ilegal de armas a México, utilizando lo que se conoce como la autoridad de la carta de demanda de la agencia para requerir comerciantes de armas en los cuatro estados fronterizos del sur: Arizona, California, Nuevo México y Texas, para informar de manera similar a ATF cuando, dentro de un periodo de cinco días hábiles, una persona compra dos o más rifles semiautomáticos que son capaces de aceptar una revista desmontable y son más grandes que calibre .2230.

A la luz de la creciente preferencia de las organizaciones mexicanas de narcotraficantes por los rifles de asalto de alta potencia, este requisito de información es particularmente relevante en los esfuerzos para abordar el tráfico internacional de armas. Sin embargo, cada año, hay esfuerzos para agregar un nuevo corredor restrictivo en el presupuesto de la ATF para prohibir que la oficina requiera este informe adicional en los cuatro estados fronterizos. La legislación independiente recientemente se ha introducido en el Congreso para restringir de manera similar este requisito de presentación de informes31.

Como mínimo, el Congreso estadounidense debería rechazar estos esfuerzos destinados a eliminar este importante recurso de investigación para la aplicación de la ley federal, ya que ayuda a abordar el tráfico ilegal de armas. Además, el mismo Congreso debería actuar para modificar el requisito legal existente de exigir a todos los comerciantes de armas, no solo a los que están en los estados fronterizos del sur, que informen las ventas múltiples de armas largas de la misma manera que informan dichas ventas de pistolas, como se propone en el Ley de Modernización de Informes de Ventas de Armas Múltiples de 201732.

4) Aumentar el acceso a los datos relacionados con el tráfico internacional de armas

Mientras que ATF publica informes anuales que contienen datos agregados sobre armas de fuego de origen estadounidense recuperadas en investigaciones criminales en el extranjero, omiten información crucial que ayudaría a informar las políticas públicas. Información más detallada, como los tipos y el calibre de las armas de fuego recuperadas, así como un desglose de qué estados suministraron las armas recuperadas en un país en particular, sería útil para los legisladores federales, estatales y locales que buscan reducir el arma nacional e internacional tráfico. ATF debe hacer que estos datos estén disponibles como parte de sus informes anuales.

5) Rechazar los esfuerzos para debilitar la supervisión de las exportaciones de armas de fuego

Una propuesta actualmente bajo consideración de la administración Trump cambiaría la responsabilidad de revisar y aprobar la exportación de armas cortas y muchos tipos de armas largas, incluidos los rifles de estilo de asalto, desde el Departamento de Estado de los EEUU hasta el Departamento de Comercio.  Esta propuesta ha suscitado una serie de preocupaciones entre expertos en seguridad nacional y derechos humanos, quienes advierten que tal medida podría debilitar la supervisión de estas transacciones y potencialmente abrir la posibilidad de que estas armas de fuego exportadas se desvíen a manos de organizaciones criminales y terroristas en el exterior33.

En septiembre de 2017, los Sres. Ben Cardin (D-MD), Dianne Feinstein (D-CA) y Patrick Leahy (D-VT) enviaron una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, expresando su preocupación por la propuesta. En su carta, los senadores destacaron los riesgos que se presentan cuando las armas pequeñas terminan en las manos equivocadas: "Como saben, combatir armas de fuego y municiones es excepcionalmente letal; se propagan fácilmente y se modifican fácilmente, y son el principal medio de lesión, muerte y destrucción en conflictos civiles y militares en todo el mundo. Como tales, deberían estar sujetos a controles de supervisión y supervisión más rigurosos, y no menos rigurosos"34.

Por las razones arriba expuestas, pongoa consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que instrumente de manera urgente e inmediata un programa de ataque a la corrupción en las aduanas, puertos y aeropuertos, a fin de impedir la entrada ilícita de armas de fuego a nuestro país. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secetaría de Relaciones Exteriores a que de inmediato entable conversaciones con el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América e incremente la cooperación bilateral a fin de disminuir la entrada ilegal de armas de fuego a nuestro país mediante modificaciones a su marco legal.  

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que de inmediato emprenda una campaña de sensibilización ante el Congreso de los Estados Unidos de América a fin de que se asuma la corresponsabilidad en el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país y se impulsen en el ámbito legislativo de aquel país, los cambios normativos necesarios para atender esta problemática.

Recinto de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza.


1 TRÁFICO DE ARMAS Entorno, propuestas legislativas y opinión pública. Documento de Trabajo, núm. 183, diciembre de 2014. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqbi58XSAhVO3WMKHQl3BOYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.casede.org%2FBibliotecaCasede%2FTrafico-de-armas-docto183.pdf&usg=AFQjCNFz0g3csISU9RNdSjBRpzoLM1lcMw

2 Procuraduría General de la República, “Tráfico de Armas México-USA”, PGR, México, 2008. 

3 De acuerdo con la PGR, el armamento en cita había estado en posesión de grupos delincuenciales como el Cártel del Golfo, Zetas, Cártel de los Hermanos Arellano Félix, Cártel del Pacífico y grupos afines como Mayo Zambada y Carrillo Fuentes.  

4 Beyond Our Borders. How Weak U.S. Gun Laws Contribute to Violent Crime Abroad. Center for American Progress. Chelsea Parsons y Eugenio Weigend Vargas. 2 de febrero de 2018, 8:00 a.m.
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/

5 Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, México: 1 de enero de 2011 - 31 de diciembre de 2016 (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2017) https://www.atf.gov/firearms/docs/report/firearms-trace-data-mexico-cy-11-16pdf/download

6 Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, México: 1 de enero de 2011 - 31 de diciembre de 2016 (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2017), disponible en
https://www.atf.gov/firearms/docs/report/firearms-trace-data-mexico-cy-11-16pdf/download.
ATF ha trabajado para aumentar el rastreo de las fuerzas de seguridad mexicanas. Para ello, ha proporcionado a los agentes del orden público mexicanos capacitación sobre cómo usar eTrace, un rastreo sistemático de armas de fuego recuperadas. También han arrendado una versión en español de eTrace para oficiales de policía de habla hispana. Para obtener más información, consulte la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, "Hoja informativa - eTrace: rastreo y análisis de armas de fuego basado en Internet" (2016), disponible en https://www.atf.gov/resource-center/fact-sheet/fact-sheet-etrace-internet-based-firearms-tracing-and-analysis

7 Topher McDougal y otros, "El camino del arma: estimación del tráfico de armas de fuego en la frontera entre México y Estados Unidos", Journal of Economic Geography, 15 (2) (2015): 297-327, disponible en https: //academic.oup. com / joeg / article-abstract / 15/2/297/929819. Los autores de este artículo encontraron que, de 2010 a 2012, se compraron 212,887 armas de fuego anualmente para ser traficadas a México

8 Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., Tráfico de Armas de Fuego: los esfuerzos de los EE. UU. Para combatir el tráfico de armas de fuego a México han mejorado, pero persisten algunos desafíos de colaboración (2016), disponibles en https://www.gao.gov/assets/680/674570.pdf  

9 Idem.

10 Ibidem.

11 Mark Stevenson, "México publica la tasa más alta de homicidios en décadas", ABC News, 21 de enero de 2018, disponible en http://abcnews.go.com/International/wireStory/mexico-posts-highest-homicide-rate-decades-52503837 ; Univision Noticias, "Se disparan las cifras de homicidios en México al inicio de 2018 por disputas entre carteles del narcotráfico", 8 de enero de 2018, disponible en https://www.univision.com/noticias/asesinatos/se-disparan-la -cifras-de-homicidios-en-mexico-al-inicio-de-2018-por-disputas-entre-carteles-del-narcotrafico; Observatorio Nacional Ciudadano, "Reporte sobre delitos de alto impacto" (2017), disponible en
 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_Sep17.pdf . 

12 Se estima que el 90 por ciento de los delitos en México no se denuncian a las autoridades. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016" (2016) http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf

13 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común, disponible en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017" (2017), disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf; Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC (ICESI), "Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)" (2005), disponible en
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres/menu_superior/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual /7_violencia/14.pdf

15 Comisión Especial Encargada de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar el Funcionamiento de Aduanas, Puertos y Aeropuertos Nacionales.

16 Las Aduanas, coladera para las armas. Revista Proceso
https://www.proceso.com.mx/265573/265573-las-aduanas-coladera-para-las-armas

17 Ibid.

18 Policías de México. El Heraldo Mexicano
https://heraldodemexico.com.mx/pais/policias-de-mexico-extravia-al-por-mayor-su-armamento/

19 Desaparición de armas asignadas a agentes. Animal Político
https://www.animalpolitico.com/2016/06/robadas-o-perdidas-en-un-ano-desaparecen-de-pgr-casi-300-armas-asignadas-a-agentes/

20 Everytown for Gun Safety, "Verificaciones de antecedentes previenen la violencia armada y salvan vidas", disponible en https://everytownresearch.org/infographic-background-checks-save-lives/ ; Center for American Progress, "Verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas" (2015), https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/02/BackgroundChecks-factsheet3.pdf 

21 Giffords Law Center para prevenir la violencia armada, "Verificación de antecedentes universales. http://lawcenter.giffords.org/gun-laws/policy-areas/background-checks/universal-background-checks/

22 Daniel W. Webster y otros, Reducir la violencia armada en los Estados Unidos: informar sobre políticas con evidencia y análisis (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013).

23 Mayors Against Illegal Guns, "Trace the Guns: The Link Between Gun Laws and Interstate Gun Trafficking" (2010), disponible en https://everytownresearch.org/documents/2015/04/trace-the-guns.pdf

24 Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., Tráfico de Armas de Fuego: los esfuerzos de los EE. UU. Para combatir el tráfico de armas de fuego a México han mejorado, pero persisten algunos desafíos de colaboración.

25 Uno de los métodos de tráfico preferidos es mediante estos compradores paja quienes se aprovechan de su condición legal para comprar múltiples armas y luego entregarlas a los traficantes quienes, por ley, no pueden comprarlas.

26 Ley de prevención de la trata de armas de 2017 , HR 1475, 115 Cong, 1 sess. (Government Printing Office, 2017), disponible en https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1475/text?r=16. A partir de enero de 2018, este proyecto de ley ha sido remitido al Subcomité de la Judicatura de la Cámara de los Estados Unidos sobre Delitos, Terrorismo, Seguridad Nacional e Investigaciones.

27 Contra la Ley de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego a México , HR 1692, 115 Cong, 1 sess. (Government Printing Office, 2017), disponible en https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1692?r=1.
A partir de enero de 2018, este proyecto de ley ha sido remitido al Subcomité de la Judicatura de la Cámara de los Estados Unidos sobre Delitos, Terrorismo, Seguridad Nacional e Investigaciones

28 Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, "Hoja de Datos - Venta de Armas de Fuego Múltiples u Otros Informes de Disposición" (2016), disponible en https://www.atf.gov/resource-center/fact-sheet/fact-sheet- múltiples-armas de fuego-ventas-u-otro-disposición-informes

29 18 US Code § 923 – Licensing. Código de Estados Unidos
(a) Ninguna persona deberá involucrarse en el negocio de importar, fabricar o comerciar con armas de fuego, o importar o fabricar municiones, hasta que haya presentado una solicitud y haya recibido una licencia para hacerlo del Procurador General.

30 Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, "Hoja Informativa - Venta de Armas de Fuego Múltiples u Otros Informes de Disposición"; Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, "Hoja informativa: National Tracing Center (NTC)" (2015), disponible en https://www.atf.gov/file/11046/download
; Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos; Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU., Tráfico de Armas de Fuego: los esfuerzos de los EE. UU. Para combatir el tráfico de armas de fuego a México han mejorado, pero persisten algunos desafíos de colaboración

31 Alex Yablon, "GOP Budget Rider podría paralizar los esfuerzos para mantener las armas estadounidenses fuera de México", The Trace, 27 de julio de 2017, disponible en https://www.thetrace.org/2017/07/gop-budget-rider-could -cripple-efforts-to-keep-us-guns-out-of-mexico /

32 Ley de Modernización de Informes de Ventas de Armas Múltiples de 2017 , HR 4025, 115 Cong, 1 sess. (Government Printing Office, 2017), disponible en https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4025/text?r=65

33 Colby Goodman y Rachel Stohl, "Cinco peligros de dar al Departamento de Comercio la supervisión de las exportaciones de armas de fuego", Defense News , 25 de septiembre de 2017, disponible en https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2017/09/25/ five-danger-of-giving-the-commerce-department-surveillance-of-firearms-exports-commentary /? utm_source = Sailthru & utm_medium = email & utm_campaign = EBB% 209.26.2017 & utm_term = Editorial% 20-% 20Early% 20Bird% 20Brief; Josh Rogin, "Las nuevas reglas de Trump podrían poner las armas estadounidenses en manos de dictadores, terroristas y pandillas", The Washington Post , 24 de septiembre de 2017, disponible enhttps://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/new-trump-rules-could-put-american-guns-in-the-hands-of-dictators-terrorists-and-gangs/2017/09/ 24 / 7daa4ffe-9fe2-11e7-9c8d-cf053ff30921_story.html? Utm_term = .852b8a153298

34 Carta de los senadores Benjamin L. Cardin, Dianne Feinstein y Patrick J. Leahy al Honorable Rex Tillerson, 15 de septiembre de 2017, disponible en https://www.forumarmstrade.org/uploads/1/9/0/8/19082495 /9-15-17_blc-feinstein-leahy_letter_to_tillerson_on_usml_cats_i-iii.pdf






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud a que en la revisión y actualización de la NOM-028-SSA3-2012 en materia de regulación de los servicios de salud para que la práctica de la ultrasonografía diagnóstica se reafirme el perfil profesional médico del ultrasonografista. Se turna a la Segunda Comisión.

La suscrita, MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ PORCAYO, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud es uno de los derechos humanos que más rezagos presenta en nuestro país, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que en promedio 7 de cada 10 mexicanos no cuenta con algún sistema de seguridad social, y particularmente el acceso a servicios de salud pretende ser cubierto bajo el esquema del Seguro Popular, mismo que ha sido constantemente señalado de mala administración y corrupción.

En nuestro país ha permanecido en una parte importante del imaginario social la idea de que los servicios de salud “se otorgan a todos” , situación que ha llegado a impedir el cuestionar si la manera como se proveen dichos servicios es la correcta, pues se entienden más como una dádiva que como un derecho, pese a encontrarse expresamente establecido en el artículo 4º de nuestra Constitución y se concatena como una obligación del Estado Mexicano en términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en donde se establece que debe otorgarse bajo principios de integralidad