Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 19 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 16 de Mayo de 2018




PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

APERTURA

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a esta Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Diputados y Senadores.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Señor Presidente, hay registrados 21 legisladores.

Tenemos quórum.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Secretario.

Consulte si falta algún ciudadano legislador de registrar su asistencia.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Voy a pasar lista.



Hay quórum, señor Presidente.

En total, 37 legisladores presentes.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez. Gracias, señor Secretario. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de mayo de este año 2018, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

En la Ciudad de México a las doce horas con once minutos del martes ocho de mayo de dos mil dieciocho, con una asistencia de treinta y siete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el lunes treinta de abril de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual 2017 de la Comisión Federal de Electricidad.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el Informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período enero-marzo de 2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:
• Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2018; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2017; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,

• El documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales y

• Los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, oficio con el que remite información relativa a “Contrataciones por Honorarios”, “Reporte del Monto y ejercido de los Subsidios Otorgados” y “Reglas de Operación”, correspondientes al período enero-marzo del ejercicio fiscal 2018.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su primer Informe Trimestral 2018, que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el período que comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.- Se remitió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, el Informe de Resultados correspondiente al período enero-marzo de 2018 y los Avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2018.- Se remitió a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del Informe sobre el ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016.- Se remitió a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficios con los que remite:

• El “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente a 2017,

• El “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas” y
• El “Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial”.

Se remitieron a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las siguientes iniciativas con proyectos de Decreto:

• El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

• El que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, reforma el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y modifica el párrafo tercero y adiciona la fracción XII del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

• El que adiciona dos fracciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron treinta y seis oficios con los que remite respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

 

Se recibió de la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Federalismo de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, su informe de actividades correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores, sus informes de actividades correspondientes al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, su Programa Anual de Trabajo correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el informe de su participación en la reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada los días 24 y 25 de abril de 2018, en Nueva York, Estados Unidos.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los informes de los viajes de trabajo de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón a:
• La ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con motivo de la celebración de la Reunión Parlamentaria en el marco de la 62ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, realizada los días 13 y 14 de marzo de 2018,

• La ciudad de Brasilia, Brasil, con motivo de la celebración del 8º Foro Mundial del Agua, realizado los días 18 y 19 de marzo de 2018 y

• La ciudad de Washington, D.C, Estados Unidos de América, con motivo de la Conferencia Parlamentaria Global, realizada los días 16 y 17 de abril de 2018.

Quedaron de enterado.

 

Se recibió del Diputado Samuel Alexis Chacón Morales, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de abril de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, oficio por el que informa del nombramiento del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes como Consejero suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral.- Sin discusión, el Acuerdo fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional Electoral.

 

Se recibió del Diputado Armando Soto Espino, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 30 de abril al 2 de julio de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 9 de mayo de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de marzo de 2018.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

La Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 62 y 66 y se deroga el numeral 3 del artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, a nombre de la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia solicito un minuto de silencio en memoria del doctor Jesús Kumate Rodríguez.

 

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, a nombre del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al Apartado C del artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Alicia Barrientos Pantoja, a nombre propio y de la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX, se adiciona la fracción XXI, recorriendo la subsecuente en su orden del artículo 3º; reforma la fracción X del artículo 7º y reforma la fracción XX, adicionando la fracción XXI, recorriéndose las demás fracciones en su orden, del artículo 9º de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción 6 al artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Presidencia dio turno a la iniciativa de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción II, recorriéndose la subsecuente en su orden, del artículo 424 Bis del Código Penal Federal; y se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero a la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a emprender una campaña de difusión y concientización sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla en los próximos comicios nacionales.- Se turnó a la Primera Comisión.        

 

El Diputado Jorge López Martín, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a los candidatos a la Presidencia de la República y en general a todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular a que sus discursos, en sus respectivas campañas, no contengan mensajes que generen violencia entre los sectores de la sociedad mexicana.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero a excitar a los órganos de justicia para la liberación inmediata e incondicional de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a verificar la legalidad de los contratos celebrados entre la empresa LavaTap y la Secretaría de Relaciones Exteriores  en el actual sexenio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Alicia Barrientos Pantoja, a nombre propio y del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de Acuerdo para crear un grupo de trabajo plural de legisladores para darle seguimiento al proceso electoral 2017-2018.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas referentes al desabasto de vacunas, así como de las fechas probables de provisión.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a realizar la medición de las temperaturas para la fijación de las tarifas de electricidad al interior de los centros de población y no en los vasos de las presas como lo realiza; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar la tarifa 1F para el sector doméstico en todo el estado de Sinaloa derivado de las mediciones que se realizarán, a fin de que los costos reflejen las condiciones socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo regional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

La Diputada Arlette Muñoz Cervantes, a nombre del Diputado Juan Luis de Anda Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Salud a reforzar las acciones de inspección y vigilancia de las normas oficiales mexicanas sobre plaguicidas, se actualicen y se atiendan los alarmantes niveles de contaminación atmosférica ocasionada por la utilización discrecional de pesticidas en los campos agrícolas del país, así como la libere comercialización de productos químicos los cuales se ha demostrado sus efectos cancerígenos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que las entidades gubernamentales de la administración pública federal y organismos desconcentrados y descentralizados impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones para todas las madres trabajadoras.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Acuerdos de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se integran las comisiones de trabajo.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Miguel Alva y Alva, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ramón Villagómez Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Base I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Luis Velázquez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 2554 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Omar Corzo Olán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3 y el Capítulo IX "Del Programa Pueblos Mágicos de México", conformado por los artículos 36 Bis, 36 Ter, 36 Quáter y 36 Quinquies, al Título III "De la Política y Planeación de la Actividad Turística", todos de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los párrafos noveno y décimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Olivia López Galicia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se declara el 12 de mayo "Día Nacional de la Fibromialgia".- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar y realizar los cambios necesarios a su estrategia de seguridad, a fin de garantizar la seguridad, los derechos humanos y la paz social.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus homólogos estatales a iniciar o reforzar las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a la recomendación, caso 11,430, informe 43/96, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de octubre de 1996, en contra del Estado Mexicano por violar los derechos humanos del general José Francisco Gallardo Rodríguez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ordenar y permitir que se realice un experimento científico sustentado en una tesis matemática irrefutable que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio cultural de nuestra nación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena energéticamente todo tipo de expresiones que inciten a la violencia, a la comisión o apología de algún delito en contra de cualquier persona, y se pronuncia a favor del derecho a la libertad de expresión ejercido en apego al párrafo primero del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México sea parte.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a detener la construcción del aeropuerto, en virtud que pone en riesgo la sobrevivencia de un sistema ecológico y la vida y destino de más de 20 millones de ciudadanos y la desaparición de la Ciudad de México como capital política de la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano en materia de enseñanza en derechos humanos e impulse la creación de un comité nacional para la educación en derechos humanos, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a ampliar su catálogo de sitios históricos a toda la ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación del traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “La undécima musa”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a asegurar la debida asistencia a propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los inmuebles de valor patrimonial, arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la identidad barrial de las colonias emblemáticas de nuestra ciudad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República a otorgar un perdón extenso a José Revueltas, escritor y luchador social, preso político del 68, que murió con libertad condicional injustamente acusado por delitos políticos y concurrentes de los cuales era totalmente inocente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegación del IMSS del Estado de Yucatán a realizar el análisis y proyecto correspondiente para la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el Municipio de Tizimín.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Chávez García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a solucionar la problemática ambiental de la bahía de Puerto Márquez, causada por la marina turística Puerto Majahua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Moreno Vega, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a realizar acciones eficaces e inmediatas de combate a la corrupción interna existente en los centros penitenciarios que frenen el deterioro institucional del sistema penitenciario mexiquense.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Velázquez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a intensificar las acciones que realiza para potencializar al campo zacatecano y continúe implementando programas y políticas públicas que busquen garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos retornados y/o repatriados.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de Tamaulipas a investigar y, en su caso, sancionar al gobierno del estado de Tamaulipas por la presunta entrega de despensas con fines electorales.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de las Madres.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la "situación política nacional".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse al clima de violencia y crispación política que se vive en este proceso electoral.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles dieciséis de mayo, a las once horas.

 

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a esta Honorable Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén en contra, levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Pasamos al siguiente asunto, señor Secretario.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el Informe de la gira de trabajo del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República Federal de Alemania, al Reino de Países Bajos y al Reino de España, realizada del 21 al 25 de abril pasados.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: La Asamblea ha quedado enterada.

Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Continuamos con el siguiente asunto, señor Secretario.






El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina “EXPONAVAL 2018”, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2018, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2017.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Continúe, señor Secretario, por favor.






COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de Agua, por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de Ley Federal de Derechos, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibió un oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Continúe, por favor, señor Secretario.






El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Sí, señor Presidente. Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: También del Congreso del estado de Nuevo León, se recibió un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Asimismo, el Congreso del estado de Nuevo León, remite un PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO V DENOMINADO “TARIFAS DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS PARA ESTUDIANTES”, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 BIS 1 Y 21 BIS 2 A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AEROTRANSPORTE FEDERAL.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibieron 43 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Informo a esta Honorable Asamblea que dichas respuestas se harán llegar a los legisladores promoventes, y las mismas ya se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Se recibieron las comunicaciones de ciudadanos legisladores:

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con las que remite:

El informe de su participación en el curso de Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la Alimentación para Asesores y Asesoras del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe, que se realizó del 2 al 4 de mayo de 2018, en la sede del PARLATINO, en Panamá, Panamá;



Las Memorias del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, rumbo a garantizar la alimentación de nuestras familias, correspondiente al periodo 2016-2018.








De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La Quinta Edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, realizado en Washington, Estados Unidos de América, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018.





La XVI Asamblea General y reuniones conexas de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que se celebró en Panamá, Panamá del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018.








De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el martes 15 de mayo del año en curso realizó su reunión de instalación.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Secretario. Esta Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones a las que se han dado lectura.

Ha solicitado la palabra nuestra compañera Diputada Cristina Gaytán, para referirse a uno de los turnos de algunos de los comunicados que hemos hoy presentado.

Tiene usted la palabra, Diputada Gaytán.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

Queremos llamar la atención como grupo parlamentario del PRD, precisamente del oficio remitido por la Comisión Nacional de Agua, en el que informa que los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre en el ejercicio fiscal no se ha realizado la asignación que corresponde a los diversos municipios y prestadores de servicios.
Lo sabíamos bien, porque fue el grupo parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados, quien propuso la modificación al artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, al comenzar esa Legislatura.

Justo hace un año hacíamos el mismo llamado a la Comisión Permanente cuando nos remitían un oficio similar, y llama la atención porque ese oficio similar lo remitía el entonces Secretario de Hacienda, ese mero que ahora es candidato y que presume de honestidad.

Justo ese tipo de omisiones, Diputado Presidente, compañeras y compañeros…

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Permítame un segundo, señora Diputada.

Les ruego le pongan atención a la señora Diputada, y quienes no son legisladores les ruego que conserven silencio en este recinto.

Gracias por su atención.

Continúe, por favor.

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: (Desde su escaño) Muchas gracias, Diputado Presidente.

Insisto, hace un año hacíamos la misma observación al entonces Secretario de  Hacienda, que ahora es candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional.

Justo este tipo de omisiones son las que convierten, nos parece, en desvíos, o los que se fondean dádivas o se promueven imágenes como las que hemos visto ya en casos de otros secretarios, precandidatos en su momento.

Por eso pedimos a esta Comisión Permanente se haga un enérgico exhorto a la Secretaría de Hacienda a que cumpla con la ley y deje de darle un trato, por lo menos, cuestionable a los recursos que corresponden a las entidades federativas y a los municipios, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Tiene usted razón en su comentario, porque justamente el comunicado de la Comisión Nacional del Agua establece claramente que no se realizó asignación alguna de los recursos adicionales, de acuerdo a lo establecido por la propia Ley Federal de Derechos.

Nuestra tarea, y así se hizo, es turnar este comunicado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Recursos Hidráulicos de ambas Cámaras, a ambas comisiones que tendrán que hacer lo procedente.

Me permito sugerirle que también, en defensa de su posición, haga presente su propia moción.

Gracias, Diputada Gaytán.






Compañeras y compañeros, la Mesa Directiva ha recibido una comunicación suscrita por el Diputado Francisco Martínez Neri, del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Proceda la Secretaría a dar lectura al comunicado del Diputado Martínez Neri.
El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Secretario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Diputado Francisco Martínez Neri, para separarse de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 2 de julio de este año 2018.”

No hay oradores inscritos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Siguiendo las instrucciones de Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Francisco Martínez Neri, para separarse de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 2 de julio de 2018. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Recibimos también una comunicación de nuestra compañera Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. Le ruego a la Secretaría dé lectura al comunicado de la Senadora Calderón.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, y con fundamento con por lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de mayo de 2018.”

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Bien, consulto a esta Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, se concede la licencia a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de mayo del año en curso, por lo que respecta a su reincorporación, esta Asamblea queda enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

En el Orden del Día aparecía una tercera solicitud de licencia, que estaba solicitada por el Diputado Arturo Bravo Guadarrama, él ha enviado un comunicado donde pide que se retire del Orden del Día su solicitud de licencia. En consecuencia, no se procesa su licencia en esta sesión.

Agotados el capítulo de comunicaciones y de asuntos generales, toca el punto al capítulo de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Ruth Tiscareño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 113 constitucional, en materia de recomendaciones vinculantes anticorrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada Ruth Tiscareño Agoitia: Con su venia, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La difícil situación de credibilidad por la que ha atravesado en los últimos años el sistema político mexicano, así como la demanda social generalizada por atender el fenómeno de la corrupción, hicieron necesario, en el 2015, la adopción de un sistema nacional encaminado a corregir las debilidades institucionales mediante un entramado normativo, establecer un esquema de coordinación entre los entes involucrados, sociedad y gobierno, para enfrentar este fenómeno que lacera a nuestro país y sus instituciones.

La reforma constitucional estableció bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, concretamente el artículo 113 del Decreto señala: “el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos”.

Para tales efectos, se estableció que el sistema contará con un comité coordinador como instancia responsable de establecer e implementar políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección, control, sanción y disuasión de hechos de corrupción.

De lo anterior, se puede concluir que el comité coordinador es uno de los ejes rectores del Sistema Nacional Anticorrupción.

Una de las facultades principales del comité coordinador es la de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a las autoridades, a efecto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

De acuerdo con la ley vigente, es necesario mencionar que las recomendaciones que emite este comité coordinador son totalmente no vinculantes, careciendo de fuerza coercitiva para aquellas autoridades a las cuales vayan dirigidas.

A nuestra consideración, en la propia ley fundamental que da nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, faltó un pilar principal del sistema, que es el corregir la plana a las instituciones gubernamentales en esa materia.

No es posible que las recomendaciones que emita el comité coordinador no sean imperativas, ya que ello da la pauta a que las autoridades a las que van dirigidas, si quieren o no las adopten sin que pase nada por su omisión.

Lo anterior obstaculiza el fortalecimiento institucional en nuestro país en materia de combate a la corrupción.

En este orden, considero que existe una oportunidad para reformar la legislación y de esta forma darles imperio a las recomendaciones que oportunamente se emitirán a los entes gubernamentales.

Este tema es un tema de explorado derecho, podemos decir que lo mismo sucedió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lo último que se logró en la materia fue con la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, con lo cual las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las autoridades, en caso de no adoptarlas, ahora tienen que motivar y fundamentar su decisión.

Anteriormente si se rechazaban, las autoridades responsables no tenían que informar absolutamente nada, así que de igual forma han nacido las recomendaciones que, en su caso, emitirá el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello y con la intención de ir fortaleciendo este importante andamiaje legal, encaminado a combatir la corrupción para subsanar esta deficiencia normativa, considero oportuno y urgente proponer una adecuación a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como principal objetivo garantizar un efectivo combate a la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

La proponente, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada de la LXIII Legislatura al H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La difícil situación de credibilidad por la que ha atravesado en los últimos años el Sistema Político Mexicano, así como el malestar social generalizado y las demandas de la población para atender el fenómeno de la corrupción, hicieron necesario en 2015 la adopción de un Sistema Nacional encaminado a corregir las debilidades institucionales y mediante un entramado normativo establecer un esquema de coordinación entre los entes involucrados sociedad y gobierno para  enfrentar este fenómeno que lacera a nuestro país y sus instituciones.

En este orden, y de manera general los ejes principales de la reforma que afecto a 14 artículos (22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114,116 y 122) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estriban en las atribuciones que se concedieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la Función Pública(SFP), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la conformación de un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, además de conceder al Congreso de la Unión la Facultad de emitir una Ley General que establezca las bases de coordinación entre los entes y autoridades de los órdenes de gobierno. También contempló la figura de órganos internos de control para los entes públicos federales.

Así mismo, la reforma estableció la obligación de los servidores públicos de declarar los conflictos de interés, y castigar a quienes incurran en ellos, sanciones severas a servidores públicos o particulares que incurran en actos de corrupción, y la ratificación del titular de la Secretaría de la Función Pública a propuesta del ejecutivo, por parte del Senado de la República.

De manera específica la reforma constitucional de 2015, estableció bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; concretamente, el Artículo 113 del decreto señala El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer e implementar políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, control, sanción y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, así como de la fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos para suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias.

Su integración corresponde de la siguiente manera:

1. Un representante del Comité de Participación Ciudadana;

2. Titular de la Auditoría Superior de la Federación;

3. Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;

4. Titular de la Secretaría de la Función Pública;

5. Representante Consejo de la Judicatura Federal;

6. Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública; y

7. Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La presidencia de este comité dura 1 año y será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

De lo anterior, se puede concluir que el Comité Coordinador, prácticamente es uno de los ejes rectores del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto debemos señalar, que una de las facultades principales del Comité Coordinador, es la de emitir “recomendaciones públicas” no vinculantes a las autoridades, a efecto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, tal cual como lo establecen los artículos 113 fracción III inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  9 fracción XI, 21 fracción XV, 31 fracción VII, así como en los artículos del 57, 58, 59 y 60 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto y de acuerdo con la ley vigente, es dable mencionar, que las recomendaciones que emite este Comité Coordinador son totalmente no vinculantes, que carecen de fuerza coercitiva para aquellas autoridades a las cuales vayan dirigidas adopten las recomendaciones sugeridas por este  órgano especializado en la materia.

A nuestra consideración, en la propia ley fundamental que da nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, faltó uno de los dientes principales del Sistema, que es el corregir la plana a las instituciones gubernamentales en esta materia. No es posible, por un lado, que las recomendaciones que emite el Comité coordinador no sean imperativas, ya que  ello, da la pauta a que las autoridades a las que van dirigidas, si quieren o no las adopten, sin que pase nada por su omisión.

Lo anterior, sin duda que obstaculiza el fortalecimiento institucional en nuestro país para la prevención de faltas administrativas de las autoridades y de hechos de corrupción, así como para el mejoramiento de su desempeño y del control interno.

En este orden, considero que existe una oportunidad para reformar la legislación y de esta forma darles imperio a las recomendaciones que oportunamente se emitirán a los entes gubernamentales.

Este tema, es un tema de explorado derecho, podemos decir que lo mismo ha sucedido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando las autoridades han violentado derechos humanos a los ciudadanos y la Comisión Nacional emite recomendaciones para evitar estas situaciones lacerantes, sus recomendaciones no son vinculantes, lo que prácticamente también han anulado toda la actuación de la Comisión pese a que existe una investigación, que conlleva toda una estructura de trabajo y gastos considerables.

Sin duda que es un debate que se ha dado por muchos años, lo último que se logró en la materia, fue con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011, con la cual,  las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las autoridades, en caso de no adoptarlas, las autoridades a quienes van dirigidas, ahora tienen que motivar y fundamentar se decisión. Anteriormente, si se rechazaban, las autoridades responsables no tenían que informar absolutamente nada.

Así y de igual forma han nacido las recomendaciones que en su caso emitirá el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por ello, y con la intención de ir fortaleciendo este importante andamiaje legal encaminado a combatir la corrupción para subsanar esta deficiencia normativa considero oportuno y urgente  proponer una adecuación a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene como principal objetivo garantizar un efectivo combate a la corrupción.

A continuación, se describe la propuesta:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

a) al d)……

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Artículo 113. …

 

 

 

 

 

III. …

 

a) al d)……

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el inciso e, fracción III, del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo113.

III. …

a) al d)……

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Cámara de Diputados en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las adecuaciones a la legislación secundaria respectiva.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Ruth Tiscareño. Se turna su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra nuestra compañera Diputada Kathia María Bolio Pinelo, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de donaciones a organizaciones no gubernamentales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El aumento del número de adultos mayores en nuestro país, es decir, personas mayores a 60 años, se da de manera sostenida. Los resultados de los Censos del Inegi lo ponen de manifiesto.

Para 1990 se contabilizó a más de 5 millones de adultos mayores, y para 2010 la cifra se duplicó, es decir, más de 10 millones de adultos mayores.

En el año 2017 la población de adultos mayores en México equivalía a 16 millones de habitantes.

Bajo esta tendencia, en la que vemos un aumento sostenido en la población de adultos mayores, el Conapo, proyecta que para 2050 será de 22 por ciento de la población, rebasando de esta manera a la población infantil que equivaldrá al 19 por ciento de los mexicanos.

El aumento de este sector de la población no es de sorprendernos si tomamos en cuenta que, además de los avances en políticas públicas, la esperanza de vida en nuestro país ha aumentado de forma considerable.

El Inegi nos dice que en 1970 el promedio de vida de un adulto era de 61 años; en el 2000, de 73; en 2014 llegamos a casi 75 años como promedio de vida; y se espera que en el 2030 los adultos mayores lleguen a vivir hasta 77 años.

El aumento de los adultos mayores, es decir, personas mayores a 60 años se da de manera sostenida.

Las cifras y estimaciones nos demuestran claramente que la población de adultos mayores seguirá en aumento, por ello es imperativo que se tomen medidas desde hoy para proteger a este sector de la población que podemos considerar en situación de vulnerabilidad.

Nos enfrentamos a retos tanto en el sector de salud como en el sector económico.

La OCDE estima que los futuros adultos mayores se enfrentarán a un escenario de desempleo y falta de servicios de salud, mayor desigualdad por la distribución de salarios y un ingreso doméstico, posiblemente que los avances en cuestión reduzcan en una pobreza que tendrán ellos en el caso de no contar con pensiones.

Tenemos que escuchar hoy las perspectivas y las cifras con las que contamos para poder actuar de acorde y darles un futuro mejor a nuestros adultos mayores.

De acuerdo a las cifras del año 2014, la UNAM señaló en uno de sus boletines que cerca del 35 por ciento de las personas con 60 años o más viven en pobreza extrema o en pobreza moderada.

Frente a estas duras cifras, vemos que hay adultos mayores que realizan actividad económica y se ubican en ramas: asalariados, quienes trabajan por cuenta propia y quienes trabajan sin una remuneración, como los cerillitos.

Por otra parte, y como refiere el Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores, la Población No Económicamente Activa hace mención sólo de adultos pensionados,  que son el 25 por ciento de la población y quienes se dedican a alguna cuestión del hogar.

De igual forma, hay que considerar a quienes tienen alguna limitación física o mental, que son los que están más limitados a realizar algún trabajo o actividad económica, este sector creció casi al triple en los censos del 2000 y de 2010. Es imperativo actuar para proteger a este sector de la población mexicana, del Estado depende ver por su protección y que tengan una vida digna.

El envejecimiento es un proceso biológico natural al que nos enfrentamos todos los seres humanos y es algo inevitable.

Lo que sí es evitable es que los adultos mayores vivan en condiciones precarias, de alto riesgo y de vulnerabilidad.

Por lo tanto, debemos gestionar políticas públicas que vean por quienes han visto por nosotros.

En Acción Nacional nos importan nuestros adultos mayores, y entendemos que este sector de la sociedad que ha dado tanto y que ha trabajado, se ha esforzado, merece una vejez digna y plena, un descanso para todo su sacrificio.

Las personas mayores merecen una buena calidad de vida.

Es por ello que el día de hoy proponemos, como grupo parlamentario de Acción Nacional, la reforma al artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir en las instituciones de beneficencia y de atención especializada a adultos mayores en cuestión de donativos, esto facilitará el actuar de quienes se dedican a     cubrir esta importante necesidad, la de ver por el bienestar de la población de 60 años y más.

Si bien los logros que hemos tenido como país en diversos rubros, como salud, economía y educación, nos han permitido que la población mexicana viva más años, la realidad es que no en todos los casos estos años son vividos con tranquilidad, con armonía y con necesidades cubiertas.

Las cifras están ahí, así como las proyecciones a futuro.

Debemos actuar hoy para que los escenarios que vulneran a los adultos mayores no logren hacerse realidad, pero, sobre todo, debemos actuar para darles una vejez digna después de tantos años de dedicación y esfuerzo.

Es cuanto, señores legisladores.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, Diputada Federal MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema

De acuerdo con el “Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores” elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, en 1930 la población de adultos mayores en nuestro país (o sea, con 60 años cumplidos o más conforme a los parámetros contemporáneos) era apenas inferior a 1 millón de personas, representando tan solo el 5.3% de la población total, la cual alcanzó en ese año los 16.6 millones de habitantes. Desde entonces, el incremento poblacional ha ocurrido de manera sostenida.

En 1990, la población con 60 o más años rondaba los 5 millones de habitantes, de los cuales el 52.9%, es decir, alrededor de 2.6 millones, eran mujeres. En un lapso de 20 años, las cifras prácticamente se duplicaron. Del Censo de Población y Vivienda 2010 resultó que de los 112.3 millones de habitantes contabilizados, 10, 055, 379 eran adultos mayores, esto es, el 9% del total. Por género, 4, 679, 538 hombres y 5, 375, 841 mujeres. A partir de la distribución del sector que nos ocupa en tres grupos específicos de edad, a saber a) De 60-64 años, b) De 65-84 años y, c) De 85 o más años, se advirtió que la mayoría se ubicaba en las dos primeras divisiones1.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) efectuada también por el INEGI, en el 2014 la población de 60 años o más ascendía a 12.9 millones de personas, o sea, significaba el 10.8% de la población total. Siguiendo las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2050 ascenderá a 32.4 millones que importaran el 21.9%, rebasando incluso a la población infantil (19%)2.

De lo anterior se desprende que en los últimos años México ha experimentado una profunda transformación demográfica; la estructura por edades de la población ha cambiado, transitando del predominio de las personas menores de 15 años al de los adultos jóvenes, lo cual devendrá en el año 2050 en que la quinta parte de los habitantes de nuestro país sean adultos mayores, Paulatinamente se ha incrementado el número de personas con 60 o más años, debido al aumento de la esperanza de vida.

El INEGI informa que en 1970 los mexicanos vivían en promedio 61 años; en el 2000, 73, y que en el 2014 la esperanza de vida era de casi 75. Para 2030 se espera que sea de 77 años. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Centro de Investigaciones sobre América Latina afirman que México tiene el comportamiento demográfico de un país desarrollado –pues el crecimiento de la expectativa vivencial refleja políticas de salud pública plausibles y avance económico-, pero que a la vez la población tiende a ser más longeva en condiciones de precariedad y vulnerabilidad3.

II. Argumentación de la propuesta

Aunque en la actualidad México es un país con una estructura relativamente joven, es menester prepararse para atender la problemática que se agudizará en el futuro con el acusado envejecimiento de la población. Las personas mayores de 60 años con alguna limitación en la actividad llenaran un porcentaje considerable del vecindario nacional, lo que apremia a formular alternativas para integrarlos a oportunidades que les brinden tranquilidad y dignidad en esa etapa de su vida.

El envejecimiento es un proceso biológico gradual, continuo e irreversible, que se complica con la aparición o presencia de limitaciones en las capacidades y actividades. En México, como en varios países del mundo, el envejecimiento poblacional ha cobrado relevancia en los últimos años. Las personas en edad avanzada conforman uno de los grupos con mayor vulnerabilidad, misma que aumenta si tienen alguna limitación. Por ello resulta esencial conocer las características sociodemográficas de las personas en edad de 60 o más años con una o varias limitaciones en sus actividades cotidianas, para construir un panorama de la situación en que se encuentran y cómo vivirán en las próximas décadas.

Para 2050, la proporción de personas de la tercera edad en México será tres veces más de las que hay actualmente, lo cual presentará retos para la economía y la salud universal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que ante este escenario, los futuros adultos mayores enfrentarán diversas situaciones en mayor grado que como ocurren en el presente: las personas vivirán más años, pero habrá un aumento en el desempleo, un aumento en las brechas de desigualdad a partir de la distribución de los salarios y el ingreso doméstico, y existe la posibilidad de que los avances en la reducción de la pobreza se frenen, como el sistema de pensiones4.

En el Informe “Previniendo el envejecimiento desigual” (2017) elaborado por la OCDE, se afirma que la desigualdad en la vejez redunda en perjuicio del crecimiento económico futuro, particularmente, porque al bloquearse las oportunidades se crea exclusión y mayor inestabilidad del mercado laboral. El envejecimiento demográfico, sumado al aumento en la desigualdad y a unas finanzas públicas comprometidas está modificando las perspectivas de vida en edades avanzadas e implica un mayor riesgo en la disparidad de los futuros adultos mayores al enfrentar nuevas realidades en el hogar, el lugar de trabajo, los nuevos riesgos de salud y la discapacidad5.

En el boletín UNAM-DGCS-552 del 2017 se observa un diagnóstico desalentador a largo plazo para los adultos mayores. De acuerdo a las cifras de las que da cuenta -correspondientes a 2014-, alrededor del 35% de las personas con 60 años o más vivía en pobreza moderada y el 9% sobrevivía en condiciones de pobreza extrema. Si continuamos siendo indiferentes a su situación y no adoptamos medidas pertinentes y efectivas, en algunos años tendremos una población envejecida, enferma y en condiciones todavía más precarias6.

Conforme a los resultados del Censo 2010 respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), el promedio nacional indica que 9.7 adultos mayores de cada 100 personas se encuentran en edad laboral. 16 entidades federativas están por encima de este promedio, entre ellas Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, y Ciudad de México, con 12 adultos mayores de cada 100 habitantes que trabajan7.

El grupo de 60 a 64 años es en el que se concentra la mayoría de personas de la tercera edad activas8.

Sobre la distribución porcentual de la población de 60 o más años ocupada se distinguen 3 ramas específicas: la de los asalariados; la de quienes trabajan por cuenta propia (empleadores); y la de los que trabajan sin percibir remuneración. Predomina el trabajo por cuenta propia, en porcentajes casi paritarios por género (52.6% mujeres vs. 48.4% hombres). Alrededor del 37% se desempeña como asalariado, clasificación en la que los hombres  tienen más parte. Y poco más del 6% labora sin recibir retribución alguna por su trabajo.

Citando nuevamente el “Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores”, la Población No Económicamente Activa (PNEA) se refiere a las personas pensionadas o jubiladas y a aquellos adultos mayores que se dedican a los quehaceres del hogar.  Según el Censo 2010, el 25.1% de la población total con 60 o más años no económicamente activa son pensionados o jubilados, de los cuales el 58.2% son hombres y tan solo el 10.4% mujeres. En cambio, tratándose de quienes se dedican a los quehaceres del hogar sin gozar de una pensión digna para su vejez, el 81.1% son mujeres y el 5% hombres. El 13.5% de los hombres no económicamente activos tienen alguna limitación física o mental que les impide trabajar, en contraste con el 4.8% de las mujeres.

Abordando en términos generales a la población de la tercera edad con alguna limitación en la actividad, es de resaltar que creció –por lo menos en datos duros - casi al triple en los 10 años comprendidos entre los dos últimos censos generales. En el 2000 se registraron 745 mil casos, mientras que en el 2010 la cifra fue de 2.8 millones (10.7 y 26.3% de la población con 60 años o más, respectivamente).

Cierto que es al Estado al que toca, en principio, planear y ejecutar acciones en favor de los grupos vulnerables, entre los cuales el sector de los adultos mayores es de los que demanda atención urgente por los indicadores y razones expuestos. Pero su capacidad humana y técnica es insuficiente para ocuparse del problema atinada y universalmente. Precisa de la colaboración social.

Ya existen, desde luego, instituciones no gubernamentales sin fines de lucro dedicadas a proveer a los adultos mayores los recursos mínimos de subsistencia (alimentos, ropa, habitación digna, servicios de salud), a organizar actividades educativas y artísticas para su formación y esparcimiento, a capacitar al personal técnico y profesional que les presta servicios, a preparar a sus familiares acerca de los cuidados que deben dispensarles y sus condiciones de salud, a defender sus derechos humanos, a generar y difundir una cultura de protección, respeto y comprensión hacia ellos libre de estereotipos, y a brindarles asesoría jurídica, entre otras actividades. A su vez, estas instituciones requieren fuentes de ingresos para sostener su labor altruista.

Cuentan con el apoyo de particulares, pero es razonable también que el Estado, facultado expresamente por la ley, pueda destinarles recursos financieros si presentan un proyecto que justifique y fundamente la finalidad del financiamiento, considerando su carácter de auxiliares en un tema que, como se ha dicho antes, le compete de origen.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo manifestado, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

ÚNICO: Se reforma el párrafo segundo de la fracción III del artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

I. a II. …

III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes.

Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías, de beneficencia o de atención especializada a adultos mayores, a financiar con el monto del donativo;

IV. …

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañera Diputada Bolio. Se turna su iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.


1 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010; Perfil sociodemográfico de adultos mayores, México, INEGI, 2014. Recuperado de:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espano l/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf

4 http://diario.mx/Economia/2017-10-18_a3de79db/habra-en-mexico-3-veces-mas-adultos-mayores-en-2050/

6 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_552.html

7 Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

8http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/ espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf, Pp. 139.






A continuación, hace uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 constitucional, en materia de participación ciudadana en los municipios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Diputado Presidente.

En la actualidad, los sistemas políticos democráticos enfrentan serios retos. Uno de ellos es fortalecer la participación ciudadana, la cual coadyuva a legitimar las decisiones que toman los gobernantes; asimismo, promueve la cultura democrática y una gestión pública más eficaz.

En este sentido, la participación ciudadana es parte fundamental de la evolución y adecuación de la democracia de las sociedades modernas, por el hecho de que se amplía el espectro político para que exista una mayor correlación entre ciudadano y gobierno con el fin de definir metas, así como las formas de alcanzarlas en pro del desarrollo de la comunidad.

En este sentido, resulta fundamental la reforma de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal, que en su párrafo segundo, de la fracción II, se incorporó la figura de participación ciudadana y vecinal en los municipios de las diferentes entidades federativas del país, hecho que se reconoce como un paradigma de la evolución de la democracia mexicana, ya que facultó a los ciudadanos a participar en la toma de decisiones.

Años más tarde, con la reforma constitucional del 2012, se reconocieron en la Constitución federal algunos mecanismos de la democracia participativa como son: la consulta, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes.

El hecho es que la participación ciudadana es un concepto complejo que tiene diferentes modalidades y, por ello, la redacción actual del artículo 115 constitucional en esta materia no es clara y queda ambigua.

Por tal razón, el objeto de la presente iniciativa es ampliar el concepto con el fin de que la sociedad participe en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de los ayuntamientos.

Por tal motivo, propongo adicionar un tercer párrafo a la fracción II del artículo 115 constitucional, a fin de que los ayuntamientos tengan la responsabilidad de garantizar la participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de los ayuntamientos, cumpliendo así con el principio democrático estipulado en los artículos 3o., fracción II, inciso a) y 26 de la Carta Magna.

En este sentido, el artículo 3o. constitucional entiende a la democracia como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; mientras que el artículo 26 estipula que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de nuestra nación.

Con la presente iniciativa no sólo se asegura la participación de la sociedad, como lo establece el artículo 115 constitucional, pues además se instituye a la sociedad como parte activa y protagónica del quehacer municipal, logrando la eficacia de las políticas públicas.

Si queremos avanzar en la consolidación de nuestra democracia debemos empezar por tener cuidado con nuestros ciudadanos, brindándoles mayor herramienta para su empoderamiento.

Es decir, que no se limite a votar en cada proceso electoral, por el contrario, que participe de manera permanente en la toma de decisiones públicas.

Con la presente iniciativa se plantea empoderar a los ciudadanos a fin de que participen activamente en el quehacer de las actividades municipales, pues precisamente dicho orden de gobierno es el que se encuentra más cercano a la población.

En síntesis, la población como fuente de todo poder público tiene el inalienable derecho de ser parte de la toma de decisiones públicas, pues conoce perfectamente sus propias necesidades.

Por ello, considero importante que puedan participar en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas al desarrollo urbano o rural, seguridad pública, medio ambiente, protección civil y desarrollo territorial.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Adelante, Diputada Botello.

La Diputada María Bárbara Botello Santibáñez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Para felicitar al Diputado David Monreal por su iniciativa.

Es muy importante empoderar a los ciudadanos en todos los municipios para que puedan participar activamente en todo lo que es la planeación, la ejecución de todas las políticas públicas, tanto en materia de desarrollo urbano y de protección civil.

Y con su anuencia, pedirle, adherirme a su iniciativa.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Adelante. Gracias.






Se concede ahora el uso de la palabra a la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de promoción de la lectura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por la Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, compañera Diputada Presidenta.

Antes que nada, quiero agradecer el respaldo, la asesoría, la orientación y particularmente el honor que me hicieron más de 250 casas editoriales en México, bajo la gestión de Déborah Holtz, de Editorial Trilce, para permitirme hacer mía esta iniciativa de Efi Libro.

Esta iniciativa que se presenta porque se reforme y adicione el texto del artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para ampliar el techo presupuestal y permitir la participación de proyectos culturales relacionados con la promoción de la lectura, la producción y la difusión de la palabra escrita y hablada, el fomento a la producción editorial en formato físico y virtual y de manera general el fortalecimiento de la literatura.

La lectura es fundamental para la formación educativa y cultural de los individuos. Es a través de los libros como se pueden desarrollar un sinnúmero de capacidades personales y profesionales en el ser humano.

En México, la promoción de los hábitos de lectura debe de ser una prioridad, ya que el promedio de los libros leídos por la población de 18 años y más es apenas de 3.8 libros por año.

Es por ello que el fomento a la literatura, particularmente a la lectura, debe de ir acompañado de un mayor número de estímulos a la producción literaria y editorial, situación a la que esta iniciativa pretende coadyuvar.

El sector cultural es un importante motor del desarrollo económico.

De acuerdo al Inegi, en 2016 la participación del sector cultural en el Producto Interno Bruto fue de 3.3 por ciento y generó alrededor de un millón de puestos de trabajo en los libros.

En términos económicos, los libros aportaron 24 mil 178 millones de pesos al sector cultural, de los cuales el 90 por ciento fue producido por el mercado privado y solamente el 9.4 por ciento producido por la gestión pública en las actividades relacionadas.

México cuenta con una larga historia de importantes ferias de libro, siendo las más destacadas la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la Feria Internacional del Palacio de Minería y la Fiesta Libre y la Rosa, entre otras.

Lo que demuestra que los festivales dedicados a las letras y al fomento de la lectura son ampliamente reconocidos y visitados por todo público.

Resulta así incomprensible que dada la importancia de la literatura, ésta no se encuentre contemplada en el artículo 190 para permitir su participación en los estímulos fiscales que otorga la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Quisiera dar lectura a este artículo en donde se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto en el que el ejercicio fiscal que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, de artes visuales, danza, música en los campos específicos y de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz.

Lo que presentamos en esta iniciativa es agregar el párrafo siguiente: Literatura en los campos específicos de la promoción de la lectura, producción y difusión de la palabra escrita, hablada y de fomento a la producción editorial en formato físico o virtual, contra el Impuesto Sobre la Renta, del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, causado en el ejercicio en el que se determine el crédito.

Es decir, con esta iniciativa se pretenderá el de incluir a la literatura en los campos específicos de la promoción de la lectura, producción y difusión de la palabra escrita y hablada y de fomento a la producción editorial en formato físico y virtual.

También se propone ampliar el techo presupuestal de 150 a 25 millones de pesos, de modo que el monto total al que podrán acceder los aspirantes a este estímulo fiscal será un máximo de 2 millones de pesos por proyecto.

La producción es apenas el primer paso para el fomento a la lectura de nuestros niños y de nuestros jóvenes.

Sin lugar a dudas, estamos convencidos de que la literatura y el desarrollo creativo de todos los bienes y servicios relacionados con ella debe ser un eje fundamental de la educación de los mexicanos y un medio alternativo de entretenimiento sano que brinde a los lectores la posibilidad de aprender y estimular la imaginación y la creatividad; pero sobre todo la literatura debe ser un elemento formativo y un campo de expresión de absoluta libertad para que las generaciones actuales y posteriores vuelvan a posicionar a nuestro país como un importante productor de letras y un prominente ejemplo de la literatura latinoamericana y universal, como lo ha sido.

Ojalá, compañeras y compañeros Diputados y Senadores, puedan sumarse a esta iniciativa que busca, precisamente, a partir del fomento a la literatura en sus diferentes áreas, hacer de este México un país con más capacidad de lectura, pero sobre todo con más capacidad de producción apoyada por estímulos fiscales.

Es cuanto.

Iniciativa 



Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada Gaytán. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Josefina González Luna, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de fomento de carreras en ciencias exactas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

(Presentada por la Diputada Josefina González Luna, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

La Diputada Josefina González Luna: Muchas gracias, buenas tardes, Diputada Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores, Diputadas y Diputados.

Como no tengo la oportunidad de saludarlos personalmente, y no los conozco a todos, permítanme saludarlos desde aquí por primera ocasión.

Soy, sin duda, el rostro más desconocido en este recinto, y quizá mi paso por aquí, la más efímera de todos ustedes.

Créanme que es impactante estar frente de ustedes, conociendo de sus trayectorias y de su gran experiencia que tienen. Consideren la presencia de su servidora, con todo el respeto.

Aparte de que el escenario es impactante, desconocido para mí, yo soy maestra, discúlpenme que mi profesión salga en mi palabra, no se me ocurre un grupo de personas en un mismo lugar cuya voz y cada palabra tengan más valor y más importancia que las que se dicen aquí.

Ningún ponente u orador en este país tiene más derecho ni más compromiso al expresarse que los aquí presentes, todo cuando aquí se diga y se dice es merecedor de ser escuchado por su importancia, por su trascendencia y por la representatividad que cada uno de nosotros tenemos.

Paradójicamente, si no reúne estas características de lo que vamos a decir, compañeros, pues creo que doblemente debe ser acuciosamente escuchado por aquello de que vayamos a decir una barbaridad.

Nuestra voz, mi voz, compañeras y compañeros, no es a título personal, y cumplir con este compromiso me parece mucha responsabilidad y creo que merecen más seriedad de parte de todos nosotros.

Les agradezco, primero, permitirme ser su compañera en el sentido estricto de la palabra, agradecer a los mexicanos que me hicieron el favor de traerme aquí, y les presento la propuesta que mi partido tiene a bien exponer a su consideración.

El entorno laboral a nivel mundial se ha modificado sustancialmente en las últimas décadas, ello ha conducido a que la estructura del trabajo y las necesidades de las empresas se modifiquen para que las nuevas tecnologías, el Internet y el sector digital concentren gran parte de las nuevas profesiones, mismas que tienen mayor oportunidad en el mercado laboral.

La demanda de profesionistas con mejores conocimientos y utilización de nuevas tecnologías, redes sociales, así como mayores dotes de comunicación, nos indica que en el futuro cercano no importará la profesión que se estudie, sino si las personas cuentan con las herramientas para conseguir un mejor empleo como el dominio de idiomas, conocimiento de informática y de tecnologías de la información y comunicación.

De igual manera, se ha hecho evidente que seguirá incrementándose la demanda de profesiones como ingenierías, ciencias, consultorías de tecnología o programación de computadoras.

En nuestro país, sin embargo, las profesiones con mayores oportunidades de empleo no son a las que se les da prioridad en las instituciones de educación superior.

Precisamente por eso la presente iniciativa tiene por objeto promover carreras universitarias relacionadas con las ciencias puras, matemáticas e ingenierías, ya que son las que tendrán mayor demanda en el mercado laboral y las más innovadoras, pero sobre todo las más necesarias para el progreso del país.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de cada diez nuevos empleos ocho serán para trabajadores del conocimiento o profesionales con capacidades técnicas, formación práctica, habilidades directivas y espíritu emprendedor.

Dicha organización mencionó también que la tendencia internacional en el mercado laboral apunta hacia las carreras como ingeniería molecular, nanotecnología, biomedicina, investigación espacial, cibernética, mecatrónica, y ciencias de la tierra.

Aunado a lo anterior están las previsiones del foro económico mundial por lo menos 2 mil millones de empleos desaparecerán en los próximos 15 años, situación que obliga a hacer una revisión de las carreras del futuro y, sobre todo, del perfil de los nuevos egresados.

Lo anterior refleja el desconocimiento sobre las áreas que ampliarán el desarrollo profesional, lo que generará una enorme frustración, debido a que el esfuerzo de terminar una carrera rara vez se ve recompensado con un empleo.

En Nueva Alianza estamos convencidos que debe darse impulso a las profesiones con mayores oportunidades laborales, razón por la cual es estimular a los jóvenes en el interés de las profesiones enfocadas a la ciencia.

Las y los Diputados de Nueva Alianza nos comprometimos a dar alternativas a la juventud del país y esta iniciativa es el ejemplo de ello.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Iniciativa

Quien suscribe, JOSEFINA GONZÁLEZ LUNA, Diputada Federal e integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5o DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, con base en el siguiente
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México cuenta actualmente con 4.1 millones de estudiantes universitarios. Las herramientas que reciban estos jóvenes van a determinar la capacidad del país para innovar, producir y detonar prosperidad; a pesar de ello, el 65% de las oportunidades de empleo o condiciones que les permitan desarrollarse como emprendedores para los jóvenes que hoy comienzan la educación Media y Superior aún no existen.

Con la tecnología actual se podría reemplazar el 45% de las actividades dentro de un empleo y el 5% de empleos completos. De acuerdo con Manpower, México es uno de los ocho países que más empleos podrían generar en los próximos años; sin embargo, para lograrlo, es necesario asegurar hoy la pertinencia de los planes de estudio y capacitación continua.

De 2015 a 2016 la cantidad de empleadores que capacitaron continuamente a sus empleados para cubrir vacantes creció de un 20% a un 50% a nivel mundial. En México, esta cifra alcanzó el 60%, una tendencia que se mantendrá por poco tiempo, ya que en el futuro, la empleabilidad dependerá menos de lo que sabemos y más de nuestra capacidad de aprender, adaptar y ejecutar.1

La sociedad actual cambia constantemente y necesita cada vez más conocimientos que adquirir y más preparación estudiantil, de cara a la tan complicada y competida vida laboral que pueden enfrentar. En tal sentido, indudablemente, las personas con un grado mayor de estudios son las mismas que tendrán mejores probabilidades de tener una vida laboral exitosa, lo que les podría permitir tener un mejor estilo de vida, cómodo y estable, aun cuando ello no esté del todo garantizado.

Las estadísticas actuales nos muestran que el mayor porcentaje de los jóvenes, optan por elegir una carrera tradicional cuando llega dicho momento, en función de que, actualmente, son las que ofrecen mayor rentabilidad y empleabilidad, aunque no son las que demandará el mercado laboral en un futuro cada vez más próximo.

En tal sentido, la presente Iniciativa tiene por objeto promover carreras universitarias relacionadas con las ciencias puras, matemáticas e ingenierías, ya que son las que tendrán mayor demanda en el mercado laboral y las más innovadoras; pero, sobre todo, las más necesarias para el progreso del país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad está cambiando y con ella la estructura del trabajo y las necesidades de las empresas, en un ámbito en que las nuevas tecnologías, el Internet y el sector digital concentran gran parte de las nuevas profesiones en las que se observa una tendencia de mayor empleabilidad.

En tal sentido, el mercado laboral demanda a profesionistas con mejores conocimientos y utilización de nuevas tecnologías, redes sociales, así como con mayores dotes de comunicación; por lo tanto, en el futuro cercano, no importará la profesión que se estudie, pues serán necesarias algunas herramientas para conseguir un mejor empleo, como el dominio de idiomas, conocimientos de informática y de tecnologías la información y comunicación. Asimismo, en la nueva economía predominará el sector del conocimiento, donde se demandará en mayor medida a ingenieros, científicos, educadores, técnicos, programadores de computadores, consultores tecnológicos, entre otros.

En tal sentido, los expertos en megatendencias coinciden en que las más prometedoras oportunidades de trabajo en un futuro inmediato tendrán que ver con las tecnologías relacionadas con la informática, la telemática, la telefonía celular, la ingeniería genética, la biotecnología, la biónica, la realidad virtual, la información multimedia y los nuevos materiales cerámicos.2

De igual manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que, de cada diez nuevos empleos, ocho serán para trabajadores del conocimiento o profesionales con capacidades técnicas, formación práctica, habilidades directivas y espíritu emprendedor.

Además, según la OCDE, la tendencia internacional predecible apunta hacia las carreras como Ingeniería Molecular, Nanotecnología, Biomedicina, Investigación Espacial, Cibernética, Mecatrónica y Ciencias de la Tierra.

De acuerdo con proyecciones del Foro Económico Mundial, al menos 2,000 millones de empleos desaparecerán en los próximos 15 años, situación que obliga a hacer una revisión de las carreras del futuro y, sobre todo, del perfil de los nuevos egresados.

La realidad es que, actualmente, las carreras con mayor demanda no son necesariamente las que reflejan un grado de innovación constante; en general, derecho, medicina y administración son carreras con alta demanda y son las que más expectativas generan en los jóvenes, respecto al campo de trabajo; sin embargo, también eligen en función del desconocimiento que tienen sobre las nuevas áreas que ampliarán su desarrollo profesional en un futuro cercano.

Datos al primer trimestre del 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, muestran que, de los 8 millones de profesionistas ocupados, las áreas que concentran el mayor número son las económico-administrativas, ingenierías y educación; tan solo estas tres alcanzan 5 millones de profesionistas ocupados en México.

En primer lugar, están Administración y Gestión de empresas, con 852,101; Contabilidad y Fiscalización, con 716, 694, así como Derecho, con 706,050. Los ocupados de estas tres carreras representan 28.5% del total de los profesionistas empleados. Le siguen Formación Docente, Tecnologías de la Información, Ingenierías, Medicina, Enfermería, Psicología y Ciencias de la computación.

En contraste, las áreas que muestran el menor número de ocupados son Ciencias Físico-Matemáticas, Humanidades y Ciencias Biológicas, con apenas 319,000 profesionistas entre estas tres áreas.

Al analizar esta tendencia, resulta de vital importancia pensar en los problemas globales que existen y potencializarán en el futuro, tales como el uso de la energía, la alimentación, la salud y el cuidado y sustentabilidad del medio ambiente. Todos ellos muy difíciles hoy de atender y que demandarán el desarrollo de diversas disciplinas que auxilien y contribuyan a su atención.

Materias como física, química, biología, aritmética, ingeniería, entre otras comprendidas en el área de las ciencias puras, son sustanciales e importantes, de cara al desarrollo económico del país, lo que nos impele a alcanzar y desarrollar soluciones actuales, con el objetivo de resolver problemas globales. Por ello, es necesario estimular en los jóvenes el interés por la problemática actual y futura, tarea en que las ciencias serán primordiales para resolverla.

Las aptitudes y competencias académicas se ganan con el estudio de una carrera universitaria, toman partido en otras cuestiones de la vida de los estudiantes y le brindan la facilidad de entender la cultura de una manera global. Hoy en día, la velocidad a la cual el mundo va evolucionando complica la vida laboral de los profesionistas y es precisamente por eso, que solo lo más y mejor preparados saldrán a relucir para acceder a diferentes ofertas de trabajo que nacen en el campo laboral, así como desarrollar ellos mismos un campo propicio para el emprendimiento.

Con base en lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en función de su agenda legislativa, consistente en promover carreras universitarias relacionadas con las ciencias, matemáticas e ingenierías, ya que serán las de mayor demanda en el mercado laboral, impulsa la presente pieza legislativa, con el propósito de contribuir a que nuestro país desarrolle las condiciones profesionales que le permitan insertar de manera eficiente a los jóvenes de hoy, futuros profesionistas del mañana.

FUNDAMENTO LEGAL

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el artículo 5° de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue:

ARTICULO 5o.- El establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de educación superior y su coordinación se realizarán atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales y a los programas institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura. Asimismo, se fomentará, impulsará y promoverá la generación de carreras profesionales del área de ciencias exactas e ingenierías que consideren y atiendan las necesidades o exigencias del mercado laboral.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. Josefina González Luna.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputada González Luna. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.


1 Instituto Mexicano para la Competitividad. https://imco.org.mx/temas/compara-carreras-2017/

2 Observatorio Laboral. Expectativas laborales para el futuro.
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/preparate-empleo/Expectativas_laborales.html






Tiene el uso de la palabra el Diputado Abel Cruz Hernández, para presentar a nombre propio, del Diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, y de las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario de Encuentro Social, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el artículo 7 Quáter de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de creación del Instituto Nacional de Vacunación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 QUÁTER A LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

(Presentada por el Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre propio, del Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco y de las Diputadas y los Diputados del grupo parlamentario del PES)

El Diputado Abel Cruz Hernández: Honorable Asamblea:

Aquí voy a empezar al revés, quisiera decirles que me adhiero a la iniciativa del           Fomento al Bienestar de la Tercera Edad, presentada por la ciudadana Presidenta, al financiamiento a la lectura y al financiamiento del mejoramiento tecnológico.

¿Por qué lo hago de esta forma? Porque no nos están haciendo caso, venimos aquí a platicar, a hablar y todos los señores legisladores están metidos en su plática. Y perdón que se los diga de esa forma.

Yo creo que venir a un recinto de esta envergadura implica la atención y el respeto que nos debemos todos como legisladores.

Si no hacemos esto, pues venimos a una caja de resonancia y lo venimos a hablar a las personas que están allá arriba.

¿Por qué no nos ponemos un poquito de atención? Yo creo que esa es una de las partes importantes.

Estamos presentando iniciativas, elaborando leyes, haciendo lo mejor que podemos con nuestros grupos de asesores, y desgraciadamente no pasa de ahí porque cada uno de nosotros está metido en su plática, importante por supuesto, yo no digo que no es importante, pero cada cosa que se presente aquí puede cambiar el destino de nuestro país, cada ley que nosotros propongamos puede hacer la diferencia entre tener un mejor país o un mal país.

Nuestro Coordinador, el Diputado Ferreiro, en la Cámara de Diputados hizo un ejercicio parecido en el cierre y les decía algo muy importante que a mí se me quedó muy grabado: “escúchenos, a eso venimos aquí, somos la voz de la gente y le estamos dando un pésimo ejemplo de venir y no hacernos caso”.

Y digo no hacernos, porque probablemente yo también he caído en eso, y es la mayor falta de respeto.

Si yo lo he hecho, les pido una disculpa por este mal ejemplo que les estoy dando.

¿Por qué hablo de estas tres cosas?

Ayer salieron 30 mil personas, que son gente valiosa en nuestro país, y nadie les está haciendo caso porque están recortando los recursos del Conacyt, no se está dando el dinero en el fomento a lo que dijo la Diputada hace rato, en el fomento a la tecnología, estamos desperdiciando los talentos mexicanos.

Nuestra gente de la tercera edad, yo soy de la tercera edad, está muriéndose porque millones de personas no tienen el suficiente dinero para sobrevivir.

Decía: “de cerillos”, ojalá y eso fuera.

Y, finalmente, de la lectura, a la mejor va a parecer vanagloria, pero no me importa, yo tengo 540 libros escritos, de los cuales los vendo yo.

Se dice que los mexicanos no leemos, sí leemos pero no hay el fomento adecuado porque no nos dan los equipamientos y las herramientas.

La Diputada puso hace rato un ejemplo importantísimo de ley, no le hicimos caso.

Ojalá llegue a buen plan.

Y ahora voy con la mía.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el artículo 7 Quáter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En México, el artículo 4o. constitucional establece como derecho fundamental para toda la población la protección a la salud, lo que se despliega en ordenamientos jurídicos, como la ley general de la materia.

Parte importante de este derecho constitucional recae directamente en la inmunización, por lo que debe de ser tarea de este Congreso revisar minuciosamente el marco jurídico que lo rige.

Es de todos conocido que nuestro país cuenta con una larga historia sanitaria en materia de aplicación y producción de vacunas, ha asumido políticas nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación.

Durante las últimas ocho décadas el Estado mexicano ha firmado y ejecutado diferentes compromisos internacionales, entre ellos la erradicación de la viruela, la eliminación de la poliomielitis y la elevación de las coberturas y vacunación.

Compañeros legisladores, de todas las posibles intervenciones en salud pública la vacunación representa, sin lugar a dudas, una de las más altas prioridades, lo anterior responde tanto a razones epidemiológicos como económicas, de justicia social y de seguridad nacional.

La vacunación en México debe jugar un desarrollo tecnológico, voluntad política, el apoyo solidario de la sociedad y una respuesta organizada de los servicios de salud; sin embargo, lo más importante y determinante para que los programas de vacunación tengan éxito y sea posible la introducción de nuevas vacunas, tiene que ser el compromiso social de la autoridad sanitaria.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social considera oportuna la creación de un Instituto Nacional de Vacunación que reúna y coordine esfuerzos realizados en el campo de la inmunización, sobre todo en investigación científica, en la formación y capacitación de recursos humanos calificados y en la prestación de servicios en todo el territorio nacional.

Y en este sentido, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud define a estos como los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal.

Por lo tanto, siguiendo esta definición, es posible asegurar que el Programa Nacional de Vacunación cumple y realice efectivamente los objetos señalados de dicho ordenamiento.

Actualmente, los Institutos Nacionales de Salud son regulados por la Ley de Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2006 y coordinados por la Secretaría de Salud Pública a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

En este contexto jurídico y legal de los Institutos Nacionales de Salud, se ofrece atención médica del más alto nivel, se forman especialistas y profesores en casi todas las materias médicas y se realizan actividades de investigación biomédica, clínica y sociomédica.

En México, somos el ejemplo a nivel de todo el mundo, puede decidirse que la investigación se realice en estos lugares, ha aportado notables contribuyentes en diversos campos de la ciencia, siendo los más fructíferos de los tiempos recientes la neurociencia, la inmunología y la salud pública.

Es por estas razones que consideramos de la mayor relevancia que el Consejo Nacional de Vacunación se conforme y se transforme en un nuevo Instituto Nacional de Vacunación, pues el presupuesto asignado del Consejo bien podría utilizarse para dar forma a un nuevo Instituto.

Lo importante es crear un organismos especializado que no vea comprometido o disminuido su funcionamiento por motivos políticos, presupuestales, regionales, estatales o municipales, y que sea capaz, entre otras cosas, de realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales y de desarrollo tecnológico básicos en la tarea y en el área de inmunización para garantizar una cobertura total de vacunas en territorio nacional.

Cualquier descuido puede destruir en semanas lo que nos ha costado años construir.

La salud es un bien que debe de ser preservado permanentemente como patrimonio constante de los individuos, de las familias y de la sociedad entera.

La salud de los niños, de los adultos y de todas las personas es fundamental para el desarrollo de México.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Gracias, Diputado Cruz. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






En una segunda ronda de iniciativas, toca el turno a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de laudo favorable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 950 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Diputada Presidenta.

“Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos”. Cicerón, escritor, orador y político romano.

El día de hoy, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente, vengo a presentar ante ustedes tres iniciativas, dos de las cuales tienen que ver con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y la tercera de ellas, una iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos.

La primera iniciativa que hoy estamos presentando ante ustedes, pretende llenar un vacío existe dentro del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, y que tiene que ver o es respecto al laudo, y el laudo, como muchos sabemos, es la resolución de un juicio laboral, en otras materias, son las sentencias en materia laboral. Se denomina de acuerdo a la ley, laudo.

Según el artículo 945, los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surte efecto la notificación y que las partes puedan convenir en las modalidades su cumplimiento, esto es lo que dice la ley.

Pero todos sabemos que en la práctica, una vez que se emite un laudo, pues, hay lo que le dicen en el argot de los abogados, pues, una serie de “chicanas” o solicitud de escritos que hacen que esto sea más largo, el que muchas veces para los trabajadores esta dilación realmente les causa un gran perjuicio.

De igual manera establece también el artículo 950 de la ley en comento, la Ley Federal del Trabajo, que transcurrido el término señalado en el artículo 945, el que ya les comentaba, anterior a los 15 días, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo.

Este auto de requerimiento de embargo es el que se dilata porque siempre hay mecanismos que busca la otra parte para retrasar el cumplimiento o la ejecutoria del laudo.

Por ello, la propuesta de esta iniciativa es incorporar el término “laudo favorable” en el artículo citado anteriormente, y así evitar que por los vacíos o lagunas legales pueda continuar retrasándose la justicia para quien ha obtenido la razón en un juicio, y se propone quedar de la siguiente manera:

“Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo laudo favorable, dictará auto de requerimiento y embargo”, ya que estos vacíos o lagunas legales suelen ser usados como tácticas dilatorias por parte de algunos operadores jurídicos.

Y la segunda iniciativa que estamos presentando hoy ante ustedes, al igual que la otra, pues, es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y en este caso es en materia de trabajo doméstico infantil.
Y uno de los asuntos de atención prioritaria, que lo es en el mundo, sin duda, es este tema: “El trabajo infantil”, por el daño provocado al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, que entre sus principales dificultades está la de enfrentar asistir a la escuela.

Gran deserción y gran falta de los niños y niñas a la escuela, el cual es un derecho que hay que ejercer de las niñas y los niños, tiene que ver con esta situación.

Muchos niños por ir a trabajar y buscar una parte del sustento para ellos mismos o para sus familias, pues dejan de asistir a la escuela, algo que es, que todos sabemos que no debería de pasar. Y esta problemática, pues es una problemática latente en todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino a nivel global.

El trabajo infantil en el sector de servicios abarca el trabajo informal en hoteles, restaurantes, la venta en la calle, el trabajo doméstico, entre otras modalidades; y los niños superan, en este caso, a todos los sectores, y que es una gran cantidad el número que tenemos de niñas y niños trabajando en las diversas áreas de servicios.

Los niños superan en número a las niñas en todos los sectores, con la importante excepción del trabajo doméstico, que es una actividad que se realiza de forma oculta y fuera del alcance de las inspecciones oculares o supervisiones respecto a los centros de trabajo, lo que implica sean inevitablemente vulnerables a la explotación y al abuso.

El propósito de esta iniciativa es implementar en el capítulo referente a trabajadores domésticos en la Ley Federal del Trabajo, el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, eliminando los estereotipos arraigados al trabajo doméstico, el cual se da en el ámbito privado y donde ocurren diversas situaciones de abuso y donde no son garantizados sus derechos laborales.

Asimismo, considero necesario evocar la prohibición de emplear menores de edad en estos servicios conforme lo dictaminan diferentes instrumentos internacionales.

Además, propongo también el planteamiento del término: “personas trabajadoras domésticas”, para referirse al trabajo que puede ser ejecutado por ambos sexos, ya sean hombres o mujeres y que al ser ejecutados por cualquiera, indistintamente, pues también son y deben ser remunerados de acuerdo a lo previsto por la ley.

Y la tercera parte, la tercera iniciativa que hoy presento tiene que ver a una reforma a la Ley Federal de Derechos en relación con el establecimiento de cuotas de consumo del agua residual.

Y este no es un problema menor, este es un problema de la mayor trascendencia, y que sé que para muchos productores locales o para diferentes áreas en el campo o en la ciudad que usan, o que tienen acceso al uso de aguas residuales, pues va a ser muy importante.

Las aguas residuales son todas aquellas que incluyen aguas usadas, doméstica, urbanas, desechos líquidos, industriales, o bien, mineros o el agua de lluvias que a veces se mezcla con cualquiera de estas modalidades a las que he hecho referencia.

La autoridad fiscalizadora, para determinar el pago por el uso o aprovechamiento que se hace de las estructuras receptoras de esta agua residual, no cuenta con una fórmula equitativa para hacer el cálculo, porque actualmente considera ocho posibilidades diferentes que se aplican para ello, y van desde las cosas más simples hasta ocho distintas formas que no le da claridad a quien va a hacer un pago por el uso de aguas residuales, si va a hacer un pago de un derecho.
El problema reside en la cantidad de dinero que debe ser cubierto por los interesados, lo que implica una diferencia injusta al poder de la autoridad al calcularlo en ocho formas diferentes y no clarificar por qué de esas ocho formas se le está aplicando determinado pago. Así el usuario no puede saber cuál es la fórmula que utilizará la autoridad para ejercitarle el cobro de ese pago.

Y esto tiene que ver con algo muy importante, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado y ha resuelto al respecto, porque este tema es, según el artículo 285 de la Ley Federal de Derechos, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria que considera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción IV, respecto al cobro de impuestos y derechos.

Y les pongo un ejemplo, así muy rápido de lo que dice el artículo 285 de la Ley Federal de Derechos, entre sus ocho fracciones.

Por ejemplo, una tiene que ver el cobro respecto al permiso de descarga respectivo; otra, respecto a los registros de las lecturas de los dispositivos de medición; otra, el que proporcionen las autoridades administrativas fiscales, así nada más; otro, el señalado en el título de asignación, concesión, autorización y permiso, que los títulos jamás señalan un cobro específico; el que resulte del procedimiento establecido en el artículo 229, que es un procedimiento administrativo de la propia ley, pero que tampoco tiene claridad respecto al cobro de este derecho; el que resulte de la investigación económica o cualquier otra clase; otro, el que se refiere a la infraestructura de drenaje y alcantarillado, y si ésta se conecta con otro contribuyente; y el octavo, el que resulte de cualquier otra información que obtenga la autoridad.

Si ustedes se dan cuenta, pues es muy ambiguo y nunca sabrá el usuario         exactamente cuál fue la razón por la que la autoridad le está aplicando ese cobro que es a todas luces violatorio del principio de proporcionalidad tributaria que es un principio constitucional.

Es por eso que la iniciativa pretende evitar esta violación que no atiende a la descarga real del agua individualizada, sino que le impone un pago sobre el volumen del líquido calculado “a ojo de buen cubero”, o yo diría “a como le da la gana a la autoridad”, sin ser medido.

Por eso, es necesario derogar estos ocho procedimientos señalados y establecer un procedimiento único atendiendo al consumo respecto de la utilización de los receptores del agua residual y que esto sería lo adecuado.

Yo creo que esta iniciativa dará certeza y garantizará el principio de proporcionalidad tributaria que contempla la propia Constitución en nuestro artículo 31, fracción IV y que dará certeza a los usuarios de aguas residuales de pagar un derecho que corresponde realmente al volumen y al tipo de agua que usa.

Por eso considero que esta es una iniciativa importante que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho ya estudios al respecto y ha considerado la injusticia y la falta de proporcionalidad y equidad tributaria respecto a este artículo 285 de la Ley Federal de Derechos.

Por eso yo espero que sea una iniciativa importante para las comisiones que en el Congreso de la Unión siguen trabajando.

Por su atención, es cuanto, Diputada Presidenta.
Iniciativas

La suscrita,YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 950 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE LAUDO FAVORABLE,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.1

Para hacer patente dicha igualdad, a la conclusión de un procedimiento jurisdiccional se dicta un laudo, entendido este, como la resolución definitiva que dictan las autoridades laborales para poner fin a un conflicto de trabajo, ya sea jurídico o económico, en la que se decide la controversia en lo principal, después de que se ha agotado el procedimiento señalado por la Ley Federal del Trabajo para la sustanciación del juicio.2

Así el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo establece que: “Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, y que las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento”

Sin embargo, el artículo 950 de la multicitada Ley Federal del Trabajo tiene un vacío legal al haberse omitido en su redacción original la inclusión de las palabras “laudo favorable” por lo que para tener un artículo completo y adecuadamente redactado hace falta la inclusión de dichas palabras.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Ley Federal del Trabajo vigente

Iniciativa

Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo.

Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo laudo favorable, dictará auto de requerimiento y embargo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.-Se modifica el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo laudo favorable, dictará auto de requerimiento y embargo.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Art. 2 de la Ley Federal del Trabajo

2 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/275/275648.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO DOMÉSTICO INFANTIL, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los asuntos de atención prioritaria en el mundo es, sin duda, el trabajo infantil, por el impacto y daño al desarrollo natural y profesional de niñas, niños y adolescentes; principalmente por las dificultades a las que se enfrentan para asistir a las aulas y gozar de su derecho a la educación; problemática que está latente a nivel global.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que, en 2012, casi 168 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad se encontraban en situación de trabajo infantil, 12.5 millones ubicados en la región de América Latina.1 Algunas de las causas del trabajo infantil son las relacionadas a factores culturales, sociales, económicos y políticos, el marco normativo de los países entre muchas otras.

La UNICEF afirma que “el que la niñez abandone las aulas es uno de los principales detonantes, toda vez que deben realizar las tareas propias de su edad lo que los priva de su infancia, al afectar su desarrollo físico y mental e interferir en su escolarización, sea obligándolos a abandonar prematuramente las aulas o exigiéndoles un esfuerzo desmedido y perjudicial, al intentar combinar la asistencia a la escuela con largas horas de trabajo”.2

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), expllica que “el impacto que tiene la baja escolaridad en las condiciones de pobreza de la población, los niveles de ingresos de quienes recién se incorporan al mercado de trabajo, con la educación secundaria terminada, aseguran una probabilidad de 80% de obtener un ingreso que permita a quienes participan en ese mercado, de mantenerse por encima de la línea de pobreza en los países latinoamericanos estudiados. Sin embargo, el aumento del número promedio de años de escolaridad de los jóvenes registrados en las últimas décadas, comparado con el de sus padres, no ha contribuido a mejorar las posibilidades de los jóvenes de los estratos sociales más pobres. Además, los que provienen de familias de menores ingresos ganan 30% o 40% menos que sus padres con el mismo nivel de instrucción. En consecuencia, es necesario lograr un mayor nivel de educación, pero eso solo es insufiente.”3

El trabajo infantil en el sector de servicios abarca el trabajo informal en hoteles, restaurantes, la venta en calle, trabajo doméstico, entre otras; los niños superan en número a las niñas en todos los sectores, con la importante excepción del trabajo doméstico, que es una actividad que se realiza en forma oculta y fuera del alcance de las inspecciones de los lugares de trabajo, lo que implica que sean inevitablemente vulnerables a la explotación y el abuso.4

En este fenómeno social es visible un sesgo de género con estereotipos dominantes; mientras que el trabajo remunerado fuera de casa es dirigido a los niños, siendo más expuestos a los riesgos de la calle y a menor compatibilidad de tiempo para acudir a la escuela, las niñas son más requeridas en las tareas domésticas no remuneradas, pero es más facil que concilien sus tiempos con las tareas educativas; en ambos casos asumen responsabilidades que exceden a las propias de su edad.5

La OIT en ocasión del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil del 2013, publicó el informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico”, donde indica que el trabajo infantil doméstido afecta a unos 10.5 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo, la mayoría menores de edad, que se emplean como trabajadoras y trabajadores domésticos en los hogares de otras personas en condiciones peligrosas y en algunos casos análogas a la esclavitud. De estos, 6.5 millones tienen entre 5 y 15 años, más de 71% son niñas que trabajan en hogares de terceros o de un empleador, realizando tareas como limpiar, planchar, cocinar, la jardinería, recolectar agua, cuidar de otros menores de edad o de personas adultas mayores, encontrándose vulnerables a la violencia física, psicológica y sexual y expuestas a condiciones de trabajo abusivas; con frecuencia están aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública y ligadas a ser dependientes de sus patrones.6

El trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y es llevado a cabo principalmente por niñas, adolescentes y mujeres, muchas de ellas migrantes o que forman parte de comunidades desfavorecidas, vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como de otros abusos a sus derechos humanos.7
En algunos países en desarrollo donde históricamente han existido escasas oportunidades de empleo formal, las personas trabajadoras domésticas constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional, sin embargo, se encuentran entre los trabajadores más marginados, aún cuando los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se deben aplicar a todas las personas trabajadoras, incluidas las domésticas.

Para contar con una amplia visión de lo que internacionalmente se ha observado sobre las personas trabajadoras domésticas, el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97); el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143); el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156); el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181); la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198); así como el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos (2006); reconocen las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo doméstico y  dan cuenta de lo necesario que es complementar las normas de ámbito general con normas específicas para que estos trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos.

Otros instrumentos internacionales enfocados en su protección, se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, en particular, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como su Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Existen también convenios internacionales promovidos por la OIT que establecen lìmites juridicos al trabajo infantil y que ha ratificado México con el Convenio 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, su cometido es prohibir y eliminar el trabajo de todos los menores de edad en determinados rubors, por lo que obliga a los Estados parte a adoptar medidas inmediatas y eficaces para la prohibición y eliinaciones de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgente; entre las que se encuentran la esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, la prostitución o la pronografía, las actividades ilícitas, en particular las vinculadas a los estupefacientes y el trabajo que puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.8

La Recomendación 190 que acompaña este Convenio propone las formas específicas para implementar las disposiciones generales tanto en la legislación como en las prácticas nacionales, y establece que los programas de acción deben elaborarse y ponerse en práctica con carácter de urgencia, y que ciertas de las peores formas de trabajo infantil deben ser consideradas actos delictivos punibles, de conformidad con la legislación nacional.

El propósito de la persente iniciativa es implementar en el capítulo referente a “trabajadores domésticos” de la Ley Federal del Trabajo, el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas, adolecentes y mujeres, eliminando los estereotipos arraigados al trabajo doméstico, el cual se da en el ámbito privado, donde ocurren situaciones de abuso y no son garantizados sus derechos laborales. Es por ello, que considero necesario evocar la prohibición de emplear a menores de edad en estos servicios conforme lo dictan los diferentes instrumentos internacionales citados anteriormente.
Asimismo, el planteamiento del término “personas trabajadoras domésticas”, para referirse a un trabajo que puede ser ejecutado por ambos sexos y remunerado de acuerdo con lo previsto por la ley.

Para cumplir con el compromiso que se tiene con las personas encargadas del trabajo doméstico, es imprescindible que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para este gremio laboral, que entró en vigor en 2013 y en el que se exige proteger a niñas y niños en el trabajo doméstico, así como garantizar que las y los jóvenes trabajadores, de conformidad con la legislación, puedan hacerlo sin que ello menoscabe sus posibiidades de completar el ciclo de educación básica o acceder a la formación profesional; además, se recomienda a los Estados parte, garantizar una protección especial a las y los jóvenes trabajadores con derecho a trabajar, limitando sus horas de trabajo, prohibiendo el trabajo nocturno, restringiendo el trabajo excesivo y aplicando mecanismos que garanticen el seguimiento de la situación de las y los niños involucrados en el trabajo doméstico.9

La propuesta de reforma consiste en modificar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, la cual presento en el siguiente cuadro comparativo con la finalidad de darle claridad a la misma:

TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

CAPITULO XIII
Trabajadores domesticos

CAPITULO XIII
De las personas trabajadoras domésticas

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Artículo 331. Las personas trabajadoras domésticas son las que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.

Queda prohibida la contratación de niñas, niños y adolescentes menores de edad para realizar el trabajo doméstico.

Artículo 332.- No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

 

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.

Artículo 332.- No son personas trabajadoras domésticas y en consecuencia quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 333. Las personas trabajadoras domésticas que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberá disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución de las personas trabajadoras domésticas comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras domésticas.

Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

 

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 336. Las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

 

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

 

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración a las personas trabajadoras domésticas, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

II. Proporcionar a las personas trabajadoras domésticas habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general de las personas trabajadoras domésticas, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:
I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes;

 

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y

 

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:
I. Pagar a las personas trabajadoras domésticas el salario que le corresponda hasta por un mes;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo de la persona trabajadora doméstica algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y la persona trabajadora doméstica ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo de la persona trabajadora doméstica algún asistencial.

Artículo 340.- Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:

 

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.

Artículo 340.- Las personas trabajadoras domésticas tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.

Artículo 342.- El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

Artículo 342.- Las personas trabajadoras domésticas podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

ÚNICO.- Se reforman el título del capítulo XIII, los artículos 331; 332; 333; 334; 335; 336; fracciones I, II y III del 337; fracciones I, II y III del 338; primer párrafo del 340 y 342 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 331, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

CAPITULO XIII

De las personas trabajadoras domésticas

Artículo 331. Las personas trabajadoras domésticas son las que prestan los  servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.
Queda prohibida la contratación de niñas, niños y adolescentes menores de edad para realizar el trabajo doméstico.

Artículo 332.- No son personas trabajadoras domésticas y en consecuencia quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas.

Artículo 333. Las personas trabajadoras domésticas que habitan en el hogar donde prestan sus servicios deberá disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución de las personas trabajadoras domésticas comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras domésticas.

Artículo 336. Las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar consideración a las personas trabajadoras domésticas, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;

II. Proporcionar a las personas trabajadoras domésticas habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general de las personas trabajadoras domésticas, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad que no sea de trabajo, el patrón deberá:

I. Pagar a las personas trabajadoras domésticas el salario que le corresponda hasta por un mes;

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo de la persona trabajadora doméstica algún servicio asistencial; y

III. Si la enfermedad es crónica y la persona trabajadora doméstica ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo de la persona trabajadora doméstica algún asistencial.
Artículo 340.- Las personas trabajadoras domésticas tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto; y

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.

Artículo 342.- Las personas trabajadoras domésticas podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 OIT-IPEC-Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina.

2 UNICEF Trabajo infantil ¿dónde está? Op. Cit. p. 49

3 Carlson, Beberley. Educación y mercado de trabajo en América Latina. ¿Qué nos dicen las cifras? Chile, Serie Desarrollo Productivo 114, CEPAL, 2002, p. 10.

4 Montaño, Sonia y Vivian Milosavjlevic, “trabajo infantil en América Latina y el Caribe: su cara invisible”, en: Desafíos, Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo del milenio, CEPAL – UNICEF, núm. 8, enero 2009.

5 ídem

6 http://www.ilo.org/ipercinfo/product/downloard.do?type=document&id=21536>.

7 ídem

8 Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 6.1.

9 OIT-IPEC. Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico y proteger a los jóvenes trabajadores contra las condiciones de trabajo abusivas. Ginebra, OIT, 2013, pp. 2-3.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 285 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita,YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura,con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 285 FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN MATERIA DE DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo directo en revisión 1201/2006 promovido por Hidrogenadora Yucateca, S.A. de C.V. el 20 de septiembre de 20061 determinó que la fracción I del artículo 285 de la Ley Federal de Derechos viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dado que, al establecer que para los efectos de la determinación presuntiva del derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, el mismo se debe calcular considerando indistintamente:

1. el volumen de agua residual que aparezca en el permiso de descarga respectivo o el que

2. corresponda al volumen señalado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso para la explotación, o

3. el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que origina la descarga

Y toda vez que tratándose de derechos por uso de bienes del dominio público de la Nación el establecimiento de las cuotas correspondientes debe atender a las unidades de consumo o utilización conforme a la naturaleza de los bienes y al beneficio obtenido.
La mecánica prevista en el referido artículo 285, fracción I, no atiende a la descarga real de agua ni al beneficio concreto e individualizado que recibe el gobernado, sino que le impone el pago del derecho sobre un volumen del líquido determinado presuntivamente, lo que evidencia dicha violación al principio de proporcionalidad tributaria, es por ello que se propone la siguiente reforma.

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:

Texto vigente
LEY FEDERAL DE DERECHOS

Iniciativa
LEY FEDERAL DE DERECHOS

Artículo 285. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, la autoridad fiscal estará a lo siguiente:

I.-Para la determinación del volumen de agua residual vertida, se aplicarán indistintamente los siguientes procedimientos:

a). El señalado en el permiso de descarga respectivo.

b). El que señalen los registros de las lecturas de los dispositivos de medición o que se desprendan de alguna de las declaraciones presentadas del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.

c). El que proporcionen las autoridades administrativas, fiscales o las competentes en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.

d). El señalado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso para la explotación, el uso o el aprovechamiento de aguas nacionales que originan la descarga.

e). El que resulte del procedimiento establecido en el artículo 229, fracción III de esta Ley.

f). El que resulte de los medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase.

g). Tratándose de los contribuyentes a que se refiere la fracción I del artículo 277-B de esta Ley, cuya infraestructura de drenaje y alcantarillado esté conectada con otro contribuyente del mismo tipo y no se pueda identificar el volumen de descarga de cada uno de ellos, se determinará multiplicando el volumen descargado por los contribuyentes interconectados por la porción de habitantes que corresponda al contribuyente, la cual se obtendrá de dividir el número de habitantes del contribuyente entre la totalidad de habitantes en las localidades o municipios interconectados en su red de alcantarillado, en términos del último Censo General de Población y Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

h). El que resulte de cualquier otra información que obtenga la autoridad fiscal distinta a las anteriores

Artículo 285. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, la autoridad fiscal estará a lo siguiente:

I.-Para la determinación del volumen de agua residual vertida, se aplicará el siguiente procedimiento

 

a) se deroga

 

b) se deroga

c) se deroga

d)se deroga

e) se deroga

 

f) se deroga

 

g) se deroga

 

 

 

 

 

 

h) se deroga

 

El establecimiento de las cuotas correspondientes debe atender a las unidades de consumo o utilización conforme a la naturaleza de los bienes y al beneficio obtenido

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 285 fracción I de la Ley Federal de Derechos, se derogan los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), y se adiciona un primer párrafo para quedar en los siguientes términos:

Artículo 285. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, la autoridad fiscal estará a lo siguiente:

I. Para la determinación del volumen de agua residual vertida, se aplicará el siguiente procedimiento:

a) se deroga

b) se deroga

c) se deroga

d) se deroga

e) se deroga

f) se deroga

g) se deroga

h) se deroga

El establecimiento de las cuotas correspondientes debe atender a las unidades de consumo o utilización conforme a la naturaleza de los bienes y al beneficio obtenido.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Tesis: 1a. CLXX/2006, Página: 188, SCJN, Jus.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Senadora De la Torre.

Daremos turno a las iniciativas presentadas, el proyecto que reforma el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo y el proyecto que reforma la Ley Federal del Trabajo, se turnarán a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

El proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 285 de la Ley Federal de Derechos, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna la Diputada Arlette Muñoz Cervantes, a nombre del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de sociedades unipersonales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Acción Nacional se ha caracterizado históricamente por proponer soluciones que permitan el libre desarrollo y crecimiento de las empresas, del libre comercio y la creación de oportunidades nuevas de negocios  en beneficio de la comunidad.

En el PAN, hacemos propuestas que lleven al Estado y a las personas a alejarse de opciones asistencialistas y legales o dependientes de recursos ajenos a los generados por los propios comerciantes o empresarios y sus capacidades y talentos.

Por ello creemos importante generar, en el marco jurídico mercantil, un nuevo instrumento que permita a la sociedad impulsar nuevas unidades económicas y auxiliar a los microempresarios y a los emprendedores que no siempre tienen la oportunidad de conseguir un socio capitalista que permita financiar sus proyectos.

A través de una figura que ya existe en otros países y que permite separar del patrimonio de una persona el de su negocio o su empresa en ciernes, me refiero a las sociedades unipersonales.

Estamos convencidos de que esta figura ayudará a que las personas puedan realizar de manera libre los actos de comercio necesarios para el desarrollo de su negocio, sin tener que arriesgar el patrimonio propio, pero tomando decisiones de negocio bajo el amparo de la legislación, como sucede con cualquier otra empresa.

En legislaciones de otros países latinoamericanos, la figura de unipersonalidad societaria se encuentra regulada desde la primera mitad del siglo pasado, y la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra en la ley de países como Argentina, Brasil, Chile e incluso en Venezuela.

Sin embargo, en México aún existe una serie de resistencias que han impedido a nuestro país al entendimiento de este tipo de figuras jurídicas que darían cauce a la creación e innovación de negocios e inversiones como lo han hecho ya también nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, o el de otros países de América Latina, de los que somos Alianza del Pacífico y ni qué decir de la Unión Europea, con casos como el alemán, el danés y en particular el caso de España.

En el caso mexicano, a pesar de la creciente problemática presentada por la actividad de los grupos del crimen organizado, no se han considerado estas figuras como una posible herramienta en el combate de estas actividades que tan perjudiciales resultan para la economía, para la estabilidad social y política y en general para el desarrollo de nuestro país.
Estamos proponiendo, en primer lugar, una reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles con el objeto de considerar en el texto la figura de la sociedad responsabilidad limitada unipersonal.

En segundo término, proponemos una reforma al Código Penal Federal, para que el  socio propietario de una sociedad unipersonal, so pretexto de haber utilizado esta figura jurídica con el fin de cometer algún delito, afronte como agravante la pena de haber utilizado a la sociedad unipersonal para delinquir, lavar dinero o utilizarla como empresa fantasma.

Esto permitirá que el imputado, persona física, encare directamente las consecuencias de sus acciones cobijadas o disfrazadas indebidamente por medio de las empresas creadas con este carácter.

En segundo término, para corregir los artículos que se hace referencia a una sanción estipulada por el Código cuando lo correcto es establecida, toda vez que aquel verbo se refiere a lo convenido entre las partes, por ejemplo, en un contrato.

En la ley penal no se conviene, ni se concertan, ni se acuerdan las penas con sujetos activos del delito, y que habrán de recibirlas por virtud de su comisión, sino que establece las penas para que el juez penal esté en posibilidad de decretarlas en la sentencia correspondiente y por virtud de la imputación realizada por el fiscal en la audiencia correspondiente.

Señoras y señores, las propuestas que hoy presentamos van en estrecha concordancia con las iniciativas que hemos presentado durante estos tres años de manera responsable en la Cámara de Diputados.

Es cierto, estamos en el ocaso de la LXIII Legislatura, pero queremos dejar constancia de manera fehaciente, del compromiso de Acción Nacional con los emprendedores de México y con hacer cambios legislativos que generan muchas mejoras, expectativas y oportunidades en las personas.

En Acción Nacional no nos detenemos ni nos detendremos nunca en impulsar las mejores propuestas a favor de México.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales séptimo, octavo y décimo segundo del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones y al Orden del Día, en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 14 de marzo en el Auditorio Sur del Palacio Legislativo de San Lázaro, el suscrito presidió el evento de presentación del libro Análisis de la Sociedad Unipersonal, de la autoría del Doctor Eduardo Dacasa López, catedrático de la prestigiada Facultad de Derecho de la Universidad la Salle, e integrante del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, A.C. que fungió como organizador de dicho foro.

Al realizar los comentarios a tan interesante obra, ofrecí al autor la viabilidad de presentar esta iniciativa, toda vez que resulta muy importante generar en el marco jurídico mercantil un nuevo instrumento que permita a la sociedad impulsar nuevas unidades económicas y auxiliar a los micro empresarios también conocidos como emprendedores, que no siempre tienen la oportunidad de conseguir un socio capitalista que permita financiar sus proyectos, a través de una figura que ya existe en otros países y que permite separar del patrimonio de una persona el de su negocio o empresa en ciernes, de tal suerte que pueda realizar de manera libre los actos de comercio necesarios para el desarrollo de si negocio, sin tener que arriesgar el patrimonio propio, pero tomando decisiones de negocio bajo el amparo de la legislación mercantil, como sucede con cualquier otra empresa.

Acción Nacional se ha caracterizado históricamente por proponer soluciones que permitan el libre desarrollo y crecimiento de las empresas, del libre comercio y la creación de oportunidades nuevas de negocios que benefician a la comunidad y le lleven a alejarse de opciones asistencialistas, ilegales o dependientes de recursos ajenos a los generados por los propios comerciantes o empresarios y sus capacidades y talentos. De tal suerte que una propuesta como la descrita por el Doctor Dacasa en su obra puede convertirse incluso en un mecanismo que incentive el abandono de la actividad comercial irregular, en beneficio de los propietarios de las micro empresas, sus empleados y por supuesto, del Estado, que eventualmente podrá cobrar los impuestos correspondientes a la empresa salida de la incubadora y ya creciendo en el mercado.

Como señala el Doctor Dacasa en su texto, con la evolución natural de las actividades empresariales se ha considerado en varias legislaciones la posibilidad de que la persona jurídica societaria sea constituida con la existencia de un único socio, sin que esta circunstancia sea un impedimento para la constitución y funcionamiento de la sociedad mercantil.

Sin embargo, el propio autor advierte de la desestimación de la personalidad jurídica societaria y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ambas como una condición indispensable para proponer la regulación de la sociedad unipersonal, pues si en principio pudieran considerarse contradictorios ambos conceptos, para la prevención de conductas ilícitas que se valgan del uso de este tipo de empresa en perjuicio de terceras personas y de la sociedad en general, es necesario que se regulen los mecanismos eficaces para limitar el abuso de esta figura y fincar responsabilidades a las personas que violenten su naturaleza y la empleen para la realización de actividades delictivas o ilícitas.

Advierte el autor referido que a pesar de que en varias legislaciones de otros países latinoamericanos, la figura de la unipersonalidad societaria se encuentra regulada desde la primera mitad del siglo pasado y la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra en la ley de países como Argentina, Brasil, Chile e incluso en Venezuela. Sin embargo, en el caso mexicano, a pesar de la creciente problemática presentada por la actividad de los grupos del crimen organizado, no se han considerado estas figuras como una posible herramienta en el combate de esas actividades que tan perjudiciales resultan para la economía, para la estabilidad social y política y en general para el desarrollo de nuestro país.

En este sentido, a pesar de varios cambios jurídicos de fondo que se han realizado en nuestro país como ha sucedido en materia penal con el nuevo proceso de carácter acusatorio o adversarial, así como a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información y otras de orden familiar o civil, no ha surgido una reforma a la legislación mercantil que permita asimilar la creación de la sociedad unipersonal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas que han enfrentado resistencias de carácter tradicional o de franco anquilosamiento del derecho mercantil.

Esta serie de resistencias han impedido abrirse al entendimiento de nuevas figuras que darían cauce a la creación e innovación de negocios e inversiones tan necesarias para nuestro país, adoptando figuras con las que cuentan ya nuestros socios comerciales como sucede en el caso de los Estados Unidos y Canadá o el de otros países de América Latina de los que somos socios en la Alianza del Pacífico y ni qué decir de la Unión Europea, con casos analizados en el libro como el alemán, el danés y en particular detalle del caso de España, de cuya legislación toma como modelo el destacado catedrático lasallista, para proponer la sustancia que da pie a la presentación de esta iniciativa.  

Cabe aclarar que se reforma al Código Penal Federal en primer término, para inhibir que el socio propietario de una sociedad unipersonal so pretexto de haber aprovechado ésta figura jurídica, con el fin de cometer algún delito, deberá afrontar como agravante la pena de haber utilizado a la sociedad unipersonal para delinquir, lavar dinero o utilizarla como empresa fantasma. Esto permitirá que el imputado persona física afronte directamente las consecuencias de sus acciones, cobijadas o disfrazadas indebidamente por medio de la empresa creada con ese carácter. En segundo término, para corregir los artículos en que se hace referencia a una sanción estipulada por el Código, cuando lo correcto es establecida, toda vez que aquel verbo se refiere a lo convenido entre las partes por ejemplo en un contrato, como correctamente se refiere la fracción XII del artículo 387 del propio Código Penal Federal, que a la letra dice: XII.- Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida o mano de obra inferior a la estipulada, siempre que haya recibido el precio o parte de él.

Como se puede apreciar, en el contrato de obra se estipulan las cláusulas en que se señala la calidad de la mano de obra o la cantidad de los materiales, y se sanciona la utilización de materiales de menor calidad a la señalada en el contrato o a la mano de obra convenida. Ahí si está referido correctamente el verbo estipular. Para mayor ilustración se transcribe a continuación el significado del verbo estipular:

Estipular. Del lat. stipul?ri.

1. tr. Convenir, concertar, acordar.
2. tr. Der. Hacer contrato verbal.

Como se puede advertir, la ley penal no se convienen, ni se concertan, ni se acuerdan las penas con los sujetos activos del delito y que habrán de recibirlas por virtud de su comisión, sino que establece las penas para que el juez penal esté en posibilidad de decretarlas en la sentencia correspondiente y por virtud de la imputación realizada por el fiscal en la audiencia correspondiente.

De hecho, el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución tampoco hace referencia al verbo estipular sino de sancionar con pena privativa de la libertad algún delito y el artículo 18 en su primer párrafo habla de que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Tanto la sanción de pena privativa de la libertad como la descripción de los delitos que merecen dicha pena están establecidos en el Código Penal, no estipulados porque la ley no estipula, la ley establece. 

Por virtud de lo anteriormente expuesto, a continuación se describen las reformas y adiciones en los cuadros correspondientes a cada artículo de las leyes referidas:

Ley General de Sociedades Mercantiles:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1°.- …

I.- …

II.- …

III.- Sociedad de responsabilidad limitada;

 

IV.- a VII.- …

Artículo 1°.- …

I.- …

II.- …

III.- Sociedad de responsabilidad limitada y Sociedad de responsabilidad limitada unipersonal;

IV.- a VII.- …

SIN CORRELATIVO

 

SIN CORRELATIVO

CAPÍTULO IV BIS

De la sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal.

Artículo 86 Bis 1. La Sociedad de responsabilidad limitada podrá constituirse conforme a la modalidad unipersonal integrándose por un único socio siendo:
a) Constituida por un único socio ya sea persona jurídica o física

b) Sobrevenida cuando durante el transcurso de la existencia de la sociedad la totalidad de las partes sociales se concentren en la persona de un único titular.

c) Las acciones que pertenezcan a la sociedad se considerarán como propiedad del socio único en el caso de que se presente la concentración de la titularidad de todas las partes sociales en un único socio.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 2. La modalidad de unipersonal deberá hacerse pública mediante su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y añadir a la denominación social las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal o las siglas S de RL U, dicha inscripción deberá realizarse:

a) Cuando se constituya originalmente una Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la modalidad de unipersonalidad

b) Cuando la unipersonalidad sobrevenga por la concentración de todas las partes sociales en un único titular

c) En tanto persista esta modalidad de la unipersonalidad, la sociedad deberá hacer constar esta particularidad en toda clase de documentación, correspondencia, avisos, y publicidad de la que tengan conocimiento terceras personas o las autoridades correspondientes.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 3. Las competencias de la asamblea de socios se ejercerán por parte del socio único, y deberán consignarse las decisiones asumidas en el acta de la asamblea bajo su firma o la de su representante, las cuales podrán ser formalizadas y ejecutadas por el propio socio o en su caso por los administradores.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 4. En aquellos casos en que la sociedad celebre contratos con el socio único se deberá estar a lo siguiente:

a) Los contratos realizados entre la sociedad y su socio único deberán encontrarse formalizados por escrito o en su caso con las formalidades que se señalen en la ley, deben ser transcritos en un libro de registro especial para tales efectos y deben ser inscritos en el Registro conforme a lo dispuesto para la inscripción de los libros de actas de la sociedad.

b) En el supuesto de que el socio único caiga en concurso, aquellos contratos que no se hayan inscrito conforme a lo señalado en el punto precedente, no podrán ser opuestos a la masa del concurso.

c) Durante el transcurso del primer año posterior a la celebración de los contratos referidos, el socio único responderá frente a la sociedad de los perjuicios que éstos le hayan podido reparar en su patrimonio por motivo de su cumplimentación.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 5. La modalidad de unipersonalidad de las Sociedades de Responsabilidad Limitada podrá asumirse en todas, sin importar el monto patrimonial o las dimensiones económicas de éstas.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 6. Podrá ser socio único de una Sociedad en Responsabilidad Limitada Unipersonal cualquier persona física o moral, sin importar el carácter pluripersonal de la sociedad, de la misma forma cualquier sociedad constituida bajo esta modalidad podrá forma parte de los socios de otra sociedad pluripersonal y en su caso de otra sociedad unipersonal.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 7. Si transcurridos seis meses, desde la fecha en que la unipersonalidad sobrevenido se haya generado, no se ha realizado la inscripción a que se refiere el artículo 86 Bis 2 precedente, el socio único responderá de forma personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales asumidas durante ese periodo, en el supuesto de haberse efectuado la inscripción del monto de las deudas sociales responderá la sociedad que las contrajera.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 8. Cuando el socio único amparado en la persona de la sociedad realice actividades ilícitas o cometa algún delito, la personalidad de la sociedad se desconocerá por parte de la autoridad judicial, para permitir la imputación por la comisión de estas conductas al socio único y en su caso a los administradores.

SIN CORRELATIVO

Artículo 86 Bis 9. En los supuestos en que por la naturaleza dela conducta ilícita en que haya incurrido, la sociedad no permita deslindar con claridad la responsabilidad directa del socio único o de los administradores, la personalidad jurídica se desconocerá a efectos de que pueda imputarse la responsabilidad directa por la comisión de estas conductas al socio único y en su caso a los administradores.

SIN CORRELATIVO

Artículo 229 Bis. Cuando una sociedad asuma la modalidad de unipersonalidad, la disminución del número mínimo de socios no será una causal de disolución, al persistir la persona jurídica bajo la modalidad señalada.

Código Penal Federal:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 11.- Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública.

SIN CORRELATIVO

Artículo 11.- ...

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de una sociedad unipersonal a las que se refiere el Capítulo IV BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tendrá por perdido el carácter de la misma y se imputarán al socio único los delitos que hubiese cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social, en beneficio propio o de ella, debiendo el Juez aumentar en un tercio la pena cuando hubiese aprovechado el carácter unipersonal de la sociedad para violar la ley.

Artículo 25.- La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros penitenciarios, de conformidad con la legislación de la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva.

El límite máximo de la duración de la pena privativa de la libertad hasta por sesenta años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se sancionen con lo estipulado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración máxima será la que marque dicha ley.

Artículo 25.-

 

 

 

 

 

El límite máximo de la duración de la pena privativa de la libertad hasta por sesenta años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se sancionen con lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración máxima será la que marque dicha ley.

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I.- a XXXVII.

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI y XXXVII se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.

En caso de tratarse de particulares realizando funciones propias del supervisor de libertad, y con independencia de la responsabilidad penal individual de trabajadores o administradores, la organización podrá ser acreedora a las penas y medidas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas estipuladas en este Código.

Artículo 225...

 

I.- a XXXVII. …

 

 

 

 

 

En caso de tratarse de particulares realizando funciones propias del supervisor de libertad, y con independencia de la responsabilidad penal individual de trabajadores o administradores, la organización podrá ser acreedora a las penas y medidas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecidas en este Código.

Código Nacional de Procedimientos Penales:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 422. Consecuencias jurídicas
A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones:

I. a V.

Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con los aspectos siguientes:
a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma;

b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;

c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;

d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas involucradas en la comisión del delito;

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.

SIN CORRELATIVO

 

 

Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional deberá ponderar además de lo previsto en este artículo, que la imposición de dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga cesar la comisión de delitos.

Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas:

I. a VI. …

En este caso el Órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas establecidas en este apartado, conforme a lo dispuesto en el presente artículo y a lo previsto en el artículo 410 de este Código.

Artículo 422.

 

I. a V. …

 

 

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

 

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias;

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena, y.

g) La utilización de una sociedad unipersonal a las que se refiere el Capítulo IV BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles para cometer delitos imputables al socio único.

 

 

 

 

 

 

 

I. a VI. …

En congruencia con lo anteriormente expuesto y fundado se presenta a ésta H. Cámara de Diputados la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1 Y ADICIONA UN CAPÍTULO IV BIS ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 86 BIS 1, 86 BIS 2, 86 BIS 3, 86 BIS 4, 86 BIS 5, 86 BIS 6, 86 BIS 7, 86 BIS 8, 86 BIS 9 Y 229 BIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 11, 25 y 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 422 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción III del artículo 1 y se adiciona un Capítulo IV BIS, así como los artículos 86 Bis 1 al 86 Bis 9, así como el 229 Bis todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- …

I.- a II. …

III.- Sociedad de responsabilidad limitada y Sociedad de responsabilidad limitada unipersonal;

IV.- a VII.- …

CAPÍTULO IV BIS

De la sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal.

Artículo 86 Bis 1. La Sociedad de responsabilidad limitada podrá constituirse conforme a la modalidad unipersonal integrándose por un único socio siendo:

a) Constituida por un único socio ya sea persona jurídica o física

b) Sobrevenida cuando durante el transcurso de la existencia de la sociedad la totalidad de las partes sociales se concentren en la persona de un único titular.

c) Las acciones que pertenezcan a la sociedad se considerarán como propiedad del socio único en el caso de que se presente la concentración de la titularidad de todas las partes sociales en un único socio.

Artículo 86 Bis 2. La modalidad de unipersonal deberá hacerse pública mediante su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y añadir a la denominación social las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal o las siglas S de RL U, dicha inscripción deberá realizarse:

a) Cuando se constituya originalmente una Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la modalidad de unipersonalidad

b) Cuando la unipersonalidad sobrevenga por la concentración de todas las partes sociales en un único titular

c) En tanto persista esta modalidad de la unipersonalidad, la sociedad deberá hacer constar esta particularidad en toda clase de documentación, correspondencia, avisos, y publicidad de la que tengan conocimiento terceras personas o las autoridades correspondientes.

Artículo 86 Bis 3. Las competencias de la asamblea de socios se ejercerán por parte del socio único, deberán consignarse las decisiones asumidas en el acta de la asamblea bajo su firma o la de su representante, las cuales podrán ser formalizadas y ejecutadas por el propio socio o en su caso por los administradores.

Artículo 86 Bis 4. En aquellos casos en que la sociedad celebre contratos con el socio único se deberá estar a lo siguiente:

a) Los contratos realizados entre la sociedad y su socio único deberán encontrarse formalizados por escrito o en su caso con las formalidades que se señalen en la ley, deben ser transcritos en un libro de registro especial para tales efectos y deben ser inscritos en el Registro conforme a lo dispuesto para la inscripción de los libros de actas de la sociedad.

b) En el supuesto de que el socio único caiga en concurso, aquellos contratos que no se hayan inscrito conforme a lo señalado en el punto precedente, no podrán ser opuestos a la masa del concurso.

c) Durante el transcurso del primer año posterior a la celebración de los contratos referidos, el socio único responderá frente a la sociedad de los perjuicios que éstos le hayan podido reparar en su patrimonio por motivo de su cumplimentación.

Artículo 86 Bis 5. La modalidad de unipersonalidad de las Sociedades de Responsabilidad Limitada podrá asumirse en todas, sin importar el monto patrimonial o las dimensiones económicas de éstas.

Artículo 86 Bis 6. Podrá ser socio único de una Sociedad en Responsabilidad Limitada Unipersonal cualquier persona física o moral, sin importar el carácter pluripersonal de la sociedad, de la misma forma cualquier sociedad constituida bajo esta modalidad podrá forma parte de los socios de otra sociedad pluripersonal y en su caso de otra sociedad unipersonal.

Artículo 86 Bis 7. Si transcurridos seis meses, desde la fecha en que la unipersonalidad sobrevenido se haya generado, no se ha realizado la inscripción a que se refiere el artículo 86 Bis 2 precedente, el socio único responderá de forma personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales asumidas durante ese periodo, en el supuesto de haberse efectuado la inscripción del monto de las deudas sociales responderá la sociedad que las contrajera.

Artículo 86 Bis 8. Cuando el socio único amparado en la persona de la sociedad realice actividades ilícitas o cometa algún delito, la personalidad de la sociedad se desconocerá por parte de la autoridad judicial, para permitir la imputación por la comisión de estas conductas al socio único y en su caso a los administradores.

Artículo 86 Bis 9. En los supuestos en que por la naturaleza dela conducta ilícita en que haya incurrido, la sociedad no permita deslindar con claridad la responsabilidad directa del socio único o de los administradores, la personalidad jurídica se desconocerá a efectos de que pueda imputarse la responsabilidad directa por la comisión de estas conductas al socio único y en su caso a los administradores.

Artículo 229 Bis. Cuando una sociedad asuma la modalidad de unipersonalidad, la disminución del número mínimo de socios no será una causal de disolución, al persistir la persona jurídica bajo la modalidad señalada.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 11 y se reforman los artículos 25 último párrafo y 225 último párrafo del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 11.- ...

Tratándose de una sociedad unipersonal a las que se refiere el Capítulo V de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tendrá por perdido el carácter de la misma y se imputarán al socio único los delitos que hubiese cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social, en beneficio propio o de ella, debiendo el Juez aumentar en un tercio la pena cuando hubiese aprovechado el carácter unipersonal de la sociedad para violar la ley.

Artículo 25.- ...

...

El límite máximo de la duración de la pena privativa de la libertad hasta por sesenta años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se sancionen con lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración máxima será la que marque dicha ley.

Artículo 225...

I a XXXVII...

...

...

En caso de tratarse de particulares realizando funciones propias del supervisor de libertad, y con independencia de la responsabilidad penal individual de trabajadores o administradores, la organización podrá ser acreedora a las penas y medidas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecidas en este Código.

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un inciso g) a la fracción V del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 422. …

I. a V. …

a) a d) …

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias;

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena, y

g) La utilización de una sociedad unipersonal a las que se refiere el Capítulo IV BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles para cometer delitos imputables al socio único.

I. a VI. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.

La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Diputada Muñoz Cervantes. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Agustín Basave Benítez, para presentar a nombre de la Diputada Ivanova Pool Pech y del Diputado José María Arroyo Juárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Migración, en materia de derecho de asilo y condición de refugiado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por el Diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, a nombre de la Diputada Ivanova Pool Pech y del Diputado José María Arroyo Juárez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Agustín Francisco de Asis Basave Benítez: Gracias. Con su venia, Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros:

Presento hoy una iniciativa de la Diputada Ivanova Pool y del Diputado José María Arroyo, que propone adicionar el artículo 144 de la Ley de Migración.

El espíritu de la iniciativa es ampliar, facilitar el ejercicio de los derechos o su reconocimiento, si prefieren, en el tema concreto del asilo.

Estamos hablando de la migración, fundamentalmente centroamericana a México, aunque podría ser de cualquier parte, y del hecho de que para que nuestro país tenga autoridad moral para exigirle a Estados Unidos el buen trato a nuestros migrantes, nosotros debemos hacer lo propio con los migrantes de otros países.

Todas las iniciativas son perfectibles, sé que habrá quienes objeten la forma en que está planteada esta modificación, esta adición al artículo 144 de la Ley de Migración,  pero para eso son los dictámenes, los dictámenes deben mejorar en lo posible las iniciativas.

En este caso hay un margen de dictaminación que puede, creo, dejar satisfechos a todos los grupos parlamentarios.

Lo importante es decir que así como queremos que a nuestros migrantes, cuando sea el caso, se les dé el derecho de asilo en Estados Unidos, pues también nosotros demos, facilitemos el derecho de asilo a migrantes que vienen de otros países a México, y que por sus razones, por las razones por las cuales abandonaros sus países, por las razones por las cuales migraron ameriten esta petición.

Creo que vale la pena tocar ese tema más allá de la iniciativa porque hay un momento importante, una coyuntura favorable que creo debemos aprovechar para acabar con lo que está haciendo actualmente el gobierno mexicano en términos de restringir, de apretar, de detener, reprimir la migración centroamericana, en alguna medida como concesión a Estados Unidos.

Me parece que si queremos otra vez estar en posibilidad de negociar con firmeza, con autoridad frente al Presidente Trump, nosotros tenemos que dar el ejemplo.

Dicho sea de paso, si me lo permiten, hay un par de iniciativas mías que quedaron por aquí en el Senado, una de ellas en particular que fue aprobada por la Cámara de Diputados, una iniciativa para otorgar la doble nacionalidad a los mexicanos por naturalización fue aprobada por la Cámara de Diputados, es una reforma constitucional, fue aprobada por mayoría calificada, pasó al Senado y aquí está en alguna parte de esta Cámara, y pues si me lo permiten hago una exhortación a las compañeras y compañeros Senadores para que retomen esta iniciativa.

Porque también ayuda a que los nietos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, y hablo de los nietos, porque los hijos de mexicanos por nacimiento son mexicanos por nacimiento, no es que en donde nazcan, que los nietos, que la tercera generación pueda pedir la nacionalidad mexicana sin que se le exija firmar, como se hace actualmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la renuncia a su nacionalidad de origen.

Esto facilitaría que muchos de nuestros paisanos tuvieran esa doble nacionalidad, tuvieran el acercamiento, la cercanía con sus raíces, con nuestro país.

Bueno, eso está ya aquí en el Senado, y se los digo para que quienes están en esta Cámara Alta lo sepan, como también hay otra iniciativa que presenté en la Cámara de Diputados, esa se quedó allá durmiendo el sueño de los justos, por desgracia en la comisión, pero, bueno, se las señalo porque habla de un tema muy parecido, que es, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo vamos a tratarle para el retorno de los migrantes repatriados, los migrantes mexicanos que son repatriados a México?, ¿y cómo les vamos a dar una atención integral?

Bueno, termino diciendo, en torno a esta iniciativa de mis compañeros Diputados, que va a un punto importante, tiene el mérito del reconocimiento y la ampliación de los derechos de los migrantes en México, los migrantes que llegan a este país, y que creo merece la aprobación de todos.

Gracias.

Iniciativa



La Presidenta Diputada Kathia María Bolio Pinelo: Muchas gracias, Diputado Basave. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.






Como segunda ronda de iniciativas y última, tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a nombre del Senador Froilán Esquinca Cano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión de cambio climático.

Adelante, Senador Fernández. No se encuentra.

En consecuencia, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a nombre del Senador Froilán Esquinca Cano, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador FROILÁN ESQUINCA CANO, a nombre propio y de Senadores integrantes de esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático es calificado por Naciones Unidas como uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo, debido a que sus efectos son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Se trata de las repercusiones del efecto de los gases de efecto invernadero que se han concentrado en la atmosfera desde el último siglo, determinando cambios en los ritmos de la misma y contribuyendo a una sinergia de eventos, que sumados a la contaminación del aire (transporte, fábricas y centrales nucleares), que incluyen la alteración de las pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar y las modificaciones de las corrientes marinas, que incrementan el riesgo de inundaciones catastróficas, así como  la perdida de ecosistemas y especies y por tanto de los bienes y servicios para la humanidad.

Esta alerta ha generado que la comunidad internacional se movilice para hacer frente a este problema, adoptando medidas para proteger y preservar el planeta a fin de contribuir a la protección y transición hacia un patrimonio más sustentable para las generaciones futuras.

El Senado de la República, durante las LXII y la LXIII Legislaturas contó con la Comisión Especial de Cambio Climático, la cual se constituyó mediante Acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado el 16 de octubre 2012, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República. Dicha Comisión realizó diversos foros y reuniones de trabajo y, acompañó procesos legislativos para dictaminar instrumentos legislativos sobre la materia.

Esta comisión significó una experiencia muy positiva para afrontar el desafío que representa el cambio climático, permitiendo al Senado atender la agenda legislativa en la materia, ser parte sustantiva de nuestro país en la construcción de los acuerdos de Paris con la Comitiva de México, así como resolver solicitudes y consultas por parte de otros órganos legislativos; para dar seguimiento a las acciones implementadas por nuestro país y alrededor del mundo, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

De igual manera, dicha comisión tuvo como objeto coordinar la acción de las diferentes comisiones vinculadas con el tema del cambio climático, como son las omisiones de Agricultura y Ganadería; Comercio y Fomento Industrial; Desarrollo Social; Energía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Recursos Hidráulicos; Protección Civil; Relaciones Exteriores; y, Salud, entre otras.

Por su parte, la Colegisladora cuenta con una Comisión de Cambio Climático encargada de dictaminar propuestas legislativas relacionadas con temas de relativos al cambio climático; impulsar el trabajo para la aprobación de legislación en materia de Cambio Climático, sus reformas correspondientes y su adecuación a los compromisos internacionales; dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la legislación mexicana y programas sobre cambio climático; proponer presupuestos para atender temas de Cambio Climático; proponer posicionamientos nacionales para las reuniones y los acuerdos internacionales en materia de cambio climático; y en general atender todos los temas relacionados con el cambio climático competencia de la Cámara de Diputados.

No obstante, lo anterior, el Senado de la República no cuenta con una instancia homóloga entre sus comisiones ordinarias. Por este motivo se considera que para enfrentar el desafío que representa el cambio climático para nuestro país es central y por ello la sinergia con los temas asociados a la pobreza, marginación e incluso la migración, serán determinantes para prever escenarios de coordinación interinstitucional y además, la agenda concurrente con los Estados y Municipios deberá considerar encontrar elementos de planeación y concurrencia con las otras agendas de materia en Biodiversidad y Desertización, elementales para la planeación y construcción de los avances que México compromete hacia los Objetivos del Desarrollo Sustentable.

Por todo ello, es conveniente que se reforme la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 90 para introducir la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Senadores y que, posteriormente se adecuen la normatividad reglamentaria respectiva del Senado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción V, al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo las fracciones subsecuentes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. Administración;

II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

III. Asuntos Indígenas;

IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales;

V. Cambio Climático;

VI. Comercio y Fomento Industrial;

VII. Comunicaciones y Transportes;

VIII. Defensa Nacional;

IX. Derechos Humanos;

X. Desarrollo Social;

XI. De la Ciudad de México;

XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XIII. Energía;

XIV. Estudios Legislativos;

XV. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XVI. Gobernación;

XVII. Hacienda y Crédito Público;

XVIII. Jurisdiccional;

XIX. Justicia;

XX. Marina;

XXI. Medalla Belisario Domínguez;

XXII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXIII. Para la Igualdad de Género

XXIV. Puntos Constitucionales;

XXV. Reforma Agraria;

XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVII. Relaciones Exteriores;

XXVIII. Salud y Seguridad Social;

XXIX. Seguridad Pública;

XXX. Trabajo y Previsión Social, y

XXXI. Turismo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Froilán Esquinca Cano.






PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Compañeras y compañeros, informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva dos dictámenes que remite la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Uno, sobre la importancia de la participación de ciudadanos como funcionarios electorales de casilla.

Y otro, sobre la defensa del patrimonio de los sitios históricos de la Ciudad de México.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su respectivo trámite.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a la agenda los dos dictámenes mencionados por el Diputado Presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza,   Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Secretario.

La discusión de los dictámenes se hará de forma separada. Ambos proyectos de dictámenes están publicados en el monitor que cada quien tiene en su escaño.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primero de los dictámenes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Bien, señor Presidente. Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Está a discusión el dictamen.

Pregunto a la Asamblea si hay algún legislador o legisladora que desee intervenir en el dictamen.

No habiendo discusión en el dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que se acaba de mencionar.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Diputado Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión del segundo dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo sobre la defensa del patrimonio de los sitios históricos de la Ciudad de México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al segundo de los dictámenes.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: De acuerdo con sus indicaciones, doy lectura al segundo dictamen.



Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

No habiendo oradores en el dictamen, procederemos a su votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que acaba de leerse

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Compañeros legisladores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva tres dictámenes que remite la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo.

Uno, en relación con las tarifas eléctricas en el estado de Sinaloa.

Otro, sobre las medidas de regulación y aplicación de insecticidas que dañan la salud de los trabajadores del campo.

Y uno, sobre la operación de la Marina Porto Real, en la Playa Majahua, en Acapulco, Guerrero.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Por lo tanto, consulto a esta Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se integren a la agenda de hoy los tres dictámenes mencionados. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente. Se autoriza su incorporación.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. La discusión de los dictámenes será de forma separada.

Los proyectos están publicados en el monitor de su escaño. Solicito a la Secretaría dé lectura al primero de los dictámenes.






TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura, por lo tanto, al primer dictamen.



Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Está a discusión el dictamen.

No habiendo oradores, procederemos a su votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que acaba de leerse

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión del segundo dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo sobre las medidas de regulación y aplicación de insecticidas que dañan la salud de los trabajadores del campo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al segundo de los dictámenes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Pregunto a la Asamblea, si hay orador u oradora que desee hacer alguna participación en el dictamen.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que acaba de leerse.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.






Continuamos con la discusión del tercer dictamen de la Tercera Comisión, con punto de Acuerdo sobre la operación de la Marina Porto Real, en la Playa Majahua, de Acapulco, Guerrero.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Doy lectura, señor Presidente.



Es todo, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Leído el dictamen, está a discusión.

No habiendo orador u oradora, procederemos a su votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que acaba de leerse.

El Secretario Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Senador Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Diputado Secretario. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Les ruego su atención, compañeras y compañeros.

La Mesa Directiva, a partir de una numerosa presentación de puntos de Acuerdo sobre el mismo tema, acordó suscribir un documento, un pronunciamiento en relación con la violencia política de los actuales tiempos para presentar este pronunciamiento al inicio del siguiente punto del Orden del Día, que es la presentación de propuestas con puntos de Acuerdo.

Se va a consultar a esta Asamblea la dispensa de trámites para poner dicho pronunciamiento a su consideración inmediatamente, en esta sesión.

Si esta Asamblea autoriza la dispensa de trámites, se abrirá una ronda de oradores representantes de cada grupo parlamentario en orden progresivo para referirse al pronunciamiento.

Al concluir las intervenciones se consultará si se aprueba el pronunciamiento a nombre de esta Comisión Permanente, no de la Mesa Directiva, sino de la Comisión Permanente como tal, como órgano del Estado mexicano.

Ruego entonces a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, primero, si autoriza que este pronunciamiento se incorpore al Orden del Día de la sesión de hoy.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, Diputado Presidente. En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda del día el pronunciamiento referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de manifestarlo igualmente.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la incorporación del pronunciamiento a la agenda del día, Diputado Presidente.

PRONUNCIAMIENTO

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Secretario. Con su anuencia daré lectura al pronunciamiento que se propone sea de esta Comisión Permanente.



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, Diputado Presidente. En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Secretario.

En tal virtud, tiene la palabra el Diputado Abel Cruz Hernández, para fijar su posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

El Diputado Abel Cruz Hernández: Honorable Asamblea:

México está atravesando por un momento político, social, económico, cultural y todos los estados que ustedes quieran de una violencia absoluta.

Miles de muertos asolan nuestro país, tomando como víctimas a los jóvenes, principalmente, el 30, 40 por ciento de todas las personas muertas tienen esta edad.

Probablemente no le hemos puesto la atención debida o simplemente hemos hecho caso omiso de lo que está pasando.

El Partido Encuentro Social no está de acuerdo con las actuales circunstancias políticas en las cuales nos estamos desarrollando, ya que desgraciadamente no se le ha puesto la atención adecuada a los medios necesarios para que esto cese.

Los partidos políticos tenemos la obligación de hacer una política limpia, que nos haga ver como parlamentarios y no como fomentadores de violencia.

Creo que todos tenemos plataformas pacifistas que fomentan el respeto a la vida, pero sobre todo a la paz.

No podemos darnos el lujo de que casi una centena de candidatos muertos de todos, de todos los partidos políticos, que esa es una parte fundamental, se incrementen.

No podemos ser ciegos a una realidad en la que creo que por unos pocos que están utilizando recursos sucios puedan envenenar un ambiente que en lugar de ser una fiesta democrática que refresque a nuestro país, lo haga ver como un país en luto.

Fomentemos un buen quehacer político.

Fomentemos una mejor convivencia social, tomando en consideración la situación criminal por la que estamos atravesando.
No por intentar ganar, estemos poniendo gasolina al fuego.

Les solicitamos que hagamos este acuerdo, precisamente por el que estamos ahorita votando, en que se tomen las medidas conducentes para combatir esta violencia y hacer un código de ética para no fomentar esta confrontación entre militantes y, sobre todo, la protección de todos los candidatos.

Pensemos que ahorita vamos a votar porque esta confrontación política se acabe y sea una confrontación limpia, una confrontación que haga de nuestro país un ejemplo como lo ha sido a nivel de leyes, a nivel institucional y a nivel de gobierno.

México es un país que merece tener una paz social, porque México es y ha sido un ejemplo a nivel mundial en cuestión de leyes, pero también desgraciadamente en la actualidad no lo estamos siendo.

Encuentro Social vota a favor de este acuerdo.

Muchísimas gracias, Diputado Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Diputado Cruz.

Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, nuestra compañera Diputada Josefina González Luna, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La Diputada Josefina González Luna: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores.

Conocido por todos es que la seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad.

Lastimosamente durante los últimos años la violencia y la inseguridad se han profundizado en amplias zonas de nuestro país, en acecho de las y los ciudadanos que cada día sienten mayor miedo y zozobra de andar por las calles.

Con el proceso electoral en marcha, la violencia y la inseguridad, además, se han focalizado en la clase política, atentando no sólo la integridad de las y los aspirantes y actores de todas las fuerzas sino contra la vigencia del Estado de derecho y la vida democrática del país.

Desde el último cuatrimestre del 2017 a la fecha, hemos sido testigos del incremento desmedido de ataques y asesinatos perpetrados contra políticos y ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el actual proceso electoral, ya sea a nivel municipal, estatal o federal.

De acuerdo con el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, de septiembre de 2017 a los primeros días de abril de 2018, se han consumado alrededor de 173 agresiones directas a políticos, y al menos 78 asesinatos, estas cifras superan a las registradas durante el periodo de diciembre 2012 a septiembre de 2017, es decir, en poco más de seis meses se han registrado más ataques contra la clase política que en los últimos cinco años cuando se cometieron 74 asesinatos a presidentes municipales, ex alcaldes o ediles electos.

En Nueva Alianza estamos convencidos que es urgente tomar medidas para proteger la integridad física de quienes participan en este proceso electoral, que es el más grande de la historia.

Por ello, nos sumamos al llamado que hoy hace este Pleno de la Comisión Permanente en aras de salvaguardar en todos los niveles la seguridad de las y los ciudadanos postulados a cargos de elección popular en los comicios de este año 2018, todo ello con el objetivo de que se lleve a cabo un proceso electoral tranquilo y en paz, resaltando que se puede combatir la violencia política con medios de investigación eficaces, dejando de lado la impunidad.

En el grupo parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que con acciones efectivas se puede generar mayor certidumbre con el proceso y garantizar el respeto irrestricto del Estado de derecho y la paz social.

Muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañera Diputada González Luna.

Toca ahora el turno a nuestro compañero Diputado Macedonio Tamez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, Diputado Presidente. Buenas tardes.

Antes que nada quiero celebrar el acuerdo al que llegamos todas las fuerzas políticas para discutir un tema tan importante, ya basta de discutir asuntos sin importancia y ocurrencias, y atender lo que la sociedad mexicana demanda que es voltear a ver y resolver problemas como este de la violencia política.

Y miren ustedes, la política es la forma civilizada de hacer la guerra.

Antes por el dominio de un territorio había guerras que duraban 30 años y provocaban miles de muertos y decenas de miles de heridos y devastación de ciudades, villas y campos, afortunadamente ya la humanidad ha evolucionado y cada vez las guerras son menos y las disputas territoriales, las disputas por el poder se resuelven a través de la política a nivel interno y a través de la diplomacia a nivel internacional, que la diplomacia en realidad no es otra cosa que hacer política a nivel internacional.

Sin embargo, los que no estudian la historia están condenados a repetirla, y los que sí la estudiamos estamos condenados a ver cómo los que no la estudian la repiten y caen en los mismos errores, y estamos viendo en este momento en México una decadencia política que se está alimentando de una feroz violencia.

Yo creo que desde aquella memorable elección en que participó Juan Andreu Almazán no se veían tantos muertos en una elección.

De tal manera que es preciso, como legisladores, poner un freno, hacer un exhorto, invitar, reclamar y exigir que todo mundo que esté involucrado pare esta oleada de violencia.

En primer lugar, un exhorto al Estado en sus tres niveles de gobierno que cumpla con su deber, esta violencia electoral que estamos sufriendo no es otra cosa que una manifestación del fallido abordaje a la seguridad pública que se ve tanto a nivel federal como a nivel de muchas entidades federativas, también un llamado a los partidos políticos a que cuiden a sus candidatos y a que los escojan bien.

Miren, es innegable, y por ahí el acuerdo dice que no se deben criminalizar las víctimas, pero muchas veces ellas son las que se criminalizan al estar vinculadas al crimen organizado, aquel político o aquel gobernante que se vincula con algún cártel en automático se echa de enemigos a los contrarios.

De tal manera que sí siento yo que detrás de muchos de esos ataques a candidatos, a seguidores o a familiares tienen detrás alguna mala elección por parte de partidos políticos que irresponsablemente con tal de llegar al poder han puesto de candidatos a gente que no debía hacerlo, y ahí está la oleada de violencia, una violencia que no sólo afecta a los candidatos, sino a nuestra democracia en lo general, porque la gente la ve con desconfianza, la ve con miedo y no sale a votar y no sale a participar.

Y también llamar a los candidatos a que no hagan apología de la violencia, acuérdense que somos los políticos, y más siendo candidatos, hombres y mujeres públicos, muchos ojos nos están viendo. De tal forma que es mucho más grande la responsabilidad que tenemos en cuanto a lo que hacemos y decimos.

Hace no mucho vimos cómo un candidato independiente a la Presidencia, y esto lo hago sin connotación de denostarlo, pero sí de criticar que invitó o dijo que había que “cortar la mano a los delincuentes”. Bueno, ya hemos visto que en algunas partes del país ya lo están haciendo grupos criminales.

Las palabras de un candidato o de un político en general deben pesarse como si fueran diamantes y no andarlas irresponsablemente pronunciando aquí y allá.

Y, finalmente, la misma sociedad debe tomar su responsabilidad.

A veces que oigo programas de radio o me asomo a redes sociales veo con espanto el grado de violencia verbal que estamos viviendo, en donde todo mundo pretende apoyar a sus candidatos denostando a los contrarios e incluso invitando irresponsablemente a violentarlos, a atacarlos, creo que eso no debe suceder y, finalmente, no deja de ser esta violencia una responsabilidad colectiva.

De tal manera que anuncio el voto a favor en representación de la fracción que coordino, la fracción de Movimiento Ciudadano, los invito a hacer lo mismo, pero sobre todo a predicar con el ejemplo para que nuestra elección que viene y que es tan importante sea concluida en forma civilizada.

Acuérdense que todo nuestro quehacer debe estar sometido a un principio fundamental que es la prudencia política, y prudencia política no es otra cosa que someter nuestros dichos y actos a los altos valores de la ética universal.

Actuemos con ética hablando con la verdad, no difamando, no invitando a la violencia y así tendremos un proceso democrático verdaderamente digno de este noble país.

Gracias a todos, y buenas tardes.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Tamez.

Quiero hacer una muy respetuosa invitación a las compañeras y compañeros  legisladores y a nuestros invitados a que pongan atención a los oradores y podamos escuchar el pronunciamiento de los grupos parlamentarios en torno a un tema de la mayor delicadeza como es el que estamos justamente tratando hoy aquí, ventilando aquí, y que puede resultar en un acuerdo de todas las fuerzas políticas de la Comisión Permanente.

Sobre el mismo tema, tienen la palabra el compañero Diputado Juan Romero Tenorio,   del grupo parlamentario del Partido Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional.

El Diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, Diputado Presidente.

Buenas tardes, Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores.

Estamos ante un pronunciamiento, yo diría que un mal pronunciamiento, porque es un pronunciamiento que convoca a evitar la violencia, que convoca a frenar la violencia en distintos niveles, con distintas autoridades en los tres ámbitos de gobierno, que convoca a la autoridad electoral a ser más vigilante, a exhortar a partidos y candidatos a evitar la violencia.

Es un mal pronunciamiento, porque en un proceso democrático esto no sería necesario. Los actores políticos tienen reglas, la democracia tiene reglas, la ciudadanía tiene derecho a ser informada, la ciudadanía tiene derecho a participar en forma libre sin ninguna cortapisa que coarte su libre voluntad el 1 de julio.

Es un mal pronunciamiento, porque da cuenta de la emergencia en que estamos insertados en este proceso electoral.

El día de hoy también aprobamos un punto de Acuerdo en el cual se exhorta a los ciudadanos para participar en la integración de las más de 153 mil casillas. De más de 11 millones de ciudadanos insaculados, cuatro millones han rechazado participar en las casillas.

No es gratuito, es producto del quehacer político que tienen los partidos políticos, que tienen los candidatos y que tienen las instituciones.

La desconfianza merma la libre participación de los ciudadanos, y ello está mermando este proceso. Por eso señalo que es un mal pronunciamiento.

Tenemos que incentivar que estos 11 millones de ciudadanos insaculados participen, se sientan en un ámbito de confianza.

Pero ¿Quién va a generar esa confianza? Si los candidatos y los partidos traen discursos de odio, de descalificación, de inseguridad.

¿Quién va a generar esa confianza? Si los ahora firmantes de este pronunciamiento por consenso no se comprometen a llevar la palabra a sus partidos y a sus candidatos de crear un ambiente de confianza.

Más allá de la inseguridad que se vive en todo el país, más allá de los miles de muertos en una guerra fallida, más allá de ello el compromiso es para todos y cada uno de nosotros, que representa una fuerza política, que representa un proyecto de nación en esta contienda electoral.

Que sea la razonabilidad de las propuestas la que lleve a debatir el contenido de cada una de ellas, y no el uso de las palabras de noticias falsas, de comentarios sesgados que llevan actitudes intolerantes e hipersensibles que conducen a propagar la arrogancia y el odio.

Es un llamado para la ciudadanía, es un llamado para los Diputados y Senadores, pero sobre todo, para los partidos y candidatos.

Un proceso en el cual se discutan las ideas y las propuestas y no la descalificación, que lleva solamente a generar ambiente de hostilidad, de descalificación y las estrategias de comunicación política.

Que se discutan las ideas. Está próximo un segundo debate presidencial, esperemos que prevalezca la discusión de ideas, la presentación de propuestas y no la descalificación infundada.

Tenemos que avanzar en una construcción democrática, es urgente para nuestra   nación.

La patria agravada, lesionada, la patria herida es de todas y de todos. El compromiso es de todas y todos.

Morena suscribe este pronunciamiento para generar un ambiente democrático, de discusión, de presentación de ideas y no de descalificación fundada en el odio y la agresión hacia el adversario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, señor Diputado Romero Tenorio.

Tiene la palabra el señor Diputado José Sandoval Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muy buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente.

En el grupo parlamentario del Partido Verde condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, particularmente tratándose de la violencia política, resulta aún más condenable, pues constituye no sólo ataques a la paz y a la tranquilidad social, sino también un atentado contra la democracia, porque un presupuesto fundamental de los procesos democráticos es la libertad y el respeto a la ley, libertad para postularse a un cargo público, para hacer campaña y para expresar propuestas a problemas que preocupan a toda la ciudadanía.

Acallara un adversario político a través de la intimidación, la violencia, o incluso a su asesinato, constituye una contradicción al Estado democrático de derecho.

De acuerdo con las últimas cifras, 94 candidatos a algún puesto de elección popular para el proceso electoral de este año, han sido asesinados, y se han registrado 305 casos de agresiones diversas.

Asimismo, se estima que aproximadamente mil candidatos han renunciado a participar a la contienda por amenazas o por temor a algún atentado o represalia.

Desde esta tribuna enviamos un mensaje de solidaridad a las víctimas de la violencia política, deseando su pronta recuperación y la resignación de sus familiares y amigos en caso de aquellos candidatos que fueron asesinados.

La democracia supone la libertad de participación de las personas en la integración de un gobierno, pero además la confrontación de ideas, lo cual se vuelve imposible con la imposición o la eliminación de candidatos por parte de grupos delictivos, tal como se ha venido registrando en el proceso electoral que vivimos en la actualidad.

Como representantes populares, como integrantes de partidos políticos, pero sobre todo como candidatos, que todos nosotros hemos sido, hacemos un llamado a la autoridad electoral y de seguridad de los tres órdenes de gobierno para redoblar esfuerzos, no sólo para garantizar el orden y la sana competencia electoral, sino para que juntos, con los propios actores de la democracia mexicana, llevemos las elecciones de julio próximo a un buen puerto.

No nos queda la menor duda de que las instituciones mexicanas son más fuertes y son más sólidas que cualquier intento de desestabilizar el proceso electoral mediante la violencia.

Es cuanto.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Sandoval.

Tiene la palabra nuestra compañera Senadora Angélica de la Peña, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores:

Creo que este pronunciamiento que ha sido consensado por la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios tiene grandes méritos.

En primer lugar, porque está planteando uno de los asuntos más delicados para el país, uno de los asuntos que más nos preocupan, junto con otros.

Yo quisiera recordar que el 15 de mayo se cumplió un año del asesinato de Javier Valdez, es decir, también tenemos que hacer un punto similar referente a los asesinatos contra periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes de Organizaciones No Gubernamentales.

También deberíamos tomar en consideración, que no solamente las y los políticos sufren el desastre de inseguridad que tiene el país. Y en ese sentido, a mí me gustaría mencionar varias cuestiones.

La primera. El punto, si bien señala que hay una situación que lleva al asesinato de casi un centenar de políticas y políticos, hay que agregar aquí el género, porque candidatas y políticas también han sido asesinadas, algunas de manera cruel, y yo voy a entregar aquí algunas observaciones de corrección de lenguaje, pero que no entran a la parte sustantiva.

Pero sí quiero aprovechar para decir que una parte que le falta a este pronunciamiento es, cuáles son las causas de todos estos asesinatos y las causas, si bien más adelante se señala que no se debe criminalizar a las víctimas, lo cual es correcto, no entiendo la palabra anticipada, es un, no entiendo qué quiere decir eso, pero me parece importante reconocer que también las y los políticos, quienes contienden, también son víctimas de la inseguridad, de las mafias y de los cárteles que están a lo largo y ancho del país.

Y hay, ciertamente, una responsabilidad que queda así como un poco deslucida, de parte de las autoridades que deberían estar encargadas de garantizar la seguridad, el libre tránsito, las condiciones óptimas para la contienda electoral, que son las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública que no se mencionan aquí.

Es cierto que tienen responsabilidad las autoridades de los organismos autónomos en el ámbito electoral, pero no es responsabilidad de ellas garantizar el libre tránsito, la seguridad que se requiere en el país.

Es importante llamar a los partidos políticos a que cuiden el lenguaje, también hay que actuar en consecuencia.

Yo esperaría que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional llame la atención al candidato en el Senado, en el estado de Guerrero, que junto con el Diputado Jiménez Rumbo, tuvieron la falta de decencia y de manera vulgar amenazando a la candidata Beatriz Mojica, que está contendiendo por la senaduría en el estado de Guerrero.

Esas son consecuencias de que las autoridades no están haciendo lo suyo, también las autoridades en este caso, los partidos políticos.

Créannos que en el Partido de la Revolución Democrática haremos lo que nos corresponde, pero lo mismo le pedimos al PRI y lo mismo pedimos, que se llame la atención de este señor para que no siga denostando, amenazando, incluso utilizando términos horrendos como: “Habrá sangre, habrá…” ¿Qué quiere decir con eso? Esa actitud peyorativa de dirigirse a la compañera, nos debería molestar a todas y a todos.

Y también, por cierto, debemos de llamar la atención, que no se usen las instituciones, como se usó en este caso a la Procuraduría General de la República para denostar e infamar a un candidato a la contienda electoral como fue Ricardo Anaya, también esto va dirigido a eso, que las instituciones no se utilicen de manera política para denostar y para difamar.

Entonces sí, el alcance de este punto de Acuerdo tiene muchas interpretaciones, debería ser más explícito para reconocer el estado de cosas que tiene el país, que no se está reconociendo, sí es un pronunciamiento de buena voluntad que reúne el consenso de todos los grupos parlamentarios, pero, sin lugar a dudas, le hace falta, le hace falta que seamos más enfáticos en señalar quiénes tienen la responsabilidad, quiénes tienen que asumir la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad en la contienda electoral y no utilizar a las instituciones del Estado, como es la PGR, que debería estar transitando de manera clara y precisa a ser una fiscalía autónoma y ahorita la están aprovechando para denostar a candidatos.

De tal manera que hago, acerco a ustedes las observaciones que me parece que tiene que tener, de lenguaje, este pronunciamiento, porque insisto, hay candidatas asesinadas, hay candidatas amenazadas, hay políticas cruelmente asesinadas, hay políticas que están permanentemente siendo amenazadas, algunas obligadas a renunciar y entonces pues hay que poner lenguaje de género, no nada más hay candidatos, también hay mujeres que cada vez incursionan más en la política y están sufriendo también, por ser mujeres.

Gracias por su atención.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañera Senadora Angélica de la Peña.

Tengo en las manos las adiciones que de puño y letra ha escrito la compañera, la Senadora, perdón, Angélica de la Peña, para correcciones que tienen que ver, sobre todo, con la inclusión de las mujeres políticas y ciudadanas que han sido víctimas de esta violencia, eso es lo que acabo de leer.

Si están de acuerdo, lo entregamos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que haga las adecuaciones pertinentes.

Me parece, en todo sentido, procedente la propuesta de la Senadora De la Peña, salvo que hubiera objeciones.

Al no haberlas, proceda, por favor.

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra sobre el mismo tema, nuestro compañero Senador Jorge Luis Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

Yo vengo de un estado que es políticamente muy violento, por lo menos tres ex gobernadores han muerto, uno se “suicidó”, porque nadie explica cómo puedes disparar una escopeta en la frente.

Otro cayó de un avión, curiosamente cuando lo empezaban a cuestionar al ex gobernador, cae el avión, mueren siete funcionarios públicos, el gobernador y dos pilotos.

El siguiente gobernador, pues recibió dos tiros fuera de su casa.

El siguiente gobernador recibió cuatro tiros en un restaurante, quedó vivo, afortunadamente.

Pero eso no es exclusivo de Colima, van más de 305 agresiones en todo el país, van más de mil candidatos que sólo en este proceso, por alguna razón, deciden ya no participar, nunca lo aclaran, siempre la carta dice: “por motivos personales”.

Pero detrás de esa carta de motivos personales hay muchas historias, historias desde el crimen organizado, el narcotráfico o que ataca al candidato y le pide que trabaje para él, o aquel que recibe recursos del narcotráfico y una vez ganando queda a su merced.

No se puede decir que todos los casos sean personas, sean candidatos, ex candidatos, precandidatos, ex alcaldes, diputados que hayan tenido un vínculo con el narcotráfico, porque luego es muy fácil para el Estado decir: “algo había hecho mal, por ahí tenía malas compañías”, y es suficiente, eso es suficiente para que el Estado ni siquiera investigue el crimen.

Pero todo esto, todo este ataque a muchos políticos tiene un punto en común, tiene un punto en común, que se llama impunidad.

En este país cualquiera puede cometer un delito, incluyendo el homicidio, porque sabe que al final no va a pasar nada.

El 94 por ciento de los delitos en este país no se denuncian; y del 6 por ciento que sí se denuncian sólo uno termina en sentencia ejecutoriada; es decir, si de cada cien delitos que se cometen sólo una persona termina en la cárcel, pues es un gran incentivo para delinquir.

Hay muchas más otras causas, por supuesto.

En mi pueblo dicen que mientras un sicario gane más que un policía no se va a acabar el sicariato y no se va acabar el narcotráfico, y volvemos al tema de impunidad.

Por eso yo creo que este llamado es importante, y es importante por varias razones: la primera, porque es un llamado a los partidos políticos.

Si la democracia es la continuación de la guerra con objetivos pacíficos y por medios pacíficos, pues debemos apostarle al ejercicio democrático, a que cada ciudadano salga a votar y decida qué candidato, qué propuesta, qué plataforma es la que prefiere.

Pero eso también es un llamado a los candidatos, y los candidatos no pueden fomentar esa división que han estado planteando algunos.

Una división en la que un candidato se alza y habla a nombre de todo el pueblo; una división en la que alguien se hace dueño del pueblo y dice: “yo hablo por el pueblo y hoy he decidido que el pueblo, el pueblo está a favor de los pobres, en contra de todos los ricos”.

Esa sola aseveración ya nos metió en un nivel de violencia, ya no sólo entre candidatos y entre políticos, sino en un nivel de violencia social.

Es un llamado de atención a esos políticos que dicen: “sólo si el resultado me favorece es que fue democrático, y si pierdo es que fue fraude”.

No podemos andar por ahí con ese lenguaje, debemos llamar la atención a todos los candidatos, pero en especial a aquellos que se pronuncian a nombre del pueblo para tratar de dividir a la sociedad, entre empresarios y trabajadores; entre ricos y pobres; entre demócratas y autoritarios.

Yo creo que es un buen momento para llamar la atención y, sobre todo, sobre todo, para acabar con ese rasgo, con ese rasgo que ha caracterizado alguna de las propuestas.

Por ejemplo, en el tema de impunidad, ¿por qué hay muchos homicidios y por qué cualquiera hoy puede portar un arma y puede traficar drogas y puede envenenar a miles de jóvenes?

Porque es muy sencillo, le van a ofrecer una amnistía y hasta el Papa va a venir a  platicar y arreglar el problema de la inseguridad en este país, platicando con los narcotraficantes.

Ese solo llamado es un llamado a la impunidad, es un llamado a la irresponsabilidad, por eso creo que este punto de Acuerdo, votado por el Senado, vale la pena, y con esto termino.

Vale la pena que se lo hagamos llegar a cada candidato y le pidamos responsabilidad en sus propuestas; le pidamos respeto a la sociedad y, por supuesto, que hagamos una campaña de propuestas serias, responsables, firmes, pero, sobre todo, respetando la forma en que cada uno de los ciudadanos de este país piensa.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Preciado.

Para concluir el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno al pronunciamiento de esta Comisión Permanente, tiene la palabra nuestra compañera Diputada Martha Tamayo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimada y honorable Asamblea:

Violencia y democracia son incompatibles.

La primera, por sí misma, la violencia, es un acto condenable e injustificable. Condenable ya que implica la imposición de fuerza, e injustificable porque atenta en contra de lo más valioso, la integridad y vida de las personas.

Digámoslo fuerte y claro, la violencia representa un mal absoluto, y la única paz que puede acarrear es la que acompaña al lúgubre silencio de los cementerios y cenotafios.

La democracia, por otro lado, es sinónimo de vida, es pluralidad de voces y diversidad de opiniones, es salvaguarda de la libertad, requisito indispensable para asegurar la igualdad entre ciudadanos, y elemento fundamental para que pueda hacerse valer la soberanía de la nación.

La democracia, pues, conlleva a la posibilidad de manifestar todo tipo de expresiones a través de medios que, además de legales, son legítimos, pues con ellos es que todos, sin excepción, podemos hacer valer nuestra voz, por eso no podemos ignorar los atentados contra los periodistas.

La libertad de expresión es un elemento esencial para la democracia y debe ser garantizada.

Una actividad profesional que brinde información a los mexicanos no debe de estar sujeta a ningún tipo de interés, por ello nos sumamos a la indignación social que esta conducta ilícita conlleva.

La democracia es un espacio de participación, tránsito y destino, es un ideal que permanentemente procuramos conseguir.

Hoy, menos que nunca, no debemos permitir que la fuerza prevalezca sobre la democracia, que el miedo se apodere de la política.

Sensible ante esta realidad y dispuesto a tomar cartas en el asunto, el gobierno federal ha coordinado, con autoridades de distintos ámbitos de gobiernos locales, y así como partidos y candidatos, diversas medidas para tratar de garantizar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de equidad, certeza, orden, paz y en absoluto apego a la legalidad.

Estas medidas no han sido suficientes, estamos conscientes de ello, pero tenemos que hacer un mea culpa todos los actores políticos.

Las legisladoras y legisladores del PRI nos sumamos a este esfuerzo y condenamos enérgicamente las agresiones en contra de cualquier actor político, sin perder de vista, desde luego, a las mujeres, que estamos también padeciendo la violencia política.

Toda acción que llame a la violencia debe de ser proscrita, así se presente por seres humanos o ciudadanos, cualquiera de ellos, o por supuestos felinos.

Pretender interferir con la vida de democracia en el país debe de ser condenado por nosotros.

La situación que vivimos trasciende colores partidistas y coyunturas políticas.

Independientemente de nuestra afinidad, todos hemos perdido, más que a candidatos y correligionarios, a compañeros y amigos y, sobre todo, a mexicanos comprometidos con su país.

Nos corresponde a todos actuar con un alto sentido de responsabilidad y no generar condiciones que llamen a la violencia.

Compañeras y compañeros, si la democracia implica dirimir las diferencias a través de la palabra y nunca por medio de la violencia y las armas, es porque depende de un valor irrenunciable e indispensable para conseguirla, que es la paz.

Paz para expresarse en libertad, para hacer valer nuestra voz sin temor a represalias, para participar en asuntos públicos y continuar construyendo la grandeza de nuestra nación; paz que significa armonía; paz para que todos podamos vivir en tranquilidad y en orden y democracia.

Que no quepa duda, la violencia política pone en riesgo a nuestra democracia.

Se trata entonces de un fenómeno que no debemos, ni podemos tolerar.

Frente a la violencia actuemos con firmeza.

No podemos ceder ante el miedo, ni nos debemos dejar amedrentar por el crimen o por tigres de papel prefabricados.

El ambiente de confianza, compañeros, se construye por todos, unidos en un frente común, a favor de la libertad y la democracia los mexicanos saldremos adelante.

Por su atención, gracias.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Tamayo.

Se ha agotado la lista de oradores. No habiendo quien quiera hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento presentado con las modificaciones y las adecuaciones que propuso la compañera Senadora Angélica de la Peña.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, señor Presidente. En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento, con las modificaciones que se hicieron. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Queda aprobado el pronunciamiento con sus modificaciones, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Aprobado el pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con relación a la violencia política que se vive en nuestro país.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es el relativo a las proposiciones con punto de Acuerdo.






Inicia este capítulo nuestra compañera Senadora Diva Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a implementar los protocolos de seguridad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de candidatos, los militantes de partidos políticos y todos los actores que participen en el marco de las elecciones del 1 de julio.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Aquí ya se ha dicho bastante acerca de lo que está viviendo el país, acerca de la violencia, pero es urgente ver qué vamos a hacer. Los protocolos van y vienen, pero al final del día las notas, los encabezados de la prensa internacional hablan de cómo la violencia se va a los políticos en México.

Por ejemplo, hoy “El País”, CNN, dice: “La violencia se infiltra en la campaña electoral”. Casi todos los estados salpicados y todos los partidos han tenido bajas.

Pero no me quiero referir solamente a los asesinatos, que es el extremo de esta violencia que estamos viviendo.

Como lo dijo Preciado, ni tan sólo a las mil renuncias que llevamos, que no sabemos qué pasa con mil renuncias que han presentado diferentes candidatos.

Hay otras agresiones directas, que están documentadas, alrededor de 200 agresiones directas, secuestros a familiares, casualmente choques inopinados, extorsiones, letreros, como el que está sufriendo en este momento Daniela Soto, candidata a Diputada Federal por el Primer Distrito de Durango.

Hoy le sacan un video donde dice: “Tú no” y hacen pedazos sus vida personal, su vida sentimental y atentan también contra su hijo, en el anonimato de los ciberdelitos.

Por eso, desde aquí, el tema de la violencia, no solamente de los asesinatos, tiene que ser un tema del árbitro electoral. Los protocolos deben de servir para algo, debe de haber prevención para no llegar al extremo que hoy estamos viviendo. Del día de hoy 93 asesinatos, 173 agresiones y seguimos con la amenaza de que “el tigre lo van a soltar” y el miedo y el terror que estamos viviendo, pues, es muy fuerte.

Y esta propuesta que estamos haciendo, es que activen los protocolos, ¡qué bueno que doña Yola estaba hablando de Daniela!, una compañera que están haciendo pedazos su vida personal en este momento; los protocolos, no puede vivirse así tan relajadamente un candidato o un político, porque hay un estudio que dice que el tema de periodistas y defensores de derechos humanos ya alcanzó la violencia por razones de practicar la política, a estos dos asuntos que ya traían al país así con un sello distintivo.

El PIDESC, que fue la última evaluación que nosotros tuvimos, tenemos una bronca muy importante sobre defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas.

Pero qué creen, ya rebasamos este número.

Tenemos que parar y tenemos que, entre todos, el Secretario de Gobernación ya salió y habló acerca de esto, pero los protocolos para eso son, tienen que aplicarse, tienen que tenerse providencias para no seguir teniendo este saldo rojo, este saldo negativo de los y las candidatas que hoy participan o de los hombres o las mujeres que hemos decidido dedicarnos a la política.

Sé que entre todos se puede, y el clima de miedo y de terror, de violencia, lo tenemos que desterrar entre todas y todos.

Es una responsabilidad nuestra, también de la ciudadanía.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a la Primera Comisión.






Tiene la palabra nuestra compañera Senadora Adriana Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a llevar a cabo diversas actuaciones de atención para los trabajadores de la empresa Oceanografía.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente.

Me parece importante señalar respecto de los temas que se han abordado, que la política electoral no puede, por ningún motivo, paralizar la política pública de este país.

Las instituciones del Estado mexicano no tienen que estar paralizadas para atender los problemas que cotidianamente tienen ciudadanas y ciudadanos que están urgidos de tener buenos gobiernos.

Los actos mal intencionados de quienes han usado a las instituciones para fines personales, concretamente para fines electorales, en donde los temas sólo se tocan cuando hay elecciones, tienen consecuencias más allá de lo que significa la clase política.

El ataque y el uso de esas instituciones no tiene que ver sólo con que se ataque a un adversario político, tiene que ver con las consecuencias que conlleva a muchas y muchos mexicanos, en este sentido, para entender sus propios problemas y para solucionar aquellos que llevan años y años sin solucionarse.

En esta tribuna he hecho el uso de la voz un sinfín de veces para presentar diversos acuerdos en materia de las condiciones laborales en los que están ahorita los trabajadores de Oceanografía.

Amigos del mar, trabajadores del mar que dieron y han dado su vida a poder generar esta riqueza en México.

Compañeros que hoy se encuentran en huelga de hambre, porque luego de más de un año no han recibido el pago a sus salarios, a pesar de estar trabajando en condiciones verdaderamente terribles.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, hizo un mal manejo de lo que significó la empresa Oceanografía, por un tema de carácter político, por un asunto de pelearse el botín de oro de Oceanografía, dejaron a un lado a compañeras y compañeros trabajadores del mar que están hoy a merced de muchos peligros y riesgos que tienen que ver incluso con su dignidad.

Hay vicios y hay vistos de trata de personas con fines de explotación laboral que no se han revisado en esta área, y se le echa la culpa exclusivamente a la empresa.

Yo quiero decir aquí que mi participación en este punto de Acuerdo no tiene nada que ver con acusar a una sola persona, sino con llamar la atención de las autoridades que han dejado de hacer su trabajo para atender estos temas.

Queremos decirle a la Secretaría del Trabajo que después de dos años. De un año de estar con ellos insistiendo en atender estos temas, no han hecho las inspecciones necesarias para verificar en qué circunstancias están trabajando nuestros compañeros del mar, que no tienen alimento, que no tienen agua, que no hay gas, que no hay combustibles para los barcos.

También se le ha pedido que atienda todos los temas relacionados con lo que ya las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje emitieron para dar respuesta a los trabajadores.

Parte de estos trabajadores que hoy sostienen esta huelga de hambre de la embarcación “La Barcaza” que está a la deriva, que está abandonada, y que, lamentablemente, pareciera ser que es invisible ante este tema en el proceso electoral.

Tampoco hemos tenido la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para todas las acciones que hemos emprendido con ellos para decirles que hay omisiones de las autoridades, la Secretaría del Trabajo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que no han cumplido con su tarea cabalmente porque no han sido capaces de resolver los problemas de los trabajadores.

Queremos también que la Secretaría de Gobernación, junto con esta Comisión Permanente conforme un grupo de trabajo integrado por legisladores y servidores públicos federales con nivel de decisión, porque a pesar de las innumerables reuniones que tuvimos con ellos durante este año, pareciera ser que el tema no existió, y que verifique las condiciones de estos compañeros, cómo están desarrollando su trabajo.

Amigas y amigos, lamentablemente el Senado de la República y la Cámara de Diputados no se han salvado de este tema.

Se crearon en años pasados dos comisiones, una en la Cámara de Diputados, y otra en la Cámara de Senadores para ver el caso de Oceanografía, todo el trabajo versó exclusivamente en la parte laboral y yo diría penal, para ver quién era el responsable de un supuesto fraude que ya la ley estableció, que un juez dijo, no hay tal.

Lo cierto es que se quedó en la cúpula política esta discusión. Se cerraban las dos comisiones, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, sin atender los problemas específicos que tienen los trabajadores del mar; ellos que pasan 28 días arriba de los barcos, y que después no pueden bajar porque no llegan sus relevos.

Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que no pueden pensar en votar, como diría Carlos Castillo Peraza, porque tienen que pensar en comer, requieren llevar a sus mesas el mínimo indispensable para poder decirle a sus familias que van a tener un poco de huevo, un poco de comida, un poco de carne.

Lamentablemente nadie ha volteado a verlos, hemos presentado más de 20 videos que grabamos subidos en estos barcos para verificar las condiciones y pareciera ser que estamos como los changuitos, ni oímos ni hablamos, ni vemos.

Yo pido a todas y a todos ustedes que hagamos un esfuerzo por entender que hay mexicanos y mexicanas que están trabajando en condiciones deplorables, que hoy nos necesitan.

Gracias por ponerme atención, y espero que este punto de Acuerdo pueda ser atendido a la brevedad y podamos dar respuesta a lo que ya, durante muchos meses, estos compañeros trabajadores del mar, de “La Barcaza”, en este caso, que están en huelga de hambre, puedan tener por fin solución a sus problemas, un peso que para nosotros quizá puede ser nada, para ellos es la sobrevivencia de sus familias.

Muchas gracias.

Proposición con punto de Acuerdo

La que suscribe, Sen. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Comisión Permanente en funciones, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTUACIONES DE ATENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA S.A. DE C.V., con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 6 de marzo de 2018, presenté ante el Pleno del Senado, una proposición con punto de acuerdo en la que hacía un llamado al titular de las Secretaria de Gobernación, al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de advertir y solicitar de forma urgente su intervención en razón de las precarias condiciones en que se encontraban los trabajadores de Oceanografía S.A de C.V., cuya administración se encontraba en manos de interventores oficiales, derivado de los procedimientos penales y de quiebra relacionados con tal empresa y sus dueños.

En dicho punto de acuerdo se dio cuenta que en el año de  2014, el Banco Nacional de México (Banamex), hoy denominado Citibanamex, informó de un fraude contra esa institución por casi 600 millones de dólares perpetrado en colusión con algunos de sus empleados y la empresa Oceanografía, proveedora de servicios marítimos para Petróleos Mexicanos.

Lo anterior tuvo como consecuencia que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación y realizando el aseguramiento de sus bienes, incluyendo en ellos la flota de sus  embarcaciones, por lo que fueron puestas a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Más tarde la empresa Oceanografía fue inhabilitada por dos años y en 2016 se le comenzó un procedimiento de quiebra.

Para la ejecución de la administración, el SAE contrató a poco más 300 trabajadores entre capitanes, patrones y tripulación, con el objeto de cumplir con las regulaciones marítimas, atender a 21 embarcaciones amarradas en el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, darles el mantenimiento permanente que requieren, asegurar su operatividad, garantizar su seguridad y la de las instalaciones portuarias y petroleras de costa y mar adentro.

Posteriormente, en abril de 2017, ante la ausencia de elementos jurídicos y legales para imputar la existencia de los delitos por los cuales se había asegurado a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., la PGR dio por cerrada la investigación por fraude, por lo que desaseguró los bienes incautados, y derivado de ello la Administración fue transferida a un síndico nombrado por el IFECOM (Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles).

A pesar de que una de las obligaciones del SAE como parte de la administración de los bienes asegurados, era brindar mantenimiento a las embarcaciones aseguradas, dicha obligación jamás se cumplió, por lo que las embarcaciones se deterioraron y  no se tuvo el cuidado necesario para mantener dicha empresa en condiciones óptimas.

Desafortunadamente la misma situación de abandono y olvido, se generó también en los trabajadores que tenían distintas tareas asignadas y que como hemos mencionado, fueron contratados por el síndico del SAE.

La suscrita constató que la atención que tendrían que brindar las autoridades federales fue deficiente a tal grado que los trabajadores desarrollaban sus actividades en condiciones precarias, de extrema insalubridad e inseguridad, lo que en ese instante había generado ya una auténtica crisis humanitaria y de seguridad, tal como certificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche el 24 de septiembre de 2017, cuyo informe mencionó que los trabajadores se encontraban sin “agua ni alimentos; sin combustibles para cocinar, ni para accionar el aire acondicionado, ni para accionar y maniobrar las embarcaciones en casos de temporales y emergencias, en embarcaciones cuyas líneas de amarre se encuentran ya podridas y sin mantenimiento.”

Por tales hechos y ante la ausencia de atención por parte de las autoridades del trabajo, el pasado 13 de septiembre de 2017, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que emita la recomendación correspondiente a las autoridades que han sido omisas en vigilar las condiciones de trabajo en las que se desempeñan los empleados y principalmente los marinos.

Lo anterior tuvo como resultado que durante los primeros días de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizara una visita a bordo de las embarcaciones constatando las condiciones precarias y dictando medidas cautelares las cuales lamentablemente no se atendieron.

El pasado 20 de noviembre de 2017, tuve la oportunidad de acudir a solicitud de algunos trabajadores de la empresa a la ciudad de Campeche, para constatar las condiciones en las que se encontraban los trabajadores de la empresa Oceanografía a bordo de los buques, sin alimentos, sin combustibles, sin pago por la prestación de sus servicios y en condiciones de extrema vulnerabilidad, e incluso con amenazas e intimidaciones de perder su trabajo si bajaban de las embarcaciones. Muchos de ellos llevaban en ese instante poco más de 6 meses sin cobrar sus salarios.

En esos momentos se dio aviso de inmediato a las autoridades involucradas entre ellas la Secretaría de la Marina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAE y a la Procuraduría General de la República, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre las lamentables condiciones en las que se encontraban los trabajadores y el riesgo que corrían de seguir así. Cabe señalar que estuvo en peligro su vida, además de padecer falta de alimento, actos de vandalismo y diversos ataques a las embarcaciones, así como de sufrir las condiciones climatológicas.

De la misma forma se solicitó en carácter urgente una reunión con todos los involucrados para solucionar dicha situación e invitamos a las autoridades competentes para verificar el lamentable abandono de tripulantes a bordo de embarcaciones que eran parte del acervo contemplado en el Concurso mercantil 265/2014, que se ventilaba con el Juez Tercero Civil de Distrito en la Ciudad de México.

A pesar de que en una primera reunión de trabajo presidida por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, hoy Secretario del Trabajo, se acordó la intervención de las dependencias en el ámbito de sus competencias, de noviembre a la fecha y a pesar de nuestra insistencia y de diversas reuniones de manera independiente con las diversas dependencias no se ha tenido  respuesta a los problemas de los trabajadores. Las instituciones involucradas han sido omisas en dar una respuesta o acción contundente sobre la situación que prevalece con los trabajadores de la empresa.

Es indudable que las condiciones en las que el SAE dejó las embarcaciones y las instalaciones de la empresa durante su administración, pero especialmente el abandono a los trabajadores luego de que fuera él quien les contrató, son verdaderamente deplorables e inhumanas.

Actualmente, a pesar de que los dueños de la empresa han retomado el control y administración de ella, la situación de sus trabajadores es deplorable, pues el daño ya fue hecho y concretado, es posible ver que durante el tiempo que duró la intervención vivieron violación de derechos humanos y laborales, hasta actos que pusieron (y aún ponen) en riesgo su integridad física y emocional; han sobrevivido con la ayuda de lugareños y son amenazados de no pagarles si inician procedimientos jurídicos; impedidos de abandonar sus puestos bajo amenaza que de hacerlo incurrirán en responsabilidades administrativas y penales graves, además de que perderán su Libreta de Mar y quedarán impedidos para siempre de volver a trabajar tal como dispone el artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, situación que a pesar de ser del conocimiento de las autoridades y la empresa, han pasado por alto, incumpliendo los criterios aludidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dicho órgano se pronunció en su sentencia de 20 de octubre de 2016, sobre las obligaciones estatales en materia de trata de personas con fines de esclavitud y prácticas análogas, servidumbre y trabajo forzado que:

“…es razonable concluir que la falta de debida diligencia y de sanción por los hechos de sometimiento a condición análoga a la de esclavo, estaba relacionada a una preconcepción de las condiciones a las que podía ser normal que fueran sometidos los trabajadores…” (y que) “…situaciones laborales no estables, [son causas estructurales por las que]  muchos trabajadores [se someten] a situaciones de explotación aceptando el riesgo de caer en condiciones de trabajo inhumanas y degradantes”, pero que se debe distinguir “…claramente entre los conceptos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso” y evitar la confusión entre los diversos tipos de explotación humana, pues no hacerlo “banalizaría la esclavitud y dificultaría su erradicación ”, y deja claro que, como es el caso que se denuncia, “una mera violación a la legislación laboral no alcanza el umbral de reducción a la esclavitud, sino que se necesita que las violaciones sean graves, persistentes y que lleguen a afectar la libre determinación de la víctima […]”

¿Por qué sucede esto?, al respecto preciso reflexionar en un primer momento que varios delitos y violaciones a derechos humanos se cometen por acción u omisión de las personas, en el presente caso las conductas desarrolladas tanto por administradores como por las mismas autoridades, y sus omisiones tienen una línea muy delgada entre lo que deben de realizar, y sus abstenciones, aspectos que generan una complicidad por parte de ellas al saber de las condiciones en que viven y vivieron los trabajadores a bordo de Oceanografía durante el tiempo que estuvo intervenida, sin que hubieran hecho algo de las acciones que la ley les obliga.

Actualmente, la empresa adeuda a muchos de sus trabajadores sus salarios desde el año pasado, por lo que ante esa negativa de pago y de intervención por parte de las autoridades encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos de los trabajadores, algunos de ellos, en específico, los que desarrollan sus actividades en La Barcaza, han decidido ponerse en huelga de hambre, pues no ven solución alguna a sus demandas, no al menos de forma pronta.

Este panorama sobre las autoridades encargadas de velar por la integridad y derechos laborales, hace posible que después de todo lo antes narrado, podamos llegar a la conclusión de que las autoridades, con sus omisiones, continúan incumpliendo el mandato constitucional del artículo 1º, que sirve de base al sistema democrático que se funda en la protección de los derechos humanos:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Es por las anteriores consideraciones y en razón de la persistencia de las omisiones en que han incurrido las autoridades federales en detrimento de los derechos humanos de los trabajadores, por las que me veo en la necesidad de acudir a este honorable cuerpo colegiado para hacerles un llamado a que cumplan el mandato constitucional del respeto y protección de los derechos humanos, pues a la fecha han sido omisas con cumplir con sus atribuciones, solo “administrando” el problema pero no resolviendo el fondo del mismo.

Por lo antes expuesto y fundado, propongo a esta Comisión la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República que realice las investigaciones relativas a los hechos acontecidos en los buques pertenecientes a Oceanografía S.A. de C.V., y determine si existieron hechos constitutivos del delito de trata de personas y explotación, toda vez que desde la intervención del SAE y su Síndico, los trabajadores acusan haber trabajado y permanecido a bordo bajo amenazas, lo que sin duda se trata de trabajos y servicios forzados sancionados por las ley general de la materia.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta  a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que realice a la brevedad las inspecciones sobre las condiciones de trabajo que viven los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., además de verificar que la empresa cubra a cabalidad los pagos que le han sido demandados y se encuentran sustanciados dentro de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, pues parte de la huelga de hambre que sostienen los trabajadores de la embarcación La Barcaza, es derivada de la ausencia de pago a los trabajadores desde hace meses.

TERCERO. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que investigue en el caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., las omisiones en las que han incurrido las autoridades encargadas de vigilar las condiciones del trabajo y pugnar por la seguridad de sus trabajadores, así como las irregularidades que se siguen cometiendo por distintas autoridades, lo que propicia la violación de sus derechos por la ausencia de actuación de las autoridades encargadas de verificar su cumplimiento.

CUARTO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, junto con esta Comisión Permanente, conforme un grupo de trabajo integrado por legisladores y servidores públicos federales con nivel de decisión, que verifique las condiciones en las que viven y desarrollan sus actividades los trabajadores de esa empresa, y en complemento con lo anterior, vigile la atención que deben dar las autoridades federales, incorporando a los trabajadores dentro del padrón del Registro Nacional de Víctimas de la CEAV. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Adriana Dávila Fernández.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias Senadora Dávila. Túrnese su punto de Acuerdo a la Primera Comisión.






Tiene la palabra el compañero Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para presentar a nombre propio y del Senador Alejandro Encinas, un punto de Acuerdo por el que solicita dar celeridad a las investigaciones respecto a las denuncias presentadas por la utilización de los programas sociales con fines electorales por parte de funcionarios de la Delegación Coyoacán.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría. Buenas tardes.

Pues nos da mucho gusto que hoy estemos hablando del tema de la violencia política, que es parte fundamental de la vida pública de nuestro país.

Pero así como la violencia está distorsionando todos los elementos de la democracia mexicana, también hay otros elementos que no podemos hacer a un lado.

Y, aquí quiero traer a este Pleno el caso de Coyoacán, en el cual, como ustedes lo saben, han dado con claridad y precisión los medios, se ha vuelto un capítulo entero de la historia universal de la infamia y de la corrupción y de la impunidad y todo tipo de bestialidades que se han realizado, en este sentido.

Hay uno que particularmente preocupa por su dimensión y cinismo, que es el uso de programas sociales para la promoción del voto, obviamente nosotros, como izquierda, estamos a favor de los programas sociales, pero como un derecho, no como esta actitud tan cínica y tan descarada en el cual prácticamente se están inventando programas para dar dinero una sola vez, sin ningún límite ni ninguna acción por parte del Estado mexicano.

Lo que queremos poner a su consideración y queremos su apoyo para que sea la voz de esta Permanente, es para que las autoridades y las instituciones encargadas de investigar esto, lo hagan; nosotros creemos, al igual que ustedes, en las instituciones, pero la justicia que no es oportuna, es propaganda.

Entonces, si va a llegar el final de la elección, una vez que se hayan ejercido estos cientos de millones de pesos destinados a la compra pura y dura del voto, si seguimos sin investigar y sin resolver todas las acciones de violencia que se han venido dando, y todos estos programas que no tienen un sustento en el combate a la pobreza, tienen un sustento en obtener una ventaja ilegal e indebida.

Y, por eso, y en el sentido, atendiendo los tiempos, para terminar de manera sucinta, les solicitamos a ustedes que ojalá contemos con su buena voluntad para que la Comisión Permanente de este Congreso exhorte respetuosamente a la FEPADE para que resuelva, investigue y eventualmente consigne a los responsables de estos delitos que se están cometiendo, en particular, por una coalición.

También para que esta Comisión exhorte de manera respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que investigue el desvío de los recursos y manipulación con fines electorales en esta Delegación Coyoacán, y también se exhorte al gobierno de la Delegación Coyoacán para que se conduzca con apego a la legalidad, bueno, también se vale la buena voluntad, si no lo han dicho nunca, bueno, esperemos que en este último jaloncito tengan una epifanía moral y descubran que hay que respetar las leyes, en particular, en materia de servidores públicos y las medidas de protección para los eventos públicos que se realicen en esta demarcación.

Por su apoyo y por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Fernández. Se turna su punto de Acuerdo y solicitud a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la palabra, la compañera Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo relacionado con el derecho a la educación media superior para las personas con discapacidad en nuestro país.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, con su venia, Señor Presidente. Señoras y señores:

Hay que recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en nuestro país en diciembre del 2006, contribuimos como Estado a que pronto entrara en vigor.

Hay que destacar que en el mundo, en el siglo XXI, fue la primera Convención en aprobarse de manera universal como un tratado en materia de derechos humanos, más allá que en el siglo XX entraron en vigor muchísimos, está Convención tuvo ese gran mérito de ser el primer Tratado Internacional del siglo XXI en entrar en vigor en todo el mundo.

¿Qué es lo que establece la Convención para definir a las personas con discapacidad? Lo define, y lo voy a leer textual:

“Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

México ha hecho esfuerzos interesantes, tiene una comisión encargada de atender, desde la política pública, a las personas con diversa discapacidad. Tiene, hay que recordar lo emblemático de Conapred, y cómo hemos avanzado en reformar la ley aquí en esta Legislatura que está a punto de terminar, hemos impulsado reformas importantísimas a la ley contra la discriminación, donde tiene un capítulo importante de atención a las personas con diversa discapacidad.

Hemos logrado etiquetar recursos para lograr que su incorporación sea efectiva, como cualquier persona, que puedan remontar las dificultades y tener acceso a todos los derechos, como cualquier persona; sin embargo, hay que decirlo, hay dificultades que también tenemos que evidenciar.

A diez años de conmemorar la Convención hicimos un evento aquí en el Senado de la República, con una gran participación, y nos llamó la atención que al final de la reunión, de las discusiones, incluso, algunas intervenciones protocolarias de algunos funcionarios, también de las organizaciones no gubernamentales, vino la realidad, una gran cantidad de personas de diversas edades se manifestaron literalmente con sus pancartas diciéndonos: “A ver, aquí estamos nosotros, necesitan vernos”.

¿Quiénes son?

¿Quiénes eran?

Personas de todas las edades, hombres, mujeres, con diversas situaciones de discapacidad, venían acompañadas de sus familiares y, por supuesto, también acompañadas de asesores que están integrados en los Centros de Atención para Personas con Discapacidad, lo que se conoce como los CAED, que están inscritas en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública, y ahí nos manifestaron distintas irregularidades en donde reiteradamente enfrentan enormes dificultades para que estos centros, que no están debidamente institucionalizados en el marco del sistema educativo, están permanentemente en desventaja.

Ya tenían cuatro, cinco meses, en donde las asesoras y asesores no están recibiendo sus cursos para poder atender a quienes están estudiando en el sistema medio educativo la carrera del bachiller y, por supuesto, nos llamó la atención que esta situación prevaleciera cuando de repente, cuando se trata de este tipo de programas, se festeja con bombo y platillo, pero en la realidad, a la hora de que los atendimos, a la hora de que convocamos una reunión específica, nos enteramos de las enormes deficiencias que tienen.

Son alrededor de mil 500 personas en su carácter de asesoras y asesores, ni siquiera son reconocidos como maestros, como profesores.

Quienes brindan estos servicios educativos, además lo tienen que hacer de manera particular, dependiendo la persona con la discapacidad que le caracteriza.

Están ahorita atendiendo o debiesen atender de manera regular alrededor de 23 mil estudiantes, hombres y mujeres de distintas edades.

Si estamos hablando de alrededor de 290 centros en el país, pues estamos hablando de una atención, de un universo importante de inclusión de personas con discapacidad, lo que puede ser la pauta para la incorporación de muchísimas más que hoy están sufriendo una gran discriminación, una gran exclusión y nadie les toma en consideración.

Siempre, en los trámites con la Secretaría de Educación Pública, se argumenta, o es que hubo cambios, o es que los recursos están etiquetados de otra manera, o es que no hay formalidad, o es que necesitamos revisar la institucionalidad, o son ya grandes.

Me parece que ese tipo de cosas son verdaderamente lamentables.

Entonces, sí conmemoramos una Convención.

Decimos, México, qué bien, participó en que esta Convención fuera a entrar en vigor en el mundo, hay recursos etiquetados pero a la hora de la hora encontramos la realidad.

Termino diciendo que es lo que se requiere, pues los derechos laborales que cualquier persona requiere por su trabajo, además de la capacitación, de la profesionalización para que cada vez puedan tener mejores condiciones de atender a toda esta población.

Por supuesto, necesitan tener formalidad, ya no hablo, tengo una intervención larga que voy a plantear, que quede inscrita en el Diario de los Debates, si es usted tan amable, señor Presidente.

Pero sí quiero dejar asentado que este punto de Acuerdo va dirigido a la Secretaría de Educación Pública para que se garantice darle atención, institucionalidad y forma, a todos estos centros de atención de educación para personas con diversa discapacidad y, por supuesto, se resuelva ya la demanda de que se les pague a las asesoras y asesores que se encargan de atender a casi 30 mil personas con distinta capacidad y, por supuesto, también es necesario que Conapred se apreste igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hace cosas muy importantes.

Yo aquí he venido en esta tribuna a recordar lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de hacer nuestros los distintos estudios, recomendaciones, etcétera, informes, pero hoy sí han sido señalados de que están en falta en la atención de las demandas que todas estas personas le han presentado.

De tal manera que sí necesitamos que se apreste.

Ya no plantee que fuera de urgente resolución, pero espero que la comisión que va a atender este punto de Acuerdo pueda atenderlo en sus términos, sobre todo a los puntos de Acuerdo que hemos consensado con las familias, con los alumnos y las alumnas y, por supuesto, con las y los asesores.

De tal manera que en sus méritos lo que estoy haciendo es simplemente venir a traer un compromiso adquirido con todas estas personas.

Gracias por su atención.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora De la Peña. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que inscriba el texto íntegro del punto de Acuerdo de la Senadora De la Peña. Y se turna su propuesta a la Segunda Comisión.






Tiene la palabra, para cerrar el capítulo de puntos de Acuerdo, nuestro compañero Diputado José Sandoval Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de Acuerdo relacionado con el cobro de cuotas en las escuelas públicas.

El Diputado José Sandoval Rodríguez: Muchas gracias, Diputado Presidente. Buenas tardes nuevamente compañeras y compañeros legisladores.

Para el Partido Verde, reafirmar la gratitud en la educación pública ha sido uno de los temas más recurrentes e importantes de nuestra agenda legislativa.

Como muestra de lo anterior, en el año 2013, a propuesta de nuestra bancada, se incluyó una modificación al artículo 6o. de la Ley General de Educación para prohibir el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

La reforma mencionada fortaleció el derecho que todos los mexicanos tienen en la educación básica gratuita y, además, se dieron mecanismos a los padres de familia para evitar exigencias en el cobro de cuotas obligatorias, dejando claro que la educación que imparta el Estado no está condicionada a ningún tipo de pago.

No obstante lo anterior, aún existen quejas por parte de padres de familia quienes denuncian que algunas autoridades escolares o padres de familia que integran las mesas directivas, condicionan la inscripción o la entrega de documentos al pago de una cuota obligatoria.

Recordemos que la reforma educativa tiene como principal objetivo garantizar que todas las niñas, los niños y los jóvenes tengan acceso efectivo a una educación pública, laica, gratuita y de calidad, y nadie puede estar por encima de este derecho.

La intención de presentar este punto de Acuerdo es exhortar a la Secretaría de Educación Pública, así como a las dependencias homólogas de cada estado para que a la medida de sus posibilidades presupuestarias hagan una mayor difusión de los medios que existen para denunciar el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas y simplemente más estrategias con la finalidad de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley General de Educación, para que las cuotas o donaciones a las escuelas sean estrictamente voluntarias.

El derecho a la educación es un derecho humano vital para el desarrollo económico, desarrollo social y cultural de todas las sociedades.

Por ello, les pido, respetuosamente, compañeras y compañeros legisladores, se sumen a este punto de Acuerdo en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes.

La ley está para cumplirse. No más cuotas obligatorias en nuestras escuelas públicas.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

Quienes suscriben, Dip. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para el Partido Verde reafirmar la gratuidad en la educación pública ha sido uno de los temas más recurrentes e importantes en su agenda legislativa; en tal sentido, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 6º de la Ley General de Educación establecen que la educación pública que el Estado imparta será gratuita.

A propuesta del Partido Verde, la legislación secundaria de la Reforma Educativa, incluyó la modificación al artículo 6° de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

“Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.”

La reforma anterior ratifica el derecho que tienen todos los mexicanos a la educación básica gratuita y se dan herramientas a los padres de familia para evitar exigencias en el cobro de cuotas obligatorias.

De lo anterior se desprenden dos puntos a resaltar: 1) La educación que imparta el Estado no está condicionada a ningún tipo de pago; y 2) Cualquier tipo de aportación para el servicio educativo, en la cual no debe mediar ninguna exigencia o condicionamiento, se entenderá como donación o cuota “voluntaria”.

La intención de presentar este Punto de Acuerdo es solicitar a la Secretaría de Educación Pública, así como a las dependencias homólogas de cada Estado, que, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, generen estrategias para vigilar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley General de Educación y que las cuotas o donaciones que reciben las escuelas públicas en nuestro país sean estrictamente voluntarias.

Lo anterior en virtud de las constantes quejas por parte de padres de familia, quienes denuncian que algunas autoridades escolares o padres de familia que integran las juntas generales o mesas directivas de las escuelas condicionan la inscripción o la entrega de documentos al pago de una cuota.

Uno de estos casos tuvo lugar en el estado de Veracruz1, en donde la presidenta de la sociedad de padres de familia de la Escuela Primaria Leona Vicario despojó a alumnos de los libros de texto que entrega la SEP, los cuales son gratuitos,  porque sus padres no habían pagado las cuotas de recuperación. Lo anterior motivó que el Delegado Federal de la SEP en Veracruz presentara ante el Ministerio Público la denuncia de hechos correspondiente.

Otro caso se dio en Aguascalientes2, donde el gobierno estatal decidió destinar recursos públicos para subsidiar el cobro de cuotas en las escuelas, lo cual representa la aceptación implícita de esta práctica que se vuelve ilegal, como ya se señaló, cuando su pago es la condición para la prestación del servicio educativo. Dicho sea de paso, la ciudadanía ha pedido al Gobierno del Estado aclarar el destino del referido subsidio pues existen quejas de que un porcentaje importante del mismo no ha sido ejercido.

Recordemos que la Reforma Educativa tiene como principal objetivo garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso efectivo a una educación pública laica, gratuita y de calidad y nadie puede estar por encima de ese derecho.

En virtud de los motivos aquí expuestos, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a las dependencias homólogas de cada Estado, para que, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, se haga una mayor difusión de los medios que existen para denunciar el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas y se implementen más estrategias con la finalidad de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Educación para que las cuotas o donaciones a las escuelas sean estrictamente voluntarias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 16 de mayo de 2018.

SUSCRIBEN DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Eloísa Chavarrias Barajas.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.-Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.

1 Véase, "Denuncia SEP a presidenta de Sociedad de Padres de Familia por despojo de libros de texto a niños cuyos padres no pagaron cuotas”, Secretaría de Educación Pública, 06 de septiembre de 2016. Disponible en:
https://www.gob.mx/sep/articulos/denuncia-sep-a-presidenta-de-sociedad-de-padres-de-familia-por-
despojo-de-libros-de-texto-a-ninos-cuyos-padres-no-pagaron-cuotas?idiom=es

2 Véase, “Piden aclarar destino del subsidio a cuotas escolares en Aguascalientes”, La Jornada Aguascalientes, 22 de marzo de 2018. Disponible en:
http://www.lja.mx/2018/03/piden-aclarar-destino-del-subsidio-a-cuotas-escolares-en-aguascalientes/

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, compañero Diputado Sandoval.

Se ha agotado el capítulo de puntos de Acuerdo.

Déjenme hacerles dos consideraciones relacionadas con el Orden del Día de la sesión del día de hoy.






Había enlistadas 42 iniciativas, se leyeron nueve o diez. De acuerdo a la regla del desarrollo de las sesiones, las iniciativas pueden estar registradas solamente por dos sesiones. Ésta es una. Así es que el grupo parlamentario que tenga interés en conservar su iniciativa para la siguiente sesión, solamente tiene que notificarlo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ miembro de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA Y REFORMA DISTINTAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, provocan que la sociedad no confíe en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, derivado de la falta de transparencia, rendición de cuentas y de resultados a la sociedad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2017 elaborada por el INEGI, arrojó que el 65.7 por ciento de quienes tienen 18 años o más creen que los Ministerios Públicos son corruptos; 67.6 por ciento de la población cree que los jueces están vinculados a prácticas de corrupción y sólo el 53.4 por ciento de los ciudadanos cree que los Ministerios Públicos son eficaces en su trabajo.1

De acuerdo con el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, en México hay “alrededor de 90 mil personas se encuentran en prisión  preventiva, lo cual equivale a un poco menos de la mitad de los internos del sistema carcelario mexicano”2, contraviniendo el principio de presunción de inocencia que se establece en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una encuesta coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa en los Centros Federales de Readaptación Social en 2012, arrojó que sólo 59 por ciento de quienes se encuentran en la cárcel por un delito del fuero común han recibido una sentencia condenatoria; en tanto que, en el ámbito federal, han sido solo un 53.3 por ciento; es decir, más de la mitad guarda una calidad de procesado, lo cual implica que de los 48 mil 66 internos contabilizados en el año 2012, un total de 25 mil 619 se encontraban en la cárcel sin haber recibido todavía una sentencia condenatoria.

De igual manera, tan sólo en “en 2016, la defensoría federal atendió a 676 indígenas que están encarcelados bajo el anterior Sistema de Justicia Penal y a 257 que están bajo el nuevo modelo, que procura evitar que el prisionero pase más de dos años en prisión sin sentencia. Hay defensores que tramitaron hasta 150 casos en un año”3. Sin embargo, “en México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español.”4 En ese sentido, la insuficiencia de abogados defensores, o intérpretes y traductores que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas pertenezcan, constituye un “verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable.”5

El Estado ha recurrido a la creación de una política criminal como pilar, en donde la prisión es “la respuesta pertinente ante las conductas antisociales”.6 Pero como dice el Dr. José Buendía Hegewish, “Si el crimen rebasa a la autoridad en las calles de algunas ciudades del país, la prisión es el último reducto del monopolio del Estado”,7 por lo que perder el control de las cárceles evidencia un Estado incapaz de mantener la seguridad y la paz para su gente.

La autoridad no logra controlar ni sobreponerse a la voluntad de los presos. Según México Evalúa, en 65 de los 101 centros visitados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encontró autogobierno o cogobierno.8 Frecuentemente en lugar de servir como centros de readaptación, estos funcionan como núcleos de formación para criminales donde se unen a bandas delictivas, incrementando la inseguridad.

La situación actual del sistema penitenciario mexicano es deplorable, los presos viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que violan los derechos humanos. En 2006, la capacidad instalada en los centros federales era de 6,192 internos, para enero de 2012 la capacidad total ascendió a 17,680 internos, lo que representa un incremento del 185 por ciento en su capacidad instalada. En Las Islas Marías el incremento es aún mayor, pues pasaron de tener 915 internos en 2006 a una población de 7,812 en agosto de 2012, lo que significa un incremento del 263 por ciento en su capacidad instalada.9

En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que México cuenta -en 130 prisiones estatales, 21 centros federales de máxima seguridad y tres prisiones militares- con una población carcelaria de unos 247,000 presos, y, en su mayoría, presentan deficiencias graves que van desde sobrepoblación hasta el autogobierno; sólo las cárceles de Guanajuato están en buenas condiciones, el resto tienen problemas, y en 13 estados las carencias se vuelven graves y urgentes10.

De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó -el 27 de febrero de 2018-, el “INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE BAJA CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA”, que detalla que, de 109 Centros Penitenciarios de baja capacidad en el país, 48 de ellos enfrentan problemas de hacinamiento y sobrepoblación crítica, que impide otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social11.

La CNDH indicó que, de las 204 mil 617 personas privadas de la libertad en México, 13 mil 197 se encuentran en 109 centros con capacidad menor a 250 espacios y son dependientes de autoridades estatales, que en su mayoría no cuentan con infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen penitenciario12. Así, las cárceles de baja capacidad con sobrepoblación crítica se encuentran en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz13.

Por otra parte, de acuerdo con datos oficiales publicados por el gobierno federal en respuesta a una solicitud de transparencia, en México existen 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales 178, sufren sobrepoblación, y, de éstos, hay 10 cuya capacidad está rebasada entre un 300 y 600 por ciento14. Asimismo, la mayoría de los penales estatales que se encuentran sobrepoblados; y, el 75 por ciento, alberga tanto a reos locales como federales15 -la cifra de reos federales asciende a los casi 25 mil16-. Los datos oficiales detallan que, en total, existen 244 mil personas presas en México, las cuales tienen espacio para 209 mil 481 reos; es decir, hay 34 mil 709 personas presas en condiciones de hacinamiento17.

Un sistema penitenciario sobrepoblado crea condiciones para la violación de derechos humanos y es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos productivos.18 Violando los principios establecidos en el artículo 18 constitucional que establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

Según el diagnóstico “Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario” de México Evalúa, en la mayoría de los centros; las condiciones de higiene, la calidad de los alimentos, así como el acceso a servicios de educación, son deplorables, la atención y el equipamiento instrumental médico dentro de las cárceles son insuficientes. Además, no hay una separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres y la mayoría no tienen mecanismos para prevenir eventos violentos.

Según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en las 21 cárceles federales de México hay alrededor de 22,731 internos. En 2012, la manutención de los reos costó más de 1,700 millones pesos, lo que equivale a más de 4 millones 600,000 pesos diarios, es decir, 202.36 pesos diarios por preso. No obstante, un reporte público de la Comisión Nacional de Seguridad detalla que para esa misma fecha había otros 26,140 reos del fuero federal en prisiones estatales, principalmente por razones de espacio, cuyos costos de manutención son cubiertos por las autoridades locales.19

Consecuencia de ello, recientemente la Corte de Casación de Roma, Italia, que maneja el caso del ex gobernador priista Tomás Yarrington, negó su extradición a México, debido a las múltiples violaciones a derechos humanos que se reportan de manera consistente en las cárceles mexicanas. Por ello, el Tribunal de Apelación de Florencia -al que será devuelto el caso- tomará en cuenta las denuncias realizadas a los centros penitenciarios mexicanos antes de tomar una decisión definitiva20.

La presente iniciativa busca incidir en uno de los problemas del sistema penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y sus consecuencias. México Evalúa a través de su estudio “Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario” señala que “el uso y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema”. A pesar de que el número de presos continúa aumentando, más de la mitad de los mexicanos no se sienten protegidos ni seguros21. Debemos de entender que la encarcelación masiva no es la solución a los problemas estructurales que producen la violencia; como lo son la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades. Un sistema penitenciario sobrepoblado es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos productivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos eliminar  la prisión preventiva oficiosa, así como los delitos inexcarcelables. Tendrá que ser cada juez quien solicite la sanción preventiva a partir de la evaluación de las circunstancias concretas de cada caso, tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad, y no en función del delito imputado.

Cabe mencionar que la presente iniciativa se presenta, en conjunto con otra diversa por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la prisión preventiva. Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que deroga y reforma distintas disposiciones del Código Penal  Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción IV y se reforma el tercer párrafo, ambos del artículo 70, la fracción II del artículo 84; y, se derogan los incisos g), h), e i) de la fracción I, así como la fracción III, del artículo 85, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:

I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años;

II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cinco años, o

III. Por multa, si la prisión no excede de tres años.

IV. Beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años.

[...].

Artículo 84. Se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;

II. Que del informe técnico que rinda la autoridad competente se presuma que existen condiciones de reinserción social del sentenciado y de no volver a delinquir, y

III. Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego.

[...]

a). [...];

b). [...];

c) [...];

d). [...].

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

a) [...];

b) [...];

c)[...];

d) [...];

e) [...];

f) [...];

g) (Se deroga);

h) (Se deroga);

i) (Se deroga);

j) [...];

k) [...], o

l) [...].

II. [...];

III.[...].

IV. [...].

[...]

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 140, la fracción primera del 150, el párrafo primero del artículo 165, y, el artículo 167; y, se deroga la fracción tercera del artículo 21, así como el tercer párrafo del artículo 420, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 21.En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I.     [...];

II.    [...];

III.  (Se deroga)

IV. [...];

V.  [...];

VI.  [...];

VII.  [...];

VIII. [...], o

IX. [...].

[...].

Artículo 140. [...]

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de casos donde no exista riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o no exista riesgo para la víctima o la sociedad y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponer una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código.

[...]

Artículo 150. Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión.

II. [...]

III. [...].

Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva sólo por causas de riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o exista riesgo para la víctima o la sociedad. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código.

[...]

Artículo 167. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Artículo 420. Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se deberá expedir la legislación secundaria relativa al beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia.

TERCERO. La Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 20 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto, realizará las modificaciones necesarias para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, a efecto de otorgar a todas las Instituciones encargadas de la operación del nuevo régimen de reinserción social, modificación y duración de penas, los recursos económicos para proveer de recursos humanos y materiales para su funcionamiento, y para la infraestructura que permita la creación y la adecuación del beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. Jorge Álvarez Máynez.

1 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Principales Resultados. Presentación ejecutiva”, INEGI. Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf (consultado el 12 de abril de 2018).

2 ZEPEDA LECUONA, Guillermo, ¿Cuánto cuestala prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, OPEN SOCIETY INSTITUTE, 2009, Monterrey, N.L.. Disponible en:
http://ijpp.mx/images/Costos%20Mexico_Final.pdf
(consultado el 17 de abril de 2018), p. 15.

3 “México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena”, Animal Político. Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/04/mexico-8000-indigenas-prision-sin-condena/ (consultado el 17 de abril de 2018).

4 Idem.

5 Idem.

6 ZEPEDA, Guillermo, Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario, México Evalúa. Disponible en:
http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf
(consultado el 17 de abril de 2018).

7 Buendía Hegewisch, José, “Seguridad Nacional en un hoyo negro”, Excélsior, sección de opinión, 16 de julio de 2015. Disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-hegewisch/2015/07/16/1034935
(consultado el 17 de abril de 2018).

8ZEPEDA, Guillermo, op. cit., supra nota 6.

9 PEREZ, catalina y AZAOLA Elena, Resultados de la Primera Encuesta realizada a Poblacio?n Interna en Centros Federales de Readaptacio?n Social, CIDE, 2012. Recuperado de
https://publiceconomics.files.wordpress.com/2013/01/encuesta_internos_cefereso_2012.pdf

10 “Cárceles de México, con sobrepoblación y autogobiernos”, El Economista. Disponible en: ]
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carceles-de-Mexico-con-sobrepoblacion-y-autogobiernos-20160412-0160.html

11 “INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE BAJA CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA”, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//Informes/Especiales/CENTROS-BAJA-CAPACIDAD.pdf

12 Idem.

13 Idem.

14 “Las 10 cárceles más saturadas de México; la sobrepoblación alcanza hasta 600%”, Animal Política. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2016/07/las-10-carceles-mas-saturadas-mexico-la-
sobrepoblacion-alcanza-600/

15 Idem.

16 Idem.

17 Idem.

18 ZEPEDA, Guillermo op. cit

19 TORRES, Mauricio, Mantener a los reos de cárceles federales cuesta 4.6 millones al día,obtenido de http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/06/22/mantener-a-los-reos-de-carceles-federales-cuesta-46-millones-al-dia

20 “Italia niega a México la extradición de Yarrington por las violaciones a derechos que hay en cárceles mexicanas”, Animal Político, sección Nacional, 10 de abril de 2018. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/04/italia-niega-extraditar-a-yarrington-al-pais-por-violaciones-en-ddhh-de-mexico/ (consultado el 17 de abril de 2018).

21 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Principales Resultados. Presentación ejecutiva”, INEGI, op. cit., supra nota 1.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(Presentada por el Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; SE DEROGA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS PARA LA ACTUACIÓN DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Presentada por el Diputado Jorge Álvarez Máynez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 EN SU FRACCIÓN XXIX-C Y EL ARTÍCULO 115 EN SU FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado José Nuño Guzmán, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El suscrito, JOSÉ NUÑO GUZMÁN Diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55,176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS EN EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS EN FORMA OBLIGATORIA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Es el Poder Legislativo en el que recae una de las responsabilidades más grandes de este país, ya que es de ahí en dónde emanan y se modifican las leyes federales que rigen a nuestro país, para propiciar la convivencia armónica y generar políticas públicas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Las prácticas del sistema político nacional han sido modificadas con base a las necesidades políticas, económicas y sociales que cada contexto y momento histórico plantean, con la finalidad de que estas sean funcionales. Pero, sobre todo con la finalidad de atender las demandas más sentidas de la ciudadanía y ante tal realidad que cada legislador asuma el compromiso por el cual funge como representante de la Soberanía popular a través de su ejercicio como legislador en esta Cámara de Diputados.

Por ello, los legisladores de nuestro país tienen la obligación moral y laboral de velar por los derechos de los ciudadanos, el rol que juegan en la sociedad es muy importante ya que son la voz que representa al pueblo mexicano, por lo tanto, es imperante que desempeñen un papel digno y responsable dentro de las atribuciones que se les confiere en nuestra Carta Magna, como la siguiente:

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. […]

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. a IV. […]

Resulta fundamental señalar que cada legislador debemos tener claro cuál es nuestra plataforma y los compromisos legislativos adquiridos y comprometidos en el proceso de consulta y campaña para la obtención del voto ciudadano para traducirlo en el trabajo legislativo, en sus diferentes rubros y necesidades de acuerdo a la entidad federativa que representamos, como son la seguridad pública, educación, corrupción, igualdad de género, grupos vulnerables, niños y niñas, entre otros temas relevantes.

A pesar de la importancia de la responsabilidad que en los legisladores recae, hoy en día se puede percibir la ausencia de productividad de estos. Lo anterior puede verse reflejado de una manera sencilla en los sitios oficiales que contienen la información personal y laboral de los legisladores.

Y es que existe una gran brecha productiva entre un legislador y otro, de acuerdo con la información de la plataforma de información “Atlas Político”, que fue realizada por 3 estudiantes de la Universidad de Harvard, uno de ellos de origen mexicano, en donde se evaluó con un ranking 5 indicadores a los legisladores de la LXII Legislatura.

El primer indicador es el activismo legislativo (número de iniciativas de ley); el segundo es la Auditoría Legislativa (Puntos de acuerdo); el tercero es el Debate Parlamentario (intervenciones en tribuna); el cuarto mide las asistencias del legislador, y el quinto la transparencia, es decir, si hizo públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, entre otros.

Con base a esto, dicha plataforma calificó a los diputados y senadores de la LXII Legislatura. El diputado mejor calificado presentó a nombre propio 143 iniciativas, 261 puntos de acuerdo, 457 intervenciones en tribuna y obtuvo 93.4 por ciento de asistencia y en la colegisladora la senadora con mejor puntaje presentó 124 iniciativas, 134 puntos de acuerdo, tuvo 100 intervenciones en tribuna y el 98 por ciento de asistencias.

En contraste,  el Diputado que obtuvo un menor porcentaje de calificación basándose en la misma legislatura, no presentó ninguna iniciativa ni punto de acuerdo a nombre propio, su historial solo presenta adhesiones y suscripciones al trabajo de los demás diputados, no tuvo registro de intervenciones en tribuna y su porcentaje de asistencia es de 55.4 por ciento, mientras que en el senado el peor evaluado presentó 16 iniciativas y 9 puntos de acuerdo a nombre propio, no tiene registro de participaciones en tribuna y su porcentaje de asistencia es del 63 por ciento.

En la legislatura en mención al menos 39 diputados no presentaron iniciativas ni puntos de acuerdo a nombre propio, lo que significa que casi el 10 por ciento del total de los diputados no realizó ninguna aportación a su trabajo legislativo, sin embargo, recibieron el mismo sueldo que todos y cada uno de sus compañeros legisladores.1

Actualmente en esta LXIII Legislatura, el Grupo Parlamentario del PRI quienes cuentan con 207 diputados desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2017, en conjunto habían presentado 748 iniciativas turnadas a las diferentes comisiones, es decir que por cada diputado se han presentado aproximadamente 3.6 iniciativas en el periodo señalado. A diferencia de Los diputados de Movimiento Ciudadano, se presentaron 420 iniciativas, lo que da un promedio de 18.2 propuestas por integrante.2

Ejemplo de lo anterior, puede señalarse al legislador del PRI Pedro Alberto Salazar Muciño que hasta la presentación de esta iniciativa no cuenta con ninguna iniciativa o punto de acuerdo como proponente en todos estos meses como Diputado Federal y que pone en evidencia que algunos legisladores no cumplen con su trabajo legislativo a pesar de tener la facultad para ello. 3

II. Los Diputados en esta Cámara de Diputados estamos obligados a entender y atender las necesidades de nuestra sociedad, la constante evolución de la población nos obliga a revisar y proponer cambios que adecuen nuestras normas, ya que, cada una en los diferentes temas son perfectibles.

La facultad irrestricta para la presentación de iniciativas se ubica en el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 77 numeral 1 en lo siguiente:

Artículo 77.

1. El derecho de iniciativa es irrestricto, pero en el caso de las que presenten las diputadas y los diputados, su turno se sujetará a los requisitos y trámites establecidos en este Reglamento.

2. a 4. […]

Por ello, las agendas legislativas de cada Grupo Parlamentario representan el reconocimiento de los derechos y obligaciones y que revisten la incorporación y la oportunidad de realizar los cambios necesarios. Entre ellos adecuar y atender la problemática de las diversas voces que reclaman la poca productividad de algunos legisladores.

Múltiples temas deben ser abordados, las propuestas que pueden ser presentadas y enriquecidas como un instrumento valioso a que tenemos derecho como legisladores y la obligación de realizar nuestras funciones tomando en cuenta la realidad que conforma la sociedad y la exigencia constante de apertura de dialogo entre la clase política y la ciudadanía.

Esta reforma busca impulsar un mayor acercamiento con nuestros representados, la sociedad civil y fortalecer la honrosa responsabilidad de promover iniciativas legislativas derivadas de la apertura de espacios para escuchar las diferentes voces, opiniones y propuestas que nos permitan cumplir con la función legislativa de la mano de la sociedad para juntos lograr el país participativo y próspero que queremos todos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Que adiciona la fracción V bis en el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 8. […]

I. a V. […]

V Bis. Presentar a nombre propio por lo menos una iniciativa y un punto de acuerdo por cada periodo ordinario durante toda la Legislatura.

VI. a XX. […]

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. José Nuño Guzmán.

1 Identifica quien de verdad te represente” Atlas Político Raking, Año 2015, recuperado de: http://www.atlaspolitico.mx/

2Este es el partido que menos iniciativas presenta por diputado en San Lázaro”, Israel Macedo Serna, Nación 3 2 1 (03-01-2017) recuperado de:  http://www.nacion321.com/congreso/este-es-el-partido-que-menos-iniciativas-presenta-por-diputado-en-san-lazaro

3Líderes Sindicales calientan curules; registran poca productividad”, Tania Rosas, Periódico El Excélsior, (21-02-2018) recuperado de:  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/21/1221770






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY GENERAL DE SALUD al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

En la construcción de una cultura de reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos, la nueva tendencia internacional ha retomado como valores básicos superiores la libertad, la igualdad y la dignidad, que han de ser referente en la creación de las normas básicas de Derecho.

Actualmente, en México se cuenta con una amplia legislación que se ha desarrollado para garantizar el acceso a los Derechos Humanos. Lo cierto es que a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, el Estado Mexicano se encuentra obligado a recoger, desde la legislación, los diversos derechos a que somos acreedores y los mecanismos para garantizarlos.

No está de más decir que las Entidades Federativas, en virtud del pacto federal, han de observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, deben garantizar la observancia de los Derechos Humanos.

Así, esta iniciativa estará vinculada a tres conceptos básicos: derecho a la salud, derecho a la identidad y acceso universal a los servicios de salud.

CONSIDERACIONES

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su cuarto párrafo señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y deja al Legislador la facultad de normar los mecanismos idóneos para lograr este fin.

Así, a través de una amplia normatividad que se ha diseñado, se establecen  mecanismos, acciones e instituciones a través de las cuáles se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional, de proteger la salud.

Resaltamos la necesidad de vincular este artículo 4º, y, en consecuencia, el resto de las normas que pretenden reglamentar el derecho humano a la salud, con el artículo 1º de la propia Constitución, en tratándose, primero, de la aplicación del principio de no discriminación previsto por el quinto párrafo del artículo citado, y al mismo tiempo, el imperio de armonizar las normas internas con los instrumentos internacionales en la materia.

Por ello se hace relevante considerar que la armonización de las leyes secundarias en materia de salud,  debe sujetarse a lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como a su Protocolo Facultativo (Protocolo).

Derivado del artículo 12 del PIDESC, el Estado Mexicano ha de observar sus obligaciones y deberes constitucionales en materia de Derechos Humanos refiriéndose, en el caso que nos ocupa, al Derecho al más alto nivel posible de salud, mediante el que deben adoptarse medidas para reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil; asegurar el sano desarrollo de los niños, así como asegurar la asistencia médica a todos, entre otras obligaciones; lo que se vincula directamente con el artículo 10 del mismo instrumento, referido al Derecho a la más amplia protección y asistencia a la familia, mismo que prevé la obligación de prestar protección a las madres antes y después del parto. 1

Es así que la Ley General de Salud, establece en el artículo 1 Bis la definición de salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, siendo una réplica de lo que en el ámbito internacional se define como salud en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, documento que además señala que:

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. (…)

“El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.”2

Para mejor ilustrar enunciaremos lo que la observación número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala respecto del último párrafo antes transcrito, por lo que refiere a la forma de acceder al derecho a  la salud:

a) Disponibilidad: es decir, deberá contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención a la salud y programas.

b) Accesibles: toda persona debe poder tener acceso sin discriminación; también se refiere a la accesibilidad geográfica,  a la económica (asequibilidad) y al acceso a la información en materia de salud.

c) Aceptabilidad: los bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas.

d) Calidad: los bienes y servicios deben de ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.3

Así también, el artículo 2 de la propia Ley General de Salud señala las finalidades del derecho a la protección de la salud, como lo denomina el artículo 4º de nuestra Constitución, en los siguientes términos:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Como se puede ver, la legislación mexicana recoge el concepto internacional de Salud, dentro de su obligación de reconocimiento, defensa y garantía de los derechos humanos.

Ahora bien, es fundamental señalar que en materia de derechos humanos, han de afirmarse los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos.

A través de la concepción de dichos principios, se esclarece la interrelación que existe entre el derecho a la salud y el derecho a la identidad. Es decir, en México el derecho a la identidad se garantiza mediante el registro de nacimiento y la expedición del acta respectiva, según se desprende del mismo artículo 4º de la Constitución en su párrafo octavo:

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”

Del acta de nacimiento se desprenden una serie de documentos de identificación que son solicitados por diversas instituciones públicas y privadas para acceder a los servicios –y ejercer derechos-, que en ellas se prestan –o garantizan-.

Así, un buen porcentaje de la población de México (entre 6 y 14 millones de mexicanos según diversos estudios), no cuenta con registro de nacimiento ni con otro documento que lo identifique –por diversas circunstancias-, y por tanto, se ven privados del resto de sus derechos humanos. Tan solo en Tlaxcala, señala que en 2016 se estimaba que el 10 por ciento de la población no contaba con su acta de nacimiento. 4, 5

La falta de tal documento no debe ser obstáculo para acceder a un derecho tan básico como lo es el de la salud, especialmente en casos de emergencia.

Como es de suponer, no existen cifras oficiales respecto de la negativa a prestar  atención médica por esta causa, más que las notas periodísticas de diversos casos que se han presentado a lo largo de los años en todo el país.6, 7

Ahora bien, de una interpretación sistemática de los preceptos citados, desde una perspectiva de convencionalidad e interpretación conforme, también el legislador está obligado, como parte del Estado, a observar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en el diseño de la ley.

Por lo anterior, tenemos que en general, se observan las líneas internacionales para la garantía del Derecho a la salud por parte de la Federación, sin embargo, aunque se ha pretendido cumplir con la prestación universal de este servicio, no se ha concretado de manera satisfactoria o fehaciente el cometido.

Ni las autoridades federales, ni las estatales, han conseguido con éxito garantizar el acceso universal a los servicios de salud; las estrategias han permitido alcanzar avances importantes, pero no se han consolidado como debieran. Lo más cercano

es la creación del Seguro Popular en 2004, y desde 2014 la federación ha intentado lograr la universalidad a través de diversos convenios con instancias públicas y privadas en las que de entrada, se pretende, den atención a quien lo requiera independientemente de su afiliación o no.

Sin embargo, el avance aún es menor, basta mencionar que apenas en abril del año pasado se celebró el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, con el objetivo de generar la suma de voluntades y capacidades de las partes firmantes, así como el desarrollo de acciones coordinadas y articuladas que permitan a la población tener un acceso efectivo con calidad a los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social o laboral y sin restricciones financieras, geográficas o de oportunidad, a fin de lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud.8

Según Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los Sistemas de Salud: México 2016, con datos de CONEVAL, alrededor de 18% de la población del país reporta no tener seguro de salud.9

Por lo que respecta al tema que nos atañe, hay que señalar que aún y cuando las leyes tienen previstas las generalidades necesarias para la operación, hay temas que se dejan a reglamentos o expedición de Manuales, Normas Oficiales o Técnicas, para establecer requisitos y criterios, aunado a que el servicio se encuentra en manos de personas, que las más de las veces se encuentran poco sensibilizadas en los temas de derechos humanos, por no decir simplemente que no cuentan con la capacitación mínima en esta materia.

Así, tenemos que un buen número de personas que acuden a alguna institución de salud en busca de una atención de calidad que les procure la restauración de su estado, se encuentran ante serias y diversas trabas, por falta de previsión legal por un lado, y por el otro, por falta de sentido común. Ya no digamos, falta de capacitación. Solo por mencionar un ejemplo, citó el caso de la comunidad de Mini Numá, Municipio de Metlatónoc, en el Estado de Guerrero, resuelto vía amparo en julio de 2008, y que refleja la realidad de muchos mexicanos a lo largo y ancho del país.

Evidentemente y las más de las veces, estas personas son de grupos vulnerables o de estratos socioeconómicos bajos, y son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos: son discriminados, se les niega el servicio, se les proporcionan servicios inadecuados, no se les da seguimiento, se abusa de su ignorancia, se les dan altas prematuras, etcétera.

Para terminar de centrar nuestro tema, nos referiremos a aquellas personas a quienes se les niega el servicio por no estar afiliadas a algún esquema en detrimento de su derecho a la protección de la salud, que además terminan siendo discriminados por cualquier razón; o porque no cuentan con un medio de identificación, circunstancias que llevan a la violación flagrantemente de los derechos humanos que les asisten.

Debemos señalar que la no discriminación en materia de derechos sociales, se encuentra explícitamente recogida en el PIDESC, ratificado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 cuyo artículo 2 numeral 2 dispone lo siguiente:

“2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Millones de mexicanos, viven sin acta de nacimiento, y en consecuencia son invisibles jurídicamente para el Estado porque no “existen”, lo que no se ha dicho, es que aún y cuando no cuenten con documentos que les acredite la identidad por su estado vulnerable, estas personas sí “existen” y tienen  derechos que deben ser tutelados. 

El derecho a la salud es uno de ellos, y aunque los requisitos de afiliación se establecen en Reglamentos, Manuales y Normas Mexicanas, o en circulares administrativas o decretos gubernativos de creación de programas o instancias, no puede violentarse un derecho tan esencial como lo es el de la salud. Cabe señalar que la afiliación es una cosa la atención de emergencia es otra. Es en esta última en la que se requiere asegurar el servicio, antes que el cumplimiento de requisitos, dado que hay temas de salud que son inaplazables.

No puede anteponerse la tramitología a la atención, por ejemplo, de una mujer de una comunidad alejada, donde el Estado no ha logrado llegar para afianzar el derecho a la identidad a través de la expedición de actas de nacimiento –ya no digamos el derecho a la salud, porque  no hay instancia de salud que atienda a la población de dicha comunidad-, reitero, una mujer que llega con complicaciones y a punto de dar a luz. Circunstancia que además, va en detrimento de la protección y los derechos del menor por nacer, desde la atención médica que requiera, hasta el registro del mismo, por no tener acta la madre. Debe romperse el círculo vicioso y garantizar, a través de políticas transversales, los Derecho Humanos de los Mexicanos.

Por ello, se hace necesario que quede establecido en la Ley General de Salud, que ante la necesidad de atender a una persona que solicita un servicio en cualquier instancia de salud, se le atenderá en ese momento y se orientará en lo subsecuente para que regularice su situación jurídica por lo que hace a la generación de documentos que le dan identidad e identificación, y que le garantizan de por sí un derecho, para poder acceder a los programas y demás derechos reconocidos por la Constitución y otras normas, sean de la índole que sean.

Del mismo modo, la atención médica debe privilegiarse y no el pago de cuotas, así que en el mismo sentido, de ser necesario, ha de brindarse la atención médica, y después hacer los estudios socioeconómicos respectivos para verificar la posibilidad y proporcionalidad en el pago del servicio que se haya otorgado.

Lo anterior está en perfecta congruencia, en tanto que se prevé en el artículo 35 de la Ley General de Salud, que los servicios públicos a la población en general son los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, tal como señalamos antes, y anteponiendo la dignidad humana a la tramitología.

Por otro lado, tenemos que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece como objetivo número 6 Avanzar en la Construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, que no ha sido consolidado y que ha quedado, como ya señalamos antes, en la intención de llevar servicios de salud a todos los habitantes de este país.

Cito: Esta administración está comprometida a lograr que la población mexicana esté protegida continuamente por un esquema de aseguramiento público, porque reciban una atención más homogénea y porque haya una operación integrada y con mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud.10

Aunado a lo anterior en 2015 se publicó un documento de arranque, por parte de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, sobre el Modelo de Atención Integral de Salud (MAI), que viene a ser la renovación de la estrategia para la creación de un modelo de atención que data la década de los ochenta con el Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta (MASPA) y que más tarde, en el año 2000 se diseñó el Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS) con un enfoque de integrar funcionalmente al sector salud.

Lo fundamental de esta acción, según el documento citado, es retomar las mejores prácticas de ambos modelos para integrar el MAI, resaltando el desarrollo de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en la renovación de la Atención Primaria de Salud, más específicamente de las comunidades geográficamente complicadas, estrategia que debe ser fortalecida y coordinada entre la Federación y las Entidades Federativas, para alcanzar la cobertura universal en apego a los estándares internacionales.  11

Finalmente, es la participación social fundamental para el éxito de cualquier política pública, en este caso de salud, que además permite, desde los artículos 57 y 58 de la Ley General de Salud, una intervención activa y proactiva de la sociedad para la mejora de la salud de la población.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 53 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 53.-

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas deberán garantizar en todo momento los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad conforme a los estándares internacionales de los servicios de salud.

Toda atención médica de urgencia, será prestada aún en los casos en que el paciente no cuente con medio de identificación. Una vez restablecido su estado de salud, se le dará orientación para que regularice su estado jurídico.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Entidades Federativas, contarán con un término de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar los ajustes a la legislación correspondiente.

Tercero. La Federación y las Entidades Federativas deberán asignar los recursos necesarios para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Cuarto. Todas las instancias de encargadas de brindar servicios de salud, en el ámbito de su competencia, deberán ajustar sus cuerpos normativos en un término de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDESCyPF.pdf.
Consulta realizada el 17 de agosto de 2017.

2 http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7.
Consulta realizada el 9 de agosto de 2017.

3 http://observatoriopoliticasocial.org/derecho-a-la-alimentacion/.
Consulta realizada el 19 de abril de 2018.

4 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/476742-el-10-de-la-poblacion-carece-de-acta-de-nacimiento. 
Consulta realizada el 1 de septiembre de 2017.

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/06/22/sin-acta-14-millones-de-mexicanos-0
Consulta realizada el 1 de septiembre de 2017.

6 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/falta-de-actas-escrituras-lo-mas-comun-en-justicia-cotidiana.html. 
Consulta realizada el 20 de agosto de 2017.

7 http://laguna.multimedios.com/laguna/no-los-atienden-en-hospital-infantil-por-falta-de-acta-de-nacimiento. 
Consulta realizada el 20 de agosto de 2017.

8•https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/77385/ACUERDO_NACIONAL_FIRMADO_7_ABRIL_2016.pdf. Consulta realizada el 31 de agosto de 2017.

9•https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf. Consulta realizada el 20 de agosto de 2017.

10 http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/index/ps_2013_2018.pdf.
Consultado el 30 de agosto de 2017.

11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83268/ModeloAtencionIntegral.pdf.
Consultado el 31 de agosto de 2017.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY MINERA

(Presentada por la Diputada Hilda Miranda Miranda, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Presentada por la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y LOS ARTÍCULOS 5A Y 251 LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la definición dada por el INEGI, a través del glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los trabajadores independientes, o freelancers, son profesionistas que se emplean por su cuenta, como informales, cuentapropistas o personas que trabajan desde su hogar sin estar dados de alta en la nómina de alguna empresa. Los trabajadores independientes disponen de sus propias herramientas o medios de producción y buscan su materia prima y/o clientes; son dueños del bien o producto que elaboran o que venden; deciden cómo y dónde promover sus productos y/o servicios enfrentando el riesgo económico de perder o ganar.

Los trabajadores independientes están completamente desprotegidos por la ley. De hecho es una práctica común que las empresas aprovechen esta figura para contratar empleados temporales, sin contratos y también para tener empleados fijos sin darles prestaciones de ley. Hay empresas que incluso arrancan proyectos financiados con sueldos de los propios trabajadores, lo que implica una violación de los derechos de los trabajadores.

Desde hace un par de años se identificó un patrón de crecimiento significativo: en 2015 los trabajadores independientes en el país aumentaron 2.6 por ciento, sumando 13 millones 472 mil personas que trabajaban bajo esta modalidad, superando por casi tres veces a los 4 millones 996 mil oficinistas1. Esto implica que, por lo menos desde ese año, hay en México tres freelancers por cada oficinista con horario de 8 horas al día.

El autoempleo, trabajo independiente, o freelancismo, se ha vuelto en los últimos años una forma de trabajar sumamente común, sobre todo en la población joven, favorecida por las herramientas de las tecnologías de la información y en respuesta a la poca oferta laboral y a las precarias condiciones de trabajo que ofrece el mercado. Hoy en día los jóvenes de nuestro país se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles y a un turbio panorama a futuro: prácticamente una nula certeza sobre el mismo y pocas condiciones para asegurar cualquier inconveniente de salud o incluso el retiro.

Los jóvenes de esta generación se caracterizan por tener un mayor grado de escolaridad que los mayores de 37 años; un mayor porcentaje de quienes son considerados millennials a nivel nacional (49.2 por ciento) cuenta con al menos educación media superior en comparación con la Generación X (37.5 por ciento). Esta generación de jóvenes se caracteriza por buscar constantemente mejores condiciones de trabajo. Según el reporte Economías Regionales Abril-Junio 2017 de Banxico, 76.4 por ciento de los millennials renuncian a su empleo por un mejor sueldo, mientras que en la generación X ese factor es 13.8%2. Muchos, por otro lado, prefieren trabajar por su cuenta para poder administrar su tiempo y su espacio.

Sin embargo, aunque esta suele ser la elección de muchos jóvenes, aunado a lo mencionado previamente sobre la falta de protección de este tipo de empleo por la ley, cada trabajador independiente tiene que pagar su propio seguro de gastos médicos, no tiene acceso a incapacidades de trabajo y no generan antigüedad en el sistema de seguridad social de nuestro país. La seguridad social es fundamental para el pleno desarrollo de las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social es “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

De por si la situación salarial en nuestro país es lamentable (los incrementos salariales, que en su mayoría han sido de 3.9 por ciento, se los ha comido el aumento a los productos de la canasta básica y de los energéticos), la percepción de ingresos de los trabajadores independientes es alarmante. Por ponerlo en perspectiva: la mayoría de los oficinistas (27 por ciento) percibe ingresos de entre 2 y 3 salarios mínimos, es decir, de 4 mil 206 a 6 mil 309 pesos mensuales, en tanto que la mayor cantidad de los funcionarios y directivos de los sectores público y privado (33 por ciento) percibe ingresos de más de 5 salarios mínimos (10 mil 515 pesos mensuales). En contraste, la mayoría de los trabajadores independientes (27 por ciento) se encuentran en un nivel de ingresos de hasta un salario mínimo, que equivale a 2 mil 103 pesos mensuales, mientras que 19 por ciento de los independientes se encuentra en un nivel de más de uno y hasta 2 salarios mínimos (2 mil 103 a 4 mil 206 pesos al mes). No hay ninguna forma realista en la que, con esas percepciones, se pueda, desde el propio bolsillo, ahorrar para el futuro o pagar un seguro de gastos médicos.

Por ejemplo, según las cuotas publicadas por el mismo IMSS para personas que no son derechohabientes, un freelance tendría que, en caso de resultar enfermo y de terminar en el Seguro Social, pagar 3,497 pesos por una intervención quirúrgica o 34,509 pesos por un día en terapia intensiva. 7,256 por un día de hospitalización o 1,001 pesos por una consulta de especialización.3 Estas tarifas son completamente inalcanzables considerando los salarios percibidos por los trabajadores independientes que acabamos de mencionar. Es simplemente imposible enfermarse o sufrir un accidente y poder solventarlo si no se cuenta con seguridad social o ingresos superiores a los 500,000 pesos al año.

La precariedad laboral a la que se enfrentan los jóvenes de nuestro país es algo que urge resolver. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arroja datos alarmantes sobre esta situación actualmente.

En el segundo trimestre del 2017 la cantidad total de trabajadores independientes era de 14 millones, de los cuales más de 1 millón y medio pertenecía al grupo de edad de 20 a 29 cifra que ha aumentado paulatinamente en los últimos trimestres (ENOE, 2017). Considerando el rango de edad de 18-34 años podría llegar a hablarse de 3 millones de jóvenes. Sin embargo, la denominación del propio trabajador puede variar, y muchos jóvenes freelance se encuentran categorizados como subocupados o como desocupados.

La población subocupada (lo que quiere decir que son personas ocupadas pero que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite), que en total comprende los 3.7 millones, cuenta con 808,113 personas en el rango de edad de 20 a 29. Esta cifra ha fluctuado en los últimos trimestres, siendo la cifra más alta 903,365 y la más baja 744,269.

Para septiembre del 2017 del 100% de la población desocupada (en donde se clasifican muchos freelance), el 46% contaba con educación media superior y superior (en comparación con, por ejemplo, el 4.48% que no había completado la primaria y el 12.79% de quienes solo acabaron la primaria). En los últimos dos años ha aumentado significativamente la desocupación en población con educación media superior y disminuido en la población con secundaria completa (en enero de 2016 el primer grupo representaba el 37.41% y el segundo el 39.91%, mientras que la distancia actualmente es de 10 puntos porcentuales, siendo 46.59 y 36.12 correspondientemente). Respecto de los antecedentes laborales, el 9.97% de la población desocupada no tenía experiencia laboral. Esta cifra ha rondado el 10% todo el año, habiendo sido la más alta el 13.26% en febrero, siguiendo la tendencia de los últimos dos años. También es importante considerar que, dadas sus circunstancias y las condiciones de oferta en los empleos, la posibilidad para los jóvenes desocupados de emplearse como trabajadores independientes, cada vez es más atractiva.

Ahora bien, como ya mencionamos, actualmente los jóvenes viven una situación de alta vulnerabilidad y un turbio porvenir. Las generaciones siguientes a los baby-boomers, sobre todo quienes comprenden la cohorte de los millennials, no van a tener una pensión cuando se retiren. Es imperante encontrar un mecanismo mediante el cual podamos afiliar a la mayor cantidad de jóvenes al Seguro Social cuanto antes.

Según la ENOE, al segundo trimestre de este año, la población total del país era de 123’364,426 personas, de las cuales 19’356,583 entran en el rango de 20 a 29 años. Ahora bien, de un total de 18’616,624 trabajadores y trabajadoras aseguradas por el IMSS en 2016, el grupo de edad de 20-29 es de 5’627,486 personas.4 Es decir, sólo el 29% de los jóvenes del país tienen seguridad social. Esta cifra es alarmante. El anacronismo del acceso de nuestro país a la seguridad social propicia rezagos e impide la modernización de la justicia laboral, y es nuestra labor como servidores públicos resolver esta falta.

Los trabajadores independientes, o freelance, han crecido a una tasa prácticamente del doble que la registrada para los oficinistas, 2.6 por ciento versus 1.5 por ciento, respectivamente. El Estado mexicano no puede negar esta realidad y es su responsabilidad atender a esta nueva situación y las responsabilidades que conlleva. Nuestro deber, como legisladores y representantes, es impulsar iniciativas que mejoren el panorama de nuestros jóvenes, el país que les estamos dejando, y las circunstancias en que se desarrollarán.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración la presente:

INICIATIVA

Por la que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

 Artículo primero: Se reforma el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, adicionando un párrafo segundo y recorriendo el anterior a tercero para quedar como sigue:

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Trabajador independiente es aquella persona física que sin tener un patrón realiza una actividad productiva o de servicios; dispone de sus propias herramientas o medios de producción, buscan su materia prima y clientes, son dueños del bien o producto que elaboran y lo enajena a un tercero por medio de venta, acuerdo, encargo o contrato

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

Artículo segundo: Se reforman los artículos 5 A y 251 de la Ley del Seguro Social para quedar como siguen:

Artículo 5 A.

I a VII […]

VIII. Trabajador independiente. Es aquella persona física que sin tener un patrón realiza una actividad productiva o de servicios; dispone de sus propias herramientas o medios de producción, buscan su materia prima y clientes, son dueños del bien o producto que elaboran y lo enajena a un tercero por medio de venta, acuerdo, encargo o contrato

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I a XXXVI […]

XXXVII. Promover y fomentar la afiliación de los jóvenes y los trabajadores independientes al seguro social

TRANSITORIOS

Artículo primero: el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Candelaria Ochoa Avalos.

1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/freelancers-superan-a-los-godinez.html

2 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/esta-es-la-razon-por-la-que-los-millennials-en-mexico
-renuncian-a-su-trabajo.html

3 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/acuerdos/4165.pdf

4 http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2016






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

(Presentada por la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propiedad intelectual de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se define como “aquella que se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”1.

En México la propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, los derechos de autor y la propiedad industrial. La primera se aplica a las creaciones literarias y artísticas. La segunda se refiere, entre otros aspectos, a las patentes de invención, los diseños industriales, las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales.

Respecto a la propiedad industrial se ha documentado que existe una relación entre el desarrollo económico y las patentes.2 La OMPI ha elaborado diversos estudios para identificar y cuantificar el impacto de la propiedad intelectual3 y de las patentes en un país.4 Existen ejemplos de países como Corea, donde es posible identificar los beneficios que han tenido las patentes en su desarrollo y crecimiento.5 Pero para lograrlo fueron necesarias diversas medidas, entre ellas, un marco jurídico combinado con políticas públicas bien diseñadas, implementadas y evaluadas.

Al revisar la evolución de indicadores como el número de solicitudes de patentes presentadas por mexicanos en México, se puede identificar un aumento en los últimos años. Mientras en el año 2006 se presentaron 574 solicitudes, en el año 2016 fueron presentadas 1,310. Sin embargo, esa cifra sigue muy por debajo del total de solicitudes presentadas por mexicanos y extranjeros en el país en 2016, que sumó la cantidad de 17,413 solicitudes. En 2006 se recibieron un total de 15,500 solicitudes de patente.6

La evidencia muestra que en México es posible encontrar diferencias muy importantes entre los estados. Diferencias no sólo en términos geográficos, culturales, de población o territorio, sino también respecto a diversos elementos importantes para la innovación. De acuerdo con el Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C., existe una brecha entre ciertos estados que resulta muy evidente y al mismo tiempo alarmante.7

Ahora bien, al observar el desempeño a nivel estatal se puede localizar un fenómeno: el desempeño de unos pocos resulta muy superior al del resto del país. Revisando el número de solicitudes de patente por Estado en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, es posible constatar que un promedio de 10 estados no alcanza las 10 solicitudes de patente por año, tales como, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala por señalar algunos.8 En el otro extremo, se tiene un promedio de 3 estados que presentan más de 100 solicitudes de patente por año. Solamente uno, la Ciudad de México, presentó más de 300 solicitudes en esos años.

No son pocos los estados que se han mantenido en una situación muy inferior a los estados que ocupan los primeros lugares comúnmente (Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México). Por ejemplo, Nayarit, Tlaxcala y Guerrero entre 2014, 2015 y 2016, tuvieron entre 1 y 3 solicitudes de patente por año, a excepción del 2014, en el cual Tlaxcala tuvo 5 solicitudes.

Por otro lado, es posible encontrar entidades federativas donde se visualizan aumentos importantes de un año a otro, pero después vuelven a reducir substancialmente sus números. Un ejemplo es el caso de Michoacán, que pasó de tener 21 solicitudes en 2015 a 12 en 2016.

Lo anterior ejemplifica la necesidad de que se realicen esfuerzos a efecto de reducir la brecha en actividades inventivas que existe entre los estados. Esto no significa que en la urgencia por elevar el número de solicitudes se presenten una gran cantidad sin posibilidad de obtener su registro dada su mala redacción, nula actividad inventiva, falta de aplicación industrial o carencia de novedad. Hacerlo de eso forma representaría un gasto que podría perjudicar al erario, si es que se recibió apoyo público, o al sector privado que busca proteger sus inventos.

Para poder mejorar el desempeño del país, y aprovechar la oportunidad que ofrecen elementos como las patentes para el desarrollo económico, resulta urgente involucrar a todos los estados. Se deben crear estrategias que vayan más allá de un convenio de colaboración como actualmente se establece en la Ley de Propiedad Industrial. Lo ideal es diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que permitan mejorar el escenario actual en este tema.

Derivado de ello, la presente iniciativa tiene como primer objetivo establecer la facultad al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que se enfoquen a estimular la innovación y creación de invenciones a nivel estatal.

Por otro lado, el 25 de septiembre de 2015 en el marco de la Cumbre de las Naciones

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, México junto con otros 192 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la agenda: “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. El documento establece los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales el quinto se enfoca a lograr la igualdad entre los géneros, así como a buscar el empoderamiento de las mujeres. Una de las metas que abarca dicho objetivo, consiste en “Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”.

Ahora bien, dentro del informe sobre “el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en México”, no se vislumbra cuáles son las estrategias o planes respecto al tema de género en áreas como la ciencia y la tecnología.9

Específicamente para el tema de género y su relación con la ciencia, la tecnología y la innovación, si bien se han realizado diversas actividades y declaraciones a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), aludiendo que es un tema prioritario,10 que además se impulsa constantemente.11 Así por ejemplo, se puede ubicar el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACYT. No obstante de acuerdo con el propio CONACYT, el número de mujeres integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, es del 36%.12

La evidencia elaborada y analizada por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muestra que el aumento de profesionistas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también conocida con el acrónimo de CTIM, tiene un efecto positivo en el crecimiento de un país.13

El BID de igual forma establece la relevancia de tener información estadística que permita determinar el impacto de la brecha de género en ciencia y tecnología, es fundamental para poder evaluar las políticas públicas así como para el diseño de nuevas.14 En el también estudio del Banco: “brecha de género y productividad científica en países con ingreso mediano: Evidencia de México” concluye que las desigualdades de género impiden que las científicas sean promovidas a rangos académicos superiores.15

Específicamente para los temas de innovación y propiedad industrial poco se ha analizado en México. El Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C., en su estudio “Estado General de la Propiedad Intelectual en México: otra perspectiva”16, señala que existen varios estados en los que en 2015 del total de patentes otorgadas no figura ninguna mujer.

Asimismo, de acuerdo a la información del Banco de información estadística de invenciones por género, del mismo Centro de Análisis que abarca los años 2014, 2015 y 2016, muestra la diferencia en cifras que existe entre Ciudad de México y el resto del país. Por ejemplo, dentro del rubro de solicitudes de patente donde participan mujeres como inventoras, señala que en la Ciudad de México se presentaron 123 en 2014 y 2015, mientras que en Nuevo León fueron 50 en 2014 y 44 en 2015.

Otra consideración relevante está en que las solicitudes de patente donde participan mujeres, representa una pequeña proporción del total de solicitudes de mexicanos realizadas en 2014 y 2015, que fue de 1,244 y 1,364 respectivamente, lo que hace evidente la necesidad de realizar más esfuerzos en ese tema.

En la revisión de los años en cuestión, se puede ver que más de la mitad de los estados se ven claramente rezagados. Por ejemplo, la mayoría no rebasa la cifra de 10 solicitudes de patentes donde participan mujeres por año, y algunos no tienen ninguna. Al observar el número de patentes otorgadas donde participan mujeres como inventoras en esos mismos años, la situación es todavía más alarmante. En esos casos aumenta significativamente el número de estados que no alcanzan 10 patentes, así como el número de estados que no tienen ninguna.

Una manera de evaluar y medir el resultado e impacto de las políticas públicas implementadas que buscan empoderar a las mujeres en las CTIM, es justamente a través del número de patentes en las que participan como inventoras. La evidencia muestra que, si bien ha mejorado la situación, los resultados están muy lejos de ser los óptimos, máxime con el avance que están teniendo en este sentido otros países, a pesar de que desde el Plan Nacional de Desarrollo se habla de la economía del conocimiento como herramienta para el crecimiento.

En tal sentido el segundo objetivo de la presente iniciativa consiste en establecer la facultad al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para diseñar e implementar políticas destinadas a aumentar la participación de las mujeres en la creación de invenciones.

Cabe señalar que esté año el tema para la celebración del día mundial de la propiedad intelectual mismo que se celebra el 26 de abril se enfoca a la innovación, la creatividad y la disparidad de género.

Es por ello que en el marco del día mundial de la propiedad intelectual se debe de tomar relevancia en el tema con el objetivo de incrementar la participación de la mujer inventora en el país, así como la participación de todos los estados.

La Propiedad Industrial debe desempeñar un papel fundamental en la transferencia de tecnología al incentivar la inversión en la innovación, ofrecer un marco adecuado para el mercado y la comercialización de los activos intangibles que coadyuven al crecimiento económico de México.

Derivado de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:

Artículo Único. Se adiciona un inciso g) a la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6o.

I a XII…

a) a f)

g) Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, principalmente en el ámbito de la innovación y creación de invenciones a nivel estatal, así como las políticas públicas destinadas a incrementar la participación de las mujeres primordialmente en la actividad inventiva. A fin de lograr lo anterior, podrá celebrar convenios con otros organismos tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas ya sean de carácter nacional o extranjera.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.

1 ¿Qué es la propiedad intelectual?; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), disponible en la pág. Web.-
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

2 Albert G.Z. Hu (2009), Derechos de patente y crecimiento económico: Evidencia de los paneles de industrias manufactureras a campo traviesa, disponible en la pág.
Wehttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_5_10/wipo_ip_econ_ge_5_10_ref_huandpng.pdf.

3 Propiedad intelectual: Una herramienta de poder para el crecimiento económico, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), disponible en la pág. Web. - 
ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_888e.pdf

4 El desarrollo económico y las patentes; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), disponible en la pág. Web. - 
http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/economic.html

5 Albert G.Z. Hu (2009) op. cit., p. 45

6 IMPI, Cifras en 2017, disponible en la pág. Web.-
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/292459/IMPI_en_CIFRAS_ene-dic-2017.pdf

7 Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015; CAIINNO, disponible en la pág. Web.-
http://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2016/01/INCTI-CAIINNO2015.pdf

8 IMPI, Cifras en 2016, disponible en la pág. Web.-
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60532/IMPI_en_CIFRAS_2015.pdf

9 El Cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, disponible en la pág. Web.-
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255987/06_11._Brochure_Espa_ol.pdf

10 Comunicado 22/16-; Conacyt, disponible en la pág. Web.-
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/583-apoya-el-conacyt-incluir-
equidad-de-genero-en-el-fomento-del-desarrollo-cientifico-y-tecnologico

11 Comunicado de Prensa   18/14-; Conacyt, disponible en la pág. Web
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/317-con-acciones-el-conacyt-
conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer

12 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/725-aumenta-participacion
-de-mujeres-en-la-ciencia

13 Mujeres en la Ciencia y Tecnología ¿Qué dice la literatura? BID; disponible en la pág. Web.-
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6047/CTI%20TN%20Women%20in%20Science%20and
%20Technology.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 Ibid., p. 28.

15 Brecha de género y productividad científica en países con ingreso mediano: Evidencia de México; disponible en la pág. Web.-
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8243/Gender-Gaps-and-Scientific-Productivity-in
-Middle-Income-Countries-Evidence-from-Mexico.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16 Estado General de la Propiedad Intelectual en México: otra perspectiva; CAIINNO; disponible en la pág. Web.-
http://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2016/08/Estado-general-de-la-propiedad-intelectual-en-M%C3%A9xico.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con la CONAPRED, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.

En donde existe discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos, mismos que producen efectos negativos en la vida de las personas, asimismo convergen con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.1

El color de la piel influye en el nivel de estudios y en las oportunidades laborales que tiene la gente en México. Entre más oscura es la piel, resulta más difícil salir adelante. Así lo estableció un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado este viernes, con lo que se revivió un debate sobre el nivel de racismo o discriminación que hay en México.2

No sólo este estudio del INEGI concluyó que el color de la piel puede ser determinante en el futuro de los mexicanos, estudios previos demostraron el nivel de discriminación que existe hacia las personas por el color de piel o cultura.3

• “Uno de cuatro mexicanos dijo sentirse discriminado por su apariencia física, y un 5.5% consideró negativo que la sociedad está formada por gente de fenotipos distintos.

• Un 23% de los encuestados, habitantes de México, dijo no estar dispuesto a vivir con alguien de otra “raza” o con una cultura distinta.

• En esa línea, el 55% reconoció que en el país se insulta a los demás por su color de piel”.4

“La discriminación contra las personas de tez morena se ha normalizado desde hace mucho tiempo”, mencionó en entrevista Evelia Reyes, maestra en Historia, enfocada a las áreas de historia social y cultural, doctorante en el Colmex. “Un ejemplo muy claro es decir hay que mejorar la raza; que con esta frase se tiende despreciar el aspecto moreno, se ve como algo malo y algo no aspirable”.5

• “En otro estudio, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el año pasado, “al cuestionar si el color de la piel influye o no en el trato que reciben las personas, el 51.2 por ciento dijo que sí, y ‘sí, en parte’, 33.4 por ciento”.

• Un 72.2% consideró que sí hay racismo en México, y un 47% señaló que los indígenas no tienen las mismas oportunidades para obtener un trabajo en México.

• Respecto a la población afrodescendiente en el país (cerca del 1.2% del total), un estudio de la CNDH señaló en 2016 que poco más de 40% de la población afrodescendiente ocupada no cuenta con prestaciones por parte de su trabajo. Los cimientos de la discriminación o el racismo parecen fijarse desde una edad temprana.

• Hace seis años, el Conapred creó la campaña Racismo en México. Parte de ella fue un video donde niños y niñas mexicanos expresaron sus preferencias frente a dos muñecos: uno blanco y otro moreno”.6

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de tres a cinco años de prisión o de trescientos a quinientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I a III…

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Discriminación e igualdad:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

2 https://www.animalpolitico.com/2017/06/racismo-discriminacion-piel-mexico/

3 https://www.animalpolitico.com/2017/06/racismo-discriminacion-piel-mexico/

4 https://www.animalpolitico.com/2017/06/racismo-discriminacion-piel-mexico/

5 https://www.animalpolitico.com/2017/06/racismo-discriminacion-piel-mexico/

6 https://www.animalpolitico.com/2017/06/racismo-discriminacion-piel-mexico/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del PAN)

La que suscribe, Diputada Federal MARISOL VARGAS BÁRCENA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud es uno de los bienes más preciados de los seres humanos y para gozarla cabalmente es requisito indispensable alimentarse en forma balanceada y suficiente; esto lo reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, segundo y tercer párrafos, donde señala:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad en general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

En el mismo tenor, la Ley General de Salud precisa en el artículo 1° Bis: “Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 20121, en México 7 de cada 10 adultos presentan exceso de peso en diversos grados, en tanto que el 34.4% de los menores en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad; dicha información se torna más preocupante si consideramos que la ENSANUT también resalta que 58.6% de los menores entre 10 y 14 años refieren que no han realizado alguna actividad física organizada durante los 12 meses previos a la encuesta.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2 refiere que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en prevalencia de obesidad en adultos y ello trae aparejado que la diabetes mellitus tipo 2 sea ya un problema crítico en nuestro país. Además, 35% de los adolescentes de 12 a 19 años de edad tienen sobrepeso u obesidad, con lo cual su salud futura está en riesgo; ya que, “la obesidad constituye un reconocido factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas”.

Lo anterior refleja claramente que el sobrepeso y la obesidad son considerados un problema de salud pública, en nuestro país y en el mundo entero. De ahí que de unos años a la fecha se ha empezado a estudiar el impacto del exceso de peso en la salud, así como la forma en que dicha condición puede desencadenar otras enfermedades tales como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares y enfermedades del hígado, entre muchas otras afecciones.

En la misma tónica, se han impulsado diversas políticas públicas dirigidas a mejorar la salud de la población. Desde el Poder Legislativo se ha trabajado de la mano con el Ejecutivo para agregar un impuesto a las bebidas azucaradas, hacer obligatoria la colocación de etiquetas con información nutricional en los productos alimenticios y controlar la publicidad de alimentos y golosinas dirigidas a los menores de edad, entre otras acciones.

Sin embargo, prevenir, combatir y atender los problemas derivados del sobrepeso y la obesidad exige más que solo algunas medidas preventivas. Es necesario e impostergable implementar estrategias y acciones coordinadas, de amplio alcance, que atiendan desde diversos frentes este problema de salud pública; tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, involucrando a todos los sectores de la población para ser aún más efectivos en lo que se emprenda.

Por su parte, el Poder Ejecutivo lanzó el 31 de octubre de 2013 la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD), en la que retomó medidas recomendadas por organismos internacionales como la OCDE; pero, a cuatro años y medio de su lanzamiento, los resultados no son claros y pareciera que sólo fue un intento de acallar los pronunciamientos en el resto del mundo.

La ENPCSOD establecía entre sus premisas que “El enfoque de atención debe estar basado en determinaciones sociales, bajo un abordaje integral, que incluye desde la promoción de la salud hasta la atención médica”. Ello con el objetivo de “mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos…”

Al respecto, Oliver de Schutter, ex relator del Derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuestionó el que “El gobierno mexicano ubica el problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuando en realidad tiene sus orígenes en el sistema alimentario del país3. Más adelante se puntualizó que el error ha sido no vincular los objetivos dirigidos a mejorar la salud con la nutrición de la población mexicana.

Entre otras críticas que se hacen a dicha Estrategia está el que algunas de las regulaciones contenidas en la misma fueron planteadas directamente por la industria que pretende ser regulada (lo que los hace juez y parte interesada) y no por un grupo de expertos, imparcial y libre de conflicto de intereses.

Además, al parecer no se ha logrado hacer efectivos los mecanismos de seguimiento y con ello la adecuada implementación de las regulaciones, destacando de manera especial aquella que regula la oferta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas. Otro punto que se señala es que no se asignan recursos para la ejecución de la Estrategia y por tanto algunos de los objetivos planteados no se llevan a cabo4.

En resumen, la ENPCSOD presenta deficiencias serias y no abona lo suficiente para atender cabalmente el problema de la obesidad y el sobrepeso que se vive en nuestro país, el cual cada día es mayor y aqueja a población de todos los grupos sociales y etarios. Afectación que se presenta tanto en el incremento de gastos en salud, como en la disminución de productividad laboral, de desempeño escolar y en general en el desarrollo económico de la población, sin olvidar por supuesto la disminución de su salud integral.

Por todo lo anterior, desde la Cámara de Diputados se sigue trabajando para que la legislación en materia de salud incluya medidas preventivas y de atención a las personas que ya padecen alguna condición relacionada con el exceso de peso; a fin de que su calidad de vida se recupere y también para evitar mayores gastos en el sistema de salud por enfermedades relacionadas con este rubro.

En este tenor, el pasado 13 de febrero del presente año se aprobaron en la Cámara de Diputados, por unanimidad, diversas modificaciones a la Ley General de Salud encaminadas a combatir el problema del sobrepeso, la obesidad y los diferentes trastornos de la conducta alimentaria.

Lo anterior con el propósito de brindar una mayor esperanza de vida a miles de personas, al precisar en el artículo 272 Bis 4 que “las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades”, entre otros puntos que incluye la reforma.

Con dichas modificaciones también se establece que la Secretaría de Salud será responsable de realizar campañas de información e impulsar programas que promuevan buenos hábitos alimenticios, en pro de una mejor nutrición y mayor actividad física, que coadyuven a combatir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Además, la cirugía bariátrica deberá ser acompañada de atención multidisciplinaria, de forma integral (por psicólogos, nutriólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, etc.), para realmente atender la problemática y brindar a los pacientes la posibilidad de mejorar su calidad de vida a corto, mediano y largo plazo; con lo cual también se evitarían los altos gastos que implica atender y controlar las enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad.

Justamente en este sentido, de la atención integral después de la cirugía bariátrica, hay un punto que actualmente no está considerado y resulta de la mayor importancia, se trata de la necesidad que tienen los pacientes de este tipo de operaciones, de recibir apoyo para cubrir cabalmente sus requerimientos de vitaminas y minerales.

Aquí cabe resaltar que, según cifras de la ENSANUT 2012, el 21.4% de la población no cuenta con acceso a los servicios de salud y para poder atenderse debe asumir directamente los costos que ello implica. Porque, como señala la OCDE5: “Los gastos en los que incurre el propio paciente influyen en el acceso y el seguimiento del tratamiento…”.

Esto resulta preocupante si consideramos que en México no están disponibles las vitaminas bariátricas, las cuales están diseñadas específicamente para las personas que han pasado por una cirugía de este tipo, y por tanto sólo pueden conseguirse en el mercado informal; ello trae consigo dos agravantes: el precio y la inseguridad sobre su procedencia. La otra opción es tomar un “coctel” de vitaminas que les ayude a cubrir sus requerimientos particulares.

Como bien se señaló en el dictamen del Senado6 que dio origen a esta reforma, el cual retomó 23 iniciativas sobre el tema, entre las que se contenía la propuesta de incluir las cirugías bariátricas en la Ley General de Salud: la obesidad mórbida “es una enfermedad crónica y cuando los tratamientos médicos y dietéticos han fallado, solamente la cirugía puede introducir elementos válidos para provocar un descenso de peso satisfactorio, mantenerlo en el tiempo, eliminar o resolver comorbilidades y acercar al paciente lo más posible a su peso normal”.

Definitivamente contar con la posibilidad que el sistema de salud pública brinde este tipo de tratamientos es un avance que ayudará a muchas personas; sin embargo, la solución o mejoría que puede lograrse con las distintas cirugías bariátricas que se realizan actualmente en México, no resuelve al 100 por ciento el problema.

La cuestión que se presenta después de una cirugía bariátrica es que los pacientes deben modificar su estilo de vida y alimentarse de forma especial, para que al mismo tiempo que pierden el exceso de peso que les aqueja, recuperan su salud y disminuyen los riesgos de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

Porque cada paciente tiene requerimientos nutricionales específicos, dependiendo de la técnica o tipo de cirugía bariátrica que se le haya realizado, así como de su propio estilo de vida; por lo cual, deberán contar con la asesoría de un nutricionista experimentado en este tipo de cirugías, para que sepan realmente lo que deben comer y los suplementos o vitaminas que deben ingerir (cantidad y periodicidad).

Es importante tener mucho cuidado en no caer en el polo opuesto y pasar del sobrepeso o la obesidad, al desequilibrio nutricional y que por no nutrirse adecuadamente contraigan otras afecciones o enfermedades asociadas a la carencia de vitaminas y minerales suficientes para su nueva condición.

Ya que la deficiencia de vitaminas o suplementos minerales puede provocar desde fatiga, pérdida de apetito, debilidad, estreñimiento o diarrea, entumecimiento y hormigueo tanto en manos como en pies, cansancio extremo, mareos, olvidos, hasta osteoporosis, anemia perniciosa, espasmos musculares, presión sanguínea alta, letargo constante y disminución del sistema inmunitario.

Lo anterior sucede porque con este tipo de cirugías el estómago se reduce drásticamente y se generan cambios en la asimilación de nutrientes que se obtienen de los alimentos, además de que las cantidades que se ingieren son mucho menores que antes de la cirugía.

Indudablemente la pérdida de peso no sólo ayuda a atender problemas de salud, también tiene un lado que incide en la cuestión social y por tanto de alguna forma favorece el mejorar la aceptación de su cuerpo para las personas que han sufrido algún tipo de discriminación o se sienten excluidos por su sobrepeso u obesidad.

En México se cuenta con algunos programas de cirugías bariátricas en hospitales públicos; por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta actualmente con dos Clínicas para la Obesidad7, la primera creada en el año 2008 en el Hospital General “Dr. Rubén Leñero” (HGDRL) y la segunda inicio actividades en el año 2012 en el Hospital General Tláhuac “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua”.

Los pacientes que se adhieren a su programa para que se les realice alguno de los tres principales procedimientos de cirugía bariátrica (bypass, manga gástrica y balón gástrico) reciben atención médica integral y son reeducados en hábitos saludables.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México8 se reparten 20 fichas por semana para que los pacientes interesados sean evaluados antes de ser aprobados para recibir tratamiento y ser operados. Ese es el primer filtro para ser candidatos a cirugía y atención, luego vienen otras evaluaciones hasta que se aprueba la intervención.

Hasta el año 2016 se habían realizado más de 2 mil cirugías bariátricas en estas clínicas9 de la Ciudad de México, mil 417 en la Clínica del Rubén Leñero y las otras en la del Hospital General de Tláhuac.

En tanto que el sector salud también cuenta con este servicio en algunas unidades de Especialidades y para quienes no son derechohabientes de ninguna institución (IMSS, ISSSTE, Hospital Pemex u otros), o no cuentan con los recursos económicos para atenderse en un hospital privado, tienen la posibilidad de ser atendidos en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde también cuentan con un programa de cirugías bariátricas.

Sin embargo, el gran pendiente sigue siendo la atención postoperatoria para quienes se atienden en hospitales públicos y no cuentan con las posibilidades para adquirir las vitaminas bariátricas, ya que corren el riesgo de desatender su nutrición y entonces padecer por la deficiente ingestión de vitaminas y minerales de acuerdo a sus nuevos requerimientos.

Porque, aunque las vitaminas normales son de venta libre, cuando se rebasan las dosis diarias aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se requerirá receta médica10. Hoy en día se tiene el agravante de que aún no se cuenta con la distribución de vitaminas bariátricas en el país, ya que se considera peligroso que se vendan libremente y puedan causar problemas si las ingiere alguien que no las requiera.

Asimismo, es de la mayor importancia tener siempre presente que no sólo deben modificarse los hábitos alimenticios de estos pacientes, sino que debe garantizarse que podrán tomar los suplementos que necesiten el resto de su vida. Porque de no ser así, la cirugía bariátrica solo será una solución temporal, que a la larga les provocará más daños que beneficios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción IX Bis al Artículo 115 y una fracción I Bis al Artículo 221 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I.- a IX.- …

IX Bis.– Promover entre los pacientes sometidos a cirugías bariátricas los tratamientos disponibles para su mejor cuidado y la prevención de las deficiencias nutricionales.

X.- y XI.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. Marisol Vargas Bárcena.

Fuentes:
• http://promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/estrategia.html
en este sitio web hay links a documento completo y a síntesis ejecutiva:
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf y
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/SIntesis_Ejecutiva.pdf
•http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/a-3-anos-de-la-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-
control-del-sobrepeso-obesidad-y-diabetes-debe-ser-revisada-para-lograr-sus-objetivos/
•http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/la-evaluacion-la-estrategia-nacional-frente-la-obesidad-la-
diabetes-negativa-regulaciones-sustanciales-una-simulacion/
• http://oment.uanl.mx/presentacion/
• http://dle.rae.es/?id=bwNCGyE y https://definicion.de/vitaminas/
• https://definicion.mx/vitaminas/
• https://www.meditip.lat/salud-de-la-a-z/obesidad/cirugia-bariatrica/
•http://bariatricavenezolana.forosactivos.net/t182-los-10-errores-mas-comunes-de-los-pacientes-de-cirugia-bariatrica
• https://www.saludpanama.com/que-esperar-y-hacer-luego-de-una-cirugia-bariatrica
• http://www.salud.cdmx.gob.mx/actividades/cirugia
•http://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mas-de-2-mil-pacientes-transforman-su-vida-con-modelo-de-
bariatria-de-la-cdmx
•https://www.20minutos.com.mx/noticia/185927/0/seguro-social-realiza-cirugia-bariatrica-gratuita-a-derechohabientes/
• http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/050GER.pdf
• http://www.cirugiabariatrica.org.mx/cirugia-bariatrica/#bypassgastrico
• http://www.laparoscopica.es/perdida-peso/suplementos
• http://www.nutri-o.com/nutrio/Plenlife_Vitaminas_Bariatricas.html
• http://www.bariatricandnutritional.co/?product=multivitaminico-completo-masticable-bariatric-fusion
• http://cirugiasesteticas.org/bypass-gastrico/
• http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/avanza-hospital-gea-gonzalez-en-cirugias-bariatricas-con-robotica-407
• http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985923.html
• http://www.medicasur.com.mx/es/ms/cirugia-bariatrica
• https://espanol.medscape.com/verarticulo/5901826
• http://amigosdeganarsalud.com/2015/12/14/obesidad-morbida-y-cirugia-bariatrica/
•http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/infografias/beneficios-cirugia-bariatrica.html
• http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Reglamentos/rtoinsumos.pdf
•http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/FINAL_Prioridades%20Estrat%C3%A9gicas%20para%20M%C3
%A9xico_GIR_OCDE_2018.pdf

1 http://ensanut.insp.mx/

2 https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf

3 El experto es citado en el artículo siguiente:
http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/a-3-anos-de-la-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el
-control-del-sobrepeso-obesidad-y-diabetes-debe-ser-revisada-para-lograr-sus-objetivos/

4•http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/a-3-anos-de-la-estrategia-nacional-para-la-prevencion
-y-el-control-del-sobrepeso-obesidad-y-diabetes-debe-ser-revisada-para-lograr-sus-objetivos/

5•http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/FINAL_Prioridades%20Estrat%C3%A9gicas%20para%20M
%C3%A9xico_GIR_OCDE_2018.pdf

6 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65732
del 13 de septiembre de 2016, cuya minuta se discutió y aprobó en la Cámara de Diputados el 13 de febrero de 2018.

7 http://www.salud.cdmx.gob.mx/actividades/cirugia

8 http://www.salud.cdmx.gob.mx/actividades/cirugia

9http://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mas-de-2-mil-pacientes-transforman-su-vida-con-
modelo-de-bariatria-de-la-cdmx

10 http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Reglamentos/rtoinsumos.pdf página 18.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

¿Qué es el robo?

El término robo se utiliza ampliamente para referirse a los delitos relacionados con la sustracción de los bienes de una persona sin su permiso. Sin embargo, el robo tiene un significado jurídico muy amplio que puede abarcar más de una categoría, y varios grados, de delitos. El robo se define a menudo como la sustracción no autorizada de los bienes de otra persona con la intención de privarla permanentemente de ellos”.1

Dentro de esta definición, se encuentran dos elementos claves:

1) Tomar la propiedad de otra persona; y

2) La intención necesaria de privar a la víctima de sus bienes de forma permanente.2

El elemento de sustracción en un robo normalmente requiere tomar posesión de un bien que pertenece a otro y también implica quitar o intentar quitar el bien. Sin embargo, es el elemento de intención donde generalmente surge la mayoría de los complejos desafíos legales en los casos relacionados con el robo.3

El incremento de la inseguridad es impulsado por el repunte de los delitos de alto impacto o de mayor violencia. El caso más claro es el de los robos que se cometen con violencia.

• “De enero a octubre de 2016 se denunciaron en México 136 mil 295 robos con violencia, en sus distintas modalidades.

• En este mismo lapso, pero en 2017, la cifra alcanza los 188 mil casos. Se trata de un incremento, tan solo de un año a otro, de más de 50 mil casos, o lo que es lo mismo, un crecimiento de casi el 38% de este delito.

• Si nos vamos al desglose de las distintas modalidades de robo se aprecia que hay un deterioro muy importante, por el aumento en los robos a negocios con violencia en el país. Estos pasaron de 21 mil 18 casos en 2016, a 34 mil 108 en 2017, lo que representa un repunte de más de 62% en la incidencia de este delito.

• Otro caso grave es el de los robos de vehículo con violencia que pasaron de 36 mil 814 casos denunciados en 2016 a 51 mil 904 en 2017, que equivale a un incremento del 41% de este tipo de robos.

• Los asaltos con violencia a transeúntes se han incrementado 38.4% en México. Este delito avanzó de 39 mil 104 casos denunciados el año pasado a 54 mil 113 en lo que va de 2017.

• En otra modalidad, los robos con violencia a transportistas, los casos en 2017 han crecido 28.8%.

• Una modalidad de robo que la estadística oficial destaca de forma separada son los asaltos en carreteras, y aquí el balance también es negativo. Los casos pasaron de dos mil 499 denuncias en el periodo de enero a octubre de 2016, a tres mil 823 carpetas de investigación iniciadas por este delio en el mismo lapso de 2017. Esto equivale a un incremento del 52.9% en la incidencia de este delito.

• Si tomamos en cuenta solo los robos que se cometen con violencia en carretera (3 de cada 4 casos), el incremento de dicha modalidad de atraco es de más del 54% en tan solo un año.

• En el delito de robo con violencia (tomando en cuenta todas las modalidades), Tabasco es la entidad con la mayor incidencia de todas. Su tasa en lo que va de 2017 es de 366.2 atracos por cada cien mil habitantes. Para ponerlo en proporción, el promedio nacional es de 138.7 asaltos violentos por cada cien mil personas. Esto significa que Tabasco casi triplica ese nivel de incidencia delictiva.

• La segunda entidad con la mayor tasa de robos con violencia es el Estado de México, con 290.7 casos por cien mil habitantes. Le sigue Baja California con una tasa de 281.3 casos por cien mil habitantes; Ciudad de México con 256 robos violentos; Morelos con una tasa de 251.1 casos, y Puebla con 192 atracos por cada cien mil persona.

• Otro indicador importante del deterioro de la seguridad pública en el país este año es el incremento de los intentos de homicidio con armas de fuego.

• De enero a octubre de 2017 el balance es de seis mil 827 carpetas de investigación iniciadas por el delito de lesiones con armas de fuego. Se trata de casi dos mil casos más si lo comparamos con el mismo periodo 2016, donde el registro era de cuatro mil 915 casos. Esto equivale a un incremento de casi el 39% en este delito grave.

• El crecimiento de los delitos que se cometen con armas de fuego es una realidad. Como se publicó esta semana, en lo que va de 2017 se han perpetrado 20 mil 878 homicidios dolosos en el país, lo que equivale a una tasa de 16.9 asesinatos por cada cien mil habitantes, un récord en las últimas dos décadas en México.

• De ese total de homicidios, en 13 mil 842 casos el asesinato se cometió utilizando un arma de fuego. Esto significa que el 66.1% de los crímenes -casi 7 de cada 10 casos- se cometieron utilizando un arma de fuego.

• La proliferación de la violencia armada es un tema en el que ha insistido en los últimos meses el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera. El mandatario capitalino ha hecho un llamado reiterado al Congreso para que aprueben una iniciativa de reforma a la Ley de Armas de Fuego y explosivos con el objetivo de que se endurezcan las sanciones penales por portación de armas, y que se aun delito que amerite de forma automática la prisión preventiva”.4

La estadística oficial muestra que las extorsiones son otro delito grave en aumento. Partiendo de la base de que es un delito con alta cifra negra (casos que no se denuncian) los datos oficiales muestran que en lo que va de 2017 se han presentado cuatro mil 797 extorsiones reportadas ate el Ministerio Público, que representa un incremento del 12.4% en este delito, en comparación con 2016.5

Un análisis sobre la problemática de la extorsión en el país hecho por el Observatorio Nacional Ciudadano muestra que aun cuando el nivel de este delito se encuentra por debajo de lo registrado en 2013 (año récord en extorsiones), en 2017 las cinco regiones en que fue dividido el país como parte de la estrategia de seguridad registran una tasa de extorsión por encima de la media nacional.6

Otro delito que muestra un retroceso es el de los ataques sexuales. Mientras que en los primeros 10 meses de 2016 el registro oficial fue de 14 mil 492 casos denunciados, para el mismo periodo de 2017 el balance es de 15 mil 958 carpetas de investigación. Esto representa un incremento del 10.2% de la incidencia delictiva de este ilícito en un periodo de apenas un año.7

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 372 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 372 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 372.- Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de diez meses a ocho años de prisión. Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Robo: https://www.abogado.com/recursos/ley-criminal/descripcion-general-del-robo.html

2 Robo: https://www.abogado.com/recursos/ley-criminal/descripcion-general-del-robo.html

3 Robo: https://www.abogado.com/recursos/ley-criminal/descripcion-general-del-robo.html

4 Robo con violencia al alza. https://www.animalpolitico.com/2017/11/robos-delitos-violencia-mexico/

5 Robo con violencia al alza. https://www.animalpolitico.com/2017/11/robos-delitos-violencia-mexico/

6 Robo con violencia al alza. https://www.animalpolitico.com/2017/11/robos-delitos-violencia-mexico/

7 Robo con violencia al alza. https://www.animalpolitico.com/2017/11/robos-delitos-violencia-mexico/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo establecido por la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

• “3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

• Seis millones de mujeres son madres solteras.

• En México, 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia.

• Una tercera parte de los hogares del país son sostenidos por mujeres.

• 11.8 millones de madres viven en situación de pobreza.

• Las entidades que concentran el mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza multidimensional son Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

La proporción de nacimientos por situación conyugal de la madre es:

• 45% cuando se encuentra en unión matrimonial

• 44% cuando se encuentra en unión libre

• 11% cuando se encuentra soltera.

¿Cómo le hacen para evadir su responsabilidad? (CNDH)

• El deudor dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe.

• El deudor se coloca intencionalmente en estado de insolvencia.

• El deudor no desea cumplir con la obligación alimentaria.

• El deudor es trabajador eventual.

• El deudor cambie de domicilio y no sea posible ubicarlo”.1

La principal consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial es la afectación que sufren niñas y niños por el abandono emocional del padre, pero que se torna más difícil cuando se vulnera su derecho a la alimentación y coloca a las madres de familia en desventaja, al quedarse sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las hijas e hijos.2

Es por ello, que cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación, los bienes materiales pueden resultar un problema ineludible cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos; es decir, el delito de fraude familiar. De igual forma, es importante velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda, recreación.3

La Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que en México, tres de cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de falsedades que los deudores alimentarios emplean para evadir su responsabilidad, manifestando dolosamente que su salario es inferior al que realmente perciben, y solicitan a su patrón y/o a las empresas donde trabajan que informen que sus ingresos son menores, y se colocan intencionalmente en estado de insolvencia, lo que vulnera los derechos de la infancia y de las mujeres.4

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 390 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Fraude Familiar

Artículo 390 Bis. A quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de cuatro a seis años de prisión y hasta quinientos días multa.

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Fraude familiar: http://wradio.com.mx/programa/2015/02/18/martha_debayle/1424287020_638228.html

2 Fraude familiar: http://wradio.com.mx/programa/2015/02/18/martha_debayle/1424287020_638228.html

3 Fraude familiar: http://wradio.com.mx/programa/2015/02/18/martha_debayle/1424287020_638228.html

4 Fraude familiar: http://wradio.com.mx/programa/2015/02/18/martha_debayle/1424287020_638228.html






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CAPÍTULO V DEL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Diputada María García Pérez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Del latín rebell?o, rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida.1

La rebelión, por lo tanto, es:

• “Un rechazo a la autoridad que puede ir desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. El término se utiliza como sinónimo de sedición, motín, levantamiento o revuelta, aunque cada uno tiene sus propias particularidades.

• En general, puede decirse que una revuelta es una alteración o alboroto, mientras que la rebelión constituye un delito contra el orden público. La sedición, por su parte, es un alzamiento colectivo contra la autoridad o la disciplina militar, pero con menor gravedad que la rebelión.

• Quienes forman parte de una rebelión se conocen como rebeldes”. 2

El artículo 136 Constitucional menciona lo que procederá en caso de que una rebelión tome el poder de la nación. Comienza mencionando la vigencia de la Constitución y después plantea que en el caso de que se instale un gobierno en contrario a los principios de ésta, en el momento que el pueblo recobre su libertad se juzgará a los miembros del gobierno opositor.

Al mencionar que una rebelión es la que toma el poder, se refiere a un grupo de personas que tome el poder mediante las armas. Se diferencia de una revolución en que ésta última conlleva un movimiento social muy grande, se podría decir que impulsado por el pueblo, así que no puede utilizar esta palabra, y la sustituye por " rebelión".

• Al suponer la entrada de otro gobierno, menciona que, si éste mantiene principios contrarios, será juzgado por la actual ley conforme a lo que ésta indique. Un punto a resaltar es que no se menciona cuáles son los referidos principios, tampoco existe jurisprudencia que mencione cuales son estos, pero por un razonamiento simple se puede inferir que son principios ideológicos a los que se refiere este artículo.

• En relación con que el pueblo recobre su libertad, se entiende que éste mantiene respetados sus derechos individuales, aunque en sentido estricto es muy difícil hallar un significado a esta enunciado. En primer lugar, porque el pueblo no es una persona reconocida y aún en el caso de que se tome como un sinónimo de Estado, no se puede entender cómo se puede determinar la falta o existencia de una persona moral y menos de un país independiente.

• Al tratar el tema de este artículo Elisur Arteaga Nava comenta: "Es factible que su vigencia se suspenda temporalmente, que se interrumpa durante algún tiempo su observancia, esto es algo que previeron sus autores, que partieron del supuesto de que algún trastorno público pudiera llevar al poder a un gobierno que la desconociera (Art. 136); esta situación, para ellos, significaba la pérdida de la libertad del pueblo."3

Es por ello, que sea el supuesto que se suscite, de una y otra forma, los usurpadores del poder serán desplazados de él, juzgados por los órganos señalados en la constitución y por los delitos previstos en las leyes emanadas de ésta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 132 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 132.- Se aplicará la pena de cinco a veinticinco años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:

I.- Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.- Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio; y

III.- Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados.

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Rebelión: https://definicion.de/rebelion/

2 Rebelión: https://definicion.de/rebelion/

3 Arteaga Nava Elisur, Derecho constitucional, 2ª ed. México, 1999.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLII AL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por la Diputada Ximena Tamariz García, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada XIMENA TAMARIZ GARCÍA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLII AL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tema fundamental es la dificultad para distinguir dentro del patrimonio cultural mexicano, que es la paleontología o los restos fósiles, enmarcados en un contexto intermedio, entre lo que es un patrimonio natural y cultural.

No obstante la importancia económica y científica que representan los bienes paleontológicos, la legislación sobre la materia es insuficiente para una efectiva regulación de las acciones de investigación, conservación y recuperación de los vestigios o restos fósiles.

Los fósiles de utilidad industrial son tratados como recursos naturales y/o minerales no renovables y su explotación está en parte regulada por el artículo 27 de la Constitución. En cambio, los fósiles no utilizados por la industria de aquellos que están asociados con la parte arqueológica son regulados por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La dificultad más importante que enfrenta la protección paleontológica es haber sido equiparada para los efectos legales con la parte arqueológica, pues ambos bienes no representan un mismo origen y su tratamiento de la perspectiva científica y técnica debe ser obviamente abordado por diferentes puntos de vista

El patrimonio paleontológico no es producto cultural, sino un bien no renovable que está más cerca de los recursos naturales que de los valores que integran el legado cultural de nuestra nación. Y su abundancia en México no hace necesario el que todos los ejemplares sean una especie de fósiles, se consideran monumentos como lo marca la ley.

Asimismo, es absolutamente inequitativo no facilitar legalmente a la integración de coleccionistas de fósiles, instituciones pública o privada; en cambio a la industria de la construcción se le permite la explotación sin restricciones de las piedras calizas donde se encuentran todo tipo de fósiles.

De los esqueletos de animales marinos del pasado se extrae la roca fosfórica, con la que se producen fertilizantes y alimentos para ganado. Del carbón, que proviene de la fosilización de los árboles prehistóricos, se fabrican detergentes, pinturas y grasas. Incluso, diversas artesanías se elaboran con elementos fósiles como el ámbar y, en muchos casos, el marfil prehistórico.

La explotación de los yacimientos de roca caliza, que a veces implica la pulverización de conchas, corales y de esqueletos de animales marinos, es usada para elaborar materiales de construcción, como son el cemento, el mármol o las pinturas.

El resto fósil representa sólo una pequeña muestra de la vida del pasado, sin embargo, no todos los fósiles de plantas y animales tienen la misma posibilidad de conservarse y no todos los ambientes donde se depositaron son igualmente adecuados para su preservación.

Al respecto, es muy importante considerar que la historia del hombre y la historia natural son temas por demás independiente; además de que los acervos principales se localizan en lugares totalmente diferentes.

Por ello, la presente iniciativa busca distinguir entre aspectos de manera que la actividad paleontológica que resulte productiva para México se potencie ya la vez que se mantenga la protección, conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se adiciona la fracción XLII al artículo 32 Bis, recorriéndose la actual XLII para quedar como XLIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XLI. …

XLII. Fomentar y promover el aprovechamiento sustentable de los restos fósiles que correspondan a la Federación; con excepción de lo que corresponda, en materia de protección y conservación, a la Secretaría de Cultura;

XLIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para publicar en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos y mecanismos legales para cumplir con lo previsto en dicho decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Ximena Tamariz García.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Concepto de Asociación Delictuosa que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Carlos Vidal Riveroll)1

La expresión asociación, proviene del latín sociatio, que significa unión, compañía. Es acción y efecto de unir actividades o esfuerzos; colaboración; reunión; relación que une a los hombres en grupos y entidades organizadas; es la unión de dos o más personas con una finalidad determinada, como son del orden político, profesional, benéfico, religioso, mercantil, etcétera, pudiendo acontecer de manera específica que los fines perseguidos sean ilegítimos; dícese de estos grupos, que el conocimiento que se tienen entre sí sus integrantes contribuye a la durabilidad de los mismos. Hay asociación siempre que varias personas aparecen unidas para un fin común, es decir, la reunión de varias personas para un fin determinado constituye la asociación. Si la delincuencia es un fenómeno que socialmente se califica de grave, el peligro es mayor cuando deriva de la conjunción de voluntades a virtud de un actuar permanente y más duradero, lo que proporciona mayores posibilidades de éxito en el fin impuesto y disminuye la garantía de seguridad con relación a los particulares. La existencia de la asociación delictuosa, de suyo crea un peligro para la comunidad y por ello mismo se justifica que el Estado las declare ilícitas y les imponga su correspondiente punibilidad. Cada participante debe estar consciente de que se liga al grupo para actuar por y para la asociación. El fin específico de cada miembro, debe ser cometer delitos en género, pero no determinados, que caracteriza a la participación criminal y con la cual no debe confundírsele. No es lo mismo que varios individuos, de manera organizada coordinen, proyecten y ejecuten una conducta o hecho delictivos dando lugar a que se precise su responsabilidad como autor principal, coautor, cómplice, connivente o simple encubridor, a que se piense en la concurrencia de varios sujetos (un mínimo de tres) que resuelvan dedicarse a delinquir (constituya su modus vivendi) y para ello se organicen, dando lugar a la existencia de la asociación delictuosa”.2

En nuestro país se podría considerar que existe un sinnúmero de delincuencia organizada, si embargo, la cantidad de asociaciones delictivas que existen son mayores y más peligrosas, ya que estas tienen mayor “calidad” a la hora de trabajar.

En primer lugar, hay que saber diferenciar lo que es una asociación delictuosa, ya que muchos los pueden llegar a confundir con delincuencia organizada; una asociación delictuosa está definido en el Código Penal Federal en su artículo 164, que a la letra dice:

Asociaciones delictuosas

“Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.

Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos”.3

Mientras que la delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en el tráfico de drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación.

Ejemplos de ello los cito a continuación:

• “Un ejemplo que quizás no muchos recuerden es el de Joaquín Hernández Galicia "la Quina", el cual fue detenido el 10 de enero de 1989 por homicidio calificado, acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del ejército, introducción ilegal de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares; evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos y por atentar contra la seguridad nacional.

Este delincuente llego a ser el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), considerado además como guía moral del sindicato petrolero.

• Otro ejemplo y el más actual de asociación delictuosa en México es la con fabulación que hicieron Elba Esther Gordillo y sus compinches al robar descarada mente 2 mil millones de pesos a la SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).

Gordillo desvió recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, uno de ellos fue una flamante residencia a nombre de la madre de "la maestra", así como para realizarse cirugías estéticas, y hasta comprar obras de arte.

Uno llega a preguntarse cómo es que llegaron tan lejos sin que nadie los descubriera en su operación de robar tan exorbitante cantidad de dinero, pero es muy sencillo responder tras el conocimiento que tenemos de las asociaciones sabemos que es debido a la falta de denuncia y a la manera tan estratégicamente bien planeada que tienen estas personas para poder realizar sus fines. La unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público fue quien detecto la operación multimillonaria haciendo la denuncia, de esta manera la PGR actuó deteniendo a la delincuente el 26 de febrero del 2013 en el aeropuerto de Toluca”.4

Es por ello, que las autoridades deben de ponerse a trabajar en conjunto, para poder frenar a estas personas que lo único que hacen por el país es manchar su imagen y reputación, la cual podemos decir no es muy conocida por su seguridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 164 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Asociaciones delictuosas

Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de ocho a doce años y de trescientos a quinientos días multa.

[…]

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.

1 Definición y Caracteres de Asociación Delictuosa en Derecho Mexicano:
http://mexico.leyderecho.org/asociacion-delictuosa/

2 Definición y Caracteres de Asociación Delictuosa en Derecho Mexicano:
http://mexico.leyderecho.org/asociacion-delictuosa/

3 Código Penal Federal: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm

4  Asociaciones Delictuosas: http://asociacionntic.blogspot.mx/






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada Federal MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El derecho al trabajo digno y socialmente útil, y el de coaligarse trabajadores y patrones para defender sus respectivos intereses, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son las bases del Derecho laboral mexicano. Con su inclusión, el movimiento político, social y económico iniciado en 1910 perfeccionó las libertades de trabajo y de asociación elevadas a ley fundamental desde el Congreso constituyente de 1856-1857, mantenidas en los artículos 5º y 9º del ordenamiento supremo vigente.

El Derecho nacional del trabajo es producto, pues, de nuestra última Revolución, y de la evolución de las relaciones internas entre el capital y la mano de obra. Pero también forma parte del proceso pro-obrero internacional, el cual comenzó a gestarse en Europa en 1890 con la celebración en Berlín de la Primera Conferencia Intergubernamental para la formulación y aplicación de una legislación común en materia laboral. Dicho proceso adquirió cimientos institucionales en el marco de la Primera Guerra Mundial.

Entre 1914 y 1918, los sindicatos de los países inmersos en aquella conflagración, así como los provenientes de algunas naciones neutrales, celebraron varios congresos en los que se propuso la creación de un órgano competente para legislar a nivel internacional en materia de trabajo, a fin de salvaguardar los derechos básicos de los obreros que se pugnaba por incorporar al tratado de paz culminante de la contienda. Las ideas de estas reuniones fueron retomadas en los proyectos gubernamentales relativos a la formulación de una normatividad laboral compartida, llevados por Francia y el Reino Unido a las negociaciones del Tratado de Versalles. De sus gestiones resultó la integración de la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, la que a su vez presentó un proyecto de constitución de un organismo que se abocara a la creación del cuerpo jurídico vislumbrado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), como se le denominó, fue adoptada finalmente por la Conferencia de Paz de 1919 en la Parte XIII del acuerdo que cerró la Gran Guerra.

La OIT es una persona moral capaz de contratar y comparecer en juicio. Desde 1946  es un organismo especializado permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual participa en la coordinación de algunas de sus actividades a través del Consejo Económico y Social. Su objeto es la creación de normas internacionales del trabajo y de los procedimientos necesarios para controlar su aplicación en los Estados miembros; brindar cooperación técnica, organizacional y financiera a petición de un país interesado en asuntos relacionados con la formación profesional y educación de los trabajadores, la promoción de empleos, las relaciones obrero-patronales, los sindicatos y asociaciones de empleadores y la seguridad social; la realización de estudios e investigaciones en materia laboral que informen la normatividad internacional y la cooperación técnica, divulgando en el mundo estos datos por medio de publicaciones como la Revista Internacional del Trabajo. Los fines que se propone alcanzar son los contemplados en el preámbulo de su Constitución: la justicia social como vehículo para conseguir la paz universal y duradera; el mejoramiento de las condiciones laborales para evitar el descontento, germen de todo conflicto; la uniformidad de principios del  Derecho del trabajo, indispensable para lograr un progreso concomitante de los países en su legislación del trabajo interna. La Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 1944 agregó otro objetivo: el bienestar material de los trabajadores, y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades.

De acuerdo a la enmienda hecha en 1945 al entonces artículo 2º de la Constitución de la OIT, son miembros suyos los Estados que ya eran integrantes al 1º de noviembre de ese año. Así mismo, los Estados que sean miembros de la ONU, y los externos a dicha organización que sean admitidos por el voto de las dos terceras partes de los delegados presentes en la Conferencia General de la OIT. En todo caso, la membresía surte efectos hasta que el gobierno del Estado respectivo comunique al Director de la Oficina Internacional del Trabajo su aceptación formal de las obligaciones derivadas del texto constitucional. Las más relevantes: contribuir a los gastos de la Organización conforme a los acuerdos presupuestarios que ésta celebre con la ONU, o en los términos del presupuesto aprobado por la Conferencia General; pagar los gastos de los representantes y consejeros técnicos que envíen a la Conferencia General y al Consejo de Administración, en su caso; y, por supuesto, cumplir los convenios que ratifique conforme a su Derecho interno, y presentar una memoria anual a la Oficina Internacional sobre las medidas que ha adoptado para la ejecución de tales instrumentos.

La OIT es la única agencia especializada de las Naciones Unidas con una composición tripartita. En sus órganos legislativo y ejecutivo concurren representantes de los gobiernos, trabajadores y patrones de los Estados miembros. La doctrina coincide en que en esta característica reside el vigor de la Organización, pues la autoridad de sus decisiones proviene de escenarios de debate y consenso entre portavoces de los beneficiarios potenciales y de los constreñidos a su observancia. Por eso, a pesar de los argumentos esgrimidos en torno a la dificultad de lograr acuerdos en el seno del organismo por el choque de ideologías e intereses de los participantes, los proyectos relacionados con su estructura han tendido a fortalecer el tripartismo en lugar de explorar otra alternativa orgánica.

La Conferencia General, instancia de la OIT en la cual se aprueban las normas internacionales del trabajo en forma de convenios -vinculantes por su naturaleza de tratados internacionales- o recomendaciones -directrices opcionales-, se compone por cuatro representantes de cada uno de los Estados miembros, dos de los cuales son delegados del gobierno, uno de los trabajadores, y el cuarto del sector patronal. Cada delegado puede hacerse acompañar hasta por dos consejeros técnicos, por cada punto a tratarse dentro del orden del día de la sesión. Los representantes del sector patronal y del obrero, así como los consejeros técnicos que los acompañen, deben ser elegidos de acuerdo con las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores más representativas del país de que se trate. Por regla general, esta asamblea adopta sus decisiones por el voto de la mayoría absoluta de los delegados presentes. Tratándose de los convenios y recomendaciones, su aprobación exige la mayoría calificada de dos terceras partes, igualmente de los conferencistas en sesión.

El Consejo de Administración del organismo se integra por 56 personas, de las cuales 28 son representantes de gobiernos, 14 son delegados de la clase trabajadora, y 14 del sector patronal. Le corresponde fijar las fechas de las sesiones anuales y extraordinarias de la Conferencia General, preparar el orden del día respectivo con base en las propuestas presentadas por los Estados miembros, y nombrar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría técnica permanente de la OIT encargada de preparar los proyectos de convenios, recomendaciones y demás instrumentos del conocimiento de la Conferencia.

La configuración tripartita de la OIT propicia -por decir lo menos- que el contenido de las disposiciones y lineamientos modelo emanados de su sede equilibre el ejercicio de la legítima vocación empresarial con la tutela a la integridad de quienes prestan servicios personales subordinados. La intervención de ambas partes, aunada a la de la autoridad reguladora de sus vínculos en el país donde se desarrollan, brinda la oportunidad al capital y al trabajo de defender sus aspiraciones y evitarse grandes sacrificios en beneficio de las tocantes a su contraparte. Desde luego, hasta donde lo consiente el eje rector del pensamiento jurídico laboralista legado del siglo XX: dignidad del trabajador por encima de consideraciones relativas a la producción, enunciado que desglosado comprende, entre otros aspectos, la percepción de un salario remunerador, el disfrute de periodos de descanso, la reparación económica por riesgos de trabajo, y la libertad de emplearse con el patrón que más convenga a la satisfacción de sus necesidades particulares.

México es miembro de la OIT desde el 12 de septiembre de 1931. De 188 convenios aprobados por la Conferencia General, ha ratificado 68. Uno de los más destacados es el Convenio Internacional del Trabajo no. 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, adoptado por la Conferencia el 9 de julio de 1948 y en vigor en nuestro país desde el 1º de abril de 1951. Sobresale y motiva la presente iniciativa, amén de la importancia del tema que es su objeto, también desafortunadamente por las deficiencias de su implementación en el medio nacional, en donde ha sido colocado parcialmente por debajo de ciertos preceptos de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 (LFT).

El Convenio 87 establece el derecho de trabajadores y empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes para fomentar y defender sus intereses, así como el de afiliarse a ellas (arts. 2 y 10). Así mismo, dispone que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a empleados y patrones el libre ejercicio del derecho de sindicación (art. 11) y determina que la legislación nacional no menoscabará las garantías previstas en su texto ni será aplicada en su perjuicio (art. 8, párrafo 2). La libertad sindical a la que aluden los preceptos mencionados -dice el Dr. Víctor Manuel Pérez Valera- incluye la libertad de crear sindicatos, de enrolarse o no en ellos, de integrarse a uno u otro, y la libertad frente a los empresarios y al Estado1.

Desde su origen, el artículo 395 de la LFT autorizó que los contratos colectivos de trabajo contuvieran una cláusula no retroactiva por la cual el patrón se obligara a admitir como empleados, exclusivamente, a los miembros del sindicato con el que tuviera celebrado el contrato. También permitió una previsión en virtud de la cual el empleador asumiera el compromiso de separar de su puesto, sin responsabilidad, a los trabajadores que renunciaran al sindicato o fueran expulsados de él. Ambos pactos -que por habilitación del artículo 413 de la misma ley podían figurar igualmente en los contratos-ley- reciben el nombre de cláusula de exclusión. La primera, por ingreso; la segunda, por separación.

De la comparación de lo expuesto en los dos párrafos precedentes, se desprende que las cláusulas de exclusión por ingreso y separación en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos-ley son contrarias a las disposiciones de la CPEUM y del Convenio 87 de la OIT aludidas a lo largo de este documento -lo cual las torna inválidas a la luz del principio de jerarquía normativa-, porque de hecho convierten el derecho de sindicación en una obligación, al condicionar el acceso o la permanencia en un empleo a la membresía sindical.

II. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La postura de la doctrina laboralista mexicana con relación a la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación es casi unánime. Incluso los juristas que sostuvieron su validez -de manera inexplicable si se consideran sus luces intelectuales- como el maestro Alberto Trueba Urbina, la tenían por perniciosa en la práctica, y reconocieron la necesidad de cuidar su regulación para impedir hechos de corrupción y abuso por parte de los sindicatos contra sus agremiados2.

La compatibilidad de la cláusula de exclusión por ingreso con nuestra Carta Magna ha dividido opiniones. Pero no debe perderse de vista que los argumentos vertidos por sus apologistas no han sido de carácter jurídico sino político: el fortalecimiento de las organizaciones sindicales; el establecimiento de un mecanismo de defensa contra las manipulaciones del patrón que se proponga diluir al sindicato de su empresa o industria contratando personal no sindicalizado; mejorar la efectividad de los contratos colectivos de trabajo incorporándoles cláusulas clasistas3 y otras consideraciones análogas, que sirven más a la permanencia del control de los dirigentes sindicales sobre los trabajadores asociados que al robustecimiento del sindicato en su conjunto, no son razones aptas para determinar la validez de la restricción contractual a la admisión en los empleos.

Técnicamente, dicho juicio solo puede hacerse confrontando el artículo 395 de la LFT con los artículos 5°, 9° y 123 de la CPEUM, y con los artículos 2, 8, 10 y 11 del Convenio 87 de la OIT, que por ser un tratado internacional sobre derechos humanos impone su acatamiento a todas las autoridades mexicanas, la legislativa inclusive, de acuerdo con lo prescrito en los párrafos primero y tercero del artículo 1º constitucional. De aquellos preceptos no resulta ninguna excepción al derecho de sindicación que faculte al legislador ordinario para regular favorablemente la cláusula de exclusión por ingreso. Luego entonces, es inconcusa su índole espuria.

La cláusula de exclusión por separación fue declarada inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de abril de 2001. Como se trató de un criterio aislado sin efectos generales, continuo su trayectoria en la contratación colectiva. Su proscripción del Derecho laboral mexicano se concretó once años después, al ser abrogado el segundo párrafo del artículo 395 en la reforma a la LFT aprobada en noviembre de 2012.

Sin embargo, para garantizar plenamente el ejercicio del derecho al trabajo y a la sindicación, es menester abolir también la disposición legal que permite la inclusión de la cláusula de preferencia sindical en los contratos colectivos. Tal enmienda armonizaría lo dispuesto en la legislación laboral con el bloque de constitucionalidad. En la práctica, coadyuvaría a la erradicación del clientelismo, las ventas de plazas y los múltiples abusos de los sindicatos que han sido alentados con el privilegio combatido en esta iniciativa.

Los sindicatos obreros, como cualquier asociación, son medios y no fines por sí mismos. Se constituyen para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajadores. Existen, y solo deben existir para el beneficio y progreso de la clase que aglutinan. Cualquier factor propiciado por esas organizaciones en perjuicio de los trabajadores que exceda los límites constitucionales, no solo implica una irregularidad, sino también un contrasentido al fin para el cual se erigen.

Tan indebido es que se arroguen la exclusividad de la planta y de los empleos eventuales de las empresas e industrias en las que sean titulares de un contrato colectivo, como que impongan a sus miembros en los ordenamientos internos deberes opuestos a normas expedidas por los depositarios del poder político. Si bien los artículos 3, 5 y 6 del Convenio 87 reconocen a las organizaciones obreras y patronales y a las federaciones y confederaciones en las cuales se agrupen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, y prohíben a las autoridades públicas inmiscuirse en su ejercicio, tal prerrogativa no es irrestricta. Como los actos de cualquier gobernado, debe ceñirse a las leyes. Lo pone en claro el párrafo primero del artículo 8 de dicho tratado: Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.

Empero, algunos sindicatos en México no aprecian las limitaciones a su capacidad estatutaria con claridad equivalente o, lo que es más probable, las pasan de largo invocando infundadamente tácticas de vigorización de clase. Baste aquí un ejemplo como indicio de esta situación.

La fracción XI del artículo 13 de los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) establece:

Artículo 13. Son obligaciones generales de los miembros del Sindicato:

XI. No prestar colaboración al Instituto (Mexicano del Seguro Social) en forma alguna, que perjudique las conquistas de los trabajadores. Ningún miembro del Sindicato podrá servir de testigo en contra de otro trabajador en conflictos de trabajo, ante el Instituto, so pena de ser castigado como traidor a su clase.

En razón del texto transcrito, los agremiados del SNTSS han abstenerse de acudir ante las Juntas de conciliación y arbitraje a rendir testimonio adverso a sus compañeros en los procedimientos que hasta hoy siguen siendo competencia de esos órganos, aunque sean citados formalmente a declarar con apoyo en la fracción II del artículo 813 de la LFT. O bien, presentándose a desahogar la prueba testimonial a la que son llamados, deben acomodar su declaración al interés del trabajador parte de la controversia, aun cuando ello implique falsear los hechos inquiridos en el interrogatorio; en otras palabras, violar la protesta de conducirse con verdad que es preciso requerir a los testigos previo al inicio de la diligencia. El predicamento en el que se sitúa al trabajador es evidente: si se niega a apersonarse en la audiencia puede ser compelido a hacerlo por el Presidente de la Junta de la causa suministrándole uno de los medios de apremio contemplados en el artículo 731 de la aquella ley, que van desde la imposición de una multa ascendiente al salario de una jornada hasta el arresto por 36 horas; si asiste corre el riesgo de ser sancionado por el sindicato, o de incurrir en el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad pública si quiere eludir la reprimenda estatutaria.

La propuesta en turno se endereza entonces también a precaver disyuntivas como la ensayada, que provienen de la tergiversación de la teleología sindical instaurada en el orden jurídico nacional por obra del legislador propio y de la incorporación de las normas internacionales del trabajo, ambas corrientes convencidas en que la asociación obrera debe servir y no someter al trabajador en su consideración de individuo.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo manifestado, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ÚNICO: Se reforman los artículos 154, párrafo primero; 155; 156; 371, fracción VI; 395 y 413; y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 154, todos los anteriores de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean y a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo.

Artículo 155.- Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos si prestaron servicio con anterioridad y por qué tiempo, así como la naturaleza del trabajo que desempeñaron, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud.

Artículo 156.- De no existir contrato colectivo, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa.

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a V. …

VI. Obligaciones y derechos de los asociados. Cualquier disposición en los estatutos que obligue a sus miembros a hacer o a abstenerse de un hecho o acto que deban observar conforme a las leyes, por el cual puedan ser sujetos de medidas de apremio o sanciones para el caso de incumplimiento de acuerdo con las mismas, se tendrá por no puesta.

Artículo 395.- Es nula cualquier estipulación en el contrato colectivo por la que el patrón se obligue a admitir exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante, o a separar del empleo a los miembros que renuncien o sean expulsados de éste.

Artículo 413.- Es aplicable al contrato-ley lo dispuesto en el artículo 395.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Las cláusulas de exclusión por ingreso que estén en vigor al comenzar la vigencia del presente decreto quedarán sin efectos a partir de la fecha en que se venza el plazo para solicitar la próxima revisión integral de los contratos colectivos y de los contratos-ley que las contienen, de acuerdo a los artículos 399 y 419 de esta Ley, independientemente de que se haya solicitado o no la revisión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.

1 PÉREZ Valera, Víctor M., “La cláusula de exclusión en el Derecho laboral mexicano”, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, no. 35, año 2005, p. 427.

2 Citado por TENA Suck, Rafael, “Mitos y realidades de la cláusula de exclusión”, en Temas selectos de Derecho laboral. Liber amícorum: homenaje a Hugo Ítalo Morales Saldaña, UNAM-IIJ, 2014, pp. 539-540.

3 VALENCIA Guajardo, Clara R., Constitucionalidad de la cláusula de exclusión por admisión e inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación, Tesis de Maestría, Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 66-69.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 54 Y 151 DE LA LEY ADUANERA

(Presentada por la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del grupo parlamentario del PAN)

La suscrita, Diputada ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 54 Y 151 DE LA LEY ADUANERA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México enfrenta un gran reto en materia de informalidad, en particular, en el mercado de bebidas alcohólicas el 36% de estos productos no pagan impuestos. El valor del mercado informal es de 19 mil 430 millones de pesos  lo que representa una pérdida fiscal de más de 6 mil millones de pesos.

Dicha pérdida fiscal equivale a tres veces el presupuesto asignado a la oficina de la presidencia; al presupuesto asignado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; a diez veces el presupuesto total asignado al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; tres veces el presupuesto asignado al Fondo de Cultura; dos veces el presupuesto asignado al Fondo de Infraestructura Deportiva destinado a las Entidades Federativas y a veintisiete veces el presupuesto asignado al Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones del Sector Salud, asignado mediante el Anexo 18 Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.1

En ese sentido, es insoslayable que el mercado informal de bebidas destiladas constituye un grave menoscabo a las finanzas públicas de México, dejándose de recaudar una gran suma de dinero en contribuciones, además de que dicho mercado informal representa un obstáculo para un sano desarrollo de los mercados al generarse prácticas desleales que ponen en desventaja al sector formal de vinos y licores en nuestro país.

Actualmente las bebidas alcohólicas se encuentran gravadas, a nivel federal, por una tasa de 53% correspondiente al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que sumada a la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la forma de aplicarlo, resulta en una carga fiscal de 77.48% de su valor.

Esto representa un enorme incentivo a la informalidad que actualmente padece esta industria, con impactos negativos en materia de salud pública y en recaudación federal, en este caso participable a las entidades federativas. Asimismo se debe tener en cuenta el riesgo sanitario que representa el mercado informal de bebidas alcohólicas destiladas para la salud de más de 120 millones de mexicanos. Los productos ilícitos no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y la legislación aplicable con relación a etiquetado y estándares sanitarios,

De acuerdo con un estudio elaborado por la empresa Euromonitor en 2015, se han podido medir los efectos de las diversas medidas establecidas por el Gobierno Federal para combatir el mercado informal de bebidas alcohólicas destiladas, dichas medidas son, entre otras, el no incrementar la carga fiscal a este sector, establecer aduanas exclusivas a la importación de bebidas alcohólicas, establecer un control del alcohol etílico, tener un mayor control del producto en los puntos de venta, mantener un monitoreo más estricto de las importaciones que se sospeche sean subvaluadas y fortalecer las sanciones a los importadores.

Esta propuesta permitirá recuperar 1,200 millones de pesos que se pierden por la subvaluación de estos productos. Asimismo, tiene por objeto revisar y fortalecer los mecanismos de control que permitan combatir la evasión en el pago de contribuciones, el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de comercio exterior y, en general, evitar una competencia injusta para la industria nacional, al comercio formalmente establecido y a la hacienda pública.

Lo que se busca con la presente iniciativa es generar mayores controles en materia de subvaluación de mercancías en la importación de las mismas, es decir, se debe combatir la introducción a territorio nacional de productos con un valor inferior al valor normal de comercialización en nuestro país. Para ello, se deberán reformar la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación.

En concreto, actualmente la Ley Aduanera establece en su artículo 151 las condiciones para la procedencia de los embargos precautorios de mercancías y de los medios en que se transporten. La fracción VII del artículo establece taxativamente:

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A fracción I de esta Ley.

Este artículo permite inferir que, ante la inconsistencia entre la información declarada en un pedimento de importación y el valor real de transacción de mercancías ?idénticas o similares?, se presume la posible realización de una operación irregular, aunque no necesariamente ilícita, razón por la cual es procedente el embargo en tanto la autoridad aduanera adquiere información suficiente para iniciar ulteriores procedimientos legales.

Es necesario que tratándose de bebidas alcohólicas el diferencial de subvaluación sea reducido en una medida considerable, a fin de desincentivar la posible comisión de delitos en materia fiscal que, como hemos advertido, pudieran resultar en detrimento del erario público y en la eventual comercialización ilegal de bebidas, ?no necesariamente apócrifas? pero si en opacidad y sin el debido control fiscal y sanitario.

Un porcentaje, aún amplio, que pudiera resultar de inicio razonable para la determinación del diferencial de subvaluación máximo es en razón del 20%, por tratarse de importación de marcas registradas, de las cuales se puede conocer fácilmente su precio internacional promedio y no habría razón alguna para que existieran diferencias mayores en precio entre mismas marcas y versiones.  Es decir, en este caso, no se están importando bienes primarios los cuales son afectados directamente por los precios de oferta y demanda.

Por otra parte, se plantea de forma paralela, disminuir el porcentaje establecido en el artículo 54 del mismo instrumento normativo, relacionado con la exclusión de la responsabilidad del agente aduanal en ciertos supuestos específicos de la ley.

El artículo 54 en su primer párrafo establece la regla genérica sobre la responsabilidad de los agentes aduanales en el siguiente sentido:

El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables.

A continuación, el mismo artículo establece una serie de excluyentes de responsabilidad del agente aduanal y, en su fracción II, determina que no será responsable el agente cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior, en menos de 40%, al valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

En este caso, lo que se propone es, igual que en el primer caso, disminuir el porcentaje ?en este caso del 40 al 20%? para incentivar la mayor diligencia debida de los agentes, disminuir posibles incentivos de corrupción y, en general, procurar la salvaguarda de los dos bienes jurídicos multi-referidos a lo largo de la presente exposición: las finanzas estatales y la salud pública.

La reforma planteada se resume en el siguiente comparativo:

LEY ADUANERA

Ley Vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 54. …

I.…

II.…

a) Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, en menos del 40%.

Artículo 54. …

I.…

II.…

a) Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, en menos del 40% o, tratándose de mercancías sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, en menos del 20%.

Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

I. a VI. …

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A fracción I de esta Ley.

Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

I. a VI. …

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, en un 50% o más o, tratándose de mercancías sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, en un 20% o más, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A de esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta H. Asamblea el presente:

DECRETO

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 54 y 151 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue.

Artículo 54. …

I.…

II.…

a) Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, en menos del 40% o, o, tratándose de tratándose de mercancías sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, en menos del 20%.

Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

I. a VI. …

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, tratándose de mercancías sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, en un 20% o más, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I de esta Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Federal contará con 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para llevar a cabo las adecuaciones reglamentarias conducentes.

Artículo Tercero.- Las mercancías que se encuentren en despacho aduanero al momento de la publicación del presente Decreto, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes hasta el momento de la entrada en vigor del presente Decreto de reformas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisione Permanente del Senado de la República, el 16 de mayo de 2018.

Dip. Alejandra Gutiérrez Campos.

1 Los datos presupuestales corresponden al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, mismo periodo al que corresponden los datos del mercado informal de bebidas alcohólicas destiladas en México.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 189 BIS AL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por el Diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, Diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales séptimo, octavo y décimo segundo del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones y al Orden del Día, en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 189 BIS DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, conforme a la siguiente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La normatividad para la regulación interna del Poder Legislativo federal, tiene tres objetivos fundamentales: dar certeza jurídica al legislador, y por tanto a los ciudadanos; equilibrar la pluralidad en las Cámaras con procesos claros, y facilitar los acuerdos en los procesos parlamentarios, para una adecuada productividad legislativa.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 25 de mayo de 1979, consideró la ubicación de sus preceptos en cuatro títulos, relativos al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a la Comisión Permanente, respectivamente. 

Tras diversas reformas a esta Ley Orgánica, el 3 de septiembre de 1999, se publicó en el DOF, una nueva Ley Orgánica del Congreso General, la cual mandató la creación de una reglamentación que diera respuesta a todas las necesidades regulatorias de cada una de las Cámaras que lo componen, pues el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, databa de 1934 y se encontraba rebasado.

El 25 de abril del 2006, la Comisión de Régimen Reglamentos, y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura dictaminó diversas iniciativas con proyecto de decreto por los que se proponían reformas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, generando un dictamen que expedía el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados.

En la LXI Legislatura, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, conformó un grupo plural de asesores que redactaron el actual Reglamento, el cual fue aprobado y publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2010.

La expedición del Reglamento de la Cámara de Diputados (RDC), al igual que en la Cámara de Senadores, compuso un importante avance en la regulación democrática del Congreso, aunque siempre se tratara de un acto inacabado, que debe ajustarse a la realidad política del país, a la composición fáctica de la Cámara y al mejoramiento de los procesos internos.

Si bien uno de los objetivos de estos Reglamentos fue limitar el uso de las prácticas parlamentarias, las cuales suelen ser soluciones pragmáticas de bretes procedimentales, pero que muchas veces carecen de legitimidad, y sobre todo, no atienden al principio de legalidad, es necesario aceptar su relevancia, y que cuando se configuran en herramientas útiles para el desarrollo legislativo, es imperativo se incorporen al marco regulatorio, dotándoles de legitimidad y estableciendo reglas claras en su tratamiento.

El Reglamento de la Cámara de Diputados, esta diseñado, para que en respeto a los proponentes de las iniciativas de Ley, estas siempre tengan una resolución por parte de las comisiones legislativas, ya se de aprobación o de rechazo a su propuesta legislativa, en lo cual encontramos un posibilidad no regulada en el RDC.

Cabe señalar que el artículo 150 del RDC establece que es el presidente de la Junta Directiva el responsable de los expedientes que pasen a estudio y dictamen de la Comisión, sin que esto sea óbice de que otros diputados integrantes de la Junta Directiva o del Pleno de la Comisión, puedan participar en la elaboración de los dictámenes, conforme a la organización que la propia Comisión pacte para si. Sin embargo, para efectos de esta exposición, hablaremos de la facultad de elaborar el proyecto de dictamen, como una facultad de la presidencia de la Comisión.

El dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desechar Minutas; Iniciativas de ley o de decreto; Observaciones hechas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a proyectos de ley o decreto; Observaciones de la Cámara de Senadores en términos de la fracción E del artículo 72 Constitucional; Cuenta Pública; Proposiciones, y Solicitudes de permiso constitucional en términos del artículo 37, inciso c), fracciones II a IV, de la Constitución. (Art. 80 RDC)

El dictamen puede proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, o bien, proponer su desechamiento. Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tiene por resuelto y todo el asunto se considera como total y definitivamente concluido. (Art. 82 RDC)

El dictamen es válido sólo cuando la comisión o comisiones discutan un asunto en Reunión y éste se apruebe, por mayoría absoluta. La comisión o comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a la Mesa Directiva, para los efectos de la programación legislativa. (Art. 84 RDC)

Sin embargo, no hay una disposición expresa de qué trámite se debe dar a un proyecto de dictamen, cuya presidencia de la Junta Directiva presenta en un sentido, positivo o negativo, y el Pleno lo rechaza.

Lo que el Pleno de la Comisión rechaza es el dictamen, mas no necesariamente el contenido de la iniciativa.

Por otro lado, los documentos que las comisiones remiten a la Mesa Directiva, para que se pongan a consideración del Pleno de la Cámara, son proyectos de decreto, para aprobar o desechar un asunto. En este caso, si un dictamen positivo fue votado en contra por el Pleno de la Comisión, ¿qué es lo que la Comisión tendría que remitir a la Mesa Directiva? No puede ser el dictamen en sus términos, pues este fue rechazado por la Comisión, tampoco puede ser el acta que asiente el voto negativo del Pleno de la Comisión, pues no se trata de un documento que se pueda someter a votación.

Lo anterior es mas claro si el dictamen es presentado por la presidencia de la Comisión en sentido negativo, y el Pleno de la misma, decide votarlo en contra. En este caso el mensaje de la Comisión, sería que la iniciativa debiera ser aprobada, o en su caso, debiera tener mayor análisis, antes de resolver su viabilidad.

Sin embargo, el Reglamento no prevé que debe suceder si la Comisión en Pleno vota en negativo un dictamen presentado por la presidencia o la junta Directiva de la Comisión.

 A nuestro juicio, con el objetivo de que la Comisión emita dictamen en sentido positivo o negativo, y se respete el derecho del iniciante a que su propuesta se resuelva de forma puntual, en el sentido que sea, consideramos que el voto del Pleno de la Comisión en contra de un proyecto de dictamen, debe entenderse como un mandato para que la presidencia de la Junta, reformule el sentido del dictamen, ya sea para ponerlo en términos inversos a la primera propuesta, o buscar el consenso para reformularla en el mismo sentido, con las modificaciones que permitan se vote en positivo por su Pleno.

En consecuencia, proponemos adicionar un artículo 189 bis al RDC, en la Sección Décima Tercera, denominada “Plazo para emitir Dictamen”, del Titulo Quinto “De los Órganos de Apoyo y su Funcionamiento”, Capitulo I, “De las Comisiones y Comités”, para establecer el trámite que se le dará a un proyecto de dictamen votado en contra por el Pleno de la Comisión.

El supuesto que se plantea es que si el Pleno de la Comisión vota en contra el proyecto de dictamen presentado por la presidencia, se tendrá que devolver a la Junta Directiva, en los términos que cada Comisión funcione, para reformular, en el sentido que la Junta determine. Es decir, cambiar el sentido del dictamen, o modificar el proyecto de decreto, de tal forma que permita la operación política que lleve a su aprobación en el Pleno de la Comisión. El proyecto de dictamen con la nueva propuesta, deberá presentarse en la Reunión inmediata posterior que celebre la Comisión.

Finalmente, si el nuevo proyecto de dictamen, tras ser reformulado, fuera votado nuevamente en contra por el Pleno de la Comisión, la presidencia de la Junta Directiva deberá formular un dictamen en sentido negativo, a fin de cumplir con las formas y términos señalados en el Reglamento. Lo anterior a efecto de acotar la repetición de este proceso sin límite y en perjuicio de los tiempos en que cada Comisión debe dictaminar los proyectos que le son turnados.

Este procedimiento se basa en lo dispuesto en el artículo 107 del RDC, que refiere que cuando un dictamen a discusión en el Pleno de la Cámara, no se apruebe en lo general, el Presidente consultará al Pleno, en votación económica, si el proyecto se devuelve a la comisión. Las comisiones a las que el Pleno devuelve el dictamen para elaboración de uno nuevo, disponen de veinte días para presentarlo nuevamente.

La diferencia entre el procedimiento del 107 reglamentario y el que proponemos, es que la Comisión no puede desechar definitivamente ningún asunto, esa es una facultad exclusiva del Pleno. Las comisiones están obligadas a someter a consideración de Pleno de la Cámara toda resolución que tomen, por ello, ante el rechazo a un dictamen, este debe reformularse, incluso si es para dictaminar finalmente en sentido negativo.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 189 BIS DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un artículo 189 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 189 Bis.

1. Si el Pleno de la Comisión vota en contra el proyecto de dictamen presentado por la presidencia de la Junta Directiva, se tendrá que reformular, en el sentido que la Junta determine, presentándose de nueva cuenta en la reunión inmediata posterior.

2. Si el proyecto de dictamen reformulado en términos del numeral anterior, fuera votado nuevamente en contra por el Pleno de la Comisión, la presidencia de la Junta Directiva deberá formular un dictamen en sentido negativo, a fin de cumplir con las formas y términos señalados en este Reglamento.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. José Hernán Cortés Berumen.








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN MATERIA DE USO Y TRATAMIENTO SUSTENTABLE DE PILAS

(Presentada por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del PVEM)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos. Se turna a la Tercera Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II y, 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR RIESGOS DE ACCIDENTES POR ARCOS ELÉCTRICOS O VOLTAICOS , al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las calles de la Ciudad de México están llenas de postes saturados con cables, alambres sueltos, malas conexiones, registros abiertos y mal asegurados, con muchas líneas de alta, baja y media tensión; que ha convertido esta zona en una trampa mortal para la ciudadanía.

Uno de los riesgos más preocupantes de estas instalaciones eléctricas inadecuadas, son los llamados “arcos eléctricos” o “arcos voltaicos”, que son la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados a baja presión o al aire libre.1 Este se origina cuando una corriente eléctrica busca hacer contacto con otro elemento en tierra que permita el paso de la energía; si el ambiente presenta humedad, polvo o impurezas, facilita el paso de la corriente a través del aire; también se genera cuando los cables presentan un sobre voltaje o fallas en los materiales aislantes.2

En México no existe una base de datos centralizada que permita analizar la incidencia, sin embargo, sabemos que el problema es serio. Un ejemplo de ello es el caso de Ángel Alberto, quien el 13 de octubre de 2011, teniendo ocho años de edad, fue impactado por 23 mil voltios que lo dejaron con quemaduras en 60% de su cuerpo. El incidente ocurrió en la calle Puerto México, número 40, en la colonia Roma Sur.3

Los peritajes contratados por la familia de Ángel aseguran que el menor fue víctima de un arco voltaico, ya que los cables se encontraban 80 centímetros más cerca de lo permitido por la ley, que es a 2.30 metros del balcón. Los peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) afirman que los cables que quemaron a Ángel no estaban recubiertos por material aislante.4

Este peritaje sostiene, incluso, que “existe una correlación entre el tipo de lesiones por fuego directo que presentó este menor de edad, con las que generalmente se presentan en un arco voltáico, descritas en la literatura médica universal, las cuales son ocasionadas al incendiarse la vestimenta de la víctima”.5

Gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau, ese mismo 14 de octubre, una institución de salud ubicada en Texas, especializada en la atención a niños quemados, aceptó darle tratamiento de emergencia a Ángel (de forma totalmente gratuita).6

Además, al sufrir quemaduras dentro de su cuerpo, seguirán surgiendo nuevas secuelas en los órganos afectados, por lo que resulta de suma importancia que a través de una sentencia se pueda determinar quién será el responsable de reparar el daño, sobre todo, de la atención médica, incluida la psicológica, que requerirá Ángel por el resto de su vida.

El caso de Ángel no es único, un accidente similar le ocurrió a Michel Guasque, de 19 años, el 23 junio pasado en la colonia Del Valle, cuando se encontraba con sus amigos en el balcón de un tercer piso.

De acuerdo con datos de la Cruz Roja Mexicana, en 2017 se atendieron a 73 víctimas de este fenómeno en todo el país.7

Desafortunadamente, todos estamos en peligro y es por ello que resulta de gran importante atender este problema.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 El arco Voltaico. Disponible en:  https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/descubrimientos/el-arco-voltaico/ 

2 Presunta mala instalación de la CFE quema a dos jóvenes. Disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/19/1214659

3 Ídem

4 Ídem

5 ídem

6 Ídem

7 Arco voltaico. Jóvenes quedan quemados por cables eléctricos. Disponible en:
http://www.imagentv.com/noticias/imagen-noticias-con-ciro-gomez-leyva/arco-voltaico-jovenes-quedan-quemados-por-cables-electricos






De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a que, en coordinación con el titular del Ejecutivo estatal de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de Acuerdo, con base en la siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con cifras de diversas organizaciones de la sociedad civil y de cifras oficiales de diferentes instituciones públicas del país, el año 2017 se convirtió en el año más violento dentro de la historia reciente de México. El mes de octubre, fue el mes donde se abrieron el mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso del cual se tenga registro en los últimos 20 años.

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada durante la primera quincena del mes de marzo de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 76.8% de mexicanos mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, es decir, 7 de cada 10 mexicanos.

El Índice de Paz México (IPM) 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz señala que en 2017 hubo más de 29 mil asesinatos, lo significó una tasa de homicidios de 24 por cada 100 mil habitantes, es decir, un aumento del 25% anual.

Asimismo, la violencia no solo tiene impacto negativo en la forma de vivir de los ciudadanos, sino también repercute en el tema económico. Y es que datos del mismo índice infieren que el impacto económico de la violencia en México, tan solo en el año 2017 alcanzó la cifra de 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares). Cifra que equivale al 21% del PIB nacional y lo ubica como uno de los mayores porcentajes en el mundo.

Por otra parte, al término de noviembre del 2017 datos de la Organización Ciudadana Semáforo Delictivo señalaron un incremento en relación al mismo periodo del 2016 en delitos como el homicidio con un 24%; secuestro 5%; extorsión 12%; lesiones dolosas 13%; robo a negocios 33%; y robo a vehículos 16%.

Respecto al robo de vehículos, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública1 muestran que el año 2017 (sin contabilizar el mes de diciembre) se cometieron 171,545 robos de vehículos, cifra mayor en 6.04% respecto al 2016 en donde se cometieron 161,770.

Datos del "Reporte sobre delito de alto impacto" del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) señala que el estado de Baja California en el año 2017 se posicionó como primer lugar nacional en robo de vehículos2 .Para dicha entidad la tasa de robo de vehículos fue de 582.66 por cada 100 mil habitantes al mes de octubre del 2017, la más alta de todas las entidades federativas.

En el mes de mayo del 2016 el titular de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado Baja California, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, señaló que se reportaban al 066 aproximadamente entre 600 y 800 vehículos robados cada mes; refiriendo que de esa cantidad entre el 75 y 80 por ciento son unidades irregulares.3

Asimismo, en el presente mes del año en curso el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California ha manifestado que gran parte de los delitos que se cometen en la entidad ocurren en automóviles irregulares, señalando expresamente que en el estado de Baja California “se tiene un problema en el orden de la seguridad, ya que se tienen muchos episodios en materia de inseguridad, que se llevan a cabo en carros irregulares y esto dificulta tremendamente las investigaciones”.4

Lo anterior resulta preocupante ya que dicha problemática se relacionaría con la alta incidencia delictiva que azota al Estado, pues a nivel nacional dicha entidad ocupó durante el 2017, el segundo lugar en robo a negocio; tercer lugar en robo con violencia, en robo a casa habitación y en robo a transeúnte; cuarto lugar en homicidio doloso.

Desgraciadamente la falta de una adecuada estrategia de registro de automóviles en el país está dejando abierta la posibilidad de que los automóviles se vuelvan parte de un arma más para los delincuentes, pues uno de cada cinco automóviles robados es utilizado para cometer otro delito, en su mayoría grave, como el secuestro u homicidio, esto según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los países de México, Canadá y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994, logró eliminar obstáculos al comercio y facilitó la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los países partes, entre ellos permitió la importación de vehículos usados.

Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en su reporte de Mercado Interno Automotor del 2016, se calcula que hay cerca de 7.5 millones de vehículos usados importados provenientes del extranjero internados en México, donde la mayor parte de dichos vehículos se concentra en estados que conforman de la zona fronteriza del norte del país.

Sin embargo, no se ha podido conjuntar una política adecuada para prevenir que los vehículos con procedencia del extranjero no sean armas para delinquir y lesionar a la sociedad.

Derivado de lo anterior es urgente que los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) en coordinación con el Titular del Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos.

Cabe señalar que el Titular del Ejecutivo de Baja California ya se ha manifestado a favor de llevar a cabo un programa que atienda la realidad de los vehículos de procedencia extranjera que circulan en la entidad5.

Por otra parte, con la implementación un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado de Baja California se protegería a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, además dicha acción permitiría la inscripción de los vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de impuestos y derechos que corresponda y respetándose el TLCAN, acciones que además protegerían la infraestructura carretera y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) para qué,  en coordinación con el Titular del Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Eloísa Talavera Hernández.


1 Incidencia Delictiva del Fuero Común mes de Diciembre del 2017; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; disponible en la pág. Web.-
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_112017.pdf; consultado el día 4-01-18. 

2 Reporte sobre delito de alto impacto", octubre del 2017 del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC); disponible en la pág. Web. -
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_oct17_final.pdf consultado el día 3-01-18. 

3 Fuente: http://zetatijuana.com/2016/05/23/en-tijuana-hay-5-asaltos-y-19-robos-de-autos-al-dia/.

5 Necesario padrón de autos irregulares; La crónica.com; disponible en la pág. Web. -
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/18042018/1330411-Necesario-padron-de-autos-irregulares-Kiko-Vega.html,






De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer uso de sus atribuciones para emprender una campaña de comunicación social que informe a la ciudadanía sobre las prácticas de compra y coacción del voto, así como de los mecanismos de denuncia que dispone. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se crea una comisión de seguimiento para supervisar que no se desvíen recursos públicos y no se utilicen los programas sociales para favorecer a algún candidato, partido político o coalición en la campaña electoral, tanto federal como de las entidades federativas para el proceso electoral del 1 de julio de 2018. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Javier Octavio Herrera Borunda y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la posibilidad de crear una Zona Económica Especial en la región norte del estado de Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a corregir las pautas de conducta de los agentes migratorios, con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias que ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO diputado del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUBDELEGACIÓN FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CORREGIR LAS PAUTAS DE CONDUCTA DE LOS AGENTES MIGRATORIOS CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS QUE OCURREN EN SU INTERACCIÓN CON USUARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS AL INTERIOR DEL AEROPUERTO, con base en lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Toda persona, mexicana o extranjera, tiene garantizado el respeto de sus derechos humanos al interior del territorio nacional. El primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solo garantiza esta protección, sino también prohíbe que cualquier persona sea discriminada por su origen étnico o nacional, su género, su edad, su condición social, su condición de salud, su religión, sus opiniones, sus preferencias sexuales, su estado civil, por discapacidad, o por cualquier otro motivo que atentase contra la dignidad humana.1 El respeto a la dignidad es, por definición, un acto de reconocimiento pleno hacia la persona como poseedor de una valía intrínseca. Todo acto que atente contra la preservación de ésta debe ser deplorado y corregido, así como aprovechado como un punto de partida para la reflexión y la prevención.

Bajo esta óptica es que debemos aproximarnos al problema de la discriminación al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta instalación no solo representa un importante eslabón de la economía nacional, sino que es el referente obligado de millones de mexicanos y extranjeros que ven en éste la principal puerta a nuestro país. Para muchas personas, el aeropuerto representa su primera interacción con México y los mexicanos, ya sea para quienes nos visitan por primera vez o quienes buscan regresar a casa. Es por ello que resulta lamentable que esta primera interacción se encuentre, con frecuencia, inmersa en la irregularidad y fundada en la intolerancia.

Los reportes que versan acerca de la situación de la discriminación en el AICM no son cosa nueva. Cientos de usuarios y locatarios han expresado el haber sido víctimas de discriminación, particularmente a razón del color de piel o por contar con alguna discapacidad.2 Estos actos de discriminación, frecuentemente enfocados hacia pasajeros provenientes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, han sido reportados en múltiples ocasiones sin mayor respuesta o cambio en la actitud de los agentes.3 De forma reciente, la Secretaría de Gobernación separó a Ricardo Álvarez Campos de su cargo como subdelegado federal del Instituto Nacional de Migración debido a presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.4 Reportes posteriores a este movimiento revelaron, sin embargo, que la situación continúa.

A inicios de abril del año en curso, un grupo de 18 nacionales peruanos llegaron al AICM con el fin de trasbordar a otro vuelo con destino a China. Al cruzar por el filtro de migración, el grupo fue presuntamente detenido arbitrariamente por agentes migratorios, quienes actuaron con base a criterios discrecionales al decir que no tenían “pinta” de turistas.5 Este hecho fue ampliamente reportado por la prensa peruana y ocasionó tensión entre ambos países. Una prueba, podemos concluir, de que los cambios directivos no han inspirado un viraje importante en el comportamiento de algunas personas al interior del organismo. Es necesario, por tanto, presionar por un cambio de fondo respecto a estas conductas.

A tal efecto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por la cual se exhorta a la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a corregir las pautas de conducta de los agentes migratorios con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias que ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al interior del aeropuerto. El respeto a la dignidad y los derechos humanos debe de ser el principio fundamental en cualquier acto de autoridad, sin importar el nivel o cargo que se esté ejerciendo.

CONSIDERANDOS

Sobre los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esboza, en su primer artículo, que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”6

Sobre el papel de la autoridad en la protección de estos derechos, el mismo artículo menciona que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”7

Sobre la discriminación, el artículo concluye que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”8

Sobre la migración, la Ley de Migración contempla que la política migratoria del Estado mexicano este fundamentada en principios como: la equidad en el trato de nacionales y extranjeros, especialmente en lo que respecta a las garantías individuales que se expresan en la Constitución; el respeto intrínseco de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuese su condición; la facilitación de la movilidad internacional de las personas y la congruencia del Estado mexicano, de forma que garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, para con los extranjeros que transitan o emigran al país.9

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Se exhorta a la Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a corregir las pautas de conducta de los agentes migratorios con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias que ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al interior del Aeropuerto.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido.


1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º. Párrafo Quinto. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

2 Arellano, César. Denuncian Extorsión y Discriminación de Agentes de INM y PF en Aeropuerto. México. La Jornada. 2018. Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/2018/03/12/sociedad/033n2soc.

3 Chávez, Víctor. Investiga la Función Pública Corrupción de Funcionarios del AICM. México. El Financiero – Bloomberg. 2017. Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/investiga-la-funcion-publica-corrupcion-de-funcionarios-del-aicm.

4 Notimex. Cesan a Subdelegado Federal de Migración en el AICM. México. Periódico Excélsior. 2018. Consultado en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/06/1224562.

5 Agencia EFE. Peruanos Denuncian Discriminación en AICM. México. Milenio. 2018. Consultado en: http://www.milenio.com/internacional/peruanos-denuncian-discriminacion-mexico-aeropuerto-aicm-turistas_0_1151885213.html.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

7 CPEUM. Artículo 1º. Párrafo Tercero. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

8 CPEUM. Artículo 1º. Párrafo Quinto. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

9 Ley de Migración. Artículo 2º. (Última Reforma: DOF 09-11-2017)






Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos y de los Diputados del grupo parlamentario del PES, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a establecer medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, diputada del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social y diputado JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO, con fundamento en lo que disponen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permiten someter a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como sabemos, la Comisión Federal de Electricidad aplica diferentes tarifas de acuerdo al uso y consumo de la energía, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación aplicable.

En cuanto al uso doméstico, existen dos niveles tarifarios:

• La 01 o estándar que es la que ocupa la mayoría de los particulares y tiene el beneficio de un subsidio cuando no se rebasa el uso de kilowatts establecidos, y

• La tarifa de alto consumo doméstico que aun siendo de uso doméstico, se aplica a quienes rebasan el máximo establecido de kilowatts en el consumo por un periodo continuo de tres bimestres o más, generando un aumento en el cobro de hasta 5 veces el consumo básico.

Estar dentro de la tarifa de alto consumo doméstico o de alto consumo doméstico significa que quienes han rebasado el máximo de kilowatts establecidos en el tiempo definido, ya no cuentan con la aportación gubernamental que permite pagar una menor cantidad por consumo de luz, en pocas palabras, se retira el subsidio por utilizar mucha energía eléctrica.

Actualmente el mayor consumo de electricidad se realiza en las ciudades de mayor actividad productiva con un alto consumo doméstico por el hecho de atender necesidades vitales a través del uso de aparatos eléctricos, tecnológicos, de entretenimiento y/o comunicación entre otros, sin embargo, existen personas que para sobrevivir, sanar o simplemente como auxilio a una discapacidad, requieren elementos adicionales que, por sus características específicas, demandan de un suministro eléctrico más allá del convencional.

En nuestro País no se cuenta con una política social que subsane estas necesidades dejando a muchos mexicanos con discapacidad en una situación de franca desventaja al no existir un programa para exención de pago, disminución de costo o en su defecto el apoyo por parte de la CFE para contar con otro medidor alterno que sea instalado en el domicilio para obtener una facturación separada, con el fin de que los aparatos de supervivencia no alteren el suministro de electricidad doméstica.

Hoy día, en el afán de promover la industria automotriz basada en el uso de autos eléctricos, la CFE permite que el propietario de una unidad de estas características, no se vea afectado en su recibo de cobro, para ello, facilita la instalación de un medidor independiente en el domicilio y con esta medida, su tarifa doméstica 01 o estándar no subirá al nivel de Doméstica de Alto Consumo.

Es una pena que el enfoque del gobierno en turno, genere extraordinarios niveles de desigualdad, donde se le dan beneficios a un sector socioeconómico alto para la adquisición de automóviles que aún son  muy costosos para el grueso de la población y no hay suficiente infraestructura para permitir que accedan a la compra de estos vehículos, mientras un gran número de ciudadanos con discapacidad, enfermedad crónica o terminal requieren aparatos para subsistir y no alcanzan el subsidio eléctrico para continuar con sus medios de sostenimiento.

Por esta razón se conmina a la CFE para que suscriba un convenio o programa específico en todo el país donde las personas que requieren de elementos, aparatos adicionales o auxiliares eléctricos, cuenten con una exención, una tarifa preferencial y/o un sistema de medición más justo.

En México se han realizado diferentes esfuerzos para determinar el número de personas con discapacidad y sus características: a través de los censos desde la primera mitad de siglo (en los censos de 1895, 1900, 1910, 1921, 1930 y 1940); en la Encuesta Nacional de Inválidos 1982, de la Secretaría de Salud (SSA); en el Conteo de Población y Vivienda 1995; y en el Registro Nacional de Menores con Discapacidad 1995 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación Pública (SEP)., y a pesar de estos avances se reconocen ciertas limitaciones en la información disponible, y la falta de homogeneidad en los criterios para clasificar y captar a esta población.

Sumado a lo anterior, existen factores sociales de urgente atención por considerarse inevitables a corto plazo, por dar un ejemplo, el potencial crecimiento en la población de adultos mayores y con ello los  padecimientos crónicos que los incapacitan; en los últimos 10 años se tiene registro del incremento de enfermedades respiratorias que han generado una alta demanda en el suministro de oxígeno de grado medicinal y el uso de concentradores de oxígeno que utilizan energía eléctrica las 24 horas del día, esto entre otros casos.

Por esta razón es urgente atender este reto social y trabajar en la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes con el objeto de generar indicadores que nos permitan medir, evaluar y en su caso, dar solución a esta necesidad social que demanda un trato justo.

De acuerdo con el “Estudio sobre el agravio comparativo económico que origina la discapacidad” de Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García, la presencia de una discapacidad en el hogar obliga a una planificación presupuestaria específica, no sólo por el hecho de que la discapacidad modifica las prioridades de gasto y que la presión que suponen sobre el presupuesto familiar los gastos originados por la discapacidad obliga a restringir el gasto (o a prescindir totalmente de realizarlo) en otras partidas, sino también porque la propia evolución de los gastos originados por la discapacidad es difícilmente previsible.

El mismo estudio afirma que las necesidades de gasto adicional y el importe que suponen los gastos depende no sólo del tipo de discapacidad, sino también de la severidad de la discapacidad, de la edad de la persona. Una mayor severidad de la discapacidad supone, en general, más necesidades de apoyo y por tanto más gasto.

Por ello, la severidad y el importe del gasto se relacionan en forma directamente proporcional con la red de apoyos de que se dispone y de muchas otras variables.

En el año de 2012, reporta que en el país existían 6.1 millones reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares vive una persona con discapacidad. En 78% de estos hogares sólo hay una persona con discapacidad, en 18% dos personas y en 3%, tres o más personas con discapacidad.

Los hogares con personas con discapacidad tienen una frecuencia mucho más alta en los hogares ampliados (39.9%), compuestos (1.6%) y corresidentes (0.3%).

De manera precisa, los aparatos a los que hacemos referencia en la presente proposición, entre otros, son:

• El respirador

• El aspirador de mocos

• La silla electrónica

• La telealarma

• Las ayudas domóticas

• El imprescindible aire acondicionado para un enfermo respiratorio

• El nebulizador

• El pulsímetro

• Ventilodependientes.

En el caso de las personas sordas, requieren de adaptación a su vivienda:

• El bucle magnético

• Los detectores de señales acústicas

• Despertadores lumínicos o de vibración

• El teléfono de texto y

• El fax

De conformidad con el artículo 4 numeral 1 inciso g) del decreto promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de  mayo de 2008, México se encuentra comprometido a asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de la promoción de tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad a precios asequibles.

Artículo 4

Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

Este mismo instrumento internacional establece en artículo 19, inciso c) a que los servicios a la población deben de estar disponibles en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, y añade este inciso, que se debe tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Con esta propuesta se contribuye a cumplir con el compromiso internacional adquirido por nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas, hace ya una década.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de cada 10 personas con discapacidad de 15 años y más de edad que residen en el país, solamente 4 participaban en actividades económicas. En ese mismo año, de la población con discapacidad de 15 años y más reciben ingresos provenientes, en un 40.2% de su trabajo, los ingresos por algún programa de gobierno es del 39% y por jubilación o pensión, y por ayuda de personas que viven dentro y fuera del país, se muestra mayor relevancia para las personas con discapacidad que para la población sin discapacidad ni limitación; de acuerdo con el texto del INEGI. “La discapacidad en México, datos al 2014. 2016”.

El Censo 2010 reporta que 14% de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y más SMM. Sólo 7% de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44% ganan al mes menos de $3,448 pesos o de $3,268 peso.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que los hogares con personas con discapacidad reportan porcentajes más altos de gasto en alimentos, vivienda y sobre todo en cuidados a la salud, pero que puede ser una, dos y hasta tres veces más alto de los hogares sin personas con discapacidad. A la par, los hogares con personas con discapacidad reportan un gasto menor en educación, transporte, vestido y calzado y, transferencias a otros hogares.

Otra cuestión que se tienen que considerar para determinar la viabilidad social de la presente proposición es el nivel de pobreza del sector de las personas con discapacidad.

El Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México  2016 apunta que la pobreza multidimensional- de acuerdo con los criterios establecidos por el CONEVAL- es la insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, y se presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores asociados a los derechos sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Las personas con discapacidad, señala el Diagnóstico, suelen residir en hogares donde la incidencia de pobreza es mayor, y se presentan rezagos en términos de ingreso, educación, salud, vivienda y alimentación, dichas personas son usualmente dependientes de familiares.

Por lo que se refiere a la carencia por acceso a los servicios en la vivienda. Sólo el 1% de las personas con discapacidad carecen de electricidad en la vivienda. Lo que significa que el 99% de las personas con discapacidad son consumidores de electricidad.

Derivado de lo anterior, el razonamiento sería sí las personas con discapacidad por sus niveles de pobreza no cuentan con los ingresos suficientes para solventar el gasto de consumo de luz, ello implica el uso de aparatos eléctricos necesarios para su sobrevivencia y su vida diaria.

En el ámbito internacional, en España, en octubre del 2017 se aprobó el Real Decreto 897/2107 que regula la aplicación del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. El bono social es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales.

El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. Los consumidores considerados "vulnerables severos" tendrán un descuento del 40%.

En el decreto se regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes. De esta forma, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago.

Del artículo “Bono social de electricidad y gas en Europa, este es el modelo de otros países” de Raúl Jaime Maestre, encontramos lo siguiente:

Bono social de tarifa en Francia

El Gobierno de Francia ofrece un descuento en las facturas de los consumidores de luz, entre 71 y 140 euros anuales, que se realiza la renovación anualmente. En caso de los consumidores de la luz, se aplica según la potencia contratada, menos de 3kW. Dichos descuentos los asume los "Presupuestos del Estado" y el resto de consumidores a través de diferentes tasas que se aplican en la factura de la luz.

En el caso de Francia, cualquier empresa puede ofrecer el bono social de tarifa, de los que se benefician alrededor de 4 millones de hogares. Los hogares que se benefician son hogares con bajos ingresos, 2.175 euros brutos año per cápita, o que cuenta con un seguro básico de salud, para rentas inferiores a 8.700 euros si es una persona.

Bono social de tarifa en Portugal

El Gobierno de Portugal ofrece dos tarifas sociales, una para la factura de la luz y otra para la factura del gas. Se realiza un descuenta del 33,8 por ciento para la factura de la luz, y del 31,2 por ciento para la factura del gas, de las tarifas de acceso a las redes, que se calculan a través del regulador energético (ERSE). Los hogares que se benefician son también hogares con pocos recursos, a partir de 5.808 euros al año con una persona dependiente, o que reciban otras ayudas sociales como las destinadas a personas mayores, de desempleo o la de jubilación.

Bono social de tarifa en Reino Unido.

El Gobierno de Reino Unido para situaciones en concreto:

Si la temperatura se sitúa por debajo de los cero grados durante más de siete días se establece una ayuda de 23 libras esterlinas por cada semana. Este dinero se ingresa en la cuenta del cliente.

Ayuda para ancianos con problemas para pagar la factura durante el período invernal, en los meses de noviembre y diciembre, que se ingresa en la cuenta de cliente. Esta ayuda oscila entre 100 y 300 libras. También existen otras ayudas para poder realizar el aislamiento del hogar.

En el caso de la factura de la electricidad se ofrece a personas con pocos recursos, jubilados o personal en situación de desempleo.

Bono social de tarifa en Italia

El Gobierno de Italia los descuentos del 20 por ciento en la factura de la electricidad y se aplican a familias numerosas con 4 hijos, las que tienen pocos recursos, así como a personas con una enfermedad que requiera de equipos especiales conectados a la luz. El bono se destina tanto a usuarios del mercado libre como a los usuarios del mercado regulado y lo ofrecen todas las empresas que comercializan el servicio. La ayuda se regula a través de la autoridad estatal.

El gasto del bono social se asume a través de los "Presupuestos Generales del Estado" y una tasa que se incluye dentro de las facturas de electricidad y de gas. Los límites de la renta para disfrutar el bono se sitúan en 8.107 euros con carácter general y 20.000 euros para las familias numerosas.

Bono social de tarifa en Bélgica

El Gobierno de Bélgica ofrece una tarifa social que se aplica a la factura de la electricidad y a la factura del gas, y se revisa semestralmente. Este bono social en la tarifa se trata de un precio especial para los clientes considerados con protección con una tarifa más barata del mercado. Se pueden beneficiar aquellos clientes que ya tienen derecho a algún tipo de subsidio público, ayuda por discapacidad, por jubilación o arrendamientos en las viviendas sociales. Los clientes federales protegidos tienen siempre derecho a la tarifa social. Los clientes regionales se pueden beneficiar si previamente lo han solicitado a la empresa distribuidora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, para establecer medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo es originado por aparatos eléctricos permanentes para su evidente supervivencia o que garanticen su inclusión social.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 16 de mayo 2018.

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos.- Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco.






De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar campañas informativas para el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras federales. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a la Secretaría de Educación Pública, en razón del exorbitante gasto en comunicación social durante el año 2017. Se turna a la Segunda Comisión.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 12 de mayo del presente, el diario Reforma dio a conocer a la opinión pública una investigación realizada sobre los datos de la cuenta pública del año 2017. Los resultados de dicha investigación revelaron que en ese año, bajo la gestión del entonces Secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, la dependencia erogó mil 963 millones de pesos en el rubro de comunicación social, mientras que lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año otorgaba la cantidad de 70.6 millones de pesos, de tal suerte que el gasto fue 2 mil 680 por ciento superior al aprobado.

¿De dónde provienen estas cifras? Cabe recordar que la Cuenta Pública es el informe que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización; contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En tal virtud, los datos expuestos en la cuenta pública 2017 son reveladores del manejo que se hizo de los recursos en la SEP durante la gestión de Nuño y que, un año antes de la sucesión presidencial, y tomando en cuenta que el Secretario era uno de los aspirantes presidenciales por el PRI, se puede presumir la hipótesis de que ese dinero público fue utilizado en beneficio del aspirante a la sucesión presidencial.

Indigna que lejos de utilizar de manera eficiente los recursos de la federación, los servidores públicos se sirvan de ellos para impulsar su carrera política. Es inaceptable que el dinero del erario sea utilizado para la disputa electoral y no para lo que realmente está destinado que es el bien público.

Indigna que se hable de un nuevo modelo y de calidad educativa mientras los recursos que debieran ser destinados a ello se utilizan para otros propósitos. Indigna que haya habido una amplia convergencia entre gobierno, partidos, actores de la sociedad civil, entre otros, para sacar adelante la reforma educativa, y el secretario de Educación no haya respondido a esas altas expectativas para mejorar la educación en México.

Aurelio Nuño tiene mucho que explicar. Esa cantidad exorbitante de recursos bien pudo haber sido destinada a lo sustantivo, a mejorar escuelas, a preparar a los maestros, no a dar publicidad a una persona que se sirvió de su puesto como un escalafón para ser considerado a la candidatura del PRI.

Este tipo de actos dañan profundamente a las instituciones del país y no pueden quedar impunes. Es necesario que ya teniendo el documento de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación, en apego a sus facultades, lleve a cabo una exhaustiva auditoría respecto a los recursos que utilizó la SEP en materia de comunicación social, se explique el origen de dichos recursos y su destino de manera puntual.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría a la Secretaría de Educación Pública en razón de que el gasto en comunicación social de dicha dependencia presuntamente fue de 2 mil 680 por ciento

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.






Del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el “Memorándum de Cooperación” realizado con Facebook; y a la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de delitos cometidos en contra de ciudadanos mexicanos por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa Cambridge Analytica. Se turna a la Primera Comisión.

JUAN ROMERO TENORIO, en mi calidad de Diputado del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El 5 de febrero de 2018 el Instituto Nacional Electoral dio a conocer la firma, con Facebook México, de un convenio para promover la participación ciudadana en los comicios de 20181. La cual entro en vigor desde el 3 de febrero de 2018.

El acuerdo incluye la realización de talleres para capacitar a los funcionarios del INE sobre el funcionamiento de Facebook y las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma.

 El INE y Facebook colaborarán además para transmitir los debates presidenciales a través de Facebook Live, acercando a los candidatos y sus propuestas a la ciudadanía. Ya que más de 14 millones de jóvenes votarán por primera vez por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018.

En dicho convenio señala que “El día de las elecciones, el INE proporcionará a Facebook información en tiempo real sobre los resultados de la votación, así como proporcionar un espacio físico en sus oficinas donde Facebook podrá realizar actividades relacionadas con las Elecciones, como publicar en su plataforma videos en vivo de las actividades el día de la elección por Facebook o sus aliados externos.” 2

El consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció la importancia de las redes sociales, especialmente de Facebook, en el proceso electoral en curso y la necesidad de que la ciudadanía esté más y mejor informada para que el primero de julio próximo pueda emitir su voto en completa libertad.

“Las elecciones las hacen los ciudadanos y son éstos los que, como funcionarios de casilla, cuentan los votos entre vecinos; Facebook es una red social de enorme calado entre la población y por eso el INE está muy complacido con este convenio”.

Por su parte, Juan de Dios Bátiz, director de Políticas Públicas de Facebook para América Latina, dijo que la integridad de las elecciones es una prioridad para Facebook. Estamos muy contentos de poder trabajar junto al INE para estimular la participación ciudadana en las elecciones y facilitar la comunicación directa entre la ciudadanía y sus representantes”.

El INE difundirá, asimismo, materiales desarrollados por Facebook junto con otras organizaciones civiles para ayudar a las personas a detectar contenido de baja calidad en la Internet y poder tomar decisiones más informadas sobre las noticias que consumen.

Adicionalmente, Facebook habilitará, el día de la jornada electoral, un espacio en la Feria de Medios del INE para facilitar la labor de los periodistas que quieran hacer transmisiones en vivo durante la jornada electoral y ofrecerá información sobre el volumen de la conversación electoral en la plataforma.

Más de 80 millones de mexicanos están todos los meses en Facebook para construir conexiones significativas con sus comunidades y con los temas más relevantes para ellos, incluyendo conversaciones políticas como las elecciones de este año.

SEGUNDO. El jueves 5 de abril se dio a conocer la fuga masiva de millones de datos personales de usuarios de Facebook que presuntamente la consultora Cambridge Analytica consiguió y utilizó de forma indebida para influir en la campaña electoral norteamericana en favor de Donald Trump3. Es decir, la intimidad de millones de usuarios de Facebook ha sido violada.

Hasta el momento la cifra es alcanza los datos de 87 millones de usuarios que fueron afectado.  Las estimaciones realizadas por el propio Facebook4 señalan que el número de usuarios cuyos datos pueden haber sido compartidos inapropiadamente son los siguientes:

• E.U.     70.632.335

• Filipinas 1.175.870

• Indonesia 1.096.666

• R. Unido 1.079.031

México 789.880

• Canadá 622.161

• India 562.455

• Brasil 443.117

• Vietnam 427.446

• Australia 311.127

La empresa Cambridge Analytica, está especializada en recoger datos en línea y crear con ellos perfiles de los votantes los cuales son utilizados en la publicidad electoral. A esto se le conoce como “SEGMENTECIÓN PSICOGRÁFICA5 “Si conoces la personalidad del elector, puedes ajustar mucho más tus mensajes y multiplicar el impacto”.

La prioridad, bajo esta premisa, no radica ya en la edad, sexo o raza del votante, sino en las tendencias emocionales. Conociéndolas, se puede influir en ellas y por tanto manipularlas.

A grandes rasgos, esto se hace al conectar los Me gusta (likes) de un usuario en Facebook con un test de personalidad (OCEAN) que mide si un individuo es abierto a la experiencia, meticulosa, extrovertida, amable u obsesiva. Este retrato, unido a la información de acceso libre que flota en el universo digital sobre el usuario (compras, hábitos, viajes…), sirve para configurar el llamado perfil psicográfico. Un instrumento que pretendidamente, permite prever la tendencia de voto.

TERCERO. La falla en la custodia de datos personales por parte Facebook y la invasión de comunicaciones privadas y provocaron reacciones de las autoridades europeas y estadounidense quienes reclamaron a Facebook explicaciones acerca de la utilización de datos de 87 millones de sus usuarios por parte de Cambridge Analytica.

Como consecuencia de lo anterior, las acciones de Facebook, en la bolsa de Nueva York, hasta el día 11 de abril de 2018, habían caído apenas por encima de los 150 dólares. Así su capitalización bursátil ha disminuido hasta alcanzar los 503.000 millones de dólares, así, el valor de mercado de Facebook cayó en casi 80 mil millones de dólares6. De esta manera, la red social ha perdido su lugar entre los cinco primeros en el índice S&P 500, que incluye a Apple, Alphabet, Amazon y Microsoft.

La caída se ha producido después de los reportes de que una consultoría política que trabajaba para la campaña electoral del presidente Donald Trump obtuvo acceso inapropiado a los datos de millones de usuarios de la red social.

En este orden de ideas, el día 10 de abril de 2018 Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, citado formalmente ante el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica pidió disculpas por las fallas de seguridad de la red social que permitió uso abusivo de datos privados de sus usuarios y dijo:

"No adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y fue un error enorme. Fue mi error, y lo siento. Yo comencé Facebook, yo la administro, y soy responsable por lo ocurrido".7

Cabe resalta que en alusión a la supuesta injerencia en las elecciones dijo que “Facebook buscará garantizar la integridad de las elecciones alrededor del mundo, incluido México.”

Explico que una de las estrategias que seguirán será que las personas que manejan grandes páginas en la red, deberán de estar verificadas, ello para limitar el uso de cuentas falsas y señalo “Para exigir la verificación de todas estas páginas y anunciantes, contrataremos millones de personas más. Estamos comprometidos a hacer esto a tiempo para los meses críticos antes de las elecciones de 2018 en E.U., así como las elecciones en México”. 8

CUARTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable el derecho a la protección a los datos personales en sus artículos 6º Y 16º los que la letra rezan:

Artículo 6o…

… 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.
...
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.”

Artículo 16…

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

…”

Por su parte la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión De Sujetos Particulares señala los principios con los que cuenta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

“CAPÍTULO II
De los Principios de Protección de Datos Personales

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos.

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.

(…)

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

(…)

Artículo 14.- El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica.

En este sentido, teniendo en cuenta que por mandato constitucional nos encontramos en proceso de renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel Federal y de en 31 entidades federativas, incluidos sus ayuntamientos, y que el Instituto Nacional Electoral es el órgano autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones, y que estas deben ser “libres y auténticas”, el órgano electoral debe rectificar su nivel de colaboración con la multi mencionada red social Facebook, dada la evidencia que señala el uso ilegal e indebido de datos personales que involucran a miles y tal vez millones de ciudadanos mexicanos.

La colaboración del Instituto Nacional Electoral con Facebook es un muy mal mensaje porque pareciera ser una patente de corso, una autorización tacita para que en México se dé un uso indebido de datos personales, lo cual está expresamente prohibido en nuestra Carta Magna. 

Muy por el contrario, esta invasión a la privacidad debe ser investigada por el órgano garante constitucionalmente autónomo encargado de la vigilancia y protección de datos personales, y en su caso esta conducta debe ser sancionada por las autoridades competentes.

Sobre esto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares señala:

“CAPÍTULO XI
De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales

Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.

Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.”

Y que el Código Penal Federal indica:

“Artículo 166 Bis.- A las personas que por razón de su cargo o empleo en empresas de telecomunicaciones, ilícitamente proporcionen informes acerca de las personas que hagan uso de esos medios de comunicación, se les impondrá pena de tres meses a tres años de prisión y serán destituidos de su cargo.

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le impondrán, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.”

Sobre el particular el Instituto Nacional de Transparencia INAI, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México dio a conocer mediante un comunicado INAI/081/18, fechado el 25 de marzo de 2018, que “promoverá cooperación con autoridades nacionales y extranjeras por caso Facebook-Cambridge Analytica”9.

“Ante los señalamientos a la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica (CA), filial del Grupo SCL (SCL), de haber obtenido información de 50 millones de usuarios de Facebook, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) establecerá un canal de comunicación con autoridades británicas y estadunidenses, a efecto de tomar las acciones que correspondan, de conformidad con la normatividad aplicable, aunque no hay constancia, hasta este momento, de tratamiento de datos personales bajo la aplicación de la normatividad mexicana por parte de la empresa.

Asimismo, el INAI buscará un acercamiento con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para analizar las prácticas de microfocalización o microtargeting en México, que se utilizan para crear mensajes personalizados que involucren a las personas en función de sus perfiles psicológicos únicos, y desarrollar propuestas de buenas prácticas al respecto.

Además, el órgano garante de la protección de datos personales, promoverá la cooperación con otras autoridades nacionales para analizar y actuar con relación a este fenómeno, entre ellas, la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En este contexto, el INAI realiza las siguientes recomendaciones a los usuarios de Facebook, para minimizar el riesgo de que aplicaciones de terceros obtengan sus datos personales:

1) Revisar la configuración de privacidad de Facebook, a fin de limitar lo que aparece como “Público” en el perfil del usuario;

2) Examinar la sección de Aplicaciones del apartado de Configuración del perfil de Facebook, así se podrá seleccionar qué aplicaciones de terceros pueden acceder a los datos del usuario y con qué nivel de detalle, y

3) Dentro de la sección de Aplicaciones, revisar lo apartados de aplicaciones, sitios web y plugins, y de aplicaciones que usan otras personas, con el fin de limitar el tratamiento que terceros dan a la información de la cuenta del usuario en Facebook.

Son muchas las empresas que utilizan las herramientas de desarrollo de aplicaciones de Facebook, para acceder a los datos personales de los usuarios a través de sus perfiles, por lo que es importante considerar las recomendaciones referidas, asimismo aplicarlas en sus respectivos contextos a otras redes sociales.”

En este orden de ideas, el mismo INAI mediante un nuevo comunicado INAI/095/18, fechado el 9 de abril de 2018, señalo que INICIA INAI INVESTIGACIÓN DE OFICIO POR CASO CAMBRIDGE ANALYTICA10:

“El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una investigación de oficio con el propósito de corroborar el cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por parte de las empresas que pudieran estar involucradas en los hechos relacionados con el caso “Cambridge Analytica”, señalada de haber obtenido información de 87 millones de usuarios de Facebook, PARA FINES ELECTORALES, la inmensa mayoría en los Estados Unidos de América.

Por conducto de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, el Instituto analiza indicios y elementos técnicos para comprobar si empresas mexicanas que guardan relación con la aplicación Pig.gi – mediante la cual presuntamente la firma británica intentó obtener datos de usuarios de México y Colombia – pudieron haber vulnerado las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En caso de comprobarse, el órgano garante del derecho a la protección de datos personales ejercerá sus facultades en la materia y, de ser el caso, impondrá las sanciones correspondientes.

…”

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno, como de urgente u obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral cancele el “Memorándum de Cooperación” realizado con Facebook.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la Republica investigue la posible comisión de delitos cometidos en contra de ciudadanos mexicanos  por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa Cambridge Analytica realizado través de la red social Facebook.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que informe sobre el estado que guardan la investigación de oficio que inició con el propósito de corroborar el cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por parte de las empresas que pudieran estar involucradas en los hechos relacionados con el caso “Cambridge Analytica”, señalada de haber obtenido información de 87 millones de usuarios de Facebook, para fines electorales.

Recinto de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Juan Romero Tenorio.


1 Comunicado Número: 056 Facebook e INE anuncian colaboración para elecciones.
https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/05/facebook-e-ine-anuncian-colaboracion-para-elecciones/

2 Convenio de colaboración entre Facebook e INE
https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/13/conoce-el-convenio-de-colaboracion-firmado-entre-el-ine-y-facebook/

4 Cifras calculadas por Facebook
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/11/

5 La segmentación psicográfica trata de proporcionar a las empresas un perfil del consumidor que les sirva para aumentar las ventas de sus productos, fidelizar a los clientes e incrementar el prestigio de sus marcas.
Los rasgos psicográficos hacen referencia a la personalidad, estilo de vida, intereses, aficiones y valores de los consumidores. Gracias a la segmentación psicográfica las compañías pueden dividir el mercado en grupos basados en características de personalidad.

6 ¿Qué tanto afectó a las acciones de Facebook el escándalo de Cambridge Analytica?, 11 abril 2018. codigoespagueti.com https://codigoespagueti.com/noticias/realmente-afecto-acciones-facebook-escandalo-cambridge-analytica/

8 Periódico El Financiero, mie 11 de abril 2018.

9 INAI/081/18, 25 DE MARZO 2018. EL INAI PROMOVERÁ COOPERACIÓN CON AUTORIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS POR CASO FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA.
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-081-18.pdf

10 INAI/095/18, 9 DE ABRIL DE 2018. INICIA INAI INVESTIGACIÓN DE OFICIO POR CASO CAMBRIDGE ANALYTICA. http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-095-18.pdf






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de inspección de los zoológicos y en otros lugares de cautiverio de animales silvestres, buscando mejoras sustanciales en sus condiciones de espacio, enriquecimiento ambiental, alimentación o bien, su envío a santuarios o hábitats naturales, según sea el caso. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, DALIA MARÍA ROCHA LADRÓN DE GUEVARA, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS Y EN OTROS LUGARES DE CAUTIVERIO DE ANIMALES SILVESTRES, BUSCANDO MEJORAS SUSTANCIALES EN SUS CONDICIONES DE ESPACIO, ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL, ALIMENTACIÓN, O BIEN, SU ENVÍO A SANTUARIOS O A SUS HÁBITATS NATURALES, SEGÚN SEA EL CASO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), nuestro país, se encuentra entre los cinco países de los denominados “megadiversos”, junto con China, India, Colombia y Perú, los cuales en conjunto albergan entre el 60% y el 70% de la diversidad biológica conocida del planeta.

Ejemplo de ello, es que el 12% de la diversidad terrestre del mundo radica en nuestro país, aunado a que todos los tipos de vegetación terrestre conocidos, los tenemos en nuestro territorio nacional, junto con algunos ecosistemas, como los humedales de Cuatrociénegas en el Estado de Coahuila, un tipo de ecosistema que  solo se encuentra en México.1

Nuestro país se caracteriza por estar compuesta de un gran número de especies endémicas (exclusivas de nuestro territorio), es por ellos, que ocupamos el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. Los reptiles y anfibios tienen aproximadamente de 57% y 65% de proporción de especies endémicas, mientras que los mamíferos tanto terrestres y marinos cuentan con un 32%.

Ahora bien, si bien es cierto que nuestro país es rico en la gran diversidad de especies de animales silvestres como hemos referido anteriormente, también es cierto que se ha visto mermada por causa de los propios seres humanos, por acciones y omisiones como son en primer lugar  el daño a los ecosistemas, de los cuales podemos diferencias los daños directos como lo es la sobreexplotación de vida silvestre y los indirectos consistentes en la destrucción y modificación del propio hábitat, y en un segundo lugar el propio maltrato animal, que de igual manera pueden ser directos, cuando este ocurre de manera intencional, por ejemplo la tortura, mutilaciones o privar de su vida al animal y los indirectos, cuando se provoca sufrimiento al animal por la negligencia de los cuidados básicos que el animal requiere para subsistir.

Así, que una medida relevante para el Estado con el fin de conservar la diversidad biológica, su preservación, estudio, reproducción e incluso reintroducción-repoblación de especies de vida silvestre, particularmente de aquéllas que se encuentran en alguna categoría de riesgo o en peligro de extinción, sea la creación y mantenimiento de los zoológicos. Además de promover la educación y sensibilización del público que los visita.

Los zoológicos deben de ir abandonando la función de esparcimiento e irse transformando en espacios de cuidado, rehabilitación, repoblación e investigación de especies que se encuentren en algún estado de vulnerabilidad o cuyos individuos hayan sufrido de abuso. Debe educarse a los visitantes en materias como biología, ecología y ética, para fomentar el respeto de la fauna, tanto endémica como exótica, por lo que se requiere que satisfagan plenamente los requerimientos naturales de cada individuo, en espacio y en buen trato de quienes les cuiden, alimenten y rehabiliten.

La World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), es una organización de importancia internacional que tiene como fin encabezar, guiar y apoyar a los zoológicos, acuarios y organizaciones del mundo en el cuidado, salvaguarda y protección de la vida silvestre, la educación ambiental y la conservación global. 2

Esta organización establece que los zoológicos deben ser instituciones científicas serias y respetadas tanto por la comunidad científica como por la conciencia del público general, además de tener como objetivo ser líderes y mentores en la educación formal e informal en beneficio de la conservación, siempre influenciando los valores y comportamiento de la gente, apoyar activamente los programas de conservación en vida libre y manejar las poblaciones animales manteniendo su salud genética para su viabilidad a largo plazo en caso de ser necesaria su reintroducción.

Además, estan obligados a garantizar la salud genética de sus poblaciones los zoológicos deben lograr el mejor estado posible de bienestar animal, entendiendo por bienestar animal el estado de satisfacción de las condiciones biológicas psicológicas y ambientes que requiere un animal para desarrollarse, vivir sano y expresar su conducta naturalmente. Entendiendo que debe garantizarse su salud física y psicológica.

Lamentablemente, en la actualidad, los zoológicos de nuestro país no han cumplido con este encargo y sobre todo con el debido cuidado y protección de todas las distintas especies de nuestra fauna silvestre. Ya que en estos recintos solo se ha prestado para darle simple albergue en condiciones indignas y para el mero entretenimiento humano. Problema de ello son ejemplares ocupan espacios sucios, reducidos, muchas veces infecciosos; algunos lucen demasiado delgados, otros están mutilados y hasta 20% de ellos han sido confiscados por la autoridad en un intento por frenar el tráfico ilegal. 3

De ahí, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), integrara el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos,4 el cual tiene como objetivo verificar mediante actos de inspección que se cumpla debidamente y en su totalidad la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los mismos registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

De las visitas de inspección practicadas por PROFEPA a los zoológicos, se desprende que las principales irregularidades son:

• No acreditar la legal procedencia de ejemplares de fauna silvestre.

• Incumplimiento al Plan de Manejo.

• Faltas sobre  trato digno y respetuoso.

En el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar mediante actos de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los zoológicos registrados ante SEMARNAT, incluyendo la legal procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en confinamiento los ejemplares de vida silvestre albergados. Asimismo, en el periodo de junio de 2015 a abril de 2016, derivado de la actualización del padrón de zoológicos, se completó la inspección al total de zoológicos registrados en el país.

Así mismo, la PROFEPA, en el año de 2016, emplazó a procedimiento administrativo a 58 de los 95 Zoológicos inspeccionados durante el Programa Nacional de Inspección 2016, para buscar la mejora de las instalaciones y albergues de animales, el trato digno y respetuoso, así como demostrar la legal procedencia de 4 mil 186 ejemplares.5 Se encontraron entre otras irregularidades observadas en los emplazamientos a los zoológicos, la carencia de planes de manejo, de registro de especies aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la ausencia de sistemas de marcaje en los ejemplares, por no cumplir con lo estipulado en el registro, falta de informes anuales y de contingencias, así como falta de trato digno y respetuoso a los animales.

En el proceso de ejecución del Programa Nacional de Inspección a Zoológicos 2016 se aseguraron 133 animales por faltas sobre trato digno y respetuoso, de los cuales 7 fueron al Zoológico Centenario anexo Mulsay y 6 más al Parque Zoológico y Botánico La Reina, ambos ubicados en el estado de Yucatán.

Otro caso es el Parque Zoológico Ostimuri de Sonora, al que se observaron afectaciones por inundación, y se le aseguró la totalidad de la colección de 120 ejemplares, condicionando el levantamiento del aseguramiento al cumplimiento de medidas de urgente aplicación, sin embargo, en este resolutivo no hubo sanción gracias a que tomaron las medidas a tiempo.

De igual manera se destaca el caso del Parque Zoológico de Chapultepec, que de los 197 ejemplares asegurados durante la inspección, acreditó únicamente la legal procedencia de 73 de ellos, por tal motivo, la PROFEPA  instauró el procedimiento respectivo para que presente la documentación requerida para subsanar dicha irregularidad correspondiente de los 124 animales faltantes, en los términos de la ley.

En el mismo sentido, el Lic. Gustavo Larios Velasco, Presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, A.C., ha sostenido que la publicación de una ley no es suficiente; se requiere de políticas públicas que incluyan recursos humanos y materiales, así como todo un mecanismo para instrumentar acciones que permitan llevar a los hechos el contenido de la normatividad. Tratándose del medio ambiente la consideración ética es esencial; el origen del pensamiento ambientalista del siglo XX, que llevó a la creación de la legislación y de las instituciones que nos rigen es fundamentalmente ético.

Aunado a lo anterior, el 24 de noviembre de 2017, el Semanario Judicial de la Federación publicó las tesis aisladas 2015660, 2015661 y 2015662, emitidas por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dicen:

La 2015660

ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA VIDA A UN ANIMAL POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA. ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA ESA MEDIDA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA POR VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA PROPIEDAD.

Cuando en el juicio de amparo se reclama que una medida de la autoridad administrativa viola el derecho humano a la propiedad del quejoso, al ordenar privar de la vida a un animal que le pertenece, con el argumento de que tiene una enfermedad que representa un riesgo para la salud pública, sin que existan suficientes pruebas que así lo acrediten, el análisis correspondiente debe realizarse bajo el principio de progresividad, de acuerdo con el método de interpretación conforme previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para concluir que si dicha propiedad la constituye un ser vivo, el Estado no puede traspasarla a su arbitrio y disponer el sacrificio de éste como mera medida de prevención, sin la debida fundamentación y motivación, ni aún bajo la supuesta salvaguarda de la salud humana y del medio ambiente, pues ello implicaría soslayar que el bien directamente afectado es la vida de quien no está en capacidad de decidir de manera autónoma su destino. Lo anterior, porque el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de los animales, constituye el fundamento de la coexistencia entre las especies en el mundo y todo acto que implica la muerte de un “ser vivo” no puede escapar de la máxima protección del Estado, máxime cuando no existe duda científica ni se encuentra plenamente probada y normativamente justificada su aplicación en nombre del interés social o para salvaguardar el medio ambiente, pues incluso la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y diversas normas oficiales mexicanas (como la NOM-059-semarnat-2010, relativa a la protección de flora y fauna silvestres), ni los códigos penales y civiles y leyes de protección animal en las entidades federativas establecen la destrucción o privación de la vida de animales, plantas, etcétera, sin justificación alguna.

La 2015661

ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA VIDA A UN ANIMAL POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA. PARA QUE SE CONSIDERE CONSTITUCIONAL, DEBE CONTAR CON EL RESPALDO CIENTÍFICO, OBJETIVO Y CONCLUYENTE QUE JUSTIFIQUE ESA MEDIDA.

Para que se considere constitucional la orden de la autoridad administrativa de privar de la vida a un animal porque representa un riesgo para la salud pública, debe contar con el respaldo científico, objetivo y concluyente que justifique esa medida, ya que el Estado, bajo la aparente y simple privación de la propiedad, no puede desconocer que ésta debe protegerse con mayor rigor cuando se trata de un animal, pues de lo contrario se permitiría trastocar su vida sin considerar la obligación no sólo de los operadores de las normas, sino de todas las autoridades, de proteger y maximizar los derechos humanos que, per se, implican y trascienden a la vida de un ser vivo, con independencia de su especie.

La 2015662

ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA VIDA A UN ANIMAL POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA. SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AÚN CUANDO EL QUEJOSO, ADEMÁS DE ALEGAR VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN, HAYA ARGUMENTADO LA INCORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Si bien es cierto que el derecho humano a la propiedad se encuentra protegido conforme al contenido relacionado de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que no puede soslayarse que la orden de privar de la vida a un animal por representar un riesgo para la salud pública es una medida trascendental y extraordinaria; de ahí que se actualiza la excepción al principio de definitividad en el amparo promovido en su contra por transgredir al derecho humano a la propiedad, aun cuando el quejoso, además de alegar violaciones directas a la Constitución, haya argumentado la incorrecta aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, fracción XVI, 16, fracciones II, IV, VII, X, XII, XIV, 20, 21, 23, 30 y 36 de la Ley Federal de Sanidad Animal por parte de las autoridades administrativas, pues el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al establecer que únicamente se deben alegar violaciones directas a la Constitución, no prohíbe o limita técnica o metodológicamente la forma y los términos argumentativos mediante los cuales el particular debe cumplir con esta exigencia, aunado a que la protección de la vida debe hacerse extensiva a los animales, en términos del artículo 1° constitucional, al no existir referente que permita obviar lo extremo de la medida y asegurar, a su vez, no sólo la garantía de audiencia del propietario mediante el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo, sino la pronta e inmediata resolución de la litis, ya que el parámetro de regularidad constitucional no puede desvincularse al momento de verificar la afectación de los animales, aun cuando sean considerados como un bien semoviente.

Las tesis referidas muestran un reconocimiento del Estado Mexicano a los derechos esenciales de los animales, mismo que debe ser considerado en las políticas que desarrollen las autoridades ambientales. Los lugares que tienen en cautiverio a animales silvestres suelen ser espacios en los que los requerimientos más elementales de las especies son ignorados, ocasionando sufrimiento y muerte… y esto debe terminar. La trascendencia de un llamado urgente y firme en este sentido, por parte de la Representación Popular al Poder Ejecutivo es enorme, debe ponerse fin a la barbarie. Los animales silvestres merecen vivir sin sufrimiento, procurándose su rehabilitación y, en lo posible, su reintroducción a los hábitats originales. Por lo menos, es importante una sustancial mejoría de sus condiciones actuales o bien, su traslado a espacios dignos, como pueden ser los santuarios u otros lugares que les permitan la plena satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales.

En este sentido y de conformidad con lo antes expuesto, es que considero que debe exhortarse a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que fortalezca las inspecciones a los zoológicos, formando equipos especiales de inspectores, acompañados de especialistas en vida silvestre para el mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus programas de conformidad con la ley aplicable, y por el bienestar de los propios animales, los cuales como seres sintientes, merecen toda nuestra atención y protección.

Asi como, destinar los fondos necesarios para mejorar los espacios y condiciones generales en los que habitan, buscando colaborar también con organizaciones internacionales para enviar a los animales rescatados a santuarios, según sea el caso.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente  del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para fortalecer las acciones de inspección en los zoológicos y en otros lugares de cautiverio de animales silvestres, buscando mejoras sustanciales en sus condiciones de espacio, enriquecimiento ambiental, alimentación, agua fresca y limpia, atención veterinaria y etológica, o bien, su envío a santuarios o a sus hábitats naturales, previa rehabilitación, según sea el caso.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara.


1 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

2 http://www.waza.org/en/site/home

3 https://elpais.com/internacional/2016/07/24/mexico/1469313398_092806.html

4 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos

5http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8714/1/mx/emplaza_profepa_a_58_zoologicos_para_mejora_de_instalaciones_trato_digno_y_respetuoso_a_animales_y_demostrar_legal_procedencia_de_4186_ejemplares.html






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país. Se turna a la Segunda Comisión.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA QUE SE TOMEN MEDIDAS Y/O ESTABLEZCAN ACCIONES QUE PROMUEVAN LA ENSEÑANZA DE LECTURA RÁPIDA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PAÍS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lectura es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales: uno de orden físico, la percepción visual y otro de orden intelectual.

La eficacia en la lectura llegará sólo al lector que desarrolle conjuntamente ambos aspectos mediante las técnicas y el entrenamiento especialmente ideados para tal fin obteniendo un máximo rendimiento1.

Cualquier persona puede perfeccionar su capacidad lectora. Puede llegar incluso a triplicar su velocidad habitual sin menoscabo alguno de su capacidad de comprensión y asimilación.

Lo ideal sería poder leer tan deprisa como surge el pensamiento.

Este es siempre mucho más veloz que el proceso de la percepción visual, pero ello no implica que no podamos aproximarnos bastante a dicha situación: todo dependerá del desarrollo de nuestra percepción visual.

Hay un desfase excesivo entre la velocidad de nuestro pensamiento y la percepción de los signos gráficos por nuestros ojos.2

La británica Anne Jones ostenta la marca de haber ganado seis veces el Campeonato Mundial de Lectura Rápida.

En 2015 hizo una lectura en público del libro” Ve y pon un centinela”, la segunda novela de la autora de Matar un ruiseñor, Harper Lee, para acabar el libro, que tiene cerca de 300 páginas, tardó 25 minutos y medio.

Otra de sus hazañas fue haber leído, el séptimo tomo de la saga de Harry Potter en apenas 47 minutos, a la desconcertante velocidad de 4251 palabra por minuto.

La velocidad de lectura normal, en promedio, es de unas 250 palabras por minuto, esto quiere decir que Anne Jones es capaz de multiplicar por 17 el ritmo normal, incluso el de un buen lector.3

Es común la creencia de que leer prestando atención a cada palabra que conforma un texto es la manera más eficaz de encarar la lectura. Sin embargo, se trata de una presunción errónea, puesto que está comprobado que leer rápido, siempre que se haga bien, resulta bastante más productivo:

• se gana tiempo

• se mejora la comprensión de lo que estamos leyendo

• es más fácil memorizar, puesto que se aprecia el texto en todo su conjunto

• es más factible discernir las ideas principales.

Por el contrario, quien se detiene palabra por palabra corre el riesgo de no extraer las conclusiones oportunas, pues se esfuerza demasiado en enlazar significados, así como de perderse en el camino, por lo que la comprensión lectora se ve mermada.4

En razón de lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, para que se tomen medidas y/o establezcan acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 http://cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/materiales/lecturapiyefi.pdf

2 lecturapiyefi.doc

3 https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/funcionan-metodos-lectura-rapida_0_658634224.html

4 http://blog.smconectados.com/2013/12/05/tecnicas-para-mejorar-la-capacidad-de-lectura-rapida/






De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a suspender el proceso de licitación de watthorímetros hasta en tanto no se resuelva la investigación en curso por prácticas monopólicas absolutas. Se turna a la Tercera Comisión.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Senadores de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A SUSPENDER EL PROCESO DE LICITACIÓN DE WATTHORÍMETROS HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA LA INVESTIGACIÓN EN CURSO POR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. ASIMISMO SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE  E INFORME SI EXISTEN PRÁCTICAS ILEGALES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA-018TOQ003- T157-2014 CUYA PRÁCTICA Y RESULTADOS FUERON LOS MISMOS.

CONSIDERACIONES

La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana hacen de nuestro país un lugar con menos corrupción. En los últimos tiempos, muchas reformas en favor de estas políticas han sido aprobadas. En ese sentido, las reformas y la participación ciudadana empiezan a rendir frutos; se ha comenzado a evidenciar malversaciones y problemas de monopolios por la sociedad civil o sus representantes, como se dio en el presente caso.

En junio de 2017, el testigo social David Shields concluyó, como parte de su participación en el proceso, que “en el segmento de baja tensión del mercado de medidores eléctricos no existe una competencia efectiva (…) Los contratos son de gran valor y, sin embargo, participan muy pocas compañías en los concursos y suele haber un solo concursante, Industrias Unidas -IUSA-, que domina la oferta de los medidores monofásicos y trifásicos, y otro, Controles y Medidores Especializados -SA de CV-, que domina la de los medidores bifásicos”.

"Sólo los concursantes de Industrias Unidas y Conymed se mostraron capaces de cumplir los requisitos específicos de CFE y abastecer elevados volúmenes de los tipos de medidores solicitados en los plazos de entrega fijados por la convocante. Y como estos dos concursantes no compiten entre sí, se observa que no existe una competencia efectiva en el segmento de baja tensión del mercado de medidores eléctricos, que es objeto de este concurso", señala el documento.

En ese sentido, Shields afirma que los concursantes, "son de un mismo origen empresarial", y ganaron 47 de las 48 partidas.

En consecuencia, la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en la venta de medidores. En ese sentido, el 25 de octubre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo siguiente: 

AVISO por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-023-2017, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y/o comercialización de watthorímetros adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad.
[…]

[…] esta COMISIÓN cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la LFCE. Esta autoridad considera necesario el ejercicio de su facultad investigadora prevista en los artículos 12, fracción I, 66 y 73 de la LFCE, toda vez que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 de la LFCE, y posiblemente en el artículo 9° de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuya última reforma fue publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil doce.1

El pasado 10 de mayo, al anunciar el fallo de la licitación para la adquisición de medidores correspondiente a 2018, la CFE dijo que las empresas ganadoras fueron ambas investigadas por la autoridad en materia de competencia por prácticas anticompetitivas. En un comunicado, en el que no especifica con claridad el monto que pagará por la adquisición de un millón 766 mil 309 medidores, informó que “obtuvo un ahorro de 384 millones de pesos en la adquisición de medidores de baja tensión, equivalente a 16 por ciento del monto erogado para la compra de estos equipos en 2017, que fue de 2 mil 357 millones de pesos”. Asimismo afirma que la ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., como testigo social, supervisó el proceso de evaluación de las propuestas y el resultado de la licitación.

Este es el mismo mecanismo y ganadores que en la licitación hecha en 2014: Licitación Pública Internacional número LA-018TOQ003-T157-2014; el mismo formato, diferente testigo, pero los mismos ganadores. En ese sentido, se solicita a la Secretaría de la Función Pública investigue e informe si existen prácticas ilegales en la licitación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda el proceso de licitación hasta en tanto se informe por la Comisión de Competencia Económica que no existen problemas de monopolios.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Competencia Económica que informe en un periodo no mayor a 15 días naturales el estado de la investigación.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a investigar e informar los resultados respecto de la Licitación Pública Internacional número LA-018TOQ003-T157-2014, realizada por la Comisión Federal de Electricidad, para la adquisición de watthorímetros.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 DOF: 25/10/2017





De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos a cumplir con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen de partidario en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento de las obras e inmuebles públicos, así como en los mismos. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. ELOÍSA CHAVARRÍAS BARAJAS y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En fechas recientes los Congresos locales de los estados de Colima y Querétaro han votado leyes que regulan la utilización de colores y símbolos en bienes muebles e inmuebles del sector público.

Según lo dispuesto por la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los alcaldes deben abstenerse de utilizar en edificios municipales, en la documentación oficial y en las páginas web oficiales, símbolos y colores asociados a los partidos políticos; en el caso de Querétaro, el ordenamiento que regula esta materia recibe el nombre de Ley que Regula la Utilización de Colores y Símbolos en Bienes Muebles e Inmuebles del Sector Público.

En el caso de Colima, esta legislación es acorde con el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, establecido en los artículos 134 de la Constitución federal y 138 de la Constitución del estado de Colima.

En ambas entidades, los alcaldes deben conservar una imagen municipal oficial que sea libre de todo contenido que promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo oficial que identifica a cada municipalidad, así como los colores y lema del mismo.

Lo aprobado por las legislaturas estatales señala, además, que en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de las obras públicas, así como en la planeación y el diseño de un proyecto urbano o arquitectónico, sólo podrá utilizarse la imagen institucional.

En nuestro país son gastados, cada tres o cada seis años, muchos recursos para poder “mudar de aires” las imágenes institucionales, todo esto con el exclusivo objetivo de hacer propaganda a la administración del partido gobernante en turno.

Y más allá de las discusiones e intereses partidistas, México ha invertido muchos recursos y sacrificios para dotar a la mayoría de los municipios y estados de simbología relativa a cada región, con el fin de lograr identidades locales, es decir, apego por sus regiones.

“La bandera, el escudo y el himno, representan los valores y la historia de los pueblos. Los cuales, sumados a las costumbres y tradiciones, van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar nuestra identidad”.1

Lo anterior, que lo vemos reflejado a escala nacional, es similar en los estados y municipios, es una forma de identidad.

Sustituir los colores y símbolos regionales por los partidistas es alterar la tradición de nuestros pueblos y comunidades en beneficio de una administración temporal.

Durante décadas, en nuestras escuelas de estados y municipios se ha enseñado e inculcado el amor por los símbolos regionales, omitirlos y/o substituirlos es negar décadas de educación cívica.

De manera ilustrativa, podemos citar el ejemplo de una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México:

Durante su rectorado, José Vasconcelos dotó a la Universidad de su actual escudo, en el cual el águila mexicana y el cóndor andino, cual ave bicéfala, protegen el despliegue del mapa de América Latina, desde la frontera norte de México hasta el cabo de Hornos, plasmando la unificación de los iberoamericanos: “Nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, la raza cósmica, en la cual se fundirán las dispersas y se consumará la unidad”.2

Numerosas instituciones han destinado recursos a fin de crear manuales de identidad gráfica.

Este sentido de identidad no sólo se refleja en nuestras instituciones educativas, también es propio de casi todo tipo de congregación: cultural, religiosa, altruista, etcétera.

Otra alusión lo podemos observar en el símbolo que representa el águila de la bandera nacional.

“El águila ha sido símbolo celeste, ave de luz y de iluminación, de la altitud y la profundidad del aire, debido a su capacidad de elevarse por encima de las nubes y acercarse al sol”.3

Es importante tener en cuenta las anteriores reflexiones, pues hay un motivo más fuerte que el económico, se trata de que nuestros gobiernos locales -por propia iniciativa- refuercen la identidad de sus poblaciones y no caigan en la tentación de imponer la visión de un partido político. Los intereses de la colectividad deben estar por encima de un ente que, si bien es de interés público, como lo es un partido político, representa solo a una porción de la sociedad.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, a que, de conformidad con sus atribuciones, cumplan con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen de partidario en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento de las obras e inmuebles públicos, así como en la adquisición y adecuación de los mismos.

Segundo. El presente exhorto se aplica también a la imagen institucional expresada en la página web oficial y redes sociales oficiales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 16 de mayo de 2018.

Suscriben

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Eloísa Chavarrías Barajas.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.-Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.


1 Véase, “Conoce los Símbolos Nacionales, elementos fundamentales de nuestra identidad”, Archivo General de la Nación. Disponible en: https://www.gob.mx/agn/articulos/conoce-los-simbolos-nacionales-elementos-fundamentales-de-nuestra-identidad

2 Véase, “Acerca de la UNAM; Identidad UNAM; Escudo”, Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/identidad-unam/escudo

3 Véase, “El águila real, símbolo de la identidad mexicana”, México desconocido. Disponible en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-aguila-real-simbolo-de-la-identidad-mexicana.html






De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a implementar y reforzar las medidas de seguridad en el país, y así evitar el crecimiento de asociaciones delictuosas. Se turna a la Primera Comisión.

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

CONSIDERACIONES

Concepto de Asociación Delictuosa que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Carlos Vidal Riveroll)1

La expresión asociación, proviene del latín sociatio, que significa unión, compañía. Es acción y efecto de unir actividades o esfuerzos; colaboración; reunión; relación que une a los hombres en grupos y entidades organizadas; es la unión de dos o más personas con una finalidad determinada, como son del orden político, profesional, benéfico, religioso, mercantil, etcétera, pudiendo acontecer de manera específica que los fines perseguidos sean ilegítimos; dícese de estos grupos, que el conocimiento que se tienen entre sí sus integrantes contribuye a la durabilidad de los mismos.

Hay asociación siempre que varias personas aparecen unidas para un fin común, es decir, la reunión de varias personas para un fin determinado constituye la asociación. Si la delincuencia es un fenómeno que socialmente se califica de grave, el peligro es mayor cuando deriva de la conjunción de voluntades a virtud de un actuar permanente y más duradero, lo que proporciona mayores posibilidades de éxito en el fin impuesto y disminuye la garantía de seguridad con relación a los particulares. La existencia de la asociación delictuosa, de suyo crea un peligro para la comunidad y por ello mismo se justifica que el Estado las declare ilícitas y les imponga su correspondiente punibilidad. Cada participante debe estar consciente de que se liga al grupo para actuar por y para la asociación. El fin específico de cada miembro, debe ser cometer delitos en género, pero no determinados, que caracteriza a la participación criminal y con la cual no debe confundírsele. No es lo mismo que varios individuos, de manera organizada coordinen, proyecten y ejecuten una conducta o hecho delictivos dando lugar a que se precise su responsabilidad como autor principal, coautor, cómplice, connivente o simple encubridor, a que se piense en la concurrencia de varios sujetos (un mínimo de tres) que resuelvan dedicarse a delinquir (constituya su modus vivendi) y para ello se organicen, dando lugar a la existencia de la asociación delictuosa”.2

En nuestro país se podría considerar que existe un sinnúmero de delincuencia organizada, sin embargo, la cantidad de asociaciones delictivas que existen son mayores y más peligrosas, ya que estas tienen mayor “calidad” a la hora de trabajar.

En primer lugar, hay que saber diferenciar lo que es una asociación delictuosa, ya que muchos los pueden llegar a confundir con delincuencia organizada; una asociación delictuosa está definido en el Código Penal Federal en su artículo 164, que a la letra dice:

Asociaciones delictuosas

“Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.

Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos”.3

Mientras que la delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en el tráfico de drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación.

Ejemplos de ello los cito a continuación:

• “Un ejemplo que quizás no muchos recuerden es el de Joaquín Hernández Galicia "la Quina", el cual fue detenido el 10 de enero de 1989 por homicidio calificado, acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del ejército, introducción ilegal de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares; evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos y por atentar contra la seguridad nacional.

Este delincuente llego a ser el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), considerado además como guía moral del sindicato petrolero.

• Otro ejemplo y el más actual de asociación delictuosa en México es la con fabulación que hicieron Elba Esther Gordillo y sus compinches al robar descarada mente 2 mil millones de pesos a la SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).

Gordillo desvió recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, uno de ellos fue una flamante residencia a nombre de la madre de "la maestra", así como para realizarse cirugías estéticas, y hasta comprar obras de arte.

Uno llega a preguntarse cómo es que llegaron tan lejos sin que nadie los descubriera en su operación de robar tan exorbitante cantidad de dinero, pero es muy sencillo responder tras el conocimiento que tenemos de las asociaciones sabemos que es debido a la falta de denuncia y a la manera tan estratégicamente bien planeada que tienen estas personas para poder realizar sus fines. La unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público fue quien detecto la operación multimillonaria haciendo la denuncia, de esta manera la PGR actuó deteniendo a la delincuente el 26 de febrero del 2013 en el aeropuerto de Toluca”.4

Es por ello, que las autoridades deben de ponerse a trabajar en conjunto, para poder frenar a estas personas que lo único que hacen por el país es manchar su imagen y reputación, la cual podemos decir no es muy conocida por su seguridad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a efecto de implementar y reforzar las medidas de seguridad en el país, y así evitar el crecimiento de asociaciones delictuosas, a cargo de la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a efecto de implementar y reforzar las medidas de seguridad en el país, y así evitar el crecimiento de asociaciones delictuosas, a cargo de la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.


1 Definición y Caracteres de Asociación Delictuosa en Derecho Mexicano:
http://mexico.leyderecho.org/asociacion-delictuosa/

2 Definición y Caracteres de Asociación Delictuosa en Derecho Mexicano:
http://mexico.leyderecho.org/asociacion-delictuosa/

3 Código Penal Federal: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm

4  Asociaciones Delictuosas: http://asociacionntic.blogspot.mx/






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar campañas informativas permanentes para concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El 22 de abril de cada año, se celebró el “Día Internacional de la Madre Tierra” con el objetivo de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, las sociales y ambientales para la armonía con la naturaleza y la Tierra1.

Para este año, se celebra el octavo “Diálogo sobre armonía con la naturaleza” para fomentar que los ciudadanos y las sociedades puedan mejorar los cimientos éticos entre la humanidad y la tierra en términos de desarrollo sostenible.

La madre tierra es una expresión común utilizada para referirse a nuestro planeta  en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.

Hoy en día, la afectación a los ecosistemas se encuentra en una fase crítica por una inadecuada actuación y responsabilidad socio-ambiental. El daño que provoca de manera individual y colectiva el uso desordenado de los recursos naturales, pone en peligro todo tipo de vida.

Las principales problemáticas de éste fenómeno han sido resultado de la negligencia o de acciones dolosas por parte del ser humano, que destruyen directamente a la flora y fauna del planeta y, al mismo tiempo, afecta a la población, principalmente.

Para dimensionar, la magnitud de esta grave situación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la degradación ambiental causa 12.6 millones de muertes al año, además de la destrucción generalizada de ecosistemas clave. La contaminación del aire es la principal causa de muerte por motivos ambientales, con 6.5 millones de defunciones asociadas anualmente2.

Para el caso de los incendios forestales, según la Universidad de Maryland de los Estados Unidos, en su informe Global Forest Watch (GFW), la pérdida de áreas en la materia en todo el orbe aumentó un 51 por ciento en 2016 alcanzando el récord de 29.7 millones de hectáreas3.

México no escapa a esta grave problemática. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), señala que existen 64 millones de hectáreas de bosques, de clima templado y selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional, 56 Millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de vegetación4.

El Estudio Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020, apunta que alrededor de 80 por ciento de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social, constituidos en alrededor de 8 mil 500 núcleos agrarios.

Por otra parte, el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que hay alrededor de 64 mil especímenes en el continente americano y 34 subpoblaciones; 33 en peligro o peligro crítico de extinción. En México hay menos de cuatro mil ejemplares por la pérdida de su hábitat5.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), resaltó que más de 2 mil especies están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que las clasifica en distintos grados de amenaza, más de mil tipos de plantas, 200 especies de peces, 200 de anfibios y casi 400 reptiles.

Ante este panorama, es necesario que la población cuente con un mayor conocimiento y conciencia sobre temas medulares como el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como principios y valores que sustentan la sociedad para el cuidado del medio ambiente.

Resulta urgente que se tomen en cuenta acciones que ayuden a mejorar al medio ambiente, para que juntos logremos reflexionar y concientizar sobre los hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente de manera sana y sustentable.

Es apremiante combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece en su meta 15, objetivo 15.5, lo siguiente: Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción6.

Para el cumplimiento de este sector central, es fundamental identificar y utilizar alternativas menos dañinas al ambiente, cambiar conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida.

En conclusión, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen un tema prioritario para el país. Por ello, es imperativo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleve a cabo campañas informativas, con la finalidad de para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la Agenda 2030.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas permanentes para concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Dado en el Senado de la República, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278

3 https://blog.globalforestwatch.org/data/global-tree-cover-loss-rose-51-percent-in-2016.html

4 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/las-demas/reportes-de-incendios-forestales

5 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_085.html

6 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf






De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a realizar una campaña a nivel nacional de preparación y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicanas en todo el país. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como “Embajadores Culturales” a los músicos e intérpretes de origen mexicano, conocidos coloquialmente como “Chicanos”, radicados en los Estados Unidos de América y que han contribuido con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, Dip. ELOÍSA CHAVARRÍAS BARAJAS y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con el Tratado Guadalupe-Hidalgo llegaba a su fin la Guerra México-Estadounidense de 1847. Como resultado de lo anterior, nuestra nación perdía casi la mitad de su territorio, sin embargo, miles de mexicanos decidieron permanecer en el lugar donde residían, el cual se convirtió en suelo estadounidense.

A lo largo de las siguientes décadas, la migración de ciudadanos mexicanos hacia los territorios que antes de 1847 le pertenecían a nuestro país fue escasa y ésta solo se vio incrementada por las guerras internas en México, como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. El más grande movimiento migratorio de México hacia Estados Unidos se dio con el programa Bracero, propiciado por los mismos Estados Unidos al incursionar en la II Guerra Mundial, el cual se prolongó hasta la época de la posguerra (1942-1962). Esta migración estaba controlada por acuerdos, lo que no ocurrió en las siguientes décadas, cuando los migrantes ilegales crecían a razón de aproximadamente 300 mil por año, siendo repatriados muchos de ellos.

La población México-Estadounidense conservó en buena medida costumbres e idioma, aunque paulatinamente las nuevas generaciones se incorporaban al sistema de vida norteamericano.

Un ejemplo pretérito de esta forma de asimilación cultural, en la que a pesar de los diversos cambios que se presentan en el estilo de vida se conserva la identidad, lo encontramos en el llamado Maestro de América, nacido en Oaxaca el 28 de febrero de 1882. Nos referimos a José María Albino Vasconcelos, quien pasó su infancia en diferentes partes del país, en razón del trabajo de su pa­dre como inspector de aduanas. Vasconcelos, quien realizó sus primeros estudios en Eagle Pass en el estado de Texas, cuando su familia residía en la vecina ciudad de Piedras Negras, Coahuila, nos narra, en su obra “Ulises Criollo”, cómo se vivía a finales del siglo XIX en aquellas poblaciones fronterizas.

Sin embargo, es hasta la primera mitad del siglo XX que se comienza a usar el nombre de “Chicano”.

El apelativo de “Chicano” se usa para definir a un estadounidense con ascendencia mexicana, término empleado de manera coloquial, principalmente, en los Estados Unidos para referirse a los mexicano-estadounidenses. En un inicio, se utilizó para referirse a los habitantes hispanos oriundos de los territorios estadounidenses que pertenecieron anteriormente a México (Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y partes de Colorado y Wyoming). Sin embargo, dependiendo de la fuente o el contexto, puede referirse a un ciudadano estadounidense de origen mexicano o a una persona nacida en Estados Unidos de origen mexicano.

Los mexicano-estadounidenses representaban en el año 2010 el 10.3% de la población de los Estados Unidos, con más de 26,781,547 habitantes, quienes figuraban como descendientes de mexicanos. Los mexicano-estadounidenses comprenden el 51% de todos los latinos e hispanos en los Estados Unidos.

Considerando que el actual gobierno de Estados Unidos de América no tiene la mejor disposición a reconocer los aportes de la comunidad Chicana, se torna indispensable valorar a los mexicanos de una industria cultural como es la música, quienes han logrado una aportación importante en lo cultural y lo económico.

Citemos solo a algunos de ellos, en especial a los que se formaron en Estados Unidos y representan propiamente lo que es el ser Chicano:

Anthony Quinn. Fue un escultor, pintor y consagrado actor mexicano de cine. Recibió múltiples galardones, entre ellos dos premios Oscar. Su padre había participado en la Revolución mexicana y allí conoció a la mujer que sería su madre. En 1919, se trasladaron como inmigrantes a California.

Juan García Esquivel, más conocido como Esquivel (Tampico, Tamaulipas, 20 de enero de 1918-Jiutepec, Morelos, 3 de enero de 2002), fue un arreglista y pianista. Es conocido por crear un estilo de música ocasionalmente llamado lounge -de salón- o space age pop. Es considerado uno de los primeros músicos en experimentar con la música electrónica. Nacido en México, fue en Estados Unidos donde se popularizó su música. Aunque Juan García Esquivel nunca ganó un Premio Grammy, sus discos fueron nominados al mismo en seis ocasiones.

Carlos Humberto Santana Barragán (Autlán de NavarroJalisco, 20 de julio de 1947), es un guitarrista mexicano que a fines de la década de 1960 fundó la agrupación Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. En 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición no. 20 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.? Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo contando las ventas de su banda y su carrera en solitario. Ha ganado diez premios Grammy y tres premios Grammy Latino.

Domingo " Sam " Samudio (nacido el 28 de febrero de 1937  DallasTexas), más conocido por su nombre artístico Sam the Sham, es un cantante  de  origen Mexicano que obtuvo grandes éxitos.

Freddy Fender (4 de junio de 1937, San Benito, Texas-14 de octubre de 2006, Corpus Christi, Texas). Fue un cantante estadounidense de ascendencia mexicana, heredero de dos culturas diferentes. Se perfiló como exitoso interprete de rock and rollmúsica country y música pop. Fue conocido por los premios Grammy recibidos durante su trayectoria como solista e integrante de The Texas Tornados y Los Super Seven. Su nombre real fue Baldemar Huerta Medina. Hijo de inmigrantes mexicanos, viajó al lado de sus padres a lo largo de la Unión Americana. En el Poblado de San Benito Texas, se abrió un museo en su honor.

Trini López (Trinidad López) nació el 15 de mayo de 1937 en Dallas, Texas. Es un músico y cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Su primer gran éxito, que lo hizo conocido, fue su interpretación de la canción “If I Had a Hammer”, grabada en 1962.

Eduardo "Lalo" Guerrero (Tucson, Arizona, 24 de diciembre de 1916-Palm Springs, California, 17 de marzo de 2005) fue un compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, conocido como el padre de la música chicana. Fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un tesoro nacional del folk y recibió de Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes en 1996. En México es conocido por sus canciones con Las ardillitas de Lalo Guerrero.

Ritchie Valens, Ricardo Steven Valenzuela Reyes, originario de la naranjera y jitomatera región de Pacoima en California. Nacido un día 13 de mayo de 1941, se distinguió dentro del rock and roll por ser el primer gran exponente de ascendencia mexicana del género, con alta producción de composiciones originales para lo breve de su carrera.

En épocas más recientes podemos considerar actores y cantantes como:

• Jessica Alba

• Edward James Olmos

• Bobby Pulido

• Cheech Marin

• Selena

• Eva Longoria

• Demi Lovato

• Louis Hernández

• Jay Hernández

Y desde luego a los ganadores del Premio Oscar a las Artes Cinematográficas: Guillermo Del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, quienes, si bien nacieron en territorio nacional, han desarrollado gran parte de su carrera en los Estados Unidos.

La lista de intérpretes y músicos que residen en Estados Unidos y de alguna manera mantienen los lazos de identidad es larga.

“El Movimiento Chicano que nació a principios de la década de 1960 fue una protesta pacífica entre americanos de descendencia mexicana que promovió el empoderamiento étnico. Redefinió las nociones de orgullo por la herencia mexicana y también desafió a las instituciones que practicaban la discriminación contra los mexicanos”.

“Para poder sobrevivir en un mundo de hegemonía anglosajona, el chicano hace un esfuerzo para mantener costumbres, idioma, canciones, mitos, cuentos, leyendas, etcétera, aunque su conducta se viste de heterogeneidad, evidente en las manifestaciones de cultura chicana y anglosajona que coexisten”.

En el pensamiento chicano es posible encontrar muchas creencias vitales, perspectivas históricas y conceptos culturales derivados de la vida intelectual y popular mexicana.

En la visión histórica de los chicanos se hacen evidentes conceptos tomados de Octavio Paz, José Vasconcelos, Miguel León Portilla, David Alfaro Sequeiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, el Dr. Atl y, obviamente, el grabador José Guadalupe Posada.

Es muy probable que la Casa del Obrero Mundial, fundada por el Dr. Atl, sirviera como modelo e inspiración para los centros culturales chicanos.

Las aportaciones culturales de los “Chicanos” son valoradas entre la población de Estados Unidos, por lo cual es imperativo que en nuestro país obtengan el mismo reconocimiento.

Valorar a los músicos e intérpretes chicanos es una forma de contrarrestar esa corriente que solo ve en nuestros migrantes un problema. Se trata de demostrar lo valioso de nuestras aportaciones a la vida y a la cultura popular en Estados Unidos y en el mundo entero.

Valorar a los chicanos es una magnífica oportunidad de promocionar a nuestro país y tener paradigmas de éxito en la cultura popular y en el ámbito económico. Es una forma de reconocer y premiar al talento que emigró por diversas circunstancias y que ha logrado triunfar en un país diferente.

Destacamos que son los músicos e intérpretes, a través de sus obras, quienes logran el mejor sentido de identificación y cohesión social, pues sus interpretaciones quedan en la conciencia colectiva de la comunidad, son parte de los festejos familiares y comunitarios, por lo cual es más fácil identificar su influencia.

La intención del presente Punto de Acuerdo es también hacer un llamado al retorno del talento, ahora que han concluido su vida laboral y que aún pueden realizar aportaciones a la vida económica y cultural de la nación.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un reconocimiento como “Embajadores Culturales “a los músicos e intérpretes de origen mexicano, conocidos coloquialmente como Chicanos, radicados en los Estados Unidos de América y que han contribuido con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 16 de mayo de 2018.

Suscriben

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Eloísa Chavarrías Barajas.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.-Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.






De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a implementar mejores medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, y así evitar accidentes. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:

CONSIDERACIONES

En la actualidad, la minería se desarrolla para extraer metales tales como oro, plata y cobre; gemas tales como diamantes y rubíes, y minerales tales como uranio, carbón, asbesto, arena y sal. Toda minería es peligrosa y es difícil que los mineros se ganen la vida y a la vez protejan su salud y el medio ambiente. Sin embargo, hay algunas formas de hacer que la minería sea menos riesgosa, pero desafortunadamente es muy difícil que la industria minera tome las medidas tendientes a atenuar los daños y accidentes entre los trabajadores.1

Por otro lado, vislumbrando los peligros que la minería ocasiona en la salud y el bienestar a largo plazo, y tomando precauciones para reducir el daño en todas las minas, los mineros y la gente de las comunidades mineras aledañas, se deben considerar los siguientes puntos para contribuir a la protección de la salud y mejorar la vida de los involucrados:

• “La minería ocasiona accidentes serios, tales como: incendios, explosiones, derrumbes de túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive en las comunidades cercanas a las minas.

• Aún en lugares donde la minería se desarrolló en el pasado, la gente todavía está expuesta a riesgos contra la salud, por los desechos mineros y las sustancias químicas que quedan en la tierra y el agua.

• La minería daña la salud de varias formas: Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y radiación pueden dañar a los trabajadores y causarles problemas de salud crónicos y también reacciones alérgicas y otros problemas de inmediato.

•  Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir daños en los brazos, piernas y espalda.

• Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra maquinaria vibratoria puede ocasionar daño al sistema nervioso y la circulación de la sangre y provocar la pérdida de sensaciones, infecciones peligrosas como la gangrena y aun la muerte.

• Ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas de audición, incluyendo sordera.

•  Horas largas de trabajo debajo la tierra con poca luz puede dañar la visión.

• Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua puede causar agotamiento por calor. Las señas incluyen: mareos, debilidad, latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos.

• La contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud.

• La destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre.

• La contaminación del aire proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades graves.

• Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria minera para conseguir apoyo de una parte la población da lugar a muchos problemas entre los miembros de la comunidad. Se crean desacuerdos entre amigos, dentro de las familias y entre familias que duran mucho tiempo y contribuyen a la desintegración social, al estrés personal y causan problemas de la salud mental a nivel comunitario”.2

En nuestro país, el sector minero- metalúrgico, contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional.

• “Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial.

• Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.

• Es el 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015.

• Es el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en agosto de 2015”.3

Sin embargo, del otro lado de la moneda, se puede observar la extrema deficiencia de las medidas de seguridad que existen en los centros de trabajo de los mineros, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana presentó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, acusando al gobierno mexicano de incumplir el convenio número 176: (http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C1769) referente a la protección y seguridad, violaciones que han dejado como saldo muchos accidentes laborales que se han vuelto pate de la cotidianidad en los centros de trabajo.4

Los mineros citan lo siguiente:

• “Las autoridades intentan ocultar esta situación de violación a los derechos más fundamentales de los trabajadores y su salud, mientras que la intención es que no se repitan estas condiciones en otros centros mineros o industriales.

• Además, señalaron que las autoridades mexicanas saben de esta situación, sin embargo, han mostrado estar a favor de los intereses de Grupo México y Grupo Peñoles sólo por mencionar algunos de los dueños de las minas.

•  Ni qué decir de las minas propiedad de extranjeros, principalmente canadienses, las cuales merecen también ser denunciadas.

• En el documento que presentó el gremio también se mencionó el suceso trágico de Pasta de Conchos que dio la vuelta al mundo por su brutalidad. Señalaron a la Secretaría de Economía (SE) y a la Dirección General de Minas, como principales responsables por negligencia y complicidad, ya que, aunque ante la ley éstas se tendrían que hacer cargo de supervisar y otorgar las concesiones, dichas instituciones no cuentan con normas eficientes para garantizar la seguridad del trabajador ni suficiente personal de supervisión.

• Tal documento expresa la degradación en las condiciones de trabajo que no son exclusivas de la rama minera, sino del conjunto de la clase trabajadora de México, pese a ser una de las que más horas labora anualmente”.5

Los mineros de todo el mundo han mejorado su calidad de vida, seguridad y salud mediante el apoyo y ayuda de organizaciones, sindicatos laborales y cooperativas, para presionar a las compañías mineras, para que estas obedezcan las leyes, normas y reglamentos de seguridad, asimismo, al gobierno para que las haga cumplir, y de esta forma regular la salud y seguridad en las minas. Por lo que solicito respetuosamente se adicione un artículo 58 en virtud de que se sancione a los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, asimismo el ingeniero legalmente autorizado para ejercer su cargo, cuando incurran anomalías dentro de las minas, lo que se traduce en falta de seguridad, equipo de trabajo, poner en riesgo su salud y en muchos casos, provocar la muerte de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, a efecto de implementar mejores medidas de seguridad para los trabajadores del Sector Mínero, y así evitar accidentes, a cargo de la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, a efecto de implementar y reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, y así evitar accidentes, a cargo de la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. María Victoria Mercado Sánchez.


1 La minería y la salud: http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/es_cgeh_2011/es_cgeh_2011_cap21.pdf

2 La minería y la salud: http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/es_cgeh_2011/es_cgeh_2011_cap21.pdf

3 Acciones y programas, minería:  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

4 Accidentes en minas, mutilación o muerte trabajadores: https://www.laizquierdadiario.mx/Accidentes-en-minas-mutilacion-o-muerte-de-trabajadores

5 Accidentes en minas, mutilación o muerte trabajadores: https://www.laizquierdadiario.mx/Accidentes-en-minas-mutilacion-o-muerte-de-trabajadores






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para mejorar la convivencia en los centros educativos, a fin de prevenir y reducir la violencia escolar. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia escolar es un fenómeno cada vez más complejo y se da de manera más frecuente a nivel mundial. Puede definirse como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. Es decir, no se reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra otros actores como padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo.1

Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica, aunque cabe aclarar que no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual cibernética, patrimonial, económica y social.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) existen en el mundo 246 millones de niños y adolescentes que podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.2

Las causas y las consecuencias del fenómeno de violencia escolar son considerables y pueden ser tanto escolares como extraescolares. Entre las causas principales se encuentran la reproducción de la violencia en los hogares, insuficiencia de información y ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla, políticas criminalizantes, falta de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, así como la inexistencia de una configuración normativa adecuada.

De igual forma, la violencia en el entorno escolar afecta negativamente y pone en riesgo la seguridad de la escuela y sus integrantes. Las principales consecuencias pueden ser de tipo emocional como estrés, apego inseguro, hiperactividad, negativismo, baja autoestima, deserción, bajo rendimiento escolar, síntomas depresivos, ideas e intentos suicidas, además de consecuencias físicas como lesiones reversibles o irreversibles, que pueden tener también desenlaces finales como la muerte.

Para nuestro país, la violencia en el ámbito escolar representa un desafío y por las dimensiones que ha adquirido, se ha convertido en un tema prioritario del debate público y de la agenda gubernamental, ya que es una práctica que obstaculiza el derecho humano de acceso a una educación de calidad a la que todos debemos gozar.

De manera lamentable, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso en educación escolar y 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema.

En 2014, alrededor de 18 millones de estudiantes sufrieron humillaciones, insultos, amenazas y golpes por parte de sus compañeros, obteniendo así el primer lugar en bullying entre los 34 países que la confirman.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el 32.2% de las víctimas de bullying pertenece al grupo etario de 12 a 18 años, siendo mayormente afectados por maltrato verbal, con el 74%. Además de que 21% se enfrentó a maltrato psicológico; 17% a maltrato físico; 9% a maltrato sexual y el 9% fueron acosados a través de internet.

Dependiendo del grado escolar, la violencia que se observa en el país es diferente. Por ejemplo, a nivel primaria y secundaria predominan  las burlas, los apodos, los nombres ofensivos y hasta amenazas, mientras que a nivel bachillerato la agresión más común es la verbal, insulto y agresión física. El 38.5% de los alumnos de primaria fueron testigos de insultos y el 21.4% de peleas a golpes, mientras que en el nivel secundaria, el 46.5% de los estudiantes presenciaron insultos y el 15.3% presenciaron peleas a golpes.3

Antes este escenario, es indispensable garantizar al acceso a la educación en condiciones óptimas y con condiciones de aprendizajes seguro, inclusivo y sano. La escuela es el espacio privilegiado para la formación, la convivencia, la disciplina sustentada en el diálogo, el respeto a la diferencia y la vivencia de principios democráticos, todo bajo los principios de la dignidad y los derechos humanos, valores que se deben promover e impulsar entre las niñas, niños y adolescentes del país. Basta recordar también que la convivencia escolar es un elemento indispensable de la calidad educativa.

La violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el cumplimiento del derecho a la educación de las niñas y los niños pues tiene como consecuencia un menor rendimiento escolar, una reducción en su capacidad para aprender y desarrollarse plenamente, e incluso el abandono del sistema educativo, situaciones que comprometen el capital social del país y, por tanto, su desarrollo económico.

La eliminación de la violencia escolar constituye una meta en torno a la cual se han impulsado diversas acciones. Desde el Gobierno Federal, se han impulsado diversos mecanismos para atender esta problemática que afecta a las niñas, niños y adolescentes y que compromete no sólo su futuro, sino el de todo el país, reconociendo que la violencia escolar tiene un alto impacto en los aprendizajes y en la formación para la ciudadanía.

El Programa Nacional de Juventud 2014-2018 busca lograr una educación libre de violencia, sin discriminación y con perspectiva de derechos mediante la promoción de una educación del diálogo y resolución pacífica de conflictos. Además, la Secretaría de Educación Pública  y la Secretaría de Gobernación llevan a cabo diversas acciones que comprometen a autoridades federales y locales al combate del acoso escolar y la violencia en las escuelas.

No obstante, debemos continuar con el fortalecimiento de acciones para erradicar la violencia escolar y lograr mejorar la convivencia pacífica en los espacios educativos lo cual, indudablemente, se traducirá también en una educación de calidad a los estudiantes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para mejorar la convivencia en los centros educativos, a fin de prevenir y reducir la violencia escolar.

Dado en el Senado de la República, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 Justicia ciudadana, Violencia en las escuelas, Disponible en [en línea:]
https://www.gob.mx/justiciacotidiana/articulos/violencia-en-las-escuelas?idiom=es

2 Unesco, Acoso y Violencia Escolar, Disponible en [en línea:] https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar

3 INEE, La educación obligatoria en México. Informe 2018, Disponible en [en línea:]
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/243/P1I243.pdf






De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias para que exista suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los municipios del país. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas y a las coordinaciones metropolitanas a implementar planes y estrategias a fin de garantizarles seguridad, en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte público de cada una de las 74 zonas metropolitanas que existen en el país. Se turna a la Primera Comisión.

Quienes suscriben, Dip. ELOÍSA CHAVARRÍAS BARAJAS y Diputados Federales del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En 2010 existían en nuestro país 59 Zonas Metropolitanas que albergaban al 57% del total de la población en México. Sin embargo, de acuerdo al documento Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015, el número de éstas aumentó a 74, mientras que la población residente en ellas pasó de 63.8 millones en 2010 a 75.1 millones de personas en 2015.1

Sin duda, las Zonas Metropolitanas son un nuevo paradigma en la urbanización y una apuesta al futuro, pero representan grandes retos en términos de provisión de servicios públicos, movilidad, vivienda, empleo y seguridad.

A la par de su crecimiento en todos los órdenes, aunado al hecho de contar con un coste sin impuesto para trasladarse al interior de las Zonas Metropolitanas, ha surgido en los últimos años un modus operandi del crimen organizado o de pandillas y es el asalto en los medios de transporte público.

Utilizar el transporte público en las Zonas Metropolitanas se ha convertido en un asunto de terror, esto va más allá de los problemas de saturación del mismo o del número de horas de vida pérdidas en los congestionamientos viales.

En la actualidad los asaltos, con y sin violencia, se han vuelto un tema cotidiano en las Zonas Metropolitanas.

Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México el índice delictivo que reporta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal indica que en 2017 se denunciaron 769 robos con violencia en el transporte público y 3 mil 240 sin violencia.

Sin embargo, estas cifras no muestran la totalidad de todos los asaltos que se cometen, pues se debe considerar que muchos de estos ilícitos no se denuncian.

Uno de los grandes temores de los ciudadanos es abordar el transporte público pues saben que en cualquier momento pueden ser asaltados.

Y no se habla de carteristas u otro tipo de delincuentes que actúan sin violencia. Se trata de bandas organizadas cuyo principal medio de ataque son las armas blancas y las armas de fuego, con las cuales realizan sus ilícitos y con las que pueden causar lesiones de gravedad a las víctimas e incluso privarlas de la vida.

Por otra parte, además de que es bien sabido que los asaltos y robos a usuarios son una constante en muchos medios de transporte de las ciudades, el funcionamiento del transporte colectivo de igual manera se ha caracterizado por la saturación de las rutas, la escasa capacitación de los operadores de las unidades, la irregularidad en el servicio, un parque vehicular obsoleto y rebasado por las nuevas demandas de la población e innumerables violaciones a la normatividad vigente.

Con estos datos se expone una realidad que viven muchos usuarios de manera constante en su movilidad; la vulnerabilidad de su integridad física, al momento de ser víctimas de asaltos a manos de delincuentes.

Así mismo, se pone de manifiesto que las percepciones respecto al tema de la seguridad en su mayoría son negativas, desmotivando al usuario a seguir utilizando los medios de transporte público e invitándolo a recurrir al transporte particular, a través de la adquisición de un automóvil con financiamientos que, a pesar de que muchas veces son muy caros y a largo plazo, les brindan a los ciudadanos la oportunidad de evitar el uso del transporte colectivo.

Aunado a esta realidad, se hace presente el hecho de que el irregular desarrollo del transporte público es una de los principales problemas a los que se enfrentan las Zonas Metropolitanas.

Es necesario que el Estado coordine políticas públicas eficientes en materia de transporte público en las grandes ciudades, a través de las cuales se puedan prevenir accidentes y brindar certeza a los usuarios, tanto en su seguridad como en sus bienes.

La necesidad de que el Estado realice una transformación profunda en materia de movilidad para garantizar condiciones de seguridad a los ciudadanos es evidente. Se deben adoptar medidas urgentes para evitar que existan más víctimas de robos en el transporte público. Es imperativo terminar con los acuerdos fácticos que hay con algunos transportistas, los cuales no permiten prestar un servicio público de calidad.

El crimen organizado ataca de manera reiterada a la población y es creciente el número de ciudadanos privados del bien más preciado: la vida.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas y a las Coordinaciones Metropolitanas a que, de conformidad con sus atribuciones, implementen planes y estrategias a fin de garantizarles seguridad, en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte público de cada una de las 74 Zonas Metropolitanas que existen en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Suscriben

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Eloísa Chavarrías Barajas.- Dip. Jesús Sesma Suárez, Coordinador del grupo parlamentario.- Dip. Arturo Álvarez Angli.- Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones.- Dip. José Antonio Arévalo González.- Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso.- Dip. María Ávila Serna.- Dip. Omar Noé Bernardino Vargas.- Dip. Paloma Canales Suárez.- Dip. Jesús Ricardo Canavati Tafich.- Dip. Juan Manuel Celis Aguirre.- Dip. Lorena Corona Valdés.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla.- Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza.- Dip. José de Jesús Galindo Rosas.- Dip. Daniela García Treviño.- Dip. Edna González Evia.- Dip. Sofía González Torres.- Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez.- Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez.- Dip. Ricardo Guillén Rivera.- Dip. Javier Octavio Herrera Borunda.- Dip. Lia Limón García.- Dip. Uberly López Roblero.- Dip. Ricardo López Montejo.- Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.- Dip. Virgilio Mendoza Amezcua.- Dip. Cándido Ochoa Rojas.- Dip. Samuel Rodríguez Torres.- Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez.- Dip. Ángel Santis Espinoza.- Dip. Miguel Ángel Sedas Castro.-Dip. Francisco Alberto Torres Rivas.- Dip. Georgina Paola Villalpando Barrios.- Dip. Claudia Villanueva Huerta.


1 Véase, “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015”, SEDATU, CONAPO, INEGI, México, 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015





De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Tiempos Oficiales o Tiempos de Estado, son espacios de transmisión con los que cuenta el Estado Mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta para difundir temas educativos, culturales y de interés social. Están constituidos por Tiempo de Estado y Tiempo Fiscal.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía comparte la administración de dichos tiempos con el Instituto Nacional Electoral: En periodos regulares (no electorales) RTC tiene a cargo el 88% y el INE el 12%; en periodos electorales, a partir del inicio de las precampañas, el Instituto administra 48 minutos de los tiempos.

Los Tiempos Oficiales han sido utilizados en mayor medida para transmitir información acerca de los programas, políticas públicas y acciones de gobierno en las distintas materias que corresponde a la administración pública federal.

Sin embargo, los Tiempos Oficiales muy poco se han dirigido a fomentar la prevención, atención y erradicación de la violencia, en particular la violencia de género, la cual se ha extendido y prolongado a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que lo que ha prevalecido ha sido la discrecionalidad en el ejercicio y uso de los tiempos, lo cual históricamente ha sido en perjuicio de las y los gobernados.

A decir de Corral,1  la comunicación gubernamental debe ser evaluada y en consecuencia normada a partir de al menos dos de sus repercusiones directas ante la ciudadanía:

a) Los fines y su expresión en el contenido

b) Los costos y recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, transmisión y evaluación.

Destaca que así se ubica el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al estado anunciante o propagandístico que corre el riesgo de transformar negativamente su relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad mediante spots u otras formas de comunicación similares su mayor esfuerzo y presupuesto, transformando la finalidad fundamental de atender el derecho a la información de los ciudadanos y la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, en relaciones con “audiencias” mediatizadas a través de slogans o mensajes telegráficos que no sólo no sirven a los ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio estado.

De ahí que la propuesta del presente acuerdo versa en este sentido: dotar de contenido y transformar la finalidad de los Tiempos Oficiales en radio y televisión, atendiendo una de las problemáticas más complejas de resolver como lo es la violencia de género, de la cual múltiples análisis dan cuenta cuan relevante debe ser la respuesta del estado en esta materia, en consonancia por lo dispuesto por la Constitución Federal, el cual señala que:

“Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.2

De la misma forma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión (abrogada 13 de agosto de 2014) disponía que:

“Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión”.3

Actualmente su fundamento legal reside en el Artículo 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Artículo 252. La forma en que podrán dividirse esos treinta minutos será la siguiente:

I. Quince minutos en formatos o segmentos de no menos de veinte segundos cada uno, y

II. Quince minutos en formatos o segmentos no menores de cinco minutos cada uno.4

Por otra parte, y, como se señaló, diferentes estudios muestran que en nuestro país se denuncian cada hora más de un caso de violación. Durante los 180 primero días de 2017 se denunciaron 35.8 casos de violación, cifra que representa un incremento de 6.2% en comparación con el mismo periodo de 2016.5

Que la violencia sexual en México se incrementó significativamente durante los primeros seis meses de este último año.

Que según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante el primer semestre de 2017 se denunciaron en el país 16,631 delitos sexuales, de los cuales 6,444 fueron casos de violación.6

Esta cifra indica que se presentaron 92.4 denuncias por delitos sexuales cada día, lo que representa un caso cada 16 minutos en promedio. Si solo se observa el delito de violación el reporte promedio es de 35.8 casos, un promedio de una denuncia cada 40 minutos.7

Las mismas cifras muestran que entre 2015 y 2017 las denuncias por delitos sexuales como-violación, abuso, hostigamiento sexual, pederastia, pornografía infantil, entre otros- tuvieron un crecimiento del 12%; las denuncias por violación repuntaron 6.2%.8

Por otra parte, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) del INEGI, muestran como en nuestro país la violencia ha crecido de forma desproporcionada a consecuencia de estrategias que prevengan dichas conductas, impregnadas en gran medida por los contenidos de medios de comunicación, lo que resulta siendo un estado inseguro y violento contra las personas, pero en particular contra las mujeres. 9

Esta encuesta muestra como a nivel nacional, el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica– patrimonial o discriminación, 34% física y 41.3% sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.

Que la extensión de la violencia en el país va desde 52.4% en Chiapas hasta 79.8% en la Ciudad de México. Las entidades que presentan los niveles más altos son la Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Por el contrario, las que tienen la prevalencia más baja son San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

Que Jalisco tiene un porcentaje de los más altos, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 66.1% en Jalisco andamos en 74. 1%.

Que la prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3% y las entidades con las prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca.

Que la prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6% y las entidades con las prevalencias más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.

De la misma forma que Jalisco tiene una prevalencia de 29.1%.

Que la prevalencia nacional de violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7% y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

Que, en los últimos 12 meses, 10.3% fue víctima de algún acto violento (emocional, físico, sexual o económico-patrimonial) por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja.

Que el 8.1% de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año.

De la misma forma que los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre.

Que los principales agresores sexuales son los tíos y los primos.

Asimismo, que la violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses se ha ejercido principalmente en la casa de las mujeres y en la casa de algún otro familiar.

Que las agresiones ocurridas en su casa fueron: 59.6% emocionales, 16.9% agresiones físicas, 17.5% económica y patrimonial y 6.0% agresiones sexuales.

Que en cuanto a la prevalencia nacional de violencia de pareja a lo largo de la relación actual o última es de 43.9% y las entidades con las prevalencias más altas son: Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Oaxaca.

Que, en México, 15.1% de las mujeres tiene 60 años o más, y que el 17.3% de ellas sufrió en los últimos 12 meses algún tipo de violencia: emocional (15.2%), económica y patrimonial (6.3%) o física (1.2%).

Que siete de cada 10 mujeres dependen económicamente de otras personas. Cuatro de cada 10 mujeres cuidan a sus nietas(os) o sobrinos(as).

Que 32.4% de las mujeres ayudan o mantienen económicamente a alguna otra persona.

Y que 16.8% de las mujeres tiene alguna enfermedad o discapacidad que les impide desplazarse solas.

Que según el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), publicado en diciembre de 2016, cada año más de 21 millones de personas son víctimas de las redes de trata que operan hasta en 124 países.10

La ONU asegura en su informe que, en América, México es el quinto país de flujo de trata de personas entre Norte y Centroamérica y el Caribe, por detrás de países como Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Barbados y Panamá, que son sobre todo principales destinos para las víctimas.

México, entre tanto, es tanto punto de origen como de destino final para las víctimas de este delito, dice el reporte.

Tanto en Norteamérica como en Centroamérica y el Caribe, la mayoría de las víctimas (cerca del 70%) de trata de personas fueron mujeres, dice la ONU. Y en América Central y el Caribe la mayoría de las víctimas eran niñas, mientras que en Norteamérica predominan las mujeres.

No obstante, la realidad que muestran estos datos, los contenidos de las campañas del gobierno en los medios de comunicación han ignorado todas estas problemáticas, por lo que es necesario y urgente la construcción y transmisión de una estrategia que tenga como objetivo el fomentar estrategias locales para la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres y la trata de personas, la cual hasta ahora ha sido invisible para las instituciones del estado. 

Por lo anterior, es por lo que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que implemente una campaña nacional en medios de comunicación, a través los tiempos oficiales del estado, en materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Laura Nereida Plascencia Pecheco.

Referencias:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php
http://www.animalpolitico.com/2017/08/violencia-sexual-2017-violacion/.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/28/mexico-lidera-cumbre-sobre-trata-de-personas-un-flagelo-que-afecta-a-21-millones-de-personas/

1 El Diputado Javier Corral Jurado, fue uno de los autores de la propuesta de Ley de Comunicación Gubernamental discutida recientemente en las Cámaras de Diputados y Senadores.

2 Disponible en ww.diputados.gob.mx

3 Ibíd.

4 Ibid.

5 Información recuperada del sitio: http://www.animalpolitico.com/2017/08/violencia-sexual-2017-violacion/.

6 Ibíd.

7 Ibíd.

8 Ibíd.

9 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

10 Información disponible en:  http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/28/mexico-lidera-cumbre-sobre-trata-de-personas-un-flagelo-que-afecta-a-21-millones-de-personas/#0






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a presentar un informe sobre el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2018. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos públicos de que dispongan las entidades federativas, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El cumplimiento de lo anterior, adquiere mayor relevancia cuando están destinados a atender las consecuencias de catástrofes naturales como huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales, tornados o terremotos como los acontecidos en septiembre de 2017.

Las entidades más afectadas por los sismos de septiembre del año pasado fueron: Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Cabe destacar que de acuerdo con cifras oficiales, de las 369 personas que fallecieron a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, 228 se produjeron en la capital del país, donde también hubo casi 6 mil viviendas dañadas, de las cuales, casi el 40% sufrieron daño total.1 

Ante este panorama, en complemento al esfuerzo de solidaridad, apoyo y empatía mostrado desde el primer momento por miembros de la sociedad civil organizada y la población en general, desde los tres niveles de gobierno, se impulsaron importantes esfuerzos encaminados a que los damnificados regresaran a la cotidianidad de la forma más rápida. 

En el caso de la Ciudad de México, como parte de dichas esfuerzos se contempló entre los rubros de su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 (publicado el 31 de diciembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la entidad)2 un rubro de recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre del año anterior. Entre los recursos públicos asignados a los fines referidos se encuentran 898 millones 074 mil 939 pesos, erogaciones que se encuentran previstas en el artículo 13, precepto en el que se asignan recursos identificados con el Destino de Gasto 70 “Fortalecimiento de Acciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades y Órganos Autónomos y de Gobierno”.

En relación a los más de 898 millones, en el artículo 14, facción IV del Presupuesto, se expresa que dichos recursos se deberán destinar preferentemente para las acciones de reconstrucción por los sismos de septiembre del año anterior. Sobre el particular, en días recientes diversos medios de comunicación dieron a conocer que los integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México privilegiaron repartir dádivas en el marco del proceso electoral.3 

Al efecto, precisan que de los 898 millones 074 mil 939 pesos que deberían asignarse preferentemente a reconstruir, legisladores de los Grupos Parlamentarios del PRD y PAN, únicamente destinaron 270 millones; además, etiquetaron 2 mil 400 millones para dádivas. Aunque la Asamblea Legislativa reservó la información por dos años, el periódico de circulación nacional Reforma, ha manifestado que obtuvo copia de los 23 oficios que enviaron a la Secretaría de Finanzas de la entidad entre el 10 y 24 de enero de 2018.

En este orden de ideas, señalan que en total, asignaron 5 mil 600 millones de pesos. Por otro lado, indican que de los recursos (mínimos) que se dejaron para enfrentar los estragos de la tragedia vivida en septiembre y de regalos (como tinacos y tabletas), también se asignaron 2 mil 896 millones para obras pública y materiales de operación de delegaciones y dependencias de la entidad.

Al respecto, se hace énfasis en que legisladores del PRD y PAN realizaron cambios  la redacción del Presupuesto a manera de que ellos fueran quienes decidieran y autorizaran la forma en la que se ejercerían los recursos destinados a los fines de reconstrucción (artículos 13 y 14 del Decreto).

Ante ello, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa envió una iniciativa para que no les correspondiera, misma que la Asamblea aprobó tres días después. No obstante, para ese entonces, de los más de 7 mil millones del artículo 13 del Presupuesto, ya habían asignado el 80%.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos de vital importancia que a partir del principio de máxima publicidad, con la mayor celeridad y objetividad, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México presente un informe pormenorizado sobre el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2018, ante presuntas irregularidades en su asignación para que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones y a partir del principio de máxima publicidad, presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2018, ante presuntas irregularidades en su asignación para que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 Aroche, Ernesto. (2017). Lo que el #19S nos dejó: las víctimas, daños y damnificados en México. Animal Político , https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/

2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, Gobierno de la Ciudad de México,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf113706e3340105929a52.pdf

3 Velasco, Selene. (2018). Reparten dádivas; olvidan reconstruir. Reforma,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1382724&md5=42f22adf114a1c15e99dd96004860f6b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=abe268747ee92804ff00532fe405017b






De la Diputada Araceli Damián González, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a la conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 maestros del Sistema Estatal de Telesecundaria del estado de Durango desde el pasado mes de noviembre de 2015. Se turna a la Segunda Comisión.

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario MORENA, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. En la quincena 21 del mes de noviembre del año 2015, 369 maestros de Telesecundaria del Estado de Durango se vieron afectados en la percepción de su salario, al comenzar a recibirlo en dos cheques o cuentas diferentes. Por una parte, el pago de la Federación, emitido por el FONE y por la otra, un pago complementario por parte del Estado de Durango en un cheque. En cada uno de ellos se reflejan percepciones y deducciones diferentes, lo que repercute en afectaciones de diversa índole tales como:

1.- Perdida de antigüedad y variación del historial laboral:

Esta afectación se refleja en Expediente Electrónico Único dispuesto en el portal del ISSSTE señalado como SINAVID. Información que proporciona la Secretaría General, la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos. Se detecta un cambio en el Régimen Pensionario; es decir, trabajadores con ingreso al Sistema de Telesecundaria anterior al 2007 tenían como Régimen el Décimo Transitorio y a partir de noviembre del 2015 en automático se les registra en el de Cuentas Individuales; situación que afecta en el momento de la jubilación y en el que se hace necesaria la unificación de cuentas.

Como empleador, según Expediente Electrónico Único del SINAVID, se tiene en cada trabajador a la Secretaría de Educación del Estado de Durango y al Sistema Estatal de Telesecundarias en el Estado de Durango con el alta de plazas diferentes.

En la oficina virtual denominada SINAVID, a quien está en la problemática 369, se le ubican datos laborales de dos tipos de Plaza con diferente Ramo y Pagaduría cada una de ellas. La primera Plaza, que es el ingreso real al Sistema de Telesecundaria tiene como pagaduría el propio Sistema Estatal de Telesecundaria en el Estado de Durango y a partir del 01 de noviembre del 2015 se registra una nueva plaza del ramo Secretaría de Educación del Estado de Durango y con pagaduría la misma Secretaría de Educación del Estado de Durango.

Otra de las afectaciones tiene que ver con el acceso a los Servicios de Salud en el ISSSTE puesto que no se refleja la vigencia del trabajador. A partir de noviembre del 2015 se hace necesario que el trabajador sea dado de alta en la Secretaría de Educación del Estado de Durango por tener plaza inicial, lo cual genera una nueva filiación.  Mientras se realiza el trámite, el trabajador está imposibilitado en recibir atención médica e incapacidades y desprotegido al presentarse algún riesgo de trabajo. Todo esto independientemente de que los conceptos de deducción correspondientes a los Seguros del ISSSTE aparezcan en el comprobante de pago de cada trabajador.

En el mismo sentido de afectaciones, en el SINAVID específicamente en el Régimen Pensionario no se describen las cotizaciones correspondientes en el total de años reales en cada trabajador, es decir, hay omisión de registro de algunos años de dicha cotización.

2.- Diferencia de montos aplicados por prestaciones del ISSSTE:

Se reflejan en el momento en el que el trabajador solicita algún tipo de crédito y este se fija en proporción a los años de servicio.  El trabajador 369 tiene menor antigüedad a partir de noviembre del 2015 a la fecha. Los créditos en los que se ve afectado son los hipotecarios y los ordinarios y especiales otorgados a través de hojas clasificadas en colores roja, verde, etc.

Se imposibilita el acceso inmediato a estos créditos por la necesidad de validación en las dos plazas: la federal en Secretaria de Educación del Estado de Durango y la correspondiente al Sistema Estatal de Telesecundaria.

3.- Carga fiscal adicional registrada en las declaraciones ante el sistema de administración tributaria:

Por disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hace el requerimiento de declaración de impuestos de manera anual cuando se tienen una de estas dos condiciones: Ingresos superior a $400,000.00 o bien, al contar con dos patrones de los que recibe salario. En ese sentido, quien es 369 es considerado un trabajador que tiene doble patrón, puesto que recibe su salario en dos cheques; uno proveniente de la Federación y el complemento del Gobierno del Estado de Durango a través de la dependencia Sistema Estatal de Telesecundaria.

4.- Falta de pago en prestaciones específicas:

Dentro del total de los 369 trabajadores con pago dividido existen varios casos en los que su pago no corresponde a la zona económica. Así por ejemplo algún trabajador tiene su lugar de adscripción en Zona Económica III y recibe un pago de Zona Económica II con una diferencia significativa en lo económico. Igual existen los casos en los que el trabajador se desempeña en una Zona Económica que tiene la compensación denominada ZI o Zona Indígena y por ser esta una compensación estatal, no se refleja en el pago que emite la federación.

Por otra parte, por las irregularidades en los centros de trabajo, los maestros dejan de percibir bonos específicos como lo son: el MG, Bono por trabajar en escuelas Multigrado. Administrativamente el Sistema Estatal de Telesecundaria tiene en su estructura el registro de maestros en escuelas de organización completa o tridocentes cuando en realidad se ubican en una escuela de categoría Unitaria y debieran de recibir dicho bono.  A la fecha han sido dos ciclos escolares en los que se ha perdido este beneficio.

5.- Dificultad de pago de servicios contratados por el docente:

Imposibilidad de cubrir la responsabilidad o compromisos personales tales como caja de ahorro del Sindicato en sus conceptos D87 correspondiente al ahorro y el D90 como recuperación por préstamo; misma situación en caja de ahorro SiTED con los conceptos D32 y D96 como ahorro y Recuperación respectivamente. Ambas cajas registradas de manera regular y legal a través de convenios reconocidos en el Sistema Estatal de Telesecundaria y no ante la Federación, lo que imposibilita realizar los descuentos de manera directa a través de la nómina.  También se limita el pago a terceros como FAMSA, CREDIAMIGO y la imposibilidad de realizar aportación de cuota sindical.  Dicha situación implicando a los trabajadores retrasos en los pagos y la generación de intereses con afectación directa en su economía.
6.- Dificultades en procedimientos administrativos como:

Siendo para el trabajador el Patrón: Telesecundaria, que desde su decreto de creación es un organismo público, autónomo y descentralizado; se enfrenta al problema de tener que realizar trámites en otra dependencia que es la Secretaría de Educación del Estado de Durango.  Se genera un expediente adicional en la SEED para realizar trámite de reembolso por descuentos indebidos, solicitud de vigencia en el ISSSTE, expedición de comprobantes de pago para gestiones personales y emisión de constancias de sueldos y salarios para declaraciones fiscales ante el SAT.

SEGUNDA. Que, en la búsqueda de una solución, el tema fue plasmado en un documento normativo de lucha que emprende el Sindicato (S.E.M.S.T. Durango, Comité Ejecutivo Estatal 2017 – 2020), traducido en un Pliego Petitorio con fecha del mes de abril de 2017 de Negociación Salarial y Contractual con el que se emplaza a huelga al Sistema Estatal de Telesecundaria de manera legal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Las negociaciones se mantuvieron sin avance y finalmente el 3 de junio del mismo año el Sindicato Estatal de Telesecundaria con sus bases, estalla una huelga el día 1° de junio en punto de las doce del día. Como resultado de la movilización se redactó y firmó una minuta el día 3 de junio de 2017, donde quedó plasmado que el compromiso para atender de manera inmediata y de forma permanente la problemática, poniendo especial atención en las afectaciones que se derivan de la transferencia de plazas y para lo cual se conformó una comisión. Dicha Comisión realizó diferentes acciones ante la Secretaria de Educación Pública en la Ciudad de México, a través de la Dirección de Planeación, Servicio Profesional Docente, Recursos Humano y FONE donde se elaboró un costeo de las 369 plazas, salarios y prestaciones, aportaciones a terceros y proyección de datos al 2018.

TERCERA. En el Estado se realizaron diversas acciones con el propio Sistema de Telesecundaria desde su Unidad Operativa mediante la cual se definió un costeo fino y de filiación de cada uno de los 369 docentes. Como resultado de estas gestiones y del trabajo realizado, se determinó que se trata de la federación y por lo tanto de plazas federales y que a estas fechas la SEP se encuentra validando ante la Secretaría de Hacienda para el reconocimiento de esos puestos laborales.

CUARTA. Como resultado de dicha resolución, se llevó a un Paro General de Labores entre los días 6 al 12 de febrero de 2018 en el que se exigió el cumplimiento de la minuta del 3 de junio de 2017 y de la cual se determina la siguiente posición:

El sindicato como representante de los trabajadores rechaza categóricamente dicha respuesta y en su lugar reitera la petición de que es voluntad de los 369 trabajadores de Telesecundaria exigir:

“Cumplimiento de la obligación patronal del organismo público descentralizado Sistema Estatal de Telesecundaria, SETEL; transfiriendo los recursos del Gobierno Federal al Estado con lo que actualmente se pagan parcialmente las 369 plazas. Esto significa la recuperación total del ESTATUS laboral que se tenía hasta antes de la quincena 21 de noviembre del año 2015. Se consigna además el cumplimiento de dicho acuerdo con el seguimiento de los trabajos de una mesa de transición en la que participaran servidores públicos y la representación sindical”.

Por lo que la exigencia de los 369 afectados es muy clara: REGRESAR AL ESTATUS ANTERIOR, lo que significa que la federación realice la transferencia de recurso y se dé lugar a la conversión en saldo en el Estado, es decir se traslade el recurso del FONE hacia el Gobierno del Estado de Durango.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Exhortar a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública; a la Coordinación General de FONE; a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; a la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Dirección de FOVISSSTE; a la Dirección del PENSIONISSSTE; a la Dirección DGSNEF; a la Secretaría de Educación del Estado de Durango; a la Dirección General del Sistema Estatal de Telesecundaria Durango; a la Comisión de la Representación de los 369 maestros afectados y al Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria Durango para que lleven a cabo la Conformación de una Mesa de Trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 maestros del Sistema Estatal de Telesecundaria del Estado de Durango, desde el pasado mes de noviembre de 2015.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 16 de mayo de 2018.

Dip. Araceli Damián González.






De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar la auditoria correspondiente con objeto de revisar la legalidad de la ampliación al título de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de altas especificaciones de jurisdicción federal Armería-Manzanillo, en el estado de Colima, otorgada a la empresa privada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a garantizar el derecho de acceso a la justicia. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La madrugada del lunes de la semana pasada la ciudadana Karen Fabiola García Padilla, fue víctima de feminicidio agravado en grado de tentativa, por parte de un sujeto de nombre Mauricio Salazar Piña.

El tipo golpeo y mordió salvajemente a la joven hasta casi arrancarle la parte derecha de su cara.

El miércoles el juez Abelardo Guadalupe Beltrán Rodríguez, del Tribunal Superior de Justicia  de la Ciudad de México, redujo el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por otros de menor sanción, al  vincular al sujeto a proceso por los delitos de lesiones agravadas calificadas, violencia familiar equiparada, además de mantener la medida cautelar de dos meses fijados para terminar la investigación del caso, no obstante que, según los testimonios de sus progenitores, no es la primera vez que este sujeto agrede física y moralmente a la joven a la que, incluso, ha amenazado de muerte si se atrevía a denunciar.

Es por los antecedentes del caso y por los elementos con que se cuentan a raíz de esta salvaje agresión, es claro que dicho sujeto no pretendía solo golpearla o causarle heridas leves, sino que su intención era asesinarla, pues así se lo había hecho saber en repetidas ocasiones, razonamientos que para el juez de la causa no fueron suficientes para que el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa no fuera aceptado;  por lo que será procesado por delitos de lesiones agravadas calificadas y violencia familiar.

O sea que para el este juzgador es necesario que el sujeto literalmente la deje en estado de coma para que, ahora sí, se acredite que quiso matarla, no obstante, las lesiones infames, salvajes y más que graves, que recibió la víctima.

Eso retrata muy bien lo que sucede con la falta de acceso de la justicia para las mujeres víctimas de violencia y, en particular, para las víctimas de feminicidio, en las que no se toma en cuenta el contexto de violencia feminicida que anteceden a estos casos concretos ni se investiga bajo los protocolos de la materia conforme la diversa normatividad de la materia.

Derivado de estas agresiones se inició la carpeta de investigación número CI-FCH/CUH-2/UI-1C/D/2076/03-2018 la cual se radicó en la agencia de investigación CUH-2. El Ministerio Público inició la indagatoria por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, condición que todavía nos alarma.

Es por lo anterior que desde esta tribuna exigimos y  le solicitamos a al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México su intervención para el efecto de que la investigación ministerial señalada en el párrafo anterior, se realice bajo el protocolo de ”INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DEL DELITO DE FEMINICIDIO” y en consecuencia se dé un tratamiento de TENTATIVA DE FEMINICIDIO, ya que la violencia que recibió  KAREN FABIOLA GARCIA PADILLA se da por cuestiones de género, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encontraba respecto de su novio. Esto de conformidad con el artículo 325 del Código Penal Federal y 144 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.

De la misma forma y ante tales acontecimientos, nos sumamos a las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil en el sentido de pronunciarnos por el derecho de las víctimas a tomar decisiones sobre denunciar o no penalmente el delito, ello no puede obstaculizar su derecho a tomar otras acciones contra sus victimarios.

Es lamentable que en este país el acceso a la justicia para las mujeres sea una utopía lejana, ante la impunidad y la falta de eficacia de las leyes e instituciones de procuración y administración de justicia.

Es más que vergonzoso que, a diez años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la retórica legislativa no ha terminado con estos vestigios de una justicia medieval, con decisiones que son contrarias a los estándares de derechos humanos que han sido incorporados constitucionalmente en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisamente en este recinto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Jefe de Gobierno, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que la investigación ministerial del caso de la C. Karen Fabiola García Padilla, se realice con estricto apego al protocolo de ”INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DEL DELITO DE FEMINICIDIO” y, en caso de que así lo determine la autoridad correspondiente se le dé el tratamiento de TENTATIVA DE FEMINICIDIO, en atención a que los hechos de violencia se suscitaron por razones de género, de conformidad con lo que establece el Código Penal Federal y el Código Penal de la Ciudad de México. Asimismo, se exhorta a dichas instancias para que garanticen el derecho de acceso a la justiciad de la víctima, su seguridad e integridad física, otorgándole las medidas de protección necesarias y la reparación integral del daño.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.

Referencias
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
https://notigamcdmx.blogspot.mx/2018/04/juez-reduce-castigo-sujeto-que-ataco-y.html
https://www.lanetanoticias.com/240614/exoneran-a-joven-que-mordio-y-golpeo-a-su-novia-de-20-anos
http://www.sensorinformativo.com/noticia/hombre-golpea-y-muerde-a-su-novia/
https://www.midiario.com/uhora/mundo/juez-reduce-castigo-sujeto-que-ataco-y-mordio-la-cara-de-novia
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/juez-reduce-castigo-a-sujeto-que-ataco-y-mordio-la-cara-de-novia/1230118






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a las investigaciones contra el gobierno de San Martín Texmelucan y su policía municipal, por la presunta comisión de diversos delitos como colusión con el crimen organizado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y cohecho, además de irregularidades identificadas en los procesos de contratación, evaluación y registro del personal, y en su caso, establezcan las sanciones que conforme a derecho procedan. Se turna a la Primera Comisión.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Una de las principales atribuciones del municipio en materia de seguridad, es coadyuvar a garantizarla a través de su cuerpo de policía, para ello, cuenta con las atribuciones para reglamentarla, organizarla, administrarla y seleccionarla en concordancia con la Constitución, las leyes federales y estatales en la materia.

El objetivo de la policía municipal, es mantener el orden, la paz pública, el bienestar y la tranquilidad de la población, de ahí la relevancia de que esté conformada por elementos capacitados, certificados y que cuenten con los requisitos de contratación y de confianza.

Lamentablemente estas directrices no se han respetado en el municipio de San Martín Texmelucan en el estado de Puebla, ya que se han identificado las siguientes anomalías:

• El pasado 2 de mayo de 2018, se trasladaron a por lo menos 186 elementos de la policía de San Martín Texmelucan “Academia Policial Ignacio Zaragoza” a la capital del estado, para realizar una revisión de su armamento, proceso de incorporación y exámenes de control de confianza.1

• Durante este proceso, se pudo constatar indicios de una probable colusión de las autoridades municipales y de la policía con organizaciones del crimen organizado dedicadas a la extracción ilegal y comercialización de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos.  

• Además se identificó que por lo menos 113 agentes incurrieron en usurpación de funciones, debido a que no cumplían los requisitos de ingreso y permanencia como exámenes de confianza, además que muchos ellos realizaron actos de corrupción y sobornos para evitar trámites durante su incorporación como carta de antecedentes no penales. 2

• En este proceso, también se comprobó que algunos elementos no contaban con la clave única policial y estaban relacionados con actos de abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.

• Durante las primeras revisiones, se localizó en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública, dos vehículos con múltiples contenedores de diésel e impactos de armas de fuego, los cuales no se habían reportado su resguardo. Por si esto no fuera suficiente, también se encontraron vehículos con reporte de robo los cuales fueron utilizados en actividades de extracción ilegal.3 

Es importante destacar que durante esta administración estatal y municipal,  en el estado de Puebla y particularmente en el municipio de San Martín Texmelucan se han denunciado el robo de hidrocarburos, la aparición de cuerpos con signos de tortura y el robo a casas habitación y vehículos. Esta situación, vulnera la seguridad de la ciudadanía y pone en riesgo su patrimonio.

Para tener un panorama general de esta inseguridad, basta indicar que durante el periodo 2015-2018, los homicidios incrementaron 66%, el robo lo hizo en 45% y las tomas clandestinas presentaron un aumento de por lo menos 12 mil por ciento. Este incremento coincide con la instrumentación de la estrategia de contención en el denominado “Triángulo Rojo”.4

Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el primer semestre de 2015 y 2018 se elevaron los delitos de alto impacto, en particular los robos a vehículos y los asaltos a transportistas, por ello, en diversos momentos la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga ha solicitado incrementar las medidas de seguridad, las cuales hasta el momento no se han llevado a cabo, por el contrario, existen indicios de la colusión de las autoridades municipales con estas bandas delictivas.

Frente a este panorama poco alentador, es fundamental sancionar conforme a derecho a los policías que han incurrido en alguna irregularidad, pero además fortalecer los mecanismos de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la policía municipal y el gobierno del municipio de San Martín Texmelucan, a fin de prevenir estos hechos que sólo vulneran la seguridad y tranquilidad de la población.

Bajo estas consideraciones, es de vital importancia que el Gobierno del estado de Puebla y la Fiscalía General del estado, den celeridad a las investigaciones contra la policía municipal de San Martín Texmelucan por la presunta comisión de ilícitos como colusión con el crimen organizado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y cohecho, además de irregularidades en los procesos de contratación, evaluación y registro del personal.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad para que, den celeridad a las investigaciones contra el gobierno de San Martín Texmelucan y su policía municipal, por la presunta comisión de diversos delitos como colusión con el crimen organizado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y cohecho, además de irregularidades identificadas en los procesos de contratación, evaluación y registro del personal, y en su caso establezcan las sanciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.


1 Edgar Ávila. (2018). Detienen a 119 policías de San Martín Texmelucan y a 2 mandos por diversos delitos. 07/05/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-119-policias-de-san-martin-texmelucan-y-2-mandos-por-diversos-delitos

2 Fernando Pérez. (2018). Desmantelan policía municipal en San Martín Texmelucan. 07/05/2018, de Excélsior Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/nacional/desmantelan-policia-municipal-en-san-martin-
texmelucan/1236306

3 Edgar Ávila. (2018). Hallan huachicol y autos robados en comandancia de Texmelucan. 07/05/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/hallan-huachicol-y-autos-robados-en-comandancia-de-texmelucan

4 Patricia Méndez. (2018). En 3 años se disparan huachicol y asesinatos en Texmelucan. 07/05/2018, de E- consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2018-05-03/seguridad/en-3-anos-se-disparan-
huachicol-y-asesinatos-en-texmelucan






Del Diputado Luis Fernando Mesta Soulé, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Juez de Distrito Gerardo Moreno García, a apegarse al estado de derecho y abstenerse de vulnerar la soberanía del estado de Chihuahua, respetando el curso de los procesos judiciales instrumentados en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Sergio López Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo a la situación de represión y violación a los derechos humanos en Nicaragua. Se turna a la Segunda Comisión.








De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a regresar al esquema de ministración de recursos plasmado en las reglas de operación emitidas el 27 de diciembre de 2017, así como exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar las transferencias de recursos dentro de los plazos convenidos, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, tiene como objetivo general, contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM) en las entidades federativas promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar dicha política en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional.

Este programa Fortalece tiene una cobertura nacional y su población objetivo son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, las Instancias Municipales de las Mujeres y las unidades administrativas u homólogas en las delegaciones de la Ciudad de México, es decir, los MAM cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa.

En este contexto, el programa Fortalece impulsa y facilita el acceso de los MAM para el adelanto de las mujeres a los subsidios y herramientas que fortalezcan sus capacidades organizacionales, técnicas y operativas. Para lograrlo, el programa tiene cuatro componentes, el primero relacionado con la transferencia de subsidios para la ejecución de los proyectos, el segundo con el recurso transferido para el fortalecimiento institucional, y los otros dos hacen referencia a la asesoría para la elaboración de los proyectos y la implementación del Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres.

Asimismo, el área encargada de la operación del programa en el INMUJERES es la Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el Presupuesto de la Federación vigente, el periodo de validez del programa es anual.

El esfuerzo que ha emprendido el Instituto, a través de este programa se enfoca en fortalecer y promover el trabajo que realizan los MAM para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas y municipios, debido a que el Instituto no cuenta con unidades o delegaciones en cada entidad como las Secretarías de Estado, debido a ello, la única forma con que cuenta el Instituto para institucionalizar la perspectiva de género en las entidades federativas y municipios es mediante la ministración de recursos a las MAM que por Ley deben existir en cada entidad federativa.  La ministración de recursos que se da a través de sus Reglas de Operación, estas establecen los requisitos, modalidades y temporalidades bajo las cuales se transfieren los recursos del programa S010 a cada MAM participante.

En el documento acuerdo por el que se modifican diversos numerales de las reglas de operación del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, para el ejercicio fiscal 2018 que publica el INMUJERES en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de marzo del presente año, se modifican los numerales en los cuales el Instituto fija la manera de la ministración del recurso autorizado a los MAM, dentro de los que cambiaron el numeral 5.3 Suscripción del convenio específico de colaboración, donde aumenta el tiempo que la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INMUJERES tiene para enviar los convenios con los MAM de 5 a 15 días y suprime el párrafo “Para aquellas entidades federativas, municipios y delegaciones de la Ciudad de México, que durante el ejercicio fiscal  tengan cambio de gobierno, los convenios podrán establecerse conforme a las fechas que concluya el periodo de gobierno” lo que implica que en este año electoral, podrán ejecutar el recurso todo el año fiscal.

El numeral 5.4 Documentación bancaria y fiscal añaden el párrafo “De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales sólo serán transferidos  por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas, por lo que estas deberán abrir una cuenta bancaria específica para el Programa, así como subcuentas que permitan la radicación de los recursos para los proyectos beneficiados de las tres modalidades.” Esto implica que supeditan el ejercicio de los recursos del S010 a las tesorerías estatales, las cuales tendrán decisión sobre la administración de estos recursos que corresponden a los MAM.

En el caso del numeral 6.4 Entrega de los recursos, estas son las diferencias:

Antes

Ahora

La radicación de los recursos se realizará en una sola exhibición a la cuenta bancaria que las Instancias hayan abierto para tal fin, dentro de los 30 días hábiles posteriores a que se haya notificado vía correo electrónico a las Instancias ejecutoras, que la documentación bancaria y fiscal está completa y correcta.

Es importante que la cuenta bancaria para el manejo del recurso del proyecto beneficiado en el marco del PFTPG se encuentre activa en todo momento, con el fin de que se pueda radicar el recurso dentro del plazo establecido en el presente numeral. De lo contrario, en una sola ocasión, se emitirán observaciones y se notificará que la cuenta se encuentra inactiva; por lo que la Instancia Ejecutora en un plazo de cinco días hábiles, deberá realizar los trámites necesarios y notificar al Inmujeres mediante correo electrónico, que se puede realizar la radicación del recurso.

A partir de dicha notificación, se llevará a cabo la radicación del recurso dentro de los 30 días hábiles posteriores. En caso de que una vez más la cuenta se encuentre inactiva, se notificará que su participación en el Programa se da por concluida de manera definitiva e inapelable.

La radicación de los recursos se realizará en una sola exhibición, dentro de los 30 días hábiles posteriores a que se haya notificado a la IMEF que la documentación bancaria y fiscal está completa y correcta.

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el recurso se radicará a la cuenta bancaria que las tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas hayan abierto para tal fin.

 

 

En caso de que la transferencia del recurso sea rechazada, el Inmujeres notificará a la IMEF; quien a su vez deberá informar a la tesorería o dependencia homologa de la entidad federativa, para que en un plazo de cinco días hábiles lleve a cabo las acciones necesarias y regularice la situación de la cuenta; en cuanto se encuentre activa la cuenta, la IMEF deberá informarlo al Inmujeres mediante correo electrónico, a efecto de que se realice la radicación del recurso.

Una vez realizada la radicación del recurso, el Inmujeres notificará mediante oficio remitido por la Plataforma a las IMEF; por su parte las tesorerías o dependencias homologas de las entidades federativas contarán con un plazo máximo de 15 días hábiles para transferir los recursos destinados a la ejecución de los proyectos beneficiados en el marco del PFTPG, de conformidad con lo establecido en el Anexo 9.

Ahora la responsabilidad de la ministración será hacia las Tesorerías, además que SÓLO el INMUJERES tendrá comunicación con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas  unidades de las administración pública estatal, responsables del diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas que favorezcan el adelanto de las mujeres (IMEF) dejando a un lado a las demás instancias ejecutoras como las instancias municipales (centralizadas y descentralizadas) que también concursaron –y ganaron- para recibir recursos del Programa Fortalece 2018. La modificación señala que deben transferir los recursos en un plazo máximo de 15 días hábiles, pero sabemos qué es esta práctica es discrecional.

En el numeral 7.4 Cierre del ejercicio, reduce el tiempo en que las MAM erogarán el recurso, del 31 de diciembre al 30 de noviembre.

En el numeral 7.7 Recursos no devengados, aumenta el texto “la Instancia Ejecutora deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación y notificar a la tesorería o dependencia homologa de las entidades federativas, los recursos que no hayan sido devengados al 30 de noviembre de 2018”.

Por último, cambia el Artículo Transitorio tercero, para quedar como sigue:

Antes

Ahora

La entrega de los apoyos a la población objetivo del Programa se hará mediante transferencias electrónicas de fondos, directamente de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el Acuerdo por el que se determina la forma en que las dependencias y entidades contratarán los servicios bancarios para la dispersión y subsidios, así como las previsiones técnicas para que las mismas instruyan los pagos conducentes, emitido por la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

La entrega de los apoyos a la población objetivo del Programa se hará mediante transferencias electrónicas de fondos, directamente de la Tesorería de la Federación, a las tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas.

A consideración de las y los suscribientes que los recursos se ministren a través de las Secretarías de Finanzas u homólogos, representa una dificultad para que los recursos lleguen con la celeridad necesaria y, sobre todo, que este ejercicio sea transparente hacia los MAM, debido a que, en varias ocasiones estas Secretarias retienen los recursos etiquetados desde la federación para ministrarlo a discreción, lo que va a obedecer a factores políticos o intereses de la o el titular del poder ejecutivo en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, en el marco del adecuado y eficiente ejercicio del dinero etiquetado para el programa S010 “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, para que se regrese al esquema de ministración de recursos plasmado en las reglas de operación emitidas el 27 de diciembre de 2017.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para garantizar las transferencias de recursos dentro de los plazos convenidos, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, en el marco del adecuado ejercicio del dinero etiquetado para el programa S010 “fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género” del Instituto Nacional de las Mujeres.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia y acciones concretas que se están implementando en materia de seguridad pública, con el objeto de combatir la incidencia delictiva creciente registrada en diversos municipios de la entidad, que atentan contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de los habitantes. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el inicio del actual gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, la estrategia de seguridad pública se estableció como una de las prioridades de la agenda en el Programa de Gobierno 2012-2018.1

Para tal efecto, se implementó a partir de 2014 el Programa Escudo, el cual implicó una inversión de 2 mil millones de pesos, así como el despliegue de recursos tecnológicos sin precedente en la historia de la entidad.2

Sin embargo, la situación creciente de inseguridad que viven las familias guanajuatenses, revela la ineficacia y fracaso de dicha estrategia. La ola de violencia no cesa en los principales municipios del estado, e inclusive, ha aparecido en aquellos que tradicionalmente eran pacíficos, en perjuicio de la paz y tranquilidad de los habitantes.

Los datos y hechos registrados a la fecha, dan cuenta de un aumento exponencial de la incidencia delictiva, ubicando a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional, principalmente en domicilios dolosos, lo que atenta contra la vida y la integridad, la libertad personal, el patrimonio, la familia y la sociedad en general.

Para dimensionar la magnitud y gravedad de la situación, basta señalar que tan sólo en 2017 el número de delitos cometidos fue de 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9% con respecto al año inmediato anterior 2016 y de 46.2% con relación a 2013. Ello significa que el año pasado se cometieron 323 delitos diariamente.

En este mismo sentido, cabe destacar que el total de delitos cometidos durante 2017 significó 11 mil 592 y 37 mil 235 más con relación a 2016 y 2013, en cada caso.

Durante el periodo enero-marzo de 2018 se cometieron 31,979 delitos, cifra que representa un aumento de 12.2% con relación al mismo periodo de 2017, lo que significa 3,470 delitos más. En marzo pasado se registraron 11,372 delitos, es decir, 13.3% más que en igual mes del año pasado3.

De los diferentes tipos de delitos, por sus consecuencias y efectos para la población, destacan los homicidios dolosos. Según datos anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Semáforo Delictivo, se observa un crecimiento exponencial de los homicidios dolosos, los cuales pasaron de 641 en 2013 a 1,084 casos al cierre del año pasado.4

De acuerdo con diversos medios de comunicación, en los tres primeros meses del año, los homicidios dolosos en Guanajuato registraron un aumento de 130 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2017. Se señala que durante el primer trimestre de 2018 se han registrado 741 víctimas por el mencionado delito, mientras que hasta marzo del año pasado sólo se tenían registradas 322. De esta manera, se colocó a la cabeza de los estados con más víctimas de homicidios dolosos en el país.5

La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, se ha venido incrementando al pasar de 14.83 en 2015 a 18.35 al cierre de 2017, y tan sólo en lo que va de 2018, alcanza una tasa de 9.27, y por los hechos recientes registrados en el estado, es previsible que continúe incrementándose.6

Como resultado de la situación creciente de inseguridad que prevalece en la entidad –entre otros factores- el estado de Guanajuato descendió tres posiciones en el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Entre los datos derivados de dicho Índice para la entidad, destacan los siguientes: pasó del lugar 16 al 19 entre 2016 y 2017; en cuanto a los homicidios, figura entre los cinco estados con el mayor aumento en la tasa de víctimas; respecto al crimen organizado, se ubica en la segunda posición de todas las entidades federativas; se encuentra entre aquellos que experimentaron una mayor tasa de sobrepoblación de las cárceles entre 2017 y 2015; y respecto al impacto de la violencia per cápita, asciende a 38,821 pesos, nivel superior al promedio nacional de 33,118 pesos.7

Ante este panorama, el gobierno estatal ha sido omiso en la atención de esta grave problemática. Pero, no sólo eso. En días pasados, el mismo gobernador de la entidad, a seis meses de concluir su administración, afirmó que será necesario cambiar la estrategia.8

Aunque a la fecha, no se han señalado cuáles serían los pilares de dicha estrategia, ni las acciones específicas que se pretenden llevar a cabo en lo que resta de la presente gestión del gobernador Márquez Márquez.

En síntesis, el anterior balance general permite concluir el fracaso de la estrategia de la actual administración estatal en materia de seguridad pública, la cual es un derecho fundamental, en virtud de que permite garantizar la integridad, seguridad y patrimonio de la población, a la vez que representa importantes beneficios para la sociedad en su conjunto al restituir el orden, la paz y sentar las bases, así como generar certidumbre para las inversiones, el crecimiento económico y el progreso.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.  

Pese a lo anterior, ha existido una grave omisión del gobernador de la entidad, en garantizar este derecho fundamental de la población, por lo que es urgente conocer conozca la estrategia y acciones que se están instrumentando en materia de seguridad pública, de aquí al final de su gestión, con el objeto de combatir la incidencia delictiva creciente en diversos puntos del territorio estatal, en perjuicio de la paz y el orden de la sociedad en su conjunto, así como de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la estrategia y acciones concretas que se están implementando en materia de seguridad pública, con el objeto de combatir la incidencia delictiva creciente registrada en diversos municipios de la entidad, que atentan contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de los habitantes. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente.


1https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/fiscal/201405271002510.IndicadoresProgramadeGobierno2013.pdf

2 http://noticias.guanajuato.gob.mx/2014/04/pone-en-marcha-el-gobernador-miguel-marquez-marquez-
elprograma-de-seguridad-escudo/

3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun-nm.php

4 http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios

5 https://www.pressreader.com/mexico/peri%C3%B3dico-am-le%C3%B3n/20180423/281535111592930

6 https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/homicidios-dolosos-en-guanajuato-por-encima-de-la-medinacional

7 http://indicedepazmexico.org/wp-content/uploads/2018/04/Indice-de-Paz-Mexico-2018.pdf

8https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1362341&sc=672&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1362341&sc=672






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo Federal a designar a la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del “Tianguis Turístico 2020”. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCN TURÍSTICA DE MÉXICO (CPTM), PARA DESIGNAR A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, COMO SEDE DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2020, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

La industria turística nacional representa el 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB)1 y sustenta a 10 millones de empleos directos e indirectos que contribuyen activamente a mejorar significativamente la calidad de vida de los mexicanos.

La República Mexicana ocupa el octavo lugar en el ranking de la Organización Mundial de Tursimo en 2016, respectivamente despues de Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Reinos Unidos y Alemania. En este ranking, México aparece como el país más visitado de América Latina y esto se debe por haberse convertido para muchos viajeros no solamente como un paraíso de playas, sino como un destino de muchas facetas, por sus vestigios, su cultura, su folklor y su gastronomia. Además, México se ha distinguido como un país rico en cultura y diversos ecosistemas, los cuales definen y ofrecen una amplia oferta turística para todo tipo de viajeros.

En este marco, el Tianguis Turístico de México es el evento más importante del sector turístico de nuestro país, que desde 1975 y sin interrupción, ha reunido los profesionales de la industria turística nacional e internacional, permitiendo a nuestro país incrementar los flujos de visitantes provenientes de los mercados nacionales e internacionales, y mostrando con ello, una gran oferta y diversidad turística para el mundo.

En este evento intervienen empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores receptivos, tour operadores, meeting planners, y medios especializados de la industria turística de más de 80 países, lo cual, posiciona al Tianguis Turístico como una plataforma transcendante en la comercialización de la oferta turística de México.

Asimismo, es un espacio privilegiado para los profesionales de la industria turística tanto nacional como internacional, porque se llevan a cabo importantes negociaciones, se concretan compras y ventas de productos y servicios, y se toman decisiones estratégicas y de inversión, todo en un entorno que propicia la competitividad y la innovación en la oferta. Cuestión que ha beneficiado a nuestro país.

En su informe de resultados del Tianguis Turístico de 2018 en Mazatlán, la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de la República, a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), indicó que en 2017 se registró un incremento del 33% de visitantes europeos, 96% de visitantes de América del Sur, y 127% en la llegada de visitantes asiáticos.

En su edición de 2015, el Tianguis Turístico fomentó 31 mil citas de negocios y en su última edición de 2018 alcanzó el record de 44 mil 700 citas de negocios. En esta edición de 2018, el Tianguis registró una participación de 1,514 compradores y la presencia de 935 empresas nacionales e internacionales. Lo cual nos indica el interés y la apuesta que hacen los empresarios nacionales e internacionales en el sector turístico de nuestro país, lo que genera mayor flujo de inversiones y financiamiento.

CONSIDERACIONES

Para recibir un evento de tal magnitud, la ciudad y el estado anfitrión como sede en nuestro país debe cumplir y garantizar a los participantes la seguridad adecuada, accesibilidad aérea y terrestre necesarias, una amplia capacidad de hospedaje, entre otros requisitos.

Hoy en día, Mérida, la capital del Estado de Yucatán, dispone de las áreas de exposiciones para convenciones y ceremonias de toda índole, las conectividades terrestres y aéreas necesarias, con un aeropuerto internacional, con los servicios turísticos adecuados, la infraestructura hotelera y todos los servicios complementarios, asi como traslados y horarios amplios de servicio para recibir a los visitantes nacionales e internacionales.

Otra ventaja del Estado de Yucatán, es que se ha caracterizado como la entidad federativa con menor percepción de inseguridad para sus habitantes. Mérida, capital del Estado, cuenta con un centro de convenciones y exposiciones que puede facilitar con su infraestructura la realización del Tianguis Turístico. En específico, el Centro de Convenciones con sus espacios de proyecciones cinematográficas ofrecen un espacio privilegiado en la capital yucateca para eventos culturales, turísticos y de entretenimiento.

A su vez, otra de las ventajas incuestionables que ofrece la tierra yucateca para celebrar un evento turístico, es la gran variedad de atracciones naturales que se encuentran alrededor de la capital y que posiciona a Yucatán como uno de los mejores estados anfitrión en materia de diversidad turística.

La Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO) ha reconocido la riqueza de nuestro país a través de los nombramientos como Patrimonio de la Humanidad de 27 zonas arqueológicas, centros históricos y áreas naturales, de las cuales, la ciudad prehispánica de Chichen-Itzá y la ciudad prehispánica de Uxmal se encuentran en el Estado de Yucatán a unos 80 -100 kilometros respectivamente de la capital del Estado, Mérida.

Según los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se realizaron en 2017, 9 millones 70 mil visitas en solamente 3 sitios arqueológicos, Teotihuacán, en el Estado de México; Chichén Itzá, en Yucatán, y Tulum, en Quintana Roo. De los cuales se consideró que Chichen-Itza, una de las siete maravillas del mundo moderno, ocupó el segundo lugar en cuanto a visitas, donde seis de cada 10 visitantes fueron turistas extranjeros. Estos datos atestiguan claramente la capacidad del Estado de Yucatán para ser un anfitrión a la altura de las exigencias que impone un evento de tal magnitud como lo es el Tianguis Turístico.

Ademas, Yucatán ofrece una geografía oportuna que le permite combinar emocionantes visitas culturales – la ciudad de Mérida, el pueblo colonial de Valladolid, la ciudad de las tres culturas Izamal y su convento San Antonio de Padua, los cenotes - y relajantes playas, tales como Celestún y Rio Lagartos, entre otras.

Sin duda alguna el estado de Yucatán ofrece para el Tianguis Turístico 2020 toda la capacidad, apertura e experiencia para recibir los participantes nacionales e internacionales. Los ciudadanos, la comunidad empresarial de Mérida de todos los sectores, esperan vivamente tener la oportunidad de abrir las puertas de su entidad para ser integrados a eventos internacionales de alto nivel, clave en materia de turismo y posicionarse como una nueva plataforma innovadora.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal a través de la Dirección del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para designar a la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del Tianguis Turístico 2020.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Estado de Yucatán, para que de acuerdo a sus atribuciones, se coordine con la Secretaría de Turismo Federal, a fin llevar a cabo el Tianguis Turístico 2020, en Mérida Yucatán.

Senado de la República, el 16 de mayo de 2018.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.


1 Información del INEGI, consultada el 11 de mayo de 2018 en la página siguiente:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tur/default.aspx





De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación del vaso regulador ubicado en las colonias Revolución y Azteca, en la Delegación Venustiano Carranza. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a transparentar el ejercicio de los recursos del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Acciones Específicas para Mujeres” del programa presupuestal “Programa de Derechos Humanos” durante los años 2016 y 2017. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El programa P022 Programa de Derechos Humanos tiene una diferencia negativa del 95% entre el presupuesto aprobado por esta Cámara de Diputados y el presupuesto modificado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese año. Este programa contiene tres acciones principales: la 103 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, acciones específicas para mujeres; 429 Implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y 431 Operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

En donde las tres acciones son mecanismos esenciales para erradicar la violencia en contra de las mujeres, ya que son instrumentos enfocados a la atención de la violencia extrema como la que contempla la acción 103, donde lo preocupante, en primer lugar, es el uso del lenguaje, –por ejemplo- en el informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2016 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente en el nombre del indicador 1 “realización de talleres de capacitación con enfoque de género al personal del mecanismo de protección”, el término enfoque es equivocado, ya que la terminología adecuada al estado actual del saber se refiere al concepto como PERSPECTIVA de género, lo cual es una sencilla muestra de que el personal que planifica e implementa estas acciones carecen de la profesionalización necesaria en la materia, al desconocer los lineamientos básicos de la teoría de género, como metodología para el estudio y análisis de cualquier situación o relación humana.

Es necesario contemplar el uso del lenguaje incluyente, principalmente al momento de elaborar documentos oficiales que reflejen el grado de profesionalismo de las dependencias y de los servidores públicos que laboren en ellas, esto como muestra del Estado mexicano por transversalizar la perspectiva de género. En este sentido, ¿cómo se puede estar segura de que esta importante metodología se va a aplicar correctamente, llevando a cabo un proceso de institucionalización de la perspectiva de género, como mecanismo regular y fundamental en el actuar de dichas dependencias?, si, como se ha demostrado, son omisas en manejar los más elementales de la materia.

En el mismo informe, en la parte referida al cuarto trimestre de 2016, declara que las acciones reportadas durante el ejercicio de 2016, se realizaron sin ejercer los recursos económicos etiquetados para la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos, en el Anexo 13 del PEF, en virtud de que se contó con el asesoramiento de la Organización Freedom House, con base en un memorándum de entendimiento (convenio de colaboración) suscrito por la subsecretaría de Derechos Humanos y dicha organización.

Esta información no concuerda con el informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano1presentado en julio de 2017, el cual es un tercer diagnóstico elaborado por el colectivo Espacio OSC2. En el que una de las principales críticas radica en lo siguiente:

“el Mecanismo de Protección aún no incorpora un enfoque de género en el análisis de riesgo y en las medidas que implementa para la protección de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Ante esto, las medidas de protección para mujeres defensoras y periodistas se implementan sin atender la situación específica de violencia, desigualdad y discriminación que viven, o las obligaciones que muchas de ellas tienen en cuanto al cuidado de sus familiares y a los posibles impactos de las agresiones.” 3

De tal manera, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, es necesario conocer a qué tipo de empresa se esta contratando para dicho fin, así como el tipo de capacitación que se impartió en el año 2017. Y conocer el motivo por el cual se incurrió en un subejercicio al devolver los recursos destinados para el Mecanismo, etiquetados en el Anexo 13 del PEF, a pesar declaraciones hechas por periodistas beneficiarios de este mecanismos4, en donde las periodistas no cuenta con la atención necesaria, además que el servicio de protección se encuentra ejecutado por varias empresas de seguridad privada contratadas por la Secretaría de Gobernación, las cuales proveen estos servicios para las y los periodistas. Dentro de estas declaraciones las y los protegidos señalan que varias veces los servicios no son ejecutados con probidad, hay retrasos en la ministración de sus mensualidades y víveres, les manifestaban la falta de recursos para terapias psicológicas/psiquiátricas y para medicamentos. 

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que transparenten el ejercicio de los recursos del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Acciones Específicas para Mujeres” del programa presupuestal “Programa de Derechos Humanos” durante los años 2016 y 2017.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.


1 http://serapaz.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/Espacio-osc_Tercer-Informe_web-baja.pdf Consultado el 25 de abril de 2018.

2 Con las organizaciones: Article 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (amarc mx); Casa de los Derechos de Periodistas a.c.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (cemda); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (cdhzl); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica a.c. (cic-pc); Centro Nacional de Comunicación Social (cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (cmdpdh); Comunicación e Información de la Mujer a.c. (cimac); jass Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Redtdt); Reporteros sin Fronteras; smr: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz a.c. (serapaz).

3 http://cmdpdh.org/2017/07/proteccion-integral-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-la-deuda-del-estado-mexicano/ Consultado el 25 de abril de 2018.

4 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Proteccion-transparente-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-20180321-0140.html






De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la comisión nacional de los derechos humanos a que, derivado del “estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”, inicie el proceso formal para emitir las recomendaciones al gobierno federal y los gobiernos estatales para resolver el caso de manera urgente; además, se exhorta al gobierno federal a intensificar la vigilancia y aumentar el número de supervisores en los centros de trabajo agrícolas para prevenir y detectar casos de explotación y trata de personas. Se turna a la Primera Comisión.

La que suscribe, Sen. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Comisión Permanente en funciones, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, de acuerdo con “La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas”, los jornaleros agrícolas son un grupo altamente vulnerable a la trata de personas y explotación laboral. Solamente, según datos de UNICEF, el 44% de los hogares de estos trabajadores cuenta con al menos una niña o un niño que labora en esta actividad y sus ingresos representan alrededor de 41% del total familiar.

Lo anterior, es una realidad de nuestro país, muy a pesar de la legislación vigente y  las reformas legislativas que se han emprendido para evitarlo. A ello hay que sumar que son personas que viven en condiciones de vida indignas en los lugares donde son contratados.

De acuerdo con el “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas” recientemente publicado por la CNDH la trata de personas y la explotación de los jornaleros  se debe en gran medida a la falta de supervisión de las autoridades encargadas de evitar que ello ocurra. Lo anterior quiere decir que las autoridades del trabajo son omisas en la política pública en materia de prevención y detección de víctimas.

Situación que resulta grave porque de acuerdo con la Ley general en materia de trata de personas estamos ante un escenario de violación a los derechos humanos que dicha ley protege y también la propia Constitución.

El estudio hace evidente la desarticulación de la política pública por parte del gobierno. El documento  que las “acciones gubernamentales son "heterogéneas, diversas e incluso contradictorias entre sí", lo cual deja ver que los servidores públicos tienen "grados muy disímiles de compromiso y conocimiento" al respecto”. Esto quiere decir que no hay coordinación para combatir el delito y proteger a las víctimas.

Pero además, estamos ante un actitud cínica de las autoridades toda vez que el informe señala que “Cuando la CNDH le solicitó informes sobre el tema a la Secretaría de Trabajo federal y a las de los 32 estados de la República, solo 21 autoridades respondieron a la petición de datos, pero en el 71.4% de estos casos, no mostraron información para comprobar la inexistencia de víctimas de trata, en las visitas de inspección supuestamente realizadas”.

Lo anterior refleja la omisión y falta de interés en un tema que viola los derechos laborales y humanos. Además, exhibe que la autoridad no respeta la relación con otras instancias como la CNDH.

El tema no es nuevo, según la CNDH:

La trata de personas y la explotación se producen y reproducen al amparo de una serie de causas estructurales y multifactoriales por lo que las acciones que se instrumenten para su erradicación requieren de una intervención interdisciplinaria e integral. Bajo este escenario y considerando que, de acuerdo a la UNODC el 39% de las víctimas de trata de personas identificadas en Norteamérica lo son para la modalidad de trabajos y servicios forzados, resulta de gran importancia la participación activa de las autoridades del trabajo no solo en el ámbito de la prevención, sino también en la detección de posibles víctimas.

Lo anterior quiere decir que a pesar de que el problema existe y se encuentra focalizado, las autoridades no intervienen para erradicarlo y cuando llevan a cabo alguna acción, se hace sin estructura sin metodología y bajo el amparo de la ignorancia. Por ejemplo, señala la CNDH que:

Lo anterior significa que, en todo caso, las autoridades del trabajo resumen su intervención a la prevención y detección de posibles víctimas de trata de personas a las inspecciones realizadas a los centros de trabajo, sin considerar que la efectividad de dicha acción depende de una serie de factores, tales como la elaboración, aplicación y evaluación de protocolos de inspección enfocados en la detección y canalización de posibles casos, la designación de inspectoras e inspectores del trabajo y su especialización constante en la temática, la programación anual de inspecciones a los centros de trabajo, así como, el registro y sistematización sobre los incumplimientos a la normatividad laboral en cada uno de los sectores para detectar recurrencias y proponer estrategias de atención.

Dada la magnitud del problema, es evidente que hace tiempo las autoridades del trabajo debieron haber creado y aplicado protocolos de inspección. La trata de personas y la explotación son delitos difíciles en su detección, no es tarea fácil. Por eso es necesario que las autoridades trabajen en elaborar esas formalidades y detectar la mayor cantidad de casos posibles y no la escasa cantidad que señala el informe de la CNDH:

No obstante las precarias condiciones laborales y de alojamiento de las y los jornaleros, que se tienen registradas en las estadísticas en la materia, así como en distintas fuentes de información, como las notas periodísticas, destaca que únicamente nueve de las autoridades del trabajo reportó haber detectado incumplimientos en los centros de trabajo agrícolas.

Lo que se está vulnerando son derechos humanos. Hablamos de seres humanos, adultos, niñas, niños y adolescentes que son explotados todos los días ante los ojos ciegos de las autoridades, incluyendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Prueba de ello es que la CNDH sugiere a dicha instancia:

Elaborar, institucionalizar e implementar un Protocolo de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género, basado en la doctrina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que incluya abordajes antropológicos, sociológicos y étnicos que permita al funcionariado público que lo aplicará, conocer la situación de las y los jornaleros agrícolas.”

Además, sin definirlas, propone a todas las autoridades del trabajo:

Elaborar, institucionalizar e implementar un Protocolo de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género, basado en la doctrina de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que incluya abordajes antropológicos, sociológicos y étnicos que permita al funcionariado público que lo aplicará, conocer la situación de las y los jornaleros agrícolas.

Lo cierto es que este estudio no puede quedarse en un diagnóstico más, de los muchos que hay, y formar parte de la estadística que con el tiempo se olvida. Es necesario que la CNDH en su calidad de órgano autónomo y garante de los derechos humanos, inicie un procedimiento formal para hacer las recomendaciones pertinentes a las autoridades a que haya lugar.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, derivado del “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”, inicie el proceso formal para emitir las recomendaciones a las autoridades del Gobierno federal y los Gobiernos estatales, según sea el caso, para resolver de manera urgente este problema.

SEGUNDO: Se exhorta al Gobierno federal a intensificar la vigilancia y aumentar el número de supervisores en los centros de trabajo agrícolas para prevenir y detectar casos de explotación y trata de personas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Sen. Adriana Dávila Fernández.






De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al otorgamiento de recursos del Programa “Bienestar Salario Rosa para Mujeres”, en el estado de Chiapas. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Justicia; y de Salud de la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas en materia de derechos laborales para periodistas, reforma integral a la Ley Federal del Trabajo para incluir la perspectiva de género, reconocimiento a la seguridad social para concubinos y concubinas, y para prohibir el matrimonio infantil. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, Diputada LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa Comisión Permanente el presente punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El esfuerzo que ha emprendido el Estado mexicano, entendido como la conjunción de los tres Poderes de la Unión, para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, ha presentado muchas resistencias sociales, principalmente porque aún persevera una cultura machista que naturaliza los actos de violencia en contra de las mujeres, esto tiene como resultado una limitación de facto al libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que además reduce sus oportunidades para un desarrollo pleno en todos los ámbitos de su vida. Por ello es menester recordar que la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus representaciones, es aquella que se ejerce en contra de las víctimas por el simple hecho de ser mujeres, esto es una situación que debe atenderse de manera integral y no mediante una visión reducida, ya que es un tema de índole socio-cultural que debe abordarse desde todos los ámbitos posibles, logrando una sinergia que  revierta esta situación generalizada y normalizada de violencia contra las mujeres.

De esta manera el Estado mexicano ha signado y ratificado diversos instrumentos internacionales en la materia, obligándose de manera voluntaria a adoptar acciones en todos los ámbitos para enfrentar esta situación de violencia y discriminación, entre los cuales podemos destacar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará), entre otros. Estos tratados delimitan los marcos de acción que el Estado mexicano debe implementar para revertir la condición de discriminación y desigualdad histórica de la que la mujer ha sido objeto.

Dentro de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW al Estado mexicano, con motivo de su 7mo y 80vo informe consolidado, podemos encontrar algunas de especial relevancia:

14. El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008);

b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones coherentes, entre otras cosas sobre la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y los homicidios por motivos llamados “de honor”, así como sobre el adulterio;

c) …

d) Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación;

e) ..1

Como se puede apreciar, el Estado mexicano, por cuanto toca al Poder Legislativo, tiene la obligación de impulsar un gran número de reformas a los diferentes cuerpos normativos, con el fin de eliminar cualquier tipo de discriminación tácita o explícita contra la mujer dentro de su texto e incorporar los mecanismos que permitan el empoderamiento de la mujer, procurando eliminar la brecha de desigualdad histórica que poseen desde su creación y que funge en contra de la mujer.

Razón de ello, la suscrita ha presentado diversas iniciativas que buscan resolver algunas de estas situaciones contempladas en la ley, como lo es una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo para incluir la perspectiva de género, ya que, al ser un ordenamiento que data de los años 70s carece en todo su contenido de este tan necesario marco de análisis metodológico, lo cual necesariamente conlleva una discriminación tácita contra la mujer, al haber sido pensada y planteada desde una visión masculina generalizada para todas las personas.

En este mismo sentido la suscrita presentó una reforma que busca otorgar derechos como la seguridad social a las y los concubinos a partir de los dos años de convivencia, en este sentido debemos recordar que en los últimos años, con la llegada de la generación millennial, ha habido un importante decremento en el número de matrimonios realizados ante el Registro Civil, mientras que, las uniones libres se han incrementado de manera notable, por ello es necesario buscar los medios adecuados para que estas parejas puedan disfrutar recíprocamente de los beneficios que se adquieren al desear construir una relación de vida aun y cuando decidan no formalizar dicha unión ante el Juez del Registro Civil.

Un punto prioritario es la prohibición del matrimonio infantil, mismo que se encuentra vedado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero permitido por el Código Civil Federal, que data del año 1928, y que a la letra dice:

Artículo 148. Para Contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas2.

Esto es una clara violación a los derechos humanos de las niñas mexicanas, que año con año son obligadas a contraer matrimonio con hombres que las sobrepasan visiblemente en edad, por sus padres, su comunidad o cualquier persona capaz de ejercer algún tipo de presión psicosocial en la niña, datos del INEGI señalan que en 2016 el número de mujeres menores de 18 años que contrajeron nupcias fue de 9, 871, por lo que su prohibición es una gran deuda del Estado mexicano para con las niñas de este país, por ello la suscrita presentó una iniciativa para reformar el texto actual del Código Civil y prohibir el matrimonio entre menores de edad.

Ahora bien, en los últimos años el contexto de violencia sistemática en contra de los periodistas por parte de la delincuencia organizada y de algunos servidores públicos ha evidenciado múltiples formas de coacción a la prensa, que en el mejor de los casos limitan la labor del periodista y en el peor, lo privan de la vida, siendo una o varias de estas formas las que se presenta en su entorno laboral. Así, varios carecen de contrato de trabajo, debido a la visión dictatorial de los propietarios de los medios de difusión que les permite, a través de esta situación, controlar el trabajo de sus colaboradores y dirigir las notas en el sentido que deseen, de igual manera la creación o utilización de la figura becarios facilita la terminación de una relación laboral sin responsabilidad para el patrón, lo que evita que respondan por los derechos que cualquier trabajador goza de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo como la seguridad social, el pago de horas extra, contar con un horario, y la estabilidad en el empleo. Por tal motivo es que la suscrita presentó una iniciativa que busca, mediante la respectiva modificación a la Ley Federal del Trabajo, que el periodismo sea considerado por el mismo ordenamiento como una profesión, que goza de todos los derechos que la ley concede y no como un oficio, en virtud de reconocer el trabajo y dedicación de miles y miles de reporteros, que día a día, nos presentan las realidades de esta gran nación.

Debido a lo anterior, es que la suscrita considera necesario exhortar a las Comisiones de Justicia, Salud y Trabajo y Previsión Social, para que a la brevedad presenten los dictámenes que versan sobre los temas antes expuestos, ya que es obligación de esta Cámara de Diputadas y Diputados, a través de sus Comisiones, velar por el interés y bienestar de las y los mexicanos.

En caso contrario, de haber fenecido el plazo con que cuenta las respectivas Comisiones para emitir dicho dictamen, se exhortará a la Mesa Directiva para que de acuerdo al artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se dé declaratoria de publicidad a las respectivas iniciativas, a efecto de que el Pleno pueda someterlas a votación en las próximas sesiones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Justicia, Salud y Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que dictaminen las iniciativas en materia de Derechos Laborales para periodistas, Reforma integral a La Ley Federal del Trabajo para incluir la perspectiva de género, reconocimiento a la Seguridad Social para Concubinos y Concubinas, y para prohibir el matrimonio infantil, suscritas por la proponente.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 16 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco.


1 http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/CEDAW2/images/pdf/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf






De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y otras autoridades a avocarse a la investigación de los hechos señalados a través de un periódico de circulación nacional, relativo a un grupo delictivo transnacional dedicado a la trata y explotación de mujeres traficadas desde Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad. Se turna a la Segunda Comisión.

La que suscribe, Sen. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Comisión Permanente en funciones, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRAS AUTORIDADES, A EFECTO DE QUE SE AVOQUEN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SEÑALADOS A TRAVÉS DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, RELATIVO A UN GRUPO DELICTIVO TRANSNACIONAL DEDICADO A LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES TRAFICADAS DESDE VENEZUELA APROVECHANDO SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 8 de mayo, en el periódico de circulación nacional El Universal, se publicó, tanto en su versión escrita como en su versión digital, una serie de testimonios emanados de una entrevista realizada a la abogada Beatriz Borge, coautora del informe denominado Trata de Personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, en el que señala que Colombia es utilizado como una ruta migratoria a través de la cual paramilitares y microtraficantes de drogas y armas, trasladan a mujeres venezolanas que han sido reclutadas a través de engaños, para ser sometidas a diversas formas de explotación.  

Dicho estudio fue elaborado por la abogada venezolana Beatriz Borge en conjunto con la abogada colombiana Lilian Aya, además de la embajada de Reino Unido en Caracas y otras organizaciones no gubernamentales como Paz Activa y Centro de Justicia y Paz.

Asimismo, dicho reportaje contiene también otros testimonios, entre ellos el de la  Coordinadora de la institución no gubernamental Casa de la Mujer en Colombia, que refiere que en la región, la trata de personas para la explotación sexual comercial está relacionada con el microtráfico de drogas y de armas, con grupos paramilitares, bandas criminales y la venta de la virginidad de niñas de entre 11 y 12 años.

Se menciona que la red delincuencial se encuentra coludida con  agentes migratorios corruptos, que emergió desde hace algunos años y atrapó a mujeres venezolanas para prostituirlas en cantinas, restaurantes, casinos, hoteles o casas de citas, tanto en México como en otros países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Ecuador.

Si bien, esa red operaba desde hace algunos años, dicho fenómeno se recrudeció hace poco a partir de la profunda crisis que aqueja a Venezuela, lo que sin duda pone a sus habitantes en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por esas bandas delincuenciales.

La investigación arroja que desde Venezuela se extraen a personas, principalmente mujeres para ser trasladados a Centroamérica, Asia y algunos países relacionados con el antiguo bloque soviético.

Obviamente las víctimas provienen de las zonas más desfavorecidas de Venezuela, y son captadas con engaños u ofreciéndoles a las familias mejores condiciones de vida.

Situaciones como los altos costos de los vuelos directos de Venezuela y las necesidades de vida, hacen que cualquier oferta de trabajo sea tomada en serio a pesar del riesgo que significa para las mujeres, pues en su mayoría son sometidas a trata de personas o cualquier otra forma de explotación.

Una situación que ha influido en que ese fenómeno aumente, es el hecho de que las mismas víctimas se han vuelto reclutadoras, por lo que se valen de la confianza que pueden depositar en ellas otras personas para enganchar a más mujeres.

Resalta el relato de las jóvenes víctimas que han sido rescatadas, que al contar su experiencia, evidencian que existen agentes migratorios que son cómplices de esas redes y expiden documentación falsa para dejar pasar el problema.

Tales versiones guardan una extrema coincidencia con lo expuesto a últimas fechas en el mismo diario, en el sentido de los tratantes pagan entre 14 mil y 19 mil pesos a agentes de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para facilitar la entrada de mujeres venezolanas.

La nota argumenta que las mujeres eran reclutadas para trabajar y ofertar sus servicios en el portal ZonaDivas.com, por lo que debían firmar un contrato en el que declaraban ser mayores de edad y que se encontraban en el país legalmente. De esa forma se les facilitaban préstamos desde 80 mil hasta 240 mil pesos para gastos de avión, hospedaje, alimento, trámites migratorios, para después con ese propósito de deuda retenerlas y obligarlas a ser explotadas sexualmente.

Finalmente aducen que el número de víctimas que han sido reclutadas para ser sometidas a algún tipo de explotación aumentó en los últimos años hasta en un 300%, pues se reportó que un periodo de 2014 a 2016 fueron víctimas 60,900 personas, mientras que en el periodo más reciente de 2016 a 2018, las víctimas pasaron a ser cerca de 198,800, lo que sin duda causa gran alarma pues de continuar esa tendencia, se estima que en 2020, dicha población reclutada será de cerca de 600 mil personas, es decir el 2% de la población total de Venezuela.

Quiero llamar la atención que con anterioridad he subrayado la ausencia, por parte de las autoridades encargadas de investigar y procurar justicia, de un combate frontal a la trata de personas, es decir a esa captación, enganche, traslado o transportación para someter a las víctimas a algún tipo de explotación, aspecto que sin duda, no sólo entorpece el combate contra esos lacerantes delitos, sino además genera impunidad en perjuicio del acceso a la justicia de ellas.

De mi afirmación dan cuenta las proposiciones con punto de acuerdo que he presentado desde hace algunos años, destaca entre ellas la presentada ante este mismo cuerpo colegiado el 20 de mayo de 2015, sobre el caso de Zunduri, quien fue sometida a explotación por trabajo o servicio forzado; en dicha propuesta subrayé la importancia de atacar y prevenir el delito de trata de personas, y evitar a través de sistemas de inteligencia que se llegue hasta la explotación para actuar en consecuencia, además de desmitificar que en México solo existe explotación de tipo sexual. 

Otra proposición, es la presentada el jueves 23 de abril de 2015, en la cual, con el mismo parámetro de la anterior, se exhortó al Titular del Ejecutivo Federal para que informará a esta Soberanía sobre las acciones de prevención y erradicación de la explotación laboral infantil, traducida en el sometimiento de niñas, niño y adolescentes a trabajos y servicios forzados.

Medularmente hago hincapié en el llamado que realicé ante el pleno del Senado el jueves 7 de septiembre de 2013, para que las instancias del ejecutivo diseñaran una verdadera estrategia eficaz que permitiera  identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país, mismas que operan en terminales internacionales, sin que a la fecha existan resultados tangibles de ello.

Es por ello que también en el presente punto de acuerdo, reitero el llamado que hice en ese instante a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, para impedir que las terminales sirvan como punto de ejecución de trata de personas, y evitar que se tenga que llegar a la explotación de las víctimas derivado de la ausencia de una estrategia de inteligencia eficaz en la erradicación de su traslado o recepción.

Se hace necesario que las autoridades mexicanas, y en especial la Procuraduría General de la República, asuma la responsabilidad que le corresponde para combatir la trata de personas de tipo transnacional e inicie, a partir del conocimiento de tales actos, la carpeta de investigación correspondiente que les permita entablar comunicaciones y actuaciones con autoridades de otros Estados a efecto de desmantelar la red de complicidad que existe entre autoridades nacionales y citada red de tratantes de Sudamérica.

Lo anterior con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; así como lo previsto en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que con claridad dan competencia al Ministerio Público de la Federación a cargo del Procurador, para iniciar la investigación de los hechos expuestos a partir del conocimiento que se tenga, con el propósito de deslindar las responsabilidades que procedan.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, con el objeto de que inicie las investigaciones que permitan llegar a esclarecimiento y sanción de los agentes migratorios que han facilitado el ingreso a territorio nacional de personas de otras nacionalidades a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser sometidas a distintas formas de explotación.

SEGUNDO. Se exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, con el objeto de que a través de los instrumentos internacionales firmados, se coordine y colabore con autoridades de otros Estados en la investigación y desmantelamiento de la red de delincuencia organizada que capta y engancha a mujeres de nacionalidad venezolana para ser sometidas a explotación, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

TERCERO. Se exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, así como a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 16 de mayo de 2018.

Sen. Adriana Dávila Fernández.






Del Diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar celeridad a la resolución de la demanda presentada el 8 de octubre de 2010 registrada en la Junta Especial No. 5 con No. 3852/2010, para que a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro les sean liquidados sus pasivos laborales pendientes y los fondos de las Cláusulas 64, 98 y 112 de su Contrato Colectivo. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, JESÚS SERRANO LORA, Diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del grupo parlamentario de MORE