Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 2



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Mayo de 2018




PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

APERTURA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:11 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Señoras legisladoras y señores legisladores, daremos inicio a la lista de asistencia.



Senador Presidente, se han acreditado para esta sesión 37 ciudadanos legisladores.

Hay quórum y, por lo tanto, son válidos todos los acuerdos que se determinen en ese sentido en esta sesión.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señora Diputada. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 8 de mayo de 2018, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria.

En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
CELEBRADA EL LUNES TREINTA
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE LA DIPUTADA
ALICIA BARRIENTOS PANTOJA

 

En la Ciudad de México a las quince horas con treinta minutos del lunes treinta de abril de dos mil dieciocho, y con base en lo que disponen los artículos 118 de la Ley Orgánica del Congreso General y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la Presidencia designó como Secretarios a la Diputada Isaura Ivanova Pool Pech y al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Con una asistencia de treinta y cuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

 

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su distribución a los legisladores.

(Acuerdo)

Se sometió a la consideración de la Asamblea, un acuerdo de los representantes de los grupos parlamentarios, en relación con la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.- Resultaron electos por 34 votos a favor los legisladores:

Presidente:
Senador Ernesto Cordero Arroyo

Vicepresidentes:
Diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez
Diputada Kathia María Bolio Pinelo
Senador David Monreal Ávila
Secretarios:
Diputada María Gloria Hernández Madrid
Senador Héctor David Flores Ávalos
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes
Senadora Angélica de la Peña Gómez

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

El Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en los artículos 120 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 173 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declaró formalmente instalada la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

 

El Presidente de la Mesa Directiva instruyó comunicar por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las entidades federativas, de la instalación de la Comisión Permanente y de la elección de la Mesa Directiva que funcionarán durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la Sexagésima Tercera Legislatura.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente sesión el día martes ocho de mayo, a las once horas.

 

Fin de la sesión.

El acta de la sesión de instalación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de instalación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Informe Anual 2017 de la Comisión Federal de Electricidad.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2018.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que remite:

Los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2018; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2017; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.








El documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras del gobierno federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.








Y los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE SALUD

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite información relativa a “Contrataciones por Honorarios”, “Reporte del Monto Ejercido de los Subsidios Otorgados” y “Reglas de Operación”, correspondientes al periodo enero-marzo del ejercicio fiscal 2018.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Salud de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con su primer informe trimestral 2018, que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió un oficio del Instituto Nacional de las Mujeres, con el que remite el informe de resultados correspondiente al periodo enero-marzo de 2018 y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2018.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a la Comisión Para la Igualdad Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió un oficio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del informe sobre el ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron oficios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los siguientes documentos:

Primero. El “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente a 2017.








Segundo. El “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detención de posibles víctimas en campos agrícolas”.








Tercero. El “Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial”.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las siguientes iniciativas con proyectos de Decreto:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.








Que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, reforma el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y modifica el párrafo tercero y adiciona la fracción XII del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.








Y que adiciona dos fracciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnense las tres iniciativas a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron 36 oficios de diversas dependencias, con respuesta a Acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los legisladores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibieron las siguientes comunicaciones de comisiones legislativas:

De la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Federalismo de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, con la que remite su informe de actividades correspondiente el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores, con la que remite sus informes de actividades correspondientes al segundo y tercer años de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con la que remite su programa anual de trabajo correspondiente el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.








De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible y Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada los días 24 y 25 de abril de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América.








Del grupo parlamentario del PT, con la que remite los informes de los viajes de trabajo de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón a:

La ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con motivo de la celebración de la Reunión Parlamentaria en el marco de la 62ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, realizada los días 13 y 14 de marzo de 2018.



La ciudad de Brasilia, Brasil, con motivo de la celebración del 8º Foro Mundial del Agua, realizado los días 18 y 19 de marzo de 2018; y



La ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, con motivo de la Conferencia Parlamentaria Global, realizada los días 16 y 17 de abril de 2018.



PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ

EL Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: La Asamblea ha quedado enterada de todas las comunicaciones.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: También se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, del Diputado Samuel Alexis Chacón Morales, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de mayo del año en curso.








Y una, de la Diputada María del Carmen Pinete Vargas, del grupo parlamentario del PRI, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de abril pasado.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquense a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Se recibió una comunicación del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por la que informa el nombramiento del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes como Consejero suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- En cumplimiento de lo que establece el numeral 4 del artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión Permanente designa al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes como Consejero suplente del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente, por mayoría.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, con fundamento en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se aprueba la designación del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes como Consejero suplente del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral. Comuníquese.






Recibimos una comunicación del Diputado Armando Soto Espino, del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Le ruego a la Secretaría le dé lectura.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Doy lectura, Diputado Presidente.



Es todo, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Diputado Armando Soto Espino para separarse de sus funciones legislativas, del 30 de abril al 2 de julio de 2018.”

No hay oradores inscritos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo relativo a la licencia de nuestro compañero Diputado Armando Soto Espino.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, Diputado Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Queda aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Armando Soto Espino para separarse de sus funciones legislativas, del 30 de abril al 2 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Asimismo, recibimos una comunicación suscrita por la Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del grupo parlamentario del PRI, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Proceda la Secretaría a dar lectura al escrito de la Diputada Gamboa Martínez.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, señor Presidente, doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 9 de mayo de 2018.”

¿No hay oradores inscritos sobre el tema? En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, Diputado Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez para separarse de sus funciones legislativas, a partir de mañana 9 de mayo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






Solicito a la Secretaría dé cuenta de los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Con mucho gusto, Diputado Presidente.

Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de mayo de 2018.

Es todo, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Está a consideración de esta Asamblea el proyecto de presupuesto.

Por no haber quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto para el mes de mayo de 2018. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2018.

Continúe la Secretaría.

El Secretario Senador Héctor David Flores Ávalos: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de marzo de 2018.

Es todo, Diputado Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada del informe. Gracias, señor Secretario.






En el siguiente apartado del Orden del Día es el relativo a iniciativas.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de registro de iniciativas de grupos parlamentarios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 62 Y 66 Y SE DEROGA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del grupo parlamentario del PRI)

La Diputada María Gloria Hernández Madrid: Con el permiso del Presidente e integrantes de la Mesa Directiva. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores; a los invitados; medios de comunicación y a quienes nos siguen por el Canal del Congreso.

El Poder Legislativo como ente de gobierno tiene una doble naturaleza, la jurídica y la política, esta última contiene como uno de sus elementos sustantivos, el que a legisladoras y los legisladores puedan presentar ante la Asamblea, las iniciativas de modificación, adición, derogación o abrogación, según sea el caso, de una ley o una porción de ella, esta actividad expone su visión individual o de grupo en búsqueda de mejorar el marco jurídico normativo nacional, y cumple otra función igualmente relevante, que es dar a conocer a la población en general y a sus electores, en lo particular, el trabajo para el cual les fue otorgado mediante el voto popular o la representación partidaria, la confianza ciudadana.

En el caso de la Cámara de Diputados, factores como su composición numérica, la cantidad de iniciativas presentadas, la complejidad de la interacción entre las distintas fuerzas políticas o la diversidad de asuntos que la Asamblea debe atender por sesión, impide que cada legislador o legisladora puedan hacer uso de la tribuna para dar a conocer la totalidad de sus iniciativas, aun así, estas pueden permanecer registradas en el Orden del Día por semanas, sin ser efectivamente turnadas a la comisión que le corresponda, en espera de una posible lectura en tribuna que, como ya se dijo, en la mayoría de los casos no se realiza.

La situación señalada, tiene entre otras, las siguientes consecuencias:

En primer lugar, engrosa innecesariamente los asuntos a tratar en cada sesión.

En segundo lugar, demora la atención del asunto en la comisión o comisiones a las que es turnado.

Y en tercer lugar, es causa de que otras iniciativas en la misma materia o con identidad en la problemática y solución planteada, sean remitidas e incluso dictaminadas aunque hayan sido presentadas con posterioridad.

El Reglamento de la Cámara de Diputados no contempla qué hacer respecto del problema planteado y es por ello que, la iniciativa que presento, tiene como finalidad modificar y derogar diversas disposiciones del Reglamento mencionado, para que en él se precise que las iniciativas incluidas en el Orden del Día, serán publicadas en éste, por un máximo de tres sesiones consecutivas, en espera de ser leídas en la tribuna por su proponente o de que quien la exponga en nombre de aquel, de tal suerte que, agotadas las tres publicaciones o, bien, leída la iniciativa en alguna de ellas, la Secretaría de la Mesa Directiva lleve a cabo su remisión a la comisión o comisiones que correspondan dentro de las 36 horas posteriores.

Se prevé también una extensión en la publicación de esa o esas iniciativas hasta por dos sesiones consecutivas más, pero será requisito que esta ampliación sea hecha valer por la o el proponente ante la Mesa Directiva por escrito y antes de que haya sido publicada por tercera ocasión.

La iniciativa en comento busca agilizar el trámite de la presentación de las iniciativas en el Pleno de la Cámara de Diputados, su remisión a las comisiones y, finalmente, que éstas sean dictaminadas con oportunidad a partir del momento de su presentación y no como en la práctica estilan las comisiones en donde dictaminan las que físicamente reciben primero.

Es cuanto, Diputado Presidente.

Gracias por su atención.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como, los artículos 6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 62 Y 66, Y SE DEROGA EL NUMERAL 3, DEL ARTÍCULO 102, TODOS DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, lo anterior con base en lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

La labor legislativa tiene entre sus principales objetivos la creación de normas jurídicas que permitan el desarrollo armónico de las sociedades y los individuos que las conforman, sin embargo, para materializar este objetivo han sido necesarios años de ejercicio parlamentario que perfeccionen los métodos, técnicas y prácticas del procedimiento legislativo que, además, están sujetos a la modificación por simple transcurso del tiempo y las circunstancias que este impone en cada momento y lugar determinado.

No obstante, los cambios vertiginosos en la cotidianidad humana, en la ciencia y en la tecnología han mantenido por décadas una constante en los procesos legislativos, estos es, el desfasamiento entre la realidad social y las normas jurídicas.

Bajo el contexto señalado, para producir leyes que vayan acorde con las realidades que buscan normar, la práctica y el proceso parlamentario deben ser cada vez más sencillos, claros y precisos para que permitan transitar de la mera productividad legislativa a la efectividad parlamentaria.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es bien conocido que el Poder Legislativo como ente de Gobierno tiene una doble naturaleza, la jurídica y la política, esta última contiene como uno de sus elementos sustantivos, el que las legisladoras y legisladores puedan presentar ante la Asamblea, las iniciativas de modificación, adición, derogación o abrogación, según sea el caso, de una ley o una porción de ella, esta actividad expone su visión individual o de grupo en búsqueda de mejorar el marco jurídico normativo nacional, y cumple con otra función igualmente relevante, esto es, dar a conocer a la población en general y a su electores en lo particular el trabajo para el cual le fue otorgada mediante el voto popular o la representación partidaria, la confianza ciudadanía. 

No obstante lo anterior, por la propia composición numérica de la Cámara de diputadas y diputados de nuestro país, la cantidad de iniciativas presentadas individualmente o en conjunto por las diputadas y diputados que la integran, la complejidad de la interacción entre las distintas fuerzas políticas así como la diversidad de asuntos que la Asamblea debe atender en cada sesión tanto en cantidad como en relevancia o urgencia a los intereses de la nación, impide que cada legisladora o legislador puedan hacer uso de la tribuna para dar a conocer la totalidad de sus iniciativas, aun así, éstas pueden permanecer registradas en el Orden del día por semanas sin ser efectivamente turnadas a la Comisión que le corresponda, en espera de una posible lectura en tribuna que, como ya se dijo, en la mayoría de los casos no se realiza.

La situación señalada en el párrafo anterior, tiene entre otras, las siguientes consecuencias; en primer lugar, engrosa innecesariamente los asuntos a tratar en cada sesión, en segundo lugar, demora la atención del asunto en la Comisión o Comisiones a las que es turnado, en tercer lugar, es causa de que otras iniciativas en la misma materia o con identidad en la problemática y solución planteada, pero presentadas con posterioridad sean remitidas e incluso dictaminadas con prelación indebida. 

Ahora bien, el Reglamento de la Cámara de Diputados no contempla que hacer respecto del problema planteado y es por ello que este se genera, por lo tanto, se requiere intervenir este instrumento rector de la vida interior y del proceso legislativo de la Cámara para solucionarlo, respetando en todo momento y circunstancia el derecho de las diputadas y diputados de presentar en tribuna los asuntos de su interés, entre los que se incluyen desde luego las iniciativas.

La propuesta de solución consiste en precisar que las iniciativas incluidas en el Orden del día, serán publicadas en este, por un máximo de tres sesiones consecutivas, en “espera” de ser leídas en la tribuna por su proponente o de quien la exponga en nombre de aquel, de tal suerte que, agotadas las tres publicaciones o bien leída la iniciativa en alguna de ellas, la Secretaría de la Mesa Directiva lleve a cabo su remisión a la Comisión o Comisiones que corresponda dentro de las treinta y seis horas posteriores.

No es desconocido que existen iniciativas con especial relevancia para su proponente y que derivado de ello le es importante para su desempeño legislativo leerla en la tribuna, presentándose entonces el obstáculo de que, por las reglas de presentación de iniciativas, tres oportunidades para darle lectura ante el Pleno puedan ser insuficientes, en esta hipótesis se debe privilegiar la publicidad de asuntos trascendentes para la o el generador de la pieza legislativa, creando una extensión en la publicación de esa o esas iniciativas hasta por dos sesiones consecutivas más, pero será requisito que esta ampliación sea hecha valer por la o el proponente, ante la Mesa Directiva, por escrito y antes de las 13:00 horas del día de la Sesión en que haya sido publicada por tercera ocasión.

La propuesta impacta los artículos 62 y 66 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el primero porque se refiere a la integración y contenido del Orden del día, adicionándose un numeral 4 y, el segundo, porque en él se establece el procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a la instancia respectiva, adicionándose una fracción IV y eliminando la referencia inicial a un numeral 1 toda vez que el artículo en comento no contiene un numeral 2, consecuentemente es inútil la existencia del 1.

No se desconoce que, el numeral 3, del artículo 102 señala que “Las iniciativas listadas en el Orden del día que no alcancen a presentarse ante el Pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el Presidente, antes de la clausura de la Sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz en ese momento, su inscripción para la siguiente.”, sin embargo, este artículo es derecho vigente pero no positivo porque parte de considerar una hipótesis que en nada se asemeja a la realidad de la práctica legislativa, esto es, que por cada Sesión debe agotarse la presentación de las iniciativas listadas en el Orden del día, lo que es como ya se dijo, muy poco probable, o bien imposible dado el número de piezas legislativas que alimentan el orden del día por cada Sesión, así pues, esta norma en ese aspecto es inoperante; por otro lado, dispone una hipótesis aún más compleja de poder cumplimentar y que de hecho, en la práctica no ocurre, seguramente por lo complicado de su ejercicio, esto es, que la o el iniciante, cuando no haya alcanzado a presentar su iniciativa o iniciativas en la Sesión en que ésta(s) haya sido incluida en el Orden del día, podrá solicitar de viva voz que sean inscritas para la siguiente, la inviabilidad de esta disposición comienza con la ausencia de técnica legislativa en su construcción, esto es, la norma no es clara por que no especifica si la solicitud de la o el iniciante alcanza una o varias de sus iniciativas con una sola petición o si tendría que hacer una por cada pieza legislativa, si así fuese, cada diputada, diputado o Grupo, tendría que dedicar un tiempo de cada Sesión para formular una o varias peticiones verbales restándole tiempo efectivo a la Sesión, esta situación se supera con la propuesta contenida en esta Iniciativa al clarificar el número máximo de inclusiones de una iniciativa en el Orden del día y la actividad que tendrá que desarrollar la o el iniciante cuando requiera más oportunidades para poder leerla(s); en ese contexto y debido a que el numeral aludido es vigente pero no aplicable, se convierte en una disposición innecesaria que se contrapone a esta propuesta, luego entonces, debe derogarse a fin de hacer viable la que nos ocupa.

Por otra parte, es cierto que los usos y costumbres del proceso y trámite parlamentario son una constante que en algunos casos privilegia al acuerdo político en relación con la observancia irrestricta de la norma interior de la Cámara de diputadas y diputados pero en la medida en que se eliminen el mayor número de vacíos normativos, dotaremos al trabajo legislativo, como ya se dijo, de un proceso cada vez más sencillo, claro y preciso, que permita transitar de la mera productividad legislativa a la efectividad parlamentaria creando e impulsando el conjunto de reglas que permitan la toma de decisiones óptimas en el proceso legislativo.

Esta iniciativa debe ser entendida desde los siguientes aspectos, el primero es la construcción de un orden del día de las sesiones que no esté engrosado indefinidamente por un cúmulo de iniciativas que, no son leídas en la tribuna pero tampoco son enviadas a la o las Comisiones que les correspondan, lo que genera dilación en el proceso legislativo; el segundo es el derecho que asiste a las diputadas, diputados o Grupos Parlamentarios de dar lectura en la tribuna a los asuntos de su interés, entre los que se encuentran las iniciativas pero que, derivado del principio de oportunidad, no pueden permanecer con estatus pendiente durante semanas y, el tercero, la necesidad de generar las normas que concilien los dos anteriores para proporcionar resultados óptimos en el desempeño parlamentario.

3. Propuesta Legislativa

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman los artículos 62 y 66, y de deroga el numeral 3, del artículo 102, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 62.

1. … a  3. …

4. Las iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de Grupo, serán incluidas en el Orden del día hasta por tres ocasiones consecutivas con la finalidad de que, en cualquiera de ellas, la iniciativa sea leída en la tribuna por la o el proponente, o en su nombre.

Una vez que la iniciativa sea leída en la tribuna, la Secretaría dará trámite de envío a la Comisión que corresponda.

Cuando la iniciativa sea incluida por tercera ocasión consecutiva en el Orden del día y no se le dé lectura en la tribuna, la Secretaría procederá a su envío a la Comisión que corresponda; no obstante, el o la proponente podrá solicitar a la Mesa Directiva, por escrito, que la iniciativa sea incluida en el Orden del día hasta por dos ocasiones consecutivas más, siempre que dicha solicitud se realice el mismo día de la tercera publicación y antes de las 13:00 horas.  

Artículo 66.

El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a la instancia respectiva, será el siguiente:

I. … a III. …

IV. Tratándose de iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de Grupo, una vez leídas en tribuna o, incluidas por tercera ocasión consecutiva en el Orden del día o la ampliación de su publicación, la Secretaría las remitirá a la Comisión que corresponda dentro de las treinta y seis horas posteriores a cualesquiera de las hipótesis previstas en este numeral.

Artículo 102.

1. …

2. …

3. Se deroga.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. María Gloria Hernández Madrid.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias a usted, Diputada Hernández Madrid. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, a nombre de la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de creación de un modelo educativo nacional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, a nombre de la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Buenas tardes. Muchas gracias, Diputado Presidente. Un saludo a todos los colegas Senadores y Diputados que hoy nos reunimos aquí.

Un saludo también a los miembros de la sociedad civil que nos siguen por el Canal del Congreso.

Señoras y señores legisladores:

Es indiscutible que en materia de educación, tanto el gobierno como la sociedad, estamos haciendo grandes esfuerzos, se han hecho modificaciones, adecuaciones; se han regulado las normas para poder tener un criterio más amplio, pero estamos seguros que todavía falta mucho por hacer, tenemos mucho trabajo que terminar y un tramo largo por recorrer en este trabajo de educación permanente.

Si bien también nuestra Constitución y las leyes establecen con toda claridad que la educación en todos los niveles es fundamental para que las personas, los jóvenes puedan integrarse de forma exitosa en la vida social y laboral, queda claro que sin una preparación adecuada para poder tener una participación social, cultural, laboral o política más amplia su desarrollo va a ser limitado.

En un mundo globalizado como el que tenemos hoy, que a través de los medios de Internet, toda la comunicación inalámbrica que tenemos, estamos interconectados, tenemos una velocidad de información y una situación cambiante impredecible muchas veces para actualizar los conceptos, así como también la situación de enriquecer los conocimientos que se ofrecen a los niños y jóvenes a través de la educación que se imparte en nuestro país.

Es por esto que se presenta hoy esta iniciativa para reformar el artículo 8o. e introducir una adición en el artículo 28 Bis de la Ley General de Educación con el objeto de incluir en los planes de estudio el fomento de habilidades de aptitudes que enriquezcan la formación humana y la participación social de los estudiantes.

Concretamente, esta iniciativa busca impulsar las habilidades y la destreza de las personas.

Fíjense, algo tan sencillo que hemos descuidado, nos hemos enfocado en las matemáticas, en la geografía, en la historia, pero hemos descuidado el trabajo en equipo, la investigación sobre temas de interés, aprender a hablar en público, algo tan demandante como hoy, y realizar trabajos comunitarios, de esto es lo que se trata esta reforma.

Se trata de ofrecer las herramientas y conocimientos óptimos para fomentar la preparación que los posibiliten para integrarse y participar en todos los campos que sean de su interés, particularmente hoy, como lo estamos viendo, jóvenes preparados que tengan estas herramientas para poder enfrentar hoy la circunstancia que nos presenta este mundo.

Esto significaría que sin importar si estudian en escuelas públicas o privadas todos los niños y jóvenes puedan desarrollar esta actividad.

El tema es de suma importancia, estamos hablando del 28 por ciento de la población, más de 30 millones de mexicanos que están en edad de cursar educación básica en nuestro país.

El diagnóstico de la situación y el estado del Modelo Educativo de 2016, realizado por la Secretaría de Educación Pública para precisar la visión del Modelo Educativo y de los nuevos planes y programas de estudio, concluyen que es necesario formar verdaderos agentes de cambio con bases sólidas para la participación social desde la infancia, algo que nos falta tener, más y mejores jóvenes que puedan incurrir en el liderazgo social.

No caben en este momento discursos de odio, o que comprometa la calidad educativa en este México que hemos trabajado tanto en conjunto todos los mexicanos, es momento de tener una visión de Estado en el modelo educativo de nuestro país.

También el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos o prueba PISA, de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico, la OCDE, coincide en la importancia de apoyar el desarrollo de los educandos en tres competencias principales, ya lo decíamos ahorita: en matemáticas, en ciencias y en lectura.

Aseguran que estos ejercicios estimulan el pensamiento lógico, la capacidad de investigar y entender el mundo que nos rodea.

Hoy, más que nunca, necesitamos una sociedad más reflexiva, una sociedad más tolerante; mejores ciudadanos y con pensamiento más crítico que también cuenten con las competencias necesarias para acceder al empleo, al trabajo decoroso y, por supuesto, lo que México está demandando, el emprendimiento de tantos jóvenes que se quedan a la orilla de poder ingresar al mercado de la empresa privada.

Nuestra aportación en esta materia radica mejorar nuestras leyes para que la educación esté encaminada a promover el desarrollo integral de todos los estudiantes.

Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional nos preocupamos por el desarrollo integral de las personas.

Nuestras acciones están y estarán siempre enfocadas para lograr que nuestros niños y jóvenes sepan trabajar en equipo, expresarse con asertividad, pensar de manera crítica, ser solidarios con quienes los rodean, que a través de pequeñas y grandes acciones colaboren para la mejora de su comunidad.

Hay que darles los elementos para que sean ciudadanos en toda la extensión de la palabra, desarrollar liderazgos y fomentar actividades que fortalezcan su participación social.

Por ello, consideramos de la mayor importancia reformar la Ley General de Educación para que los programas de estudio impulsen los conocimientos de forma trasversal para lograr el bien común.

Es cuanto, Diputado Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada Federal MARISOL VARGAS BÁRCENA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación en todos los niveles es fundamental para preparar a las personas, a fin de que puedan integrarse social y laboralmente de forma exitosa. Puede parecer una afirmación ociosa, porque resulta evidente que sin preparación educativa las opciones de desarrollo personal, que incluyen también la participación social, académica, cultural, laboral o política, son más limitadas.

Sin embargo, no está de más reiterar dicha afirmación porque ante un mundo globalizado, interconectado y cambiante, resulta ineludible actualizar los conceptos y enriquecer los conocimientos que se ofrecen a niños y jóvenes a través de la educación que se imparte en nuestro país.

Al respecto, nuestra Carta Magna señala claramente en el artículo 3° que “Toda persona tiene derecho a recibir educación.” También precisa que:

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

En el mismo tenor, en la fracción II del artículo 3° Constitucional se refieren los criterios que orientarán la educación y en el inciso c de dicha fracción indica que:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Dicha responsabilidad se ve reforzada en lo establecido en el 4° Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)1, cuyo compromiso es “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. En la argumentación se reconoce que “la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible; por tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal”.2

Además, en la meta 4.4 de dicho ODS puntualiza que se busca trabajar para “De aquí al año 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento3.

Justamente ese es el punto medular: educar para la vida, ofrecer las herramientas y conocimientos óptimos, fomentar la preparación o el desarrollo de habilidades que les posibiliten integrarse y participar en todos los campos que sean de su interés. Ello significaría que, sin importar si cursan sus estudios en escuelas públicas o privadas, todos los niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y creatividad.

Esto reviste aún mayor relevancia si consideramos que se trata aproximadamente del 28 por ciento de los habitantes de nuestro país, sólo contando a los que están en edad de cursar la educación básica y media superior; porque la cifra se incrementa a cerca del 47 por ciento si incluimos a los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, como bien señala el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE):

Garantizar el derecho a la educación de calidad es un reto para cualquier Estado, más si se trata de un país como México, con poco más de 120 millones de habitantes dispersos en casi 200 mil localidades y con una importante presencia indígena. De ese volumen de población, 33 millones de niños y jóvenes (un poco más de un cuarto de la población nacional) están en el rango de edad en que se debe cursar la educación obligatoria, entre los 3 y 17 años, y con base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015ª), existen más de 56 millones de personas menores a los 25 años, es decir, la edad en que idealmente podrían estar concluyendo la educación superior4.

Dichas cifras continuarán incrementándose, porque son más los alumnos de nuevo ingreso cada año (en todos los ciclos de educación) que los que culminan sus estudios o desertan de la escuela:

“…según las proyecciones de población (CONAPO, 2016ª), cada generación escolar es de aproximadamente 2.2 millones de niños, lo que representa el número aproximado a nivel nacional de nuevos ingresos y el que deberá transitar en cada grado escolar5”.

Por ello, consideramos de la mayor importancia y urgencia el que además de las diversas materias que integran los programas de estudios, deben impulsarse de forma transversal otros conocimientos y habilidades que mejoren la posibilidad de participar socialmente, como integrantes de una comunidad, y buscar siempre el bien común.

En la medida en que se brinde el apoyo para desarrollar o mejorar las habilidades para hablar en público, trabajar en equipo, desarrollar liderazgos y fomentar actividades voluntarias de apoyo comunitario, entre otras, se estará enriqueciendo su formación como personas y también se fomentará una mayor participación ciudadana.

Entre las mayores riquezas que tiene una nación están las personas, a quienes la educación les permite, entre otros, sentar las bases para tener una vida más saludable, feliz y productiva; ya que la preparación académica les brinda elementos para tomar decisiones mejor fundamentadas y así tener mayores posibilidades de acceder a una actividad productiva redituable, a ser mejores ciudadanos y cuidar el medio ambiente de forma sustentable, entre otros beneficios.

El sentirse parte de un todo, de una comunidad, fortalece el sentido de pertenencia y también robustece el sentimiento de responsabilidad social; si la comunidad se desarrolla, crece y mejora, todos los individuos que la integramos también nos beneficiamos.

En ese tenor, en el documento Nota conceptual de la Estrategia de Educación 2020, el Banco Mundial (BM) resalta la importancia de la educación para el desarrollo y señala:

Las perspectivas de desarrollo de un país dependen de la calidad de su gente, es decir, de la habilidad y creatividad de su fuerza de trabajo, la capacidad de sus líderes para gobernar y administrar los recursos y la aptitud de su generación adulta para criar sanamente y educar a sus hijos. La educación es la mejor forma de invertir en esta calidad. (por ello) La Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo (2008)6, convocada por el Banco Mundial para examinar datos concretos sobre los factores del crecimiento, reconoció claramente la importancia de la educación para fomentar el crecimiento a largo plazo al tiempo que se reducen la pobreza y la desigualdad7,.

Se trata de una responsabilidad conjunta entre autoridades educativas, docentes, padres de familia y alumnos; porque la participación de todos de forma armónica, con objetivos compartidos, es lo que posibilita el avanzar hacia un sistema más sólido.

Tanto el BM como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tras diversos estudios, coinciden en señalar que la cantidad y calidad de conocimientos aprendidos por un niño pueden tener un efecto considerable en la productividad y los ingresos futuros. Entre los conocimientos que consideran básicos en la formación de los educandos están las “aptitudes sociales, como el trabajo en grupo”.

Al respecto, tanto la OCDE como el BM y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 8coinciden en resaltar la importancia de apoyar el desarrollo de tres competencias principales, como son matemáticas, ciencias y lectura; no porque todos deban realizar complicados ejercicios de algebra, trigonometría o estadística, o porque necesiten realizar experimentos científicos o escribir grandes obras literarias, sino porque con dichas competencias se estimula el pensamiento lógico, la capacidad de investigar y comprender el mundo que nos rodea, así como, por supuesto, comprender realmente lo que leemos, además de poder expresarnos con claridad, tanto en forma escrita como oralmente, con asertividad9.

Con ello se enfatiza nuevamente la relevancia de impulsar el desarrollo de nuevos conocimientos, el mejoramiento de destrezas y el reconocimiento a su esfuerzo, lo cual también redunda en que los educandos comprendan y aprecien el valor de permanecer en la escuela hasta concluir sus estudios; porque desertar no sólo los priva de tener más probabilidades de obtener un mejor empleo, sino que también ayuda a alejarlos del riesgo de las adicciones.

Para ello, la participación de los padres resulta fundamental, reforzando lo aprendido en la escuela y coadyuvando a fortalecer la autoestima de los hijos, con lo cual se contribuye al aprovechamiento de lo que la escuela les brinda. Al respecto, en el artículo ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en los centros educativos?10, la OCDE señala que:

Los estudiantes de 15 años cuyos padres leen a menudo libros con ellos durante su primer año de Educación Primaria tuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en PISA 2009 que los estudiantes cuyos padres leen con ellos con poca frecuencia o nunca. La ventaja en cuanto al rendimiento entre los estudiantes cuyos padres les leen en sus primeros años de escolaridad es evidente, independientemente de los antecedentes socioeconómicos de la familia.”

Al respecto, el BM11 apunta que:

La educación tiene que ver con la adquisición de conocimientos y aptitudes; estas últimas incluyen competencias que hacen que las personas sean más productivas y puedan conseguir empleo, y competencias personales que permiten gozar de vidas plenas y saludables. Las competencias básicas como leer y realizar operaciones matemáticas, además de ser capaz de comunicarse, trabajar en equipo y resolver problemas, son necesarias para que las personas se desenvuelvan bien en sus hogares, sus comunidades y sus trabajos…”.

La OCDE añade que “Los resultados del estudio PISA12 muestran que, cuanta más autoconfianza y motivación tengan los alumnos, mayores serán sus probabilidades de ser resilientes”13. Esto nos lleva a reafirmar que la educación debe ser integral para que los niños y jóvenes adquieran conocimientos, pero también desarrollen habilidades y competencias que les faciliten responder ante situaciones de su vida personal, social y laboral.

Se trata de que, sin importar si vienen de hogares acomodados o de familias con poca instrucción académica, todos los estudiantes puedan involucrarse equitativamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para lo cual es fundamental acercarlos a la lectura por placer; la cual es más efectiva para mejorar su rendimiento académico y también para que sigan abiertos a aprender y participar en otros ámbitos.

Del análisis de los resultados de las pruebas PISA se desprende que:

Los estudiantes que se involucran en una amplia gama de actividades de lectura tienden, más que otros alumnos, a ser eficaces en su aprendizaje, a tener un buen rendimiento en el centro escolar. Las investigaciones también documentan un fuerte vínculo entre las prácticas de lectura, la motivación y las competencias entre los adultos. La competencia lectora es crucial para que las personas den sentido al mundo en que viven y continúen aprendiendo a lo largo de sus vidas.  14 

La lectura es un hábito que también coadyuvará a fortalecer otras tres competencias fundamentales: pensar, comunicarse y convivir; procesos básicos para comprender el contenido de todos los programas que se les impartan (física, matemáticas, historia, geografía, español, etc.), así como para integrarse más favorablemente a la participación social, laboral y política.

En este tenor la OCDE señala que:

“…de los análisis de los datos de PISA (se desprende) que no hace falta tener un doctorado ni dedicar infinidad de horas para que los padres influyan en los resultados. De hecho, muchas actividades entre padres e hijos que están asociadas a un mayor rendimiento en la lectura suponen relativamente muy poco tiempo y ningún conocimiento especializado… lo que exigen estas actividades es un auténtico interés e implicarse activamente.

“…Los estudiantes cuyos padres informaron que habían leído un libro con sus hijos ‘todos los días o casi todos los días’ o ‘una vez o dos por semana’ durante el primer año de Educación Primaria consiguieron puntuaciones significativamente más altas en PISA 2009 que los estudiantes cuyos padres informaron de que ‘nunca o casi nunca’ o sólo ‘una o dos veces al mes’ habían leído un libro con sus hijos. Como promedio, en los 14 países para los cuales hay datos disponibles, la diferencia es de 25 puntos, el equivalente a más de medio año escolar; pero esta diferencia va desde 4 puntos en el país asociado Lituania hasta 63 puntos en Nueva Zelanda.

“…la diferencia de puntuación en lectura que se asocia a la implicación de los padres es mayor cuando los padres leen un libro con sus hijos, cuando hablan acerca de lo que han hecho durante el día y cuando les cuentan historias. La diferencia de puntuación es menor cuando la dedicación de los padres consiste sólo en jugar con sus hijos a juegos relacionados con el alfabeto15.

Como puede apreciarse en la cita anterior, todos podemos y debemos colaborar para ayudar a niños y jóvenes a desarrollar todo su potencial, dedicándoles un poco de tiempo, leyendo o hablando con ellos sobre lo que pasa en la escuela, pero también respecto a los programas de televisión, los libros o las películas que les gustan; se trata de aprovechar el tiempo que estamos juntos, como cuando nos sentamos a la mesa a comer, y realmente escucharlos, para así transmitirles mayor seguridad en ellos mismos y alentar su capacidad para expresar lo que piensan, siente o anhelan.

En la misma tesitura, la Unión Interparlamentaria (UIP) considera como un objetivo estratégico el promover el empoderamiento de los jóvenes, para lo cual señala que es fundamental el favorecer su participación en la vida política y en el proceso de toma de decisiones. Al respecto, en el documento Estrategia de la UIP para 2017-202116, abunda sobre el tema señalando:

En estos últimos años la Organización ha promovido la participación de los jóvenes como un elemento clave de la democracia y de los procesos políticos inclusivos y eficaces... La UIP también apoyará a los parlamentos para que puedan responder mejor a las necesidades de los jóvenes e integrar sus perspectivas en la labor parlamentaria. A lo largo de este proceso, la UIP aprovechará la experiencia adquirida en la promoción de la igualdad de género para que aumente la participación de los jóvenes”.

En el objetivo 6, Promover el empoderamiento de los jóvenes, reitera su convencimiento en que:

La democracia necesita a los jóvenes, porque son esenciales para superar los numerosos retos a los que deben hacer frente las sociedades: la pobreza, la discriminación, la desigualdad creciente, la migración, el cambio climático, los conflictos y los obstáculos para acceder a la educación y el empleo. La participación de los jóvenes en la vida política promueve una ciudadanía activa y fortalece la responsabilidad social; ofrece innovación, creatividad y una nueva manera de pensar”.

Por otra parte, del diagnóstico de la situación y estado del Modelo Educativo realizado por la Secretaría de Educación Pública, tuvo como resultado la elaboración de tres documentos: la Carta sobre los Fines de la Educación en el Siglo XXI; el Modelo Educativo 2016; y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016. Documentos que contribuyeron a precisar la visión del Modelo Educativo y de los nuevos planes y programas de estudio.

Lo que necesitamos son personas más reflexivas y tolerantes, mejores ciudadanos y con pensamiento crítico, que también cuenten con las competencias necesarias para acceder al empleo, al trabajo decoroso y al emprendimiento. En resumen, enfocarnos en una educación encaminada a promover el desarrollo integral de todos los educandos, quienes tendrán la oportunidad real de ser ciudadanos de bien, en pro de un mejor país.

Formar verdaderos agentes del cambio, con bases sólidas para participar desde la infancia, proponiendo tareas adecuadas para cada nivel y edad. Personas que sepan trabajar en equipo, expresarse con asertividad, pensar críticamente, ser solidarios con quienes los rodean, que a través de pequeñas y grandes acciones colaboren a las mejoras de su comunidad.

Darles los elementos para que sean ciudadanos en toda la extensión de la palabra, desarrollar liderazgos y fomentar actividades voluntarias de apoyo comunitario, lo cual enriquecerá su formación como personas y propiciará su participación ciudadana.

Definitivamente, la educación antes planteada brinda grandes beneficios para las personas, las familias, las comunidades y la sociedad. De ahí la propuesta para incluir en la Ley General de Educación que en los planes de estudio se considere expresamente el mejoramiento de habilidades o destrezas como trabajar en equipo, investigar sobre temas de su interés, aprender a hablar en público, realizar trabajo comunitario en favor de otros integrantes de su comunidad, entre otras.

Como ya se señaló antes, no se pretende que la escuela sea el único espacio de responsabilidad en la formación de niños y jóvenes, los padres y la propia comunidad también deben estar incluidos en esta tarea, como un compromiso en la educación de los hijos.

Estamos hablando de más de 30 millones de alumnos, inscritos desde preescolar hasta bachillerato,17 que tendrán más oportunidades y motivación para continuar en la escuela si se les brinda una educación verdaderamente integral.

El problema de la deserción seguramente también disminuirá cuando los estudiantes se sientan más apreciados, con mejores herramientas para aprender y desarrollarse en todos los ámbitos de su vida; hablamos de un millón de alumnos que no dejarían la escuela cada año, que podrían sentirse motivados a continuar en la escuela18, preparándose y apoyando a su familia, su comunidad y al país.

Por ello, insistimos en la valoración del Modelo Educativo como un referente para implementar las políticas públicas y los programas que favorezcan el desarrollo y mejoramiento de habilidades y destrezas, sobre todo que, su incorporación en la legislación sea vinculante en construcción del proyecto educativo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los artículos 8 y 28 Bis de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8o.- Los criterios que orientarán a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basarán en los resultados del Modelo Educativo que realice el Sistema Educativo Nacional, en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.-  a  IV.-

Artículo 28 Bis.- Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas considerando como base el Modelo Educativo Nacional que elabore el Sistema Nacional de Educación.

En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, considerando los resultados del Modelo Educativo, mismos que tendrán como objetivos:

I.- a III.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 8 de mayo de 2018.

Dip. Marisol Vargas Bárcena.

Fuentes:
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/ESSU/ConceptNote_SP.pdf, pp. 1.
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm (Respuestas a 11 cuestionamientos relacionados con pruebas PISA -Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés)
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PiF1_esp_revised.pdf ¿La asistencia a educación infantil se traduce en mejores resultados en el aprendizaje escolar? (1)
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/48363354.pdf  Mejorar el rendimiento desde el nivel más bajo (2)
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/48789439.pdf ¿Cómo algunos estudiantes superan su entorno socioeconómico de origen? (5)
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49184736.pdf ¿Leen actualmente los estudiantes por placer? (8)
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49460778.pdf ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en los centros educativos? (10)
http://archive.ipu.org/pdf/publications/strategy1721-s.pdf 
http://www.inee.edu.mx/mapa2015/pdfestados/Prontuario2015.pdf
https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.html y
https://www.youtube.com/watch?v=H_4nloV7C3s
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13206009 y
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/art%C3%ADculo_redalyc_13206009.pdf
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/122/INFORME%20137%20ASAMBLEA%20UIP%20-%20exterior-.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/115/P1B115.pdf
http://www.inee.edu.mx/mapa2015/pdfestados/Prontuario2015.pdf

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Blanco. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia extiende un saludo al ciudadano Antonio Ledezma, ex alcalde de la ciudad de Caracas, Venezuela, invitado de nuestra compañera Senadora Mariana Gómez del Campo.

El señor Ledezma es uno de los principales líderes de oposición en el país Latinoamericano de Venezuela.

¡Sea usted bienvenido a esta Comisión Permanente y a México, señor Antonio Ledezma!

De igual manera, a nombre de la Comisión Permanente, les damos la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados de nuestra compañera Senadora Angélica de la Peña. Alumnas y alumnos que hoy nos acompañan para presenciar los trabajos de éste órgano colegiado del Congreso de la Unión.

¡Gracias por su presencia!


1 En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda, también suscrita por México, cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

3 Ibídem.

4http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/115/P1B115.pdf pp 31 y http://www.inee.edu.mx/mapa2015/pdfestados/Prontuario2015.pdf

5Ibídem.

6En el informe de la Comisión se recogen las opiniones de 19 líderes, principalmente de los países en desarrollo, y de miembros de círculos académicos reconocidos internacionalmente; el documento se basa también en los debates de los seminarios donde presentaron ponencias más de 300 académicos distinguidos.

7http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/ESSU/ConceptNote_SP.pdf, pp. 1.

8 La OCDE en los análisis de la prueba PISA, el BM en la Estrategia de Educación 2020 y la SEP en la Estrategia Nacional para la Equidad y la Inclusión.

9 Asertividad es la actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa ante el interlocutor. Es la cualidad que permite a las personas expresar su opinión de manera firme, clara y respetuosa, pero dando por hecho lo que plantea (afirmando).

10 http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49460778.pdf ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en los centros educativos? (10)

11 Ibídem, pp. 7-8.

12 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber.

13 http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/48789439.pdf ¿Cómo algunos estudiantes superan su entorno socioeconómico de origen? (5). // Resiliencia .- Del ingl. resilience, y este der. Del lat. resiliens, -entis, part. pres. act. De resil?re "saltar hacia atrás, rebotar", "replegarse". f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

14 http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49184736.pdf ¿Leen actualmente los estudiantes por placer? (8), pp. 1

15 http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49460778.pdf ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a tener éxito en los centros educativos? (10)

16 http://archive.ipu.org/pdf/publications/strategy1721-s.pdf 

17http://www.inee.edu.mx/mapa2015/pdfestados/Prontuario2015.pdf

18https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.html y https://www.youtube.com/watch?v=H_4nloV7C3s






Permítanme leer unas breves reflexiones en honor de un gran mexicano como lo es el doctor Jesús Kumate.

MINUTO DE SILENCIO

Compañeras y compañeros legisladores integrantes de la Comisión Permanente.

Como es de su conocimiento, la madrugada del pasado lunes 7 de mayo falleció el doctor Jesús Kumate Rodríguez, ilustre mexicano nacido en Mazatlán, Sinaloa, quien desde muy joven se dio a la tarea de luchar por las mejores causas y superar los problemas de nuestro país, entre otras materias, la de salud.

Eminente médico cirujano y reconocido Doctor en Ciencias, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el Doctor Kumate es reconocido por su valiosa contribución a la construcción del Sistema Nacional de Salud Mexicano y por impulsar el Programa de Vacunación Universal, dirigido a las niñas y niños de nuestro país.

La comunidad médica y los mexicanos hoy somos testigos de la dolorosa partida de uno destacado académico e investigador, que como hombre de ciencia también sirvió a su país desempeñándose como Secretario de Salud, como Jefe de la División de Investigación del Hospital Infantil de México, como Secretario General del Hospital Nacional de Pediatría y como Director del Hospital Infantil de México, así también como Coordinador de los Institutos Nacionales de Salud.

Mexicano reconocido internacionalmente, asumió la responsabilidad de ser Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y Presidente del Consejo Consultivo del Centro Salud Para el Desarrollo de la misma Organización de las Naciones Unidas.

Hombre de bien y de merecidos y numerosos reconocimientos recibió del Poder Legislativo Federal de nuestro país en el año 2006, la Medalla “Belisario Domínguez”, en reconocimiento a sus aportaciones a la ciencia, a la medicina y como un comprometido servidor de nuestra patria.

Es una gran pérdida para el país, para sus familiares, para sus colegas y para sus amigos, a quienes desde esta tribuna les enviamos nuestro sentido pésame y les deseamos una pronta recuperación por este triste suceso y por esta triste ausencia.

En reconocimiento de su prolífica vida y como un sencillo acto de reconocimiento a todas sus valiosas contribuciones de este gran mexicano, les pido que puestos de pie todos los presentes guardemos un minuto de silencio para honrar su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Pueden tomar asiento.

Muchas gracias.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, para presentar a nombre del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de participación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, a nombre del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre del Senador David Monreal y mío propio, me permito presentar la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción IV al Apartado C del artículo 127 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se han constituido con una prioridad específica en los marcos protectores nacionales e internacionales.

La Convención sobre los Derechos del Niño, por su carácter vinculante, se ha consolidado como un acuerdo de resultados y su utilidad es notoria, no solamente en nuestro país, sino en todos los países en donde se ha suscrito el Convenio.

Y además, ha sido muy importante para la ejecución de políticas y prácticas públicas, así como de la emisión de leyes.

En nuestro país se ha apostado para fortalecer el marco protector en aras de reafirmar la dignidad humana, fomentar el respeto a la infancia, establecer obligaciones claras en la materia y fortalecer el principio de la no discriminación.

De tal suerte, el texto constitucional por primera vez, en 1980, reconoció los derechos de las personas menores de edad en el artículo 4o., mandatando la intervención de las instituciones públicas en su protección.

No obstante, a raíz de la firma y ratificación en Convención sobre los Derechos del Niño, se modificó el precepto constitucional para reconocer, en abril del año 2000, entre otros aspectos, la obligación del Estado para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Derivado de lo anterior, en un primer momento, se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, permitía que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios expidieran la normatividad legal conducente en el ámbito de su competencia.

Sin demérito de los avances descritos, no fue sino hasta las reformas en materia de derechos humanos cuando el espectro de protección de los derechos de la niñez se amplió significativamente, así en octubre de 2011 se inserta el Interés Superior de la Niñez como un principio rector para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En este orden de ideas, en diciembre del 2014 se creó la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, marco normativo construido gracias a las importantes contribuciones e impulsos gestionados por la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas.

Dentro de los aspectos más importante de la ley, destaca la creación y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual el Estado debe cumplir con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos en este sector tan importante.

Uno de los derechos mencionados en el ordenamiento, se refiere a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y consiste en que este grupo tiene derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la ley, la Constitución y los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables.

Lo anterior se logra mediante la adopción de medidas y acciones tendientes a erradicar todo tipo de discriminación así como alcanzar la inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad; una tarea en que es oportuna la intervención del Sistema Nacional de Protección Integral.

A pesar de eso, llama muchísimo la atención que entre los integrantes del sistema no figura un organismo o instancia especializada en materia de personas con discapacidad, siendo que la ley contiene múltiples disposiciones elementales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La incongruencia aún puede ser subsanada a fin de fortalecer las acciones de protección en la materia.

Es decir, mediante la presente iniciativa propongo la inserción del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Conadis, como integrante del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tomando en consideración que la Conadis tiene por objeto establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como para promover los derechos humanos su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, resulta prudente sumarlo a que participe en la consecución de los objetivos del sistema.

Las cifras sobre la discapacidad infantil son verdaderamente alarmantes, van entre el 1.9 por ciento cuando son menores de 18 años y el 4.8 por ciento de todas las personas con discapacidad son niños. Entonces, estamos hablado aproximadamente del 6.7 por ciento de las personas en este país, que son niños, tienen alguna discapacidad. Es por eso que es tan importante su inclusión, sobre todo cuando estimamos que las discapacidades, el 47 por ciento se adquiere con el nacimiento y sólo el 26 durante alguna etapa o por algún accidente de la vida de las personas.

Por tanto, el panorama general descrito en cifras exige que la protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se logre de la mano con un organismo público como la Conadis. En ese sentido se plantea la adición de una fracción IV al Apartado C del artículo 127 de la ley, a fin de que en la conformación del Sistema Nacional de Protección Integral, figure como integrante del mismo, en el rubro de organismos públicos, el titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La correcta integración de cualquier instancia debe de garantizar que la consecución de estos objetivos sea realizable, por tanto, contar con las autoridades, organismos e instituciones adecuadas es toral, en este caso, para proteger todas y todos y cada uno de los derechos que asisten a las niñas y niños y adolescentes en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos de la niñez han sido objeto de exhaustivas discusiones, al grado de constituirse como una prioridad especifica en los marcos protectores nacionales e internacionales. En este sentido, desde el ámbito de las Naciones Unidas, los derechos de la niña, niño y adolescentes han tomado un papel fundamental para consolidar el marco universal y establecer las directrices que a nivel nacional cada Estado debe considerar para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos y libertades de ese importante sector poblacional.

En ese tenor, uno de los documentos con mayor trascendencia en la materia, desde el plano internacional, es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. Se trata de un instrumento de carácter vinculante, el cual México firmó el 26 de enero de 1990 y ratificó el 21 de septiembre del mismo año.

Cabe recordar que la Convención encuentra sus antecedentes y bases primordiales en múltiples documentos que plasmaron la necesidad de proporcionar a la niñez una protección especial. De forma cronológica, destacan:

• La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924): Aprobada por la entonces Sociedad de Naciones, se trató de la primera declaración en su clase, puesto que reconoció la existencia de los derechos específicos para los niños y niñas, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos.

• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): marcando un hito en la historia de los derechos humanos, reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

• La Declaración de los Derechos del Niño (1959): se trata de un reconocimiento producto del primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): El artículo 24 de ese instrumento establece que “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): en sus artículo 10 enuncia que “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.

Como se infiere, a la Convención le anteceden otros instrumentos de enorme trascendencia; sin embargo, su importancia radica no solo en el carácter vinculante de sus disposiciones, puesto que además “se trata de un acuerdo que da resultados y su utilidad puede comprobarse en el uso cotidiano que se hace del mismo en un país tras otro, en las políticas, en la práctica y en la ley”.1

De tal suerte, México no ha sido la excepción en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes pues tal y como se ha hecho en el ámbito internacional, se apuesta por robustecer el marco nacional en aras de reafirmar la dignidad humana, fomentar el respeto a la infancia, establecer obligaciones claras en la materia y fortalecer el principio de no discriminación.

Normativamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por primera vez reconoció los derechos de las personas menores edad mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 4o., modificación publicada el 18 de marzo de 1980 en el Diario Oficial de la Federación que a la letra dispuso que “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La Ley Determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas”.2

Otra reforma al artículo en comento que significó un paso más hacia la protección de los menores de edad, se dio a raíz de la firma y ratificación de la multicitada Convención sobre los Derechos del Niño; en abril del año 2000 se modificó el texto constitucional a fin de reconocer, entre otras cosas: el derecho de las niñas y niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; el deber de los ascendientes, tutores y custodios de preservar esos derechos; y la obligación del Estado para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.3

Para vigorizar la reforma anterior, el 29 de mayo de 2000 se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, se permitía que tanto la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios expidieran normas legales de la materia en el ámbito de su competencia.

Sin demerito de las anteriores, no es redundante hacer mención de la importante reforma en materia de derechos humanos, la cual, entre otras cuestiones, amplió significativamente el marco protector de esos derechos, incluidos por su puesto los de la niñez; al reconocer la jerarquía de los tratados internacionales se incorporaron todos aquellos instrumentos en la materia a la protección constitucional de los derechos humanos, aumentando el espectro de protección de su articulado, incluido el 4o. precepto.

En ese tenor, el 12 de octubre de 2011 se publicó una reforma medular al artículo 4o. y 73 constitucionales, puesto que, en concordancia con la concepción internacional se insertó el interés superior de la niñez como un principio rector para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asimismo, por lo que hace al artículo 73, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.4

En este sentido, el Congreso de la Unión se dio a la tarea de cumplir con la disposición constitucional, a través de la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, marco normativo que una vez publicado el 4 de diciembre de 2014 abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La construcción de ese marco normativo se logró principalmente gracias a las importantes contribuciones e impulsos gestionados por la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas, particularmente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este último reconoció el proceso de armonización llevado a cabo para la implementación de la Ley en comento, la cual a su consideración, cumple con los estándares internacionales por la observancia del principio del interés superior de la infancia.

No puede negarse el enfoque y perspectiva de derechos humanos que tiene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; además también es evidente su apego a las directrices y principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual, como se apuntó al inicio de la presente exposición de motivos, marcó un giro trascendental para concebir a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

Desde las disposiciones generales, la Ley enmarca cinco importantes objetivos: reconocer a niñas niños y adolescentes como titulares de derechos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, tanto los contenidos en el texto constitucional como en los tratados internacionales; la creación y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; establecer principios rectores y criterios que orienten la política nacional en la materia, así como las facultades, competencia y concurrencia de las autoridades; y establecer las bases generales para la participación de los sectores público y social.

Sobre esos objetivos, para efectos de la presente iniciativa es importante centrarse en el tercero, el cual dispone que a través del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Estado podrá cumplir con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de ese importante sector.

De esta forma, en el Capitulo Tercero del Titulo Quinto de la Ley se habla del SIPINNA como una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este punto es fundamental hacer mención de dos derechos que la Ley establece: el derecho a no ser discriminado y el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Por tanto, los derechos mencionados, en conjunto con los demás, deben ser garantizados por el Estado a través del SIPINNA.

Uno se correlaciona con el otro, puesto que en primer lugar, el derecho a no ser discriminado consiste en que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia”.

Por otro lado, el derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, consiste en que este grupo tiene derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la Ley, la Constitución, los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables.

El común denominador de ambos derechos radica en que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen el deber de adoptar medidas y emprender acciones para erradicar todo acto discriminatorio así como lograr la inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Si bien la Ley obliga a dichas autoridades a realizar todo lo necesario para materializar esos derechos, es innegable que el SIPINNA también puede hacer lo propio para coadyuvar en la protección de los mismos, puesto que al realizar sus múltiples atribuciones en un marco de coordinación debe contar con las características que aseguren una protección integral real.

En este sentido, es oportuno analizar la integración del SIPINNA, en el cual participan, de acuerdo con la Ley vigente:

• Nueve integrantes de Poder Ejecutivo Federal: Presidente de la Republica; Secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social; y el Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

• Treinta y dos integrantes de los poderes ejecutivos locales, tomando en consideración que se trata de los gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

• Tres de los Organismos Públicos: El Fiscal General de la República; El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

• Representantes de la sociedad civil, nombrados por el Sistema, en términos de la convocatoria pública correspondientes.

La correcta integración de cualquier instancia debe garantizar que la consecución de sus objetivos sea realizable, por tanto, contar con las autoridades, organismos e instituciones adecuadas es toral, en este caso, para proteger todos y cada uno de los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes contenidos en las Leyes, la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el país es Parte.

Dicho lo anterior, resulta llamativo para el promovente que entre los integrantes del SIPINNA no figure un organismo o instancia especializada en materia de personas con discapacidad. Lo anterior se sostiene en razón a que la Ley contiene múltiples disposiciones, que sumadas a la protección que debe ofrecer el SIPINNA, son elementales para garantizar los derechos de niñas niños y adolescentes con discapacidad, de entre las cuales vale la pena referirse las siguientes:

• En materia de salud y seguridad social, la fracción XII del artículo 50 contempla que las autoridades deben “disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos”.

• En materia educativa, la fracción XII del artículo 57 establece que se debe “Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado”.

• En materia de libertad de expresión y acceso a la información, el último párrafo del precepto 64 enmarca que “las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad”.

• En materia de seguridad jurídica y debido proceso, de acuerdo con el artículo 83, las autoridades deben información clara, sencilla y comprensible sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate, con formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

• En materia de centros de asistencia social, la fracción VIII del articulo 108 establece que estos deben “procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad”.

• Dentro de la distribución de competencias respecto de la protección y restitución integral, se plantea como atribución de las autoridades federales y locales, la adopción de medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas (incluida la discapacidad) que restrinjan o limiten sus derechos.

Asimismo, no omite mencionar que deben “establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable” y “Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad”.

• Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargado de la coordinación operativa del Sistema, tiene entre sus atribuciones, la de difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad.

En ese orden de ideas, las disposiciones citadas evidencian que la Ley sí contempla medidas en favor de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; sin embargo, se hace hincapié en que resulta una incongruencia que, dentro del SIPINNA no figure una instancia que pueda contribuir a fortalecer las acciones de protección en la materia.

Cabe recordar que en México, en un primer momento se presentó el Programa Nacional de Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE) en 1995. Para el año 2000, se crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS), además de la creación del Consejo Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS), como el organismo encargado de dar cumplimiento a las acciones derivadas del Programa Nacional.5

Posteriormente, se publicó una Ley General de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2005, la cual creó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), como un instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional.

No obstante, en mayo de 2011 se publicó una nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, transformando el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en el “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. La naturaleza de esta Consejo cambia por completo, convirtiéndose en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones goza de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la Ley vigente en la materia.

Tomando en consideración que el objeto del CONADIS es establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, resulta prudente tomarlo en consideración para participar en la consecución de los objetivos del SIPINNA.

Asimismo, es importante mencionar que si la misión del CONADIS se circunscribe a coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, entonces no puede quedar apartado de las tareas que se realizan para proteger a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 1.9% de las personas menores de 18 años tienen discapacidad y 4.8% presentan alguna limitación para realizar alguna actividad de la vida cotidiana. En suma, se habla que 6.7% de la población infantil tienen alguna dificultad para desarrollar su vida cotidiana de forma plena. Sobre las discapacidades, se estima que la mayoría se adquieren “desde el nacimiento (47.4%) o son causadas por alguna enfermedad (26.8%) mientras que los accidentes (2.7%) y la violencia (0.5%) son las causas de discapacidad menos reportadas”.6

El panorama general descrito en cifras exige que la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes se logre de la mano con un organismo público como el CONADIS. En este sentido, con base en los argumentos vertidos en la presente exposición, y en aras de materializar lo contemplado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone robustecer la integración del Sistema Nacional de Protección Integral, sumando en el apartado de Organismos Públicos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Lo anterior se plantea mediante la adición de una fracción IV al apartado C del artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que en la conformación del Sistema Nacional de Protección Integral, figure como integrante del mismo, en el rubro de Organismos Públicos, el titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, derivado de las disposiciones en la materia que contempla ese ordenamiento.

Resulta fundamental dar cumplimiento a obligaciones de carácter internacional que el Estado mexicano tiene, pues tal y como lo dispone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 7, párrafos 1 y 2.7

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.

En la consolidación del marco protector de los derechos humanos, todas las autoridades deben desarrollar una participación activa desde el ámbito de su competencia, haciendo realidad la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, incluidos por supuesto, los que asisten a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en concordancia con el principio del interés superior de la niñez y en plano de igualdad sustantiva.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al apartado C del artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

ÚNICO. - Se ADICIONA una fracción IV al apartado C del artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por:

A. …

B. …

C. …

I. a III. …

IV. El titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

D. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por:

A. …

B. …

C. …

I. a III. …

No existe correlativo

 

D. …

Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por:

A. …

B. …

C. …

I. a III. …

IV. El titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

D. …

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Ojesto. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

1 Palabras de Carol Bellamy, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), citada en “La Convención sobre los Derechos del Niño cumple 15 años”, Unicef, consultado el 09/04/2018 [en línea], disponible en: https://www.unicef.es/noticia/la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-cumple-15-anos

2 Véase el Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 18 de marzo de 1980, consultado el 09/04/2018 [en línea], disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_091_18mar80_ima.pdf

3 Véase el Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de abril de 2000, consultado el 09/04/2018 [en línea], disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_148_07abr00_ima.pdf

4 Véase el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 12 de octubre de 2011, consultado el 09/04/2018 [en línea], disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_198_12oct11.pdf

5 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. “CONADIS, seis años trabajando por un México Incluyente”, 30 de mayo de 2017, consultado el 09/04/2018 [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/conadis-seis-anos-trabajando-por-un-mexico-incluyente?idiom=es

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas a propósito del Día del Niño (30 de abril), Aguascalientes, 27 de abril de 2016, consultado el 09/04/2018 [en línea], disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/niño2016_0.pdf

7 Organización de las Naciones Unidas. “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada el 13 de diciembre de 2006, en vigor desde el 3 de mayo de 2008.






Se concede el uso de la tribuna a nuestra compañera Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo octavo al artículo 21 constitucional, en materia de jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia, señoras y señores.

Lo que está en el contexto de la iniciativa que estamos presentando tiene que ver con las distintas recomendaciones que en su momento, después de una visita que hiciera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mes de octubre de 2015.

Debemos recordar que hizo recomendaciones después de su visita y después de atender diversas reuniones, incluso con diferentes gentes del gobierno mexicano, y en marzo del siguiente año, es decir, en marzo de 2016, hizo 14 recomendaciones que dista mucho el Estado mexicano de estar atendiendo.

Es importante señalarlo, porque de manera particular, la primera de ellas tiene que ver con la conformación de un consejo asesor que este integrado por renombrados expertos y expertas en el campo de los derechos humanos y en el combate a la impunidad, que tendría como objeto asesorar de manera esencial al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y, sobre todo, para revertir la tasa de impunidad imperante en México.

El consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar distintas rutas a seguir para que haya una correcta implementación de las recomendaciones y, sobre todo, en el caso de la vinculación con distintos tratados internacionales, pues atender nuestro compromiso vinculante, además de atender las recomendaciones que desde distintos organismos, particularmente de Naciones Unidas, deberían de tomarse en consideración.

Puedo mencionar varios, éste es el examen periódico universal, las distintas recomendaciones que los distintos relatores de Naciones Unidas han hecho a México, en fin, nos parece que hay una gran agenda importante que debería de tomarse en consideración, pero que ahí queda abandonada.

Se reciben, se dan respuestas como la que hoy, por cierto, está dando la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR, bueno, quien está encargado de la PGR, porque ni siquiera es el procurador, el encargado del despacho que junto con la Secretaría de Gobernación le han respondido a la oficina del Alto Comisionado en México sobre los Derechos Humanos, sobre los señalamientos que se han hecho respecto de la investigación de Ayotzinapa y, sobre todo, cómo se ha incurrido a práctica de tortura.

Ese es un problema que no solamente lo ha dicho el Alto Comisionado, lo han dicho distintos organismos de derechos humanos, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos importantes en México.

De tal manera, que es importante tomar en cuenta que México ya no puede quedar, señoras y señores, en una burbuja en donde pareciera que todo lo que no nos gusta, sobre todos quienes están al frente del gobierno, se repele, se le da la vuelta y, por supuesto, cuando se trata de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, pues se argumenta que la ley no precisa más que hasta donde se tiene la posible participación de México, ante los distintos organismos, las recomendaciones que se valoran, etcétera, etcétera, pero no pasa de ahí.

De ahí que en el contexto de lo que estamos viviendo en México, tenemos que insistir que no puede ser pretexto la ley o la Constitución para que no se tomen en cuenta estas observaciones, pero sobre todo que se cumpla con la ley, porque además en México, además de que tenemos una ley general en contra de la tortura, también hay distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la tortura.

De tal manera que ya no podemos darle vuelta a un grave problema, y nos parece importante que México, además atendiendo estas recomendaciones del Alto Comisionado, pues pueda constituir de manera formal las comisiones que necesitamos de manera institucional, pues que ayuden al gobierno y en este caso al Ejecutivo Federal.

¿Y cuál es la adición que estamos haciendo? En el último párrafo del 21 constitucional, donde se plantea la posible, donde se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en seguida, añadiríamos: “En aquellos casos en los que el Estado mexicano solicita el apoyo y la asistencia técnica internacional para la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y/o graves violaciones a los derechos humanos, la investigación y la acción penal se ajustarán a lo establecido en esta Constitución y a los tratados o convenios internacionales de los que nuestro país sea Parte”.

Termino diciendo, hoy estamos en una situación que no podemos dejar de observar, de violaciones graves a los derechos humanos, les guste o no les guste, esa es la realidad. No la podemos ocultar, cada quien carga lo que le corresponde y eso se ve y se refleja también en los resultados de lo que seguramente va a ser la elección el primero de julio.

Yo creo que todas y todos, independientemente de quién sea nuestro candidato, tenemos que trabajar para que México salga de la bronca en que se encuentra, y yo creo que si hay voluntad política, pues estaríamos ahorita presentando reformas a la Constitución, eso podría hacerse de manera ejecutiva, pero no se ha hecho, de tal manera que estamos presentando la iniciativa conducente a la Constitución para que no haya ningún pretexto.

Gracias a todas y a todos ustedes, por su atención.

Iniciativa



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora De la Peña.

¿Con qué objeto, Senadora Gastélum?

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Solamente para decirle, agregue en el Diario de los Debates una iniciativa que he presentado, de reforma a la Ley de Autor y al Código Penal, sobre copia privada.

Solamente con ese propósito.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: ¿Tiene que ver con este tema?

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) No, señor.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Le recuerdo que estamos en iniciativas y solamente hay que turnar la iniciativa de la promovente. En otro momento le concederé el uso de la palabra, ya tomaremos en cuenta su propuesta, por supuesto, pero en este momento voy a darle turno a la iniciativa, si me permite.

Túrnese la iniciativa de la Senadora De la Peña a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Diputada Alicia Barrientos Pantoja, a nombre propio y de la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 7, y 9 de la Ley General de Turismo, en materia de aprendizaje de idiomas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDO LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 3; REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7 Y REFORMA LA FRACCIÓN XX, ADICIONANDO LA FRACCIÓN XXI, RECORRIÉNDOSE LAS DEMÁS FRACCIONES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la Diputada Alicia Barrientos Pantoja, a nombre propio y de la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del grupo parlamentario de Morena)

La Diputada Alicia Barrientos Pantoja: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

La iniciativa que presento ante este Pleno, tiene como finalidad el impulsar, desde otro ángulo, al sector turístico de México, promoviendo como un Centro Mundial de la Enseñanza del Español.

Al respecto, debo señalar que la Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez en conjunto con la Comisión de Competitividad de la Honorable Cámara de Diputados, el día 30 de agosto de 2017, realizó el Foro denominado “Competitividad Sustentable del Sector Turístico en Morelos” como parte de un ciclo de foros denominados “Foros para la Competitividad Sustentable, Estrategia en Morelos”, teniendo como punto de partida la importancia estratégica del Sector Turismo para el desarrollo económico de Morelos, así como para conocer y valorar las diversas tendencias del desarrollo económico que se deben cuidar y estimular para obtener una competitividad sustentable a largo plazo para el sector.

Dentro de los múltiples asistentes a dicho foro, se encontraban presentes integrantes de la Asociación Mexicana de Institutos de Español A.C. y la Asociación de Institutos para la Enseñanza del Español en Cuernavaca, A.C. quienes puntualmente manifestaron que las escuelas de español en todo el país, a partir de 2007 ha ido disminuyendo el turismo idiomático por diferentes factores como la crisis económica mundial, la contingencia sanitaria de la fiebre H1N1 y la advertencia de viaje de los Estados Unidos, Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la cual es el resultado de la situación de inseguridad que vive el país en varias regiones de México.

Sin embargo, a pesar de la problemática actual, el entusiasmo y vocación por la enseñanza del español y la cultura mexicana de las escuelas en México, son la energía para continuar trabajando día a día, y promoviendo a México como un Centro Mundial de la Enseñanza del Español.

Uno de los factores claves del éxito de las escuelas de español es el reconocimiento de los cursos por parte de las universidades de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

El idioma se convierte en una mercancía, como lo puede ser, del turismo idiomático, es muy importante valorar la aportación de la lengua al ámbito turístico y la posibilidad de explotarla como un recurso que de hecho es una característica desde el punto de vista de la producción.

El número de hispanohablantes ha superado recientemente la cifra de 500 millones y se espera que a lo largo del siglo XXI se aproxime a los 600 millones a escala global, por lo tanto debemos aprovecharlo y explotarlo.

La Secretaría de Turismo reporta año récord, pues México ha recibido más de 29 millones de turistas extranjeros, generando tres millones de empleos directos.

Sin duda es una gran fuente de divisas para nuestro país con más de 16 mil millones de dólares.

Sin embargo, hay un segmento olvidado con un gran potencial, que es el Turismo Idiomático, que es el que se ocupa de recibir a estudiantes extranjeros para el aprendizaje de un idioma y su cultura en un país nativo.

En este orden de ideas, se considera Turismo Idiomático de larga estancia, ya que genera una pernocta de por lo menos 21 noches, aunque la mayoría son jóvenes, no hay límites de edad y viajan a todos los destinos de interés turístico de la región.

El idioma español es definitivamente un recurso turístico, no es solamente un sello distintivo de nuestro país que refleja a su sociedad, su arte y su cultura, es también una fuente de desarrollo económico que no se ha explotado suficientemente.

México debe buscar explotar más el recurso del español como fuente de ingresos, para ello, las escuelas de español son las prestadoras de este servicio, la demanda de aprendizaje del español sigue siendo muy fuerte y los estudiantes de español siguen llegando a México a pesar de un turno difícil.

Nuestro país casi triplica el número de personas que hablan español respecto a España, lo que significa que su acento es el más escuchado mundialmente y permite a los estudiantes que vienen a estudiar a nuestras escuelas una comunicación con pronunciación más efectiva. Incluir las escuelas de español de México en la Ley General de Turismo, es un primer paso para lograr hacer de nuestro país el destino de enseñanza del español más importante del mundo; dándole confianza a los estudiantes interesados en estudiar en nuestras escuelas por estar en instituciones formales y reconocidas, y a las escuelas el estar respaldadas legalmente por el Estado mexicano.

Es por ello que presento en nombre de la Diputada Blanca Margarita Cuata y del mío propio, esta iniciativa con proyecto de Decreto con el fin de incluir el Turismo Idiomático como un factor de desarrollo económico del país, el cual el Estado lo provee de las herramientas necesarias para su promoción, fortalecimiento, desarrollo, innovación y competitividad.

Es cuanto, Diputado Presidente, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Barrientos. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra el Diputado Macedonio Tamez Guajardo, para presentar a nombre del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción 6 al artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de Diputado Migrante.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 6 AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

(Presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Salvador García González, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias. Buenas tardes a todos.

El Estado y la sociedad mexicanos han pecado de omisión con los migrantes, no ha sido capaz de dar aquí las condiciones para que desarrollen, para que progresen, para que produzcan, no ha sido capaz de brindar condiciones de seguridad, de tal manera que a lo largo de las generaciones ha permitido y propiciado la expulsión de miles o millones de conciudadanos, mexicanos que no se desarraigan, que están en contacto y cuidan de sus familias, que mandan inconmensurables cantidades de dinero para sus parientes, amigos y comunidades, por lo que aún son ignorados inmisericordemente.

La idea que propone mi compañero Diputado Salvador García es incluir en la Ley General de Partidos Políticos la figura de Diputado Migrante. No existe y vean ustedes, el migrante paga pero no manda, envía dineros enormes a través de transferencias, pero no tiene ninguna injerencia en la vida pública de México.

Precisamente, mi compañero proponente, Salvador García, es uno de ellos, pero ha llegado a ser Diputado por que estando registrado en Jamay, Jalisco, su lugar de nacimiento, ha emigrado a Los Ángeles, California, en donde ha hecho vida productiva desde hace muchos años.

Es por eso que mi compañero, y con él la fracción de Movimiento Ciudadano, proponemos una reforma a la Ley General de Partidos Políticos para que se incluya formalmente la figura de Diputado migrante, para que todos los partidos tengan la obligación de incluir dentro de los cinco primeros lugares de sus listas plurinominales a un mexicano residente en el extranjero.

Siento que es de elemental justicia hacer esto.

Siento que la protección a los migrantes no sólo debe ir en declaraciones, discursos, acuerdos y convenios, sino también en involucrarnos cada vez con más contundencia en la vida política mexicana.

Les pido, por lo tanto, vean con buena disposición esta iniciativa y la voten favorablemente cuando llegue a sus manos.

Gracias y buenas tardes.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Tamez. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






En atención a la solicitud de la señora Senadora Gastélum, le solicito que haga de nuevo, desde su escaño, la solicitud para turnar su iniciativa, y aquí le daremos turno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN II, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 424 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Era para que quedara en el Diario de los Debates una iniciativa que hemos presentado, de reforma a los artículos 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor; y 424 Bis del Código Penal Federal, que tiene que ver con la copia privada, y que pretende fortalecer los derechos de autor y los derechos conexos de obras que son exhibidas, interpretadas o ejecutadas públicamente.

Le agradezco mucho su atención, señor Presidente.

Le agradezco mucho la incorporación en el Diario de los Debates.

Gracias a usted.

Iniciativa

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA, LA FRACCIÓN II, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 424 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCER A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El arte proviene del latín ars, cuyo significado se refiere a la disposición, habilidad y virtud para realizar alguna cosa. Asimismo, es un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos.1

Actualmente la clasificación más difundida, en el tema de las artes es la siguiente:

• Literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza y cine.

Misma que ha sido severamente dañada por una problemática sociocultural que deja en desventaja al ser humano y que se denomina piratería.

La piratería para la Organización Mundial del Congreso se encuentra definida como la "Reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos."2

El comercio de productos falsificados y de piratería mueve unos 338.000 millones de euros en el mundo, según cálculos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).3

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), señala que la piratería "abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente".4

El estudio del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)5 arrojo que la piratería y los productos falsificados en el 2013, presentó hasta un 2,5% del comercio mundial, es decir, 461 000 millones de dólares de Estados Unidos. Siendo una cifra equivalente al Producto Interno Bruto de Austria, o a la suma del Producto Interno Bruto de Irlanda y la República Checa. Lo cual resalta, por encima de todo, que los titulares de derechos, los gobiernos y la economía formal en su conjunto pueden sufrir pérdidas económicas y sociales significativas.

Un informe específico de la Unión Europea indico que, en el 2013, las importaciones de productos falsificados y pirateados ascendieron hasta el 5% de las importaciones, es decir, 116 000 millones de dólares de Estados Unidos (85 000 millones de euros). Esto implica que el impacto relativo de la falsificación es dos veces mayor para un grupo de países desarrollados, como la Unión Europea, que para el mundo en conjunto.

En el ámbito internacional ha recibido diferentes denominaciones, entre las cuales destacan: "plaga internacional", "flagelo mundial" y "nirvana para delincuentes".

Al respecto la Encuesta Nacional para la medición de la piratería en México, estima que 41.9 millones de mexicanos mayores de 18 años consumieron piratería durante el 2016, con un gasto aproximado a los 209,000 millones de pesos en música, películas, software, fotografías, pinturas, escultura y libros pirata.

De igual forma, la encuesta en cuanto al arte señala que 1.4 millones de mexicanos compraron alguna pintura ilícita contra los 3.1 millones de mexicanos (68% de los consumidores de pinturas) que compraron una pintura original. En esculturas, 1 millón de mexicanos adquirió pirata. Por su parte 1.5 millones de mexicanos consumieron esculturas originales (60% de los consumidores).6

En cuanto al tema de descargas musicales, se estima que, en los últimos doce meses del año 2017, 37.5 millones de mexicanos, han adquirido música de manera ilegal y solo 4.1 millones de mexicanos han descargado música original o de manera legal. 

Por lo que respecta a la a la piratería física 36.3 millones de personas la han consumido, en tanto que 26 millones de los encuestados respondieron haber consumido piratería digital.7

La venta de productos pirata en el 2016, dejo ingresos millonarios por cerca de 21,000 millones de pesos; es decir, tres veces el recorte que se ha hecho a ciencia y tecnología en el presupuesto federal. De igual manera, con esta actividad se fortalece y se financian otras actividades como el secuestro, tráfico de armas, pornografía infantil entre otras.

Según la Encuesta para la medición de la piratería en México de abril 2017, el porcentaje de mexicanos por género que compran películas piratas es de 58% para hombres y 57% para mujeres.8 Mismas que se originan la mayoría a partir de grabaciones realizadas dentro de salas de cine, por personas que portan una cámara digital o algún otro medio tecnológico. Una vez que la película es ilegalmente grabada se copia, se empaqueta y se prepara para su venta.

Esto trae como resultado que esta distribución y comercialización no autorizada, tanto por medios físicos como por Internet, se vuelva incontrolable. Lo mismo sucede en el caso de las presentaciones artísticas en las que se graba la interpretación o ejecución pública para luego reproducirlas o distribuirlas ilegalmente con fines de especulación comercial. Siendo estas reproducciones de mala calidad, por el uso de cámaras ocultas, combinado con la grabación de sonido a través de dispositivos especiales, permitiendo obtener copias mejor calidad y se distribuyen rápidamente en el mercado.

Bajo esta tesitura con la creación de la propiedad intelectual y en general las normas de los países han buscado proteger a los autores y/o titulares de los derechos sobre las obras o el patrimonio que crearon o poseen, de beneficiarse, en términos económicos, de los bienes, invenciones o patentes generados.

En este sentido la "propiedad intelectual" se utiliza para hacer referencia a todas las creaciones del ingenio humano, y se define como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas.9

Es por ello por lo que dichos derechos se encuentran debidamente reconocidos tanto en el marco jurídico internacional como nacional, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 27, numeral 2 instaura que:

"Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".10

En este contexto encontramos que los instrumentos internacionales que protegen la propiedad intelectual y los derechos de autor protección de las artes en general son los siguientes:

• Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas11

Que trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Asimismo, ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones, fundamentándose en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.

• Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas12

Adoptado en Ginebra en octubre de 1971, establece la obligación de los Estados Contratantes de proteger a los productores de fonogramas contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, contra la importación de dichas copias, cuando la producción o la importación se haga con miras a la distribución al público, y contra la distribución de esas copias al público. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se encarga de administrar el Convenio juntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

• Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite13

Establece la obligación de los Estados Contratantes de tomar medidas adecuadas para impedir que, en su territorio o desde él, se distribuyan sin autorización señales portadoras de programas transmitidas por satélite.

• Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna que trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital. Además de los derechos reconocidos en el Convenio de Berna, se conceden determinados derechos económicos. El Tratado también se ocupa de dos objetos de protección por derecho de autor:

- Los programas de computadora, con independencia de su modo o forma de expresión, y

- Las compilaciones de datos u otros materiales ("bases de datos").

• Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial14

El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países.

• Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión15

La Convención de Roma asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. La OMPI se encarga de administrar la Convención de Roma conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

• Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas16

El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación.

• Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas17

En el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) se contemplan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital:

- Los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.)

- Los productores de fonogramas (personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución).

Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales18

El Arreglo de La Haya rige el registro internacional de dibujos y modelos industriales Adoptado en 1925, el Arreglo establece un sistema internacional -el Sistema de La Haya- que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades.

Dentro del marco jurídico nacional que protege a las artes en contra de la piratería es menester señalar los siguientes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos19

El artículo 28, decimo párrafo señala que no constituyen monopolios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

• Código Penal Federal20

En su Título Vigésimo Sexto, denominado "De los Delitos en Materia de Derechos de Autor", mismo que fue adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 y que cuenta con 8 artículos del 424 al 429, establece las sanciones que se impondrán en el caso de la comisión de estos delitos. 

• Ley Federal del Derecho de Autor21

La Ley Federal del Derecho de Autor es una Ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, vigente a partir del 24 de marzo de 1997.

La misma señala que los derechos de autor son el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias, artísticas, musicales, dramáticas, danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricaturas e historietas,  arquitectónicas, cinematográficas y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográficas, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.22

Esta Ley protege las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes, o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios; las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales; los nombres y títulos o frases aislados; los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos; las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. 23

A este respecto, en la normatividad vigente, la grabación y reproducción sin autorización de obras protegidas por derechos de autor constituye una infracción en materia de derechos de autor bajo los artículos 27 fracción I, 229 fracción XIV y 230 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor. En particular, el mencionado artículo 27 establece específicamente la facultad que tienen los titulares de los derechos patrimoniales para autorizar o prohibir "la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuados por cualquier medio…".24

Es importante aclarar que, en el caso de grabaciones no autorizadas en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas, la excepción denominada como "copia privada" no es aplicable, dada la naturaleza de las acciones de divulgación de las obras respectivas.

La posibilidad de realizar una "copia privada" en los términos del artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor, presupone que se tiene legalmente la obra o copia maestra legal que permita obtener ejemplares tangibles de la misma, lo que no sucede en el caso de la exhibición, interpretación o ejecución pública, como es la proyección de una película en una sala de cine.

Por lo que concierne al Código Penal Federal (CPF) establece en su artículo 424 bis la naturaleza del delito en cuestión: "A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, venda o arriende copias de obras,  fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, de forma dolosa y con fines de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos…".

Sin embargo, es evidente que el tipo penal actual no ha sido suficiente para sancionar la reproducción no autorizada de las obras en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas. Esto se debe sobre todo a la dificultad de demostrar el fin de especulación comercial y a que se argumenta el supuesto "uso privado" de la obra para evadir la aplicación del artículo 424 bis del Código Penal Federal

Tratándose de obras en exhibiciones, ejecuciones o interpretaciones públicas, no procede la realización de la llamada "copia privada". Normalmente estas grabaciones que parecieran inofensivas, alegando un uso privado, son utilizadas para su comercialización en productos "pirata" que afectan los derechos patrimoniales del autor.

Por ello, la presente iniciativa pretende fortalecer la protección de los derechos de autor y de los derechos conexos de obras que son exhibidas, interpretadas o ejecutadas públicamente, no autorizando la reproducción de las mismas en los casos mencionados en la propuesta.

Por lo anterior, se consideran necesarias las siguientes modificaciones legales:

1) Se adiciona, la fracción II, recorriéndose la subsecuente en su orden del Artículo 424 bis del Código Penal Federal, con la finalidad de frenar eficazmente que se almacene, grabe, fije, reproduzca, filme, transmita o imprima, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor, utilizando dispositivos de almacenamiento, grabación, fijación, reproducción, filmación, transmisión o impresión visual, sonora o audiovisual, independientemente de la existencia del ánimo de lucro, durante su exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor. Con ello se impediría efectivamente a la piratería.

2) Se modifica el Artículo 148 de  la Ley Federal del Derecho de Autor para que se manifieste con absoluta claridad que la copia privada no aplica en el caso de exhibiciones públicas de obras literarias, cinematográficas, musicales o de cualquier género artístico, de tal suerte que dicho artículo no pueda ser utilizado como un escudo bajo el cual se amparen las actividades delictivas en contra de los derechos de autor cuyo génesis se encuentra, la mayoría de las veces en la grabación de una obra artística durante su exhibición.

Con ello, la presente iniciativa pretende proporcionar a las autoridades las herramientas necesarias tanto para prevenir (mediante la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor) y perseguir (mediante la reforma al Código Penal Federal) la reproducción y fijación no autorizada de obras durante su exhibición, interpretación o ejecución pública y con ello avanzar en contra de la distribución de copias "pirata" que menoscaban los derechos correspondientes.

En este sentido es necesario que el tipo penal incluya, dentro de las conductas que son objeto de sanción, las diversas formas a través de las cuales se puede hacer una copia de las obras exhibidas, interpretadas o ejecutadas públicamente, debido a los avances tecnológicos es posible hacerse de una copia no sólo mediante la grabación, sino mediante otras conductas, tales como el almacenamiento, fijación, reproducción, transmisión o impresión.

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona, la fracción II, recorriéndose la subsecuente en su orden del Artículo 424 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. …

II. A quien utilizando algún dispositivo que permita el almacenamiento, distribución, grabación, fijación, filmación, impresión, reproducción o transmisión visual, sonora o audiovisual, almacene, distribuya, grabe, fije, filme, imprima, reproduzca o transmita, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, durante su interpretación, ejecución o exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor y los derechos conexos.

• A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercer a la fracción IV del Artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

• I. a III. …

IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro.

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles;

Se excluye de lo previsto en el primer párrafo de esta fracción la fijación que se haga de las obras literarias, cinematográficas, musicales o de cualquier género artístico durante su interpretación, ejecución o exhibición pública, en cualquier lugar donde ésta ocurra.

V. a VIII. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 8 de mayo de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO
CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA/ADICIÓN

Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

 

 

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A quien utilizando algún dispositivo que permita el almacenamiento, distribución, grabación, fijación, filmación, impresión, reproducción o transmisión visual, sonora o audiovisual, almacene, distribuya, grabe, fije, filme, imprima, reproduzca o transmita, total o parcialmente, una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, durante su interpretación, ejecución o exhibición pública en cualquier lugar donde ésta ocurra, sin contar con la autorización del titular de los derechos de autor y los derechos conexos.

III. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

 

CUADRO COMPARATIVO
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA/ADICIÓN

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;

II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho;

III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística;

IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro.

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles;

 

 

 

 

 

V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer;

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos; y

VIII. Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. a III. …

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.     ...

 

 

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles;

Se excluye de lo previsto en el primer párrafo de esta fracción la fijación que se haga de las obras literarias, cinematográficas, musicales o de cualquier género artístico durante su interpretación, ejecución o exhibición pública, en cualquier lugar donde ésta ocurra.

V. a  VIII. …

 

1 Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas, Editorial Trillas, 2005. Pág. 9

2 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/piracy_s.htm. 24/04/2018

3 https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/mapping-the-economic-impact 24/04/2018.

4 http://www.agtabogados.com/blog/que-es-la-pirateria-y-como-afecta-al-mercado-internacional/. UNESCO y la piratería.

5El comercio de productos falsificados y pirateados: Cartografiando el impacto económico.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/mapping-the-economic-impact. 28/04/2018.

6 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mexicanos-aceptan-la-pirateria-20171025-0173.html

7 Encuesta Nacional para la Medición de la Piratería en México. Abril 2017. ITAM.
http://amprofon.com.mx/es/media/documentos/2017_05_Presentacion_CALC_PRENSA.pdf. 24/08/2018.

8 Encuesta para la medición de la piratería en México. ITAM. Abril 2017. Pág. 8.
http://amprofon.com.mx/es/media/documentos/2017_05_Presentacion_CALC_PRENSA.pdf

9 Alfredo Vega Jaramillo. MANUAL DE DERECHO DE AUTOR. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Colombia, Bogotá. Pág. 9

10 Declaración Universal de los Derechos Humanos. http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

11 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas.http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698

12 Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13646&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

13 Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite.
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13636&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

14 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

15 Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/

16 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/

17 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/

18 Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/

19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

20 Código Penal Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_090318.pdf

21 Ley Federal del Derecho de Autor. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf

22 Ley Federal del Derecho de Autor. Art. 11 y 13. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf.

23 Ley Federal del Derecho de Autor. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf.

24 Ley Federal del Derecho de Autor. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: A usted, Senadora Gastélum. La iniciativa mencionada por la Senadora Gastélum es una iniciativa que contiene reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de esta Honorable Cámara de Senadores.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Se ha agotado el capítulo relacionado a iniciativas de las señoras y los señores legisladores.

Continúa ahora el referente a las proposiciones con punto de Acuerdo.






PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

En este apartado, inicia la serie el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a que se realice una campaña de difusión y concientización sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla para los próximos comicios electorales.

El Senador Jesús Casillas Romero: Muchas gracias, Diputado Presidente. Compañeras y compañeros de esta Comisión Permanente.

Las transiciones democráticas generan expectativas en todo el mundo. En nuestro país no es la excepción.

Cada seis años, sobre todo en el marco de la elección presidencial, en México nos interesamos por la llegada de una oferta política que pueda generar avances significativos en el entorno del desarrollo nacional. Este año, con la celebración de una de las elecciones nacionales más importantes.

En julio próximo habremos de elegir al siguiente Presidente de la República y la renovación total del Congreso de la Unión, con la concurrencia de 30 elecciones locales, en las que nueve de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los congresos locales y en 26 los ayuntamientos.

Más no solamente el gran número de espacios de representación popular la hacen histórica, sino que, como la gran mayoría coincidimos, se trata de elegir entre propuestas radicalmente distintas, con visiones de país y desarrollo muy discrepantes.

Una jornada electoral que se augura intensa y en la cual, la participación ciudadana se hace imprescindible para efectuarla de manera ordenada, pacífica y transparente, con certeza y objetividad en su desarrollo y resultados.

Lo anterior, con motivo de que las jornadas electorales en realidad recaen en los propios mexicanos, ciudadanos que para este día son llamados a participar como funcionarios de casilla; y que es común que cuando se habla de participación ciudadana, se relaciona con el derecho a votar y ser votado, sin embargo, una variante importantísima para la construcción de la confianza en las elecciones es la integración y participación de las mesas directivas de casilla.

Son los ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, quienes el día de la elección se encargan de la recepción, escrutinio y cómputo de votos; sin embargo, como ya se dijo, pese a que ésta es una elección considerada como muy relevante e histórica, lamentablemente un porcentaje bastante considerado de mexicanos se niegan a participar como funcionarios de casillas.

De acuerdo con cifras de no hace más de tres semanas, del propio Instituto Nacional Electoral, INE, más de cuatro millones de ciudadanos estarían en ese supuesto. Ello pese que a cada día más de 45 mil capacitadores electorales salen cada día a las calles a tratar de animar a los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla, además de que se trata de un deber ciudadano.

Los capacitadores han visitado a más de 11 millones de ciudadanos sorteados a participar. No obstante, se ha hecho necesario un segundo sorteo y ahora los capacitadores tendrán que visitar a poco más de 1.4 millones de ciudadanos para convencerlos y capacitarlos.

Sin embargo, la renuencia se manifiesta y se reporta una gran negativa. Las causas van desde enfermedad, cuestiones laborales, decepciones, apatía y hasta el miedo. Esto constituye una situación grave para la democracia, la certeza, imparcialidad y el desarrollo mismo del proceso electoral.

El sistema electoral mexicano está diseñado para que los ciudadanos ajenos a las autoridades y a los partidos políticos, sean los que reciben y cuenten los votos, con la finalidad de dotar de la mayor confianza e imparcialidad al proceso y sus resultados. Sin duda, una tarea ciudadana de vital trascendencia para la vida pública y para la democracia en nuestro país, por ello, es necesario apoyar a la reflexión de los mexicanos sobre la trascendencia y la responsabilidad de tomar conciencia de la necesidad de participar.

Es necesario buscar mayores alcances a los del loable y reconocible esfuerzo de los capacitadores, para que de manera masiva llegar a la conciencia de los mexicanos y que se reflexione sobre tan importante actividad cívica.

Esto es, una campaña masiva institucional sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla, en calidad de funcionarios electorales.

Pronunciamiento que permita proponer a la honorable consideración de la Comisión Permanente este punto de Acuerdo.

Estamos hablando que de 11 millones, 4 millones han dicho “no” a su participación como funcionarios en las mesas de casilla.

Los capacitadores, esos 45 mil mexicanos que van y tocan puertas, que tratan de convencer y que los capacitan, han hecho un redoblado esfuerzo para lograr convencer.

Y desde aquí, desde esta tribuna, hago un llamado a los mexicanos y a las mexicanas que fueron sorteadas, a ciudadanos alejados de los partidos políticos, que en una obligación cívica, en un compromiso con México, participen un día de su vida en favor de nuestro país.

Las campañas que ha impulsado el INE invitan a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto.

Invitan a ejercerlo de manera libre, de manera secreta, pero también hay que focalizar las campañas para este segmento de la población que ya fueron sorteados y que hay que convencerlos de que lo que van a hacer es en beneficio de la democracia y del país, y es en beneficio de México.

Por eso, desde aquí hacemos el llamado y también para que el INE, en sus campañas de difusión, enfoque a este segmento de la población esas campañas para que puedan facilitar a los capacitadores, a estos 45 mil ciudadanos que están todos los días tratando de convencer y tratando de capacitar a los ciudadanos.

En términos generales, el Acuerdo va en el siguiente tenor:

La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta al Instituto Nacional Electoral, a emprender una campaña masiva e institucional de difusión y concientización a la ciudadanía sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla, en calidad de funcionarios electorales en los comicios a efectuarse el próximo 1º de julio.

Por su atención y apoyo a este punto de Acuerdo, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SEEXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), A EMPRENDER UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN LOS PRÓXIMOS COMICIOS NACIONALES, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las transiciones democráticas generan grandes expectativas en todo el mundo. En nuestro país no es la excepción.

Cada seis años, sobretodo en el marco de la elección presidencial, en México nos interesamos por la llegada de una oferta política que pueda generar avances significativos en el entorno del desarrollo nacional. Este año, con la celebración de una de las elecciones nacionales más importantes.

En julio próximo habremos de elegir al siguiente Presidente de la República y la renovación total del Congreso de la Unión, con la concurrencia de 30 elecciones locales, en las que en 9 de ellas se renovarán las gubernaturas, en 27 los congresos locales y en 26 los ayuntamientos.

Más no sólo el gran número de espacios de representación popular la hacen histórica, sino que, como la gran mayoría coincidimos, se trata de elegir entre propuestas radicalmente distintas, con visiones de país y desarrollo muy discrepantes.

Una jornada electoral que se augura intensa y en la cual, la participación ciudadana se hace imprescindible para efectuarla de la manera más ordenada, pacífica y transparente, con certeza y objetividad en su desarrollo y resultados.

Lo anterior, con motivo de que las jornadas electorales en realidad recaen sobre los propios mexicanos, ciudadanos que para este día son llamados para participar como funcionarios de casilla. Y es que es común, que cuando se habla de participación ciudadana, se relaciona con el derecho a votar y ser votado, sin embargo, una variante importantísima para la construcción de la confianza en las elecciones es la integración y participación de las mesas directivas de casillas.

Son los ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas quienes el día de las elecciones se encargan de la recepción, escrutiio y cómputo de los votos.

Sin embargo, como ya se dijo, pese a que esta elección es considerada como muy relevante e histórica, lamentablemente una porcentaje bastante considerable de mexicanos se niegan a participar como funcionarios de casilla.

De acuerdo con cifras de no hace mas de tres semanas del propio Instituto Nacional Electoral (INE), mas de 4 millones de ciudadanos estarían en este supuesto.

Ello, pese a que cada día mas de 45 mil capacitadores electorales salen cada día a las calles a tratar de animar a los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla, además de que se trata de un deber ciudadano.

Sin embargo, la renuencia se manifiesta y se reporta una gran negativa. Las causas alegadas van desde enfermedad, laborales, decepciones, apatía y hasta miedo.

Esto constituye una situación grave para la democracia, la certeza, imparcialidad y desarrollo mismo del proceso electoral.

El Sistema electoral mexicano está diseñado para que los ciudadanos ajenos a las autoridades y a los partidos políticos, sean los que reciben y cuentan los votos, con la finalidad de dotar de la mayor confianza e imparcialidad al proceso y sus resultados. Sin duda, una tarea ciudadana de vital trascendencia para la vida pública y democracia en nuestro país, por ello, necesario apoyar a la reflexión de los mexicanos sobre la trascendencia de esta responsabilidad y tomar conciencia de la necesidad de participación.

Es necesario buscar mayores alcances a los del loable y reconocible esfuerzo de los capacitadores, para de manera masiva llegar a la conciencia de los mexicanos y que se reflexione sobre tan importante actividad cívica.

Esto es, una campaña masiva e institucional sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla, en calidad de funcionarios electorales.

Pronunciamiento que me permitiría proponer a la honorable consideración de esta Comisión Permanente, al tenor de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE), a emprender una campaña masiva e institucional de difusión y concientización a la ciudadanía, sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla, en calidad de funcionarios electorales en los comicios a efectuarse el próximo primero de julio.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senador Casillas. Túrnese a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Jorge López Martín, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a los candidatos a la Presidencia de la República y a todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular a que sus discursos no contengan mensajes que generen violencia entre los sectores de la sociedad mexicana.

El Diputado Jorge López Martín: Con el permiso de la Mesa Directiva. Con su permiso, señor Presidente.

Los suscritos integrantes del grupo parlamentario del PAN en esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración a esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, por lo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los candidatos a la Presidencia de la República y en general a todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular a que sus respectivas campañas, no contengan mensajes que generen violencia entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones.

El 7 de mayo del 2018, el Consejo Coordinador Empresarial en conjunto con otros organismos empresariales, publicaron un desplegado denominado: “Trabajemos por México”.

El desplegado refirió los siguientes aspectos:

El país que todos queremos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la división; que reconozca el México diverso que somos, que esté dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono. Todos formamos parte de esta gran nación y es juntos como debemos de seguir contribuyéndola.

Añade el comunicado que no somos un puñado, ni somos cientos de miles de mujeres y hombres, empleadores en todos los rincones del país, que nos levantamos temprano, arriesgamos nuestro dinero, pagamos impuestos, generamos empleos y junto con millones de colaboradores ayudamos a sacar este país adelante.

Expresan literalmente los empresarios que creen en un México abierto al mundo, competitivo, próspero e incluyente.

En el PAN creemos firmemente que no se pueden poner en riesgo los empleos que la planta productiva nacional genera.

Los empleadores de nuestro país agregan en su comunicado: Que creen en la libertad como el cimiento fundamental de una sociedad democrática. En la libertad de expresión en la libertad de asociación, en la libertad para emprender, en la libertad para competir y sobre todo en la libertad para disentir y para pensar diferente”.

Señalan que nuestro país ha logrado avances importantes en las últimas décadas, pero aún tenemos muchos retos por delante. En particular, suscriben, reconocen que los problemas de inseguridad, pobreza y la falta de estado de derecho son los principales problemas que lastiman más a nuestra población.

Precisan que responsabilizar a las empresas de ser causantes de la mayoría de los males que aquejan al país es no entender la naturaleza del sector productivo, que arriesga y genera nueve de cada diez empleos y aporta ocho de cada diez pesos que se invierten en nuestro país.

Enfatizan que las empresas son parte de la solución, nunca las causantes del problema. La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida es a través de la inversión productiva y del empleo formal.

Señalan que lograr el país al que aspiramos sólo podrá hacerse realidad a través de un diálogo respetuoso en la diversidad, libre, en el que todos busquemos coincidencias en lo esencial. Siempre estaremos del lado de la ley y de la democracia. Precisan que están dispuestos a construir con los gobiernos legítimamente electos, y también a levantar la voz, señalar y disentir cuando sea necesario.

Finalmente expresan que todas las organizaciones firmantes hacen un llamado a tener un debate constructivo, abierto, a dialogar las diferencias, con evidencias y con argumentos de fondo, para que hagamos realidad el México al que todos tenemos derecho.

Los Senadores y Diputados del Partido Acción Nacional coincidimos con la visión del sector empresarial.

No compartimos las expresiones tendenciosas e intolerantes que pretenden señalar a las empresas como las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país. Consideramos que es temerario e irresponsable hacer este tipo de acusaciones.

Coincidimos, en que construir el país al que todos aspiramos, sólo puede concretarse a través del diálogo respetuoso en la diversidad libre y en el que todos busquemos coincidencias. Nosotros también siempre estaremos del lado de la democracia, porque en el PAN queremos cuidarte a ti, amiga y amigo ciudadano.

El encono y la rivalidad generada en el entorno electoral afecta de manera irreparable a las familias mexicanas.

En el PAN estamos en contra de los ataques a la sociedad.

Invitamos a los candidatos presidenciales a que rectifiquen su discurso y eviten ese tipo de expresiones.

Por lo antes expuesto, los suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Comisión Permanente, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los candidatos a la Presidencia de la República y en general a todos los candidatos a cualquier cargo de elección popular a que sus discursos y sus respectivas campañas, no contengan mensajes que generen violencia entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado López Martín.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Les recuerdo que para que se considere de urgente resolución no es mayoría simple, se requieren dos tercios de los presentes.

Lo volvemos a someter a votación económica, y si fuera el caso, lo someteremos a votación.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) ¿Incluyendo quienes se abstienen?

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: ¡Claro, cuentan! Aunque sean abstención. Vamos a repetir la votación económica, y si fuera necesario la haremos digital.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si lo consideran de urgente resolución.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes se abstengan.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Cuente los votos, por favor, señora Secretaria.

¿Se logró las dos terceras partes a favor?

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Primera Comisión. Gracias, señora Secretaria.






Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero a la liberación inmediata e incondicional de Gonzalo Molina González y de Samuel Ramírez Gálvez.

La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, señor Presidente.

A Gonzalo Molina González, se le otorgó el cargo de la Asamblea Ciudadana de su comunidad de promotor y vocero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, la CRAC-PC, de la Casa de Justicia de El Paraíso.

Estamos hablando de luchadores sociales indígenas que tienen como obligación el darle seguridad y paz a cada una de sus comunidades porque el gobierno no ha sido capaz de cumplir con su primera obligación, que es el proveerlos de seguridad.

Este luchador social comunitario con una trayectoria reconocida en su localidad, que es el municipio de Tixtla, Guerrero, desde hace varios años ha organizado a su comunidad para que luchen por el buen vivir de su población, sin olvidar la defensa de los recursos naturales en su territorio. Este es un reto constante, que se da día a día, tiene que realmente tomar en sí no la justicia, sino la defensa de cada uno de sus territorios, y lo ha convertido en un excelente promotor para la seguridad y la justicia de su comunidad; sin embargo, el 6 de noviembre de 2013, Gonzalo es detenido en un retén de la carretera federal de Chilpancingo-Chilapa y acusado de siete delitos federales por el gobierno perredista de Ángel Aguirre.

Durante más de cuatro años de injusto cautiverio, la salud del líder comunitario se ha visto mercada severamente, además de que a estas alturas ya no existen argumentos jurídicos para negarle la libertad, pues uno de los delitos imputados por el que se le acusa se ha demostrado en tribunales que fueron fabricados con mentiras, falsificaciones, dineros entregados o amenazas a los supuestos testigos.

A la fecha, al proceso de Gonzalo le falta librar dos causas.

Estamos hablando de la libertad de dos personas que están presas solamente por defender a sus comunidades. Creo que es absolutamente indispensable que realmente nos hagamos solidarios porque por lo que están luchando es por cada una y cada uno de nosotros, por el derecho a vivir en paz, por el derecho de realmente poder ejercer las libertades en sus comunidades, están luchando por sus tierras, por sus hijos, y solamente se les ha encarcelado porque están en disidencia franca con los grupos de poder que realmente manejan al estado.

Por eso estamos solicitando la intervención de ustedes, Senadores y Diputados, para que no se mantenga un día más en cautiverio a Gonzalo, porque jurídicamente se ha demostrado que nunca hubo, ni existe crimen que perseguir y sólo es un rehén político indígena en poder del Estado.

Por otra parte, el caso de Samuel Ramírez Gálvez, él, a los 18 años, recibió el nombramiento de Policía Comunitario por parte de su comunidad en Zitlatepec, en la montaña alta de Guerrero como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC-PC. Esto fue un gran reconocimiento por parte de su pueblo que vio en él la responsabilidad de brindarles seguridad.

El ayuntamiento le proporcionó un viejo rifle, a este Samuel, para que pudiera llevar a cabo sus actividades y sus funciones como comisionado de Cochoapa El Grande, pero es detenido injustificadamente y lo acusan de portar armas que solamente el Ejército puede portar, cuando tiene que portar esa arma para cumplir con la función que le dieron en la policía comunitaria.

Fue retenido y remitido al Cereso de Chilpancingo con el cargo de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y se le condenó a cuatro años y cien días.

Actualmente Samuel se encuentra purgando una pena impuesta por el gobierno de entonces, el gobernador Ángel Aguirre, quien es responsable, además, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A Samuel la autoridad le ha robado cuatro años de su vida purgando un delito que nunca cometió. Él se encuentra en espera de su libertad absolutoria después de interponer una apelación, ya que hubiera salido en libertad bajo caución hace un par de meses, pero ha preferido quedarse en cautiverio para lograr su libertad absoluta.

Su acusación es del 2013 y se encuentra en el Juzgado Séptimo de Distrito en la sede de Chilpancingo, Guerrero.

En conclusión, con base a lo señalado, es nulo de pleno derecho la Criminalización, persecución y hostigamiento que instrumenta y opera el gobierno del estado de Guerrero en contra de los pueblos originarios y transgrede el respeto al derecho a su libre determinación y autonomía, tal cual lo sanciona el mandato constitucional.

En las condiciones del caso sí es grave que la autoridad mantenga un delincuente en las calles, es mucho más grave que tenga a los inocentes privados de su libertad, como es el caso de los policías comunitarios Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía un punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, para quedar como sigue:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Guerrero, a fin de que excite los órganos de justicia para la liberación inmediata e incondicional de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, dentro de las causas penales que se citaron.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, Y 78 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8.1 FRACCIÓN II, 108 1, Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; RESPETUOSAMENTE EXPONGO ANTE ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE EN PLENO RESPESTO A LA DIVISIÓN DE PODER Y AL ORDEN FEDERAL, EXHORTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, A FIN DE QUE EXCITE LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA PARA LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL DE  GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, y SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES

GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, se le otorgó el cargo en Asamblea Ciudadana de su comunidad de promotor y vocero de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC-PC de la Casa de Justicia del Paraíso.

Luchador social indígena y líder comunitario con una trayectoria reconocida en su localidad del municipio de Tixtla Guerrero desde hace varios años. GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, ha organizado a su comunidad para que luchen por el buen vivir en su población, sin olvidar la defensa de los recursos naturales en su territorio. Este reto constante, lo convirtió en un excelente promotor por la seguridad y la justicia de su comunidad.

Sin embargo, el 06/11/2013 GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, es detenido en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa y acusado de siete delitos federales por el gobierno perredista de Ángel Aguirre.

Durante más de cuatro años de injusto cautiverio la salud del líder comunitario se ha visto mermada severamente. Además de que a estas alturas ya no existen argumentos jurídicos para negarle la libertad pues uno a uno de los delitos imputados, por los que se le acusa se ha demostrado en tribunales que fueron fabricados con mentiras, falsificaciones, dineros entregados o amenazas a los supuestos testigos.

A la fecha el proceso de GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, le falta por liberar dos causas penales para entrar al periodo de cierre de conclusiones. La causa 59/2013 que se encuentra en el Juzgado Federal Séptimo de Distrito Judicial con sede en Chilpancingo Guerrero y la causa 59/2013 hoy la 47/2017, radicada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia también con sede en Chilpancingo, Guerrero. Estas resoluciones también serán favorables porque los testigos de igual manera que en las anteriores causas se han desistido de esas acusaciones. Desafortunadamente los tiempos y las formas legales lo obligan a continuar en prisión.

Es por ello que solicitamos la intervención de Ustedes Senadores de la República, para que  no se mantenga un día más en cautiverio a GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, porque jurídicamente se ha demostrado que nunca hubo, ni existe crimen que perseguir y sólo es un rehén político indígena en poder del Estado.

Por otra parte, en el mismo sentido se encuentra el caso de SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, él con tan sólo 18 de edad, recibió el nombramiento de Policía Comunitario por parte de su comunidad Zitlatepec en la montaña alta de Guerrero por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias  de la CRAC-PC. Esto fue un gran reconocimiento por parte de su pueblo que vio en él la responsabilidad para brindarles seguridad.

El Ayuntamiento en asamblea le proporciona un viejo rifle de caza para realizar sus funciones. Al poco tiempo de su nombramiento, SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, es comisionado en un operativo en Cochoapa el Grande con el objeto de detener a unos delincuentes. Irónicamente, el joven SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, es detenido por la Policía Estatal y el Ejército junto con otros compañeros comunitarios.

El 06/10/2013 es consignado y remitido al Ceroso de Chilpancingo con el cargo de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y condenado a cuatro años y cien días. Actualmente SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, se encuentra purgando una pena  impuesta por el gobierno del entonces gobernador Ángel Aguirre, quien es responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, le han robado años y cuatro meses de su vida purgando un delito que nunca cometió. Él se encuentra en espera de su libertad absolutoria después de interponer una Apelación, pues hubiera salido en libertad bajo caución hace un par de meses pero prefirió estar en cautiverio para lograr su LIBERTAD ABSOLUTORIA. Su causa es la 61,2013 y se encuentra en el juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero.

La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria CRAC-PC. Es un sistema alternativo y democrático de seguridad y Justicia basado en la legalidad y legitimidad de la autonomía de los pueblos originarios que nace siglos atrás. La Policía Comunitaria interviene de manera regulada y especifica en aquellos territorios autonómicos de usos y costumbres indígenas que presentan contextos vulnerables.

Sus derechos a una organización autonómica están plasmados en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Culturas de las Comunidades y Pueblos del Estado de Guerrero, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y varias convenciones y tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte y son Ley Suprema de toda la Unión (artículo 133 constitucional).

Tanto GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, como SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ, son presos políticos por defender a su comunidad.

CONCLUSIÓN

En base a lo señalado, es nulo de pleno derecho la criminalización, persecución y hostigamiento que instrumenta y opera el gobierno del estado de Guerrero en contra de los pueblos originarios y transgrede el respeto al derecho a su libre determinación y autonomía, tal cual lo sanciona el mandato constitucional.

En las circunstancias del caso “Si es grave que la autoridad mantenga a un delincuente en las calles, es mucho más grave que tenga a inocentes privados de su libertad”. Como es el caso de los policías comunitarios: GONZALO MOLINA GONZÁLEZ, y SAMUEL RAMÍREZ GÁLVEZ.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, para quedar como sigue:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del Estado de Guerrero, a fin de que excite los órganos de justicia para la liberación inmediata e incondicional de Gonzalo Molina González, y Samuel Ramírez Gálvez, dentro de las causas penales que se citan.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Senadora Ojesto.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Le ruego, señora Secretaria, que cuente los votos en un sentido y en otro.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto anterior se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Primera Comisión.






Tiene el uso de la tribuna el compañero Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a verificar la legalidad de los contratos celebrados entre la empresa LavaTap y la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el actual sexenio.

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

Uno de los temas a los que más se recurre en el discurso de los candidatos a la Presidencia de la República durante la presente campaña electoral, es el de la corrupción, vinculado con la opacidad y la impunidad, que se reproduce en todos los niveles de la administración pública del país, a pesar de que se han implementado diversas medidas institucionales para investigar y sancionar a los responsables de actos de esta naturaleza, esto ha resultado ineficaz porque, entre otras cosas, han quedado incompletos, sobre todo en el ámbito del gobierno federal, porque se sigue actuando de manera contraria al discurso que se pregona en las campañas.

Prueba de ello, de que se actuó con un doble discurso, es lo que revela la investigación periodística reciente del portal de noticias “Sin Embargo”, que dio a conocer sobre el ejercicio del gasto público de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los tiempos en que su titular era José Antonio Meade, específicamente sobre el gasto en el rubro de mantenimiento.

En esta investigación se detectaron un flujo de gastos para diferentes empresas outsourcing de 168 millones 692 mil 789 pesos, que no han sido aclarados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad que se utilizó, supuestamente, para darle mantenimiento a sus inmuebles en la Ciudad de México, en la Zona Metropolitana y delegaciones foráneas contratando a la empresa Lava Tap.

Esta información fue reservada y protegida por el mismo Meade como titular de la Secretaría y después por quien lo sustituyó, la ciudadana Claudia Ruiz Massieu, hasta el año 2021.

El argumento especificado en el índice de expediente reservado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que el convenio con Lava Tap contiene información sobre el acceso a las instalaciones estratégicas de la dependencia y debe evitarse su divulgación para no poner en riesgo los inmuebles, a los servidores públicos y tampoco a terceros.

De no ser así, dicen, las personas externas pudiesen obtener información confidencial, lo que vulneraría la seguridad nacional. se trata de un monto importante que solamente fue superado por el seguro de gastos médicos, indispensable, desde luego, para el personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito a la Secretaría, que fue de 293 millones 161 mil pesos.

Tomando en cuenta que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 4 y la ley federal respectiva en la materia especifican que: “Solamente podrán ser clasificados excepcionalmente como reservada temporalmente la información pública en posesión de los sujetos obligados por razones de interés público y seguridad nacional y de la información solicitada a este respecto, se colige claramente que para este caso no se actualizan las excepciones antes expresadas”.

El grupo parlamentario del PRD, los grupos parlamentarios representados en la Permanente, consideramos de interés público que se aclaren y transparenten las condiciones jurídicas en las que se dio esta contratación por parte de la Secretaría en comento y que se de a conocer a los ciudadanos esta información, ya que les asiste, nos asiste el derecho de acceso a la misma en este caso.

Por ello, presentamos este punto de Acuerdo, para que la Secretaria de la Función Pública verifique la legalidad de los contratos celebrados entre la empresa Lava Tap y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el actual sexenio y que ésta emita una versión pública de los contratos e igualmente se solicite al Inai que emita una opinión sobre los criterios de transparencia y publicidad aplicados para reservarlos.

No quiero terminar esta intervención, sin expresar que al final de cuentas todos estos temas colindan con asuntos que han quedado pendientes de resolver en el Poder Legislativo, como son los de la autonomía y nombramiento de la Fiscalía General de la República, así como de la Fiscalía Anticorrupción y lo que tiene que ver con el de la eliminación del fuero constitucional y que para en su momento, por cierto, con esto de lo del fuero se adornaron mucho llamando la “Ley Meade”, que ya había salido, etcétera, pero aquí en el Senado, con todo respeto lo digo, simplemente se detuvo y no salió adelante.

Por ello también, adicionalmente a lo anterior, los grupos parlamentarios del PRD, representados en la Permanente, manifestamos nuestra plena disposición para que podamos caminar en construir los acuerdos que puedan llevarnos a tener un período extraordinario sobre estos temas tan importante y que son fundamentales para el país.

Hacemos un exhorto al conjunto de los grupos parlamentarios aquí representados, a efecto de que puedan considerar la pertinencia de este llamamiento.

Por su atención, mucha gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo



El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Zambrano Grijalva.

¿No lo solicitó de urgente resolución, verdad?

El Diputado Jesús Zambrano Grijalva: No quiero que me lo voten en contra.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: La propuesta del Diputado Zambrano, del precavido Diputado Zambrano, túrnese a la Primera Comisión.






Tiene la palabra nuestra compañera Diputada Alicia Barrientos Pantoja, para presentar a nombre propio y del Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario de Morena, un punto de Acuerdo para crear un grupo de trabajo plural de legisladores para darle seguimiento al proceso electoral 2017-2018.

La Diputada Alicia Barrientos Pantoja: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Entramos al último receso de esta Legislatura en medio de una contienda electoral sin precedentes.

Si bien no estamos en actividad legislativa plena, es obligación de esta Comisión Permanente actuar como punto de equilibrio en beneficio de la ciudadanía, por lo tanto el objetivo de la Comisión de Seguimiento, que se propone, es contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales promoviendo la integridad, imparcialidad, transparencia y confiabilidad para asegurar la realización de elecciones limpias y auténticas, un principio señalado en nuestra Constitución.

Por supuesto, no pretendemos que la comisión legislativa invada o sustituya a la autoridad electoral en sus funciones constitucionales.

Vivimos en un país herido por el escepticismo, la sociedad ansía certidumbre y está deseosa de creer en un proceso electoral que nos lleve a alcanzar un cambio que nos beneficie a todos, por ello, ayudar es la tarea primordial, suscitar la confianza, contribuir a la certeza jurídica antes que llegar a la denuncia irritada de sus males.

Los comicios presidenciales de los últimos 18 años nos han dejado un mal sabor de boca, estamos convencidos de la transición pacífica sustentada en la confianza y en la participación conjunta de este gobierno, sociedad y actores políticos, pero la desilusión colectiva tiene buenas razones, viene de la historia inmediata, de las oportunidades perdidas en estos años de grandes esperanzas y pobres resultados.

La esperanza se mantiene porque la reacción solidaria de millones de mexicanos ante la adversidad se pone de manifiesto en situaciones complejas, como las elecciones que se avecinan a la tragedia de los sismos de septiembre.

Que en medio del desencanto hay en la colectividad una reserva enorme de solidaridad y fortaleza pública.

En 2018 se celebrarán las cuartas elecciones presidenciales democráticas de este siglo.

Se cumplirán también 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968, eventualidad que para muchos es el principio del cambio de la sensibilidad social y la legítima política que llevó a México a la alternativa democrática cristalizada a partir del año 2000.

En este medio siglo México ha soñado de más y conseguido menos.

Hemos intentado las fórmulas probadas en otros países para convertirnos en un país moderno, pero las fórmulas han sido insuficientes, una revolución de terciopelo, hecha de reformas graduales y transiciones pactadas, convirtió la agotada hegemonía priista y la prometedora primavera democrática, en el umbral de un Estado fallido.

Hemos descubierto poco a poco que la nuestra era una democracia sin demócratas, del fondo de nuestras costumbres políticas más que de las leyes vigentes, emergió paso a paso una partidocracia rentista cuya especialidad fue gastar crecientes cantidades de dinero público legal, y de dinero oculto ilegal, en elecciones que cuestan cada vez más e inducen cada día a mayores desvíos de recursos públicos, mayor incredulidad ciudadana y mayores cuotas de corrupción en los gobernantes.

Por ello se hace necesaria la integración de la comisión que se propone. Es nuestro deber coadyuvar con las instituciones para garantizar respeto absoluto al derecho a la representación política a través del sufragio.

Este 1 de julio elegiremos Presidente de la República; 9 gubernaturas; un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados locales y federales.

Según el Instituto Nacional Electoral hay 18 mil 311 puestos públicos en disputa, primera vez que se eligen tantos en un solo proceso con una lista nominal de 89 millones de electores.

Por lo anteriormente expuesto es deber de esta Comisión Permanente conformar la comisión en los términos que se propone.

Pido a las y los legisladores consideren nuestra propuesta y su voto a favor para su integración.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

ALICIA BARRIENTOS PANTOJA Y JUAN ROMERO TENORIO, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos ante esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 40 que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Así mismo el artículo 41 de la Carta Magna indica que

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”

En este orden de ideas es necesario señalar que el primero de julio de 2018 alrededor de 88 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para renovar la Presidencia de la República, el Congreso Federal, junto con 30 procesos electorales locales para definir cientos de presidentes municipales y legisladores locales, así como nueve gobernadores, la Jefatura de Gobierno, alcaldías y concejales en la Ciudad de México. En total, en estos comicios se elegirán tres mil 46 cargos de elección popular. 

Para ello será necesario seleccionar y capacitar a poco menos de un millón y medio de funcionarios de mesas directivas casilla deberán instalar las 156 mil 99 casillas que funcionaran el día de la jornada electoral.

Adicionalmente, la autoridad electoral deberá revisar más de 140 mil informes de recursos de los partidos políticos para ser fiscalizados y se espera que alrededor de 50 mil juicios ante los órganos de justicia en materia electoral.

II. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, en la cual quedó establecido, entre otras cosas, el cambio de denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral y sus atribuciones.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, se aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

El artículo 4, párrafo 2 de la LGIPE señala que las autoridades federales estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de referencia.

Por su parte el artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

Por su parte la LGIPE, en su artículo 82, párrafo 2; establece que en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

En el Artículo 215, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones referido, señala que en los convenios generales de coordinación y colaboración que suscriba el Instituto Nacional Electoral con los Organismos Públicos Locales se establecerán los mecanismos de colaboración. 

El Artículo 219, párrafo 1, del mismo Reglamento establece que a más tardar el mes que dé más tardar, en el mes en que dé inicio el Proceso Electoral, la autoridad administrativa electoral competente, aprobará y hará pública una convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en conocer el desarrollo del proceso, para que quienes lo deseen, gestionen oportunamente su acreditación como visitante extranjero.

III. Que el 17 de mayo de 2017, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, sometió a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017, el cual en su punto central señalaba:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante al Segundo Receso del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del Año 2017.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante al Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento al proceso electoral federal 2017-2018 y concurrente de las entidades federativas en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán para la elección Jefe de Gobierno y de Gobernadores, así como en los 30 procesos electorales locales para definir presidentes municipales y legisladores locales.

SEGUNDO. El grupo plural estará conformado por trece integrantes, dos del PRI, dos del PAN, dos del PRD, dos del PT y un integrante por cada uno de los grupos parlamentarios restantes. Todas las decisiones del grupo se tomarán por consenso, o en su caso, mediante el sistema de voto ponderado según su representación en la Comisión Permanente.

TERCERO. Las actividades de la Comisión se circunscribirán a la observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales locales, con pleno respeto de la soberanía de las entidades federativas y las responsabilidades y atribuciones de las autoridades electorales para la organización y desahogo de sus procesos comiciales.

CUARTO. La Presidencia de la Comisión será decidida por consenso de los grupos parlamentarios.

La Comisión se reunirá semanalmente, previa convocatoria que emita el Presidente.

El Presidente expresará la pluralidad interna, por lo que sus informes y manifestaciones deberán ceñirse estrictamente a los acuerdos tomados al seno de la Comisión.

QUINTO. La Comisión estará vigente hasta la realización de las elecciones.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Alicia Barrientos Pantoja.- Dip. Juan Romero Tenorio.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Alicia Barrientos.

No la escuché que haya solicitado que fuera de urgente resolución, ¿no lo solicitó?, sí lo solicitó en la tribuna.

Tal como lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Y de nuevo le ruego tenga a bien contar los votos.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

¿Alguna abstención?

Señor Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Túrnese a la Primera Comisión.






Para finalizar esta primera ronda de propuestas con punto de Acuerdo, tiene la palabra el ciudadano Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a instrumentar campañas informativas referentes al desabasto de vacunas, así como de las fechas probables de provisión de dichas vacunas.

El Diputado Abel Cruz Hernández: Con la venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que instrumente campañas informativas referentes al desabasto de vacunas, así como a las fechas probables de provisión.

Compañeros legisladores: Es un hecho comprobado que las vacunas salvan vidas, que previenen enfermedades, complicaciones y muertes; no obstante, recientes brotes de enfermedades prevenibles con vacunación en el mundo, como sarampión en Europa, y fiebre amarilla en Brasil, se han vuelto una verdadera pesadilla así como brotes en nuestro país de hepatitis A, han obligado a que las autoridades de salud tomen acciones inmediatas como aplicación masiva de vacunas para tratar de contenerlos.

Estos brotes nos hacen reflexionar nuevamente sobre la importancia de la vacunación y reafirmarla como la mejor de las estrategias para prevenir enfermedades, posibles complicaciones e incluso evitar muertes.

En México, gracias a programas de vacunación que se llevan a cabo desde 1926, se ha logrado erradicar y controlar enfermedades.

Sin embargo, es indispensable reforzar el conocimiento y mantener las coberturas de vacunación adecuadas aplicando las inmunizaciones a la población.

Es de suma importancia que todas las personas, sin importar la edad, se apliquen las vacunas correspondientes, ya que las vacunas aplicadas en la infancia no son para toda la vida.

Algunas disminuyen su inmunidad con el tiempo, por lo que deben ser reforzadas en alguna etapa de la vida, como es el caso de la vacuna de la difteria, tosferina y tétanos que se debe de aplicar un refuerzo cada 10 años.

Cuando la mayor parte de una comunidad está vacunada contra una enfermedad infecciosa es menos probable que pueda haber un brote o epidemia, ya que un alto porcentaje de esa población se encuentra protegida.

Desafortunadamente, en la actualidad, las bajas coberturas de vacunación y la subutilización de algunas vacunas están provocando brotes de enfermedades prevenibles, algunas de las cuales ya estaban totalmente controladas.

La falta de prevención provoca, además del deterioro de la salud y de la calidad de vida por las enfermedades infecciosas, el pago de medicamentos y de servicios médicos, las ausencias laborales o escolares, así como el cuidado del enfermo.

Estos factores se ven reflejados en la economía familiar, en la comunitaria y en todo el país.

Estar vacunado es la mejor protección contra muchas enfermedades graves y el mejor aliado para nuestra economía.

Nuestro país atraviesa por una crisis de salud verdaderamente crítica, ojalá pongamos la atención necesaria.

Es necesario que en México sigamos comprometidos con incrementar el acceso a las vacunas a través de políticas de largo alcance y de programas y alianzas que permitan reducir la brecha de accesibilidad y disponibilidad de vacunas que en la actualidad no tenemos, además, no debemos olvidar que nuestro país se comprometió en el Plan de Acción Global sobre Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, para que en la Cartilla Nacional de Vacunación estén incluidas al menos, 25 vacunas que previenen 25 enfermedades infecciosas al término del año 2021.

Por el contrario, en los dos últimos años, en el país ha existido un desabasto de vacunas, la semana pasada salieron informaciones sobre esto, para combatir sarampión, hepatitis, influenza tipo B, por la supuesta falta de producción internacional de estos medicamentos.

En este sentido, algunas autoridades del sector salud han admitido que existen dificultades para acceder a la vacuna pentavalente que incluye la protección contra influenza tipo B y hepatitis B, además de la vacuna que protege contra el sarampión en niños como parte del Esquema Nacional de Vacunación.

A nivel mundial se vive una alerta sanitaria por el aumento de casos de sarampión, atribuidos al movimiento antivacunas. Enfermedades como el sarampión, difteria, tosferina y tétanos, han retornado y se observa que hay alrededor, solamente en Europa, de 17 mil casos cuando se creía que estaban totalmente erradicados.

En tal virtud, e independientemente de un posible desabasto a nivel internacional, la atención a la salud de las familias no debe admitir ineficiencias ni sospechas de corrupción.

Por lo anterior, Encuentro Social hace un llamado a la Secretaría de Salud para que instrumente campañas informativas, referentes al desabasto de vacunas, así como de las fechas probables de provisión.

Asimismo, es necesario diseñar una campaña en contra de las noticias falsas que ponen en duda la confiabilidad de las vacunas y así evitan que la gente se vacune, ya que prevenir saldrá más barato que cargar gastos que las enfermedades derivadas por la falta de vacunas que, desgraciadamente, estamos padeciendo en nuestro país, a pesar de las cuantiosas inversiones que se hicieron desde hace 10 años.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo

El Diputado ABEL CRUZ HERNÁNDEZ a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es un hecho comprobado que las vacunas salvan vidas, por que previenen enfermedades, complicaciones y muertes. No obstante, recientes brotes de enfermedades prevenibles con vacunación en el mundo como Sarampión en Europa y Fiebre amarilla en Brasil, así como brotes en nuestro país de Hepatitis A, han obligado a que las autoridades de salud tomen acciones inmediatas, como la aplicación masiva de vacunas, para tratar de contenerlos.

Estos brotes nos hacen reflexionar nuevamente sobre la importancia de la vacunación y reafirmarla como la mejor estrategia para prevenir enfermedades, posibles complicaciones e incluso evitar muertes.

En México gracias al programa de vacunación que se lleva a cabo desde 1926, se ha logrado erradicar y controlar enfermedades, como el caso de la viruela, eliminada en 1951; sin embargo es indispensable reforzar el conocimiento y mantener las coberturas de vacunación adecuadas, aplicando las inmunizaciones a la población, informando sobre las situaciones reales que están pasando dentro y fuera del país, evitando el desabasto de vacunas, incluyendo nuevas vacunas en los esquemas nacionales de vacunación y sobre todo llevando las vacunas a todas las personas, para que todos tengan las mismas oportunidades de no enfermar.

Es de suma importancia que todas las personas sin importar la edad se apliquen las vacunas correspondientes, ya que las vacunas aplicadas en la infancia no son para toda la vida, algunas disminuyen su inmunidad con el tiempo, por lo que deben ser reforzadas en alguna etapa de la vida, como es el caso de la vacuna de difteria, tosferina y tétanos que se debe aplicar un refuerzo cada 10 años.

Hay vacunas que no se aplican en la infancia, pero se debe hacer en los adolescentes, adultos y/o adultos mayores, como es el caso de papiloma, herpes zóster, entre otras, porque en ciertas edades o condiciones de salud podemos ser más susceptibles a algunas enfermedades e infecciones.

Asimismo, hay vacunas que no existían cuando muchos adultos fuimos niños, se han desarrollado nuevas vacunas para la prevención de enfermedades que hasta hace poco eran consideradas no prevenibles mediante vacunas, como es el caso del cáncer cervicouterino, meningococo, herpes zóster y otras.

Cuando la mayor parte de una comunidad está vacunada contra una enfermedad infecciosa, es menos probable que pueda haber un brote o epidemia, ya que un alto porcentaje de esa población se encuentra protegida. 

Desafortunadamente, en la actualidad las bajas coberturas de vacunación y la subutilización de algunas vacunas están provocando brotes de enfermedades prevenibles, algunas de las cuales ya estaban previamente controladas.

La falta de prevención provoca, además del deterioro de la salud y de la calidad de vida por las enfermedades infecciosas; el pago de medicamentos y servicios médicos, las ausencias laborales o escolares (en el caso de influenza, se estiman por lo menos 4.o 5 días en la recuperación de la persona enferma), así como el cuidado del enfermo; estos factores se ven reflejados en la economía familiar, comunitaria y del país. Estar vacunado es la mejor protección contra muchas enfermedades graves y el mejor aliado para la economía.

Como ejemplo de costo-beneficio de las vacunas, podemos subrayar que son una de las inversiones en salud más exitosas de la historia. Tan sólo, la erradicación mundial de la viruela, costó 100 millones de dólares a lo largo de 10 años hasta 1977, lo que ha permitido ahorrar 1,300 millones de dólares al año, sólo en costos de tratamiento y prevención.

Es necesario, que en México sigamos comprometidos en incrementar el acceso a las vacunas a través de políticas de largo alcance, y de programas y alianzas que permitan reducir la brecha de accesibilidad y disponibilidad de vacunas.

Si bien es cierto, que recientemente se han hecho reformas a la Ley en materia de Salud, protegiendo la inversión en vacunas; no debemos olvidar que nuestro país se comprometió en el Plan de Acción Global de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que en la Cartilla Nacional de Vacunación estén incluidas al menos 25 vacunas que previenen 25 enfermedades infecciosas al término del 2021.

Pero por el contrario, en los últimos dos años, en el país ha existido desabasto de vacunas para combatir sarampión, hepatitis B e influenza tipo B, por la supuesta falta de producción internacional de estos medicamentos.

En este sentido, algunas autoridades del Sector Salud, han admitido que existe dificultad para acceder a la vacuna pentavalente, que incluye la protección contra influenza tipo b y hepatitis B, además de la vacuna que protege contra el sarampión, en niños como parte del esquema nacional de vacunación.

Se ha enfatizado, que este es un problema internacional y que la Secretaría de Salud tomó medidas acertadas hace dos años aplicando una dosis extra de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión a los niños, por la cual no ha habido mayores casos de contagios de sarampión, ante la alerta sanitaria que vive Europa Central.

Sin embargo, en el sistema público, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron en redes sociales el desabasto de vacunas para sarampión y hepatitis B.
A nivel mundial se vive una alerta sanitaria por el aumento de casos de sarampión atribuidos al movimiento antivacunas, enfermedades como el sarampión, difteria, tosferina y tétanos han rebotado y se observa que hay alrededor de 17 mil casos.

Especialistas en salud han alertado durante los últimos meses sobre el desabasto de vacunas pentavalentes en el sector salud; a pesar de una inversión de 3,000 millones de pesos en este rubro. De octubre a la primera semana de febrero, la Dirección General de Epidemiología reportó 2666 casos positivos de influenza. 50% de estos pacientes se localizaron en la Ciudad de México, Querétaro, Coahuila, Tlaxcala y Estado de México.

En tal virtud, e independientemente de un posible desabasto a nivel internacional, la atención a la salud de las familias no debe admitir ineficiencias ni sospechas de corrupción.

Por todo lo anterior, Encuentro Social hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Salud para que se coordinen y de ser necesario amplíen el presupuesto para la adquisición de vacunas.

Asimismo, es necesario diseñar una campaña en contra de las noticias falsas que ponen en duda la confiabilidad de las vacunas y así evitan que la gente se vacune, ya que prevenir saldrá más barato que pagar los gastos de las enfermedades derivadas de la falta de vacunas.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que instrumente campañas informativas referentes al desabasto de vacunas, así como de las fechas probables de provisión.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente campañas de información sobre la importancia de la vacunación, así como a diseñar una estrategia de información en contra de las noticias falsas, que ponen en duda la confiabilidad de las vacunas y evitan que la gente se vacune.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. Abel Cruz Hernández.- Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco.

El Presidente Senador Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputado Abel Cruz. Se turna su punto de Acuerdo a la Segunda Comisión.

Hemos agotado los puntos de Acuerdo de la primera ronda. En la segunda ronda solamente hay dos propuestas con puntos de Acuerdo, y finalmente una tercera para concluir el capítulo de propuestas con punto de Acuerdo.






Tiene la palabra la Diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo sobre las tarifas eléctricas.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Mesa y de los compañeros legisladores.

Sinaloa representa el 1.93 por ciento del territorio nacional, su población es de 2 millones 966 mil, por estos días, seguro ya rebasamos los tres millones de habitantes, constituimos el 2.5 de población total del país distribuida en 73 por ciento de población urbana y 27 rural.

El 48 por ciento del estado presenta clima cálido, subhúmedo, localizado en una franja noroeste sur que abarca desde el municipio de Choix hasta los límites con Nayarit.

El 47 por ciento es clima seco y semiseco, presentes en una franja que va desde el municipio Del Fuerte hasta el municipio de Mazatlán, el 10 por ciento es extremadamente seco y se localiza en la zona de Los Mochis o en Ahome.

El restante 2 por ciento es clima templado subhúmedo, la temperatura media anual del estado es superior a los 25 grados centígrados, las temperaturas mínimas promedio, las escasa temperaturas mínimas que se presentan son alrededor del 10.5º centígrados y son en el mes de enero, las máximas promedio son muy superiores a los 36 grados centígrados en promedio estatal, pero cada año se rompen los referentes anteriores y cada año tenemos nuevos récords en altas temperaturas que van desde el mes de mayo, ahora mismo, en Culiacán, andamos cercanos a los 40 grados centígrados y hacia el norte, superior a ellos.

Considerando estos elementos, el tema de la energía eléctrica se convierte en un insumo fundamental para la producción y para la sobrevivencia en Sinaloa por las condiciones climatológicas propias de la entidad.

Consecuentemente, las tarifas eléctricas juegan un papel importantísimo para la ciudadanía.

La distribución de usuarios ante la Comisión Federal de Electricidad presenta un mayor porcentaje en el sector doméstico, es decir, de las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad, el 90.4 por ciento es de tarifa doméstica.

Atendiendo a lo anterior, el cambio de las tarifas para dicho sector, que es el cliente más importante de la Comisión Federal de Electricidad, es un tema indispensable a tratar, pues la refrigeración de los hogares es indispensable, es condición de vida, dada esas altas temperaturas.

Inexplicablemente en Sinaloa, sólo la mitad de los usuarios del sector doméstico tienen el beneficio de la tarifa F, que son 415 mil 375 clientes, les llama la Comisión Federal, de un total de 879 mil 822 usuarios de energía eléctrica.

En este contexto, para determinar la tarifa aplicable, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, es la encargada de realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales en todo el país, y es quien emite los reportes de los cuales se sirve la Comisión Federal de Electricidad para a su vez emitir las recomendaciones de tarifas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo ésta última quien autorice en definitiva la aplicación de dichas tarifas.

El problema es que Conagua realice el monitoreo de las temperaturas, sí las 24 horas del día, sí los 365 días del año, pero sólo las hace en centros de monitoreo exteriores a las ciudades, exteriores a los centros urbanos, cerca siempre de un cuerpo de agua, en Sinaloa, en los vasos de las presas, que las presas son más altas que los centros poblados y desde luego, por el acopio de agua, más frescas.

Por lo tanto, las temperaturas mínimas promedio que reportan en verano son muy menores a la realidad, distintas a las que se registran en el estado, llamadas las islas de calor, o sea, los centros urbanos.

En el verano se obtiene un promedio que está muy por encima de los 33 grados centígrados, esa es la temperatura mínima promedio que precisamente se requiere para solicitar el cambio de la tarifa ante la Comisión Federal de Electricidad, el organismo que solicita los promedios de temperatura para tal efecto.

Es así como la Comisión Federal de Electricidad establece en cada localidad y debe tener un monitoreo durante los tres años, de los últimos cinco, que es como se toma el dato de la temperatura mínima promedio de 33 grados para tener la temperatura 1F, siempre y cuando ese promedio se presente durante dos meses seguidos en el verano.

El Acuerdo 123/2017, denominado Acuerdo por el que se Autorizan las Tarifas Finales de Energía Eléctrica del Suministro Básico a Usuarios Domésticos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2017, ha establecido las tarifas para el cobro de energía eléctrica en todo el país.

Y en la parte que se refiere a la tarifa 1F, servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano, requiere de 33 grados para hogares que se destinen o para los casos en que se destine la energía exclusivamente para el uso doméstico.

Por su parte, para considerar que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, se toma en cuenta cuando alcanza el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se dispone la información.

Considerando que Sinaloa, de conformidad con los datos del Sistema de Información Hidroclimatológica de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, Conagua, la máxima promedio de enero a mayo del 2017 inició con 28.9 grados; en enero 30.6, en febrero; y en marzo es donde empieza a dispararse 34.1, 34.4 y 35 grados promedio en el mes de mayo del 17.

Se hace necesaria la modificación de los esquemas, primero para el cálculo de las tarifas eléctricas en la entidad, pues como se ha venido haciendo en el estado y tomando las temperaturas en los vasos de las presas, es irreal esa referencia.

Concluyo.

Por esta razón el gobierno estatal otorga subsidios de verano de 6 a 8 meses a la población para hacer frente a las altas temperaturas que imperan en la región, circunstancia que coloca a las finanzas estatales en una posición complicada para hacer frente a las necesidades del estado.

Por lo tanto, propongo como punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales en el estado de Sinaloa al interior de los centros urbanos, y no al exterior o cerca de los cuerpos de agua, como lo ha venido realizando, a fin de que dichas mediciones reflejen la realidad de las temperaturas de la región.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a emitir nuevas recomendaciones de tarifas eléctricas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de las nuevas mediciones que se realicen por la Comisión Nacional del Agua en el estado de Sinaloa.

Y tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que aplique la tarifa 1F en todo el estado de Sinaloa, derivada de las nuevas mediciones de la Comisión Nacional del Agua y de las recomendaciones de tarifa eléctrica que realice la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que los costos reflejen las temperaturas reales de la entidad y las condiciones socioeconómicas, se contribuya con el desarrollo de Sinaloa.

Sinaloa si no tuviera los climas que tiene, fuera el paraíso.

Todos los legisladores del PRI, sinaloenses, apoyan este punto de Acuerdo y espero que el resto de los legisladores me hagan el favor de suscribirlo en su momento.

Proposición con punto de Acuerdo



La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) ¿Me permite una pregunta a la Diputada?

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: A ver, discúlpeme, Senadora De la Peña, es un punto de Acuerdo, no está sujeto a discusión.

Ya lo presentó y se turna la propuesta de la señora Diputada Tamayo. Gracias, Diputada Tamayo.

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Pero, ¿quiere suscribir?

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Se turna a la Tercera Comisión.

¿Quiere usted suscribir la propuesta?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Nada más si me permite suscribirme la señora Diputada.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Adelante, Senadora de la Peña. También todos los que estén de acuerdo con la solicitud.






Continuando con el Orden del Día, en el apartado de puntos de Acuerdo, tiene la palabra nuestra compañera Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, para presentar a nombre del Diputado Juan Luis de Anda Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de Acuerdo que exhorta a reforzar las acciones de inspección y vigilancia de las normas oficiales mexicanas sobre plaguicidas.

La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes:   Gracias, señor Presidente. Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores.

El día de hoy presentamos esta proposición con punto de Acuerdo para abordar un problema que en México ya es alarmante y sobre el que hay que poner mucha atención para evitar riesgos a la salud de las personas, me refiero al uso indiscriminado y no controlado de plaguicidas en el campo mexicano.

Los plaguicidas son sustancias o mezclas de éstas que se usan con la intención de mitigar, reducir o eliminar el impacto de las plagas en la producción agropecuaria y en la salud de los seres humanos, entre otros.

En nuestro país, el empleo de plaguicidas es muy frecuente para controlar organismos no deseados en los campos agrícolas, pero dadas sus propiedades tóxicas, la utilización de estos plaguicidas es, en muchos casos, una práctica riesgosa e inadecuada que genera un enorme riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Dada su naturaleza tóxica, esas sustancias tienen el potencial de ejercer efectos adversos o nocivos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente.

La producción agrícola intensiva ha requerido de la aplicación de considerables volúmenes de agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, entre otros. Todos ellos exigen un cuidadoso manejo para evitar contaminación del suelo, del aire, del agua y de las inmediaciones donde se utiliza, e incluso, en zonas distantes.

Es terrible ver las brutales dosis de pesticidas que se usan para el control de plagas y malezas, lo que lesiona la economía del productor agrícola. Y lo más grave, es que provoca graves problemas de contaminación que ha venido ocasionando un aumento de los casos de cáncer.

Es una realidad que cualquiera puede recomendar y vender agroquímicos, aún sin contar con la preparación y experiencia necesaria para un manejo integrado de plagas, privilegiando el uso de métodos menos tóxicos, como es el control biológico antes que los pesticidas.

Existen pesticidas que en otras latitudes enfrentan demandas por daños a la salud, y están siendo retirados del mercado por existir una alta probabilidad de ser carcinógenos, como es el caso del Glifosato.

Sin embargo, en nuestro país se venden sin restricción, incluso en algunas empresas las obsequian en los campos como la semilla de maíz.

Si bien existen normas oficiales mexicanas que regulan algunos aspectos de los plaguicidas, la verdad es que falta mucho por hacer en esta materia.

Hay normas sobre el etiquetado o para su transporte, pero aún hay mucho por hacer para que los plaguicidas en México dejen de ser un factor real de contaminación y de riesgo a la salud.

Por ello es que presentamos este punto de Acuerdo para exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Salud, para que se expida una Norma Oficial Mexicana que regule la comercialización y la aplicación de los productos insecticidas y herbicidas.

Estamos pidiendo que se supervise de manera efectiva la aplicación de aquellos químicos que son alterados tóxicamente y que se comercialicen solamente mediante una receta de técnico especializado, certificado por la propia Sagarpa, algo similar a lo establecido en el caso de los antibióticos, en virtud de que el problema de salud que puedan ocasionar es muy serio.

También solicitamos a la Sagarpa atienda a la brevedad el riesgo sanitario que representa la aplicación de productos carcinógenos como es el Glifosato, emitiendo la normatividad que establezca la prohibición de su comercialización y uso en el campo mexicano por su alto nivel de toxicidad a la salud humana.

Esperamos contar con su apoyo.

Muchas gracias.

Es cuanto.

Proposición con punto de Acuerdo

El que suscribe, Diputado JUAN LUIS DE ANDA MATA, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, en el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del Artículo 71 de  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ECONOMÍA Y SALUD A QUE SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS SOBRE PLAGUICIDAS, SE ACTUALICEN Y SE ATIENDAN LOS ALARMANTES NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA OCASIONADA POR LA UTILIZACIÓN DISCRECIONAL DE PESTICIDAS EN LOS CAMPOS AGRÍCOLAS DEL PAÍS, ASÍ COMO LA LIBERE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS LOS CUALES SE HA DEMOSTRADO SUS EFECTOS CANCERÍGENOS, de acuerdo a los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Nuestro país consta de una superficie total de 195.6 millones de hectáreas, de ellas 26.9 millones se utilizan en la agricultura y solo 3 millones se dedican a la producción bajo riego y el resto en temporal. La superficie cultivada bajo riego se encuentra distribuida en trece regiones u Organismos de Cuenca y 192 Distritos de Riego. Son cuatro Organismos de Cuenca los que concentran el 70% del total de la superficie cultivada bajo el sistema de riego, ellos son: 

• NOROESTE: Abarca los 72 municipios del estado de Sonora;

• PACÍFICO NORTE: Constituido por el 100% del estado de Sinaloa, 45% de Durango, 32% de Nayarit y 7% de Zacatecas;

• RÍO BRAVO: Asentado en 31 municipios del estado de Coahuila, 52 de Chihuahua, 51 de Nuevo León y 10 de Tamaulipas.

• GOLFO NORTE: Comprende 101 municipios del estado de Veracruz, 66 de Puebla y 5 de Hidalgo.

II.- Son las regiones mencionadas en el punto anterior las que cuentan con una agricultura más tecnificada y de producción intensiva de diferentes productos para el consumo nacional y de exportación, generando un volumen que en 2015 alcanzó 54 millones de toneladas de producción agroalimentaria.

III.- La producción agrícola intensiva requiere de la aplicación de considerables volúmenes de agroquímicos: fertilizantes, insecticidas, herbicidas, entre otros, todos ellos exigen un cuidadoso manejo para evitar contaminación del suelo, aire y agua de las inmediaciones donde se utilizan e incluso en zonas distantes.

IV.- El abandono en el que se encuentra el campo mexicano, agudizado en los últimos cuatro sexenios, está provocando serios problemas de contaminación por productos agroquímicos, los cuales son utilizados en dosis y frecuencias discrecionales ya sea por el propio productor ante su desconocimiento de los riesgos que esto conlleva o por encontrarse a expensas de empresas distribuidoras cuyo único interés es el beneficio de la venta, para lo cual comisionan a su personal, presuntamente ingenieros agrónomos, con un sueldo base mínimo, otorgándoles comisiones por venta para que logren un ingreso mayor dependiendo de los volúmenes colocados en el mercado.

V.- Por lo anterior, se realizan recomendaciones de dosis brutales de pesticidas para el control de plagas y malezas, lesionando la economía del productor agrícola y, lo más grave, provocando graves problemas de contaminación que, particularmente en el estado de Sinaloa ha venido ocasionando un aumento en los casos de cáncer colocándolo por encima de la media nacional.

VI.- El desmantelamiento de la SAGARPA en la actualidad tiene tintes de extinción, en nuestro caso, el Distrito DDR-063 en Guasave, Sinaloa, cuenta con menos de treinta trabajadores, los cuales son insuficientes para realizar los trabajos de vigilancia y supervisión de las actividades que la ley le exige, tales como invernaderos, distribuidores de agroquímicos, veterinarias, etc., en una extensión mayor a las 120 mil hectáreas.

SAGARPA cuenta con 33 Delegaciones, 191 Distritos de Desarrollo Rural y 713 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) para cuyo funcionamiento dispone de menos de diez mil trabajadores y funcionarios.

VII.- En las condiciones descritas cualquiera puede recomendar y vender agroquímicos aún sin contar con la preparación y experiencia necesarias para un manejo integrado de plagas, privilegiando el uso de métodos menos tóxicos como el control biológico antes que los pesticidas.

VIII.- Existen pesticidas que en otras latitudes enfrentan demandas por daños a la salud y están siendo retirados del mercado por existir una alta probabilidad de ser carcinógenos, como Glifosato, sin embargo en nuestro país se venden sin restricción, incluso algunas empresas lo obsequian en la compra de la semilla de maíz.

IX.- Glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P) es un herbicida asociado a la producción de semillas genéticamente modificadas tolerantes a altas dosis del producto, lo que ocasiona que la producción obtenida contenga altos niveles del químico  que contaminan peligrosamente a quien lo consume, su propietaria la empresa Monsanto, ha mantenido influencia en las principales instituciones para la protección del medio ambiente en el mundo como la EPA por sus siglas en inglés, donde la científica Marion Copley, diagnosticada de cáncer terminal, insistió en el riesgo que significa la utilización de glifosato, y externó sus dudas acerca del reparto de sobornos entre la comunidad científica para mantener el químico en el mercado, finalmente en enero de 2014 falleció, un año antes de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS), llegara a la conclusión: EL GLIFOSATO ES CARCINÓGENO.

X.- Si bien existen Normas Oficiales Mexicanas que regulan algunos aspectos de los plaguicidas, como la NOM-232-SSA1-2009 que establece los requisitos, indicaciones y características que debe cumplir el envase, embalaje y etiquetado de plaguicidas, en su apartado 6.3.4, establece que la etiqueta deberá contar con “INSTRUCCIONES DE USO” que a la letra dice: “Señalar la aplicación en cultivos y plagas para los que están autorizados, dando su nombre común, género y epíteto específico, de conformidad con el dictamen técnico de efectividad biológica; así como las dosis, intervalos entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo y el tiempo de reentrada a las zonas tratadas”.

El problema en nuestros valles agrícolas estriba en que, por desconocimiento o en la mayoría de los casos por recomendaciones de “técnicos” vendedores de herbicidas e insecticidas las aplicaciones que se realizan son en dosis hasta 100% mayores a las que el propio laboratorio recomienda en su etiqueta, lo cual no es asunto menor en virtud del serio problema de contaminación de suelo aire y aguas, con las consecuencias anotadas en los incisos anteriores.

Por otro lado no existe un listado que clasifique los pesticidas agrícolas de acuerdo a su grado de toxicidad, podemos encontrar la NOM  002 SCT 2011 que relaciona un Listado de Substancias y Materiales Peligrosos Más Usualmente Transportados, en ella se establecen una regulación para el transporte de mercancías peligrosas mayormente relacionadas con la industria y los explosivos, no agrícolas, estas normas y otras en este sentido se elaboraron como requisito para participar en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no para resolver problemas internos en nuestro país.

Por lo antes fundado y motivado, me permito cometer a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud, para que se expida una Norma Oficial Mexicana que regule la comercialización y aplicación de los productos insecticidas y herbicidas; se supervise de manera efectiva la aplicación de aquellos que son altamente tóxicos, se comercialicen solo mediante una receta de técnico especializado, certificado por la propia SAGARPA, algo similar los establecido en el caso de los antibióticos, en virtud de que el problema de salud que pueden ocasionar es muy serio

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, atender a la brevedad el riesgo sanitario que representa la aplicación de productos carcinógenos como el Glifosato, emitiendo la normatividad que establezca la prohibición de su comercialización y uso en el campo mexicano por su alto nivel de toxicidad a la salud humana.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Dip. Juan Luis de Anda Mata.

El Presidente Diputado Enrique Jackson Ramírez: Gracias, Diputada Muñoz Cervantes. Se turna su propuesta a la Tercera Comisión.






Finalmente, para agotar el capítulo de puntos de Acuerdo, tiene el uso de la palabra nuestra compañera Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a las entidades gubernamentales de la Administración Pública Federal y organismos desconcentrados y descentralizados para que impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones para todas las madres trabajadoras.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Muchas gracias, señor Presidente Enrique Jackson. Honorable Asamblea:

La lactancia provee seguridad emocional y salud para el inicio de la vida, que necesita todo ser humano.

Además, el día de hoy, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Ese tipo de cáncer es diagnosticado casi en un cuarto de millón de mujeres a nivel mundial.

En México, diariamente diez mujeres son diagnosticadas con este padecimiento y se producen cerca de 140 mil muertes cada año por esta enfermedad.

La razón por la que hago mención del Día Mundial o de este Día Mundial, es porque los beneficios que trae consigo la lactancia, ya que se traduce en un menor riesgo de padecer cáncer de ovarios y de mama para las mujeres, así como constituye el espaciar sus embarazos y con ello disminuir los riesgo de salud.

La importancia de la lactancia materna, cuya práctica va quedando rezagada, no debe ser descuidada por la gran importancia que reviste para la salud, tanto de la mujer como de sus hijos e hijas.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de la lactancia materna no es descuidarla, porque la madre, a sus hijos, es hasta los 23 meses, es lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, y lo que está recomendando, toda vez que contribuye a disminuir la mortalidad de los niños por la mala nutrición.

Otra ventaja para los hijos lactantes, es que tendrán en un futuro menor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad.

Una de las posibles causas por las cuales las madres trabajadoras suplen la lactancia, es que por el consumo, y que deja la lactancia de un niño, es porque la cambian por las fórmulas que se dan o que recetan los médicos, inclusive en el propio sector salud, ya que están obligadas a cumplir con sus horarios laborales.

Otra causa es la falta de espacios habilitados para poder lactar a sus hijos.

Y yo quiero reconocer aquí en el Senado esta oportunidad que nos dimos de tener un lactario, y que tiene que ser ejemplo para los congresos estatales, más aún cuando el tipo de contratación de las madres es a través de figuras como la prestación de los servicios profesionales o trabajadoras a prueba, y esto influye mucho en el sector público, no sólo para el tema de lactancia.

Una mujer que trabaja para el rubro de servicios profesionales o trabajadoras a prueba, cuando están embarazadas, ni siquiera tiene derecho, porque no se considera al espacio que cualquier trabajador del sector público o cualquier trabajador que está dado de alta en el IMSS sí lo tiene.

Las mujeres que están por servicios de honorarios, ni siquiera tienen este derecho.

Lamentablemente, en nuestro país, la práctica de la lactancia se encuentra por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y sólo un poco más de un tercio de los niños reciben lactancia materna en su primera hora de vida.

Es de suma importancia reflexionar sobre el hecho que permite que una madre, sea cual fuera su tipo de contratación, el poder lactar a sus hijos.

Los beneficios que se obtienen, con permitir la lactancia, son: Salud para la madre e hijo e hija, reduciendo hasta un 35 por ciento el índice de enfermedades durante el primer año; reduce también el ausentismo laboral; reduce el número de permisos para ausentarse de su trabajo y que además esto repercute en la productividad; disminuye la rotación, abandono o renuncia de las madres trabajadoras y genera para el patrón un ahorro en el hecho de tener que reclutar y capacitar nuevo personal.

En razón de lo anterior es que presento la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades gubernamentales, de la administración pública federal y organizaciones desconcentradas y descentralizadas, para que dentro del ámbito de sus competencias y sus atribuciones impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones para todas las madres trabajadoras, no sin antes, termino, pidiéndoles su apoyo en comisiones, porque tenemos que seguir trabajando en generar condiciones, no sólo para las mujeres trabajadoras que son madres y que están lactando, sino para nuestra propia infancia.

Un niño que es bien alimentado desde que nace, es un niño que tendrá mejores posibilidades y capacidades, primero, para aprender español y matemáticas y operaciones lógicas, básicas, significa que es un niño que va a poder enfrentar los retos de la vida en mucho mejores condiciones; que su capacidad, no sólo de aprendizaje en la escuela, sino de desarrollo de habilidades y destrezas para la vida diaria, va a tener mucho mejores oportunidades.

Por eso también quiero reconocer, cómo en el Senado de la República, a través de la Comisión de Igualdad de Género, con nuestra Presidenta, la Senadora Diva, pudimos impulsa el lactario.

La verdad, esto debe ser un ejemplo para toda la administración pública federal, no solamente la Secretaría, sino los organismos descentralizados, desconcentrados y las paraestatales, sino también para los gobiernos de los estados, para los municipios, y especialmente, yo espero que los congresos de los estados sigan este ejemplo.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Proposición con punto de Acuerdo.



PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora De la Torre. Túrnese a la Segunda Comisión.






MESA DIRECTIVA

Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito el Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.

El proyecto se les entregó en la sesión de instalación del lunes 30 de abril. La versión de este día incorpora las observaciones de los diversos grupos parlamentarios. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, de esta manera se hace de su conocimiento.



Está a discusión. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo para normar las Sesiones y el Orden del Día de la Comisión Permanente. Se instruye a la Secretaría publicar el Acuerdo en el portal electrónico de manera permanente.






Honorable Asamblea, informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió el Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de esta Comisión Permanente. El Acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este Acuerdo.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobado por unanimidad.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente. Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a proporcionar el apoyo técnico y logístico necesario a las comisiones para sus reuniones de instalación y para los trabajos que habrán de desarrollar durante el receso.






Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo que hemos suscrito en relación con la integración de la Mesa Directiva.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el Acuerdo. Por no haber oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Señor Presidente, aprobado por unanimidad.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo. En consecuencia, se designa Secretario de la Mesa Directiva al Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo en sustitución de la Senadora Angélica de la Peña Gómez. Se designa Secretario de la Mesa Directiva al Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez. Comuníquese.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que la Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener como lo permite el Resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo aprobado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

(Presentada por el Diputado Miguel Alva y Alva, del grupo parlamentario de Morena)

El suscrito, DIPUTADO MIGUEL ALVA Y ALVA, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 55, fracción II, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, PARA CREAR EL FONDO DE AGRICULTURA VERDE, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

América Latina y el Caribe representan el 10 por ciento de la población mundial y emiten también un 10 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero. Sin embargo, la tendencia del crecimiento demográfico en nuestra región se traduce en mayores emisiones de gases.

Es por ello que el Acuerdo de París señala como un desafío y un compromiso que los países descarbonicen sus economías y aumenten su resiliencia en el corto plazo.

Los países firmantes del Acuerdo, como es el caso de México, tienen que determinar sus contribuciones a alcanzar y renovarlas cada cinco años, pero también esa contribución debe aumentar progresivamente. Esas serían acciones de mitigación.

Al mismo tiempo, el Acuerdo también mandata el establecimiento de Planes Nacionales de Adaptación que permitan planificar a corto y mediano plazo y se establezcan estrategias de implementación con la participación de grupos, comunidades y científicos.

En virtud de la gravedad de la situación ambiental mundial, el Acuerdo de París ha propuesto acelerar y ampliar el financiamiento climático por lo menos hasta el año 2025, de manera anualizada. Se estima que el objetivo colectivo aspira a un mínimo de 100 mil millones de dólares al año.

El Acuerdo de París ha establecido que el Mecanismo Financiero de la Convención Marco de Cambio Climático, compuesto por el Fondo Verde para el Clima (GFC, por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), será el mecanismo financiero que se utilizará para el Fondo Climático.

México, como parte de la región de América Latina y el Caribe, está obligado a definir y establecer modalidades para asegurar el acceso al financiamiento climático, así como reformar de manera progresiva las estructuras de incentivos y subsidios vigentes e incluir otros nuevos para avanzar en una cultura en la que los actores económicos y sociales abandonen patrones de producción y consumo no sostenibles.

La Ley General de Cambio Climático fue aprobada por el Senado de la República el 19 de abril de 2012 y entró en vigor a partir del 10 de octubre del mismo año.

Los plazos y metas que se han planteado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático establecen que para el 2020 haya una reducción de 30 por ciento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); 35 por ciento para el 2024 y 50 por ciento para 2050.

Por otro lado, el artículo 7º. Fracción VI de la Ley General de Cambio Climático establece, entre las materias en las que se regularán e instrumentarán acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, b) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura. En la fracción VIII. Del mismo artículo, establece la creación y regulación del Fondo de Cambio Climático.

La misma ley general establece en su artículo 16 lo que constituye el patrimonio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), entre lo que destaca el inciso b) de la fracción VI, que refiere los ingresos producto de los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos.

En el mismo sentido, el artículo 22 de la misma Ley, define las atribuciones del INECC, entre las que destaca la fracción III. “Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, vinculados a la política nacional en materia de medio ambiente y cambio climático”.

De la misma manera, el artículo 33 de la misma ley establece los objetivos de las políticas públicas para la mitigación, entre las que destaca la fracción XIII. “Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente”.

La fracción XIV del mismo artículo señala “Promover la canalización de recursos internacionales y recursos para el financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases y compuestos efecto invernadero en los sectores público, social y privado”.

Es relevante para esta Iniciativa referir el artículo 36. “La Secretaría promoverá de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus competencias, el establecimiento de programas para incentivar fiscal y financieramente a los interesados en participar de manera voluntaria en la realización de proyectos de reducción de emisiones”.

Dentro de las Normas Nacionales Aprobadas para Atender el Cambio Climático (NAMAS), destacan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el Impuesto a Combustibles Fósiles.

Precisamente el Impuesto al Carbono deriva de una Reforma Fiscal presentada en 2013, que permitió su aplicación a partir de enero de 2014. Se trata de un impuesto verde, necesario para la gestión ambiental. El impuesto esta definido en el artículo 2, fracción I, inciso h) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El impuesto ha sido posible porque cumple con dos requisitos que impone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 1) reducir las emisiones; y 2) aumentar la recaudación del Gobierno Federal.

De acuerdo con el IEPS, el impuesto al carbono se aplica al productor o importador de combustibles fósiles. Se concentra en la producción de hidrocarburos en una sola empresa, y gran parte de la recaudación proviene de la venta de gasolinas, diesel y combustóleo.

Sólo para ilustrar el alcance de la recaudación, durante 2014 y 2015 la recaudación del impuesto llegó a 17 mil millones de pesos o 950 mil millones de dólares. La mayor aportación proviene de las gasolinas y el diesel.

Por todo lo anteriormente referido, resulta de la mayor relevancia no solamente que se incrementen los impuestos verdes sino sobre todo la posibilidad de que esa recaudación se aplique a la mayor cantidad de proyectos que materialicen las políticas y metas planteadas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Es el caso que la pertinencia de crear el Fondo de Agricultura Verde obedece a que la agricultura (emite el 17 por ciento) es una de las soluciones al problema de emisiones de gases de efecto invernadero.

El Fondo de Agricultura Verde tendría como objetivos esenciales contribuir a asegurar la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria de México, a través de un enfoque de la agricultura familiar.

Se trata de que el Fondo de Agricultura Verde se haga posible gracias a varias fuentes de financiamiento:

1. El Impuesto al Carbono de la SHCP que recauda en promedio 950 mil millones de dólares.

2. El Pago de Bonos de Carbono creado por el Acuerdo de París y que es de 100 mil millones de dólares anuales.

3. Los recursos que destinan a negocios verdes las más de 3 mil Empresas Socialmente Responsables.

4. Las redes de valor que se crean en las Cadenas de Suministros de Alimentos Productor-Vendedor, en México.

5. Los Fondos Mundiales dirigidos a Mujeres y Jóvenes en buena medida para repoblar el campo.

6. El Financiamiento mundial para el Ecoturismo Rural, cuyo fin último es generar felicidad.

A través del Fondo de Agricultura Verde es posible que las Unidades Productivas reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero; que se reduzca el uso de agroquímicos; la certificación de agrónomos en cuanto a normas de competencia laboral e ISO para prácticas verdes; transferencia de tecnologías verdes y un Catálogo Nacional de Tecnologías Verdes que se desarrollan en Tecnológicos y Universidades.

En consecuencia, resulta de la mayor relevancia y urgencia que se reforme el artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático.

En virtud de que en el artículo 80 se establece el objeto del Fondo de Cambio Climático y la orientación del mismo y en el 82 se define el destino de los recursos del Fondo de Cambio Climático, es el propósito de esta Iniciativa que una de las estrategias para canalizar esos recursos sea precisamente la creación del Fondo de Agricultura Verde como parte del Fondo de Cambio Climático.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto que adiciona una fracción al artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático.

Único. Se adiciona una nueva fracción VIII y la fracción VIII actual se convierte en fracción IX del artículo 82 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:

I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país;

II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;

III. Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático; particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón, así como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable;

IV. Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático;

V. Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático;

VI. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas;

VII. Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Fondo de Agricultura Verde dirigido a la agricultura familiar y cuyos proyectos, programas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático incluyan la participación de organizaciones sociales especializadas.

IX. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. Miguel Alva y Alva.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA BASE I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Ramón Villagómez Guerrero, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el Diputado José Luis Velázquez González, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado Federal JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ GONZÁLEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción l; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente instrumento tiene como finalidad otorgar certeza jurídica en el ejercicio y facultades que tienen los apoderados, cuando le son otorgados poderes generales; en atención a que en la práctica diversas personas físicas o morales, públicas o privadas, hacen necesaria la presentación de poderes especiales para cada acto jurídico que los apoderados pretenden realizar, lo cual constituye una alteración a los derechos que de los poderes generales se desprenden.

Según la definición de la Real Academia Española1, la palabra “Legitimación” es la acción y efecto de legitimar. Asimismo, de ella se desprenden la legitimación notarial y la procesal. La legitimación notarial, es el acto por el que un notario da fe en el contenido de un documento o de la autenticidad de una firma; por su parte, la legitimación procesal es la posibilidad de una persona para ser parte activa o pasiva en un proceso o procedimiento por su relación con el objeto litigioso. Por su parte, Eduardo Pallares2, considera que la legitimación es la idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades personales sino de su posición respecto del litigio.

Además, recalco que la legitimación dependiendo al sujeto puede ser activa o pasiva. La primera de ellas, consiste en la potestad legal de la persona para iniciar la tramitación del juicio ante el órgano jurisdiccional competente; mientras que la legitimación pasiva, es aquella que recae en alguna persona contra la que se entabla alguna demanda. Por ende, necesariamente para que una acción proceda y pueda recaer sentencia favorable o determinada resolución, es necesario que exista el sujeto activo que promueve algo y el sujeto pasivo al que se le cuestiona algo.

Así las cosas, la jurisprudencia también ha determinado lo que es la legitimación procesal activa, de la siguiente manera:

Tesis: 2a./J. 75/97
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena Época 196956   8 de 8
Segunda Sala Tomo VII, Enero de 1998

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.

Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.

En ese orden de ideas, quiero enfatizar que la legitimación de una persona deriva de las normas, que en ellas se postulan quienes pueden ser partes en un proceso. Bajo ese tenor, afirmo que en estos casos opera la figura de la representación que es aquella facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre y por cuenta de otra.3 Asimismo, en la representación ya se encuentra presente la legitimación de la persona; por lo que, los actos que deriven de ella, siendo lícitos, se entenderán que los realice la persona que se representa.

Ahora bien, existe en nuestro marco jurídico vigente la figura del mandato, comúnmente referido como poder, la cual es utilizada como un medio de representación de una persona para expresar su voluntad. Se trata entonces de un instrumento de un amplio beneficio para las personas de derecho público, privado y social.

El artículo 2554 del Código Civil Federal establece los tipos de poderes generales que otorga el poderdante, las cuales son:

1. Para pleitos y cobranzas;

2. Para administrar bienes; y

3. Para ejercer actos de dominio.

Cada uno de ellos en lo individual, tiene como finalidad llevar a cabo la voluntad del poderdante, en los actos que, para tales efectos de determine. Por lo que, para conocer el alcance de los mismos, considero pertinente señalar su contenido:

Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara? que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastara? expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara? que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

De la literalidad e interpretación del texto, comprendemos que el poder general para pleitos y cobranzas, se utiliza mayormente para la representación en juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio; por lo que, el apoderado podría llevar a cabo las diligencias a nombre de aquél; así como, para presentar las promociones correspondientes; los poderes para administración de bienes, tal y como dice, es utilizado para la ministración y gestión de servicios y el pago de las contribuciones correspondientes y el poder para ejercer actos de dominio, confiere las facultades del dueño a quien ostenta el poder, es decir podrá arrendarlo, venderlo, donarlo, entre otros.

De conformidad con el artículo 2555 del Código Civil Federal, los mandatos deberán otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario.

Sin embargo, en la práctica aún y cuando se ha cumplido con el requisito legal, es decir, que el poder general se establezca de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; cierto tipo de establecimientos o algunas autoridades, restringen o limitan la voluntad del poderdante, ya que es éste, a través del apoderado, el que desearía llevar a cabo trámites, procedimientos o acciones y bajo el argumento de que no se ha plasmado literalmente en el poder el tipo de diligencia ha llevar en dichos establecimientos o ante ciertas autoridades, no se les acepta y se les obliga a formalizar un nuevo poder, de carácter especial.

Se trata entonces de una vulneración flagrante y reiterada a la voluntad del poderdante y que para materializar su voluntad necesita la realización de un poder especial y específico, con el cual podría llevar a cabo la encomienda deseada.

El poder es la facultad otorgada al apoderado por medio de cual se obliga a llevar a nombre de otra persona cierto tipo de negocios jurídicos; para que sea válido hace falta que se otorgue con las características que señala la legislación civil y por ende, la solicitud de cualquier requisito extraordinaria para su aceptación, sería violatorio de los principios de seguridad y certeza jurídica.

En ese sentido, en nuestro orden constitucional la garantía de seguridad jurídica se encuentra plasmada en su artículo 16. Particularmente, dicho principio otorga certeza sobre la situación de las personas frente a las leyes y sus derechos. Similar a lo anterior, es la jurisprudencia en materia constitucional que nos demuestra los alcances de la garantía de seguridad jurídica, la cual plasmo a continuación:

Tesis: 2a./J. 144/2006
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Novena Época 174094    1 de 1
Segunda Sala
Tomo XXIV, Octubre de 2006  Pag.351
Jurisprudencia (Constitucional)

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

En ese sentido, si bien la problemática recurrente que existe entre los apoderados y las personas públicas o privadas, no siempre se lleva a cabo en una relación entre gobernado y autoridad, lo cierto es que en el presente caso, existen particulares que nos hacen invocar dicho principio, debido a que actualmente en el Código Civil Federal, se enmarca de manera sencilla la forma en la que se deberá de llevar a cabo un poder general y en la práctica y sin fundamento, los poderdantes y el apoderado deben de recurrir nuevamente a una notaria para que formalicen un poder especial para un trámite en particular, situación que demerita su estabilidad económica y no otorga certeza en cuanto a los alcances del mismo poder.

Es por ello, que presento la presente iniciativa, que tiene por objeto garantizar certeza jurídica en el otorgamiento de un poder general, para que no se limiten sus actos jurídicos al solicitarles poderes especiales para cada acto a ejercer.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se adiciona un párrafo cuarto, recorriendo los subsecuentes, al artículo 2554 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara? que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastara? expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastara? que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Toda vez que los poderes referidos en los párrafos anteriores, se entienden otorgados sin limitación alguna; ninguna persona física o moral, ya sea pública o privada, podrá solicitar la presentación de poderes especiales para llevar a cabo los actos jurídicos que los apoderados pretendan realizar, ni podrán negar el ejercicio de los derechos y las obligaciones que de ellos se desprenden.

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- A la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que se le opongan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. José Luis Velázquez González.

1 http://dle.rae.es/?id=N4rKQVq

2 Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 2ª, ed., México. Porrúa. 1960, pag.467.

3 Pérez Fernández Del Castillo, Bernardo. Representación, poder y mandato, 13ª. ed., México, Porrúa, 2006, p.3.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL ARTÍCULO 3 Y EL CAPÍTULO IX “DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO”, CONFORMADO POR LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 36 TER, 36 QUÁTER Y 36 QUINQUIES, AL TÍTULO III “DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”, TODOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el Diputado Omar Corzo Olán, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado Federal OMAR CORZO OLÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL ARTÍCULO 3, Y EL CAPÍTULO IX “DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO”, CONFORMADO POR LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 36 TER, 36 QUÁTER Y 36 QUINQUIES, AL TÍTULO III “DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”, TODOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin lugar a dudas, México como destino turístico pone a la disposición del visitante una gran cantidad de opciones en todas las regiones que le conforman, por la diversidad de climas, atractivos históricos, gastronomía y desde luego tradiciones y cultura, que le convierten en pueblo con carisma místico para vivir experiencias únicas, en ambientes privilegiados por la naturaleza y dotados de encantos muy particulares, derivados de la vida comunitaria y del trabajo de artesanos, artistas y arquitectura de simbolismos profundos.

Al respecto, es un orgullo para mí que el Estado de Yucatán sea un gran ejemplo donde la cultura maya en su coexistencia con la realidad actual ofrece un atractivo muy peculiar y valorado.

El Programa Pueblos Mágicos de México contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la Nación y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales y que significan una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.

El Programa en comento nació en 2001. Los primeros pueblitos en adquirir el adjetivo de “mágicos” fueron Huasca de Ocampo y Real de Catorce. Uno hidalguense y el otro potosino. Originalmente, el proyectó fue ideado para que los visitantes de los grandes centros turísticos conocieran y se acercaran a los pueblos cercanos a éstos, algunos de los cuales se encontraban en una condición económica difícil.

Así, se planeó la generación de recursos extra para dichas comunidades y también se ampliaba la oferta de sitios para vacacionar. Basado en la clasificación de localidades a partir de su tamaño y sus capacidades para administrar la presencia continua de visitantes, los Pueblos Mágicos no son destinos turísticos intermedios sino complementarios, por tener una delimitación pequeña que cuenta con un acceso carretero secundario y una capacidad de alojamiento menor a las 800 habitaciones, su integración a la red de atractivos turísticos se pensó, a partir de los atributos ya mencionados. En 2008 se contabilizaban 50 comunidades adscritas a dicho programa y, para finales del sexenio anterior, sumaban 83. En junio de 2016 el total asciende a 111.

Entre otros, el Programa Sectorial de Turismo, establece la necesidad de promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor, en aras de fortalecer la competitividad del turismo mexicano y que haga que la industria turística se desarrolle en beneficio de los mexicanos.

Denominado, Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, se creó con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en las regiones turísticas; diversificar la oferta que permita, en el mediano plazo, la consolidación de destinos y fomentar los productos turísticos.

Para su operación es fundamental la participación de diversas autoridades; por lo que, a través de la coordinación institucional y vinculación de acciones gubernamentales este Programa busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, explotar la complementariedad y reducir gastos administrativos.

Conforme a la normatividad aplicable, el objetivo general del Programa de Pueblos Mágicos es el de contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos y en las regiones del país, así como fomentar el desarrollo de los mismos, mediante el otorgamiento de un subsidio para la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones que permitan ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

De igual forma, impulsa la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos en los destinos y las regiones, para mejorar las condiciones de los atractivos y los servicios turísticos; contribuye al impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos, la movilidad universal y accesibilidad de los turistas en los destinos turísticos y; fomenta la gestión de las acciones concurrentes, mediante la colaboración entre las instancias públicas competentes, en materia turística de los tres niveles de gobierno.

Planteamiento del Problema.

Existen en México ciertas localidades que pese a su vocación y potencial turístico, enfrentan numerosos problemas de infraestructura básica y de servicios de acceso; así, el reconocimiento de Pueblo Mágico, va mucho más allá del interés por recibir apoyos de algunos programas, ya que define la orientación de estrategias y estimula la opción de desarrollo de la región.

Las Reglas de Operación del Programa tienen prevista la complementariedad y sinergia con otras dependencias federales y se destaca que dada la transversalidad característica de la actividad turística, por ello, es claro que las acciones y recursos del Programa se podrán realizar en concurrencia con otros programas y fondos federales, cuyos fines estén relacionados con el fomento a la oferta turística y sin que haya duplicidad en las acciones.

En 2002 se suscribió un Convenio General de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; el Banco Nacional de Obras y Servicios; la Comisión Federal de Electricidad; la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia; el cual tuvo por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes, para apoyar la elaboración, desarrollo, cooperación, ejecución y evaluación de los logros del Programa Pueblos Mágicos.

Es muy importante impulsar sus actividades desde los diversos campos del objeto en cada una de las dependencias, que permitan a las autoridades locales municipales, disponer de los recursos existentes en los distintos programas para orientar su desarrollo hacia el reconocimiento y aprovechamiento del potencial turístico y retomar los trabajos de investigación y la complementariedad curricular en las instituciones académicas relacionadas con la historia, la arquitectura, la ecología y la cultura, con los servicios turísticos y la administración, para incorporar sus aportaciones y orientar sus acciones.

Con base en lo anterior, el Programa de Pueblos Mágicos representa una opción muy importante para diversos municipios por sus características, ya que detona múltiples beneficios para la comunidad en toda la región; sin embargo, para mí es toral que dicho programa encuentre un piso legal firme; por ello, estimo necesario que el Programa se encuentre plasmado en la Ley de la Materia y que se estipule que diversas dependencias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil se sumen a los esfuerzos para realizar los trabajos previos, la elaboración de diagnósticos y la formulación de documentos previos que acompañen los procesos de gestión.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes y se adiciona el Capítulo IX “Del Programa Pueblos Mágicos de México”, conformado por los artículos 36 Bis, 36 Ter, 36 Quáter y 36 Quinquies, al Título III “De la Política y Planeación de la Actividad Turística”, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como siguen:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XIII. Programa Pueblos Mágicos de México: Programa de desarrollo turístico integral para localidades que, en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las condiciones de vida de una localidad turística;

XIV. Pueblo Mágico. Localidad que, a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su valor y herencia histórica, cultural y natural, la manifiesta en diversas expresiones, a través de su patrimonio tangible e intangible, y cuenta con el nombramiento que le acredita dicha calidad;

TÍTULO TERCERO

De la Política y Planeación de la Actividad Turística

CAPÍTULO IX

Del Programa Pueblos Mágicos de México

Artículo 36 Bis. El Programa Pueblos Mágicos de México tendrá por objeto contribuir con el fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta turística en las localidades y regiones turísticas, que se determinen, mediante la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones para el desarrollo sustentable del turismo.

El programa tendrá como ejes básicos los siguientes:

I. Sustentabilidad;

II. Privilegiar la participación social;

III. Competitividad;

IV. Procurar la inversión integral; y

V. Transversalidad.

Artículo 36 Ter. Para efectos del artículo anterior, el Programa Pueblos Mágicos de México incluirá la realización de servicios relacionados y acciones en las localidades y regiones turísticas, para mejorar las condiciones de los atractivos y servicios turísticos; contribuirá al impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos, la movilidad y accesibilidad de los turistas; promoverá su cuidado y la preservación del patrimonio cultural, natural e histórico, tangible e intangible, para su ordenado uso y aprovechamiento como producto turístico y fomentará la innovación de sus atractivos y servicios turísticos para el desarrollo integral.

Artículo 36 Quáter. La Secretaría emitirá las Reglas de Operación del Programa Pueblos Mágicos de México, en las cuales determinará los apoyos y subsidios a entregar a las autoridades municipales, a través de sus Gobiernos Estatales; así como, los lineamientos en los que se establezcan las bases para la incorporación y permanencia de las localidades a dicho Programa.

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá celebrar convenios de colaboración con otras dependencias del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México, de los Municipios y de las Alcaldías de la Ciudad de México, así como, con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de que las Reglas de Operación y Los Lineamientos de Incorporación y Permanencia del Programa Pueblos Mágicos de México contribuyan al impulso y coadyuven al cumplimiento de los objetivos y diseño estratégico de los Pueblos Mágicos.

Artículo 36 Quinquies. La Secretaría podrá, en todo momento, realizar visitas técnicas para verificar los requisitos de incorporación y evaluar la permanencia de las localidades al Programa Pueblos Mágicos de México.

A la localidad que se le revoque el nombramiento de Pueblo Mágico, no podrá participar en la próxima convocatoria de incorporación que, en su momento, emita la Secretaría.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las Reglas de Operación y Los Lineamientos de Incorporación y Permanencia del Programa Pueblos Mágicos de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. Omar Corzo Olán.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que en términos porcentuales representa 32.8% de la población total, de acuerdo a los Datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

De este grupo poblacional, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, siete de cada diez niños(as) sufren algún tipo de violencia; la Organización Mundial de la Salud la define como: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” y su impacto varía en función del sexo y edad de la víctima.

La población infantil que ha experimentado hechos de violencia tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, que generan impacto en distintas esferas de la vida del menor de edad. Las secuelas derivadas de la exposición a la violencia son graves y solo una pequeña proporción de estos actos contra los niños, niñas y adolescentes son denunciados e investigados y pocos autores son procesados.

El artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, para efectos de protección del menor señala que se entenderá que es niño todo ser humano que cuente con menos de 18 años. Éste, por su condición y características, debe ser considerado una prioridad en la protección y cuidados que se le deben tanto por sus padres como por su familia, la sociedad y el Estado.

En México la violencia contra los menores es silencionsa, se invisiviliza y “normaliza” desgraciadamente el maltrato, el abuso físico y el abandono constituyen en la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad, ya que se manifiestan en todos los estratos económicos y en todos los sectores sociales es preocupante que sea en el seno de la familia donde ocurren mayoritariamente estos actos, ya que entre el primer año de vida y los 14 años de edad, el 63% de infantes y adolescentes reclaman haber experimentado castigo físico o psicológico por miembros de la familia.

Hay dos tipos de violencia infantil, la activa que se presenta por medio de agresiones que se ejecutan en el cuerpo y en la mente o desarrollo emocional del menor, actos de abuso sexual y actos que se realizan con el fin de dañar la estabilidad emocional, de crear una baja autoestima y de mermar el desarrollo personal, social, intelectual o moral del menor; la pasiva que se desencadena a traves de actos recurrentes e intencionales de omisión que atentan contra la integridad física y emocional del menor.

El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) pide la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso.

La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, establece los principios para procurar y proteger el bienestar general del niño, y preocupada por el gran número de menores que se encuentran desamparados como consecuencia de la violencia que se ejerce contra ellos, en cualquier ámbito, establece que todos los Estados deben procurar el bienestar de la familia y el niño en primer término, ya que si la familia está bien protegida y organizada, el niño también lo estará.

Cuando se habla del interés superior del niño, se hace referencia a la necesidad de reconocer al menor su calidad de persona humana y, consecuentemente, sujeto de los derechos inherentes a esa condición. Así, en el plano normativo al reconocer al niño como un sujeto portador de derechos, este principio se torna en un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria.

En el avance legislativo en pro de los menores en El 7 de abril del 2000, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones al artículo 4 constitucional, el cual establece que:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores, y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proverá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Derivado de esta reforma el 29 de mayo del 2000, se publicó la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en material de maltrato infantil establece como principio rector el derecho a tener una vida libre de violencia, sin embargo es necesario que el texto constitucional especifique en su artículo 4° que los menores deberán tener un desarrollo integral libre de violencia y maltrato, tal cual lo propone esta reforma, ya que pese a los esfuerzos que se llevan a cabo, en 2017 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que México es el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de entre todos los países que la conforman lo más alarmante es que únicamente el 2% de los casos de vilencia se denuncian.

La violencia contra niños y niñas daña su salud física y mental, desestabiliza los entornos seguros de aprendizaje y hace estragos en la igualdad entre los géneros.

Los menores que son violentados serán adultos violentos y la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres nunca podrá cerrarse. Legislar en favor de la niñez no solo cambia el futuro sino que traza un nuevo rumbo para todo un país.

Por lo expuesto, presento ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

Único: Se reforma reforman los párrafos noveno y décimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, libre de violencia y maltrato. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de cumplir, preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE MAYO “DÍA NACIONAL DE LA FIBROMIALGIA”

(Presentada por la Diputada Olivia López Galicia, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, OLIVIA LÓPEZ GALICIA, Diputada Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE MAYO DÍA NACIONAL DE LA FIBROMIALGIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud, define a la salud como: “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 establece en su artículo 25 que, “Toda persona atiende derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo cuarto, señala: “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”.

Con base en lo anterior, por primera vez en el año 1992, la fibromialgia es reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y es clasificada con el código M79.7 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en cuya revisión CIE-10, la enfoca dentro del grupo de los reumatismos adoptando el nombre de “fibrositosis”.

El síndrome de fibromialgia es una enfermedad que comparte varias características clínicas con ciertas patologías sistémicas como lo es, el síndrome de fatiga crónica o intestino irritable; el hecho de considerar el conjunto de síntomas o síndromes relacionados con la fibromialgia se agrupa como un todo y no como una larga lista de manifestaciones aparentemente inconexas, al igual que cobra gran importancia a la hora de implementar nuevos y coordinados acercamientos multidisciplinarios para su investigación y tratamiento.

El nombre de fibromialgia se deriva de «fibro», o tejidos fibrosos (como tendones y ligamentos), «mios», o músculos, y «algia», que significa dolor. La fibromialgia es una enfermedad reumática caracterizada principalmente por dos síntomas: dolor musculoesquelético crónico y cansancio o fatiga que no disminuye con el descanso.

La fibromialgia es una enfermedad neurológica, tratándose sobre todo, de una disfunción del sistema nervioso autónomo, cuyo dolor, es de tipo neuropático, porque las neuronas o células nerviosas envían señales de dolor hacia el cerebro cuando están sobreexcitadas por la producción exagerada de adrenalina, que multiplican la sensación dolorosa; comprobadas por medio de imágenes de resonancia magnética y la neurofisiología, traducidas por síntomas como hormigueo, ardor, pulsación, rigidez, choques eléctricos; además de la sensibilidad alterada a estímulos que normalmente, en una persona sana, no causarían ninguna molestia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La fibromialgia se considera un problema de salud pública ya que afecta entre el 2% y 4% de la población general, donde el 90% de las afectadas son mujeres entre los 30 y 60 años de edad.

Con base en el estudio denominado “Fibromialgia en América Latina”, realizado por “Harris Interactive Inc”. para laboratorios Pfizer, incluyó 300 personas diagnosticadas con fibromialgia, 604 médicos generales, internistas, reumatólogos, neurólogos, especialistas del dolor, y psiquiatras de los países de México, Venezuela y Brasil; todas las entrevistas fueron recabadas del 28 de octubre al 7 de diciembre de 2010.

Gracias al citado estudio dado a conocer el día 12 de mayo de 2011, se revelaron datos con impacto negativo donde sobresalen los siguientes puntos:

• Es un padecimiento muy frecuente, crónico y debilitante, que afecta al 2% de la población de Latinoamérica;

• Menos de dos terceras partes de los médicos que tratan la fibromialgia y de los pacientes, declaran que esta enfermedad tiene un impacto “fuerte” o “muy fuerte” en la calidad general de vida, la movilidad física y/o motivación e iniciativa.

• Aún impera un desconocimiento general que hace difícil su diagnóstico temprano y su tratamiento.

• Entre el 59 y 70% de los médicos encuestados consideran a la fibromialgia desafiante y difícil de tratar.

• Muestra que esta enfermedad tiene un claro impacto económico: entre el 47 y 67% de los pacientes con empleo faltaron al menos diez días al trabajo en un año debido a los síntomas; algunos pacientes se ausentaron 40 días.

• En México y Brasil, la mitad de los pacientes son capaces de trabajar sólo en ocasiones y no tienen ingresos tanto como antes.

• Menos del 59% reportaron que gastan una cantidad considerable de su dinero en atención médica.

• Entre el 70% y 85% de las pacientes (voluntarios/as) diagnosticados nunca habían escuchado antes sobre la fibromialgia.

• Los pacientes consultaron aproximadamente a 7 médicos y tardaron en un promedio 4 años en ser diagnosticados.

• El 14% de los médicos generales, reconocen que saben poco o nada sobre la fibromialgia, por lo que es evidente que se requiere mejorar la capacidad de diagnóstico correcto y temprano.

• Al menos 74% al 90% de las pacientes sufren deterioro en su calidad de vida, afectando su movilidad física y estado de ánimo.

• Entre el 47% al 67% de las pacientes con fibromialgia con empleo, faltaron al menos 10 días a su trabajo en un año; en otros casos, faltaron 40 días, debido a la persistencia de los síntomas.

El síndrome de fibromialgia es una enfermedad crónica y compleja que provoca dolores generalizados, produciendo un agotamiento profundo, además de otros síntomas. Este padecimiento es más frecuente en mujeres adultas, a diferencia de la artritis no ocasiona dolor o hinchazón en las articulaciones, más bien, produce dolor en los tejidos blandos y alrededor de las articulaciones.

Los síntomas generales ocasionados por esta enfermedad, por lo general consiste en dolor o ardor generalizados, describiéndose muchas veces, como un dolor de pies a cabeza; su severidad varía de día en día, y puede cambiar de lugar, llegando a ser más severo en aquellas partes del cuerpo que tienen más movilidad (cuello, hombros y pies). En algunas personas, el dolor puede ser lo suficientemente intenso para interferir con las tareas diarias y ordinarias, mientras que, en otras, se manifiesta como un malestar leve.

SÍNTOMAS DE LA FIBROMIALGIA.

Además de dolor y agotamiento, la Fibromialgia también puede ocasionar uno o varios de los siguientes síntomas típicos.

Anquilosamiento: además del dolor, la rigidez del cuerpo puede representar un verdadero problema para las personas, esta rigidez puede notarse particularmente a primera hora de la mañana, después de permanecer sentado durante períodos prolongados o de estar de pie sin moverse, o por cambios de la temperatura o de la humedad relativa.

Depresión y ansiedad: aunque con frecuencia, los pacientes con fibromialgia son diagnosticados de forma incorrecta como trastornos de depresión o ansiedad, se sabe que el este padecimiento no es una forma de depresión ni de hipocondría. No obstante, siempre que la depresión o la ansiedad ocurran con la fibromialgia, es importante implementar tratamiento ya que, tales patologías pueden exacerbar la enfermedad e interferir en el manejo exitoso de los síntomas.

Desequilibrio: los pacientes con fibromialgia pueden experimentar problemas de vértigo y/o del equilibrio que se manifiestan de varias formas, además, se cree que la fibromialgia afecta los músculos esqueléticos de seguimiento de los ojos, pueden experimentar náuseas o confusión visual al conducir un auto, al leer un libro o al seguir objetos con la vista.

También se ha demostrado que algunos pacientes con fibromialgia sufren un trastorno conocido como hipotensión de origen neurológico lo que causa, al ponerse de pie, una disminución repentina de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, produciendo mareos, náuseas y dificultad para pensar con claridad.

Los pacientes con fibromialgia pueden experimentar frecuentes jaquecas, tensión o dolores de cabeza de tipo vascular; el dolor de cabeza también puede consistir en un dolor que se dice estar en el área temporal (las sienes) o detrás de los ojos. Se cree que aproximadamente una tercera parte de los pacientes con fibromialgia experimentan dolores y disfunción de la articulación temporomandibular, que no sólo produce dolores de cabeza sino también dolores en cara y mandíbulas.

Malestar abdominal: personas con fibromialgia experimentan trastornos digestivos, dolores abdominales, meteorismo, estreñimiento y/o diarrea. En conjunto, estos síntomas generalmente se llaman síndrome de intestino irritable, además, algunos pacientes tienen dificultad para tragar los alimentos, debido a alteraciones de la musculatura lisa del esófago.

Parestesia: en ocasiones la fibromialgia se asocia con un entumecimiento u hormigueo de manos o pies que se conoce con el nombre de parestesia, esta sensación se puede describir como picazón o ardor.

Problemas en la piel: los síntomas molestos, como prurito, resequedad o manchas, pueden acompañar a la fibromialgia, los pacientes con fibromialgia también pueden experimentar una sensación de hinchazón, particularmente en las extremidades, como en los dedos.

Problemas genitourinarios: es posible que los pacientes con fibromialgia se quejen de un aumento en la frecuencia o de mayor urgencia para orinar, típicamente, sin una infección de la vejiga. Algunos pacientes pueden presentar una enfermedad más crónica que es la inflamación dolorosa de la pared de la vejiga, lo cual se conoce como cistitis intersticial.

En las mujeres, la fibromialgia puede ocasionar que los períodos menstruales sean más dolorosos o que los síntomas de fibromialgia empeoren durante la menstruación, también pueden presentarse otras patologías, tales como la vestibulitis vulvar o vulvodinia, caracterizadas por dolores en la región de la vulva y por dolores durante el coito.

Sensibilidad ambiental: las personas con fibromialgia suelen presentar hipersensibilidad a la luz, ruidos, olores y cambios del tiempo debido a un estado de hipervigilancia del sistema nervioso. Son frecuentes las reacciones parecidas a las alérgicas a toda una gama de sustancias (medicamentos, productos químicos, aditivos de los alimentos, contaminantes, etc.), y en ocasiones los pacientes padecen una forma de rinitis no alérgica caracterizada por la constipación o excreciones de la nariz y dolor en los senos nasales, pero sin las reacciones inmunológicas que se dan en dichas enfermedades alérgicas.

Sensibilidad a la temperatura: los que sufren de fibromialgia tienden a tener una sensibilidad inusitada a la temperatura ambiente, a diferencia de las personas de su entorno, algunos pacientes tienen frío en forma anormal, mientras que otros tienen calor también en forma anormal. A veces, se manifiesta una sensibilidad inusitada al frío en las manos o en los pies, acompañada de cambios de color en la piel, esta condición se conoce como el “Fenómeno de Raynaud”.

Sensaciones en las piernas: a veces, algunos pacientes con fibromialgia presentan un trastorno neurológico conocido como síndrome de las piernas inquietas, esta alteración se caracteriza por un impulso incontrolable de mover las piernas, sobre todo cuando se está descansando o reposando. El síndrome también puede ocasionar movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño, lo que puede ser muy molesto al paciente y a su pareja.

Síntomas torácicos: las personas que sufren de fibromialgia y realizan actividades que les obligan a inclinarse hacia adelante (escribir a máquina o sentarse a un escritorio, etc.) muchas veces presentan dolores en el pecho o las partes superiores del cuerpo que se conocen como dolores y disfunciones del tórax. A menudo, estos dolores van acompañados de jadeos y problemas de postura, algunos pacientes pueden también presentar una patología llamada costocondralgia, que es un dolor muscular localizado en el punto en el que las costillas se unen al esternón, tales condiciones imitan los síntomas de una enfermedad cardíaca y por consiguiente son motivo de error en el diagnóstico.

Trastornos cognoscitivos: las personas que tienen fibromialgia experimentan una variedad de síntomas cognoscitivos que tienden a cambiar de día en día, estos incluyen dificultad para concentrarse, lentitud mental, pérdida de la memoria, sentirse fácilmente abrumado, etc.

Trastornos del sueño: a pesar de dormir las horas suficientes, los pacientes que sufren de fibromialgia pueden despertarse y sentirse todavía cansados, como si apenas hubiesen dormido. Por otro lado, pueden experimentar dificultades para conciliar el sueño o para mantenerse dormidos. algunos también sufren de apnea durante el sueño, se desconocen las razones por las que la fibromialgia provoca que el sueño no sea reparador y otras dificultades del mismo, aunque se sabe que algunos pacientes con este síndrome presentan alteraciones en la etapa más profunda del sueño, la fase delta.

POSIBLES CAUSAS DE LA FIBROMIALGIA.

Aunque en la actualidad se desconoce la causa del síndrome de la fibromialgia, las investigaciones han revelado mucho acerca de esta misteriosa enfermedad, este síndrome se manifiesta después de algún tipo de trauma (especialmente en el cuello o la parte superior del cuerpo) que parece estimular su desarrollo, tal trauma puede afectar el sistema nervioso central, lo que a su vez produce esta enfermedad.

Entre los posibles factores causantes de fibromialgia se hallan los traumatismos, la predisposición genética, los agentes infecciosos y el estrés, no obstante, puesto que muchas veces no se puede identificar la circunstancia desencadenante aparente, no todos estos casos pueden considerarse como fibromialgia postraumática; a causa de esto, los investigadores siguen explorando una variedad de alternativas que puedan explicar la etiología de este síntoma

Nuevas investigaciones arrojan que los pacientes diagnosticados con fibromialgia sufren de compresión de la médula espinal, situación que tal vez sea la causa de algunos de los síntomas experimentados y que pueden corregirse quirúrgicamente; por otra parte, hay investigadores que opinan que es de origen infeccioso, ocasionado por un virus, aunque hasta la fecha no se ha identificado ningún agente de este tipo.

Las primeras investigaciones sobre la causa del síndrome de la fibromialgia estudiaron la posibilidad de defectos o disfunciones en los músculos de los pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, las hipótesis sobre este aspecto han sido descartadas a medida que se ha acumulado evidencia de que la Fibromialgia es causada por un mecanismo central del cerebro (es decir, el sistema nervioso central) y no por un mal funcionamiento en los músculos en las partes periféricas del cuerpo.

Otros estudios sugieren que la fibromialgia es un "síndrome relacionado con el estrés" (ya que muchas veces se manifiesta después de un acontecimiento físico o emocionalmente estresante), con trastornos en los principales centros de respuesta al estrés, el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, el sistema nervioso simpático y, muy probablemente, el sistema nervioso autónomo.

Según los últimos avances en la investigación, la complejidad de la fibromialgia tiene que ver con los cambios neurológicos, respecto de cómo las pacientes perciben el dolor, y en especial, a la presencia de una mayor sensibilidad a los estímulos que normalmente no son dolorosos.

Afortunadamente, las pacientes de fibromialgia disponen de medicamentos aprobados que son apropiadas para el tratamiento de la misma, como la pregabalina, además de los coadyuvantes antidepresivos, relajantes musculares y moduladores de la entrada de calcio a las células. Sin embargo, el tratamiento debe ser integral; controlado por el médico tratante y debe incluir cambios en los hábitos de las pacientes, como la higiene del sueño; realizar cierto tipo de ejercicios físicos leves o moderados y técnicas de respiración”.

El tratamiento debe incluir la psicoterapia cognitivo conductual para que la propia paciente determine los pensamientos negativos que le afecten y pueda desecharlos.

La fibromialgia continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada y desconocida, que se hace difícil su diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, generando sufrimiento, gastos y ausentismo laboral en las pacientes de Latinoamérica.

OBJETO DE LA INICIATIVA PARA DECLARAR EL 12 DE MAYO DÍA NACIONAL DE LA FIBROMIALGIA.

1. Aumentar la concientización respecto de la magnitud y la naturaleza de los problemas de los servicios de salud, sociales y económicos causados por el desconocimiento de las personas que padecen la enfermedad y por otra parte reforzar el compromiso de los tres órdenes de gobierno para adoptar medidas que contrarresten el desconocimiento respecto a la enfermedad de la fibromialgia.

2. Consolidar el acervo de conocimientos sobre la magnitud, síntomas y posibles causas que tiene la enfermedad de la fibromialgia, a fin de prevenir eficazmente y realizar diagnósticos certeros a las personas que padecen esta enfermedad.

3. Fortalecer las alianzas e intensificar la coordinación entre el sector sanitario y aumentar la movilización de los recursos necesarios para adoptar medidas adecuadas y concertadas de prevención hacia la enfermedad de la fibromialgia.

4. Incrementar el apoyo técnico y reforzar su capacidad del sector sanitario para prevenir la enfermedad de fibromialgia y los problemas de salud asociados.

5. Mejorar los sistemas de seguimiento y vigilancia en los tres órdenes de gobierno y la difusión y aplicación más eficaz de la información para fines de promoción, desarrollo de políticas y evaluación.

Impulsar el Día Nacional de la Fibromialgia, no solo reflejaría los esfuerzos que se están impulsando desde el Senado de la Republica, donde con fecha 12 de noviembre de 2015, impulsaron un punto de acuerdo que a la letra dice:

“Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se incluya una partida específica para la prevención, investigación, diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia en el Ramo 12 Salud.

Presentada por los senadores Eviel Pérez Magaña, Maki Ortiz Domínguez, Fernando Mayans Canabal, Roberto Albores Gleason, Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Hilda Flores Escalera, Francisco López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romeo Lainas, María Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, Braulio Fernández Aguirre, Sonia Rocha Acosta y Martha Tagle Martínez, de los Grupos Parlamentario del PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y PT.”

Mismo documento turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde días posteriores fue aprobado por unanimidad en esa Cámara de origen.

Con el Día Nacional de la Fibromialgia se estaría reconociendo que los sistemas de salud del siglo XXI afrontan nuevos desafíos para lograr las metas de salud nacionales e internacionales ante un mundo globalizado. Que el desafío de la equidad e igualdad requiere una comprensión sobre los determinantes sociales de la salud y que el Gobierno Federal está colaborando en la formulación y aplicación de políticas públicas para afrontar problemas de salud como lo es la fibromialgia.

Este esfuerzo apoyará a comprender, actuar e influir de manera positiva sobre los determinantes de la salud, promover intereses y concertar acciones intersectoriales en salud en los diferentes niveles de gobierno, guiados por el principio de una mayor equidad global en salud,

Apoyar esta iniciativa significará, el impulso a un desarrollo de redes y asociaciones nacionales e internacionales con profesionales clave de distintos sectores y disciplinas; la exposición a las dimensiones técnicas, el intercambio del conocimiento y por supuesto a las políticas públicas, así como un desarrollo de competencias en áreas claves.

Como diputada federal, mi principal interés es procurar la atención medica de las mujeres que sufren de fibromialgia, a fin de realizar acciones para que logren un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; como lo refiere la Organización Mundial de la Salud. La mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, puesto que tal derecho es esencial para el desarrollo pleno de su personalidad.

El reconocimiento del 12 de mayo de cada año, como Día Nacional de la Fibromialgia, no busca ser solamente una remembranza ocasional del impacto de este padecimiento, debe ser la oportunidad para difundir, concientizar e impulsar más presupuesto a su investigación, enfocado a ofrecer mejores tratamientos a fin de disminuir el porcentaje de personas afectadas por esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el presente:

DECRETO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión declara el 12 de mayo de cada año Día Nacional de la Fibromialgia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. Olivia López Galicia.

NOTAS.
• Barrera Villalpando, Ma. Isabel. Fibromialgia, guía para el manejo cognitivo conductual. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México. 2013.
• Martínez Lavin, Manuel. La ciencia y la clínica de la Fibromialgia, manual práctico para profesionales de la salud. Medica panamericana. México. 2012.
• Martínez Lavin, Manuel. Fibromialgia. EL dolor incomprendido. Aguilar. México. 2008.
• http://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/Informacion_de_salud/Fibromialgia/default.asp.
• Http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=59828.
• http://www.arthritis.org/espanol/general/fibromialgia/.
• http://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/pages/introduction.aspx.
• http://espanol.arthritis.org/espanol/tratamientos/medicamentos/medicamentos-por-enfermedad/medicamentos-fibromialgia/.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Diputado BRAULIO GUERRA URBIOLA, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución es la cúspide normativa sobre todo si aludimos a la metafórica pirámide kelseniana. Para la escuela de Kelsen en todo sistema jurídico que se jacte de ser integral e interconectado debe existir una norma fundamental. Para el austriaco la Grundnorm constituye "el límite superior del procedimiento lógico de regresión, evitando que éste se transforme en un regressus al infinito. Esto quiere decir, que su validez no pude derivar de otra superior, no tiene a ningún poder colocado por encima de sí".

En México el segmento académico y doctrinario se ha inclinado en su mayoría a ubicar a la Constitución en la punta de toda jerarquía jurídica, siendo que tal circunstancia no deja discusión alguna respecto de la relevancia de nuestra norma fundamental. Sin embargo, la evolución del pensamiento neoconstitucionalista y la subrayada agenda internacional en materia de derechos humanos, han marcado una nueva versión filosófica-práctica respecto de la materialización del derecho en la persona humana, acepción que busca hacer énfasis en aquellos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José y en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos.

Como secuela de lo anterior, han surgido instituciones interamericanas insertas en la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emite recomendaciones a los Estados que a su juicio, en esa calidad de Estado, hubiere violentado los derechos fundamentales y aquellos principios que forman parte de la normatividad internacional en esta materia.

La institucionalización internacional en el perímetro judicial que conformó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que no emite solamente llamamientos con sanción moral, sino que, propiamente hablando resuelve mandatos vinculatorios al Estado en cuestión sin margen de escapatoria política o jurídica. Estas Convenciones y resoluciones han bombardeado el pensamiento jurídico mexicano influyendo de manera decisiva en la práctica judicial y parlamentaria; ya que desde un juicio en materia civil, familiar, mercantil y hasta electoral, son invocados como fundamentos o criterios, en materia de pensión alimentaria, paridad de género electoral, matrimonios igualitarios, entre muchos otros temas.

Con más énfasis legal podemos hablar del Estatuto de Roma que representa el instrumento internacional constitutivo de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998 como consecuencia de la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas que elevaron la justicia penal y la tipificación de conductas antijurídicas al terreno internacional.

Por la razón que antecede, debemos considerar que existe desde lo internacional un nivel de superioridad normativa con relación a las instituciones y la Constitución mexicana. Es claro que en diversas latitudes del mundo, marcadamente en el Continente Europeo, los conceptos de soberanía y supranacionalidad mediante instituciones que rebasan al Estado Nacional como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, expresan de forma por demás ilustrativa el contexto de un modelo que evidentemente en México y Latinoamérica es cósmicamente distante, pero que dibuja algunos rasgos primigenios respecto a la cohabitación domestica e internacional en cuanto a su orden de prioridad a la usanza de la cadena normativa a la que en su teoría ejemplifica Joseph Raz.

Sin embargo, los avances en los procesos de integración europea que en ciernes planteara Jean Monet y Robert Shuman en 1950 para configurar una primera y primigenia Unión Europea en torno al comercio y explotación del carbón y el acero, pareciera empezar a tener fisuras por los resultados que arrojó el referendo británico generando el paradigmático Brexit que exalta los valores nacionales y la mirada introspectiva alejada de los axiomas e instituciones supranacionales que la Unión promueve en aquel continente. En ello, en este caso de excepción internacional, se profundiza en la conceptualización de aquellas instituciones nacionales que son supremas y aquellas internacionales que las complementan o que las superan.

En el escenario mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las tesis y jurisprudencia, en lo general, la supremacía de la ley fundamental se engarza en los artículos 133, 41, 124, 128 y 135.

Retomando la fecha de 1934, cuando las dudas acerca del texto constitucional invadieron el Congreso de la Unión, surgieron diversas interpretaciones respecto a si el artículo 133 del Constituyente, le otorgaba el mismo rango a ¨todos los tratados internacionales” a la par que a la propia Constitución; incluso se llegó a inferir que los tratados tendrían un rango más elevado que la Carta Magna.

En aquellos ayeres parlamentarios, la Comisión de Puntos Constitucionales expresó en su dictamen:

“Es obvia la razón que se ha tenido en cuenta para reformar el artículo 133 de la Constitución en la forma propuesta por el Ejecutivo y que el Senado acepta, pues si bien es verdad que los tratados internacionales también son ley suprema de la unión, esto es, en cuanto no estén en pugna con la ley fundamental que es la Constitución”.

Bajo este estado de cosas, se concluyó legislativamente hablando que mientras los tratados no entren en conflicto con la Constitución sería irrelevante la discusión. ¿Pero que acontece con los tratados internacionales que van más allá del documento constitucional? ¿Cuál sería la ubicación de las Leyes Federales y las Leyes particulares de las entidades federativas?

¿Por qué es relevante la ubicación jerárquica de los multicitados dispositivos legales? Es razonable ilustrar que frente a un caso concreto en el que el juez tuviera ante sus ojos, el hipotético conflicto entre los textos constitucionales o internacionales o en su caso la legislación federal o local, el enjuiciador tendrá que optar por la norma a aplicar.

Lo que resulta subrayable para la justificación de este vademécum jurídico es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poseedora del oficial monopolio científico facultativo para describir las normas legisladas determinando sus alcances y el significado de los enunciados normativos a través de la hermenéutica, nos lleva a referenciar a Tomas Jefferson cuando afirmó: ¨La constitución es lo que los jueces dicen que es¨, y en este caso particular el Dr. Rolando Tamayo y Salmorán que en las aulas invocaba la máxima de que la Constitución dice lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que dice".

Es consabido en la dogmática jurídica que H.L.A Hart identifica a las reglas primarias como las directrices para la realización de conductas de acción u omisión por parte de los ciudadanos, aparejando obligaciones y en su caso sanciones; y por otro lado las reglas secundarias que conceden atribuciones expresas que ponen margen pero que al tiempo facultan la actuación de la autoridad. La Constitución como instrumento otorgante de elementos facultativos al mismo tiempo  define la cadena de mando; que si bien Monstesquieu referiría a la división de poderes, es el Presidente de la República quien encarna el "supremo" Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 80 de nuestra Constitución.

Es aquí en donde no solamente decanta la superioridad de la norma, sino también, de quien como Jefe de Estado y de Gobierno ejerce sus atribuciones basamentadas en sus atribuciones y representando el eje de un sistema jurídico que concede en términos de esa supremacía el poder público en el marco de un sistema político presidencial.

En el contraste en el territorio de la Unión Europea el Poder Público se ejerce por las atribuciones que sus normas fundamentales domésticas les otorgan, pero han concedido a las "supra instituciones", como la Comisión Europea por ejemplo, un lugar jerárquico más elevado respecto de determinadas decisiones.

¿Qué papel juega el concepto de soberanía con relación a la norma suprema de una nación? En este caso, es la propia autodeterminación de los pueblos la que concede o retira atribuciones al centro. En los procesos de integración la soberanía no se cede, sino que, es la misma autodeterminación la que decide integrarse a un sistema o separarse de él. Baste nuevamente aludir al fenómeno Brexit que puso en vilo al viejo continente. Entrar o salir de la Unión constituye una decisión soberana.

Retomando a Hart, es al mismo tiempo su regla de reconocimiento la que permite al ciudadano saber y reconocer su pertenencia a un sistema jurídico y cuáles son las normas que le serían aplicables. Como es el caso de la persona que identifica que lo que dice la Constitución mexicana le aplica, incluso no por entendimiento profundo de lo jurídico o porque esté atento a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, sino que desde una perspectiva sociológica "reconoce" por intuición que estas son las normas que le aplican y no las leyes promulgadas en Canadá, por ejemplo.

¿Pero qué sucede en un proceso de integración como lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá? En el ámbito del comercio, ese ciudadano, a partir de la regla de reconocimiento de Hart, sabrá que existen reglas comerciales derivadas de un tratado que habrían de aplicarle en el caso de sus exportaciones o importaciones comerciales en su caso.

Para Gustavo Zagrebelsky los principios subyacen y anteceden a las normas. El consenso respecto al contenido dogmático constitucional que establecen preponderantemente principios escritos en su configuración como derechos humanos o derechos fundamentales, serían comprendidos con enunciados que describen no sólo axiomas sino prerrogativas humanas que en función de los razonamientos aristotélicos en "segundos analíticos" son condiciones sociales reconocidas por la humanidad como elementos indispensables para la dignidad y el desarrollo de la persona humana.

Estos principios escritos y descritos por nuestra Constitución, ni duda cabe, son supremos por su propia naturaleza y van de la mano de las máximas expuestas en las Convenciones internacionales de la materia que promueven particularmente la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia.

Por lo expuesto, presento ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

Único: Se reforma el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, los tratados internacionales y las leyes reglamentarias de la primera y las leyes generales son la Ley Suprema de los Estados Unidos Mexicanos. Las convenciones Internacionales relativas a los principios adoptados en el artículo 89 fracción X y preferentemente los relativos a los derechos humanos tendrán primacía sobre todo el derecho interno del país, siendo que los tratados generales gozarán de la misma jerarquía que la Constitución y estarán por encima del resto de la legislación en función del principio de convencionalidad.

En la celebración de instrumentos internacionales el poder ejecutivo federal no podrá presentar reserva alguna en lo concerniente a las convenciones sobre derechos humanos.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de mayo de 2018.

Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola.






Las proposiciones se turnarán a comisiones en los términos del Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo aprobado. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegación del IMSS del estado de Yucatán a realizar el análisis y proyecto correspondiente para la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el municipio Tizimín. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y A LA DELEGACIÓN DEL IMSS DEL ESTADO DE YUCATÁN, A FIN DE REALIZAR EL ANÁLISIS Y PROYECTO CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL IMSS DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO TIZIMÍN, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. ANTECEDENTES.

De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada, sin importar su condición social, económica, cultural o racial. 1

En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946, se menciona que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Por ello, es importante entender la salud como un derecho humano porque genera la obligación jurídica de los Estados de asegurar el acceso oportuno, aceptable y asequible a la atención de salud de calidad suficiente…2

En el artículo 4 de nuestra Constitución se menciona que “Toda persona tiene derecho a la protección  de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”

En consecuencia, no podemos negar que la salud es un derecho para todos los mexicanos, sin embargo, en la actualidad no todos tienen acceso a sus beneficios, y quienes lo tienen no siempre pueden acceder a una atención de un nivel más especializado.

Por otra parte, en el reporte Health de 2008, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que nuestro país destina en el sector salud el 6.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo cual lo coloca como un país que no da atención adecuada a este sector, ya que en promedio los países miembros de la OCDE, destinan el 8.9% de su PIB.

Adicional a lo anterior, es muy conocido que en México existen solo tres instituciones que otorgan seguridad social, es el caso del IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular, y en este último a nivel federal se ha fortalecido la seguridad médica, sin embargo, no cabe duda que esta alternativa aún es insuficiente, ya que en nuestro país existen tres niveles de atención de salud, como lo señala la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en  su investigación de 2013 acerca del Sistema Nacional de Salud:3

Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades de Medicina Familiar (IMSS), Centros de Salud (SSa) y Clínicas Familiares (ISSSTE), en donde se proporcionan los servicios de salud básicos. Son el principal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se atiende y resuelve 80% de los padecimientos.

Segundo Nivel de Atención. Corresponde a los Hospitales Generales, Regionales, Integrales, Comunitarios; también a los Hospitales Pediátricos, de Gineco-Obstetricia o Materno-Infantiles, así como los Hospitales Federales de Referencia que se localizan en la Ciudad de México y que operan como concentradores para todo el territorio nacional.

En el segundo nivel se atiende a todos los pacientes remitidos por los servicios del primer nivel de atención que requieren de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación específicos. Se aplican los métodos de diagnóstico: exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, interconsultas con especialistas como cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, etcétera, de acuerdo con la necesidad de los pacientes.

Tercer Nivel de Atención. Es la red de hospitales de alta especialidad con avanzada tecnología. Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo y las enfermedades más complejas. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel. Son los Centros Médicos Nacionales (CMN), Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES), los Institutos Nacionales de Salud, que se concentran en su mayoría en la Ciudad de México

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Salud, clasifica a los hospitales atendiendo a su grado de complejidad y poder de resolución de la siguiente manera: Hospital General, Hospital de especialidades e Institutos.

Los hospitales a los que comúnmente se les denomina establecimientos de segundo y tercer nivel, brindan  atención a pacientes, de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas que presta servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización y que deberá realizar, a favor de los usuarios, actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados paliativos, así como de formación y desarrollo de personal para la salud, y de investigación científica.

La capacidad de atención varía en atención a la infraestructura y material con el que se encuentre equipado, sin embargo, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en su artículo 71, menciona que los establecimientos públicos, sociales y privados que brinden servicios de atención médica para el internamiento de enfermos, están obligados a prestar atención inmediata a todo usuario, en caso de urgencia que ocurra en la cercanía de los mismos.

En su artículo 74, menciona que en el supuesto de que los recursos del establecimiento no permitan la resolución definitiva del problema se deberá transferir al usuario a otra institución del sector, que asegure su tratamiento y que estará obligada a recibirlo.

II. CONSIDERACIONES

En el caso del Estado de Yucatán, se ha reconocido que uno de los principales problemas para hacer frente a la demanda que presentan los servicios de salud es la falta de infraestructura médica.

El IMSS cuenta con 16 módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente tanto en las unidades médicas de la ciudad de Mérida, como en el interior del Estado, sin embargo, el tema fundamental es que no se cuenta con hospitales más especializados como lo es un hospital de Segundo Nivel donde se podría proporcionar atención terapéutica y de rehabilitación; y donde se podrían aplicar métodos de diagnóstico como exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio; consultas con especialistas como cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, entre otros, de acuerdo con la necesidad de los pacientes.

Cuando la enfermedad presenta manifestaciones físicas y se hacen evidentes los signos y síntomas se debe realizar un tratamiento oportuno para limitar el daño y recuperar la salud. Para ello se recurre, de ser necesario, a la internación, al tratamiento quirúrgico o clínico específico.4

Es preocupante la falta de hospitales del IMSS de Segundo Nivel en Yucatán, ya que a causa de esa situación, una gran parte de derechohabientes no puede acceder a los servicios de salud de esa especialización, lo cual, genera gran descontento entre la población, que muchas veces tiene que ir a instituciones de salud privada, lo que merma su economía e invierte mucho tiempo para trasladarse a otro hospital, pero aún más grave, ve afectada su salud pues la gran mayoría de los derechohabientes que no cuentan con recursos económicos, dejan de atenderse y por ende sufren padecimientos de salud.

Aunado a lo anterior, la insuficiencia de atención médica, genera largas filas en las unidades médicas o clínicas IMSS existentes en Yucatán, y van en aumento.

En el caso específico del municipio de Tizimín, Yucatán, se cuenta con el hospital general de San Carlos y dos centros de salud; uno ubicado en Tizimín y otro en la Colonia Yucatán.

El hospital San Carlos es de Segundo Nivel y brinda cobertura médica a nueve municipios del oriente del estado, entre las que se encuentran, Tizimín, Espita, Sucilá, Panabá, Río Lagartos, Calotmul, San Felipe, Buctzotz, y Cenotillo. Inclusive se atiende a una gran parte de la población del municipio de Temozón, y cuenta con especialidades de pediatría, cirugía general, laparoscopia, ortopedia, obstetricia y ginecología.

Dicha sede hospitalaria cuenta con dos vehículos de traslado para llevar pacientes en estado crítico hasta la ciudad de Mérida, Yucatán, para ser atendidos en el Hospital General Doctor Agustín O’ Horán, que es un Hospital Regional de Alta Especialidad,5 es decir, de tercer nivel, y que prácticamente es el único hospital de ese nivel que existe para atender a dichos municipios aledaños y al propio municipio de Tizimín.

Y aunque en el municipio de Tizimín se cuenta con la unidad número 6 del IMSS, que es de medicina familiar con hospitalización; y el Hospital General de Subzona Número 5 del IMSS con medicina familiar, además de las unidades médicas rurales, dichos institutos de salud, de acuerdo a la clasificación mencionada anteriormente, son de servicios básicos, por lo cual, cientos de derechohabientes siguen exigiendo la construcción de un Hospital de Segundo Nivel, que cuente con el equipamiento necesario y la capacidad de atender a pacientes con enfermedades complejas que requieren de atención médica especializada.

El problema que radica en los derechohabientes del IMSS de la zona sur de Yucatán, es que no pueden acceder a un Hospital de Segundo Nivel porque no existe en la región, y el hospital San Carlos, que aunque es de Segundo Nivel, no los puede ofrecer el servicio médico de manera gratuita por no tener ese derecho.

Adicional a lo anterior, se han dado casos deprimentes en materia de salud en instituciones que aunque no son Hospitales de Segundo Nivel que es materia de la presente proposición legislativa, forman parte de la carencia de atención médica básica. Ejemplo de lo anterior se dio hace 5 años en la Colonia Yucatán del municipio de Tizimín, Yucatán, en donde la clínica del IMSS de esta comunidad contaba con instalaciones de primer nivel, pero prácticamente estaba en el abandono.6 Prácticamente, era una clínica fantasma, donde las sillas estaban empolvadas, los baños sucios y  el equipo médico sin usarse.

Asimismo, en el municipio de Valladolid, ubicado al oriente de la entidad se encuentra el Hospital General de Valladolid, el cual proporciona los servicio que caracterizan a un Hospital de Segundo Nivel, cabe mencionar que el promedio de atención es de aproximadamente tres mil pacientes al mes, y aunque su papel en la entidad es primordial ya que se encuentra en una zona geográfica colindante con el vecino estado de Quintana Roo, también acuden al mismo, habitantes de los municipios de Chichimilá, Temozón, Yaxcabá y Chemax. Sin embargo, la situación del municipio de Valladolid y de los municipios colindantes, es similar al municipio de Tizimín, es decir, que no cuentan con un hospital del IMSS de Segundo Nivel, en el que se pueda atender a los derechohabientes de dicho instituto.

Por tanto, si se construyese un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el municipio de Tizimín, como se propone en este documento legislativo, ya que geográficamente es un municipio cercano y colindante con varias alcaldías, entre los que destaca el municipio de Valladolid, se podrían atender y beneficiar a todos los derechohabientes de la región.

Además, según el Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán, publicado en 2017, registró hasta el 15 de marzo de 2015, que el Municipio de Tizimín contaba con una población total de 77 mil 621 habitantes, de los cuales  18.33% estaba afiliado al IMSS, 4.14 al ISSSTE y 77.42% en el Seguro Popular, solo 1.61 en instituciones privadas, entre otros.7 De acuerdo a las cifras del INEGI en 2017, de la población total del municipio de Tizimín, eran derechohabientes del IMSS, 14 mil 204 personas.8

Por otra parte, si consideramos que Tizimín, es la tercera ciudad más importante del Estado y que  de acuerdo al censo realizado por el INEGI  en 2010, ocupa la cuarta posición en el número de habitantes de Yucatán, solo después de Mérida, Kanasín y Valladolid,9 sería congruente que dicho municipio pudiese ser la sede para la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel, que pueda atender las necesidades de salud en la zona sur de Yucatán y que pueda dar cobertura de salud a los derechohabientes del IMSS, que suman una cantidad significativa como se describe en el siguiente cuadro:

No.

MUNICIPIO

POBLACIÓN

DERECHOHABIENTES IMSS

PORCENTAJE

  1.  

Tizimín

77,621

14,204

18.3%

  1.  

Río Lagartos

3,052

2,010

57.4%

  1.  

Panabá

7,792

412

5.3%

  1.  

Sucilá

3,918

462

11.8%

  1.  

Espita

16,071

980

6.1%

  1.  

Calotmul

3,992

259

6.5%

  1.  

Chemax

36,881

848

2.3%

  1.  

Temozón

18,503

647

3.5%

  1.  

Valladolid

80,313

13,572

16.9%

  1.  

San Felipe

1,945

945

48.6%

  1.  

Buctzotz

8,887

444

5%

  1.  

Cenotillo

3,886

139

3.6%

  1.  

Quintana Roo

963

176

18.3%

  1.  

Dzilam de Bravo

2,744

315

11.5%

  1.  

Dzitás

3,783

189

5%

  1.  

Tinum

11,942

1,003

8.4%

  1.  

Uayma

4,.056

247

6.1%

  1.  

Cuncunul

1,572

72

4.6%

  1.  

Kaua

3,119

171

5.5%

  1.  

Tekom

3,216

125

3.9%

  1.  

Chankom

4,583

183

4%

  1.  

Chikindzonot

4,166

33

0.8%

  1.  

Tixcscalcupul

7,157

207

2.9%

  1.  

Chichimilá

8,371

426

5.1%

 

TOTAL

318,533

38,069

 

Fuente: Tabla propia, con datos de INEGI 2015.

La población total de Yucatán en 2015, fue de 2 millones 97 mil 175 personas, de las cuales 935 mil 340 personas son derechohabientes del IMSS (44.6% de la población total). Asimismo, se debe destacar, como se describe en el cuadro anterior, que 24 municipios del sur del Estado de Yucatán podrían ser atendidos construyendo un Hospital IMSS de Segundo Nivel, que se  ubique en el municipio de Tizimín, y cuyo total de población en conjunto sumaban en 2015, 318 mil 533 personas, de las cuales, 38 mil 69 son derechohabientes.

Como se nota, la insuficiencia de atención médica de Segundo Nivel impacta en la población tanto del municipio de Tizimín como de los municipios cercanos: Río Lagartos, Panabá, Sucilá, Espita, Calotmul, Chemax, Temozón, Valladolid, San Felipe, Buctzotz, Cenotillo, Quintana Roo, Dzilam de Bravo, Dzitás, Tinum, Uayma, Cuncunul, Kaua, Tekom, Chankom, Chikindzonot, Tixcscalcupul y Chichimilá, quienes han sentido una gran inconformidad ante la falta de atención médica especializada, y a veces, por la gran demanda que existe en materia de salud, sobre todo en las áreas de urgencia se han tenido que enfrentar a la falta de humanismo y profesionalismo de algunos trabajadores que laboran en el Hospital San Carlos de Segundo Nivel.

Objetivos en la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel:

1. Lograr la disponibilidad necesaria para contar con un número suficiente de personal de salud, recursos humanos (considerando médicos, profesionales, técnicos y personal de salud capacitados. Asimismo, se tenga accesibilidad a bienes y servicios de salud para todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de la población, lo que implica tener acceso físico, económico, de información, de medicamentos, entre otros.

2. Mayor atención de calidad y en donde los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos de salud sean apropiados; que el personal esté capacitado, que el hospital cuente con las condiciones sanitarias adecuadas, y que haya un trato respetuoso y oportuno a las personas que demandan la atención médica.

3. Impulsar un enfoque de la salud basado en los derechos que deben exigirse en las políticas y programas de salud, priorizando las necesidades de las personas más rezagadas, con miras a lograr una mayor equidad.

4. Ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, condición, edad o por pertenecer a algún grupo étnico, etc. La no discriminación y la igualdad exigen que los Estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria.

Ahora bien, para la construcción, ampliación, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de un Hospital IMSS de Segundo Nivel, se requiere de un Permiso Sanitario de Construcción, como lo establece la NOM-016-SSA3-201210, publicada en el Diario Oficial el 8 de enero de 2013. La institución que otorga el Permiso Sanitario de Construcción es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la cual establece una guía de trámites de servicios de salud.11

Entre los requisitos que se solicitan están el original y copia del programa médico-arquitectónico en el que se consideren, como mínimo, las áreas para cada tipo de hospital, según su complejidad; original y copia de los planos en el papel y de preferencia en electrónico. Estos requisitos pueden solventarse a partir del impulso de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social con apoyo de la Delegación IMSS en el Estado de Yucatán, pero sobre todo con el apoyo del titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para que de acuerdo a sus atribuciones impulsen el análisis y elaboración de un proyecto para la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el municipio de Tizimín, Yucatán, a fin de que pueda dar atención médica a la población de los municipios ubicados en la zona sur de la entidad.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Dirección General del IMSS y al titular de la Delegación IMSS del Estado de Yucatán, para que realicen el análisis y el proyecto correspondiente para la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el Municipio Tizimín, Yucatán.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice una asignación especial de recursos a la Dirección General del IMSS con el objeto de llevar a cabo la construcción de un Hospital de Segundo Nivel en el Municipio Tizimín, Yucatán.

Comisión Permanente, el 8 de mayo de 2018.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 Información disponible en http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-salud.html, consultada el 20 de marzo de 2018.

2 Información disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/, consultada el 21 de marzo de 2018.

3 Información disponible en 
http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/sp/wp-content/uploads/2013/12/biblio-basica-3.3.2.pdf, consultada el 21 de marzo de 2018.

4 Por los caminos del sistema nacional de salud, Capítulo 4, disponible en
http://paginas.facmed.unam.mx/deptos/sp/wp-content/uploads/2013/12/biblio-basica-3.3.2.pdf,
consultado el 20 de marzo de 2018.

5 Información disponible en http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=203605,
consultada el 20 de marzo de 2018.

6 Información disponible en http://yucatan.com.mx/yucatan/clinica-de-imss-fantasma, consultada el 15 de marzo de 2018.

7 Información disponible en
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825095116.pdf, consultada el 21 de marzo de 2018.

8 Anuario estadístico y geográfico de Yucatán 2017, INEGI, disponible en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825095116.pdf, consultada el 23 de marzo de 2018.

9 Información disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Tizim%C3%ADn#Bibliograf%C3%ADa,
consultada el 21 de marzo de 2018.

10 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/normas/NOM_016_SSA3_2012.pdf

11 Guía de trámites de Servicios de Salud, disponible en
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Servicios%20de%20Salud/Servicios-de-Salud.aspx, consultada el 20 de marzo de 2018.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar y realizar los cambios necesarios a su estrategia de seguridad, a fin de garantizar la seguridad, los derechos humanos y la paz social. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado José Luis Velázquez González, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a intensificar las acciones que realiza para potencializar al campo zacatecano y continúe implementando programas y políticas públicas que busquen garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos retornados y/o repatriados. Se turna a la Primera Comisión.

El que suscribe, Diputado Federal JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ GONZÁLEZ integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Soberanía la presente: proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SU VIABILIDAD FINANCIERA, INTENSIFIQUE LAS ACCIONES QUE REALIZA PARA POTENCIALIZAR AL CAMPO ZACATECANO Y CONTINÚE IMPLEMENTANDO PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE BUSQUEN GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS MEXICANOS RETORNADOS Y/O REPATRIADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El crecimiento del sector agrícola es el medio más eficaz para reducir la pobreza y lograr la seguridad alimentaria; por ello, es toral que se aumente la productividad en el campo y que, además, se busquen mecanismos que permitan que mexicanos vean al campo como una solución a sus economías familiares y así disminuya el número de migrantes que salen en busca de mejores oportunidades económicas.

Destaco que el mayor rezago social en el mundo suele encontrarse en las zonas urbanas rurales; así, el hambre y la inseguridad alimentaria son, por encima de todo, expresiones de la pobreza rural. Por tanto, se estima que la reducción de la pobreza rural es esencial.

México, como uno de los países con mayor incidencia en la economía del campo, ha realizado múltiples programas y han desarrollado planes de desarrollo, que buscan potencializar al campo, en los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, es claro que debemos sumar esfuerzos y estar a la vanguardia, a fin de fortalecer este tan importante sector.

El campo ocupa un rol estratégico en la economía de nuestro país; dado que cientos de microempresas y pequeños productores trabajan diariamente para fortalecer a este sector, el cual, tiene aún muchas aristas que debemos superar, entre ellas la migración.

La agricultura es una de las principales fuentes de empleo en las zonas rurales y uno de los mayores activadores de la economía a pequeña escala.

Ahora bien, no omito mencionar que es obligación del Estado impulsar procesos de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

La intención de la presente proposición es posicionar al campo como un medio de subsistencia para todos aquellos mexicanos que consideran que su única opción es migrar para robustecer sus economías. Máxime que no debemos perder de vista que ante las políticas migratorias de Estados Unidos de Norteamérica, es clara la posibilidad real de que miles de mexicanos regresen a nuestro país, ya sea voluntaria o involuntariamente.

De acuerdo con estudios en la materia, las salidas y los retornos de migrantes mexicanos oscilan en alrededor de 250 a 300 mil por año, incluso siendo menores las salidas en algunos casos.

Por tal motivo, es necesaria una política pública de Estado de atención a migrantes retornados, particularmente en lo que respecta a una inclusión en el campo mexicano; lo anterior, para coadyuvar a sus economías familiares y para mejorar la producción nacional en el sector.

En 2016, Jefes de Estado y de Gobierno acordaron en la sede de la Organización de las Naciones Unidas la creación de un Pacto Mundial Sobre la Migración, un acuerdo histórico que pretende cubrir todas las dimensiones de la migración internacional.

El Pacto Mundial Sobre la Migración es una oportunidad para que todos los países establezcan un acuerdo con acciones concretas para apoyar a migrantes, en línea con la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes.

En esa virtud, destaco que mi estado Zacatecas no ha sido omiso en ejecutar acciones tendentes a impulsar el desarrollo del campo, particularmente, en materia de migración.

El migrante zacatecano suele ser preferido por empleadores americanos ya que estiman que: sabe trabajar, aprende rápido las nuevas tecnologías, no le saca al trabajo y respeta las reglas; así, me es realmente preocupante que mejor sean los extranjeros quienes busquen trabajadores zacatecanos y que no suceda así el ámbito nacional.

En palabras de un migrante zacatecano, llamo mi especial interés que, al probar suerte en nuestro país vecino, afirmó que “quienes vivimos muchos años en Estados Unidos y trabajamos duro en la construcción o los campos agrícolas; sólo teníamos nuestro cheque y sin ninguna seguridad”… “Aquí en nuestra tierra trabajamos igual de duro, pero al final del ciclo, lo que producimos en el surco es nuestro, como estos ajos que mandamos a México; en esta temporada nos lo pagaron a buen precio y ese dinero ya es para nuestra familia”.

En esa tesitura, advertí que en Río Florido y San José de Lourdes, Fresnillo, con la participación de cerca de 40 funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, la Comisión Interinstitucional para la Atención a Jornaleros Agrícolas y sus Familias acordó comenzar con visitas de campo a zonas concentradoras de trabajadores temporales. Así, el titular de la Coordinación Estatal de Planeación mencionó la responsabilidad asumida por el gobierno estatal para asegurar que durante su llegada, permanencia y retorno, los trabajadores y sus familias cuenten con la protección de las leyes laborales.

Con ello, el gobierno estatal busca asistir a los miles de trabajadores que vienen temporalmente a darle más productividad al campo zacatecano como un acto de justicia social y parte de las acciones humanitarias que caracterizan a los gobiernos de Zacatecas y sus municipios.

Corolario a lo anterior, es toral señalar que, en el estado, los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para apoyar esos flujos migratorios que, hasta hace poco, laboraban en condiciones difíciles y sin garantías de seguridad. Al respecto, destaco que debemos garantizar el bienestar de nuestros trabajadores del campo, a fin de elevar su productividad, fortalecer su capacidad productiva, impulsar la economía regional y, en la medida de lo posible, tratar de que esos trabajadores se queden en sus comunidades y no vean al país vecino como la solución a sus economías.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno del Estado de Zacatecas para que, de conformidad con su viabilidad financiera, intensifique las acciones que realiza para potencializar al campo zacatecano y continúe implementando programas y políticas públicas que busquen garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos retornados y/o repatriados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de mayo de 2018.

Dip. José Luis Velázquez González.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a sus homólogos estatales a iniciar o reforzar las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a la recomendación, caso 11,430, informe 43/96, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de octubre de 1996, en contra del Estado mexicano por violar los derechos humanos del general José Francisco Gallardo Rodríguez. Se turna a la Primera Comisión.

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, 78 FRACCIÓN III Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8.1 FRACCIÓN II, 108 1, Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; RESPETUOSAMENTE EXPONGO ANTE ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, A FIN DE QUE EN PLENO RESPESTO A LA DIVISIÓN DE PODERES, SE EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN: CASO 11,430, INFOME 43/96, EMITIDA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL 15 DE OCTUBRE DE 1996, EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO POR VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS DEL GENERAL JOSÉ FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES

Según la información proporcionada en la denuncia presentada por los peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) el 25 de enero de 1995, el GENERAL BRIGADIER DEL EJÉRCITO MEXICANO JOSÉ FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ ha sido víctima desde 1988, después que fuera ascendido a General Brigadier, de amenazas, hostigamientos e intimidaciones por parte de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Asimismo, señalan que mediante la fabricación de delitos y responsabilidades, nunca probados, se le ha sometido a procesos judiciales  y encarcelamientos injustos. Que la persecución se sustenta en la apertura de 15 averiguaciones previas en su contra, la instrucción de 9 causas penales (una en 1983) y el decreto de 7 autos de detención. Que la SEDENA, a través de funcionarios del Ejército mexicano, emprendió una campaña de difamación y descrédito en su contra, y que el día 9 de noviembre de 1993 fue detenido arbitrariamente y encarcelado por falsas acusaciones. (…)

CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL GOBIERNO
INFORME PRELIMINAR Nº 26/96

100. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundada en el análisis realizado en el presente informe, y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Gobierno de México al informe preliminar Nº 26/96, hace las siguientes consideraciones:

101. El Estado mexicano ha cuestionado la primera recomendación realizada por la Comisión, en la cual se le solicita la liberación del GENERAL JOSÉ FRANCISCO GALLARDO. En este sentido señalan que dicha recomendación es inadmisible jurídicamente, ya que de conformidad con los artículos 13 y 21 Constitucionales, 11, 371, 76 y 435 del Código de Justicia Militar, dicha determinación sólo puede emitirse por los Tribunales Militares, quienes tienen la facultad exclusiva de declarar la inocencia o culpabilidad de una persona, y decretar en consecuencia la imposición de una pena o su libertad; y en cambio, ninguna norma de Derecho nacional e internacional dispone que un órgano no jurisdiccional esté facultado para ordenar la libertad de un procesado fuera del procedimiento judicial.  

102. En relación a este planteamiento del Estado mexicano, la Comisión debe señalar que si bien en principio serían los órganos jurisdiccionales nacionales los únicos competentes conforme al Derecho interno para absolver o condenar al General Gallardo, la Comisión es competente de conformidad con el artículo 41.b de la Convención Americana, de la cual México es parte desde el 3 de abril de 1982, en casos en los cuales concluya que existe una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, para formular recomendaciones, cuando lo estime procedente. En este sentido, la Comisión concluyó que la detención del General Gallardo viola su derecho a la libertad personal, y en consecuencia recomendó al Estado mexicano cesar dicha situación, mediante su liberación. Todos los órganos de los Estados Partes tienen la obligación de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión, no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas a nivel interno. Siendo por tanto el Estado mexicano, de acuerdo a sus preceptos constitucionales y legales, el que debe determinar la forma de cumplir con las mismas. El Poder Judicial como uno de los órganos del Estado se encuentra igualmente vinculado a la obligación de respetar la Convención. No puede el Estado alegar la división de poderes como excusa para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

SEGUNDA RECOMENDACIÓN

103. En cuanto al contenido de la segunda recomendación, en la que se plantea que se tomen las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del GENERAL GALLARDO RODRÍGUEZ, el Gobierno ha señalado que  la prueba con la que trata de sustentar la Comisión su recomendación, no es suficiente para demostrar la señalada campaña. Agregan que la única prueba presentada por los peticionarios y aceptada por la Comisión, fueron las diversas averiguaciones previas y causas penales radicadas en contra del General Gallardo como probable responsable de varios delitos, y no como señalan los peticionarios el de coartar la libertad de expresión del indiciado.  Señalan que siendo la causa  que alegan los peticionarios como fundamento jurídico para la citada campaña de hostigamiento, el intento de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de coartar la libertad de expresión del General Gallardo, el motivo de la comunicación ha dejado de existir o subsistir, al concluir la Comisión que no fue violado el derecho a la libertad de expresión del General Gallardo por el Estado mexicano.  

104. En este sentido la Comisión quiere destacar, como ya lo dijo en su informe preliminar, que el motivo principal de la campaña de acosos y hostigamientos de la cual está siendo víctima el GENERAL JOSÉ FRANCISCO GALLARDO, no es la privación de la libertad de expresión. Si bien los peticionarios han señalado que la campaña persecutoria encuentra su motivación en la posición crítica que el GENERAL GALLARDO ha mantenido con respecto a los hechos de corrupción y violación de los derechos humanos por parte del Ejército mexicano, el argumento por ellos presentado en relación a la violación del derecho a la libertad de expresión, así como de los otros derechos que se alegan han sido violados, son una consecuencia de los hostigamientos de los cuales está siendo víctima el General Gallardo. En su informe preliminar, la Comisión no se pronunció sobre los motivos que han originado esta campaña, puesto que los mismos pudieran ser variados y no se encuentran suficientemente demostrados; sin embargo, SÍ ENCONTRÓ PRUEBAS SUFICIENTES QUE DEMUESTRAN OBJETIVAMENTE LA VERACIDAD DE LA CAMPAÑA DE PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO DE QUE ESTÁ SIENDO VÍCTIMA EL YA CITADO GENERAL.  

105.  Asimismo, respecto al argumento planteado por la Comisión, de que “no existe constancia en autos en el sentido que el General Gallardo haya solicitado mayor plazo para su defensa en las causas que se le instruyen”, el Gobierno ha planteado que la realidad de los hechos muestra que ha sido el propio procesado en ambas causas quien ha solicitado, en varias ocasiones y por escrito, mayor plazo para su defensa, renunciando expresamente al término normal  para la instrucción de sus procesos que consagra en su favor la Constitución Política de México, al pedir la revocación de los autos que han declarado concluida dicha etapa, lo que se ha traducido en la imposibilidad material para que los aludidos juzgadores declaren concluida y cerrada la instrucción de las causas, con objeto de que se puedan formular conclusiones y en su caso convocar a un Consejo de Guerra que conozca y falle en definitiva de los citados procesos, y para que dicten en éstos la sentencia definitiva que en derecho corresponda.

106. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Toth sostuvo que “aunque el caso era complejo y el peticionario apeló en diversas oportunidades, la prolongada duración de los trámites no podía atribuirse directamente a dicha causa. Por el contrario, la demora se habría debido a las reglas de procedimiento de las cortes austriacas, que tuvieron efecto suspensivo sobre las investigaciones en diversas oportunidades”. La Corte sostuvo que los procedimientos que ocasionaban el retraso de la liberación del acusado no eran compatibles con el derecho a la libertad garantizado por la Convención Europea en la materia.

En conclusión, a pesar de que pareciera que la conducta del detenido ha dilatado el proceso, la misma no es directamente proporcional al largo tiempo que ha transcurrido sin obtenerse sentencia, por lo que la Comisión considera que en el presente caso el Estado mexicano se ha excedido en su obligación de brindar las garantías necesarias para que se realice un proceso rápido y sin dilaciones en los términos establecidos por la Convención.  

107. Asimismo, la Comisión considera que los nuevos elementos aportados por el Estado mexicano, NO HAN SIDO PROMOVIDOS EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD.

108. En consecuencia, si el Gobierno no informó de los hechos correspondientes dentro de su oportunidad procesal, en este estado del proceso la Comisión no puede valorarlos, pues dichos alegatos y pruebas han sido promovidos en forma extemporánea. Las partes tienen la carga de probar sus alegatos en las oportunidades que se les dan dentro del procedimiento. Si no lo hacen, los mismos no pueden ser considerados. Esta regla sobre la oportunidad y la preclusividad de las oportunidades procesales se fundamenta en los principios de seguridad jurídica, debido proceso y certeza jurídica de las partes.

109. En relación a la aplicación del principio de la presunción de inocencia, el Gobierno ha señalado que la Comisión lo ha aplicado de manera poco consistente.  A este respecto, expresan que el General Gallardo se encuentra detenido cumpliendo con todos los requisitos y formalidades que exige la ley y por ende en todo momento se le ha respetado su presunción de inocencia. Que en ningún momento se ha visto afectado por el hecho de que los Tribunales Militares no lo hayan declarado culpable antes de terminar el juicio, y si se encuentra detenido es porque la tipificación del delito denunciado por el querellante está incluido en los que por ley, el juez no tiene la potestad de declarar la libertad bajo caución.  

110. En referencia a los argumentos del Gobierno, la Comisión observa que si bien es cierto que el General Gallardo se encuentra detenido preventivamente en espera de decisión de dos causas que se le siguen por los delitos de malversación y destrucción de los bienes pertenecientes al Ejército, también es cierto, como ya se ha dicho, que no es razonable el que se abran de manera continuada y sucesiva en el período de 7 años el número de averiguaciones previas y causas penales mencionadas, más aún, cuando como ha quedado evidenciado, el GENERAL GALLARDO ha sido absuelto de todo cargo en las causas hasta el momento decididas. En este sentido, la Comisión reitera que el hecho de que hayan ocurrido los hechos narrados, sin duda que viola el derecho a la presunción de inocencia de que todo individuo debe gozar, ya que no solamente se viola este derecho en forma expresa cuando se declara culpable a una persona antes de haber terminado el juicio, sino que también se puede violar en forma tácita cuando del contexto de las acciones se desprende una actitud de indudables acosos y hostigamientos que prejuzgan sobre la responsabilidad del individuo. Ello, independientemente de las consideraciones en torno a la reiterada doctrina sentada por la Comisión, en el sentido de que las detenciones preventivas prolongadas sin justificación, violan igualmente el derecho a la presunción de inocencia.  

111. Asimismo, la Comisión quiere expresar que durante la visita in-loco realizada a México en el mes de julio de 1996, gracias a la colaboración obtenida por parte de las distintas autoridades del Estado mexicano y en particular del Secretario de la Defensa Nacional, pudo entrevistarse por el General José Francisco Gallardo, constatando las aceptables condiciones de detención en las cuales se encuentra.  

112. También expresó el Gobierno en su respuesta que se han iniciado 16 averiguaciones previas, incluyendo la 02/83, correspondiente a la causa penal 1860/83, que se le instruyó por el delito de abuso de autoridad, indagatoria que los peticionarios omitieron mencionar en la relación que hicieron ante la Comisión. Asimismo, que hasta la fecha se han iniciado únicamente 8 causas penales al citado General. Que la apertura de las averiguaciones previas no son pruebas suficientes para presumir que existe una campaña de hostigamiento en contra del General Gallardo, toda vez que en la mayoría de los sistemas jurídicos internos, y por ende en el mexicano, el inicio de una averiguación previa necesita reunir ciertos requisitos de ley, como lo dispone el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales, a saber: a) la denuncia de oficio o POR QUERELLA y b) descripción de los hechos delictivos. Agrega que en el caso que nos ocupa todas las averiguaciones previas presentadas por el General Gallardo ante la Comisión como medios de pruebas de la presunta campaña de hostigamiento EN SU CONTRA SE ABRIERON POR DENUNCIA DE PARTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, por lo que esa institución pública de procuración de justicia tiene la obligación jurídica, para no incurrir en responsabilidad administrativa y/o penal, de iniciar la averiguación previa e integrarla y si llegaren a existir elementos jurídicos suficientes, la autoridad ministerial tiene la obligación de actuar y consignar al indiciado, depurándose ésta en la acción penal correspondiente.  

113. Asimismo señaló el Gobierno, que de los 8 asuntos en que se ejerció acción penal, dos fueron sobreseídos, uno por extinción de la acción penal por perdón del ofendido y otro por retiro de la acción penal. Por lo cual, no puede decirse que el General Gallardo ha sido declarado absuelto en todas las causas que hasta el momento se han decidido. La Comisión observa que son precisamente los 16 procesos abiertos, algunos cerrados, otros sobreseídos, los que evidencian una sucesión ilógica de causas, configurando una situación irrazonable de "desviación de poder", para perseguir la finalidad de mantener procesado al GENERAL GALLARDO, privándolo de su libertad personal, y violándole los demás derechos humanos que han sido establecidos por esta Comisión.  

114. Los ilustres juristas don Eduardo García De Enterría y Tomás Ramón Fernández, han señalado que “toda actividad administrativa debe dirigirse a la consecución de un fin, determinado siempre, expresa o tácitamente (y, por tanto, elemento necesariamente reglado), por la norma que atribuye la potestad para actuar. Si la autoridad u órgano de la Administración se apartan de ese fin que condiciona el ejercicio de su competencia, el acto o la decisión que adopten en consideración a un fin distinto deja de ser legítimo...”. 

Asimismo Alibery ha dicho que “la desviación de poder es el hecho del agente administrativo, que realizando un acto de su competencia y respetando las formas impuestas por la legislación, usa de su poder en casos, por motivos y para fines distintos de aquellos en vista de los cuales este poder le ha sido conferido. La desviación de poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Puede un acto administrativo haber sido realizado por el funcionario competente con todas las apariencias de regularidad y, sin embargo, este acto discrecional realizado, que el funcionario cualificado tenía el derecho estricto de realizar, puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos, o, para retener la fórmula de la jurisprudencia, para un fin distinto que el interés general o el bien del servicio”.

En este sentido, la Comisión debe señalar que si bien pareciere que en todos los procedimientos a través de los cuales se ha detenido al indiciado se han abierto las averiguaciones previas mencionadas y se han ejercido las acciones penales correspondientes se han realizado conforme a derecho, el Ministerio Público mexicano, ordinario o militar, órgano administrativo encargado junto a la Policía Judicial de la persecución de los delitos, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política mexicana, de iniciar las averiguaciones previas, ya sean de oficio o por querella de parte, y de ejercer las respectivas acciones penales, ha utilizado dicha potestad pública para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano, configurándose así una desviación de poder, mediante actos sucesivos y encadenados, tendientes a confluir en la privación de la libertad personal al GENERAL JOSÉ FRANCISCO GALLARDO, a través de actos con apariencia legal, lo que se ha traducido, como expresa el Gobierno, en la apertura desde 1988 de 15 averiguaciones previas y en el inicio de 7 causas penales, DE LAS CUALES HASTA AHORA NO SE DESPRENDE RESPONSABILIDAD ALGUNA, pues el hecho de haber sido sobreseído en dos causas no implica su probable responsabilidad; al contrario, como se expresa en el Diccionario de la Lengua Española, sobreseimiento es “el que por ser evidente la inexistencia de delito o la irresponsabilidad del inculpado, pone término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria”.

VIII. CONCLUSIONES

115. Que a través de la detención y sometimiento del General José Francisco Gallardo a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del mencionado GENERAL BRIGADIER JOSÉ FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ, de conformidad con los artículos 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, por los reiterados hechos ocurridos en México desde 1988.  

116. Que en virtud de los hechos denunciados EL ESTADO MEXICANO NO HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS impuestas por el artículo 1.1 de la Convención Americana.

IX. RECOMENDACIONES  

Por todo lo expuesto,  

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

ACUERDA:

117. Se libere inmediatamente al General Brigadier José Francisco Gallardo,

118. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo.  

119. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo.

120. Adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas pendientes.  

121. Se le pague una justa indemnización al General José Francisco Gallardo como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima.  

122. Publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA, en virtud de los artículos 48 del Reglamento de la Comisión y 51.3 de la Convención, toda vez que el Gobierno de México no adoptó las medidas para soluciona.1

CONCLUSIÓN

LA RECOMENDACIÓN, CASO 11,430. INFORME 43/96, EMITIDA POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL 15 DE OCTUBRE DE 1996, ES UNA SENTENCIA EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO. 

El Estado mexicano, violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos,  vía violación a los derechos humanos del General Gallardo.

El gobierno, la clase política y el alto mando militar, son proclives a violar el orden legal y constitucional del Estado; con prácticas tradicionales de utilizar las instituciones para otro fin y objetivo para el cual fueron concebidas y creadas.

El caso Gallardo 11.430, no obstante las resoluciones de amparo emitidas por la justicia federal, está impune como un acto continuado de violación der derechos humanos desde 1993.

Sí bien el Estado mexicano, liberó al General José Francisco Gallardo Rodríguez, el día 07/02/2002, por decreto presidencial. Lo cierto es que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la fecha está incumplida.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, para quedar como sigue:

UNICO.- Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a la recomendación, caso 11,430. informe 43/96, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de octubre de 1996, en contra del Estado Mexicano por violar los derechos humanos del General José Francisco Gallardo Rodríguez.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.


1 https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Mexico11430.htm





De la Diputada María Chávez García, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a solucionar la problemática ambiental de la bahía de Puerto Márquez, causada por la marina turística Puerto Majahua. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ordenar y permitir que se realice un experimento científico sustentado en una Tesis Matemática Irrefutable que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación. Se turna a la Segunda Comisión.

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II, Y 78 FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8.1 FRACCIÓN II, 108 1, Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; RESPETUOSAMENTE EXPONGO ANTE ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, A FIN QUE EN PLENO RESPESTO A LA DIVISIÓN DE PODER, SE EXHORTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A FIN QUE EXCITE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A QUE CORRESPONDA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFECTUAR UN EXPERIMENTO SUSTENTADO EN UNA TESIS MATEMÁTICA IRREFUTABLE QUE BENEFICIARÍA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA NACIÓN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El Proyecto está sustentado en una Tesis Matemáticamente Irrefutable, que fue aceptada como válida por el Comité de Titulación de la Facultad de Ingeniería la UNAM, la cual propone realizar un experimento en la NASA, organismo que acepta rentar su laboratorio para dicho fin.

El experimento versa en dejar caer un balín girando a 23 veces la velocidad del sonido, en un pozo de vacío de 132 metros, donde se mediría su tiempo de caída en comparación de un balín sin giro, en caso de haber diferencias como indican las ecuaciones irrefutables de la tesis, se habrá demostrado la existencia de la tan buscada gravedad repulsiva, que implicaría avances sin precedentes para la ingeniería automotriz, aeronáutica y espacial.

Por lo tanto, resulta más que necesario llevar a cabo el experimento para cumplir con el patrón de desarrollo de la ciencia a través del Método Científico, considerando que puede provocar un impulso al Producto Interno Bruto de nuestro País, además del Primer Premio Nobel de Física para la UNAM, para México y para Latinoamérica, todo ello en Beneficio del Avance Científico y Tecnológico de la Nación.

El trabajo es sustentado por ALEJANDRO ENRIQUE GALLARDO ENRÍQUEZ, Ingeniero Mecánico, por la UNAM en la tesis “GRAVEDAD REPULSIVA GENERADA A TRAVÉS DE LA ENERGÍA CINÉTICA ROTACIONAL”.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, para quedar como sigue:

La Comisión Permanente del congreso de la Unión, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las instituciones de la Adminitración Pública Federal, ordene y permita se realice el experimento referido.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.






De la Diputada Magdalena Moreno Vega, del grupo parlamentario de Morena, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México a realizar acciones eficaces e inmediatas de combate a la corrupción interna existente en los centros penitenciarios que frenen el deterioro institucional del Sistema Penitenciario Mexiquense. Se turna a la Primera Comisión.

MAGDALENA MORENO VEGA, en mi calidad Diputada del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de Acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El día miércoles 4 de abril de 2018 se registró un intento de motín en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Molino Flores en Texcoco.

Decenas de reos provocaron disturbios en el interior; quemaron colchonetas, y otros materiales flamables. Debido a esto, al menos 200 elementos de la Policía Estatal y de guardia penitenciaria ingresaron al penal para controlar y disuadir el brote de violencia.

De acuerdo con familiares de algunos internos, la sublevación se registró porque las autoridades penitenciarias  pretendían trasladar a uno de los internos a una cárcel federal, pero se negó y con el apoyo de decenas de reos provocaron disturbios en el interior.

Un reo resultó lesionado y recibió atención médica de forma pronta y expedita. En el centro de reinserción se aplicaron protocolos para restablecer el orden. 1

Esto solo viene a confirmar que se han hecho frecuentes los motines en el estado de México; como sucedió el 30 de octubre de 2017, reos del Centro Penitenciario Sergio García Ramírez de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, Estado de México, se amotinaron, presuntamente tras un enfrentamiento de dos grupos al interior del penal, el primero de ellos liderado por "El Tato", preso de alta peligrosidad, y el otro grupo liderado por un reo apodado "Mamá".

De igual manera a finales de septiembre de 2017 se dio a conocer que en el penal de Neza-Bordo, existía un autogobierno liderado por "El Tatos" quien extorsionaba y torturaba al resto de los internos. 2

Estos han sido los esquemas ilegales de autogobierno son una de las razones que han provocado los motines dentro de los penales.

Dicho con claridad, los problemas en los penales son derivados de la corrupción, donde el autogobierno que impera expresa que la colusión entre los grupos delincuenciales dominantes en las prisiones y las autoridades

SEGUNDO.- El Estado de México es un lugar muy violento, sin ley, donde el Estado ha incumplido con su labor de brindar seguridad los ciudadanos. Basta recordar que solo de enero a septiembre de 2017 se registraron 222 feminicidios en la entidad mexiquense.  

Estos hechos son muy alarmantes, representan un problema serio incluso para los propios reos, que debe ser atendido por el mismo Gobernador Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social así como la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

En el Estado de México existe una capacidad instalada para recibir 11 mil reclusos, pero hasta diciembre de 2015 se tiene que existían 26,856 personas privadas de su libertad lo que representa un sobrecupo de 146%.

En estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que ha incrementado la sobrepoblación en lo que va de los últimos 7 años hasta un 130%3.

Por tanto, en lugar de cumplir con su labor de reinserción social, las cárceles mexicanas se han convertido en centros de conflicto que apuntan a ser el problema inmediato a resolver por parte del gobierno.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 20174 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado el día 2 de mayo de 2018, menciona que el Estado de México obtuvo una calificación de 6.73 en el año 2015, 6.40 en 2016 y solamente de 6.31 en 2017 lo que hace evidente el deterioro institucional que sufre el sistema penitenciario en dicha entidad federativa. 

ESTADO DE MÉXICO
Calificación estatal
6.31

Nombre

Calificación

Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez

6.03

Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán

5.63

Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico

6.75

Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo

7.54

Penitenciaría Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez” en Nezahualcóyotl

8.09

Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” en Texcoco

7.03

Centro Preventivo y de Readaptación Social Femenil de Otumba

6.11

Este informe indica que la violencia es los centros penitenciarios del Estado de México, en particular los homicidios que ahí se cometen lo colocan como la segunda entidad con mayores índices delictivos, “En el caso de homicidios las entidades con mayor índice son Guerrero con 28, Estado de México y Tamaulipas con 26, la Ciudad de México y Quintan Roo con 5 cada uno e Hidalgo con 4”.5

Por lo que se refiere a las quejas reportadas por los órganos locales de protección a los derechos humanos, relacionadas con el sistema penitenciario durante el 2017, reportan un total de 6,784. La entidad con mayor número de quejas fue la Ciudad de México con 3,026, le sigue Baja California con 1,092, Estado de México con 835 y Nuevo León con 223; Es decir nuevamente el Estado de México se encuentra dentro de las primeras entidades en las que se cometen más atropellos  en contra delos reclusos.

Los derechos más vulnerados fueron el Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, Derecho a la Protección a la Salud, Derecho a Recibir un Trato Humano y Digno, Derecho a la Reinserción Social, Derecho al acceso a la justicia y Derecho de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad; de estas quejas 6,128 fueron presentadas de manera individual, 504 de manera colectiva y 48 de oficio; es importante mencionar que se emitieron 20 recomendaciones. En la mayoría de las quejas se señalan como responsables principalmente a autoridades penitenciarias estatales y del Centro, servicio médico, autoridades jurisdiccionales y defensores de oficio, personal de seguridad y custodia, policías, y procuradurías generales de justicia de los estados; los estados que emitieron mayor número de recomendaciones fueron la Nuevo León con 8 y Guanajuato con 6.

TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, párrafo II establece la forma en cómo se organizara el sistema penitenciario:

Artículo 18.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

Por otro lado en Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos que estableció la ONU en su primera parte, señala:

“Disciplina y sanciones

27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad disciplinaria.

2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno.

(…)

Personal penitenciario

46. 1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.

2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público.

(..)

48. Todos los miembros del personal deberán conducirse y cumplir sus funciones en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos.

Es decir, la reinserción social debe ser considerada como un eslabón en materia de seguridad y justicia.  Por ello, la política criminal en materia de control penitenciario y reinserción social debe dar un viraje. Aplicando las normas, reglamentos y políticas de Readaptación Social propiciando la reincorporación de los internos a una vida y productiva a partir de programas basados en el respeto de los derechos humanos.

Todo esto ha implicado una gran obstaculización y freno al real objetivo de los Sistemas Penitenciarios y de Reinserción Social: “buscar el fortalecimiento del nuevo sistema de Ejecución Penal. La reinserción social y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad son los ejes cruciales para contribuir a la prevención de la violencia y el delito y garantizar la seguridad ciudadana.”

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, a realizar acciones eficaces e inmediatas de combate a la corrupción interna existente en los Centros Penitenciarios que frenen el deterioro institucional del Sistema Penitenciario Mexiquense.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Atentamente

Dip. Magdalena Moreno Vega.

1 Motín en Penal de Texcoco, El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/reportan-motin-en-penal-de-texcoco-hay-un-reo-lesionado

2 Noticias adn40
http://www.adn40.mx/noticia/seguridad/nota/2017-10-30-13-54/se-han-registrado-al-menos-17-motines-en-lo-que-va-del-anio/

3 Fuente: INEGI. Cifras calculadas con base en datos obtenidos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011 a 2017.
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_numeros2.pdf

4 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf

5 Idem.






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio cultural de nuestra nación. Se turna a la Segunda Comisión.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE SU SECRETARIA DE CULTURA EMPRENDER UNA CAMPAÑA PARA SALVAGUARDAR Y RESCATAR EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DE NUESTRO PAIS.

ANTECEDENTES

El patrimonio cultural de nuestro País, lo constituye todo aquello que nuestras generaciones anteriores legaron, formando parte sustancial de nuestro presente, siendo este  material o inmaterial pues nuestras tradiciones, leyendas, comida, lenguas, manera de hablar, trabajos artesanales, así como los trabajos hechos por nuestros artistas,

El termino PATRIMONIO, no ha sido normado a nivel de País  es facultad de cada uno, darle el suyo, sin embargo, indicadores unesco de cultura para el desarrollo se han ajustado al concepto amplio de patrimonio convenido por la comunidad internacional, por lo que ofrecen una guía tomada de los diferentes instrumentos legales internacionales, como la Convención para la protección del Patrimoniio Mundial Cultural y Natural (1972) la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003); la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2000), y la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (1970).

Por patrimonio cultural se entienden:

I) los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;

II) los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;

III) los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio cultural considerados deberán haber sido reconocidos como provistos de valor universal y/o nacional excepcional y estar inscritos en listas o registros internacionales y/o nacionales del patrimonio cultural.

Por patrimonio natural se entienden:

I) los monumentos natrales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico;

II) las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación;

III) los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio natural considerados deberán haber sido reconocidos como provistos de un valor universal y/o nacional excepcional y estar inscritos en listas o registros internacionales y/o nacionales del patrimonio nacional o natural.

Por patrimonio cultural y natural subacuático se entienden

Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:

I) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;

II) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y

III) los objetos de carácter prehistórico”. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio cultural subacuático considerados deberán haber sido registrados en listas nacionales y/o internacionales del patrimonio cultural y natural subacuático y/o registros marítimos de pecios y formaciones naturales. En general se da por supuesta la inclusión del patrimonio subacuático junto al de sitios terrestres similares.

Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos:

a. tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b. artes del espectáculo;

c. usos sociales, rituales y actos festivos;

d. conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e. técnicas artesanales tradicionales2. A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio cultural considerados deberán haber sido inscritos en inventarios del patrimonio inmaterial a nivel local, nacional o internacional.

Por bienes culturales se entienden los bienes, cualquiera que sea su origen y propietario, que las autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, designen específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

a. las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleontológico;

b. los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional;

c. el producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos;

d. los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; e. antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados;

f. el material etnológico;

g. los bienes de interés artístico, tales como:

i) cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano);

ii) producciones originales de arte estatuario y de escultura en cualquier material,

iii) grabados, estampas y litografías originales;

iv) conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material;

h. manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones;

i. sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones;

j. archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos;

k. objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos.

A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los bienes culturales considerados deben estar sometidos a disposiciones de los Estados para protegerlos contra la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas, de conformidad con la definición contenida en la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (1970).

Por registro, lista o inventario nacional del patrimonio cultural se entienden los bancos de datos o listas oficiales de propiedades inmuebles, edificios singulares, instalaciones industriales, casas conmemorativas de personas notables del pasado, monumentos, cementerios y tumbas, sitios arqueológicos y paisajes culturales —entornos artificiales y hábitats naturales significativamente alterados por ser humano—, hechos por el hombre e importantes desde el punto de vista histórico o cultural, presentes en el territorio de un país y cuyo valor como patrimonio ha sido reconocido mediante un proceso oficial de selección e identificado y registrado por separado.

Por inventarios nacionales o locales del patrimonio inmaterial se entienden los inventarios resultantes de un proceso de identificación y definición de elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en un determinado territorio, en el que participan comunidades, grupos y organizaciones no gubernamentales pertinentes, y que se reconoce como necesario para asegurar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Dichos inventarios describen uno o más elementos específicos de patrimonio cultural inmaterial en su contexto propio y los distinguen de otros. Los Estados son libres de adoptar distintos planteamientos para inventariar el patrimonio inmaterial presente en su territorio, pudiendo crear un único inventario general o un conjunto de inventarios más pequeños y restringidos.

En la lista de patrimonio mundial de la Unesco figuran 754 sitios de los cinco continentes, de los cuales México cuenta con 32, de los cuales 27 son considerados patrimonio cultural y cinco patrimonio natural.

México es el país latinoamericano que más sitios inscritos tiene en la lista de patrimonio mundial y el tercero que cuenta con el mayor número de ciudades inscritas en la lista del patrimonio mundial, las cuales se encuentran en Campeche, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Morelia, Oaxaca y Zacatecas.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es el primer instrumento jurídico que ordena la conservación y la preservación de los sitios naturales y culturales, pretende crear un sistema eficaz para la protección colectiva del patrimonio cultural y natural con valor excepcional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

PRIMERO. El Senado de la República respetuosamente exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaria de Cultura, a fin de que promueva una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio cultural de nuestra nación.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena energéticamente todo tipo de expresiones que inciten a la violencia, a la comisión o apología de algún delito en contra de cualquier persona, y se pronuncia a favor del derecho a la libertad de expresión ejercido en apego al párrafo primero del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México sea Parte. Se turna a la Primera Comisión.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo Sexto estableció que:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

En México la libertad de expresión se consagró como un derecho fundamental de todas personas a raíz de diversas luchas sociales, represiones y censuras. Precisamente el Senador Belisario Domínguez, caracterizado por sus principios apegados a la legalidad, en su discurso del 29 de septiembre de 1913 desconoce al gobierno de Victoriano Huerta, hecho que le costó la vida, pues aseveró entre otras cuestiones que “la prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad”.1

Por el simple hecho de expresar lo que acontecía en México en aquellos años, lamentablemente estas palabras le habrían costado la vida

Por tal razón, la libertad de expresión es un derecho fundamental inherente a toda persona, el cual permite expresar y difundir ideas o pensamientos y resulta ser un factor determinante para la formación y transformación de una sociedad democrática; enriquece puntos de vista, amplia criterios y permite tener una sociedad bien informada.

A nivel internacional, el derecho a la libertad de información está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19 establece que:

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a. Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su artículo 13 que:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

En consecuencia, el derecho a la libertad de expresión se encuentra reconocido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; en los tres documentos citados se garantiza dicho derecho, pues ninguna persona podrá ser objeto de censura o molestia por algo que haya expresado; sin embargo, los documentos en comento prohíben llamar a la violencia. Al respecto el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es muy claro al establecer que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

Es decir, se establece un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la dignidad humana; para que en algún caso concreto ninguna persona pueda llamar a la discriminación, hostilidad o violencia, que de llevarse a cabo, se estaría ante la posibilidad de que sean sancionadas bajo un Estado de derecho.

En un caso concreto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su resolución SUP-RAP-31/2006 declaró ilegales varios spots publicitarios de la entonces Alianza por México, en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador, al manifestar que:

Las libertades públicas en un Estado constitucional democrático de derecho abren el más amplio ámbito a la discrepancia, disidencia y crítica, incluso al grado de permitir expresiones particularmente negativas, molestas o impactantes para una mayoría, a condición de que no rebasen los límites constitucionales, tales como las imputaciones de hechos determinados delictuosos, las ofensas o insultos y, en general, el denominado lenguaje ofensivo, esto es, las expresiones o habla en la que se emplean palabras que comúnmente se entiende que expresan un odio o un desprecio y que se dirigen a individuos a los que se pretende insultar, en razón, por ejemplo, de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (en los términos de lo dispuesto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 9º, fracción XV, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación).2  

El Tribunal Electoral manifestó que existen límites a la libertad de expresión, y que la Coalición por México no respetó, por su afán de descalificar a Andrés Manuel López Obrador. Por tal razón, la libertad de expresión bajo ningún argumento puede emplearse para llamar al odio, la violencia o la discriminación, o a realizar algún acto en perjuicio de alguna persona o institución, sencillamente dichas acciones no deben ser concebidas bajo un Estado democrático, pues se atentaría contra la dignidad e integridad  de las personas.

En este sentido, al igual que todos los derechos, la libertad de expresión encuentra sus límites tanto en el respeto de la vida privada, la moral, la perturbación del orden público, los derechos de terceras personas o la incitación a la violencia o la comisión de algún delito. Es tan valioso el ejercicio de todos los derechos, como los límites que cada uno de ellos guarda, este equilibrio hace posible la construcción de una convivencia armónica; sin embargo, cuando esta se fractura, se propicia una ruptura en la vida democrática de la sociedad.

Todos los ciudadanos tienen la obligación de ejercer con responsabilidad su derecho de libertad de expresión, empero, aquellos que se encuentran en una posición de mayor influencia en la sociedad como son los actores políticos, comunicadores, periodistas, medios de comunicación, artistas, entre otros, les asiste un mayor compromiso, debido al alcance que pueden tener sus comentarios o la expresión de sus ideas.

Un ejemplo del alcances y consecuencias que pueden tener los comentarios de personalidades públicas, es lo sucedido en días pasados en la red social Twitter Ricardo Alemán publicó “A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató una fan, a ver a qué hora, chairos,” y agregó: “Les hablan!!!”.

La gravedad de los comentarios del comunicador, radican en el hecho de que su mensaje fue interpretado como un llamado a la violencia y a la agresión en contra de terceros, de manera particular los “usuarios consideraron que insinuó un llamado a asesinar al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador”.3 Como consecuencia de estas expresiones, la empresa Televisa, con la cual el comunicador mantenía una relación laboral, rechazó “categóricamente cualquier expresión que incite o avale la violencia. Ante esas manifestaciones solo cabe la más contundente y directa condena”,4 razón por la cual informó el cese de la relación contractual. En el mismo sentido, el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, dio a conocer la separación del Ricardo Alemán como conductor del programa Despertador Político transmitido a través de esa señal.

De acuerdo con las declaraciones de Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), dichos comentarios puede ser calificados como “apología del delito y llamó a la PGR a investigar”.5

Este tipo de comentarios de personalidades públicas y las reacciones por parte de la ciudadanía, resultan muy preocupantes en medio del actual proceso electoral, no solamente por la complejidad que implica la organización de los comicios, sino por todos los hechos que lo han empañado, verbigracia, los atentados en contra de candidatos que de acuerdo a los reportes más recientes los “asesinatos del crimen organizado contra aspirantes a un cargo de elección popular en el país pasaron de 67 en marzo a 88 en lo que va de mayo, lo que significan 21 más”.6 Aunado a ello, existen decenas de hechos de violencia entre simpatizantes de diversas fuerzas políticas. En este sentido, cualquier comentario que de manera directa o indirecta incite a la violencia, la agresión o atentados en contra de cualquier actor político resulta alarmante y debe ser condenado.

En esta tesitura el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condene todo tipo de expresiones que inciten a la violencia, a la comisión de algún delito o hagan apología de este en contra de los actores políticos que participan en el proceso electoral 2018.

La Comisión Permanente no puede ser ajena a este tipo de hechos, es necesario que en su función de representante del Congreso de la Unión se pronuncie respecto de acontecimientos que atentan contra de democracia y ponen en riesgo el proceso electoral en curso.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena energéticamente todo tipo de expresiones que inciten a la violencia, a la comisión o apología de algún delito en contra de cualquier persona, y se pronuncia a favor del derecho a la libertad de expresión ejercido en apego al párrafo primero del Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México sea parte.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 08 de mayo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Discurso del  C. Senador Doctor Belisario Domínguez en Senado de la República [en línea]. Consultado el 07/05/2018. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sen&mn=2&sm=3

2 Recurso de Apelación Expediente: SUP-RAP-31/2006 en TEPJF [en línea]. Consultado el 07/05/2018. Disponible en: 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/RAP/SUP-RAP-00031-2006.htm

3 Redacción. “Por tuit en el que llama a la violencia, cesan a Ricardo Alemán”, La Jornada, [en línea], consultado 07/05/18, disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/07/politica/008n1pol

4 Redacción. “Televisa y Canal 11 despiden a Ricardo Alemán por publicar tuit en el que incita a matar a AMLO (Video)”, [en línea], consultado 07/05/18, disponible en:
https://www.proceso.com.mx/533059/televisa-y-canal-11-despiden-a-ricardo-aleman-por-publicar
-tuit-en-el-que-incita-a-matar-a-amlo-video

5 Hernández, Op. Cit.

6 García, Octavio. “En aumento el número de políticos asesinados durante el presente proceso electoral”, Wradio, [en línea], consultado 07/05/2018, disponible en:
http://wradio.com.mx/radio/2018/05/06/nacional/1525643362_060234.html






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de Tamaulipas a investigar y, en su caso, sancionar al gobierno del estado de Tamaulipas por la presunta entrega de despensas con fines electorales. Se turna a la Primera Comisión.

Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 1º de julio se celebrará la jornada electoral más grande y compleja de la historia del país, ya que se elegirán 18 mil 311 cargos en todo el país, de las cuales 629 son Federales (Un Presidente de la República, 500 Diputados Federales y 128 Senadores) y 17 mil 682 son locales (8 Gobernadores y 1 Jefe de Gobierno, 972 diputaciones, mil 613 ayuntamientos, mil 237 concejales, mil 665 sindicaturas, 12 mil 023 regidurías y 19 regidores étnicos), principalmente.1

De manera particular, el Instituto Electoral de Tamaulipas, menciona que a través del proceso electoral que se encuentra en curso, se renovarán 43 ayuntamientos.2

Resulta fundamental que las elecciones a celebrarse próximamente cumplan con los principios de transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Cabe recordar que la actual gestión del gobernador estatal, ha sido señalada en distintas ocasiones por presuntos conflictos de interés, corrupción y falta de transparencia.

En este sentido, diversos medios periodísticos mencionan que el pasado 08 de abril del año en curso, vecinos del municipio de Matamoros, denunciaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que un tráiler con miles de despensas con el logotipo del gobierno de Tamaulipas, fueron entregadas a unos metros de la casa de campaña de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) por la diputación federal por el IV distrito en dicha demarcación.3

El negocio donde se descargaron las despensas es una refaccionaria, propiedad de uno de los miembros del comité de campaña del PAN. En las tarimas se aprecian las cajas de cartón de las despensas que entrega el gobierno del estado, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Cabe destacar que, la bodega, en donde almacenaban las despensas, se encontraba a 30 metros del comité de campaña de la candidata del PAN.

Vecinos consideran que el dueño de la bodega ha sido uno de los miembros más activos en el Comité de Financiamiento de la candidata del PAN. Esta actuación deriva en una conducta ilegal, de conformidad con las normas electorales y de transparencia.

La Unidad de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, debe tomar cartas en el asunto, para que la contienda no comprenda estas irregularidades, pues influye en la decisión del electorado.

Distintos periodistas consideran que tanto la candidata como los representantes del PAN en Matamoros mantuvieron silencio y no habían dado una declaración oficialmente, con respecto a los hechos acontecidos.

Sin embargo, el pasado 14 de marzo del año en curso, el Gobernador de Tamaulipas y el Titular de la Fiscalía Especializada parta la atención de Delitos Electorales  suscribieron dos convenios para combatir los delitos electorales así como en materia de capacitación, difusión, intercambio de información para prevenir la comisión de delitos4.

En gobernador exhortó a sus colaboradores y alcaldes a respetar la Ley, y no caer en la tentación de querer desviar recursos públicos para favorecer a un candidato o partido político.

Esta situación, revela la falta de resultados por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas en materia de cumplimiento de sus compromisos planteados con el titular de la FEPADE, el de no intervenir en los procesos electorales en dicha entidad, pese a que se estableció como una estrategia prioritaria de la actual administración para las próximas elecciones del 1° de julio.

Reiteramos, es necesario prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales de la entidad.

Nuestra Ley Fundamental, en su artículo 134, establece a la letra que: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.5

Por su parte, el párrafo séptimo del mismo artículo menciona que: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

La Ley General en materia de Delitos Electorales en su artículo 11, fracción II plantea que: “Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición”.6

Asimismo el artículo 5 del propio ordenamiento jurídico, señala que: “Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.

Por ello, resulta imperativo que el Instituto Electoral de Tamaulipas garantice elecciones pacíficas, libres y auténticas en la entidad y en caso concreto del Municipio de Matamoros.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales debe de llevar las investigaciones para esclarecer los posibles delitos electorales, a fin de deslindar las responsabilidades conducentes, y, en su caso, se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan.

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información contribuye a la apertura de canales de comunicación entre Estado y sociedad, permitiendo a la ciudadanía participar de manera eficiente en los asuntos públicos para realizar una revisión del ejercicio gubernamental.

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos fundamentales para avanzar en la consolidación democrática. Se trata de componentes sustanciales para una gestión pública eficaz y eficiente, que contribuya al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Electoral de Tamaulipas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen y, en su caso, sancionen al Gobierno del estado de Tamaulipas por la presunta entrega de despensas con fines electorales, que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 08 de mayo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/

2 http://ietam.org.mx/portal/VlInfografias.aspx

3 http://elmanana.com.mx/noticia/165070/Acusan-al-PAN-de-traficar-despensas-.html

4https://lasillarota.com/tamaulipas-francisco-garcia-cabeza-de-vaca-gobernador-recursos-publicos-desvios-capanas-politicas/210658

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_190118.pdf






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a detener la construcción del aeropuerto, en virtud que pone en riesgo la sobrevivencia de un sistema ecológico y la vida y destino de más de 20 millones de ciudadanos y la desaparición de la Ciudad de México como capital política de la República Mexicana. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en materia de enseñanza en derechos humanos e impulse la creación de un comité nacional para la educación en derechos humanos, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas. Se turna a la Segunda Comisión.

MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTRAÍDAS POR EL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE ENSEÑANZA EN DERECHOS HUMANOS, E IMPULSE LA CREACIÓN DE UN COMITÉ NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA ESE EFECTO, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, CÁTEDRAS UNESCO, REPRESENTANTES DE ÓRGANOS ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA CUMPLIR EL MANDATO DE ELABORAR UN PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES DE NACIONES UNIDAS, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El año de 2011 se introdujo quizá la más importante reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La que se refiere a la preeminencia de los derechos humanos y a la superación del anticuado concepto de “garantías individuales” que, a partir de la reforma, se llama “De los derechos humanos y sus garantías”, una manera de conciliar nuestra legislación local con los tratados y convenciones internacionales.

Sin embargo, la crisis de derechos humanos que se ha detonado en los últimos años en México evidencia que queda aún un largo trecho por recorrer. El distanciamiento y las diferencias entre el gobierno y la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son sólo una muestra de ello.

Nunca antes nuestro país había estado sumido en tan severa y profunda crisis institucional en torno a los derechos humanos. Esta grave situación ha generado una cadena interminable de sufrimiento a los mexicanos. El México que hoy vivimos se ha convertido en el paraíso del crimen, de la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Pero sobre todo de la impunidad que es hoy la constante y sigue invitando a la repetición del delito.

De acuerdo con datos oficiales actualizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo durante el pasado mes de marzo fueron reportados 2 mil 346 homicidios dolosos, con lo que se vuelve al nivel crítico e histórico de octubre de 2017, cuando hubo 2 mil 356 asesinatos intencionales. De esta forma el sexenio actual se confirma como el más violento desde 1997, cuando se inició este recuento estadístico.

En lo que va del sexenio van poco más de 104 mil homicidios, cifra superior a la incidencia delictiva en esta materia del sexenio pasado.

Igualmente, pese a la contención de crímenes en el primer bimestre de 2018, con la suma de marzo son ya 6 mil 553 reportes de homicidio doloso, esto es 880 más que en el mismo periodo del año anterior. También hay aumento en la incidencia de la mayoría de los delitos clasificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Y hay repunte de secuestros (74 en febrero pasado y 94 en marzo), así como en los delitos de agresiones sexuales, en robos en general, lesiones, violencia intrafamiliar y narcomenudeo, entre otros.1

El México que vivimos se ha convertido en el país de la violencia, la que se ha hecho una realidad tan “normal” y constante para todos los mexicanos que se expresa de muchas maneras y prácticamente en todos los ámbitos: no sólo es la llamada “guerra contra el crimen organizado”, pretexto de todas las violencias, es el hogar y hasta el empleo, la escuela y los centros de esparcimiento, todo lo cual implica la necesidad de promover los derechos humanos como una cultura y un modo de vida. Para vivirlos, pero también para exigirlos, y defendernos de las múltiples amenazas cotidianas, a las que nos vemos sometidos.

2.- Para poder vivir los derechos humanos es importante conocerlos y enseñarlos, pero sobre todo ejercerlos y practicarlos. Por eso es importante, urgente, introducir su enseñanza en la educación, desde la primaria. Que nuestras generaciones nuevas sepan que no es normal que un policía golpee y detenga sin más a un ciudadano; que nuestras niñas y nuestros niños sepan que no es normal el maltrato familiar, los feminicidios, el bullying, los crímenes de odio, las desapariciones forzadas, la tortura. En las palabras de Carola Carazzone, reconocida activista italiana defensora de derechos humanos, ésta es central en el mundo que vivimos porque no se limita a solo dar a conocer los derechos humanos, sino que debe haber una educación PARA los derechos humanos, esto es que tengan una finalidad de acción, que sean inductores de compromiso, de solidaridad y de acción.2

Cabe destacar que el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recomienda a los Estados incluir la Educación en Derechos Humanos: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos, y debe fomentar las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz».

Los Derechos Humanos no se imponen, sino que se construyen en base al diálogo, la confrontación y la re-elaboración personal. Y una prueba de ello es que nuestro país es de las naciones con mayor discriminación de América Latina3. Baste señalar que, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) -realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en 2010-, 8 de cada 10 personas dicen que sus derechos no han sido respetados por sus costumbres, cultura, acento al hablar, nivel educativo, por venir de otro lugar, por vestir de otra forma o por tener otra religión. Si bien el 70% de la población considera positivo el aporte de la diversidad, el 36% no estaría dispuesto a permitir que viviera en su casa una persona de una cultura diferente y el 75% considera que el profesar diferentes religiones genera divisiones entre las personas.4

3.- Estamos a más de una década ya que las Naciones Unidas decretó los años 1994-2004 como la Década de la educación en los Derechos Humanos, y un hito fundamental ahora es el aniversario de los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Efectivamente fue el 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, con sus 30 artículos relativos a diversos Derechos Humanos, es un punto de referencia clave para la educación en/de los Derechos Humanos en la escuela y fuera de ella, en las distintas partes del mundo.

Años después se proclamó la Declaración y Programa de Acción de Viena, una declaración para reforzar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas realizada en la ciudad austriaca de Viena en 1993. Ella fue adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 y además de que supuso la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD), su mayor valor consiste en que tiene por objeto la plena realización de todos los derechos humanos: derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, y las libertades sin ningún tipo de discriminación, como el racismo, la xenofobia (hacia inmigrantes, indígenas, minorías étnicas, minorías sexuales y otros grupos); reafirmando también los derechos humanos de mujeres, niños y personas con discapacidad.

El 10 de diciembre de 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó mediante resolución 59/113, el Programa Mundial para la educación en derechos humanos (2005-en curso) con el objeto de promover la aplicación de programas de educación en derechos humanos en todos los sectores. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) asegurará la coordinación internacional del Programa Mundial.

Tomando como base los logros alcanzados en la Década de las Naciones Unidas para la educación en los derechos humanos, el Programa Mundial tiene por objeto promover el entendimiento común de los principios y metodologías básicos de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación, desde el nivel internacional hasta el de las comunidades.

A diferencia del marco temporal específico de la Década, el Programa Mundial consiste en una serie de etapas consecutivas a fin de intensificar las actividades nacionales de educación en derechos humanos en sectores o cuestiones determinados. La primera etapa (2005-2009) se centró en los sistemas de enseñanza de primaria y secundaria. La segunda etapa (2010-2014) se enfocó en la educación en derechos humanos para la enseñanza superior y los programas de capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar. La tercera etapa (2015-2019), en proceso, está dedicada al refuerzo de la aplicación de las dos primeras etapas y a la promoción de la formación en derechos humanos de los profesionales de los medios de comunicación y los periodistas.

Cabe señalar los esfuerzos recientes en América Latina y el Caribe para fortalecer la educación en derechos humanos y constituir los elementos básicos de una propuesta latinoamericana y del Caribe, entre los que destacan la Declaración de Mérida (1997) suscrita por los ministros de educación de los países iberoamericanos; el Encuentro de Lima de Investigadores en Derechos Humanos (1999) organizado por Instituto Interamericano de Derechos Humanos; la Reunión de Gobiernos sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Región de América Latina y el Caribe (Ecuador, 1999) impulsada por la OACNUD; y el Plan Latinoamericano para la Promoción de la Educación en Derechos Humanos, resultado del Seminario Latinoamericano de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Venezuela, 2001).

4.- De todos ellos sobresale, empero, la Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, que tuvo lugar entre el 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2001 en la Ciudad de México, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) y el gobierno de México. Ese evento reunió representantes de organismos gubernamentales e intergubernamentales, instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), cátedras UNESCO de derechos humanos e instituciones académicas, y de él se derivó la Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (2001) 5.

En esa Declaración, suscrita desde luego por nuestro país, la Conferencia adoptó por aclamación una serie de recomendaciones de inmediata ejecución y, en particular, en lo que resta del decenio, entre otras:

a) Instar a los Estados para que asuman su responsabilidad como garantes, protectores y promotores de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y de una cultura de derechos humanos y paz.

b) Los Estados deben incluir en los planes nacionales de educación temas de derechos humanos, paz y democracia, a la par de diseñar políticas multisectoriales, interdisciplinarias e interculturales de educación en derechos humanos.

c) Se insta a los Estados a ratificar los instrumentos internacionales vigentes relacionados con la instrumentación de políticas públicas relativas a la educación en derechos humanos, como la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

d) Urge que los Estados impulsen la creación de un Comité Nacional para la Educación en Derechos Humanos con la participación de todos los sectores sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, cátedras UNESCO, representantes de órganos estatales y provinciales, para cumplir el mandato de elaborar un Plan Nacional de Acción en Educación en Derechos Humanos, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas. Se solicita a los Estados también proveer los fondos necesarios para impulsar la elaboración, implementación y evaluación del Plan Nacional de Acción, así como promover la difusión y divulgación de las normas y la jurisprudencia internacional y nacional de protección de los derechos humanos.

e) Se recomienda a los Estados privilegiar la educación en derechos humanos en los planes de acción y políticas nacionales contra la discriminación en todas sus formas, ya que la educación en derechos humanos es uno de los instrumentos para fortalecer la democracia y una cultura de paz frente a las amenazas del terrorismo en todas sus manifestaciones, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

f) Se insta a los Estados a promover, conjuntamente con las ONG, la creación de espacios de colaboración permanentes y redes nacionales mixtas (entidades gubernamentales, defensorías del pueblo, cátedras UNESCO, universidades, etcétera) para impulsar la educación en derechos humanos.

g) Se insta a los Estados a cumplir las recomendaciones sobre educación en derechos humanos emitidas por organismos internacionales y regionales.

Y junto con las anteriores, las siguientes Recomendaciones específicas:

a) Se insta a los Estados a democratizar la libertad de cátedra y propiciar el cambio de modelos educativos tradicionales, autoritarios y verticales por modelos integrales, de cooperación y tolerancia, horizontales, que permitan construir sociedades democráticas y transformadoras.

b) La escuela/universidad está llamada a incorporar los principios de tolerancia, equidad y convivencia pacífica como parte de la enseñanza desde un conocimiento plural, crítico, constructivo y racional. Debe, además, favorecer la crítica, el respeto a la diferencia y ser una guía moral, de manera permanente y, en especial, en tiempos de crisis, para la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos.

c) Los Estados deben diseñar políticas orientadas a integrar la educación en derechos humanos en los programas curriculares de todo el sistema educativo nacional. Especial énfasis se deberá tener en los principios de indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), así como en los derechos de grupos vulnerables como etnias nacionales, minorías lingüísticas y religiosas, migrantes, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y aquellas que viven con VIH/SIDA. Deberá hacerse un esfuerzo especial para utilizar los idiomas locales y desmitificar los términos técnicos.

d) Los Estados deben realizar acciones concretas que garanticen el derecho a la educación (acceso-permanencia) para todas y todos. Ésta será de calidad y promoverá una cultura escolar que respete los derechos humanos y los principios democráticos. En este sentido, los Estados establecerán mecanismos para garantizar la libertad de enseñanza, de modo que no se subordine a la lógica del mercado ni se transforme en un producto de consumo privilegiado.

e) De acuerdo a los compromisos asumidos con la comunidad internacional, para todos los docentes de los distintos niveles de la enseñanza, los Estados deben garantizar condiciones laborales dignas. La introducción sistemática de componentes de la educación en derechos humanos en la formación inicial y continua de los docentes, debe ser una prioridad fundamental en los próximos años.

f) Es un deber del Estado, elaborar y ejecutar políticas de afirmación positiva, orientadas a garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de los grupos sociales y culturalmente discriminados.

g) Es preciso que los Estados atiendan las necesidades educativas especiales y procuren los medios para lograr la inclusión de todas las personas en el sistema escolar.

h) Los Estados deben generar espacios de intercambio entre docentes y organizaciones que promuevan la educación en derechos humanos para compartir experiencias, discutir enfoques y materiales. Asimismo, les corresponde apoyar la elaboración de instrumentos educativos que faciliten la educación en derechos humanos y garanticen su distribución y difusión.

i) Los Estados deben promover los procesos de descentralización administrativa y curricular para que escuelas y docentes adquieran mayor protagonismo en el diseño y gestión de sus propios proyectos educativos; así también deben favorecer procesos democráticos y la incorporación de componentes de educación en derechos humanos.

j) En cooperación con los organismos internacionales, instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, los Estados deben procurar que en el currículo de la formación inicial de docentes se incorpore la educación en derechos humanos, además del diseño de planes de formación continua para quien ya está en ejercicio profesional. La formación de los docentes tiene que incluir saberes pedagógicos específicos para que puedan liderar las innovaciones educativas.

k) Se insta a los Estados y autoridades universitarias a garantizar la libertad de cátedra, valorizar la labor docente y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente la de educadores/defensores en derechos humanos.

Es decir, todo un marco programático, de gran calado, compromisos internacionales, para reformar la educación a partir de la reflexión sobre el sistema de valores de nuestras sociedades y la formación de nuevas generaciones de ciudadanos capaces de conocer las normas legales que existen, su contenido y categoría jurídica. No sólo para impartir conocimientos sobre derechos humanos. Fundamentalmente para cambiar actitudes y comportamientos y desarrollar en las personas nuevas aptitudes que les permitan pasar a la acción. Como se resume en el documento de Amnistía Internacional, “HRE in Practice”:

“La Educación en Derechos Humanos (EDH) es una de las herramientas que existen para poner en práctica la teoría de los derechos humanos. Estos derechos son inalienables, pero eso no significa que todas las personas comprendan (a) que tienen estos derechos o (b) los complejos problemas que llevan aparejados. La EDH puede ayudar a las personas a entender la teoría de los derechos humanos y a integrarla en su vida cotidiana, a saber defender sus propios derechos y a aprender cómo actuar para defender los derechos de otras personas.

“Los derechos humanos corren el riesgo de quedarse en meros conceptos abstractos sin ningún significado real a menos que se aliente a las personas a reflexionar sobre ellos individualmente o en grupo y a establecer el vínculo entre los derechos humanos y su vida. En el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Como declaración moral todos la defendemos, pero en la realidad vemos que en nuestras comunidades, en nuestras sociedades y en el mundo en general esta declaración se convierte en un mero concepto abstracto a menos que a través de nuestra forma de pensar y actuar seamos capaces de dotarlo de vida y significado”.6

El Constituyente de 1917 sabía del valor de esto. Por eso el debate mayor y central de esa asamblea fue sobre la educación, que la polarizó de manera decisiva.

Para unos, bastaba con consignar las libertades, y fueron los que se definieron a sí mismos como los “clásicos” u “ortodoxos”. En cambio, para los llamados “radicales jacobinos” no bastaba con dar libertad, había que asegurar su práctica mediante medidas y mecanismos inducidos. Lo que en Francia y los Estados Unidos había sido resultado de una evolución natural, decían, tendría que ser en México el resultado de una revolución encabezada por y desde el Estado. Y ese no era por cierto, un pensamiento exclusivo suyo. También había sido el que había guiado en su momento a los liberales “puros”, a los autores de la Reforma y de la Constitución de 1857.

Por eso, el gran debate en el Constituyente no fue por el tema agrario ni el obrero. Fue el del artículo 3º. Y las discusiones de aquellos días son interesantes porque explican en mucho, lo que hoy tendríamos que hacer.

Asumido el hecho de que la escuela es la institución formadora de la sociedad, y de que esa función educativa cumple un papel principal en el desarrollo de la cultura de los pueblos, es importantísimo, para consolidar lo logrado, dar el paso clave, que es imbuir en el pensamiento colectivo y en los patrones de nuestra cultura la normalidad de los derechos humanos.

Los Constituyentes del 17 lo sabían. Más específicamente los Constituyentes pertenecientes al ala “radical jacobina” que encabezaba Francisco J. Múgica, quien durante los debates del artículo 3º se pronuncia por ello, categóricamente, en favor de la enseñanza conducida por el Estado:

“La enseñanza es indudablemente el medio más eficaz para que los que la imparten... engendren, por decirlo así, las ideas fundamentales en el hombre; y, señores diputados, ¿cuáles ideas fundamentales puede el clero imbuir en la mete de los niños?... Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de libertad, igualdad y fraternidad, predicados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en la ancestralidad de los tiempos que se llamó Jesucristo. Y siendo así, ¿vamos a encomendar al clero la formación de nuestro provenir, le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los hijos de nuestros hermanos, para que los eduquen en sus principios? Yo creo francamente que no, porque haríamos en ese caso una labor antipatriótica... ¿Será posible que el Partido Liberal, que vence cada vez que se le lleva a los campos de batalla, cada vez que se le obliga a tomar las armas para vencer a su eterno enemigo el partido conservador, será posible, digo, que después de sus triunfos y en este vez de nuevo abandone sus conquistas? No señores, haríamos una mala obra, una mala obra de inconscientes si no pusiéramos remedio desde hoy para evitar en lo futuro que nuestros asuntos se resuelvan por medio de las armas, sino que nuestras disensiones intestinas se resuelvan en la tribuna, en los parlamentos, por medio del libro, por medio de la palabra, por medio del derecho”.7

En ese tiempo se promovía como avanzada la educación racionalista, libre de prejuicios y atavismos. Hoy eso ya se queda corto. Es necesario imponer un criterio de derechos humanos.

Según Concepción Naval Durán, una afamada experta en educación de la Universidad de Navarra, la educación en derechos humanos es una herramienta para lograr cambios sociales. Se trata de un proceso de aprendizaje en el cual se ponen en juego los valores de la persona, teniendo en cuenta el respeto propio y para con el otro. Es una práctica que promueve la autoestima y el enriquecimiento personal mediante valores de paz, tolerancia y respeto. Se trata de una educación que tiene como eje principal la formación de la persona.8

La comunidad internacional ha venido manifestando cada vez más su consenso respecto de la decisiva contribución de la educación en derechos humanos (EDH) a la realización de los derechos humanos así como a la prevención a largo plazo de los abusos de esos derechos y de los conflictos violentos.

Muchos son los instrumentos internacionales que incorporan, como hemos visto, disposiciones relativas a la EDH, en particular en el sistema escolar.

Es tiempo de que el gobierno de México haga su parte.

En el sistema escolar, la EDH es un importante componente del derecho a la educación, pues permite al sistema educativo cumplir sus propósitos fundamentales de promover el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano, fortalecer el respeto de los derechos humanos y ofrecer educación de calidad a todos. En este sentido, la EDH contribuye a mejorar la eficacia del sistema educativo en conjunto, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico, social y político de un país, a la cohesión social y la prevención de conflictos.9

Este es el momento de que las autoridades responsables de la política educativa del país, cumplan con el Plan de Acción del Programa Mundial y elaboren una estrategia nacional en materia de educación en derechos humanos que tenga una orientación clara hacia hitos conseguibles y resultados medibles, cuente con plazos y esté dotada de recursos suficientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

ÚNICO. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano en materia de enseñanza en derechos humanos, e impulse la creación de un comité nacional para la educación en derechos humanos para ese efecto, con la participación de todos los sectores sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, cátedras UNESCO, representantes de órganos estatales y municipales, para cumplir el mandato de elaborar un plan nacional de acción en educación en derechos humanos, de conformidad con las directrices de naciones unidas

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

1 http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/04/21/mas-de-2-mil-homicidios-en-marzo-sexenio-
mas-violento-secretariado

2 Carazzone, Carola, «Educar en y para los derechos humanos». Congresso Internazionale Sistema Preventivo e Diritti Umani, Roma 2 – 6 Gennaio, 2009.

3 https://expansion.mx/nacional/2013/10/01/mexico-esta-entre-los-paises-con-menos-inclusion-social-de-
latinoamerica

4 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=861&id_opcion=&op=213

5•ttps://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/AspecTeoMetodologico/
Material_Educativo/Declaracion-Mexico.htm

6 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/edu/dh-edu-k.moriarty.html

7 Múgica Francisco J., Hechos, No Palabras, tomo 1, Reedición del Gobierno de Michoacán, México, 1982, pp. 104-107.

8 Naval Durán, Concepción, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.

9 Véase Plan de Acción, párr. 19.






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a ampliar su catálogo de sitios históricos a toda la ciudad. Se turna a la Primera Comisión.

MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DE SUS ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE A QUE ESTÁ OBLIGADO, AMPLÍE SU CATÁLOGO DE SITIOS HISTÓRICOS A TODA LA CIUDAD, CON LOS SITIOS QUE SE SEÑALAN; Y LLEVE A CABO, EN PLENA COMUNICACIÓN CON HISTORIADORES, CRONISTAS URBANOS, VECINOS DE BARRIOS EMBLEMÁTICOS, SOBREVIVIENTES Y PROTAGONISTAS, Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, UN REGISTRO DETALLADO DE SITIOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE TODO DE AQUELLOS ADONDE SE DESARROLLARON GRAN PARTE DE LOS MOVIMIENTOS Y LUCHAS SOCIALES Y PRO-DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XX, OLVIDADOS, PRECURSORES DE LAS LUCHAS DE HOY, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que recién acaba de publicarse, bajo el patrocinio del gobierno de la Ciudad, una especie de catálogo de 200 lugares “emblemáticos” del Centro Histórico, adonde se colocarán igual número de placas, y los presenta como un “rescate de la memoria histórica”.

Sin embargo, siendo este un esfuerzo loable, no puede reducirse a lo que actualmente es, un rescate del catálogo de la Inspección General de Monumentos, su registro de viejas placas señalizadoras de sitios sólo del Centro Histórico de principios del siglo pasado. Es necesario un trabajo de investigación más serio y profundo, que abarque toda la Ciudad. A lo que hay que agregar que defender la memoria histórica de la Ciudad no sólo es poner placas donde hubo teatros y farmacias; desde luego no es colocar placas de sucesos de nota roja que incluso violentan los derechos humanos de sus protagonistas, como es el caso de aquella Miss México que asesinó a su marido, pero que después fue respetable catedrática de la UNAM.

2.- Por supuesto que defender nuestra memoria histórica tampoco es sólo evitar que se sigan destruyendo casas y edificios emblemáticos, que ni eso se hace por cierto. Es, entre otras cosas además, identificar los lugares realmente olvidados de la memoria colectiva, sobre todo los sitios donde se desarrolló la lucha democrática del pueblo, saboteada tanto por la historia oficialista como por la historia folletinesca que olvida que aquí se llevaron a cabo la mayor parte de los movimientos sociales reivindicatorios, como el vasconcelismo, el henriquismo, el movimiento magisterial, el ferrocarrilero, el petrolero, el estudiantil, entre muchos otros. Todos ellos durante buena parte del siglo XX.

¿Quién recuerda el lugar, por ejemplo, donde fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos infinidad de ciudadanos por la Dirección Federal de Seguridad entre los años 50 y 70 por el sólo hecho de ser “incómodos” para el gobierno? ¿Quién recuerda los muchos líderes opositores asesinados y las muchas marchas y manifestaciones reprimidas?

La del 20 de septiembre de 1929 en la avenida Hidalgo, frente al Panteón de San Fernando, adonde resultó muerto el estudiante Germán del Campo, o la del 10 de noviembre de ese mismo año, en la avenida Juárez, que dejó un saldo de numerosos heridos y detenidos por el sólo hecho de apoyar a José Vasconcelos. La del 7 de julio de 1952 en La Alameda, adonde fueron asesinados entre 300 y 500 ciudadanos que se manifestaban para que se respetara el triunfo del candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán. Y la casa de éste, en Paseo de la Reforma 445, en cuyo jardín sus partidarios tenían que hacer sus mítines, porque estaban prohibidos, y en más de una ocasión realizarlos bajo amenaza, cercada la casa por policías y soldados que nada más aguardaban su salida para detenerlos, asesinarlos o desaparecerlos. Las manifestaciones del 12 de abril y del 8 de septiembre de 1958, contra maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio y la detención de su líder Othón Salazar. La del 3 de abril de 1959 para reprimir el movimiento ferrocarrilero, que dejó un saldo de más de 300 detenidos y varios heridos.  El “bazukazo” a la puerta de la Preparatoria 3 el 30 de julio de 1968, en el marco de la represión estudiantil por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y la detención a punta de golpes ahí de más de 100 estudiantes ese día. La matanza de la Tlaxpana del 10 de junio de 1971. Entre otras.

El asesinato del líder comunista Julio Antonio Mella, el 10 de enero de 1929, es recordado en la calle de Abraham González gracias a que exiliados cubanos pusieron una placa. Pero nadie se acuerda, en cambio, del secuestro y asesinato por agentes de la DFS de Marco Antonio Lanz Galera, abogado de presos políticos, el 31 de agosto de 1953, en la calle de Serapio Rendón. Y si hay un “antimonumento” a los 43 normalistas de Ayotzinapa, a los 49 niños muertos en la Guardería ABC y a David y Miguel, dos jóvenes desaparecidos en 2012, es gracias a la iniciativa de ciudadanos.

Olvidar esos hechos es borrar de la memoria colectiva un referente fundamental de la lucha por la verdad, por las libertades y la justicia en nuestra Ciudad, y por eso es importante que existan maneras de rescatarlos del olvido. Esa sería una verdadera aportación.

3.- Que hay una suerte de historia “light”, muy socorrida en los últimos años, que sirve para favorecer el olvido, e incluso para deformar la historia hasta el punto en que las víctimas se vuelven los victimarios, y los villanos en los héroes. Es la historia hecha a modo de quien sabe que quien controla el pasado, controla el futuro. Y que incluso promueve el desprecio por la historia por parte de los jóvenes, porque sabe que es esa la mejor forma de limitar la toma de conciencia.

La Ciudad de México ha sido en ese sentido, un espacio de numerosas luchas, de resistencias e insurgencias que han marcado toda nuestra historia. Y todas deben ser recordadas para hacer de ellas un referente, y también una enseñanza, para las luchas actuales.

Toda persona o comunidad tiene derecho a la memoria, a recordar y ser recordada, un proceso que implica muchas cosas: recordar el pasado, sí, pero además superarlo, aprendiendo de él para extraer enseñanzas. Lo que jamás podrá hacerse sin un análisis y una valoración seria, que trasciende la fase de ajuste de cuentas; algo, por cierto, que no se ha iniciado en México, ni lo vemos como parte de las agendas de derechos humanos ni reelaboración cultural, necesarias en todo país en transición, como lo es el nuestro.

4.- Que el derecho a la memoria se trata de la posibilidad de reconocimiento de la temporalidad humana como condición existencial, pues la memoria es el ámbito en el que podemos rescatar el pasado como eje referencial de la vida. La memoria es, por lo tanto, un horizonte de sentido, fuente de respuestas y actitudes concretas frente a preguntas que inquietan al ser humano: la incógnita de los orígenes, las identidades y las historias. Por eso la reconstrucción del pasado es indispensable en sentido ético. En segunda instancia, la memoria posee también un sentido político al afianzar la conciencia de pertenencia a la comunidad y su historia compartida. Por último, la memoria es insoslayable en el campo de la justicia, porque del conocimiento de la verdad -sobre todo cuando tiene que ver con delitos-, de su difusión pública y de la preservación del recuerdo de la víctima depende en alto grado que la impunidad no se prolongue indefinidamente en el tiempo. Ni se repita.

El derecho a la memoria es también un derecho colectivo, porque los pueblos y comunidades deben tener la opción de sembrar y conservar su memoria histórica. Más aún en la actualidad, cuando esta opción se presenta, ante los efectos más negativos de la globalización (los procesos que tienden a masificar y homogenizar las culturas locales a través del mercado), como una forma de resistencia y de búsqueda de caminos alternativos de desarrollo.

En México, y por ende en la Ciudad de México, hay muchos monumentos merecidos, otros tantos que sobran, y varios más que hacen falta. Y lo mismo podemos decir de las placas conmemorativas. Por lo que se concluye que sin una memoria individual y colectiva no puede funcionar ni el Estado de Derecho ni la democracia a que aspiramos, y es nuestro deber como representantes populares tomar cartas en el asunto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

ÚNICO. El Senado de la República respetuosamente exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de sus acciones de protección y defensa del patrimonio tangible e intangible a que está obligado, amplíe su catálogo de sitios históricos a toda la ciudad, con los sitios que se señalan; y lleve a cabo, en plena comunicación con historiadores, cronistas urbanos, vecinos de barrios emblemáticos, sobrevivientes y protagonistas, y la sociedad en general, un registro detallado de sitios históricos de la Ciudad de México, sobre todo de aquellos adonde se desarrollaron gran parte de los movimientos y luchas sociales y pro-democráticas del siglo XX, olvidados, precursores de las luchas de hoy.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación del traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “La undécima musa”. Se turna a la Segunda Comisión.

MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES PARA CONSIDERAR LA APROBACIÓN DEL TRASLADO DE LOS RESTOS DE LA POETIZA GUADALUPE AMOR, CONOCIDA COMO “LA UNDÉCIMA MUSA”. Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SEA RECORDADA Y RECONOCIDA, EN EL MARCO DEL C ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, PROYECTANDO EN TORNO AL MISMO UNA SERIE DE ACTIVIDADES, DESTINADAS A RESCATAR PARA LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS HABITANTES DE NUESTRA CIUDAD Y DE TODO EL PAÍS SU EMINENTE OBRA LITERARIA, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que van a ser 100 años de que en 1918, el 30 de mayo, vio la primera luz en un viejo caserón de la calle de Abraham González 66, en la Ciudad de México, Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, destacada poetiza mexicana, escritora, declamadora, actriz, pintora y musa de artistas, entre ellos Diego Rivera, Enrique Asúnsolo, Roberto Montenegro, Juan Soriano, y Raúl Anguiano.

Controversial y escandalosa, revolucionaria e irreverente, se hizo famosa como “Pita Amor”, y fue un personaje imprescindible de la vida citadina de mediados y finales del siglo pasado.

Trabajó en cine y teatro antes de llegar a la literatura.

Participó en “La guerra de los pasteles”, “Tentación”, dirigida por Fernando Soler y escrita por Mauricio Magdaleno, en “Los cadetes de la Naval”, y “El que murió de amor”. Pisó el teatro con “La dama del alba”, “En qué piensas”, “El diablo volvió al infierno” de Miguel N. Lira, y “Casa de muñecas”.

Quienes la conocieron dicen que era alguien que no podía pasar inadvertida. Su vocación poética surgió por casualidad. Ella misma contaba que un día, a los 27 años, cansada de oír cumplidos de su bonita cara, desesperada de cargar su vacío, “movida por un impulso superior”, en una servilleta y con el lápiz con el que se pintaba los ojos escribió: “Casa redonda tenía de redonda soledad / el aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad…”.

Dos años más tarde publicó su primer poemario, “Yo soy mi Casa”, que fue aclamado por la élite intelectual. Personajes como Juan Rulfo, Xavier Villaurrutia, Manuel González Montesinos y su mentor Alfonso Reyes, aplaudieron su trabajo.

2.- Que la poesía de Guadalupe Amor es, sobre todo, reflejó de su ser, de su vida, de sus grandes miedos y sus elevados paradigmas. Plasmó en ella sus angustias existenciales, sus dudas sobre Dios, sus pulsiones amorosas y eróticas, sus ansias sobre la muerte y, desde luego, sus enormes contradicciones: una constante tensión entre el alma, el cuerpo, y el intelecto. A través de la poesía Pita expresó siempre todo aquello que sentía. "Dentro de mis temas poéticos lo que cuenta menos es el mundo exterior y no se diga ya el físico, mucho menos el histórico”, decía.

Recuerda de ella Elena Poniatowska, además de escritora su sobrina por vía materna:

“Pita creció oyendo poesía. En la noche, después de la cena, la familia acostumbraba leer un poema tras otro y seguramente esta lectura en voz alta de Góngora y de Quevedo, de Sor Juana y de López Velarde influyó en ella.

“Desde muy joven, Pita pudo participar en la vida artística de México gracias a su hermana Carito, colaboradora de Carlos Chávez y fundadora de la Galería de Arte Mexicano. Acondicionada en el sótano de la casa de los Amor, la galería (que después fue de Inés) expuso a Orozco, Rivera, Siqueiros, el Dr. Atl, Tamayo, Julio Castellanos, Frida Kahlo y muchos más.

“Si era una niña preciosa, fue una adolescente deslumbrante, por su atrevimiento y su belleza. Tan llamaba la atención que la pintaron Rivera, Montenegro, Soriano, Raúl Anguiano, a quienes desconcertaban sus desplantes, sus grandes ojos abiertos, su boca desdeñosa y su voz de trueno. Más tarde, Diego Rivera habría de retratarla desnuda, para el horror de la familia Amor”.

“Pita Amor es importante para las generaciones venideras, porque rompió esquemas, como hicieron otras mujeres de su época catalogadas de locas. Al igual que Nahui Ollin, el rechazo y la censura la volvió cada vez más contestataria: las dos hicieron del reto y de la provocación su forma de vida”1.

3.- Que en los años 50 vivió en un lujoso departamento de la Colonia Cuauhtémoc, en la calle Duero número 52, esquina Pánuco. Era entonces considerada una de las mujeres más bellas, elegía para vestirse modelos firmados por los modistas de la época como Henri de Chatillon, organizaba grandes fiestas en su casa o asistía a las de los intelectuales donde arriba de las mesas se desnudaba en las oportunidades propicias.

Repartía en las redacciones de los periódicos retratos suyos como si fueran volantes y se le veía en todas partes, en el Café París, en el 1-2-3, en el Ambassadeurs, en el Lady Baltimore, en La Flor de México, o culminaba sus veladas en el Leda, El Waikiki, Eloínes, Las Veladoras, La Cucaracha y posteriormente El Quid y El Greco, los que mantenían clientela exclusiva o atraían artistas2.

Asistía a corridas de toros con sacos sastres orlados de zorros. Sentada en barrera de primera fila festejaba la fiesta y presumía su relación con grandes toreros, como Manuel Rodríguez “Manolete” y Carlos Arruza.

Publicaba en diferentes diarios, revistas y suplementos, “Revista de América”, “Hoy”, “El Nacional”, “México en la Cultura”. Tenía un programa en la televisión de la que fue pionera, que se llamaba “Nocturnal”, donde difundía la poesía latinoamericana, y lo transmitían en vivo. Al inicio recitaba una de sus décimas y lo cerraba con otra, le gustaba presentarse cubierta de joyas y largos trajes vaporosos transparentes con grandes escotes, y se hacían vallas de curiosos y admiradores para recibirla.

Por todo eso, y más hoy, es considerada una precursora de la liberación femenina.

Marcada por una tragedia personal –la muerte de su único hijo-, en los años 60 cayó en una profunda depresión, viviendo por un tiempo en hoteles, el Mayab, María Cristina, Del Bosque.

Ya en su vejez, solía deambular por la Zona Rosa, de la que se declaró “reina honoraria, sin goce de sueldo”, con una flor en la cabeza y bastón en mano diciendo poesía o vendiendo dibujos y sonetos.

Fue su talento sin embargo, el que le permitió ganar un lugar destacado en la literatura y dejar una huella imborrable en la cultura del país. Ella lo explicaba así: “Nada tengo que ver con lo que siento / Soy cómplice infeliz de algo más alto”.

Su estilo clásico, aplicado en cada verso de métrica y rima precisa, produjo lo que los críticos llegaron a definir como sonetos “perfectos”.

Con respecto a tales características de su poesía, Margarita Michelena afirma que: “Poesía más de ideas que de metáforas, la de Guadalupe [Amor] se mueve bajo una estrella pitagórica. Y como la música de Bach, nada le falta y no le sobra nada. Es poesía cuya esencia pide un vaso esencial. Y así está, sostenida en su pura desnudez, como un astro en su luz infalible”3.

Fue autora de varios poemarios, entre otros: “Yo soy mi casa” (1946), “Polvo” (1949); “Décimas a Dios” (1953); “Sirviéndole a Dios de Hoguera” (1958); “Todos los Siglos del Mundo” (1959); “Como Reina de Baraja” (1966) y “Soy Dueña del Universo” (1984).

Pero también escribió novela. Una, en 1957, “Yo soy mi casa”, con el mismo título de su primer poemario, un recuento de su vida en torno al lugar que la marcó para siempre: su casa de la infancia, que es, además, un amplio relato de la vida cotidiana de la aristocracia en la ciudad de principios de siglo. Y otra, “Mis crímenes”, en 1986, una novela donde Pita exorciza los demonios de su vida pasada y hasta se acusa de haber matado a su madre por los incontables disgustos que le había causado.

En 1959, publicó un libro de cuentos, “Galería de títeres” compuesto por cuarenta historias breves con personajes generalmente femeninos. De tan sintéticos, los títulos parecen barajas de la lotería: “El lago”, “El ajusticiado”, “El camisón”, “La hoja”, “El pobre”, “Los globos”, “El universo” o “El candelabro”, y su novedad radica en la temática que nadie en México había tratado antes: el amor de la vejez, los conflictos de la diversidad sexual, y hasta la eutanasia.

Sus últimos años los vivió en un departamento pequeño en la azotea del Edificio Vizcaya de Bucareli 128, en la misma colonia donde nació, la Juárez, rodeada de gatos, cantando rondas infantiles, dibujando muñecas con sombreros de flores y ojos profundos. Ahí recibió la visita de la cantante Madonna, a quien mandó a comprarle refrescos. Y ahí falleció el 8 de mayo del año 2000.

4.- Que es considerada una autora fundamental del siglo XX de la poesía femenina.

Quien es reconocido como su padrino poéticamente hablando, Alfonso Reyes, se refirió a ella diciendo: "Nada de comparaciones odiosas, se trata de un caso mitológico".

Pablo Neruda la llamaba "como el canto del agua cristalina que corre, te nombro franca e inmemorial, dulcísima...".

José Gaos, le dedicó esta cuarteta: “Poetisa que de hoguera / A dios crees servir, di: / ¿Ardes tú por dios entera / o quemas a un dios en ti?”.

Max Aub escribió acerca de ella: “Representa el éxito. Cierto afán natural de exhibir sus gracias y su facilidad le ha proporcionado público, no sólo lector: hizo teatro, aparece en la televisión, usa de la radio y de los discos para dar a conocer su poesía, la mejor vendida estos últimos años. Los moldes más tradicionales no se le resisten sin importarle mucho Dios o el diablo”.

Frida Kahlo, su amiga, la describió como “la niña enorme y viva para siempre”.

Carlos Monsiváis afirmaba que Pita Amor había convertido la retórica de su tiempo en espectáculo social y que, al menos por una temporada, le había devuelto al libro de poesía sus posibilidades de venta.

Y Héctor Azar, uno de sus grandes admiradores, la describía de la siguiente manera: “Guadalupe Amor ocupa el lugar de un poeta mayor y sumamente respetable. Dentro del grupo de señoras sigloveintescas dedicadas a los menesteres literarios Pita Amor se distingue por las características de su obra, así como por las circunstancias que la produjo”.

Su biógrafo Michael Schuessler recogió uno de los múltiples epitafios que ella misma se dedicó, cuando ya veía cercana la muerte: “Es tan grande la ovación/ que da el mundo a mi memoria,/ que si cantando victoria/ me alzase en la tumba fría,/ en la tumba me hundiría/ bajo el peso de mi gloria”.

El define su poesía como autoreflexiva y la compara con el trabajo plástico de la pintora Frida Kahlo. Además, asegura que así como ocurrió en la época de la kahlomanía ha llegado el momento de la pitamanía 4.

Algo lamentable, que debemos resarcir, es que se le recuerda más por sus escándalos y excentricidades, algo en parte generado por los atavismos que rodean a la mujer en México, llevados al extremo con el personaje caricaturesco en que se le ha convertido, pero también con aquellos ataques que en vida recibió de algunos de sus contemporáneos, que decían que no era posible que ella ?una joven y bella mujer? escribiera los versos que se publicaban bajo su nombre.

Podría decirse incluso, que Pita Amor no pertenece al grupo de “olvidados” de la historia porque sí se le recuerda, pero no por su extensa obra lírica, que es muy poco conocida y menos valorada.

Hagamos pues de este homenaje una oportunidad para rescatar la obra y el legado literario de esta mujer que mereció muchas críticas por su vida personal y a la vez, también, los más elevados elogios por la perfección de su poesía.

Según la mitología griega nueve mujeres inspiraron las ciencias y las artes, eran las hijas de Zeus y Mnemosine, diosa de la memoria. Cuando el mito traspasó la realidad, luego de darle el título de “la décima musa” a Safo, una famosa poetisa griega, Sor Juana Inés de la Cruz mereció tener el mismo nombramiento, y siglos más tarde, la otra artista de las palabras en verso digna de ser “la undécima musa” fue ni más ni menos: Pita Amor.

Quien le dio tanto a esta Ciudad y a este país, merece el homenaje de sus conciudadanos.

Por todo lo que en vida representó y por todo lo que nos legó culturalmente Pita Amor, es que se pide a esta representación ciudadana que en un acto de justicia, libremos un respetuoso exhorto al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para el traslado de sus restos a ese sitio de honor, y también a la Secretaría de Cultura del Gobierno federal para que sea recordada y reconocida, en el marco del C aniversario de su natalicio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

ÚNICO. El Senado de la República respetuosamente exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para considerar la aprobación del traslado de los restos de la poetiza Guadalupe Amor, conocida como “La Undécima Musa”. y a la Secretaría de Cultura Gobierno Federal para que sea recordada y reconocida, en el marco del c aniversario de su natalicio, proyectando en torno al mismo una serie de actividades, destinadas a rescatar para la memoria colectiva de los habitantes de nuestra ciudad y de todo el país su eminente obra literaria.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

1 http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/opinion/a03a1cul

2 http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4107/pdfs/12-25.pdf

3 http://www.destiempos.com/n19/schuessler.pdf

4 https://elpais.com/cultura/2015/08/11/actualidad/1439259131_199233.html






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a asegurar la debida asistencia a propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los inmuebles de valor patrimonial, arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la identidad barrial de las colonias emblemáticas de nuestra ciudad. Se turna a la Primera Comisión.

MARIA DEL CARMEN OJESTO MARTINEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LAS ACCIONES PERTINENTES Y DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA GENERAL DE RECONSTRUCCIÓN Y EN LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX, ASEGURAR LA DEBIDA ASISTENCIA A PROPIETARIOS Y HABITANTES DE EDIFICIOS ANTIGUOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INMUEBLES DE VALOR PATRIMONIAL, ARQUITECTÓNICO, CULTURAL E HISTÓRICO, ASÍ COMO DEFENDER LA IDENTIDAD BARRIAL DE LAS COLONIAS EMBLEMÁTICAS DE NUESTRA CIUDAD; AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLIGÍA E HISTORIA, PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, TOME LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA ASEGURAR EL RESCATE Y PRESERVACIÓN DE INMUEBLES REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX, CARACTERÍSTICA DE NUESTRA CIUDAD, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que en los últimos 5 años la Ciudad de México ha sido presa de una destrucción sin precedentes de su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.

Esto ha sido consecuencia de la voracidad de las empresas constructoras que a últimas fechas han proliferado con proyectos de desarrollo habitacional y comercial, pero también de la complicidad de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que, cuando no de una manera abierta, otorgando permisos o facilitando despojos disfrazándolos de “legales”, por omisión han hecho posible este saqueo que, al parecer, no tiene freno, porque obedece a un “modelo” de Ciudad que nada tiene que ver con nuestra historia comunitaria e identitaria.

Ejemplos de ello sobran. En la Colonia Guerrero, las vecindades, muestras de una arquitectura porfiriana que dota de identidad al barrio, están en extinción o en riesgo de colapsar, pues su inclusión en el listado patrimonial no garantiza su permanencia, y son presa codiciada de la ambición de los desarrolladores inmobiliarios.

En el otro extremo, Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo, ha sufrido también un grave deterioro en su patrimonio arquitectónico y cultural. De acuerdo con expertos, 500 inmuebles –de diversos estilos, entre ellos neocolonial y neocaliforniano, de principios del siglo XX– que habían sido considerados en el año 2000 para su conservación, quedan sólo alrededor de 250.1

Lo más grave es que las mismas autoridades se han encargado de sacar de la lista algunos inmuebles, sin ninguna explicación, y en otros casos se han demolido. Hablamos no sólo de los inmuebles declarados sino de los únicamente catalogados y de otros más aún no clasificados pero de notorio valor cultural y barrial.

Y no se diga colonias como la Condesa, Roma, Juárez y Cuauhtémoc, adonde la efervescencia inmobiliaria inunda sus calles y a diario vemos cómo se levanta un nuevo edificio tras otro, en dramático contraste con las enormes casonas y sus amplios jardines, algunas obras de los arquitectos más relevantes del siglo pasado y otras residencia de personajes o espacios adonde se desarrollaron sucesos clave, y que no solo revisten un alto valor histórico y cultural sino que reflejan la identidad de nuestra ciudad.

Ni en Avenida Paseo de la Reforma ni en otras áreas del Centro Histórico, zona que alberga un alto número de edificios patrimonio, estas edificaciones se han salvado de la vorágine de los grandes desarrollos.

Basta destacar que en el último medio siglo, la Avenida Paseo de la Reforma perdió el 90 por ciento de las casonas históricas asentadas en ella. Proyectos modernos y falta de supervisión de autoridades para preservarlas han ocasionado que sólo queden 14 inmuebles históricos de unos 100 que, según arquitectos y especialistas, formaban parte de esta emblemática vía.2

De entrada, está el caso de la Línea 7 del Metrobús, que se construyó a contracorriente de la opinión de vecinos, urbanistas y ecologistas y ahora resulta que no cumplió con la reducción de las dimensiones de la publici­dad, como se estableció pre­viamente, con lo cual altera y demerita las condiciones de valor patrimonial en Cal­zada de Los Misterios, Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec.

Lo anterior se desprende del oficio 401.3S.1-2017/4980, fechado el 5 de diciembre del año que recién terminó, en­viado al director de Metrobús, Guillermo Calderón, por parte de Arturo Balandrano, titular de la Dirección Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antro­pología e Historia (INAH), en donde se muestra la incon­formidad por la instalación de marquesinas publicitarias que acompañan a las esta­ciones, pues se considera que juegan un papel protagónico indeseado en las perspectivas visuales.3

Aunque el Metrobús infor­mó hace unos meses, cuando salvó el amparo interpuesto por residentes de las colonias aledañas, que serían retirados 118 parabuses viejos y reempla­zados por un número menor de nuevas estaciones, el Ins­tituto consideró que las 102 nuevas marquesinas, que han sido instaladas a varios metros de distancia de los parabuses de la Línea 7, no representan una reducción significativa de los elementos que afectan el carácter histórico de la ruta. Incluso, indica que el Me­trobús no está cumpliendo con los acuerdos de retiro de muebles publicitarios viejos y reducción de los anuncios para el nuevo proyecto.

Y en cuanto a inmuebles patrimonio perdidos, sobran ejemplos. El caso de la casona de Reforma 297, construida en 1938 por el arquitecto Rafael Goyeneche, es emblemático pero no es la única casa patrimonio que es víctima de los grandes desarrollos de vivienda u oficinas. Lo que hemos estado viendo en el corredor de Paseo de la Reforma, al igual que en otras zonas de la Ciudad, es que a través de ciertos huecos legales han podido demoler casonas, que si bien no están declaradas, están catalogadas por el Instituto Nacional de las Bellas Artes, como patrimonio artístico y arquitectónico, y aún a pesar del sismo, el mercado inmobiliario privado insiste en construir viviendas en los barrios tradicionales a pesar de su riqueza arquitectónica.

Así, las colonias Roma, Hipódromo y Condesa encabezan la lista de los barrios sometidos a una presión férrea, dura y muchas veces sin escrúpulos de arquitectos, ingenieros, desarrolladores, fondos de inversión, empresarios allegados a políticos y funcionarios, que derriban viviendas con valor artístico, que rebasan las alturas permitidas, que aprovechan estímulos fiscales para invertir menos (presuntamente para vivienda de interés social que terminan vendiendo a precios más altos), y que incrementan el número de unidades autorizadas por cada desarrollo y extrapolar sus ganancias.

A esta lista de colonias se suman la Juárez, San Rafael, Santa María La Ribera, Cuauhtémoc, Anzures y Álamos, entre otras, adonde, más vulnerables que las arquitecturas colonial y la virreinal, están miles de edificios levantados a lo largo del siglo XX, con valor arquitectónico.

Se trata de obras de estilos como los llamados porfiriano, neocolonial, art decó, eclecticismo, colonial californiano y funcionalismo, característicos de nuestra Ciudad, muchos de ellos con la firma de maestros como Mario Pani, Juan Segura, Carlos Obregón Santacilia, Francisco Serrano, Juan O´Gorman y Luis Barragán, por citar los más conocidos.

2.- El hecho es que toda la arquitectura del siglo XX, considerados algunos edificios de valor excepcional, no tiene un resguardo. Una obra puede estar en el catálogo de la Dirección de Arquitectura del INBAL, pero si el particular quiere hacer algunas intervenciones, si incluso la quiere echar abajo, lo puede hacer.

De esta forma se pierde, día a día, a manos de capitales sin escrúpulos, parte de la riqueza arquitectónica y de barrio de la Ciudad de México. Y algo peor es que su condición de riesgo se ha agravado a raíz del sismo, pues cuando no realmente quedaron dañados en mayor o menor medida, con el pretexto de que los inmuebles están “afectados” se están destruyendo o en vías de derruir infinidad de estas obras arquitectónicas, desde luego para dar paso a nuevas edificaciones.

Baste destacar que según cifras oficiales, unos 1,800 inmuebles de la capital sufrieron daños significativos o graves, y muchos de ellos son de alto valor patrimonial. Y de acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno federal en la Ciudad de México hay sólo 89 sitios catalogados siniestrados, entre otros la Catedral Metropolitana, el Templo de Santiago en Tlatelolco, La Profesa y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.4

Algo que se ha dicho como aparente “explicación” de los recientes daños sísmicos es que las edificaciones tienen una “vida útil” de 20 a 30 años,5 argumento que, mal empleado, puede ser un justificante de la depredación que hemos estado viviendo, cuando la verdad es que el problema real no tiene que ver con la antigüedad de las construcciones sino una multiplicidad de factores que incluyen su mantenimiento adecuado, por sus propietarios o poseedores, pero también con la visión que se tiene de movilidad, del cuidado del suelo, y decisiones que más tienen que ver con las políticas públicas.

La clave está en aplicar tecnologías apropiadas, de que disponemos afortunadamente ya, para prevenir los graves daños sísmicos que amenazan las construcciones en zonas de alto riesgo sísmico y asumir varias cuestiones elementales básicas: que, en una ciudad como la nuestra no deben construirse edificios más allá de cierto nivel de altura; que esa regla existía, y que se violó. Que si bien las nuevas edificaciones están construidas a pruebas de sismos, con lo último de la tecnología estructuralista, se ha obviado o minimizado el daño que éstas generan a su alrededor, en las edificaciones menores o antiguas, aunado a que la proliferación de más y nuevos edificios departamentales generan más población en las colonias y por ende más demanda de servicios, en primer lugar de agua, con la subsecuente consecuencia de la afectación del suelo.

3.- Que de acuerdo con urbanistas y científicos, en general, las edificaciones plantean ciertamente una expectativa de vida aproximada entre 50 y 75 años, luego de los cuales se requiere para su sobrevivencia una intervención general, que resultará necesaria según el edificio y su ubicación, su uso y también el mantenimiento que se le haya practicado a lo largo de su vida. Es decir, que el deterioro no es fatal ni requiere la destrucción de las edificaciones.6

Si esa rehabilitación integral se realiza, por lo general no hay afectaciones. Sólo que el mantenimiento de una construcción no depende sólo de sus propietarios e inquilinos, sino también del gobierno para mantener el subsuelo en óptimas condiciones de estabilidad. De nada sirve pues, la reparación de un inmueble como consecuencia del peritaje de daño de un experto, la intervención de los vecinos para evitar su ruina, si además de eso las autoridades no hacen su trabajo.

Es por ello que se hace indispensable, en el marco de la reconstrucción, que la Ciudad cuente con un plan de rescate integral para los edificios antiguos y de valor patrimonial amenazados tanto por el deterioro generado por paso del tiempo, por los sismos y las condiciones del suelo, como por empresas constructoras que prefieren demoler y construir vivienda en lugar de preservar la existente.

Una opción según los expertos, podría ser apelar a la creatividad de los mismos arquitectos. Otra es poner limitaciones legales. Es decir, que se pueden reconstruir los edificios pero sin modificar sus características originales, y si son nuevos, que se respete el perfil arquitectónico, sobre todo si hay un contexto de barrio o de colonia. En suma, tenemos que ir más allá del "fachadismo". No basta con la preservación de fachadas pero no de la arquitectura interior, práctica alentada por las autoridades al otorgar permisos y a la que se recurrió originalmente tras el terremoto de 1985 para recuperar inmuebles.

Hay que poner un freno a ese criterio mañoso, que favorece la especulación, que sostiene que “son imposibles” las reestructuraciones de edificios, cuando han sido ingenieros mexicanos (Enrique Santoyo Villa y Enrique Tamez) quienes salvaron a la Torre de Pisa, por ejemplo.  De acuerdo con lo que dice el propio gobierno, hoy están en riesgo de demolición muchos viejos edificios, con 50 a 90 años, que resultaron dañados hace 6 meses, sin importar que son expresiones arquitectónicas de una época de la Ciudad o de la zona.

Toca al gobierno incentivar este tipo de acciones de protección urbana. De hecho, desde el mes de octubre del año pasado, el gobierno de la Ciudad ofreció a los dueños de edificios que no tienen daños aparentes o que tienen daños menores tras el terremoto del 19 de septiembre, que se les otorgarían incentivos fiscales para reforzar sus inmuebles, como una medida indispensable para evitar que el tiempo o un futuro terremoto de grandes dimensiones pudiera colapsarlos.

Máxime si tomamos en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 del Inegi, en la Ciudad de México, sólo el 6.8 por ciento, es decir 182 mil 529 casas, tiene entre 0 y 5 años de antigüedad, mientras que 39.2 por ciento de las viviendas tiene 26 años o más de antigüedad, la proporción más alta en el país: de las 2 millones 695 mil 459 viviendas que se contabilizan en la Ciudad, más de un millón 53 mil habrían sido edificadas al inicio de los años 90 o antes.7

Las demoliciones de casas y edificios y los terrenos libres para la construcción de nuevos edificios son una gran demanda de los carteles inmobiliarios que tratan de imponer la idea de que hay que aprovechar este río revuelto generado por los sismos, para conseguir nuevos usos del suelo y licencias y hasta normatividades y legislaciones que permitan construir muchos pisos de vivienda u oficina. Alegan que no son buenas las reestructuraciones de edificios, cuando han sido ingenieros mexicanos (Enrique Santoyo Villa y Enrique Tamez) quienes salvaron a la Torre de Pisa, por ejemplo, con sus ideas. De esta forma están en riesgo de demolición muchos viejos edificios, con 50 a 90 años que resultaron bastante dañados por el terremoto del 19-S, pero que han resistido muchos sismos y tienen una arquitectura que le da identidad a una colonia o a un barrio: son expresiones arquitectónicas de una época de la Ciudad o de la zona. La nueva edificación no ha probado ser mejor que la edificación de hace más de medio siglo.

Las consideraciones económicas-ingenieriles del corto plazo se imponen en estos momentos, en los asuntos de la conservación de edificaciones mientras las consideraciones arquitectónicas-urbanísticas son asfixiadas por los miopes intereses inmobiliarios de ciudadanos y empresarios. El economicismo mata la historia y la calidad arquitectónica de la Ciudad de México: legado de la escolarización y la manipulación mediática.

4.- Que ejemplo de todo lo anteriormente señalado, es que durante este fin de año, particularmente las colonias Roma, Hipódromo y Condesa han sufrido pérdidas importantes en su patrimonio arquitectónico y artístico, ocasionadas por el periodo de vacaciones en que estuvieron diversas autoridades.

De acuerdo con vecinos de la zona, hay al menos dos casas que fueron demolidas, y otras dos están en riesgo de ser perdidas, debido a que el personal del Instituto de Verificación Administrativa adscrito a la delegación Cuauhtémoc estuvo en periodo de “suspensión de términos”.

La casona de Chiapas 69 está en proceso de demolición, no autorizada; la casona de Chiapas, esquina Monterrey, fue tapiada, lo que es un paso previo a la demolición. Además, ya fue demolida parcialmente la casa de Jalapa 152, esquina Zacatecas, y fueron derribadas las casas de los número 8 y 10 de Teotihuacán.

Estos dos últimos predios estaban inactivos desde hace años, sin embargo, de acuerdo con el coordinador del comité ciudadano de la Condesa, Isidro López, nunca perdieron la declaratoria de patrimonio artístico. Y hasta aseguró que en estos tres últimos casos hubo aviso a la Delegación Cuauhtémoc además de un llamado de “Urgente” del Instituto Nacional de Bellas Artes para que se detuvieran las obras de desmantelamiento, pero no se pudieron detener las demoliciones.8

Esto no es nuevo. Se trata de un modus operandi conocido de hace varios años. Es entre Navidad y Año Nuevo cuando más patrimonio se ha perdido. De acuerdo con vecinos, hace 6 años ya pasó esto en Zacatecas 202, esquina con Monterrey, adonde sin más llegó un trascabo y acabaron con la estructura.

Por lo que toca a los casos recientes de demoliciones, se documentó que en los casos de Teotihuacán 8 y 10 se utilizaron documentos falsos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que utilizaron los trabajadores en las obras, así mismo el inmueble ubicado en la colonia Narvarte conocido como la Octava Delegación de Policía, no obstante de tener ficha de catalogo del INBA como inmueble de valor artístico e histórico, así como también vestigios arqueológicos y vestigios históricos siglo XVI correspondientes al Monasterio Dominico Santuario a la Virgen de la Piedad y sede del Colegio Imperial Portacoello, edificados en 1640, y ninguno fue autorizado por Instituto Nacional de Bellas Artes. De hecho, de acuerdo también con representantes vecinales, ni el INBA ni Patrimonio Cultural Urbano han autorizado obra en alguno de estos inmuebles.

Hay obras también en un edificio en Lieja 44, en la colonia Juárez. Y en otro edificio, ubicado en Avenida Insurgentes y Havre, ambos representativos del art Decó.

Así mismo, el edificio conocido como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicado en Eje Central y Xola, conserva murales de Juan O´Gorman.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

PRIMERO. El Senado de la República respetuosamente exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, mediante las acciones pertinentes y dentro del marco del programa general de reconstrucción y en los proyectos derivados de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, asegurar la debida asistencia a propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los inmuebles de valor patrimonial, arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la identidad barrial de las colonias emblemáticas de nuestra ciudad.

SEGUNDO. El Senado de la República respetuosamente exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que, en el ejercicio de sus facultades, tomen las medidas adecuadas para asegurar el rescate y preservación de inmuebles representativos de la arquitectura del siglo xx, característica de nuestra ciudad.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

1 https://www.jornada.com.mx/2017/12/01/politica/033n1cap

2http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=453734&md5=7be05ff81db3eb29539
e7beb5a1125fa&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efehttp://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
articulo/default.aspx?id=453734&md5=7be05ff81db3eb29539e7beb5a1125fa&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/21/1209199

4 http://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/recuento-de-los-danos-al-patrimonio-historico-mexicano-tras-
los-terremotos-de

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/08/1193321

6 https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2015/12/el-ciclo-de-vida-de-las-edificaciones-y-su-importancia-ambiental-operativa-y-financiera/

7 http://www.letraroja.com/articulo/la-mayoria-de-las-casas-en-la-cdmx-son-antiguas

8 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/31/1210818






De la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República a otorgar un perdón extenso a José Revueltas, escritor y luchador social, preso político del 68, que murió con libertad condicional injustamente acusado por delitos políticos y concurrentes de los cuales era totalmente inocente. Se turna a la Primera Comisión.

MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, PARA QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTE AL C. SECRETARIO DE GOBERNACION Y AL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE, EN UN ACTO DE DESAGRAVIO, JUSTICIA HISTÓRICA Y REPARACIÓN MORAL DEL DAÑO, SE OTORGUE UN PERDÓN EXTENSO A JOSÉ REVUELTAS, ESCRITOR Y LUCHADOR SOCIAL, PRESO POLÍTICO DEL 68, QUE MURIÓ CON LIBERTAD CONDICIONAL INJUSTAMENTE ACUSADO POR DELITOS POLÍTICOS Y CONCURRENTES DE LOS CUALES ERA TOTALMENTE INOCENTE, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que recién el pasado 14 de abril se cumplieron 42 años de la muerte de José Revueltas, uno de los escritores de izquierda más incisivos y visionarios que ha tenido México, un autodidactica que el 7 de noviembre de 1929, sin cumplir siquiera los 15 años durante un mitin en el Zócalo colocó una bandera del Partido Comunista en el asta principal por lo que fue aprehendido y llevado a la correccional acusado de sedición e intento de motín. Lo condenaron a un año y un día, pero salió libre bajo fianza a los seis meses. Fue la primera vez que pisó la cárcel por sus ideas políticas.

A Revueltas no le asustaba la cárcel y aunque tampoco la buscaba, siempre fue consciente de que la cárcel era un efecto, una especie de pago por sus formas radicales de pensar y de actuar. 

En 1932, todavía menor de edad, fue nuevamente aprehendido y recluido en la prisión de Isla Marías de julio a noviembre, cuando fue liberado por ser menor de edad.

Era de una lucidez tan notable que se alistó en el Socorro Rojo Internacional pero fue rechazado en la Juventud Comunista porque “yo era demasiado inteligente para la ‘Juventud’, y por ende, muy peligroso”,1 razón por la cual lo pasaron directamente al partido, donde fue nombrado secretario juvenil de la Confederación Sindical Unitaria de México y en mayo de 1934 viajó a organizar una huelga de trabajadores agrícolas a Camarón, Ciudad Anáhuac, Nuevo León, motivo por el cual fue detenido y enviado nuevamente a las Islas Marías, experiencia que le sirvió para escribir la novela Los muros de agua que publicó en 1941.

Nueve meses después, en febrero de 1935 gracias a una amnistía decretada por un gobierno republicano, no por una dictadura, el del presidente Lázaro Cárdenas, salió libre y regresó a la Ciudad de México para trabajar en el Partido Comunista Mexicano (PCM).

Ese mismo año, de julio a noviembre, viajó a Moscú como delegado del PCM al VII Congreso de la Internacional Comunista que lanzó la consigna del Frente Popular. Luego de eso, participó en la fundación de las Juventudes Socialistas Unificadas de México y simultáneamente, para sostenerse, fue profesor de Derecho Obrero en la Secundaria para Obreros, Nocturna No. 9 en el Distrito Federal.

Se trató de un hombre de izquierda de pensamiento libre, culto, anti-dogmático y anti-sectario, por lo que en 1944 fue expulsado del PCM pero siguió militando en la izquierda, tuvo un breve paso por el Partido Popular, y luego regresó al PCM en los años 50 para volver a ser expulsado en 1960. Contundente, lúcido y de una sola línea, intentó la unidad de las izquierdas participando en la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, convirtiéndose en agudo crítico del marxismo acomodaticio de Vicente Lombardo Toledano, el marxismo colaboracionista de quienes en nombre de “la realidad” y de lo que presumen “la única izquierda posible”, buscan un pacto con la pequeña burguesía y con esa fracción del poder al que califican como “sector nacionalista del gobierno”, lo que él llamaba los “demo-marxistas”, representantes de una izquierda pragmatista y reformista, no más que “tontos útiles” al servicio del statu quo.

Son indispensables para entender los alcances y posibilidades, así como los vicios y limitaciones de la izquierda en México, sus textos escritos para los trabajadores, entre otros: Ensayo de un proletariado sin cabeza, La disyuntiva histórica del PCM, La revolución mexicana y el proletariado y México: una democracia bárbara. Pero además, hay que destacar su trabajo como dramaturgo y guionista, que nunca abandonó la creación artística, por lo que se hizo merecedor de varios premios, entre otros el Premio Nacional de Literatura, en 1943.

2.- Que el 16 de noviembre de 1968, sólo unos días después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco y en vísperas de cumplir 54 años, José Revueltas fue aprehendido por elementos de la Dirección Federal de Seguridad. Pasa 53 horas secuestrado en “algún lugar del Valle de México” sin que medie orden de aprehensión alguna. Era ya un escritor laureado. Precisamente el año anterior le había sido otorgado el premio Xavier Villaurrutia, pero eso no obstó para que fuera acusado por los delitos de Invitación a la Rebelión, Asociación Delictuosa, Sedición, Daño en Propiedad Ajena, Ataques a las Vías Generales de Comunicación, Robo, Despojo, Acopio de Armas, Homicidio y Lesiones, estos dos últimos cometidos contra “Agentes de la Autoridad”, todos por completo absurdos porque en realidad eran un castigo por su activismo político y por su apoyo al movimiento estudiantil de 1968, del que se le acusó de ser “el autor intelectual”.

En la declaración del escritor ante el Ministerio Público se asienta que “habiendo manifestado que tiene plena conciencia de que su arma es su mente, de donde emanan sus enseñanzas para abrir la conciencia en el mundo estudiantil para que todos los estudiantes sepan por todos los medios defender sus ideales y derechos”.2

En 1968 él trabajaba en el Departamento de Publicaciones del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, encargado de redactar textos para un sinnúmero de folletos y libros, con un sueldo de 6 mil pesos al mes, pero no por eso dudó en comprometerse con la defensa de los derechos de los estudiantes. Con motivo de las primeras protestas escribió un breve documento llamado “Nuestra ‘revolución de mayo’ en México”, que causó revuelo porque comparaba las protestas estudiantiles con las revueltas que habían tenido lugar en París contra el gobierno de De Gaulle, y luego, el 1 de agosto, cuando el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó la primera gran marcha, la del Silencio, Revueltas se suma abiertamente. Es integrante del Comité de Intelectuales, Artistas y Escritores, junto con Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Juan Goytisolo, Efraín Huerta, Gabriel Zaid y Manuel Felguérez, entre otros; será un activo representante ante el Consejo Nacional de Huelga (CNH), y ese mismo mes renuncia al Comité Organizador de los Juegos y se entrega de tiempo completo al movimiento estudiantil: en solidaridad con los estudiantes se fue a vivir con ellos la huelga en Ciudad Universitaria.

El mismo explicó el por qué lo hizo: es plenamente consciente de que, más allá de las exigencias iniciales de los muchachos (libertad a los presos políticos, destitución de jefes policiacos represores, derogación del delito de disolución social, entre otras), la protesta se había convertido en “un movimiento que denuncia y cuestiona todo el sistema sociopolítico imperante”. En realidad está siendo congruente con sus convicciones y su línea de conducta, y como escribiera años después América Luna Martínez, porque “la irrupción del movimiento estudiantil en 1968 (…) le permite a este hombre atormentado y rebelde la posibilidad de actualizar su utopía, su fe en el porvenir”.3

Todo esto fue lo que castigó el gobierno, y por eso lo encerró. A los 54 años de edad Revueltas había acumulado 38 de experiencia en la lucha, y se había convertido en un filósofo de resonancia mundial, por lo que algunos de los escritores más importantes de España y América Latina, entre otros Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Jorge Semprún y Mario Vargas Llosa, a los que se sumarían Pablo Neruda, Arthur Miller y el PEN Club, escribieron manifiestos y cartas al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz pidiéndole el perdón para Revueltas.

Obvio es que Díaz Ordaz hizo caso omiso de las peticiones y tuvieron que pasar más de dos años para que saliera en libertad, condicional desde luego, porque el régimen nunca quiso reconocer que era responsable de delitos políticos ni autor de violaciones a derechos humanos. A los presos políticos les llamaban “delincuentes comunes”.

En las audiencias públicas que tuvieron lugar para juzgar a los presos políticos del 68 casi dos años después, en septiembre de 1970, 40 horas ininterrumpidas, desde la mañana del 17 hasta la noche del 18, cuando al fin tiene Revueltas la oportunidad de defenderse, desmonta uno a uno los argumentos que usan sus acusadores y, sin decirlo, prueba que quienes pedían democracia habían sido victimados o se encontraban en la cárcel por ese sólo hecho, mientras sus victimarios y asesinos, impunes, presumían de “haber salvado a la patria”. A pesar de eso, fue sentenciado a 16 años de cárcel, y al final, luego de leídas las sentencias de los demás acusados, Revueltas “habló en nombre de todos”, en los siguientes términos:

“Aceptada la lectura de la sentencia, me dirijo a los actores y en especial a las autoridades judiciales; nuestras sentencias impuestas por la dictadura del gobierno son el reflejo de la inconciencia de los colaboradores judiciales en este falso proceso político; a ustedes, jueces que funcionan como tales y que tratan de castigarnos en nuestro físico, más no en nuestro espíritu (…) hubiera sido mejor mandarnos al paredón. Me dirijo a las autoridades judiciales y al presidente de la República Díaz Ordaz para decirles que mientras nuestros cerebros tengan vida continuaremos en la lucha sin importar que las penas sean de 20 o de 40 años; y si ahora ustedes están allí, con el tiempo habrá quien les juzgue, tal vez las generaciones futuras lo harán, y si no a sus hijos o a los hijos de sus hijos, o a los hijos de los hijos de sus hijos, lo que hago extensivo a todos los funcionarios judiciales”.4

Los victimarios suelen olvidarse de algo que existe y que se llama el juicio de la historia. Y la historia nunca la escriben ellos. La escribe el pueblo, las víctimas. Y son implacables.

Obvio es decir que, a contracorriente de Revueltas, Lombardo Toledano, expresaría su simpatía hacia el presidente Díaz Ordaz y señaló como responsables de los disturbios ocurridos en el país a las fuerzas reaccionarias internas y externas: al imperialismo, a los agentes de la CIA y a los grupos de extrema derecha, algo por lo menos irónico si tomamos en cuenta que el propio Díaz Ordaz era un agente de la CIA y amigo del jefe en la estación en México, Winston Scott.

Luis Echeverría, el secretario de Gobernación que fue corresponsable con el de la Defensa y con el presidente Díaz Ordaz de las matanzas y la represión del 68, asumió la Presidencia del país el 1 de diciembre de 1970. Tenía la obsesión de “limpiar” sus culpas, así que al poco tiempo ordena buscar maneras de liberar a los sentenciados sin acudir a una amnistía, pues hacerlo implicaría reconocer su calidad de presos políticos, realidad que ningún gobierno autoritario está dispuesto a asumir. Se les ofrecieron a los presos múltiples opciones. Algunos aceptaron salir del país en una suerte de exilio voluntario, otros mediante una suerte de “preliberaciones” de hecho. Revueltas se negó con vehemencia a cualquier forma de componenda, contraria a su honor y dignidad política, aunque eso le significaba purgar la totalidad de su sentencia, y sin embargo, de la misma manera en que lo habían apresado, lo obligaron a aceptar la libertad, casi lo echan de la cárcel por la fuerza, obvio que sin que se desechen los cargos en su contra ni se anule la sentencia y, por supuesto, sin que se le pida una disculpa.

José Revueltas sale de Lecumberri, bajo protesta, el 13 de mayo de 1971, sin culpas ni complejos, y desde luego sin ningún miedo, regresando de inmediato al activismo y a su comprometida tarea de concientizar a la sociedad impartiendo cátedras y conferencias.

Falleció el 14 de abril de 1976. 30 meses que estuvo recluido en Lecumberri habían minado su salud profundamente.

En la tumba, su lápida tiene grabado como epitafio una frase del Fausto de Goethe, una de sus obras favoritas: “Gris es la teoría, pero verde es el árbol de la vida”.

3.- Que José Revueltas fue un hombre de palabras y acciones que se distinguió por anteponer su compromiso con la sociedad, por lo que la lucha y la rebeldía serían temas constantes de sus cuentos, sus ensayos y sus novelas, plenos de múltiples enseñanzas. Sobre todo para la izquierda, que no es ocioso recordar aquí. Por ejemplo, él proponía la refundación del “partido de vanguardia”, la creación de un auténtico partido del proletariado mexicano con claros intereses de clase, mediante la “organización de la conciencia”, noción que él resumía en “pensar por la clase y para la clase” proletaria. Lo cual implicaba, de entrada, conocer la historia y la formación particulares de nuestro proletariado, “sus relaciones con las demás clases, el estado del desarrollo histórico  del país, el peso específico que tiene la clase obrera, los problemas económicos y sociales que confronta en el país la sociedad capitalista y el nivel en que se encuentra, etc.”

Para Revueltas un partido de izquierda sólo puede tener una definición: partido de la clase trabajadora. Por ende, el único socialismo posible es el que representa los intereses de la clase obrera. Tan simple como que el factor económico es determinante de las relaciones políticas, y no al revés. Y como que la lucha política de la izquierda carece de sentido si no define antes un modelo económico, por lo que no dudó en identificar en 1962, sin tapujos, las tres corrientes que impedían su existencia como tal: la que estaba atada a la ideología de la Revolución Mexicana; la que se empeñaba en asociarse –y depender- de la clase obrera mediatizada y controlada por el PRI; y la que insistía en tener el control de la izquierda y manejarla con visión sectaria. Un “estalinismo chichimeca, bárbaro, donde el culto a la personalidad se convierte en culto a Huitzilopoztli y en los sacrificios humanos que se le ofrendan periódicamente con la expulsión y liquidación política de sus mejores cuadros y militantes”.

Hay que señalar que es deber y obligación nuestra no sólo honrarlo sino reivindicar su memoria, haciéndonos eco de los deseos de su familia.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al c. Secretario de Gobernacion y al c. Procurador General de la República para que, en un acto de desagravio, justicia histórica y reparación moral del daño, se otorgue un perdón extenso a José Revueltas, escritor y luchador social, preso político del 68, que murió con libertad condicional injustamente acusado por delitos políticos y concurrentes de los cuales era totalmene inocene.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de mayo de 2018.

Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo.

1 http://www.chilango.com/cultura/jose-revueltas-el-eterno-rebelde/

2 http://www.chilango.com/cultura/jose-revueltas-el-eterno-rebelde/

3 José Revueltas o la utopía contrariada, en Alberto Saladino García (compilador), Humanismo mexicano del siglo XX, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2004.

4 http://www.proceso.com.mx/88900/jose-revueltas-en-1968






Les informo ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán en el Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día de las Madres”.

SOBRE EL “DÍA DE LAS MADRES

La más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre,  y la llamada más dulce: madre mía
Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés.

El diez de mayo se celebra en nuestro país el “Día de la Madre”. Una conmemoración muy emotiva y especial para los mexicanos, dedicada a homenajear a nuestras progenitoras.

El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a las madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país. En esta fecha, 10 de mayo, se realiza además de en nuestro país, en Arabia Saudita, El Salvador, Guatemala, India, Malasia, Pakistán, Qatar, Singapur y Uruguay, por citar algunos.

Tiene sus antecedentes más remotos en la Grecia antigua en honor de “Rhea”, conocida como “la madre de los dioses”.

En México el Día de las Madres tiene origen desde hace 95 años, cuando el periodista Rafael Alducin Bedolla fundador del periódico “Excélsior”, hizo una invitación el 13 de abril de 1922 a toda la gente, para que propusieran un día de festejo a las madres, instituyendo con esta convocatoria que a partir del 10 de mayo del mismo año. Esta fecha se “oficializó” como aquella en la que los mexicanos celebraríamos a nuestras mamás.

Años más tarde, un diez de mayo de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho colocaría la primera piedra del Monumento a la Madre en la Ciudad de México, donde también una placa dicta "A la que nos amó antes de conocernos". Fue inaugurado en 1949 por el Presidente Miguel Alemán, aunque lamentablemente derruida a causa del terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Y no es para menos tan importante celebración, pues el ser madre “no es una profesión, no es algo que por enseñanza adquiere la mujer, sino un designio de la naturaleza el que les otorga a las mujeres el don para ser madre, virtud que le permite perpetuar la especie humana que la hace el ser más amoroso de la humanidad” (Autor desconocido).

Así fue como año tras año, el 10 de mayo se consolidó como una fecha que no puede pasar desapercibida en México. Flores, joyas, chocolates, grandes comidas y cenas, se mezclan para conmemorar a las insustituibles madres mexicanas. Sin embargo, lo que realmente les hace feliz es algo muy sencillo: el abrazo y el beso sincero de sus hijos.

Por ello, en el marco del Día de las Madres, este 10 de mayo; mis más sinceras Felicitaciones y profundo Reconocimiento a todas las MADRES, en su día.

Muchas gracias.

Comisión Permanente, el 8 de mayo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de las Aves Migratorias”.

“DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

Un largo viaje en busca de alimento disponible y mejor condición climática, enfrentando retos fisiológicos que permiten su resistencia y tolerancia a los requerimientos ecológicos y metabólicos, es lo que realizan las aves migratorias.

Nuestro país sirve de descanso, abastecimiento y refugio para millones de especies acuáticas, canoras y rapaces, que transitan cada año de norte a sur de América, lo mismo que de algunas procedentes de Europa.1

Son más de mil cien especies de aves con las que México cuenta siendo la tercera parte, las que realizan movimientos migratorios en alguna época del año. Estas cifras ubican a nuestro país como el que más especies migratorias alberga en América Latina.

Por ello, la importancia de la conservación de los corredores biológicos como espacios que proporcionan conectividad de paisajes, ecosistemas y hábitats que permiten el flujo de especies.2

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Istmo de Tehuantepec es un corredor de gran importancia para la migración de las también llamadas embajadoras de la Biodiversidad, debido a los vientos que favorecen su vuelo.3

Asimismo, en la región Laguna Madre y Delta del Río Bravo que por Decreto presidencial fue declarada en 2005 como área de protección de flora y fauna, funciona constituye una de las rutas migratorias de aves más importantes del Mississippi y centro de Norteamérica.4

En esta área natural protegida confluye la migración de más de 450 especies de aves acuáticas, semiacuáticas y terrestres, invernan el 15% del total de las aves migratorias que llegan a México provenientes de Canadá y los Estados Unidos de América, con lugares de refugio, alimentación y anidación de manera permanente para 144 especies de aves residentes, de las cuales 2.7% son endémicas de México.5

Las aves migratorias son especies que determinan un gran proporcionan equilibrio en los ecosistemas, presentan un proceso evolutivo que lleva millones de años y para su supervivencia requieren de movimientos en su residencia.

Son estas especies un indicador de la salud de los ecosistemas, la diversidad biológica y el cambio climático, por ello su cuidado es fundamental.

Por lo anterior en este año se llevaran a cabo dos celebraciones en favor de las aves migratorias.

El segundo sábado de mayo y de octubre se realizará el Día Mundial de las Aves Migratorias, en el cual se unifican los principales corredores de estas especies.

Con estas dos celebraciones se llegará a un público más amplio y se diversificará el mensaje de conservación de aves como una nueva plataforma global que unifica los esfuerzos de todo el mundo, se refuerza la educación y la sensibilización sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y sus hábitats - en todos los diferentes niveles, en todas partes del mundo.6

En el Partido Verde, convencidos de que el conocimiento es la mejor herramienta para la protección de nuestra naturaleza, en el Senado de la República, se presentó una iniciativa que reforma a la Ley General de Vida Silvestre con la finalidad de generar mayor conocimiento sobre especies migratorias para la definición de políticas y estrategias de conservación para lograr ecosistemas saludables, poblaciones abundantes, continuación de actividades económicas y beneficios ambientales para todos los mexicanos.

Por ello, en el Día Mundial de las Aves Migratorias, los legisladores del Partido Verde, hacemos un llamado al Gobierno Federal para lograr nuevos esquemas de protección de ecosistemas y de corredores biológicos en nuestro país.

Comisión Permanente, el 8 de mayo de 2018.

Legisladores del grupo parlamentario del PVEM.

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-lugar-de-transito-para-aves-migratorias

2 http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredoresbio.html

3 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-lugar-de-transito-para-aves-migratorias

4 http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/DecretosDOF/Lagunamadre.pdf

5 http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/DecretosDOF/Lagunamadre.pdf

6 http://www.worldmigratorybirdday.org/2017/es/mail/dia-mundial-de-las-aves-migratorias-2017






Las intervenciones de la agenda política se insertarán en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

De los Diputados del grupo parlamentario del PAN, para referirse a la “situación política nacional”.

(No se registran intervenciones)

Del grupo parlamentario del PRD, para referirse al clima de violencia y crispación política que se vive en este proceso electoral.

(No se registran intervenciones)

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada María Gloria Hernández Madrid: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el miércoles 16 de mayo a las 11:00 horas en este recinto.

(Se levantó la sesión a las 14:48 horas)

Directorio

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