Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 19



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Abril de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:52) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 69 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 5 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y ocho minutos del día miércoles cuatro de abril de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del tres de abril de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, su Quinto Informe de Actividades Legislativas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el informe de su participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, así como en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrados los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá.- Quedaron de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el informe de su participación en la 138a Asamblea y reuniones conexas de la Unión Interparlamentaria, celebradas del 24 al 28 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, el informe de su participación en la sexta jornada parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia.- Quedó de enterado.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 314, 348 y 419; y adicionan los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

(Iniciativas)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de la Familia y Desarrollo Humano; y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opiniones de la Comisión de Pesca y Acuacultura y de la Comisión Especial de Cambio Climático.

 

El Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 28, 28A, 28B, 31, 32 y 33 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada año como "Día Nacional de los Cetáceos".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

(Toma de protesta)

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana María Esther Terán Velázquez como Senadora de la República.

(Dictámenes de primera Lectura)

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del primer párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil diecisiete.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. Sin discusión, se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho réplica.- En la discusión intervinieron los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a favor; Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; María Verónica Martínez Espinoza del PRI, a favor; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; y Esteban Albarrán Mendoza del PRI, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jesús Casillas Romero, se integraría al Diario de los Debates. El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”.- En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra; y Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra, quien presentó moción suspensiva, la Asamblea rechazó la moción suspensiva. El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.- Sin discusión, se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

Se procedió a la votación nominal deldictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil diecisiete, fue aprobado por 72 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Se procedió a la votación nominal del dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada año como “Día del Estado Laico”, fue aprobado por 59 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho réplica, fue aprobado por 60 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

Se procedió a la votación nominal deldictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, fue aprobado por 77 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dos dictámenes de distintas comisiones:

• Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población sobre el uso responsable del sistema de emergencias 911 en todo el país.

• Uno, de la Comisión de Gobernación, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas informativas sobre el procedimiento a seguir para poder obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea, a fin de garantizar el derecho a la identidad en todo el territorio nacional.

Sin discusión, los dictámenes con puntos de Acuerdo fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intensificar los trabajos que permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral.- Intervinieron los Senadores: Patricio Martínez García del PRI; Graciela Ortiz González del PRI; y Fernando Mayans Canabal. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para dar lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, respecto a la relación de México con los Estados Unidos de América.- Intervino el Senador Patricio Martínez García del PRI. El pronunciamiento fue aprobado en votación económica.

(Proposición)

El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y José María Martínez Martínez, presentó proposición con punto de Acuerdo en relación a los lamentables acontecimientos en los que, entre los días del 18 al 21 de marzo, en el estado de Jalisco se registró la desaparición de los jóvenes Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales; de Susana Carolina Gutiérrez Flores y César Ulises Arellano Camacho, de la Universidad de Guadalajara; y de Pedro Ruíz Guerrero, estudiante de secundaria.- Considerado de urgente resolución. En la discusión intervinieron los Senadores: José María Martínez Martínez; Angélica de la Peña Gómez del PRD; y María Verónica Martínez Espinoza del PRI. El punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de la ciudadana Alejandra Roldán Benítez, comunicación por la que informa su reincorporación a sus funciones como Senadora de la República y su determinación de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. Se comunicó las Secretarías Generales del Senado.

(Iniciativa)

La Presidencia dio turno a la iniciativa de la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a implementar las acciones necesarias en relación a la atención brindada a los connacionales de Venezuela a su llegada por los distintos puntos de acceso a nuestro país; asimismo, a promover el trato digno respetando los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a garantizar la conformación del grupo legislativo de MORENA.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades de los tres niveles de gobierno que implementen medidas de asistencia humanitaria, protección y seguridad para los migrantes que se encuentran participando en la “Caravana de Refugiados 2018”.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con punto de Acuerdo relativo a la reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador José María Tapia Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a fortalecer sus acciones, estrategias y programas de mantenimiento y seguridad, a fin de garantizar la integridad y el funcionamiento de calidad de servicio, ante las constantes fallas eléctricas, mecánicas y de comunicación, así como las agresiones físicas, extorsiones y asaltos a los usuarios.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegación del IMSS del estado de Yucatán a realizar el análisis y proyecto correspondiente para la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el Municipio de Tizimin.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar los datos de las personas con la condición del espectro autista como información de interés nacional, a efecto de que se puedan diseñar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar de manera efectiva, políticas públicas para atender a dicho sector de la población.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República intervenga a efecto de iniciar las correspondientes investigaciones de los actos posiblemente constitutivos de delito electoral relacionados con la empresa Cambridge Analytica.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Víctor Manuel García Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso de Baja California a llevar a cabo la armonización de sus leyes locales con lo establecido en la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar la reparación del daño de manera pronta y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos y/o de violaciones a derechos humanos en dicha entidad.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer y, en su caso, instrumentar acciones oportunas con el objeto de prevenir la deserción o abandono escolar entre los adolescentes y jóvenes que estudian el nivel medio superior de todo el país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda dela Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo relativo al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a realizar una campaña de divulgación del trastorno del espectro autista.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para promover la inclusión social de los adultos mayores, así como la difusión de sus derechos, a efecto de mejorar su bienestar y calidad de vida.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer sus medidas de protección a periodistas, ampliar sus estrategias de coordinación y protocolos de auxilio y defensa de este gremio; asimismo, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa, ante las constantes amenazas, extorsiones y crímenes registrados contra comunicadores durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus acciones, planes y estrategias en materia de seguridad pública, con el objeto de garantizar la seguridad a candidatos, autoridades electorales y de partidos políticos durante el proceso electoral en curso, debido a que la entidad es considerada como una de las más violentas y de alta peligrosidad por el número de ataques perpetrados contra candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre las acciones emergentes llevadas a cabo con el objeto de combatir los delitos de alto impacto ante su aumento exponencial durante la actual administración, en perjuicio de la paz, tranquilidad e integridad de los habitantes de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno a los presuntos vínculos de Rigoberto Salgado Vázquez con el Cartel de Tláhuac, lo cual presumiblemente le habría permitido operar con toda libertad en dicha demarcación.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas a las Minas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y citó a la siguiente el cinco de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

Del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), celebrada el pasado 8 de marzo de 2018, en Santiago, Chile.








Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT, con la que remite el informe de su participación en las Sextas Jornadas Parlamentarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia.








Del Senador Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la 9ª reunión plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, celebrada los días 31 de enero y 1º de febrero de 2018, en París, Francia.








De la Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del PAN con la que remite el informe de su participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá.








Y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite los siguientes informes:

De la cuarta Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Buenos Aires, Argentina.



De la primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Montevideo, Uruguay.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron 5 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos aprobados por el Pleno del Senado de la República.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que informa la elección de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez, como Secretaria de la Mesa Directiva, a partir del 4 de abril de 2018 y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.






SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Informo a la Asamblea, que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo llegar la notificación sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-193/2018, promovido por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, por la omisión de darle contestación a su solicitud para integrar algunas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores.

En este juicio se señala como autoridades responsables a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y al Pleno del Senado. La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva recibieron ya de manera directa las notificaciones correspondientes y a través del aviso que les hago, damos por notificada a esta Asamblea.

Se instruye a la Dirección Jurídica del Senado para que realice las gestiones y actividades que den cumplimiento a lo requerido en la notificación del Trife.






COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de abril del año en curso.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

Al no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de abril del año en curso. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2018.

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también se recibió de la Comisión de Administración el informe del presupuesto ejercido al mes de febrero de 2018.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






Pasamos al apartado de iniciativas.

Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de criterios presupuestales para propaganda gubernamental.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38 BIS, 38 TER Y 38 QUÁTER A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO UN INCISO F) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE LA MISMA LEY

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las Senadoras y de los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 38 Bis, 38 Ter y 38 Quáter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el inciso f) a la fracción I del artículo 41 de la misma ley, con el fin de establecer límites a la asignación y al ejercicio presupuestal en comunicación social al gobierno federal.

Compañeros de los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan por el Canal del Congreso.

El Congreso de la Unión ha sido incapaz de procesar una ley general de propaganda gubernamental desde la reforma electoral de 2007, de la reforma político-electoral de 2013, incluso dentro y después de la discusión de las nuevas disposiciones de la ley reglamentaria de la reforma en telecomunicaciones.

Ante la omisión, estamos incluso observados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar en la materia antes del 30 de abril y el Senado de la República inició desde hace meses los trabajos con las organizaciones no gubernamentales para elaborar un proyecto en conferencia con Diputados.

Sin embargo, para sorpresa de todos, en la Cámara de Diputados se discute un proyecto de ley que no cumple con los mínimos constitucionales y mucho menos con las observaciones de la Suprema Corte de Justicia en la exposición de motivos de la sentencia del año pasado, por lo que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República no acepta esta imposición que permite mantener la discrecionalidad en la contratación.

Empodera a la Secretaría de Gobernación, no establece ningún tipo de control en el sobregasto o tope a los más de 40 mil millones de pesos que se han erogado en este sexenio, no incentiva a la pluralidad ni la diversidad de medios como obligación al gobierno, no establece criterios de medición de circulación.

Incluso, este dictamen ya fue aprobado en comisiones y para sorpresa de muchos en una gran congruencia con lo que hemos venido diciendo, el PRI y Morena sacaron este dictamen en la Cámara de Diputados.

Uno de los aspectos que han caracterizado a la actual administración es el uso desmesurado y, en la mayoría de los casos, injustificado de los recursos públicos.

El gasto en publicidad no ha sido la excepción: El ejercicio de recursos en servicios de comunicación social y publicidad, de 2013 a 2017, ha sido del orden de los 38 mil 232 millones de pesos. Esta cantidad difiere enormemente del monto que se aprobó para su ejercicio a principios de cada año, equivalente a 15 mil 195 millones de pesos. Así pues, en 5 años el gobierno federal ha ejecutado 23 mil millones de pesos más de lo establecido por el Congreso.

El excesivo gasto ha sido una constante cuando la comunicación social se habla.

En estos 5 años no ha habido un solo monto o presupuesto autorizado que se respete inicialmente lo programado para su ejercicio.

A pesar de que para este año 2018 únicamente se asignó un monto cercano a los 2 mil millones de pesos para este rubro, la experiencia demuestra que esta cantidad podría, incluso, triplicarse como ha sucedido en los pasados años debido, principalmente, a la falta de mecanismos que regulen el gasto creciente, desmesurado e injustificado, en este concepto, todo esto con una atenuante, una agravante, dijéramos nosotros, de que en este año se llevarán a cabo el proceso electoral más grande y más competido de la historia de México.

Es evidente que existe un serio problema de regulación del gasto en publicidad gubernamental, es importante mencionar, que en ausencia de una propuesta por parte del Poder Ejecutivo de 2017, ha sido una prioridad dentro de las agendas parlamentarias de los grupos en el Senado de la República a través de las diferentes iniciativas que se han presentado en este Pleno.

De acuerdo con la organización de la sociedad civil, artículo 19, la publicidad oficial ha sido utilizada como una herramienta para condicionar las relaciones entre medios de comunicación y gobiernos, limitando la diversidad de voces editoriales y condicionando la independencia y autonomía de la información, censurando directa o indirectamente la misma, y a las opiniones críticas que se difunden.

Ahí pregúntenle a las periodistas cesadas y a varios diarios y semanarios que no han alcanzado su difusión por esta razón.

La comunicación social dejó de ser un herramienta de información para convertirse en una herramienta de promoción.

Así la ausencia de regulación propicia un ejercicio arbitrario en el presupuesto en comunicación social, lo que constituye una restricción indirecta de la libertad de expresión, toda vez que genera un efecto de censura para los medios de comunicación, en especial a los medios de comunicación críticos e independientes.

Es apremiante que se dicte la normativa que limite, regule el gasto y proporcione los mecanismos para un óptimo control legislativo sobre las apropiadas adecuaciones presupuestales destinadas a comunicación social.

Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD, en el marco de la discusión de la ley reglamentaria del artículo 134 en materia de propaganda gubernamental, propone incluir un mecanismo de tope y de control legislativo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de manera puntual describimos a continuación:

Se establece un tope del 0.05 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación.

Un mecanismo de excepciones al gasto de comunicación social en caso de emergencia.

Un mecanismo de control sobre las adecuaciones presupuestales con la participación de la Cámara de Diputados.

Así como un capítulo específico donde se detallen las erogaciones por concepto de comunicación social, y esto deje de ser una manga ancha que a discreción del gobierno se ejerce para amordazar a los medios.

Es cuanto, compañeras y compañeros.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Isidro Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la Contraloría Interna.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN TERCERA, ARTÍCULOS 112, 113, 114, 115 Y SE ADICIONA LA SECCIÓN QUINTA DEL CAPÍTULO SEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador José de Jesús Santana García: Señor Presidente, muchísimas gracias. Senador Gerardo Flores. Compañeros Senadores:

Hoy presentamos en un solo acto, si así me lo autoriza la Mesa Directiva, ya he platicado, dos iniciativas que reforman a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la otra iniciativa que reforma precisamente al Reglamento de este Senado.

El pasado 27 de mayo de 2015 se constituyó como una fecha histórica y trascendental, pues se publicaron las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, que tanto requiere este país y en este momento.

Derivado de dichas reformas nació el Sistema Nacional Anticorrupción, que no es otra cosa que la suma de esfuerzos de la sociedad civil y del Estado mexicano con el fin de prevenir, detectar, controlar y sancionar la corrupción.

Del Sistema Nacional Anticorrupción surgió la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, también aprobadas por este Honorable Senado, que tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sus sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, así como las que correspondan a los particulares vinculados con faltas graves y los procedimientos para su aplicación.

Sin duda alguna, en el debate que tuvimos en aquellos tiempos, este es un gran paso para ir acabando, no sólo con el corrupto, sino con el corruptor.

Como parte de los mecanismos del control del Sistema Nacional Anticorrupción se crearon los órganos internos de control, que ya habían existido en otras administraciones, que después cambiaron al nombre de Contraloría, y que nuevamente con estas reformas asumen el nombre de Órganos Internos de Control, que son los responsables, precisamente, de asegurar que su institución cuente con un control interno, es decir, a través de dos instancias de esta Cámara de Senadores.

La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla en su fracción XXI del artículo 3 la figura del Órgano Interno de Control como la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos.

De lo anterior, podemos afirmar que la figura de la Contraloría Interna ha evolucionado en una nueva figura, bajo una denominación distinta que he mencionado ya como el Órgano Interno de Control de la Cámara de Senadores.

No sólo ha cambiado su nombre, también en materia de competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha determinado que será el Órgano Interno de Control quien conocerá de la aplicación de la ley en comento.

Ante ello, deben realizarse todas las modificaciones correspondientes a la actualización de la normatividad del Senado de la República, es decir, tanto a la Ley Orgánica del Congreso como al Reglamento de este cuerpo legislativo.

Asimismo, en cumplimiento a la Constitución Política y diversos tratados internacionales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha establecido que la autoridad que conozca del procedimiento de responsabilidad administrativa deberá de ser distinta de aquel o aquellos encargados de la investigación.

Hoy, compañeros Senadores, ustedes lo saben, es la misma instancia quien investiga hechos administrativos leves en este Senado, pero también es la misma instancia la que resuelve, contraponiendo esto no sólo a los aspectos constitucionales, sino a la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por tanto, los Órganos Internos de Control, contará con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes.

Por un lado, lo que proponemos en esta iniciativa, que espero tengan a bien autorizar para estar en congruencia con los lineamientos constitucionales mencionados, la instancia investigadora y, por otro lado, la instancia resolutoria o la instancia sustanciadora del recurso de investigación que se haga en actos administrativos leves o que pudieran ocurrir en este Senado de la República.

De ahí que la presente reforma lo que busca es que las investigaciones y, en su caso, las resoluciones, no sean emitidas por una sola instancia, y que funjan como juez y parte en el procedimiento administrativo, pues esto resulta violatorio de los principios constitucionales convencionales y legales del debido proceso, amén de los convenios internacionales que hemos firmado, precisamente, para garantizar este derecho humanos.

El Senado como cuerpo legislativo federal debe de ser ejemplo en el cumplimiento de ésta y cualquier legislación vigente, sobre todo tratándose de normas referentes al combate a la corrupción.

Por tales motivos, presento estas dos iniciativas de reforma en este rubro, una, como ya lo comenté, a la Ley Orgánica; otra, al Reglamento de este Senado, con el fin de armonizar nuestro marco jurídico con los preceptos constitucionales legales y vigentes en nuestro país.

Debemos de ser ejemplo y esperemos que sea aprobada antes de que termine este periodo, para facilitar la función de los órganos internos de control, y que tengamos dos instancias: la que investiga y la que resuelve.

No solamente estaremos cumpliendo con las cuestiones constitucionales de la Ley de Responsabilidades Administrativas, sino con los tratados internacionales que hemos suscrito para el debido proceso en todos los casos, no sólo en materia penal, sino también en materia administrativa.

Es tanto, compañeros Senadores y espero contar con su voto en las comisiones correspondientes.

Le agradezco mucho, señor Presidente, el tiempo para proponer estas dos iniciativas.

Muchas gracias.

Es cuanto.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 23 DEL CAPÍTULO QUINTO DEL TÍTULO SEGUNDO Y 300 Y 301 DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO DÉCIMO DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por el Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del PAN)



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Santana García.

Daremos turno a las iniciativas presentadas.

El proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el proyecto de reformas al Reglamento del Senado de la República, se turnan, ambas, a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca deportiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Acudo a esta tribuna a nombre del Senador Óscar Román Rosas González, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca deportiva.

La pesca es una actividad económica de gran relevancia en nuestro país, que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento muy importante, presentando un incremento entre el 19 y el 21 por ciento. Dentro de las actividades de este sector, la pesca deportiva es una de las maneras de aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.

Se estima que el valor de la pesca deportiva en México asciende a 2 mil millones de dólares anuales, lo cual genera un efecto multiplicador en tres importantes sectores de la economía: el turismo, el pesquero y el industrial.

Esta actividad está definida en la ley como pesca deportivo-recreativa, que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por la citada ley, los reglamentos y las normas oficiales vigentes. En tanto que la norma específica señala que esta actividad basa su desarrollo en el aprovechamiento sustentable de diversas especies pesqueras tanto en embalses de aguas interiores como en aguas marinas.

En este sentido, se entiende que podrán aprovecharse las especies denominadas o cuyo nombre común se refieran a marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, dejando a la libre interpretación sus variedades biológicas, que pueden corresponder o no a la misma especie, generando confusiones y a la postre un manejo inadecuado del recurso pesquero.

El objeto de la presente iniciativa es terminar con esas ambigüedades, y el artículo que establece, el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y ser más explícitos en el nombre de las especies marinas que se destinen exclusivamente para la práctica de la pesca deportivo recreativa.

La ambigüedad actual genera un problema añejo, pues desde la antigüedad la gente de distintas civilizaciones se vio inmersa en confusiones semejantes, sobre todo a partir del siglo XV cuando los viajes marítimos permitieron la exploración de nuevos territorios y se intensificó el intercambio de materias primas con nuevas especies vegetales y animales desde Asia, Oceanía, África y América.

De esta manera, con el ánimo de armonizar las disposiciones contenidas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la nomenclatura binominal en materia de pesca deportiva, es pertinente que las especies que se señalan en el artículo 68 de la ley en comento, no solamente cuenten con su nombre común, sino que se especifique su nombre científico, permitiendo que tanto autoridades como pesqueras cuenten con la misma información y puedan tomar mejores decisiones en beneficio del sector pesquero deportivo y aprovechamiento sustentable de los recursos.

Compañeras y compañeros, la pesca deportiva es un sector fundamental para la economía turística de nuestro país, por ello la presente iniciativa busca fortalecer la legislación en la materia y que ésta, que es una de las fortalezas que tiene nuestro país, que contamos con más de 11 mil kilómetros de litorales a lo largo de nuestro país y que no solamente eso, contamos con grandes extensiones de lagos en donde se practica este tipo de actividad deportiva recreativa, que está generando una buena dinámica económica, que está generando empleos, que está generando el que más personas nos visiten y que, sin duda, el establecer con precisión cuáles son las especies que pueden ser susceptibles de esta actividad, queden establecidas en esta ley para que no haya confusiones.

Por eso, señor Presidente, solicito se turne a comisiones y ojalá que las mismas dictaminen esta iniciativa que sin duda habrá de traer beneficios para el sector turístico y deportivo del país.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto de reformas a diversos artículos constitucionales, en materia de becas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros:

Hace poco más de 5 años una de las primeras iniciativas que tuve la oportunidad de presentar en esta tribuna fue la de reformar la Ley de Coordinación Fiscal para poder establecer un programa permanente y a nivel nacional para todos los estudiantes de educación media superior pública en el país.

Hoy venimos a proponerle a esta Soberanía que podamos fortalecer el ejercicio del derecho a la educación y establecer un sistema nacional de apoyo, becas y estímulos.

Quiero agradecer la colaboración de esta iniciativa, y por su visión y compromiso con la educación al abogado Ursus Juárez y al secretario técnico de la Comisión de la Ciudad de México, Omar Sánchez Molina.

Bueno, la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, inspirado por la Revolución y por el legado de la lucha por eliminar todo privilegio y atraso cultural y espiritual, el artículo 3o. constitucional nace para garantizar la libre enseñanza y para asegurar a todos los mexicanos una instrucción general que suprimiera las desigualdades sociales y económicas desde las escuelas.

Por esta razón, el artículo 3o. constitucional establece una serie de principios, propósitos y condiciones que regulan la tarea de educar y la responsabilidad del Estado para impartir una educación pública, laica y gratuita que son esenciales para el logro de tan altos fines.

Sin embargo, hay una gran brecha entre la aspiración constitucional y la realidad, pues los últimos modelos económicos han producido no sólo magros resultados para el desarrollo nacional, sino también un desastre en el sistema educativo.

Es importante hacer notar que desde 1992 el artículo 3o. ha sido reformado en seis ocasiones para adecuar su marco a las políticas del mundo globalizado, atendiendo las recomendaciones de la OCDE, del Banco Mundial, pero no ha sido modificado para resolver, entre otras, las necesidades esenciales de inclusión y equidad educativa, de abatimiento del rezago y abandono escolar que demanda el país para que todos los alumnos y alumnas tengan igualdad de oportunidades sin importar su condición social.

De manera que durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se ha continuado con este proceso de modernización educativa que no culminan con una efectiva responsabilidad del Estado para garantizar la educación como un derecho humano de todos los mexicanos.

Al contrario, la última reforma que forma parte de la agenda del Pacto por México y de las famosas reformas estructurales, más que educativa ha sido laboral. Si bien en el 2010, el gobierno federal suscribió el “Acuerdo de Cooperación México-OCDE, para Mejorar la Calidad de la Educación”, en el que asumió el compromiso de fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, la reforma enfatizó en el control meramente administrativo y laboral de la planta docente, por encima de los derechos de la educación y del desarrollo de habilidades y competencias.

Como se debe recordar, con motivo de la reforma constitucional en materia educativa de 2013, las nuevas reglas establecidas en la fracción III del artículo 3o., la Ley General de Educación y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, no sólo obligó a los maestros a un proceso de evaluación nacional, sino que en los hechos se aplicó una reforma laboral en el sector educativo.

A 4 años de entrada en vigor de esta última reforma, la más relevante calificada por el propio Presidente de la República, no ha cumplido siquiera con los preceptos prometidos, justo porque no se alineó a un objetivo educativo.

El valor de esa reforma, el de la calidad no ha permeado en los niveles educativos; la calidad de la educación no llega, según demuestran evaluaciones de aprendizaje de los alumnos; en cuanto a la infraestructura de las escuelas, ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura que sirva para subsanar las necesidades de espacios, insumos y materiales necesarios para desarrollar la función educativa; finalmente, los profesores no han sido debidamente profesionalizados con nuevos estándares y sufren porque la implementación se ha limitado a aplicar un estatuto laboral en ausencia de objetivos académicos.

Los resultados de la reforma no dependen solamente de nuestra palabra como legisladores, ahí están los resultados de la Auditoría Superior de la Federación de 2016, presentado el pasado 20 de febrero.

Las conclusiones son contundentes respecto de esta reforma educativa, dice: “A cuatro años de la aprobación de la reforma educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación”.

Bueno, pasemos ahora al objetivo de esta reforma, que es la Educación Media     Superior.

Tenemos que reconocer un hecho fundamental. De acuerdo con la OCDE, el 22 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, 7.5 millones de jóvenes excluidos de algún trabajo o del sistema educativo.

La Educación Media Superior, hay que reconocer, ha tenido avances importantes en su cobertura, según las cifras oficiales, llegamos al 86 por ciento, con 5.7 millones de alumnos matriculados en la SEP.

Pero tenemos mucha deserción, 1 de cada 4 alumnos abandona la Educación Media Superior en el primer año.
Esta deserción es tres veces mayor que secundaria y es el doble que la Educación Superior.

Anualmente por lo menos 700 mil jóvenes abandonan la Educación Media Superior, más los que abandonan la educación secundaria, tenemos un millón al año de jóvenes que abandonan el sistema educativo, muchos de ellos para nunca regresar, y qué decir del bajo nivel educativo que muestran de desempeño. La prueba Planea, dice que el 66 por ciento de los alumnos están en el nivel más bajo.

Hay esfuerzos importantes, también hay que reconocerlo. El Probems otorga cerca de 731 mil becas y Prospera más de 1 millón 300 mil, pero tenemos 7 millones y medio.

Es claramente insuficiente el esfuerzo que se está haciendo. Y lo que parece increíble es el desorden que tenemos en la Educación Media Superior, porque en México la Educación Media Superior carece de un apartado especial en la Ley General de Educación y no se cuenta ni cercanamente con un sistema nacional de apoyos, becas y estímulos educativos, como el que hoy estamos proponiendo en esta reforma.

Dirán ustedes: “Pues esto va a ser muy difícil de financiar”, pues fíjense que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México cuenta con alrededor de 120 mil millones de pesos en pérdidas de eficiencia en el gasto educativo. Es decir, claramente si tenemos un gasto más eficiente podemos financiar un sistema nacional de becas.

Quiero mencionar una experiencia exitosa que se tuvo por parte de los gobiernos de izquierda en la Capital de la República, el programa Prepa Sí, en la Ciudad de México.

Fue un esfuerzo de otorgar 215 mil becas a jóvenes en Educación Media Superior, logrando impactar de manera muy positiva la tasa de deserción a niveles por debajo del 4 por ciento, según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional dentro del grupo de becarios.

Es posible entonces hacer una política pública a nivel nacional que tenga un impacto inmediato y contundente en que los jóvenes no abandonen el sistema educativo.

Por último, quiero resumir las 10 acciones que comprenderían estas reformas al artículo 3o., 5o., 25 y 31 constitucionales. Son 10 acciones concretas para hacer efectivo el derecho a la educación:

1.- Modificar el artículo 3o. constitucional para establecer con claridad que toda persona tiene derecho a recibir educación, acceder al conocimiento, a la libre enseñanza y al aprendizaje continuo en su comunidad, así como el desarrollo integral de su carácter y del sentido de su dignidad.

2.- Precisar y hacer explícito a quiénes corresponde el deber y la responsabilidad en la educación. En primer lugar, a los padres y madres de familia preferentemente el derecho y la obligación de educar a sus hijos.

En segundo lugar, la obligación y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la educación y proteger su ejercicio. Y finalmente el deber de los maestros y la comunidad en general de contribuir a su promoción.

3.- Reconocer, en el artículo 3o. constitucional, la atribución que deben tener los estados y municipios, incluida la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, de determinar los planes de estudio acordes con la composición pluricultural de nuestro país. De manera que la Federación articule la coordinación de un plan nacional de educación con la opinión de los estados, municipios y demás comunidades educativas del país.

4.- Fortalecer el derecho humano a recibir educación, para lo cual se asegura que las personas puedan acceder y ante todo permanecer en las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria y media superior, evitando el abandono escolar.

Lo peor que le puede ocurrir a este país es que los jóvenes abandonen las escuelas.

Para ello se propone crear el Fondo Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos Educativos y, por otro lado, ampliar la cobertura también es insuficiente para esta generación de jóvenes, pero hay que innovar en las vocaciones tecnológicas y fortalecer el empleo a nivel medio superior, por ello se propone crear el Instituto de Innovación Tecnológica y Educación para el Trabajo.

5.- Reformar el artículo 5o. constitucional, relativo a las profesiones, para reconocer el derecho humano no sólo a ejercer una profesión, sino también a un oficio técnico profesional que amerite ya sea título o bien un certificado emitido por una autoridad competente.

6.- Reformar el artículo 31 constitucional para establecer como obligación de los mexicanos fomentar y facilitar la educción para sus hijos e hijas y hacer que ellos o sus pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, así como hacer que los mexicanos acudan a recibir instrucción educativa, cívica, sostenible y militar para realizar actividades en comunidad.

7.- Reformar los artículos 3o. y 25 constitucional para crear el Sistema Nacional de Estímulos, Becas y Apoyos Económicos con carácter universal para todos los estudiantes de los niveles básicos de educación.

8.- En el mismo artículo 25, reconocer por primer vez en el país que la educación concurre de manera primordial para alcanzar el desarrollo nacional.

9.- Reorganizar el contenido del artículo 73 constitucional para que se reformen la Ley General de Educación o se expida una nueva Ley General de Derecho a la Educción, y se den facultades expresas al Congreso de la Unión para que se expida una Ley Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos Educativos y demás normatividad aplicable.

10.- Por último, poner en marcha un programa emergente para ayudar y apoyar a nuestros dreamers que puedan recibir un beneficio desde su país para que continúen sus estudios.

Esa es la reforma que se propone a la Constitución para garantizar y fortalecer el ejercicio del derecho a la educación y establecer un Sistema Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos Educativos que evite la deserción escolar en todos los niveles educativos.

Resumiendo, en una frase que era el lema del programa Prepa Sí, en la Ciudad de México: Más becario, menos sicarios.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Mario Delgado Carrillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senado de la República se congratula al tiempo de dar la más cordial bienvenida a la distinguida invitada del Senador Teófilo Torres Corzo, la señorita Carmenchu del Valle.

¡Sea usted bienvenida señorita al Senado de la República!






En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy cuenta:

Tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con los siguientes proyectos de Decreto:

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de marzo del 2017, de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta una iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene la finalidad de reformar el artículo 58  de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, con el propósito de que se  modifique una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las personas con discapacidad, dichos están desactualizados conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación correspondiente, por lo que se actualiza para su comprensión clara y armónica.

CONSIDERACIONES

El término discapacidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la discapacidad es una palabra general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la población mundial cuenta actualmente con más de siete mil millones de personas. Lo que significa el 15% viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en los países en vías de desarrollo.

Además, las personas con discapacidad, son la minoría dentro de la sociedad de cada país, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación entre otros aspectos. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados.

Actualmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto creciente, la ignorancia de este, es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas discapacitadas.

La Organización de las Naciones Unidas, (ONU) señala que la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención expresa en el artículo 9 pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. De igual forma solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de personas con discapacidad en el país equivale al 6% de la población, lo que representa alrededor de 7.2 millones.

Sin embargo, es conveniente atender la recomendación que el Comité de Expertos sobre Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto al Estado mexicano sobre la necesidad urgente de contribuir en su desarrollo e inclusión social en todos los ámbitos de la vida y al ejercicio pleno de sus derechos.

Lo anterior se hace necesario puesto que, al no contar con una adecuada comprensión del concepto de discapacidad, resulta difícil tener certeza sobre el número exacto de personas con tal condición, así como de las barreras que enfrentan, lo que impide la eficaz formulación e implementación de políticas públicas incluyentes.

El Gobierno de la Ciudad de México, tiene un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades para las más de 500 mil personas con discapacidad que habitan en la ciudad.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y al compromiso establecido en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013–2018, acerca de definir y establecer las políticas públicas para la plena inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad, que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales, se presenta por primera ocasión en la Ciudad de México el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (PID-PCD 2014-2018).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH)y el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, (CONAPRED) busca lograr la efectiva aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de tres ejes principales: la promoción, la protección y la supervisión de los derechos de las personas con discapacidad para lo cual lleva a cabo actividades de toma de conciencia dirigidas a personas servidoras públicas, organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias.

Tales acciones motivan a l estado mexicano a fortalecer, junto con los organismos públicos estatales de derechos humanos, el mecanismo nacional de referencia, para que promueva, proteja y supervise eficazmente el reconocimiento, respeto y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideran satisfactoriamente la aprobación de la presente iniciativa, por lo que resulta importante que se tome en cuenta la inclusión para mejorar la calidad vida y minimizar la discriminación de la población con discapacidad .

RESUELVEN

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Único. Se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, discapacidad, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas con discapacidad, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose los animales de asistencia, tales como perros guía en el caso de personas ciegas o débiles visuales.

Los proveedores están obligados a adoptar las medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en la mayor medida posible, en sus instalaciones y la prestación de sus servicios, de tal forma que las personas puedan acceder ellas con autonomía e independencia, acceder a la información y servicios de comunicación y puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a la persona con discapacidad como consumidor.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 31 de octubre de 2017.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.






Por el que se declara el día 28 de noviembre de cada año como “Día Nacional del  Sordo”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DEL SORDO”

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que declara el día 28 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional del Sordo”.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen del proyecto de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo denominado ANTECEDENTES, se da constancia del trámite legislativo dado al proyecto de decreto referido y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el apartado titulado CONTENIDO DE LA INCIATIVA, se sintetiza el alcance de la presente propuesta en estudio.

III. En la parte de CONSIDERACIONES, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de Decreto que declara el día 28 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional del Sordo”,

2. Con esa misma fecha, de 16 de diciembre de dos mil diecisiete, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores la iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objetivo declarar el día 28 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Sordo, con la finalidad de que se favorezca la plena inclusión de la Comunidad Sorda a la dinámica social mexicana en todas y cada una de sus dimensiones, para que puedan ejercer en igualdad de circunstancias el ejercicio de sus Derechos Humanos que como sujetos tienen las personas con discapacidad auditiva en México, mediante su visibilización y concientización general en la presente y futuras generaciones de ciudadanos de la visión de que todos y todas somos iguales, siendo responsabilidad de todos el ayudar a su plena inclusión y desarrollo a quienes tienen alguna condición de discapacidad..

CONSIDERACIONES

En la exposición de motivos del proyecto de decreto, las y los promoventes aseguran textualmente, citando diversas fuentes bibliográficas que:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad “es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”1

Es fundamental difundir el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad auditiva con base en los acuerdos firmados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Sordas, del que México participa desde 2006, por lo tanto, la comunidad “demanda el seguimiento y cumplimiento de todos los acuerdos de esta Convención que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del 2008”.

En nuestro país, para atender el tema de la inclusión, se crea el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. Elaborado conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y publicado en el DOF el 30 de abril de 2014…2.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2 fracción VI, define a la Persona Sorda como aquella que tiene alguna deficiencia del sentido auditivo que le limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral3 y reconoce tres grupos de sordos: los sordos señantes, los hablantes y los semilingües.

Las personas sordas no pueden escuchar, pero pueden ver. Por esto, el idioma que usan para comunicarse es la Lengua de Señas, un sistema de movimientos manuales, gestos, expresiones faciales y corporales junto con diversos usos simbólicos del espacio.

...

La sordera limita la comunicación de las personas en el contexto de la comunidad oyente. La barrera que existe entre la oralidad y las señas es equivalente a la que existe entre dos lenguas orales, no debería, por tanto, haber dificultades para lograr esta comunicación. Hay poca difusión de la lengua de señas tanto entre la población en general como en los sistemas de la educación formal en el país. Cuando una persona nace sorda o pierde la audición a una edad muy temprana, es difícil que aprenda a hablar pues no puede escuchar los sonidos del idioma oral; si desea intentarlo, se le debe enseñar con un proceso largo y costoso.

Cuando una persona pierde la audición, siendo un niño, ya ha tenido experiencia auditiva y puede utilizar, no sin dificultades, la lengua que había adquirido. Cuando una persona escucha un poco, se beneficia del uso de audífonos y con esto, más una buena terapia, es posible que pueda aprender la lengua oral.

Cuando las personas mayores, por la edad o por enfermedad se quedan sordas, tienen problemas para entender lo que se les habla, pero no para hablar pues ellos han hablado toda su vida y conocen perfectamente su lengua.

El lenguaje materno de la Comunidad Sorda en México es la LSM (Lengua de Señas Mexicana), algunos sordos, con acceso a la educación formal en LSM o gracias a la atención de sus padres, aprenden español escrito como segunda lengua; es fundamental el aprendizaje de la primera para incorporar aprendizajes asociados a la lectura y la escritura. El papel central de la lengua materna en el desarrollo de las personas con sordera estriba tanto en aspectos críticos del desarrollo cognitivo como el acceso a la educación bilingüe. La lengua de señas, en efecto, presenta una dificultad adicional a cualquier situación de bilingüismo: se trata de una lengua viso-gestual y no auditivo-oral como el español hablado, sin embargo, esto no debería representar un impedimento, sino un ajuste a las aplicaciones necesarias para facilitar la interacción de la persona sorda y su entorno.

Son aún pocos los sordos con acceso al español escrito y también son pocas las personas oyentes que se interesan por el aprendizaje de la LSM. Esta brecha de comunicación debe cerrarse para integrar ambas comunidades hablantes que son en igualdad de circunstancias parte del collage cultural de México.

En cuanto a la estadística de este problema, más del 5% de la población mundial padece algún grado de pérdida de audición. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, de los 119.9 millones de personas que habitan la república mexicana, 6% (7.2 millones) tienen discapacidad, de las cuales el 33.5% (2.4 millones) su problema es auditivo (CONAPO-INEGI, 2014 como se citó en Compartir Signos).

Pero tampoco resulta sencillo integrar esta descripción estadística, según el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE-MEC, 1988), la hipoacusia se define como toda disminución de la agudeza auditiva. Pero el término es relativo, ya que el concepto de normalidad en la audición puede variar por factores como la edad, el medio ambiente y otros; por lo que se aplicará siempre teniendo en cuenta estas situaciones. Aun cuando físicamente se puede considerar hipoacusia toda aquella disminución de la agudeza auditiva que sobrepase los 27 Decibeles (dB) en las frecuencias centrales del audiograma tonal, la audición se integra a partir de la información recibida por los órganos auditivos y la percepción, o la construcción cognitiva del mensaje sonoro. Esta es la razón, entre otras, por las que incluso aquellos sordos que recuperan la audición en términos de la capacidad de sus órganos sonoros, muchas veces, no pueden realmente desarrollar una lengua oral.

La población con discapacidad auditiva que entra dentro de las condiciones socioculturales que integran a la comunidad de sordos de México solicita el apoyo educativo bilingüe y la accesibilidad a los servicios a través de la interpretación español-lengua de señas. Es importante garantizar que los sordos tengan un trato equitativo en procesos como el ingreso a la preparatoria y la universidad. Estas acciones necesarias para hacer valer sus derechos son directamente proporcionales a su calidad de vida.

Así también, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estipula en su artículo 30 de la Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, numeral 4, que “las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural, lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos”, bajo los principios generales enunciados en su artículo 3, del respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, la independencia de la persona, no discriminación, participación e inclusión plena y efectiva en sociedad, respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

Aunado a lo anterior, nuestra Carta Magna, establece en su artículo 1º que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo momento una protección más amplia a las personas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta? prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Se otorga un blindaje adicional por parte del principio pro personae en materia de promoción y protección de los derechos humanos, fortaleciendo el razonamiento que legitima la cobertura de las necesidades de este grupo en situación de vulnerabilidad.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracciones VI y XVII define a la Comunidad de Sordos, como “aquel grupo cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lenguaje oral”, razón por la cual pertenecen a un grupo lingüístico distinto y construyen su identidad en buena medida a partir de la Lengua de Señas Mexicana que es la “lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lenguaje oral.”

El artículo 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala la obligación de acatar lo establecido en su texto por parte de las “dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad”, no obstante, es importante reconocer que se trata no sólo de la atención a un grupo vulnerable, sino del reconocimiento de su identidad cultural.

Históricamente, al igual que las comunidades indígenas y sus lenguas, la comunidad de sordos ha sido tratada con definiciones distintas, desde aquellas que prohibían su lengua por considerarla un obstáculo para su desarrollo (perspectiva que incide fuertemente en la opinión general) hasta aquellas que reconociendo la utilidad de su lengua no son capaces de reconocerla como vehículo cultural. La deuda contraída por la sociedad y sus representantes con la comunidad de sordos es a un mismo tiempo de atención a sus derechos y de reparación de los daños provocados por la discriminación. Nos toca fortalecer, en el concepto de sordera, la vertiente antropológica y lingüística, haciendo patente el reconocimiento de su autonomía cultural a través de la información adecuada, por ejemplo, para dejar de utilizar el término “sordomudos” y dejar, también, de pensar a la sordera exclusivamente en términos de discapacidad auditiva.

Los requerimientos educativos y lingüísticos de los sordos son heterogéneos en particular, por las distintas situaciones de acceso a la Lengua de Señas Mexicana. El artículo 12, fracción X, de la Ley, señala que corresponde a la Secretaría de Educación Pública “impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita.”, el artículo 20, contempla que “los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.”

El 15 de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo en el auditorio Octavio Paz de la Cámara de Senadores el Foro: “La Comunidad Sorda Mexicana desde la perspectiva de los Derechos Humanos”.

Dicho foro se dividió en dos paneles de conferencias magistrales a cargo de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza y Yolanda de la Torre Valdez, el Diputado Luis Mesta, la Maestra Norma Aceves García, la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, el Comisario J. Antonio Bernal Bustamante, los Doctores Abraham Daniel Manríquez Santiago, Luis Escobar L.-Dellamary y Christian Jullian Montañez, la Maestra Rocío Ramírez Barba y el Mtro. Johan C. Cruz. Las mesas se denominaron “Salud, trabajo, educación y acceso a la justicia de la Comunidad Sorda” e “Historia, Cultura y lengua de la Comunidad Sorda”.

De la primera mesa de conferencias Magistrales la ponente Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, puntualizo la responsabilidad que se tiene desde el curul de legisladores en empatar la legislación internacional con la nacional para fortalecer los Derechos Humanos en beneficio de las Personas con Discapacidad Auditiva, compromiso que desde su Presidencia en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Senado se ha visto fortalecida por los integrantes de la misma, así como por otros Senadores como Yolanda de la Torres Valdez, quien reiteró la voluntad por seguir impulsando políticas públicas que beneficien al desarrollo de la Comunidad Sorda. Por otro lado la Maestra Norma Aceves García, hablo sobre la necesidad de apoyar a un sector que se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, que son las mujeres con discapacidad auditiva, quienes ven vulnerados sus derechos por su discapacidad y por su género, siendo la Magistrada María del Carmen Carreón Castro quien secundo dicho comentario mediante ejemplos en la vida real mediante el ejercicio de su práctica, fortaleciendo dicha visión al momento de visibilizar la importancia de la profesionalización de los interpretes en los diferentes rubros del sector público.

El Comisario J. Antonio Bernal, presento el Protocolo de actuación de la Policía del Estado de Michoacán, creado por el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, mismo que se crea por la necesidad de brindar un correcto acceso a la justicia a la Comunidad Sorda, teniendo como uno de sus puntos fundamentales la profesionalización policial mediante la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana.

Por último, el Dr. Abraham Daniel Manríquez Santiago, comento las buenas prácticas que realizan desde el Instituto Mexicano de Lengua de Señas A.C. donde se fomenta el pleno desarrollo como sujeto de derechos de las personas sordas, brindando mediante diferentes acciones el que puedan romper con las barreras que se les presentan en temas de educación, trabajo, salud, acceso a la justicia entre otros.

De la segunda mesa es destacable el papel que la consciencia histórica tiene en la evaluación de nuestra responsabilidad como sociedad en la atención a las necesidades lingüísticas de la comunidad sorda, así como en el discernimiento de los criterios médico y antropológico en la aplicación de las políticas de desarrollo correspondientes, a decir del Dr. Christian Jullian, la historia nos muestra como nuestras perspectivas sobre dicha comunidad, si no están bien informadas y reflexionadas, únicamente hacen eco de prejuicios heredados. El Dr. Luis Dellamary, por su parte, insistió en el reconocimiento integral de la Lengua de Señas Mexicana, en su diversidad y naturaleza lingüísticas. Invitándonos a aplicar el mismo conocimiento que tenemos sobre la propia lengua, el español mexicano, en materia de respeto a la identidad regional y la aplicación de políticas de planeación lingüística robustas. A esto habría que añadir la reflexión sobre las categorías utilizadas para discutir sobre el tema, tanto en el ámbito académico, como en el de la aplicación de intervenciones terapéuticas y en nuestras conversaciones cotidianas, la Mtra. Rocío Ramírez Barba, mostró la complejidad de un término como “discapacidad” que no puede ser tomado a la ligera, pues implica distintas perspectivas y, por lo tanto, posibles interpretaciones que ensombrecen los objetivos de las iniciativas en favor de la cultura sorda. Los modelos de inclusión educativa, opinó el Mtro. Johan C. Cruz, tampoco pueden seguir funcionando como paliativos de una política educativa irreflexiva y acrítica. Resulta fundamental que reconozcamos el papel de los especialistas en el develamiento del camino a tomar para un verdadero desarrollo de la comunidad sorda y nuestra relación con ella, la inercia del prejuicio golpea con fuerza si no tenemos expertos en la lectura del rumbo adecuado.

Dando seguimiento a lo contemplado en la Iniciativa en dictamen, tenemos que:

Un día nacional es la fecha de mayor significado que una nación simbólicamente adopta y por medio de la cual promueve la unidad de todos sus ciudadanos. Algunos recuerdan fechas de tal trascendencia que además de ser de importantes para las naciones en cuestión lo son también para la Humanidad entera.

En este caso, se trata de un día de carácter reivindicativo donde las personas sordas de las distintas regiones y países visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de Derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la Cultura Sorda.

Por lo expuesto con anterioridad ha surgido la necesidad de crear un día oficial que reconozca y represente a la Comunidad Sorda, por considerar que son un eslabón que promueve una inclusión mucho más significativa a la dinámica social en la actualidad, garantizando con ello el que puedan ejercer sus derechos y obligaciones dentro de lo establecido en los marcos legales y de convivencia de hoy en día, creando el Día Nacional del Sordo.

La realidad nacional exige conocer y visibilizar a la Comunidad Sorda. Es el momento oportuno de dar determinación legal a la identidad de las personas con discapacidad auditiva para establecer claramente las reglas con las que el Estado puede y debe actuar en la defensa de sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades.

Como se ha mencionado en esta iniciativa y discutido en distintos contextos a nivel nacional e internacional, el elemento clave en el reconocimiento de la cultura sorda es promover la calidad de la información que sobre ella se conoce. Reparar los daños históricos, en este caso, tiene mucho que ver con la reconstrucción de una auto imagen, de un auto concepto que permea la relación de la persona sorda con su propia humanidad, con su autoestima, y se refleja en las relaciones al interior de la comunidad y con los oyentes, con los otros. A veces colaboradores en el fortalecimiento de su lengua y su cultura y, a veces, con una perspectiva equivocada que vulnera el frágil tejido sociocultural que ellos, con sus propias organizaciones y sus ganas de ser escuchados, han conseguido poco a poco. La discriminación es mucho más producto de la inercia, de la costumbre, que de la baja calidad de las intenciones sociales. No es que hayamos querido, en la mayor parte de los casos, causar un daño a su identidad o menospreciar sus derechos lingüísticos, sin embargo, tampoco habíamos hecho lo propio en la reformulación de nuestras perspectivas y en la difusión de una imagen renovada de persona y cultura sordas.

Sirve como sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 18 y 19.

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

De la interpretación sistemática de los artículos 2º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, párrafo 1, inciso c), 15, apartado 2, 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige que la conciencia de identidad es suficiente para acreditar la legitimación para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el carácter de integrante de una comunidad indígena, con el objeto de que se tutelen sus derechos conforme a las normas constitucionales y consuetudinarias respectivas. Por tanto, basta que un ciudadano afirme que pertenece a una comunidad indígena, para que se le reconozca tal calidad.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.-Actores: Joel Cruz Chávez y otros.-Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.-6 de junio de 2007.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2569/2007.-Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.-Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.-28 de diciembre de 2007.-Unanimidad de cinco votos.-Ponente: Flavio Galván Rivera.-Secretario: Genaro Escobar Ambriz.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-358/2008.-Actores: Geraldo Virgilio Rodríguez García y otros.-Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura del Estado de Oaxaca y otra.-21 de mayo de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Secretarios: David R. Jaime González y José Eduardo Vargas Aguilar.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de febrero de dos mil doce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

La condición humana no debe ser ensombrecida por la diversidad que consideramos discapacidad. El término que refiere a las dificultades físicas o cognitivas de las personas, es exclusivamente una herramienta para reconocer más fácilmente sus necesidades. Cuando decimos, población con discapacidad auditiva, no obstante, estamos olvidando la heterogeneidad de la categoría. Dentro de ella, habrá personas con la necesidad de auxiliares auditivos, otros que pueden realizar sus actividades diarias sólo con la consideración de aquellos que les hablan, sin embargo, también se encuentra en esta población a la Comunidad Sorda, cuyas necesidades son equivalentes a las de un grupo indígena, es decir, reconocimiento, respeto, espacio para su desarrollo cultural y lingüístico, educación y acceso. Garantizado a través de intérpretes y medios de comunicación en su lengua materna. Visibilizar, en este caso, es un ejercicio de honestidad como paso esencial para hacer consciencia sobre los proyectos y las líneas de desarrollo que permanentemente es necesario promover. No estamos inaugurando los conceptos de identidad y cultura sordas, de Lengua de Señas Mexicana, estamos develando la sombra que históricamente dejamos que cayera sobre ellos.

Por ello, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera viable la aprobación de la presente iniciativa, pues toma en cuenta también

RESUELVEN

Único. Se aprueba declarar el día 28 de noviembre de cada año, como el Día Nacional del Sordo.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DEL SORDO.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 28 de noviembre de cada año como Día Nacional del Sordo, con el objeto de sensibilizar y concientizar a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 7 de marzo de 2018.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

1 http://www.who.int/topics/disabilities/es/

2 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desarrollo-y-
la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011






Que reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del artículo 19 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

IV. En el capítulo de “RESOLUTIVO”, es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República.

ANTECEDENTES

1. En la Sesión del Senado de la República del 26 de noviembre de 2015, la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo 19, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO

Esta iniciativa tiene por objeto garantizar mejores condiciones laborales para las personas adultas mayores, condiciones laborales decenetes y de calidad para este sector. Se destaca el promover y estimular el mejoramiento de las fuentes de empleo en línea con los estandares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo la OIT, esto mediante estimulos fiscales.

La Iniciativa menciona que las políticas en nuestro país deben facilitar que el campo laboral transite cada día más a la formalidad, fomentando la inversión, el crecimiento y la generación de empleos suficientes y de calidad.

Y que uno de los sectores que más se ven afectados en esta temática, es el conformado por las personas adultas, ya que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos de trabajo o los acepten sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con un pago inferior, sin que este sea suficiente para solventar sus gastos más elementales, además, hay que considerar que muchos de ellos cuentan con alguna enfermedad que genera costos médicos adicionales que muchas veces deben cubrir solos y en otras circunstancias, carecen de pensiones o seguridad social.

Esta serie de factores solo da lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y que no puedan gozar de una vejez digna.

Es por estas razones que el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan la problemática y velar porque los derechos humanos de las personas en edad adulta sean respetados, aún en el complejo escenario actual, estas merecen gozar de todos sus derechos si deciden prolongar su vida laboral.

CONSIDERACIONES

1. En tenor de lo antes mencionado en la presente iniciativa, como Comisión de Atención a Grupos Vulnerables nos parece que como lo menciona la Iniciativa antes expuesta, el sector poblacional referente a las personas de edad avanzada, son un grupo vulnerable debido a ciertas características propias y también debido a una reticencia social, la cual no ha podido integrar por completo a las personas adultas mayores.

En el sector internacional, las personas adultas mayores han tenido un bajo interés por diversas organizaciones mundiales y se han prolongado por mucho tiempo los esfuerzos para tratar las problemáticas presentes en este grupo poblacional presente en cualquier parte del mundo y que dicho sea de paso, tiene un crecimiento poblacional a la alza, sobre todo en países en vías de desarrollo.

La ONU por una parte ha creado un grupo de trabajo en relación a los derechos de las personas adultas mayores, con miras a convertirse en una Convención Internacional sobre los Derechos de los Adultos Mayores como ya sucedió con otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad, mujeres y niños y niñas y aunque aún no ha podido concretar esta Convención, en el Grupo de Trabajo se han comenzado pláticas para que este grupo pueda tener a su disposición todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, y además de la creación de un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado donde sea.

2. Por otro lado, si bien la ONU no ha podido concretar la Convención acerca de los derechos de este sector poblacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) si ha podido concernir una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en donde menciona que tiene por objeto el:

“… promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Y menciona en su artículo 18 las medidas que adoptarán los Estados Parte en relación al empleo:

Artículo 18

Derecho al trabajo

“La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma

Apropiada a las condiciones locales.

El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no  remunerado.”

Como es posible comprender, las personas adultas mayores deben de contar con toda la protección por parte del Estado para que puedan desenvolverse, participar, relacionarse, protegerse y desarrollarse dentro de cualquier sociedad, esto por medio de la proteccion de sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Y como bien se menciona en la iniciativa, estos derehos deben de protegerse por medio de la legislación vigente la cual debe de actualizarse y evolucionar de acuerdo a la coyuntura nacional e internacional.

3. Sin embargo, la introducción de los términos decente y calidad en varios artículos de la propuesta, debe de ser más específico si es que se quiere dar una mayor certidumbre a la ley vigente sobre los adultos mayores, ya que estos términos pueden ser interpretados de muchas maneras, de acuerdo a cada situación específica.

Como lo menciona Ishikawa, uno de los principales autores acerca de la calidad junto con Deming y Jurán, “La calidad es equivalente a la satisfacción del cliente” con esta definicion se puede deducir que algo (el empleo) es de calidad cuando logre satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del consumidor (trabajador) y será este el que establezaca los parámetros a alcanzar, es decir, lo que para un trabajador adulto mayor pueda ser de calidad debido a sus expectativas y deseos para otro puede ser todo lo contrario precisamente por las mismas razones.

Por lo que este tipo de definiciones, pueden estar mejor determinadas por medio de otros términos, condiciones o especificaciones sobretodo dentro de la ley.

4. Es por ello, que analizando la Iniciativa propuesta, nos parece que como lo menciona la misma, es fundamental continuar el mejoramiento de los derechos de las personas adultas mayores, en el rubro del empleo se debe de continuar el trabajo para que este sector pueda accesar a más y mejores oportunidades de empleo, con una visión igualitaria e incluyente.

En virtud de lo planteado anteriormente, se considera pertinente la aprobación del Proyecto de Decreto de la citada Iniciativa, con las siguientes modificaciones:

RESUELVEN

ÚNICO.- Es de aprobarse con modificaciones la reforma que adiciona la fracción VIII al artículo 19, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 19.- ...

I. a VI .

VII. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados, y

VIII. Promover y estimular el mejoramiento de fuentes de empleo para adultos mayores.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 31 de octubre de 2017.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.






Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 2 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO “EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA”

(Dictamen de primera lectura)








Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de Decreto:

El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Dictamen de primera lectura)








Que adiciona un tercero párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)








Tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Dictamen de primera lectura)








Y, por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de las Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos 142 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 142 Y 153, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y en el monitor de sus escaños, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de derecho al turismo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está a discusión en lo general.

No habiendo oradores registrados, consulto a la Asamblea si hay la disposición y la voluntad de alguna Senadora o algún Senador por reservar algún artículo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Félix Arturo González Canto.

El Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias, con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Como ustedes saben, durante la presente administración el turismo ha presentado un crecimiento sostenido y una tendencia muy favorable a la alza, y se ha venido consolidando como uno de los principales motores de la economía mexicana, que aporta casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, siendo uno de los mayores empleadores de mujeres y jóvenes en nuestro país.

La Secretaría de Turismo federal pronostica un crecimiento de aproximadamente 8.6 por ciento en llegada de turistas internacionales, lo cual se traduciría en 42.6 millones de visitantes. Esto, compañeras y compañeros Senadores, en términos de ingreso se espera un incremento de más del 8 por ciento por el turismo internacional, con lo cual México estaría recibiendo más de 23 mil millones de pesos.

Asimismo, se estima un crecimiento de empleos formales en el sector al 3.3 por ciento, el cual sería nuevamente superior al crecimiento promedio esperado a nivel nacional con la creación de más de 135 mil empleos.

Bajo estos pronósticos muy alentadores y con la finalidad de fortalecer la actividad turística como actividad económica importante para el desarrollo de México, es que las y los Senadores de las Comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a su consideración el día de hoy este dictamen que tiene como origen una minuta aprobada por la Cámara de Diputados, la que propone reformar la Ley General de Turismo, a fin de incorporar como objeto de la misma el promover el derecho al turismo.

La propuesta remitida por la Colegisladora también propone definir el derecho al turismo como la posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, derivado precisamente del derecho al descanso, el derecho al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas.

Desde hace algunas décadas la Organización Mundial del Turismo ha venido trabajando para reconocer el derecho al turismo como parte importante para el desarrollo de todo individuo, para que toda persona tenga acceso directo y personal a las riquezas culturales de nuestro país.

El derecho al turismo debe entenderse como una consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan en diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Compañeras y compañeros Senadores, sin duda, con el reconocimiento del derecho al turismo, en la Ley General de Turismo, se va a favorecer el que se sigan impulsando políticas y programas que atiendan al turismo social, el cual permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones.

En las comisiones dictaminadoras estamos convencidos de que reconocer el derecho al turismo fomentará y facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes, de los estudiantes y de las personas mayores, generando inclusión y fortaleciendo el desarrollo del sector turístico.

El turismo es de las grandes industrias que contribuye de forma significativa al desarrollo de México.

El sector turístico tiene un enorme potencial de contribuir cada vez más al desarrollo económico de México y genera gran impacto social, principalmente en el ámbito laboral, con 9 millones de empleos directos e indirectos.

Por la importancia del sector turístico en el desarrollo social y económico de nuestro país, es que comparto el sentir de la Colegisladora, de reconocer el derecho al turismo y los invito a votar a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias, Senador González Canto.

Ha solicitado el uso de la tribuna el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal.

Y antes de que inicie, Senador, le solicito que me permita hacer del conocimiento de la Asamblea que el Senado de la República, la Mesa Directiva y esta Presidencia se congratulan en felicitarlo calurosamente, en virtud de que hoy es el día de su onomástico.

¡Muchas felicidades!

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muchas gracias, señor Presidente.

Le agradezco la distinción a la Mesa Directiva y a todos mis compañeros y compañeras Senadoras y Senadores.

Al pueblo de México y a todos y cada uno de ustedes.

Bueno, quiero decir que respeto y reconozco la labor que hace el Senador Félix Canto, de Quintana Roo, por impulsar el turismo en México.

¿Y dónde está Félix? Allá, sé del esfuerzo que como ex gobernador estando allá hizo por promover el turismo en el estado de Quintana Roo, que es el principal estado de turismo que tenemos en nuestro país.

Sin embargo sí tengo que decirles, compañeras y compañeros Senadores, que tener el derecho al turismo, no necesita estar implícito en la ley porque todos los ciudadanos mexicanos en la Constitución de nuestro país, la Carta Magna, pues nos da ese derecho de libertad. Lo que sucede es que con la condición económica que tenemos, con los salarios raquíticos donde no se puede economizar porque, o se come o se va uno a turistear. Primero se come.

Entonces por eso es que los salarios mínimos, la desigualdad social es lo que impide que los mexicanos puedan salir y conocer nuestra querida y maravillosa República Mexicana; sin embargo, en este Senado de la República, a través de un servidor, hemos presentado iniciativas para facilitar y fomentar el turismo, que lamento profundamente hoy que el Senado no lo esté considerando en la Comisión de Turismo.

Y les recuerdo que hablo de la iniciativa del Pasaporte Embajador Ciudadano donde da estímulos, promoción al turismo para que cada uno de nosotros los mexicanos podamos viajar y conocer las maravillas de México, el turismo de los pueblos mágicos, además de conocer la sonrisa de los mexicanos, su gastronomía.

Esta iniciativa está aquí durmiendo el sueño de los justos, no se ha analizado, no se ha discutido, en donde en sendas reuniones que hemos tenido, y que lo he comentado con el Secretario de Turismo, es una vía fácil para que todos los mexicanos puedan recorrer el país.

Entonces, yo les pido, ojalá Senador Félix Canto, el Pasaporte Embajador Ciudadano, por lo menos en el Senado de la República, o a la brevedad, pudiera ser aprobado, está platicado y acordado con el Secretario de Turismo, y poder echarlo andar para ver si la Cámara de Diputados también coincide con este mecanismo legislativo para poder permitirle a los mexicanos, principalmente a los de elevados recursos, que conozcan nuestras tierras.

Yo sé que muchos de ustedes y mucha gente hablan de que conoce Francia, Alemania, se van a cada rato a Miami, a Nueva York, pero el pueblo de México, el obrero, el campesino, no puede, no hay dinero, estamos muy pobres.

Entonces, con este Pasaporte Embajador Ciudadano va a fomentar que cada uno de ellos pueda visitar Chichen Itzá, Uxmal, el mundo Maya, visitar Mazatlán, Vallarta, Chihuahua. En fin, obviamente si se trata de derechos de que los mexicanos puedan tener el derecho al turismo, que ya lo tenemos implícito en la Constitución.

Bueno, mi voto será a favor, pero sí pongo el dedo en la llaga de que tenemos que aprobar el Pasaporte Embajador Ciudadano, donde van a irle dando puntos por cada estado de la República, va a asignar sus lugares de visita en donde cualquiera puede obtener los sellos en ese Pasaporte Embajador Ciudadano que es gratuito y poder ir acumulando puntos de descuentos en líneas aéreas, hotelería, transporte terrestre, restaurantes, para que también ellos tengan el derecho de conocer la gastronomía mexicana.

Ojalá y el Senado apoye esto.

Y yo les agradezco mucho.

Y un saludo cordial al pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.

En virtud de no haber más oradores registrados, de no haberse hecho ninguna reserva al presente dictamen, informo a la Asamblea que se reserva para su votación nominal después de la discusión de los siguientes dictámenes.

El Senado de la República también se congratula y expresa la más cálida bienvenida a las distinguidas personalidades invitadas por el Senador Jorge Aréchiga.

¡Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República!






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, relativo a incremento de penas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este  día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

Está a discusión en lo general.

Hace uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras y señores Senadores:

Esta minuta que viene de la Cámara de Diputados está reformando diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, donde se está elevando la sanción de privación de libertad de 15 a 20 años y también la multa cuando se trate de este delito.

Está la parte medular de la minuta tiene que ver principalmente con la elevación, insisto, del delito de 15 años a 20 años y hasta 30, y el otro, aunque sube también las multas, hace los cambios de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización vigente, lo cual me parece que es muy pertinente porque hay una actualización que es necesario ir modificando en las diversas leyes que siguen utilizando el precepto de salarios mínimos.

¿Qué es lo que está detrás de esta minuta? Bueno, en primer lugar, una situación grave en el país que cuando menos tiene 10 años de gran impacto, que evidencia cómo las autoridades han sido incapaces de poder detener, de poder controlar, de poder prevenir y también de poder sancionar este delito.

La discusión no es si es grave o no es grave, ya la propia ley establece que es grave, puesto que es un delito que cuando menos la pena mínima sería de 15 años, hoy la elevan 5 años más, pero lo que nos parece realmente importante discutir es, ¿ayudamos en el Congreso cuando revisamos esas sanciones privativas de libertad, elevando los años de privación de libertad a que efectivamente se castigue el delito?

Me viene la reflexión, por ejemplo, en el caso del secuestro donde también elevamos a 160 años con los agravantes porque había que ir contundentemente contra el delito de secuestro y a la luz de esa decisión de populismo jurídico que se tomó aquí, ¿ya se tiene control del secuestro?, ¿ya tenemos un avance en cuanto a la prevención de este grave delito?, ¿es subiendo, por lo tanto, las penalidades como vamos a poder lograr resolver, detener la situación terrible que tenemos en el caso de lo que se conoce comúnmente como el huachicoleo?

Miren, 2004 había 102 tomas identificadas por las autoridades, al 2009 de 102 subió a 462 tomas, en 2010, 691 tomas; Es decir, 6 años después de haber tenido identificadas 102 subió a 691 tomas reconocidas formalmente. En 2011, 1,361 tomas; 2012, 1,635 tomas. 2013, 2 mil 613 tomas. 2014, 4 mil 219 tomas.

Este problema no se va a resolver si elevamos 5 o 10 años más. El problema no es ese, el problema es que las autoridades son incapaces, son omisas y habrá que ver si también están vinculadas con la comisión del delito.

De tal manera que aun cuando el dictamen en la Comisión de Justicia lo votamos a favor, compartimos las preocupaciones vertidas en la Cámara de Diputados por nuestras compañeras y compañeros.

Allá nos abstuvimos una parte importante del grupo parlamentario del PRD porque creemos que no es la salida, sin embargo, se trata de un asunto que tiene que resolverse de otra manera, debe ser un trato más integral de la problemática socioeconómica de cada una de estas regiones y, por lo tanto, vamos a apoyar este dictamen, pero sí queremos enfatizar que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad.

La crisis del robo del petróleo, a través de la gasolina y el diésel es espeluznante en este país, es incontrolable en este país, estamos ante una apología del delito permanente en todas las zonas en donde están estas tomas clandestinas y hay que ir a fondo del problema. Aun así vamos a acompañar el dictamen.

Pero era importante dejar constancia de que hasta ahora ha habido simulación en la persecución de este delito.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Corresponde el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Este dictamen es una simulación más, una vergonzosa simulación subir las penas.

Ya analizamos hace tiempo cuando se aprobó la primera parte de esta ley que no sirve para nada, ya están las penas y viene empujada esta iniciativa de penalidades, viene empujada por los intereses extranjeros de las empresas trasnacionales petroleras, gaseras que quieren que las penas, por cualquier acción que no les guste o reacción de algún grupo social, las penas son muy grandes.

Ya metieron el terrorismo en el aspecto de hidrocarburos cuando no hemos tenido nunca terrorismo. Es para favorecer intereses extranjeros.

Y ahora vamos a subir las penas, ¿no?, vamos a subir las penas, cuando llevamos casi seis años de un robo creciente, como aquí ya se dieron las cifras, y no resuelven nada.

¿Y por qué no se resuelve nada? Pues no se resuelve nada porque el gobierno, autoridades, funcionarios de Pemex están coludidos en el robo, la ordeña de los ductos, es evidente.

Desde el inicio del sexenio, Peña Nieto nombró a un militar de su confianza para que se ocupara de vigilar los ductos y que no hubiera este robo. Desde el principio del sexenio, un militar de la confianza de Peña Nieto, le dieron helicópteros y aviones para poder sobrevolar. Muy pronto se los quitaron, los usaron para otro tipo de funciones sociales del gobierno de la República.

En consecuencia, mientras no haya un acción realmente hacia quienes son los responsables, que son las autoridades y los que están vigilando, esta es una mentira y una farsa, con eso ya va a decir el gobierno de Peña Nieto que sí. ¡Qué barbaridad!, está tomando medidas estrictas para que no haya robo de hidrocarburos.

Miren, un ejemplo, ahí veo que en la Cámara de Diputados, un Diputado del Verde, no sé de dónde sea, pero de Moreno Valle, participa ahí diciendo que hay que subir las penas, y es uno de los que aparecen en la minuta.

Y ese señor fue uno de los brazos o el brazo derecho del fraude electoral y de mil cosas de Moreno Valle.

El huachicol en Puebla fue tolerado y, por tanto, con el claro señalamiento de participación por el gobierno de Moreno Valle, fue descarado y sigue siendo, cómo en las carreteras de Puebla están vendiendo el huachicol con la complacencia de todos los vigilantes.

Las gasolineras clandestinas, en barracas, aquí y allá, ¿verdad?

El Secretario de Seguridad Pública de Moreno Valle fue perseguido por estar participando y no pasó nada. O sea, el gobierno de Moreno Valle, en Puebla, y me consta, yo lo vi, y lo hemos denunciado aquí, fue partícipe del brutal crecimiento que hubo en Puebla de la ordeña de los ductos.

Y ahora nos vienen a decir: Que vamos a subir las penas para que esto se resuelva.

Las penas son para atacar a los campesinos que se rebelan contra los daños que les hace Pemex, las trasnacionales y los grupos, ellos son los que van a pagar las enormes penas.

Y el señor Diputado poblano que está allá, que fue socio y compañero de Moreno Valle, que participó en esa descarada protección al huachicol, ese es Diputado Federal, y las penas se las van a aplicar a los campesinos que protesten o los van a señalar como terroristas para proteger los intereses extranjeros, porque toda la industria de hidrocarburos ya está siendo entregada, ya están apareciendo todas las empresas que se están apoderando la industria petrolera mexicana.

Entonces, esto es una burla, y hay que señalarlo.

Que vayan por el Diputado ese, que vayan por Moreno Valle, que revisen cómo ha estado el señor militar al que le encargó Peña Nieto personalmente, por ser de su confianza, que vigilara los ductos.

Es obviamente esta explotación de los ductos y del robo que se da brutal, de miles de millones, está complicado, está participando el gobierno de la República, Pemex y no investiga nada.

Ahora sí, enérgicamente vamos, así como el Verde me extraña que hoy no pida, como ha pedido prisión perpetua y fusilamiento, es una farsa; los responsables del robo de los hidrocarburos están en Pemex, están en el gobierno de la República, está en los gobiernos de los estados que han estado asociados con este atraco a los intereses de la nación.

Yo le diría a mis compañeros priístas que ya no sigan haciendo tonterías, que no sigan participando en la simulación y tapando a los gobernadores sinvergüenzas, y a Pemex autorizándoles estas patrañas, que los únicos que van a sufrir las penas son los pobres campesinos y los despojados de acuerdo con las leyes que se establecieron en la reforma energética.

No, hay que ir por las altas autoridades, el robo de hidrocarburos está en el gobierno de la República y en los gobiernos de los estados.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Manuel Bartlett Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Senadores:

El robo de hidrocarburos se ha convertido en un problema de seguridad nacional, el número de tomas clandestinas se incrementa día con día a lo largo de nuestro territorio con un impacto adverso para la economía y las finanzas públicas, así como para la seguridad de las comunidades y de las familias.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional el robo de combustible en México en los últimos 10 años, pasó de estar bajo el control de bandas locales a bandas de narcotraficantes, convirtiéndose en su segunda fuente de financiamiento después de la venta de estupefacientes.

Para dimensionar la magnitud de este asunto basta señalar, durante el periodo comprendido de 2009 al 2016, el Estado mexicano ha acumulado pérdidas en sus finanzas públicas por más de 159 mil 957 millones de pesos por el combustible perdido, cifra equivalente a lo que la Secretaría de Educación Pública destinó a investigación científica en el mismo lapso.

En lo que va del 2018 los grupos delictivos siguen sustrayendo el combustible de todos los mexicanos, que no se refleja en recursos que son indispensables para el país al momento de implementar programas sociales, proyectos de infraestructura y de salud principalmente.

Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor número de tomas clandestinas a nivel nacional, seguida por Puebla, Tamaulipas y por Hidalgo.

El robo de combustible afecta directamente a Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, de todos los mexicanos, de dos maneras: la primera, es la pérdida del combustible sustraído y la segunda, son los costos generados por la reparación de los ductos dañados para la ordeña del mismo, lo que afecta directamente a las finanzas de esta empresa.

La actual Legislatura ya ha abordado este problema al aprobar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, pero sabemos que toda ley es perfectible, razón por la cual hay que modificarla.

De ahí la pertinencia de este dictamen, cuyo objeto es desincentivar de manera inmediata esta actividad ilícita; plantea modificar diversos artículos de la citada ley, a fin de incrementar la punibilidad de este delito pasando de 10 a 18 años de prisión y multa de 10 mil a 18 mil días de salario mínimo vigente, como se encuentra estipulado actualmente, y a una pena mayor de 12 a 20 años y una multa de 12 mil a 20 mil salarios, veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Con esto se busca disminuir la incidencia de dicho delito y actualizar el marco jurídico con la desindexación del salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, en el grupo parlamentario del PRI seguiremos impulsando las medidas legislativas que sean de beneficio para nuestro país.

Acorde a nuestro compromiso adquirido con los mexicanos en la aprobación de la reforma energética.

También votaremos a favor de este presente dictamen, convencidos de que será un mecanismo que desincentive a las bandas de criminales para seguir realizando esta actividad ilícita.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, en contra del dictamen.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores:

Al pueblo de México, y en especial a la zona petrolera de Veracruz, Tabasco, Campeche y el norte de Chiapas.

El Senado de la República está viviendo en “Alicia en el país de las maravillas”, ¿y por qué? Porque piensan, creen, están convencidos de que haciendo leyes y más leyes, y aumentando las penas y más penas, que lo único que da es pena, vergüenza.

¿Se va a acabar el robo de las gasolinas? No, aquí no nos estamos chupando el dedo, y yo se los recuerdo a ustedes, hay huachicoleros de arribas y huachicoleros de abajo, pero los más importantes son los de arriba.

Cómo es posible que los gobernadores no estén informados, claro que lo están, pero son parte del negocio.

Un gobernador debe de tener el control de su estado, de su territorio, saber qué pasa en cada centímetro de su territorio, por supuesto que están informados, pero son parte del negocio.

Así también hay que puntualizar que todos aquellos que importan gasolina de parte de esta mafia que se dedica a extraer la gasolina de los ductos, pues son cómplices, hay complicidad y esto no se va a resolver con más leyes, compañeros.

La corrupción, hay que dar el ejemplo de arriba-abajo, y además hay que acabar con la impunidad y meter a la cárcel a esta gente, no a los que están a la orilla de la carretera con sus envases vendiéndole la gasolina a los tráileros y a los automovilistas, porque además es un tema de educación y de cultura.

Ustedes van por Veracruz, allá en La Tinaja, Tabasco, Campeche y ven a la orilla de la carretera que le están vendiendo el jugo de piña, ahí en La Tinaja, y le venden los garrafones de gasolina robada y a medio kilómetro está la Policía Federal.

¿Qué no se dan cuenta, qué no informan? Claro que sí saben, pero repito, el negocio, la corrupción, el aumentar las penas nada más da más pena al Legislativo que no le hacen caso y no respetan las leyes, porque a éste país nos lastima el cáncer de la impunidad, compañeros.

Vamos a legislar cosas serias, importantes y hacer que se cumplan las leyes. Aquí hemos hecho muchas leyes que se la pasan por donde no les da el sol.

¿Qué no se dan cuenta? No se dan cuenta porque todos los días están en el WhatsApp, en el celular, ahí están. Se pierde tiempo en eso.

¿Cuánto ha gastado Petróleos Mexicanos en equipos tácticos para rastrear el robo de la gasolina y estar pendiente de la supervisión de los ductos de Petróleos Mexicanos?

Aquí hay que aclarar que hay dos vías de huachicoleros, y no es de ahorita, es de hace tres años que se ha incrementado. Antes se vendía el petróleo y el gobierno o los malos políticos, los malos gobernantes se robaban el dinero del petróleo para intereses propios, haciendo negocio.

En México es el único país hoy en el que el tema de Odebrecht está pendiente y no hay ni uno en la cárcel, ni uno, cuando les dieron 10.5 millones de dólares. Esos son los huachicoleros de arriba.

Y, bueno, estas cuadrillas donde el pobre campesino con el estómago vacío no le queda otra que ir a vender la gasolina que le entregan las mafias en el poder.

Por eso, si no actuamos contra los gobernadores, contra los funcionarios de Petróleos Mexicanos que deben y estoy seguro que están informados, que dicen han invertido para inspeccionar los ductos de Petróleos Mexicanos, ellos se hacen de la vista gorda con tal de que por abajo de la mesa y encima les llevan la lana, el dinero de la corrupción.

Este es un tema de corrupción, compañeros, que tampoco se va a acabar con más leyes anticorrupción. Llevamos siete leyes anticorrupción y no sirven para nada.

¡Para un carajo sirven las leyes anticorrupción!

Y es el cáncer que está acabando con nuestro país.

Así que, por favor, vamos a legislar cosas serias y dejen de estar inventando estas cositas que no nos ayudan ni sirven para nada.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Gracias, señor Presidente.

Yo nací en Puebla, he vivido siempre en Puebla, es mi casa.

No voy sólo a hacer campaña, no voy sólo a dar declaraciones, sino que es mi casa y por eso sí exhorto a este Senado a votar a favor, porque es una de las medidas de las varias iniciativas que tenemos que aprobar.

Aquí he venido a esta tribuna a presentar, desde reforma constitucional, para que sea considerado delito grave, para que tenga prisión preventiva oficiosa, para que haya más penas, cuando se utilicen a menores de edad, los llamados “Halcones” en este tipo de delitos.

Hemos venido también a presentar iniciativas que tienen que ver con el impacto hacia la tierra y el medio ambiente debido a estas derramas.

Sí, es un tema de seguridad, es un tema de medio ambiente, de protección civil, es un tema económico, es un tema que tiene que ver con un tejido social que se ha desquebrajado en una cultura llamada “huachicolera”. Una cultura que hoy está tentando a familias, que la salud también está impactando negativamente.

Hay que verlo de manera integral, pero si estamos escatimando que porque elevar   penas no desincentivan la ejecución del delito, las penas realmente lo que tendríamos hoy, además, es que también se sancionen si son servidores públicos. Y si hay autoridades de cualquier nivel que estén coludidos, pues también estarían afectados.

El sector energético es de lo más importante en nuestro país y en estos últimos años, efectivamente, se han incrementado exponencialmente en Guanajuato, en Puebla, Querétaro, Tamaulipas, y nos estamos disputando primeros lugares, desafortunadamente, en esto del robo de combustible.

Por eso es importante aquella Reforma Energética que aquí se aprueba, que aquí nace, para generar competencia, para generar esta apertura y sustentabilidad, en donde queremos, no en automático, que los precios sean los mejores, los más adecuados a la realidad.

Este modelo en los primeros años de su implementación se ha traducido en inversiones precedentes superiores a 80 mil millones de dólares; generación de empleos de calidad y la apertura de nuevos proyectos de aguas someras, profundas y ultraprofundas y cada vez más hacia proyectos libres de contaminación, limpios.

No obstante, existen plenamente identificados estos problemas y tenemos que dar varias alternativas de solución.

Esta no es la única, efectivamente, pero no podemos tacharla por su incremento sostenido en estos estados, pero también sabemos que la pérdida diaria de Petróleos Mexicanos, al menos 54 millones de pesos por el robo de hidrocarburos, 2 mil 274 perforaciones clandestinas, lo que representa un incremento, de enero y febrero de este año, de un 38 por ciento en relación al bimestre del año anterior.

24 entidades federativas del país han dejado pérdidas superiores a los 159 mil 967 millones de pesos.

O sea, sí nos compete a todos y sí requerimos que esta iniciativa que hoy se pone como minuta, a nuestra consideración, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión y multas de 7 mil a 12 mil, según el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente y que contempla sanciones a servidores públicos.

Con esta propuesta podemos decir que hay una intención de que el Poder Judicial también tenga herramientas. Pero entendemos la complejidad y no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

Debemos, compañeras y compañeros, tomar muy en cuenta que por seguridad nacional y por seguridad de la sociedad, requerimos de seguir con una creatividad, con la unidad en torno a este tipo de problemas que están afectando a familias enteras, sociedades enteras, estados, regiones y esperemos que no sea el país entero.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Este tema que estamos tratando en este momento, de elevar las penas hacia los que roban combustibles, mejor conocidos como los “huachicoleros”, pues es un asunto en el cual, como se diría vulgarmente, que si ataco a los “huachicoleros”, equivaldría a matar al perro, sin combatir la rabia.

Es decir, son los “huachicoleros” por sí el origen del problema o desde Petróleos Mexicanos se está solapando a los “huachicoleros”. Esto es algo que se tiene que revisar de manera profunda.

Los “huachicoleros” no actúan por sí solos, actúan por mandato, y es ahí donde no se quieren meter. Es decir, vamos a sancionar a la parte final de quien opera, pero vamos a dejar sin revisar a quienes verdaderamente originan el problema.

Existen evidencias claras, videograbaciones de personas que están ordeñando los ductos, y que los empleados de Petróleos Mexicanos no hacen ni dicen absolutamente nada, es decir, se hacen los occisos, y si un empleado de bajo nivel se hace el occiso, es porque tiene la instrucción de un jefe que le está pidiendo que no diga ni haga nada.

Es una red de complicidades, que yo no dudaría ni tantito, que habría que investigar desde el Director de Petróleos Mexicanos para abajo, a ver, quiénes son los que están protegiendo a los “huachicoleros”.

Por eso no podemos votar a favor de este dictamen; incrementar las penas y las sanciones económicas no inhibe, porque el problema no va a acabarse, y no va a acabarse porque está siendo motivado, está siendo solapado desde las más altas esferas de Petróleos Mexicanos. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, y los que llegan a caer con la PGR, revisemos de todos los que han caído, cuántos están ya sentenciados.

La PGR es de las procuradurías del mundo la más ineficiente, solamente recibe querellas, recibe denuncias, pero no les da seguimiento.

Por eso pretender que solamente con el incremento de las penas, tanto corporales como económicas, se va a terminar con el problema del robo de combustibles, es una falacia, es pretender tapar el sol con un dedo, es querer engañar al pueblo de México, todos escuchamos el clamor del pueblo, la justicia se compra y se vende.

¿Cuándo vamos a acabar con este estigma?

Bueno, el día que se aplique la máxima de Cesare Beccaria, que dice: “No es el monto de la pena lo que inhibe el delito, sino la certeza del castigo”.

Compañeras, compañeros, si realmente queremos acabar con este problema, se debe hacer una investigación a fondo, caiga quien caiga. El país está cansado de la corrupción, que efectivamente es un cáncer que está lastimando a todos, y es obligación de este Senado exigir una investigación a fondo, al margen del cargo que ostenten los que se presuma que están involucrados.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

No podemos negar que la obtención, trasiego, almacenamiento, aprovechamiento y distribución de hidrocarburos de forma ilegal es un grave problema que enfrentamos como sociedad.

Tampoco podemos negar que los delitos en materia de hidrocarburos se replican a lo largo y a lo ancho del país, sin que la Procuraduría General de la República pueda actuar de manera diligente y efectiva para sancionarlos, y sin que la propia empresa, Pemex, haya podido establecer mecanismos electrónicos o tecnológicos de monitoreo y supervisión de sus redes de distribución para evitarlos, y mucho menos ha actuado para sancionar a quienes permiten hacerlo dentro de la empresa.

Sin embargo, y partiendo de la base de que reconocemos que este tipo de delitos son un problema social, no podemos simplemente apostar por una reforma legal que aumenta las penas y que aumenta las multas económicas para quienes cometen este tipo de delitos, pero que no atiende ni entiende que el robo de hidrocarburos y toda la cadena de delitos relacionados con éste y otros hechos delictivos, no se van a evitar con simplemente en el papel poner penas más altas o multas exorbitantes.

El dictamen que se somete a votación y por el cual nos debemos pronunciar en contra, tiene varios aspectos de técnica penal que me permiten decir que quienes elaboraron este dictamen debieron haberlo pasado al menos a algún abogado, a alguna abogada que les impidiera cometer errores graves que se desprenden del dictamen.

Primero, hay una confusión entre dos teorías, la del populismo penal, aparejado al derecho penal del enemigo, han sido dos corrientes doctrinales del derecho penal que han sido rebasadas a lo largo de mucho tiempo, y la dinámica actual, a nivel internacional, mediante el cual se desprende sancionar los hechos y conductas que se describen como delitos en las legislaciones penales, el aumento exorbitante de las penas privativas de la libertad, no nos va a conducir, en los hechos, a la reducción de los delitos.

Los hechos demuestran que de nada ha valido que, por ejemplo, en el delito de secuestro, que han aumentado las penas a 70 a 90 años, los hechos nos demuestran que de nada ha valido que se tengan estas penas de 70, 90 años de cárcel para los secuestradores, si el margen de impunidad de ese delito es del 97 por ciento, o sea, que aunque en el papel las penas son de 90 años, la impunidad es del 97 por ciento.

Y lo mismo ha venido ocurriendo con el delito de robo de hidrocarburos, porque ocurre en muchos municipios, en muchos lugares a la luz y con la presencia de las propias autoridades que deberían de penalizarlo, de sancionarlo.

Segundo, resulta preocupante que al momento de elaborar el presente dictamen, ninguna de las personas que participaron en su elaboración se hubiesen asesorado de una persona que supiera derecho penal en criterios de sanciones y de definición de márgenes, de punibilidad, tanto de aquellas personas que participan en forma directa en la comisión de delitos como de aquellas que lo hacen de una manera indirecta o de diversas maneras.

Es decir, al aumentar las penas contenidas en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que se contiene en este dictamen, en algunos incisos se aumenta la pena en 50 por ciento en la pena máxima, mientras que para la pena mínima se impone un aumento de 100 por ciento, en otros se aumenta 50 por ciento y en la mínima es de 25 por ciento, algunas es la máxima 25 por ciento, o peor aún, como ocurre en la fracción I del artículo 12, que impone una pena máxima, pero no establece ninguna mínima.

Es decir, se aumenta la máxima de 3 a 5 años, pero no se establece ninguna pena mínima. Aumentar estas penas como una reacción frente al aumento de este delito sin atender los principios constitucionales de proporcionalidad y legalidad, convierte al dictamen en una arenga más de populismo penal y no en una verdadera acción legislativa para inhibir este tipo de delitos.

Para concluir, me parece importante también señalar otro error de los márgenes de punibilidad en el que está incurriendo este dictamen y que de nueva cuenta vuelve poco serio el pretender aprobarlo en los términos en que nos es presentado, ya que amerita un estudio de especialistas, mucho más detallado, que corrija varios vicios que presenta.

Por ejemplo, en el párrafo segundo del artículo 15 de la ley, que reformar la pena en dos años, tanto para la mínima como para la máxima a quien, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito, objeto de la presente ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

No se puede imponer el mismo margen de punibilidad a quien actúe por omisión que a quien actúa por acción, tampoco se puede imponer el mismo margen de punibilidad a quien simplemente tenga conocimiento del hecho y omita a hacer la denuncia correspondiente sin que hubiere tenido ningún nivel de participación en la comisión del hecho delictivo.

Las sanciones en materia penal tienen que ser razonadas, proporcionales y cumplir con el principio de taxatividad o de exacta aplicación. No podemos aprobar un dictamen que sanciona igual al que comete el delito que a quien no comete el delito.

Por estas razones, nuestro voto es en contra y solicito que este dictamen se vuelva a revisar para que se corrijan los errores que contiene.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Hace uso de la tribuna la Senadora Adriana Loaiza Garzón, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Adriana Loaiza Garzón: Con su venia, señor Presidente.

Compañeros legisladores:

El día de hoy vengo a hablar a favor del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de esta Cámara de Senadores, respecto de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En primer término, el dictamen elaborado, con motivo de la minuta, propone reemplazar el concepto salario mínimo y reemplazar por la Unidad de Medida y Actualización en los tipos penales contenidos en el Título Segundo de la ley.

Esto, desde luego, en lo relativo a la sanción pecuniaria que se impone con la comisión de los delitos que este título contiene.

Al respecto, la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de enero de 2016.

A partir de esta reforma, el salario mínimo fue desplazado como base o referencia en la fijación de cantidades que sean ajenas a su propia naturaleza.

Ahora, la medida y actualización servirán para ese propósito, especialmente en la determinación de los montos a pagar por obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.

Precisamente, el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, establece que las sanciones pecuniarias previstas en este ordenamiento, deberán adecuarse a la Unidad de Medida y Actualización, equivalente que por ley se prevea en el sistema penal mexicano. De esta forma se cumple con dicho mandato y se ajustan los elementos cuantificadores de las sanciones.

Por otra parte, la minuta dictaminada fue el resultado de diversas iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados con el objetivo de aumentar la punibilidad asignada a los tipos penales previstos en esta ley.

Esto, derivado de la alta incidencia de este tipo de conductas, situaciones que han puesto en riesgo a los ciudadanos de nuestro país ante el gran peligro que implica el manejo de hidrocarburos, inclusive, debe señalarse, por encontrarse estrechamente ligadas con las actividades de la delincuencia organizada.

Por ello, a través de este instrumento normativo se protegerá un sector importante para las finanzas públicas, además de la seguridad de los ciudadanos.

En esta línea debemos entender que es necesario un tratamiento especial en materia de seguridad energética.

Desgraciadamente las medidas que se han tomado no han sido suficientes para inhibir la extracción ilícita de hidrocarburos.

Las consecuencias de este tipo de delitos impactan en distintos ámbitos y las hemos presenciado; por un lado, representan un riesgo para la integridad de las personas; por otro lado, repercuten en nuestro medio ambiente.

Las afectaciones en distintas regiones en nuestro país han sido palpables.

Las elevaciones de costos de los combustibles y el desabasto son muestra de ello, inclusive, basta mencionar que de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez, el robo de hidrocarburos en México ha ocasionado pérdidas económicas superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía, e incluso ha sido mayor que el presupuesto que recibe anualmente la Cámara de Diputados.

Aunado a lo anterior, la sustracción ilícita de hidrocarburos implica toda una red de organizaciones del crimen organizado dedicadas a la sustracción, transporte, abastecimiento y venta, por no señalar las competencias de plaza.

Por estas razones, después de un análisis profundo, se consideró, desde la Cámara de Diputados, prudente el aumento de punibilidad en los tipos penales en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, contenidos en el Título Segundo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Al respecto, debemos precisar que en materia penal, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador democrático tiene un amplio margen de apreciación para diseñar el rumbo de la política criminal, esto es, que goza de un considerable margen de acción para elegir los bienes jurídicos tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales de cada momento y lugar.

En este sentido, corresponde al Congreso de la Unión el diseño y confección de los delitos federales como un ejercicio de política criminal, legítimo.

Ahora bien, dicha potestad no es limitada, sino que se encuentra regulada y sujeta a la Ley Fundamental.

En efecto, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio de proporcionalidad de las penas, que propone la exigencia de que exista una adecuación entre la gravedad del delito y la sanción.

En este orden de ideas, en la Comisión de Justicia de este Senado de la República, se llevó a cabo un examen de proporcionalidad sobre las medidas penales a instaurar.

En este caso, debe partirse de la premisa de que los incrementos referidos van de los 2 a los 5 años de prisión. Asimismo, en la mayoría de los supuestos, el cambio en las sanciones pecuniarias asciende a dos mil unidades, tanto en sus límites mínimos como en sus límites máximos.

Como primer paso, se analizó si la medida es idónea para alcanzar la prevención del delito y la protección de las personas.

La idoneidad se traduce en el caso en un criterio negativo orientado exclusivamente a censurar las medidas que sean manifestantes inadecuadas para alcanzar los fines inmediatos y mediatos de la intervención penal.

Luego se concluyó que el aumento de las penas favorecerá la disminución en incidencia de estos delitos, premisa que como lo ha señalado la Suprema Corte, debe asumirse como suficiente para acreditar el requisito de idoneidad.

En un segundo nivel, el aumento de penas resulta necesario, lo anterior implica contrario sensu, que el sacrificio que conlleve la medida no sea manifestantemente innecesario. En este sentido, al no existir evidencia que desmienta la mayor idoneidad preventiva de este aumento de pena, debe prevalecer la constitucionalidad de la medida, es decir, no resulta manifestante y necesaria.

En una tercera valoración debe examinarse si el aumento de pena es estrictamente proporcional, lo anterior implica una ponderación entre los beneficios que pueden esperarse en la protección penal del bien jurídico y los costos derivados de la sanción penal desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados por ésta. En este caso la medida implicaría mayor prevención, asociada, precisamente, al aumento de las penas para los delitos que se estudian, en virtud de la función de prevención general que se atribuye a la norma penal.

En este mismo contexto debe tenerse en cuenta que implicarán también un beneficio en la protección eficaz de la seguridad de las personas, ya que estos delitos implican exponer a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias.

Además, desde luego y como ya se señaló, estas actividades están frecuentemente relacionadas con la delincuencia organizada. En cambio, la intervención penal no tendría una afectación mayúscula a la libertad del sentenciado, toda vez que los aumentos a las penas ya existentes no rebasan cinco años adicionales de prisión, así como tampoco representan un incremento mayúsculo a las sanciones económicas derivadas de la comisión de estas conductas.

De esta forma, a partir del amplio margen de apreciación del que goza el legislador democrático, y una vez verificado el balance entre los beneficios y los costos de la intervención penal, estas comisiones han estimado proporcional el aumento de punibilidad contenido en la minuta, particularmente ante la importancia de los bienes protegidos y en virtud de que estos delitos constituyen un problema social, cuya prevención resulta prioritaria para la sociedad.

Por lo anterior, hemos considerado que el aumento de penas en estos casos se encuentra dentro de los límites que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, especialmente por el alto índice en su comisión, sin que esto implique que éstas deban ser las únicas medidas que deban de adoptarse.

Por ello será necesario, compañeros y compañeras, trabajar juntos por México, por la prevención y por la seguridad de sus ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias, Senadora Adriana Loaiza Garzón.

En virtud de no haber más oradores registrados en lo general, informo a esta Soberanía que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.

En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de supresión del tipo penal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12, UN ARTÍCULO 487 BIS Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 487 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se ha inscrito la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

En uso de la tribuna, la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El sentido de esta iniciativa tiene que ver con hacer una actualización para dotar de certeza jurídica en los casos donde exista sucesión de tipos penales. Esto tiene que ver con la traslación del tipo penal, lo cual ocurre cuando la descripción típica de la conducta queda prohibida por la ley penal, cuando ésta sufre una modificación a consecuencia de un acto legislativo, y es necesario que el procedimiento penal o la ejecución de la pena continúen conforme al nuevo tipo penal.

Así la propuesta plantea la creación de una norma que ante la modificación del tipo penal establezca los supuestos de acuerdo a los cuales deberá efectuarse la traslación del nuevo tipo penal.

¿Qué estamos haciendo?

Es modificar tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de que en el caso del artículo 487, que tiene que ver con la anulación de la pena, lo que estamos haciendo en esta reforma es que en la segunda fracción, que tiene que ver con la anulación de la sentencia ejecutoria, procederá en los siguientes casos.

Y en el párrafo segundo, que señala cuando la ley se derogue o se modifique el tipo penal o en su caso la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado.

Y luego viene un segundo párrafo que estamos derogando.

¿Qué decimos en esta reforma, en la fracción II del artículo 487?

Es cuando una ley se abrogue o se derogue el delito penal por el que se dictó sentencia. El segundo párrafo se suprime y creamos un artículo 487 Bis para definir con mayor puntualidad, en una interpretación, también, del artículo 14 de nuestra Constitución, para que quede con mayor claridad en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la traslación del tipo con las características que yo mencioné.

Refiere, que cuando se modifique el penal, se estará a lo siguiente.

Es importante que yo lea estos cinco párrafos, y que estamos integrando a este nuevo artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 487 Bis.

Cuando se modifique el tipo penal se estará a lo siguiente:

I. Si los hechos fueran anteriores a la modificación del tipo penal, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la traslación del tipo que resulte.

II. En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se hubiere formulado la imputación, el Ministerio Público realizará ésta de conformidad con la traslación del tipo penal que resulte.

III. En los procesos en los que aún no se hubieren formulado los alegatos de clausura, se continuará el proceso de conformidad con la traslación del tipo que resulte.

IV. Sería como sigue: En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

Y V. En caso que se hubiese dictado sentencia, se procederá conforme a los artículos 488 y 489 del Código.

Cuando se hubiere modificado la sanción, se procederá a aplicar la más favorable al sentenciado.

La sola caución del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal.
Por su parte los tipos penales van a definirse, de tal manera que vayan en congruencia, estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social.

Nos parece muy importante que actualicemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, también modificando, en este caso, el artículo 12, estableciendo un segundo párrafo del artículo 12 que tiene que ver con el principio de juicio previo y debido proceso, estableciendo que: cuando el tipo penal o la pena prevista ahí mismo se derogue o se modifique, la autoridad competente procederá de oficio a garantizar la aplicación de este principio.

Son importantes estas reformas porque logramos, finalmente, tener un avance en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal manera que estamos actualizando algo que agradecemos que haya sido finalmente dictaminado por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

Es cuanto, y agradecemos su votación.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de Decreto.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señor Secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a poner a consideración de esta Asamblea el dictamen por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, para agravar la pena de los delitos que se cometan en contra de los defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus labores.

De acuerdo con información proporcionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los defensores de derechos humanos son personas o grupos de personas que se esfuerzan por promover los derechos humanos desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales.

Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualquier tipo de antecedentes profesionales.

Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en organizaciones no gubernamentales u organizaciones intergubernamentales, sino que en algunos casos también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o incluso miembros del sector privado.

No todas las actividades a favor de los derechos humanos suponen un riesgo para los defensores, y en algunos países estos generalmente están bien protegidos.

No obstante la gravedad y la escala de las represiones en contra de los defensores de derechos humanos en México, en nuestro país, han hecho que en los últimos años organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales emitan informes acerca de la situación de vulnerabilidad de estos defensores en nuestro país.

Tenemos un escenario lamentable en este sentido: ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnias, estas son sólo algunas de las violaciones que se han cometido en contra de estas personas o grupos de personas.

Además se ha limitado de manera preocupante e inadmisible, las libertades de tránsito de libre expresión, de asociación y de reunión.

En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado una serie de medidas cautelares para proteger a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que han experimentado una serie de continuas amenazas, hostigamientos y actos de violencia debido al desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

Algunas de las defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por medidas cautelares en México, incluyen a personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, de problemas de migrantes, de pueblos indígenas, de personas desplazadas internamente y, por supuesto, de organizaciones que se encuentran impulsando el esclarecimiento de desapariciones forzadas.

La investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos ocurridas en México, también forman parte del objeto y del trabajo de estas personas y grupos de personas.

Ante tal panorama es necesario adoptar medidas de carácter legislativo, así como políticas públicas tendientes a garantizar protección a los defensores de derechos humanos.

Es por ello que el dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno tiene el propósito de fijar reglas para la aplicación de sanciones, para aumentar hasta en un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de derechos humanos y que tenga, desde luego, como finalidad el obstaculizar o limitar sus labores.

Por esta razón, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del presente dictamen con el fin de fortalecer, de robustecer nuestro marco jurídico para garantizar esta gran labor de la defensa de los derechos humanos.

Para la Comisión de Justicia, finalmente, la afirmación es acertada.

Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia.

Por ello, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos fundamentales se afecta directamente al resto de la sociedad y a nuestra democracia.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Héctor Flores Ávalos.

Está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Con su venia, estimadas y estimados legisladores:

Como todos sabemos, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Su importancia es tal que sin ellos no puede concebirse el desarrollo, ni la realización plena, constituyen el reconocimiento a la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación y desigualdad de cualquier índole.

Los derechos humanos, para su efectividad real, conllevan una dualidad, implican derechos y deberes.

A nivel Estado se asumen las obligaciones de respetarlos y protegerlos, de manera tal que las autoridades deben abstenerse de impedir su disfrute o limitarlos, por el contrario, tiene la obligación de adoptar medidas que los hagan efectivos.

En el plano individual o del ciudadano, todos debemos hacer respetar nuestros derechos humanos y respetar los de los demás; sin embargo, hay quien va más allá y se suma a ayudar al prójimo a que sus derechos humanos sean respetados.

En una actitud altruista realizan actividades de defensa a derechos humanos en favor de terceros incluso coadyuvando al Estado en esta imprescindible labor.

Los defensores de los derechos humanos, que como se señala en el propio dictamen, se trata de personas que actúan individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales con la finalidad de que sea la promoción y la defensa de los derechos humanos una realidad en nuestro país, una actividad que se ha vuelto riesgosa y que por ello se requiere de acciones de carácter legislativo para que esto no siga ocurriendo.

El propio Ombudsman nacional, en el marco del informe anual del Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el 7 de diciembre de 2016, subrayó la difícil situación por la que llegan a pasar los defensores de derechos humanos y la necesidad de fortalecer las políticas públicas para la prevención y protección, incluyendo el campo de la procuración de justicia.

Las acciones de los defensores de derechos humanos llegan a afectar intereses que los vuelven más propensos a ser víctimas del delito principalmente de represalia, algunos tan graves como el homicidio o la desaparición forzada, situación muy parecida al caso que ocurre con las y los periodistas.

Por ello es oportuna la propuesta contenida en el presente dictamen para aumentar en un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de los derechos humanos, particularmente en el ejercicio de función y de actividades de defensa, con ello dar un tratamiento homologado a los delitos cometidos contra los periodistas.

Esto es congruente, además, con el criterio que dio lugar a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo mecanismo de protección está dirigido precisamente a la defensa de personas de ambas actividades.

Estimados legisladores, no sólo es fortalecer las medidas de prevención, protección y, como en este caso, de sanción en contra de las conductas delictivas cometidas contra los defensores, es reprochar también el atentado a la sociedad considerado que el hecho de impedir a una persona la defensa de los derechos humanos nos afecta a todos.

El trabajo en materia de derechos humanos será siempre un trabajo inacabado, pues los derechos humanos son considerados como el resultado de un proceso siempre inconcluso, sujeto a constante transformación y actualización.

Visto así siempre habremos de estar trabajando en pro de los derechos humanos, no debemos escatimar medidas para inhibir delitos en contra de sus defensores y brindarles la mayor protección posible.

Hace unos minutos, hace unas horas estaba aquí la discusión de un dictamen que incrementa las penas a quien cometa delitos en relación a los hidrocarburos, se decía que incrementar las penas no resuelve el problema.

Quiero, de alguna manera, diferir porque es precisamente lo que estamos planteando en este dictamen y que tiene que ver justamente con los derechos humanos, defender a los defensores de derechos humanos a través de un dispositivo legal, de una acción legislativa concreta, como precisamente la modificación del Código Penal Federal, esto en razón de que tanto periodistas como defensores de derechos humanos, que ya se han vuelto estas dos actividades de alto riesgo, pues tengamos una respuesta que pueda servir como una medida que inhiba la comisión de estos delitos.

No podemos tolerar que quien se dedica a esta noble labor, de defender los derechos humanos, sea víctima de la presión de cualquier índole y que va más allá no solamente de la integridad de las personas, sino que llega incluso, ya lo decíamos aquí, al homicidio y a la desaparición de personas.

Desde luego que esta es una respuesta, quizás no sea la mejor, pero tampoco es la única, lo que tenemos que hacer entonces es ponernos a trabajar de la mano de los defensores.

Esto es, señor Presidente con esto concluyo, la respuesta a una solicitud que precisamente los defensores de los derechos humanos, empezando por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planteó como una respuesta a lo que está pasando en el país y que no podemos tolerar.

Por eso a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional adelantamos que habremos de votar a favor de este dictamen.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Casillas Romero.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.

La Senador Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Sí, es verdad que no es un tema menor, lo que estamos haciendo es reconocer la misma calidad que tienen los periodistas con defensoras y defensores de derechos humanos, por cierto como lo establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Era necesario actualizar, tomar la previsión de reforma, de actualización en el Código Penal Federal, en su artículo 51, que refiere ciertamente agravar cuando se trata en una comisión de delito, cuando se tiene la característica de que esas personas tengan la función, la profesión de periodista y entonces era necesario también incorporar a defensoras y defensores de derechos humanos.

Ese es el sentido de esta reforma.

Nos parece conducente que se incorpore y se reconozca, porque los defensores y las defensoras de derechos humanos, por desgracia en este país, junto con periodistas, están en una situación de altísimo riesgo.

Simplemente reconocer, por ejemplo, los datos de los últimos años, a partir de 2012 y tenemos un dato que llega hasta el 2014, necesitamos actualizarlo al 2018, pero en ese lapso de tiempo 615 personas dedicadas a la defensoría de derechos humanos sufrieron ataques y de esas, 41 personas fueron asesinadas nada más en el lapso de 2012 al 2014.

Y, por supuesto, sabemos que hay una ausencia de cifras oficiales para tener una actualización y saber, por cierto, cómo tiene que ser la política adecuada para resolver este grave problema.

En México hemos constituido un mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, defensoras y defensores de derechos humanos, que están determinando medidas cautelarse cuando invocan el mecanismo; pero a eso solamente se dedica el mecanismo, no a la investigación y, por supuesto, a la respectiva aplicación de responsabilidades penales para quienes perpetran este tipo de crímenes.

Hoy en el mecanismo están 321 defensoras y defensores de derechos humanos protegidos con medidas diversas, medidas cautelares diversas, en donde también incluso que son rescatados de los lugares en donde han recibido amenazas, muchos de ellos son sobreviviente y han tenido que dejar sus domicilios, sus estados y estar resguardados en otros lugares.

No es un tema menor, 321 defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

México, no es algo agradable que venga uno aquí a argumentar la importancia de una reforma, en este caso actualizar al artículo 51 del Código Penal Federal, pues a partir de argumentos que nos debe avergonzar, es una vergüenza realmente, porque México es el segundo país en donde más agresiones sufren quienes se dedican a esta profesión.

Estamos en segundo lugar, atrás de Guatemala. Es algo verdaderamente vergonzoso.

De tal forma, que sí es totalmente conducente esta reforma que hoy estamos presentando, la apoyamos y, por supuesto, consideramos que aunque esté ya incorporada para que pueda constituirse también un agravante cuando sea una defensora o un defensor de derechos humanos, hay que insistir que, como se ha dicho y reconocido a nivel internacional, pues el Poder Legislativo mexicano es muy vanguardista, ha hecho muy buenas leyes, ha impulsado muy buenas reformas, ha concretado la armonización de diversos tratados, ha escuchado incluso a las organizaciones de la sociedad civil, pero seguimos todavía en este país carentes de las políticas que implementen esas reformas.

Aquí están los datos duros, necesitamos actualizarlos, porque si no, no vamos a saber con certeza de qué tamaño es el problema que queremos, si es que queremos realmente resolverlo.

Hoy quienes están en el mecanismo de protección, claman por justicia y es lo que no tienen, simplemente tienen medidas cautelares, pero hay que entrar al fondo del problema.

¡Justicia, ya!

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Se inserta intervención de la Senadora Marcela Guerra Castillo.

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada al concluir la discusión de los dictámenes.






Hace unos momentos se dio la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, en materia de drones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La asamblea asiente)

Quienes esté por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, este es un dictamen con una minuta respecto a diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, que recibimos obviamente de la Cámara de origen, de la Cámara de Diputados, respecto al tema de aeronaves no tripulados y a distancia, que son temas novedosos que hay que incorporar acorde al avance tecnológico en nuestra legislación.

Y me permitiré principalmente describir las modificaciones que se hacen de la minuta y que tendrán que ser, en caso de ser aprobadas, remitidas a la Cámara de origen, a la Cámara de Diputados, para su discusión y, en su caso, aprobación.

Se actualiza en la ley el término de “Aeropuerto” y se incorpora el de “Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia”.

Se sustituye “En los términos del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal”, por el de “Código Penal Federal”.

El de “Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal”, por el de “Código Civil Federal”.

Se sustituye el término de “Salario Mínimo”, por el de “Unidad de Medida y Actualización”.

Se sustituye el concepto de “Navegación Civil en el Espacio Aéreo sobre Territorio Nacional”, por el “Aeródromo Civiles”.

Se precisa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá como atribuciones en materia de Aviación Civil y Aeroportuaria, expedir y aplicar las medidas y Normas Oficiales Mexicanas en materia de Seguridad Operacional, que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento y las relativas a la certificación y operación.

Determinar que el establecimiento de fábricas de aeronaves y sus componentes requerirá de certificados de producción.

Indicar que los permisos para los servicios de Transporte Aéreo Nacional no Regular, Internacional no Regular y Privado Comercial, se otorgarán por plazo indefinido, mientras que para los Servicios Internacionales Regulares podrán concederse por un plazo indefinido siempre que existan convenios internacionales recíprocos con este fin. Si esto así fuese, los permisos se otorgarán por un plazo máximo de un año.

Acotar que las concesiones o los permisos se podrán revocar por infringir las condiciones de seguridad en materia de Seguridad Operacional.

Y se plantean sanciones más altas para los comandantes o pilotos de cualquier aeronave.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán.

Está a discusión.

Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de derecho al turismo.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

Compañeras y compañeros Senadores, me permito respetuosamente informarles que estamos realizando cinco votaciones nominales de manera continua, por lo que, respetuosamente, les solicito permanecer en el salón de plenos para permitir la adecuada realización de las votaciones.

Agradezco el favor de su atención.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto? Senadora Itzel Ríos, a favor; Senadora Marcela Torres, a favor; Senador Santana, a favor; Senadora Hilda Esthela Flores, a favor. Pregunto nuevamente si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 78 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, relativo al incremento de penas.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto. Senador Irízar, a favor; Senador Blásquez, en contra; Senador Cavazos, a favor. Pregunto nuevamente si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 68 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señor Secretario. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de supresión del tipo penal.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto. Senadora Iris Vianey Mendoza, a favor; Senadora Marcela Torres Peimbert, a favor; Senadora Rojas, a favor; Senadora Pineda Gochi, a favor; Senador Cordero; a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna Senadora o Senador.

Señor Presidente, se emitieron 79 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del primer párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 51 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 72 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señor Secretario. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. en materia de drones.

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendienten de emitir su voto. Senadora Saldaña, a favor; Senador Irízar, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 73 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señor Secretario. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de trece dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado, estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura. Están a discusión cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia médica.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ACCESO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS A TRATAMIENTOS SEGUROS DERIVADOS DE LOS AVANCES DE LA CIENCIA MÉDICA

(Dictamen a discusión)








Otro, sobre dos proyectos de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte fetal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CERTIFICADOS DE MUERTE FETAL

(Dictamen a discusión)








Que adiciona el artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 161 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adicionaba el artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de septiembre del 2015, los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortíz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con  proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de  Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La propuesta está compuesta de la siguiente manera:

Decreto por el que se adiciona el artículo161 Bisa la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se adiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 161 Bis. Se crea el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, cuyos recursos equivaldrán a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica, a que se refiere el artículo 2, fracción I, incisos G) y J), para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, así como para financiar programas de activación física en escuelas públicas para niñas, niños y adolescentes.

Dicho Fondo se constituirá como un Fideicomiso Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico integrado por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación, así como con seis expertos, quienes para ser designados como miembros deberán tener experiencia comprobada de por lo menos cinco años en el campo de la salud pública o en el diseño de políticas públicas, ya sea en el área de investigación, academia, social o pública.

No podrán formar parte aquellas personas que tengan experiencia o relación directa o indirecta con la industria de alimentos y bebidas; para dar fe de ello los integrantes de la Comisión deberán entregar, previamente a su designación, su declaración de intereses.

Los cargos en el Comité serán honorarios y los integrantes durarán en su encargo cinco años. La Secretaría de Salud dotará a los integrantes del Comité de la estructura administrativa necesaria para el desempeño de sus funciones.

Los integrantes representantes de las Secretarías de Estado deberán tener nivel mínimo de Director General o su equivalente.

Los seis representantes ciudadanos del Comité Técnico deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener nacionalidad mexicana al momento de ser propuesto;

II. Haber destacado en la investigación académica o en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la salud pública o en el diseño de políticas públicas;

III. Los nombramientos como integrantes del Consejo Técnico expresarán los merecimientos de los representantes y se acompañarán de las pruebas que estimen pertinentes;
IV. Tener reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar o determinados actos u obras valiosos o relevantes en beneficio de la salud pública.

El Comité Técnico tendrá, entre otras, las facultades siguientes:

I. La aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo;

II. La aprobación del presupuesto anual de gastos;

III. La selección y aprobación de las políticas públicas que habrán de ejecutarse con cargo al fondo.

IV. La evaluación a través de consultores externos de las políticas públicas y programas de combate y prevención del sobrepeso, obesidad y la diabetes.

 

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

A continuación, se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial.

• En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.

• En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos.

• En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso.

• Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que doblado. 

En 2014, según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos.

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal.

B. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente:

• un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y

• un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación.

C. Por su parte, el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes:

• las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012;

• la diabetes;

• los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y

• algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC.

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

D. El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla (la más accesible, disponible y asequible) sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad.

En el plano individual, las personas pueden optar por:

• limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares;

• aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos; y

• realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos).

La responsabilidad individual solo puede tener pleno efecto si las personas tienen acceso a un modo de vida sano. Por consiguiente, en el plano social, es importante ayudar a las personas a seguir las recomendaciones mencionadas, mediante la ejecución sostenida de políticas demográficas y basadas en pruebas científicas que permitan que la actividad física periódica y las opciones alimentarias más saludables estén disponibles y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las personas más pobres. Un ejemplo de una política de ese tipo es un impuesto sobre las bebidas azucaradas.

La industria alimentaria puede desempeñar un papel importante en la promoción de dietas sanas del siguiente modo:

• reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados;

• asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y sean asequibles para todos los consumidores;

• limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, sobre todo los alimentos destinados a los niños y los adolescentes; y

• asegurando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y apoyando la práctica de actividades físicas periódicas en el lugar de trabajo.

E. Es importante destacar, que los principales excesos dietéticos que suelen acompañar a las fiestas y celebraciones navideñas, así como de fin de año, consisten en comidas calóricas, grasas y difíciles de digerir, ingerir en mayor cantidad, así como un mayor consumo de alcohol y de alimentos y bebidas azucaradas, etcétera.

F. No obstante a la nobleza del Legislador, derivado del análisis jurídico correspondiente, se estima que la Iniciativa de Mérito resulta inviable, toda vez que se requerirá la asignación de recursos adicionales para la constitución y operación del Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, por lo que hace a la aportación inicial y los honorarios del fiduciario; así como por la presión presupuestaria que resultará de dejar de asignar recursos a los destinos que actualmente se atienden con la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre la producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica.

Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se generaría una duplicidad de recursos asignados a un mismo fin, debido a que actualmente el Estado ya atiende lo propuesto en la presente iniciativa.

En ese contexto, la Secretaría de Salud como parte de sus acciones, cuenta con el “Programa Escuela y Salud” el cual realiza intervenciones intersectoriales y anticipatorias en educación básica y media superior, con la finalidad de mejorar la salud e incrementar el aprovechamiento escolar, teniendo entre sus objetivos, “impulsar el conocimiento sobre bebidas saludables, alimentación correcta y prácticas de actividad física que generen hábitos y cambios en niños y jóvenes, y detener el incremento de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas”.

Aunado a esto, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de  enfermedades, órgano desconcentrado de la SSA, opera el “Programa para la Prevención contra la Obesidad”, con el fin de coadyuvar a mejorar la salud de la población en general, mediante la prevención, detección, control y tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

El artículo 28 del Reglamento Interior de la SSA, dispone que la Dirección general de Promoción de la Salud, tiene a su cargo definir las acciones de promoción de la salud, así como de prevención y control de enfermedades no transmisibles durante la línea de vida.

Por su parte, el artículo 34 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dispone que como parte de la atención médica preventiva, se realizarán actividades de educación nutricional y en ese mismo sentido la Ley del Seguro Social, contempla en su artículo 210, que las prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas mediante programas de promoción de salud, difundiendo los conocimientos necesarios a través de cursos directos, conferencias y campañas de bienestar, cultura y deporte, y el uso de medios masivos de comunicación.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que adicionaba un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Que reforma la Ley General de Salud, en materia de cartillas de vacunación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CARTILLAS DE VACUNACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de Catillas de Vacunación.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de noviembre de 2016, la Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 144 Bis, a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa tiene como objetivo:

Propone adicionar un artículo 144 Bis a la Ley sanitaria, para que Las Instituciones de salud deberán entregar de manera gratuita a la población las cartillas Nacionales de Salud e implementarán progresivamente la cartilla electrónica.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal.

B. El Programa de Vacunación Universal es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas, es una política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles, por medio de la aplicación de vacunas.

C. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018, señala que su propósito consiste en la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, con ello, alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95% por biológico y el 90% de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad.

Es de destacarse que gracias al Consejo Nacional de Vacunación, quien coordina las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, se ha dado continuidad al principal beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera).

Aunado a ello, con la creación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el 3 de julio del 2001, se establecen, implementan y supervisan las políticas públicas rectoras en materia de salud integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propician la equidad en salud entre todos los mexicanos.

Por ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en nuestro país.

D. Coincidimos en que el objetivo es un sistema de vacunación que tenga eficacia, el asegurar una sólida política de Estado es toral para lograrlo, ya que para la erradicación de enfermedades transmisibles, se necesitan acciones y estrategias, como el garantizar la inversión en vacunación.

Sabemos que la vacunación se ha traducido en la medida más efectiva para prevenir  este tipo de enfermedades debido a su alto impacto en el aumento de la esperanza de vida.

E. Por su parte la OMS colabora con los países y los asociados a fin de mejorar la cobertura vacunal mundial, en particular mediante las iniciativas adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2012. Así mismo el Plan de acción mundial sobre vacunas es una hoja de ruta destinada a prevenir millones de defunciones mediante el acceso más equitativo a las vacunas. Los países están procurando alcanzar para 2020 una cobertura vacunal de 90 %. Si bien el Plan debería acelerar el control de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación, la erradicación como la poliomielitis se ha fijado como el primer hito. Además, el plan se orienta a impulsar la investigación y el desarrollo de la próxima generación de vacunas.

F. Por ello en México ha venido logrando avances en el tema, desde 1973 que se dio inicio a la vacunación masiva mediante  el Programa Nacional de Inmunizaciones hasta tener el Programa de Vacunación Universal así como el propio Consejo Nacional de Vacunación y realizando acciones y estrategias como campañas de vacunación en todo el país resultando exitosas.

Por ende podemos decir que se ha avanzado paulatinamente que hasta hace unos años México era considerado con uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo, lo que durante muchas décadas nos posicionó como pioneros y líderes en América y el mundo por haber conseguido los más amplios niveles de inmunización en la población. Sin embargo las enfermedades han venido desarrollándose cada día más, ello reflejándose en el número de muertes por enfermedades prevenibles que se ha incrementado con los años.

En México contamos con un esquema de vacunación bastante amplio, sin embargo como observamos, no contempla todas las vacunas. Sin embargo se debe avanzar y no ver a nuestro esquema de vacunación detenido, es por ello que se debe dar garantía a nuestro artículo 4to constitucional que vela por el derecho que tienen todos los mexicanos a la salud y en este caso a la vacunación.

G. Sin embargo, después de una análisis minucioso de la propuesta es que estas comisiones dictaminadoras vierten los siguientes comentarios:

Dicha propuesta resulta innecesaria, toda vez que el marco normativo vigente ya contempla el objetivo que pretende dicho instrumento legislativo. Se observa que ya se cuanta con el Decreto por el que se establece el sistema de Cartillas Nacionales de Salud, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2002, mismo que señala en su artículo 3 que las cartillas Nacionales de Salud serán gratitas y deberán entregarse a los usuarios por conducto de los prestadores de servicios de salud en cualquiera de los establecimientos integrantes del Sistema Nacional de Salud. Aunado a lo anterior, el instrumento que se dictamina reconoce el éxito del Sistema Nacional de Vacunación y su evolución en el País.

Por lo que hace establecer por Ley la obligación para las instituciones de salud de implementar progresivaemnte la cartilla electrónica de vacunación, se hace énfasis que el Plan de Desarrollo  2013-2018, dispone que se establecerá una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación. En este tenor dentro del marco de la citada estrategia, en su apartado IV. Salud Universal y efectiva, Objetivo secundario 4, se dispone el Desarrollo de la Cartilla Electrónica de Vacunación, dirigido a todas las Instituciones del Sector Salud, por lo que representa un proceso paulatino que como lo establece la propia Iniciativa se lleva a cabo por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, como una de las metas para cumplir el objetivo de salud universal, por lo que no resulta necesaria su inclusión en la Ley General de Salud, para continuar su implementación progresiva.

Por otro lado, respecto a establecer la atribución a la secretaria de salud para determinar la Norma Oficil Mexicana respectiva a las indicaciones para el llenado de las cartillas nacionales de salud, cabe señalar que el decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud contiene en su artículo 5, los rubros básicos de la información que deberán contener dichas cartillas, aunado a que conforme al artículo 13, apartado A, fracción I de la Ley General de Salud , la Secretaria ya cuenta con la facultad para emitir las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación en todo territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general; ejemplo de los anterior es la norma oficial mexicana NOM-036-SSA2-2012, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) einmunoglobulinas en el humano, establece diversas disposiciones relativas al llenado de las cartillas nacionales de salud, como lo que es el personal capacitado encargado de la aplicación de las vacunas deberá registrar en la cartilla nacional de salud el sello de la institución o, en su caso firma y numero de la cedula profesional del responsable, el nombre edad y genero de la persona que recibe la vacuna, el domicilio de la persona, nombre y fecha de caducidad de la vacuna aplicada, fecha de su aplicación, y nombre y firma del vacunador.

Finalmente resulta oportuno señalar que la implementación de la cartilla electrónica de vacunación en todo el sistema de salud requiere de la cooperación de cuantiosos recursos y capacitación (8000 millones de pesos), por lo que la iniciativa carece de la valoración de impacto presupuestario en los términos a que se hace referencia el párrafo tercero, del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran pertinente desechar la Iniciativa en comento por los argumentos vertidos en este apartado, es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionaba un Artículo 144 Bis, de la Ley General de Salud.

COMISIÓN DE SALUD.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Que reforma el artículo 77 Bis 30 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 BIS 30 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos siete dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Que adiciona los artículos 186 y 192 del Reglamento del Senado de la República.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 186 Y 192 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

 

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del Reglamento del Senado de la República.

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones realizaron el análisis de la Iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 28 de febrero de 2017, el Senador Raúl Gracia Guzmán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del Reglamento del Senado de la República.

2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa de presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el 28 de febrero de 2017, tiene por objeto establecer en el Reglamento del Senado, la obligación de informar antes de que se remita el dictamen a Mesa Directiva, a los senadores proponentes del contenido de dicho dictamen.

Dentro de la exposición de motivos el proponente señala que para realizar el trabajo legislativo en el Congreso de la Unión se crean comisiones ordinarias, especiales y de investigación, las cuales se conforman y se integran por los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y son parte fundamental de las actividades legislativas.

Citando a Francisco Berlín Valenzuela, dice que él señala lo siguiente de las comisiones y su actividad legislativa:

Las asambleas actuales, con independencia de su estructura de Parlamento o Congreso, dividen y atribuyen el ejercicio de sus funciones en diversos órganos internos o externos, formados tanto por los propios legisladores de una cámara o de ambas, incluso, con representantes del Poder Ejecutivo y de la sociedad civil. La compleja y especializada actividad de las asambleas nacionales modernas, hoy en día requiere de una eficaz división del trabajo y de procedimientos de control eficientes para preparar documentalmente la toma de las decisiones en las grandes plenarias, labor que se desarrolla más ágilmente en las comisiones. Las palabras comisión o comité se usan en forma indistinta y su referencia se encuentra a la forma al uso parlamentario que cada país le ha dado a este cuerpo de trabajo. Por comisión, se refiere la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras quienes, por especial encargo de la misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al pleno para resolver en definitiva. [*] (Coordinador, 1998)

Continua argumentando que las comisiones reflejan la pluralidad del Congreso de la Unión en su integración, en el caso específico de las comisiones ordinarias la tarea más importante que tienen es la de elaborar los distintos dictámenes legislativos de su competencia. El dictamen legislativo se define de la siguiente manera:

En términos parlamentarios, el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución. Los dictámenes se deben emitir dentro de los plazos fijados por los reglamentos respectivos. Por lo general los legisladores que dictaminan, son los miembros de la comisión respectiva.(Coordinador, 1998)

Argumenta el proponente que las comisiones ordinarias encargadas de emitir un dictamen legislativo, tienen la obligación de investigar del asunto que deben de dictaminar y para ello; pueden solicitar información de la materia a las diferentes instancias de Gobierno y allegarse de los elementos necesarios para emitir el dictamen, en muchas ocasiones se realizan foros previo a emitir el dictamen y una serie de actividades encaminadas a conocer los argumentos de un sector o sectores de la población que se encuentran involucrados e interesados en esa materia, se busca tener la certeza suficiente de que el dictamen que se someterá a votación pueda exponer la información necesaria para tomar una decisión adecuada.

Resalta que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 39 que:

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. (Mexicanos L. O.)

Comenta que si bien es cierto, cada Cámara establece la integración de sus diferentes comisiones de acuerdo a sus necesidades y a los asuntos que van a dictaminar, también en cada reglamento se establece el mecanismo y  las reuniones que llevarán a cabo para elaborar el dictamen correspondiente.

Por lo tanto, a su juicio el proceso para dictaminar una iniciativa lo establecen los integrantes de cada comisión ordinaria, observando en todo tiempo lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y en los diferentes reglamentos de cada Cámara, en el proceso para la elaboración del dictamen él o los promoventes de la iniciativa no conocen y no están enterados del sentido en el cual se pretende dictaminar la iniciativa que presentaron, ni cómo se han llevado las discusiones de la iniciativa, a no ser de un tema de trascendencia, que por su naturaleza necesite o requiera de una gran difusión, en el caso de que pertenezcan a la comisión que va a dictaminar también se pueden enterar de cómo y de qué forma se está discutiendo y votando su iniciativa.

Argumenta que las comisiones ordinarias encargadas de dictaminar sus diferentes asuntos que le son turnados por la Mesa Directiva, por lo regular no informan a los promoventes o promovente de la iniciativa de qué y cuáles son los términos en los cuales se está tomando una decisión y por ende se pretende dictaminar su iniciativa.

Del mismo modo, comenta que por práctica recurrente el o los promoventes de la iniciativa tienen que preguntar a los integrantes de la comisión encargada de dictaminar su iniciativa del sentido y la forma en la cual se está dictaminando la iniciativa que presentaron. Es decir, no existe durante el proceso para dictaminar una obligación de las comisiones ordinarias de informar al o los promoventes de la iniciativa del sentido en el que su asunto se está dictaminando.

Considera entonces el proponente que comisiones ordinarias dentro del Congreso de la Unión son de suma importancia para el desempeño de las tareas legislativas que se realizan, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Una de las tareas más importantes de estas comisiones es el de dictaminar las iniciativas o minutas que le son turnadas por la Mesa Directiva de cada Cámara. Para esta tarea se establece en cada reglamento las diferentes etapas y procedimientos para la elaboración del dictamen legislativo. En el caso específico del Senado de la República su reglamento no contempla dentro del proceso para dictaminar el informar del sentido del dictamen que se discutirá en la reunión de la comisión previo a la discusión y votación del dictamen. Tampoco establece que se informará al promovente o promoventes del sentido del dictamen que ya fue discutido y votado por las comisiones dictaminadoras.

A efecto de sustentar su argumentación, transcribe el artículo 186 fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Senadores, mismo que establece:

Artículo 186.

2. Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse.

Agrega que en este punto el o los promoventes de la iniciativa no conocen el sentido del dictamen que se va a discutir y a votar en las comisiones a las cuales les fue turnada la iniciativa que presentaron. En algunas ocasiones los Senadores Presidentes de comisión informan del sentido que tiene el dictamen antes de llevarlo a la reunión de la comisión, esto tiene la intención de hacer del conocimiento del o los promoventes que su iniciativa tendrá un sentido positivo o negativo. Solo en estas ocasiones en donde son informados el o los promoventes pueden informar a las comisiones de sus puntos de vista sobre el sentido del dictamen. Sin embargo, esta práctica no es obligación que deban cumplir de las comisiones dictaminadoras, que en muchas ocasiones discuten y votan el sentido de las iniciativas que le fueron turnadas sin informar al o los promoventes del sentido del dictamen. Después de que las comisiones ya dictaminaron la iniciativa, la turnan a la Mesa Directiva, para inscribirla en el Orden del Día, así lo establece el artículo 192 del Reglamento:

Artículo 192

1. Una vez aprobado en comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en que se emita, se remite al Presidente para su inscripción en el Orden del Día, publicación en la Gaceta y posterior debate y votación en el Pleno.

Nota el proponente que en esta etapa, tampoco se le informa al o los promoventes del sentido que llevará el dictamen, si bien es cierto en muchas ocasiones se le da el seguimiento a las diferentes reuniones de comisiones de los asuntos que fueron discutidos y votados en sus reuniones, pero al no ser obligación de las comisiones el informar del sentido ya sea negativo o positivo del dictamen él o los promoventes conocen del asunto ya viéndolo en el Orden del Día o en la Gaceta. Como se puede observar no existe una obligación para que las comisiones ordinarias deban informar del sentido del dictamen.

A su parecer, como Senador de la República, considera de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. Es necesario establecer como una obligación de las comisiones ordinarias el informar de las dos etapas por las cuales se elabora el dictamen legislativo, antes de poner a discusión y votación el dictamen entre los integrantes de las comisiones y después de ser votado y aprobado el dictamen legislativo dentro de las comisiones antes de enviarlo a la Mesa Directiva.

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del Reglamento del Senado de la República.

“Artículo 186.

1. El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora se somete a la consideración de las otras dictaminadoras, a fin de incorporar sus observaciones y propuestas.

2. Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas por lo menos, veinticuatro horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse

3. Se informa y se remite el proyecto de dictamen al o los promoventes de la iniciativa.
Artículo 192

1. Una vez aprobado en comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en que se emita, se informa y se envía el dictamen al o los promoventes para después remitirlo al Presidente para su inscripción en el Orden del Día, publicación en la Gaceta y posterior debate y votación en el Pleno.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones

PRIMERA.- Los Senadores miembros de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, no comparten los argumentos esgrimidos por el proponente esto a la luz de que se estima que la modificación sujeta a estudio es innecesaria.

Lo anterior se sostiene toda vez que el propio artículo 142 del Reglamento del Senado de la República señala que cualquier Senador puede asistir a las reuniones de comisiones a las cuales no forma parte por lo que resulta expreso el derecho de todos y cada uno de los legisladores de poder acceder no solo al conocimiento del sentido en el que propone dictaminar una iniciativa, sino además podrá estar presente en el momento mismo de los debates que se susciten al respecto, pudiendo incluso tener voz, aunque no voto, dentro de las mismas.

Para mayor claridad, se transcribe el contenido del artículo en cita:

Artículo 142

1. Cualquier senador puede asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de comisiones de las cuales no forma parte, excepto en el caso de la Sección de Enjuiciamiento de la Comisión Jurisdiccional.

En este tenor, recalca el argumento el hecho de que salvo excepciones puntuales todas las sesiones de las comisiones de la Cámara de Senadores son públicas y por lo tanto resulta sobreabundante que se deba avisar a los demás legisladores respecto del sentido de los dictámenes a los que se arriba durante sus sesiones.

No se omite manifestar que, el procedimiento propuesto por el Senador Raúl Gracia Guzmán, pudiera derivar en dilaciones innecesarias al proceso legislativo al imponer a las comisiones una obligación más a aquellas con las que ya cuentan.

De igual manera resulta claro que la obligación de los Senadores no concluye con la presentación de sus iniciativas ante el Pleno, sino que su compromiso es y siempre deberá ser el velar de manera proactiva por que las propuestas que realice, y que estime sean beneficiosas para la sociedad a la que representa, lleguen a buen puerto.

SEGUNDO.- Del mismo modo, se estima que los razonamientos del proponente no son suficientes para justificar la reforma al Reglamento del Senado de la República, toda vez que si lo que se desea es que los Legisladores que han propuesto una iniciativa ante el Pleno conozcan el sentido del dictamen que les derivó, tal circunstancia puede ser verificada en la Gaceta del Senado, en donde son publicados de manera íntegra todos y cada uno de los dictámenes que serán discutidos en la sesión del día correspondiente.

De esto se deriva que todos los Senadores pueden conocer el sentido y el contenido a detalle de todos y cada uno de los dictámenes que serán sujetos a discusión con antelación a que los mismos sean llevados ante el Pleno, siendo que los Senadores tienen la posibilidad de hacer el uso de la voz dentro de las sesiones para manifestar su inconformidad con que el dictamen sea sometido a votación, pudiendo solicitar incluso que el mismo no forme parte del orden del día.

Por lo expuesto en los argumentos precedentes, estas Comisiones Unidas determinan lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 3 del artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del artículo 192 del Reglamento del Senado de la República.

SEGUNDO.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones del Senado de la República, el 7 de marzo de 2018.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Que reforma los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 Y 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

 

H. ASAMBLEA

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General  de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 85 inciso a) numeral 2; 86; 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 113 numeral 2; 117 numeral 1; 135  numeral 1 fracción I; artículo 150; artículo 178; artículo 182; artículo 188 numeral 1; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en la siguiente:

I. Metodología de trabajo

Las Comisiones  encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1. En el capítulo de "Antecedentes", se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se hace una breve referencia de la iniciativa y de los temas que la componen sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

3. En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 10 de noviembre de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el pleno la iniciativa con  proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 26 numeral 4 y 72 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del senado turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán tiene por objeto adicionar el numeral 4 del artículo 26 y el numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y propone establecer, para ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que no pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados o Senadores que al inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido.

El proponente expone que:

1. El tránsfuga parlamentario violenta la voluntad de los votantes. (Esteban, 2016) es decir Genera un retroceso a la democracia pues se convierte en un engaño para los votantes. A esta práctica se le puede definir también como un fraude electoral. El trásfuga parlamentario es aquel que ganando una elección postulado por un partido político y siendo ya ganador, renuncia al partido con el cual gano la elección y se suma a otro partido y por ende a otro grupo parlamentario.

El legislador que realiza ésta práctica por lo regular lo justifica como un cambio de ideas o ideologías y generalmente lo realiza para encontrar condiciones más favorables para él y otro partido político y grupo parlamentario también lo hace buscando encontrar mayores beneficios personales.

2. Para entender este fenómeno es necesario definir con claridad que se entiende por trásfuga parlamentario; una de las definiciones de tránsfuga parlamentario es la que proporciona Luis Efrén Ríos Vega, en su texto “EL TRANSFUGUISMO ELECTORAL. UN DEBATE CONSTITUCIONAL EN MÉXICO” en donde expone la siguiente definición “El tránsfuga parlamentario, por tanto, es aquel que ocupa una ubicación parlamentaria distinta a la que le correspondería según su adscripción político-electoral. La finalidad de este tipo de tránsfuga no es ir por el cargo de elección popular (porque ya lo tiene), sino por un espacio parlamentario diferente al que lo llevó a la representación política”. (Efrén, 2016)

3. Es necesario aclarar que los tránsfugas parlamentarios realizan esta práctica mirando por sus intereses, por los de otro grupo parlamentario y por ende de otro partido político ajeno al que los llevo o postulo al cargo de legislador. Esto es reflejo propio de un engaño, pues es un engaño a la población que voto no solo por el candidato en el momento de la elección sino por un partido político, quien impulso la candidatura y dio cobijo al candidato. Es decir, gano bajo las siglas de un partido político y al llegar a ser Diputado o Senador renuncia al partido político o simplemente no quiere formar parte del grupo parlamentario y con ello termina por defraudar al electorado.

4. El que un legislador decida realizar el cambio de partido político y de grupo parlamentario -tránsfuga parlamentario-tiene efectos inmediatos sobre la marcha del parlamento, ya que el grupo parlamentario y partido político que recibe al nuevo legislador recibe también un voto más y esto tendría consecuencias en la resolución de muchas de las decisiones tanto en las comisiones que el legislador pudiera ser integrante y en las votaciones que se realizarían en el pleno. Por otro lado, el grupo parlamentario y el partido político que pierde a un legislador pierde también la posición y los votos tanto en comisiones como en el Pleno. Esto va en detrimento del partido político y del grupo parlamentario, pero principalmente de la población que decida otorgar su voto a ese legislador y ser representados por él y el partido político.

5. La práctica del tránsfuga parlamentario no es nueva en muchos países se presenta y con frecuencia genera un descontento en los votantes que fueron defraudados, en América Latina y España se ha buscado reglamentar este tipo de prácticas generalmente prohibiéndolas por el engaño que genera no solo a los partidos políticos sino también a la población.

6. En México, el tránsfuga parlamentario se puede encontrar con facilidad en alguna legislatura del Congreso General ya sea en la Cámara de los Diputados o en la Cámara de los Senadores existe esta práctica que muchas veces se vuelve recurrente, en la mayoría de los casos la justificación que realiza el legislador tiene que ver con el hecho de sentir que no se ve representado por su grupo parlamentario y que busca darle mejor cause a sus iniciativas o temas que quiere impulsar y que eso lo hará en otro partido o grupo parlamentario. Sin embargo, va más encaminado a intereses personales que a los interese de la población que voto por ese candidato. No solo en el Congreso General se realiza está practica también en los Congresos Locales se puede ver a legisladores que renuncian a su partido político y a su grupo parlamentario para sumarse a otro grupo parlamentario con las consecuencias que esta decisión tiene.

7. Los grupos parlamentarios son una muestra de la forma de organización al interior del Congreso y su formación está relacionada con la filiación del legislador con el partido político que los postulo en las elecciones. Es decir, los grupos parlamentarios y sus integrantes son expresiones de organización y representación de los partidos políticos al interior del Congreso pues en ellos se establece las diferentes agendas de temas que se van a impulsar al interior de las diferentes Cámaras. El renunciar al partido político y al grupo parlamentario en palabras de Jorge Fernández Ruiz es: “lastimar la intención del voto de los electores, pues estos lo eligieron por considerarlo identificado con la declaración de principios y el programa de acción de un partido específico, especialmente tratándose de los legisladores de representación proporcional”. (Jorge, 2015)

En virtud de lo antes expuesto el Senador proponente considera que el tránsfuga parlamentario, es una práctica que va en contra de la democracia por considerarse un fraude para el votante, por lo general el legislador que decide cambiar de partido político y de grupo parlamentario lo hace con base a sus intereses personales y no considerando a los votantes y al partido político que lo postuló como candidato.

Así mimo continuó señalando el legislador que como Senador de la República, considera de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. El 11 de febrero del 2016, el Senador Gracia, presentó ante esta Honorable Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto que pretende reformar por adición los artículos 54 fracción V incluyendo un segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un cuarto párrafo, en esta iniciativa pretende que se regule a nivel constitucional la práctica del tránsfuga parlamentario y de esta forma poder armonizar las leyes que regulan esta actividad, en congruencia con la anterior iniciativa es que presenta este proyecto para ser considerado por los motivos antes expuestos y la necesidad de legislar en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por adición el numeral 4 del artículo 26 y el numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 26.

1…

2…

3…

4. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados que al inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido.

ARTICULO 72.

1…

2…

3. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Senadores que al inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido.
Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a continuación, el legislador expone el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual

Propuesta de adición

ARTICULO 26.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

3. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo parlamentario de conformidad con lo que dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes;

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su funcionamiento interno según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y

c) Nombre del diputado que haya sido designado como Coordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.

ARTICULO 26.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

3. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo parlamentario de conformidad con lo que dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes;

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su funcionamiento interno según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y

c) Nombre del diputado que haya sido designado como Coordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.

4. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados que al inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido.

 ARTICULO 72.

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de cinco senadores. Sólo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido político representado en la Cámara.

2. Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos mediante la presentación al Secretario General de Servicios Parlamentarios de los siguientes documentos:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y relación de sus integrantes;

b) Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directivas; y

c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento equivalente, que norme el funcionamiento del grupo parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría de sus integrantes.

ARTICULO 72.

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de cinco senadores. Sólo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido político representado en la Cámara.

2. Los grupos parlamentarios se tendrán por constituidos mediante la presentación al Secretario General de Servicios Parlamentarios de los siguientes documentos:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y relación de sus integrantes;

b) Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directivas; y

c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento equivalente, que norme el funcionamiento del grupo parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría de sus integrantes.

3. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Senador es que al inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Consideraciones de las Comisiones

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras consideran la importancia del derecho de afiliación en materia político-electoral.

Todos los ciudadanos tienen derecho a formar o integrar un partido político, siendo por otro lado que nadie puede ser obligado a ser miembro de una de estas asociaciones.

Los partidos políticos son los principales vehículos a través de los cuales las personas pueden participar en la gestión de los asuntos públicos, así mismo aseguran el pluralismo y el correcto funcionamiento de una democracia.

En la base de toda organización política y social está la libertad de asociación. La historia de filosofía política occidental presenta las teorías sobre la naturaleza asociativa humana como principio político fundamental que rige la sociedad moderna, entre ellas la de Aristóteles, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau quienes reconocieron en la libertad de asociación un principio fundamental de las ciudades clásicas y los Estados Modernos, siendo que para Hobbs y Rousseau la libertad de asociación constituye nuestro modelo de convivencia política actual.

Ahora bien la pertenencia a un partido político es un derecho no así un obligación. Se entiende por obligación aquello que una persona esta forzada a hacer, es decir tomando en cuenta ésta definición nadie puede ser obligado a pertenecer a una u otra asociación, ya sea de carácter político o no. En el mismo sentido si un individuo ya pertenece a cualquier asociación y es su deseo abandonarla, no está obligado a continuar en ella ya que se estaría violando su derecho a la libertad de asociación contemplado en el artículo 9 constitucional que establece que:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito….”

Es decir, como el propio artículo lo establece, se trata de un derecho que podemos definir como lo que se concede o reconoce a un sujeto de derecho contrario sensu a una obligación que es la exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad, por lo que podemos concluir nadie puede ser obligado a pertenecer o permanecer en cualquier asociación ya sea política, religiosa o civil.

Así mismo el artículo 41 de la carta magna establece en la fracción I párrafo segundo que “…Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos….”

De la lectura del propio artículo se desprende que el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse lo que se confirma con la siguiente tesis:

José Luis Amador Hurtado
vs.
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 24/2002

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el Jurisprudencia vigente D 241 ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-128/2001. Dora Soledad Jácome Miranda. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Nota: El contenido del artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, fracción VI, de la Constitución vigente; asimismo, el 5, párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales corresponde con el artículo 5, párrafos 1 y 4 del ordenamiento vigente. 242 Compilación 1997-2010 La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 19 y 20

SEGUNDA.- Ahora bien con fecha 11 de febrero del 2016 el Senador proponente presentó ante esta Honorable Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto que pretende reformar por adición los artículos 54 fracción V incluyendo un segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un cuarto párrafo, en esta iniciativa pretende que se regule a nivel constitucional la práctica del tránsfuga parlamentario y de esta forma poder armonizar las leyes que regulan esta actividad.

El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".

Aportamos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a determinar que la Constitución federal se ubica jerárquicamente en un nivel superior respecto de las leyes del Congreso de la Unión. Por otro lado, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo. Asimismo, si bien el artículo 133 contiene de manera expresa el principio de supremacía constitucional, existen otros preceptos en la Constitución mexicana, que de manera implícita nos llevan a ubicarla como la lex fundamentalis de la Nación Mexicana; entre ellos, los artículos 41, 128 y 135.

En razón de lo anterior y toda vez que la Ley Orgánica se sustenta en la Constitución, ésta no puede ir más allá de lo que establece la Carta Magna.

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 6 de diciembre de 2017.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Que reforma el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 146 del Reglamento del Senado.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado.

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones realizaron el análisis de la iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 2 de febrero de 2017, el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 146 del Reglamento del Senado a fin de que los Presidentes o Secretarios de las Comisiones sean los responsables de notificar la falta injustificada de los legisladores a la Secretaría General de Servicios Administrativos.

Asimismo, en caso de no justificarse, el Presidente o en su caso el Secretario, deberá notificar a la Secretaría General de Servicios Administrativos para los efectos a que haya lugar.

Señala que una de las funciones del Poder Legislativo, es la aprobación de leyes y decretos que regulen las acciones colectivas. Debido a la cantidad, a los diferentes y complejos temas de las iniciativas que se presentan, sería prácticamente imposible que se pudieran resolver directamente en el pleno, es por eso que se requiere organizar el trabajo legislativo en comisiones.

Señala que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones de los asuntos que le son turnados para su análisis y estudio correspondiente.

Por comisión se conoce a la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a la cámara, quienes por especial encargo de la misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos de su competencia, para preparar los documentos que servirán de base al Pleno para resolver en definitiva al respecto.

Dentro de las ventajas del sistema de comisiones, a diferencia de lo que ocurre en las sesiones en el pleno, radican en la división del trabajo, ya que allana el camino del estudio, deliberación y consensos con respecto a un proyecto o iniciativa de ley. Una segunda ventaja es la especialización.

Como tercera ventaja se menciona que el trabajo en comisiones tiende a ser menos público y suele girarse a aspectos más técnicos y particulares de las iniciativas, además del tamaño más reducido de las comisiones incentivan la negociación partidista.

Como cuarta ventaja señala que el sistema de comisiones fomenta la participación más activa de los miembros de la legislatura.

Argumenta que a pesar de lo anterior mencionado las ventajas del trabajo en comisiones, es necesario que tanto su organización y las reglas de las mismas estén enfocadas al logro de objetos. Debido a que no solo con la división del trabajo se puede garantizar mayor efectividad, profesionalización y participación.

Por lo cual el proponente indica que el objeto de esta iniciativa es proponer modificaciones a los ordenamientos legales que rigen la vida interna del Senado para que también la ausencia de un legislador en comisiones les sea descontada de su dieta, buscando con esta medida respaldar y fortalecer la labor que se realiza en las comisiones de la Cámara alta.

La normatividad aplicable al funcionamiento de las comisiones inicia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se integra por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento del Senado de la República.

Comenta que, actualmente el artículo 64 de la constitución establece la obligación de descontar de la dieta la inasistencia de los legisladores.

Art. 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día que falten.

En lo que respecta a las comisiones, tal medida del descuento no se considera en relación a las asistencias.

Puntualiza que, si bien el Reglamento del Senado en diversos artículos se describe y se puntualiza la asistencia tanto al pleno como a las reuniones de comisiones, no hay una sanción.

Habla de los mecanismos para registrar la asistencia o en su defecto justificar la inasistencia, en la mayoría de los artículos del reglamento sólo hacen referencia a las sesiones del pleno, sin que exista relación con las ausencias en comisiones, salvo el Artículo 146 del miso reglamento en su numeral 4, se señala que cuando un Senador deja de asistir sin causa justificada a tres reuniones consecutivas de comisión, su Presidente lo informa a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar, no se menciona una sanción para una ausencia sin justificar, es por eso que propone que sea notificado a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios para que aplique al descuento que corresponda.

Por ultimo señala que si bien la inasistencia de los Senadores a los trabajos en comisiones no son la única causa para el rezago legislativo, su es el factor importante en algunos casos, cuando por ejemplo si no se coincide con el sentido del proyecto de dictamen que ha presentado la comisión, es una práctica muy común que los integrantes de algún grupo parlamentario no se presenten a la reunión con el fin de que no se logre el quórum requerido y con esto no se lleve a cabo o bien no sea válida. Indica que de acuerdo con la numeralía que realiza Servicios Parlamentarios del Senado, la diferencia entre iniciativas propuestas contra iniciativas aprobadas, representa un rezago importante.

Iniciativas LXII Legislatura

Presentadas

Pendientes

Aprobadas

1913

1148

298

Iniciativas Pendientes en el Senado

Iniciativa LX Legislatura

55

Iniciativa LXI Legislatura

128

Iniciativa LXII Legislatura

1148

Total de Iniciativas

1331

Iniciativas LXIII Legislaturas Primer año de Ejercicio

Presentadas

Pendientes

Aprobadas

583

422

161

Comenta que aún cuando los legisladores están obligados a acudior puntualmente a sus reuniones y solo podrán faltar a ellas por causa justificada, en la práctica, como señala no ocurre.

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DEL SENADO

Artículo Primero. Se reforma el numeral 1 del Artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105.

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar a ellas por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el Presidente de la comisión correspondiente. Los Presidentes o Secretarios de las Comisiones serán los responsables de notificar la falta injustificada a la Secretaría General de Servicios Administrativos para los efectos a que haya lugar.

Articulo Segundo. Se reforma el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 146

1 y 2

3. La inasistencia según, la causa que la motiva, se justifica por escrito ante el Presidente de la Junta Directiva en forma previa o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión convocada, con la presentación, en su caso, del instrumento probatorio que corresponda. En caso de no justificarse, el Presidente o en su caso el Secretario, deberá notificar a la Secretaría General de Servicios Administrativos para los efectos a que haya lugar.

4.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones

PRIMERA.- Estas dictaminadoras estan conscientes de la importancia que tiene la asistencia de los legisladores a las reuniones a las que son convocados, como lo es a Sesiones en el Pleno y Reuniones Ordinarias de Comisiones de las cuales forman parte, ya que dentro de estas reuniones prioritariamente se analizan y deliberan diversos asuntos que son de su competencia.

Como bien lo menciona el proponente, si los legisladores no asisten a dichas reuniones trae como consecuencia que exista una paralisis legislativa, ya que la insastencia a estas reuniones conlleva a que no exista quórum y no se pueda someter a votación dichos asuntos, muchos de los cuales son trascendentales para la ciudadanía.

Ahora bien, estas dictaminadoras concuerdan en implementar una manera de sancionar a los legisladores por no asistir a las reuniones ordinarias celebradas por las Comisiones a las cuales pertenecen, ya que dentro del Reglamento del Senado no existe consecuencia alguna en caso de que se presente dicho supuesto.

En dicho Reglamento sólo se prevé el supuesto que se encuentra dentro del artículo 64 constitucional, que señala lo siguiente:

Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

Dicho artículo, solo señala que serán sancionados los legisladores cuando estos no acudan a sesión del Pleno sin causa justificada, sin que se prevea alguna sanción en caso de que no acudan a reuniones de comisiones de las cuales formen parte, es decir es un mandato constitucional.

Como se mencionó líneas arriba el Reglamento del Senado prevé el procedimiento que se ha de llevar a cabo en caso de que se presente el supuesto antes mencionado, ya que es un mandato constitucional y siendo un mandato constitucional, estas dictaminadoras consideran que, para que se pueda sancionar a los legisladores por la insistencia a reuniones de comisiones se deberá en primera instancia presentar una iniciativa de reforma al artículo 64 constitucional.

SEGUNDA.- En relación a lo anterior, es importante recordar que conforme al principio de supremacía constitucional todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe:

Época: Novena Época
Registro: 180240
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Octubre de 2004
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 80/2004
Página: 264

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Es importante destacar que la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad.

Dicho lo anterior, nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la Constitución.

Conforme a todo lo anterior expuesto y conforme al artículo 64 de nuestra Carta Magna, que ordena sancionar a los legisladores que sin cuasa justificada no asistan a sesiones, es que estás Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta de reforma es improcedente, ya que conforme al principio de supremacía constitucional las leyes secundarias deberán adecuarse a lo dispuesto a nuestra Carta Magna o en su caso prevalecerá lo dispuesto por ésta. Por lo cual, y para realizar las modificaciones propuestas y las mismas sean prudentes es que se deberá en primera instancia solicitar al Congreso de la Unión se reforme el actual artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anterior expuesto, estas comisiones dictaminadoras haciendo valer el principio de supremacía constitucional la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá, sujetarse en la forma y en el fondo a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado

SEGUNDO.- Archívese los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 7 de marzo de 2018.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los Senadores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN LO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMES DE VIAJES Y VISITAS DE LAS Y LOS SENADORES

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los Senadores.

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones realizaron el análisis de la iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 13 de diciembre de 2016, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa citada se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su conocimiento y la elaboración de su respectivo dictamen.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 10, 283, 284 y 296 para establecer como una de las obligaciones de los senadores el remitir a la Mesa Directiva informe de los viajes y visitas que realicen en ejercicio de sus funciones como senadores de la República, en el mismo se incluirá el monto erogado, así como la agenda de reuniones realizadas y los beneficios obtenidos. Determina que en el presupuesto del Senado correspondiente a la agenda internacional estará integrado bajo el criterio de austeridad para los encuentros periódicos o programados.

Asimismo, se propone que se elaborará al inicio de cada Legislatura los lineamientos para los viajes y visitas parlamentarios, los cuales se establecerán bajo los principios de austeridad, eficiencia y ahorro en el gasto.

Por otra parte comenta que, los informes de los viajes y visitas estarán a disposición del público que incluirá el reporte de gastos, agenda de reuniones y beneficios obtenidos. Lo anterior, estará sujeto a la legislación aplicable en materia de transparencia y de protección de datos personales.

Señala el proponente dentro de la exposición de motivos de la iniciativa que la conducción directa de los aspectos que componen la política exterior en México, ha sido primordialmente una actividad de los Poderes Ejecutivos de las Naciones, sin embargo la dinámica mundial ha permitido que poco a poco se incorporen nuevos protagonistas, en ese sentido y en el caso de México, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, al Senado de la República se le dota de un papel importante, como contrapeso del Ejecutivo y como coadyuvante en el establecimiento de tratados, acuerdos y compromisos internacionales, es decir, como un equilibrio que complementa una labor que hasta antes de la lucha revolucionaria competía prácticamente a los designios del Ejecutivo. A diferencia de la Cámara de Diputados y los congresos locales, el Senado es el órgano de control y contrapeso del Poder Ejecutivo de la Unión en lo referente a la política exterior por mandato constitucional, y derivado de la globalización y con ello de la necesidad de llevar a cabo intercambios de visión, objetivos comunes y una mayor labor de vinculación ha tenido que asumir un papel más activo en la materia.

De acuerdo con el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Senado se le atribuyen las siguientes facultades que tienen que ver con temas internacionales:

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga... del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones...;

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Argumenta que a pesar de que el texto de la Constitución es muy claro en el sentido de dotar al Senado de las facultades de contrapeso y análisis de la política exterior y que con ello debería ser más que suficiente el justificar la necesidad de realizar viajes y visitas, aún existen voces críticas que mediante el prefabricado argumento del gasto.

Asimismo señalan el proponente que se justifica el viaje al extranjero porque la Constitución les otorga la facultad de análisis y control de la política exterior, aunado a las exigencias del mundo globalizado, en donde se requiere que no solo los jefes de Estado participen en los procesos de intercambio, acuerdos y comunicación de los países, sino que los diferentes poderes que los representan actúen como contrapeso en la toma de decisiones.

Asimismo, el Senado de la República al tener las facultades exclusivas en materia de política exterior, tiene entre sus responsabilidades actividades de diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales, así lo establece el artículo 280 de su Reglamento:

Artículo 280

1. La diplomacia parlamentaría es la actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo o como parte del Congreso de la Unión, .en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, y con las organizaciones internacionales que los agrupan.

2. De manera unícameral o como parte del Congreso del Unión, el Senado y sus órganos participan en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o autoridades de otros países y de representantes de organismos internacionales. También constituyen relaciones internacionales del Senado /as visitas oficiales de sus integrantes al extranjero, como parte de delegaciones o representaciones integradas al efecto.

3. La diplomacia parlamentaría y las relaciones internacionales que realiza el Senado se apegan a los principios normativos de la política exterior mexicana.

Según el proponente cree que es importante que la ciudadanía sepa para qué sirve la diplomacia parlamentaria y cuáles son los beneficios de esta actividad para nuestro país, pues habrá quienes consideren de manera errónea que los viajes al extranjero que realizan particularmente los Senadores, son un lujo o se llevan a cabo por el simple placer de vacacionar con dinero público, ejerciendo una actividad a la que se le denomina "turismo parlamentario".

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que "El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos" son sujetos obligados en materia de transparencia, y por ello es fundamental que se cierren los nichos de opacidad al interior del Senado de la República.

Por lo anterior, dicho el proponente señala que en congruencia con el clamor social y con la necesidad de transparentar los recursos con los que se ejerce la llamada "Diplomacia Parlamentaria" y las y los Senadores presentemos obligatoriamente un informe detallado del ejercicio de los recursos, el beneficio social obtenido y una agenda de encuentros ante la Mesa Directiva, los cuales serán para conocimiento público.

Comenta que no se debe estar ajenos a la crisis política y social en que vivimos, que es la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones, lo que hace difícil que la población confié en ellas y en los servidores públicos, en esta situación el Congreso de la Unión no es la excepción, pues la imagen de los legisladores y partidos ha sido desgastada ante los ciudadanos por diversos escándalos relacionados al manejo del dinero público. Es deber de las legisladoras y legisladores, contribuir a garantizar el funcionamiento de un Estado democrático de derecho, en el que existan mecanismos institucionales para la rendición de cuentas, consistente en la obligación de que quienes ejercen el poder público, se responsabilicen de su gestión, se sometan a evaluación de su desempeño y den a conocer los resultados de esa valoración, que permita el escrutinio del desempeño público, así como su eventual sanción y en su caso remoción. Siendo congruentes con los contenidos que impulsó y aprobó este Senado de la República, · al dotar al Sistema Jurídico Mexicano de un esquema de transparencia y rendición de cuentas, el promovente coincide con los propósitos de transparencia que animan esta Iniciativa, de incorporar mecanismos de rendición de cuentas· y su difusión, respecto de los viajes y visitas parlamentarios.

En la redacción de la iniciativa en estudio, el proponente tomó en cuenta para su elaboración que la misma armoniza con el marco orgánico legislativo vigente, considerando que con esta propuesta se garantiza la posibilidad de elevar los niveles de transparencia de esta Cámara de Senadores a los estándares establecidos por la legislación especializada en la materia al permitirle conocer a nuestros representados el contenido de los informes de viajes y visitas disponible para todos en su versión pública, lo que contribuye a avanzar en la apertura de espacios de vinculación con los sectores de la sociedad y abona a una cultura legislativa de transparencia y rendición de cuentas, así, seguimos armonizando nuestras normas organizacionales internas a fin de ser esa tan necesaria caja de cristal para todos los ciudadanos.

En este sentido, el proponente de la presente iniciativa considera fundamental que se establezca en el Reglamento del Senado de la República la obligación expresa en el Artículo 10 de presentar informes acerca de los viajes y visitas que realicen en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se establece en los Artículos 283 y 284 la facultad a la Mesa Directiva de recibir dichos informes a fin de dar cuenta de ellos en el Pleno e instruir su publicación en la Gaceta Parlamentaria, aunado a lo anterior, siendo el Congreso de la Unión un sujeto obligado en materia de Transparencia y por tratarse de aspectos que competen a todas y a todos los mexicanos, se establece la obligación en el Artículo 296 del mismo ordenamiento, de poner a disposición de los ciudadanos, una versión pública del informe en términos de lo que establecen los mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Finalmente, precisa mencionar que el motivo de un viaje o visita es la búsqueda de mejoras para las y los representados y que a través de la experiencia que permite el intercambio de visiones en sitios geográficos diferentes pero con problemáticas comunes, las y los legisladores cuenten con la información y elementos valorativos suficientes para poder implementar en la legislación nacional, los casos de éxito que den cauce y solución a los diversos problemas que aquejan a la sociedad; a pesar de que es claro que el beneficio no necesariamente es tangible o se materializa en una obra pública, servicio o apoyo económico, el intercambio y enriquecimiento de las visiones que genera un viaje o una visita parlamentaria es incuantificable pues la posibilidad de implementar acciones que solucionen o mejoren el andamiaje legal es invaluable.

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se ADICIONA una fracción XI y se recorre la actual para pasar a ser la XII del Artículo 10, se REFORMAN las fracciones VI y VIII del Artículo 283, la fracción 111 del Artículo 284 y se ADICIONA una fracción IX recorriéndose la actual del mismo artículo, así como un numeral 5 al Artículo 296 todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 10

1. Son obligaciones de los senadores:

I a X ....

XI.  Remitir a la Mesa Directiva el Informe correspondiente, respecto de los viajes y visitas que realicen en el ejercicio de sus atribuciones, en el que de manera· obligatoria deberán contener el monto erogado por el mismo, la agenda de encuentros y reuniones y el beneficio social conseguido; y

XII. Las demás que establecen la Constitución y las leyes.

Artículo 283

1. Son atribuciones de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones internacionales:

I a V. ...

VI. Recibir los informes de las y los Senadores así como de las representaciones y delegaciones que participen en eventos internacionales;

VIl. ...

VIII. Integrar al proyecto de presupuesto del Senado las partidas correspondientes para cumplir la Agenda Internacional considerando, para efectos de ahorro y bajo un criterio de austeridad, aquellas actividades y encuentros que se realizan de manera periódica y programada;

IX. Elaborar, al principio de cada legislatura, los lineamientos para los viajes y visitas parlamentarios a los que se sujetarán las y los senadores y cuyo contenido deberá establecerse bajo los principios de austeridad, eficiencia y ahorro en el gasto; y

X. Resolver los casos no previstos en este Reglamento.

Artículo 284

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales:

I a II. ...

III. Dar cuenta al Pleno de los informes remitidos por las y los Senadores, así como de las representaciones y delegaciones del Senado en eventos de carácter internacional y ordenar su publicación en la Gaceta; y

IV. …

Artículo 296

1. a 4 ....

5. En caso de los Informes de los viajes y visitas de las y los Senadores ya sea en lo individual o en su carácter de integrantes de una representación o delegación, se pondrá a disposición del público una versión cuyo contenido no sea confidencial o reservado y en el que se incluirá un reporte de los gastos devengados, la agenda de encuentros y reuniones y el beneficio social conseguido.

6. Los informes enunciados en el numeral anterior deberán sujetarse, en términos de su publicidad, a lo dispuesto por la legislación aplicable en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras son sensibles a la importancia que tiene hoy en día la implementación del principio de transparencia dentro de un estado democrático, ya que el mismo se funda, entre otras cosas, en la rendición de cuentas y/o informes de actividades, entendido éste como un mecanismo jurídico por el cual las autoridades asumen, ante sus electores y ante la sociedad en general, la responsabilidad por los actos y decisiones que realizan y adoptan en el ejercicio de sus competencias, posibilitando consecuentemente el escrutinio público y el control vertical, facilitando y motivando consecuentemente la participación política.

Por lo anterior, es de vital importancia ponderar la iniciativa en estudio a la luz de lo prescrito en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente ordena en su párrafo primero, parte final, que el Estado deberá garantizar el derecho a la información.

Es importante destacar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública reglamenta; la obligación, que tiene el Poder Legislativo como sujeto obligado, de poner a disposición del público y tener la información actualizada, relacionada con gastos de representación y viáticos, así como el informe de dicha comisión; lo anterior a fin de atender dicho mandato constitucional. Dicho artículo señala lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetosobligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medioselectrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. a X. …

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

X. a XLVIII. …

Dicho lo anterior, y conforme a lo argumentado por el proponente respecto de incorporar en nuestra legislación interna la obligatoriedad de implementar los mecanismos de transparencia del monto erogado relacionado con la agenda de encuentros y reuniones y el beneficio social; es decir, la agenda internacional que el Senado destina a las comisiones encargadas de ello; actualmente se encuentra prevista, como ya se mencionó líneas arriba, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho lo anterior, se puede considerar que dicha obligación ya se encuentra superada.

SEGUNDA.- Retomando la suma importancia que tiene hoy en día la implementación de dicho principio de “transparencia”, mismo que ya ha sido implementado por la Cámara de Senadores, mediante la reforma constitucional aprobada por el constituyente permanente en el año del 2013, respecto al acceso a la información pública y el cual, adquirió el rango de derecho humano, y a fin de armonizar la legislación que rige a la Cámara de Senadores, aprobó el pasado 11 de diciembre de 2014, la adición de la fracción VIII, al artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, a fin de atender dicho mandato constitucional. Dicho artículo señala lo siguiente:

Artículo 10

1. Son obligaciones de los senadores:

I. a VII.

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que establecen las normas aplicables o que deben rendir con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas;

IX. a XI. …”

Dicho lo anterior, y conforme a lo argumentado por el proponente respecto de que es necesario precisar la obligación expresa en el Artículo 10 de presentar informes acerca de los viajes y visitas que realicen los Senadores, lo cierto es que los senadores conforme al reglamento se encuentran obligados a rendir un informe de sus actividades, con el fin de que sus electores se encuentren debidamente informados respecto de su actividad legislativa, en las cuales se contemplan las comisiones relacionadas en materia de política exterior, faculta exclusiva del Senado. Por lo cual, la propuesta de implementar la obligatoriedad de rendir un informe de las comisiones que los legisladores llevaron a cabo fuera del país ha sido superada.

No obstante a lo anterior, el Congreso de la Unión actualmente cuenta con las herramientas necesarias, para difundir la actividad relacionada con las comisiones relacionadas con la diplomacia parlamentaria, como lo es la Gaceta del Senado y su página de internet, en la cual la ciudadanía podrá consultar todos aquellos informes que rindan nuestros legisladores.

Por último y conforme al Acuerdo de Austeridad y Disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 20171, acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Senado anunciaron entre otras acciones la reducción de al menos, en un 10% el gasto del Senado de la República respecto del ejercicio 2017 en viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación y de telefonía, el consumo de combustibles, de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, así como los gastos de comunicación social, de impresión digital y de fotocopiado, entre otros rubros; se puede dilucidar que se ha atendido la propuesta del Senador proponente de austeridad para todas las comisiones relacionadas con la diplomacia parlamentaria, es decir, comisiones que llevan a cabo los Senadores en el extranjero.

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos determinan el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores.

SEGUNDO.- Archívese los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 7 de marzo de 2018.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473203&fecha=28/02/2017





Que reforma los artículos 2, 4, 6, 14, 16, 17, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6, 14, 16, 17, 58 Y 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, párrafo 2; 4, Párrafos 1 y 2; 6, párrafo 1; 14, párrafos 1 inciso b), 2 y 4; 16, párrafo 2; 17; párrafo 6; 58 párrafo 1 apartado b; y 59, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Los Senadores integrantes de estas comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las comisiones realizaron el análisis de la Iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción del documento sometido ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 17 de Mayo de 2017 el Senador Fernando Torres Graciano, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, párrafo 2; 4, Párrafos 1 y 2; 6, párrafo 1; 14, párrafos 1 inciso b), 2 y 4; 16, párrafo 2; 17; párrafo 6; 58 párrafo 1 apartado b; y 59, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha iniciativa se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iiniciativa tiene por objeto de modificar las fechas de inicio y conclusión de los periodos legislativos, el primero iniciará el 1 de agosto, concluyendo el 15 de diciembre, con excepción de lo establecido en la Constitución; y el segundo iniciará el 1 de febrero para concluir el 15 de junio del mismo año.

La iniciativa en su exposición de motivos expresa que los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan las fechas de inicio y de término de los dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso General, de la siguiente manera:

PRIMER PERIODO. Del 1 de septiembre hasta el hasta el 15 de diciembre del mismo año.

SEGUNDO PERIODO. Del 1 de febrero al 30 de abril del mismo año.

Siendo preciso referir, que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero del 2014, se modificó el artículo 65 de la Norma Máxima para establecer la fecha de excepción cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la misma norma, supuesto en el cual el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso iniciará el 1 de agosto.

Asimismo, señala que conforme a la reforma al primer párrafo del artículo 66 de la Carta Magna, publicado el 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que el primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

El Senador proponente manifiesta que conforme a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en ambos Períodos Ordinarios de Sesiones el Congreso de la Unión se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la Constitución. Asimismo, en cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Del mismo modo, lo dispuesto por los referidos artículos 65 y 66 de la Carta Magna, en relación a los periodos de sesiones, se encuentra contenido también en los numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, la principal función de los legisladores es trabajar por y a favor de los ciudadanos, creando normas para el desarrollo económico, político y social del país. Sin embargo, la duración de los respectivos periodos de sesiones que actualmente contempla la Constitución Federal, resulta insuficiente para el análisis de la gran cantidad de asuntos que les son turnados a las Cámaras del Congreso General.

Lo anterior, señala que tan solo durante esta LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores se presentaron un total de 1,181 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 907, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron un total de 3,673 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 2,323. Ello significa que en la primera de las Cámaras el porcentaje de los asuntos dictaminados representa menos del 24% contra un 76% de los pendientes por dictaminar, mientras que en la segunda los asuntos dictaminados representan un poco más del 36% contra un 63% de los asuntos pendientes.

De ese modo, es preciso señalar que la mayoría de los asuntos que no son dictaminados en una Legislatura, tampoco los son en las posteriores.

Por ejemplo, del 15 de mayo al 17 de junio de 2015, la Cámara de Diputados declaró precluidas 1,113 iniciativas de ley o decreto, así como 253 puntos de acuerdo, asuntos que no fueron dictaminados dentro del plazo reglamentario.

Por su parte, el Pleno del Senado de la República en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016, aprobó “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen”, por el cual dio por concluidas en su trámite procesal un total de 232 Iniciativas de CC. Senadores, que hasta el 30 de abril de 2016 se encontraban en comisiones sin recibir dictamen; cada año legislativo se repite el mismo proceso para dar por concluidas iniciativas que no han recibido dictamen dentro de las comisiones a las que fueron turnadas para su análisis y discusión.

Aunado a ello, es una realidad que los legisladores no pueden presentar una gran cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo debido a que el tiempo de duración de las sesiones es insuficiente para abordar todo el orden del día. El uso de la voz en el Pleno para dar a conocer las propuestas que presentan los CC. Legisladores, es un medio idóneo para que la ciudadanía conozca el trabajo de sus representantes en el Congreso de la Unión, sobre todo ahora que el Canal del Congreso transmite en señal abierta a todo el público.

Bajo esa misma tesitura, es preciso referir que el Congreso General del Estado mexicano cuenta con los periodos de sesiones más cortos, durando en conjunto 6 meses y 13 días. En países de Europa como Francia e Italia los parlamentos sesionan alrededor de 9 meses al año, mientras que en España sus periodos de sesiones son 8 meses.

En países de Latinoamérica como Colombia los parlamentos sesionan 7 meses y 28 días, en Argentina y Brasil sesionan 9 meses al año, mientras que en Chile los periodos ordinarios de sesiones duran todo el año (11 de marzo de cada año hasta el 10 de marzo del año siguiente).

Ante lo expuesto, puede observarse que cada día son turnados al Congreso de la Unión un número importante de asuntos y la mayoría de ellos dejan de ser tomados en consideración, debido al corto tiempo de sesiones contemplado en nuestra legislación.

En ese sentido, comenta que es necesario un Congreso más eficaz y productivo, que permita no solamente combatir el rezago legislativo, sino cumplir con las exigencias que la población le demanda, a través de leyes y reformas estructurales que garanticen un mejor desarrollo de nuestro país.

En esta época contemporánea, en la que los avances científicos y tecnológicos, el uso de medios masivos de comunicación, el intercambio comercial y cultural entre los países del mundo, han propiciado cambios acelerados dentro de la sociedad, la economía, la política y la cultura, lo anterior a la par de mantenerse en México grandes rezagos sociales, una reprobable desigualdad y falta de equidad social, una creciente inseguridad, rezago en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros, los cuales son aspectos que exigen un trabajo legislativo más comprometido en su trabajo de dotar leyes y normas para formar gobiernos cada vez más eficientes y socialmente responsables, en beneficio y bienestar de la población mexicana.

Con la finalidad de abatir el rezago legislativo señalado el Congreso General y poder atender las necesidades que nuestro país demanda, se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 2o.

1. …

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.

ARTICULO 2o.

1. …

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de agosto al 31 de julio siguiente.

RTICULO 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de abril del mismo año.

3. y 4. …

ARTICULO 4o.

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del quince de junio del mismo año.

3. y 4. …

IV. Consideraciones

PRIMERA.- Estas comisiones dictaminadoras están conscientes de que existe un gran rezago legislativo y que actualmente en el Senado de la República se encuentran pendientes por dictaminar 1,761 iniciativas y en la Cámara de Diputados 1,046, por lo que es de gran importancia lo que señala en Senador proponente cuando indica que es indispensable abatir el rezago legislativo del Congreso General y poder atender las necesidades que nuestro país demanda.

La relación entre el rezago legislativo y las preocupaciones de los mexicanos es muy cercana ya que una parte importante de los pendientes más urgentes de las dos cámaras son referentes al tema económico y al de seguridad, siendo éstos los temas que más relevancia tienen entre los mexicanos; es por eso que es indispensable la pronta actuación de los legisladores.

SEGUNDA.- Sin embargo es fundamental recordar que conforme al principio de supremacía constitucional todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe:

Época: Novena Época
Registro: 180240
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Octubre de 2004
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 80/2004
Página: 264

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Dicho lo anterior, y conforme a la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad.

Nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la Constitución.

TERCERA.- La expresión “supremacía constitucional” evoca la noción de que la Constitución es el parámetro único de legitimación y validez en todo sistema jurídico. Las actuaciones que no se adecuen, o bien, contraríen lo dispuesto por la norma constitucional, se entenderán como inválidas o nulas.

Aún más, la descripción que efectúa el Diccionario Jurídico de Derecho Constitucional sobre Supremacia Constitucional es la siguiente: De supremo, del latín supremus, superlativo de superus, situado arriba o por encima. Principio que reconoce a la constitución como un complejo normativo de jerarquía superior en relación con todo el orden normativo positivo, federal y local, vigente en el país. Por virtud de él, las leyes y los decretos deben estar de acuerdo con lo mandado por la constitución so pena de nulidad para el caso de no estarlo.

En razón de lo anterior y toda vez que la Ley Orgánica se sustenta en la Constitución, la primera no puede ir más allá de lo que establece la Carta Magna, es decir los artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no pueden reformarse en tal sentido que su contenido vaya más allá de los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que en la presente iniciativa sujeta a estudio, se pretende legislar más allá de lo prestablecido en nuestra Carta Magna, la cual establece en sus artículo 65 y 66 de manera precisa cuando inicia y terminan los periodos ordinarios de sesiones al señalar lo siguiente:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, párrafo 2, 4 párrafos 1 y 2, 6 párrafo 1, 14 párrafos 1 inciso b), 2 y 4, 16 párrafo 2, 17 párrafo 6, 58 párrafo 1apartado b y 59 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 7 de marzo de 2018.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.






Que reforma el artículo 7o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen.

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones realizaron el análisis de la Iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 8 de septiembre de 2016, el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La Iniciativa tiene por objeto que en presencia del Presidente de la República al presentar su informe ante el Congreso de la Unión, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados y senadores de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos.

El promovente en su exposición de motivos expresa que el informe presidencial es considerado como uno de los principales símbolos del presidencialismo que caracterizó toda una etapa anterior a la alternancia en el poder del Estado Mexicano. Actualmente solo se establece la obligación del Presidente de la República de presentar ante el Congreso de la Unión, el informe escrito en el que manifiesta el estado general de la administración pública del país.

Asimismo argumenta que es importante señalar que la práctica relacionada a la presentación del informe general de la administración pública se vio alterada a partir del 1 de septiembre del año 2006, toda vez que el entonces presidente en turno Vicente Fox Quesada, no se le permitió leer su mensaje a la nación debido a la toma de tribuna de los Diputados del Partido de la Revolución Democrática y grupos de izquierda a fines. Es por ello que, a partir de ese momento se ha omitido la presencia del Presidente de la República al Congreso de la Unión a efecto de formalizar la presentación del informe de Gobierno. Y en consecuencia en el año 2008 que entró en vigor una reforma al artículo 69 Constitucional que suprime la obligación del Presidente de la República de asistir a la apertura del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión y en consecuencia, se omite la presencia del Presidente para la entrega del informe general que guarda el estado de la administración pública.

Por lo cual, el proponente considera que debe existir un diálogo respetuoso entre el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es por demás conveniente regresar al ejercicio de una sana relación entre poderes, a fin de que el Presidente sea escuchado por Diputados y Senadores, y, a su vez, a aquél escuche los posicionamientos de los respectivos grupos parlamentarios.

Es por ello que considera necesario restablecer como disposición constitucional la obligación del Presidente de la República - no sólo de presentar un informe por escrito, sino de hacer uso de la palabra ante el Congreso con tal motivo. En el artículo 7de Ley Orgánica del Congreso está previsto que los legisladores de cada uno de los partidos harán uso de la palabra para hacer referencia al informe pero señala que sus intervenciones serán antes del arribo del Presidente. De ahí la necesidad de realizar la modificación del mismo, en la búsqueda de una armonización entre el mandato constitucional y las leyes y reglamentos que rigen la vida interna de las cámaras.

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7o EN SU NUMERAL 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 7o en su numeral 2de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que dar como sigue:

Artículo 7o.

1.

2. En presencia del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados y senadores de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos.

3. …

4.

5.

6.

7.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones de la Comisión

PRIMERA.- La consolidación de un Estado Democrático se cimenta en el establecimiento de un sistema de poder de pesos y contrapesos, donde cada uno de los poderes a través de los cuales se organiza el Estado, se encuentre fortalecido en su independencia y autonomía, asegurando un modo eficiente y eficaz del desempeño institucional, teniendo como resultado de facultades y competencias claramente determinadas, al igual que las consecuentes responsabilidades que hayan de proceder, y en caso de incumplimiento del deber estatuido para cada uno de los servidores públicos que los componen, principalmente, conllevará a un infracción del ordenamiento jurídico vigente.

Es en este contexto donde cobra especial valor el control político que está llamado a ejercer el Congreso de la Unión, como mecanismo mediante la cual es posible equilibrar el ejercicio mismo del poder y garantizar, razonablemente, la eficacia de todo el ordenamiento jurídico. Por lo cual, es posible estimar que el informe presidencial es el instrumento que sirve de base al ejercicio de esta competencia, por cuanto posibilita primeramente la comprobación, inspección, verificación, examen y valoración de la actividad del ejecutivo, de conformidad a lo prescrito en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A ello deberá agregarse las atribuciones conferidas a él mismo en el artículo 93 de la norma constitucional, el artículo 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, y los artículos 53, 128 al 131 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a las cámaras a citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de las empresas productivas del estado con el objeto de realizar su labor de control político.

SEGUNDA.- Los Senadores integrantes de estas Comisiones son conscientes de que la propuesta está encaminada a modificar una reforma constitucional. Dicha reforma constitucional publicada el 15 de agosto de 2008, fue relativa a que el Presidente de la República ya no tendrá la obligación de acudir al recinto legislativo de San Lázaro para presentar su informe de gobierno.

Uno de los fundamentos de la reforma constitucional por la cual se modificó, entre otros, el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreto publicado en el diario oficial de la federación con fecha 15 de agosto de 2008, fue la obligación que pesa sobre el Presidente de la República de rendir el informe sobre el estado que guarda la administración pública del país fuese realizado de manera escrita, sin necesidad de requerir de su asistencia a la sesión ordinaria de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, ello en atención a que el antiguo formato del informe presidencial no respondía a un auténtico mecanismo de diálogo institucional, ni mucho menos, de control político el que, en palabras de una de las promotoras de la iniciativa que diera origen a esta reforma constitucional, la entonces diputada Minerva Hernández Ramos, no era más que una “reminiscencia del antiguo y ya superado presidencialismo mexicano.1

Adicionalmente, el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,  y de Estudios Legislativos del Senado de la República, que contuviera el proyecto de decreto que reforma los artículo 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consideró, dentro de sus argumentos el que: “como resultado de la nueva conformación del congreso más plural y democrática y del cambio del sistema de partidos políticos, se han trasformado las relaciones ejecutivo-legislativo, por lo que es necesario modificar el formato del informe presidencial, para que como lo propone la colegisladora el ejecutivo federal ya no esté necesariamente presente en el recinto oficial del congreso para la entrega del documento respectivo… Lo anterior, por considerar oportuno y viable esta reforma que obliga al presidente de la república a enviar su informe por escrito durante la apertura de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del congreso de la unión, y así se fomentará el clima de colaboración entre poderes2” Idea reiterada, en lo medular, en el dictamen que emitiera la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de junio de 2008

TERCERA.- Ahora bien, es importante recordar que conforme al principio de supremacía constitucional todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe:

Época: Novena Época
Registro: 180240
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Octubre de 2004
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 80/2004
Página: 264

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Es importante destacar que la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad.

Dicho lo anterior, nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la Constitución.

Conforme a todo lo anterior expuesto y conforme al artículo 69 de nuestra Carta Magna, que ordena que el Ejecutivo Federal presentará su informe por escrito, del estado que guarda la Administración Pública Federal, estás Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta de reforma es improcedente, ya que conforme al principio de supremacía constitucional las leyes secundarias deberán adecuarse a lo dispuesto a nuestra Carta Magna o en su caso prevalecerá lo dispuesto por ésta. Por lo cual, y para realizar las modificaciones propuestas y las mismas sean prudentes es que se deberá en primera instancia solicitar al Congreso de la Unión se reforme el actual artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anterior expuesto, estas comisiones dictaminadoras haciendo valer el principio de supremacía constitucional la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá, sujetarse en la forma y en el fondo a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Archívese los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 Entrevista disponible en http://www.oem.com.mx/esto/notas/n740683.htm

2 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=16694






Y que adiciona y reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República relativas al uso de tecnologías de la información y comunicación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RELATIVAS AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

 

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, relativas al uso de tecnologías de la Información y comunicación.

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 85 inciso a) numeral 2; 86; 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 113 numeral 2; 117 numeral 1; 135  numeral 1 fracción I; artículo 150; artículo 178; artículo 182; artículo 188 numeral 1; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en la siguiente:

I. Metodología de trabajo

Las Comisiones encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en dictamen, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes", se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se hace una breve referencia de la iniciativa y de los temas que la componen sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de marzo de 2017, los Senadores Marcela Guerra Castilla, María del Rocío Pineda Gochi y Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, presentaron ante el pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 numeral 1, fracción X; así como el artículo 308, numeral 1 fracción III del Reglamento del Senado de la República.

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del senado turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por los Senadores Marcela Guerra Castilla, María del Rocío Pineda Gochi y Roberto Albores Gleason, tiene por objeto reformar los artículos  10 numeral 1, fracción X; así como el artículo 308, numeral 1 fracción III del Reglamento del Senado de la República, estableciendo como objetivo transparentar los trabajos en el Senado de la República, mediante el uso de las Tecnologías de la Información.

Los senadores proponentes mencionan en su iniciativa que en un primer término se tiene la intención de que todos los informes de los senadores se publiquen de manera digital. En ese mismo sentido, la iniciativa pretende que a través de medios de comunicación convencionales y nuevas tecnologías de la información se fomente la participación del ciudadano y el interés en la vida legislativa.

Argumentan que la corrupción en México es un fenómeno complejo, que dadas sus implicaciones y causas multifactoriales, tiene diversos efectos negativos en todos los ámbitos de la sociedad. Bajo la perspectiva del investigador Alejandro Estévez, la corrupción, como un fenómeno multifactorial, debe analizarse desde enfoques teóricos y empíricos considerando las dimensiones económica, política y social como: un asunto de concentración de poder; desde la legitimidad de un gobierno; por el tamaño de un país; por el tipo de democracia; por el nivel de participación política; la eficiencia burocrática; la confianza en las instituciones; desde la informalidad; la actitud culturalista; la pobreza; la incidencia de género; el sistema organizacional; la religión y valores, etc.

Lo senadores continúan manifestando que todos estos enfoques nos permiten conocer la complejidad de esta problemática y de la amplia gama de formas y tipos en los que se puede manifestar la corrupción.

De acuerdo a la definición de Stephen D. Morris, la corrupción desde la perspectiva de la administración pública, es "El uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, así como todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político"1.

Bajo esta acepción, entendemos que la corrupción, en el ámbito de la administración pública, se da en el tráfico de influencias, la malversación de recursos, falta de ética y compromiso en el desempeño de las funciones, la opacidad y burocracia, la deslealtad y falta de rendición de cuentas.




Estos hechos dan como resultado un descredito y una mala percepción del

desempeño de los funcionarios públicos. De acuerdo a la tercer Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que más preocupan a los mexicanos, con 50.9%, por detrás de inseguridad y delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento.

Respecto a la experiencia de los ciudadanos al enfrentar algún acto de corrupción, la encuesta reveló que por tipo de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores públicos, el de mayor porcentaje en experiencias de corrupción, fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró 552%, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con 23.7 por ciento.

La incidencia fue de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Cabe destacar que estas cifras expresan, tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas2.

Bajo este escenario, la encuestadora Consulta Mitofsky realizó su encuesta México: Confianza en Instituciones 2015, donde lamentablemente se revela que de las 17 instituciones medidas, ninguna incrementó sus niveles de confianza. Por el contrario, todas disminuyeron, destacando la caída de cinco décimas de los bancos y de los diputados.

En lo que respecta a las instituciones con los niveles más bajos de confianza encontramos a la presidencia (5.7); los sindicatos (5.4); los senadores (5.3); la policía (5.3); los diputados (5.2), y la más baja de todas, la obtuvieron los partidos políticos (4.9)

Ante esta situación de malas prácticas y una proliferación de la cultura de la ilegalidad, la administración en turno, decidió dar un combate frontal y decido a este grave flagelo. Bajo el consenso de los partidos políticos, el gobierno federal, la sociedad civil organizada, la academia y especialistas se  pudieron materializar en el Congreso de la Unión, una serie de mecanismos e instrumentos legales que cambian el paradigma de la función pública, y permitirán en el mediano y largo plazo, erradicar o disminuir al máximo este fenómeno.

Es de importancia mencionar que, con la reforma a la Constitución Política de 2014, se garantiza el derecho a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. El principio de máxima publicidad, establecido en la fracción I del Apartado A del artículo 60 constitucional, es la base y el espíritu de las demás leyes de acceso a la información pública.

Bajo este principio, la noción de máxima publicidad, se establece que la información del Estado y de los demás sujetos obligados no es de propiedad e interés privado, sus contenidos y usos potenciales conciernen a la sociedad, por lo tanto, es pública por definición. Además de que toda esa información, se genera con recursos públicos.



Este nuevo enfoque, a la consideración de los senadores proponentes, fortalece nuestro sistema democrático, porque los actos de los gobernantes se vuelven legítimos y justificables, en la medida en que son de conocimiento de la ciudadanía en general.

De lo anterior deducen, que la solidez de una democracia se mide en relación a los mecanismos e instrumentos legales con los que se cuenta para garantizar el derecho al acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Señalan que en el mundo actual, con las tecnologías de la información y comunicación "TICs"

específicamente las redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles, se le puede hacer llegar información a un número sin precedente de personas en tiempo real. Contar con información oportuna y veraz dejó de ser un deseo y las tecnologías modernas lo hacen una realidad.

Desde los Poderes Legislativos, un aprovechamiento adecuado de estas tecnologías es uno de los mejores instrumentos para acercar la democracia al público; transformar la red en el ágora del siglo XXI, donde gobernantes y gobernados intercambien información y retroalimentación a la luz de información pública y transparente.

En razón de lo anterior, consideran que una de las mejores maneras para generar mayor conciencia y participación política de la sociedad, es establecer en el Reglamento del Senado de la República, la obligación de informar a la ciudadanía las actividades relacionadas al trabajo que se realizó cada legislador al interior y fuera del parlamento, utilizando para su difusión, nuestras plataformas tecnológicas y páginas web oficiales, así como los medios de comunicación masiva como el internet, principalmente las redes sociales.

Los legisladores proponentes consideran que la facilitación y mejoramiento de las comunicaciones con la sociedad, y el uso de las nuevas tecnologías, permitirá que los ciudadanos comunes y sus instituciones puedan vincularse de mayor manera, intercambiar información y contribuir a conocer mucho más de las decisiones que antes estaban totalmente ocultas o con datos escasos.

Y concluyen manifestando que, además mejoran la percepción de la ciudadanía y contribuyen a instituir la calidad ética de los funcionarios públicos.

Por lo anterior expuesto proponen las modificaciones siguientes:




“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RELATIVAS AL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

PRIMERO. Se reforman el artículo 10, numeral 1, fracción X; así como el artículo 308, numeral 1 fracción III del Reglamento del Senado de la República, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 10

1. Son obligaciones de los senadores:

l. a IX. . . .
X. Informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades realizadas durante el mismo. Con la finalidad de darle mayor difusión al trabajo legislativo, se dispondrá de un apartado en el portal electrónico y en las cuentas de redes sociales del Senado, para publicarlo en formato digital, y

Artículo 308

1. Para la publicación de documentos en la Gaceta se está a lo siguiente:

III. Los informes o documentos que remitan los senadores a título personal se publican íntegros en la edición impresa si su extensión no es mayor a 10 páginas; si excede ese volumen, la publicación impresa sólo contiene el respectivo oficio de remisión o presentación y el texto completo aparece en la versión de Internet para consulta remota.

SEGUNDO. Se adiciona el título décimo primero, relativo al uso de tecnologías de la información y comunicación, que abarca los artículos 313, 314, 315 y 316, para quedar de la siguiente forma:

TITULO DÉCIMO PRIMERO
USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
MEDIOS DIGITALES

Artículo 313. El Senado de la República optará por la publicación digital de todos los informes y documentos que remitan los Senadores.

Artículo 314. A través de sus medios digitales, el Senado de la República establecerá espacios de participación dentro del debate legislativo que permita realizar peticiones, consultas, audiencias públicas y otros mecanismos para recibir los comentarios de los ciudadanos.

Artículo 315. Los medios electrónicos del Senado de la República deberán ser actualizados en tiempo real, de manera que permitan:


Ver la lista de asistentes a las sesiones y ll. Resultados de las votaciones.

Artículo 316. El Senado deberá emitir programación en vivo a través del Canal del Congreso, en los cuales recibirá llamadas y comentarios de los ciudadanos, así como solicitudes vía redes sociales y correo electrónico.

ARTICULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones de las Comisiones

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras son conscientes de la importancia vital que tiene la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública, pues conlleva a obtener efectos positivos en la vida política y social del país; ya que la transparencia se considera un instrumento que impulsa a la participación ciudadana y despierta el interés de la sociedad en la vida pública.

La publicidad de la información cuya disposición se alude en la propuesta, se encuentra resguardada por los recientes mecanismos de transparencia y acceso a la información pública estatuidos por la reforma constitucional de fecha 7 de febrero de 2014.

Dicha Ley General prescribe, entre otras, el deber de transparencia proactiva que pesa sobre todos los sujetos obligados por ella, entre éstos, el Senado de la República.

Para dar cumplimiento a lo establecido en nuestra carta magna, el Congreso de la Unión actualmente cuenta con las herramientas necesarias, para difundir la actividad legislativa de sus legisladores, como lo es la Gaceta Parlamentaria, el Diario de los Debates, Sistema de Información Legislativa, la Versión Estenográfica, su página web, así como las redes sociales como son el twitter y el Facebook.

SEGUNDA.- El deber de transparencia proactiva del Senado de la República se materializa a través de su página web para que, la ciudadanía y el público en general, puedan tener acceso a toda la información que genera el Senado de la República, así como también, su organización y funciones en su caso. Dicho lo anterior, se puede asentar que la página web representa una valiosa y fácil herramienta de búsqueda de información generada en esta esfera de poder.

Así mismo en la página web del Senado de la República se establecen datos como teléfono, dirección y correo electrónico de los Senadores y diversas áreas administrativas del Senado de la República, dando la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga un contacto directo con los mismos, pudiendo expresar sus inquietudes, dudas, comentarios, peticiones y sugerencias directamente con los miembros de dicha Cámara de Representantes.

Por lo cual, es que esta comisión considera que la propuesta objeto del presente dictamen resulta sobreabundante, toda vez que, el Senado de la República ha llevado a cabo acciones pertinentes a fin de que toda la información relacionada con el proceso legislativo de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, estructura y funcionamiento del Senado sea público y accesible para la ciudadanía.

Por todo lo anterior expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras han determinado que la propuesta de los Senadores Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi y Roberto Albores Gleason, se encuentra superada, de conformidad a los argumentos expresados líneas arriba.

ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, relativas al uso de tecnologías de la Información y comunicación.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, el 15 de febrero de 2018.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

1 Morris, Stephen. Corrupción política en el México contemporáneo. Siglo XXI Editores. México. 1992. P. 25

2 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. Boletín de prensa núm. 246/16. 25 de mayo de 2016. 1-3. En línea] [fecha de consulta: 23 -marzo- 2017]. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016 05 01.pdf






Por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Están a discusión los dictámenes. Consulto si alguno de ellos se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluido e informar a los promoventes.






Tenemos la discusión de siete dictámenes que contienen puntos de Acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión. Todos están publicados en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy cuenta con las materias de los siete dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

Que exhorta a las autoridades señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de adultos mayores que residan en asilos.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta que exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual, se presenta a consideración de esta Asamblea, la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

ANTECEDENTES

1. El 22 de noviembre del 2017 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento el punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

2. Con fecha 22 de noviembre del 2017 la Presidencia de la mesa directiva turno la proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

CONTENIDO A LA PROPOSICIÒN

Se solicita respetuosamente a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

CONSIDERACIONES

1. Las Organizaciones de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con la comisión permanente de adultas mayores de la reunión de altas autoridades de Derechos humanos se dieron a la tarea de elaborar la convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores, de tal manera que se protege a este sector vulnerable

Es imprescindible remarcar que se es importante tomar las recomendaciones 25/2015 ya que se considera que en efecto hubo una falta de a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de v1 a v45, con motivo de los hechos ocurridos en la residencia para personas adultas mayores denominada “hermoso atardecer”, en Mexicali, baja california.

Se realiza con la convicción de la necesidad de tener un instrumento regional jurídicamente vinculante que proteja los derechos humanos de las personas mayores y fomente un envejecimiento activo en todos los ámbitos, como lo expresa en su artículo primero que a la letra dice:

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objeto

“El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.”

2. Es también un hecho el recalcar que hay una escasez al cumplimiento de los deberes de los estados parte en cuanto se refiere a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ya que si bien es cierto no se está llevando a cabo el cumplimiento en cuanto a normas de seguridad y medidas precautorias para proteger a este sector, como lo enmarca la citada convención en su artículo cuarto que a la letra dice:

“DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE

Artículo 4

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.

g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

3. Además, el Estado Mexicano diversas reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos el pasado junio de 2011, que obliga a todas las autoridades a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, (se entenderá por “todas las personas” a los adultos mayores y demás) claro ejemplo de ello es cuando se reforma el Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“Art. 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

4. Es por lo tanto que nos allegamos de lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así mismo tomando en cuenta que las autoridades de dicho estado, municipio no se encuentran proporcionando la debida seguridad, de tal manera le citamos el artículo 48 de la ley en materia que a la letra dice:

Artículo 48.- Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este efecto.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, aprueba el Punto de Acuerdo ya que se considera de vital importancia el seguimiento a los beneficios que las casas hogar, albergues y estancias de medio día ofrecen para salvaguardar el bienestar de las Personas Adultas Mayores.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 7 de marzo de 2018

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.






Que exhorta a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que el senado de la república exhorta respetuosamente al consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, para que a través del trabajo en conjunto de los integrantes de su junta de gobierno, coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 7 de marzo del 2017, el Senador David Monreal Ávila integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que el senado de la república exhorta respetuosamente al consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, para que a través del trabajo en conjunto de los integrantes de su junta de gobierno, coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- El 7 de marzo del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad. Con la finalidad de crear conciencia sobre las carencias económicas que se viven en nuestro país que cada vez más la situación de la pobreza incrementa teniendo como resultado un índice de vulnerabilidad social.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), define que el término de pobreza como una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

De igual forma la Organización de las Naciones Unidos (ONU), dentro de su programa para el Desarrollo Sostenible menciona que a nivel mundial más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados.

Asimismo, En su resolución 47/196, la Asamblea General invitó a todos los Estados a que dediquen a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación de la pobreza y la indigencia. La resolución también invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando estos lo soliciten.

Sin embargo, en nuestro país, el número de personas en situación de pobreza en el último estudio en México bajó de 55 de millones 341 mil 556 a 53 millones 418 mil 151, lo que se traduce en un avance del 3.47%. Así lo reveló el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona.

Cabe señalar que en el censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), emitió datos que indican que en México había para ese periodo aproximadamente 5 millones 739 mil 270 personas  con alguna discapacidad; enlistando cada una de ellas en las siguientes limitaciones: caminar o moverse, discapacidad visual, mental, auditiva, para hablar o comunicarse, atención y aprendizaje, así como para el autocuidado; todo ello comprendido dentro del término “personas con discapacidad”, por lo cual, el INEGI estima que del total de estas personas el 68.8 % es derechohabiente, es decir, que cuenta con algún respaldo institucional de seguro social; mientras que el otro 30.8 % no cuenta con ello.

Referente al panorama nacional, México adoptó un compromiso por el respeto y la no discriminación de las personas con alguna discapacidad mediante la “Convención Sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”. Dicho tratado fue celebrado el    30 de marzo de 2007 y ratificado por el Senado de la República el 27 de septiembre del mismo año. En ese instrumento se reconocen los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y se establecen las bases para que los Estados Parte los garanticen conforme al enfoque internacional, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Mejorar las condiciones de vida de las personas con alguna discapacidad no depende únicamente del sujeto que la padece o de su familia, es necesario que desde la acción gubernamental se generen las oportunidades pertinentes en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad.

Por su parte del Estado Mexicano garantiza dentro de la Ley General para  la Inclusión de las Personas con Discapacidad, contempla dentro de sus disposiciones que “las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.

Son por estas razones que las personas con alguna discapacidad tienen el derecho a gozar, sin discriminación alguna, de una vida plena y en igualdad de condiciones.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las personas con discapacidad y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de igualdad en los derechos humanos de todas las personas con discapacidad.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que a través del trabajo en conjunto de los integrantes de su Junta de Gobierno, coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 7 de marzo de 2018.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.






Que exhorta a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 12 de octubre del 2017, de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.- El 12 de octubre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

III. CONSIDERACIONES

En 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 1º de octubre de cada año como Día Internacional de las Personas de Edad, que tiene por objeto reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial.

La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir problemas físicos y mentales que es preciso reconocer

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad.

La salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede empeorar esta última

Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que una de cada 10 personas mayores sufren maltrato.

El maltrato de las personas mayores no se limita a causar lesiones físicas sino también graves problemas psíquicos de carácter crónico, como la depresión y la ansiedad.

El envejecimiento, según el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México (IAAM), debe ser entendido como un proceso de cambio natural, gradual, continuo e irreversible causado por el tiempo, que se presenta a nivel biológico, psicológico y social, y que se encuentra determinado por la historia, cultura y las condiciones socioeconómicas de las personas.

En México, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2017 el aproximado es de casi 13 millones de personas de 60 y más años, con una tasa de participación económica durante el primer trimestre de 34%, mientras que la población no económicamente activa representa el 66% (54% de este grupo se dedican a los quehaceres del hogar).

En ocasiones, algunas las personas adultas mayores llegan a ver disminuidas sus facultades físicas y, en ocasiones, también mentales, dejándolos en una situación de desventaja con respecto a los sectores más jóvenes. Sus capacidades son falsamente asociadas con la enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, situación que los conduce al abandono, maltrato, exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, vulnerando su acceso a sus derechos.

Asimismo, nuestro país cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, bajo los principios de autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión de las personas adultas mayores y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de igualdad y cero discriminaciones de todas las personas con discapacidad.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud,  al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 10 de octubre de 2017

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.






Que exhorta a informar de los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 6 de diciembre  del 2017, las Senadoras Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una proposición con punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-El 6 de diciembre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a informar de las avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018.

III. CONSIDERACIONES

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, ha avanzado aún más los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, la Nueva Agenda Urbana, y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela las siguientes cifras acerca de la discapacidad en el mundo (año base 2016):

• Más de mil millones de personas en el mundo tienen alguna forma de discapacidad, es decir, 1 de cada 7.

• Más de 100 millones de personas discapacitadas son niñas y niños.

• Los menores con discapacidad son casi 4 veces más propensos a experimentar violencia, con respecto a los que no tienen discapacidad.

• 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo.

• 50% de las personas con discapacidad no pueden costear los servicios de salud.

Sin embargo, en nuestro país, señala en el censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), emitió datos que indican que en México había para ese periodo aproximadamente 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad; enlistando cada una de ellas en las siguientes limitaciones: caminar o moverse, discapacidad visual, mental, auditiva, para hablar o comunicarse, atención y aprendizaje, así como para el autocuidado; todo ello comprendido dentro del término “personas con discapacidad”, por lo cual, el INEGI estima que del total de estas personas el 68.8 % es derechohabiente, es decir, que cuenta con algún respaldo institucional de seguro social; mientras que el otro 30.8 % no cuenta con ello.

Para atender esta situación, nuestro país cuenta con diversos marcos jurídicos por ejemplo leyes, instituciones, normas y programas en materia de discapacidad.

A partir de 2011 se cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, así como reconocer a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandatar el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
Por esta situación, se crearon dos instituciones

• Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS): Organismo público descentralizado que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la legislación en la materia.

• Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad: Conformado por las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. Tiene por objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  contiene diversas estrategias específicamente la Estrategia 2.2.4 se refiere a “Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena”, e incluye las siguientes líneas de acción:

• Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

A fin de complementar y abundar en estas medidas, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 establece los diferentes objetivos, que abarcan diversos aspectos, a fin de lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

A pesar de estos avances, aún se requieren acciones continuas e integrales para atender a la población mexicana que tiene alguna discapacidad.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las personas con discapacidad y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de igualdad en los derechos humanos de todas las personas con discapacidad.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2017,” el Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), a remitir a esta Soberanía un informe de avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 5 de diciembre de 2017.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.






Que exhorta a impulsar acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente, a la secretaría de salud para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los adultos mayores, asimismo, se fortalezca la supervisión de los establecimientos que prestan el servicio de asistencia social y las acciones que realizan los integrantes del sistema nacional de salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 15 de febrero del 2018, la Senadora Andrea García García integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente, a la secretaría de salud para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los adultos mayores, asimismo, se fortalezca la supervisión de los establecimientos que prestan el servicio de asistencia social y las acciones que realizan los integrantes del sistema nacional de salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-El 15 de febrero del 2018, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente Punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los adultos mayores.

III. CONSIDERACIONES

A nivel global la población ha cambiado de manera espectacular en los últimos años. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.

Cabe señalar que, en la actualidad, en la franja de edad de las personas de 60 años o más, el número de mujeres superan el de hombres en unos 66 millones. Entre las personas con 80 años de edad o más, el número de mujeres prácticamente duplica el de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre cuatro y cinco veces más mujeres que hombres. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, las prioridades incluyen muy diversas cuestiones: la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad. También se subrayó la importancia de la formación continua y la salud es otro elemento clave del Plan de Acción Internacional de Madrid, que aborda las nociones sobre prevención, la igualdad de acceso a la atención de la salud.

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS), El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

El maltrato de las personas mayores es un problema importante de salud pública. Aunque hay poca información sobre el alcance del maltrato en la población de edad avanzada, especialmente en los países en desarrollo, se calcula que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes. Probablemente la cifra está subestimada, puesto que solo se notifica 1 de cada 24 casos de maltrato a personas mayores, en parte porque los afectados suelen tener miedo de informar a sus familiares y amigos o a las autoridades. En consecuencia, es probable que todas las tasas de prevalencia estén subestimadas.

En el caso de México, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contabilizó 10.1 millones de personas mayores, lo que representa el 9% de la población total;y aumentará en más de 4% para 2030.

Por otra parte, México no se queda atrás en cuanto a las lamentables cifras de maltrato a personas en senectud, hoy en día, de acuerdo con datos de la Fundación para el bienestar del Adulto Mayor, de los 10.9 millones de adultos mayores que hay en el país, 1.7 millones son víctimas de violencia, ya sea física o psicológica, y un 40% lo parece en su propio hogar.

Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán dado que el envejecimiento de la población es rápido. El maltrato de las personas mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo: es un problema que merece la atención de la comunidad internacional.

En 2002, se creó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de sus derechos.

Las personas adultas mayores merecen y necesitan ser vistos desde una perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de que su inclusión en la sociedad.

La lucha contra la discriminación requiere de todas las capacidades, de todos los recursos y de la voluntad y compromiso de quienes tienen la responsabilidad de diseñar y operar las políticas y programas públicos. El combate a la discriminación debe ser uno de los ejes principales de la política en nuestro país, que abarque de manera integral a la sociedad civil, al sector público y al privado.

El Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación (Pronaind 2014-2018) cuenta con líneas estratégicas a favor de los derechos de las personas adultas mayores. La toma de conciencia y rechazar cualquier forma de maltrato hacia las personas adultas mayores.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión de las personas adultas mayores y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de igualdad en los derechos humanos de todas las personas de este sector vulnerable.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), impulsen acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor con la finalidad de brindarles una vida digna.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), establezca líneas de acción y supervisen que los diversos establecimientos de asistencia social, públicos y privados, respeten todos los lineamientos vigentes en la materia.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fortalezcan las acciones que realizan los integrantes del sistema nacional de salud y refuercen la cobertura del servicio de asistencia social.

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a informar la cantidad de establecimientos de asistencia social públicos y privados existentes en el país y su distribución.

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a incentivar y crear más y mejores oportunidades laborales para las personas adultas mayores que se encuentran en posibilidad y tengan la intención de continuar trabajando

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 15 de febrero del 2018.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.






Que exhorta a informar sobre la investigación que se ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la instancia infantil “Rehilete”, del estado de Tlaxcala.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 8 de  noviembre del 2016, de las Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó  una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-El  8 de noviembre del 2016, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala.

III. CONSIDERACIONES

El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señaló que nuestro país asigna uno de los presupuestos más bajos para atender este problema, puesto que apenas el 1 por ciento de los recursos asignados a la infancia se enfocan al combate a la violencia, abuso y explotación de menores.

Dentro de nuestro marco jurídico, en particular, se discutió  y aprobó  la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, e incluso se aprobó  que el 19 de noviembre de cada año fuera declarado Día Nacional contra el Abuso Infantil.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reporta que en nuestro país en el año de 2016 se ocupó el primero lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años.

Pese a estos esfuerzos, distintos especialistas en el tema coinciden en que el abuso sexual infantil queda impune, puesto que apenas una de cada 10 violaciones son denunciadas y atendidas por la autoridad correspondiente, teniendo como razones principales las amenazas, la pena o los dichos familiares. Recientemente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mostró que de 2010 a 2015 se iniciaron más de 33 mil averiguaciones previas por abuso sexual a niñas y niños menores de 15 años, en apenas 15 entidades del país.

En este serio contexto de impunidad hacia el abuso infantil que se vive en nuestro país, llamamos la atención de esta Soberanía ante el siguiente caso ocurrido en el Estado de Tlaxcala, donde una menor de 4 años, fue presuntamente abusada sexualmente en la estancia infantil “Rehilete”, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en el portal e-tlaxcala, desde el pasado mes de mayo de 2016 fue presentada la denuncia por violación en agravio de una menor de 4 años; y de 4 peritajes que se llevaron a cabo por la Procuraduría Estatal, apenas 1 negó la posibilidad de violación; sin embargo, al no resultar convincentes los resultados de estos, familiares de la presunta víctima buscaron a otros especialistas, quienes en tres informes médicos determinaron que si hubo violación de la menor y por lo tanto el Ministerio Público debe actuar.

Además, el informe de la policía de investigación señala que las instalaciones de dicha estancia son usadas como vivienda por la directora de la misma y en consecuencia se identifica al presunto agresor manifestando que es la única persona del sexo masculino que ingresa al domicilio, por lo tanto, con base a esto debe citarse a la menor para que identifique si dicha persona es quien la agredió, diligencia que aún no se lleva a cabo pues a decir de la Ministerio Público “se llevó a cabo en días anteriores pero la tiene en la computadora y no se ha impreso”.

Por su parte, la delegación federal Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que en el caso de la presunta violación de una menor de edad en la estancia infantil "El Rehilete", la cual se encuentra en proceso de investigación ante la autoridad competente, reitera su disposición de proporcionar toda información que institucionalmente esté a su cargo y que sirva para el desarrollo de la investigación hasta su total esclarecimiento.

Por medio de un breve comunicado, la dependencia estatal afirmó que garantiza la atención y cuidado de los menores de edad que se encuentran en las estancias infantiles autorizadas por esta dependencia, mediante supervisiones periódicas.

Asimismo, dejó en claro que Sedesol ha dado seguimiento a las supervisiones que conforme a la normatividad se efectúan a esta y todas las estancias infantiles autorizadas. En el caso específico de la estancia "El Rehilete".

De igual forma, se hace un llamado a las autoridades federales a tomar cartas en el asunto, considerando el contexto adverso que tienen nuestros niños en cuanto a su derecho a la justicia en caso de violación o abuso sexual.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar un marco jurídico y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboren en la dispersión violencia de niños, niñas y adolescentes.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe a esta soberanía sobre la investigación que ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del Estado de Tlaxcala, en donde, presuntamente han sido abusadas menores de edad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en uso de sus facultades, atraiga la investigación sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil el “Rehilete”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, donde presuntamente menores de edad han sido víctimas de abuso.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes active el protocolo de atención correspondiente para atender a las probables víctimas de abuso infantil en la estancia infantil “Rehilete” del Estado de Tlaxcala.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2016.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.






Y que exhorta a que en la asignación de recursos para la atención de víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, se destinen de manera prioritaria para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 135, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 5 de octubre de 2017, la Senadora Martha Elena García Gómez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-El 5 de octubre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  recibió el presente Punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de los desastres naturales en este caso particular de un sismo y asimismo contar con el apoyo gubernamental en favor de las personas vulnerables ante los desastres naturales.

III. CONSIDERACIONES

El mes de septiembre del 2017 ha sido en verdad trágico para todo México, especialmente para los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la misma capital de la república. La tierra se mueve con fuerza afectando a los habitantes de estas zonas.

El día 7 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijiapan, en el estado de Chiapas. El sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas, afecto el sur y centro del país.

Por otra parte el sismo del 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 ocurrió exactamente a las 13:14:40, tuvo su epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla.

De acuerdo a una nota periodística del 8 de septiembre del periódico “The New York Times “señaló: El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó a través de su cuenta en Twitter que hay 58 personas muertas: 45 en Oaxaca, 10 en Chiapas y 3 en Tabasco.

Antes, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que hay más de 200 heridos. La madrugada del viernes, desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el presidente informó que este terremoto es el de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país en los últimos cien años.

Además los Estados de Oaxaca y Chiapas fueron las entidades del país más afectadas por los estragos del sismo de 8 de septiembre, la Secretaría de Protección Civil de cada entidad reportó daños a 80 mil 508 viviendas en el caso de Chiapas, 58 mil 168 con daños parciales y 22 mil 340 con daño total.

En Oaxaca, 283 municipios ingresaron a la declaratoria de desastre, en virtud de que 55 mil viviendas, resultaron con daños parciales y totales.

En igual forma los estragos del sismo del 19 de septiembre provocado en el límite del Estado de Puebla provocó múltiples daños materiales y de acuerdo con las últimas cifras actualizadas por el coordinador nacional de protección civil, 361 pérdidas humanas (220 en la Ciudad de México, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una persona en Oaxaca) y siendo la Ciudad de México, Puebla y Morelos las entidades más afectadas por este sismo.

Al mismo tiempo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, ha intensificado sus esfuerzos en apoyo a la niñez tras el segundo sismo que azotó al país en menos de un mes.

“Nuestra prioridad en estas circunstancias es contribuir, según se requiera, proteger la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes.

Mientras nos esforzamos por identificar sus necesidades por medio de nuestras misiones de evaluación, en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas y con nuestros aliados de la sociedad civil, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de México”, subrayó Christian Skoog, representante de esa institución.

El organismo destacó que personal especializado de Unicef ha sido movilizado para evaluar, a partir de hoy y en los próximos días, la situación de la infancia en las zonas más afectadas de los sismos del mes de septiembre.

De igual forma señaló que la organización continúa ofreciendo apoyo a niñas y niños de los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Puebla  y Ciudad de México. Unicef precisó que ha estado participando en el esfuerzo nacional para ayudar a la infancia de México en esta situación de alta vulnerabilidad y está listo para seguir haciéndolo en estas difíciles circunstancias.

La comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pidió a las autoridades locales atender a las personas afectadas sin discriminación, sin importar la condición social de las personas afectadas, y si se encuentran en las zonas afectadas

En el marco del 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación, manifestó a promover entre la sociedad el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación, y garantizar el acceso a todos los derechos para las personas que viven y transitan en la Ciudad de México.

Sobre los afectados por el temblor, pidió a las autoridades realizar ajustes razonables y medidas afirmativas, de acuerdo a las necesidades de todas las personas, con especial atención a los grupos de atención prioritaria, como son los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad y en situación de pobreza, entre otras.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las vulnerabilidades de mujeres, niñas, niños y hombres varían según sus edades y los estratos económicos-sociales de los que provengan, y todo esto va dando forma a la manera en que enfrentan y viven los desastres y a su capacidad de recuperación.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con sus obligación de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, tomando en cuenta el interés superior de la niñez y el derecho de prioridad para la atención de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGDNNA), retoma lo dispuesto por la LGPIMYH e incluye los derechos a la no discriminación y de igualdad sustantiva e incorpora la obligación del Estado mexicano de incorporar acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes y garantizar los derechos de prioridad y tomando en cuenta el interés superior de la niñez ante cualquier situación.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los Gobiernos de los Entidades Federativas de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a fin de que en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismo de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y de la Ciudad de México, para que a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales respectivamente, se diseñen e implementen acciones afirmativas tendientes a eliminar obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes, que fueron afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil a incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres, las niñas y las adolescentes que fueron afectadas por los sismos de los días 7 y 19 septiembre.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de octubre de 2017.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Están a discusión.

Consulto si alguno de los dictámenes…

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Señor Presidente, el último dictamen que leí, que es el que exhorta a formular y ejecutar políticas públicas para las personas adultas mayores tendientes a garantizar todos los derechos que les asisten, está reservado.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea si los demás dictámenes, con la excepción señalada por el señor Secretario, sería reservado por alguna de las señoras o de los señores Senadores.

En virtud de no haber reservas a los demás dictámenes, con la excepción señalada, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica su integración.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo recibido.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Esta Asamblea ha quedado enterada.






Informo a esta Soberanía que recibimos una comunicación del Senador Óscar Román Rosas González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

COMUNICACIÓN

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Senador Óscar Román Rosas González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 5 de abril del año 2018.”

Consulte la Secretaría a Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, se concede licencia al Senador Oscar Román Rosas González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día 5 de abril. Comuníquese.






Honorable Asamblea, las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

(Presentada por los Senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Cárdenas Fonseca, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel)

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MANUEL CÁRDENAS FONSECA, MARCELA TORRES PEIMBERT, JUAN CARLOS ROMERO HICKS y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores en esta LXIII Legislatura  del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, de acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La capacidad para emprender y competir en los mercados es fundamental para la creación de empleos y la oferta de mejores y más baratos bienes y servicios a las familias. Por ello, en México, es importante garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, no sólo por los beneficios que de éstas derivan, sino también por ser un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna.

Desafortunadamente, la capacidad para emprender un negocio en nuestro país se ve constantemente limitada por un marco regulatorio que inhibe la libre competencia y concurrencia en nuestros mercados.  

Desde su creación en 1993, la Comisión Federal de Competencia (CFC, hoy convertida en Comisión Federal de Competencia Económica) ha ganado autonomía y la sociedad mexicana ha comenzado a abrazar una cultura de la competencia. Hoy en día, los ciudadanos entienden los beneficios que una economía abierta y la competencia les traen como consumidores, y asimismo, se han hecho conscientes de los efectos negativos que la falta de ésta les trae a su vida cotidiana.

En su labor de más de 20 años, la Comisión ha combatido y castigado prácticas monopólicas, ha prevenido concentraciones anti-competitivas y ha participado en diversos procesos donde protegió la competencia y libre concurrencia en los mercados.

Sin embargo, la labor de la Comisión siempre se ha encontrado limitada, debido a que la legislación en materia de competencia se ha centrado en atacar las consecuencias y no las causas de la falta de competencia económica en los mercados. La Comisión tiene mucho poder y diversas herramientas para combatir las prácticas monopólicas, pero apenas tiene facultades y apenas destina recursos a promover un entorno regulatorio competitivo.

La incapacidad de la Comisión para actuar en contra de aquellas regulaciones que inhiben la competencia en los mercados, no sólo ha afectado a los consumidores y emprendedores mexicanos, sino también nos ha restado competitividad como nación. Año con año el Banco Mundial elabora su índice Doing Business, el cual mide la calidad y la eficiencia del marco regulatorio, y como éste facilita o restringe la actividad empresarial en un país. Para el año 2018 México se encuentra posicionado en el lugar 49 del ranking elaborado para 190 países.

La posición de México en el ranking se explica por su desventaja competitiva con respecto al gran número de trámites que las empresas deben enfrentar y el costo que estos representan para nuestros emprendedores a la hora de abrir una empresa. En nuestro país existen aproximadamente 130 mil trámites, lo que representa un 30% más que el promedio de la OCDE, además, el costo que estos trámites representan llegan a ser hasta de un 500% más alto.

Todo lo anterior tiene un efecto negativo en la competitividad de nuestro país, ya que en el momento de la toma de decisión de un emprendedor para iniciar un negocio, éste  puede verse desincentivado por el gran número de barreras regulatorias indebidas que existen.

Por otra parte, de acuerdo con el Índice Global de Innovación 2017 que elabora en conjunto la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual; nuestro país se encuentra en el lugar 58 de 128 países que mide el ranking, por debajo de países como Chile y Costa Rica; y a pesar de que el acto de innovar, depende de un gran número de factores causales, la competencia o la falta de ella, es uno de los factores determinantes que explican la cantidad de innovaciones que suceden en un mercado.

Los mediocres resultados de México en distintos estudios internacionales, como anteriormente se ha mencionado, se debe a que en muchas ocasiones las autoridades gubernamentales impulsan políticas públicas indebidas que atentan directamente en contra de la libre competencia y concurrencia en los mercados.

Las barreras regulatorias no solo evitan que muchos emprendedores puedan entrar en los mercados. También provocan que empresas ya establecidas no puedan crecer. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), el exceso de trámites gubernamentales e impuestos altos son la principal causa por las que las pequeñas y medianas empresas no crecen.

En esto coinciden economistas, en su artículo “La tramitología y la corrupción” 1 Valeria Moy reflexiona sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE, 2017) que hace una estimación conservadora de los costos que tienen el exceso de trabas gubernamentales y cómo estos se traducen en fuertes incentivos para la corrupción:

“Los costos monetarios que asumieron las unidades económicas privadas en la realización de trámites en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, aproximadamente 0.56 por ciento del PIB nacional.

En promedio, cada unidad gastó 48 mil 871 pesos por trámites administrativos el año pasado. […] En cuanto al número de trámites que hay que hacer, observamos que a nivel nacional se hicieron 76.5 millones de trámites, 19.5 por cada unidad económica en promedio. Recurriendo de nuevo a las bases de datos del Banco Mundial, en particular a su índice Doing Business, México empeoró en lo referente a la tramitología. […]

Para obtener electricidad en la Ciudad de México, una unidad económica tiene que hacer siete procedimientos que le llevarán 112 días. Peor que el promedio de la OCDE con 4.8 trámites y 76 días. […]

Recuerdo campañas de simplificación administrativa. Tendríamos que ir más allá. Cada trámite extra, cada copia que te piden, cada documento adicional abre la puerta a más corrupción. […]”

En definitiva, todas estas trabas que imponen los gobiernos tienen como consecuencia una economía con baja competencia donde priman los oligopolios. Por una parte, las regulaciones suponen un enorme costo fijo que sólo pueden asumir las grandes empresas ya establecidas. Por otra, las regulaciones muchas veces imponen un modelo de negocio determinado que prohíbe de manera efectiva el desarrollo de innovaciones.

Los principales afectados de lo anterior son los consumidores. Pues estas regulaciones inhiben la oferta, elevan costes y muchas veces imponen un modelo único de hacer las cosas.

El resultado es una menor variedad y cantidad de bienes y servicios, precios más altos y sobre todo una menor innovación.

Los mexicanos somos profundamente emprendedores. No hay más que ver las salidas innovadoras que millones buscan en la economía informal o los grandes éxitos que tienen nuestros paisanos que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Quienes legislamos y quienes regulamos somos responsables de haber expulsado todo ese talento al extranjero y a la informalidad. Es imperativo que dejemos de desaprovechar ese potencial emprendedor.

Estas iniciativas buscan revertir esta situación. Se trata de enfocar los esfuerzos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es el momento de darle prioridad al combate contra las regulaciones que inhiben la competencia y que crean barreras indebidas.

Es imperativo empoderar a los ciudadanos y reconocer su derecho a la libre competencia y concurrencia. Para ello, estas iniciativas los pone en el centro y les da la capacidad de denunciar las barreras que atentan contra este derecho.

OBJETO DE LAS INICIATIVAS

Las presentes iniciativas tienen por objeto completar el mandato de la política de competencia en México mediante lo siguiente:

Empodera al emprendedor y al consumidor

Las iniciativas convierten al consumidor y al emprendedor en protagonistas de la política de competencia.

Frente al lento proceso de reformas liberalizadoras, estas iniciativas buscan detonar la libre competencia y concurrencia en todos los mercados. Ahora, serán los ciudadanos en su carácter de consumidores y emprendedores quienes podrán denunciar la existencia de regulaciones que inhiban la competencia para que estas sean eliminadas.

Desarrolla las facultades de la Cofece.

Las iniciativas otorgan facultades a la Cofece para remover barreras a la competencia. Con lo anterior, estas iniciativas busca resolver el déficit existente entre la Constitución y la Ley.

La reforma constitucional en materia de competencia y telecomunicaciones de 2013, señala explícitamente, que la Cofece tendrá entre sus facultades el “ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.” Sin embargo, la Ley no le permite hacerlo cuando estas barreras son impuestas por alguna autoridad gubernamental.

Complementa iniciativas de reforma.

Asimismo, se reconocen los esfuerzos de otros legisladores cuyas propuestas complementan de manera efectiva el esfuerzo de desregulación y fomento a los emprendedores.

Por un lado, la propuesta de reforma Constitucional presentada el día 30 de marzo del 2016 por la Diputada Lorena Corona Valdés ante el pleno de la H. Cámara de Diputados.

En esa iniciativa con “Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos h) e i) y se adiciona el j) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” se propone dar facultades a la Cofece para ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el ejecutivo y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados.

Desafortunadamente, esta iniciativa fue desechada en la Cámara de Diputados y por ello la iniciativa de reforma Constitucional que aquí se presenta retoma el contenido y objetivo de la misma. Así, tanto la iniciativa de la Diputada Corona como esta facultarían a la Cofece para ejecutar pare presentar acciones de inconstitucionalidad contra regulaciones que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia.

Por otro lado, la propuesta de reforma para expedir la Ley General de Mejora Regulatoria, dictaminada y aprobada por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Senadores el 15 de marzo del 2018.

En estas iniciativas se establece que todos los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezcan la ley general en la materia. La nueva Ley de Mejora Regulatoria obliga a las diferentes autoridades a catalogar y justificar sus regulaciones y permite a los ciudadanos tener la certeza de que no les aplicará ninguna regulación que no esté publicada.

GUÍA DE LA COFECE

La Cofece es consciente de este problema. En 2016, público “la Guía para la Evaluación de la Regulación desde la Óptica De Competencia”2 donde señala que:

Los obstáculos a la competencia impuestos por el propio Estado son particularmente nocivos, pues suelen generar daños transversales de manera prolongada, en ocasiones de difícil o imposible reparación. Es por ello que resulta fundamental detectar y corregir, de manera oportuna, los riesgos a la competencia asociados a los proyectos de regulación.

En esta guía se señalan algunos de los problemas generados por las regulaciones más persistentes y que se retoman en las presente iniciativas. De manera particular, la Cofece agrupa las barreras regulatorias entre aquellas que:

• Limitan el número de empresas en los mercados;

• Inhiben la capacidad o aptitud de los proveedores para competir;

• Limitan las opciones e información disponibles para los consumidores, y

• Reducen los incentivos de las empresas para competir.

Asimismo, durante su comparecencia en octubre de 2016, la titular del pleno de la Cofece ha externado frente al pleno de la H. Cámara de Senadores, que a su juicio, lo que más daña el funcionamiento de nuestros mercados son las barreras regulatorias que se crean desde las legislaciones federales, estatales o municipales, que en ocasiones, bajo el argumento de proteger la industria, construyen espacios de privilegio que afectan a miles de consumidores.

En el mismo sentido, el titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece ha señalado que restricciones que aparecen en forma de supuestos requisitos sanitarios impuestos por los estados a la introducción o salida de productos agropecuarios, las reglas de transporte público, desarrollo urbano, y requisitos para el ejercicio de diversas profesiones que se disfrazan de regulación “del orden”, resultan en problemas graves para el comercio interno…quizá este problema amerita considerar con seriedad la posibilidad de que la Cofece pueda, además de sus facultades actuales, interponer Acciones de Inconstitucionalidad directamente, como se ha propuesto recientemente en el Congreso.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, si bien no tiene precedentes en México, retoma experiencias internacionales exitosas. En otras jurisdicciones, las autoridades de competencia están facultadas para intervenir frente a aquellas regulaciones que imponen barreras indebidas a la competencia.

Los Tratados de la Unión Europea facultan a la Comisión Europea para intervenir en las regulaciones de los estados miembros que atentan contra el mercado común, que protegen a determinadas empresas de la competencia o que dan ventajas exclusivas.

De igual forma, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado de España (2013), de la cual estas iniciativas retoman diversos aspectos, garantiza diversos derechos para emprender y competir en todo el territorio nacional. La Ley impide que las empresas se vean sometidas a barreras regulatorias en las diferentes Comunidades Autónomas. Asimismo, permite a los emprendedores afectados por una regulación, denunciarla ante las autoridades correspondientes. En este sentido, la autoridad de competencia española puede, recurrir las regulaciones y suspenderlas de manera provisional.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica comprende lo siguiente:

• Reafirma el derecho de los agentes a competir y concurrir libremente en los mercados.

• Implementa un procedimiento mediante el cual el ciudadano, la Comisión y las autoridades responsables pueden colaborar para eliminar regulaciones anti-competitivas.

• Implementar procedimientos judiciales mediante los cuales estas regulaciones se pueden recurrir, suspender provisionalmente y, en su caso, eliminar.

Por su parte la iniciativa de reforma Constitucional otorga a la Cofece la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra regulaciones en los tres órdenes de gobierno que vulneren el derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 12 y 57 y se adicionan artículos 4 bis, 95 bis y 95 bis 1 a la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 4 bis. Los agentes económicos y consumidores tienen derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados. El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional y sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y lo dispuesto en la Constitución.

Las disposiciones emitidas por cualquier Autoridad Pública deben garantizar la igualdad de derechos de los agentes económicos a entrar, concurrir y competir libremente en todos los mercados del territorio nacional, sin discriminación alguna.

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

XIX. Garantizar la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos;

XX. Garantizar, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los principios de libre concurrencia y competencia económica;

Artículo 57. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, a través de los procedimientos previstos en esta Ley.

Se consideran barreras indebidas y contrarias al derecho a la libre competencia y concurrencia en los mercados cualquier actividad, acto o disposición de carácter general emitida o en proceso de ser aprobada o emitida por cualquier Autoridad Pública que cumplan con las siguientes condiciones:

I. Que impidan o puedan impedir el acceso de competidores, o limiten o puedan limitar su capacidad de competir en los mercados. Y de manera particular aquellas que tengan como objeto o efecto:

a. Otorgar derechos especiales o ventajas exclusivas a agentes económicos determinados para prestar servicios u ofrecer bienes;

b. Establecer procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para ejercer una actividad;

c. Crear esquemas preferenciales en compras de gobierno para beneficiar a agentes económicos determinados;

d. Establecer requisitos técnicos, administrativos o económicos para que los agentes participen en los mercados;

e. Establecer condiciones o delimitar áreas geográficas u horarios para ofrecer bienes y servicios;

f. Impedir el acceso a una actividad económica en el territorio nacional a cualquier agente económico que cumpla todos los requisitos para acceder a esa actividad en su lugar de origen;

g. Imponer canales exclusivos o tipos de establecimientos para la venta o distribución de bienes y servicios;

h. Establecer normas o reglas de calidad para los bienes y servicios;

i. Determinar el uso obligatorio de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología en particular, o de algún producto o servicio determinado;

j. Restringir la capacidad de los agentes de innovar u ofrecer nuevos productos;

k. Establecer o influir en la determinación de precios máximos, mínimos, tarifas o, en general, cualquier mecanismo de control de precios o cantidades de bienes y servicios;

l. Eximir del cumplimiento de normas o regulaciones a empresas determinadas en perjuicio de sus competidores,

m. Dificultar a los consumidores cambiar de proveedor o compañía, y

n. Limitar la información ofrecida a los consumidores.

II. Que no sean estrictamente necesarias para alcanzar un fin de política pública válido,

III. Que no cuenten con alternativas menos restrictivas para alcanzar dicho fin, y

IV. Que no sean idóneas para alcanzar dicho fin.

Artículo 95 bis. Los Agentes Económicos y consumidores, así como sus representantes, que entiendan que se han visto afectados o se puedan ver afectados por barreras indebidas a la competencia podrán dirigir una denuncia a la Comisión, para lo cual se estará al siguiente procedimiento:

I. La Comisión, con previo análisis de la denuncia, determinará si se trata de una actuación que pueda suponer una barrera indebida a la competencia.

II. Si la Comisión considera que no existe una barrera indebida a la competencia deberá desecharla en el plazo de 10 días a partir de que recibió la denuncia. En este caso, la Comisión deberá publicar e informar al agente los motivos por los cuales desecha la denuncia entre los que debe señalar que:

a. No se trata de una barrera a la competencia, o

b. La barrera a la competencia persigue un fin de política pública válido, no cuenta con alternativas menos restrictivas para lograr dicho fin y es idónea para alcanzar dicho fin.

III. Si la Comisión considera que lo hechos contenidos en la denuncia puedan suponer una barrera indebida a la competencia deberá emitir una resolución dirigida a la autoridad responsable que contenga motivos por los cuales considera que existe una barrera indebida a la competencia y donde se solicite a la autoridad responsable tomar medidas al respecto. La Comisión tendrá un plazo de 20 días a partir de que recibió la denuncia para hacer pública la resolución e informar al agente económico.

IV. Transcurridos 20 días desde que recibió la información por parte de la Comisión, la autoridad responsable publicará a e informará a la Comisión y al agente económico las medidas concretas que se hayan adoptado para dar solución a la barrera denunciada.

V. De no recibir respuesta en el citado plazo, la denuncia se entenderá desestimada por parte de la autoridad responsable. Al día siguiente, la Comisión publicará e informará al Agente Económico de que su denuncia fue desestimada.

VI. Si el denunciante, a la vista de la decisión de la autoridad responsable, no se considera satisfecho, podrá solicitar a la Comisión que inicie los procedimientos establecidos en el artículo 95 bis 1 de esta Ley.

VII. El procedimiento previsto en el presente artículo es de carácter alternativo. El Agente Económico podrá interponer, de manera adicional y en todo momento, los recursos que a su juicio considere oportunos.

Artículo 95 bis 1. La Comisión está facultada para recurrir las barreras indebidas a la competencia ante los tribunales especializados en materia de competencia económica conforme a lo siguiente:

I. La Comisión podrá actuar de oficio y deberá actuar a solicitud de los agentes económicos y consumidores que se consideren afectados, en los términos del artículo 95 bis.

II. La Comisión podrá solicitar en su recurso la suspensión de la barrera impugnada, así como cualquier otra medida cautelar.

III. Solicitada la suspensión del acto o disposición impugnados, y una vez admitido el recurso, ésta se concederá de forma automática. La autoridad responsable cuya actuación se haya recurrido podrá solicitar en el plazo de tres meses el levantamiento de la suspensión, siempre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros que el tribunal ponderará.

Formulada la solicitud de levantamiento de la suspensión se dará traslado de la misma a la Comisión para que, en el plazo de 10 días, realice los alegatos que considere oportunos.

Evacuado el anterior trámite, el tribunal resolverá lo que estime procedente en los 5 días siguientes.

IV. La Comisión publicará la información relativa a los recursos interpuestos y las peticiones recibidas.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión deberá adecuar su Estatuto Orgánico y demás disposiciones regulatorias a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor. En tanto se efectúe la adecuación, se continuará aplicando el Estatuto Orgánico y demás disposiciones regulatorias vigentes al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que no se oponga a éste.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Manuel Cárdenas Fonseca.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.

1 El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-tramitologia-y-la-corrupcion.html

2 https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Guia_EvaluacionRegulacion__vonline_170516.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PT)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a supervisar que el proyecto “Chemours Laguna” se realice con apego a la legislación ambiental vigente y vigilar el estricto cumplimiento de la misma, con la finalidad de salvaguardar el derecho al medio ambiente sano de los pobladores de la zona. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, SUPERVISEN QUE EL PROYECTO “CHEMOURS LAGUNA” SE REALICE CON APEGO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE Y VIGILEN EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 24 de junio de 2017 las autoridades del gobierno del estado de Durango, del municipio de Gómez Palacio, y de la empresa The Chemours Company, colocaron en la localidad de Dinamita la primera piedra de la planta “Chemous Laguna”.1 Chemours es el mayor productor mundial de cianuro de sodio sólido, el cual es esencial para las operaciones mineras.2 Esta nueva planta se dedicará a la producción de insumos químicos para la industria minera nacional e internacional.

La planta representará una inversión de 150 millones de dólares (cerca de 3,000 millones de pesos) para su construcción. Adicionalmente, se generarán 1,000 empleos directos durante la obra y 350 empleos directos e indirectos una vez que inicie la operación de la fábrica.3

El anuncio de la nueva planta ha generado desconcierto y preocupación en los habitantes del ejido El Siete, ubicado a menos de un kilómetro de la zona de construcción. La elevada toxicidad del cianuro de sodio y el hecho de que la fábrica ha sido expulsada por dos comunidades del estado de Guanajuato, ha alertado a los habitantes de esta pequeña comunidad, que según el testimonio de los pobladores, no tiene problemas de agua ni de contaminación.4

El descontento de la comunidad que, junto con organizaciones de la sociedad civil como El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), busca proteger su derecho al medio ambiente sano ha escalado a diversos niveles. Tras denunciar diversas irregularidades en la manifestación de impacto ambiental del proyecto, el 9 de marzo de 2018, más de 70 elementos de la policía dispersaron un plantón de 400 personas de diversas comunidades aledañas a la planta “Chemours Laguna” que protestaban por la instalación de la misma. Las notas periodísticas que relatan la riña entre los elementos de seguridad y los manifestantes hablan de un saldo de 21 heridos.5

La situación que se vive en torno a la fábrica “Chemours Laguna” ejemplifica la disyuntiva entre la necesidad del Estado por atraer nuevas inversiones que generen empleos y la preocupación de las comunidades por mantener su entorno sano. Ante este escenario, la autoridad debe de actuar, con estricto apego a la ley, salvaguardando la salud de la población y de los ecosistemas que la sustentan; a la par de brindar equilibrio al desarrollo económico de las entidades federativas.

En este contexto, las actividades consideradas como altamente riesgosas, están contempladas en al menos dos ordenamientos jurídicos. Por un lado son definidas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 2º fracción primera que a la letra dice: “I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. Por el otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su Capítulo V “Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas” a partir de los artículos 145 al 148 indica que dichas actividades deberán de ser vigiladas por la autoridad federal con el objetivo de determinar el correcto uso de suelo y las medidas pertinentes para evitar efectos nocivos contra la población y los ecosistemas; la presentación de un estudio de riesgo ante la federación; contar con un seguro de riesgo ambiental; y contar con una zona intermedia de salvaguarda para garantizar la seguridad de los vecinos. De igual forma, en términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se deberá de vigilar el correcto manejo de los residuos peligrosos tal como lo estipula el Capítulo IV denominado “Manejo Integral De Los Residuos Peligrosos”.

Con base en lo anterior, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus competencias, supervisen que el proyecto “Chemours Laguna” se realice con apego a la legislación ambiental vigente y vigilen el estricto cumplimiento de la misma, con la finalidad de salvaguardar el derecho al medio ambiente sano de los pobladores de la zona.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que remitan a esta Soberanía un informe sobre las medidas adoptadas de conformidad al punto anterior.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

1 Alatorre, L. 24 de junio de 2017.Milenio.
http://www.milenio.com/negocios/empleo_durango-chemours_laguna-jose_rosas_aispuro-
dinamita-milenio_noticias-laguna_0_980902010.html.
Recuperado de
http://www.milenio.com/negocios/empleo_durango-chemours_laguna-jose_rosas_aispuro-
dinamita-milenio_noticias-laguna_0_980902010.html

2 Redacción El Financiero. 26 de junio de 2017. Firma química de EU invertirá 150 mdd para planta en México. Recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/firma-quimica-de-eu-invertira-150-mdd-para-planta-en-mexico.html

3 Ibídem.

4 Rodríguez, F. 7 de octubre de 2017. Vanguardia. Entre miedo e incertidumbre, instalan planta de cianuro en La Laguna. Recuperado de
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/entre-miedo-e-incertidumbre-instalan-planta-de-cianuro-en-la-laguna

5 Redacción Sin Embargo. 09 de marzo de 2018. Familias protestan contra planta de cianuro y Alcaldesa del PRI les manda policías: hay 21 heridos. Recuperado de http://www.sinembargo.mx/09-03-2018/3395402, y Espinosa, V. 09 de marzo de 2018. Policía de Gómez Palacio reprime manifestación contra proyecto “Chemours Laguna”. Recuperado de
http://www.proceso.com.mx/525558/policia-de-gomez-palacio-reprime-manifestacion-contra-proyecto-chemours-laguna






De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth Hernández Lecona y del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de la Delegación Tlalpan a explicar la forma en que operan los permisos para la ampliación del centro comercial “Paseo Acoxpa” y atender las demandas de vecinos afectados por las obras. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los que suscriben, MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y JESÚS CASILLAS ROMERO, Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los sismos ocurridos en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2017 con una magnitud de 7.2 grados de en la escala Richter, desafortunadamente provocaron la muerte de al menos 228 personas, ello de acuerdo al gobierno capitalino, así como el colapso de más de 40 inmuebles y 3 mil más con daños.

Desafortunadamente a casi siete meses de esa tragedia, pareciera que, para las actuales autoridades de la Ciudad de México, pero principalmente al ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como algunos ex delegados como la de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, este tema ya no tiene importancia, ni dejó ninguna lección o aprendizaje, ello ante las campañas electorales y por el contrario, antes de dejar los cargos, se otorgaron más permisos de construcción y ampliación de obras.

Pareciera que lo ocurrido en el Colegio Enrique Rébsamen y en otros inmuebles, como el Tec de Monterrey o Galerías Coapa, no fue suficiente para ex funcionarios capitalinos y delegacionales en Tlalpan, ya que antes de renunciar otorgaron licencias de construcción que ponen en riesgo la vida de cientos de capitalinos.

Tal es caso de las ampliaciones del Centro Comercial Paseo Acoxpa, en el sur de la capital, cuyos propietarios, aprovechando los graves daños en Galerías Coapa, optaron por ampliar dicho centro comercial, agregando dos pisos más, aún con el riesgo de que se repita una nueva tragedia por este tipo de obras.

El Centro Comercial “Paseo Acoxpa” fue inaugurado en 2010 y cuenta con 56,000 metros cuadrados. Se ubica en la colonia Ex - Hacienda de Coapa, de la delegación de Tlalpan y su entrada principal está sobre la calzada de Acoxpa número 430.

Desde su inauguración los administradores del centro comercial han ignorado las solicitudes verbales o por escrito que se han hecho para evitar los fuertes ruidos que provocan sus trabajos de carga, descargan y activación de plantas de luz, desazolvé y descarga de pispas de agua o trabajos de camiones para basura realicen en horarios nocturnos en perjuicio del descanso de los vecinos de la las colonias Vergel de Coyoacán y Vergel del Sur, en Tlalpan.

Vecinos de ambas colonias han denunciado ante el Gobierno de la Ciudad de México y ante la Delegación Tlalpan, sin ninguna respuesta, las obras de ampliación, construcción, carga y descarga de mercancías, basura, pipas con agua potable y camiones de desazolvé, y plantas de luz, entre otras actividades, que realizan a partir de la media noche y hasta la madrugada varios días de la semana.

De acuerdo a documentos, oficios y testimonios, los vecinos han acudido ante autoridades de la Delegación Tlalpan y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) sin que atienda las denuncias. Primero ante el riesgo de una nueva tragedia por este tipo de ampliaciones en las construcciones y después por graves violaciones en materia de trabajos de mantenimiento y descarga de mercancías que se realizan durante la noche.

Ni la Sedema, ni la Delegación Tlalpan tienen interés de frenar un nuevo negocio de empresarios y constructoras, ello a pesar de que el reglamento de construcción prohíbe maniobras, descargas de materiales, pipas con agua, taladrar, derruir y una serie de acciones que realizan en las noches desde hace al menos cinco meses. Tampoco los administradores de Paseo Acoxpa han atendido las peticiones de los vecinos de estas dos colonias.

En la zona sur del centro comercial, se ubica la zona de carga y descarga. Aunque el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, establece horarios para realizar dichas tareas, el personal que labora ahí, no lo respeta. Hasta hace dos meses las pipas con agua de más de 30,000 litros descargan, comenzando a trabajar a la 1 o 3 de la mañana. (Han dejado de trabajar estas en la noche)

Por el contrario los camiones proveedores de los locatarios, continúan descargando sus productos, ocasionan ruido con los motores, los gritos de los trabajadores, o los camiones para basura que entre que por la noche hacen sus labores.

Sumado a ello, también los camiones que hacen el desazolvé del drenaje, (parece que son particulares), trabajan para el centro comercial. Este trabajo lo hacen en dos a tres días y comienzan normalmente a las 3 de la mañana y termina a las 5 o 6 de la mañana. Ninguna autoridad delegacional o de la Ciudad de México, los molesta, apercibe o multa.

Sin ser suficiente ya los daños provocados por actividades, digamos cotidianas, después del sismo del pasado 19 de septiembre, se iniciaron obras para ampliar Paseo Acoxpa, con trabajos día y noche. Ello a pesar de que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, señala que el horario para hacer demolición o construcción de inmuebles es de 8 a.m. a 16:00 horas. Ni en la gestión de Claudia Sheinbaum, ni de su sucesor, se atiende esta grave denuncia.

Dicho reglamento en su Artículo 242 señala.- El horario de trabajo en el proceso de las obras de demolición quedará comprendido entre las 8:00 y las 18:00, horas. En caso de que sea necesario ampliar o modificar este horario, previo consentimiento de los vecinos, se deberá solicitar a la Delegación su aprobación.

El año pasado, los accionistas del centro comercial, comenzaron hacer trabajos de remodelación y su aviso dice: OBRA: especial en la modalidad de instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes (modificación altura y cambio de techadumbre)

Licencia de construcción especial: 1/MEE/003/2017/15
Director Responsable de Obra: Arq. Ernesto Ortigoza Gómez
Registro no: DRO-1413
Corresponsable en Seguridad Estructural: Ing. Carlos Arturo Álvarez Peláez. Registro no: CSE-0191

Sin embargo, el “cambio de techadumbre”, se modificó a raíz de las afectaciones que se ocasionaron en el Centro Comercial de Galerías Coapa. El colapso de esa otra plaza cercana fue vista como una oportunidad de “crecer” el negocio e inmueble, aún con los riesgos que puede existir y las molestias a los vecinos.

El permiso que tiene la obra del Centro Comercial, comenzó a cambiar el techo (techumbre como dice el aviso), de algunos locales. Sin embargo, los trabajos se suspendieron con el sismo del 19 de septiembre, y a los pocos días se reiniciaron, pero retirando los trabajos hechos y colocando nuevas estructuras en la construcción con mayor tamaño y altura, y comenzaron a construir dos niveles más sobre la zona sur del centro comercial.

Con ello se están haciendo modificaciones estructurales, lo cual es diferente a lo señalado en su permiso. Los vecinos han solicitado a los administradores copia de los permisos o los estudios de impacto que podrían generar estas construcciones, y no se tiene respuesta.

Por lo antes mencionado los vecinos se han cansado de hacer denuncias, oficios, antesalas y gestiones ante las autoridades de la Delegación Tlalpan y la propia Sedema. Las obras continúan día y parte de la noche sin ningún problema. La maquinaria pesada, los taladros y descarga de mercancía y materiales no tienen horario, cuando la impunidad de los negocios inmobiliarios está de por medio, como en tiempos de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

Los vecinos señalan que además de violar el Reglamento De Construcciones para el Distrito Federal, las obras en Paseo Acoxpa violan el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación de Tlalpan, y diversas disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

La preocupación de este punto surge porque en esta obra, están ampliando al doble de su actual capacidad comercial. Además se debe sustentar el permiso en previos estudios de impacto ambiental, que al parecer no existen.

Añaden que no es posible aumentar tal cantidad de nuevos espacios comerciales ya que el estacionamiento continúa con la misma capacidad, lo cual ya empieza a provocar afectaciones viales en la zona. Sumado a al tema del consumo de agua, luz y la capacidad del drenaje público, para recibir las nuevas descargas de aguas negras.

Ante esta grave situación, presento al Honorable Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informar a esta Soberanía sobre los permisos de obra para la ampliación de dos niveles del Centro Comercial Paseo Acoxpa.

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Jefe Delegacional en Tlalpan, informar sobre los permisos de construcción para la ampliación de dos niveles del Centro Comercial Paseo Acoxpa.

TERCERO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en Tlalpan, informar sobre la atención a las denuncias y oficios enviados por vecinos de las colonias Vergel de Coyoacán y Vergel del Sur, en Tlalpan, por obras y labores de mantenimiento que realizan en el Centro Comercial Paseo Acoxpa, durante la noche y madrugada, en violación a diversas normatividades.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a las Secretarías de la Administración Pública y a las entidades federativas involucradas en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o proyectos relacionados al mismo a tener una constante comunicación y coordinación entre sí para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal realizadas o mal licitadas por premuras. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El suscrito, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, Senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS INVOLUCRADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NAICM O PROYECTOS RELACIONADOS AL MISMO PARA QUE EXISTA UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ELLOS PARA EVITAR RETRASOS EN LA OBRA, SOBRECOSTOS Y CONSTRUCCIONES MAL REALIZADAS O MAL LICITADAS POR PREMURAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la página del Nuevo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), es una empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar NAICM, conforme al título de concesión otorgado por el Gobierno Federal y publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de Enero de 2015.

Sin embargo la construcción del NAICM no solo recae en el GACM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la cabeza y responsable de este magno proyecto. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la SCT es la encargada de regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; y construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género.

Además, la construcción del proyecto regulación hidrológica corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuyo objetivo principal era garantizar la seguridad frente a inundaciones en la región oriente del Valle de México. Asimismo, es atribución de CONAGUA establecer vigilancia y protección de las 1,721 hectáreas de los terrenos aledaños al NAICM que son propiedad de la Nación.

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es la encargada de elaborar el Programa de Ordenamiento Urbano del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuya finalidad es evitar afectaciones y hacer compatible el NAICM con las zonas aledañas al mismo.

Existen diferentes proyectos que a la fecha no queda claro quién es el responsable de su construcción como las vialidades y el transporte público que conectaran al NAICM; no obstante se asume que la SCT en coordinación con algunas entidades federativas serán las responsables de la conectividad.

De la misma manera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la encargada de evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica para así tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar ecosistema alrededor del NAICM.

Por ello es necesario que exista una constante comunicación y coordinación entre Secretarias, entidades federativas y el GACM para la construcción del NAICM y así evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal realizadas o mal licitadas por premuras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a las Secretarías de la Administración Pública y las entidades federativas involucradas en la construcción del NAICM o proyectos relacionados al mismo para que exista una constante comunicación y coordinación entre ellos para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal realizadas o mal licitadas por premuras.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Víctor Hermosillo y Celada.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el proceso de negociación relativo a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica No. 6 entre México y Argentina, así como para que se avance de forma decidida en su suscripción en las próximas semanas como parte de la estrategia de diversificación del comercio exterior de nuestro país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A REMITIR UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN RELATIVO A LA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 6 ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA, ASÍ COMO PARA QUE SE AVANCE DE FORMA DECIDA EN SU SUSCRIPCIÓN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE NUESTRO PAÍS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 6, es un acuerdo suscrito entre México y Argentina, el 24 de octubre de 1986 y entró en vigor el 1 de enero de 1987; el objetivo general del Acuerdo es intensificar y diversificar en los mayores niveles posibles el comercio recíproco bilateral; coordinar y complementar las actividades económicas, en especial la industria y la tecnología conexa, a través de una eficaz mejora de los sistemas de producción y de las escalas operativas; estimular las inversiones encaminadas a un intensivo aprovechamiento de los mercados y de la capacidad competitiva de los países signatarios en las corrientes de intercambio mundial; y facilitar la creación así como el funcionamiento de empresas de la región.

Este Acuerdo ha tenido 15 protocolos modificatorios, dentro de los cuales principalmente se ha actualizado el listado de productos y sus respectivos aranceles.

El último protocolo actualizó el texto y entró en vigor el 1 de enero del 2007.

Sin embargo, las acciones proteccionistas que ha llevado a cabo el gobierno de Donald Trump incentivaron a que los gobiernos de México y Argentina comenzaran con la segunda ronda de negociación para la ampliación y profundización del ACE 6.

Del 17 al 20 de abril del 2017, se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones, en la cual se sentaron las bases del proceso y se discutieron las propuestas de texto en las 13 disciplinas comerciales que abarca la ampliación.

La Secretaría de Economía destacó que algunos de los temas que se trataron fueron: el acceso a mercado de bienes y servicios, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, mejora regulatoria, propiedad intelectual, inversiones, entre otros.

Del 7 al 10 de agosto del mismo año, se llevó a cabo en la Ciudad de México, la tercera ronda de negociaciones, en la cual, los equipos de Argentina y México analizaron la lista de intereses intercambiada en el mes de julio y trabajaron conforme a la metodología acordada.

Se trataron temas como: acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, compras públicas, salvaguardias, servicios, inversión, propiedad intelectual, mejoras regulatorias y aspectos institucionales, así como solución de controversias.

Unos de los logros que ambos países expresaron con satisfacción de esta reunión fueron, la identificación de productos de interés de las partes, así como el intercambio de visiones y propuestas para establecer el régimen de origen de los mismos con el objeto de impulsar su comercialización.

Finalmente, del 6 al 8 de febrero del mismo año, tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, la cuarta y más reciente, ronda de negociaciones del ACE 6, en la cual se trataron temas relacionados con: el acceso de productos ya incluidos en el Acuerdo a través de reducciones arancelarias, simplificación de requisitos técnicos y sanitarios y, por otro lado, ampliar su alcance incluyendo nuevos productos no negociados hasta el momento.

A pesar de los logros obtenidos, aún resta alcanzar consensos en aspectos vinculados a intereses centrales de ambas partes. Argentina ha declarado su expectativa de ampliar la cobertura del ACE 6, especialmente en el sector agrícola y agroindustrial.

Otro aspecto en el cual los negociadores no lograron consenso es en lo que respecta al sector automotriz y al sector agrícola y agroindustrial, esto debido a su importancia para el resultado de la balanza comercial bilateral de ambos países, el resultado de las negociaciones sobre el sector automotriz y el sector agroindustrial preocupa a ambos gobiernos.

En 2016, Argentina fue el cuarto socio comercial de México en América Latina y el quinto destino de sus exportaciones, alcanzando un comercio bilateral de 2 mil 305 millones de dólares, que ascendieron a 2 mil 700 millones de dólares en 2017.

Datos aportados por la consultoría en economía y negocios “Abeceb”, reflejan que entre 2002 y 2007 la balanza comercial se inclinó para el lado argentino, pero luego de ese año se revirtió y hoy se ubica en mil millones de dólares favorable para México. Las exportaciones de Argentina alcanzan los 778 millones contra mil 785 de importaciones provenientes de México.

México en la actualidad es receptor del 1.3 por ciento de las exportaciones argentinas y cerca del 3 por ciento de las compras. Si se habla de las exportaciones de productos primarios esto se reduce, ya que es el destino de solo el 0.3 por ciento de las exportaciones y el 0.7 por ciento de las manufacturas de origen agropecuario.

El ACE 6 está enfocado en las manufacturas industriales y representa alrededor del 43 por ciento del comercio bilateral. Por tal motivo, la ampliación y modernización de este Acuerdo es de vital importancia para ambos países. Para el gobierno argentino esto podría significar ampliar su mercado externo y resultar en un paso adelante en las negociaciones para su ingreso a la Alianza del Pacífico.

Para México, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la ampliación y profundización de dicho acuerdo responde a la necesidad de contar con un instrumento de última generación que permita consolidar la relación bilateral. Este proceso de negociación forma parte de la agenda de diversificación comercial que impulsa el gobierno actual para ampliar el acceso a nuevos mercados o fortalecer su presencia en aquellos en los que ya está presente, así como para tener mayor número de proveedores competitivos.

CONSIDERACIONES

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, que remita a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda el proceso de negociación relativo a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica No. 6 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se avance de forma decidida en el proceso de ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica No. 6 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, a fin de que se formalice su suscripción en las próximas semanas como parte de la estrategia de diversificación del comercio exterior de nuestro país; este fue un elemento de relevancia e interés mutuo abordado durante los trabajos y acuerdos asumidos tras la IV Reunión Interparlamentaria entre México y Argentina.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer los mecanismos de prevención, atención e investigación de los delitos de secuestro, violación y homicidio, ante el incremento sostenido de este tipo de ilícitos en la entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.








Del Senador José María Tapia Franco, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una revisión a los procesos de asignación de concesiones de los centros de verificación vehicular de la Ciudad de México que operarán a partir del 1 de julio de 2018, en virtud de distintos señalamiento de un presunto beneficio y acaparamiento de las asignaciones. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

El suscrito, JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace 22 años, se emitió la última convocatoria para operar Verificentros en la Ciudad de México. Entre los años 1996 y 1997 se autorizó la operación de 59 Centros de Verificación. El pasado 31 de diciembre de 2017, venció el plazo de dichas concesiones.

Asimismo, parte de los equipos de verificación con los que actualmente se lleva a cabo la medición de emisiones contaminantes de los automóviles tienen una antigüedad de 20 años, motivo por el que es necesario renovar dicha infraestructura a fin de que se acorde a los avances tecnológicos y que el análisis de las emisiones se realice conforme a la normatividad aplicable.

Desde el 14 de marzo de 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la Convocatoria Pública para obtener la autorización para Establecer Centros de Verificación Vehicular.1

La convocatoria señala que se otorgarán 55 autorizaciones para establecer y operar Centros de Verificación Vehicular, las cuales deberán contar opcionalmente como mínimo 3 líneas y máximo 7 líneas para realizar el proceso de verificación cada una de ellas. Las autorizaciones serán por 10 años que pueden ser prorrogados por un período igual.

De igual forma, establece que los interesados podrán concursar para obtener de 1 y hasta 7  Autorizaciones para establecer y operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México.

A partir del 1 de julio de 2018, comenzarán a operar estos 55 Centros de Verificación Vehicular, los cuales contarán con equipo para la aplicación de pruebas físico-mecánicas y medición de partículas ultrafinas.

No obstante, el gobierno de la Ciudad de México lejos de procurar un proceso transparente en la asignación de los Centros de Verificación que garantice controles más estrictos de los niveles de contaminación de los vehículos, podría estar beneficiando a ciertos grupos.

Entre las irregularidades documentadas por distintos medios de comunicación, destaca que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México otorgó la concesión de nuevos Centros a pesar de que los solicitantes no contaban con los terrenos o predios, tal como lo estipulaba en las bases de la convocatoria.2 Esta situación puede provocar que dichos Centros no puedan operar a partir del 1 de julio de 2018, lo que puede afectar el correcto funcionamiento de la verificación vehicular.

Resulta preocupante que se haya otorgado la autorización para establecer Centros de Verificación a personas físicas y morales que no contaban con la infraestructura necesaria y que por otra se le haya negada la autorización a Verificentros que sólo tenían que adquirir nuevos equipos para cumplir con los nuevos requerimientos.

Por otra parte, distintos Verificentros independientes han señalado que se benefició a Centros de Verificación que pertenecían a una corporación, tal es el caso de Control Atmosférico de México que consiguió siete autorizaciones; Ciudad Mexiplus con cinco; Mac S.A. de C.V., con cuatro; Excelencia Refaccionaria Ave Fénix, también con cuatro. Las que obtuvieron 2 autorizaciones fueron Impulsora Ecológica, Compañía Empresarial Vedoza y Suministros y Maquinaria Kebec.3

Ante la decisión de la SEDEMA, los propietarios de Verificentros a los que se les negó la autorización han presentado 10 recursos de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, así como la presentación de 44 juicios de amparo.

Otra irregularidad en la que incurrió la SEDEMA fue el hecho de que en la convocatoria se señaló que la información sobre la asignación se entregaría en el mes de mayo de 2017, sin embargo, esta información se presentó hasta el mes de diciembre.

Considero que ante las distintas anomalías que se han documentado en la asignación de las autorización para operar Centros de Verificación Vehicular, resulta necesario que la Contraloría General de la Ciudad de México revise que dicho proceso se haya realizado conforme a la normatividad aplicable en la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una revisión a los procesos de asignación de concesiones de los Centros de Verificación Vehicular de la Ciudad de México que operarán a partir del 1 de julio de 2018, en virtud de distintos  señalamiento de un presunto beneficio y acaparamiento de las asignaciones. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. José María Tapia Franco.

1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No.27,  14 de marzo de 2017,
< http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/convocatoria-verificentros/descargas/convocatoria.pdf>
Consultado el 2 de abril de 2018.

2 “Nuevos verificentros, sin infraestructura para operar, denuncian”, La Silla Rota,
< https://lasillarota.com/verificentros-sin-infraestructura-operacion-denuncian/213972>
Consultado el 2 de abril de 2018.

3 Ibíd.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el proceso de negociación sobre la profundización del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, al tiempo que se le exhorta para que a la brevedad sea suscrito. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos     8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto  a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A REMITIR UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y URUGUAY, AL TIEMPO QUE LE EXHORTA PARA QUE A LA BREVEDAD SEA SUSCRITO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 29 de diciembre de 1999, México y Uruguay suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica No. 5 (ACE 5), con vigencia hasta ser sustituido por un nuevo acuerdo. Para el primero de marzo de 2001 entró en vigor la ampliación del ACE 5, la cual incorpora disciplinas más completas en materia de acceso a mercado, salvaguardias, normas sanitarias, normas técnicas, prácticas desleales, reglas de origen y solución de controversias, así como una liberación completa que permitió el otorgamiento del 100 por ciento de preferencias arancelarias para las tarifas de importación, con algunas excepciones.

En el año 2002, México y los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur) suscribieron un acuerdo marco con el objetivo de crear un área de libre comercio. En este contexto, un mes después, México y Uruguay iniciaron la negociación de un tratado de libre comercio, tomando como base las condiciones y preferencias arancelarias pactadas en el ACE 5. Este acuerdo buscaba crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios producidos en ambos territorios, pero, sobre todo, ofrecer a los agentes económicos reglas claras y previsibles para el correcto desarrollo del comercio y la inversión.

El tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 en el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y entró en vigor el 15 de julio de 2004.

Desde su creación, dicho tratado no se había contemplado para una ampliación, pero enmayo de 2017, el Secretario de Relaciones Exteriores anunció el inicio formal de las negociaciones con el Gobierno del Uruguay sobre los términos de referencia para la profundización del TLC, lo cual dijo, ocurriría en los próximos meses. Dicho proceso sería coordinado por la Secretaría de Economía.

Aunado a esto, la Secretaría indicó que los temas de profundización del acuerdo eran diversos y que iban desde la incorporación de nuevas disciplinas, los tratamientos arancelarios, ampliación de cuotas y generar mayores oportunidades para los emprendedores, empresarios y productores mexicanos.

En noviembre del 2017, el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez realizó una visita de Estado a la Ciudad de México con el fin de afianzar el vínculo bilateral entre ambos países y profundizar el TLC, lo cual México y Uruguay planean llevar a cabo el segundo semestre de 2018.

Para Uruguay uno de los puntos centrales en la negociación es lo relativo al comercio de alimentos, ante lo cual manifestó su interés por incrementar los cupos de importación de leche en polvo y carne ovino uruguayas al mercado mexicano, como parte de la ampliación del TLC. México cuenta con un cupo libre de arancel de solo 5 mil toneladas de leche en polvo, que puede ampliarse hasta 11; con respecto a la carne de ovino, Uruguay tienen un cupo de 250 toneladas sin aranceles al mercado mexicano y fuera de ese cupo se paga un arancel del 15 por ciento.

De acuerdo con Rafael Nava, Presidente de la Sección para América del Sur del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, a México le conviene diversificar sus fuentes de abastecimiento. Con la llegada de este TLC, el comercio de México con Uruguay se ha incrementado poco más de tres veces, pasando de poco más 173 millones de dólares en 2004, a casi 591 en 2017.

Con respecto a México, Uruguay es un destino potencial para la exportación de productos del mar, bebidas alcohólicas, alimentos procesados, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Y en términos generales, México es el séptimo socio comercial de Uruguay y éste es el socio comercial 53 de nuestro país.

Cabe destacar que, este Acuerdo es el único que México tiene con una nación que pertenece al Mercosur, lo cual permite también lograr un mayor acercamiento con este bloque. Además, Uruguay ha mostrado un gran liderazgo en el proceso de integración entre Mercosur y la Alianza del Pacífico en materia comercial.

CONSIDERACIONES

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, que remita a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda el proceso de negociación relativo a la Profundización del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, al tiempo que le exhorta para que a la brevedad sea suscrito; este fue un tema de relevancia e interés mutuo abordado en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos tras la Primera Reunión Interparlamentaria entre México y Uruguay.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a fortalecer las acciones para incrementar la eficiencia terminal y el número de titulados en dicha institución; asimismo, a presentar un informe sobre los resultados educativos alcanzados por la universidad desde su creación. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

El que suscribe, JESÚS CASILLAS ROMERO, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La educación superior es una herramienta fundamental para el progreso y desarrollo, así como para la mejorar la calidad de vida de la población, que permite ampliar sus oportunidades económicas y sociales, a la vez que garantiza el ejercicio de una ciudadanía más democrática, responsable, libre y crítica.

Pese a lo anterior, a más de 15 años de su creación, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), tiene un bajo número de egresados y el gasto excesivo para su mantenimiento, en perjuicio del nivel académico de los alumnos y de la institución en su conjunto.

Desde su inicio, su objetivo prioritario fue proporcionar educación superior en áreas científicas, humanística y de ingeniería a la población de la Capital del país; sin embargo, a la fecha no hay un informe objetivo que dé cuenta del nivel real de dicha universidad.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ofrece, de acuerdo a su página web, 18 carreras: de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, y Ciencias y Humanidades.1

Cabe destacar que los rectores de la dependencia educativa han presentado en su momento sus informes anuales correspondientes, pero sin ampliar la información en rubros claves como los siguientes: egresados, gasto, inversión, eficiencia terminal, extensión, difusión e investigación académica, entre otros.

La ausencia de un diagnostico estratégico sobre la institución, impide la implementación de políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y la viabilidad del proyecto educativo.

Diversos medios periodísticos señalan que, desde el 2007 hasta el 2017 la Universidad de Autónoma de la Ciudad de México ha recibido 10 mil 726 millones de pesos para realizar sus labores; sin embargo, en ese mismo lapso de tiempo, solamente se tiene registro de 2 mil 921 alumnos egresados.2

Para dimensionar aún más la gravedad de este asunto, basta señalar que en el 2007, tan sólo 28 alumnos egresaron de las aulas de la UACM, de 596 que la institución informó que se inscribieron en el año 2001. Esto significa, que solamente cinco de cada 100 alumnos egresó.

Este índice de egreso, es casi seis veces inferior a los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la cual promedio, 29 estudiantes de cada 100 terminaron sus estudios en dicho año.

No obstante, la institución ha destinado más recursos por alumno que la misma UNAM o el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Mientras la Universidad Nacional destinó, en promedio, por alumno de licenciatura, invirtió 60 mil 900 pesos en la última década; la UACM, tomando en cuenta su reporte de matrícula, desembolsó 72 mil 400 pesos por estudiante.

Esta institución inició con un presupuesto original de 109 millones 418 mil pesos, mismo que se ha venido incrementando con el paso de los años, así como su matrícula estudiantil.

Asimismo, medios periodísticos plantearon, que tan sólo en el 2016, recibió el mayor presupuesto, con mil 209 millones de pesos, si bien para el 2017 esa cantidad se redujo un 5 por ciento. En cuanto al número de estudiantes, 596 fueron los inscritos en el primer año de inauguración; actualmente, asciende a 17 mil alumnos. A pesar de que la UACM ha multiplicado con el paso del tiempo a su número de estudiantes, es muy bajo el índice de los que logran terminar, en el tiempo establecido.

Un porcentaje elevado de estudiantes se encuentra detenido en los primeros semestres o con muy pocos créditos, sin seguimiento académico por parte del personal de la universidad; además de que se presenta alto grado de ausentismo, los alumnos consumen drogas y bebidas alcohólicas dentro de los campus, a la vista de las autoridades. Según maestros y autoridades de dicha institución, han expresado que la universidad ha otorgado un título de licenciatura sólo al 1 por ciento de sus egresados.3

Por otra parte, señalan que casi el 93 por ciento de los recursos del presupuesto económico de la Universidad se destina al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores operativos y personal académico, lo que limita los recursos para investigación u otras actividades académicas.

En la UACM se han presentado también conflictos de origen político, financiero y legal, pues hay grupos que consideran que en dicha institución es un espacio de poder y adoctrinamiento, así como para la obtención de dinero para proyectos personales y de grupos con fines políticos.

Todos estos problemas a los que se ha enfrentado la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que, de acuerdo con las autoridades locales, iba a resolver la necesidad de “educación para todos”, ha provocado que incluso sus ex rectores, consideren que la UACM es “un gran fraude” y “un desastre”.4

En este panorama, resulta indispensable  que se presente un informe detallado sobre los resultados educativos alcanzados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en los últimos cinco años. Al artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal señala que la Secretaría de Educación local tiene, entre otras atribuciones, vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, los principios contenidos en esta ley, los reglamentos y demás disposiciones legales.5

Dada la trascendencia de la educación superior para la formación integral de la población, es innegable la necesidad de revisar la eficiencia y eficacia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el objeto de diseñar e implementar políticas públicas que permitan mejorar la calidad educativa de la institución, así como para fortalecer las acciones para incrementar la eficiencia terminal y el número de titulados en dicha institución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que, en coordinación con el Gobierno de la capital del país, fortalezcan las acciones para incrementar la eficiencia terminal y el número de titulados en dicha institución. Asimismo, para que presente un informe sobre los resultados educativos alcanzados por la Universidad desde su creación.

Dado en el Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Sen. Jesús Casillas Romero.

1 https://www.uacm.edu.mx/#

2 https://www.reporteindigo.com/reporte/uacm-institucion-cara-egresados/

3 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/uacm-aulas-vacias-y-pocos-titulados

4 http://archivo.eluniversal.com.mx/editoriales/52348.html

5 http://www.aldf.gob.mx/archivo-5711251ae2c4b93ef530d256313bac5e.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar campañas informativas y de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de evitar el uso de teléfonos celulares al manejar, a fin de prevenir y reducir los accidentes de tránsito. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los accidentes de tránsito se traducen en afectaciones de diversa índole que van desde aquellas concernientes a las lesiones o decesos de las víctimas, hasta las relacionadas con el menoscabo de la economía de la población y las finanzas del Estado. En consecuencia, resulta de vital importancia fomentar prácticas adecuadas entre los conductores.  

Sobre el particular, es oportuno señalar que entre los principales factores de riesgo están conducir a velocidad excesiva o bajo los efectos del alcohol, motociclistas que no utilizan casco, no usar cinturón de seguridad ni los dispositivos de retención infantil, falta de pericia del conductor, fallas mecánicas y distracciones como utilizar teléfonos celulares al manejar un vehículo motorizado. 

Para dimensionar la magnitud de la problemática, cabe mencionar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año fallecen alrededor de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales (si bien sobreviven, lo hacen con secuelas permanentes).1

Además, refiere que los accidentes de tránsito son una de las primeras causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre la población de entre 15 y los 29 años de edad; y que los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados de dos o tres ruedas), constituyen el 50% de todas las muertes por accidente de tránsito a nivel mundial.  

México no se encuentra exento de este fenómeno, por el contrario, las muertes, lesiones y discapacidades que derivan de los accidentes de esta naturaleza representan un problema de salud pública que implica un impacto directo a las familias mexicanas, así como costos sanitarios, sociales y económicos para las autoridades de los tres niveles de gobierno en nuestro país.

No podemos ser omisos ante el hecho que, de acuerdo con el “Informe sobre la situación de la seguridad vial México 2016”, en nuestro país los accidentes de tránsito siguen formando parte de las diez principales causas de mortalidad al registrar una tasa de 13.3 muertes por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, de los países de la Región de las Américas, México se posiciona en el lugar 23 en materia de seguridad vial.2  Las entidades con el mayor aumento de la tasa de mortalidad son Baja California, Tlaxcala, Colima, Guerrero y Chiapas. 

En relación al uso de celular al conducir, el informe en comento advierte que a nivel federal no existe la incorporación de recomendaciones internacionales para combatir este factor de riesgo, mismo que sólo es atendido en 15 entidades federativas, siendo de la siguiente manera: en 10 existe y es adecuada, pero con un criterio relajado; y en 5 existe pero no es adecuada.

En consecuencia, no es extraño que el uso de teléfonos móviles sea la mayor distracción observada al conducir. Al medir los factores de riesgo durante la conducción, el propio estudio muestra que hablar por celular (24.4%), manipular un dispositivo móvil (14.4%), consumir algún alimento o bebida (6.4%), fumar (4.8%) y maquillarse/arreglarse (4.7%), son las principales causas.

Lo anterior se torna aún más preocupante si tenemos en cuenta que existe amplia evidencia de que este tipo de distracción puede perjudicar de diversas formas al conductor, como es disminuir la capacidad para mantenerse en el carril correcto, mantener la distancia con otros vehículos y una reducción generalizada en la atención durante la conducción de un vehículo de motor.   

Otro aspecto que pone en relieve la pertinencia del presente asunto son los múltiples casos en los que se tiene conocimiento de accidentes de tránsito a causa de distracciones por utilizar el teléfono celular (para hablar o enviar mensajes de texto), mismos que por su recurrencia, han llegado a convertirse en parte de la cotidianidad.  

A partir de este contexto, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos esencial que las autoridades de los tres órdenes de gobierno lleven a cabo el fortalecimiento o en su caso, la ampliación de las campañas de comunicación sobre la educación y concientización de la seguridad vial.

Es fundamental fomentar una educación vial que permita construir una ciudadanía con mayor conciencia sobre la importancia de la observancia, aplicación y respeto de la normatividad correspondiente, incluida la prohibición de utilizar teléfonos celulares mientras se conduce algún vehículo automotor.

Asimismo, es primordial que automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, circulemos por los espacios designados para ello, conocer los señalamientos viales, y en general, tomar las precauciones que sean necesarias. 

Ante el panorama expresado y convencidos que en la mayoría de los casos, los accidentes de tránsito obedecen a distracciones, omisiones o negligencias, en el Grupo Parlamentario del PRI estimamos pertinente la implementación de campañas de concientización, información y sensibilización de la importancia de evitar el uso de celulares al conducir, acción que abona a la construcción de una cultura y educación vial.

Igual de importante es que de manera complementaria, incentivemos y asumamos hábitos de prevención de accidentes, tales como: respetar los límites de velocidad y mantener una distancia segura en relación a los demás vehículos; siempre utilizar el cinturón de seguridad; usar sistemas de retención infantiles acordes con su edad, peso y talla; en el caso de los ciclistas, utilizar casco; y en el caso de los peatones, sólo cruzar las calles por los espacios destinados para ello.   

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus funciones, implementen campañas informativas y de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de evitar el uso de teléfonos celulares al manejar, a fin de prevenir y reducir los accidentes de tránsito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Atentamente.

1 http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/

2 https://drive.google.com/file/d/1VFwPRfgGiiBh1LGewyfsNliJHPkX9rkm/view pp. 9, 22 y 31






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a atender la problemática del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, derivada de la poca cantidad de trenes y la falta de mantenimiento de los que se encuentran en funcionamiento. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Salud”

El 7 de abril de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Salud, cuyo tema en 2018 es Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, con el lema “La salud para todos”.

La cobertura sanitaria universal (CSU) se logra cuando existe una firme determinación política.

Ello significa garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos.

Los países que invierten en la CSU realizan una importante inversión en su capital humano.

En los últimos decenios, la CSU ha surgido como una estrategia clave para avanzar  hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios.

En nuestro país, aún tenemos muchos pendientes en la materia, pues si bien desde hace años se ha planteado un esquema de universalización de la salud, faltan pendientes para poder realizarlo.

El sistema de salud en México está apostando por el tercer nivel en salud, invirtiendo en hospitales de alta especialidad; sin embargo, que no hay que descuidar lo primordial: la prevención de enfermedades y un diagnóstico oportuno.

En el camino hacia la cobertura universal de salud se requerirá una cantidad adecuada de profesionales capacitados, sobretodo en Atención Primaria de Salud (APS), para lo cual es prioritario fortalecer la capacidad de planificación de los recursos humanos, así como transformar la educación de los profesionales de salud basados en la APS.

Otro tema altamente preocupante son los recortes presupuestales al sector, pues un presupuesto reducido, representa menos capacidad de compra de medicinas, menos hospitales, menos personal médico, menos capacitación y, por lo tanto, menor capacidad para salvar la vida de  los pacientes.

En el marco del Día Mundial de la Salud, invito a los titulares de nuestras instituciones de salud a reflexionar sobre el servicio que queremos darle a los mexicanos, pues en nuestra voluntad está el poder brindar una atención adecuada que ayude a prolongar sus vidas y llevar los tratamientos oportunos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Salud”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Salud”

El día 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud con el objetivo de comprometer a los líderes mundiales a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas a través de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU).1

El Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha garantizado el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social y laboral.

Para ello, la Administración Pública Federal llevó a cabo las siguientes acciones:

• El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), alcanzó una filiación de 53.3 millones de beneficiarios;

- En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) en todos los municipios del país, se incorporaron 2.3 millones de personas, lo que hace un total de 14.3 millones de afiliados desde el inicio de esta estrategia en 2013;

- En el rubro de grupos vulnerables, a través del Seguro Popular, se mantuvo una afiliación acumulada de 5.7 millones de personas adultas mayores beneficiarias de los servicios de salud;

• Los servicios en salud a la población beneficiaria del SPSS, de enero a junio de 2017, se sustentaron con transferencias federales que sumaron más de 25 mil millones de pesos.

• Por primera vez en el país se avanzó hacia la identificación única de la persona como columna vertebral para garantizar el intercambio de servicios y la continuidad de la atención médica, a través del establecimiento de un Padrón General de Salud.

En el rubro de asegurados, al cierre de abril de 2017, se habían cargado 117 millones de registros vigentes de las principales instituciones de salud pública federales.2

En el Día Mundial de la Salud reitero mi firme convicción de que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/es/

2 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”

La Asamblea General de las Naciones unidas declaró el 6 de abril de cada año como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social.

En la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible se reconoce aún más el papel del deporte en el progreso social:

«El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuánto a su promoción de la tolerancia y el respeto y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social».

El deporte rompe muros para unir naciones, y lo podemos corroborar cada 2 años ya sea en las olimpiadas, o bien en uno de los acontecimientos más esperados principalmente en los varones, los mundiales de futbol.

El Comité Olímpico Internacional ha establecido asociaciones con numerosas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el Foro Internacional sobre Deporte, Paz y Desarrollo, organizado conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. La misión y la función del Comité Olímpico Internacional, establecidas en la Carta Olímpica, ponen el deporte al servicio de la humanidad y promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la educación y salvaguardando la dignidad humana sin discriminación alguna.

La Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico Internacional al mostrar a un público mundial los logros de atletas que tienen alguna deficiencia y ser el principal instrumento para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las personas con discapacidad.

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica.

En este día Internacional los invito a fomentar cualquier deporte en los niños y jóvenes, dándose el tiempo de acompañarlos a sus prácticas y eventos deportivos, pues además de inculcarles valores como el respeto, la convivencia y la responsabilidad, la actividad física les ayudará a mejorar su estado de salud.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional del Deporte y la Paz”

La práctica habitual de actividades físicas es fundamental en la vida diaria de cualquier persona que quiera mantenerse sana.

El deporte hace entrar al cuerpo en funcionamiento y lo saca del estado de reposo en que se encuentra normalmente, adem  ás es educativo, recreativo y saludable.

Muchas personas realizan deporte para salir del aburrimiento y de otros problemas de la vida personal, también porque es beneficioso para la mente y el cuerpo humano; bien lo dice la cita romana: ‘Mens sana in corpore sano’, es decir, ‘mente sana en un cuerpo sano’.

Dada la importancia de esta actividad, la Asamblea General declaró el 6 de abril el ‘Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz’, con la finalidad de concienciar acerca de la importancia que tiene el deporte en la promoción de derechos humanos, así como del desarrollo económico y social.1

La Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico Internacional para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las personas con discapacidad.2

En México, tenemos instituciones encargadas de fomentar el desarrollo del deporte, tal es el caso de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), que lo llevó a cabo desde 1988 y hasta el 24 de febrero de 2003, cuando por Decreto se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, la cual hasta nuestros días, es la conductora de la política nacional en materia de cultura física y deporte.3

En definitiva, esta conmemoración es una excelente oportunidad para fomentar la incorporación de actividades físicas, recreativas y deportivas en nuestro estilo de vida; asimismo, representa para el Estado un exhorto a desarrollar e implementar políticas públicas que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte para todas las personas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de abril. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/sportday/index.shtml

2 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de abril. Antecedentes. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/sportday/background.shtml

3 Comisión Nacional del Deporte. ¿Qué hacemos? Disponible en: https://www.gob.mx/conade/que-hacemos






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando y reafirmando diversas resoluciones ha reconocido el potencial del deporte para contribuir a la consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, destacando que el deporte puede promover la paz y el desarrollo, así como estilos de vida sanos mediante la actividad física.1

Procurar mediante la actividad deportiva en la contribución y creación de un entorno de tolerancia y promover la cooperación, la solidaridad, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional, asimismo la prevención y el control de enfermedades no transmisibles.

De igual forma la Asamblea nos recuerda la misión y función del Comité Olímpico Internacional, establecido en la Carta Olímpica y que consisten en poner el deporte al servicio de la humanidad y promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la educación.

Así el 23 de agosto de 2013, en el 67° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

Por otra parte, la Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico Internacional al mostrar a un público mundial los logros de atletas que tienen alguna deficiencia y ser el principal instrumento para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las personas con discapacidad.2

En este día recordemos parte del mensaje de la Directora General de la UNESCO, quien mencionó: que el deporte es una pasión compartida por mujeres y hombres de todo el mundo, es un factor del bienestar físico y el empoderamiento social, es una herramienta para la igualdad, especialmente la igualdad de género, para la inclusión de todos, especialmente los más desfavorecidos.3

El deporte es el terreno más sólido para alimentar los valores que todos compartimos: solidaridad, responsabilidad, respeto, honradez, trabajo en equipo, igualdad, motivación y autoestima. Hagamos una reflexión y procuremos alentar a todas nuestras autoridades en la promoción del deporte a favor de nuestra sociedad y en especial de la juventud y la niñez.

Dado en el Senado de la República, el 5 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/296

2 http://www.un.org/es/events/sportday/background.shtml#

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247811S.pdf






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

EFEMÉRIDE

“Día Internacional del Deporte y la Paz”

El Día 6 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Deporte y la Paz en reconocimiento a la creciente contribución de deporte al desarrollo y la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social.1

En cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha promovido el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud a través de la instrumentación de dos grandes vertientes:

• Un programa de infraestructura deportiva y,

• Diversos programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las necesidades de la población.

En el Día Internacional del Deporte y la Paz reitero mi firme convicción de promover la práctica de la actividad física y el deporte como un componente básico del bienestar social y así adoptar estilos de vida saludables y prevenir diversos tipos de enfermedades.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 5 de abril de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 http://www.un.org/es/events/sportday/





CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 10 de abril a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 15:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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