Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 17



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Abril de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:52 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 65 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 3 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con veintiocho minutos del día jueves veintidós de marzo de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Luis Armando Melgar Bravo, comunicación por la que informa su decisión de renunciar al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con efectos a partir del 22 de marzo de 2018 y solicita se le considere como Senador sin partido.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado.

 

Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos, los días 22 y 23 de febrero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el informe de su participación en el 62o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 12 al 16 de marzo de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el catorce de octubre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron siete oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

Se recibió de la ciudadana Ximena Puente de la Mora, comunicación por la que informa su renuncia como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9º de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Ainara Rementería Coello, a nombre propio y del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 40 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección de los Precios de Bienes Socialmente Necesarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre propio y de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Ernesto Cordero Arroyo, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal de Trabajo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo IX al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 385 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Margarita Chávez Delgado, madre del Senador Isidro Pedraza Chávez.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”.- En la discusión intervinieron los Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; y Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jesús Casillas Romero, se integraría al Diario de los Debates.El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

PRESIDE EL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 14 de junio de cada año "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre".- En la discusión intervino la Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En la discusión intervino el Senador Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jorge Toledo Luis, se integraría al Diario de los Debates.El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. La Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de Decreto. En la discusión intervinieron los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca; José de Jesús Santana García del PAN; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila, se integraría al Diario de los Debates.El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

 

La Presidencia informó que al inicio de la sesión se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud.-Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de Decreto. En la discusión intervinieron los Senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PT, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PRD, a favor; Zoé Robledo Aburto del PT, a favor; y Fernando Mayans Canabal, a favor. El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

La Presidencia informó que al inicio de la sesión se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. El dictamen se reservó para su votación nominal separada de los demás dictámenes.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto que adiciona un artículo 10 bis a la Ley General de Salud.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Se omitió la primera lectura y, en votación nominal, con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar moción suspensiva intervino el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Martha Angélica Tagle Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Fernando Mayans Canabal y Luis Sánchez Jiménez. La Asamblea rechazó, en votación nominal, la moción suspensiva. En la discusión intervinieron los Senadores: Fernando Mayans Canabal, en contra; Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra, quien presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PT, en contra; José María Martínez Martínez; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 53 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.

La Presidencia informó que las votaciones nominales de los dictámenes que ya se discutieron pasarían al orden del día de la próxima sesión.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de abril de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió del Senador Raúl Morón Orozco, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 30 de marzo de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, partir del 29 de marzo de 2018.- Intervinieron los Senadores: Emilio Gamboa Patrón del PRI; Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva; y Juan Carlos Romero Hicks del PAN, quien se refirió a los tres senadores que solicitaron licencia. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Excitativas)

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con diversos proyectos de Decreto en materia de eliminación del fuero.- La Mesa Directiva emitió las excitativas correspondientes.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal; la Ley General de Salud; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Código Civil Federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley del Seguro Social; la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; la Ley de Vivienda; la Ley General de Educación; la Ley General de Desarrollo Social y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de atención a víctimas, presentada el 20 de septiembre de 2016.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y se adiciona con un último párrafo el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a proporcionar información sobre las acciones emprendidas respecto del informe “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, por la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo; y a la Comisión de Justicia los resolutivos segundo, tercero y cuarto.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Superior, con motivo de la auditoría financiera y dar cumplimiento al programa de pensiones de adultos mayores.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar de las razones técnicas y jurídicas que motivaron la decisión de no ejercer la acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo relativo a la contaminación de los ríos y mantos acuíferos de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar el estatus que guardan los programas de fomento a la inversión pública y privada en telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía a realizar las acciones necesarias a fin de mejorar las condiciones del sector lechero del país.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a que, con previa audiencia de los casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, desarrolle e implemente políticas eficaces tendientes a garantizar y proteger el derecho a la vida de todos los mexicanos, la rendición de cuentas y la erradicación de la impunidad.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo relativo al ajuste de las normas sobre la calidad del aire.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una actualización de campañas para la detección oportuna del cáncer pancreático en personas con antecedentes familiares.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a denunciar ante su Órgano Interno de Control a la ciudadana Ximena Puente de la Mora por conflicto de interés.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a tomar las acciones contundentes para fortalecer el estado democrático de derecho, a fin de erradicar la crisis de seguridad, violencia, corrupción e impunidad y fortalecer la legalidad y justicia en el país.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a impulsar campañas de concienciación y sensibilización respecto a la importancia y cuidado del agua.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a realizar una auditoría a los contratos que realizó el gobierno del estado y las entidades paraestatales mediante el sistema de subasta electrónica inversa, a partir del 2017 y lo que va del 2018.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas acciones con el objeto de elevar la calidad en el servicio del programa del Seguro Popular, difundir los servicios y beneficios a los usuarios, mejorar los procesos de afiliación, transparentar los recursos asignados al programa e implementar un programa de austeridad en los gastos de administración del mismo.- Se turnó a la Comisión de Salud.

(Efemérides)

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el XXIV aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el XXIV aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos y citó a la siguiente el martes tres de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores:

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite los informes de sus participaciones en:

La Sustentación del V y VI informe de México sobre el cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se llevó a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza.



El 62º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se realizó del 12 al 23 de marzo de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América.








Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, con las que remite los informes de sus participaciones en:

La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Buenos Aries, Argentina.



La Primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Montevideo, Uruguay.








Y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la sexta edición de los Días Parlamentarios de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Azerbaiyán en los Campos de la Educación, la Ciencia, la Juventud, la Cultura y el Deporte, hecho en Bakú, el 20 de octubre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca en los Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la Cultura, firmado en la Ciudad de México, el 21 de noviembre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió otro oficio con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el 8 de marzo de 2018, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Secretaría de Gobernación nos envía también un oficio con el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la siguiente documentación:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2019: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.








Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió también un oficio con la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2018; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2018.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase toda la documentación que nos ha enviado la Secretaría de Hacienda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, con 64 Fichas de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016-2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha información a la Comisión de Desarrollo Social.

Pasamos al siguiente asunto.






CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con su Informe de Actividades y Resultados 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Población y Desarrollo.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el documento denominado “La Educación Obligatoria en México. Informe 2018” y el Informe Anual de Gestión de dicho instituto, correspondiente a 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase a la Comisión de Educación.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el “Informe Especial sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial”.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a las Comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: También de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se recibió un oficio por el que solicita a la Cámara de Senadores llamar a comparecer al Presidente del ayuntamiento del municipio de Choix, Sinaloa, Ingeniero José Lindolfo Reyes Gutiérrez, a fin de que explique los motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 39/2017 sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Para atender este asunto, la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo, que pondremos a su consideración.






Solicito a la Secretaría le dé lectura.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está a discusión el Acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara al ciudadano José Lindolfo Reyes Gutiérrez, Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, en el estado de Sinaloa, a fin de que explique los motivos de la no aceptación de la Recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Notifíquese al Presidente el Acuerdo, al ciudadano José Lindolfo Reyes Gutiérrez, así como al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Continúe la Secretaría.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron 9 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores, aprobados por el Senado de la República y por la Comisión Permanente.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió una comunicación suscrita por el ciudadano Benjamín Hernández Ruiz, por la que informa su reincorporación a sus funciones como Senador de la República, y su determinación de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese. Instruyo a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios a que tome nota para lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General.






Informo a la Honorable Asamblea que pasamos al apartado de presentación de iniciativas.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura, en materia de sustentabilidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias, integrantes de la Mesa Directiva:

Con este interés por precisar las condiciones que emanan de las circunstancias de la actividad pesquera en nuestro país, por eso la presentación de esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan las definiciones de aprovechamiento sustentable, ya vemos que la palabra es socorrida, se le utiliza mucho en las argumentaciones de medio ambiente, de conservación y de las distintas actividades de nuestra economía nacional que tienen que ver con la biodiversidad, y en ello cobra un interés preponderante hoy la acuacultura sustentable y pesca sustentable.

Nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables habla muchísimo en este término, pero lamentablemente no queda definido para que el juzgador tenga los elementos para poder discriminar de la procedibilidad de muchas políticas públicas y acciones también incluso de otros intereses por el avance público nacional, sobre todo con los asuntos del medio ambiente, donde quienes estamos en la pesca sustentable, lo que buscamos es que haya certidumbre jurídica para encontrar las formas, las maneras en las que con toda precisión podamos trabajar y conservar en esta razón de sustentabilidad.

La Ley General de Pesca se promulgó en el 2007, y tiene como parte de sus objetivos, los principios y las bases para la ordenación, conservación, protección, repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Esto, pues, pone el gravamen, el peso sobre la palabra “sustentable”, y como ya mencioné, se omitió su definición, que corresponde al artículo 4o. de la propia Ley General de Pesca.

Así pues, entonces, para la búsqueda de esta certeza jurídica pero necesaria, el artículo 4o. de la Ley General de Pesca, en su fracción IV Ter, se agrega un agregado, pues el IV Quáter, que define la frase Acuacultura Sustentable: Es la que se realiza de manera responsable, transparente y participativa, bajo un enfoque de derechos humanos, condiciones dignas de trabajo; y minimizando los impactos de ubicar instalaciones en aguas dulces, marinas o salubres y el escape de organismos al medio natural y sin comprometer los ecosistemas para las futuras generaciones y procurando garantizar la seguridad alimentaria y calidad de vida.

Luego se agrega el también fracción IV Quinquies, Aprovechamiento Sustentable: Es la utilización de los recursos pesqueros y acuícolas de forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos, manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Y finalmente, la fracción XXXII BIS que define a la Pesca Sustentable: Es la que se realiza de manera responsable, eficaz, transparente y participativa, asegurando el acceso justo a los recursos susceptibles de aprovechamiento bajo un enfoque de derechos humanos y condiciones dignas de trabajo, evitando que no conlleve al agotamiento de las especies, o bien, demuestra que está permitiendo las recuperación de éstas minimizando el impacto sobre los ecosistemas, sin comprometer el aprovechamiento para las futuras generaciones y procurando garantizar la seguridad alimentaria y calidad de vida.

Es cuanto, compañeras Senadoras y Senadores.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Ruffo Appel. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador López Brito, ¿con qué objeto?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Sí, gracias, señor Presidente.

Para que, por favor, le pregunte al proponente, Senador Ernesto Ruffo, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El Senador Ruffo Appel manifiesta con una señal muy evidente que es anuente a su solicitud.






Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 55 constitucional, en materia de requisitos para Diputado Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Creo yo que uno de los objetivos fundamentales de todos quienes somos Senadores y en ese sentido servidores públicos, uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante como clase política en su conjunto es la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones, es un gran pendiente que debemos de atender de manera seria y de manera muy profesional, hay que dar resultados, rendir cuentas, combatir la corrupción y la impunidad, y en ese sentido usar siempre una de las nuevas formas de legitimidad política que tienen las democracias, que es la transparencia justamente.

Quizás una de las ratificaciones cotidianas de un modelo democrático es justo eso, la transparencia.

Y en ese sentido esta iniciativa tiene por objeto generar un control específico en un espacio que nosotros vimos nacer en un modelo y en un diseño para hacer de la transparencia algo que nos nutra, para no erosionarlo, para no distorsionarlo, para no acrecentar, justamente, esa confianza ciudadana, y tiene que ver justamente con el paso de quienes se han desempeñado en órganos autónomos y en este caso particular en el Inai, para controlar y legislar sobre la forma como siguen participando de la cosa pública, sobre la forma como se siguen relacionando con el poder.

En ese sentido vemos cada vez más nuevos y casi desconocidas formas de corrupción, y una que ha estado muy presente en muchas partes del mundo son las llamadas puertas giratorias, esta idea de generar controles para que un funcionario público luego de tener un encargo no vaya a la iniciativa privada y con ellos haya un conflicto de interés.

Eso es algo que se ha legislado durante muchos años en muchas partes del mundo y que nosotros tenemos cierta incipiente legislación, pero no es suficiente.

Y, ¡ojo!, no se plantea que todos los casos sean negativos, la iniciativa privada como la academia, como otros sectores de la vida pública se pueden nutrir mucho de la experiencia política, pero sin que esto entre en esta frontera entre la ilegalidad y lo poco ético, y la forma en que han encontrado muchos países para generar controles es con los llamados periodos de enfriamiento, plazos, tiempos que se le dan a alguien que estuvo en un órgano autónomo, en la Corte, en una Cámara, antes de que pueda entrar a la vía pública o incluso a los funcionarios del gobierno federal o de los gobiernos estatales.

Honestamente, cuando hicimos el diseño jamás pensamos que lo teníamos que hacer también para los órganos autónomos, pero al parecer sí, y para evitar nuevas distorsiones en ese sentido es que presento esta iniciativa para que se reformen los párrafos primero y segundo de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que también, quienes han formado parte de un órgano autónomo como el Inai, tengan que separarse del cargo o haya un espacio entre su separación del cargo y su participación en una candidatura de tres años.

El tiempo nos parece suficiente para que entonces no se ponga en duda su actuación en ese instituto, a partir de los incentivos de una recompensa político-electoral, por ejemplo, una candidatura.

Si así ocurre con otros servidores, así debe ocurrir también con quienes forman parte de este diseño que le hemos dotado a la nación desde la Constitución para tener estos órganos autónomos.

Ojalá pronto esto no se tenga que regular y ojalá pronto sea la ética, esa conciencia interior que nos puede distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que rija la toma de decisiones, pero mientras haya evidencia de que eso no ocurre, pues entonces regulemos para que justamente no vuelva a ocurrir, como está ocurriendo en este momento, sobre un tema que saben perfectamente a qué me refiero.

Si hoy hay una necesidad de separar el poder público, el poder político y el poder económico, pues también separemos a los poderes autónomos del poder de los partidos.

Un poder que desafortunadamente muchas veces ha combatido los temas de la transparencia y avalado que estas distorsiones abonen y erosionen nuevamente la credibilidad de las instituciones, es un asunto muy simple, incorporar a este artículo 55 y al 58 que hace referencia al tema del Senado, en ese catálogo también a los comisionados del Órgano Autónomo de Transparencia y Acceso a la Información.

Un regulador jamás debe de ser premiado por el regulado, cuando eso ocurre hay conflicto de interés y eso muchas veces lo que esconde es un acto de corrupción.

Si lo tenemos que decir y lo tenemos que legislar, pues es la responsabilidad que nos toca, si lo que nos preocupa es dotar de confianza a las instituciones que nosotros mismos discutimos, diseñamos, votamos y creamos.

Ojalá esta iniciativa cuente con el respaldo de ustedes, apreciables Senadoras y Senadores.

Muchas gracias.

Iniciativa

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los requisitos para ser electo diputado federal. Mismos que son citados, con salvedad a la edad, por el artículo 58, el cual comprende los requisitos para ser senador.

Las primeras tres fracciones del artículo en comento contienen las condiciones identificadas como de carácter positivo, es decir, las cualidades y calidades que deben reunir los aspirantes a ocupar la responsabilidad de legislador federal.

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. a VII. (…)

Por otro lado los requisitos señalados en las fracciones que van de la IV a la VII, son condiciones que se pueden señalar como de carácter negativo, debido a que limitan el derecho de los aspirantes a la representación federal.

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. a III. (…)

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

La finalidad de estas últimas características es la de salvaguardar que no se altere la expresión de la voluntad popular, evitando que estos se coloquen en una situación de ventaja respecto de sus contendientes, aprovechando el cargo público que desempeñan para obtener beneficios que lo favorezcan en el resultado de la elección.

En este sentido, la fracción V del precepto en mención, guarda una relevancia especial, porque no solo es garante de esta equidad en la contienda, sino de la neutralidad en el ejercicio del servicio público, tanto para quienes participan en el servicio público en otros poderes públicos, órdenes de gobierno y órganos autónomos.

La intención de esta iniciativa, es ampliar la restricción al derecho que tienen los titulares e integrantes de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía.

La ampliación del plazo de espera para competir por un cargo de legislativo, por parte de los servidores referidos, se considera procedente y viable, toda vez que las funciones que desempeñan estos servidores públicos son relevantes al nivel de una política de Estado, las cuales deben ser caracterizadas por los principios rectores de autonomía, transparencia, imparcialidad y objetividad.

En este sentido, si un titular o integrante de alguno de estos órganos decide participar de una forma tan inmediata como el plazo de 90 días antes de la elección, que rige actualmente parece un término insuficiente para disipar las dudas sobre posibles relaciones que dicho servidor público guarde con el partido político o los grupos que lo impulsen, lo que puede generar dudas sobre su actuar y sus decisiones en el ejercicio de su función pública, así como sobre su ética profesional. Pero más allá de estos actos que corresponden a la ética de un servidor público, podrían actualizarse causas de conflicto de interés.

Sin embargo, existe una consecuencia peor que la duda de la honorabilidad de un servidor público en lo individual, e incluso su posible conflicto de interés, esta es la posible lesión que se haga a la credibilidad de la Institución de la cual formó parte, una duda que puede poner en entredicho la autonomía, transparencia, imparcialidad y objetividad de dicha institución.

La motivación sustentada para la reforma al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajusta a la percepción ciudadana, tal como lo demuestra el estudio sobre la corrupción en los mexicanos impulsado por el Instituto    de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se refiere que “92% de los mexicanos consideran que en México hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta”. Todo ello, aunado a un déficit de credibilidad de las y los ciudadanos en sus autoridades que dificulta en muchos casos, la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad, nos obliga a “reconocer que en términos de ánimo, credibilidad en las instituciones y confianza en las autoridades, es precisamente la opinión de las y los ciudadanos la que marca la pauta y la importancia del tema.”

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos las autoridades, es la restauración de la confianza ciudadana en sus instituciones. Para lograrlo, es fundamental que demos resultados, debemos acabar con la impunidad. La transparencia debe traer consigo rendición de cuentas, los descubrimientos de abuso y corrupción deben necesariamente tener sus consecuencias.

Esta circunstancia es un claro ejemplo de que los preceptos legales, deben adecuarse a las necesidades y exigencias políticas y sociales que el pueblo demanda en su constante evolución democrática. Esta iniciativa es una propuesta para materializar esta evolución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. a IV. (…)

V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni ser titular o integrante alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

VI. y VII. (…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

El de la voz le solicita, respetuosamente, que me permita acompañar su iniciativa. Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Desde hace más de cinco décadas, México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento forzado interno, ocasionado principalmente por la intolerancia religiosa, los conflictos comunales, las disputas por tierras y recursos naturales y la ola de violencia en la que el país se ha visto afectado en los últimos años.

El país vive una lamentable realidad que afecta a personas de todo el territorio nacional.

Es verdad que afecta más algunos estados, como Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz de manera más cruenta, pero no hay un solo estado de la República que no se vea afectado por este fenómeno que tenemos que reconocer en México, y también reconocer que como resultado de esta movilidad humana forzada hay una modificación drástica en sus condiciones de vida porque dejar un lugar para irse a vivir a otro muchas veces, la mayoría, prácticamente la mayoría de las veces sin pertenencias, también dejan muchos afectos, arraigos, etcétera, y entonces es un fenómeno realmente, insisto, cruento.

Y las causas que provocan el desplazamiento forzado interno, por cierto no son exclusivas de nuestro país, pero eso no limita ni mucho menos puede ser una justificación para no tratarlo, pero sí hay que reconocer que este fenómeno, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el 2014 habían 13.9 millones de personas en el mundo que se convirtieron en desplazadas.

Si damos una visita al Museo Memoria y Tolerancia encontraremos identificados claramente los países en donde este fenómeno es más evidente, aunque falta, quizás, en este museo evidencias de la parte mexicana, sin embargo, se contextualiza la gravedad del problema.

La inseguridad y la lucha de las autoridades contra el crimen organizado; los cárteles de las drogas, que no es un tema nuevo para México, sin embargo, existen factores que han ido contribuyendo para que la violencia se intensifique. A eso debemos sumarle las violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades tanto municipales como estatales o federales y, claro, con delitos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, entre otros, dichas violaciones se pueden calificar como generalizadas o como sistemáticas.

Como consecuencia de estos patrones de violencia en México se puede observar que desde el 2006 fue más notorio, particularmente más evidente en el 2008, donde al menos doce estados, como mencioné, se evidenciaba más el éxodo de personas.
Si bien el desplazamiento forzado en México en las condiciones actuales afecta a toda la sociedad en su conjunto, lo hace de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables: las personas adultas, las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y, sobre todo, de las comunidades indígenas, y particularmente estas comunidades donde la situación económica también evidencia una gran escasez, los pone en una situación de gran vulnerabilidad.

El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las personas desplazadas huyen de sus hogares de manera habitual, ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra o en contra de su familia, o bien como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

Es por ello que como legisladoras, legisladores, tenemos el compromiso y obligación de legislar esta materia que la hemos venido postergando año con año, periodo ordinario tras periodo ordinario y, por supuesto, tendríamos que actuar en consecuencia a partir no solamente de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino, sobre todo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por supuesto, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y particularmente, en el ámbito de nuestro continente, lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, estamos presentando la iniciativa de ley, que es la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, se dedica especialmente a la atención de las víctimas de este fenómeno.

Son 44 artículos en cinco títulos, en donde el primero contempla, como lo establece la dinámica y la técnica legislativa, el objeto de la ley, los criterios para su aplicación, definición, así como los principios básicos que los debe regir.

En este aspecto, me parece muy importante que los principios que estamos estableciendo y, por supuesto, es necesario mencionarlos, si me permiten: efectividad y exhaustividad, la debida diligencia, el principio de la dignidad, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, perspectiva de género, reintegración y verdad.

Nos parece que estos principios definitivamente, además, están fundados en los estándares internacionales y toman en consideración también a lo que a México se le ha recomendado por los organismos internacionales.

En el Capítulo II se definen los derechos que se le reconocen a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, dejando claro que las políticas y acciones de la ley establece en favor de ellas y se deben aplicar, por supuesto, sin discriminación alguna.

En el caso de que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes se debe garantizar la protección y asistencia requerida de manera prioritaria, insisto, en función del interés superior de la niñez.

De la misma manera, asegura la protección de pueblos, de comunidades indígenas, de minorías, de grupos étnicos y otros grupos de personas que tengan un especial apego a su tierra.

Se establece la concurrencia de la Federación y las entidades federativas y los principios porque esta ley está fundada, efectivamente, en la Constitución para que podamos legislar en esta materia, así como también establecemos las obligaciones que tendrán dentro de las que se encuentra la máxima protección a las víctimas, la garantía de condiciones satisfactorias de vida en la que se incluya, por supuesto, el derecho a la seguridad, salud, higiene, a las que se obliga a las autoridades.

Por supuesto, estamos evidenciando que se privilegia la unidad familiar, la reunificación de la misma y la garantía de conocer el destino de sus familias y familiares desplazados.

También se garantiza el acceso a alimentos, alojamiento, cobijo básico, vestido adecuado; servicios médicos, psicológicos, sociales y educación básica obligatoria, entre otros aspectos importantes.

El Título Tercero crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, así como el Registro de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

Este sistema para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, será la instancia encargada de coordinar y formular las políticas públicas y programas; y su objeto es el de proponer, establecer y supervisar planes, programas, proyectos, así como acciones institucionales para que permitan y faciliten la prevención, protección, asistencia y el acceso a la justica, a la verdad y a la reintegración de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

El Título Cuarto, asegura la atención y asistencia a las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, como una obligación y responsabilidad de las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

El Título Quinto, establece que las autoridades que incumplan con lo establecido en esta ley, y las disposiciones que de ésta emanen, serán sancionadas administrativamente, esto sin perjuicio de las penas que correspondan si existiera hechos constitutivos de un delito.

Hoy acabamos de escuchar recién, por parte de la Mesa Directiva, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mandó al Senado de la República, en función de lo que establece el Artículo 102, Apartado B de la Constitución, respecto a una recomendación al municipio de Choix, Sinaloa, donde se señala que ante la recomendación, por cierto, en esta materia de desplazamiento forzado interno, el presidente municipal de este municipio no atendió, rechazó esta recomendación y recién acabamos de aprobar que sea citado a este Senado para que explique las razones de no haber cumplido esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aun así creemos indispensable que es necesario tener este marco jurídico.

Yo espero, esperaríamos quienes hemos trabajado en este tema, que tenemos una preocupación genuina en atender lo que se señala desde las recomendaciones que le han hecho a nuestro país y frente, insisto, a la gravedad de este fenómeno ojalá que nos pongamos de acuerdo y podamos dictaminar esta ley.

Les agradezco su atención.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito, ¿con qué objeto?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Desde luego, en primer lugar, que se sirva, por favor, preguntarle a la proponente, Senadora Angélica de la Peña, si me permite sumarme a esta iniciativa.

Y sí, efectivamente, esta mañana hemos escuchado que ha sido citado a comparecer, precisamente, un Presidente Municipal de una zona serrana muy complicada, que está precisamente entre Sinaloa y Chihuahua, donde se dan con cierta frecuencia enfrentamientos entre grupos criminales y donde lamentablemente se ven afectadas familias, habitantes de esa región y que no tienen otra salida sino desplazarse hacia Chihuahua o hacia el estado de Sinaloa.

Y esto se replica en todos los municipios serranos, no nada más de Sinaloa, sino de todo el país; y ante la falta de regulación de normatividad, ¿qué instancia es la que tiene que atender estos asuntos?

Parece ser que la parte más débil son los presidentes municipales, son los ayuntamientos, las alcaldías, sobre todo en esos municipios donde son municipios pobres, que no tienen los recursos suficientes para atender a los desplazados y que los alcaldes se ven preocupados, presionados, desesperados por no poderlos atender, que es el caso precisamente de Choix.

Sí es importante pues establecer una regulación en la materia, y si me permite Senadora, sumarme a esta iniciativa para regular, atender y dar respuesta a esta situación que ya estamos viviendo cada vez con cierta frecuencia en nuestro país y, sobre todo, en las regiones más conflictivas.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Senadora Sonia Rocha ha manifestado interés también de suscribir, si es anuente la Senadora De la Peña. La Senadora Ana Gabriela Guevara en el mismo sentido, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, de la misma manera. Solicito a Servicios Parlamentarios se sirvan tomar nota de las y de los Senadores que han solicitado suscribir, y la Senadora De la Peña, amable y gentilmente es anuente a que esta iniciativa sea acompañada. Muchas gracias, Senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de sanciones por violaciones a la ley.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL INCISO A) Y SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 298 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM)

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a presentar ante ustedes una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene como propósito adecuar el régimen de sanciones previstas en la misma, se trata de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que aprobamos en esta Soberanía y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

Como ustedes recordarán, esta legislación se deriva de la reforma constitucional aprobada en el año 2013, reforma constitucional, que por virtud de la cual modificamos el artículo 28 constitucional, mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y a través de esa disposición constitucional se le dieron atribuciones, entre otras, por ejemplo: el que tendría a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

En ese mismo Decreto de reforma constitucional, en el Artículo Cuarto Transitorio, se establecía la obligación para el Congreso de la Unión de expedir la ley secundaria que regulara a esta reforma constitucional.

En ese Artículo Cuarto Transitorio, lo leo textual, decía: En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Pues esa legislación como lo dije al inicio fue expedida el 14 de julio de 2014 y en su Título Décimo Quinto preveía o quedó establecido el régimen de sanciones aplicable a los operadores de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Es un esquema de sanciones, basado en porcentajes de ingresos de los infractores y en aquel momento se señaló en el dictamen de las comisiones dictaminadoras que tenía como propósito que este nuevo régimen fuera así para homologar con el régimen de sanciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

Este esquema de sanciones en función de los ingresos de los operadores tiene, entre otras razones, el de evitar la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de las sanciones, que las sanciones sean equitativas y proporcionales a los ingresos del infractor, evitando la posibilidad de que su imposición resulte ruinosa para los infractores a los que les fuera aplicable.

Al hacerlo de esta manera se buscaba, y así se argumenta en el dictamen que ya mencioné, que se evitara ser contrario o que dicho de régimen evitara ser contrario a lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, por lo que hace a la posibilidad de multas excesivas.

De manera muy particular, el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé las infracciones o los distintos tipos de infracciones a los que me refiero. En este artículo se detalla de manera muy específica una diversidad de conductas que son sancionables, conductas que quedaron agrupadas en cinco distintas categorías:

La primer categoría son multas equivalentes del 0.01 por ciento hasta el 0.75 por ciento de los ingresos del operador.

Una segunda categoría de conductas sanciónales, quedaron enmaradas en sanciones con multas equivalentes de 1 por ciento hasta 3 por ciento de los ingresos del operador.

Una tercer categoría tiene el rango de 1.1 por ciento hasta 4 por ciento de los ingresos del operador.

Una cuarta categoría establece un rango de 2.01 por ciento hasta 6 por ciento de los ingresos del operador.

Y, finalmente, la última categoría con el rango de multas más fuerte, establece multas equivalentes de 6.01 por ciento hasta 10 por ciento de los ingresos de la persona infractora.

De manera muy particular, en el artículo 298, fracción IV, inciso b), se establece en la segunda categoría, que como ya mencioné, “con multa por el equivalente de 1 por ciento hasta 3 por ciento de los ingresos del concesionario”, y de manera muy específica se establece en la fracción IV inciso B) se establece el supuesto de sanción.

Y aquí lo que señala es, “otras violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el instituto; así como las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo”.

Pues bien, el Instituto Federal de Telecomunicaciones a partir de su creación y de manera muy señalada a partir de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha impuesto algunas sanciones con fundamento en esta disposición específica a la que le acabo de dar lectura; alguno de los sujetos infraccionados con fundamento en esa fracción interpusieron recursos ante el Poder Judicial que fueron de alguna manera conocidos en su momento por los juzgados y después por tribunales especializados, y estos asuntos en particular me parece que fueron dos asuntos o litigios de cuatro distintos operadores que por alguna razón llegaron al estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió diversas resoluciones y que el 29 de noviembre del año pasado aprobó una jurisprudencia que la tituló “telecomunicaciones y radiodifusión”, el artículo 298, inciso B), fracción IV de la ley federal relativa, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia o esta jurisprudencia, fue notificada al Senado de la República para que estuviéramos en posibilidad de modificar la legislación para atender esta decisión de la Suprema Corte de Justicia.

Para ello la Suprema Corte otorgó un plazo de 90 días naturales a partir del inicio del periodo de sesiones ordinarias, para que podamos llevar a cabo esta modificación, estamos dentro del plazo para poder hacer el ajuste a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por ello estoy proponiendo esta iniciativa para que de manera muy particular atendamos esta decisión de la Suprema Corte de Justicia.

De manera concreta, lo que propongo en esta iniciativa es derogar la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, en su lugar, incorporar una fracción IV al inciso A del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esto lo que haría es modificar de manera sustantiva el rango de sanciones aplicables a las conductas que estaban previstas en la fracción IV que estamos derogando, que la estamos en realidad trasladando a un rango de sanciones mucho menor.

Y esto va en consonancia con las consideraciones que expresó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al analizar este artículo en particular, básicamente la preocupación de la Suprema Corte de Justicia tenía que ver con el límite inferior y poner sanciones en este rango, lo que señalaba es que era un monto o un porcentaje excesivo para el tipo de conductas que eran sancionables y por lo mismo en la parte considerativa también de su resolución la propia Corte de Justicia instruye al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que en casos futuros donde se vea en la necesidad de imponer sanciones por infracciones a esos supuestos previstos originalmente en el artículo 298, fracción IV del inciso B) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que en lugar de que utilice el rango que el legislador había previsto originalmente, utilice un rango mucho menor que corresponde al rango previsto en el inciso A) de ese mismo artículo y esta iniciativa concretamente lo que hace es corregir esto, atender la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derogamos esa fracción IV que la Corte declaró inconstitucional y estamos proponiendo que los supuestos previstos en esa fracción se trasladen como fracción IV al inciso A) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por mi parte es cuanto, señor Presidente.

Lo único que haría, es un exhorto, una petición muy sentida a las comisiones dictaminadoras para que podamos, a la brevedad, dictaminar esta iniciativa, pues se trata de un tema para el cual la Suprema Corte de Justicia nos otorgó un plazo de 90 días naturales a partir desde el 1º de febrero de este año.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.






Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo décimo de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. constitucional, en materia de responsabilidades de comisionados de Inai.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO DE LA FRACCIÓN VIII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca)

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores:

En sesiones anteriores hubo todo un debate respecto de la razón de ser del Inai, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, afectado por la decisión de quien era su presidenta, su comisionada presidenta en funciones, la señora Ximena Puente y ella hizo pleno uso de las facultades porque la ley se lo permite.

Entiendo también que en esas fechas ya se acercaba el cambio de horario, espero que no estén afectados por el mismo, espero que no sostengan para desviar la atención de la materia que una iniciativa respecto de la familia fue anterior a la que hablé sobre la segunda vuelta y revocación de mandato, ahí están las fechas, hay dos años de diferencia, pero ese no era el tema.

Entonces, ahora yo espero que en esta oportunidad entendamos que los órganos autónomos en general desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la nación, que ofrecen una perspectiva especializada y que deben de estar, como dicen, en el argot, blindados. Pareciera ser que cada vez que usan el término blindados ni el nivel 7 les es suficiente, porque terminan siendo violentados.

De ahí que yo esgrimí en aquella oportunidad que la autonomía se pierde en principio por los mecanismos de designación, porque los mismos irrumpen en los pesos y contrapesos que debe de existir entre los Poderes de la Unión.

Los consejeros del Inai son nombrados bajo procedimientos cada vez más transparentes, y en ellos participan organizaciones sociales y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y no podemos permitir que abandonen sus cargos en busca de posiciones partidistas o que utilicen el encargo como trampolín para aspiraciones políticas partidistas, porque ese no es el sentido de estos nombramientos.

De ahí que por eso yo he esgrimido que debatamos lo político, pero habrá cosas que no debemos partidizar, porque los partidos mismos son causa de no cumplir con la plataforma electoral a que obliga la ley, y los candidatos que postulan en esas candidaturas de partido se olvidan de su plataforma electoral cuando van con el electorado.

Pero de manera particular, el Inai como órgano autónomo constitucional representa una herramienta primordial del combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país y tiene en su encargo un elemento fundamental de la democracia, no sólo en México, que es la transparencia y la rendición de cuentas, esa es una demanda en todo el mundo.

De ahí que la permanencia en el encargo de sus integrantes por el tiempo para el que fueron nombrados permite, sí, actualizar el origen de su designación para darle mayor credibilidad a esta institución.

Pero ante la decisión de una comisionada en funciones del Inai y su traslado a la participación partidista, porque no he sabido que se afilie a algunos de los tres partidos que conforman esa oferta política electoral, bajo esas tentaciones de llamarse ciudadanos, si no fueran ciudadanos no fueran candidatos y son estos ciudadanos como todos que están participando bajo candidaturas de partido.

De ahí que se propone la modificación al párrafo décimo de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. constitucional.

Pudiéramos hacer un resumen de qué ha pasado a través de distintas reformas constitucionales que se han introducido en el orden jurídico para que los órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público tuvieran estas acotaciones.

Desde el año de 1994 el Banco de México, hasta la reforma constitucional en materia de transparencia y la creación del Inai, en el que absurdamente se les pasó esto, que no se les pasó en el Banco de México, que no se les pasó para funcionarios determinados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el subsecretario del ramo, que no se les pasó para otros como los consejeros del INE, aquí sí a ustedes y a otros se les barrió. ¡Qué extraño! Pero así sucedió.

De ahí que para el caso que nos ocupa, ante esta reforma constitucional en materia de transparencia, el Inai quedó débil, quedó a expensas de que el trabajo por ese órgano colegiado esté sujeto al cuestionamiento y a la pérdida de confianza.

De ahí también que lo que tenemos es que en el Inai, lo que tenemos que hacer es recuperarle la confianza por un acto de una conducta personal, muy respetable porque la ley lo permite, y así lo expresé en aquella ocasión.

¿Cuáles son los beneficios que pretende esta iniciativa?

Reconociendo que ha sido un enorme esfuerzo el de diversos actores, partidos, organizaciones, investigadores e instituciones por aportar propuestas al fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones, reconociendo que dentro de ellas destacan los órganos constitucionalmente autónomos haciendo eco de la demanda de la sociedad de tener rendición de cuentas y transparencia, en este contexto la premisa para quienes desean designarlos ahí parten de la confianza, la honestidad, la imparcialidad y la probidad de sus integrantes.

De ahí que no puede permitirse que una persona supere la premisa con el actuar y contradecir de la razón de ser de la designación, porque eso constituye uno de los pilares en su funcionamiento, pues si bien su principal función es hacer cumplir la ley, es evidente que sus juicios de interpretación de la misma terminan siendo un factor en el sentido de las resoluciones que como órganos emite.

Tengamos mucho cuidado, es absolutamente criticable que por partidizar decisiones se reserve información. Casos hay muchos y ustedes los conocen.

De ahí que el Inai es parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, es el órgano garante de darle respuesta a la demanda ciudadana, de que desde el acto de gobierno, desde el acto de autoridad, desde el acto administrativo no se vulnere la obligación de la rendición de cuentas, no se vulnere la obligación de la transparencia.

Ya no se diga que junto con la Auditoria Superior de la Federación, la aún incompleta Fiscalía Anticorrupción, el aún incompleto Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las designaciones que nos falta procesar en este Pleno, dejaría de lado la Función Pública, porque es evidente cómo ha sido partícipe de la opacidad, más aún cuando se hizo la modificación a la ley para que los propios titulares propusieran a sus contralores internos.

De ahí construir candados que no limitan la posibilidad de votar y ser votado, pero sí acotan ese derecho, aspiran a que aquellos que ejerzan esos cargos en los órganos constitucionalmente autónomos puedan responder a los criterios que le dieron origen a la propuesta que se hizo de postularlos, a su ética, a su probidad y a su imparcialidad, y que esta no se vea atemperada o mañosamente cautivada para ni siquiera terminar el encargo o inmediatamente terminado después de tantos años de estar ahí, de monumentos, salarios y prestaciones superiores, inclusive, a las del Presidente de la República, se vayan faltando a la confianza de quienes los propusieron y de quienes en este Poder Legislativo creímos en ellos.

Es cuanto.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks y el Senador Víctor Hermosillo, le solicitan, Senador Cárdenas, su aquiescencia para acompañar la iniciativa que acaba de presentar. ¿Es usted anuente? Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de los Senadores que así lo han manifestado. Gracias.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Tereso Medina Ramírez, para presentar, a nombre del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de actualización de la denominación del Fiscal General.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Senador Tereso Medina Ramírez, a nombre del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Tereso Medina Ramírez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Acudo a esta tribuna a presentar, a nombre del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, una iniciativa que busca armonizar lo establecido en el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que transforma la Procuraduría General de la República en Fiscalía General, y reestructuró el fundamento constitucional de la Consejería Jurídica en el artículo 90 de nuestra ley fundamental.

La presente iniciativa resulta de la mayor relevancia en la medida que contribuya la armonización de nuestro ordenamiento jurídico y genera certeza de la actuación de los órganos que integran el Estado mexicano.

En este marco se ubica la presente iniciativa de reforma al artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer que la función del consejero jurídico sea de acuerdo a lo previsto en el artículo 90, que señala que: “La función del Consejero Jurídico del gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley”.

Asimismo, se hace la precisión para ser Consejero Jurídico que deben cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General de la República.

Este tipo de cambios son necesarios para mantener la conducción adecuada de la Administración Pública Federal, la certeza jurídica y el estado de derecho.

El objetivo es generar congruencia entre la ley reglamentaria y la Constitución Política.

Resulta de la mayor importancia mantener leyes homogéneas y en armonía que garanticen la certeza y eficacia, particularmente, respecto de las funciones y facultades de la Consejería Jurídica.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Medina Ramírez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Compañeras y compañeros Senadores, los grupos parlamentarios registraron diversas intervenciones para referirse al “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”.

La Mesa Directiva acordó presentar un pronunciamiento sobre este tema para cubrir lo que exponen las diversas fracciones.

Me permitiré dar lectura al pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTO

“Honorable Asamblea:

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a partir del año 2008, decidió asignar el día 2 de abril de cada año como “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”, para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo a fin de que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

Para la edición 2018, de este día, la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución para que la celebración en este año se centre en la importancia de empoderar a las mujeres y a las niñas con autismo.

La Mesa Directiva del Senado de la República recoge las opiniones de Senadoras y de Senadores de los diversos grupos parlamentarios, que el día de hoy se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con el propósito de recordar la construcción de una sociedad más incluyente y promover las herramientas que permitan hacer exigibles los derechos de las personas que padecen trastornos del espectro autista.

La Cámara de los Senadores reafirma su compromiso por impulsar acciones legislativas que contribuyan a mejorar el entorno y los espacios de desarrollo de quienes integran esta comunidad, y hacemos un llamado a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de su competencia implementan acciones que contribuyan a la inclusión de estas personas en los ámbitos sociales, laborales y educativos, así como redoblar esfuerzos en favor de la igualdad de género y el empoderamiento para todas las mujeres y niñas con esta condición.

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a que en cada una de nuestras entidades federativas, o desde nuestra función como legisladores, promovamos acciones que fomenten la inclusión, el respeto y la no discriminación hacia las personas con trastorno autista, a fin de lograr su pleno desarrollo y que disfruten de una vida plena y digna”.

Honorable Asamblea, en otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuanta la Secretaría con ellos.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:






Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el 10 de agosto de 2017.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL JAPÓN SOBRE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 10 DE AGOSTO DE 2017

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o. PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DE JUSTICIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa en cuestión y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de emitir el presente   dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 194, del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de las Iniciativas referidas, nos permitimos someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del inicio del proceso legislativo con la recepción y turno de las iniciativas para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas.

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS”, se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas de iniciativas materia de nuestro estudio.

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las iniciativas que nos ocupan, relativa a las reformas, adiciones y derogaciones en la Ley General de Víctimas

IV. En el apartado relativo a “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor.

I. ANTECEDENTES

1. El día 1° de marzo del 2018, las Senadoras Cristina Díaz Salazar y Ana Lilia Herrera Anzaldo y  los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.

2. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

3. El día 6 de narzo de 2018 la Senadora Angélica de la Peña Gómez a nombre propio y de los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.

4. En misma fecha, mediante oficio No. DGPL/2P3A./1678 la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

5. El día 6 de marzo de 2018 Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 10, 19 y 25 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

6. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1. La Iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar y los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene por objeto ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles.

En este sentido, tal y como lo mencionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver acciones de inconstitucionalidad en este tema, el legislador es libre de elegir la fórmula que considere más apropiada para garantizar el ejercicio del derecho de réplica, esto incluye, por supuesto, la determinación del plazo para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; no obstante, esta determinación debe considerar el análisis del Tribunal Constitucional, en tanto que el actual plazo de cinco días hábiles es insuficiente en perjuicio de los agraviados.

Asimismo, los presentadores de la iniciativa mencionan que, durante debate en el Pleno, los mismos coincidieron en que es libertad del Legislador Federal, determinar el plazo que consideren más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; sin embargo, estimaron que el Legislador debe considerar los argumentos vertidos por la Corte de Justicia, particularmente por lo que se refiere a:

a) Mantener una proporcionalidad y balance entre el derecho a la seguridad jurídica de los medios de comunicación al convertirse en sujetos obligados, y

b) Considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de réplica en plazos realistas y proporcionales.

En este sentido, los proponentes señalan que en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la Ley”, y no otorga al legislador mayores referencias sobre el procedimiento a seguir ni tampoco los plazos a los que se sujetará el procedimiento.

Del mismo modo se observa que la Constitución otorgó amplia libertad al legislador federal para determinar, conforme a sus facultades, el procedimiento a seguir para ejercer el derecho de réplica, el cual, con el fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las partes, se sujeta a los plazos establecidos por el propio legislador en la Ley, a fin de acotar la actuación de las partes involucradas.

Con respecto a lo antes mencionado, el Alto Tribunal consideró que el plazo de 5 días hábiles establecido en la Ley en Materia de Derecho de Réplica era inconstitucional en función del tiempo que se otorga al agraviado para conocer de una noticia falsa o inexacta que le perjudica difundida por cualquier sujeto obligado.

Por otro lado, el Pleno De la Suprema Corte de Justicia también se pronunció que en tanto que el derecho de réplica es una imposición para los medios de comunicación, se debe velar para otorgarles seguridad jurídica, de tal manera que tampoco puede establecerse un plazo definido en función del día en que el agraviado se haga sabedor, pues ello también resulta desproporcional.

Derivado de lo anterior, se considera que debe haber cierto equilibrio entre el derecho de los particulares que pudieran verse afectados por alguna publicación y el derecho de la seguridad jurídica de los sujetos obligados.

De esta forma, y de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte, los proponentes plantean ampliar el plazo a quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante el sujeto obligado correspondientemente.

En ese mismo tenor se menciona en la iniciativa que con la ampliación del plazo se pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emitan tal información.

Respecto de lo antes enunciado, el plazo de cinco días hábiles para la presentación de la solicitud de réplica podría considerarse, dependiendo del día de publicación y en determinados casos, de una semana. Con la propuesta de ampliación a quince días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de réplica tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir, prácticamente contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos obligados el escrito correspondiente.

Lo anterior responde a que en la discusión del Pleno de la Suprema Corte se consideró prioritario mantener una proporcionalidad y balance entre la oportunidad de ejercer el derecho de réplica por parte de los afectados y el derecho a la seguridad jurídica de los medios de comunicación. Por lo cual, el plazo de quince días hábiles que se propone en la presente iniciativa representa un incremento sustancial respecto del plazo original.

Es pertinente mencionar que los autores de la iniciativa señalan que este plazo de quince días es coincidente con el que prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los gobernadores ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles violaciones a derechos humanos que estimen han cometido las autoridades del Estado Mexicano.

Respecto a lo antes enunciado, los proponentes tratan de instrumentar una referencia objetiva a la legislación que, por antonomasia, es referente obligado en materia de protección de los derechos humanos; pues, si dicha norma prevé un plazo de quince días para poder promover el juicio, se estima que el mismo plazo deberá prevalecer en materia de réplica, para que el interesado solicite al medio de comunicación la aclaración correspondiente.

Adicionalmente, con esta propuesta se pretende garantizar que el procedimiento entre particulares cuente con un plazo justo y razonable que mantenga a salvo tanto el derecho a la libre expresión, como el derecho de réplica, y proporcionar a las partes seguridad jurídica para su defensa en términos apegados a derecho.

Finamente, los proponentes expresan que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que al Congreso de la Unión  se le otorga constitucionalmente para la aprobación y expedición de leyes y decretos, es que presentan su propuesta de reformar el artículo 10, párrafo segundo de la Ley del  Derecho de Réplica a efecto de evitar el vacío legal que se generaría por la posible falta de plazo para presentar la solicitud de réplica, pues destacan que en este escenario, además, dejaría en incertibumbr4e jurídica a los particulares y a los sujetos obligados en virtud de la proporción normativa que declaró invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. La iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica tiene por objeto determinar cómo plazo para ejercer el derecho de réplica de no mayor a 30 días a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea ratificar o responder, tiempo suficiente para desahogar un procedimiento que garantice una réplica oportuna, que sin llegar al extremo de los términos, no se vulnere el derecho de las y los ciudadanos.

En este sentido la proponente plantea que el derecho de réplica tiene un papel  preventivo y eficaz para reparar el honor, la vida privada o la propia imagen con motivo de imputaciones formuladas que se dan a través de un medio de comunicación.

Asimismo, señala que este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales que afectado por una información inexacta o agraviante tenga la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 7/86.

Finalmente, la autora de la iniciativa plantea que, la réplica es un derecho humano fundamental que permite el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática.

3. La Iniciativa presentada por las Senadoras y Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 10, 19 y 25 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, pretende coadyuvar a garantizar el equilibrio entre el derecho de los particulares que pudieran verse afectadas por alguna publicación y la seguridad jurídica en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación. En este sentido, los proponentes señalan que el Derecho de Réplica es una herramienta para equilibrar la información que recibe la sociedad y aumentar la posibilidad de que los receptores de información tengan una versión certera de los hechos. Es decir que el derecho de réplica es parte integrante del derecho a la información.

Es pertinente señalar que los proponentes de la iniciativa consideran que, para garantizar el derecho de réplica, se ideó un procedimiento expedito que permitiera al agraviado ejercer su derecho a la réplica con prontitud. Asimismo, como legisladores consideran su deber lograr el equilibrio entre un plazo que sea suficiente para que nadie se vea impedido para ejercer su derecho de réplica, pero también, que garantice un procedimiento expedito. Para ello proponen un plazo de diez días para ejercer dicho derecho con los que se pretende garantizar que el procedimiento cuente con un plazo apropiado, el cual siga siendo expedito, que garantice la seguridad jurídica de ambas partes y que logre un equilibrio entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la réplica.

Asimismo, los autores de la iniciativa refieren que no pueden perder de vista que, en las actuales sociedades de información, un tema se difunde con relativa facilidad, por ello se debe proponer un plazo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, guardando equilibrio con los derechos de los medios de comunicación que emiten tal información. En este sentido, el plazo que proponen pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, es decir, dos semanas.

Finalmente, destacan que, aunque se advirtió que las porciones normativas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen efectos inmediatos de invalidez, a partir de la publicación de la sentencia y que, como legisladores podrían ser omisos de dichas referencias, por razones de funcionalidad normativa, proponen hacer una reforma integral de la ley, abarcando todas las observaciones del Máximo Tribunal.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis de las iniciativas presentadas y enunciadas en el capítulo de antecedentes, llegamos a la conclusión de emitir el presente Dictamen en sentido Positivo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, en razón de las siguientes consideraciones:

Es importante recordar que la libertad de expresión es una de las condiciones esenciales de cualquier régimen democrático; se convierte en una condición necesaria para que se pueda considerar que en un determinado país existe la democracia.

Es la libertad de expresión lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle forma a varios principios del Estado Constitucional, como lo son el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política; la existencia de una opinión pública libre y robusta es una condición básica para el funcionamiento de la democracia representativa.

En nuestro país esta libertad se encuentra plasmada en el artículo 6º Constitucional, bajo los siguientes términos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”1.

Ahora bien, en cuanto al derecho de réplica, también conocido como derecho de rectificación o respuesta, es un derecho individual que puede ejercer toda persona que se considere afectada en su derecho o reputación, por informaciones difundidas que considere agraviantes. El derecho de réplica se introdujo a la Constitución mexicana el 13 de noviembre de 2007, pero forma parte de nuestro marco jurídico al menos desde la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 14 menciona que toda persona afectada por declaraciones falsas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo medio de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.  

Este derecho es en efecto un derecho fundamental que ha sido elevado a rango constitucional que permite proteger la dignidad de una persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación. En ejercicio de este derecho, una persona que se ve afectada por los dichos difundidos por un tercero, tiene derecho a que se publique a través de los medios de comunicación, su rectificación o respuesta a lo sostenido de manera infundada.

Por lo que el derecho de réplica se convierte, en un contra peso entre el derecho a honra y a la dignidad de la persona y el derecho de la libertad de expresión y por otra parte podemos ubicar a este derecho entre la libertad de expresión y el derecho a la información de todo individuo y de la sociedad en general.

Como ya se mencionó, fue con la reforma Constitucional de 2007, cuando se dio la incorporación al artículo 6 el derecho de réplica, para regular de forma correcta este derecho y otorgar seguridad jurídica, fue así como ocho años después, el 4 de noviembre de 2015, se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, la cual reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que en su Artículo 2 fracción II, señala que el derecho de réplica es: “El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones trasmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aluden, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico en su honor, vida privada y/o imagen”.

El derecho de réplica de acuerdo con la Ley Reglamentaria vigente, puede ser ejercido por cualquier persona respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio y puede ser ejercido cuando se trate de trasmisiones en vivo por parte de quienes presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, la persona que se considere agraviada, puede ejercer su derecho de réplica en ese momento, siempre y cuando el formato del programa lo permita y si a juicio del medio de comunicación es procedente. Asimismo, se puede ejercer mediante solicitud por escrito, de rectificación o respuesta al medio correspondiente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la siguiente a la publicación o trasmisión de la información que se desea rectificar o responder, como se menciona en el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia.

Dicho lo anterior, y gracias a la expedición de la Ley Reglamentaria ya mencionada, el legislador, determino un procedimiento expedito que garantizará la prerrogativa de las personas que sufrieran agravios derivados de expresiones hechas por terceros y que éstas pudieran replicar ante cualquier medio de comunicación que difundiera información falsa o inexacta, en perjuicio o agravio político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen, tal como se menciona en la iniciativa en análisis.

Es por lo anterior que el procedimiento, se contempló, como un medio ideal para que el agraviado pueda dar a conocer a la opinión publica en el menor tiempo posible una versión propia de los hechos falsos o inexactos que se dieron a conocer, buscando la menor afectación posible y deteniendo la posibilidad de que la noticia falsa o inexacta perdurara y trajera consecuencias inmedibles.

De esta manera observamos que el artículo 10 de la Ley en materia de Derecho de Réplica establece un plazo de cinco días hábiles, para que el agraviado presente ante el sujeto obligado un escrito en el que manifieste su deseo de ejercer el derecho de réplica, tal como se muestra a continuación:

Artículo 10. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la extensión y términos previstos en esta Ley.

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

I… VI…

Lo anterior, presupone que el ejercicio del derecho de réplica únicamente se ejerza por personas que constantemente se manifiesten atentas a la información que es publicada en cualquier medio de comunicación masiva; de tal manera que este plazo no considera a las personas que no están atentas a todas las publicaciones.

Derivado de lo anterior, el día 01 de febrero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, determinando la inconstitucionalidad del plazo de cinco días establecidos en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria en materia del Derecho de Réplica. Pues consideró que este plazo era inconstitucional en función del tiempo que se otorga al agraviado para conocer de una notica falsa o inexacta que le perjudica difundida por cualquier sujeto obligado.

De tal manera que, conforme lo señala la Corte, la norma ignora que existen medios de comunicación que no son de consulta diaria; es decir ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones, así como los medios que por su naturaleza o periodicidad no son de consulta diaria, haciendo ilusorio el derecho de réplica. 

También consideró que debido a que el derecho de réplica es una imposición sobre los medios de comunicación en su libertad de prensa, se debe velar porque la norma otorgue seguridad jurídica a los sujetos obligados. En virtud de ello, resolvió determinar la invalidez del artículo 10, párrafo segundo de la Ley en la materia, por no cumplir con los postulados constitucionales. Ante ello, el Pleno de la Suprema Corte estableció un plazo posterior a 90 días contados a partir de su notificación al congreso de la Unión, de tal manera que se permitiera a este órgano legislar para establecer el plazo que se considere adecuado.

Cabe destacar que a la fecha no ha sido notificada al Congreso de la Unión, la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte, no obstante tal como lo dispone este alto Tribunal, la discusión del resolutivo se llevó a través de las sesiones públicas del Pleno llevadas a cabo los días 22, 23, 25, 29 y 30 de enero y 1 de febrero de 2018, la cual fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por el que se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, que determinó lo siguiente:

01/02/2018 “PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas. SEGUNDO. Se desestima en la acción de inconstitucionalidad 122/2015, respecto de la impugnación de los artículos 19, fracciones VII y VIII, y 35 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 2, fracción II, en la porción normativa “que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”, 3, párrafos primero, en la porción normativa “información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio”, segundo, en la porción normativa “En caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho”, y último, en las porciones normativas “Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta Ley. Tratándose de los sujetos a que hace referencia este párrafo y en los periodos que la Constitución y la legislación electoral prevean” y “todos los días se considerarán hábiles”, 4, párrafos primero, en la porción normativa “y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, y segundo, en la porción normativa “y cualquier otro emisor de información, responsables del contenido original”, 7, 10, párrafo primero, 16, 17, en la porción normativa “información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de una persona”, 18, 19, fracciones I, II, III, en la porción normativa “Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa”, y VI, 21, párrafo tercero, en la porción normativa “información falsa o inexacta”, 25, fracción VII, en la porción normativa “Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta Ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada”, 26, fracción II, 27, en la porción normativa “a su costa”, 36, párrafo segundo, 37, en la porción normativa “inexacta o falsa”, 38, 39 y 40 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, así como del artículo 53, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del apartado VI de esta ejecutoria. CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 3, párrafo último, en la porción normativa “Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular”, 10, párrafo segundo -con la salvedad indicada en el resolutivo quinto de esta sentencia-, 19, fracción III, en la porción normativa “y cuya difusión le ocasione un agravio”, y 37, en la porción normativa “partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular”, de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, conforme a las interpretaciones establecidas en el apartado VI, subtemas 2.6.3., 3.2. y 3.3. de la presente ejecutoria. QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, párrafos segundo, en la porción normativa “En materia electoral, el derecho de réplica sólo podrá ser ejercida por el afectado”, y último, en la porción normativa “para las precampañas y campañas electorales”, 10, párrafo segundo, en la porción normativa “en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder”, 19, fracciones IV y V, y 25, fracción VII, en la porción normativa “o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, en los términos del apartado VI de esta resolución. SEXTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, salvo la relativa al artículo 10, párrafo segundo, en la porción normativa “en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder”, misma que surtirá sus efectos a los noventa días naturales siguientes a dicha publicación, plazo dentro del cual el Congreso de la Unión deberá legislar para subsanar el vicio advertido, en los términos precisados en el último apartado de esta sentencia. SÉPTIMO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

Vista la anterior sentencia, estas comisiones advertimos que en una de las iniciativas, los promoventes rescatan lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de reconocer que los medios de comunicación tienen un papel central para la difusión de información e ideas, pero también, los propios medios se encuentran en una posición de poder frente a los demás ciudadanos, a quienes les permite “imponer” su visión sobre ciertos hechos que difunden. Tal como se puede apreciar en la tesis aislada 1a. XXVII/2011, de la Primera Sala:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU RELEVANCIA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Esto evidencia el carácter funcional que para la vida democrática nacional representan las libertades de expresión e información, de forma tal que la libertad de comunicación adquiere un valor en sí misma o se convierte en un valor autónomo, sin depender esencialmente de su contenido. En efecto, la prensa juega un rol esencial en una sociedad democrática debido a que su tarea es la difusión de información e ideas sobre asuntos políticos y sobre otras materias de interés general. Consecuentemente, una condena por el ejercicio de la libertad de expresión constituye una interferencia o restricción a ese derecho, razón por la cual su constitucionalidad dependerá de que esté prevista en la ley y que sea necesaria en una sociedad democrática. Lo anterior no quiere decir que cualquier contenido resulte relevante para una sociedad democrática, por lo que no cualquier opinión o información adquiere un máximo grado de protección constitucional, situación que podría decirse, apriorísticamente, de situaciones ficticias o de procesos discursivos triviales o carentes de influencia”.2

Sin embargo, esta circunstancia no justificaría una imposición de un derecho sobre el otro, sino la obligación del Estado de garantizar los equilibrios de derechos y que debe haber un balance entre el derecho de los particulares que pudieran verse afectadas por alguna publicación y la seguridad jurídica en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Por ello, se debe tener en cuenta que, para garantizar el derecho de réplica, se ideó un procedimiento expedito que permitiera al agraviado ejercer su derecho a la réplica con prontitud. Asimismo, se debe lograr el equilibrio entre un plazo que sea suficiente para que nadie se vea impedido para ejercer su derecho de réplica, pero también, que garantice un procedimiento expedito. En virtud de ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del PT propusieron un plazo de diez días, con la finalidad de garantizar que el procedimiento cuente con un plazo apropiado, el cual siga siendo expedito, que garantice la seguridad jurídica de ambas partes y que logre un equilibrio entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la réplica.

Por otra parte, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, argumentaron que el tiempo debe ser suficiente para desahogar un procedimiento que garantice una réplica oportuna, que no vulnere el derecho de las y los ciudadanos, por ello, proponen que el plazo para ejercer este derecho debe ser no mayor a treinta días hábiles.

Ahora bien, en concordancia con la sentencia de mérito, los integrantes de las Comisiones Unidas, consideramos importante advertir los alcances de la Sentencia y sobre todo el conocimiento de sus efectos, mismos que propiamente el Alto Tribunal ha determinado son de acuerdo con el resolutivo SEXTO en el siguiente sentido:

Para las relativas a la declaración de invalidez que dejan de formar parte del texto normativo de la Ley por razón de la declaración de inconstitucionalidad decretada en la Sentencia, se resolvió en los siguientes términos: “Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación”, es decir, lo anterior, es aplicable a las porciones normativas relativas a los artículos 3, párrafos segundo, en la porción normativa “En materia electoral, el derecho de réplica sólo podrá ser ejercida por el afectado”, y último, en la porción normativa “para las precampañas y campañas electorales”, 19, fracciones IV y V, y 25, fracción VII, en la porción normativa “o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.

Ello implica que una vez publicada la sentencia en el DOF, al día siguiente, dejan de ser parte de la norma, por lo que los artículos referidos habrán de leerse en los siguientes términos:

Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio.

Cuando la persona física afectada se encuentre imposibilitada para ejercer por sí misma el derecho o hubiere fallecido, lo podrá hacer el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho.

Las personas morales ejercerán el derecho de réplica a través de su representante legal.

Cuando el derecho de réplica se ejerza ante los sujetos obligados operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas, el procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones que determinen sus propias formas de organización, en tanto no contravengan los principios que establece la Constitución, esta Ley y las demás aplicables.

Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta Ley. Tratándose de los sujetos a que hace referencia este párrafo y en los periodos que la Constitución y la legislación electoral prevean todos los días se considerarán hábiles.

Artículo 19.El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio;

IV. (Se elimina el texto)

V. (Se elimina el texto)

VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;

VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante en términos del artículo 12 de esta Ley, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

Artículo 25. En el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo deberán señalarse:

I. Nombre y domicilio de la parte solicitante o de quien promueva en su nombre;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la parte demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias a la que se le atribuya la publicación materia del derecho de réplica;

IV. Descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica, para lo cual el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con precisión la misma;

V. Pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica;

VI. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición;

VII. Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta Ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada;

VIII. Las consideraciones de derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso, y

IX. La firma del solicitante.

Si la solicitud fuera presentada por dos o más personas, deberá designarse de entre ellas a  un representante común. A falta de señalamiento expreso en el escrito de solicitud respectivo, lo designará oficiosamente el Juez competente.

Para la relativa a la declaración de invalidez de la porción normativa del artículo 10, párrafo segundo, siguiente: “en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder”, ésta, surtirá sus efectos a los noventa días naturales siguientes a dicha publicación, plazo dentro del cual el Congreso de la Unión deberá legislar para subsanar el vicio advertido, en los términos precisados en el último apartado de esta sentencia.

Con lo anterior, se advierte que de no cumplir con dicha disposición, se estaría no sólo en incumplimiento de una sentencia, sino que se estaría dejando sin la porción normativa que resulta necesaria para el ejercicio del derecho de réplica por parte de los afectados. Es decir, que los efectos son de inmediato proceder, para que dentro del plazo de noventa días se cuente con un plazo mayor al de los cinco días.

A mérito de la aclaración que antecede, es importante mencionar que, en un análisis comparado, diversos países que cuentan con una regulación en materia de derecho de réplica entre ellos, Reino Unido, otorgan un plazo de catorce días contados a partir del día siguiente a la emisión de la publicación o noticia, para que el o los afectados puedan ejercer ese derecho de réplica.

Por ello, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, proponemos ampliar el plazo a quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante el sujeto obligado correspondiente, creemos que este plazo es objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emiten tal información.

Con la ampliación a quince días hábiles, los interesados que ejercen su derecho de réplica tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir, contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos obligados el escrito correspondiente.

En este sentido, el plazo que se propone, de quince días es coincidente con el que prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los gobernados ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles violaciones a derechos humanos que estimen han cometido las autoridades del Estado Mexicano.

Es decir, se toma como referencia objetiva la legislación que, por antonomasia, es referente obligado en materia de medios de protección de los derechos humanos; pues, si dicha norma prevé un plazo de quince días para poder promover el juicio, se estima que el mismo plazo deberá prevalecer en materia de réplica, para que el interesado solicite al medio de comunicación la aclaración correspondiente.

De tal manera que en el pleno ejercicio de la libertad de configuración legislativa del Congreso de la Unión otorgada constitucionalmente para la aprobación y expedición de leyes y decretos, es que se propone la reforma al artículo 10, segundo párrafo de la Ley del Derecho de Réplica a efecto de evitar el vacío legal que se generaría por la posible falta de plazo para presentar la solicitud de réplica, pues este escenario, además, dejaría en incertidumbre jurídica a los particulares y a los sujetos obligados en virtud de la porción normativa que declaró inválida nuestro Alto Tribunal Constitucional. Con ello estaríamos cumpliendo con el plazo de 60 a 90 días que estableció el máximo Tribunal para que el Congreso hiciera las adecuaciones necesarias a la Ley; y de esta manera garantizar el derecho.

Finalmente, los integrantes de esta Comisiones dictaminadoras consideramos importante se reforme el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley en la materia, con el objeto de ampliar el plazo para la presentación de solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles, en tanto que el actual plazo es insuficiente en detrimento de los agraviados y toda vez que durante la discusión del pleno los ministros consideraron que es libertad del Legislador Federal determinar, conforme a sus facultades, el plazo que consideren más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; con la finalidad de brindar seguridad y certeza jurídica a las partes.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos Segunda, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:

DECRETO

SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o PARRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA.

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, para quedar como sigue: 

Artículo 10. …

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

I. a VI….

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
COMISIÓN DE JUSTICIA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

1 Art. 6, CPEM. Consultada desde http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

2 Véase la tesis aislada 1a. XXVII/2011. de la Primera Sala, de rubro y texto: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU RELEVANCIA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.” Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, p. 2915.






Y uno, de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Compañeras y compañeros Senadores, como es de su conocimiento, el pasado jueves 22 de marzo, realizamos la discusión y agotamos el debate de diversos dictámenes que propone proyectos de Decreto, siete de esos dictámenes quedaron pendientes de su respectiva votación nominal. Este día procederemos a dicho trámite en el mismo orden en que fueron discutidos, y es en el que aparecen en nuestra agenda del día de hoy.

En consecuencia, iniciaremos con la votación nominal del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”.

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL”

(Dictamen a votación)

En la discusión de este asunto participaron la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Les aviso a las y a los Senadores que realizaremos siete votaciones nominales de manera continua, por lo que solicito a todas y todos permanecer en el salón, para permitir la adecuada realización de las votaciones.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto a la Asamblea si hay algún Senador o Senadora pendiente de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el 14 de junio de cada año “Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre”.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 14 DE JUNIO DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE”

(Dictamen a votación)

En la discusión de este dictamen participó la Senador Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar del a votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto. Senador Torres Corzo, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 72 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se declara el 14 de junio de cada año "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre". Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de reconocimiento de marcas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen a votación)

En este dictamen intervinieron el Senador Héctor Larios Córdova, quien presentó el dictamen a nombre de las comisiones y el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto. Senadora Itzel Ríos, a favor; Senador Cavazos Lerma, a favor; Senador Luis Sánchez, a favor; Senadora Layda Sansores, a favor; Senadora Gabriela Guevara, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento del Senado de la República, en materia de plazos para dictamen de iniciativas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 212, 214 Y 217 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen a votación)

Sobre este dictamen aprobamos modificaciones que presentan las comisiones que fueron integradas al proyecto de Decreto. En la discusión del dictamen participaron el Senador José de Jesús Santana García, quien lo presentó a nombre de las comisiones; el Senador Manuel Cárdenas Fonseca y el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto a la Asamblea si hay alguna Senadora o Senador que no haya emitido su voto. Senador Gamboa Patrón, a favor; Senadora Layda Sansores, a favor; Senadora Iris Vianey, a favor; Senador Itzel Ríos, a favor; Senador Fernández Fuentes, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna Senadora o Senador que no haya emitido su voto.

Señor Presidente, se emitieron 75 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.






Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen a votación)

Sobre este asunto, el Senador Jorge Aréchiga Ávila entregó el texto de su participación y se integró al Diario de los Debates.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto. Senadora Silvia Garza, a favor; Senadora Itzel Ríos, a favor; Senador Torres Corzo, a favor; Senador Cárdenas Fonseca, a favor; Senador Orihuela Bárcenas, a favor; Senador Urzúa Rivera, a favor; Senador Benjamín Hernández, a favor; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, a favor; Senador Jesús Santana, a favor. Pregunto nuevamente si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose de las subsecuentes en su orden, del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de uso de símbolos patrios.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen a votación)

Este dictamen se presentó el jueves 22 de marzo, en primera lectura, y el Pleno autorizó dispensarle la segunda lectura. La Senadora Cristina Díaz Salazar lo presentó a nombre de las comisiones.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto. Senador Héctor Larios, a favor; Senador Cavazos, a favor; Senadora Garza Galván, a favor; Senadora García, a favor; Senadora Guzmán, a favor; Senadora Díaz Lizama, a favor; Senadora Itzel Ríos, a favor; Senadora Iris Vianey, a favor. Pregunto si falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Registre el voto de la Senadora De la Peña, según veo aquí, está registrado; la Senadora Rojas, a favor; y Ana Gabriela Guevara. Muy bien, regístrense, por favor.






Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a votación)

Este dictamen se presentó en primera lectura y tuvo dispensa de segunda lectura, fue presentado por el Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre de las comisiones. Las comisiones dictaminadoras presentaron propuestas de modificación que la Asamblea autorizó integrar al dictamen. Además, participaron la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal y el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto. Senador Delgado, a favor; Senadora Lilia Merodio, a favor; Senadora Iris Vianey, a favor; Senadora Itzel Ríos, a favor; Senador Ayala, a favor; Senadora Rosa Adriana Díaz, a favor; Senador Torres Corzo, a favor; Senadora Hilda Flores Escalera, a favor; Senadora Galván, a favor; Senadora Pineda Gochi, a favor; Senadora Lisbeth Hernández, a favor; Senadora Herrera, a favor; Senador Flores, a favor; Senador Cavazos, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y una abstención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.






Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Gobernación, con puntos de Acuerdo que proponen los nombres de las cuatro personas que ocuparán el cargo honorario de integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

NOMBRAMIENTOS COMO INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

(Dictamen a discusión)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen por parte de las comisiones.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; y de Gobernación de este Senado de la República, ponemos a su consideración el dictamen con punto de Acuerdo por el que se somete el nombre de las cuatro personas que ocuparán los cargos honorarios del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Es importante recordar que el 27 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Y además reformamos, adicionamos o derogamos diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y además de la Ley de Extradición Internacional.

De conformidad con los artículos 73 y 76 y Noveno Transitorio de la ley en referencia, el mecanismo nacional de prevención de la tortura estará adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como un área independiente de las visitadurías que integran a la misma.

Es importante recordar que antes este mecanismo de prevención contra la tortura estaba adscrito a la Tercera Visitaduría de la CNDH.

Hoy tiene un aspecto de organización totalmente distinta. Está configurado, a partir de la ley que aprobamos, como un área independiente de las visitadurías, y además tiene, entre varias características importantes, que lo hacen ser un mecanismo con mayor eficiencia en el objeto de su creación, también tendrá un Comité Técnico como órgano de gobierno que se integrará por la persona que presida la comisión nacional, que además también presidirá este comité, y por cuatro personas expertas en la prevención de la tortura, que tengan una característica de ser independientes, las cuales se elegirán por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación; que dará como resultado a partir de una convocatoria pública y previa auscultación a los sectores sociales.

Para dar cumplimiento a nuestra responsabilidad y con la finalidad de que dicho órgano esté debida y oportunamente integrado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y con ello contribuir al óptimo funcionamiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura, las y los integrantes de las comisiones referidas sometimos a la consideración del Pleno del Senado, en su sesión del 8 de marzo de este año, el Acuerdo relativo al procedimiento de designación de integrantes de este comité.

La convocatoria fue publicada, de manera debida, en periódicos de circulación nacionales. Y a propósito de esta convocatoria, se recibieron seis propuestas de candidaturas, las cuales cumplieron todas, las seis, con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva.

Es importante señalar que esta lista fue recibida y publicada, como lo establecen nuestros ordenamientos, en la Gaceta Parlamentaria del Senado, y además realizamos el día 21 de marzo de este año las comparecencias públicas con el objeto de conocer las trayectorias y las propuestas en relación con el objeto y las facultades que tiene conferido este Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en la ley en esta materia.

En dichas comparecencias, las y los Senadores tuvimos la oportunidad de examinar la trayectoria académica, el conocimiento del marco jurídico nacional e internacional en la materia, y la experiencia profesional en temas relacionados con los derechos humanos y, particularmente con la materia de tortura y prevención de la tortura, así como también prevención de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Todas las comparecencias fueron abiertas y se transmitieron en vivo a través del Canal del Congreso como es, insisto, la normatividad y como se establece en la propia convocatoria que fue publicada en tiempo y forma, y quiero agregar que en la perspectiva de estas comisiones, todas las candidatas y candidatos que se registraron satisfacían plenamente el perfil que se requiere.

Además del que se establece por ley, también era importante reconocer que estas personas gozan de un reconocido prestigio en la sociedad; cuentan con el respaldo de distintos sectores de la sociedad civil, y además son mexicanas y mexicanos destacados en el pleno ejercicio de todos sus derechos y, por supuesto, cuentan con la trayectoria indispensable en los temas que tienen que ser tratados en este comité.

Es necesario destacar que estas personas acreditaron, además, la calidad, el perfil y la idoneidad para ser elegibles como integrantes de esta instancia.

Dieron cuenta del interés de distintos sectores representativos de la sociedad en formar parte del proceso de integración de un órgano tan importante como lo es este Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Por lo tanto, reiteramos nuestra satisfacción plena por el excelente nivel de las personas referidas, y enfatizamos nuestro compromiso irrenunciable con la selección de los perfiles más aptos, sin demérito alguno, de las y los participantes que hoy no pudieron ser tomados en consideración para integrar este comité.

Con estos criterios y antecedentes como sustento, las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación, en términos de lo que establece el Artículo Noveno Transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la elección de los integrantes del Comité Técnico se hará por única ocasión atendiendo a la gradualidad que definimos en la ley.

De las cuatro personas especialistas, expertas, que estamos poniendo a su consideración para que sean elegidas, dos durarán en su encargo dos años, y las otras dos durarán en su encargo cuatro años, insisto, por única ocasión, situación que será definida por el Senado conforme a la votación por mayoría, lo anterior para que exista sustitución escalonada en la integración del Comité Técnico. Por lo que a partir de que concluya el periodo de dos años de quienes hoy nombraríamos como integrantes para este periodo, tendrán que ser sustituidos, en su momento, para durar cuatro años.

Por lo tanto, señoras y señores, se ha decidido proponer a este Pleno del Senado a las siguientes personas:

El C. Miguel Sarre Iguíniz, por un periodo de cuatro años; la C. María Sirvent Bravo-Ahuja, por un periodo de cuatro años; la C. Nancy Pérez García, por un periodo de dos años; y el C. Jesús Eduardo Martín Jáuregui, por un periodo de dos años.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos estas comisiones, ponemos a la consideración de esta Honorable Asamblea para su votación el presente dictamen, a fin de que las cuatro personas anteriormente mencionadas puedan ser integradas a conformar ese Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.

Por no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal.

Informo a la Asamblea que el artículo 76 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, exige que se reúnan dos tercios de votos favorables para hacer la designación.



El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto. Senador Mario Delgado, a favor. Pregunto nuevamente si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto.

Señor Presidente, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se designan a las ciudadanas y a los ciudadanos Miguel Sarre Iguíniz, por cuatro años; María Sirvent Bravo-Ahuja, por cuatro años; Nancy Pérez García, por dos años, y Jesús Eduardo Martín Jáuregui, por dos años, como integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Comuníquese.

En el salón contiguo se encuentran las personas recién electas. En consecuencia, solicito a las Senadoras y a los Senadores: Lucero Saldaña, Adriana Loaiza, Benjamín Hernández, Angélica de la Peña y Jorge Aréchiga, los inviten a pasar a este salón de sesiones y los acompañen durante su acto de protesta.

(La comisión cumple)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadanas y ciudadanos Miguel Sarre, María Sirvent, Nancy Pérez y Jesús Eduardo Martín, el Senado de la República los ha elegido para desempeñar el cargo honorario de integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En consecuencia, les pregunto: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los Ciudadanos Miguel Sarre Iguíniz, María Sirvent Bravo-Ahuja, Nancy Pérez García y Jesús Eduardo Martín Jáuregui: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.

¡A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo!

Les solicito pasar a este presídium para entregarles el documento que da constancia de la elección realizada en su favor. Solicito a la comisión designada acompañe a los integrantes cuando deseen retirarse del salón.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para dar lectura a un pronunciamiento en torno al ataque sucedido el pasado 4 de marzo en Salisbury, Reino Unido.

PRONUNCIAMIENTO

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado 4 de marzo, en Salisbury, Reino Unido, el ex agente del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, Sergei Skripal, de 66 años de edad, y su hija Yulia, de 33, fueron encontrados inconscientes en la banca de un parque de esa ciudad inglesa, víctimas de una tentativa de asesinato por la administración de un agente nervioso, de acuerdo con las versiones oficiales de la policía británica.

Fue en 2004 cuando el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, sucesora del Comité para la Seguridad del Estado de la extinta Unión Soviética, acusó a Skripal de alta traición por presuntamente desempeñar el papel de doble agente al proporcionar información confidencial a los servicios de inteligencia británicos y, en particular, por haber revelado la identidad de agentes rusos que trabajaban de manera encubierta en países europeos.

Al declararse culpable Skripal fue sentenciado en 2006 por el Tribunal Militar del Distrito de Moscú, a 13 años de cárcel en una prisión de alta seguridad; sin embargo, en 2010 fue puesto en libertad luego de celebrarse un intercambio de espías entre Rusia y Estados Unidos, desde entonces ha vivido en Reino Unido donde cuenta con la condición de refugiado.
Sergei Skripal y su hija Yulia, quien visitaba a su padre, fueron hospitalizados junto con el sargento de la policía británica, Nick Bailey.

Los reportes médicos indican que su condición de salud es crítica y el único que ha sido dado de alta es el sargento Bailey.

Dados estos acontecimientos, varios miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, de los grupos parlamentarios del PAN, el PRI, el PRD y el Partido Verde, propusimos a la Mesa Directiva de este Senado de la República emitir el siguiente pronunciamiento, a quienes agradecemos que hayan adoptado esta propuesta y que se esté sometiendo a su consideración.

Pronunciamiento.



Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Rojas Hernández. Comuníquese el pronunciamiento leído por la Senadora Laura Rojas.

Tenemos la discusión de 22 dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia, pasaremos a la discusión conjunta.






Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda en el Senado de la República de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y análisis la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, presentada por el Senador Isaías González Cuevas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de emitir el presente dictamen.

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, los miembros de estas comisiones someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

METODOLOGÍA

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso  legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas.

II. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES",  las Comisiones Unidas dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno el día 20 de abril de 2017, el senador Isaías González Cuevas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, mediante Oficio Número DGPL-2P2A.-3867, dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

TERCERO.- A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones, conducentes al presente dictamen.

Derivado de ese intercambio de impresiones, las juntas directivas de las Comisiones Unidas instruyeron a sus respectivas secretarías técnicas para que se procediera a la elaboración del proyecto de dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Objetivo de la iniciativa es reformar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que se puedan hacer exigibles los derechos de los miembros de las comunidades indígenas consagrados en la Constitución, en todo el territorio nacional, pues en la actualidad existen once entidades federativas en donde los miembros de las comunidades indígenas no pueden acceder a los programas derivados de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas.

La iniciativa en dictamen señala que, México es un país pluricultural conformado por 68 pueblos indígenas que conviven en un territorio de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. Los pueblos y las comunidades que dan origen y sustento a esta diversidad tienen, como rasgos comunes, el uso de lenguas originarias, sentido de pertenencia a un colectivo, cultura y sistemas sociales propios, mediante los que organizan sus vidas y toman sus decisiones y también comparten, la marginación, la pobreza y el atraso general de sus comunidades.

El senador señala que, de acuerdo a la definición del Banco Mundial, la población indígena está ubicada dentro de la sociedad como un grupo con una identidad social y cultural propia, con un gran apego al territorio ancestral, una producción orientada principalmente a la subsistencia y una lengua diferente a la nacional.

Asimismo, destaca que en México, una buena parte de la sociedad nacional desconoce que existen diversos grupos indígenas que hablan 68 lenguas originarias. Muchos mexicanos piensan que su país tiene una historia única y desconocen las otras historias que construyeron los pueblos indígenas a lo largo de tres siglos de dominio español y dos de vida independiente.

En este sentido, el senado González Cuevas señala que, la lucha de los pueblos indígenas por mantener su identidad y al mismo tiempo integrarse al desarrollo, continua y desde el poder Legislativo Federal requerimos trabajar para que la población general reconozca y acepte las diversas identidades que conforman a México. Ese reconocimiento Implica que todos los mexicanos entendamos la necesidad de con respeto, integrar esa diversidad, y que esto se convierta en nuevas acciones y políticas públicas que no tengan que ver con las concepciones de las viejas políticas integracionistas-individualizadoras, sino con el respeto a todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas e individuales de sus integrantes, así como a su posibilidad de ejercerlos.

Para ello, señala el senador que, es fundamental para la promoción del desarrollo de las comunidades indígenas que la política pública y los programas impulsados por las instituciones federales, estatales y municipales consideren a las autoridades e instituciones indígenas para que los miembros de esas comunidades participen.

De ahí la necesidad de instrumentar políticas públicas que tengan ese objetivo a través de programas federales accesibles a la población objetivo, en cada ámbito territorial de la república, ya que en hay once entidades federativas en la que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) carece de representatividad.

Ahora bien, en la iniciativa se destaca que los movimientos migratorios que se han verificado a lo largo de los años y han traslapado a comunidades con sus usos y costumbres de un lugar a otro del territorio nacional, se han originado al ir los migrantes en pos de regiones de mayor desarrollo que para ellos son polos de atracción económica a los que llegan poco a poco y en donde enfrentan condiciones adversas con estrategias defensivas y de resistencia largamente aprendidas en sus comunidades de origen. Así los problemas que tradicionalmente han enfrentado las comunidades indígenas en sus lugares de origen se agravan en los nuevos asentamientos del noroeste del país, y al no haber representante de la CDI en esos lugares sus demandas no pueden ser atendidas. 

Al respecto, se describe que son 1.9 millones de indígenas los que carecen de centros para la atención de sus necesidades en los estados en los que residen, pues hay once entidades federativas en los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) carece de delegaciones, esos estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, cuya población indígena es 16.6% de la población indígena nacional, que no pueden hacer exigibles sus derechos por carecer de los instrumentos institucionales para ello que en este caso son las delegaciones de la CDI.

Asimismo, el senador promovente señala que las principales limitaciones que los grupos indígenas tienen, se relacionan con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener acceso a programas de vivienda, salud y educación ante el desconocimiento de los programas sociales orientados a este grupo. La inexistencia de delegaciones en sus entidades de residencia tiene el efecto negativo de aumentar el grado de marginación de la población indígena, agravada por la discriminación y los prejuicios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una Nación pluricultural. La pluralidad de la Nación la dan los pueblos indígenas, la diversidad también. Ellos están aquí desde antes de que México fuera un país y nunca han dejado este territorio.

En la exposición de motivos de la iniciativa en análisis se señala que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la institución pública federal encargada de orientar la política pública para la atención de la problemática de la población indígena de México y de garantizar el ejercicio de esos derechos. El marco de actuación de la CDI está determinado por normas jurídicas y por los instrumentos de planeación, programación y presupuestación vigentes.

De acuerdo a la legislación vigente, las delegaciones del CDI se abrirán en donde la junta de gobierno considere necesarias, y su objetivo general es impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos.

Por último, el promovente expone su preocupación ya que, señala que el trabajo de la Comisión es impulsar la superación de los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través del reforzamiento presupuestal, de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales. Así como promover el desarrollo con identidad en las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas. Esto no se puede lograr si en once estados de la república la CDI se carece de una unidad administrativa que baje los programas a la población objetivo.

La creación de las unidades administrativas en esas entidades federativas es para aumentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, lo cual es imposible si los integrantes de la población objetivo, no tienen acceso inmediato a los servicios que presta la Comisión.

Por lo anterior, el Objeto de la presente iniciativa es reformar el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que la Comisión por mandato de Ley establezca en cada entidad federativa una delegación para atender a la población indígena local y de esta manera hacer exigibles esos derechos consagrados en la Constitución.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar en los siguientes términos:

DECRETO

Artículo Único.- Se reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:

Artículo 14. La Comisión contará con las unidades administrativas centrales que sean necesarias y en cada entidad federativa contará con al menos una Delegación para el cumplimiento de su objeto y funciones.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Comisión realizará en los siguientes 60 días a la publicación del presente Decreto, las gestiones y ajustes necesarios para abrir una delegación en cada una de las entidades federativas que carezcan de ella.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El proponente se encuentra plenamente legitimado para presentarla, habida cuenta de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional.

SEGUNDA.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas evaluamos las consideraciones que realiza el proponente de  la iniciativa, en su objetivo de garantizar que en cada entidad federativa exista una delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para atender a la población indígena local y de esta manera hacer exigibles sus derechos consagrados en la Constitución.

TERCERA.- Para el análisis que realizamos los senadores integrantes de estas comisiones de la reforma y adición propuesta, tomamos como fundamento el artículo 1° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que establece que esta es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, según su decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de mayo de 2003.

Asimismo, en el artículo 2° de la misma Ley se señala que la la Comisión tiene como función principal la de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que dentro de sus funciones se encuentra la de coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales.

CUARTA.- Las Comisiones Unidas apreciamos el interés del senador promovente para que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país tengan pleno acceso a todos aquellos programas, proyectos y acciones públicas que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas lleva a cabo en su beneficio.

QUINTA.- Ahora bien, respecto de la reforma que se proponen es necesario destacar que la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 14 que:

Artículo 14. La Comisión contará con las unidades administrativas centrales y en el interior de la República que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y funciones.

En este sentido, el senador promovente propone que se incluya en dicho artículo que en cada entidad federativa se cuente con al menos una Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el cumplimiento de su objeto y funciones.

Lo anterior, lo fundamenta en la exposición de motivos de la iniciativa que promueve en la cual señala que “hay once entidades federativas en los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) carece de delegaciones, esos estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, cuya población indígena es 16.6% de la población indígena nacional, que no pueden hacer exigibles sus derechos por carecer de los instrumentos institucionales para ello que en este caso son las delegaciones de la CDI”.

SEXTA.- Los senadores integrantes de estas comisiones consideramos que el incrementar la estructura operativa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no es la solución para garantizar el acceso a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas.

Al respecto, cabe señalar que tal y como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B, establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno para elaborar políticas públicas de atención a la población indígena, es decir, la CDI  como instancia a nivel federal no es la única obligada en la atención de la población indígena, el trabajo de la Institución y la operación de los recursos, que cabe mencionar, no son los suficientes, se implementan mediante convenios de coordinación con los gobiernos estatales, locales y municipales.

SÉPTIMA.- Ahora bien, es de primordial importancia señalar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con 23 delegaciones y 103 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI) para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que se puede afirmar que existe presencia institucional en las entidades federativas que conforman nuestro país.

En este sentido, de acuerdo con información proporcionada por la propia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el estado de Campeche cuenta con una Delegación ubicada en la Ciudad de San Francisco, Campeche; y con tres CCDI ubicados en los municipios de Calkiní, Hopelchén y X´Pujil.

El estado de Quintana Roo cuenta con una Delegación, ubicada en Chetumal, y con tres CCDI en Felipe Carrillo Puerto, ubicado en el municipio con el mismo nombre; el CCDI Nuevo X´Can se ubica en el municipio de Lázaro Cárdenas y el CCDI José Mórelos ubicado en el municipio con el mismo nombre.

El estado de Yucatán cuenta con una Delegación con sede en la Ciudad de Mérida y cuenta con cuatro CCDI que se localizan en los municipios de Maxcanú, Peto, Sotuta y Valladolid.

La población indígena en Baja California Sur, es atendida a través de una oficina de la CDI dependiente de la Delegación en Baja California; la población indígena identificada en Coahuila principalmente en el municipio de Músquiz que son Kikapú y Negros Mascogos, es atendida por la oficina de la CDI en Chihuahua, la población indígena ubicada en Colima es atendida por una oficina de atención de la CDI, dependiente de la Delegación de Jalisco; la población indígena asentada en Nuevo León, es atendida por una oficina de atención dependiente de la Delegación en San Luis Potosí; la población indígena de Tlaxcala es atendida por la Delegación en Puebla.

Ahora bien, los estados de Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas, no cuentan con población indígena originaria.

En el caso de Aguascalientes y Zacatecas, la población indígena es minoritaria y en los tres casos, la población se encuentra dispersa, por lo que resulta complicado establecer un mecanismo de atención, por el impacto presupuestal que implicaría dotar de servicios a familias en diversos municipios. Aguascalientes cuenta con 6, 426 personas indígenas; Tamaulipas cuenta con una población de 59, 713 personas indígenas y el estado de Zacatecas no tiene población indígena originaria, lo anterior con base en la información generado por el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

OCTAVA.- Ahora bien, en cuanto al impacto presupuestal que implicaría dicha reforma, es de señalar que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 61, primer párrafo establece: Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos”.

Por lo que crear nuevas delegaciones, sería contrario a los principios de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública contenido en el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, el cual en su artículo 16 establece que:

Artículo 16. Las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en las demás disposiciones aplicables, las cuales deberán prever como mínimo:

I.- No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este Presupuesto de Egresos, así como aquéllas que sean resultado de reformas jurídicas.

II. …

III. La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán exclusivamente cuando no se cuente con bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades correspondientes y previo análisis costo beneficio.

NOVENA.- Finalmente, Los senadores integrantes de esta Comisiones consideramos necesario resaltar que de acuerdo con el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 LA Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha sufrido una reducción considerable en su presupuesto, por lo que a efecto de tener un mayor impacto en el desarrollo de los Programas Presupuestales, se focaliza la atención en localidades de alta y muy alta marginación.

En conclusión, podemos decir que las tres Entidades Federativas que no cuentan con presencia institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población indígena es migrante, se encuentra dispersa y en muchos casos incluso es flotante.

Asimismo, existen restricciones presupuestales para crear nuevas unidades administrativas y contratación de personal como medidas de austeridad y disciplina del gasto público.

Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda con las atribuciones que nos otorgan los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente resolutivo:

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en el presente dictamen, se desecha la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS disponiéndose se dé de baja de los registros y su archivo como asunto definitivamente concluido.

Dado en la sala de comisiones del H. Senado de la República,
el 13 de diciembre de 2018.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.

Sen. Jorge Toledo Luis, Presidente.- Sen. Sonia Rocha Acosta, Secretaria.- Sen. Isidro Pedraza Chávez, Secretario.- Sen. Andrea García García, Integrante.






De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con:

El proyecto de Decreto para adicionar el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO XXI BIS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y CREAR LA LEY FEDERAL DE CLASIFICACIÓN DE VIDEOJUEGOS

(Dictamen a discusión)








Y el proyecto de Decreto para reformar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 25 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para reformar los artículos 49, 73 y 80 constitucionales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 49, 73 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 80 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 11 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Que adiciona el artículo 10 de la Ley General de Turismo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen a discusión)








Y que reforma el artículo 46 de la Ley General de Turismo.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Que reforma el artículo 11 y adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por el Senador Jorge Toledo Luis del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el inciso g) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con la Iniciativa relativa a modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 18 de abril de 2017, el senador Jorge Toledo Luis del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2.En ese mismo día, la mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos, Segunda con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  164 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República. 

3. El instrumento fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad de la misma con base en el análisis de su contenido:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa que se analiza tiene como propósito precisar y darle un lugar especial en el derecho de autor a los pueblos indígenas, para que en concordancia con los ordenamientos internacionales en la materia de los cuales México forma parte, y lo dispuesto por nuestra Constitución, se garanticen plenamente los derechos de autor de las expresiones culturales tradicionales de los distintos pueblos indígenas que habitan en nuestro país.

El senador Jorge Toledo Luis, en la exposición de motivos que sustenta la propuesta destaca que, a lo largo de nuestra historia, nuestros pueblos originarios han sido objeto de una constante violación a sus derechos humanos, por lo que el gobierno mexicano, ha implementado medidas e instrumentos con los cuales puedan hacer valer todos sus derechos y en consecuencia contribuir al desarrollo social, económico y político de nuestras comunidades.

De acuerdo con el promovente, los derechos constituidos dentro de nuestra Constitución incorporan en el artículo 28, el derecho a la creación intelectual, ramificado por los derechos de autor y por el de la propiedad industrial; el primero de ellos incluye tanto derechos morales como derechos patrimoniales.

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 12 y 31 protege los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre las distintas manifestaciones culturales de los pueblos originarios de los estados parte:

Artículo 12

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

Artículo 31

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Por otra parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, signado y ratificado por nuestro país, brinda certeza jurídica a los pueblos indígenas en sus condiciones sociales, económicas y culturales, comprendiendo los derechos de autor, donde los gobiernos deberán velar por estos derechos tal como lo disponen los artículos 1° y 2°.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, el Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore ha realizado un análisis del tema de la propiedad intelectual, con la finalidad de generar uno o varios instrumentos jurídicos que aseguren la protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos de los pueblos indígenas u originarios alrededor del mundo.

Cabe manifestar como lo expresa el senador proponente que las expresiones culturales de nuestros pueblos originarios, también denominadas folclore, son las que más se encuentran desprotegidas en materia de derecho de autor y por lo tanto los derechos, tanto morales como patrimoniales, que tienen sus autores sobre ellas son los más vulnerados.

Son consideradas como expresiones culturales tradicionales las formas en que se manifiesta la cultura tradicional que forman parte de la identidad tanto cultural como social y del patrimonio de una comunidad tradicional o indígena y que se transmiten de generación a generación. Estas expresiones comprenden, entre otras, las expresiones tangibles tales como la artesanía, la alfarería, pinturas y textiles; las expresiones verbales y musicales, así como las danzas, los rituales y las ceremonias propias de las comunidades indígenas.

Aunado a lo anterior, el planteamiento respecto de las expresiones culturales tradicionales no sólo protege la identidad de nuestros pueblos indígenas, sino que a su vez les brinda instrumentos que garanticen el pleno efecto de sus derechos económicos pues a la estar protegidas dichas expresiones por el derecho de autor, se les otorgan derechos patrimoniales sobre sus obras por lo que solo ellos podrán obtener las retribuciones correspondientes a éstas.

Tomadas en cuenta las reflexiones del senador proponente, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las siguientes consideraciones a la iniciativa propuesta:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda asientan que, de la lectura de la iniciativa, se desglosa que tiene por objeto el reconocimiento de los derechos de autor de las culturas tradicionales de los pueblos indígenas respecto de las expresiones tanto materiales como inmateriales, las cuales forman parte del patrimonio cultural de la nación.

SEGUNDA.- Las Comisiones concurrentes en el presente dictamen señalan que la Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos del autor, artista, intérprete o ejecutante, así como los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, establece los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores.

TERCERA.- Los integrantes de las Comisiones concurrentes en este dictamen señalan que es importante destacar que la Ley Federal del Derecho de Autor ya establece en sus artículos 11 y 13 el reconocimiento que hace el Estado en favor a todo creador:

Artículo 11.

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Artículo 13.

Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

I. Literaria;

II. Musical, con o sin letra;

III. Dramática;

IV. Danza;

V. Pictórica o de dibujo;

VI. Escultórica y de carácter plástico;

VII. Caricatura e historieta;

VIII. Arquitectónica;

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

X. Programas de radio y televisión;

XI. Programas de cómputo;

XII. Fotográfica;

XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

CUARTA.- Los miembros de ambas comisiones dictaminadoras reconocen ampliamente la intención del legislador proponente quien sigue una línea para proteger las expresiones tangibles como intangibles de los pueblos indígenas desde el momento de su reproducción, publicación, edición, así como a definir qué se entienden por las mismas estableciendo que son expresiones culturales tradicionales de los pueblos indígenas y que pertenecen a las siguientes ramas: artesanías, alfarería, textiles y pinturas, literarias y musicales, danzas, ceremonias y rituales y otras análogas.

QUINTA.- Las Comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda señalan que, en la propuesta de adición al artículo 13 considerada para este proyecto, existe un propósito noble, sin embargo, la ley y la doctrina solo reconocen a un autor primigenio, lo cual no excluye obras literarias o artísticas creadas por más de una persona. Estos derechos se reconocen en la descripción de obras del artículo 13 de manera genérica y no adjetiva.

SEXTA.- Las Comisiones concurrentes en el presente dictamen advierten que la propia Ley Federal del Derecho de Autor, en el Capítulo III del Título VII, ya observa el reconocimiento y salvaguarda a las expresiones de cultura popular como se establece en los artículos:

Artículo 157.-

La Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.

Artículo 158.-

Las obras literarias, artística, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.

Artículo 159.-

Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo.

Artículo 160.-

En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.

Artículo 162.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción.

Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados.

Artículo 163.- En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir:

I. Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores;

II. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización concedida por el titular del derecho patrimonial para divulgarla.

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente. Este hecho se hará constar tanto en la inscripción como en las certificaciones que se expidan;

III. Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y las que los reformen o modifiquen;

IV. Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión colectivas con las sociedades extranjeras;

V. Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales;

VI. Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos;

VII. Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de tramitar ante él;

VIII. Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión colectiva en favor de éstas;

IX. Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes, y

X. Las características gráficas y distintivas de obras.

SÉPTIMA.- En adición, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en la ciudad de Paris, el veinte de octubre de dos mil cinco, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece en el artículo 4 que las “expresiones culturales” son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.

En este sentido, respecto de los derechos y obligaciones de las partes, el artículo 5 de la citada Convención, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, reafirman su derecho soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la presente Convención.

Es importante destacar que la Convención establece expresamente que cuando una Parte aplique políticas y adopte medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en su territorio, tales políticas y medidas deberán ser coherentes con las disposiciones de la presente Convención. 

OCTAVA.- Las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras están convencidos de los buenos propósitos que recoge la propuesta, sin embargo, la tradición jurídica en materia de derecho de autor a nivel internacional no ha logrado concretar una figura que permita proteger de manera efectiva los derechos primigenios de los pueblos y comunidades indígenas.

NOVENA.- La Organización Mundial de  la  Propiedad  Intelectual (OMPI) emitió el 11 de octubre de 2008, el denominado “Proyecto de Análisis de las Carencias en la Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales” establece que no existe una definición establecida o aceptada internacionalmente de “expresión cultural tradicional” o “expresión del folclore” (una y otra expresiones se utilizarán indistintamente en el documento y se abreviarán con la sigla “ECT”). Ahora bien, cabe señalar que existen muchas definiciones en las legislaciones nacionales y regionales y en instrumentos internacionales.1 En el proyecto de disposiciones que examina actualmente el CIG (“Proyecto de disposiciones sobre las ECT”) también figura un proyecto de definición de las ECT.2 Varios participantes en las reuniones del CIG han declarado que ese proyecto de definición representa una base sólida para toda labor ulterior. Asimismo, otros han destacado la necesidad de que, sea cual fuere la definición, esta debe ser descriptiva y denotar flexibilidad.

DÉCIMA.- El citado “Proyecto de Análisis de las Carencias en la Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales” emitido por la OMPI, a efectos del análisis, señala, en primer lugar, las ECT pueden incluir materiales preexistentes elaborados en un pasado lejano por “autores desconocidos”, así como expresiones más recientes y contemporáneas de culturas tradicionales, con un sinnúmero de adaptaciones, imitaciones, revitalizaciones y recreaciones que han tenido lugar de forma progresiva y evolutiva. Las ECT, que forman parte de un acervo o patrimonio vivo, son recreadas constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Por lo tanto, puede hacerse una distinción entre las ECT preexistentes (quizás las "ECT stricto sensu”) y las interpretaciones y adaptaciones modernas. 

En segundo lugar, mientras que la creatividad tradicional es una interacción dinámica entre la creatividad colectiva y la individual, la característica que define a las creaciones “tradicionales” es que se identifican con una tradición viva y con una comunidad que aún mantiene esa tradición y la práctica. Aunque una persona haya elaborado una creación basada en la tradición en el marco de su propio contexto habitual, la creación no le “pertenece” sino que corresponde al sentido compartido de responsabilidad, identidad y custodia comunitarias. Esto es lo que indica el carácter “tradicional” de una creación. Las ECT pueden haber tenido un autor en algún momento de su evolución, pero ese autor es actualmente desconocido o imposible de localizar.

DÉCIMA PRIMERA.- A modo de resumen, la OMPI a través del “Proyecto de Análisis de las Carencias en la Protección de las Expresiones Culturales Tradicionales” establece que las ECT, en general:

a) son el producto de la actividad intelectual creadora,

b) han sido transmitidas de generación en generación, sea oralmente, sea por imitación,

c) reflejan la identidad social y cultural de una comunidad,

d) consisten en elementos característicos del patrimonio de una comunidad,

e) son creadas por autores desconocidos o imposibles de localizar, o por comunidades,

f) suelen ser creadas ante todo por motivos espirituales y religiosos,

g) suelen ser creadas y reproducidas con ayuda de recursos naturales, y

h) evolucionan, se desarrollan y se recrean constantemente en la comunidad.

Por consiguiente, en el citado proyecto de análisis la expresión “comunidad” se emplea, para designar en general a los pueblos indígenas y a las comunidades tradicionales, locales y otras comunidades culturales.  Del uso de estos términos no debe inferirse que exista un consenso entre los miembros de Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) respecto de quiénes son los beneficiarios de la protección de las TCE y/o la validez o idoneidad de estas u otras expresiones.  El uso de estas expresiones a efectos del presente análisis no afecta ni limita el de otras diferentes en las legislaciones y deliberaciones nacionales o regionales.

DÉCIMA SEGUNDA.- Respecto los sistemas de propiedad intelectual, la OMPI ha señalado que son diversos en naturaleza y en términos de objetivos de política general a alcanzar.  Por ejemplo, el derecho de autor es el derecho que tiene un autor de controlar la reproducción de sus creaciones intelectuales.  Sin embargo, en el derecho de autor no se prevé un control perfecto, por el hecho de que está sujeto a varias excepciones y limitaciones destinadas a equilibrar las necesidades de proteger la creatividad y de divulgar la información.  Por otra parte, la protección de las marcas y las indicaciones geográficas está destinada a proteger la buena voluntad y reputación de los comerciantes y de sus productos, y a impedir una utilización no autorizada de esos signos que pueda inducir a error a los consumidores.

La protección del sistema de propiedad intelectual no incluye necesariamente la concesión de derechos de propiedad – por ejemplo, los derechos morales en virtud del derecho de autor permiten regular la forma en que se utiliza una obra, en lugar de disponer si es posible utilizarla o no, en algunos casos hasta después de que hayan expirado los derechos patrimoniales. Las licencias obligatorias (no voluntarias) en relación con el derecho de autor permiten de forma análoga regular la manera de utilizar una obra, así como el pago de una “remuneración equitativa” o de una “regalía razonable”.

DÉCIMA TERCERA.- Habida cuenta de las anteriores deliberaciones en el Comité, por “protección”, en la decisión que tomó en su duodécima sesión celebrada en febrero de 2008, se entiende la protección en el sentido del sistema de propiedad intelectual (a veces se utiliza la expresión “protección jurídica”), o sea, la protección de la creatividad intelectual y la innovación contra su utilización no autorizada. 

En este sentido, la “protección” en materia de propiedad intelectual puede distinguirse de “salvaguardia”, “preservación” y “fomento” del patrimonio cultural, que se refieren generalmente a la identificación, la catalogación, la transmisión y la revitalización del patrimonio cultural tangible e intangible para garantizar su mantenimiento y viabilidad. Aunque los instrumentos y los programas destinados a la preservación y el fomento de las ECT como tales son valiosos y complementan la protección de las mismas, para guardar coherencia con la decisión tomada por el Comité de febrero de 2008, el centro del presente análisis es la protección jurídica de las ECT. La legislación y los programas del sistema de propiedad intelectual relativos a la salvaguardia y la promoción del patrimonio vivo pueden desempeñar una útil función a la hora de complementar las leyes relativas a la protección en materia de propiedad intelectual. Muchas de las aspiraciones relativas a las ECT a las que han hecho alusión las comunidades podrían satisfacerse, en lugar de con medidas de propiedad intelectual con medidas y programas para la salvaguardia, preservación y fomento del patrimonio cultural. Las comunidades utilizan, además, otros instrumentos, como los elaborados de conformidad con sus leyes consuetudinarias, para impedir la utilización no autorizada de sus ECT.  Asimismo, se ha señalado que la utilización apropiada de los nombres, palabras y símbolos tradicionales y otras ECT puede contribuir a preservar y fomentar las culturas indígenas.

DÉCIMA CUARTA.- Las Comisiones a las cuales les fue turnado el análisis de la propuesta presentada por medio del presente dictamen opinan que no es procedente ya que es muy compleja la intención que subyace en la misma, pues las expresiones de cultura, y sus respectivos productos, que son hechas por una comunidad o colectividad no pueden mezclarse o ajustar su naturaleza jurídica para lograr una protección semejante a lo ya previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor. Por lo mismo, conviene recordar lo que señala el artículo 12 de la Ley, misma que precisa al “autor” como la persona física que ha creado una obra literaria y artística, por tanto, no puede ser una persona moral, un ente o un colectivo de personas. Igualmente, los artículos 11, 18 y 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor establecen de manera expresa que la titularidad de los derechos patrimoniales y morales son exclusivos de las personas físicas.

Con base a las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos del inciso g) del artículo 72 constitucional, someten a consideraciones del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor presentada ante el Pleno del Senado de la República el día 18 de abril de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de febrero de 2018.

POR LA COMISIÓN DE CULTURA

Sen. Javier Lozano Alarcón, Presidente.- Sen. Sandra Luz García Guajardo, Secretaria.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.

POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, Presidente.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Secretario.- Sen. José María Tapia Franco, Secretario.- Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.

1 WIPO/GRTKF/IC/3/9; WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4. Véase también la base de datos sobre leyes en
http://www.wipo.int/tk/en/laws/folklore.html.

2 WIPO/GRTKF/IC/12/4(c), artículo 1.






Y que reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el inciso g) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con la Iniciativa relativa a modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 5 de julio de 2017, la senadora Yolanda de la Torre Valdez del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de protección de la libertad de expresión en medidas provisionales.

2. En ese mismo día, la mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos, Segunda con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República. 

3. El instrumento fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad de la misma con base en el análisis de su contenido:

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez con proyecto de Decreto en materia de protección de la libertad de expresión en medidas provisionales, propone reformar el artículo 210, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 210. El Instituto tiene facultades para:

I - II…

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos. Dichos actos no podrán restringir la libertad de expresión, a menos de que se trate de proteger derechos de terceros, y dicha restricción sea proporcional y necesaria;…

Asimismo, propone reformar el artículo 6, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I - IV…

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial. Dichas medidas no podrán restringir la libertad de expresión, a menos de que se trate de proteger derechos de terceros, y dicha restricción sea proporcional y necesaria;…

La promovente señala que “el sistema de protección de los derechos de autor y los derechos de la propiedad industrial, descansa en dos autoridades tanto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, los cuales tienen otorgadas las facultades de la emisión de medidas provisionales dirigidas a los particulares infractores que presuntamente se encuentren en el supuesto de violación de los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial”.

Sobre este particular, afirma que “es importante destacar los últimos criterios judiciales que el Poder Judicial de la Federación ha emitido para establecer el alcance y los límites materiales de las citadas medidas provisionales, cuando entran en colisión directa con el ejercicio de otros derechos humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad”.

Lo anterior fundamentado en resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la sentencia del amparo en revisión 1/2017 en la cual determinó lo siguiente:

“Analizó, entre otras cuestiones, los principios que rigen la libertad de expresión a través del Internet, señalando que el marco de la normativa internacional de los derechos humanos, en particular, las disposiciones relativas al derecho a la libertad de expresión, es aplicable a Internet, de tal manera que para que las limitaciones al derecho humano a la libertad de expresión, ejercido a través de una página web, puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad constitucional, resulta indispensable que reúnan las siguientes condiciones: a).- Deben estar previstas por la ley. b).- Deben basarse en un fin legítimo y c).- Deben ser necesarias y proporcionales”.

Tomadas en cuenta las reflexiones de la senadora proponente, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las siguientes consideraciones a la Iniciativa propuesta:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Las Comisiones que concurren en el presente dictamen advierten que esta iniciativa no trasgrede ninguna disposición del orden jurídico nacional, no obstante, es necesario su análisis con detenimiento, ya que existen disposiciones de orden constitucional y convencional que se encargan de la situación que se procura solucionar.

SEGUNDA. La Comisión de Cultura y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda entienden que la propuesta presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, misma que pretende reformar el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, persigue un propósito preclaro cuya intención es tomar medidas para impedir que se limite la libertad de expresión, a menos que sea con el objeto de proteger derechos de terceros, y ésta sea proporcional y necesaria.

TERCERA.- Las Comisiones concurrentes dictaminan al respecto y en relación especifica con la reforma al artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor, señalan que si bien este ordenamiento tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual, como lo establece su artículo 1° y en su artículo 2° que marca expresamente que las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CUARTA.- Los senadores miembros de las Comisiones que concurren en el presente dictamen de la presenta iniciativa ponderan que, sumado a lo anterior, en su artículo 5° la Ley Federal del Derecho de Autor establece que la protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

QUINTA.- Las comisiones concurrentes reconocen que derivado del Amparo en Revisión 1/2017 analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional se emitió la tesis aislada relativa a la:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EJERCIDA A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR NO JUSTIFICA, EN SÍ Y POR SÍ MISMA, EL BLOQUEO DE UNA PÁGINA WEB.

Si bien los derechos de autor se reconocen como derechos humanos por el parámetro de regularidad constitucional, lo cierto es que las restricciones impuestas al derecho humano a la libertad de expresión ejercido a través de la red electrónica (Internet), con el propósito de proteger la propiedad intelectual deben referirse a un contenido concreto y no ser excesivamente amplias a efecto de cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. De ahí que, salvo situaciones excepcionales, las prohibiciones genéricas al funcionamiento de páginas web por violar derechos de autor no se consideran como constitucionalmente válidas, en tanto implican una medida innecesaria o desproporcionada, al no centrarse en objetivos suficientemente precisos y al privar de acceso a numerosos contenidos, aparte de los catalogados como ilegales. Al respecto, las situaciones de excepcionalidad a la prohibición de restricciones genéricas al derecho de expresión podrían generarse en los casos en donde la totalidad de los contenidos de una página web violen el derecho a la propiedad intelectual, lo que podría conducir al bloqueo de ésta, al limitarse únicamente a albergar expresiones que vulneren los derechos de autor.

SEXTA.- Asimismo, las comisiones concurrentes reconocen que derivado del Amparo en Revisión 1/2017 analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional se emitió la tesis aislada relativa a la:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES.

Conforme a lo señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión; por consiguiente, las restricciones a determinados tipos de información o expresión admitidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos también resultan aplicables a los contenidos de los sitios de Internet. En consecuencia, para que las limitaciones al derecho humano referido ejercido a través de una página web puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad constitucional, resulta indispensable que deban: (I) estar previstas por ley; (II) basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias y proporcionales. Lo anterior, si se tiene en cuenta que cuando el Estado impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión ejercida a través del Internet, éstas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe precisarse que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, no debe invertirse, esto es, la regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones e información y, excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede restringirse.

SÉPTIMA.- Para las Comisiones que concitan en el presente dictamen es necesario advertir, en aras de una amplia comprensión jurídica que como la propia Ley señala el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna, en este sentido, los derechos de autor se reconocen como derechos humanos por el parámetro de regularidad constitucional y las restricciones a determinados tipos de información o expresión admitidas serán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

OCTAVA. - Las Comisiones en comento sostienen en ese mismo orden de ideas, que la citada ley en su artículo 165 señala: El registro de una obra literaria o artística no podrá negarse ni suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, al respeto a la vida privada o al orden público, salvo por sentencia judicial. Por lo que se desprende que de la lectura de los preceptos anteriormente citados que la Ley de la materia y tesis emitidas por el máximo tribunal constitucional al tenor de nuestra carta magna y Tratados, ya contempla diversas disposiciones tendientes a favorecer la libertad de expresión, toda vez que la protección concedida a las obras producto del intelecto e impronta de un autor, no pueden estar supeditadas a condición alguna o limitar la forma de expresión de éste, por lo que se considera innecesaria la reforma propuesta.

NOVENA.- Las Comisiones dictaminadoras sostienen, vistas las anteriores consideraciones que la iniciativa de reforma limitaría o excluiría otros derechos vinculados con intereses colectivos, como el derecho de acceso a la cultura y a la información, aunado a que el derecho humano a la libertad de expresión, el cual se encuentra consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

DÉCIMA.- Las Comisiones concurrentes expresan en forma clara que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna o de orden jurídico en favor de los autores sobre la protección de sus obras, para que de una manera congruente, ponderada y equilibrada conviva con otros derechos fundamentales, sin que sea necesario el establecimiento de una regla o una imposición para un control constitucional, como lo pretende la presente iniciativa.

DÉCIMA PRIMERA.- La Comisión de Cultura y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, asientan que corresponderá a un Juez, bajo el principio de proporcionalidad, la interpretación y, en todo caso, la aplicación de la norma al caso concreto y dentro de un momento determinado. En ese sentido, los objetivos que proponen alcanzar la iniciativa ya se cumplen y se regulan en diversas disposiciones de orden constitucional y convencional.

Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos, Segunda para los efectos del inciso g) del artículo 72 constitucional someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, para su discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente el 5 de julio de 2017.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 28 de febrero de 2018.

POR LA COMISIÓN DE CULTURA

Sen. Javier Lozano Alarcón, Presidente.- Sen. Sandra Luz García Guajardo, Secretaria.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.

POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, Presidente.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Secretario.- Sen. José María Tapia Franco, Secretario.- Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.






De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con tres proyectos de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con diversos proyectos de Decreto para reformar la Ley de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, LA LEY DE AEROPUERTOS Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)








Tenemos siete dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

El que adiciona un párrafo tercero al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)








Que reforma los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 8 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)








Que reforma el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 86 Ter de la Ley Federal del Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y EL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)








Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL

(Dictamen a discusión)








Que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)








Que reforma diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen a discusión)








Y que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Dictamen a discusión)



(Voto particular del Senador Benjamín Robles Montoya)



Informo a la Asamblea que sobre este dictamen se cuenta con un voto particular suscrito por el Senador Benjamín Robles Montoya, actualmente con licencia. El texto del voto se integrará al Diario de los Debates.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Están a discusión los dictámenes. Consulto si alguno se reserva para su discusión en tribuna. En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaria Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.






Tenemos la discusión de 12 dictámenes que contienen puntos de Acuerdos, y sobre los que no hay reserva para su discusión. Todos están publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de 34 proposiciones.

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a dar cumplimiento a lo establecido en los títulos de concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros y analizar la cancelación de rutas de aviación.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a informar desde el Decreto publicado por el que se crea la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo S.A de C.V., hasta los últimos datos en relación con la operación aeroportuaria que en conjunto esta Administradora y los Servicios Estatales Aeroportuarios han realizado en Coahuila.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a proporcionar un informe en el que se indique el número de incidencias reportadas, a causa de un rayo láser apuntando al interior de las cabinas de aeronaves.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Por el que se solicita un informe sobre el incremento desproporcionado de la Tarifa de Uso Aeroportuario y de su utilización como garantía única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a llevar a cabo una exhaustiva revisión con respecto al incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a llevar a cabo con celeridad la reparación de la zona afectada por el siniestro producido por la volcadura e incendio de una pipa el 12 de enero de 2018 en la autopista Durango-Mazatlán.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a evaluar y autorizar las acciones y programas necesarios para incrementar la inversión pública en materia de infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y turística.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, a remitir un informe en el que se explique las características y los beneficiados del proyecto de conexión de la Carretera Nacional con la Carretera 57.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Por el que se desecha la proposición por el que se exhorta a comisiones del Senado a avocarse al estudio y modificación, en su caso, del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








Y que exhorta a informar sobre la ejecución de la construcción de la primera fase del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, prevista para el 2020.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Gobernación, que exhorta a fortalecer las estrategias para proteger los datos personales y la privacidad de los ciudadanos, a fin de prevenir posibles delitos.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Están a discusión. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se desechen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política entregó a la Mesa Directiva un Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este documento está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al Acuerdo de la Junta.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el proyecto de convocatoria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el Acuerdo que establece el procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se emite la convocatoria pública. Publíquese.






Compañeros Senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política un Acuerdo que da cumplimiento a la Base Cuarta del Acuerdo para el que se emita la convocatoria para ocupar los cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo recibido.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado enterada. La Junta de Coordinación Política remitirá a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado, los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Inai.






Compañeros Senadores y Senadoras: Recibimos de la Junta de Coordinación Política otro Acuerdo, éste para dar cumplimiento a la Base Tercera del Acuerdo por el que se emite la convocatoria para ocupar los cargos de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo recibido.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado enterada. La Junta de Coordinación Política remitirá a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.






MESA DIRECTIVA

Hace unos momentos aprobamos un Acuerdo para atender la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que citamos a comparecer al Presidente Municipal de Choix, Sinaloa. La Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara ha solicitado se modifique la fecha dispuesta para que la comparecencia aprobada se realice el miércoles 11 de abril a las 09:00 horas. La modificación anterior implica una adecuación al Acuerdo aprobado.

En consecuencia, está a su consideración la siguiente modificación en el resolutivo segundo del Acuerdo.

Segundo.- La comparecencia del Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, se realizará el miércoles 11 de abril a las 09:00 horas, en el edificio del Paseo de la Reforma, No. 135.

Está a discusión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación al Acuerdo aprobado.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Le sugerimos que en vez del miércoles, sea el jueves. Es la propuesta que estamos haciendo.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Someto de nuevo a consideración la modificación en el resolutivo segundo del Acuerdo, atendiendo la sugerencia de la Senadora De la Peña.

Segundo.- La comparecencia del Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, se realizará el jueves 12 de abril, a las 09:00 horas, en el edificio de Paseo de la Reforma, No. 135.

Está a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación del Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación al Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la modificación, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobada la modificación al resolutivo segundo. Incorpórese esta modificación al Acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara al ciudadano José Lindolfo Reyes Gutiérrez, Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, Sinaloa, a fin de que explique los motivos de la no aceptación de la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese.






Recibimos una comunicación suscrita por la Senadora Luisa María Calderón, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. Dé lectura la Secretaría.

COMUNICACIONES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa para separarse de sus funciones legislativas, del 30 de marzo al 16 de abril de 2018.” Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa para separarse de sus funciones legislativas, del 30 de marzo al 16 de abril del año en curso. Comuníquese.






Recibimos también una comunicación del Senador Celestino Cesáreo Guzmán, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. Dé lectura la Secretaría.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Senador Celestino Cesáreo Guzmán para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de abril de 2018.”

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Senador Celestino Cesáreo Guzmán para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de abril del año en curso. Comuníquese.






Recibimos una comunicación que suscribe la Senadora Lorena Cuéllar, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señor Secretario.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 1º de abril de 2018.”

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para hacerle un reconocimiento a la Senadora Lorena Cuéllar, que hoy pide licencia, por su trabajo siempre diligente, siempre en una discreción muy efectiva, porque siempre ella los temas que tomó, que incluso hoy votamos como el de trasplantes, como una hormiguita avanzaba y avanzaba, hasta que finalmente lo logró.

Va a nuevas tareas, la vamos a extrañar.

Y le mando desde aquí un abrazo afectuoso para desearle todo el éxito del mundo, querida Lorena.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Quería sumarme a la felicitación que hace el compañero Zoé para la Senadora, que fue no solamente en relación con las iniciativas que se han mencionado, sino los cinco años y casi seis.

Una brillante Senadora, tuvo intervenciones muy valiosas, incluso no estando entonces en la misma fracción, la reconozco como una gente que dio de sí y que hizo brillar a este Senado de la República.

Es mi felicitación a una Senadora muy distinguida.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Igual, despedir cariñosamente a nuestra compañera Lorena Cuéllar, sobre todo que tuvimos la fortuna de trabajar juntos en esta Mesa Directiva.

Desearle el éxito que como mujer y como persona se merece.

Y, por supuesto, lo mejor para ella en todos los ámbitos, reconociendo su trabajo, su bondad, pero sobre todo su amistad.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Díaz Lizama.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez.

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Desearle lo mejor a Lorena.

Realmente hizo un muy buen trabajo como Secretaria, y sin necesidad de pedir licencia, lo está haciendo por congruencia, su trabajo ha sido excelso.

¡Muchas felicidades, Lorena!, sé que te va a ir muy bien.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Martínez Espinoza.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 1º de abril de 2018. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva le desea mucha suerte, Senadora Lorena Cuéllar, en sus futuros proyectos.






Hago del conocimiento del Pleno que recibimos una comunicación de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, por lo que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Dé lectura la Secretaría.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera.

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para agradecer, de una manera muy especial, el trabajo realizado a lo largo de estos casi seis años por la Senadora Pilar Ortega.

Como todos ustedes se habrán dado cuenta, del trabajo serio, responsable, al frente de una de las comisiones más importantes del Senado de la República, enalteció el trabajo legislativo.

Estamos seguros, las Senadoras, los Senadores del Partido Acción Nacional, y ciertos también de que los legisladores de todas las expresiones políticas podrán estar satisfechos con el trabajo siempre profesional que realizó Pilar Ortega, su disposición, su voluntad, su capacidad de incluir, aún en el diálogo más áspero, el puente suficiente y necesario para llegar a los acuerdos que fuimos convocados en los temas de la Comisión de Justicia.

¡Enhorabuena, Pilar!

Sabemos que te va a ir muy bien en esta nueva encomienda.

Te vas y te vamos a ver pronto en otra responsabilidad.

Muchísimas gracias.

¡Felicidades!

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Romo.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Para reconocer, Senadora Ortega, amiga, compañera, el trabajo que siempre usted desempeñó con mucho profesionalismo, con seriedad, con responsabilidad y, diría yo también, con mucho conocimiento.

Su formación profesional quedó bien acreditada en todas y cada una de las tareas, de las discusiones que tuvimos en este Senado, tanto en comisiones como en el Pleno.

Es usted, repito, una persona, que además de su trato afable, que siempre buscó el entendimiento, el acuerdo para resolver, allanar y lograr finalmente que en este Senado se pudieran aprobar reformas y acciones legislativas muy relevantes, tanto como Presidenta de la Comisión de Justicia, como también en la Comisión de Gobernación y en Relaciones Exteriores de América del Norte.

La felicito, de verdad.

Sinceramente le deseo, de verdad, ese curso, ese camino, esa inercia que su profesionalismo y su actitud siempre la han llevado hasta este punto.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Romo Medina.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente para reconocer el trabajo de Pilar Ortega.

Con ella me tocó compartir en la Cámara de Diputados, en la LXVII Legislatura, estaba en el equipo de la coordinación, y también reconocer lo que se ha dicho aquí, su profesionalismo, su consistencia en los temas del derecho, y desearle la mejor de las suertes en la aventura electoral que está arrancando a partir de ya, y que seguramente la culminará con éxito.

¡Felicidades, Pilar!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo quiero sumarme a este comentario plural de reconocimiento a la Senadora Pilar Ortega.

Pilar fue una Senadora seria, trabajó, tuvo responsabilidades importantes.

Lo dijimos en momentos delicados, en complicaciones en la Comisión de Justica, y fue una garantía de pundonor y de inteligencia.

Creo que es una mujer joven, que llenó de trabajo efectivo su función en este Senado y se merece una muy cordial felicitación y desearle el mejor de los éxitos.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, es verdad que la actitud que siempre asumió la Senadora Pilar Ortega como Presidenta de la Comisión de Justicia, con quien estuvimos realizando muchos proyectos y trabajó, además con una gran responsabilidad profesional y con una actitud siempre de construir, insisto, los acuerdos, hace que yo, a nombre del grupo parlamentario del PRD, le digamos: “Que le deseamos suerte en su siguiente encomienda, que la vamos a extrañar en estas sesiones que nos faltan y que realmente es un placer trabajar con ella”.

El trabajo profesional, insisto, que le caracteriza de dedicarse, de estudiar, pero sobre todo de construir, ha sido importante en las comisiones en donde hemos coincidido.

Yo como integrante de la Comisión de Justicia, sin lugar a dudas, pero también el trabajo que como Presidenta de la Comisión de Justicia hizo con otras comisiones en donde participamos.

Entonces, a nombre del grupo te deseamos todos los éxitos, Pilar, y todo nuestro afecto y cariño.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora De la Peña.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de abril de 2018.”

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de abril del año en curso. Comuníquese. Esta Mesa Directiva le desea el mayor de los éxitos a la Senadora Pilar Ortega.






MESA DIRECTIVA

Compañeros Senadores y Senadoras, hago de su conocimiento que en la reunión matutina de hoy, la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y se reforman diversas disposiciones en materia de justicia laboral, para quedar en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DE LOS ARTÍCULOS 28, 28-A, 28-B, 31, 32 Y 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador Carlos Manuel Merino Campos, del grupo parlamentario del PT)

El suscrito, Senador CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 8, numeral 1, fracción I; 164, 169 y 172, y los demás relativos y aplicables  del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES DE LOS ARTÍCULOS 28, 28A, 28B, 31, 32 Y 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA MEJORAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES LABORALES Y DE JUSTICIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS FUERA DE LA REPÚBLICA, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La movilidad laboral en América del Norte tiene un referente importante en el Programa de Trabajadores Temporales México-Canadá. “En 1974 se firmó en Ottawa, Canadá, el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá relativo al Programa de los Trabajadores Mexicanos Temporales, así como el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Canadá, por lo que se instrumentó el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá (PTAT) cuyo objetivo es “ofrecer una alternativa de ocupación segura y redituable a los jornaleros agrícolas mexicanos, satisfaciendo las necesidades de los granjeros canadiense”,1 es decir, el PTAT recluta, selecciona y promueve el flujo de trabajadores mexicanos a Canadá”.

La Organización Internacional del Trabajo tiene la encomienda de defender los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero y lo hace a través de diferentes mecanismos, entre los cuales está el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Entrada en vigor: 09 diciembre 1978).

Uno de los supuestos de los que parte dicho instrumento dice que “Considerando que la emigración de los trabajadores motivada por las condiciones del mercado del empleo debería realizarse bajo la responsabilidad de los organismos oficiales del empleo o con arreglo a los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes y, en particular, a los que permitan la libre circulación de los trabajadores”.2

Los primeros días del mes de agosto de 2017, la opinión pública nacional e internacional hizo visible una realidad que sucede con más frecuencia de lo que nos informan. “El jornalero mexicano de 28 años, Ernesto Silva Ibarra, trabajaba hasta hace unas semanas en los campos agrícolas de la empresa Sarbanand Farms, en Sumas, estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá. Un día empezó a sentirse mal y lo reportó a sus patrones quienes hicieron caso omiso. Días después y hasta que la situación fue grave lo llevaron a un hospital local donde estuvo en coma y posteriormente murió. Dejó en la orfandad a tres hijos en México y su esposa”.

Ernesto Silva era parte de un total de 82 trabajadores mexicanos contratados mediante el Programa H2A para trabajar en los campos agrícolas de los Estados Unidos.

El Servicio Nacional del Empleo, con corte al mes de enero de 2018, señala en su Resumen de los Servicios de Vinculación Laboral, que las solicitudes de visa para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) con Canadá, fue de un total de 25,813 y que los eventos de colocación fueron de 25,344, para la temporada del año 2017.

El Informe del Proyecto Jornaleros Safe “Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados” señala que “El elevado rendimiento laboral de los trabajadores reclutados a través del Programa de visas H-2A permite que las actividades agrarias intensivas en mano de obra (principalmente los sectores hortícola y frutícola) puedan seguir desarrollándose en los Estados Unidos, y que estos sectores no hayan perdido competitividad en el mercado internacional.

Los trabajadores huéspedes, importados principalmente desde las áreas rurales de México a través del Programa de visas H-2A, constituyen uno de los pilares de la seguridad nacional ya que proporcionan a los Estados Unidos seguridad alimentaria; en ausencia de estos trabajadores los consumidores estadounidenses dependerían de la importación de productos agrarios; sin embargo, la seguridad alimentaria estadounidense se asienta sobre la sobreexplotación de jornaleros foráneos  cuyos bajos salarios muchas veces se condicionan a niveles mínimos de rendimiento laboral. Paradójicamente, la emigración de jornaleros con visas H-2A incrementa la inseguridad alimentaria en México, que se ha tornado muy dependiente de la importación de alimentos”.3

Por su parte, Global Workers Justice Alliance en su Informe “Reglas del Reclutamiento: países de empleo, el reclutamiento de migrantes de la región de México y Centroamérica para el trabajo temporal en los Estados Unidos y Canadá” concluye que “La estructura de los sistemas de visas de trabajo temporal ha permitido el abuso del trabajador migrante durante el reclutamiento en sus países de origen. La vulnerabilidad a la explotación se ve agravada por la absoluta falta de transparencia permitido por el diseño de estos programas. El hecho de que ni los Estados Unidos ni Canadá regulen el reclutamiento internacional permite la continuación de esta realidad.  A nivel federal, tanto los Estados Unidos como Canadá deberían decretar leyes o promulgar regulaciones para mejorar estos programas de los trabajadores extranjeros temporales para reducir el fraude rampante y el abuso endémico en el proceso del reclutamiento extranjero”.4

El mes de diciembre de 2016 el entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y la Directora del Consejo por Comida Justa (CCJ), de Estados Unidos, Laura Safer Espinoza, firmaron un acuerdo que permite garantizar una migración laboral legal, ordenada y segura de jornaleros mexicanos elegidos para trabajar en granjas del vecino país del norte.

Ambas partes se comprometen a que los derechos de los empleados elegibles, con visa H-2A, que deseen contrastarse con granjeros afiliados en el programa CCJ, no sean violados por terceros en el proceso de reclutamiento y que la movilidad laboral se realice de conformidad con las leyes mexicanas y estadounidenses.

Las 25 empresas que hoy participan en el programa CCJ prevén que para la temporada 2016-2017 el número de trabajadores mexicanos en Comida Justa sea aproximadamente de mil, aunque se espera que esa cifra suba hasta 5 mil en los siguientes cinco años.

“El convenio pretende proporcionar igualdad de oportunidades y prevenir cualquier tipo de discriminación como edad, estado civil y género; la vigencia de este acuerdo será de un año y automáticamente se renovará por otro periodo igual, salvo que cualquiera de las dos partes envíe un aviso al menos 30 días antes de la fecha efectiva sobre su intención de terminarlo", informó el titular de la STPS.5

Por otro lado, dentro de los mecanismos internacionales de protección a los trabajadores migrantes está Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

En su artículo 7 define que no habrá discriminación en el reconocimiento de los derechos de los migrantes y sus familias, en los siguientes términos: “Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”.6

El Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En el mismo dispositivo legal el Artículo 28 señala que “En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, después de comprobar que éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará.

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y

V.  Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que ésta hubiere determinado.

La misma Ley en su Artículo 28-A dice que “En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores, conforme a las bases siguientes:

I. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorgue a los trabajadores de aquel país;

II. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado;

III. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo;

IV. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con las autoridades estatales y municipales; y

V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente.

La propia Ley también define en su Artículo 28-B que “En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes:

I. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables;

II. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo; y

b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio;

III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino.

En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de repatriación respectivos. 

La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.
En el Artículo 31 se dice que “Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad”.

Y en el Artículo 32 establece que “El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona”.

En cuanto al Artículo 33 señala que “Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.

Por las razones señaladas, el objetivo de la presente iniciativa es reformar y adicionar diversas fracciones de los artículos 28, 28A, 28B, 31, 32 y 33 de la Ley Federal del Trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos que prestan sus servicios fuera de la República, y fortalecer el ejercicio de la justicia laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 28, 28A, 28B, 31, 32 y 33 de la Ley Federal del Trabajo.

Único. Se reforman las fracciones I, incisos a), b), c) y d); y II, III y IV del artículo 28; se reforma el párrafo primero; y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 28A; se reforman las fracciones I; II, inciso a); y III, párrafos 1 y 2 del artículo 28B; se reforma el párrafo primero del artículo 31; se reforma el párrafo primero del artículo 32; y se reforma el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 28.- En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante, quien deberá garantizar los gastos de transporte y alimentación del trabajador y su familia, hasta su lugar de origen;

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica, ubicada en el centro de trabajo o cerca de éste, que disfrutará el trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma estrictamente alejadas de la exposición directa y constante a pesticidas que puedan generar el alojamiento de padecimientos mortales en los trabajadores;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente, garantizando en todo momento la obligación del empleador a hacer valer los seguros y los servicios médicos a que tienen derecho los trabajadores y realizar una revisión médica antes de regresar al país para esclarecer su estado de salud y otorgar la constancia médica correspondiente; en su caso, hacer valer el seguro médico y la indemnización respectiva si sucediera un accidente de trabajo; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente, garantizando en todo momento que en las Embajadas y Consulados se disponga de funcionarios o abogados que acompañen la debida elaboración, presentación, procesamiento y seguimiento de las quejas de los trabajadores ante violaciones a sus derechos humanos y laborales, privilegiando el debido proceso y el principio pro hominem;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para todos los efectos legales, en caso contrario, deberá pagar una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, así como la debida reparación del daño, en los casos de accidentes de trabajo y si el trabajador contrae alguna enfermedad en el desempeño de las actividades; velar por su debido cumplimiento y, en su caso, acompañar la reparación del daño.

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, después de comprobar que éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará, siempre bajo la premisa de garantizar la máxima protección a los derechos laborales de los trabajadores.

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deban prestarse los servicios, así como un acuerdo escrito entre los gobiernos de ambos países que garantice al trabajador un proceso legal y seguro en caso de que se vea en la necesidad de demandar la violación a sus derechos laborales; y

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que ésta hubiere determinado.

Artículo 28-A.- En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores y el debido proceso, en su caso, conforme a las bases siguientes:

I. Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorgue a los trabajadores de aquel país para lo cual el gobierno mexicano dispondrá los mecanismos necesarios para que las Embajadas y los Consulados garanticen su cabal cumplimiento;

II. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado, por lo que será necesario establecer de manera específica un Comité de Seguimiento integrado por funcionarios competentes de ambos países que resuelva y corrija cualquier desviación del contrato;

III. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo, garantizando en todo momento respeto al debido proceso en caso de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores; acompañamiento de las autoridades consulares mexicanas en casos de litigio; cobertura de gastos del trabajador y su familia hasta su comunidad de origen, en caso de repatriación; indemnización en los casos de accidente de trabajo; vivienda en el centro de trabajo o cerca de éste y no exposición a pesticidas; revisión médica obligatoria y expedición legal de la constancia médica antes de regresar al país de origen;

IV. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, garantizando transparencia y máxima publicidad en el proceso; capacitación en derechos humanos y laborales; mecanismos de litigio y acceso a la justicia para los trabajadores; cumplimiento de todas las prestaciones de ley; asistencia consular permanente para los trabajadores; y

V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente, garantizando en todo momento que en las Embajadas y Consulados se disponga de funcionarios y/o abogados que acompañen la debida elaboración, presentación, procesamiento y seguimiento de las quejas de los trabajadores ante eventuales violaciones a sus derechos laborales.

Artículo 28-B.- En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes:

I. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables, garantizando información pública sobre las mismas tanto en el país de origen como de destino de los trabajadores y plena claridad de su relación con el empleador que otorga el contrato de trabajo;

II. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse y garantizar:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores mediante información veraz y legal sobre el empleador. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo; además deberán ofrecer mecanismos de acceso a la justicia portátil en caso de violación a sus derechos laborales; garantizar los gastos de transporte y alimentación del trabajador y su familia, en su caso, hasta su comunidad de origen; atención médica obligatoria y expedita, en caso de que se requiera; y

b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio;

III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino; además, deberán garantizar que, en los casos de violación a cualquiera de los derechos laborales o humanos establecidos en el contrato, un acompañamiento pleno, oportuno y consecuente a cabal satisfacción y justicia de los trabajadores y sus familias.

En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de repatriación respectivos, además de ser sancionadas con responsabilidad penal; ser boletinadas por su desempeño negativo e inhumano en el país de origen y en el de destino; y pagar una indemnización a los trabajadores afectados. 

La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.

Artículo 31.- Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad, al debido proceso, a la justicia portátil, a la igualdad de género, a la corresponsabilidad entre gobiernos nacionales, a la coordinación entre órdenes de gobierno, a la transparencia y máxima publicidad en el reclutamiento y selección de los trabajadores, al registro de las agencias de colocación en los países de origen y los de destino.

Artículo 32.- El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona ni ningún tipo de violación a sus derechos humanos y laborales.

Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, para lo cual debe haber acompañamiento y vigilancia de las autoridades laborales del país de origen y del de destino, así como responsabilidad plena de la agencia de colocación y del empleador. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, por lo que se deberá enaltecer y privilegiar, en todo momento, el máximo beneficio de éstos, la preservación de sus derechos y la reparación del daño.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Carlos Manuel Merino Campos.

1 Centro de documentación, información y análisis. (junio 2007). Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá (PTAT). de Cámara de Diputados LXI legislatura, Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-CI-15-07.pdf

2 Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes. Ginebra Suiza 9/diciembre/1978. En Organización internacional del Trabajo

3 Jornaleros Safe (2012).  Jornaleros Safe: Jornaleros mexicanos en Eu con visa: los modernos olvidados. De Jornaleros Safe. Rescatado de:
https://fairlaborrecruitment.files.wordpress.com/2013/01/informe-jornaleros-safe.pdf

4 Global Workers Justice Aliance (2016). Reglas de reclutamiento: Países de empleo el reclutamiento de migrantes de la región de México y Centroamérica para el trabajo temporal en los Estados Unidos y Canadá. De  Global Workers Justice Aliance. Rescatado de:
http://www.globalworkers.org/sites/default/files/RR%20COE%20%28SP%29_FINAL.pdf

5 Notimex. (18/12/2016). STPS firma acuerdo para migración segura de mexicanos en EU. Notimex. Sitio web:
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1001217.html

6 Naciones Unidas, Derechos Humanos. Convención internacional sobre la protección d/diciembre/e los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. De Naciones Unidas adoptada el 12/diciembre/1990. Recuperad de
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

(Presentada por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover y, en su caso, fortalecer las acciones en materia de inclusión e igualdad de las personas con autismo en todo el país. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 02 de abril de cada año se conmemora el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo” con el propósito de garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad.1

Para este año, el lema es “Empoderar a mujeres y niñas con autismo”, a fin de ayudar a cambiar las actitudes hacia las personas con este padecimiento y promocionar sus derechos fundamentales.2

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), invita a todos los países, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con miras a generar una mejor conciencia pública sobre ese trastorno y adoptar medidas para sensibilizar a toda la población, sobre todo, la situación de los niños con autismo.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro, principalmente a los niños, con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica.

Las personas con este padecimiento se caracterizan por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas, principalmente.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, afectando 21 de cada 10 mil niños, con una mayor prevalencia en varones.3

De igual manera, se estima que hay 5 veces más hombres que mujeres con este padecimiento. Cada año, a nivel global se incrementa un 17 por ciento la incidencia de personas autistas y un 46 por ciento de los niños con esta discapacidad son víctimas de bullying.

El Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés), se estima que existen aproximadamente 70 millones de personas con esta discapacidad. Existe 1 caso por cada 68 nacimientos.4

La Clínica Mexicana de Autismo A.C. (CLIMA), menciona que en nuestro país, uno de cada 300 niños vive con esta condición y que cada año se registran más de 6 mil nuevos casos.5 Se estima que un 25 por ciento y 35 por ciento de los niños con autismo pueden llegar a integrarse con calidad responsable a una escuela regular.

La Asociación de Profesionistas Especializados en Desórdenes del Desarrollo A.C (APRENDE), prevé que hay uno de cada 115 niños se encuentran en esta condición.

En este mismo orden de ideas, la Secretaría de Salud menciona que hay aproximadamente 94 mil 800 niños entre cero y cuatro años de edad y 298 mil entre 5 y 19 años con este trastorno.6

Ante esta situación, es oportuno y urgente trabajar por la plena inclusión y promoción de los derechos humanos de las personas con autismo en materia de salud, educación, laboral, ambiental y vivienda. 

Resulta necesario brindarles las herramientas oportunas de contar con un diagnóstico y terapias de rehabilitación, así como recibir una educación de calidad y su fácil incorporación a escuelas de educación básica; además de obtener un empleo sin discriminación ni prejuicios y el acceso a disfrutar de la cultura, las distracciones, el tiempo y el deporte.

El Estado mexicano deberá de promover acciones que establezcan un sistema de vigilancia para las personas con autismo, así como la instrumentación de campañas  informativas para sensibilizar a la población en general sobre la inclusión de todos los servicios básicos.

En tal virtud, resulta apremiante que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y los gobiernos de las 32 entidades federativas, instrumenten acciones para sobre la inclusión e igualdad de las personas con autismo en todo el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan y en su caso fortalezcan las acciones en materia de inclusión e igualdad de las personas con autismo en todo el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.

1http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/139&referer=http://www.un.org/en/
events/autismday/resources.shtml&Lang=S

2 http://www.un.org/es/events/autismday/

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/

4 http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/6Boletin/Infografia_generalidades_autismo.pdf

5 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/por-la-inclusion-de-las-personas-con-autismo

6 https://www.gob.mx/salud/prensa/deteccion-temprana-de-trastorno-del-espectro-autista-permite-
la-inclusion-social-y-escolar






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y de las entidades federativas a implementar acciones para el diagnóstico y la atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. Se turna a la Comisión de Salud.

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA ENFERMEDAD DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La esclerosis múltiple es un padecimiento del sistema nervioso central que se caracteriza por ser neuroinflamatoria al afectar a la mielina, sustancia que forma la membrana (llamada vaina de mielina) que envuelve a las fibras nerviosas (axones).

Es una enfermedad autoinmune, por lo que el sistema inmunitario del paciente ataca las estructuras del sistema nervioso. Dicha reacción deteriora no sólo la estructura, sino la función del Sistema Nervioso Central; generando en el paciente síntomas variados, como dificultades para caminar y para enfocar la vista, visión doble, alteración de la sensibilidad en brazos o piernas (hormigueo, entumecimiento o calambres), complicaciones para controlar la orina o las evacuaciones, disfunción sexual y fatiga que se manifiesta como falta de energía que lleva a las personas a no poder levantarse de la cama o disminuir sus actividades. Recientemente se ha visto que algunos pacientes presentan problemas de la función cerebral cognitiva, dificultad para concentrarse y en la velocidad con la que procesan la información.

La Esclerosis Múltiple dependiendo su carga inflamatoria, puede causar discapacidad severa y se asocia con una reducción en la expectativa de vida de alrededor de 7 años. Por lo que se ha clasificado como la principal causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes ya que se inicia entre los 20 y 40 años afectando sobre todo a mujeres.1

En el mundo, se estima que 2.5 millones de personas padecen esclerosis múltiple y 70 por ciento de los casos ocurren entre los 20 y 40 años de edad. Se calcula que en México existen cerca de 20 mil personas afectadas por el padecimiento.2

Por lo anterior, la EM afecta la calidad de vida mayormente a mujeres en etapa productiva. Las formas más extremas del padecimiento pueden presentarse entre 20 y 40% de los casos, mientras que en el 50% de éstos, los pacientes diagnosticados sufren discapacidad pasados 15 años del inicio de la enfermedad y en el 80% la generan después de 30 años.

Por sus síntomas, consecuencias y vulnerabilidad de la población afectada, la EM se asocia con una reducción en la calidad, esperanza de vida y pérdida de autonomía que incrementa significativamente la tasa de suicidios y la necesidad de tratamientos antidepresivos en los pacientes.

A menudo el diagnóstico de esclerosis múltiple se puede retrasar debido a que esta enfermedad comparte síntomas con otras enfermedades y afecciones neurológicas, pero puede producir la parálisis parcial o completa, dolor con neuritis óptica y neuralgia del trigémino, afectando la mandíbula, la mejilla y la cara, espasmos dolorosos de los miembros y dolor agudo que baja por las piernas o alrededor del abdomen, dificultad para pensar, aprender, memorizar y juzgar.

Los síntomas de la EM pueden simular los de muchos otros trastornos neurológicos. La EM se diagnostica al determinar si hay signos de más de uno ataque en el cerebro o la médula espinal y al descartar otros padecimientos.

De no tratarse de manera temprana, los pacientes con EM sufrirán una reducción en su capacidad de caminata tras 5 años de la enfermedad, deberán usar bastón después de los 8 años, requerirán asistencia para sus actividades tras 10 años y tendrán que usar silla de ruedas después de 15 años del padecimiento.3

Está demostrado que entre más oportuno sea el tratamiento, más eficaz será la reducción de la progresión de la enfermedad. Asimismo, el diagnóstico temprano permitirá un tratamiento oportuno para reducir de manera costo eficiente el proceso inflamatorio a nivel del Sistema Nervioso, y por lo tanto la progresión de la discapacidad en el paciente.

Actualmente, 40% de las personas que padecen Esclerosis Múltiple no han sido diagnosticadas a tiempo,4 lo que aumenta el riesgo de padecer discapacidades que como ya se explicó, deterioran tanto la calidad de vida del paciente como la economía familiar de éstos, ya que 26.5% de los pacientes sostienen económicamente a sus familias y cada recaída de la enfermedad puede costarles hasta 8 mil pesos.5

Es de reconocerse que el Gobierno Federal se encuentra consciente de la magnitud de este problema, y ello se encuentra reflejado en la “Lista actualizada de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos”6 donde se incluye a la Esclerosis Múltiple como una enfermedad de alto costo para las personas y las familias.

No obstante lo anterior, es importante señalar dos aspectos importantes que impactan directamente y de manera negativa en la atención a esta enfermedad:

1. La falta de asignación de presupuesto para la atención de este padecimiento en el Seguro Popular a pesar de ser reconocido como enfermedad de gastos catastróficos.

2. La poca disponibilidad de tratamientos en las distintas instituciones públicas de salud.

Como es posible ver en los argumentos previos, la esclerosis múltiple es una enfermedad de alta complejidad, que puede estar presente en la vida de una persona durante décadas, afectando notoriamente no sólo su salud, sino su entorno, familiar, social y productivo.

Dada esa complejidad, los medicamentos especializados para su atención, están en constante evolución, cada vez brindando mayor oportunidad a los pacientes, para tener una vida lo más normal e independiente posible, no obstante, en nuestro sistema público de salud, la penetración de estos nuevas opciones terapéuticas es lenta en demasía, pues aunque exista la posibilidad de adquirirlos en el mercado, es imperativo que éstos se encuentren también disponibles en las instituciones públicas de salud a través del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, así como de los Cuadros Básicos de las instituciones que cuenten con ellos.

En este sentido, es importante que las instituciones de salud evalúen nuevos mecanismos que permitan a los pacientes de enfermedades tan complejas como esta, poder acceder a tratamientos que harán una diferencia fundamental para su vida, tanto individual como colectiva.

Con base en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho a la protección de la salud, así como las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en la materia.

Así mismo la Ley General de Salud define, en su Artículo 1 Bis que la salud se entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por su parte, en el artículo 2 de la mencionada ley establece que entre las finalidades de la protección social en salud se encuentran: “el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades” y “la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana”.

Por lo anterior, es un deber constitucional de la Secretaría de Salud y las entidades federativas el proteger a los pacientes que padezcan esclerosis múltiple y mejorar en lo posible, su calidad de vida y para que puedan ejercer sus capacidades tanto físicas como mentales. Para ello, es fundamental el diagnóstico y tratamiento oportunos o tempranos ya que de ellos depende la reducción de los daños que el padecimiento ocasiona en el paciente, así como el aumento de su esperanza de vida.

Es por todo lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a realizar las acciones conducentes para brindar recursos que permitan la atención de la Esclerosis Múltiple en el Seguro Popular, bajo el entendido de que se trata de una enfermedad que ocasiona gastos catastróficos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud e instituciones relacionadas a diseñar mecanismos que permitan una actualización ágil del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos para la Salud, así como a los cuadros básicos particulares de cada institución, a fin de permitir a los pacientes con Esclerosis Múltiple, poder contar con tratamientos que les permitan tener une buena calidad de vida.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.

1 Irene Treviño Frank, Académica de la UNAM, Durante la Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Redacción “En México aumenta la incidencia de Esclerosis Múltiple”, El Universal, 30/05/2017. Revisado en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/05/30/en-mexico-aumenta
-la-incidencia-de-la-esclerosis-multiple

2 Ibídem.

3 Merced Velázquez, miembro del Comité de Investigación del Consejo Mexicano para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple A.C. (MEXCTRIMS). Redacción, “En México aumenta la incidencia de Esclerosis Múltiple”, El Universal, 30/05/2017. Revisado en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/7/en-mexico-casi-20-
mil-personas-padecen-esclerosis-multiple

4 Ildefonso Rodríguez Leyva, Presidente del Consejo Mexicano de Neurología en Redacción, “En México aumenta la incidencia de Esclerosis Múltiple”, El Universal, 30/05/2017. Revisado en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/7/en-mexico-casi-20-
mil-personas-padecen-esclerosis-multiple

5 Ildefonso Rodríguez Leyva, Presidente del Consejo Mexicano de Neurología en Redacción, “En México aumenta la incidencia de Esclerosis Múltiple”, El Universal, 30/05/2017. Revisado en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/7/en-mexico-casi-20-
mil-personas-padecen-esclerosis-multiple

6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5486970&fecha=15/06/2017






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas, en coordinación con la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a emprender acciones, estrategias y políticas públicas en los 58 municipios de la entidad tendientes a prevenir que adolescentes y jóvenes se involucren en actividades delincuenciales. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.








De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a homologar el tipo penal de feminicidio, de acuerdo con la descripción típica propuesta. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y normativas para lo integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas a nivel nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional , de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS BASES TÉCNICAS, LEGALES Y NORMATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TARIFAS QUE SE ESTÁN APLICANDO A LOS CONSUMIDORES BAJO EL CONCEPTO DE “TARIFAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” Y CREAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LAS CONDICIONES E IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES RECIENTEMENTE APLICADAS A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS A NIVEL NACIONAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el  Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Energía se establece el objetivo de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. Por tal motivo, desde el  30 de junio de 2015 la Secretaría de Energía (Sener) emitió el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (Prodesen) que incluye el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).

De esta manera el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual entró en operación en 2016, precisa para su funcionamiento eficiente que los participantes conozcan con antelación las tarifas de transmisión. Asimismo, se garantiza el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión, requiere de regulación económica que por un lado aseguren los costos eficientes de la prestación del servicio por parte de los transportistas y por otro, que los cargos o tarifas a los usuarios por el servicio sean eficientes, transparentes, y predecibles.

Desde  noviembre de 2017 quedó  lista la nueva tarifa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de suministro básico que aplicará para todas las casas del país y que publicará la Comisión Reguladora de Energía. Estos nuevos precios, aprobados por la Comisión Reguladora Energética (CRE),  por primera vez están basados en los costos de la producción y distribución del servicio, y a éstos se sumará la variación mensual de los costos de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica.

De esta manera,  millones de habitantes deberán  adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad, bajo un esquema de recuperación  de los costos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los usuarios, impactando en el monto final de sus recibos.

Desafortunadamente no muchos consumidores están contentos con esta nueva política, la cual consiste en que a partir de los recibos que llegaron en enero, correspondientes a consumos de diciembre, el costo del cargo de distribución está calculado utilizando la carga máxima que el cliente haya usado en alguno de los últimos 12 meses.

Por lo cual, quedará en el ámbito de la CRE los ajustes mensuales a la electricidad y que serán, además de los costos de los hidrocarburos, el resultado de la suma de dos factores: el primero se originará del valor de la facturación conforme a los costos de generación que resulten de la actualización de las tarifas eléctricas de noviembre de 2017; es decir, las últimas en las que tuvieron injerencia la Secretaría de Hacienda y la CFE.

Y el segundo factor será el valor de la facturación conforme a la nueva metodología de la CRE. De acuerdo con lo anunciado durante cuatro meses, se aplicarán estos dos valores para elaborar el monto de la facturación eléctrica.

Debido  la omisión de la información proporcionada por la CFE referente a la entrada en vigor de esta forma de cobro a los consumidores, se ocasionó una inconformidad generalizada entre la población y sobretodo, la insuficiencia para hacer frente a estos costos.

Solo por mencionar un ejemplo, en Estados Unidos las proveedoras de electricidad que cobran de esta forma los cargos por distribución avisan a sus clientes al momento de firmar o renovar contratos para que cuiden sus "picos" en su demanda eléctrica anual, para que cada uno de ellos tome sus consideraciones.

Por mencionar un ejemplo, las empresas mexicanas que hayan tenido un repunte en el 2017 en su carga por diversas razones -un aumento en su producción por temporada o alguna prueba con un equipo nuevo- pagarán ese repunte en sus próximas facturas.

De esta manera, el peor escenario sería para un consumidor que haya aumentado su consumo significaría que estaría pagando el sobrecargo por distribución por los siguientes 12 meses.

El cargo por distribución se calcula multiplicando la demanda máxima de un cliente en algún mes de los 12 meses anteriores, medido en kilowatts, por tarifas que van desde los 53.64 a los 205.59 pesos por kilowatt en media tensión (dependiendo de en cuál de las 17 divisiones geográficas de la CFE se encuentre).

Dependiendo del tamaño de carga y el giro de negocio, algunas empresas podrían desembolsar desde decenas hasta centenas de miles de pesos anuales adicionales si es que desbalancearon sus cargas en cualquier momento del 2017, por lo menos en un periodo de 15 minutos, ya que los medidores toman registro de la carga máxima en cada lapso.

Por ejemplo, una empresa en Coatzacoalcos, Veracruz, que se dedica a las actividades pesqueras y relacionadas, con una carga que haya subido a un máximo de mil 126 kilowatts en septiembre pasado, pero que usualmente utiliza entre 600 y 700 kilowatts, le sobrevino un sobrecargo de 55 mil pesos sólo en su recibo de diciembre. Suponiendo una tarifa por distribución de 184.19 pesos por kilowatt, el sobrecargo anual hasta septiembre de este año sería de 814 mil 120 pesos, asumiendo un patrón de demanda eléctrica mensual similar al del 2017.

El cobro por distribución eléctrica -es decir, el transporte de la energía desde subestaciones a los centros de carga- ahora es desglosado en los nuevos recibos de la CFE a nivel comercial e industrial en la sección "Costo de la energía en el mercado".1

Sin embargo, aunque las actividades productivas primarias, que tienen tarifas subsidiarias no tendrán un grave impacto en sus costos de producción, si lo tendrán las empresas de transformación lo cual implicará el incremento en el costo de sus productos que podría repercutir en la producción, ingresos y empleos brindados.

La CRE decidió aplicar un periodo de transición, que comprenderá el período de diciembre de 2017 a marzo de 2018. Durante este lapso, las tarifas base se ponderarán con base en la actualización tendencial de las tarifas eléctricas correspondientes a noviembre de 2017. Asimismo, la CFE  indicó que se aplicarán tarifas definidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los usuarios domésticos y agrícolas de estímulo.

De esta forma, las tarifas para los usuarios residenciales (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) se mantienen sin cambios y continúan vigentes los mismos cargos que han aplicado en 2017.

De acuerdo con la CFE, el 99% de los hogares en México que son clientes domésticos de bajo consumo no tendrán cambios en el costo del servicio, lo que equivale alrededor de 36.7 millones de usuarios.

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que si bien “La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios”.

En los últimos dos  años, la CFE ha establecido aumentos escalonados a las tarifas eléctricas de las industrias, comercios y usuarios de alto consumo doméstico, argumentando el alza en los combustibles, como el diésel, gas y combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación.

De acuerdo a los tiempos establecidos en las leyes secundarias, es claro suponer que se aproxima un golpe devastador a la economía de millones de familias con el recorte a los subsidios de las tarifas eléctricas.2

Como mexicanos debemos crear las condiciones necesarias para fortalecer la rentabilidad de las empresas mexicanas y propiciar que nuestro Gobierno contribuya para lograr estos objetivos, por tal motivo, contar con una sociedad informada es uno de los principales instrumentos.

Por todo lo anterior, someto a consideración de H. Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, informe sobre las bases técnicas, legales y normativas para la integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el concepto de “Tarifas de transmisión y distribución eléctrica”.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a crear una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las modificaciones a las tarifas eléctricas a nivel nacional, sobretodo las que tienen impacto directo en la economía.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.

1http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1311570&md5=7ecfac6c4
04d30642de5271169555886&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

2 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/10/2018-la-liberacion-las-tarifas-electricas/






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en condición de refugiados. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.








De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar campañas de información sobre las reconstrucciones mamarias. Se turna a la Comisión de Salud.

Las Senadoras HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, Y MARGARITA FLORES, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta representación el “PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, INTENSIFIQUE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS RECONSTRUCCIONES MAMARIAS E IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL MÉDICO EN LA REALIZACIÓN DE RECONSTRUCCIONES DE SENOS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El cáncer de mama, o de seno como también se le conoce, es una enfermedad clonal que surge cuando las células en el seno crecen sin control como producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal, lo que produce un tumor que surge como anomalía leve, pasando a ser grave e invadiendo tejidos vecinos.1

Existen diversos tipos de cáncer de mama,2 sin embargo, los más comunes son el carcinoma ductal infiltrante3 y el carcinoma lobulillar infiltrante,4 Esta patología no es privativa de las mujeres, sino que, aunque en mucho menor medida también la padecen los hombres.5

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, y está aumentando especialmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas”.6

De acuerdo con resultados de investigaciones científicas, el 21% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo se atribuyen a la ingesta de alcohol, al sobrepeso y a la obesidad, así como al sedentarismo.7

En nuestro país, conforme a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 2000 al 2013 la tasa de defunciones de mujeres de 25 años o más por este carcinoma, aumentó de 14.1 a 16.3 por cada 100 mil habitantes, lo que muestra una tendencia creciente, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Defunciones de mujeres de 25 años y más por tumor maligno
de mama (C50) 2000-2013

Año

Núm.

Tasa
(Por cada 100 mil mujeres)

2000

3,419

14.1

2001

3,563

14.3

2002

3,822

14.9

2003

3,861

14.7

2004

4,150

15.4

2005

4,205

15.2

2006

4,440

15.7

2007

4,581

15.8

2008

4,802

16.2

2009

4,893

16.1

2010

5,034

16.2

2011

5,206

16.3

2012

5,583

17.1

2013

5,405

16.3

Fuente: Secretaría de Salud.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12950/MortalidadCaMa2000a2013.pdf

Entre los tratamientos más comunes del cáncer de mama se encuentran los procedimientos quirúrgicos.8 la quimioterapia, la radiación y el hormonal.

La mayoría de las mujeres con cáncer de seno son sometidos a estos tratamientos de forma combinada, en donde “…es claro que la cirugía de la mama ocupa siempre el centro del proceso médico…”.9

Los tratamientos quirúrgicos como la mastectomía,10 son muy socorridos.

Conforme a investigaciones realizadas por la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, “La mastectomía tras un cáncer de mama es una experiencia traumática para la mujer (…).

Aproximadamente un 30% de las mujeres sufren problemas psi­cológicos, entre los que cabe citar: sentimientos de mutilación y alteración de la imagen corporal,  disminución de la autoestima, pérdida de sensación de feminidad, disminución del atractivo y función sexual, ansiedad, depresión, in­defensión, culpa, miedo a la recurrencia y al abandono.

La mayoría de las mujeres después de la mastectomía utilizan prótesis externa.
Aunque ésta puede enmascarar la pérdida de la mama de cara al mundo exterior, nunca se incorpora en la ima­gen corporal de la mujer y no siempre ayuda a solucionar la sensación de de­formidad”.11

En otros estudios se señala que, como consecuencia de la mastectomía, la mujer sufre efectos psicológicos como conductas regresivas, cambios negativos en las relaciones interpersonales, mayor fragilidad psicológica, conductas inhibitorias y vergonzosas en el vestir y en la presencia pública,12 etc.; sin embargo, también se concluye en dichos estudios que la medicina plástica-reconstructiva favorece actitudes psicológicas positivas y resilientes ante el cáncer de mama.

En nuestro país, y conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, los médicos deben ofrecer a las pacientes una opción del tratamiento que incluya la reconstrucción inmediata o retrasada en caso de mastectomía; no obstante, personal médico de alto nivel del Hospital General de México señalan que esto no se lleva a cabo por la falta del servicio en instituciones de salud pública, de personal capacitado y de los altos costos del procedimiento.13

Señalan, además, que de las 500 mastectomías realizadas anualmente en el Hospital General de México, sólo se practican 50 reconstrucciones mamarias, por lo que anualmente queda un déficit acumulado de 450 reconstrucciones, lo que resulta francamente alarmante. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, y en observancia a lo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido de que el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, para los que se exige un conjunto de criterios como la disponibilidad de servicios de salud, presentamos ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de las atribuciones de la Secretaría de Salud, intensifique campañas de información sobre las reconstrucciones mamarias de las personas sobrevivientes a una mastectomía.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de las atribuciones de la Secretaría de Salud, implemente campañas de capacitación y adiestramiento de personal médico para la realización de reconstrucciones mamarias en personas que experimentaron extirpaciones por padecimientos de cáncer de mama. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.-Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Margarita Flores Sánchez.

1 https://2008es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama. Consultado el 160218, 12.41 horas.

2 La enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama mucinoso y el cáncer de mama inflamatorio. https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm

3 Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse, o formar metástasis, en otras partes del cuerpo.
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm

4 Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos.
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm

5 La padecen menos del 1 % de los hombres.

6 http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html

7 Ibid

8 “Mastectomía Radical de Halsted, Patey o Mastectomía Radical Modificada de Madden, Cirugía Conservadora o la técnica del Ganglio Centinela”. Cirugía Mamaria: aspectos psicológicos. Psicooncología. Vol. 4, Núm. 2-3 2007, pp. 447-464. María Eugenia Olivares. 

9 Efectos psíquicos de la mastectomía (preventiva y terapéutica). Cambios en la percepción de las mujeres con cáncer de mama. Papeles del Psicólogo, 2015. Vol. 36(1), pp. 62-73. Teresa Sánchez Sánchez.

10 Extirpación de la glándula mamaria o de parte de ella.

11  https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/download/PSIC0707220447A/15657

12 Efectos psíquicos de la mastectomía (preventiva y terapéutica). 
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1167.pdf

13 Cimacnoticias 30/11/2016. De 500 mastectomías sólo 50 acceden a reconstrucción mamaria.






Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se establezca su actualización periódicamente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador FIDEL DEMEDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del PT-MORENA en el Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según el padrón de pensionados, Enero 2018 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, En adelante ISSSTE, actualmente en nuestro país existen más de 900,335 jubilados y pensionados directos de dicho instituto, estos ex trabajadores,  quienes dieron su vida al servicio del Estado cumpliendo con los requisitos que la norma jurídica en materia de seguridad social les impuso, en este momento gozan de una pensión apenas suficiente que les permita tener una vida decorosa, pues sufragan gastos esenciales, los cuales se agravan con el transcurso del tiempo al requerir cuidados, medicamentos y tratamientos especiales propios de la edad.

Cada jubilado y pensionado del ISSSTE recibe mensualmente una pensión contemplada en el concepto 001 de su talón de pago acorde a las circunstancias individuales que revisten su relación laboral, edad o motivo y condiciones que dieron origen a este derecho; todos los jubilados y pensionados del país, reciben al día de hoy de manera permanente y unificada las cantidades de 100.00 pesos por concepto 002 BONO DE DESPENSA y 120.00 pesos 003 PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE, montos que empezaron a cubrirse a partir del mes de junio de 2008; para quienes ya recibían su pensión en esa fecha y en lo sucesivo para cada uno de los trabajadores que se jubilaron en fechas posteriores.

En los últimos casi 10 años, el sector de jubilados y pensionados se ha convertido en uno de los más vulnerables de nuestra sociedad, por tal motivo, algunos de sus integrantes han acudido a diversas instancias para lograr que las prestaciones adicionales que actualmente se les entregan de manera mensual se incrementen. En consecuencia 1,000 jubilados del estado de Morelos promovieron una demanda de nulidad en contra del ISSSTE a la cual le recayó sentencia a favor por el Poder Judicial de la Federación, lo que derivó en que los montos antes mencionados fueran incrementados a las cantidades de 465.00 pesos por concepto 002 BONO DE DESPENSA y 415.00 pesos por concepto 003 PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE, y con las últimas actualizaciones para dichos rubros se encuentran en 565.00 y 415.00 pesos, respectivamente.

No obstante lo anterior, el pasado 03 de marzo del año 2017 la Segunda Sala emitió una jurisprudencia donde expresamente establece que el incremento realizado a los trabajadores en activo no les corresponde a los jubilados y pensionados del ISSSTE al carecer de uno de los requisitos que establece el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogado en relación con 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, la GENERALIDAD, esto al señalar en la sentencia que dio motivo a la jurisprudencia de la fecha referida, que en los oficios circulares emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los cuales han servido de base para demandar el incremento a dichas prestaciones que el mismo solo se autoriza para el personal operativo de la administración pública federal, excluyéndose de manera implícita a los servidores públicos de mando y enlace.

Es de destacar que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal emitido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, contempla de manera expresa el incremento al Bono de Despensa para el personal operativo, de mando y de enlace, con lo cual se cumple el supuesto que refirió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiéndose tener por procedente el incremento para cada uno de los jubilados y pensionados de ISSSTE.

Sin embargo, el pasado mes de octubre del año 2017 el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Décimo Sexto Circuito, excede el criterio asentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte al determinar que a pesar de contemplarse en dicho incremento de prestaciones tanto al personal de mando como al de enlace de manera complementaria al personal operativo, los jubilados y pensionados no tienen derecho al incremento de las prestaciones denominadas BONO DE DESPENSA Y PREVISION SOCIAL MULTIPLE, argumentando que se excluye “ a los puestos que por su rama o especialización técnica o profesional, requieren un tratamiento particular y que son identificados como categorías”, a pesar de que del propio razonamiento del Tribunal se advierte que los puestos que refiere (no se habla de personal) REQUIEREN UN TRATAMIENTO PARTICULAR, pretendiendo afectar con esta decisión a un sector general conformado por miles de jubilados y pensionados en todo el país, y que además se cubrió el principio de GENERALIDAD al incrementarse expresamente al personal que refirió la segunda sala de la corte, al personal de mando y enlace.

EL ISSSTE en diversas ocasiones a través de las distintas unidades jurídicas adscritas a las Delegaciones de todo el país argumenta en los procedimientos jurisdiccionales que el pago de las prestaciones denominadas BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE no guarda relación con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, sino que atiende a un acuerdo de la H. Junta Directiva del ISSSTE, siendo el último acuerdo que se aprobó el del año 2007, lo cual generaría una mayor omisión por parte del Ejecutivo Federal al no actualizar cantidades esenciales para que los jubilados y pensionados de todo el país gocen de una pensión digna y prestaciones que como sus nombre lo indican están encaminadas a la adquisición de despensa y prever cuestiones sociales de carácter múltiple, dejándolos en una mayor condición de vulnerabilidad, al existir incremento en los precios de todos los productos y al recibir ellos la misma cantidad por esos conceptos desde hace casi ya diez años.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la República, como de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación, con la H. Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de las prestaciones denominadas BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE que se brinda a los jubilados y pensionados del ISSSTE, tomando en consideración lo establecido en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del ejercicio fiscal inmediato anterior, equivalente a 565.00 y 415.00 pesos, respectivamente, y se establezca su actualización periódicamente.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas informativas para concientizar a la población sobre el cuidado y uso racional del agua, con el objeto de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 22 de marzo de cada año, se conmemora el “Día Mundial del Agua”, con el objeto central de invitar a los estados miembros a promocionar actividades que sensibilicen a toda la población, mediante la publicación, difusión de reportajes, seminarios y exposiciones, sobre la importancia del agua y la defensa de su distribución y consumo.1

Este día se remonta a la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la que se propuso una fecha para impulsar la protección del líquido vital, lo que representa una valiosa oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirviendo de inspiración para compartir los problemas que hay a su alrededor y tomar las medidas para cambiar su situación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que el agua es uno de los recursos naturales vitales para que sea posible la vida en este planeta. Entre otras cuestiones, propicia el bienestar de la seguridad alimentaria, la salud humana y el medio ambiente, principalmente.

Sin embargo, la calidad del agua cada vez es menor en el mundo, la contaminación de ríos, lagos, mares, océanos y acuíferos han sido consecuencia de la negligencia del ser humanos, la cual ha deteriorado las extensiones de agua apta para beber, por ello ha sido necesario tomar medidas que mejoren y eviten riesgos para la salud de la población.

Para dimensionar la gravedad del asunto en comento, la propia ONU indica que aproximadamente tres de cada 10 personas en todo el mundo (2.100 millones), carecen de acceso a agua segura y seis de cada 10 (4.500 millones) carecen de instalaciones de saneamiento seguras. Asimismo, 340 mil niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas.2

Según el “Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento”, actualmente mil 800 millones de personas en todo el planeta usan una fuente de agua contaminada con material fecal, lo que aumenta el riesgo de contraer cólera, disentería, tifus o polio, principalmente.3

Más del 80 por ciento de las aguas residuales que se generan en el mundo regresan a los ecosistemas sin ser tratadas previamente, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico.

México no es la excepción. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), señala que en nuestro país dispone aproximadamente del 0.1 por ciento del total de agua dulce disponible a nivel global.

De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua A.C., en nuestro país el volumen de agua renovable promedio per cápita es de 4,028 metros cúbicos por habitante por año.4

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con  frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

El 22.7 por ciento de agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada, el 33.2 por ciento tiene agua de calidad aceptable y el 44.1 por ciento cuenta con buena calidad y de excelencia.

Cabe destacar que la sobreexplotación de los acuíferos va en aumento. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que actualmente, los acuíferos suministran el 35 por ciento del agua que utilizan los humanos en todo el mundo. En el caso de México, existen 653 acuíferos, de los cuales 105 han sido sobreexplotados.5

Sin embargo, en las ciudades se desperdicia alrededor de 40 por ciento de agua, por fugas en las redes de abastecimiento, solo el 47.5 de las aguas residuales colectadas reciben tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo cumple con las normas de calidad.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), nuestro país, está entre los cinco países, que más agua consume por habitante a nivel mundial, siendo la Ciudad de México la que tiene mayores problemas de abastecimiento debido a la sobrepoblación.6

El cuidado y uso racional del agua ha adquirido un lugar relevante en la agenda gubernamental en el concierto de las naciones. Por ello, la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, hace un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

En su meta 6 señala que se busca “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las metas de este objetivo cubren tanto los aspectos del ciclo del agua como los sistemas de saneamiento, y la consecución de este objetivo se ha planteado para que contribuya en el progreso, principalmente en salud, educación, crecimiento económico y medio ambiente.7

En este mismo sentido, nuestra Ley Fundamental en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, siendo un derecho inherente a toda la población.

La ONU recomienda lo siguiente: Promover un enfoque dinámico, interactivo y multisectorial de la ordenación de los recursos hídricos, incluidas la protección y la determinación de posibles fuentes de abastecimiento de agua dulce y fomentar planes de utilización racional del agua mediante una mayor conciencia pública y de programas de educación sobre su uso.8

El Estado mexicano debe de promover acciones oportunas para sensibilizar a la población sobre la importancia de esta sustancia indispensable para garantizar el bienestar y calidad de vida de la población y de los ecosistemas.

En consecuencia, es imperativo seguir fortaleciendo las medidas oportunas para concientizar a la población sobre el cuidado y uso racional del agua en todo el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas informativas para concientizar a la población sobre el cuidado y uso racional del agua, con el objeto de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.

1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/193

2 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

3 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

4 http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos-del-agua

5 http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/22/-se-vacian-nuestros-acuiferos-

6 http://www.agua.unam.mx/noticias/2017/nacionales/not_nac_agosto02_5.html

7 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

8 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter18.htm






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta pública 2016, relacionadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, sobre las acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los servidores públicos por presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 134 de nuestra Constitución Política establece que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, menciona que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.1

No obstante el marco jurídico vigente, la opacidad en el manejo de los recursos públicos ha sido una práctica constante durante la administración del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

Según los resultados de la fiscalización, incluidos en la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se revisó una muestra de 586,144.0 miles de pesos, que representó el 71.7% de los 817,348.7 miles de pesos asignados al estado de Guanajuato mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016.2

Al 31 de diciembre de dicho año, no se había ejercido el 36.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría al 30 de junio de 2017, aún no se ejercía el 34.4%; ello generó que se dejara de atender los requerimientos del programa para asistencia social e infraestructura educativa.3

En cuanto al destino y ejercicio de los recursos, se constató que el DIF destinó los recursos del FAM por 263,543.5 miles de pesos para el otorgamiento de Desayunos Escolares (234,669.0 miles de pesos) y para Apoyos Alimentarios (28,874.5 miles de pesos); asimismo, que la asignación presupuestal autorizada incluye el reintegro de la potenciación del FAM 2016, para el componente de Infraestructura Educación Básica fue de 279,745.3 miles de pesos y el monto ejercido reportado al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, fueron de 148,089.0 miles y 199,147.8 miles de pesos, respectivamente, que se destinaron en 127 obras.

Para el componente de Infraestructura Educativa en su nivel Medio Superior la asignación fue de 6,986.6 miles de pesos y los montos ejercidos reportados en el mismo periodo fueron de 3,453.2 y 5,328.8 miles de pesos, respectivamente, destinados en 6 obras y 30 adquisiciones.

Para el componente de Infraestructura Educativa en su nivel Superior la asignación presupuestal fue de 92,593.5 miles de pesos con montos ejercidos de 16,948.0 y 33,423.8 miles de pesos, en cada caso, destinados a 12 obras.

También, se determinó que del presupuesto original asignado a través del FAM para Asistencia Social e Infraestructura Educativa en sus componentes Básica, Media Superior y Superior por 817,349.7 miles de pesos, se transfirieron 204,337.4 miles, cifra que representa el 25.0% de los recursos autorizados del fondo, para la Potenciación del FAM a través del FIDEICOMISO 2595, por lo que al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 257,294.4 miles de pesos y al 30 de junio de 2017, fecha de la revisión, se habían ejercido 501,443.9 miles, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 263,582.4 miles, que representó el 34.4% de los recursos autorizados después de la aportación a la Potenciación del FAM, más rendimientos financieros por 11,500.9 miles de pesos.  

En general –de acuerdo con la misma ASF– se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 161,879,676.87, por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 2016.

Por tal motivo, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no ejercieron el total de los recursos FAM, por lo que no se cumplió con los objetivos establecidos para infraestructura física educativa en sus tres niveles.

Las metas planteadas para los indicadores oficiales de desempeño del FAM se cumplieron parcialmente ya que, por ejemplo, en el relacionado al componente de Asistencia Social, la proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria reportó el 90% de avance; el componente de Infraestructura Educativa Básica, respecto al porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), alcanzó el 85.0%; Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico el 82.5%, y el porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico el 80.9%.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció una proporción baja de los recursos, el 66.4%, lo que arrojó un subejercicio de 275,083.2 miles de pesos, además, no se contó con el Programa Anual de Evaluación (PAE) ni se realizaron la evaluaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM.

En conclusión, el Estado de Guanajuato no llevó a cabo una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo en observancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.

Ello, transgrede el marco jurídico establecido en la materia, sobre todo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, principalmente. 

El subejercicio de los recursos públicos limita la instrumentación oportuna y eficiente de los programas y proyectos económicos y sociales, en perjuicio de la población y revela la ineficacia de la estrategia en materia de transparencia, propuesta desde el inicio del actual gobierno estatal.

El Programa de Gobierno 2012-2018 planteó el desarrollo de una Agenda ciudadana para el Eje transversal de Buen Gobierno, donde expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.4

Plantea el proyecto Gobierno honesto y transparente, a fin de asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad.

Pese a ello, los casos de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos han aumentado de manera sistemática en la actual gestión estatal, situación preocupante si consideramos que la mayoría de las veces están destinados a proyectos económicos y programas sociales.

Los resultados de la auditoría revelan, pues, un presunto daño al erario público, lo que es inadmisible en una entidad donde la población enfrenta diversos rezagos en materia económica y social. 

El artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que son sujetos de fiscalización: I. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; II. Los ayuntamientos; III. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; y IV. Los organismos autónomos.

Asimismo, señala que la función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica.5  

En tal virtud, es indispensable que los responsables de las presuntas irregularidades cometidas sean sancionados conforme a derecho, debido a que se trata de un ejercicio indebido de los recursos públicos, que limita la instrumentación de programas en beneficio de la población.

La rendición de cuentas y la transparencia son dos aspectos sustanciales en los que se erige la gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que todos interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.

Los recursos públicos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, tal como lo establece nuestro marco normativo, por lo que ante cualquier irregularidad se deben efectuar las investigaciones correspondientes, a fin de imponer las sanciones conducentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones  realizadas al Gobierno del Estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, relacionadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; asimismo, sobre las acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los servidores públicos por presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

2 El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo5/06_FAM_a.pdf

3 http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

4 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

5 http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Ley-de-Fiscalizaci%C3%B3n-
Superior-del-Estado-de-Guanajuato.pdf






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a transparentar los procesos de licitación para el mantenimiento y rehabilitación de tramos carreteros, mediante el esquema denominado “Agente Administrador Supervisor y Mantenedor, Rehabilitador y Operador”. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con un presunto desvío de recursos de la Delegación Cuauhtémoc para financiar las actividades partidistas del Partido MORENA, tal como quedó documentado en un video que muestra a personal de dicha demarcación abasteciendo un camión lleno de despensas, en un domicilio ubicado en la Delegación Álvaro Obregón. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la elección del pasado 4 de junio, en el Estado de México, se documentó la forma en la que se desviaron recursos del municipio de Texcoco para apoyar las aspiraciones políticas de Delfina Gómez, candidata de MORENA  a la gubernatura de dicha entidad.

Cuando Delfina Gómez se desempeñó como presidenta municipal de Texcoco, diversos medios revelaron que entregó contratos por un monto de 32 millones de pesos a empresas administradas por familiares de Higinio Martínez. Dichas obras se asignaron de manera directa e invitación restringida, sin una licitación de por medio, además, el dueño de las empresas beneficiadas era funcionario público en el municipio de Texcoco. 

Las irregularidades no se circunscriben exclusivamente al detrimento del erario público del municipio de Texcoco a través de la asignación irregular de obras o el pago de servicios inexistentes, sino también a la auto asignación de bonos indebidos1 y al daño de los ingresos de los trabajadores que laboran en el municipio, a través de la retención del 10% de su salario.2

Se estima que a través del cobro de “diezmo” Delfina Gómez habría obtenido cerca de 36 millones de pesos, recursos que presumiblemente fueron utilizados para financiar sus aspiraciones políticas, primero como diputada federal y posteriormente, en su campaña a la gubernatura del Estado de México.

A este desvío de recursos públicos, se deben agregar los cerca de 6 millones de pesos correspondientes a las pensiones alimenticias de más de cuarenta madres de familia, que  retuvo de manera indebida  a finales de 2013 y durante los siguientes dos años.3

Otro caso emblemático de desvío de recursos que se presentó en el proceso electoral del Estado de México para elegir al gobernador de dicha entidad, es el relacionado con el uso indebido de recursos de la Delegación Cuauhtémoc.

Como lo señaló en un video  el propio Ricardo Monreal, entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, él estaba encargado de seis distritos correspondientes a los municipios de Ecatepec y Zumpango en los que trabajó para apoyar a Delfina Gómez Álvarez.

Días previos a la elección, Ricardo Monreal y parte de su equipo se instalaron en  el hotel Fiesta Inn de Plaza de las Américas, en Ecatepec, para desde ahí operar una presunta compra del voto a favor de la candidata de MORENA. De acuerdo a versiones de distintos testigos, colaboradores de Monreal entraban y salían del hotel con bolsas negras que presumiblemente contenían dinero.

El día de la elección, Alejandro Bernal Cruz, persona cercana al entonces delegado en Cuauhtémoc fue presentado ante el Ministerio Público, por portar un arma calibre 9 milímetros y dinero en efectivo que presumiblemente sería utilizado para la compra de votos. 

No obstante, esta no es la primera ocasión en la que presumiblemente Ricardo Monreal había utilizado recursos de procedencia ilícita para financiar procesos electorales en los que participa el partido MORENA. 

En julio de 2015, luego de finalizar los comicios electorales en el Estado de Chiapas, tres presuntas colaboradoras de Ricardo Monreal, fueron detenidas cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula, debido a  que llevaban en su equipaje poco más de un millón de pesos, de los cuales no pudieron acreditar su origen lícito.

Asimismo, “de acuerdo con funcionarios federales, a las implicadas se les encontró documentación alusiva al partido político MORENA, y una maleta  con una etiqueta a nombre de Monreal.”4

En el proceso electoral de junio de 2016, para elegir al gobernador del Estado de Zacatecas, distintos medios de comunicación documentaron un presunto desvío de recursos de la Delegación Cuauhtémoc para apoyar a David Monreal Ávila candidato a gobernador por MORENA y  hermano del entonces jefe delegacional Ricardo Monreal.5 

El pasado 16 de marzo de 2018, en un video difundido en las redes sociales se observa a persona de la Delegación Cuauhtémoc abasteciendo un camión con despensas, mismas que se encontraban almacenadas en un domicilio ubicado en la avenida Talismán número 86 en la colonia Estrella, en la Delegación Gustavo A. Madero. Dichas despensas, presuntamente serían utilizadas por MORENA con fines electorales.6

En el video, no sólo se observa a personal de la Delegación Cuauhtémoc, sino también se muestra el uso de vehículos oficiales de dicha demarcación, lo cual presume el uso de recursos materiales y humanos por parte de las autoridades delegacionales.

La fracción III del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que, se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que  destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.7 Entre sus atribuciones, podemos destacar los siguientes aspectos:8

• Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el alcance de los objetivos y metas de los programas, así como para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos públicos.

• Ordenar visitas, revisiones e inspecciones; practicar auditorías; solicitar informes; revisar libros, documentos, registros, sistemas y procedimientos para comprobar si la recaudación de los ingresos se ha realizado de conformidad con las leyes aplicables en la materia.

• Realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados.

• Practicar auditorías al desempeño, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que la práctica sistemática de MORENA para desviar los recursos humanos y materiales de las entidades que gobierna, no sólo constituyen un daño a las finanzas públicas, sino también  vulnera el principio de equidad que debe prevalecer en los procesos electorales, motivo por que es apremiante que las autoridades correspondientes deslinden las responsabilidades correspondientes y las promoción de acciones que conforme a derecho procedan.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada den celeridad a las investigaciones relacionadas con un presunto desvío de recursos de la Delegación Cuauhtémoc para financiar las actividades partidistas del partido MORENA, tal como quedó documentado en un video que muestra a personal de dicha demarcación abasteciendo un camión lleno de despensas, en un domicilio ubicado en la delegación Álvaro Obregón.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que a través de su Auditoría Superior, lleve a cabo una investigación en relación a un presunto desvío de recursos humanos y materiales de la Delegación Cuauhtémoc, que presumiblemente habrían sido utilizados con fines clientelares por el partido MORENA; y para que en su caso promuevan las acciones que conforme a derecho procedan.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.

1 Delfina se autopagó ilegalmente 440,000 pesos de liquidación y bono en Texcoco, El Financiero,
<http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/05/delfina-se-autopago-ilegalmente-440000
-pesos-liquidacion-bono-texcoco> Consultado el 20 de marzo de 2018.

2 Delfina Gómez desvío 36 mdp, asegura PAN, Grupo Imagen,
<http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=681210&idFC=2017> Consultado el 20 de marzo de 2018.

3 “Señalan a Delfina por desvío de pensiones para mujeres y niños”
<http://www.milenio.com/politica/delfina_gomez-morena-desvio-recursos-mujeres-ninos-milenio-noticias-edomex_0_953304748.html> Consultado el 26 de febrero de 2018.

4 “PGR indaga a supuestas asistentes de Monreal”, Milenio, <
http://m.milenio.com/df/investigacion_asistentes_Ricardo_Monreal-asistentes_Monreal_0_559744042.html> Consultado el 20 de marzo de 2018.

5 “Monreal desvía recursos a campaña de su hermano en Zacatecas:” 24 Horas,
<http://www.24-horas.mx/monreal-desvia-recursos-a-campana-de-su-hermano-en-zacatecas-
pri-exige-a-fepade-indagar/> Consultado el 20 de marzo de 2018.

6 “Delegación Cuauhtémoc pide investigar distribución de despensas” El Financiero,
<http://elfinanciero.com.mx/nacional/delegacion-cuauhtemoc-pide-investigar-distribucion-de-despensas>
Consultado el 20 de marzo de 2018.

7 Párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

8 Artículo 8, Ibíd.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe en relación al avance en el cumplimiento de las recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de Género, formuladas por el grupo de expertos avalados por la Secretaría de Gobernación durante el año 2015, ante el incremento sostenido de los casos de feminicidios en la entidad. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La violencia de género es una problemática multidimensional que se presenta en diversas entidades y regiones del país. Uno de los estados con los mayores índices es Morelos, entidad en la que en días recientes, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM) acusó a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu de incumplir recomendaciones por Alerta de Violencia de Género.

El 10 de agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación declaró procedente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los siguientes municipios del estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.1 No obstante, diversos medios de comunicación refieren que 2016 fue el año más violento para las mujeres en la entidad, precisando que 7 de cada 10 sufrió algún tipo de violencia.2

La CIDHM, en su informe “Informe a 2 años y medio de AVG en Morelos”3 presentado el 7 de marzo de 2018, señala que de la fecha en la que se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) al 31 de enero de 2018, se han documentado un total de 202 feminicidios. Precisa que de agosto a diciembre del 2015 se reportaron 27; durante el 2016 la cifra fue de 97; en el 2017 el número llegó a 74; y en enero del año en curso están documentados 4 casos más.

En cuanto al rango de edad de las víctimas de los feminicidios ocurridos en el período en comento, con 31 casos, las mujeres de entre 21 a 30 años fueron las más vulnerables; le siguen las de 31 a 40 años con 30 registros; y en tercer lugar se encuentran las de 11 a 20 y de 41 a 50 con 15 respectivamente.

Un aspecto a destacar del informe presentado es que los feminicidios registrados del 2000 al 31 de enero de 2018 sucedieron en 32 de los 33 municipios de la entidad y con 171 casos, Cuernavaca es la demarcación con el mayor número de casos,  le siguen: Jiutepec con 80, Temixco con 61, Cuautla con 51, Yautepec con 45, Xochitepec con 37 y Puente de Ixtla con 32.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C, entre sus conclusiones generales establece que en el estado de Morelos el delito de feminicidio no ha sido eliminado y que mientras no sean erradicados, las autoridades estatales no tienen justificación legal, política ni ética para no tomar en su totalidad las medidas decretadas en la AVG a través de una política pública asumida por el gobierno estatal y no sólo mediante declaraciones.

Una de las cuestiones que se observan es la inadecuada utilización de los recursos públicos destinados a la investigación de este tipo de ilícitos, lo que ha derivado en carencias como el mal funcionamiento del Banco de Datos sobre la violencia que sufren las mujeres en la entidad, lo que complica la homologación de la información y sistematización de medidas para el análisis de la problemática.

También expresan que el gobierno de Morelos y sus instituciones a nivel estatal no han cumplido recomendaciones relacionadas con el fomento de una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo, la creación de un programa estatal con perspectiva de género para la atención de personas generadoras de violencia y la revisión integral sobre la legislación en materia de derechos de las mujeres, por mencionar algunas.

Señalan que sólo en tres de los municipios donde se decretó la AVG se registró una disminución en la violencia feminicida, entre ellos Puente de Ixtla y Xochitepec, que fueron los únicos municipios en los que se cumplió de una a dos recomendaciones de las 8 que les impuso la AVG, mientras el resto está en proceso.4

En contraste, en municipios como Temixco, no sólo se registra un aumento de 6 a 8 casos de feminicidio, sino que además, no se reporta el cumplimiento de alguna de las recomendaciones emitidas en la AVG y sólo 3 medidas se encuentran en proceso. En el mismo tenor, llama la atención que en el caso del municipio de Emiliano Zapata, las autoridades responsables del cumplimiento de la AVG vía telefónica indicaron que ello obedece a la falta de coordinación con el gobierno estatal, situación que se extiende a otras demarcaciones.

Por si esto no fuera suficiente, de la investigación realizada por la CIDHM se desprende que distintos servidores públicos encargados de la AVG han abandonado sus puestos sin notificar a las organizaciones quién dará continuidad; además, se advierte la ausencia de comunicación interinstitucional, falta de transparencia e incluso, desconocimiento de las políticas de prevención, combate y sanción de la violencia política contra las mujeres por parte de algunas personas responsables.  

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una tasa de 2.65 (mientras la tasa nacional es de 1.06), en 2017 el estado de Morelos se posicionó como la tercera entidad con el mayor número de presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres.5

Las cifras y consideraciones señaladas dejan constancia de un reto mayúsculo, en el que si bien es cierto que, en abril de 2017 la Secretaría de Gobernación levantó la Alerta de Violencia de Género en la mayoría de los municipios, también lo es que este tipo de conductas ilícitas no han sido erradicadas ante la indiferencia de las autoridades estatales, quienes las minimizan o peor, las normalizan. 

En este contexto, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo conocer el avance sobre el cumplimiento de las recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de Género por parte del gobernador de la entidad, a fin de tener plena certeza del número de feminicidios, así como garantizar la reparación del daño y el acceso a la justicia para las víctimas, cuestiones torales para erradicar dicho delito.  

A partir de un diagnóstico preciso, también será posible instrumentar las medidas que garanticen las condiciones propicias para que las niñas, jóvenes y mujeres morelenses puedan desarrollarse sin miedo, amenazas, vejaciones ni violencia.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos para que presente a esta Soberanía un informe pormenorizado en relación al avance en el cumplimiento de las recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de Género formuladas por el grupo de expertos, avalados por la Secretaría de Gobernación durante el año 2015, ante el incremento sostenido de los casos de feminicidios en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61248/DeclaratoriaAVGMMorelos.pdf

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/12/en-morelos-7-de-cada-10-
mujeres-sufre-algun-tipo-de-violencia

3 https://cidhmorelos.wordpress.com/2018/03/12/informe-a-2-anos-y-medio-de-avg-en-morelos/

4 https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2018/03/07/incumple-graco-ramirez-
recomendaciones-por-avg-y-feminicidio-aumenta-en-morelos/

5 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf p.21






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer testicular, con el objeto de prevenir este padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población, sobre todo en los jóvenes. Se turna a la Comisión de Salud.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, el cáncer de testículo es el cáncer más común en los hombres de 15 a 34 años de edad. Los dos tipos principales de tumores testiculares son el seminoma y el no seminoma. Los no seminomas tienden a crecer y diseminarse más rápidamente que los seminomas. 1

Los testículos son dos glándulas del interior del escroto (bolsa de piel suelta debajo del pene), que elaboran espermatozoides y la hormona testosterona.

Los síntomas más evidentes del este tipo de cáncer son los siguientes: Un bulto o masa en el testículo sin y con dolor; aumento del tamaño del testículo; sensación de peso en el testículo; dolor de espalda y abdomen, y en raros casos puede provocar el crecimiento de las mamas debido al incremento de los niveles de la hormona gonadotropina coriónica, que afecta a su desarrollo.

También, cabe advertir que dicho cáncer puede causar esterilidad en virtud de que disminuye la cantidad de espermatozoides producidos en el cuerpo.

Para los especialistas, a pesar de que no existen factores de riesgo concluyentes, hay algunas causas que es importante considerar. Es el caso de la criptorquidia que provoca que los testículos no desciendan hacia el escroto, la bolsa de piel que cuelga debajo de la base del pene y que es motivo de alerta, en especial para los hombres que han padecido esta afección, ya que tienen más posibilidades de padecer cáncer de testículos.

Otras posibles causas son la de origen genético. Se estima que entre el 1 y 3 por ciento de quienes lo padecen pueden tener su origen en una historia familiar. Y, en este supuesto, los hijos y hermanos de quienes lo padecen tienen 10 veces más probabilidades de padecerlo.

Asimismo, entre otros posibles factores se encuentran los siguientes: Infección por VIH; carcinoma in situ, uno de los tipos de cáncer de testículos que se detecta en hombres que se han sometido a una biopsia testicular debido a un problema de infertilidad, o a los que se someten a una intervención para extirpar un testículo por criptorquidia; y cáncer en el otro testículo. No es muy común, pero entre el 3 ó 4 por ciento de los hombres que se han curado de cáncer en un testículo pueden padecer cáncer en el otro testículo.2

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que cada año se diagnostican en el mundo 49,000 nuevos casos de cáncer de testículos. Pese a su baja prevalencia, 0.5-1.5 % ciento de los tumores del sexo masculino, el número de pacientes que padecen esta patología se ha incrementado en los últimos 50 años.3

Una señal de alerta es que cerca del 50 % de los casos se diagnostican entre los jóvenes de 20 a 35 años de edad. Se desarrolla en uno o en ambos testículos. Entre 90-95 % de estos tumores proviene de las denominadas “Células Germinales”, con dos variantes ya antes señaladas: Seminoma y No Seminoma. Los primeros se presentan alrededor de los 30 a 35 años y los segundos entre los 15 y los 35 años. El 10 % de los casos, se diagnostican por encima de los 50 años.

En efecto, el cáncer testicular es la cuarta causa de muerte entre jóvenes a nivel mundial, sólo después de los homicidios, suicidios y accidentes.

Según cálculos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, en los Estados Unidos se diagnosticarán para el 2018 alrededor de 9,310 nuevos casos de cáncer de testículo y cerca de 400 hombres morirán por esta causa.4

Los mexicanos no están exentos de esta grave enfermedad, que atenta contra el bienestar y calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Cada año se diagnostican en México 5 mil casos de cáncer testicular, el 80 % en etapas avanzadas de la enfermedad y afecta a hombres de entre 15 y 35 años de edad.5

Se presentan de 6 a 9 casos por cada mil hombres en nuestro país, lo que se considera una cifra bastante elevada.

Los tabúes generados sobre esta terrible enfermedad impiden detectarla a tiempo. En tal virtud, los médicos recomiendan a los hombres, desde niños incluso, la autoexploración para su detección oportuna. Al igual que en el caso de mama en las mujeres, la detección y diagnóstico temprano son aspectos claves.

En los últimos años, se ha avanzado en el tratamiento del cáncer testicular. Según el tipo y la etapa del cáncer y otros factores, las opciones de tratamiento pueden incluir la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y altas tasas de quimioterapia y trasplante de células madre. En algunos casos, se pueden emplear más de un tipo de tratamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta

PUNTO DE ACUERDO

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer testicular, con el objeto de prevenir este padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población, sobre todo en los jóvenes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.

1 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/testiculo

2 https://www.genesiscare.es/blog/cancer-testiculos-afecta-mas-hombres-jovenes/

3 https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-prensa/50-casos-cancer-testiculo-diagnostica-20-35-anos

4 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-testiculo/acerca/estadisticas-clave.html

5 http://fundacionrebeccadealba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=249:20-agosto-2014-
jpg&catid=7&Itemid=110&lang=es






Les informo ahora que en los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”

Reconoce que somos igual de extraños el uno para el otro, y que mi forma de ser no es simplemente una versión deteriorada de la tuya”
Jim Sinclair.
Activista estadounidense por los derechos del autismo.

El trastorno del espectro autista es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

No hablamos de una cuestión de salud física propiamente dicha, pero si afecta su salud social y el aprendizaje por así decirlo, normal.

Desde el ámbito educativo al laboral, la brecha que esta exclusión genera puede ser muy difícil de salvar y crea un desamparo sostenido a la persona y una sensación de soledad y abandono. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados.

De acuerdo con informes de esta misma organización, los empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de forma más habitual entre personas con espectro autista que entre los trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle.

Así, lamentablemente estas personas se enfrentan a una escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una discriminación generalizada.

Por ello, muy oportuno que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 2 de abril como “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo” para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna.

Ahora la conciencia pública está cambiando respecto a la situación de las personas con espectro autista, y este día, pretende continuar con ese objetivo y promover una mayor comprensión, el empoderamiento a los padres para tratar de acceder a terapias de intervención temprana y un llamamiento a la plena integración social de las personas con autismo.

Es un día propicio para reflexionar sobre la importancia de la comprensión e inclusión de estas personas, de participar y promover activamente que sus carencias en los aspectos de comunicación y manejo social no los aíslen de la sociedad, por el contrario, buscar su constante mejoramiento, la consecución de la igualdad de oportunidades, su desarrollo y satisfacción plena y permitirnos como sociedad, la oportunidad de aprovechar su potencial.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, relativa al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”
2 de abril

El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

Es caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación, y patrones de conducta estereotipados, restringidos y repetitivos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna.

En el mundo, se calcula que 1 de cada 160 niños tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores.

Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Hay muchas explicaciones posibles para este aparente incremento de la prevalencia, entre ellas una mayor concienciación, la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores herramientas diagnósticas y mejor comunicación.

En México hasta hace dos años se desconocían estimaciones de este padecimiento. Por primera vez en la historia, se ha realizado un estudio de prevalencia del autismo en México. Las cifras arrojaron que 1 de cada 115 niños estarían en esa condición.

El estudio fue realizado por científicos financiados por la organización Autism Speaks, una conocida asociación estadounidense dedicada a la difusión de información y concienciación sobre este desorden del desarrollo, y se realizó en León, Guanajuato.

Un dato alarmante que mostró el nuevo estudio es que la mayoría de los niños con alguna condición ubicada dentro del espectro autista fueron detectados en escuelas regulares, sin que nunca hubieran sido siquiera diagnosticados.

Casi el 60%, el 57.7, estaba en salones de clase generales, mientras que el otro 42.5% sí había sido diagnosticado y estaba ya en programas de educación especial. Además, sólo poco más de 30% de los niños con autismo tienen también alguna discapacidad intelectual.

Aún tenemos pendientes hacia los niños y jóvenes que viven en esta condición, nos faltan datos contundentes en nuestro país para poder avanzar en la difusión y concienciación sobre el autismo, información que nos ayude a generar políticas públicas para una mejor atención de esta afección y garantizarles una mejor calidad de vida a quienes viven con autismo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del PVEM, relativa al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

Relativa al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”

“Una discapacidad se define generalmente en términos de lo que falta.
Sin embrago, el autismo está relacionado tanto con lo que sobra como con lo que falta”
Paul Collins.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo, que se manifiesta en los primeros tres años de edad1 y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro. Se caracteriza principalmente por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, así como intereses y actividades restringidas y repetitivas.2

Si bien existen varios niveles del espectro autista y no todos provocan discapacidad o dependencia, este afecta  principalmente a las niñas y niños de todo el mundo, con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica.

El autismo plantea grandes retos para la salud pública, debido a que aún se desconocen las causas que lo generan, además de no tener cura y de prevalecer durante toda la vida de la persona afectada.

Uno de los trabajos relevantes de las Naciones Unidas ha sido conseguir equidad y respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por lo que en 2008, entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se promueve la igualdad de los derechos humanos y el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad.3

Continuando con el fomento de los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril de cada año como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas.4

Con motivo de esta conmemoración, se ha decretado en 2018 el tema "Empoderando a las mujeres y las niñas con autismo", para hacer frente a los retos y dificultades que las mujeres y niñas con autismo afrontan dentro de la educación, empleo, servicios de salud y vivienda.5

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud y de Centers for Disease Control and Prevention, se estima que: 6

• 1 de cada 160 niños en el mundo padecen desordenes del espectro autista (ASD, por sus siglas en inglés).

• hay 5 veces más hombres que mujeres con Autismo.

• hay por lo menos 1 caso de Autismo por cada 68 nacimientos.

• cada año se diagnostican más niños con autismo que niños con SIDA, cáncer y diabetes juntos.

Con base en estudios epidemiológicos de los últimos 50 años, la prevalencia del espectro autista parece estar aumentando a nivel global. Pese a que hay una mayor consciencia de la enfermedad, expansión de los criterios de diagnóstico, mejores herramientas de diagnóstico y mejora de los reportes médicos, el autismo aun constituye un reto para los sistemas de salud.7

En México, el autismo afecta a 1 de cada 300 niños y cada año se detectan 6 mil nuevos casos, de acuerdo con un estudio epidemiológico realizado por la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA) en colaboración con la organización internacional AutismSpeaks.

A fin de que las personas con Autismo en México puedan desarrollar una vida plena, se cuenta con la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015.

Dicho ordenamiento tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales, así como otras leyes u ordenamientos.

En nuestro país uno de los esfuerzo más importantes, en materia de atención del espectro autista, ha sido la construcción del primer Centro de Autismo Teletón (CAT) en Ecatepec, donde la atención es especializada en las áreas de comunicación, socialización y habilidades académicas.

De igual forma, en 2016 se inauguró el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Autismo en Ixtapaluca, el cual el único en América Latina y en México ofreciendo servicios de psicología clínica, nutrición, pediatría, terapia de lenguaje, neuropediatría, paidosiquiatría, audiología y foniatría.8

Asimismo, el Centro Escolar Topampa, ubicado dentro del DIF Atizapán de Zaragoza, brinda servicios a niños y jóvenes con problemas de Autismo, ofreciendo talleres laborales, terapias de aprendizaje, de psicomotricidad, pláticas de prevención y escuela para padres.

También en la Ciudad de México, donde se encuentra la Clínica de Autismo en la cual se atiende de manera gratuita a la población de 0 a 17 años que no cuenta con seguridad social; al brindar consultas de psiquiatría y psicología infantil, terapia del lenguaje, terapia física y de rehabilitación y servicio de electrofisiología.

Por estas razones, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno a promover la creación y operación de centros especializados, brindándoles los recursos necesarios para continuar con sus labores de atención integral del espectro autista en todo el país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Sen. Martha Vianey Luque Inzunza.

1 Centro de Información de las Naciones Unidas (s.f.), Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Consultado en marzo de 2018, de:
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-concienciacion-5/

2 Ídem

3 Idem.

4 Idem.

5 United Nations, (2018) World Autism Awareness Day. Consultado en marzo de 2018, de:
http://www.un.org/en/events/autismday/index.shtml

6 Organización Mundial de la Salud (2017), Trastornos del Aspecto Autista, nota descriptiva. Consultado en marzo de 2018, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/

7 Ídem

8 Secretaria de Salud (2018) Nuevo Centro Regional de Desarrollo Infantil y Autismo en Ixtapaluca, Consultado en marzo de 2018, de:
https://www.gob.mx/salud/prensa/nuevo-centro-regional-de-desarrollo-infantil-y-autismo-en-ixtapaluca






Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

2 de abril
“Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

Instando a los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observaran debidamente este día y tomen las medidas para la toma de conciencia a través de la sociedad sobre los niños con autismo.

El autismo es un trastorno neurológico complejo, es parte de un grupo de trastornos del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés). Actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados.

Dicho trastorno daña la capacidad de una persona de comunicarse y relacionarse con otros. También está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas, el autismo se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas.

Los trastornos del espectro autista se pueden diagnosticar formalmente a la edad de 3 años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo la edad de diagnóstico a 6 meses.

Una intervención temprana puede beneficiar al máximo a los niños de todas las terapias existentes, actualmente no existen medios efectivos para prevenir el autismo, ni tratamientos totalmente eficaces o cura.

Las investigaciones indican que dicha intervención temprana en un entorno educativo apropiado, por lo menos por dos años durante la etapa preescolar, puede tener mejoras significativas para muchos niños pequeños con trastornos del espectro autista.

En México, de acuerdo a estudios preliminares, el trastorno del espectro autista afecta a uno de cada cien niños. Se espera que los resultados del primer estudio nacional sobre autismo sean publicados en este año.

Por ello es importante que nuestro país se sume a este Día Mundial de Cocnienciación sobre el Autismo, para informar a la sociedad, reconocer los síntomas y puedan tratarse a los niños de la forma más rápida y eficaz.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, relativa al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

Relativa al “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”

“Reafirmemos nuestro compromiso de promover la plena participación de todas las formas de autismo y velemos por que cuenten con apoyo necesario para ser capaces de ejercer sus derechos y libertades fundamentales”

Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas.

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, nos recuerda que debemos defender los derechos de las personas con autismo y pronunciarnos en contra de la discriminación.1

La celebración de este día en este año se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en las tomas de decisiones.

Sabemos que el autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica.

El cual, se caracteriza por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas con autismo.

Así mismo, señala que los actos conmemorativos de este año estén enfocados en empoderar a las mujeres y niñas con autismo, que se enfrentan a múltiples dificultades, como los impedimentos para acceder a la educación y el empleo en pie de igualdad la falta de participación en la adopción de decisiones sobre asuntos que les afectan.

Las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a una doble discriminación, de género por discapacidad. Las niñas con discapacidad tienen menos probabilidades de poder complementar la escuela primaria y más posibilidades de ser marginadas, o incluso de que se les niegue el acceso a la educación.

Además, tienen tasas de empleo menores que las de los hombres con discapacidades y que las mujeres sin discapacidad. Desafortunadamente las niñas y las mujeres de todo el mundo están más expuestas que los hombres a la violencia física, sexual, psicológica y económica; en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad esto se agrava.

La violencia de género a la que están expuestas las mujeres y niñas, es aún mayor y elevadamente desproporcionada debido a la discriminación y al estigma que sufren por su género y por su discapacidad se encuentran con barreras de todo tipo para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, en especial las mujeres con discapacidades intelectuales, como el autismo.

La finalidad de este día es redoblar nuestro trabajo en favor de la igualdad de género y el empoderamiento debe alcanzar a todas las mujeres y niñas, igualmente nuestros esfuerzos por atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales deben dar cumplimiento a la promesa de no dejar a nadie atrás, formulada en la Agenda 2030.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 http://www.un.org/es/events/autismday/





De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

2 de abril
“Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”

El Trastorno del Espectro Autístico ha estado presente en la sociedad desde hace muchos años, sin embargo, no siempre fue diagnosticado así, sino que era considerado un tipo de psicosis o esquizofrenia.

Al ser equiparado con la esquizofrenia, durante la década de los sesentas, el autismo era tratado con descargas eléctricas y era medicado con LSD. Para 1990, surgieron las terapias conductuales y los entornos de aprendizaje, que, junto con las terapias del lenguaje y otros métodos adecuados a cada caso, son en la actualidad los principales tratamientos para esta afección neurológica.1

La palabra “autismo” proviene del latín “autos”, que quiere decir: “sí mismo”;2 de tal manera, este concepto es utilizado para especificar las particularidades de algunas personas en la esfera de la interacción social.

Las personas con este tipo de discapacidad son doblemente vulneradas, ya que además de enfrentarse a obstáculos físicos que les impiden acceder a sus derechos humanos, además son discriminadas por su incapacidad para relacionarse socialmente. Es por ello, que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.3

En México, las leyes sobre las que recae directamente la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito federal son:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos: 1, 3, 4, 5, 11, 16, 17, 20, 22, 123 y 133;

• Código Civil Federal, artículos: 2, 23;

• Ley de Asistencia Social, artículos: 3, 4, 10, 12, 13;

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

• Ley General de las Personas con Discapacidad;

• Ley General de Desarrollo Social, artículos: 2, 3 y 6

La celebración de este año se centra en la importancia de “empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en la toma de decisiones”.4 Por lo que resulta indispensable promover las herramientas que permitan hacer exigibles los derechos de las personas que padecen trastornos del espectro autístico.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Ídem. Breve historia del Autismo. Disponible en:
https://clinicamexicanadeautismo.wordpress.com/2016/05/13/breve-historia-del-autismo/

2 Breve historia del Autismo. Disponible en:
https://clinicamexicanadeautismo.wordpress.com/2016/05/13/breve-historia-del-autismo/

3 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/autismday/index.shtml

4 ídem. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/autismday/index.shtml






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, relativa al “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”.

EFEMÉRIDE

Con motivo del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”,
observado el 2 de abril.

Como ocurre desde el año 2008, el 2 de abril se conmemoró el “Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”, fecha que fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de hacer el llamado dentro de la comunidad internacional a incentivar la reflexión sobre las causas, prevención, atención y consecuencias este trastorno.

Para la edición 2018 de este día, los esfuerzos se centraran en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo, así como en involucrarlas, tanto a ellas como a las organizaciones de las cuales formen parte, en las políticas y en la tomas de decisiones, cuestiones que representan grandes desafíos en las sociedades del mundo, sin que la mexicana sea la excepción. 

El objetivo es combatir la doble discriminación (de género y por discapacidad) que sufren las mujeres y niñas con autismo, quienes tienen menos posibilidades de concluir sus estudios de primaria y son más susceptibles de actos de marginación. Asimismo, se busca terminar con asimetrías en las tasas de desempleo que existen entre hombres con discapacidades y mujeres con discapacidades.

Otro fenómeno que se pretender erradicar es el relativo a la violencia física que se comete en contra de mujeres y niñas con autismo (fenómeno que se agrava respecto a los hombres), así como la desproporcionada estigmatización que se traduce en barreras de diversa índole, como es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

En el marco de esta conmemoración, cabe mencionar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico comprende afecciones como autismo, trastorno desintegrador infantil y síndrome de Asperger, las que se caracterizan por dificultades en la comunicación e interacción social, y por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo.

La ONU señala que el autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta durante la primera infancia, independientemente del género, raza o la condición social y económica. El propio organismo internacional precisa que el autismo surge por diversos factores genéticos y ambientales que influyen en las primeras fases de desarrollo del cerebro.  

Para comprender la magnitud del asunto, es importante referir que diversos estudios expresan que las personas con autismo enfrentan problemáticas como la falta de comprensión del trastorno, estigmatización y discriminación, aspectos que complican su diagnóstico y tratamiento adecuado. Por si esto no fuera suficiente, dichas personas son excluidas y estigmatizadas en detrimento del ejercicio de sus derechos humanos y su pleno desarrollo. 

De acuerdo con información proporcionada por la OMS, se estima que a nivel mundial un niño de cada 160 padece un trastorno autista, de los cuales, alrededor del 50% también padecen alguna discapacidad intelectual. En el caso de nuestro país, 1 de cada 115 niños tienen esta condición, lo que representa casi 1% de la población infantil (alrededor de 400 mil).

Ante este panorama, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y el Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo (observado en México desde el año 2016), es de vital importancia redoblar esfuerzos en su diagnóstico oportuno, rubro en el que si bien es cierto que en los primeros 12 meses de vida es difícil identificarlo, también lo es que antes de los dos años es muy factible establecer un diagnóstico.

Hoy, hacemos el llamado a seguir avanzando en la construcción de una sociedad más incluyente, a través una mejor comprensión, atención y solidaridad hacia las personas con esta condición, a fin de que se puedan desarrollar plenamente en un ambiente de respeto de los derechos humanos, sin discriminación o exclusión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 3 de abril de 2018.

Atentamente.






CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana miércoles 4 de abril a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levant ó la sesión a las 15:07 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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