Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 17 de julio de 2018
    
    

Última actualización: junio 2018
Última revisión: junio 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Marzo de 2018

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:28 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 71 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 22 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día miércoles veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y tres ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del veinte de marzo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el informe de su visita de trabajo a la ciudad de Hanói, Vietnam, con motivo de la celebración de la 26a reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada del 18 al 21 de enero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la ciudadana Ximena Puente de la Mora, comunicación por la que informa su renuncia como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Intervinieron los Senadores: Marcela Torres Peimbert del PAN; Zoé Robledo Aburto del PT, quien solicitó una moción de procedimiento para retirar la comunicación de referencia; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Ernesto Ruffo Appel del PAN; Luis Humberto Fernández Fuentes del PT; Martha Angélica Tagle Martínez; Raúl Gracia Guzmán del PAN; Patricio Martínez García del PRI; y Manuel Cárdenas Fonseca. Para rectificación de hechos intervinieron los Senadores: Zoé Robledo Aburto del PT, para retirar la moción de procedimiento solicitada; y Luis Sánchez Jiménez del PRD. La Presidencia de la Mesa Directiva informó del retiro de la comunicación del Orden del Día.

(Respuestas a Acuerdos promovidos por senadores)

Se recibieron trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta.

 

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Toma de protesta)

El Presidente informó que a partir de las licencias de las Senadoras Arely Gómez González, propietaria, y María Hilaria Domínguez Arvizu, suplente, y de la información recibida en la sesión del día de ayer por parte del Instituto Nacional Electoral, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Anastacia Guadalupe Flores Valdez, para rendir la protesta correspondiente.- La ciudadana Anastacia Guadalupe Flores Valdez tomó su protesta constitucional y legal como Senadora de la República.

 

PRESIDE EL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

(Iniciativas)

El Senador Patricio Martínez García, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforman y adicionan los artículos 25 y 27 de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Presidencia dio cuenta con la iniciativa de los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 del Reglamento del Senado de la República.- La Mesa Directiva informó que con fundamento en el artículo 175 del Reglamento del Senado, este proyecto se pondría a consideración del Pleno de manera directa en lo general y en lo particular en un solo acto. En consecuencia, sin discusión, se reservó para su votación nominal, al concluir la discusión de los dictámenes con proyecto de Decreto inscritos en el Orden del Día.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. En la discusión intervinieron los Senadores: Víctor Manuel Galicia Ávila del PRI, a favor; Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; y Luisa María Calderón Hinojosa, a favor. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 74 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

La Presidencia procedió a la votación nominal del proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 del Reglamento del Senado de la República.- El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 76 votos a favor. Se remitió al Diario Oficial de la Federación, para su publicación.

(Pronunciamiento)

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre el XX Aniversario del Canal del Congreso.

 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre el Día Mundial del Síndrome de Down.

(Excitativa)

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 38 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 4° de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 33 Bis, 34, 105, 124 décimo primer párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 169 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las familias mexicanas.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobernadores y los presidentes municipales de toda la República a actuar de manera coordinada y realicen las acciones que impulsen la mejora de la infraestructura de los mercados públicos que comercializan animales, en aras de su bienestar, así como su trato digno y respetuoso.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar o reforzar sus estrategias institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los asuntos que le competen a su despacho de manera pronta, completa e imparcial.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a publicar el reglamento y normatividad en el uso medicinal de la cannabis.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de Acuerdo sobre "La Hora del Planeta".- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reforzar y retomar la misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración de un referéndum libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara Occidental.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar, implementar, evaluar y reforzar las acciones, programas o políticas públicas encaminadas a combatir de manera eficaz y eficiente la incidencia delictiva en la capital del país.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la Cumbre Mundial del Océano.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la inclusión económica y educativa de las personas con síndrome de Down.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le sean asignados recursos al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para prevenir y reducir los incendios forestales en los próximos meses.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población de nuestro país, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana y estancia digna en los centros de reinserción social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a los derechos humanos y transgresión física de los internos, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus acciones y programas gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado de homicidios, secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar la seguridad de población y su patrimonio.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre los resultados del Programa Escudo, instrumentado durante la actual administración con el objetivo de inhibir la ejecución de delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de la entidad a establecer las medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales a para garantizar un proceso electoral con observancia con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc correspondientes a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de recursos federales que presumiblemente representaron un daño a la hacienda pública por más de 62 millones de pesos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las instituciones federales competentes la aplicación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres durante el presente proceso electoral de 2018 en todo el país.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Benito Juárez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Poesía.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de Benito Juárez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el CCXII aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el CCXII aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cinco minutos y citó a la siguiente el jueves veintidós de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, por la que informa su decisión de renunciar al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con efectos a partir del 22 de marzo de 2018 y solicita se le considere como Senador sin partido.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese. Instruyo a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios a que tome nota para lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron también las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, con la que remite el informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, los días 22 y 23 de febrero del año en curso.








Y una, de la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, con la que remite el informe de su partición en el 62o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 12 al 16 de marzo pasados.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el 14 de octubre de 2017.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron 7 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado de la República.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por la ciudadana Ximena Puente de la Mora, por la que informa su renuncia como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.
¿Con qué objeto, Senador Zoé Robledo?

Le recuerdo que en el apartado de comunicaciones no hay lugar a intervenciones, permítame concluir el trámite procesal y enseguida, con todo gusto, le otorgaremos la palabra.

Voy a darle turno y enseguida le concederé la palabra. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señor Presidente, es una moción de procedimiento y no quisiera que se haya dado o entrar a una Asamblea vacía, para empezar, de un turno que tiene implicaciones muy graves.

El día de hoy en la Gaceta Parlamentaria, no aparecía la comunicación de la ciudadana Ximena Puente.

La Mesa Directiva tiene la facultad, sí, de inscribir, señor Presidente, le pediría un poco de atención, la Mesa Directiva tiene la facultad de inscribir temas que no hayan sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, sí, para que puedan hacerlo se tiene que someter a votación, no estoy hablando de la renuncia, estoy hablando de la nueva comunicación que ha sido inscrita, que no aparecía en la Gaceta Parlamentaria, para hacerlo tiene que someterlo a la votación de la Asamblea, porque es un nuevo asunto no publicado.

Eso es todo. Entonces le solicitaría que se hiciera el trámite reglamentario y se lo solicitara la evaluación del Pleno.

Se ingresa entonces el nuevo asunto y podemos seguir en paz con la sesión.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, por su intervención.

¿No ha concluido?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) No, es que le voy a decir, en ese sentido, lo que le estamos solicitando un grupo de señores Senadores es que esa votación sea de forma nominal.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al contrario, Le agradezco a usted la intervención y me permito informarle a usted y a la Asamblea que el Orden del Día nunca es sometido a votación.

En la Mesa Directiva tenemos la práctica de reunirnos previamente a la sesión del Pleno del Senado, en donde la Mesa Directiva, en apego a sus facultades, modifica el Orden del Día.

El día de hoy, a petición de su grupo parlamentario, precisamente, incorporamos dos iniciativas que no estaban incluidas en el Orden del Día.

De la misma manera en la Mesa Directiva se acordó fuera del orden programado y publicado el retiro de la solicitud de licencia del Senador Celestino.

De la misma manera y con el mismo criterio se incorporó el comunicado al que usted ha hecho referencia.

Por lo tanto, Senador, con todo respeto, pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Con todo respeto, Senador, el tema lo he dado por concluido.

Continúe la Secretaría.






CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández, ¿con qué objeto?

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Toda vez que se está poniendo a conocimiento de la Asamblea, y esta es una Asamblea de asientos vacíos, solicitaría la verificación de quórum, porque como vemos no existe este quórum más que en la imaginaria.
Entonces, por lo tanto, y para que tengamos conocimiento de las cosas, en los términos que su señoría nos plantea, le solicito la verificación del quórum, que a todas luces, y no sé cuál sería el criterio para decir que hay suficientes Senadores para darse por enterado de cualquier asunto, entonces, reitero mi solicitud de verificar el quórum.

Que no sea de tres horas el término.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito a Servicios Parlamentarios que se abra el sistema electrónico, hasta por diez minutos.

En tanto este procedimiento se verifica, continuamos con el Orden del Día, por favor.






En el siguiente apartado del Orden del Día, pasamos a la presentación de iniciativas.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Ainara Rementería Coello, para presentar a nombre propio y del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 40 de la Ley General de Educación, en materia de educación inicial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por la Senadora Ainara Rementería Coello, a nombre propio y del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Ainara Rementería Coello: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Acudo a esta tribuna con la finalidad de presentar una iniciativa de reforma en materia de educación inicial.

En el actual sistema educativo del país, con justificada razón, se ha puesto énfasis en la eficiencia terminal de los diferentes grados escolares.

El Estado tiene la obligación de impartir con eficiencia todos los niveles de educación, como es el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria; sin embargo, el cimiento de este derecho constitucional se encuentra en la educación inicial, la cual paradójicamente aún no forma parte de este sistema.

En los primeros años de vida, antes de asistir por primera vez a la aula escolar, una atención oportuna y pertinente tiene efectos de gran impacto para las niñas y los niños. Diversos estudios han demostrado que la sana convivencia que establecen los niños con su familia, con su madre, con sus padres, hermanos, hacen que sean adultos responsables, y esto es muy importante para el desarrollo de su cerebro, de su personalidad y, sobre todo, que son los cimientos; pero, también, esta fase educativa debe involucrar otros factores, como es la salud, el cuidado, la buena nutrición, como complementos fundamentales para garantizar un adecuado desarrollo infantil.

La ausencia de estos factores y de una sana convivencia también tendrá efectos que impactarán una vez que inicie su proceso básico de educación.

La experiencia confirma que los niños y niñas establecen en su primer…

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, perdón que la interrumpa, permítame un segundo.

Suplico respetuosamente a la Asamblea guarde el silencio y el respeto debido para escuchar a la oradora.
Continúe usted, Senadora.

La Senadora Ainara Rementería Coello: Continúo.

Sus oportunidades a la hora de que entran a una educación superior se ven aumentadas, mejoran sus posibilidades de acceso a la educación superior, lo cual les va a dar mejores oportunidades en el futuro, tanto a sus familias como a su comunidad.

En países como Argentina, Chile y España, se establece de manera adecuada, amplia y clara la definición del término educación inicial o su equivalente, acompañada por una serie de objetivos que rigen este nivel educativo, lo cual permite su impartición de manera continua y estructurada. Caso contrario al que sucede en la Ley General de Educación en México, que sólo establece en su artículo 40 el propósito de la educación inicial, pero no lo considera como parte de la estructura.

Cuando observamos el nivel del desarrollo humano de estos países, está claro que en México no podemos darnos el lujo de obviar la construcción de un modelo educativo que considere el derecho que tienen los niños a la educación desde su nacimiento.

Son estas razones las cuales nos han motivado a los Senadores de Veracruz, Héctor Yunes Landa, y a una servidora, a plantear una reforma que subsane esta carencia en la estructura del sistema educativo en México. Lo anterior, con la finalidad de definir de manera apropiada el término de educación inicial, así como sus bases fundamentales.

Buscamos que la educación inicial sea reconocida formalmente como un nivel educativo que atiende integralmente a los niños y niñas desde su nacimiento, hasta su ingreso en la enseñanza básica, favoreciendo de manera sistemática, oportuna y pertinente su desarrollo físico, cognoscitivo, psicomotriz, afectivo y social, incluyendo orientación a los padres o tutores en su obligación como primeros educadores. Esta modalidad educativa será de carácter no obligatorio para los menores educandos.

De aprobarse esta iniciativa, la educación inicial deberá regirse por los principios de universalidad, corresponsabilidad, intersectorialidad y articulación, calidad e infraestructura.

Con la universalidad se garantiza el acceso, permanencia, cobertura e inclusión de los niños y las niñas a la educación inicial, a través de acciones articuladas con otros sectores sociales vinculados al desarrollo educativo.

La corresponsabilidad, intersectorialidad y articulación permitirá consolidar a la educación inicial como un propósito intercultural, en el que el sistema educativo articule las instancias del orden nacional, regional, local, públicas y privadas.

Por su parte, la calidad en la infraestructura facilitará el cumplimiento de requerimientos básicos para la atención integral de la educación inicial y la dotación, el mobiliario, el material didáctico, talento humano y modelos pedagógicos que impulsen el sano desarrollo infantil.

De esta forma, el Estado mexicano podrá garantizar una educación inicial de calidad a niños y niñas ya que este nivel educativo constituye una pieza fundamental para el fortalecimiento de sus talentos y aptitudes.

No hay que olvidar que ellos son el futuro de México y los buenos ciudadanos se construyen desde hoy. Es por ello que presentamos esta iniciativa con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo de las niñas y niños.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senadora Rementería Coello. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






Corresponde el uso de la tribuna al Senador Ernesto Ruffo Appel, para presentar a nombre propio y de los Senadores y Senadoras Marcela Torres, Francisco Búrquez, Víctor Hermosillo y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de participación social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los Senadores Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Gracias, señor Presidente Pedroza. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Esta iniciativa está inspirada precisamente en esa razón que poco a poco, ha ido creciendo en la política de nuestro país frente a una realidad feudal, diría yo, desde se independizó la nación y que pasó por muchas maneras de tratar de encontrar el camino; conservadores y liberales, centralistas y federalistas, la Revolución, y condujo esto a un presidencialismo que por varias décadas llevó al país.

Hoy, en la modernidad, con tantos cambios tecnológicos, pero sin duda por la educación, poco a poco el presidencialismo le ha ido quedando chico a esta nación nuestra que crece, que tiene regiones y que buscan también su rumbo en el federalismo. Es por ello que esta manera, que empieza a hacerse evidente, prueba está ahora la existencia del Sistema Nacional de Anticorrupción, de que hay una actitud de participación ciudadana que es creciente y debemos incorporar entonces estas nuevas formas de la participación del ciudadano en la dirección nacional en reformas a nuestra Constitución.

Es por esto que esta iniciativa es en materia de participación ciudadana, y es un trabajo que se ha realizado de forma colaborativa con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), a través de este proyecto de fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernanza ambiental para la sustentabilidad.

Esto habla de que indudablemente estamos en las vísperas de un cambio de régimen. Es tema de evolución política, sí; es tema que puede tomar varios años, sí, pero sin duda ya asomó las raíces incipientes de un nuevo cambio de régimen.

La iniciativa tiene como objeto reconocer la participación ciudadana como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evolucionar a una democracia participativa y fortalecer el marco legal dotándola de contenido.

En el año 2015, el Estado mexicano se sumó a los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde se establece la indispensable corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, esto busca la articulación del Estado y la sociedad civil en los mecanismos que permitan la deliberación pública, la participación ciudadana como un derecho humano.

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos:

Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona que todos los ciudadanos gozarán, sin duda, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Artículo 25, tradicionalmente en México el modelo democrático es representativo, el cual considera las elecciones como su principal mecanismo de participación. Sin embargo, otros mecanismos que permiten a la ciudadanía a participar directamente en la toma de decisiones, tales como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato.

El último antecedente legal es de 2012, en la reforma constitucional que permitió la iniciativa ciudadana y la consulta popular como, por ejemplo, se pretendió ahora recientemente con el cambio del huso horario de Sinaloa. Bueno, los ciudadanos exigen que se creen mecanismo de la revocación de mandato, el presupuesto participativo y otros mecanismos de control público.

Países como Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Uruguay han insertado en sus Constituciones la democracia participativa.

Entidades federativas de nuestro país, como la Ciudad de México, Guerrero, Durango, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán y Nuevo León ya lo han hecho.

Esencialmente se modifica el artículo 35 constitucional que corresponde a los derechos de los ciudadanos para que se reconozca que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación de ejercicio y control público, directa e indirectamente.

Se reconocen como derechos la revocación de mandato, la demanda de rendición de cuentas, entre otros.

Se modifica el artículo 39, donde se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, quienes podrán ejercerla directa o indirectamente.

Se modifica el artículo 40 que corresponde a la forma de gobierno y se adiciona que es una República democrática, representativa y participativa.

Por todo esto, se invita a las demás Senadoras y Senadores a unirse a este esfuerzo para reconocer en nuestra Constitución la participación ciudadana como un derecho humano y así evolucionar hacia una democracia plena a través de los mecanismos de la participación de los ciudadanos.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los que suscriben, ERNESTO RUFFO APPEL, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1°, fracción I, artículo 8°, artículos 164°, numeral 1°; 169°, numerales 1° y 4°; y 172°, numerales 1° y 2°, todos del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos del Desarrollo Sostenible conocidos como ODS, los cuales establecen una serie de metas que los países firmantes deberán cumplir al 2030. Diecisiete objetivos integran los ODS, constituyéndose en las principales aspiraciones para el desarrollo de la sociedad global. Los Estados Unidos Mexicanos, se sumaron a este esfuerzo multilateral y se comprometieron a implementar las medidas necesarias para el logro de los mismos.

El Poder Legislativo mexicano, a través del Senado, asume parte de la tarea que le corresponde y presenta la siguiente iniciativa elaborada con la asistencia técnica del Proyecto “Fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernanza ambiental para la sustentabilidad” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, la cual abona a generar las condiciones para el cumplimiento de estos objetivos, sentando también las bases de la gobernanza democrática en México.

Si bien, el cumplimiento de los ODS implica un esfuerzo aún sin precedentes para los gobiernos que los firmaron, no obstante, se busca y requiere en primera instancia la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, a fin de alcanzar los objetivos. Esto último da cuenta que la participación ciudadana está adquiriendo un lugar preponderante no sólo en el debate público o en la necesidad de lograr las metas planteadas de la democracia para el 2030, sino que funge como un hito para conseguirlo. En este sentido, el Ejecutivo Federal reconociendo la importancia de la participación ciudadana, asumió al inicio de su administración, el Compromiso de Gobierno CG-090 “Promover el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil organizada”, a partir del cual se promulgaron los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que buscan sentar un piso mínimo para fortalecer la participación ciudadana a través de mecanismos institucionalizados en el ámbito federal.

Esta articulación Estado-sociedad civil, precisa mecanismos o dispositivos institucionales que permitan la deliberación pública, estimulen los procesos de gobernanza democrática, y garanticen el control público democrático. En este sentido, la presente iniciativa materializa las bases para implementar la articulación entre el Estado y la sociedad civil, bajo la premisa de la participación ciudadana, entendida como aquellas acciones realizadas por los individuos o sus colectividades para incidir sobre los asuntos de interés público que en origen ocupan al gobierno, en sus distintos órdenes y poderes, así como en cualquier fase del proceso de las políticas públicas, pero que por su carácter de asuntos de interés público requieren de la colaboración de los individuos o sus colectividades para lograr su efectiva atención. Así, la participación ciudadana se reconoce, más allá del ámbito electoral, como un elemento sustantivo que permite profundizar, consolidar y mejorar la calidad de la democracia.

Los promoventes, reconocemos también que la participación ciudadana es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la cual señala en el primer numeral de su artículo 21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) establece en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, el derecho humano a participar, se refiere a la participación en su relación con el Estado y sus funciones. Lo anterior significa que sólo cuando la participación “incide” en la manera de gobernar, es cuando se habilita el derecho humano a la participación ciudadana.

Esta participación, puede ser instrumentada de manera directa o indirecta, haciendo referencia a la democracia directa, participativa y representativa. Cada uno de estos modelos democráticos contiene una diversidad de mecanismos o dispositivos que permiten implementar la participación ciudadana en los procesos de gobierno.

Tradicionalmente el modelo representativo de la democracia considera a las elecciones como su principal mecanismo de participación, existen otros mecanismos que permiten la participación de la ciudadanía directamente en la toma de decisiones, tales como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato. Además, en las últimas décadas han surgido innovaciones democráticas en distintos países que buscan ampliar y diversificar los canales para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos, tales como consejos consultivos y deliberativos, consultas públicas, presupuestos participativos, asambleas, comités de vigilancia, jurados ciudadanos, mesas de diálogo, foros, audiencias y juntas de gobierno. El reconocimiento por parte del Estado de estas nuevas formas de involucramiento ciudadano en los asuntos públicos contribuye a garantizar de manera progresiva el derecho humano a la participación ciudadana.

Con las reformas constitucionales en materia electoral de la década de los noventa que propiciaron la transición a la democracia electoral-representativa en México, se logró un avance significativo en el cumplimiento del derecho humano a participar en los asuntos públicos por medio de representantes “libremente elegidos”; no obstante, no se comprendió en su momento que esta acción representaba sólo un paso necesario pero no suficiente para modificar las prácticas, creencias, valores y actitudes entorno a los asuntos públicos, tanto de los actores del Estado como de la propia sociedad, hacia una democracia efectivamente participativa. Ello se verifica con la poca atención que se puso en los procesos políticos que ocurren entre elecciones, momento donde se toman decisiones trascendentales en términos de creación y modificación de leyes, así como respecto a la formulación e implementación de políticas públicas, entendidas como el principal instrumento de actuación del Estado a través del poder ejecutivo.

Desde tales reformas constitucionales en materia electoral de la década de los noventa y algunas implementadas en la primera década del siglo XXI, pocos han sido los avances a nivel constitucional federal para transitar de un modelo de democracia electoral-representativo a un modelo de democracia participativa que reconozca y amplíe la gama de derechos políticos de los ciudadanos y que tenga como eje central la participación ciudadana en los asuntos públicos más allá del voto.

Al respecto, el 13 de abril del 2007, se aprobó la Ley Federal para la Reforma del Estado por parte del Congreso de la Unión, la cual tuvo como uno de sus temas centrales “Democracia y sistema electoral”.1 Esta Ley puede ser considerada el parteaguas que derivó en una serie de iniciativas y dictámenes que se presentaron a posteriori al objeto de iniciar el nuevo proceso de reforma en materia de participación ciudadana en México.

En este sentido, el dictamen aprobado por el Senado de la República el 27 de abril del 2011, da cuenta de las iniciativas de reforma constitucional que se presentaron en el órgano legislativo referente a la participación ciudadana,2 dentro de las cuales se han impulsado diversas figuras de participación ciudadana como el plebiscito, revocación de mandato, referéndum, consulta popular, entre otras.

En el marco de la LXI Legislatura, se presentaron 15 iniciativas en materia de participación ciudadana. Las dos primeras fueron presentadas el 23 de septiembre del 2009 por el Partido de Acción Nacional (PAN) y el 10 de diciembre del mismo año por Nueva Alianza (NA); mientras que el 02 de febrero del 2010 fueron tratadas tres iniciativas por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y el 11 de febrero del mismo por Movimiento Ciudadano.

Asimismo, el día 23 de marzo del 2010 el PT entregó una nueva iniciativa y por parte del PAN existieron dos iniciativas más que fueron expuestas el 13 y el 15 de diciembre. Para principios del 2011, el PAN presentaba tres iniciativas más.

Finalmente, hubo tres iniciativas más desplegadas por diversos grupos parlamentarios, la primera por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 23 de marzo del 2011, otra por NA el 29 de abril 2011 y la última por el PAN el 09 de noviembre del 2011.3

De lo aprobado, sólo algunas demandas y figuras de participación ciudadana fueron incorporadas a las reformas políticas para su total aprobación. Un antecedente reciente que tenemos en México sobre una reforma constitucional para la transición de una democracia representativa a una de tipo participativa es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2012 en la que se logró insertar en nuestra Constitución figuras consideradas de democracia directa, tales como la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

En la Legislatura XLII se presentaron también algunas iniciativas con la misma pretensión de reformar la constitución en materia de participación ciudadana, entre la que destaca la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual no ha recibido su dictamen correspondiente desde 27 de noviembre de 2012. La iniciativa propone establecer figuras de democracia directa como el referéndum, plebiscito y revocación de mandato. Asimismo, propone incluir la participación ciudadana en la planeación del desarrollo social, el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos participativos, y en acciones de contraloría social.

Por su parte, conviene subrayar también como antecedente inmediato, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014 que refiere que la planeación será democrática y deliberativa, lo cual abre la posibilidad de que la participación ciudadana en la planeación (federal) vaya más allá de la consulta, y resulte en un proceso más interactivo y colaborativo entre actores estatales y sociales.

En la actual legislatura se han presentado diversas iniciativas para transitar de una democracia representativa a una participativa. Vale la pena destacar que los Congresos Locales de los Estados de Morelos, Jalisco y Chihuahua enviaron al Senado de la República iniciativas en materia de revocación de mandato. De igual manera, el Grupo Parlamentario del PVEM propuso incluir en nuestra Carta Magna, como derecho de los ciudadanos, el presupuesto participativo. Sin embargo, ninguna de las iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República han logrado concretarse, lo que evidencia una clara falta de voluntad política por avanzar en materia de participación ciudadana.

Por otra parte, cabe señalar que a pesar de no contar con un marco constitucional federal amplio y progresista en materia de participación ciudadana, en el ámbito estatal existen diversas constituciones que incorporan, adicionalmente a la dimensión representativa, la participativa como forma de gobierno, tal es el caso de la Ciudad de México, Durango y Guerrero.

Asimismo, diversas constituciones estatales reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos más allá del ámbito electoral y amplían la gama de mecanismos de participación ciudadana; al respecto, podemos enunciar los casos de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, entre otros.

Es menester señalar que en las últimas dos décadas el Estado Mexicano ha reconocido formas no electorales de participación ciudadana a través de diversos mecanismos en el ámbito federal, estatal y municipal. Estos mecanismos se han establecido formalmente en instrumentos como leyes, reglamentos, lineamientos, programas, etc., y con objetivos, alcances y procedimientos definidos para su activación. Estos mecanismos van desde asambleas, comités, consejos, foros de consulta, grupos de trabajo y juntas, hasta mesas de diálogo y observatorios. En un reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (2017) se identificaron 471 Mecanismos de Participación Ciudadana Institucionalizados (MPCI), que fueron operados en 2016 en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Desde una perspectiva internacional, países como Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Uruguay han incorporado en sus constituciones políticas, la dimensión participativa como forma de gobierno, y han reconocido de manera amplia los derechos políticos de los ciudadanos por medio de mecanismos de democracia directa, representativa y participativa.

Considerando lo anterior, se observa la necesidad de actualizar el marco constitucional federal en materia de participación ciudadana para continuar con la reforma del Estado hacia la consolidación de la democracia en nuestro país, reconociendo con ello la dimensión participativa como un atributo fundamental de la forma de gobierno, reconociendo de manera amplia, integral y progresista el derecho político de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de forma directa y por medio de representantes libremente elegidos, así como estableciendo los principios y bases para la creación y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en los distintos ámbitos y poderes del Estado.

Por tal motivo, los Senadores ponemos a consideración del Pleno de este Senado, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que proponemos la adecuación de los siguientes artículos:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 26.

A. El Estado organizara? un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será? democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá? un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultara? al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Artículo 26.

A. El Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución deben determinar los objetivos de la planeación. La planeación debe ser democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Habrá? un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley debe establecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan nacional de desarrollo y los programas de la Administración Pública Federal.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así? como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Eje?rcito o Guardia Nacional, para la defensa de la Repu?blica y de sus instituciones, en los te?rminos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticio?n;
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisio?n del servicio pu?blico, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los te?rminos y con los requisitos que sen?alen esta Constitucio?n y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendra? las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

 

1º. a 7º.

Artículo 35. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o indirectamente, y de manera individual o colectiva. La participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que debe ejercerse a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y participativa.

El derecho a la participación ciudadana comprende:

I. a VII. ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y proyectos de ley, las que se sujetarán a lo siguiente:

1º. a 7º.

8o. Las legislaturas locales, los Gobernadores, los Presidentes Municipales, el Jefe de Gobierno y los alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo Estado o Municipio.

IX. Solicitar la revocación del mandato de representantes de elección popular. La solicitud de revocación del mandato sólo procederá una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del cargo de representación popular de que se trate.

X. Demandar la rendición de cuentas de los actos del poder público así como de los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

XI. Solicitar ante los órganos responsables, la investigación y sanción de los servidores públicos que incurran en responsabilidades frente al Estado por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

XII. Participar en la formulación, ejecución, evaluación y control de las poli?ticas pu?blicas en todos los órganos del Estado y órdenes de gobierno.
La participacio?n ciudadana debe orientarse por los principios de igualdad y no discriminación, autonomi?a, deliberacio?n pu?blica, respeto a la diferencia, control público, solidaridad e interculturalidad.

La ley debe establecer las bases, principios y procedimientos para instrumentar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Arti?culo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce directa e indirectamente, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Arti?culo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repu?blica representativa, democra?tica, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de Me?xico, unidos en una federacio?n establecida segu?n los principios de esta ley fundamental.

Arti?culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repu?blica democra?tica, representativa y participativa, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su re?gimen interior, y por la Ciudad de Me?xico, unidos en una federacio?n establecida segu?n los principios de esta ley fundamental.

Arti?culo 41.- El pueblo ejerce su soberani?a por medio de los Poderes de la Unio?n, en los casos de la competencia de e?stos, y por los de los Estados y la Ciudad de Me?xico, en lo que toca a sus regi?menes interiores, en los te?rminos respectivamente establecidos por la presente Constitucio?n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de Me?xico, las que en ningu?n caso podra?n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Arti?culo 41. El pueblo ejerce su soberani?a directa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unio?n, en los casos de la competencia de e?stos, y por los de los Estados y la Ciudad de Me?xico, en lo que toca a sus regi?menes interiores, en los te?rminos respectivamente establecidos por la presente Constitucio?n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de Me?xico, las que en ningu?n caso podra?n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

I a VI. …

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-C.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E a XXIX-P.

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-C.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación democrática nacional del desarrollo sustentable, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E a XXIX-P.

XXIX-Q. Para expedir las leyes generales reglamentarias del Artículo 35 que desarrollen los principios y bases en materia de participación ciudadana.

XXIX-R. a XXXI. …

Artículo 108.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

 

Artículo 108. …

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, y a rendir cuentas a los ciudadanos que lo soliciten, en los términos que determine la ley.

Arti?culo 115.- Los estados adoptara?n, para su re?gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democra?tico, laico y popular, teniendo como base de su divisio?n territorial y de su organizacio?n poli?tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Arti?culo 115. Los estados deben adoptar, para su re?gimen interior, la forma de gobierno republicano, democra?tico, representativo y participativo, laico y popular, teniendo como base de su divisio?n territorial y de su organizacio?n poli?tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del inciso A del artículo 26; primer párrafo y la fracción VIII del artículo 35; los artículos 39, 40, 41; las fracciones XXIX-D y XXIX-Q del artículo 73, los artículos 108 y 115. Se adiciona un numeral 8 a la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI y XII, un párrafo cuarto y quinto del artículo 35, para quedar como sigue:
Artículo 26.

A. El Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución deben determinar los objetivos de la planeación. La planeación debe ser democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Habrá? un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley debe establecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan nacional de desarrollo y los programas de la Administración Pública Federal.

Artículo 35.- Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o indirectamente, y de manera individual o colectiva. La participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que debe ejercerse a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y participativa.

El derecho a la participación comprende:

I. a VII.

….

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y proyectos de ley, las que se sujetarán a lo siguiente:

....

8o. Las legislaturas locales, los gobernadores, los presidentes municipales, el jefe de gobierno y los alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo Estado o Municipio.

IX. Solicitar la revocación del mandato de representantes de elección popular. La solicitud de revocación del mandato sólo procederá una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del cargo de representacio?n popular de que se trate.

X. Demandar la rendición de cuentas de los actos del poder público así como de los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad;

XI. Solicitar ante los órganos responsables, la investigación y sanción de los servidores públicos que incurran en responsabilidades frente al Estado por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;

XII.- Participar en la formulación, ejecución, evaluación y control de las poli?ticas pu?blicas, en todos los órganos del Estado y órdenes de gobierno.

La participacio?n ciudadana debe orientarse por los principios de igualdad y no discriminación, autonomi?a, deliberacio?n pu?blica, respeto a la diferencia, control público, solidaridad e interculturalidad.

La ley debe establecer las bases, principios y procedimientos para instrumentar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce directa e indirectamente, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Arti?culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repu?blica democra?tica, representativa y participativa, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su re?gimen interior, y por la Ciudad de Me?xico, unidos en una federacio?n establecida segu?n los principios de esta ley fundamental.

Arti?culo 41. El pueblo ejerce su soberani?a directa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unio?n, en los casos de la competencia de e?stos, y por los de los Estados y la Ciudad de Me?xico, en lo que toca a sus regi?menes interiores, en los te?rminos respectivamente establecidos por la presente Constitucio?n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de Me?xico, las que en ningu?n caso podra?n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Artículo 73.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación democrática nacional del desarrollo sustentable, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-Q. Para expedir las leyes generales reglamentarias del Artículo 35 que desarrollen los principios y bases en materia de participación ciudadana.

Artículo 108.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, y a rendir cuentas a los ciudadanos que lo soliciten, en los términos que determine la ley.

Arti?culo 115. Los estados deben adoptar, para su re?gimen interior, la forma de gobierno republicano, democra?tico, representativo y participativo, laico y popular, teniendo como base de su divisio?n territorial y de su organizacio?n poli?tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:


TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes a las que se refiere el último párrafo del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo no mayor a 180 días.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Ernesto Ruffo Appel. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Gracias, señor Senador.

1 Véase, Rodríguez Marcial, Reforma constitucional y participación ciudadana en México. UNAM

2 Op.cit

3 Para la verificación de las fechas antes referidas véase Agenda de la Comisión de Participación Ciudadana en la LXI Legislatura en “Las propuestas de participación ciudadana en el marco de la reforma política en la LXI Legislatura. Martínez Cornelio. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 2012. Pág. 25






Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Protección de los Precios de Bienes Socailemnte Necesarios.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS PRECIOS DE BIENES SOCIALMENTE NECESARIOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Honorable Asamblea, ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso, medios de comunicación que nos acompañan, compañeros:

Hoy estamos viviendo la mayor inflación de este sexenio, sin que a la fecha el Ejecutivo Federal ejerza alguna acción política pública para estabilizar los precios.

La iniciativa que presentamos es el trabajo y la síntesis de las demandas de varias organizaciones ciudadanas y campesinas que se han manifestado por establecer un mecanismo más eficaz de protección del Estado mexicano, precisamente para proteger los precios de la canasta básica popular y a quienes agradezco su apoyo en los trabajos de redacción de la iniciativa.

La reforma energética que nos prometió bajar el precio de la gasolina, del diésel y la luz eléctrica, ha significado en el incremento de sus precios desde el mes de enero de 2017 en un beneficio exclusivo para los vendedores de la última instancia y un costo adicional para la producción de alimentos que a la fecha, en lo que se refiere a la canasta básica de alimentos, la velocidad y el crecimiento de precios se ha incrementado tres veces.

La iniciativa de la Ley de Protección de los Precios de Bienes de Consumo Socialmente Necesarios, tiene por objeto establecer un mecanismo de protección de los precios y de los bienes de los servicios socialmente necesarios y los insumos y artículos necesarios para el funcionamiento de la economía.

Me parece inaceptable cerrar nuestros oídos a los gritos de hambre a costa de los beneficios de unos pocos. Me cuesta trabajo aceptar el silencio de la Administración Pública o los informes del Banco de México donde sólo recitan que es parte del mecanismo de ajuste de precios, de la liberalización de precios de los energéticos.

Ese silencio los hace cómplices de un conjunto de prácticas regionales donde la ausencia del Estado y sus instituciones sólo perpetúa las humillantes condiciones de pobreza alimentaria que se vive hoy, y que este gobierno ha sido incapaz de combatir a pesar de los sendos recursos que les aprobamos en la reforma fiscal de 2013.

Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce, garantiza y fomenta a través de sus instituciones la competencia y la libre concurrencia en la economía nacional, sin embargo, en ocasiones el mercado presenta anomalías en su comportamiento que vulneran estos principios ocasionando prácticas de acaparamiento y especulación en bienes de consumo popular, incluso el acaparamiento de productos que, a nuestra consideración, es un atentado contra la economía familiar.

La iniciativa que presentamos tiene fundamento constitucional en el tercer párrafo del artículo 28 y en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica para establecer un mecanismo de control de precios que se activa por razones de orden público e interés social.

La iniciativa obliga al Ejecutivo Federal a tomar medidas transitorias para restaurar el precio de artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la operación de las actividades de la economía nacional, o la canasta de consumo popular con el objeto de proteger la economía familiar y la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado en el desarrollo nacional.

El Presidente debe emitir Decreto cuando un bien de consumo popular se incremente por arriba del 10 por ciento por prácticas de acaparamiento, especulación o cualquier acción que tenga por objeto generar usufructos con precios exagerados.

El contenido del Decreto establecerá qué productos, los plazos y los precios máximos de los bienes que constituyan la canasta básica de productos de consumo popular cuando éstos sean alterados por cualquier conducta contraria a lo establecido a los principios de la libre competencia y, a través de la Comisión Intersecretarial de Vigilancia de Precios.

Esta iniciativa es, desde nuestro punto de vista, es una política complementaria y de enfoque regional a la política monetaria del Banco de México, donde se busca fortalecer una política de Estado para garantizar la estabilidad de precios, pero con un enfoque de protección de consumo popular y de aquellos insumos que requiere el funcionamiento de nuestra economía, como la electricidad, la gasolina y el diésel.

Como mencionamos, proponemos crear la Comisión Intersecretarial de Vigilancia de Precios Máximos como un órgano de apoyo al Presidente de la República, es un órgano permanente de vigilancia con facultades para establecer precios máximos, sanciones a los infractores o suspensión de actividades.

Finalmente, la iniciativa define una lista de productos que componen de manera genérica la canasta de alimentos de consumo popular, incluyendo como objeto de vigilancia a la energía eléctrica, el diésel, la gasolina como insumos indispensables de la economía popular.

Por lo anteriormente expuesto y agradeciendo de antemano, apreciaré, señor Presidente, que se pueda incluir en el Diario de los Debates la iniciativa en su conjunto.

Iniciativa



Y un tema adicional. El día de hoy, como está en el Orden del Día, estoy solicitando licencia para separarme del cargo y por eso le agradecería que me dé la oportunidad en esta intervención de presentar la segunda iniciativa que tengo registrada en el Orden del Día, que tiene que ver con la Ley de Economía Social y Solidaria.

Si usted es tan generoso, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con gusto se obsequia su solicitud, agradeciéndole encarecidamente tratar de ceñirse al menor tiempo posible, señor Senador.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Así será. Compañeras y compañeros Senadores:

En relación a la iniciativa de Ley General de la Economía Social y Solidaria, que también estamos presentando hoy, quiero decir que la pobreza y la desigualdad están generando hoy en día peligrosamente el rompimiento de nuestro tejido social.

Po ello resulta imprescindible establecer nuevas bases sólidas y viables que permitan la participación del sector social de la economía como concurrente en el desarrollo nacional, junto con los sectores público y privado, como lo determina nuestra Carta Magna.

Ciertamente, todo principio económico presenta a la vez ventajas y desventajas.

La realidad económica es compleja, por consiguiente el objetivo no es constituir una buena economía a partir de un principio único, muchas veces concebido y sostenido dogmáticamente, sino al contrario, dirigirse hacia una economía que admita y aliente una diversidad de principios en los que se fomente la redistribución y la reciprocidad como instrumentos de la justicia social y la sostenibilidad ecológica.

Este cambio de paradigma, compañeras y compañeros, supone una nueva concepción en las premisas de las políticas públicas; particularmente en lo concerniente a la regulación y fomento de los actores que constituyen el sector social de la economía.

Miren, en los últimos 30 años, en México se amplió la desigualdad social y regional, especialmente entre los habitantes del centro-norte del país y del sur-sureste. Por ello se hace necesario construir políticas públicas apropiadas y suficientes para el sano desenvolvimiento del sector social de la economía y con ello empezar a modificar la tendencia del comportamiento económico general del país, que ha sido insuficiente para propiciar las condiciones de bienestar colectivo.

Por ello, la reorganización en cadenas de valor articuladas apropiada y solidariamente en las unidades de la economía social, impulsarán la generación del empleo y el desarrollo y la competitividad regional, aportando, según nuestros cálculos, entre 1 y 2 por ciento adicional del crecimiento del Producto Interno Bruto.

Y es por eso compañeras y compañeros, entre otras cosas, que proponemos se expida una Ley General de Economía Social y Solidaria que funja como ley marco, siendo una observancia general en toda la República en materia del sector social de la economía, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Sedesol y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías.

Adicionalmente, con este proyecto de ley buscamos fortalecer el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), mismo que actualmente no cuenta con el marco jurídico y presupuestal apropiado para cumplir adecuadamente con lo que mandata nuestra Constitución en lo referente al sector social de la economía.

Es así que proponemos descentralizar el Inaes, transformarlo en el organismo responsable del mandato constitucional de expandir al sector social de la economía mediante la aplicación de políticas públicas, estratégicas y prioritarias y dotarlo con mayores recursos presupuestales.

Compañeras y compañeros, el sector social de la economía no solamente protege las fuentes del empleo existentes y facilita la creación de nuevas, incrementando la demanda de bienes y servicios fortaleciendo los mercados internos, sino que además y muy especialmente genera formas autogestivas de producción, consumo y financiamiento, factores tan esenciales en una época en que los recursos son muy limitados y deben usarse con inteligencia y mesura.

Es por todo lo anterior, que también presento a todos ustedes esta iniciativa, pidiendo su apoyo a esta noble causa, me refiero a la Ley General de la Economía Social y Solidaria.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la Republica a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el articulo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la LEY GENERAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en materia económica textualmente. “Que corresponde al Estado la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
“Al desarrollo económico nacional concurrirá, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”.
 
Los párrafos séptimo y octavo del citado artículo constitucional establecen textualmente:

“Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y medio ambiente”.

“La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la protección, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.

Desde hace décadas en nuestro país, los marcos jurídicos de desenvolvimiento de los sectores económicos público y privado son claros, precisos y armónicos, además de que son revisados y evaluados constantemente y, en caso de requerirse, se     reforman y/o ajustan. En el caso del sector económico social fue apenas el 23 de mayo de 2012 cuando se promulgo la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía; y aun cuando ha sido reformada en diversas ocasiones, la última vez el 30 de diciembre del 2015, no existe un andamiaje jurídico armónico y articulado con otras disposiciones legales existentes, para el sano desarrollo de las organizaciones que constituyen el sector social de la economía (ejidos, comunidades, sociedades cooperativas , empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores, y en general a todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios).

La pobreza y la desigualdad están generando peligrosamente el rompimiento de nuestro tejido social. Por ello resulta imprescindible establecer nuevas bases, sólidas y viables, que permitan la participación del sector social de la economía como concurrente en el desarrollo nacional, junto con los sectores económicos público y privado, como lo determina nuestra Carta Magna.

Ciertamente todo principio económico presenta a la vez ventajas e inconvenientes. La realidad económica es compleja, por consiguiente, el objetivo no es constituir una buena economía a partir de un único principio, muchas veces concebido y sostenido dogmáticamente, sino dirigirse hacia una economía que admita y aliente una diversidad de principios en los que se fomente la redistribución y la reciprocidad, como instrumentos de la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Este cambio de paradigma supone una nueva concepción en las premisas de las políticas públicas; particularmente en lo concerniente a la regulación y fomento de los actores que constituyen el sector social de la economía.

En los últimos 30 años, en México se amplió la desigualdad social y regional; especialmente entre los habitantes del centro-norte del país y el sur-sureste. Por ello se hace necesario construir políticas públicas apropiadas y suficientes para el sano desenvolvimiento del sector social de la economía, y con ello empezar a modificar la tendencia del comportamiento económico general del país, que ha sido insuficiente para propiciar las condiciones de bienestar colectivo.

Por ello, la reorganización en cadenas de valor articuladas apropiada y solidariamente de las unidades de la economía social, impulsaran la generación del empleo y el desarrollo y la competitividad regional, aportando entre un 1 y un 2% adicional al crecimiento del PIB.

Actualmente, el  Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) no cuenta con el marco jurídico y presupuestal apropiado para cumplir adecuadamente lo que mandata nuestra Constitución en lo referente al sector social de la economía. Por estos motivos, la presente iniciativa pretende:

1. Descentralizar al INAES.

2. Transformarlo en el organismo responsable del mandato constitucional de expandir al sector social de la economía, mediante la aplicación de políticas públicas estratégicas y prioritarias.

3. Dotarlo con mayores recursos presupuestales.

Una de las funciones principales será formular un sistema de financiamiento de apoyos, créditos, préstamos y garantías destinados a la inversión de proyectos productivos comerciales o de servicios socialmente necesarios, que detonen la generación de empleos, promueven el desarrollo regional y territorial, la articulación productiva, el impulso de habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de las unidades sociales y económicas que integran el sector de la economía social.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al Sector Social de la Economía.

 La presente Ley es de observancia general en toda la república en materia del sector social de la Economía, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, los Estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías  para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad  del Sector Social de la Economía; y
II. A la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de la Economía Social, corresponde el adecuado cumplimiento de la presente Ley, la conducción de las políticas y programas federales de fomento para el sector social de la economía; sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal sobre los distintos integrantes del sector social de la economía, de acuerdo a sus respectivas competencias legales, y con las que deberá actuar en coordinación.

Artículo 3. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que se refiere el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en concordancia con los términos que establece la presente Ley.

Artículo 4. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Sector de la Economía Social, el que se refiere en el artículo 3o. de la presente Ley;

II. Organismos del Sector, a las organizaciones, empresas y sociedades del Sector Social de la Economía;

III. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Social;

IV. Instituto, al Instituto Nacional de la Economía Social;

V. Asociados, en singular o plural, a las personas que participan, en su caso, en el capital social de los Organismos del Sector;

VI. Programa, al Programa de Fomento a la Economía Social;

VII. Actividad Económica, cualquier proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o servicios socialmente necesarios, en cualquiera de sus fases de producción, distribución o consumo, y en cualquier de los sectores primario, secundario o terciario;

VIII. Organismos de integración y representación, en singular o plural, a organismos de representación que constituyan los Organismos del Sector;

IX. Consejo, al Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, y

X. Acuerdo, al Acuerdo de Organización y Funcionamiento del Instituto, que emita el titular de la Secretaría.

Artículo 6. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

Artículo 7. Los Organismos del Sector podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, aceptando sus fines, valores, principios y prácticas señalados en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la misma.

Artículo 8. Son fines del Sector Social de la Economía:

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;

III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable;

VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna;

VII. Participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas;

VIII. Impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad, y

IX. Promover la productividad como mecanismo de equidad social.

Artículo 9. Los Organismos del Sector tomarán en cuenta en su organización interna, los siguientes principios:

I. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso;

II. Régimen democrático participativo;

III. Forma autogestionaria de trabajo, y

IV. Interés por la comunidad.

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

I. Ayuda mutua;

II. Democracia;

III. Equidad;

IV. Honestidad;

V. Igualdad;

VI. Justicia;

VII. Pluralidad;

VIII. Responsabilidad compartida;

IX. Solidaridad;

X. Subsidiariedad;

XI. Transparencia;

XII. Confianza, y

XIII. Autogestión.

Artículo 11. Los Organismos del Sector realizarán sus actividades conforme a las leyes que regulen su naturaleza jurídica específica, sus estatutos sociales y de acuerdo con las siguientes prácticas:

I. Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital;

II. Afiliación y retiro voluntario;

III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora;

IV. Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad;

V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción;

VI. Participación económica de los Asociados en justicia y equidad;

VII. Reconocimiento del derecho a afiliarse como Asociado a las personas que presten servicios personales en los Organismos del Sector, sobre la base de su capacitación en los principios y valores del Sector, y el cumplimiento de los requisitos que establezcan sus bases constitutivas;

VIII. Destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo del Organismo del Sector;

IX. Educación, formación y capacitación técnico administrativa permanente y continua para los Asociados;

X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus Asociados y la comunidad;

XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus Asociados, a través de los informes a sus órganos de dirección, administración y vigilancia, así como libre acceso a la información respectiva para los mismos;

XII. Integración y colaboración con otros Organismos del Sector;

XIII. Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad, y

XIV. Creatividad e innovación en todos los ámbitos y prácticas de los organismos.

Artículo 12. En lo no previsto por la presente Ley se aplicará supletoriamente:

I. La Ley General de Sociedades Cooperativas;

II. La Ley para Regular las Actividades de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo;

III. En su caso la Legislación Civil Federal, y

IV. Los usos y prácticas imperantes entre los Organismos del Sector.

El Ejecutivo Federal, a través del Instituto, interpretará para efectos administrativos los preceptos de la presente Ley.

TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO

Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contará con la autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley.

El Instituto tiene como objeto instrumentar, como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al Sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del Sector de la Economía  Social.

La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en esta Ley, será determinada en términos del Acuerdo.

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes:

I. Instrumentar, como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía;

II. Formular e instrumentar el Programa de Fomento a la Economía Social;

III. Promover la vigencia, actualización e integración del marco jurídico relativo al Sector de la Economía Social;

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;

V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector;

VI. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector de la Economía Social, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector;

VII. Formular y ejecutar programas y proyectos de desarrollo, promoción, fomento y  capacitación en favor de los Organismos del Sector;

VIII. Promover la capacitación, la asistencia técnica y financiera a los Organismos del Sector;

IX. Constituir una comisión de Conciliación y Arbitraje propio del Sector de la Economía Social y Solidaria, a fin de promover y procurar la conciliación de intereses al interior y entre los organismos del sector como vía preferente para la solución de conflictos, actuando como árbitro en los casos en que las partes así lo convengan;

X. Llevar a cabo estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

XI. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector de la Economía Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e instituciones de educación superior;

XII. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los Organismos del Sector, siempre que la legislación específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita;

XIII. Promover la creación de Organismos de Representación del Sector de la Economía Social, de conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las formas asociativas que los integran;

XIV. Establecer el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector  de la Economía Social, y mantenerlo actualizado;

XV. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias específicas, para la prestación de servicios financieros al Sector de la Economía Social;

XVI. Difundir los valores, principios y fines del Sector de la Economía Social, así como sus principales logros empresariales y asociativos, y las demás que se establezcan en el Acuerdo;

XVII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la presente Ley;

XVIII. Establecer un Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;

XIX. Definir las distintas regiones geoeconómicas necesarias para el cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente Ley,

XX. Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital y/o impresa sobre los Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;

XXI. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;

XXII. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento progresivo de los Organismos del Sector;

XXIII. El Instituto en materia de fomento, determinará las reglas, lineamientos y, en general, todo lo necesario a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector, y

XXIV. Las demás que señale el Acuerdo.

Artículo 15. La gestión del Instituto estará sometida al régimen del presupuesto anual de la Administración Pública Federal, y queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de su operación, sin perjuicio de que les sean asignadas partidas adicionales para el desarrollo de programas específicos.

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará de los órganos siguientes:

I. Un Consejo Directivo que estará presidido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Trabajo, y los titulares de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo la operación de programas, fondos y fideicomisos públicos destinados al financiamiento del sector social;

II. Un Consejo Consultivo;

III. Un Director General, designado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo Federal, y

IV. Las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecució de su objeto.

Artículo 17. El Director General, tendrá las siguientes facultades:

I. Ejercer la representación legal del Instituto;

II. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto;

III. Elaborar, proponer y someter a consideración del titular de la Secretaría, para su aprobación, los programas y acciones de fomento y desarrollo a la actividad económica del Sector;

IV. Presentar un informe anual de actividades a la Secretaría, y turnarlo a las Comisiones competentes del Congreso de la Unión, para su conocimiento, y

V. Las demás que señale el Acuerdo del Instituto.

Artículo 18. El Instituto contará con delegaciones en términos del Acuerdo.
Los titulares de las delegaciones tendrán las atribuciones que determine el Acuerdo referido en el párrafo anterior.

Artículo 19. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Artículo 20. El Consejo es el órgano del Instituto de participación ciudadana y conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer acciones que incidan en el.

Artículo 21. El Consejo se regirá en términos del Acuerdo, así como por sus Normas Internas de Funcionamiento.

Artículo 22. El Consejo sesionará por lo menos cada seis meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca su Reglamento Interno.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

Artículo 23. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación del Programa de Fomento a la Economía Social;

II. Impulsar la participación ciudadana y de los organismos del sector en el seguimiento, operación y evaluación del Programa de Fomento de la Economía Social;

III. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el fomento y desarrollo para el Sector de la Economía Social;

IV. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia;

V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el fomento y desarrollo para el Sector de la Economía Social;

VI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;

VII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

VIII. Formular opinión fundada al Director del Instituto de la evaluación a que se refiere el artículo 42 de esta Ley;

IX. Elaborar el balance social de los Organismos del Sector, y

X. Expedir su Reglamento Interno.

Artículo 24. El Consejo estará integrado por:

I. Un Presidente que será el titular del Instituto;

II. Un Secretario Ejecutivo que designará éste, y

III. Los consejeros invitados por el Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo y/o de organismos internacionales vinculados con el tema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario Ejecutivo.

La participación de los Consejeros será con carácter honorario.

Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del Consejo.

Artículo 25. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.

Artículo 26. El Instituto prestará al Consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Artículo 27. Los Organismos del Sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines.

Los Organismos del Sector para su mejor funcionamiento podrán integrarse en figuras que faciliten su desarrollo y crecimiento económico, en concordancia con lo que dispongan las normas que les resulten aplicables.

Aquellos de índole económica no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad económica.

Los requisitos y procedimientos para constituir Organismos de Integración y Representación de cualquier grado serán los establecidos por las leyes específicas que corresponda a cada una de las formas asociativas de los Organismos del Sector y en las leyes de materia civil aplicables.

Artículo 28. Los Organismos de Representación podrán agruparse de manera amplia con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Artículo 29. Los Organismos de Representación deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 30. Los Organismos de Representación ejercerán de pleno derecho la representación y defensa de los derechos e intereses de sus Asociados y de la rama de la actividad económica en que actúan, así como de los beneficios y preferencias que concede ésta y demás leyes específicas a los Organismos del Sector.

Podrán prestar u obtener en común servicios profesionales y técnicos de asesoría, apoyo financiero, asistencia técnica, educación, capacitación e investigación científica y tecnológica.


TÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

CAPÍTULO I
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 31. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por el Instituto.

Artículo 32. Los Organismos del Sector; siempre que la legislación específica en la materia de la actividad económica que desarrollen, su objeto social y su naturaleza legal se los permita, podrán desarrollar las siguientes actividades económicas:

I. Producción, prestación y comercialización de bienes y servicios;

II. Explotación de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos;

III. De educación, salud, gremiales, deportivas, recreacionales, culturales y sociales en beneficio de los socios y la comunidad;

IV. De servicios financieros de seguros, crédito, ahorro y préstamo, administración de fondos de pensiones, y

V. Todas las actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

En el caso de las actividades de ahorro y préstamo a que se refiriere la fracción IV de este artículo, deberá observarse y dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. En cuanto a los servicios de seguro deberá obtenerse las autorizaciones o registros previstos en la ley de la materia.

Los Organismos del Sector les estará prohibido realizar actividades de proselitismo partidista y político-electoral.

Artículo 33. Los Organismos del Sector, en su caso, adoptarán la estructura interna que señale la legislación específica de cada una de las formas asociativas y sus propios estatutos, y que más se adecue a sus necesidades, debiendo contar al menos con los siguientes:

I. Un Órgano de Dirección, Asamblea General, u otra figura similar;

II. Un Órgano o Consejo de Administración, Comisario, Gerente, Director General, o figura similar, y

III. Un Órgano o Consejo de Vigilancia y Control Interno.

Los miembros de los Órganos encargados de la administración, la vigilancia y el control interno serán designados y podrán ser removidos por decisión de la mayoría del Órgano de Dirección o Asamblea General, de conformidad con sus propios estatutos.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 34. Sin perjuicio de los derechos y prerrogativas que establecen las leyes relativas a las distintas formas asociativas, se reconocen a los Organismos del Sector los siguientes derechos:

I. Ser sujetos de fomento y apoyo a sus actividades económicas por parte del Estado;

II. Gozar de autonomía en cuanto a su régimen interno;

III. Constituir sus órganos representativos;

IV. Realizar observaciones y propuestas al Instituto en relación con las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

V. Solicitar y recibir información sobre el estado que guarden las gestiones que hubieren realizado ante las dependencias del gobierno;

VI. Recibir asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes de acuerdo a la presente Ley, y

VII. Celebrar contratos, actos, operaciones y acuerdos entre sí o con empresas del sector privado y con el sector público, siempre que fueren necesarios o convenientes a sus fines y objeto social.

Artículo 35. Los Organismos del Sector deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Cumplir y hacer cumplir los principios, valores y prácticas consagrados en la presente Ley;

II. Establecer fondos de reserva, previsión social y educación, cooperativa y solidaria, así como reservas colectivas no repartibles destinados a cubrir pérdidas eventuales y a financiar servicios sociales en beneficio de sus miembros y de las comunidad, con porcentajes de los excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas; sin que ello les implique mayores cargas de las que se consideren en los ordenamientos legales que, en su caso, las rijan en función de su naturaleza jurídica;

III. Utilizar los beneficios que consagra la presente Ley para los fines con que fueron autorizados;

IV. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de apoyos y estímulos públicos otorgados para los fines de sus actividades económicas;

V. Informar al Instituto anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI. Proporcionar la información que les sea requerida por el Instituto y demás autoridades competentes sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio,  operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por el Instituto;

VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga el Instituto y demás autoridades competentes;

IX. Los Organismos del Sector deberán fomentar y difundir los principios, valores y prácticas de la economía social, formular y promover la implementación, en coordinación con las autoridades competentes, de estrategias, planes y programas que impulsen el desarrollo del Sector, así como ejercer cualquier actividad lícita en beneficio de sus Asociados y la comunidad;

X. Los Organismos del Sector realizarán programas de planeación estratégica para su desarrollo progresivo, elaborarán informes sobre servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en su ejercicio a sus Asociados y a la comunidad;

XI. Promover la profesionalización y capacitación de sus Asociados;

XII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios;

XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con el Instituto;

XIV. Informar a sus Asociados a través de su Asamblea General u Órgano de Dirección sobre los servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en el respectivo ejercicio, así como de sus estados financieros;

XV. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otro u otros Organismos del Sector que realicen actividades objeto de fomento. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes;

XVI. Contribuir al desarrollo socioeconómico nacional, y

XVII. Las demás que señale la presente Ley y leyes aplicables.

CAPÍTULO III
DEL FOMENTO Y FINANCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 36. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector de la Economía Social mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 37. Los Organismos del Sector no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta Ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. Exista entre sus administradores o representantes y los servidores públicos encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos públicos; relaciones de interés o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y

II. Contraten con recursos públicos a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguineidad o afinidad hasta en cuarto grado.

Artículo 38. Los Organismos del Sector que con fines de fomento reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. En caso de que no existan disposiciones especiales, tributarán en base a un régimen simplificado en el que sólo se grabarán los beneficios o excedentes distribuidos entre los socios.
Además, deberán llevar a cabo sus operaciones conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional.

Artículo 39. Tratándose de empresas de participación estatal mayoritaria, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y a las demás disposiciones legales que le resulten aplicables.

Cuando dichas empresas se encuentren en proceso de desincorporación, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de estas.

Artículo 40. En los casos en los cuales las empresas de carácter privado presenten conflictos obrero patronales calificados como irreconciliables, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de la empresa en cuestión, a fin de que dichas empresas continúen operando con eficiencia y rentabilidad.

Lo anterior, de conformidad y con absoluto respeto a lo que dispongan las leyes laborales.

Artículo 41. A fin de dar cumplimento a las disposiciones previstas por los artículos 39 y 40, el Instituto, conforme a sus facultades, brindará asesoría, capacitación y financiamiento de acuerdo sus posibilidades presupuestarias.

CAPÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y DEL DESEMPEÑO DE SUS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 42. La evaluación periódica del cumplimiento de las políticas públicas de fomento y apoyo a los Organismos del Sector estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conforme la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 43. Para la evaluación se deberán incluir los indicadores de resultados, de gestión y servicios para medir su cobertura e impacto.

Artículo 44. El proceso de evaluación de la Política de Economía Social, se realizará cada tres años.

Artículo 45. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, al Instituto y al Consejo, así como a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Fomento Económico y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas.

Artículo 46. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Instituto podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

CAPÍTULO V

Artículo 47. El Instituto podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de la Economía Social y Solidaria.

TERCERO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría, a través del Instituto, en un plazo no mayor de dieciocho meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría, a través del Instituto, deberá convocar a la instalación del Congreso Nacional.

El Congreso Nacional Constituyente deberá elegir tan pronto como se instituya, a sus Representantes permanentes ante el Consejo Consultivo del Instituto, así como elaborar su plan de trabajo y su reglamento interno en un plazo no mayor a seis meses después de haber quedado legalmente constituido.

El Congreso Nacional Constituyente tendrá treinta y seis meses a partir del momento de su constitución para convocar a la constitución y la elección democrática del Consejo Nacional.

CUARTO. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

QUINTO. Los apoyos cuyo trámite se haya iniciado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, se seguirán rigiendo por las mismas hasta su conclusión.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al contrario, muchas gracias a usted, Senador Benjamín Robles Montoya.

Daremos los turnos a las iniciativas que presentó el Senador Robles, de la siguiente forma: El proyecto de Ley General de la Economía Social y Solidaria y el proyecto de Ley de Protección de los Precios de Bienes Socialmente Necesarios, se turnan ambas a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

Agradecemos su presencia en el Senado de la República.

De igual manera, el Senado de la República expresa la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del sexto y octavo semestre de la carrera de Derecho Electoral y Parlamentario de la Universidad del Valle de México, campus San Ángel, invitados por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera.

El Senado de la República les agradece su presencia.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Se concede el uso de la palabra al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, para presentar a nombre propio y de las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 55 constitucional, en materia de requisitos para Diputado Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre propio y de las y los Senadores del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Gracias, señor Presidente.

A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, acudo a esta tribuna para presenta reforma al artículo 55 de la Constitución Federal.

Compañeras y compañeros Senadores, la democracia se puede entender como el proceso político, jurídico y social que refiere ciertas condiciones de igualdad y libertad, bajo la base de un conocimiento individual que tiene como objetivo la igualdad y el bienestar económico y social, y como fin último la humanización de la sociedad, todo ello, dentro de un Estado constitucional y de pleno derecho.

En este contexto, los tópicos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, constituyen herramientas indispensables para consolidar las democracias contemporáneas; en ese tenor, es que a lo largo de unas cuantas décadas, estos temas se han ido posicionando en la mayoría de las agendas de gobierno.

El caso de México, no es la excepción, al contrario, se ha distinguido una evaluación del marco jurídico a pasos agigantados en estos derechos, principalmente: la reforma constitucional federal del 7 de febrero de 2014. Esta enmienda, sentó las bases en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, un órgano constitucional autónomo.

Ahora bien, es importante señalar que cuando hablamos de órganos constitucionales autónomos, aludimos a un conjunto de órganos que, en nuestro caso, se encuentran establecidos en la Constitución; se ubican al mismo nivel que los órganos soberanos del Estado, con los que guardan relación de coordinación y control, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación; son órganos cuyos titulares se designan con la participación del Ejecutivo y algunas áreas de las Cámaras del Legislativo, sin embargo, son independientes de estos en cuanto a su funcionamiento, y sus miembros no pueden ser removidos de forma arbitraria durante el ejercicio de sus funciones; aunque están sujetos a algunos mecanismos de control establecidos ad hoc, todos ello son responsables en los términos del Título IV de la Constitución, y sus decisiones en general pueden ser revisadas por distintas instancias jurisdiccionales.

La autonomía de la que hablamos tiene una doble dimensión:

Estos órganos son autónomos respecto de las demás instituciones del gobierno para establecer relaciones sin la participación de aquellas. Desde luego, regulaciones asociadas con sus funciones específicas, cuyos ejes fundamentales fueron establecidos por la Constitución y las leyes secundarias. Al mismo tiempo pueden dar ordenamientos internos para organizarse y estructurarse de la forma más adecuada, a fin de cumplimentar sus objetivos. Esta autonomía se completa, desde el punto de vista político-funcional con su independencia respecto de los partidos políticos y de los poderes fácticos de la sociedad.

Los órganos autónomos constituyen una respuesta posgubernamental ante el escepticismo ciudadano a cerca del compromiso y la capacidad real de los gobernantes, para atender y administrar de manera efectiva los asuntos públicos. Justamente para ello se establecen estas autoridades por fuera de la democracia partidizada y ajena a sus juegos e intereses, para dar respuesta de política pública de largo alcance a problemas sociales reiterados, cuya resolución supone muchas veces decisiones electoralmente costosas, por lo que los partidos rehúyen de ellas.

Debido a la complejidad de las funciones que desarrollan, se espera que sus funcionarios tengan un conocimiento experto, al tiempo que cuenten con una reputación profesional y una trayectoria destacadas. De tal forma, podrán distinguirse de otros funcionarios que ocupen cargos con sus filiaciones partidistas o sus vinculaciones con los poderes organizados. El resultado de esta composición es que los órganos constitucionales autónomos son instituciones no mayoritarias, establecidas con el objeto de que la democracia mayoritaria funcione con mayor eficacia y goce de confianza social.

Para generar la confianza mencionada, los órganos constitucionales autónomos son ahora la culminación de la participación ciudadana puesto que sus dirigentes son ciudadanos interesados y comprometidos con específicos asuntos de interés público, pero ajenos a la política partidaria y son ciudadanos que toman además decisiones públicas vinculantes.

En este contexto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, está convencido que es necesario reformar el artículo 55 de la Constitución Federal, con la finalidad de precisar los requisitos para ser legisladores federales haciendo hincapié en la necesidad de incluir a todos los integrantes de órganos autónomos, para que si aspiran a algún puesto de elección popular, deban separarse del cargo tres años antes de la jornada electoral.

Con esta reforma se pretende que todos los candidatos a cargos de elección popular de todos los partidos, incluyendo los independientes no aprovechen y utilicen los espacios en donde se desempeñan para facilitar sus aspiraciones políticas.

En efecto, con esa propuesta no se trata de violentar el derecho de los ciudadanos de votar y ser votados para cualquier puesto de elección popular, más bien se busca que quienes tengan aspiraciones de este tipo, primero cumplan con sus responsabilidades y, segundo, si tienen aspiraciones se separen de sus cargos con antelación, para evitar poner en riesgo la credibilidad de las instituciones.

La Constitución Federal considera, por una parte, requisitos y, por otra, impedimentos para ocupar cargos de elección popular, mismos que tienen como objeto la existencia de la igualdad entre los candidatos. Por ello, es urgente para evitar situaciones dudosas, precisar los requisitos para desempeñar un cargo de elección popular.

En este tenor, se propone reformar el artículo 55 para incluir en el segundo párrafo de la fracción V, que los integrantes de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, al igual que los consejeros distritales del Instituto Nacional Electoral, secretario ejecutivo, director ejecutivo, personal profesional directivo del propio instituto, y si aspiran a algún cargo de elección popular, deben separarse de manera definitiva tres años antes del día de la elección.

Compañeras y compañeros Senadores, esta iniciativa obedece a la realidad social y política que hoy se enfrenta, y busca principalmente, dignificar la política y el servicio público para ir reduciendo la brecha de desconfianza que percibe la ciudadanía respecto a las instituciones y los representantes populares. Además, con estas adiciones y reformas, también se pretende garantizar la equidad e igualdad para aspirar a cargos de elección popular.

Por su atención, muchas gracias.
Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Celestino Cesáreo Guzmán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 105 constitucional, en materia de competencia de las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa)

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, señor Presidente.

En este día en especial estoy muy agradecida con jóvenes michoacanas y michoacanos que acudieron a la convocatoria de jóvenes con iniciativa.

Esta vez, en esta edición participaron 110 muchachas y muchachos de 15 universidades del estado de Michoacán, incluidas las ciudades de Sahuayo, de Zamora, de Ciudad Hidalgo, de Uruapan, de Morelia; de las universidades, es decir, la Universidad Michoacana, de las escuelas de Economía, de Enfermería, de Derecho, de Medicina, del Tec de Morelia, de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Universidad La Salle, de la UNAM, del ITAM, de la Universidad Internacional Jefferson, de la UNIT, del CEU, de UNIVA, del Instituto Tecnológico de Zamora, de la Universidad de Veracruz, sede en Sahuayo; de la UTM, del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial y de la Universidad Montreal.

Quiero decir que el equipo que ganó, que está integrado por tres chicos, Brandon Hassany de la Sancha Flores, Luis Francisco Ochoa Zamudio y Osmar Aldair Magaña Núñez, que son del Tec de Monterrey, y de la Maestría en Ciencias, es especialidad en política del Instituto Iberoamericano de Desarrollo.

Los tres chicos hicieron énfasis en defender la soberanía de los estados, de repente les incomoda que en una Federación, donde se supone que los estados somos soberanos, se van limitando las facultades de las entidades federativas.

Así que celebro que entre ellos, estos jóvenes, esta inquietud por recuperar la soberanía de cada uno de los estados esté presente.

En México el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante en la Constitución Federal de la República en materia de derechos humanos desde su promulgación en el año 1917.

Esta reforma ha tenido como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos poniendo al centro la dignidad de las personas; las modificaciones constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la personas como el fin de todas las acciones de gobierno.

La reforma representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Los principales cambios de la reforma son:

La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales; la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona.

La obligación para todas las autoridades sin distinción alguna de cumplir con cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Además se estableció la obligación de que cuando existe una violación las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

La reforma incluyó también mandatos muy específicos sobre los que deben trabajar   todas las autoridades: incorporar la educación a todos los niveles, los derechos humanos, hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano y colocar los derechos humanos como principio rector de la política exterior del país.

La reforma modificó 11 artículos constitucionales, esta reforma trascendental que buscó fortalecer el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, implicó la modificación de 11 artículos constitucionales, 1o., 2o., .3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105.

Los principales cambios que se produjeron a través de ellos, se reflejan a continuación:

En el artículo 1o. se transforma la denominación del Capítulo Uno, Título Primero para pasar de las garantías individuales a la de los derechos humanos y sus garantías.

Están llegando los chicos del concurso, bienvenidos, estoy hablando a nombre de ustedes, muchachos.

Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental.

Se dispone que la norma relativa a los derechos humanos se interpretará de conformidad con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y aplicación del principio pro persona.

Se consagran los derechos de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad de los derechos humanos como fundamento de la actuación pública.

Se precisa la prohibición de discriminación con motivo de preferencia sexual.

El artículo 102, Apartado B constitucional, dice que es la facultad de investigación, se incorporó como una nueva atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; además, se pretende dotar al ombudsman de mayor autonomía, verificar una consulta pública en su proceso de elección, brindar mayor fuerza a sus recomendaciones a través de un control político a cargo del Poder Legislativo en la Cámara de Senadores que podrá llamar a los servidores públicos que no acepten o no cumplan las recomendaciones.

Y, finalmente, amplia la competencia del ombudsman a la materia electoral.

El proyecto de Decreto que presentan los chicos ganadores de esta iniciativa y con la finalidad de proteger a la persona explica que existen múltiples herramientas denominadas por la doctrina como mecanismos de control constitucional que pretenden, primeramente, velar por la aplicabilidad de la Constitución y, por ende, proteger a los derechos humanos de la persona.

Estos se ejecutan mediante distintas vías ante diferentes autoridades, entre ellos destacan tres, siendo éstos el amparo, la controversia constitucional y la acción de constitucionalidad.

Esta última, consiste en que ciertos sujetos legitimados pueden denunciar ante el Poder Judicial, la incompatibilidad de una norma general para con la Constitución o los tratados internacionales.

Por lo tanto, a través del presente proyecto de Decreto se pretende otorgar Legitimación Procesal Activa a los órganos estatales de protección a los derechos humanos, es decir, a las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos de las entidades federativas de la República Mexicana para impugnar en vía de acción una posible contradicción entre una ley federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los tratados internacionales.

La legitimación activa en el proceso debe entenderse como la potestad legal para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o una instancia.

La ya referida reforma constitucional de 2011, adicionó al inciso g), fracción II del artículo 105, la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad contra cualquier norma de carácter general, y las Comisiones de los estados de la República, para impugnar en esa vía las normas expedidas por el Congreso en cada uno de sus estados.

En virtud de lo anterior, podemos observar que el órgano protector de derechos humanos de un Estado únicamente está legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad cuando una norma involucra violaciones a los derechos humanos de las personas de su territorio, lo anterior, siempre y cuando la ley impugnada haya sido emitida por el Congreso Local.

Por lo tanto, los organismos de protección de los derechos humanos equivalente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las entidades federativas, están impedidos hoy para impugnar la acción de inconstitucionalidad de las leyes federales.

Lo anterior, ya que las normas generales que generan violaciones a los derechos humanos de los habitantes en todo el territorio nacional o de un estado en particular, por el hecho de contradecir las disposiciones de la Carta Magna, concretamente aquellas que establecen el ejercicio de los derechos humanos, constituyen un problema al que se buscará solución mediante el proyecto que nos ocupa, ya que, ocupó a los chicos Brandon Hassany de la Sancha Flores, Luis Francisco Ochoa Zamudio y Osmar Aldair Magaña Núñez, estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Morelia y de la maestría en Ciencias con especialidad en política del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial INIDEM, que obtuvieron el primer lugar con la siguiente iniciativa, con proyecto de Decreto porque el que se adiciona un inciso h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar potestad legal a las comisiones estatales de derechos humanos para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar en vía de acción una posible contradicción entre una Ley Federal y la Carta Magna.

Gracias, muchachos por confiar en que en estos órganos se puede escuchar su voz.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senado de la República y la Mesa Directiva se suman al reconocimiento expresando la más cordial bienvenida al Senado de la República a este grupo de alumnos de diferentes universidades de Morelia, Michoacán, invitados especiales no sólo de la Senadora Calderón, sino de todo el Senado de la República, es motivo de gran satisfacción contar esta mañana con su presencia.

¡Felicidades!






Informo a la Asamblea que el Senador Ernesto Cordero Arroyo entregó una iniciativa de su autoría, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas. Se tiene por recibida y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por el Senador Ernesto Cordero Arroyo)








En una segunda ronda de iniciativas, recibimos la correspondiente del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derecho de los trabajadores. Se tiene por recibida, se integrará al Diario de los Debates y se turna a la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)








Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de rangos de ingresos para cálculo de impuestos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IX AL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar un par de iniciativas en materia fiscal, fundamentalmente que he tratado de incluir como parte de un catálogo de medidas que buscan reactivar la economía de México pero, sobre todo, que buscan atender una preocupación que me parece central en el momento en que nos encontramos actualmente de cara a este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y particularmente a algunas medidas que ha adoptado el Congreso Norteamericano igualmente en materia fiscal.

A estas alturas, después del proceso de negociación, me parece que dejando de lado aquellas posiciones que claramente pueden advertirse como destructivas del acuerdo entre las tres naciones, hay un reducto de posicionamiento por parte de los Estados Unidos y por parte de Canadá, que apuntan centralmente a determinadas medidas en las que México no ha cumplido con las expectativas a partir de la aprobación del Tratado original en el año de 1992, con entrada en vigor en el año de 1994.

Una de ellas, particularmente, tiene que ver con lo que hemos denominado una agenda de competitividad y que pensamos que a través de determinadas medidas fiscales, podemos ayudar a la reactivación y al arranque de la economía mexicana en términos que no se han tenido hasta el día de hoy.

Hace más de dos años entró en vigor una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual fue aprobada por esta Asamblea en conjunto con otras leyes federales tributarias, cuyo propósito original fue efectivamente establecer un sistema fiscal más justo y equitativo para nuestro país.

Sin embargo al día de hoy, me parece claro que la reforma fiscal no ha alcanzado su objetivo, indudablemente hay factores externos entre los cuales puden mencionarse la baja en los precios del petróleo, el tema de la falta de implementación de la reforma energética, probablemente el endeudamiento sobreendeudamiento del gobierno, aunado evidentemente a los vaivenes de la negociación en este Tratado de Libre Comercio y a las posturas a veces irracionales del gobierno de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, de mano con esos factores externos, la realidad es que el actual sistema fiscal, el esquema fiscal mexicano ha inhibido el desarrollo de las empresas y la creación de nuevos empleos.

Todo ello planeta un escenario complicado, un escenario sombrío para el crecimiento económico de nuestro país en el corto y mediano plazo.

Recordemos que hace poco más de 20 años, sufrimos una de las crisis económicas más severas donde todos padecimos los efectos negativos, en la que de no haberse contado con el apoyo de gobiernos de otros países, fundamentalmente el de los Estados Unidos de América, el país hubiera enfrentado una espiral perniciosa que seguramente dejaría a México en la situación financiera más delicada de su historia reciente.

Ante ese escenario es urgente una modificación a la política tributaria, básicamente para incorporar un esquema de tributación fácil y sencillo, que ayude a revertir los efectos nocivos que se están dando al desarrollo de la economía mexicana y que concretamente y de manera muy puntual coadyuve en el impulso y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa que es la creadora de empleos y es la parte fundamental del crecimiento de la economía nacional.

En ese sentido y de la mano con lo que argumentaba yo al principio, de apuntar a una agenda de competitividad que sobre todo centre sus decisiones en la reactivación del mercado interno, vengo a presentar este conjunto de iniciativas que tienen como propósito lo siguiente:

Primeramente, estamos planteando la adición de un Capítulo al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde pretendemos crear un régimen opcional para las personas morales y para las personas físicas que realicen actividades empresariales con ingresos anuales que no superen los 250 millones de pesos.

A este segmento de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas con actividad empresarial se les aplicaría una tasa reducida que variaría del 5 por ciento al 12 por ciento conforme a su nivel de ingresos, pero sin deducción alguna. Este es un régimen optativo.

¿Qué es lo que se está pretendiendo? Se está pretendiendo una simplificación del trámite fiscal y se está pretendiendo evidentemente aligerar la carga para quienes son los principales proveedores de empleo y los principales generadores de riqueza.

El monto de ingresos no es arbitrario, el monto de ingresos de hasta 250 millones de pesos y la clasificación que estamos proponiendo surge precisamente del acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas de operación de Fondo de Apoyo para la la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación y que forma parte de la reglamentación con la que se conduce la Secretaría de Economía.

Por otro lado, estamos planteando una modificación que también creemos central a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; consideramos que la mecánica del Impuesto al Valor Agregado presenta graves deficiencias, específicamente en la tasa cero que se aplica a alimentos y medicinas.

Proponemos la modificación del artículo 2o. A de la Ley del IVA, a fin de solucionar las limitantes recaudatorias del gravamen. Estamos pretendiendo eliminar la perversidad de devolverle a las grandes empresas de ese sector, cantidades de impuestos que no necesariamente se ven reflejadas en beneficio del consumidor final, que es quien acaba pagando este impuesto.

Se propone, por lo tanto, una tasa del 3 por ciento en lugar del cero por ciento, pero esto de la mano con una reducción a la tasa general del 16 al 10 por ciento.

Estamos planteando, por lo tanto, modificar el régimen de alimentos y medicinas, pero también modificar el régimen de la tasa general disminuyendo esa tasa del 16 al 10 por ciento.

Y, finalmente, compañeras y compañeros, incluimos en esta propuesta un aspecto que me parece fundamental, esta que es la casa del federalismo, en mi opinión, ha descuidado el fortalecimiento de las finanzas de los estados como el eje principal para apuntalar su verdadera autonomía.

Estamos proponiendo que en este régimen fiscal de reducción del 16 por ciento al 10 en la tasa general, los estados tengan la posibilidad de gravar el consumo hasta en un 5 por ciento, y se hagan administradores conjuntamente con la Federación de ese recurso.
Finalmente, compañeros, no quisiera dejar pasar la oportunidad de cerrar esta presentación de iniciativas con el mismo mensaje que inicié.

El proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio plantea retos importantes, indudablemente plantea también la posibilidad de analizar opciones, otros mercados, fortalecer las relaciones de México hacia el exterior, pero si no tenemos la capacidad de voltear a ver al mercado interno como el principal motor del desarrollo, estaremos perdiendo la oportunidad histórica de tomar este arduo proceso de negociación y ciertamente complicado proceso de negociación para México como uno de los pilares fundamentales del desarrollo futuro.

Por su atención, muchas gracias compañeros.

Inciativas








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Presentada por el Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del PAN)



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Héctor Flores.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo, ¿con qué objeto?

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Con el objeto de pedirle si me permite unirme.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: ¿Senador Flores Ávalos? Es anuente el Senador Flores. Solicito a Servicios Parlamentarios recabe la firma de don Víctor Hermosillo, que ha solicitado suscribir la iniciativa del Senador Flores, y el de la voz solicita lo mismo, si el Senador Flores es anuente.

Daremos los turnos correspondientes a las iniciativas del Senador Flores Ávalos, el proyecto que adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta y el proyecto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se turnan ambas a la Cámara de los Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de reformas constitucionales, en materia de educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Ya parecen lejanos los días en que en esta misma tribuna muchas y muchos legisladores afirmamos que era necesaria para México una auténtica reforma educativa, pero que esta no podía ser impuesta desde la Presidencia de la República, ni tampoco al margen de la participación de los maestros de México ni de la sociedad en su conjunto.

Lo dijimos con todas sus letras: “no estábamos en contra de una reforma educativa, estábamos en contra de una reforma reducida, antidemocrática, impuesta al Congreso de la Unión y sin debate ni participación real de los maestros”.

Estábamos a favor de una reforma educativa de fondo, integral, de gran calado, que pusiera en el centro del modelo educativo al ser humano: niñas, niños, profesores, trabajadores, autoridades.

Tampoco reñíamos contra una educación de calidad, pero esta calidad educativa debería de ser con justicia y equidad.

También dijimos en 2013, cuando se expuso la reforma educativa del gobierno federal a esta Cámara, que el problema no sólo era del contenido de la reforma, era también la ruta, el modo, el método, como lo llamamos muchos maestros, a este proceso, la manera en que debían ser articulados e integrados todos y cada uno de los sectores y actores del Sistema Educativo Nacional, y lo afirmamos con claridad, la reforma educativa presentada por el Presidente de México no era la vía ni de esa forma ni de las llamadas reformas estructurales.

Desgraciadamente el tiempo nos dio la razón y no fue la ruta idónea la que eligió el gobierno federal para imponer una reforma educativa.

Y digo esto con mucho pesar porque no era deseable que esta reforma fracasara, sin embargo, trasgredía y lesionaba muchos derechos conquistados por los maestros de México, aun así algunos legisladores de la mayor autoridad ética decidieron darle un voto de confianza a la reforma en esta Cámara, y las autoridades educativas echaron por tierra esa confianza y generaron el malestar generalizado y creciente con el cual está terminando el actual gobierno su administración.

Querían que por Decreto, con violencia laboral y física, se recuperaría la rectoría de la educación por parte del Estado mexicano. Esa rectoría, el Estado mexicano siempre ha sido la figura más importante en el proceso educativo, ni la legitimidad, ni la equidad ni la justicia se adquieren con publicidad ni a golpe de imposiciones, la reforma educativa ha sido un fracaso en nuestro Sistema Educativo Nacional, no presenta avances en los principales indicadores, como bien lo ha documentado el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Se necesita humildad para reconocer que la reforma educativa en 2012 y en 2013 se enfocó de manera equivocada, se estigmatizó al maestro y el gobierno federal no fue capaz nunca de asumir sus responsabilidades en el proceso que ha llevado al deterioro de la educación de México en los últimos años.

La sociedad mexicana quedó literalmente atrapada en este conflicto, en el que la educación pasó a un segundo plano y la implementación de la reforma educativa se volvió ciega e insensible a los reclamos de las y los mexicanos.

No tenía que suceder lo que pasó en Nochixtlán, el 19 de junio del 2016; no tenían por qué perseguir y disparar contra profesores y contra los pueblos que lo respaldaban, esto no debía ocurrir, y eso lamentablemente, que una reforma educativa haya terminado en la represión y en el castigo a la sociedad.

Senadoras y Senadores, el pueblo de México quiere un cambio, y esto se manifiesta cada día con mayor urgencia y esperanza.

La sociedad mexicana exige, y ya es de alguna manera protagonista de una transformación que será pacífica y democrática, pero que no aceptará más equivocaciones ni simulaciones, y este gran cambio tendrá que pasar por el ámbito de la educación.

Estamos listos para dar un salto cuantitativo en la educación hacia una educación con perspectiva social, humanista, tecnológica y científica que lejos de aislar y rezagar a México en todas las mediciones internacionales, como ha ocurrido últimamente, año con año, lo integre desde su propia cultura al mundo global, pero no en desventaja, más bien con la fortaleza de que los primeros beneficiados de este gran cambio serán las y los niños mexicanos.

Por lo anterior, el día de hoy presentamos una iniciativa de reforma educativa alterna, con justicia y equidad, que articula el interés superior de las niñas y niños de México y su derecho a una educación integral con la defensa de los derechos laborales y humanos de los profesores de México, y que además avanza precisamente hacia una evaluación integral de todos los componentes del Sistema Educativo Nacional que sirva realmente para transformar sustantivamente los contenidos y las condiciones mismas de la educación, y al mismo tiempo proteja a la educación como un derecho inalienable para todas y todos los mexicanos.

¿Qué plantea la iniciativa que hoy presentamos y en qué es diferente a la reforma educativa del 2012?

1.- Se reforma el artículo 3o. de nuestra Carga Magna para suprimir el carácter punitivo hacia los derechos adquiridos, laborales y humanos de los maestros, y para sentar las bases de una evaluación integral de todos los componentes del Sistema Educativo Nacional.

Todas y todos deben ser evaluados, autoridades maestros, educandos, así como planes y programas de estudio e infraestructura educativa.

2.- Se reforman diferentes artículos de la Ley General de Educación para reorientar al Sistema Nacional de Evaluación Educativa como un componente sustantivo del Sistema Educativo Nacional y que también reorientará la evaluación hacia una función diagnóstica integral de todos los componentes del Sistema Educativo Nacional.

Reorientar las funciones del Sistema de Información y Gestión Educativa para que estas sean con fines exclusivamente estadísticos y no administrativos que afectan los derechos laborales del personal del Sistema Educativo Nacional.

Orientar la evaluación diagnóstica hacia el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional docente para suprimir la vinculación punitiva entre evaluación y permanencia.

3.- Se reforman diferentes artículos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para ampliar el concepto de calidad de la educación ambiguo o mercantil y puramente instrumental en la reforma del 2012, la definimos como calidad de todo el Sistema Educativo Nacional que implica derecho a la educación, relevancia, pertinencia, equidad, democracia y justicia.

Se propone la formación de un Consejo de Evaluación que funcione de abajo hacia arriba integrado por trabajadores de la educación y autoridades educativas y reorientar la evaluación y establecerla como una actividad integral establecida en cuatro subsistemas:

I.- Evaluación de Educandos.

II.- Evaluación Docente.

III.- Evaluación de Centros Educativos.

IV.- Evaluación de Políticas, Planes, Programas y demás componentes del Sistema Educativo Nacional, incluyendo las autoridades.

4.- Se reforman diferentes artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente para reestablecer los derechos labores y humanos de los trabajadores de la educación, dar certeza a la labor docente y dignificar la misión magisterial.

Que la permanencia del profesor en el Sistema Educativo Nacional dependa estrictamente de las leyes vigentes en materia laboral y no de un condicionamiento ilegítimo de una evaluación.

Que el perfil del ingreso al Sistema Educativo Nacional retome la pertinencia de establecer el perfil pedagógico docente de los egresados de las escuelas normales o de las instituciones formadoras de docentes.

Garantizar el pleno reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en materia educativa, garantizando también el derecho de igualdad y libre determinación de las mismas comunidades indígenas, consagrado en el artículo 2o. de la Carta Magna.

Senadoras y Senadores, esta iniciativa que hoy presentamos y con la cual concluyo mis actividades como Senador, significa también el fin de un camino en este Senado de la República en el que he dado mi mayor esfuerzo para contribuir en la transformación de mi estado, Michoacán, y de mi país.

Al mismo tiempo se abre un nuevo horizonte lleno de esperanza, con signos alentadores de que vendrá una gran transformación para todas y todos.

Como docente, como profesor, líder sindical, legislador, padre de familia e integrante de proyectos políticos con pensamiento de izquierda, es para mí una gran satisfacción y responsabilidad presentar una iniciativa de esta envergadura.

En ella hay muchas horas de trabajo con profesores, muchas mesas de análisis de la educación en Michoacán y en México, muchos recorridos por mi estado, muchas voces que no alcanzan a llegar a esta tribuna, pero que son también la riqueza de Michoacán y de México las voces de miles de estudiantes y de profesores y de trabajadores de la educación, que resuenan y exigen un México diferente; voces que piden educación y más educación, pero que también piden gobiernos y autoridades austeras; legisladores austeros, dedicados de tiempo completo a articular todas las voces, que tienen el derecho a sentarse a discutir el rumbo de la educación en México; exigen una reforma educativa bajo un enfoque de derechos donde tenga la misma importancia garantizar el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad, así como el derecho de los maestros a conservar todas sus conquistas laborales y su estabilidad en el empleo.

No es posible un país democrático, de prosperidad económica y con instituciones fuertes que erradique la corrupción y la impunidad, sin educación.

El próximo sexenio será el sexenio de la educación o a México le costará mucho trabajo salir del bache histórico en el que se encuentra.

La mejor arma contra la violencia, contra la impunidad, contra los feminicidios, contra la desigualdad, contra la corrupción, es sin duda la educación.

Estoy seguro que se puede procesar una real reforma educativa, salón por salón, escuela por escuela, con base en los consensos y con legitimidad para transitar de la confrontación a la construcción colectiva de lo que será la herramienta principal del desarrollo nacional en México, la educación.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

(Presentada por el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PT)



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco.

Daremos turno a las iniciativas del Senador Morón.

El proyecto de reformas constitucionales, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y el proyecto de reformas a la Ley General de Educación, a la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y a la Ley General del Servicio Profesional Docente, se turnan a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senado de la República se complace en recibir a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la Senadora Sonia Rocha Acosta, quienes están presenciando el desarrollo de los trabajos legislativos.

Reciban ustedes la más cordial bienvenida.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 385 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de uso de documentos falsos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 385 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras, señores Senadores:

Esta iniciativa originalmente la presenta, a nombre de las y los Senadores del grupo parlamentario del PRD, nuestro compañero el Senador Isidro Pedraza Chávez, pero no lo puede hacer porque por desgracia su señora madre, Margarita Chávez Delgado, falleció hoy en la madrugada.

En un momento la Mesa Directiva tomará las diligencias para solidarizarnos de manera debida con nuestro compañero Isidro Pedraza.

Gracias, señor Presidente.

La iniciativa que hoy estamos presentando refiere a un tema que es de gran trascendencia para nuestro país, no es un tema menor.

Justamente este Senado de la República, después de una reforma trascendental a la Constitución en materia político electoral, que dio respuesta a una exigencia de la sociedad en este tránsito al lograr que la democracia en nuestro país se consolidara, definió como una potestad que ciudadanas y ciudadanos sin partido pudieran competir en las elecciones.

La reforma electoral del 2012 dio un paso vital, sin lugar a dudas, en la modernización de nuestro sistema democrático al reconocer esta figura de las candidaturas ciudadanas independientes como un mecanismo de participación de la ciudadanía para elegir a puestos de elección popular a personas, a ciudadanas y ciudadanos sin que pertenecieran a un partido político.

De acuerdo con la legislación electoral el caso de las y los aspirantes, ciudadanas, ciudadanos para la Presidencia de la República, particularmente quienes compiten, quienes pretenden competir para la Presidencia de la República, tenían que lograr, así lo definimos en la ley secundaria, 866 mil 993 firmas válidas para poder ser candidatas o candidatos a la Presidencia de la República.

Y entonces, lo recuerdo muy bien porque fue una discusión que dimos en conferencia con la Cámara de Diputados cuando estábamos discutiendo estas leyes secundarias, dimos un gran debate, si eran muchas o pocas entidades federativas, y entonces, finalmente, se decide que 17 entidades federativas debieran contar cuando menos el 1 por ciento de los registros en cada entidad.

Es decir, desde entonces preveíamos que figuras importantes que pudieran tener una presencia trascendental en algún estado de la República no pudieran reunir, por esas condiciones, en ese único lugar, todas estas firmas, sino como era una competencia por la Presidencia de la República, la argumentación se dio a partir de que tenía que tener un consenso de apoyos en la mitad más uno de las entidades federativas.

La sociedad mexicana y el sistema político, con esta decisión depositó su confianza en esta alternativa para mejorar, sin lugar a dudas, la credibilidad de la clase política abriendo la oportunidad a personas que desde la sociedad civil organizada o ciudadanas, ciudadanos sin partido pudiesen participar en la toma de decisiones en la administración pública y, por supuesto, también en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, sin embargo, señoras y señores, esta confianza, desde el punto de vista del PRD, que estamos signando esta iniciativa, ha sido traicionada por un fraude o simulación en el proceso de recolección de firmas por parte de algunos aspirantes ciudadanos a la Presidencia de la República.

El pasado jueves, perdón, viernes, el Instituto Nacional Electoral informó que tres candidatos a la Presidencia de la República, independientes, presentaron apoyo ciudadano considerados como no válidos, estos tres, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter, y además Margarita Zavala, se consideró que no habían tenido, o que habían tenido en los votos que agregaron, votos no válidos para reconocer su registro, y se informa de manera puntual qué tanto por ciento de estos votos habían sido obtenidos de manera irregular.

En información del Instituto Nacional Electoral, y por un acuerdo, los tres candidatos presentaron en su conjunto más de un millón de firmas en sus sistemas de recolección de apoyos, así como otras inconsistencias que son duplicadas, de apoyo, simulación de firmas, fotocopias y documentación inválida, etcétera.

¿Qué dijo de parte del señor Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León, conocido como “El Bronco”, que introdujo casi 368 mil firmas falsas entre los dos millones de rúbricas de ciudadanos que respaldaban su candidatura?

Y en el caso de Armando Ríos Piter contaba con más de 900 mil firmas falsas de un total de un millón 765 mil apoyos, datos oficiales, no los estoy inventando.

Los datos, según se muestra, alterados se encuentran principalmente en simulaciones de credencial para votar, fotocopias y otros documentos que carecen de validez para votar en nuestro país.

También, también el caso de Margarita Zavala, en el cual el Instituto Nacional Electoral avaló su candidatura independiente, no obstante de haber entregado más de 700 mil firmas irregulares.

Según el INE, recabó 870 mil 168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica de 21 entidades.

Sin embargo, según las cifras, las irregularidades de quien hoy aspira a ser candidata, suman 708 mil 606, de las cuales 219 mil 344, según el INE, fueron firmas fraudulentas.
¿Qué es lo que nos ubica estos datos?

En primer lugar, que esta es la primera contienda en donde hay una participación de personalidades que quieren recurrir a ser consideradas como candidatas, candidatos por la vía independiente, no de un partido, y que al estar compitiendo para lograr estas firmas, pues se han encontrado con irregularidades que desde el punto de vista del PRD, y así lo hemos observado también en mucha opinión pública, hay una evidente violación al artículo 13 fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece una multa de 60 a 200 días multa, y prisión de tres a siete años a quien, y leo textual el artículo: “altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o el listado de electores”.

Para el grupo parlamentario del PRD es inaceptable que el INE no haya iniciado, hasta el momento presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales en contra de todos los candidatos independientes, que de acuerdo con el órgano electoral manipularon datos personales de ciudadanas y ciudadanos para engañar al INE, pero también a la opinión pública para obtener su registro para la candidatura presidencial, el máximo puesto de la Administración Pública Federal y, por supuesto, esto es realmente muy preocupante.

Por lo tanto, presentamos la siguiente iniciativa de reforma electoral, que adiciona un numeral 3 al Artículo 385 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contiene básicamente dos puntos:

1.- La autoridad electoral no reconocerá firmas alteradas o falsas presentadas por candidatos independientes para su registro a puestos de elección popular.

Y, en el otro sentido, que agregamos, también diría: “En caso de que el INE identifique firmas simuladas, falsificadas o se utilice de manera ilegal archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto, procederá a cancelar el registro de la candidatura y presenta la denuncia correspondiente ante la Fepade.

Estamos ante una situación, señoras y señores, de legalidad. No puede haber alguien que simule poquito, que trampee poquito, pero siga teniendo y gozando del registro, porque le faltó un poquito más para que finalmente no reuniera los requisitos básicos para poder tener la candidatura.

Eso es un precedente nefasto, nefasto a la decisión de buena voluntad y de buena fe, cuando aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados nos pusimos a discutir las leyes secundarias de esa magnífica reforma constitucional, para abrir los cauces de participación a quienes no están en un partido político y quieren competir, contender por la vía independiente.

Nos parece que este asunto, independientemente de que reformemos o no como hoy estamos presentando la iniciativa a la ley, a la LGIPE, independientemente de eso es un asunto de la Fepade, que no puede actuar de manera omisa y tiene que proceder hasta las últimas consecuencias porque están trampeando, nos están timando, nos están viendo la cara y el Instituto Nacional Electoral tiene que llegar a las últimas consecuencias.

Gracias por su atención.

Iniciativa



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito.

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Señor Presidente, para que por favor pregunte a la proponente, si me permite sumarme a su iniciativa.

Y la felicito para que estos precedentes que estamos observando, no queden en situaciones de omisión de una ley que debe regularlo.

La felicito, Senadora Angélica de la Peña.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora De la Peña, ¿acepta?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Claro que sí, es un honor, Senador.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Francisco López Brito.

Senador Víctor Hermosillo, en el mismo sentido.

Solicito a Servicios Parlamentarios recaben las firmas de los Senadores López Brito y Víctor Hermosillo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






MINUTO DE SILENCIO

Honorable Asamblea:

Como fue comentado por la Senadora Angélica de la Peña, el día de hoy 22 de marzo falleció lamentablemente la Señora Margarita Chávez Delgado, mamá de nuestro compañero Senador Isidro Pedraza Chávez.

Ante este lamentable acontecimiento y haciendo patentes nuestras condolencias a nuestro compañero Senador, a sus familiares y amigos, por esa irreparable pérdida, les solicito respetuosamente a todos los presentes que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de uso de símbolos patrios.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el "Día Nacional sin Automóvil".

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL"

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Solamente compartir que en este Senado de la República se hizo un esfuerzo importante por contar primero con una Comisión de Movilidad, encabezada por el Senador Jesús Casillas.

Desde ahí trabajamos con mucha intensidad para ver de qué manera provocamos que cada vez más ciudadanos, que cada vez más gente de la que vive en las 59 zonas metropolitanas de este país, pues tratan de alguna manera de dejar el automóvil en casa y utilizan, utilizamos el transporte alternativo para poder ir a los lugares.

Yo quiero señalar la importancia, primero, de los días nacionales, yo sé que cuando se crean estos días nacionales, primero, te permite generar conciencia.

Segundo. Haces también cada año un corte de caja sobre las problemáticas, te permite también poder emitir diagnósticos y medir, sobre todo, los avances alcanzados.

El tener un día nacional no es de a gratis, la intención es que verdaderamente podamos tener elementos de cómo vamos avanzando, por ejemplo, en temas de movilidad en nuestro país.

Si pensamos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el parque vehicular se ha duplicado en tan sólo una década, creciendo en un 159 por ciento; en el año 2005 se tenían registrados 3.7 millones de autos; y para el año 2015, esa cifra se elevó a 9.5 millones.

Lo anterior se traduce en 587 mil nuevos vehículos al año; un mil 597 unidades diarias o 57 vehículos cada hora.

Las consecuencias de todo este crecimiento vehicular pues terminan siendo catastróficas para nuestro medio ambiente.

La calidad del aire, la realidad es que cada día empeora más, tan sólo en el año 2017 solo se tuvieron 81 días limpios, cifra que baja cada año.

De los 365 días en el 2017, 284 tuvieron mala calidad, es decir, arriba de los 100 puntos Imeca; en el año 2016 se registraron 280; y en el año 2015, 274 días.

Esto, ¿qué quiere decir?, que cada año empeora nuestra calidad del aire, empeora también nuestra salud y se deteriora nuestro planeta.

La problemática de la movilidad ha rebasado los niveles de tránsito. México ocupa el primer lugar, a nivel mundial con el mayor índice de congestión vehicular.

De acuerdo con el estudio de TomTom Traffic Index 2017, donde se ve reflejado el tiempo extra que pierde un capitalino en el tráfico, el cual es de 59 minutos diarios, traduciéndolo en 227 horas al año, pasamos 10 días al año de nuestras vidas sentados detrás de un volante o atorados en el tránsito vehicular.

Es fundamental que promovamos desde aquí acciones, insisto, que desincentiven el uso del automóvil, que incentiven la movilidad, pero verdaderamente basada en el transporte alternativo moderno y ecológico.

Por eso celebro que hoy se esté presentando este dictamen para poder tener un día, el 22 de septiembre como el "Día Nacional sin Automóvil".

Vamos por una cultura, pero una verdadera cultura, responsable de la movilidad en nuestro país.

Vamos a cambiar las cosas, insisto, si dejamos el automóvil en casa, y empezamos a hacer uso del transporte alternativo, generemos conciencia.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

Un ambiente sano es la base de la salud de la población y la Carta Magna es quien mandata este derecho en nuestro país.

Desafortunadamente la contaminación del aire, agua y suelo son factores de riesgo ambiental y son la exposición a productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta los que contribuyen a más de cien enfermedades a nivel mundial.

Particularmente es la contaminación del aire el fenómeno preocupante para los ciudadanos, ya que puede verse en el ambiente como una gran cortina de humo que ocasiona graves efectos a la salud de toda la población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de tres millones de muertes están vinculadas con la exposición a la contaminación atmosférica. Asimismo, se considera que el 92 por ciento de las personas que viven en las ciudades no respiran un aire limpio.

Este tipo de contaminación es una de las causas de cáncer de pulmón, y se ha observado una asociación con el riesgo de cáncer de vejiga. Estos datos nos exigen trabajar para disminuir los gases y partículas que contaminan el aire.

Si bien nuestro país cuenta con la Ley General de Cambio Climático que asumió el objetivo de reducir al año 2020 un 30 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a la línea de base, así como el 50 por ciento de reducción de emisiones en el 2050, en relación con las emitidas con el año 2000.

Sin embargo, es necesario generar esquemas para concientizar a la población a la población sobre la importancia de participar y comenzar desde casa a acciones sencillas que permitan lograr la reducción de la contaminación.

Es por ello que el dictamen que estamos discutiendo permitirá atender básicamente tres problemas: la contaminación del aire en las ciudades, enfermedades vinculadas a dicha contaminación y la movilidad urbana.

El declarar un "Día Nacional sin Automóvil" permitirá mejorar la salud de la población, incrementar la actividad física de las personas, incentivar la comunicación entre sociedad y disminuir el estrés de cada individuo.

Con la aprobación de este dictamen nos uniremos a las 160 ciudades que han declarado el 22 de septiembre el "Día Nacional sin Automóvil", con la finalidad de desincentivar el uso del vehículo automotor al lograr una mejor movilidad.

Por lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, y asumiremos nuestro compromiso para reducir emisiones contaminantes en el aíre.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Jorge Aréchiga Ávila.

Informo a la Asamblea que el posicionamiento a favor del dictamen suscrito por el Senador Casillas Romero, será registrado íntegramente en el Diario de los Debates.

El Senador Jesús Casillas Romero: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se inserta intervención del Senador Jorge Toledo Luis.

El Senador Jorge Toledo Luis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

VER DOCUMENTO

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la discusión de los dictámenes.

El Senado de la República expresa su beneplácito y da la más cordial bienvenida por la presencia de un grupo de ciudadanos del estado de Tlaxcala, invitados por la Senadora Lorena Cuéllar.

¡Bienvenidos al Senado de la República!






PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se declara el 14 de junio de cada año "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre".

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DIA 14 DE JUNIO DE CADA AÑO "DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUÍNEA Y DEL DONANTE DE SANGRE"

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En consecuencia está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

¿Quién de nosotros no ha requerido en alguna ocasión de algún donante de sangre para algún familiar, para algún amigo? ¿Quiénes de ustedes aquí se han atrevido en alguna ocasión a ser donadores de sangre?; pero, ¿quiénes de aquí hemos tenido la necesidad de incluso, pedir el apoyo a personas con tal de salvar la vida de un ser querido y pagándoles por la donación de sangre?

Por eso es muy importante la reflexión que el día de hoy vamos a hacer en esta tribuna, el que el día 14 de junio, podamos hacer un fomento, una conciencia y un reflexión de la importancia que es ser un donante altruista, de la importancia que es ayudarle a salvarle la vida a otras personas que se pueden encontrar entre la vida y la muerte.

Por eso es que hoy tenemos que hacer este llamado, ya que en nuestro país, el porcentaje de donares altruistas es solamente del 3 por ciento, mientras que el resto se obtiene de familiares o amigos del paciente, es decir, se trata de un país, prototipo de donación familiar y no altruista.

En muchas ocasiones, quienes necesitan una transfusión de sangre, la deben obtener de familiares e incluso a través de donadores remunerados. Un donador altruista es toda persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso terapéutico, sin esperar nada a cambio y es el tipo de donación que actualmente es promovido por la Organización Mundial de la Salud.

En nuestro país, el esquema de donación altruista aún es mínimo, actualmente se registra un millón 700 mil donaciones altruista de sangre, cifras impresionantes que son menos de 5 millones de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de que nuestra sociedad es cada vez más consciente de esta importancia, también se incrementa el número de donantes con un bajo porcentaje, casi solamente diez personas, solamente una es la que lo hace de forma altruista.

Cientos de personas requieren diariamente de este vital líquido, incluso, hay personas que ni siquiera saben qué tipo de sangre tienen y eso es muy importante conocerlo, porque, además, cuando sucede la situación de necesitar la sangre no se sabe qué tipo de sangre tiene la gente.

Por eso es muy importante llamar a esa conciencia que de forma altruista podamos donarla, pero también podamos conocer qué tipo de sangre somos.

Esta importancia, la debemos bajar a toda la población, hacer una conciencia incluso, desde los niños, desde la primera infancia y seguramente que con esto estaremos logrando un mayor porcentaje de donación.

A través de este día pretendemos concientizar a toda la población de este gran esfuerzo, se estima que una persona sana puede donar hasta cinco veces al año, imagínense ustedes, hasta podría salvar 15 vidas, cada uno de nosotros podríamos salvar hasta 15 vidas.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, la donación de sangre debería formar parte de una cultura de la sociedad mexicana, ya que no podemos tener certeza sobre en qué momento podríamos necesitarla incluso nosotros mismos.

Debemos crear esta conciencia y por eso les invito a votar a favor de este dictamen para que el 14 de junio de cada año sea el "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre".

Por una vida más sana, muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Hernández Lecona

Se inserta intervención de la Senadora María Cristina Díaz Salazar.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la discusión de los dictámenes.






Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en materia de reconocimiento de marcas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, con el permiso de la Presidencia. De manera muy breve.

Esta es una propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene como propósito central homologar nuestra legislación de reconocer la propiedad industrial, en materia de marcas y materia de marcas materia de marcas colectivas a lo que impera en la mayor parte del mundo.

Ahorita, particularmente con Europa, que estamos en un proceso de negociación o de cierre de la negociación de la revisión del Tratado de Libre Comercio y tiene que ver con dos temas, exclusivamente. Cambiar el término tradicional de marca que es todo signo visible que distingue a un producto por un concepto que ya existe en la mayor parte de los países, todo signo perceptible por los sentidos.

Es decir, que no solamente existen marcas visuales, sino que también se puedan registrar marcas olfativas o marcas auditivas. El ejemplo clásico de las marcas auditivas es por ejemplo en Europa está registrada y en varias partes del mundo, la marca auditiva de la motocicleta Harley-Davidson, el ruido característico de ese motor es parte de la marca que está registrada de esa motocicleta, o en casi todo el mundo está registrada para una marca de celulares en particular el ruidito, el sonido, el timbre particular que hacen.

Aquí en México no se pueden registrar porque la legislación habla de marcas como signos visibles, pero se trata de poner en sentido amplio, para que podamos estar acordes a la Organización Mundial de Propiedad Industrial y a lo que existe en la legislación de nuestros socios comerciales.

El otro se refiere a adecuar las marcas colectivas para incluir las marcas de certificación, ese es un tema de enorme valor para México, por ejemplo, alguien tiene un producto y logra que lo certifiquen como producto orgánico, es un pollo orgánico o es cualquier tipo de producto que sea orgánico y está certificado naturalmente que le da un valor a ese producto que pueda registrarlo como esa certificación y sea protegido por la ley, que la ley proteja las certificaciones de productos orgánicos, de coches etcétera.

Eso existe también en otras legislaciones, en marcas colectivas y son los dos únicos cambios que se proponen a la Ley de la Propiedad Industrial.

Es una minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados, allá fue aprobada hace un par de semanas y sí es urgente aprobarla rápido, porque hay un tema que está atorado en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa, que tiene que ver, precisamente, con que México reconozca este tipo de conceptos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Larior Córdova.

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea, que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores, Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en pro; el Senador Jorge Toledo Luis, que nos hizo llegar el texto de su participación para que se integre al Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.

EL Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Una de las condiciones indispensables para el desarrollo económico es que los inversionistas, emprendedores y demás actores que depositan su confianza en nuestro país, cuenten con la seguridad de que sus recursos se encuentran debidamente protegidos por las leyes mexicanas.

Esos recursos productivos no sólo se refieren a dinero, instalaciones, infraestructura, inmuebles o capital humano, sino también a bienes materiales como marcas, ideas o diseños que en el ámbito comercial e industrial, distinguen a los diferentes bienes y servicios.

De ahí la importancia de que el sistema jurídico mexicano cuente con una legislación especializada en materia de propiedad industrial con la finalidad de proteger estos bienes jurídicos a pesar de tratarse de objetos inmateriales.

El dictamen a la minuta que se somete hoy a nuestra consideración, precisamente tiene por objeto reformar la Ley de la Propiedad Industrial a fin de actualizar su contenido y adecuarla a la dinámica que impera en la industria nacional e internacional.

De manera particular debemos destacar la ampliación del concepto de marca con la finalidad de que el sistema jurídico mexicano no sólo proteja a las marcas que son perceptibles mediante signos visibles, sino también a cualquier otro medio sensorial como sonidos u olores.

Cabe mencionar que este tipo de marcas no tradicionales ya se encuentran protegidos en otros países como Estados Unidos de América, Japón o la Unión Europea. De tal suerte que estas reformas pondrán a México a la vanguardia de la protección de marcas y, en consecuencia, en un alto nivel de certeza jurídica para la industria.

En el mismo sentido la minuta propone reformar la definición de las marcas colectivas con la finalidad de incorporar en ellas las marcas de certificación y consolidar las reglas para su utilización.

No se debe perder de vista que la certificación tiene como finalidad que los bienes y servicios cuenten con un valor agregado que los distinga de los demás y sean preferidos por los consumidores. De ahí la importancia de contemplar a las marcas de certificación en el régimen de las marcas colectivas reguladas en la ley que nos ocupa.

Finalmente, compañeros, el dictamen que votaremos en los próximos minutos prevé una serie de ajustes encaminados a fortalecer el andamiaje jurídico de la propiedad industrial, para ello se establecen nuevos criterios para la procedencia del registro de las marcas, así como plazos para su vigencia y precisiones para sus procedimientos.

En resumen, estas importantes reformas de la Ley de la Propiedad Industrial fomentarán la competitividad y certidumbre de los agentes económicos, lo cual contribuye al empleo del desarrollo nacional, todo ello de conformidad con los más altos estándares internacionales, la competitividad y el libre mercado que caracteriza la economía mexicana.

Por lo cual los legisladores del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.
Se inserta intervención del Senador Jorge Toledo Luis.

El Senador Jorge Toledo Luis: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Les informo que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.

En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.






Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República, en materia de plazos para dictamen de iniciativas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 212, 214 Y 217 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a este dictamen, mismas que someteremos a su consideración. El texto correspondiente está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Si la Asamblea las acepta, la discusión del dictamen será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría les dé lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a las propuestas de modificación:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea.

Está a discusión en lo general. Se concede el uso de la palabra al Senador Santana García.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señor Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros Senadores y compañeras Senadoras:

Quisiera comenzar la presente intervención agradeciendo a todos aquellos Senadores que me hicieron el honor de suscribir esta iniciativa cuando fue presentada, también a mis compañeros Hilaria Domínguez e Isidro Pedraza, que hoy está ausente por los motivos que ya mencionamos; y de igual forma a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, en especial a su presidente y paisano, al Senador Miguel Romo Medina, muchísimas gracias por impulsar que esta iniciativa pudiera estar hoy a disposición de este Pleno y someterla a votación.

Según el Catálogo 2014 del Índice y Encuestas sobre Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, en México los partidos políticos son señalados como los organismos menos eficientes, pues así lo considera el 91 por ciento de los encuestados.

Después la policía con el 90 por ciento; los funcionarios públicos con el 87 por ciento; el Poder Legislativo, el 83 por ciento considera que son de los organismos menos eficientes; y el Poder Judicial el 80 por ciento.

Para abonar un poco más sobre los datos relativos a esta problemática, se destaca acorde a una investigación realizada por el periódico Milenio, de fecha 2 de enero del año en curso, donde dice que actualmente en la Cámara de Senadores son más de un mil 200 asuntos que no hemos dictaminado.

De igual forma el periódico Reforma, del 28 de enero del presente año, señala que existen más de 4 mil 500 iniciativas pendientes de resolución en todo el Congreso de la Unión, de las cuales más de un mil 200 corresponden a esta Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que en este Senado se encuentran iniciativas pendientes de dictaminar que fueron presentadas hace más de nueve años, y que hoy aún siguen en la congeladora legislativa.

Conviene destacar que el rezago mencionado no es propio de la presente Legislatura, y es una cuestión sin duda alguna multifactorial, pero al mismo tiempo demuestra que la labor parlamentaria exige y requiere eficientizar los plazos de dictaminación, con la finalidad de desahogar la agenda que hoy tenemos pendiente, compañeros  Senadores.

El dictamen que hoy se somete a la consideración de ustedes tiene por objeto reformar diversas disposiciones de nuestro Reglamento con la finalidad de otorgar a las comisiones dictaminadoras plazos razonables, plazos reales, pero también plazos más estrictos.

En el entendido de que alguna iniciativa requiera la realización de foros, de investigación, de Parlamento Abierto, no sé, algunos otros mecanismos para escuchar a diversos sectores de la sociedad, se amplío un plazo máximo para dictaminar las iniciativas de 365 días naturales, a partir de que dicha iniciativa haya sido turnada a la comisión correspondiente.

Vencidos los plazos y las prórrogas sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello, se tendrá por precluida la facultad de la comisión para  hacerlo.

A partir de esa declaración mencionada, el Presidente de la Mesa Directiva, dentro de las tres sesiones ordinarias siguientes deberá incluir la iniciativa no dictaminada en el Orden del Día de este Pleno y someterla en los términos en que fue presentada a los Senadores para que se someta a su discusión y votación correspondiente.

Compañeros, ante el panorama expuesto en la primera parte de la intervención de su servidor, los actores políticos debemos abandonar elementos para llevar a México al lugar que verdaderamente merece, hecho que sólo se logrará con base a enormes esfuerzos que conllevan a las profundas transformaciones, y de las cuales el Congreso de la Unión y los poderes no estamos excluidos.

En este sentido y, por ejemplo, en el Senado, el esquema del proceso de turno, discusión, análisis, dictaminación se ha mantenido por décadas, provocando que se agote su vida productiva y, por lo tanto, se tiene que dar en el momento exacto para la creación de un nuevo paradigma y que es, precisamente, en una parte lo que hoy estamos votando.

Compañeros legisladores, sin duda alguna, esta propuesta es un sencillo cambio al Reglamento de este Senado, pero es un gran cambio para el trabajo legislativo y para la vida democrática e institucional de este país.

Por lo tanto, y para que el proceso en esta Cámara pueda seguir avanzando, y ojalá posteriormente pudiera ser retomada por la Cámara de Diputados en su respectivo Reglamento o en los congresos locales, es que solicito y pido a ustedes que sea votada a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Santana García.

Las propuestas de modificación ya fueron leídas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, el dictamen está a discusión en lo general con las modificaciones que se leyeron.

Ha solicitado el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la tribuna.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeros, he votado en contra de que se incluyan estas modificaciones, porque pareciera ser que alguien quiere seguir en el gatopardismo, y no nada más eso, quiere ampliar el plazo de algo que ya está establecido.

En el caso de un servidor, he seguido paso a paso lo que actualmente se señala.

Cuando la comisión de dictamen no funda ni motiva la ampliación del plazo para dictaminar, yo hago un comunicado a la Mesa Directiva.

Y cuando la Mesa Directiva procede en consecuencia, y la comisión no procede en los términos de lo que ya tenemos, genero el siguiente ocurso.

Y cuando ni así la Mesa Directiva, habiendo caído en incumplimiento las comisiones de dictamen, decide en lo que ya está establecido nombrar otras comisiones para que dictaminen, lo que hay es una omisión, lo que hay es una negligencia, y en algunos casos lo que hay es una seria irresponsabilidad.

A mí me lleva menos de un año llevar paso a paso el Reglamento y el proceso legislativo para tenerme que ir al tribunal, y en las demandas que he presentado, el tribunal absurdamente ha aplicado el criterio, absurdo total, de que el Senado es un órgano de grupos parlamentarios, conculcando mi derecho ciudadano y mi derecho como legislador y la igualdad, al que seamos pares.

¡Ah! Entonces ahora con este año, porque no se reúnen, porque no se animan, porque quieren tener ahí nada más clientelarmente los temas que les interesan, lo que pasa es que a los compañeros que no los atienden en sus temas, como es el caso de los que no tenemos militancia partidista, pues que se apliquen, pero esto es una farsa.

Y se van y no convocan, y cuando están aquí en periodo de sesiones quieren sacar lo que no sacaron en más de medio año que se fueron de vacaciones. La ley no nos da vacaciones.

La ley señala que cuando esté la Permanente las comisiones deberán de seguir sesionando.

Las dos iniciativas ciudadanas, y nuevamente mi reconocimiento a los sinaloenses, porque la primera de este país provino de sinaloenses respecto de la revocación de mandato y la segunda vuelta, las tuvimos que atender, porque concurrieron esos ciudadanos al Poder Judicial, y en la primera de ellas establecieron un tornillo jurídico y la tienen entrampada en comisiones.

Dignifiquemos el Senado.

¿Cómo con estas modificaciones más simulación?

Anímense a decirle que no a la segunda vuelta y a la revocación de mandato.

¡Ah! Pero no viniera de organismos de la sociedad, entre comillas, o de sindicatos como Coparmex, ¡ah! Porque esa inmediatamente la atendemos.

La tercera iniciativa ciudadana que se ha presentado también provino de sinaloenses, y hubo que recurrir al Poder Judicial para que nos obligara a dictaminar y a someter a consideración del Pleno.

¿Qué es esta farsa, pues?

¡Ah!, ahora no puedo esperar a seguir combatiendo el proceso legislativo hasta que pase un año.

Ya está establecido que si las comisiones no dictaminan, la Mesa Directiva está obligada a presentarla en sus términos.

Ocupémonos de seguir el proceso legislativo o dejen de ser negligentes y clientelares en las comisiones, y sesionemos todo el año, y no nada más cuando hay periodo ordinario en el que les entre la incontinencia legislativa y salen cosas tan absurdas, leyes tan imperfectas y contradictorias.

¿Cuál es la necesidad?

¡En serio, dignifiquemos nuestro trabajo!

¡Hagámoslo más ágil!

Ahí está el procedimiento ya en el Reglamento.

Ahora lo que va a pasar es que quien quiera ejercer su derecho, sea iniciativa ciudadana o un legislador, pues para empezar va a tener que pasar un año.

Y alguien podrá decir: “es que hay unas que tienen tres años, es que hay otras que tienen cinco”, esa es la razón por la que yo voy en contra de esto, porque he seguido el proceso legislativo en todas y cada una de ellas, y cuando éste no se ha cumplido he recurrido al Poder Judicial, y ahorita tengo un amparo que está por resolverse.

¿Qué queremos hacernos nuestro trabajo más cómodo, al gusto de quién?

Pongámonos a trabajar, esa es mi humilde y respetable convocatoria.

Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Pregunto a la Asamblea si hay algún Senador o Senadora que desee...

Senador Santana. Sonido en el escaño del Senador Santana, por favor.

¿Desea hacer uso de la tribuna, Senador Santana?

El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Sí, si me lo permite, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Con todo gusto.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Santana García.

El Senador José de Jesús Santana García: Con su venia, señor Presidente.

Senador Manuel Cárdenas, agradezco mucho, coincido con usted en muchos aspectos, creo que ciertas comisiones sirven de embudo donde no pasan buenas iniciativas presentadas, tan es así que usted ha tenido que acudir al Poder Judicial para que le resuelvan algunas de estas iniciativas.

De esto se trata, probablemente no haya tenido usted el tiempo de leer el dictamen, pero se lo leo, con mucho gusto, para que le quede más claro y lo hago con muchísimo respeto hacia la representación que usted tiene.

En primer momento son 30 días para que la comisión dictamine, de entrada no son 365 días, porque sí, coincido, sería excesivo, y sería excesivo que todas las iniciativas se llevaran a tal plazo.

Después, el presidente de la comisión puede solicitar una prórroga por 60 días hábiles más, lo cual me parece correcto en casos en que haya que estudiarlo más a fondo y podrá solicitar una prórroga.

Pero hay temas, y compañeros Senadores, legisladores, no me dejarán mentir, en que hay que hacer foros, en que hay que realizar investigaciones, en que hay que escuchar a la ciudadanía, hacer una consulta popular que está legislado, hacer un Parlamento Abierto, y eso, señor Senador, con la experiencia que usted tiene, Senador Cárdenas, pues a veces no es posible en un año llevar a cabo todos estos eventos, sobre todo cuando lo que debemos de hacer es escuchar a la ciudadanía en temas importantes, usted recordará el tema de la marihuana y muchos otros temas en que los foros fueron bastante amplios.

En ese caso excepcional, Senador Cárdenas, el presidente de la comisión podrá solicitar un plazo de hasta 365 días. Si en ese plazo de los 365 días no ha resuelto y son naturales, la Mesa Directiva le podrá retirar y exhibir públicamente la iniciativa correspondiente; se turnará por 60 días más a otra comisión que pueda dictaminar el tema.

Si no sucede así, Senador Cárdenas, en los términos en que fue presentada habremos de votar, por eso coincido tanto en lo que usted expresa, de que no se vale que en algunas comisiones nos detengan iniciativas que, supongo, el cien por ciento de los Senadores venimos aquí a presentar para el bien de este país, o a lo mejor el 99 por ciento, probablemente alguien presente alguna iniciativa para ir a su estado y decir: “es que la presenté a sabiendas de que no va a pasar”.

Le pongo varios ejemplos, señor Senador.

Existen, desde el 2006, iniciativas para la reducción de Senadores y de Diputados federales, no se han dictaminado.

Existen más de 18 iniciativas, señor Senador, para reducir el financiamiento a los partidos políticos, no se han dictaminado.

Existen más de cinco iniciativas para desaparecer el fuero, y no se han dictaminado.

¿Y sabe qué pasa hoy? Nada, nada, Senador Cárdenas. Gente como usted, responsable, porque me consta, tiene que acudir a otro poder para que le puedan resolver.

Hoy lo que intentamos con esta iniciativa es precisamente eso, acabar con esa parálisis para que se resuelva, y en caso de que una comisión no pueda, entonces seamos este Pleno quien tomemos la determinación a favor o en contra de la iniciativa.

¿Sabe qué es lo más importante, señor Senador? Que la ciudadanía va a saber cómo votó, y podemos encontrar casos tan incongruentes, que haya legisladores que voten en contra de su propia iniciativa.

Por eso es que yo creo que es una excelente iniciativa que ayudará, sin duda alguna, al proceso legislativo.

Coincido con usted en muchos de los casos en que haya alguna parálisis en algunas comisiones, y por eso la idea es no tener que recurrir a otro poder, sino que nosotros resolvamos y podamos impulsar el proceso legislativo.

Le agradezco mucho sus comentarios y quedo a sus órdenes, señor legislador.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Santana García.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: ¿Quiere hacerlo desde su escaño?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Desde la tribuna.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tiene el uso de la tribuna el Senador Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

No, sí leí perfectamente la modificación, por eso es que me permití ir en contra.

Tan la leí, que lo que se está queriendo hacer aquí es seguir siendo permisivos de la negligencia, porque yo sí puedo, en el interés que me motiva, a los 30 días mandar un comunicado a la Mesa Directiva.

Ahí hay pruebas más que fehacientes.

Si el que la presentó no quiere hacerlo, entonces fue una iniciativa testimonialista, absurda. Y cuando se vienen los 60 días vuelvo a promover.

La Mesa Directiva ha de decir: “otra vez el Senador Cárdenas”, pero estoy siguiendo lo que nosotros nos hemos dado como procedimiento y no caigo en la negligencia, en la apatía, ni en la complacencia de las irresponsabilidades o de los intereses muy personales de quien preside la comisión, o de los grupos parlamentarios que lo acuerden.

Yo he desempeñado mi trabajo como legislador siempre con las reglas que están. He buscado que los procesos legislativos sean mejores como Diputado federal o como Diputado local, pero esto es un absurdo.

Ahora, porque hay legisladores negligentes que no atienden, o porque hay legisladores irresponsables que no le dan seguimiento a su trabajo, entonces no empiezan a correr los plazos.

¿Cómo vamos a ser consecuentes con un legislador omiso, de que no tiene un tablero de control siquiera? Regalémosle una agenda para que vaya poniendo ahí: “el día de hoy presenté una y se vaya a 30 días, y dos días antes se ponga, como un semáforo: “pasado mañana vencen los 30 días”.

Y respecto del plazo, a ver, hay desde hace tres años, siete años, quince años.
¿Cuál es el problema de que las dictaminen en contra?

Esto lo que está pretendiendo hacer es suplir la negligencia, la omisión o la irresponsabilidad, porque si sigues el procedimiento, llega el momento en que le tienes que mandar opcionalmente, inclusive pedirle a la Presidencia de la Mesa Directiva que la someta a la consideración del Pleno en sus términos.

Y se lo he pedido y no lo han hecho y por eso he recurrido.

Ahora bien, la ley es muy clara, usted dice: “Es que hay que a veces hacer consultas”.

El proceso legislativo te dice, y así lo mencioné: “Que si la comisión requiere de un plazo mayor al establecido, debe de comunicarlo, fundarlo y motivarlo”.

Pues que lo hagan. ¿Entonces para qué quieren lo otro?

Y si la comisión pide tres años, esa modificación del plazo para dictaminarla, como es un plazo que no está más que a consideración y es subjetiva, tendrá que someterlo a la consideración de la Asamblea la Mesa Directiva, señalando que la comisión “x”, por el tema “y” solicite un plazo “z” para poder hacer consulta popular, foros, etcétera.

Y si piden más de cuatro meses, digo, ni las elecciones presidenciales, eh; pues tendrá que decir: “Señores, la comisión “x” en razón de esta iniciativa, está solicitando con estos argumentos una ampliación de plazo”. Ya nosotros diremos si sí o si no.

¿Sino cuál sería el sentido de que esa comisión tuviera que decirle a la Mesa Directiva que necesita ampliación de plazo?

Pues porque la Mesa Directiva tiene que decirle a la Asamblea: “Si el plazo que está solicitando la comisión, primero, si ha lugar a ampliar el plazo” Y luego: Si el plazo pedido es razonable para los que integramos la Asamblea.

Eso ya está.

Que no le quieran dar seguimiento y no quieran ser puntuales en el proceso legislativo.

¡Ah!, pero no les pidan los requisitos para ser Diputado o Senador, porque ese calendario lo tienen puntualito ¡eh!

Y algunos trasnochados a veces no leen que las actas de nacimiento a veces no te las hacen válidas si tienen más de seis meses u otros dicen: “Pues no voy a correr ese riesgo porque la voy a sacar 20 días antes”. Y más ahora que la pueden sacar por internet desde donde estén.

De veras, conozco muy bien el procedimiento, no hago ninguna gracia conociéndolo, es parte de mi responsabilidad.

Esto lo único que está haciendo es ser permisivo de que persista la negligencia.

Porque cuando alguna iniciativa ciudadana quiera iniciar un JDC antes, habiendo estado agotados todos los procedimientos que hoy están, le van a decir: “Espérate un año, tienes que agotar todo. Llena esta presuncional”. Pues fíjate que no.

Claro que leí bien.

Me da mucho gusto que usted comparta mis argumentos. Pero incluido el del plazo no ha lugar porque ya está establecido.

¡Ah, que a los presidentes de la comisión les vale sobrilla! Eso es otro boleto, eh.

¡Ah, que los secretarios técnicos no son ni siquiera para advertirle eso, a quienes integran la comisión! Eso es otro asunto.

Saludo la parte voluntarista e intencional. Reconozco que es un problema, pero esta no es la solución, la solución ya la tenemos.

El procedimiento está claro, lo que no tenemos y no se va a arreglar porque: ¿Y si no lo hacemos, qué?

En otros países, ahorita Héctor Larios muy atinadamente hablaba de normatividades espejo con nuestros principales socios comerciales.

En otros países la omisión legislativa es causa de sanción.

Aquí el Poder Judicial absurdamente señala: “Ah, no, no nos metemos porque es una reforma del propio Poder Legislativo, aun cuando en el incumplimiento de la misma de ahí se agarren los irresponsables, los gandallas, los abusivos, los clientelares para darle atención al tema que ellos estiman que les deja una renta”.

Es cuanto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Nos ha solicitado el uso de la voz el Senador Víctor Hermosillo, para hablar del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna, Senador Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias, señor Presidente.

Trataré de ser breve y poner ciertos puntos aquí para la discusión.

En primer lugar, la primera iniciativa ciudadana fue la que hicieron los padres de familia para que les definiéramos en qué consiste una familia y qué derechos tiene para educar a sus hijos.

Esa fue la primera iniciativa ciudadana que vino aquí al Senado, juntaron más de 250 mil firmas.

Nosotros habíamos dicho: “Bueno, que los ciudadanos propongan”. Y los ciudadanos propusieron y está todavía congelada.

Esa iniciativa pasó a tres comisiones, a la de Derechos Humanos, a la de la Familia y Desarrollo Humano y a la de Estudios Legislativos.

No ha pasado nada.

Los ciudadanos que presentaron esta propuesta, ellos no están aquí en el Senado, ellos esperaban, precisamente, que los Senadores les hiciéramos caso a sus peticiones.

La realidad es que las comisiones no han hecho lo suficiente para que haya un   dictamen.
De hecho, yo platicaba bastante con el presidente y luego una presidenta también y luego un presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, he platicado también con la Senadora de Derechos Humanos, y no hemos podido hacer nada.

Y eso, creo yo, que es una situación que hiere a la ciudadanía, porque debemos de contestarles si o no.

El Senador Cárdenas, puso la situación ésta de los ciudadanos de Sinaloa sobre el horario y aquí se dictaminó. Él platicó conmigo y yo estoy de acuerdo, más de 200 mil firmas parece que consiguieron o algo así y entonces no hubo respuesta…

El Presidente Senador David Monreal Ávila: ¿Nos permite tantito, Senador Víctor Hermosillo.

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Le solicito a la Presidencia si le consulta al orador si le pudiera hacer una pregunta, por favor.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Sí, nadamás dejéme terminar y con todo gusto.

En el caso de la que presentamos ya hubo una respuesta.

Eso es una situación que a lo mejor los ciudadanos que propusieron esta iniciativa ciudadana pues no van a estar contentos con nosotros, digo, pero ese es un riesgo que tenemos precisamente del dictaminar, analizar y terminar.

Lo que no se vale es dejarlas en algún lugar escondido y que duren años.

Por eso yo estoy de acuerdo en que es complementario, como le dijo a usted aquí al Senador Santana, que usted tiene mucha experiencia, no todos tenemos la experiencia de usted y conocer todos los reglamentos y a lo mejor también nuestros mismos asesores no son tan capaces.

Aquí de lo que se trata es ver qué se puede hacer para que funcione, porque a lo mejor hay que hacer otro tipo de correcciones o enmiendas y propuestas, porque usted dice que sigue todo el procedimiento, y luego el Poder Judicial lo atora ahí, entonces, con todo y que se saben las reglas, pues no estamos llegando a lo que queremos, a dictaminar, de nada sirve tener muchas reglas si no dictaminamos, y si luego la pasamos, por ejemplo, al Poder Judicial, y nos dice: no es asunto nuestro.

Creo que es una situación ahí de ponernos de acuerdo, de hacer lo mejor posible para proponer algo que nos ponga ante los ciudadanos en una mejor condición, y no que vean que sus solicitudes no son atendidas; si seguimos así, entonces no va a haber propuestas ciudadanas; y lo que queremos aquí es que existan más propuestas ciudadanas, eso es lo que yo pienso, y con todo gusto lo que me quiera preguntar.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño del Senador Cárdenas Fonseca.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Le agradezco mucho, Senador Hermosillo, que me permita comentarle lo siguiente, y hacerle una pregunta.

Las iniciativas ciudadanas que hemos presentado los sinaloenses han sido atendidas porque se han seguido los plazos, y se ha seguido la forma legal.

Si la otra iniciativa ciudadana no ha seguido la forma legal, y ha sido en pláticas, eso no los va a llevar a ningún lado, porque no van a tener manera de comprobar que estuvieron agotando el proceso, y las dos iniciativas ciudadanas se han atendido porque el Poder Judicial ha obligado a este Senado.

En el caso mío, en la otra, en el amparo que tengo, está por resolverse.

O sea, si nosotros protestamos conducirnos bajo el imperio de la ley, el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de la misma, y yo no acusaría a los compañeros en términos del desconocimiento, pero, ¡hombre!, cuántos abogados tienen en un grupo parlamentario.

Entonces, yo le sugeriría, y la pregunta sería, si no para que lo hagan, quienes firmaron y tienen la representación de esa iniciativa ciudadana, ¿han mandado los escritos en términos del procedimiento de 30, 60 etcétera días, para poder comprobar ante la autoridad jurisdiccional la omisión?, si no lo han hecho, le recomiendo que lo hagan.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, la recomendación es tardía, porque ya nos vamos. Por eso déjeme explicarle.

Los ciudadanos no tienen los conocimientos que tienen los Senadores, y en el caso de esta iniciativa ciudadana pasó a tres comisiones que yo creo que debe haber ahí Senadores responsables que le den cabida y que empujen esta iniciativa; yo no estoy en ninguna de esas tres comisiones.

Pienso que precisamente hay miembros de las tres comisiones que deberían de tener esa responsabilidad, porque a ellos les pasaron esta iniciativa ciudadana.

Vuelvo a decirle, no es aquí alegar una situación de a ver a dónde, quién se luce más o quién menos, aquí yo creo que usted tiene muchos puntos de vista muy directos sobre conocimientos legislativos, y aquí el Senador Santana también se lo dijo, pues pongámonos de acuerdo, hagamos una difusión de esto, y hagamos que las cosas sucedan, porque entre cosas legales y voluntad, aquí hay infinidad de propuestas que se quedan en el tintero, que se quedan precisamente en las comisiones por años y años.

Y lo que se trata aquí es de que salgan en un periodo propio y oportuno, y que sirva a que sinceramente estas propuestas ya no estén anacrónicas.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Víctor Hermosillo.

Pregunto a la Asamblea si hay algún Senador o Senadora que deseé hacer uso de la voz para la discusión en lo general.

Al no haber más oradores, les informo que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reserva de artículos para su discusión en lo particular.

En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión el dictamen.

Se recibió el texto de la participación del Senador Jorge Aréchiga Ávila sobre este dictamen, mismo que se integra al Diario de los Debates.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Pregunto a la Asamblea si hay algún Senador o Senadora que desea hacer uso de la voz.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Sí, como nadie ha pasado a presentar el dictamen, pregunto si es este el dictamen que quedó trunco en otra de nuestras sesiones sobre los delfines en cautiverio, y todo eso, pregunto si es el mismo dictamen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: No, es otro dictamen.

Al no haber más oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada.






Pasamos a la discusión de un dictamen, si el Pleno así lo autoriza, de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, al cual dimos primera lectura hace unos momentos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Se concede la palabra al Senador López Brito, para presentar el dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros:

Comparezco ante ustedes en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud, para presentar dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, dos iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos y, desde luego, de trasplantes.

Es importante compartir con ustedes algunas consideraciones como el hecho que ante el gran pendiente, las listas tan grandes de personas con diversos padecimientos que están en espera de la donación de un órgano y trasplante en todos los países del mundo y que precisamente lo que fue el año 2017 significó a nivel mundial el número de alrededor de 120 mil trasplantes.

Y aún así siguen las listas de espera, es que la Organización Mundial de la Salud, ante esta problemática y para facilitar el tema de donación y trasplantes, elaboró, y está dentro de sus propuestas, una serie de principios rectores sobre trasplantes de células, tejidos y órganos humanos.

Donde se señala que ésta, lo que les comentaba de la gran escasez de órganos disponibles y que ha llevado a varios países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a mejorar la cultura de la donación, con el fin de aumentar desde luego la oferta de órganos disponibles y que, también, a través de esta serie de principios rectores, tratar de desinhibir y actuar en contra de lo que es también  un grave problema a nivel mundial, que es el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos sin parentesco, incluso con los receptores que está presente en todos los países del mundo y los países de Latinoamérica, ni México son la excepción.

No me voy a referir, pues, por obvio de tiempo, a toda esta serie de principios rectores que van en este sentido, de promover la cultura de la donación y de facilitar también la posibilidad de que haya órganos dentro, pues, de la normatividad, dentro de la ley y bajo situaciones lícitas se dé lo que son la donación y los trasplantes de órganos.

Es importante conocer alguna información de lo que está sucediendo en nuestro país, la tasa nacional de donación, el año pasado, me refiero al 2017, fue del 32.2 por millón de habitantes, y la de donador fallecido de 15.5 por millón de habitantes y la de donador, un promedio de 4.1 por millón de habitantes.

Con este último indicador se destacan los esfuerzos que han realizado los responsables de esta materia de este tema y sus equipos de trabajo con los programas que se están llevando tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, algunos organismos y clínicas privadas, donde destacan la actividad y los programas que se llevan a cabo en la Ciudad de México, en los estados de Guanajuato, Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro, que ocupan los primeros lugares en materia de donación y trasplantes.

En el año 2016 se realizaron un total de 6 mil 685 trasplantes, 3 mil 193 de órganos que corresponden a la tasa de 26.1 por millón de habitantes y se tuvo un crecimiento de 3.5 por ciento con respecto a la tasa de 2015.

Por la misma situación y problemas que se están presentando en este tema, es que desde nuestras comisiones coincidimos con la proponente que se debe de sensibilizar a nuestra población de la situación que se vive, pues, en esta materia.

Para evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte y de manera muy particular donde debemos de legislar para fomentar la donación de órganos en estricto apego a la autonomía del individuo, despenalizando cualquier situación que involucra al donador, y para ello se propone legislar sobre la figura del consentimiento bajo términos en donde no se requiera el consentimiento expreso sino que baste con un consentimiento presunto, es decir, un consentimiento que debe presumirse cuando alguien actúa en beneficio ajeno, hasta que el titular del interés no expresa su voluntad en contrario.

Este modelo de consentimiento presunto ha funcionado de manera muy exitosa en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia, Lituania y España, es una figura en la que basta con que no se haya expresado una negativa para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario, todos somos parte de un universo de donantes potenciales.

Es por lo anterior que estamos legislando en esta materia y poder avanzar en la cultura de la donación y el trasplante, y desde luego abatir el rezago que tenemos en esta materia a nivel mundial y desde luego en México.

Al referirme a este rezago, desde luego ya tenemos algunas cifras, el Centro Nacional de Trasplantes tiene una información referente a un listado de personas que están en espera de un órgano con fines de trasplante.

En el año 2017 suman en la lista de este centro más de 21 mil pacientes que están en esta espera, siendo la más importante de ellas la de un órgano que por las mismas características de todas las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en nuestro país y que inciden en la enfermedad renal, es el principal órgano que está siendo solicitado.

De riñón. El año 2017 se integra una lista de 13 mil 634 personas, pero esta cifra debe estar mucho muy por arriba de pacientes aún no inscritos, con esta propuesta, con esta modificación a la Ley General de Salud estamos incidiendo en tres objetivos:

Primero, desde luego mejorar lo que es la cultura de la donación y mejorar, desde luego, las facilidades para que se puedan obtener órganos de manera lícita con fines de trasplante.

Segundo lugar, abatir esta gran lista que tenemos de pacientes, que de no tenerlos en el tiempo corto están destinados, como en el caso de riñón, de hígado o de corazón, hacia lamentablemente la muerte de estos pacientes.

Tercer lugar, el otro objetivo, como ya lo había comentado, es inhibir, es luchar en contra de una situación que ya les decía, el comercio ilegal de órganos.

Se calcula que en 2016 hubo más de 120 mil trasplantes a nivel mundial, pero de éstos se estima una cifra entre un 5 y 10 por ciento que estuvieron dentro del comercio ilegal, es decir, de tráfico de órganos.

Los países que están liderando este lamentable delito, el tráfico ilegal de órganos son: China, la India, Filipinas, Chipre, Egipto, Rumania y en Latinoamérica se han demostrado una serie de casos como en Perú, en Panamá, en Ecuador, Colombia, y México no es la excepción, donde lo más lamentable es que se van a convencer a personas en pobreza extrema donde a cambio de algunos miles de pesos los convencen para donar órganos.

Entonces, presentamos ante ustedes este proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, donde el concepto nuevo es precisamente esta nueva figura que ya en muchos países, incluso de Latinoamérica tienen, que es la del donador presunto.

Por obvio de tiempo y pidiéndoles su apoyo a esta reforma, es que les doy las gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que las comisiones…

Sonido en el escaño del Senador Patricio Martínez.

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor Presidente, para preguntar al Senador López Brito si me permite una pregunta respecto de su intervención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senador Patricio Martínez.

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Señor doctor, me parece loable su intervención pidiendo concretamente la facilitación que debemos auspiciar para que se hagan los trasplantes en este país, y da un índice terrible de enfermedades crónico-degenerativas, específicamente renales.

Se busca auspiciar el trasplante de riñón, pero quiero hacerle una pregunta.

Presenté hace meses una iniciativa en donde se señala que los males renales van en un aumento estrepitoso por el uso y abuso de AINEs, antinflamatorios, aspirinas, concretamente, y similares; sin embargo, de esa iniciativa no se ha tenido ninguna respuesta de ninguna especie y se ignora, como se ha señalado por el Senador Cárdenas y por muchos; muchas de las iniciativas que duermen el sueño de los justos, ¿por qué hoy se nos presenta la importancia de hacer trasplantes renales y no se quiso tomar en cuenta el prever los daños a los riñones por consumo indebido y excesivo de medicinas, y que lo tienen en la Comisión de Salud?

Es mi pregunta.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador López Brito, favor de responder desde la tribuna, si es tan amable, gracias.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con gusto, Senador.

El tema que estamos atendiendo no es exclusivo de la enfermedad renal, tenemos un listado de córneas con casi 8 mil; hígados alrededor de 400; corazón, páncreas, extremidades, tejido cardiovascular y otros, entonces, no hay una exclusividad en la enfermedad renal.

Yo la cité porque precisamente es la más elevada; sin embargo, comparto con usted la información que dentro de la enfermedad renal la causa más importante de insuficiencia renal es una epidemia que tenemos lamentablemente a nivel mundial y aquí en México que es la diabetes, más del 90 por ciento de los problemas de insuficiencia renal tienen como causa lamentable la diabetes.

Comparto la preocupación que usted tiene de que hay otras causas como el hecho de la toxicidad que puede haber no únicamente por medicamentos, sino por otros contaminantes que podemos tener en nuestro medio ambiente.

Y desde luego este comentario que usted me hace me obliga, desde luego, a revisar dentro de los pendientes que hay, y tenga la plena seguridad que en la próxima reunión de la comisión atenderemos esta solicitud suya, con muchísimo gusto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador López Brito.

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación a este dictamen, mismas que someteremos a su consideración, el texto correspondiente está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Si la Asamblea las acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

Solicito a la Secretaría les dé lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren al texto del dictamen.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea.

Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores:

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a favor.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

El Senador Zoé Robledo, supongo que a favor también.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Con que objeto, Senador Mayans?

¿Quiere usted hablar también?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿A favor?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El Senador Mayans, también a favor.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Cuéllar Cisneros.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Doy inicio con un amplio reconocimiento a los Senadores y Senadoras que se sumaron desde un principio a esta iniciativa, así como a quienes integran las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos, para poder sacar adelante este importante dictamen, particularmente agradezco al Senador López Brito y al Senador Miguel Romo por todo su respaldo.

Hoy estamos cada vez más cerca de cambiar el paradigma de la donación de órganos en México, de cambiar la situación de miles de familias mexicanas que actualmente sólo pueden acceder a tratamientos temporales, mientras avanza lentamente una lista de espera de trasplantes.

Muchas vidas se han perdido ya, y sobre todo, muchas vidas están perdiendo su calidad de vida; otras más se han quedado en el camino en el que esperan un acto de altruismo para poder seguir adelante.

No podemos ser ajenos a este dolor, y no debemos voltear la vista a esta esperanza de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que lo único que quieren es una oportunidad de seguir viviendo.

Es nuestra responsabilidad el proponer un cambio que realmente impacte en la salud y en la esperanza de vida.

Actualmente la Ley General de Salud establece, para la donación de órganos, dos opciones:

La primera consiste en manifestar el consentimiento por escrito que suele ser ante un Notario, que además del costo, esto impide que muchas personas no hagan en vida su expresión de ser donadores.

La segunda, es consentimiento tácito, que es cuando una persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Bajo estas dos figuras en la práctica, además de los costos que implica un consentimiento escrito, en ambos casos se necesita el consentimiento de los familiares, principalmente por temer a represalias legales hacia el cuerpo médico.

Hoy en día una persona que quiere donar o que expresó en vida donar sus órganos, no es respetada su voluntad como tal a la hora de su muerte, cuando un familiar llega y expresa lo contrario. Esto tiene como consecuencia una cantidad muy reducida de trasplantes, ya que los familiares, en muy pocas ocasiones, acceden a que se tomen órganos y no existe información necesaria para la concientización de los alcances de la donación de ellos.

En nuestro país llevamos a cabo trasplantes desde principio de los años 60’s, adaptamos nuestro marco jurídico en los años 70’s, y posteriormente fortalecimos la figura de la donación a principios del año 2000. Es decir, llevamos cerca de 18 años promoviendo la donación altruista y voluntaria.

Sin embargo, no se tienen los alcances necesarios de acuerdo con las necesidades de nuestro país.

La lista de espera para personas que requieren de un trasplante es de alrededor de 21 mil 739 personas, sin considerar que día a día está en aumento y, sobre todo, muchos más aún que hoy no han ido a esa lista por la misma situación de saber que existe un número considerable y no llegar, desgraciadamente, a él.

Bajo estas condiciones actualmente, difícilmente podrá ser depurada en el corto plazo  por el crecimiento que ha llegado a tener en algunos estados y hacia determinados órganos.

Una persona que dona sus órganos cuando ya no los necesita, puede salvar más de siete vidas, y se calcula que un solo cuerpo donante puede llegar a salvar o a impactar o mejorar la calidad de vida de hasta 50 personas.

Los órganos y tejidos que pueden ser donados son: el corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones, córneas, piel, huesos, médula ósea, válvulas cardiacas, arterias, venas, tendones, cartílagos, etcétera.

En consecuencia, es necesario que impulsemos los cambios necesarios a nuestra legislación a efecto de fortalecer la donación, tomando en cuenta también que los avances en la investigación médica de los últimos años han permitido ofrecer a las personas mejorar sus condiciones por medio de un trasplante de órganos completamente a base de fármacos de última generación, que mejoran la respuesta inmunológica reduciendo la posibilidad de rechazo o daño del órgano trasplantado.

Por tal motivo, hoy un trasplante es una alternativa segura y viable, pero sobre todo es una esperanza para muchas personas de nuestro país.

Con la propuesta que hoy se pone a su consideración podemos, incluso, llegar a solventar el llamado que han hecho organizaciones especializadas en materia de trasplantes en el sentido de que en nuestro país, la cantidad de donadores de órganos es diez veces menor a la de países como España.

Un trasplante es una mejor opción para una persona con insuficiencia renal, cuyo tratamiento anualmente asciende, en el mejor de los casos, a 400 mil pesos al año, mientras que un trasplante que le permite tener una mejor calidad de vida a  mayor número de pacientes, reducirá considerablemente el costo para los familiares y al Estado.

En suma, con el dictamen que hoy se pone a su consideración, sustituiremos la figura del consentimiento tácito para hacerlo presunto, es decir, pasamos a establecer una regla de orden público, justificada, porque estamos actuando en beneficio ajeno y en defensa del derecho a la salud, siempre con la consideración de que quien no desee donar sus órganos, puede manifestarlo para que su voluntad prevalezca a través de un escrito simple de carácter personal, o hacerlo constar en alguno de los registros públicos, que para este propósito implemente la Secretaría de Salud.

Con esto complementamos también la figura de donante expreso, donde una persona manifiesta su deseo de ser donante sin la necesidad del consentimiento de la familia, pues como hemos mencionado, a pesar de que alguien haya manifestado por escrito su aprobación, los familiares llegan a decidir cómo disponer de los órganos y tejidos de la persona sin tomar en cuenta el deseo de quien en vida así lo haya decidido.

Concluyo con esta reflexión: “Desde que dieron inicio mis funciones como Senadora, he dado una batalla incesante en el tema de la insuficiencia renal que padece la población de mi estado”.

Hoy debo reconocer a este Pleno, a todas y todos ustedes, que nunca antes me había sentido tan respaldada por todas y todos ustedes que suscribieron y apoyaron esta iniciativa desde un principio.

Quiero agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios por su sensibilidad y apertura para impulsar el tema en su bancada.

Al ex Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, y al Presidente actual, Ernesto Cordero, así como a todos los 85 Senadores firmantes.

Mil gracias a todos mis compañeros porque a partir de hoy estaremos dando vida a miles y miles de mexicanos.

Este es un logro que coloca a nuestro país a la vanguardia en materia de donación de órganos, pero sobre todo, es una esperanza de vida para miles y miles de mexicanas y mexicanos.

La esencia de la donación de órganos es darle a alguien una esperanza y aliento de  vida.

Los invito a votar a favor del presente dictamen y a cambiar sustancialmente la salud en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias a todos los compañeros que me hicieron favor de firmar esta iniciativa.

¡Mil gracias a todos!

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

Quisiera suplicarle a nuestros compañeros, en virtud de que faltan bastantes dictámenes para ser votados, que por favor se pudieran ajustar a los cinco minutos que establece nuestro Reglamento, para hablar a favor de un dictamen. Gracias.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Sumarme al reconocimiento de la Comisión de Salud, de todos sus integrantes, y de la Comisión de Estudios Legislativos.

A lo largo de esta Legislatura hemos participado como integrantes de esta comisión, pero, sobre todo, el atinado trabajo permanente y comprensión del Senador López Brito.

La protección de la salud de las y los mexicanos es una responsabilidad del Estado que debe de promover políticas que tiendan a asegurar esta dimensión del bienestar de todos.

A su vez, la protección de la salud también implica un esfuerzo continuo de todas las personas que puede traducirse en una mejora del bienestar individual o en un acto de solidaridad social, cuyos beneficios se reflejan en la fortaleza de los demás.

Estas dos concepciones confluyen, cuando se concibe al Estado, como un ente promotor de políticas que favorecen la realización de actos de solidaridad entre los ciudadanos, así como el establecimiento de reglas de reciprocidad con el objeto de aumentar el bienestar general, y también a no permitir que personas encubiertas con piel de benefactoras hagan negocio con la necesidad y con la salud de las personas.

En este sentido, en la Ley General de Salud, se han establecido políticas relativas a los procedimientos que implica la donación voluntaria de órganos y tejidos, cuyo objetivo es promover y facilitar a las personas a realizar este acto, por eso nos pronunciamos favorablemente respecto al dictamen en discusión, pues es un paso adelante en la sensibilización y promoción de la donación de órganos entre la población mexicana.

Las reformas planteadas en la iniciativa a la Ley General de Salud facilitarán el proceso de obtención de órganos y tejidos a los pacientes que así lo requieren, algo que la Organización Mundial de la Salud señala como indispensable para la protección de su salud y que impacta de manera directa y positiva en su calidad de vida.

El contexto en el que sucedería este cambio normativo es en el de un país donde 17 mil personas esperan actualmente un trasplante.

De tal modo, es necesario impulsar esta modalidad, esta cultura de donación, siendo éste el objetivo del dictamen a votación.

Los invito a apoyarlo y a abonar a reducir los tiempos de espera de las personas que integran las listas de espera por órganos y tejidos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Le agradezco mucho el que haya respetado el tiempo asignado.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, a quien le volvemos a suplicar que se ajuste a los cinco minutos.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Seré muy breve, sólo para señalar un par de puntos que nos motivan a apoyar este dictamen.

El primero tiene que ver con que esta posibilidad de tener a donadores potenciales, salvo que se exprese lo contrario, sin duda va a brindar a futuro no solamente cubrir el déficit de órganos y de tejidos que tiene el país, sino que además genera realmente una suerte de cultura de solidaridad, una suerte de cultura cívica que puede trascendernos a la vida, y eso me parece que es verdaderamente virtuoso.

En particular, hay un tema que a mí me ha resultado muy interesante, que es el que tiene que ver con las córneas, un órgano, ojalá no esté, los doctores me corregirán, que antes era de muy difícil extracción y eso complicaba mucho el trasplante, pero hoy ya no lo es.

Me comentaba el doctor Enrique Graue Hernández, que es el jefe del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva, del Conde de Valenciana, que hoy la extracción de una córnea es un proceso incluso más sencillo que la extracción de una uña, con la diferencia que una córnea le puede permitir a una persona volver a ver.

Y en ese sentido, a partir de las conversaciones que con el doctor Alejandro Nava, jefe de enseñanza del Instituto de Oftalmología de la Universidad Nacional Autónoma de México; con el doctor Graue Hernández; con la doctora Lucero Pedro Aguilar, es que vimos la gran virtud de que logremos tener en México la lista completa de quienes están esperando un trasplante de córnea en lo particular.

Porque, además, hay datos que preocupan del propio Centro Nacional de Trasplantes.

Uno, tiene que ver con que hay cerca de 7 mil 228 receptores en espera; pero también hay otro asunto, que hay un mercado, a final de cuentas, internacional, legal, de córneas, de países que tienen bancos de córneas porque tienen un procedimiento transparente y muy bien regulado, particularmente en Florida, muchas de las córneas que han recibido mexicanos viene justamente de Miami.

Eso nos alegra, me da gusto y ojalá esta iniciativa que tiene 85 firmantes tenga 85 votos, no podría pasar que una iniciativa tenga 85 promoventes y promoventas y no tengamos 85 votos.

Y, finalmente, decir dos temas de manera muy breve.

Mi reconocimiento al liderazgo que nuestro grupo, a este tema, ha llevado Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha insistido y nos ha obligado a convertirnos en expertos en trasplante porque es un tema que le preocupa, y sé que le preocupa de una manera muy honesta.

Y la última, y disculparán ustedes que siempre meta mis asuntos chiapanecos, pero ese señor, que ustedes todos saben, fue Senador, también fue doctor, y justamente era oftalmólogo, el doctor Belisario Domínguez.

Y en honor a él, pues, también vale la pena recibir y atender las solicitudes de miles de oftalmólogos mexicanos que ven en esta posibilidad la grandiosa salida para un hecho extraordinario, que mexicanos que han perdido la vista o la están a punto de perder, puedan volver a ver.

¡Enhorabuena!, y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, a quien le suplicamos triplemente que se ciña al tiempo.

Que por favor se ajuste al tiempo, señor Senador, y siempre es un gusto tenerlo entre nosotros.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muchas gracias, señor Presidente.

Al pueblo de México, a mis compañeros legisladores, Senadoras, Senadores.

Y gracias, señor Presidente, por su gentil comentario y atención.

Y lo que quiero hacer, conciencia, a este Pleno del Senado de la República, primero, es que, pues obviamente que estaríamos a favor de que se estén haciendo más trasplantes en el país dada la necesidad que conlleva.

Pero yo lo que quiero hoy, a ustedes compañeras, compañeros Senadores, es hacer conciencia de que el sistema de salud mexicano, el cual el gobierno federal invierte nada más el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto, que si le sumamos el otro 3.3 de la iniciativa privada, que no es dinero público, por eso en los papeles, en los informes estamos dando a conocer que México gasta el 6.6, pero eso es falso porque nada más, por vergüenza nacional, estamos invirtiendo el 3.3, que es el más bajo de la OCDE y de toda América, de toda América.

Por lo tanto, hoy tenemos al sistema de salud mexicano totalmente desmantelado.

Alguien que aquí me diga, si conoce los pueblos, estados, si ha recorrido el país, van a ver la situación de miseria y de pobreza en que están los hospitales, se están cayendo en pedazos, no hay medicinas, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay vacunas.

Señores, está muy bien que se preocupen por más trasplantes.

¿Saben cuánto puede costar un trasplante de riñón, de hígado?

Mucho dinero, y está bien que nos preocupemos por eso, pero la situación de salud del país es otra, requiere que aquí legislemos y estemos atentos que se cumpla la Ley General de Salud, que exijamos que haya medicina, lo más básico en los centros de salud, que existan vacunas, que disminuyan las muertes maternas, que es otra vergüenza nacional; que no hagan negocio el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, que ni es popular, ni es seguro.

Señores, por favor, el voto en ésta, de entrada, minuta, que primero no estaba inserta en el Orden del Día. Ayer a las cinco de la tarde la aprobó la Comisión de Salud al vapor, sin entenderle bien.

Y luego Estudios Legislativos y Derechos Humanos sacaron nada más la firma, no la discutieron, no la analizaron. O sea, de entrada el proceso está viciado.

Yo le pregunto aquí al Presidente de la Comisión de Salud.

¿En dónde quedaron los Comités de Bioética dentro de esta minuta, que la aprobaron allá, principalmente por el Partido Acción Nacional?

El punto es, la columna vertebral del tema salud, es garantizar que los hospitales en México estén atendiendo a todos, pero principalmente a la gente que menos tiene y, por supuesto, garantizar medicamentos, médicos, enfermeras en los hospitales, oxígeno.

Hay hospitales que ya no tienen oxígeno, esa es la realidad de México y eso no se cuenta.

Por eso he insistido cinco años y medio o casi seis, de que se invierta la pirámide de salud en inversión.

Los trasplantes no se hacen en Oaxaca, allá en Juchitán, ni se hacen en Guerrero, ni se hacen en muchos lugares de este país, porque es de tercer nivel de atención y también es el negocio.

Un paciente que requiere trasplante de riñón, que son muchos, cientos de miles ya, es porque no se les atendió oportunamente en la prevención de la diabetes mellitus o la hipertensión arterial sistémica.

Esos pacientes van a su centro de salud rural disperso, no les dan nada, se complican, tienen el pie diabético, tienen retinopatía diabética, se van complicando, caen en insuficiencia renal, hay que hacerles diálisis peritoneal, hay que hacerles diálisis, hemodiálisis y resulta de que ahí es donde está el negocio en salud.

Las compras consolidadas, compañeros, que aquí se aprobaron, que se las encargamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el año pasado dejaron muchos rubros sin adquirir, dañando la salud del pueblo de México.

La salud es un derecho constitucional que tenemos que garantizarlo y aquí me da la impresión que se quieren venir a levantar el cuello de que vamos a aprobar, que todo mundo va a donar, que los trasplantes… sí, muy bien, nadie puede estar en contra de eso.

Pero aquí no se preocupan por la salud de los obreros, de los campesinos, de la gente pobre, humilde, que son el 60 por ciento de la población de este país.

Les invito, como legisladores, que visiten sus hospitales y los centros de salud para que vean el grado de desmantelamiento que tenemos el día de hoy.

Yo les invito a que retomemos el tema de salud, para que cuando salgamos de aquí, que ya no nos queda nada, porque miren, llevamos mes y medio, febrero y marzo y los temas urgentes nacionales, importantes, no los quieren enfrentar, no los queremos discutir ni analizar y andamos aprobando nada más que los embajadores y puras cositas menores, cuando deberíamos de estar atentos y pendientes de los problemas nacionales que son graves y muy serios.

Pueblo de México, aquí estamos, como siempre, defendiendo sus intereses, porque no hay otros nada más que el del pueblo.

Y ojalá, señores legisladores, que nos ayuden a que la Secretaría de Salud, el Seguro Popular o el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lugar de estar utilizando los recursos para campañas políticas, estén invirtiendo en la salud del pueblo de México.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.

Senador Patricio Martínez.
El Senador Patricio Martínez García: (Dese su escaño) Para el señor doctor y  Senador.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Le quiere formular una pregunta, Senador?

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Sí.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Acepta la pregunta, Senador Mayans?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con mucho gusto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante Senador Patricio Martínez García.

El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Veo su preocupación porque no hay medicamentos en los hospitales públicos y tiene razón.

Pero dígame: ¿Qué presupuesto nacional va a alcanzar para pagar los precios que los medicamentos tienen en este país, basados en márgenes gigantescos que tienen los laboratorios y específicamente las trasnacionales?

Con todo y lo que se presuma de el abatimiento de los costos por las compras consolidadas, revise usted, que tiene tantos conocimientos, capacidad y experiencia y reconocimiento de mi parte, para que vea la proporción que hay entre el costo de las sales del medicamento y el precio al que compra el gobierno, aún en compras consolidadas.

Es imposible que un presupuesto nacional alcance, mientras aquí no le pongamos alto a unos precios que se dejaron liberados y que están en un libertinaje sin ningún control.

Es imposible, lo que usted presenta es un sueño no realizable.

Gracias.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Mire, amigo y compañero Senador, con todo respeto, no es un sueño, esto es un derecho constitucional que tiene el pueblo de México.

México tiene suficientes recursos, porque México es un país rico, nada más que se lo están destinando el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto y destinamos a otros como las pensiones a los expresidentes, la corrupción y ahí se va el recurso, al caño de la corrupción.

México tiene que invertir en esa pirámide, Senador Martínez, para por lo menos el 7 por ciento del PIB se vaya a la salud de los mexicanos.

Pueblo que no tiene salud, no sirve para nada.

Y México es un pueblo donde sus hombres y mujeres están hambrientos, tienen el estómago vacío y las neuronas desnutridas.

Por eso necesitamos aplicarnos y este Senado no está haciendo su función, viene aquí a presentar minutas con mucha algarabía y redundancia, pero no nos está ayudando a lo que necesita el pueblo de México, que es la salud.

Ahí está la innovación, Senador, ahí está la iniciativa de innovación que aquí el Senado le ha pegado de batazos, no la quiere aprobar, en donde abarataríamos también los precios de medicamentos innovadores que se requieren.

Seguimos con el paracetamol, seguimos con los medicamentos básicos, si es que hay, en las comunidades, pero no el pueblo, el obrero, el campesino, la gente pobre no tiene derecho a los medicamentos de alta tecnología y aquí presentamos una iniciativa de innovación.

Así que ayúdennos, tenemos tiempo para tocar los temas de la columna vertebral nacionales y no nada más andar aquí “cuchicheando” como lo hemos estado haciendo un mes y medio, ya casi dos meses, ya nada más nos queda un mes y ya los veo a las cuatro de la mañana los últimos días apresurados, queriendo sacar la ley de aguas, que si el “fiscal carnal” y etcétera.

Ahí se los dejo a su conciencia.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Les informo que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.

En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.






Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de uso de símbolos patrios.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

Tiene el uso de la tribuna, señora Presidenta.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

A nombre de la Comisión de Gobernación se presenta este dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que tiene por objeto garantizar, regular y proteger el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, coincidimos que nuestros símbolos patrios representan la máxima expresión de historia e identidad mexicana.

Constituyen los emblemas que identifican y simbolizan nuestras tradiciones, costumbres, cultura, valores, historia y sentido de pertenencia, es decir, nos identifica como mexicanos.

Como sabemos, el Estado mexicano, dentro del marco constitucional garantiza derechos que se enlazan directamente con nuestra identidad, además de fomentar en la sociedad el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Por tanto, es obligación del Estado inculcar, difundir, fomentar y garantizar como un derecho fundamental el respeto y el amor a la patria y como compromiso de los mexicanos llevar generacionalmente el modelo de respeto, lealtad, amor y patriotismo.

En la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se encuentran expresamente identificados cuales son los símbolos patrios reconocidos, integran la descripción, uso y difusión de cada uno de ellos; las fechas representativas para su honor y veneración, así como los derechos y obligaciones de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley.

Como se puede observar, este texto se ha encargado de salvaguardar los más altos sentidos de pertenencia, identidad y patriotismo de nuestro país.

Dicha ley constituye una gran responsabilidad del Estado mexicano, con esta labor, sin embargo, acorde a los tiempos de evolución en aspectos sociales, políticos, económicos y culturales en nuestro país, los símbolos patrios en ocasiones se ven vulnerados por actos indebidos.

El uso incorrecto de los mismos se ha presentado en distintas ocasiones agraviando a la nación, y lo anterior refleja la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos sobre las características, uso y difusión de nuestros símbolos patrios.

Por lo anterior, resulta necesario precisar y actualizar la ley en materia en cuanto a la regulación en el uso de los mismos, a fin de que las autoridades, las instituciones y la ciudadanía tengan claridad de los casos en que se pueden reproducir, usar y difundir nuestros símbolos patrios, así como las circunstancias en que no se requiera de una autorización para llevarlo a cabo.

La presente reforma modifica las restricciones sobre el uso y difusión del lábaro patrio al permitir a las instituciones usar la Bandera Nacional en vehículos, casa o trabajo, brindando el respeto correspondiente a uno de los principales símbolos patrios.

En tal sentido, prohíbe expresamente el uso de la Bandera Nacional en la promoción de bienes y servicios, así como en imágenes de personas, además de la comercialización de los ejemplares de la Bandera Nacional que tenga inscripciones de autoridades o instituciones, pues se considera que ello no promueve la exaltación del símbolo patrio.

Así como se establece un marco regulatorio respecto a las competencias, infracciones y sanciones que deben seguir las autoridades e instituciones en el uso de los símbolos patrios, así como la actuación de las autoridades competentes ante las conductas violatorias.

Por lo anteriormente expuesto, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que los símbolos patrios forman parte de los principales rasgos de identidad nacional de nuestro país.

Y, por tanto, consideramos que es pertinente reforzar la correcta difusión, uso y reproducción de los mismos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Presidenta.

Está a discusión en lo general.

Les informo que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.

En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.






Informo a la Asamblea que recibimos de las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, el dictamen que contiene proyecto de Decreto que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños.

DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Podríamos. No votaron, la verdad.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: A ver, repitamos la votación, consulte la Secretaría, en votación económica…

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Si le podemos solicitar, si puede ser por tablero, la votación de la dispensa para tener más certeza del trámite.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Asómense los cinco que apoyen.

Listo, ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos.

Bueno, compañeros, les informo lo que estamos votando, un voto a favor, es un voto por dispensarle la segunda lectura al dictamen; un voto en contra es por no dispensarle el trámite.

Informe de la votación, señora Secretaria.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.

Se emitieron 55 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se dispensa la segunda lectura.

Está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Recibimos en la Mesa Directiva una propuesta de moción suspensiva que presentan los Senadores Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Martha Tagle, Angélica de la Peña, Fernando Mayans y Luis Sánchez.

Solicito a la Secretaría dé lectura al documento.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al documento.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a debate la moción presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Presentada la moción, continuamos con el trámite del proyecto de Decreto.

Sonido en el escaño del Senador Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Le estoy solicitando el uso de la palabra desde antes de la votación para fundamentar la moción suspensiva.

Y yo tengo el derecho de fundamentarla y después que ésta sea sometida a la consideración del Pleno, si se admite o no a discusión, es el procedimiento regular.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, fue desechada la moción suspensiva.

Pero haga usted favor de fundamentar la propuesta y repetimos el trámite, si así lo considera.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero reiterar que no se trata de una concesión para hacer uso de la palabra, sino que es nuestro estricto derecho el venir a fundamentar la moción suspensiva antes de someterla a votación de este Pleno, para que conozcan los argumentos de la misma, no solamente el punto resolutivo y como lo establecen nuestros artículos 103 y 105 del Reglamento, ya se han anunciado las Senadoras y Senadores que presentamos esta moción suspensiva, en primer lugar, para que se reponga el procedimiento del dictamen que quiere someterse hoy, con mucha prisa y premura, a discusión, ya que este dictamen no se apegó al proceso legislativo que nos rige.

El día de ayer se reunió la Comisión de Salud, efectivamente, esta comisión votó el dictamen que nos presentan el día de hoy, pero en ningún momento hubo reuniones, ni en comisiones unidas con la Comisión de Derechos Humanos, ni con la Comisión de Estudios Legislativos, básicas para el desahogo del dictamen propuesto por la Comisión de Salud, es más, ni por su cuenta de manera individual ni la Comisión de Derechos Humanos ni la Comisión de Estudios Legislativos sesionó y el dictamen que hoy nos presentan, se presenta después de haber recolectado firmas de los integrantes de la comisión sin que se haya llevado a cabo la sesión.

Por eso consideramos que es inadmisible que nosotros avancemos en la discusión, incluso dispensando la segunda lectura de un tema que requiere mucho mayor discusión, pues no es un asunto menor.

Estamos frente a un dictamen que a nuestro juicio representa una enorme regresión en cuanto a los derechos alcanzados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que contraviene principios constitucionales fundamentales, fundamentalmente el del respeto pleno de los derechos humanos garantizados en el artículo 1o. constitucional y la obligación del Estado mexicano de garantizar puntualmente el ejercicio de los mismos sin menoscabo de ningún derecho para ninguno de los mexicanos o de las mexicanas.

Contraviene el artículo 40 constitucional, pues vulnera el carácter de Estado Laico que nuestra República se ha dado, al pretender subordinar a las convicciones y principios a los que tenemos derecho en lo individual, el interés público y la responsabilidad del Estado, y contraviene principios básicos de lo que son los que rigen la práctica médica en nuestro país, que son fundamentalmente el garantizar la vida y el bienestar de las personas.

Yo creo que ya nuestro país desde la segunda mitad del siglo XIX habíamos avanzado en una discusión que dejaba atrás el país de los dogmas para erigirnos en un país de leyes donde deben de garantizarse plenamente los derechos y libertades consagrados en la Constitución, como son, además del respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas, la pluralidad y la diversidad de pensamientos y la libertad de expresión, la igualdad y la tolerancia, todos esos son derechos de los que gozamos todas y cada una de las mexicanas y de los mexicanos donde el Estado tiene el deber de respetar el Estado Laico, sin el cual resulten afectadas nuestras libertades.

Las autoridades, el gobierno, el Estado mexicano, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, el Estado debe de mantener neutralidad respecto a los asuntos religiosos y la libertad de creencias éticas y filosóficas de las personas garantizando, efectivamente, la libertad de conciencia, pero teniendo claro que el Estado instaura siempre su soberanía por encima de cualquier otro poder, incluyendo el religioso, y también por encima de las convicciones éticas y personales.

Este debate no es un debate nuevo, ha venido dándose desde el año 2013 cuando en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa, por la bancada del Partido Encuentro Social, y desde entonces se solicitó a la Secretaría de Salud su opinión al respecto, la misma que fue emitida el 26 de agosto de 2013, y que fue ratificada el 18 de febrero de 2016, en donde señala con mucha precisión que la objeción de conciencia, como viene planteado en este dictamen, se traduce en la posibilidad de que una persona se niegue a acatar una conducta ordenada por la ley, con base en los principios o valores de cada individuo, subordina la forma en que está planteada esta reforma a la Ley General de Salud, a los valores de cada individuo, la responsabilidad que atañe al Estado y que es mandatada por la ley.

La propia Secretaría de Salud reconoce que la propuesta no es acorde con el hecho de que la práctica médica, como un servicio a través del cual se cumple con el derecho humano a la protección de la salud, debe cumplir con los siguientes atributos: eficacia, calidad, seguridad para el usuario con base a la evidencia científica, y señala que esta iniciativa pretende tutelar creencias ideológicas, las cuales, por su naturaleza, son de carácter subjetivo con base en criterios objetivos, como lo es la evidencia científica, lo cual debe ser el criterio que rija el actuar de las instituciones públicas.

Y finalmente, señala que la propuesta es incongruente, toda vez que en los parámetros planteados no tienen relación con la libertad de conciencia, como es el hecho de que la misma esté sustentada en la ciencia y la medicina vigente.

Los principios, efectivamente, de todos los derechos para quien los otorga la Constitución están plenamente garantizados en los artículos 1o., 5o. y 6o. constitucionales, como también en el artículo 24 que establece la libertad de los individuos para profesar cualquier creencia religiosa, y esos artículos, sin lugar a dudas, garantizando los derechos de las personas, pero los circunscribe estrictamente al ámbito interno, al ámbito privado de todas y cada una de las personas, de los derechos que nos otorga la Constitución.

Y por eso la Secretaría de Salud concluye que esta iniciativa no es acorde con los principios que rige la práctica médica, toda vez que subordina los servicios de salud del Estado mexicano, que tiene la responsabilidad de garantizar la vida y el bienestar de las personas a las creencias personales de un individuo. Creo que eso significa una regresión enorme en materia del ejercicio de los derechos y vulnera los principios constitucionales que tanto trabajo nos han costado conquistar.

Por eso, esta moción suspensiva, la cual, con el respaldo de cinco compañeros legisladores, solicito se someta a consideración de este Pleno en votación nominal.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

En virtud de que se votó y la moción había sido desechada, le quiero solicitar autorización al Pleno para repetir la votación.

El Senador Encinas tiene razón, debimos de haber escuchado a uno de los autores.

Senadora Tagle, Senador Zoé Robledo, disculpen, pero ya habló uno de los autores, que fue el Senador Encinas, y con eso queda solventado el trámite.

Le pediría al Pleno si autoriza que se reponga la votación. Quienes estén a favor de que repitamos el trámite, favor de levantar la mano.

Senadora, sería usted tan amable de consultar, en votación económica, si están de acuerdo en aceptar la moción suspensiva.

¿Disculpe?

Solicitó nominal.

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos.

Voto a favor es un voto a favor para aceptar la discusión de la moción suspensiva. Voto en contra, es para desechar la moción suspensiva.

Gracias.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Senador Tereso, en contra. Lorena, a favor.

Se recibieron 18 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones.

No se admite a discusión la moción, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Desechada la moción. Continuamos con el trámite del proyecto de Decreto.

Está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Han solicitado el uso de la palabra, para hablar en contra, el Senador Fernando Mayans, la Senadora Angélica de la Peña y la Senadora Martha Tagle.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans , hasta por cinco minutos.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores:

Igual, presentan esta minuta en tiempo récord, en fast track, el cual le hemos dedicado y le están dedicando un tiempo amplio aquí en el Senado de la República, cuando los problemas serios, reales, de la nación los meten abajo del escaño, los hacen a un lado y no se quieren discutir y presentar aquí en el Senado de la República a vergüenza ajena.

Hoy, este tema, esta minuta de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, por supuesto que los que la quieren aprobar, pues piensan que viven en “Alicia en el País de las Maravillas o en Disneylandia”, pero en México no.

Los que la aprueben no conocen la realidad de la nación mexicana.

¿Cuántas enfermeras, si alguien me quiere decir aquí, por enfermo, hay en este país?

A veces una enfermera atiende hasta 15 enfermos, cuando debería de ser cinco, y si es en terapia intensiva, hasta tres. Esa es la realidad de México.

Los médicos, la mayoría, quieren estar en Nutrición, en Cardiología, en el Siglo XXI, y no pueden y no quieren muchos estar en la sierra, y principalmente, porque cuando le ponen una pistola en la cabeza al doctor, ahí entra la objeción de conciencia o el miedo.

Les quiero recordar, aunque se tapen los oídos, les quiero recordar, porque no les gusta oír la realidad, de que los médicos hacemos un Juramento Hipocrático, que lleva siglos, y luego conozcan la Declaración de Ginebra, compañeros.

Aquí habemos muy poquitos médicos, hay unos que parecen curanderos, pero bueno, pero, sí, éste es un agravio a los enfermos de este país.

Esto es del Yunque, del ultraderecha.

¿A quién se le ocurre venir a presentar esto de objeción de conciencia?

A ver, quién me dice, en Guerrero, en Oaxaca, cuando se le tenga que poner                    una transfusión a un enfermo y digan: ¡No, yo no se la pongo, porque no va con mis ideales!

La medicina, compañeros, no es de ideales, es de compromiso, es de conciencia, es de ética.

Por eso el voto tiene que ser en contra, pero miren, dejen su celular un ratito, dejen el WhatsApp, compañeros Senadores, y presten atención a lo que estamos platicando, discutiendo.

Yo no quiero que la mayoría esté de acuerdo conmigo, pero se los digo como médico, no como Senador. La objeción de conciencia, en un país donde carecemos de médicos, de enfermeras, de instrumentos para operar, donde el médico, para sobrevivir, tiene que trabajar en tres instituciones públicas, y a las dos de la tarde está checando la salida en Salubridad para correr al Seguro Social, si no le ponen retardo y le descuentan y en la noche, tres días a la semana tienen que trabajar en el ISSSTE.

¡En las noches! Para poder tener un ingreso que no le llega ni a los tobillos a los que ganan los legisladores, matándose.
Y el médico, sin objeción de conciencia, muchos mañosos salen y dicen: “Mira, yo ya no te puedo operar porque me tengo que ir corriendo a checar a la otra institución”.

Y entonces. ¡No, pues es mi objeción de conciencia, mis ideales!

Aquí los médicos, en lo individual, como personas, pues tenemos muchos ideales, pero como médico hay uno nada más, y es atender al enfermo, cueste lo que cueste, con lo que tengamos al lado, con las herramientas que nos permitan atenderlo, y así estuviéramos en la guerra, hay que atender también al enemigo, porque ese es el juramento, esa es la formación médica.

Aquí los doctores, los médicos de este país y las enfermeras, las trabajadoras sociales, los que se dedican a la salud no necesitamos objeción de conciencia.

Díganme de una enferma, en Oaxaca, que tenga un aborto, y diga el señor: “No, mi religión a mí no me lo permite”.

Entonces, sabe qué, dedíquese a albañil o dedíquese a otra cosa, pero de médico usted no sirve. Eso es lo que se tiene que hacer.

Señores, no pueden aprobar esta barbaridad. ¡Hombre!

Tiene años que este país ha estado con el run run de que: “Vamos a hacer la objeción de conciencia”.

Al diablo eso. ¡Hombre!

Aquí, lo primero son los enfermos.

En lugar que se preocupen porque este país tenga médicos, enfermeras suficientes, que haya garantías en el interior del país, de que los médicos no los maten, no los secuestren, que no les pongan una pistola en la cabeza.

Si yo estoy operando a un enfermo y me ponen una pistola en la cabeza, señor, mi obligación es operar al enfermo.

Para los miedosos en la medicina, esto no sirve.

Aunado a que van a salir miles de excusas, se los digo, miren, cuándo:

“No lo puedo operar, porque no tengo anestesiólogo”.

“No lo puedo operar, porque me falta tal medicamento, que es lo que dice”.

“No lo puedo operar, porque no tengo el instrumental necesario para hacerlo”.

Si así, miren, nada más en Tabasco, de todos los hospitales que están en los municipios, 99 por ciento trasladan a Villahermosa, con todas las excusas que ustedes digan y manden, y obviamente, pues los médicos que no asumen su juramento.

Con esto que van a aprobar hoy ustedes, les están dando elementos para que los que nos dedicamos a la salud tengamos ese pretexto y no quieran atender a los enfermos.

Señores. ¿No se dan cuenta?

Ojalá y la objeción de conciencia sea de ustedes, de los Senadores de la República, que espero tengan conciencia, porque hay quienes no, para poder desechar esta minuta mal hecha, maltrecha, de la Cámara de Diputados, que nada más se fijan en sus intereses propios y no en la de los enfermos de este país que se están muriendo porque, repito, no hay medicinas, no hay instrumental.

La salud no es la que se da en el Instituto Nacional de Nutrición, en Cardiología o en el Hospital Ángeles del Pedregal o Santa Fe. ¡No! La salud es lo que ustedes tienen que evaluar y supervisar en la sierra, en la laguna, allá en los centros de salud rurales dispersos, para que vean que no hay ni jeringas.

Ojalá y tengan conciencia los Senadores de la República en este tema.

Muchas gracias.

¡En contra, por supuesto!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, quien presentará propuesta de modificación.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

La objeción de conciencia tiene un origen en el derecho penal, sobre todo, para proteger la forma de pensar en ciertas creencias, hay un caso emblemático, por ejemplo, el de Mohamed Ali, que se resistió a ir a la guerra de Vietnam porque estaba en contra de matar a otro ser humano.

El origen en el derecho penal, particularmente en lo que yo he estudiado con Claus Roxin, fundamentalmente está inscrito en tres conceptos: la objeción de conciencia para invocar el derecho a la eutanasia, emblemático su estudio; para también invocar el derecho a interrumpir un embarazo, es decir, derecho a abortar y, por supuesto, también el derecho de no participar en la guerra.

Yo creo que este debate que estamos dando, que es una minuta que viene de la Cámara de Diputados, que tuvo una discusión muy intensa, porque no es un tema menor, quiero rescatar algunos preceptos de la minuta a la Comisión de Salud, con todo respeto, a mi amigo el señor Presidente, pero no coincido con él, porque esgrime exactamente lo que nos preocupa, utilizar un derecho fundamental, que en algún momento se dio en un debate, para reconocer el derecho de las personas a tomar algunas determinaciones, ya dije, entre ellos, la eutanasia, están esgrimiendo en sus antecedentes, como parte de sus consideraciones, algunas referencias de lo que han hecho algunos países en el mundo, justamente con este elemento.

Y en la referencia a lo que acontece en Estados Unidos, las legislaciones estatales, que dice el dictamen: ofrece las garantías más amplias de este derecho, 44 de los estados han estipulado cláusulas de objeción de conciencia en materia de aborto… ¡Oh, ya salió el tema!

Francia, objeción de conciencia para practicar el aborto, está prevista en la ley. Alemania está contemplada en la Ley de Reforma de Derecho Penal, del ‘74, por el artículo 2, establece: “nadie puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo”. ¡Oh, ya salió el peine!

Sí, no nos hagamos tontas y tontos, esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, como una cuestión inalienable de nosotras, de cada una de nosotras a decidir sobre nuestra maternidad, se los digo con toda puntualidad, así está dirigida esta minuta de la Cámara de Diputados que está refrendada aquí.

Sin lugar a dudas, así dice el dictamen de la Comisión de Salud, no me vengan a decir que se trata de otra materia, se trata de esta materia.

Y en ese sentido quiero decirles que, además, claro que está dirigida contra la Ciudad de México y contra Coahuila y los otros estados que están avanzando en la progresividad, señor, señor, usted está feliz con esta, usted que estaba en el PAN y ahora está en Morena, está feliz con esta reforma.

Por fin se te hizo, Chema.

Se te hizo tener una reforma como la que tú quieres y siempre has querido desde que llegaste al Senado.

¿Pero saben qué? Es muy grave este retroceso.

Francamente, en un país en donde faltan médicos, en un país en donde apenas tenemos médicos para un cuarto de la población, y esos médicos, la mitad no está especializado para poder atender la especialidad que se ocuparía en ciertas enfermedades.

En un país en donde hay una presión para evitar que se avance en el reconocimiento de que cada mujer decida hacer con su cuerpo lo que quiera, ese es un derecho que, de veras, se está viniendo, viniendo y viniendo a arrastrar para seguir viéndonos como objetos, no como sujetas de derechos.

Que nuestra libertad pudiéramos decidir, como dice el artículo 4o. de la Constitución, también el espaciamiento y el número de nuestras hijas e hijos.

De tal manera que yo lamento mucho que no se haya aceptado la revisión del primer párrafo de este artículo 10 Bis para poder transitar en resolver esta minuta de la Cámara de Diputados para dejar claramente definido que no puede imponerse el principio de la objeción de conciencia ahora en el siglo XXI, después del artículo 1o. constitucional, no se puede ir en contra de otros derechos, porque de eso trata la redacción de este artículo, es ir contra los derechos que ya tenemos ganados las mujeres, porque así lo dice la minuta, que ese es el cometido, uno de los cometidos principales y que hoy están refrendándolo, por desgracia, quienes insisten.

Una reforma del PES, de ese partido ultraconservador y que hoy, por desgracia, están apoyando mis queridas compañeras del PRI también y muchos de ustedes.

Yo lamento mucho que eso esté pasando, que no se tome consideración de una realidad en el país que puede, además, ponerse para conculcar los derechos, fíjense, dice la reforma: “el Sistema Nacional de Salud”, Sistema Nacional de Salud están incluidos todos los hospitales del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, también los hospitales privados.

Es absurdo que a una institución pública se le quiera imponer esta objeción de conciencia cuando lo que necesitamos es que si alguien va a recurrir, pues que busque otro tipo de profesiones, pero no puede ser el de la salud.

Yo creo que es muy grave que no se cambie, es muy grave que se pretenda sacar en fast track, y es muy grave que vaya, por desgracia, en contra de la Constitución.
Esta es materia para una acción de inconstitucionalidad porque está afectando el derecho de nosotras, consagrado en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, y de una vez lo anunciamos que vamos a impugnar.

Propuesta de modificación.



El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) A ver, sí, ya se votó, yo pido que se lea para que vuelvan a refrendar su voto, pero con conocimiento de causa, sepan qué votaron.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora, ya se realizó la votación, usted tuvo el tiempo suficiente para explicarlo en la tribuna, me parece que sigamos con nuestro procedimiento.

Senadora Tagle Martínez, tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: No cabe duda que estamos en tiempos electorales, y que además estos tiempos electorales son total y absolutamente inéditos porque se ha traspasado cualquier límite de la supuesta ideología que enarbola cada partido.

Los que se dicen liberales, los del PRI, esos los herederos de las Leyes de Reforma, de la Constitución del ‘17, vienen aquí justo un día después de haber ido a Los Pinos o a Palacio Nacional a conmemorar a Benito Juárez, qué desfachatez, porque ahora es el PRI, ese mismo PRI que trae un candidato para la Ciudad de México con una agenda conservadora en contra del matrimonio igualitario y de la adopción desconociendo la Constitución de la Ciudad de México y las resoluciones de la corte en la materia.

Pero no, no es suficiente con esa agenda conservadora para la Ciudad de México. Nos llegan ahora al Pleno del Senado pretendiendo aprobar de manera de “madruguete” una reforma total y absolutamente contraria a la Constitución y a los principios liberales que ustedes han defendido en otras ocasiones.

¿A cambio de qué?

Ya no lo entiendo, de verdad que ya no lo entiendo.

Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, se dijo, y fue un secreto a voces, que eso lo operó directamente el Secretario de Gobernación, en ese momento Osorio Chong, porque tenía un acuerdo con el Partido Encuentro Social para que se aprobara esta reforma.

¿A cambio de qué? No lo sabemos, porque ese partido no está con ustedes.

Ahora, ¿a cambio de qué están apoyando esta reforma, esta contrarreforma? No los entiendo, de verdad que no entiendo al Partido Revolucionario Institucional, que contra todo está aquí hoy pretendiendo sacar una reforma sin además atender el más mínimo procedimiento parlamentario.

Y por eso quiero hacer dos comentarios, primero, algunos que tienen que ver con el procedimiento parlamentario y otros que tienen que ver con el fondo.

Por si no se han dado cuenta, de conformidad con lo que dicta el artículo 146 del Reglamento del Senado en relación con la asistencia y el quórum: Se da cumplimiento toda vez que la Secretaría de la Comisión indique que se encuentra con la firma registrada de 7 Senadores, de un total de 11 integrantes de la Comisión de Salud. Esto en el supuesto de que no fuera una reunión de comisiones unidas.

El artículo 147 del Reglamento del Senado, el numeral 2, indica que: “En todos los casos de reuniones de comisiones unidas, el quórum se forma con la asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de ellas”.

Nunca hubo una convocatoria de comisiones unidas y eso es una falta al procedimiento legislativo.

Sacar las firmas aquí no sustituye el procedimiento parlamentario y lo están violentando sistemáticamente.

El artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo Quinto, señala que: “La Comisión de Estudios Legislativos, conjuntamente con las comisiones ordinarias que correspondan, hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos que concurrirá a la formulación de los dictámenes respectivos”. Lo cual no se cumplió en la reunión de ayer. Ayer sólo sesionó la Comisión de Salud.

Y no conformes con violentar todos esos procesos parlamentarios, el día de hoy casi al terminar la sesión, simple y sencillamente se quitan todos los trámites, primera y segunda lectura, sin conocer el dictamen.

Los liberales se apuestan a aprobar una reforma a la Ley de Salud, que además esta reforma que adiciona el artículo 10 Bis, en todo sentido es anacrónica, inclina hacia el estado laico, transgresora de derechos y cargada de fundamentalismos religiosos, va en contra del legado que Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Juan Álvarez, Benito Juárez, impulsaron y que hoy en día son los cimientos de nuestra historia como nación, de la conquista de derechos y libertades que han dado origen a la democracia que hoy en día garantiza la pluralidad política de diversidad de opiniones y creencias.

Por ello, la relevancia de mantener el estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. Dado lo anterior, recordemos que el artículo 24 constitucional garantiza la libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas.

Y por si no fuera suficiente, yo no sé para qué tienen Secretarías que emiten opiniones que además ustedes mismos no toman en cuenta.

La observación que hizo llegar la Secretaría de Salud, no cualquier organización, la opinión de la Secretaría de Salud es en contra, porque dice: “Del análisis jurídico de la iniciativa en mérito y con independencia de las opiniones que formulen en el ámbito de su competencia, esta Secretaría considera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya tutela la libertad de conciencia de la siguiente forma:

Artículo 1o. constitucional. Establece el derecho de todo individuo a gozar las garantías que otorga ésta, las cuales sólo podrán restringirse o suspenderse en los casos y condiciones establecidas.

Asimismo, establece la prohibición de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, por capacidades diferentes, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias, el estado civil o cualquier otra.

Artículo 5o. constitucional. Enuncia que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos.

Artículo 6o. constitucional. Tutela la libre manifestación, no ataca a la moral, derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Artículo 24 constitucional. Establece la libertad de los individuos para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto, siempre que no constituya un delito o falta previstos en la ley.

De los anteriores preceptos, se desprende una amplia protección a la libertad de conciencia, la cual cabe dentro del ámbito interno de las personas. Es decir, no hace falta regularla en la Ley de Salud, con lo que se protege la libertad de las mujeres y los hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de su vida, con voluntad y discernimiento.

No estamos en contra de la libertad de conciencia, al contrario, ella forma parte indiscutible del Estado Laico, pero en la presente iniciativa debe protegerse de igual manera el derecho de las personas usuarias de los servicios de Salud, garantizando el acceso oportuno a dicho derecho, con plena autonomía, dignidad y respeto a los derechos humanos. De no ser así violentaremos el derecho a la Salud y a la conculcación del marco jurídico que lo protege.

Si todos estos argumentos no les son suficientes, queda claro que hay un acuerdo, no sé de qué tipo, ni con quien para violentar de manera sistemática nuestra Constitución para pretender imponer una reforma que violenta los derechos humanos fundamentales, no solamente de las mujeres a decidir sino sobre nuestro cuerpo, en voluntad anticipada y en cualquier procedimiento médico donde alguien o alguna institución quiera argumentar presión de conciencia.

Que además déjenme decirles a ellos, a los que cuidan la moral, muchos de esos que son objetores de conciencia en el servicio de salud pública, son objetores ahí donde no cobran, pero no son objetores en los servicios privados de Salud.

Es cuanto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Francisco Salvador López Brito, para hablar a favor.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente.

Dentro de esta discusión, de este debate donde se pretende y se propone aprobar esta minuta que viene de Cámara de Diputados en materia de objeción de conciencia, y una vez que he escuchado con mucho respeto a todos mis compañeros que me han antecedido, me da la razón de que no se está pretendiendo violentar ningún derecho ni de la mujer ni de nadie, al contrario, lo que pretendemos es garantizar un derecho de los trabajadores de la salud, como tienen derechos todos los profesionistas, abogados, ingenieros que tienen sus códigos éticos y bioéticos y todos son respetables.

De tal manera, insisto, no se pretende violentar ningún derecho, al contrario, garantizar el derecho de los trabajadores de la salud. Desde luego, en lo personal y coincido con muchísimos de mis compañeros Senadores y Senadoras, me manifiesto como un respetuoso de la vida desde el mismo momento de la concepción y por ello soy respetuoso del embrión que es el principio de nuestro ser, el principio del ser humano.

Yo creo que no se ha revisado bien lo que pretende esta reforma.

Artículo 10, la voy a leer textualmente, porque está muy corta:

“Artículo 10 BIS. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, puesto que en caso contrario se incurrirá la causal de en una responsabilidad profesional”.

Entonces, creo que estamos siendo muy claros de que no es en situaciones de emergencias, en situaciones de urgencia, cuando no se puede invocar este principio.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador López Brito, si me permite, la Senadora Angélica de la Peña, quiere formularle una pregunta.

El Senador Francisco Salvador López Brito: No, al término, con mucho gusto.

Desde luego que esta reforma se sustenta en principios constitucionales, como les digo, se sustenta en principios constitucionales cuando precisamente estamos siendo respetuosos y estamos, desde luego, basándonos en principios constitucionales como el artículo 1o., el artículo 5o., para ser preciso el artículo 5o. constitucional, en uno de sus párrafos dice: “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial…”.

El mismo 24 constitucional nos da la razón. La Ley General de Salud ya prevé también esta situación en su artículo 2o., artículo 32. El artículo 100, que me permito leer uno de los párrafos: “La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a la posible contribución a su solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia medica”.

Dentro del mismo reglamento de la Ley General de Salud, el cual promulga el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, ya también marca artículo 14, la investigación que se realiza en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases: se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.

Artículo 9o. “La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con principios científicos y éticos que orienten la práctica médica”.

Ya hay un código de bioética para el personal de Salud donde contempla la objeción de conciencia: El personal de Salud podrá rehusarse aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida, la función de pacientes o su descendencia, o bien, sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales cuando se oponga a la práctica médica comúnmente aceptada a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales o a razones de objeción de conciencia.

Hay un Código de Conducta para el personal de salud el data del año 2001. Hay un Código de Ética para enfermeras y, desde luego, en todos precisamente se toma en cuenta la libertad que tenemos en este caso los médicos para cuando nos quieran obligar a hacer algún acto quirúrgico o médico que va en detrimento de nuestros principios éticos y, desde luego, sin incluir aquí situaciones religiosas de ninguna índole que vaya en contra de realizarlos.

Me manifiesto a favor de la libertad de la mujer y habrá muchos médicos que no coincidan con este tipo de situaciones o, más bien, ellos estén de acuerdo con los principios que le permitan realizar cualquier tipo de prácticas, así es que no estamos tampoco haciendo un mandato a los médicos para que se nieguen a hacer trabajos o algunas actividades quirúrgicas que puedan ellos no tener ninguna objeción para atenderlas.

Por lo tanto, creo que en cumplimiento a las libertades que tenemos los mexicanos, en respeto a los derechos de los trabajadores de Salud que también les debemos de garantizar y, desde luego, el respeto a la vida, es que les propongo votar a favor esta minuta con el tema de objeción en conciencia.

Por su atención, gracias.

Senadora De la Peña.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante, Senadora De la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Y muchas gracias Senador, por permitirme hacer una pregunta.

Escuché con atención su argumentación y además leí puntualmente su dictamen, y le seguí la lectura de lo que usted ahorita estaba también leyendo.

Toda la argumentación que usted esgrimió está contenida en reglamentos, códigos, que no son preceptos de ley, tiene una connotación distinta a tener un precepto de ley, creo que estamos de acuerdo en ese sentido.

Obviamente que todos estos códigos y todos estos reglamentos con una modificación como la que ahorita se está impulsando a la Ley General de Salud van a ser modificados para ir en el contexto de lo que aquí se apruebe y se publique en el Diario Oficial de la Federación, a menos de que lo detengamos con acción y constitucionalidad.

Mi pregunta, y habiéndole escuchado con todo respeto, señor Presidente, es entonces cierto que esta reforma está dirigida para impedir que las mujeres puedan interrumpir legalmente su embarazo, porque se pone, como lo escuché, el interés, como interés superior el de médico, médica, por encima del derecho de las mujeres adquirido en algunas legislaciones locales, respecto a la interrupción legal del embarazo, ¿es así, verdad?

El Senador Francisco Salvador López Brito: Senadora, no tiene ningún momento esta reforma de violentar, impedir, objetar los derechos que de una manera u otra han sido discutidos en otras Cámaras, Asambleas, como la Asamblea de aquí de la Ciudad de México. En ninguna manera se pretende cooptar ningún derecho en materia de salud reproductiva que hayan adquirido, simplemente estamos nosotros abonando, proponiendo el que los médicos, los trabajadores de salud también deben de tener sus derechos, también deben de estar protegidos ante una situación que vaya en contra de sus principios.

Pero en ningún momento estamos poniendo en discusión y objetando algunas situaciones de salud reproductiva en la mujer que usted menciona, para nada, simplemente garantizar derechos de los trabajadores de la Salud, como cualquier otro trabajador los tiene, y que no sea motivo para que derive esto en alguna situación de discriminación o castigos o sanciones de tipo laboral.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador López Brito, el Senador Mayans quiere hacer una pregunta, ¿la toma? No acepta el Senador López Brito. Senador Mayans Canabal.

Tiene el uso de la tribuna para hablar en contra el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros:

Pues terminó el invierno del descontento del PRIAN, empezó la primavera ayer y se acabó ese invierno de pleitos y salen hoy a hacer esto.

Y no me sorprende, honestamente a mí, no me sorprende porque esta es la derivación, la distorsión de, por un lado, una tradición que como lo dijo la Senadora Martha Tagle, una tradición que sí tenía un fundamento liberal, quizás no homogéneo, uniforme, pero sí en grandes sectores del partido, producto de la Revolución Mexicana que se fueron distorsionando aquí, un partido que tenía en sus estatutos la prohibición expresa a los legisladores de votar cualquier tipo de reforma energética, modificaron los estatutos y votaron a favor de la reforma energética con el PAN. Un partido que incluso también, bueno modificaron los estatutos para poder ponerle IVA a los alimentos y medicinas, como el PAN siempre ha propuesto y ahí no lo quisieron hacer, pero un partido que sí tuvo en algún momento una tradición de liberales, y es muy claro verlo, dónde está ese quiebre y a dónde venimos a parar.

Y es histórico, no es este un momento, que esté ocurriendo de manera espontánea, es histórico, el quiebre es muy claro, 1940 cuando toda la tradición Cardenista se echó para atrás y empezaron a llegar otro tipo de personas con otras motivaciones y el deterioro completo del régimen posrevolucionario comenzó.

Dice uno de los textos más bellos que ha tenido jamás la Constitución Mexicana, la reforma de Lázaro Cárdenas al artículo 3o., del 12 de diciembre de 1934, que decía: “La educación que se imparta será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”. Un concepto racional y exacto del universo, la ciencia, la razón por encima de cualquier fanatismo.

Y yo creo que eso se distorsionó, la forma de demostrarlo será en unos minutos con ese voto en ese tablero, hubo una tradición liberal.

A mí no me sorprende ni le recrimino, honestamente, al Partido Acción Nacional que esté impulsando esta agenda, es parte de su agenda; el PAN, entre otras cosas, reaccionó como reaccionan a las políticas Cardenistas, nació para evitar la reforma agraria, nació para revertir la expropiación petrolera, nació para echar atrás el artículo 3o. constitucional, pues lo están logrando, lo que nunca pensé es que lo fueran a lograr con compañeros priístas de tantos años que mantenían esa posición de liberalismo y de separación plena del Estado, de la Iglesia.

Eso es lo que sí me sorprende, y me sorprende y me advierte que ese fin del pleito del PRIAN, este inicio de la nueva temporada de acuerdos termine con otros más.

La votación que vemos acá, será la misma con la que quizás quieran sacar un fiscal a modo o quien sabe qué otras cosas. Esa es la preocupación.

Entonces no los puedo felicitar a los compañeros del PAN, están imponiendo una agenda de la cual han perseguido durante muchos años, por eso pedimos una democracia plural, pero sí me sorprende de otros compañeros, no puedo dejar de decir que amigos del PRD aquí están, el resquebrajamiento también del frente, Ley de Seguridad Interior, reforma energética, ahora esto, objeción de conciencia.

Por eso les voy a decir los datos, el aborto clandestino es la segunda causa de mortalidad materna, 89 por ciento de las muertes maternas ocurren por abortos clandestinos que esta ley va a propiciar, hay 47 mil mujeres en el mundo con complicaciones derivadas de prácticas inseguras en ese tipo de asuntos, no van a evitar lo que quieren evitar, solamente van a promover que se hagan en otros lados, no en las instituciones de Salud del país.

Entonces realmente lo lamento, pero siempre hay un poquito de esperanza y mi esperanza es ver una Senadora del PRI ejerciendo su objeción de conciencia y votando no con la disciplina, con lo que le llame la conciencia de su formación, ojalá y ocurra, sería de verdad un forma extraordinaria de tener algo distinto en el Senado.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Robledo, me parece que el Senador Preciado formulará una pregunta.

Perdón, ¿con qué objeto, Senador Preciado? Sonido en el escaño del Senador Preciado Rodríguez.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Para participar a favor.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Tiene el uso de la palabra el Senador José María Martínez Martínez.

El Senador José María Martínez Martínez: Señor Presidente, con su permiso.

Muchas de estas discusiones terminan con mucha paja, porque pese a pensar distinto, pocas de las intervenciones aquí que se han suscitado han sido verdaderamente documentadas.

¿Qué es la objeción de conciencia?, parto de lo siguiente, la persona humana tiene como una cualidad de conquista la libertad, un derecho humano, la libertad en su concepto íntegro es el derecho humano más universal y más progresista, es congruente con estos dos principios de nuestra Constitución. La objeción de conciencia es la libertad de conciencia, no es un asunto de moral, no es un asunto de religión, es la concreción de la libertad, el permitir que una persona actúe conforme a su conciencia, el no obligar a una persona a que actúe contra su conciencia, esa es la libertad, eso es lo que debe de estar a discusión, y eso es precisamente lo que hoy venimos a concretar en la Ley General de Salud.

¿Por qué afirmo que falta documentarse?

Esto no sólo existe en Jalisco desde el 2004, donde somos la Senadora De la Peña y yo, en la propia ciudad de México, ante el Distrito Federal incorporó la objeción de conciencia en el mes de octubre de 2004, en su ley general, en su Ley de Salud para el Distrito Federal y volvió a retomar la objeción de conciencia en agosto de 2009 para restringir al personal médico y sus contenidos solamente a los médicos.

Ya existe la objeción de conciencia en la Ciudad de México, en la Ciudad más progresista que nos han presumido los del PRD, no hay por qué espantarse entonces, y más aún, a la Senadora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos le digo, la NOM 046 que usted defiende, es decir, la que permite el aborto, también contempla en una reforma de octubre de 2009 la objeción de conciencia.

Pero voy a concluir con algo que me parece más destacable y una gran joya, esta es la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución más progresista de este país, en su capítulo de los derechos humanos, en su artículo 6, en su inciso I, leo a la letra:

“I. Libertad de creencias. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas”. La Constitución Política de la Ciudad de México.

De verdad, este tipo de intervenciones poco abonan a lo que debiera de importar para la Cámara de Senadores. Seamos claros y puntuales, sí hay diferencias de pensamiento, y qué bueno, es por la libertad y por la conciencia.

Oigan, lo que nos ocupa hoy, no es la elección, porque aquí vemos quien apoya al PAN, la Senadora Tagle Martínez, la Senadora Angélica de la Peña, objetando lo que su candidato a la Presidencia sostiene desde su formación, principios y plataforma.

Tampoco debemos espantar algo que sea completamente distinto, el suplente, el señor gobernador de la Ciudad de México, del PRD, es alguien del PAN muy ubicado, con los grandes conservadores del PAN, que es Juan Pablo Adame.

Ya ustedes perdieron el piso en ese sentido, no creo que valga entonces traer a colación el contexto electoral.

Vayamos pues en relación a que no podemos nosotros permitir una intromisión abusiva de la ley para obligar a ningún mexicano de acuerdo o conforme a su conciencia.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador José María.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar en contra.

Sonido en el escaño del Senador Marlon Berlanga, por favor.

El Senador Marlon Berlanga Sánchez: (Desde su escaño) Quisiera, si me permitiese el orador que nos antecedió, si me puede permitir tres preguntas, que se reduciría a una.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No, no lo acepta, Senador. Gracias.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, tiene el uso de la palabra.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Qué suerte tener este turno después de la intervención de los Senadores López Brito y José María Martínez.

Pero antes quisiera hacer dos cuestiones muy puntuales:

Es evidente que van a aprobar esta reforma por mayoría, pero el debate no se va a terminar aquí. Por eso quiero, en primer lugar, dejar constancia de que este dictamen no se apegó al debido proceso, no se cumplió con nuestra norma legislativa, motivo por el cual nosotros procederemos a presentar un amparo ante las autoridades judiciales.

Y en segundo lugar, como va a continuar este debate, quiero hacer una convocatoria a las organizaciones profesionales de médicos y enfermeras, a todas las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos, y particularmente de los derechos a la salud, que toda vez que ellas gozan de interés legítimo puedan controvertir esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ya existen precedentes al respecto.

Sobre las intervenciones de mis compañeros Senadores, agradezco el reconocimiento al Senador José María Martínez de asumir que la Ciudad de México es una ciudad de avanzada y que la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad, es una Constitución progresista y de avanzada.

Y, efectivamente, al igual que lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecimos con toda precisión los derechos y libertades de todas las personas, no solamente los reconocidos en la Constitución, entre otros el de la libertad de ejercicio del credo religioso, la libertad de creencias filosóficas, la de conciencia de los valores éticos, porque efectivamente estos derechos que corresponden a todas las personas deben ser puntual y cabalmente reconocidos en nuestra legislación con un componente adicional que es lo que le faltó referir al Senador José María Martínez, que es la obligación del Estado para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos e incluso en la Constitución Política de la Ciudad de México se crea una Sala Constitucional dentro del Poder Judicial local para exigir el cumplimiento de los derechos humanos en la Ciudad de México, son exigibles. En aquellos casos donde la autoridad no los cumpla, cualquier ciudadano podrá recurrir a demandar el pleno cumplimiento de los mismos, es parte de las diferencias que hay con el marco legislativo constitucional.

Y respecto a lo que decía el Senador López Brito, que es muy importante discutirlo, porque ese es el resultado de querer legislar al vapor, con premura y dar ese tipo de albazos, porque hay temas que pueden resolverse.

Dice el Senador López Brito que así como hay el derecho en el ejercicio de cualquier actividad profesional a ejercer la objeción de conciencia, en este caso de médicos y de enfermeras, también existe el personal objetor que puede atender esta situación.

Pero el problema es que la reforma que nos están presentando solamente se refiere a quienes tienen objeción de conciencia y deja de lado un asunto fundamental que es cómo frente a la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, el Sector Salud, la autoridad, va a garantizar el ejercicio de derechos.

Y miren, les voy a poner un ejemplo de la Ciudad de México que tiene que ver con la Ley de Voluntad Anticipada, que justamente abordamos este tema en su discusión, y viene la objeción de conciencia.

El artículo 42, lo voy a leer, el primer párrafo dice: “El personal de Salud a cargo de cumplímentar las disposiciones establecidas en el documento o formato de voluntad anticipada y las disposiciones de la presente ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón esforzarse a intervenir en su realización”.

¡Ah! Pero hay una previsión donde se garantiza el cumplimiento de la responsabilidad del Estado.

“Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de Salud, la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de Salud no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en la etapa terminal”.

Es decir, se respeta y garantiza el derecho de las personas, pero se cumple con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad de lo que no viene en este dictamen.

Yo le preguntaría al Presidente de la Comisión de Salud si estaría de acuerdo en incorporar en estos términos que no viene la obligación de garantizarlo con el personal objetor esta enmienda. Ese es un problema de fondo.

Entonces, vayamos a garantizar estos derechos.

Sí, pero no está en el cuerpo de la ley.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Solicita hacer una pregunta, Senador López Brito?

Senador Manuel Cárdenas quiere hacer una pregunta, ¿con qué objeto?

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Si es tan amable de preguntarle al orador si me acepta una pregunta.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Acepta, Senador Encinas Rodríguez?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Con mucho gusto.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Adelante.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Visto así, Senador Encinas, y ante una discusión que pudiera quedar superada en función de su planteamiento, el artículo que usted plantea de la Ciudad de México no ha sido recurrido legalmente, lo entiendo así porque se acepta y entiende que está debidamente redactado.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Así es.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Contra que, el planteamiento que se señalaba ahorita, de que en los términos que viene el dictamen, podrá ser recurrido.

Ahora, entonces, en el evento de lo que aquí se está debatiendo y, bueno, usted se adelantó un poco, habría que preguntar si una redacción como la que ya está superada en la sociedad, como es la de la Ciudad de México, cabría que la aceptaran en el dictamen que está siendo sometido a nuestra consideración.

¿Cabría que la aceptaran?

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Estoy cuestionando al Presidente de la Comisión, se refiere él, a un artículo transitorio.

Yo creo que, independientemente, que sea una ley general, puede formar parte del texto de la ley.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada para hablar a favor.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Trataré de ser breve. Anteriormente yo oí sobre la libertad de conciencia, ¿qué es la libertad de conciencia?, ¿cómo la interpretamos? Aquí, si no me equivoco, uno de los ponentes en contra dijo: “Muhammad Ali, ejerciendo su libertad de conciencia, no fue a la guerra porque no quería matar”, y nadie dijo nada, que Muhammad Ali tuvo a bien libertad de conciencia.

Pues, también un médico tiene su libertad de conciencia y puede decir: Yo no estoy de acuerdo de practicar un aborto porque voy a matar a una criatura. Eso ustedes lo interpretan de otra manera. ¡Cuidado!

Es como cuando también dijeron que nosotros, porque votamos por la ley energética éramos unos traidores, y yo se los dije en aquella ocasión: a mí no me llamen traidor, quizás discrepo con ustedes, pero yo no soy traidor, no me pueden decir eso; ni tampoco le pueden decir a un médico que está ejerciendo su libertad de conciencia porque no quiere matar a un ser humano, eso sí, aplauden a Muhammad Ali porque no quiso ir a la guerra.

¡Cuidado con estas cosas!
Yo no estoy en contra de que la mujer cuide su cuerpo, es el suyo y lo debe cuidar. Pero cuando hay, por situaciones que así somos los seres humanos, que ellas son las que brindan al mundo los nuevos seres humanos, ya está un ser humano adentro de ellas, podrán hacer con su cuerpo lo que quieran, pero no contra una criatura, eso no se vale, eso va en contra, por lo menos, de mi libertad de conciencia y eso yo lo voy siempre a defender, arriba de las leyes, porque las leyes, muchas veces en un país totalitario a uno lo obligan a hacer una serie de cosas que su libertad de conciencia no le permite y, sobre todo, en esos países progresistas que ustedes tanto presumen, la libertad de conciencia está apagada, está apagada la situación de elecciones libres, está apagada una serie de situaciones que ha hecho, precisamente, que esos países tarde o temprano se derrumben, como sucedió con Rusia.

Señores, la libertad de conciencia es el valor más grande que tiene un hombre y puede ir contra las leyes aunque lo metan a la cárcel, entonces yo estoy de acuerdo en que lo que se está proponiendo está bien, y a mí no me gustan esas situaciones de que oye, para esto sí sirves y para esto no.

Ya dijo una vez en la revolución francesa, Carlota Corday: “Oh Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre”.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Jorge Luis Preciado.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: La verdad es que me estaba reservando de participar en este debate, pero es difícil dejar pasar algunos comentarios que se hacen aquí en la tribuna de manera hasta irresponsable.

A quienes apelan a la Constitución del ‘17, como el máximo documento que se llegó a generar en el siglo pasado, y en parte es cierto, y todos los cambios que se hicieron posterior a la Constitución del ‘17, son vistos como lo malo, lo peor, etcétera.

Inclusive, hay un candidato presidencial que plantea que se gobierne con el texto íntegro de la Constitución del ‘17. Y en 1917 la Constitución no contemplaba ni siquiera el derecho al voto de la mujer y la Constitución del ‘17 admitía la inversión privada y la inversión extranjera en muchísimo de los temas que hoy están en contra.

Y luego le sorprende al orador que haya alianzas entre partidos que pensamos distinto, y no les debe sorprender, porque lo que nos unen no son las diferencias ideológicas que tenemos, y de fondo, nos unen los problemas que hay que resolver del país.

Porque así como se nos pregunta, en esta alianza con el PRD, ¿por qué podemos tener una diferencia profunda en materia doctrinal? Bastaría con voltear a ver la otra alianza, la de Morena con el Partido Encuentro Social, a ver qué opinan ellos de esa parte y entonces se generaría un debate interno en el cual, por supuesto, se está anteponiendo el interés general a la raíz ideológica que une a los partidos.

Pero también quise venir aquí, porque creo que la discusión se ha desviado de manera radical.

Esta no es una discusión religiosa. Tardaríamos muchos días y mucho tiempo en discutir la existencia de Dios o la no existencia del mismo.

Esta no es una discusión de tipo moral. Los valores morales cambian con el tiempo, y hay quien considera que son permanentes y eternos y no cambian.

Y quizás tampoco sea una discusión ética.

Cuando uno habla de la conciencia, la conciencia en términos filosóficos es la generación del pensamiento individual, es decir, lo que nace dentro del espíritu para quien crea en la dualidad del ser humano, lo que nace dentro del cerebro, para los que no creen en la dualidad del ser humano, lo que nace dentro de la razón que está entre el espíritu y el cerebro humano, para los que no creen en nada, y es ese pensamiento que se ve moldeado, o por la religión o por la ética o por la moral, y ese pensamiento, que es influenciado por todas estas fuerzas externas, hacen que aquella persona se haga consciente de un pensamiento y en función de ese pensamiento actúe en su vida.

No necesariamente un médico debe ser religioso o moral, sí debe ser ético para poder determinar en su interior que aquello que va a hacer es consciente o no con su forma de pensar, es una cuestión de pensamiento, y la libertad de pensamiento sí la han contemplado todas las constituciones y todas las leyes.

Un médico, cuando se le ordena desconectar, para hablar en lenguaje llano, a aquella persona que le está dando vida una máquina artificialmente, y porque en su horario de trabajo corresponde ir y desconectar a aquella persona para que deje de vivir, él puede, en su conciencia, motivado por cualquiera de las otras fuerzas, que filosóficamente he comentado, decidir si está dispuesto a bajar el swicht o a no bajar el swicht. Esa es la decisión que estamos resolviendo el día de hoy.

No está a discusión el derecho a decidir si alguien está a favor o no de la eutanasia.

No está en discusión el tema del aborto, que también nos tomaría bastantes días en llevar a cabo esa discusión.

Está en discusión el derecho del médico, de la enfermera, del personal de Salud de decidir si toma o no la vida de otro en función de su forma de pensar y la libertad de pensamiento, amigas y amigos, ni siquiera debería de estar en una votación en el Senado de la República.

Por eso yo creo que apelando a la libertad, y que son los tres valores básicos y fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Apelando al segundo derecho más importante que tiene un ser humano por la sola razón de existir, yo considero que debemos de votar a favor para darle esa libertad, ahora legal, que un médico pueda pensar y decidir si desconecta o no desconecta a aquella persona que ha decidido, en su libertad, quitarse la vida.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Preciado Rodríguez.

No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación del proyecto de Decreto.

Para conocimiento de la Asamblea, les informo que agotada la votación nominal de este asunto, presentaremos a su consideración las solicitudes de licencia de diversos Senadores. Las votaciones nominales de los dictámenes que ya se discutieron pasarán al Orden del Día de la próxima sesión.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sigue abierto el sistema electrónico para que depositen su voto. Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Senador Zoé.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Para hacer una consulta como uno de los 85 promoventes del dictamen que ya se discutió sobre el tema de trasplante de órganos.
Hubo una discusión pública, aquí hubo prácticamente, más bien unánime en términos del sentido de la votación, se discutió y no entiendo porqué no la vamos a votar.

Si nos pudiera, la Mesa Directiva, comentar cuál es el fundamento de evitar una votación sobre un tema ya discutido y que, además, solamente con los solos promoventes, pues, es obvio que se va a votar de manera favorable.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si me permite, Senador Robledo Aburto. Terminando esto votaremos las licencias de nuestros compañeros, y si hay condiciones empezaremos a desahogar las votaciones de los dictámenes que, como usted correctamente menciona, ya fueron discutidos.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se recibieron 53 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia. Se remite a la Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.






Informo a la Asamblea que recibimos una comunicación del Senador Benjamín Robles Montoya, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. Dé lectura la Secretaria.

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de abril de 2018.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del próximo 2 de abril del año en curso. Comuníquese.






Recibimos también de la Mesa Directiva la comunicación que suscribe el Senador Raúl Morón Orozco, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. Dé lectura la Secretaría.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia al Senador Raúl Morón Orozco, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 30 de marzo del 2018.

Consulta la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede licencia al Senador Raúl Morón Orozco, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 30 de marzo del año en curso. Comuníquese.

Senador Morón, a nombre de sus compañeros se lleva usted el respeto, la gratitud, el aprecio y el reconocimiento de su trabajo legislativo. Fue usted un gran Senador, que le vaya a usted muy bien en sus planes futuros.

¡Mucha suerte!






Recibimos en la Mesa Directiva la comunicación que suscribe la Senadora María Cristina Díaz Salazar, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. Dé lectura la Secretaría.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se concede licencia a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de marzo del 2018.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

Quiero muy brevemente dejar mi testimonio a nombre del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, y creo que puedo hacer eco de mis 128 compañeras y compañeros en el Senado, del trabajo que realizó como Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, que el día de hoy pide licencia.

Mujer seria, profesional, eficiente, una mujer que nunca dejó de asistir a todo lo que era su responsabilidad y siempre cumplió con su estado, con Nuevo León, con México y con el Senado de la República.

Cristina, te vamos a extrañar mucho, pero dejas una huella muy importante en la LXII Legislatura y en la LXIII Legislatura.

No cabe duda que tu comisión y agradezco a nombre de Cristina la colaboración de   todos los partidos en esta importantísima comisión que el día de hoy deja Cristina acéfala.

Sé que vas a buscar, Cristina, un nuevo destino en tu vida política; sé que te va a ir mucho muy bien y sabes que todo tu grupo te quiere y te respeta.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Emilio Gamboa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se concede  licencia a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del próximo 29 de marzo del año en curso.

Comuníquese.

¡Que le vaya muy bien, Senadora Cristina Díaz!

Que tenga usted mucho éxito, fue usted la primera Presidenta de la Comisión de Gobernación en la historia del Senado de la República, lo hizo usted muy bien.

Que le vaya muy bien y fue usted siempre una gente de construcción, de cambio de generación, de mayorías en el Senado de la República.

Que le vaya a usted muy bien.

¡Felicidades, Senadora!

Sonido en el escaño del Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Distinguidas compañeras y compañeros.

Hoy que se retiran por licencia Benjamín Robles, Raúl Morón y Cristina Díaz, quiero dejar mi huella de gratitud, de admiración a las tres personas.

Y quiero referirme de manera más directa a don Raúl Morón.

Raúl Morón en la Comisión de Educación, siempre actuó con solvencia intelectual, con un gran sentido de honestidad y entendió el privilegio de servir, así como la diligencia para poder sacar todos los acuerdos.

Su crítica propositiva, comprometida, siempre será recordada.

Si algo deja en la huella de la Comisión de Educación, es el espíritu de Raúl Morón, de convertir la utopía en realidad.

Que tenga el éxito que merece.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Romero Hicks.

Compañeros Senadores:

Les reitero la información en la que las votaciones nominales de los dictámenes que ya se discutieron pasarán al Orden del Día de la próxima sesión.

Me parece que en este momento no hay condiciones para votarlos.






A partir de las solicitudes del Senador Zoé Robledo Aburto y de la Senadora Iris Mendoza Mendoza, esta Presidencia emite atentas excitativas a las comisiones que corresponda, a fin de que presenten los dictámenes respectivos a los diversos proyectos de Decreto en materia de eliminación del fuero y el relativo a atención a víctimas.

EXCITATIVAS

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  8, numeral 1, fracción III y 216 del Reglamento del Senado de la República, y 21, fracción XVI  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Cámara de Senadores SOLICITUD DE EXCITATIVA PARA EXHORTAR A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE DICTAMINEN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, LAS INICIATIVAS Y MINUTAS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL FUERO, QUE TIENEN TURNADAS RESPECTIVAMENTE, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 6 de marzo de 2007, el entonces Senador Pablo Gómez Álvarez presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su iniciativa tuvo por objeto reformar el sistema de inmunidad de los integrantes de los poderes públicos, es decir, lo que comúnmente se conoce como fuero constitucional. No es sino hasta el 29 de noviembre de 2011, que el Dictamen de dicha iniciativa y otra y otra, Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, fue presentado al Pleno y votada en la siguiente sesión del 1 de diciembre del mismo año, siendo enviado a la Colegisladora el 6 del mismo mes.

El 28 de febrero de 2013 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentó su Dictamen al Pleno, el cual fue votado el 5 de marzo del mismo año. Siguiendo el proceso, con fecha del 12 de marzo de 2013, fue recibida en el Senado, la minuta con modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. En la LXII legislatura con fecha del 13 de marzo de 2014, se realizó excitativa a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

En la LXIII legislatura se han hecho cuatro excitativas a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que dictaminen la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, con fechas del 29 septiembre de 2015, del 06 octubre de 2015, del 04 de noviembre de 2015 y del 13 de septiembre de 2016.

Por otro lado, el 13 de septiembre de 2016, diversos legisladores presentamos la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político.

De igual forma que con la minuta citada anteriormente, se publicaron dos excitativas a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y; de Estudios Legislativos, Segunda; para dictaminar la iniciativa señalada, una el 17 de noviembre de 2016 y otra más el 30 de marzo de 2017

Esto demuestra que existe material para desaparecer la figura del fuero, sin embargo, también es muestra de la falta de voluntad por dictaminar esta reforma, misma que resulta evidente, ya que estos son solo dos ejemplos de rezago legislativo relacionado con varias iniciativas encaminadas a eliminar o acotar el fuero constitucional, que se encuentran pendientes por dictaminar en ambas Cámaras.

Por las razones expuestas, se presenta ante esta Honorable Cámara de Senadores solicitud de:

EXCITATIVA

PRIMERA.- Se emite atenta excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que presenten el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, turnada a estas comisiones el 12 de marzo de 2013.

SEGUNDA.- Se emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para que presenten el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político, turnada el pasado 13 de septiembre de 2016.

TERCERA.- Se emite atenta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República para que dictamine, junto con las Comisiones que recibieron el turno correspondiente, las diversas iniciativas que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del fuero constitucional.

CUARTA.- Se emite atenta excitativa a la Cámara de Diputados, con pleno respeto a su ámbito competencial, para que dictamine a través de sus Comisiones correspondientes, las diversas iniciativas que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación del fuero constitucional.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto.













Las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una tarea pendiente del Estado mexicano es la materialización plena de los derechos humanos en beneficio de las personas. Si bien existen avances importantes en el reconocimiento de los derechos fundamentales dentro del sistema jurídico mexicano, también es preciso señalar que, en la práctica, aún se necesita seguir trabajando en la materia.

En esta tesitura, uno de los principios fundamentales en un Estado democrático de derecho es la igualdad ante la Ley que debe prevalecer en el marco jurídico que regula la vida interna de una nación. El derecho a la igualdad parte de la premisa que todos merecen ser tratados con el mismo valor por la norma, y en consecuencia por la sociedad; no obstante, no tiene como objetivo eliminar todas las diferencias o desigualdades físicas, ideológicas y culturales que prevalecen en una comunidad, por el contrario, busca asegurar la libre expresión de las singularidades que caracterizan a cada individuo o grupo social.

La noción de igualdad tiene una larga tradición, a pesar de que durante distintas épocas y etapas de la historia ha sido materia de grandes debates; hoy en día existe un consenso respecto del sentido que debe tener, “las ideas de la igualdad o de la desigualdad no están determinadas principalmente por hechos, sino que son producto de la estructura normativa de la sociedad, esa estructura ha sido variable históricamente, razón por la cual la igualdad que tenemos en las sociedades contemporáneas -mucha o poca en la práctica, eso es otra cuestión- se ha ido ganando por parcelas, por avances grandes y pequeños, pero no se ha dado de una vez y para siempre”.1

Esto significa que los cambios sociales alrededor del reconocimiento a la igualdad entre los individuos se han dado mediante pequeñas modificaciones de conducta en la manera de convivir entre las personas, lo que ha generado de manera paralela, la necesidad de hacer cambios sustanciales en el derecho para regular las nuevas formas de organización social, en donde los sujetos sean tratados bajo los mismos criterios jurídicos.

Si bien con “el nacimiento mismo del Estado constitucional la igualdad no ha dejado de figurar como uno de los principios vertebradores de dicho modelo”,2 desde comienzos del siglo XX la noción de igualdad tuvo un cambio significativo, entre otras cosas representó legitimar a las personas cuyo trato era desigual ante la Ley para reclamar un trato social y legal igualitario, entre las luchas por materializar este ideal se encuentran los movimientos feministas y de trabajadores, de comunidades negras tanto en Europa como en Estados Unidos, así como grupos indígenas que reclamaron reconocimiento y respeto a sus usos y costumbres.

La noción de igualdad “designa un concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto (material o ideal), o de una situación, cuya existencia pueda ser afirmada o negada como descripción de esa realidad aisladamente considerada; es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones… entre los cuales debe existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque sólo sea espacial y/o temporal, pues de otro modo, como es obvio, no cabría hablar de pluralidad”.3

En consecuencia la igualdad no se constriñe únicamente a dar un mismo trato a dos o más personas que comparten las mismas características o condiciones, sino que también necesita considerar las particularidades y las condiciones sociales que han dado origen al reconocimiento de esa igualdad, por lo tanto, se puede decir que “el principio de igualdad nos indica que si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, entonces debemos darles un tratamiento igual, pero también nos exige que si esas personas mantienen diferencias relevantes, entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico les otorgue también debe ser distinto”.4

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”.5

Desde estas perspectivas, distintos instrumentos internacionales han recogido en sus artículos la preocupación por alcanzar el derecho a la igualdad. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Esta afirmación se refuerza con lo plasmado en el artículo 2º de la misma Declaración, el cual establece que el reconocimiento de los derechos y libertades expresados en dicho documento debe ser para todas las personas por igual sin “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 

Esta misma preocupación por el derecho a la igualdad es reconocida en otros documentos internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el párrafo segundo de su artículo 2 señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

En el mismo sentido la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en su artículo 5 establece “los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico”; mientras que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer estipula que “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su protocolo de igualdad de género, establece que la idea de igualdad ante la ley, “es un principio de justicia e implica que, ante las mismas circunstancias, las personas sean tratadas de la misma manera bajo reglas fijas, reconociendo que puede existir una distinción solo en circunstancias relevantes, de manera justificada y a fin de evitar un trato desigual.” 6

Como miembro de la comunidad internacional el Estado mexicano se ha comprometido a garantizar que el marco jurídico que regula todas las relaciones públicas y privadas al interior del país, se sujeten a dar un trato igualitario a todas las personas. En razón de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la igualdad en su artículo 1º, señalando que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” Además de lo señalado en este precepto, como parte de las garantías de igualdad consagradas en la Carta Magna se pueden señalar: 7

• En el artículo 2º se reconocen la composición pluricultural de la nación mexicana y los derechos de los pueblos indígenas;

• El artículo 4º establece que “el varón y la mujer son iguales ante la Ley”;

• Aunque no atribuye expresamente una garantía de igualdad, en el artículo 5º se establece el derecho de los gobernados a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Bajo este supuesto excluye implícitamente un trato desigual que no pueda ser justificado.

• Del artículo 12 establece la prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios, ni dar efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.

• En el artículo 13 estipula que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales;

• Por su parte, el artículo 28 prohíbe los monopolios, y las exenciones de impuestos, lo que se traduce en el reconocimiento de la igualdad de trato.

Como puede observarse, desde el marco constitucional existe un reconocimiento amplio del derecho a la igualdad, lo que se traduce en un enorme reto para el Estado mexicano, ya que asegurar en todos los espacios de la vida pública esta garantía, implica no solamente que todo el marco normativo se apegue a estos principios, sino que en la práctica, las relaciones sociales en general se ajusten a esta concepción de trato entre las personas, es decir, se requiere que los individuos incorporen a su forma de actuar el respeto y la aceptación de que todos son iguales.

Lo anterior no ha sido una tarea fácil en una sociedad como la mexicana, cuya tradición, cultura e historia se encuentra en gran medida impregnada por una ideología machista que impide el pleno ejercicio del derecho a la igualdad. En este sentido, el ejercicio de este derecho ha encontrado grandes obstáculos para reducir la brecha respecto al trato que reciben hombres y mujeres. Al igual que en el resto del mundo, en México esta lucha por el alcanzar las mismas condiciones entre ambos géneros ha sido un largo proceso. El cual ha visto consolidados estos esfuerzos consagrando en las leyes la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Si bien la incorporación paulatina de este reconocimiento en todos los ordenamientos jurídicos ha sido muy importante en la construcción de un Estado democrático de derecho, también es necesario garantizar que todas las normas mantengan un cuidadoso equilibrio en el trato que otorgan a hombres y mujeres. Tal es el caso del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

El título noveno de esa norma federal, regula los riesgos de trabajo, los cuales de acuerdo con el artículo 473 de ese ordenamiento son entendidos como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Por otro lado, el artículo 474 dispone que son accidentes de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

Asimismo dicho título de la Ley contempla las indemnizaciones a las que el trabajador o sus familiares tienen derecho cuando, en razón de las labores que desempeña, sufra algún tipo de lesión, incapacidad temporal o permanente e incluso la muerte.

Respecto a este último supuesto, el artículo 501 establece que tienen derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:

I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador;

III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dentro de los supuestos que establece el artículo en comento, llama la atención lo señalado en su fracción I, a la luz del derecho a la igualdad que ha sido expuesto en el presente documento, puede observarse que contempla un trato diferenciado entre la viuda del trabajador y el viudo en caso de ser una mujer la trabajadora que fallece; en el primer caso la ley no contempla requisito alguno para legitimar el derecho de la viuda a recibir la indemnización, no obstante, en la segunda hipótesis requiere que el viudo demuestre una dependencia económica y tener una incapacidad del cincuenta por ciento o más, lo cual no se logra justificar con argumentos sólidos.

Al respecto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito se ha pronunciado en contra de dicha distinción legal, señalando que atenta contra el derecho a la igualdad. De manera precisa, el tribunal ha dicho: 8

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los gobernados sin consideración de sexo. Ahora bien, el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo viola el precepto constitucional en comento, al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. Esto es así, toda vez que dicho precepto dispone, en lo que interesa, que tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte, la viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de un cincuenta por ciento o más, lo que implica una distinción entre la viuda y el viudo del trabajador o trabajadora extinto, por razones de sexo, pues a la primera no le impone como requisito la dependencia económica e incapacidad que sí exige para el segundo. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto legal que se impugna, no tiene fundamento constitucional, sino que contraviene lo dispuesto por el artículo 4o. de la propia Constitución. 

Es decir, la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo atenta contra los tratados internacionales y la Constitución mexicana en materia del derecho a la igualdad, de manera particular entre hombres y mujeres. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en modificar la Fracción I del artículo 501 a fin de eliminar esta distinción en la Ley Federal del Trabajo, y homologar su redacción al texto constitucional y garantizar el mismo trato para el viudo y la viuda del o la trabajadora en caso de fallecimiento de ésta.

De manera particular se propone que la redacción de la Fracción I del artículo 501 se refiera a que tiene derecho a recibir indemnización en caso de muerte el cónyuge supérstite del trabajador o la trabajadora, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más. Es decir, se elimina la distinción actual y se deja en igualdad de condiciones al viudo y la viuda del trabajador.

La Real Academia Española define supérstite como aquel que sobrevive, en este sentido, al establecer que será el cónyuge supérstite quien tenga derecho a recibir la indemnización, se está refiriendo a aquella persona que sigue en vida y que tiene la calidad de cónyuge del trabajador fallecido.

El cambio en el cuerpo de la Ley es una forma de seguir avanzando en materia de igualdad entre hombres y mujeres, es importante que todo el cuerpo normativo proteja de la misma manera a todas las personas. Si bien son necesarios mayores esfuerzos hacia los grupos vulnerables, también se requiere que en situaciones donde no existen argumentos o motivaciones que justifiquen una distinción en la norma, éstos sean eliminados, porque provocan un trato desigual entre iguales, idea totalmente contraria a los principios consagrados en los derechos humanos.

Tal como ha quedado manifestado en la presente exposición de motivos, el avance en el reconocimiento de los derechos humanos, sobre todo en la materialización de estos, no se ha dado de una vez y para siempre, todo ha sido un proceso continuo que demanda de una permanente revisión de los marcos normativos a fin de actualizarlos y que estos sean un reflejo del tipo de sociedad al que deben regular.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:

I. El cónyuge supérstite del trabajador o la trabajadora, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:

I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:

I. El cónyuge supérstite del trabajador o la trabajadora, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Carbonell, Miguel. “Igualdad y Constitución”, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, [en línea], consultado 16/03/18, disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CI001.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, [en línea], consultado 20/03/18, disponible en:
http://www.cidh.org/women/Cuestionario.Igualdad.G%C3%A9nero.EDO.01.19.11sp.htm

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, [en línea], consultado 20/03/18, disponible en: http://187.174.173.99:8080/leyes/protocolos/3.pdf

7 Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM. “Las garantías de igualdad” , [en línea], consultado 20/03/18, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2576/4.pdf

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “INDEMNIZACIÓN POR MUERTE. EL ARTÍCULO 501, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD”, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, Pág. 1736






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

(Presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es la principal forma en la que los seres humanos adquirimos una alfabetización y una serie de conocimientos que a su vez incida de manera positiva en alcanzar una vida plena, con desarrollo económico, social y cultural a nivel personal y colectivo.

Lograr los mejores y mayores objetivos en materia educativa constituyen uno de los principales ejes rectores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, aprobada la Cumbre que se llevó a cabo en septiembre de 2015, la cual incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Por ello, lo ideal es que todos nuestros jóvenes lograsen el máximo grado de estudios posible, ir más allá de la educación obligatoria y cuando menos, lograr el nivel de estudios superiores o de licenciatura.

Lamentablemente, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2014 se informó que en México, el 22% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, ni estudian, ni trabajan. Esto es, 6.82 millones de jóvenes.

Este mismo informe, señala que durante los cuatro años posteriores a la educación básica, el 66% de los jóvenes deserta por completo del sistema educativo. Además, que de aquellos que culminan su educación medio superior o bachillerato, el 40% no continúa hacia el nivel superior. Porcentaje que nos coloca en los peores lugares de los países miembros de la OCDE.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República en México, los principales factores individuales de deserción escolar en educación media superior son: Situación económica, embarazos y matrimonio a edad temprana, violencia y adicciones.

A ello, habremos de agregar la insuficiencia de oportunidades de acceso a la educación superior, principalmente por los niveles muy por debajo de los necesarios en absorción escolar en la oferta educativa pública.

Es cierto que en ambos casos, factores individuales y generales, los elementos económicos se hace presente. Por lo que se hace necesario avanzar muy apresuradamente en cuando menos las siguientes vertientes:
• La absorción escolar y la gratuidad en la educación superior por la que respecta a la impartida en instituciones públicas.

• Los escenarios de oportunidad para que cada vez más jóvenes puedan satisfacer sus necesidades educativas, también a través de las instituciones privadas en el país.

De acuerdo con la Estadística del Sistema Educativo en México 2016-2017 de la Secretaría  de Educación Pública, el 60.6 de nivel superior se imparte en el sector público y el restante 39.4 en instituciones privadas.

No obstante, llega a ser insuficiente, pues para la gran mayoría de los jóvenes mexicanos le es imposible pagar una Universidad privada, aunque en términos monetarios sea considerada como accesible, por lo que pese a la cobertura, sigue siendo una asignatura pendiente para dar cabida y satisfacción a las necesidades educativas de este sector de población en edad de educación superior.

Las cosas empeoran, cuando pese a la necesidad mayoritaria de acudir a la escuela pública, damos cuenta que en nuestro país no es sinónimo de gratuidad, sólo de cierta accesibilidad, principalmente para el caso de los estudios de nivel superior.

Esto es así, en virtud que del artículo 3ro Constitucional, se advierte que la educación obligatoria y gratuita a impartir por parte del Estado es la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Luego, en la fracción V del invocado 3º Constitucional, sigue diciendo que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, entre ellas, la educación superior.

Configuración mínima en la que dicho dispositivo constitucional no específica o establece que dicha educación superior deba ser promovida de manera gratuita.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

Lo anterior, no obstante que resulta ser un ineludible compromiso de carácter internacional y de derechos humanos en materia educativa, cuando menos, de acuerdo a…

El artículo 13, número 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 13

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

En el mismo tenor, el artículo 13, número 3, inciso c), del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador".

Un tema pendiente, que cabe decir, se ha presentado por cuenta separada la Iniciativa con Proyecto de Decreto que propone el avance gradual hacia la educación superior gratuita, pero también, que es necesario avanzar en el segundo tema: Los escenarios de oportunidad de satisfacción de las necesidades educativas en nivel superior a través de las instituciones públicas, mediante el apoyo público.

La Ley General de Educación, en su Capítulo Tercero, relativo a la equidad en la educación, patentiza la responsabilidad del Estado para tomar medidas encaminadas a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno al derecho a la educación de calidad, con equidad de oportunidades en el acceso y permanenecia en los servicios educativos.

En el artículo 33 de la legislacion en materia de educación, es enfático en señalar que para lograr la susodicha equidad en la educación, las autoridades educativas podrán otorgar becas y demás estímulos económicos y sociales, preferentemente a estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que los sitúen en desventaja para ejercer su derecho a la educación.

Si embargo, estos apoyos deben extenderse para cursar educación superior en las instituciones privadas.

Como ya se dijo, si bien es cierto que la mayor cobertura es absorvida por las Casas de Estudio públicas, que debe avanzarse paulatinamente hacia la gratuidad, también, que debemos ampliar el abanico de oportunidades incluyendo las privadas.

En una primera fase, en base al reconocimiento a la excelencia académica y aprovechamiento escolar, para que se garantice en la medida presupuestal posible, a que los estudiantes destacados y con vulnerabilidad económica y social, puedan asegurar sus estudios en cuaquiera de ambas opciones, tanto públicas como privadas, mediante el apoyo público social.

Un ejemplo palpable de esta necesidad, son los indicadores del estado de mi representación, Jalisco, en los que es de señalar, que en el año 2016, por lo que respecta al nivel educativo superior, de los 43,666 aspirantes a alguna de las 97 licenciaturas que se ofrecieron en dicho ciclo escolar en los siete centros temáticos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y los ocho Regionales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), solo fueron admitidos 16,828, lo que representó el 38.5% de admisión, de acuerdo con información de la Dirección de Control Escolar de dicha Casa de Estudios.

También, cabe destacar, que de acuerdo a los Informes de Gobierno de la Presidencia de la República en México, el apoyo en Becas para educación Media Superior y Superior se ha incrementado en más del 40%. Pero las financiadas con el erario público no alcanzan a las instituciones privadas.

México ha avanzado considerablemente en materia de rezago educativo, sin embargo, necesitamos intensificar esfuerzos que se vean reflejados en la calidad de vida de los mexicanos. Una manera real, es la materialización de un plan de vida con las provisiones académicas necesarias de nuestros jóvenes más destacados, que necesariamente se verá reflejado en los objetivos colectivos.

Para ello, es necesario ampliar el sistema de becas financiadas por el erario público en las instituciones privadas, comenzando por estudiantes destacados y vulnerables.

Lo que así se propone incorporar, en el texto del mismo invocado artículo 33 de la Ley General de Educación.

También, incluir la posibilidad de la suscripción de los convenios necesarios de colaboración, para el mejor logro de los objetivos y rendimiento del presupuesto en esta asignatura.

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BECAS PÚBLICAS APLICABLES TAMBIÉN EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DE NUESTRO PAÍS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a la XVIII. (…)

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Para el caso del acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos hacia el nivel superior, preverá la implementación de programas a base de becas, tanto para instituciones públicas y privadas, que permitan de acuerdo a la suficiencia presupuestal, garantizar la continuidad educativa en este nivel en favor de estudiantes por reconocimiento a su excelencia académica, principalmente de aquellos en situación de riesgo de deserción escolar por vulnerabilidad económica.

Para este fin, la Secretaría celebrará los convenios necesarios con instituciones de educación superior.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Jesús Casillas Romero.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SE ADICIONA CON UN ÚLTIMO PÁRRAFO EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a proporcionar información sobre las acciones emprendidas respecto del informe “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, por la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo; y a la Comisión de Justicia los resolutivos segundo, tercero y cuarto.

Los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, Senadores de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS RESPECTO DEL INFORME “DOBLE INJUSTICIA: INFORME SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA”,  POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un alto nivel de violencia es un problema para cualquier sociedad democrática o no democrática. Una certidumbre total de impunidad genera incertidumbre total general.

Actualmente, nuestro país se encuentra en los más altos niveles  mundiales.

Esto refleja en todos los ámbitos, desde la falta administrativa más sencilla hasta el caso más complejo que ha existido en años: la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

De inicio y al fin del país todos nos identificamos de alguna manera con las víctimas, necesitamos y clamamos justicia; pero no una fabricada.

El 15 de marzo pasado, se publicó el documento “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” por la Organización de las Naciones Unidas, en las que afirman lo siguiente:

“La ONU-DH encontró que la diligencia llevada a cabo el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, fue conducida en violación al debido proceso y las garantías judiciales.

La Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para considerar que Agustín García Reyes (cuyo caso es uno de los 34 documentados por la Oficina) habría sido detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia.

También se ha documentado que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces Director de la Agencia de Investigación Criminal  (AIC) de la PGR (TOMAS ZERON), aunque éste no tenía el mandato legal para hacerlo.

“En este caso las implicaciones van más allá de los hallazgos de tortura, detención arbitraria y otras violaciones en contra del detenido en cuestión. La diligencia en el río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015, en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente.

“En este contexto, la Oficina subraya la ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas ese día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada   en el Río y la falsa declaración del entonces Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR afirmando que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan”.

No sólo encontraron que el Director de la AIC, Tomás Zerón, participó en diligencias ilícitas –posible motivo de que nunca se sepa la verdad histórica-; sino que también, bajo su mandato se probaron 34 casos de tortura, detención arbitraria y uso de las instalaciones de SEIDO en PGR para ese fin.

El principal funcionario citado por la ONU, Tomás Serón, no es la primera vez que está implicado en un caso claro-oscuro. Su hoja de vida en cargos político-administrativos está dada por su participación en los siguientes casos:

• En Mayo de 2007 fue destituido de su cargo como Coordinador de Control Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ante las fallas operativas que existieron en el caso CANANEA en donde por falta de coordinación, la SFP permitió que un grupo de sicarios se ejecutó a más de 11 personas y creo terror en Sonora al apoderarse de sus instalaciones por falta de coordinación.

• En 2010, fue Coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría del Estado de México cuando una pequeña niña, PAULETTE, quien fue encontrada muerta en un hueco entre el colchón y la cama, días después de haber desaparecido.

• En 2013 fue designado por Murillo Karam como Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tuvo dos momentos destacados en su trayectoria en esa institución: es el responsable de la compra del malware espía PEGASUS (octubre 2014) y la manipulación directa sobre evidencia en la DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA (octubre de 2014); aunque el video fue exhibido hasta abril de 2016. Tomás Serón renunció; sin embargo, ese mismo día fue nombrado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad. La Secretaría de Gobernación afirmó en un comunicado que ese nombramiento fue una instrucción del Ejecutivo Federal.

Como resultado de la evidencia del acto ilegal, el funcionario sólo “subió de rango” en la escala jerárquica. En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica de la APF se establece que El Comisionado Nacional de Seguridad auxiliará al Secretario de Gobernación en las siguientes actividades:  políticas, programas y acciones de seguridad pública (XII); Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal (XV), proponer estrategias de prevención criminal (XVII); ; auxiliar a la PGR y al Poder Judcial de la Federación cuando así lo requieran (XIX); y participar en la atención integral a víctimas(XXI) entre otras.

Por otra parte, aparentemente desde sus nuevas funciones la justicia para las familias de los desaparecidos sigue siendo un viacrucis institucional.

En ese sentido, nada es claro. Se sabe que la “nueva visitaduría” de PGR entorpece y cubre las irregularidades cometidas por el ex director de la ACI; como la presentación de 3 recursos de queja sin sentido que presentó SEIDO. La investigación en la Secretaría de Función Pública parece suspendida hasta en tanto no se resuelva el amparo; aún y cuando el ámbito penal y administrativo son dos materias distintas que corren en paralelo.

En ese sentido, el párrafo correlativo a la facultad de investigar y resolver en las vías administrativa y penal paralelamente quedó intocado en la reforma de 2015; que establece al respecto: “Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente”.

En enero de este año, durante su mitin, “los padres exigieron una audiencia con el ministro presidente de la Corte para denunciar el retraso judicial y también recordaron la resolución del amparo que interpusieron el año pasado contra la exoneración penal del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. En ese mítin,  Melitón Ortega, padre de un normalista, matizó que Aguilar Morales les advirtió que, pese a que resolverán el porqué de la demora de los jueces, éstos son independientes y, por lo tanto, “no pueden ordenar””.

De todo lo anterior sólo tenemos certeza de las recomendaciones de la ONU:

1. Dejar de manipular las investigaciones oficiales desde la Visitaduría General de la PGR  e investigar y determinar posibles responsabilidades legales de algunos funcionarios públicos involucrados en la investigación del caso. Es evidente que diciembre 2016, las conclusiones preliminares de la investigación interna fueron modificadas, diluyendo las responsabilidades y manteniendo en la impunidad las violaciones cometidas.

2. Que la Visitaduría General y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR realicen investigaciones exhaustivas para determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales de servidores públicos. La investigación debe alcanzar la posible responsabilidad de los superiores jerárquicos de quienes hubieran cometido tales acciones, así como todas las actividades de posible encubrimiento que hubieran favorecido la impunidad.

De seguir las cosas como hasta ahora ¿Qué esperamos los ciudadanos?: Todos podemos desaparecer; la justicia brilla por su ausencia; ante un acto sancionable, siempre se puede ser nombrado con un grado superior.

Como legisladores y como ciudadanos NO podemos hacer caso omiso a estos actos, porque eso implica tolerancia y encubrimiento. “En la medida que los actos de tortura y las otras violaciones de derechos humanos cometidas no son investigadas y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también el derecho a la verdad y a la justicia”. No podemos seguir tolerando que la justicia sea sólo para unos cuantos. La justicia debe ejercerse para todos no importa el nivel social o de mando que se tenga. 

NO podemos tolerar este grado de impunidad. No podemos callar la voz cuando la ONU ya afirmó – contrario a nuestras autoridades – que existen elementos suficientes para afirmar que Tomás Zerón realizó actos que violaron el derecho a la verdad histórica, incluso actos de tortura a más de 30 inculpados. No podemos dejar de observar que no es la primera vez.

Ante la falta de información, la situación especial del principal acusado por la ONU y la “tramititis” tortuosa que han pasado las víctimas en el ámbito legal, se propone la creación de una comisión especial a través de un grupo de trabajo plural y público.

En ese sentido, es importante señalar que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Cámara de Senadores, para que con apego a lo dispuesto por la Constitución Federal y demás leyes aplicables, se creen comisiones especiales, eminentemente transitorias, para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas o para desempeñar un encargo específico.

En el mismo sentido, el artículo 95 faculta a la Cámara de Senadores para aumentar el número de Comisiones, según lo crea conveniente.

No queda más que recordar las palabras de Manuel Gómez Morín:

“Este es el clima actual de México. Saturación ya intolerable de fatiga y náusea por la corrupción de la vida pública…

En suma, un renacimiento manifiesto del espíritu ciudadano que comienza a comprender la necesidad del esfuerzo permanente, de la infatigable vigilancia, del continuo estar en guardia, y la urgencia de forjarse él mismo sus propios instrumentos de acción”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, proponga al Pleno de esta Cámara, la creación de la Comisión Especial de acompañamiento para los deudos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe: ¿cuál fue la fundamentación y motivación del nombramiento de Tomás Zerón como Secretario del Consejo de Seguridad Nacional?; y, ¿cuáles fueron las facultades o acciones que realizó este funcionario en materia de víctimas, relacionadas con la Procuraduría General de la República? 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que informe de la existencia de los procedimientos Administrativos existentes contra Tomás Zerón de Lucio, de 2006 a la fecha de respuesta.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia a atraer los amparos o recursos promovidos o como resultado de la promoción de víctimas del caso denominado Ayotzinapa. Esto, por ser de interés y trascendencia para la vida nacional y por no existir criterios relacionados a la facultad de acción penal y administrativa después de la reforma constitucional del artículo 109, del año 2015. 

Salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente.






Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la auditoría financiera y dar cumplimiento al Programa de Pensiones de Adultos Mayores. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar de las razones técnicas y jurídicas que motivaron la decisión de no ejercer la acción penal en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez. Se turna a la Comisión de Justicia.








Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo relativo a la contaminación de los ríos y mantos acuíferos de Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y MANTOS ACUÍFEROS DE CHIAPAS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El agua es el compuesto químico más importante para el sostenimiento de los ciclos biogeoquímicos, regulación del clima y otros procesos de los ecosistemas naturales, que hacen posible la vida en nuestro planeta. El 70% de la superficie terrestre está cubierto por agua y el 70% de nuestro cuerpo también está conformado por agua.

Además de su importancia como recurso vital, el agua también es necesaria para la realización de innumerables actividades productivas, industriales, recreativas y de la vida cotidiana. Por esta razón, nuestros ríos, lagos, aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos que debemos proteger y conservar.

En las últimas décadas se han realizado importantes esfuerzos internacionales para que toda la población tenga acceso al agua.

Entre 1990 y 2015, 2 mil 600 millones de personas obtuvieron acceso a fuentes de agua potable mejorada, de los cuales 1 mil 900 millones obtuvieron agua potable suministrada por cañería en su hogar. En 1990 el acceso al agua potable a nivel mundial era del 76% y para 2015 se alcanzó el 91% de cobertura.1

Sin embargo actualmente más de 663 millones de personas aún viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo fila o trasladándose a fuentes lejanas, así como enfrentar problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.2

Actualmente continúan los esfuerzos internacionales por el derecho al agua; dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se incluye el Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, que contiene la meta 6.3 “De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial”.3

En México, el valor del agua consumida a nivel nacional es de más de 35 mil millones de pesos. Hasta 2015, de un total de 29 millones 048 mil 251 hogares que cuentan con servicio de dotación de agua, 21.2 millones reciben agua diariamente, 4.4 cada tercer día, 1.6 dos veces por semana y 1.08 millones de hogares reciben agua sólo una vez por semana.4

Cabe destacar que mi Estado, Chiapas, es la tercera entidad federativa con menor porcentaje de acceso al agua entubada (87.2%), tan solo detrás de Oaxaca y Guerrero, mientras que el promedio nacional es de 94.6%.5

Sin embargo, Chiapas es el Estado con mayor disponibilidad de agua renovable en todo el país, recibiendo 112 mil 929 hm3/año, que representan el 25.3% de un total nacional de 446 mil 777 hm3/año. Se entiende por agua renovable la cantidad de agua máxima que es factible explotar anualmente en una región, es decir, la cantidad de agua que es renovada naturalmente por la lluvia y el escurrimiento. Asimismo, Chiapas es el estado con mayor agua renovable per cápita, con 21 mil 499 m3/hab/año, es decir 7 veces el promedio nacional, que es de 3 mil 692 m3/hab/año.6

Estas cifras indican que los tres niveles de gobierno en Chiapas tienen una gran responsabilidad para lograr que toda la población tenga acceso a agua entubada y drenaje; y por otra parte, a conservar en buen estado los cuerpos de agua, a fin de mantener una alta disponibilidad de agua renovable.

Para lograr esto, se debe poner especial atención en evitar la contaminación de los mantos acuíferos; que son los estratos o formaciones geológicas permeables, compuestas de grava, arena o piedra porosa, que permiten la circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Los acuíferos contienen las aguas que provienen de la infiltración en el terreno de las aguas, lluvias o de lagos y ríos, que después de pasar la franja capilar del suelo, circulan y se almacenan en formaciones geológicas porosas o fracturadas.7

En este sentido, desde 2010 se han detectado diversos problemas relacionados con la contaminación de mantos acuíferos de Chiapas. El Programa Hídrico Regional de la Región Hidrológico Administrativa XI Frontera Sur, región que abarca los territorios de Chiapas y Tabasco, indica los siguientes puntos dentro de la problemática hídrica prevaleciente: 8

• Cuencas y acuíferos en equilibrio: La mayor parte de la actividad agrícola en la Región se desarrolla con sistemas tradicionales, poco tecnificados y con bajos rendimientos. El inadecuado uso y manejo de los recursos naturales ha ocasionado verdaderos estragos en los ecosistemas.

• Ríos limpios: La disposición inadecuada de desechos sólidos originados en los centros de población urbanos y rurales contribuye al azolvamiento de los cauces de los ríos y los lixiviados a la contaminación del agua de las corrientes superficiales y de los mantos acuíferos.

• A esto se suma la escasa cultura de la población en favor de un ambiente limpio, lo cual genera que la población arroje desechos sólidos en las calles de las ciudades y contribuye a obstruir el alcantarillado y drenes pluviales, con lo que contribuye a contaminar los ríos y demás cuerpos de agua al ser arrastrados a los afluentes.

Actualmente, 8 años después de la publicación del Programa Hídrico Regional, diversos medios informativos han dado a conocer que la contaminación de los ríos y mantos acuíferos en Chiapas continúa, debido a causas muy similares:

• El manejo inapropiado de los residuos peligrosos que generan empresas y hospitales han provocado una grave contaminación de los mantos acuíferos y de ecosistemas.9

• Las zonas agrícolas del Estado presentan un alto uso de agroquímicos, cuyos recipientes pueden ser un riesgo para la población en caso de desecharlo al medio ambiente sin darle el tratamiento necesario.

• Múltiples municipios desechan aguas residuales sin tratar a los mismos ríos donde captan agua potable para consumo humano. En el Río Grijalva, 17 municipios de la Zona Metropolitana descargan sus drenajes.10

• En la orilla de carreteras se han detectado basureros clandestinos, cercanos a sitios donde se filtra el agua de lluvia que alimenta los mantos acuíferos.11

La problemática se resume en tres áreas de atención urgente: el manejo inadecuado de residuos urbanos, la carencia de plantas de tratamiento para aguas residuales y el incorrecto manejo de agroquímicos. Sin embargo, antes de aplicar acciones específicas para combatir esta problemática, es necesario atender las causas que le dan origen, principalmente la escasa cultura del agua en la población, así como el incumplimiento de la normatividad vigente.

En consecuencia, consideramos que resulta oportuno y necesario exhortar a SEMARNAT y CONAGUA a reforzar las acciones de promoción de la cultura del agua y aplicar la normatividad relativa a evitar la contaminación de ríos y mantos acuíferos en Chiapas.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a reforzar las acciones de promoción de la cultura del agua y aplicar la normatividad relativa a evitar la contaminación de ríos y mantos acuíferos en el Estado de Chiapas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo.


1 Naciones Unidas, 2015. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2015
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

2 Naciones Unidas. Día Mundial del Agua, 22 de marzo http://www.un.org/es/events/waterday/index.shtml

3 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 6
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

4 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial del Agua (22 de marzo). 18 de marzo de 2016 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agua2016_0.pdf

5 Idem.

6 SEMARNAT-CONAGUA. Atlas del Agua en México 2016 http://201.116.60.25/publicaciones/AAM_2016.pdf

7 EcuRed (Cuba). Manto acuífero (Consultado en marzo de 2018)
https://www.ecured.cu/Manto_acu%C3%ADfero

8 SEMARNAT. Programa Hídrico Regional Visión 2030. Región Hidrológico-Administrativa XI Frontera Sur http://igh.com.mx/programa_hidrico_chiapas/documentos/Informacion/Programa%20Hidrico% 20por%20Organismo%20de%20Cuenca%20Frontera%20Sur.pdf

9 Oye Chiapas. Persiste contaminación de mantos acuíferos: Profepa. 17 de octubre de 2017 http://oyechiapas.com/estado/costa/36157-persiste-contaminacion-de-mantos-acuiferos-profepa.HTML

10 Cuarto Poder de Chiapas. Alertan por contaminación agroquímica en aguas de Chiapas. 22 de febrero de 2018 http://www.cuartopoder.mx/alertan-por-contaminacion-agroquimica-en-aguas-de-chiapas-235531.html

11 El Heraldo de Chiapas. Basurero clandestino a orilla de carretera. 9 de marzo de 2018 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/municipios/basurero-clandestino-a-orilla-de-carretera/






De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Carmen Izaguirre Francos y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar el estatus que guardan los Programas de Fomento a la Inversión Pública y Privada en Telesalud, Telemedicina y Expediente Clínico Electrónico. Se turna a la Comisión de Salud.

Las que suscriben, HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE FRANCOS y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todas Senadoras de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 numeral 1 fracción IX, y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN TELESALUD, TELEMEDICINA Y EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Con fecha del 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y competencia económica. De esta reforma constitucional, en el artículo Décimo Cuarto Transitorio, mandata que el Ejecutivo Federal debe hacerse cargo de la política de inclusión digital universal, en ella se tiene que incluir el fomento a la inversión pública y privada para el desarrollo de aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico.

A partir de esta reforma constitucional, el Estado Mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, con metas anuales y sexenales, ello como lo señalan los artículos 1° párrafo tercero y 6° párrafo tercero, y apartado B fracción I de dicho artículo, ambos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- En el mes de noviembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal publicó la “Estrategia Digital Nacional”, como una acción pública que garantiza la política de inclusión digital universal, para ello establece líneas y directrices enmarcadas en cinco grandes objetivos, a saber: 1) transformación gubernamental; 2) economía digital; 3) transformación del modelo educativo; 4) salud universal y efectiva; y 5) innovación cívica y participación ciudadana.  

Específicamente, el objetivo 4 “Salud universal y efectiva”, a la letra, plantea:

“generar una política digital integral de salud que aproveche las oportunidades que brindan las TIC con dos prioridades: por una parte, aumentar la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud y, por otra, hacer más eficiente el uso de la infraestructura instalada y recursos destinados a la salud del país”.

Entre las metas de dicho objetivo se encuentran:

• Impulsar un modelo de gobierno de información en salud que apoye la convergencia de los sistemas de información en salud;

• Consolidar el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud con la finalidad de establecer la personalidad única en salud y fomente el uso eficiente de la capacidad instalada;

• Impulsar la digitalización de los servicios de salud por medio del Certificado Electrónico de Nacimiento (CeN) y la Cartilla Electrónica de Vacunación (CeV) que apoye la mejora del modelo de atención médica;

• Impulsar el intercambio de información de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, entre los que se encuentran los Expedientes Clínicos Electrónicos, para apoyar la convergencia de los sistemas de información en salud;

• Impulsar mecanismos de Telesalud y Telemedicina para aumentar la cobertura de los servicios de salud.

3.- A través de la reforma constitucional de junio de 2013 por el cual se reconoce el derecho fundamental de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, las autoridades sanitarias a nivel federal podrán coadyuvar a garantizar el acceso a la atención integral de sus derechohabientes en razón de que una de las grandes ventajas que permite la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones subyace en que en la mayor parte de los hogares mexicanos tienen acceso al internet, en 2016 el 47 %  de los hogares en el país tienen este servicio, éste porcentaje es mayor en 21 puntos porcentuales si se compara con 2012 que era del 26 % del total de hogares, de los 15 millones 658 mil 535 hogares con acceso a internet en 2016 el 99.5 % tiene una conexión de banda ancha, todo ello de acuerdo a la información estadística que proporciona la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunado a ello, la ENDUTIH 2016, señala que existe un total de 81 millones 27 mil 569 usuarios de teléfonos móviles (Smartphone), cifra mayor si se compara con usuarios de computadora que asciende a 51 millones 708 mil 327 personas. Específicamente, los usuarios de teléfonos móviles en los últimos siete años se han venido incrementando, en 2009 era el 43.9 % del total de los usuarios de tecnologías de la información y comunicación, en tanto para 2016 fue 73.6 % del total de los usuarios, por lo tanto, la actual tendencia de los usuarios de las tecnologías de la información y comunicación es hacia los teléfonos móviles –de conformidad con la información estadística disponible-, de ahí la importancia que tienen las aplicaciones electrónicas en teléfonos móviles para informar a la población en general con información clara y verídica pero sobre todo le sea de utilidad para su bienestar físico y psicológico. 

Además, dicha encuesta nacional menciona que el total de usuarios de internet en 2016 fue de 65 millones 520 mil 817 personas, de este total el 84.5 % lo utiliza para obtener información y sólo el 22.2 % para interactuar con el gobierno, éste último porcentaje es mayor en 1.4 puntos porcentuales respecto al año previo, es decir en 2015 el 20.8 % del total de usuarios de internet lo utilizaron para interactuar con su gobierno mientras que en 2016 fue del 22.2 %. Consecuentemente, representa una gran ventana de oportunidad para el gobierno en general seguir fortaleciendo sus acciones y estrategias públicas con el fin de tener una mayor interacción con su población, y dicha comunicación sea para acortar trámites administrativos y de carácter informativo. 

4.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que las TIC aplicadas a la salud, como la telemedicina, la salud móvil y los registros de salud electrónicos mejoran considerablemente el acceso a los servicios de salud, su eficiencia y calidad; además son de gran utilidad para llegar a las poblaciones vulnerables y aisladas, ampliando la cobertura. 

5.- De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el logro de los objetivos de salud en la región se vincula estrechamente con la reducción de las inequidades en esa área, para lo cual las TIC constituyen una potente herramienta.
Asimismo, señala que el acceso a centros de salud en zonas rurales o apartadas es complicado, por lo cual la telemedicina se ha presentado como una solución, acercando a los pacientes y el personal sanitario a través de la tecnología. La teleconsulta y la teleradiología permiten reorganizar recursos médicos para favorecer el incremento del acceso a prestaciones de salud más oportunas y de mejor calidad, con mejoras de eficiencia en el uso de los recursos implicados.

6.- El tercer objetivo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, suscrita por México en 2015, busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en los próximos quince años. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace énfasis en la necesidad de fortalecer los sistemas de salud pública en el mundo, a fin de construir sociedades más prósperas y garantizar el derecho humano a la salud y el bienestar.

Entre las metas de dicho objetivo se encuentra lograr una cobertura universal y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad.

7.- La implementación de las TIC en el sector salud ha mejorado la calidad de vida de las personas en los países donde se han implementado políticas públicas en la materia. Las TIC pueden aplicarse en distintos ámbitos de la salud, como la prestación de servicios bajo la modalidad de telemedicina; en la gestión de los servicios de salud, mejorando el acceso a la información y el sistema de atención a la salud; o bien, en los mecanismos de educación, investigación e información.

Hoy, lograr los objetivos de cobertura y calidad en los servicios de salud, exige contemplar las nuevas tecnologías como herramientas esenciales para la construcción de soluciones a problemas prácticos en beneficio de la salud integral de los ciudadanos.

Objetivo de la proposición con punto de acuerdo:

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que informen a la Cámara de Senadores el avance físico y tecnológico en el funcionamiento y desarrollo de las aplicaciones electrónicas de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico, las dos primeras buscan incrementar la cobertura de los servicios de salud de la población derechohabiente a dichos regímenes de seguridad social, y la tercera pretende que en todas las unidades médicas del sector salud a nivel federal se fomente el intercambio de información sobre la salud de los pacientes y su condición actual de salud ello protegiendo su esfera jurídica de vida privada y datos personales como señala la normativa de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que informen a esta Soberanía el avance físico y tecnológico de los programas de inversión pública y privada para el desarrollo de aplicaciones electrónicas en materia de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico, que hace referencia el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 11 de junio de 2013.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Hilda Ceballos Llerenas.- Sen. Ivonne Liliana Álvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Carmen Dorantes Martínez.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. María del Carmen Izaguirre Francos.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía a realizar las acciones necesarias a fin de mejorar las condiciones del sector lechero del país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la República a que, con previa audiencia de los casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, desarrolle e implemente políticas eficaces tendientes a garantizar y proteger el derecho a la vida de todos los mexicanos, la rendición de cuentas y la erradicación de la impunidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo relativo al ajuste de las normas sobre la calidad del aire. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una actualización de campañas para la detección oportuna del cáncer pancreático en personas con antecedentes familiares. Se turna a la Comisión de Salud.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II y, 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR UNA ACTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER PANCREÁTICO EN PERSONAS CON ANTECEDENTES FAMILIARES, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los efectos del cáncer en la sociedad atentan contra el logro de los objetivos de desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción.

Por un lado, el impacto en la productividad, que lacera el ingreso familiar, aunado a los altos costos en tratamientos para quienes no cuentan con seguridad social, son factores que se traducen en el empobrecimiento de las familias. Por otra parte, el tratamiento de esta enfermedad representa para el Estado un gasto que, de continuar con el índice de crecimiento actual, llegará a ser insostenible.

El cáncer representa una baja para la economía, a pesar del conocimiento que existe sobre las formas eficaces para gestionar esta enfermedad.

La prevención, es una medida que debe ser intensificada, es decir, se deben crear estrategias para hacer frente a los factores de riesgo comunes del cáncer y mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad que causa la muerte de casi 9 millones de personas al año.1

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 60% de los casos se concentran en África, Asia y América Central y del Sur, así como el 70% de las muertes a nivel mundial, sobre todo por la falta de detección precoz y de acceso a tratamientos.2

El director del Departamento de la OMS para el Manejo de las Enfermedades No Transmisibles asegura que: “14 millones de personas son diagnosticadas cada año en una etapa avanzada y sus muertes podrían evitarse si la detección se hace de manera temprana”.3

Los cánceres de pulmón, estómago, hígado, colon y mama son los más letales.4 Sin embargo, el cáncer de páncreas es un asesino silencioso del que casi no se habla, pero que cobra muchas vidas ya que es difícil detectarlo de manera oportuna.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer explica que, dada la ubicación del páncreas, es imposible ver o sentir los tumores en etapas iniciales.

Los síntomas se presentan, en la mayoría de los casos, hasta que el cáncer ya se ha propagado a otros órganos.5

Según datos de INFOCÁNCER, del Instituto Nacional de Cancerología, los factores de riesgo para que una persona desarrolle cáncer de páncreas exocrino son:

• Edad. La mayoría de los pacientes son mayores de 45 años.

• Sexo. Los hombres son 30% más propensos que las mujeres.

• Raza. Las personas de raza negra son más vulnerables a desarrollar cáncer de páncreas en comparación con las personas de raza blanca.

• Tabaquismo. El riesgo se duplica para los fumadores.

• Obesidad. Las personas con sobrepeso son más propensas a padecer este tipo de cáncer.

• Diabetes. Es más común en las personas que padecen diabetes, principalmente la diabetes tipo 2.

• Alimentación. Algunos estudios han asociado el cáncer pancreático con una alimentación alta en grasas, carne roja, cerdo y carnes procesadas.

• Alcohol. Algunos estudios han encontrado un vínculo entre el consumo excesivo de alcohol y el cáncer de páncreas.

Antecedentes familiares. En algunas familias, el alto riesgo se debe a un síndrome hereditario. 6

Es importante destacar que el tratamiento del cáncer de páncreas se basa principalmente en su etapa y no en su tipo exacto, esto debido al tamaño del tumor y a su propagación.7

En nuestro país, para la atención médica especializada a enfermos oncológicos, tenemos al Instituto Nacional de Cancerología, que es un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud.8

Éste brinda atención de calidad a pacientes no derechohabientes de la seguridad social, provenientes de todo el país, brindando servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.9

Sin embargo, aún hay retos por cumplir, entre ellos, mejorar los programas de prevención e incrementar el acceso a terapias innovadoras, sobre todo en los casos de cáncer pancreático, uno de los más letales entre todas las enfermedades oncológicas del tracto digestivo.

En la actualidad existen nuevas pruebas de detección temprana que pueden ser útiles para las personas con un alto riesgo de cáncer pancreático debido a antecedentes familiares. Según la Sociedad Americana del Cáncer, una de ellas se conoce como ecografía, “prueba que no se usa para detectar el cáncer en el público general, pero puede usarse en algunas personas con antecedentes familiares significativos de cáncer pancreático o con un síndrome genético que aumente su riesgo. Mediante este estudio, los médicos han podido encontrar temprano cánceres en etapas tratables en algunos miembros de familias de alto riesgo”.10

Además de esta prueba, existen otros exámenes para encontrar la causa y, de ser detectado el cáncer pancreático, se realizan estudios adicionales para determinar la extensión. Estos son, además de los antecedentes médicos y exámenes físicos, los estudios por imágenes, los análisis de sangre y las biopsias.11

Además de estas pruebas, lo ideal sería crear una estrategia en la que participen todas las áreas del gobierno federal, como la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Energía; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y la Secretaría de Economía, para que junto con la Secretaría de Salud desarrollen políticas públicas y programas que promuevan comportamientos saludables para reducir la exposición a riesgos, así como campañas de prevención que incluyan la promoción de los estudios y tratamientos más novedosos.

Lo importante es efectuar todos los controles que nos permitan detectar a tiempo la enfermedad para que las posibilidades de tratamiento y cura sean mucho más altas y podamos seguir disfrutando de la vida, compartiendo con la familia y con las amistades, que también es una manera importante de prevenir cualquier enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice una actualización de campañas para la detección oportuna del cáncer pancreático a personas con antecedentes familiares.

Dado en el Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.


1 Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

2 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

3 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

4 Ídem. Día Mundial contra el cáncer. OMS subraya la importancia del diagnóstico temprano. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2017/02/1372981

5 ¿Se puede detectar el cáncer en sus primeras etapas? Sociedad Americana del Cáncer. Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pancreas/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/deteccion.html#escrito_por

6 Factores de Riesgo. INFOCANCER. Disponible en: http://www.infocancer.org.mx/factores-de-riesgo-
con127i0.html

7 Descubre a tiempo el cáncer de páncreas. Secretaría de Salud. Disponible en:
https://www.gob.mx/salud/articulos/descubre-a-tiempo-el-cancer-de-pancreas

8 ¿Quiénes somos? Instituto Nacional de Cancerología. Disponible en: http://www.incan.salud.gob.mx/

9 Ídem. ¿Quiénes somos? Instituto Nacional de Cancerología. Disponible en: http://www.incan.salud.gob.mx/

10 ¿Se puede detectar el cáncer de páncreas en sus primers etapas? Sociedad Americana del Cáncer. Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pancreas/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/deteccion.html

11 Pruebas para detectar el cáncer de páncreas. Sociedad Americana del Cáncer. Disponible en:
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pancreas/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-diagnostica.html






De la Senadora Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a denunciar ante su Órgano Interno de Control a la ciudadana Ximena Puente de la Mora por conflicto de interés. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Y VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA AL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DENUNCIE ANTE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA C. XIMENA PUENTE DE LA MORA POR CONFLICTO DE INTERÉS, lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. DE LA AUTONOMÍA DEL ORGANISMO GARANTE

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de transparencia, que tenía como objetivo otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de transparencia (tanto a nivel federal como en las entidades federativas), y que en el nuevo órgano garante constitucional autónomo recayera la autoridad en materia de protección del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Entre las características de los Órganos Constitucionales Autónomos, son de destacarse aquellas señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERISTICAS”, que al tenor literal dice lo siguiente:

“El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad”.1

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Al referirse especialmente al aspecto de la autonomía, la Iniciativa presentada por Senadoras y Senadores integrantes del Partido Acción Nacional el 4 de octubre de 2012,2 refirió lo siguiente:

En resumen, los organismos constitucionales autónomos son generalmente entidades técnicas de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, que se organizan y funcionan en base (sic) a los principios referidos; y para su buen funcionamiento no sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder”.

En congruencia con lo antes mencionado, debe señalarse que el órgano constitucional autónomo encargado de garantizar el acceso a la información no puede tener vínculo alguno especialmente con sus regulados, a saber, los sujetos obligados señalados en el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, específicamente, los partidos políticos.

SEGUNDA. DE LA AUTONOMÍA DE LOS COMISIONADOS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO GARANTE.

Los principios de autonomía, independencia e imparcialidad que deben ser característica general del Órgano Garante, deben replicarse en el plano individual por cada uno de los comisionados que lo integran. El artículo 6º, apartado A, fracción VIII, párrafo décimo de la Constitución, dispone al tenor literal lo siguiente:

“Los comisionados durara?n en su encargo siete an?os y debera?n cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del arti?culo 95 de esta Constitucio?n, no podra?n tener otro empleo, cargo o comisio?n, con excepcio?n de los no remunerados en instituciones docentes, cienti?ficas o de beneficencia, so?lo podra?n ser removidos de su cargo en los te?rminos del Ti?tulo Cuarto de esta Constitucio?n y sera?n sujetos de juicio poli?tico”.

En correlativo con lo dispuesto con anterioridad, el artículo 95, fracciones I a VI de la Constitución, establece los requisitos para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los requisitos establecidos resalta el de la fracción VI, que al tenor literal dispone lo siguiente:

“No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la Repu?blica, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el an?o previo al di?a de su nombramiento”.

Este último requisito tiene qué ver con la autonomía de la persona que ocupará el cargo en cuestión, debido a que resalta el cuidado de interponer un plazo de tiempo entre la finalización de alguna otra función pública y el comienzo del desempeño de otra. En el mismo sentido, aunque la ley no lo expresa literalmente, es de entenderse que el requisito de la autonomía versa también en torno a la utilización debida del cargo público evitando que su desempeño signifique alguna ventaja para ocupar algún otro cargo futuro.

En el caso particular del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante “INAI”), el nombramiento de las personas que ocupan y han ocupado el cargo de comisionados, recibió una fuerte recomendación respecto a su autonomía por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil. El ejemplo más concreto es la recomendación de CIDAC hecha en marzo de 2014:

“Es necesario garantizar que la nueva autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) no termine en una simulación sujeta a la voluntad e interés de los partidos políticos”.3

El fenómeno de la relación de los partidos políticos con los integrantes de órganos que gozan de autonomía constitucional ha sido bien documentado por diversos investigadores. Un estudio del profesor investigador Alfonso Hernández Valdez afirma:

“La mayori?a de los nombramientos a puestos dentro de o?rganos colegiados de organismos con autonomi?a constitucional, tanto en el orden federal como local, han suscitado pole?mica debido al perfil de candidatos que son nombrados por los legisladores. Estos eligen con frecuencia a personas ma?s allegadas a los intereses de los partidos poli?ticos que a los requerimientos de una institucio?n con autonomi?a de decisio?n”.4

Lo anterior da cuenta de la relación que frecuentemente establecen los integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos con los partidos políticos, lo cual pone en entredicho su autonomía pues, como se ha mencionado con anterioridad, esta depende en gran medida de la desvinculación que se tenga con cualquier grupo de poder o interés que pueda condicionar la toma de decisiones. En el caso particular del INAI, al tratarse de un cuerpo colegiado de composición impar, la vinculación de uno solo de los integrantes con alguno de los grupos de interés o poder en comento pone en peligro la autonomía, independencia e imparcialidad del cuerpo en su conjunto.

TERCERA. DEL CONFLICTO DE INTERÉS DE LA C. XIMENA PUENTE DE LA MORA.

Dentro del “Dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda”,5 a través del cual se aprobó, entre otros, el nombramiento de Ximena Puente de la Mora como Comisionada del INAI se señaló:

“TERCERO. Que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y, de Estudios Legislativos, Segunda; estiman que para la designación de los Comisionados del nuevo organismo constitucional autónomo en materia de transparencia a que se refiere la fracción VIII del apartado A del artículo 6º Constitucional, deben establecerse ponderaciones basadas en criterios específicos, que permitan hacer una ordenación de ellos, y así contribuir con elementos objetivos, en la decisión de quienes realizarán las designaciones; para ello, se considera que es deseable que en la decisión se tome en cuenta lo siguiente:

3. …

Adicionalmente de todos los elementos que se aporten, se cree importante que se observe claramente la independencia respecto a personas, entidades o grupos de interés que pudieran afectar los principios de imparcialidad, objetividad y responsabilidad en la actuación de los aspirantes en caso de ser designados. Lo anterior no podrá interpretarse como un detrimento de sus derechos políticos sino como un principio que garantice la objetividad e imparcialidad en el futuro ejercicio de su encargo.”

Asimismo el dictamen de referencia establece en la foja 429 que:

“Adicionalmente, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, hicieron patente que en todos los casos, aun y cuando se encontró que participaron en el proceso personalidades que conforme a su currículo han ocupado cargos de elección popular, han sido funcionarios o representantes de partidos políticos, fueron o son militantes activos de partidos políticos; se observó clara independencia en sus criterios respecto a personas, entidades o grupos de interés que pudieran afectar los principios de imparcialidad, objetividad y responsabilidad en la actuación de los aspirantes en caso de ser designados.”

La convicción del legislador respecto a la independencia de Ximena Puente de la Mora, fue una condición sine qua non para su nombramiento, pues bajo ese supuesto se infirió que no tenía intereses que pudieran afecar los principios de imparcialidad, objetividad y responsabilidad en su actuación en caso de ser designada.

El pasado 19 de marzo fue dada a conocer la lista de candidatos a diputados plurinominales por el Partido Revolucionario Institucional, entre las cuales figura Ximena Puente de la Mora. Su nombramiento muestra claramente que existen vinculos entre la ex comisionada y el mencionado instituto políico. Estos vínculos nunca se hicieron del conocimiento de los senadores al momento de comparecer, ni tampoco en ningun otro momento en el Pleno del INAI donde diariamente se discuten temas que pueden afectar al ahora partido de Ximena de la Puente Mora.

Cabe mencionar que la C. Ximena Puente hizo del conocimento de la opinión pública que presentó su carta de renuncia dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo. Sin embargo esta renuncia no es suficiente para evitar el señalamiento por probable conflicto de interés, pues se desconoce el momento exacto en el cuál comenzó y es de presumirse que todas las acciones que realizó como comisionada del INAI estuvieron sujetas o condicionadas a la obtención del beneficio de ser postulada por el PRI como candidata plurinominal.

El artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece, al tenor literal:

“Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.”

En correlativo a lo dispuesto por el artículo anterior, el artículo 3, fracción VI de la ley en comento, establece que conflicto de intere?s es: “La posible afectacio?n del desempen?o imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Pu?blicos en razo?n de intereses personales, familiares o de negocios”. Al aceptar una postulación como diputada federal, la ex comisionada Ximena Puente afectó su desempeño imparcial y objetivo.

La función de las y los Senadores de la República, en tanto miembros de un poder distinto al que ejerce en el Estado el órgano constitucional autónomo, y como encargados de velar por la autonomia del órgano garante del Derecho de Acceso a la Información, consideramos trascendental que el Pleno del INAI sustancie y presente una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Instituto por probable conflicto de interés, así como las faltas administrativas que resulten y, de esta forma, someter a investigación las resoluciones, votaciones y proposiciones adoptadas por la C. Ximena Puente de la Mora mientras se desempeñó como comisionada del Instituto.

CUARTA. DE LOS CASOS EN LOS CUALES SE PRESENTÓ CONFLICTO DE INTERÉS.

Son de dominio público las acusaciones de corrupción que pueblan el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto. En asuntos en los cuales la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, la posicion de Ximena Puente de la Mora habría sido crucial para ocultar tramas de evidente corrupción y así cubrirle las espaldas al PRI. Dada la desgnación como diputada por la vía plurinominal de Puente de la Mora caen a escrutinio publico al menos uno de sus proyectos más controvertidos, nos referimos al escandalo de corrupción vinculado con la compra a sobreprecio de una planta quebrada para la producción de urea, por parte de PEMEX, detrás de la operación estuvo Emilio Lozoya. Así lo revela una investigación periodística publicada en noviembre del año pasado:

“El INAI decidió mantener en secreto el avalúo realizado por Pemex para comprar plantas que desde su adquisición han generado pérdidas. Una compra realizada a través de filiales privadas durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, investigado hoy por el caso Odebrecht.

El pleno del INAI decidió mantener bajo reserva información relacionada con el avalúo de plantas de fertilizantes adquiridas por Pemex en 2013, las cuales costaron 11 mil millones de pesos, luego de que un particular solicitó toda la información documental con la que contó la Auditoría Superior de la Federación para señalar irregularidades en la adquisición de la planta Agro Nitrogenados.

Un avalúo que tuvo un sobreprecio de 93.1 millones de dólares para la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados. La adquisición de la planta de fertilizantes se realizó sin efectuar evaluaciones sobre la condición de los bienes, toda vez que, según Pemex, el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería la garantía de los mismos', refirió la ASF en una auditoría referente a la compra de la planta de Agro Nitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, a través de Pro Agro Industria, una filial de PMI Norteamérica, que a su vez es filial privada de Pemex.

Sin embargo, el proyecto de la comisionada del INAI, Ximena Puente consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.

En estos términos y con algunas reservas de los comisionados Arelei Cano y Oscar Guerra, el INAI aprobó el proyecto presentado por la comisionada Puente, con lo cual, se mantiene en secrecía los detalles sobre los avalúos con los que Pemex compró la planta Agro Nitrogenados.

De este modo, el INAI determinó mantener en secrecía un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex. Un mal negocio para la empresa productiva del Estado que incluso ha provocado que Lozoya sea investigado por el Consejo de Administración de Pemex, debido a las cuestionables compras de empresas en quiebra.

De este modo, Pemex gasto? ma?s de 1 mil 395 millones de do?lares para quedarse con dos plantas de fertilizantes quebradas: Agro Nitrogenados (una subsidiaria de Altos Hornos de México que al momento de su venta a Pemex, había cumplido 14 años en huelga) y Fertinal, empresas que desde su adquisición sólo han generado pérdidas.”6

No es la primera vez que Ximena Puente de la Mora muestra una actitud falta de probidad, autonomía y compromiso con el INAI y que trata de usar su puesto como trampolín para brincar a otras posiciones. Basta hacer memoria a la convocatoria que hiciera esta Institución Senatorial para cubrir la vacante de Fiscal Anticorrupción, puesto para el que, gracias a su postulación plurinominal por el PRI, podemos inferir que no cumplía con el requisito de independencia.

Parece ser que Puente de la Mora no comprendió el golpe que atestó a la legitimidad de la Institución que hasta hace poco presidió, cuando se inscribió como candidata a la Fiscalía Anticorrupción. Quienes signamos esta proposición con Punto de acuerdo lo hacemos en defensa de las instituciones que apuntalan la democracia y que el día de hoy, debido al proceder del Poder Ejecutivo y de diversos actores políticos, se encuentran en crisis. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración del Pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta respetuosamente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que con base en lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, denuncie a la C. Ximena Puente de la Mora ante el Órgano Interno de Control del Instituto por posible conflicto de interés.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.

1 Tesis de Jurisprudencia, P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página 1647, Novena Época, Registro No. 172456

2 Senadoras y Senadores integrantes del Partido Acción Nacional. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. LXII Legislatura, 4 de octubre de 2012.

3 Ana Langner. “Autonomía del IFAI, ¿en riesgo por cuotas?”, El Economista. Sociedad, 2 de marzo de 2014.

4 Hernández Valdez, Alfredo. Reflexión en torno al proceso de nombramiento de los comisionados del “nuevo IFAI”. México: ITESO, 2014. Disponible en línea en:
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1484/Reflexi%F3n+en+torno+al+proceso+de+ nombramiento+de+los+comisionados+del+%20nuevo+IFAI%20.pdf;jsessionid=98E26FAEF B05976D0A0C43159ABC2F9F?sequence=2

5 Senado de la República. Propuesta de las Comisiones Unidas de Anticorrupcio?n y Participacio?n Ciudadana, de Reglamentos y Pra?cticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda; con que se presentan al Pleno los candidatos a comisionados del organismo auto?nomo, garante del derecho de acceso a la informacio?n pu?blica y a la proteccio?n de datos personales en posesio?n de los sujetos obligados; a que se refiere la fraccio?n viii, del apartado a del arti?culo 6o constitucional. México: Congreso de la Unión, 30 de abril de 2014.

6 Manuel Hernández Borbolla, “INAI oculta información sobre millonaria planta chatarra que compró Pemex con Lozoya”. HuffPost, México. 23 de noviembre de 2017. Disponible en línea en:
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/inai-oculta-informacion-sobre-millonaria-planta-chatarra-que-compro-pemex-con-lozoya_a_23286601/






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a tomar las acciones contundentes para fortalecer el estado democrático de derecho, a fin de erradicar la crisis de seguridad, violencia, corrupción e impunidad y fortalecer la legalidad y justicia en el país. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La concepción Estado Democrático de Derecho congrega diferentes principios y postulados filosófico-políticos de diversos pensadores del Siglo XVIII, que buscaron dar respuesta al Estado absolutista, el cual se caracterizaba por la falta de libertades, la concentración del poder en una persona y la legitimidad del mismo otorgada por la divinidad.

En este sentido, en el Estado Democrático de Derecho se encuentran garantizados los derechos y libertades de los ciudadanos, el poder político se halla limitado por el derecho y es aquel Estado en el cual toda acción política se sujeta a un principio de legalidad.1 En otras palabras, es la organización política constreñida por un marco jurídico máximo que regula la vida, social, política y económica de una sociedad, orientada por principios de legalidad y el respeto pleno de los derechos fundamentales, ese marco es la Constitución Política del Estado.

En este sentido, el Estado Democrático de Derecho es un modelo basado en un sistema de leyes que regulan jurídicamente el accionar del aparato del Estado, es decir, cuando las instituciones actúan en el marco de sus atribuciones respetando plenamente los derechos humanos y procurando en todo momento lo establecido por la Ley; es decir, nadie debe estar por encima de ella.

Asimismo, la procuración y administración de justicia es fundamental para consolidar el Estado de derecho, ya que a través de ella se regula y se restaura el orden que puede ser vulnerado por el incumplimiento de la Ley en cualquier ámbito de la estructura social, un fuerte y eficiente sistema de justicia favorece el marco de la legalidad, el imperio de la Ley y el combate a la impunidad. En sentido adverso, cuando un Estado cuenta con un sistema de procuración y administración de justicia ineficiente y corrompido, los principios de un Estado Democrático de Derecho se deslegitiman provocando una crisis de gobernabilidad y de violación a los derechos humanos.

Agregando a la idea anterior, Elías Díaz, jurista español, en su obra Estado de Derecho y Democracia refiere los elementos necesarios que caracterizan al Estado Democrático de Derecho:2

a) Imperio de la Ley: Ley como expresión de la voluntad general.

b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

c) Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial.

d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal.
Una vez que se entiende la concepción de Estado Democrático de Derecho y la importancia del mismo para el desarrollo de las sociedades modernas, es que se origina la preocupación de que México esté evaluado entre los países con los peores índices de Estado de Derecho, esto lo hace constatar un estudio de la organización World Justice Project (WJP).

WJP es una organización independiente y multidisciplinaria, creada en 2006 con el fin de aumentar la conciencia pública sobre la importancia fundamental del Estado de derecho, estimular las reformas gubernamentales y desarrollar programas prácticos en las comunidades.3

El estudio World Justice Project of Law Index está diseñado por más de 110, 000 encuestas a hogares y expertos para medir cómo el Estado Democrático de Derecho se experimenta y percibe en situaciones prácticas y cotidianas alrededor del mundo. El desempeño se evalúa utilizando 44 indicadores en 8 categorías y se clasifican a nivel mundial según el ingreso económico de cada región, las cuales son:4

Restricciones gubernamentales

Corrupción

Gobierno abierto

Derechos fundamentales

Orden y seguridad

Cumplimiento normativo

Justicia civil

Justicia penal

En el citado estudio, México se ubica en el lugar 92 de 113 países evaluados, con una calificación de 0.45 en el índice y solo supera a países del continente como Venezuela con un promedio de 0.29; Bolivia (0.38); Honduras (0.40); Nicaragua (0.43), y Guatemala (0.44). Mientras que el país es superado por naciones latinoamericanas, por mencionar algunas, como Uruguay con 0.71 de puntuación ubicada en el lugar 21 del Ranking Global; Costa Rica (0.68) lugar 24;Barbados (0.65) lugar 30; Antigua y Barbuda (0.63) lugar 34; Bahamas (0.60) lugar 40; Argentina (0.58) lugar 46; Jamaica (0.58) lugar 47; Trinidad y Tobago (0.56) lugar 48; Brasil (0.54) lugar 52, y Perú (0.52) lugar 60.5

En las 8 categorías que mide el estudio en comento, solo en la relacionada con gobierno abierto México obtiene un nivel alto en el desempeño de este factor, ubicándose en el puesto 36 de 113 países (0.61 calificación), le prosigue la medición en derechos fundamentales (0.52) lugar 72, restricciones gubernamentales (0.46), lugar 83, cumplimiento normativo (0.44) lugar 87, orden y seguridad (0.59) lugar 99 y justicia civil (0.40) lugar 100.6

En la categoría de justicia penal México obtuvo la peor calificación de los 8 rubros evaluados, está ubicado en el lugar 105 con una calificación de 0.30,7 el indicador mide la eficacia del sistema de justicia penal de los países valorados. Como se explicó anteriormente, el imperio de la Ley es una de las características de los principios de un Estado Democrático de Derecho, pues constituye la herramienta por la que se reparan los agravios y se regula el accionar de la sociedad para evitar los delitos. 

En este sentido, los índices del estudio World Justice Project of Law Index 2017-2018 que muestran la mala evaluación que se le otorga a México en materia de Estado de Derecho, es algo que debe preocupar al aparato del Estado, ya que es la percepción que tienen los ciudadanos de las instituciones que rigen la vida diaria del país.

De esta forma, es de suma importancia que el gobierno Federal fortalezca el Estado Democrático de Derecho a través de los 4 principios que lo configuran:

• Imperio de la Ley: fortalecer el sistema de justicia penal con fundamentos de             legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos;

• División de poderes: que los tres poderes tradicionales funjan realmente de contrapeso uno del otro y en ese sentido los órganos autónomos constitucionales deben adquirir mayor presencia para la autonomía y blindaje de materias claves para el desarrollo del país fungiendo como limitante del accionar de los 3 poderes;

• Legalidad de la administración: aunque en el estudio citado México obtuvo su mejor evaluación en la categoría de gobierno abierto, es claro que la corrupción gubernamental es uno de los principales problemas nacionales, es por ello que se necesitan mejores mecanismos de control judicial a la actividad administrativa; 

• Derechos y libertades fundamentales: la premisa general del Estado de Derecho, por las erróneas estrategias de combate al crimen organizado de la Administración Federal pasada y la actual, la nación se ha sumido en una severa crisis de violación a los derechos humanos, por lo cual resulta imperante que el gobierno asuma su responsabilidad replanteando las estrategias de seguridad en pro de las garantías reconocidas en las Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que Estado sea parte.

Por tal motivo la presente proposición con Punto de Acuerdo tiene como fin exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado mexicano, para que en el marco de sus facultades y atribuciones legales tome las acciones contundentes para fortalecer el Estado Democrático de Derecho, el cual se encuentra en una crisis de seguridad, violencia, corrupción, impunidad, legalidad y justicia.

El Estado de derecho se construye a partir de un gobierno responsable y capaz de afrontar con honestidad y profesionalismo los problemas, siempre apegado al imperio de la ley, acompañado de una sociedad participativa, que por medio de políticas públicas diseñadas e implementadas de acuerdo con la realidad social del país, generen el bienestar social de la nación.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el  siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de sus facultades y atribuciones legales, tome las acciones contundentes para fortalecer el Estado Democrático de Derecho tendientes a erradicar la crisis de seguridad, violencia, corrupción e impunidad y fortalezca la legalidad y justicia en el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.


1 Dante Jaime Haro Reyes. “Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia”, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2007, [en línea], consultado: 12 de marzo de 2018, disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2897/7.pdf

2 Elías Díaz. “Estado de Derecho y Democracia”, Universidad Autónoma de Madrid, 2007, [en línea], consultado: 14 de marzo de 2018, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831255.pdf

3 Nuevo: Índice de Estado de derecho 2017-2018. World Justice Project, 2018, [en línea], consultado: 15 de marzo de 2018, disponible en: https://worldjusticeproject.org/

4 Ibíd.

5 IMCO Staff. “Índice de Estado de Derecho 2017-2018 vía World Justice Project”, IMCO, 2018, [en línea], consultado: 15 de marzo de 2018, disponible en: https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/

6 Ibíd.

7 Ibíd.






De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a impulsar campañas de concienciación y sensibilización respecto a la importancia y cuidado del agua. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a realizar una auditoría a los contratos que realizó el gobierno del estado y las entidades paraestatales mediante el Sistema de Subasta Electrónica Inversa, a partir del 2017 y lo que va del 2018. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.








Del Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas acciones con el objeto de elevar la calidad en el servicio del Programa Seguro Popular, difundir los servicios y beneficios a los usuarios, mejorar los procesos de afiliación, transparentar los recursos asignados al programa e implementar un programa de austeridad en los gastos de administración del mismo. Se turna a la Comisión de Salud.

El que suscribe, RAÚL MORÓN OROZCO, Integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

El derecho a la salud en México emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Este reconocimiento del derecho está alineado con marcos normativos internacionales en la materia, así como con los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar los distintos tratados sobre derechos humanos, compromisos que adquirieron renovada relevancia en el año 2011 con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.

En México, el derecho a la salud forma parte de los derechos sociales, como lo establece la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en su artículo 6°, lo que obliga al Estado a garantizarlo y protegerlo a través de políticas gubernamentales, programas sociales o reformas legales, con el objeto de que el derecho a la salud pueda ejercerse plenamente.

En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de toda la población mexicana a ser incorporada al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis 1 de la LGS). De esta forma, las familias y personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social, o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, deben ser inscritas en dicho sistema.

Es así como surge el programa del Seguro Popular como un seguro médico, público y voluntario, dirigido a poblaciones sin acceso a servicios de salud.

La incorporación al Seguro Popular es voluntaria a petición del jefe de familia y tiene una vigencia de un año para familias ubicadas en el régimen contributivo, es decir, familias que deben pagar una cuota familiar por afiliación de acuerdo con el decil de ingreso al que pertenecen, y de tres años para familias ubicadas en el régimen no contributivo, con posibilidad de re-afiliación indefinida. Las familias beneficiarias acceden a un conjunto de beneficios de atención médica comprendidos en el CAUSES, que prevé 284 intervenciones médicas, así como 58 intervenciones correspondientes al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

El Seguro Popular es el vehículo financiero para la atención médica de las y los afiliados, y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud son los responsables de promover y gestionar los servicios de protección en salud, administrar los recursos, supervisar a los prestadores de servicios y el pago de éstos, así como afiliar a quienes se interesen en recibir el programa. De este modo, la responsabilidad de la prestación del servicio no corresponde exclusivamente al programa, sino que requiere un trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y los proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas.

La afiliación al Seguro Popular se ha incrementado en los últimos años; de acuerdo con datos del propio programa. Sin embargo, las cifras provenientes de registros administrativos del Seguro Popular presentan diferencias respecto a lo reportado por la población en el censo o conteo poblacionales y en encuestas sobre el tema.

Sin embargo, la infraestructura y los recursos humanos a los que tienen acceso los afiliados al Seguro Popular no se han incrementado a la par del aumento en la afiliación, lo que se traduce en una disponibilidad relativa cada vez menor frente a la demanda.

Son varios los problemas que se enfrentan con el Seguro Popular, entre los que se encuentran:

1. La afiliación, la cual presenta obstáculos, como la falta de documentos, los que implican desembolsos, viajes y varias visitas a las oficinas; las necesidades de migración impiden que se pueda afiliar toda la familia; y tiempos y horarios insuficientes para la consulta segura.

2. Una vez afiliados, los usuarios del Seguro Popular, particularmente las mujeres embarazadas, se enfrentan a la falta de laboratorios en las unidades para que puedan certificar su embarazo y, con esto, incorporarse a la Estrategia de Embarazo Saludable.

3. Ausente, insuficiente o errónea información sobre cómo está integrado el núcleo familiar desde el Seguro Popular; largos tiempos de espera para la afiliación y re-afiliación, sobre todo en localidades donde no hay un módulo de afiliación y orientación y acuden brigadas.

4. Desconfianza en las unidades prestadoras de servicios de salud y, en específico, sobre el Seguro Popular.

5. Una vez afiliados al Seguro Popular, el objetivo de lograr una atención en salud oportuna, integral, con calidad y calidez y sin desembolso se ve mermado por distintos factores: insuficiencia de medicamentos y equipo, incluso los necesarios para acatar lo señalado en documentos oficiales del Seguro Popular.

6. En zonas rurales se suma la poca accesibilidad a hospitales de segundo y tercer nivel; saturación de clínicas y hospitales; escasa información sobre lo que cubre y no el Seguro Popular, y lo que pagan y no en específico los usuarios; y poca profesionalización de los prestadores de servicio social de salud.

7. La OCDE detectó excesivo gasto administrativo, que no disminuyó en la última  década.

La misma OCD, en su reporte sobre sistemas de salud, México 2016, señala que a 10 años de implementado el seguro popular, el sistema de salud mexicano se encuentra en una situación crítica.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO. El Senado de la República exhorta al Secretario de Salud, a fin de que instruya al área competente para que perfeccionen los procesos de obtención y validación de las cifras de afiliación que reporta el programa del Seguro Popular, ya que difieren con lo reportado por la población en el censo poblacional.

DOS. El Senado de la República exhorta al Secretario de Salud para que   implemente acciones para transparentar el uso de los recursos del Seguro Popular y para que ponga en marcha un programa de austeridad que disminuya los gastos administrativos del programa, tal como lo ha señalado la OCDE.

TRES. El Senado de la República exhorta al Secretario de Salud para que diseñe e implemente un sistema de información que permita monitorear la calidad de los servicios de salud, el servicio que brindan los diferentes hospitales y clínicas e impulse mejoras a lo largo de todo el sistema de salud.

CUATRO. El Senado de la República exhorta al Secretario de Salud para que se implemente una campaña de difusión y asesoría para informar a los afiliados de sus derechos al acceder a este programa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Raúl Morón Orozco.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo en relación al incremento recurrente de riesgos y accidentes en la temporada vacacional de “Semana Santa” y exhorta a su máxima prevención en esta edición 2018. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN AL INCREMENTO RECURRENTE DE RIESGOS Y ACCIDENTES EN LA TEMPORADA VACACIONAL DE “SEMANA SANTA” Y EXHORTA A SU MÁXIMA PREVENCIÓN EN ESTA EDICIÓN 2018, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hemos llegado al final del mes de marzo y con ello, a la denominada “Semana Santa” o “Semana Mayor”. Como todos sabemos, se trata de una conmemoración cristiana en torno a la “Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo”. Esta celebración es variable, en virtud de que depende del calendario lunar, entre los meses de marzo y abril, como es el mes de marzo para esta edición 2018, del día 25 al 31.

Aunque la “Semana Santa” tiene un significado religioso, es tomada por muchas familias para vacacionar; y como todo periodo vacacional, viene aparejado con una serie de riesgos, entre los más comunes, el relativo a los accidentes.

Los accidentes constituyen la cuarta causa de muerte en el mundo, pero la causa número uno de pérdida de años saludables, ya que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una oportunidad o expectativa de vida muy importante.

A su vez, la primer causa de accidentes son los de tránsito, con un 60% de los casos, de los cuales, en aquellos de consecuencias fatales la gran mayoría, con otro lamentable 60%, existe presencia de alcohol.

En México se registran 400 mil accidentes de tránsito al año además de los accidentes menores que no son registrados y más de 16 mil muertes por esta causa.
De los accidentes de tránsito, el 6% ocurren en las carreteras; el 16% de los heridos y 30% de las defunciones también se registran en ellas.

Esto muestra que la probabilidad de resultar herido y de morir en un accidente vial es mayor cuando sucede en una carretera, que cuando sucede en una zona urbana.

Adicionalmente, en los periodos vacacionales el tránsito carretero se incrementa de manera bastante considerable, principalmente en los destinos de playa, con mayor acentuación en Semana Santa; al ser uno de los períodos vacacionales más esperados e importantes del año.

Lamentablemente, también se refleja en un incremento en los riesgos de accidentes, en los que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los accidentes de tránsito carretero se incrementan hasta en un 150% durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Además, en las estimaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se prevé que el aforo promedio diario se incremente en más de 30% sobre el aproximado 1.3 millones de vehículos que circulan diariamente por los más de 15 mil kilómetros – carril, que opera.

Mas no solamente el aumento vehicular incide en los accidentes, a su vez se suman otros factores, como:

• No cerciorarse de las adecuadas condiciones mecánicas de los automotores;

• El cansancio;

• No respetar los límites de velocidad;

• Los distractores, como el uso del celular; y

• Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, en virtud de que en época vacacional es común también el ánimo festivo de los ciudadanos.

En el año 2016, tan solo en el periodo de Semana Santa se registraron 41 personas fallecidas en 28 accidentes de tránsito carretero, siete más que en su edición 2015.

Para 2017, las cosas, de nueva cuenta, no mejoraron, pues tan solo en un accidente carretero se registraron al menos 26 muertes.

Me refiero a la colisión e incendio de un autobús de pasajeros y un camión cargado de combustible, ocurrido en la autopista “Siglo XXI”, en los límites de los estados de Michoacán y Guerrero.

Tan solo en el estado de mi representación, Jalisco, el saldo rojo 2017 fue de siete muertos por ahogamiento y quince en accidentes vehiculares, de acuerdo al reporte de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Estatal.

Esto, considerando que no solo los riesgos de accidentes carreteros son los únicos que se incrementan, pues otros como los relacionados con la estancia en zonas de esparcimiento vacacional también lo hacen, destacándose el caso de los ahogamientos, o bien, el mayor tiempo de los menores escolares en casa, con accidentes en sus propios hogares y en las calles al pasar mayor tiempo libre y en juegos.

El periodo vacacional de “Semana Santa 2018” comienza en tres días, por lo que las instancias dedicadas a la Prevención, Seguridad, Protección Civil y de Urgencias juegan un papel importantísimo para reducir al máximo posible el número de accidentes en las carreteras del país; pero sobretodo, es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia en no escatimar ninguna precaución.

Las recomendaciones más reiteradas en estas temporadas son:

• Cerrar llaves de agua, gas y suministro eléctrico en los hogares, en caso de ausentarse por algunos días.

• No dejar mascotas solas

• Revisar estado mecánico del vehículo a utilizar

• Usar cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y evitar distractores al conducir.

• Evitar consumir bebidas alcohólicas en exceso y con mucha mayor razón, abstenerse de manejar si se ha ingerido bebidas alcohólicas.

• Si se visitan playas, balnearios o ríos, evitar ingresar al agua si no ha pasado al menos media hora después de ingerir alimentos.

• Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto

• En general, respetar todas las recomendaciones de las autoridades.

Los accidentes son prevenibles en un 90%, con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la detección de riesgos, por ello, muy importante los operativos de “Semana Santa” y la prevención ciudadana.

Así, por las razones expresadas, la sugerencia en concreto es, además de hacer patente la preocupación del Senado de la República ante las estadísticas de aumento desmesurado de los accidentes, principalmente de tránsito carretero en época vacacional de “Semana Santa”; instar por la intensificación de las campañas de prevención de accidentes, con especial énfasis en la concientización y recomendaciones indispensables a fin de evitar consecuencias fatales.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República hace patente su preocupación por el recurrente y desmesurado aumento de riesgos y accidentes en temporada vacacional de “Semana Santa”.

SEGUNDO.- Exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, de la Ciudad de México y de las entidades federativas del país, a efecto de intensificar las acciones y medidas, con especial énfasis en la concientización y la prevención, encaminadas a evitar accidentes al máximo en esta edición 2018, de la denominada “Semana Mayor”.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos de las entidades federativas que poseen cuerpos acuáticos, a reforzar sus acciones en materia de difusión y concientización sobre la importancia del cuidado y protección del agua, en el marco del periodo vacacional, a celebrarse la última semana del mes de marzo y la primera de abril del año en curso. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El agua sigue siendo un recurso vital y factor del desarrollo social y económico relevante para todas las sociedades. La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1 386 millones de km3, de los cuales el 97.5% es agua salada y sólo el 2.5%, es decir 35 millones de km3, es agua dulce. De esta cantidad, casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo.

Con una posición geográfica favorable, en México no sólo pueden encontrarse casi todos los tipos de vegetación que existen en el mundo, sino también una variada riqueza en recursos naturales, incluidos diversos cuerpos acuáticos.

Actualmente, se tienen registrados más de 650 acuíferos en el país. Los ríos y arroyos de México constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud, con 50 ríos principales, por los que fluye 87% del escurrimiento superficial del país.1 Nuestro territorio también está caracterizado por 50 ríos principales que bajan de las grandes sierras, con 337 mil millones de metros cúbicos de agua al año.

Los cuerpos acuáticos del país no sólo constituyen hábitats para una amplia variedad de plantas y animales, sino también ofrecen una amplia gama de actividades recreativas. Nuestro país también se caracteriza por concentrar costas distinguidas por su calidad y servicios. En 2017, por ejemplo, el 100% de las playas monitoreadas fueron aptas para uso recreativo, muchas de ellas ostentan el distintivo Playa limpia sustentable que reconoce su excelencia ambiental.

De las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan el 56% del territorio nacional.2 México ocupa el primer lugar en América y el 19 del mundo, al haber logrado 37 Blue Flag, distintivos internacionales que certifican la calidad de sus costas. Además, gracias este recurso natural hídrico es un importante país pesquero, pues está en el 17° lugar del mundo en esta actividad.3

Con base en la Secretaría de Turismo, de enero a marzo del 2016 arribaron a puertos mexicanos 750 cruceros y un millón 940 mil turistas. Cozumel y Majahual, en Quintana Roo, Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y Ensenada, en Baja California, son los puertos más visitados en México por el turismo internacional de cruceros.

No obstante, existen diversos problemas ambientales asociados a actividades turísticas de importante consideración. En los diversos cuerpos acuáticos del país en los que pueden llevar a cabo actividades recreativas, se emplean bloqueadores y bronceadores con substancias químicas que modifican la calidad del agua y, por tanto, afectan a las especies. Las colillas de cigarro, así como importantes cantidades de basura que se acumula en basureros cercanos a fuentes de agua, constituyen serios impactos ambientales.

Como consecuencia directa, nadar en aguas insalubres implica poner en riesgo la salud de los usuarios, ya que están expuestos a patologías como irritación en la piel, infecciones en oídos, ojos y aparato respiratorio, malestar estomacal y diarrea por infecciones gastrointestinales.

Estos problemas se intensifican sobre todo en períodos vacacionales cuando se producen más residuos sólidos y son arrastrados mar adentro por el oleaje. El problema no solo tiene repercusiones en la salud humana, sino también efectos directos en la flora y fauna marinas, ya que materiales como unicel, bolsas de plástico, PET y rejillas de plástico que mantiene unidas a las latas de un six, son los sólidos más frecuentes que ocasionan, a su vez, efectos secundarios. Cuando la basura está en el ambiente acuático es frecuente que la fauna la confunda con alimento, y sea víctima de intoxicación, asfixia y muerte.

Estos conflictos también se extienden a otros cuerpos acuáticos. Se estima que en el país, un 70% de los lagos, lagunas, ríos, y otros cuerpos de agua en México tienen algún grado de contaminación, con base en primer Informe Contraloría Social, realizado al Programa de Tratamiento de Aguas de la Comisión Nacional del Agua.

Ante este escenario, estamos obligados a trabajar por el mantenimiento y protección de recursos naturales vitales como el agua y para el desarrollo y bienestar de futuras generaciones. Debemos reconocer que los cuerpos acuáticos de nuestro país como las playas, ríos, lagos, lagunas, entre otros, forman ecosistemas vitales no sólo para diversidad de especies de plantas y animales, sino también para la supervivencia misma de los seres humanos.  

La calidad de agua para uso recreativo en centros turísticos es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios. Ante ello, México cuenta con el Programa de Playas Limpias que busca proteger a los usuarios, mejorar la calidad ambiental de las playas nacionales y elevar los niveles de competitividad de los destinos turísticos. La finalidad del programa es prevenir y revertir la contaminación de las playas mexicanas, respetar la biodiversidad, hacer a las playas competitivas para el turismo tanto nacional como internacional, así como elevar la calidad y nivel de vida de la población local.

No obstante, es necesario continuar con el fortalecimiento del cuidado y protección de los diversos cuerpos acuáticos del país, sobre todo en épocas vacacionales en que aumenta la cantidad de residuos naturales. Las acciones comunitarias de autogestión y las redes de participación ciudadana se han vuelto fundamentales en el manejo y gestión de estos residuos, además, se están generando proyectos alternativos de manejo sustentable y de monitoreo.

La protección, conservación y limpieza de las playas requiere de la participación de todos, de allí el presente exhorto a reforzar las acciones en materia de difusión y concientización sobre la importancia del cuidado y protección del agua, en el marco del período vacacional. Estas son acciones que indudablemente tienen diversos efectos positivos, entre ellos, contribuyen de manera importante al desarrollo del potencial turístico de México.  

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos de las entidades federativas que poseen cuerpos acuáticos, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen sus acciones en materia de difusión y concientización sobre la importancia del cuidado y protección del agua, en el marco del período vacacional, a celebrarse la última semana del mes de marzo y la primera de abril del año en curso. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente.


1 s/a, ¿Cuánta agua hay en México? , Disponible en [en línea:] https://www.gob.mx/mexico-con-agua/articulos/cuanta-agua-hay-en-mexico

2 Semarnat, Política Nacional de Mares y Costas de México, Disponible en [en línea:] http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/pdf/A4_PNMC_actualizada_dic2015.pdf

3 Semarnat, Costas y mares de México. Manejo Integrado con amor, Disponible en [en línea:] http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002471.pdf






Hago ahora del conocimiento a la Asamblea, que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Agua”.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del “Día Mundial del Agua”

El Día 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua con el objetivo de concientizar que el agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas.1

En el año 2018 el Día Mundial del Agua se concentra en el tema “La respuesta está en la naturaleza” recordándonos que los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. Queda mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales allí donde sea posible. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverá el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida.2

En la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión fueron presentadas, por los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión, 33 iniciativas que tenían el propósito de modificar la Ley de Aguas Nacionales. Los temas más recurrentes de las propuestas de reforma fueron las siguientes: 1) Promover la utilización de sistemas de captación de agua pluvial, 2) Hacer obligatorio el reuso de aguas residuales; 3) Alentar el desarrollo de la acuacultura; 4) Proteger y promover áreas y/o zonas de recarga de acuíferos; 5) Permitir que los municipios hagan tratos de manera directa con la CONAGUA en lo referente a aguas, drenaje y alcantarillado; 6) Garantizar el acceso del vital líquido a las mujeres, las personas y grupos sociales vulnerables; 7) A fin de otorgarle personalidad jurídica a los manglares de México; 8) Para proteger los derechos humanos en la construcción de presas; 8) A fin de otorgarle personalidad jurídica a los ríos y cascadas de México; 9) En materia de prórrogas y plazos a los títulos de concesión por uso de aguas nacionales, 10) En materia de captación de agua de niebla, entre otros.

En el Día Mundial del Agua refrendo mi firme convicción de que es necesario mejorar permanentemente el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, en su explotación, uso o aprovechamiento y en su conservación en el territorio nacional a fin de alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.


1 http://www.un.org/es/events/waterday/

2 Ibid.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Agua”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Agua”
22 de marzo

El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir y es un factor estratégico para el desarrollo del país.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente a un desafío actual o futuro.

La celebración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI.

Los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos.

Anualmente México recibe alrededor de 1’449,471 millones de m3 de agua en forma de precipitación. De esta, se estima que el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.2% escurre por ríos o arroyos, y el 6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Las oportunidades de explotar las aguas residuales como un recurso son enormes. El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud. Entre estos destacan 51 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial total del país y cuyas cuencas ocupan el 65% de la superficie territorial continental del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas”

La verdad no sólo representa la realidad que impera ante una situación en particular,  sino que trata de una de las máximas aspiraciones de todo Estado Democrático de Derecho.

Esta aspiración se torna aún mayor tratándose de los acontecimientos que han lacerado de manera significativa a todas las sociedades a través de la historia, como lo son las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.

Lo anterior, debido a que se trata de acontecimientos que entrañan hechos de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, entre otros fenómenos que además de tratarse de atentados a bienes jurídicos fundamentales como la integridad corporal, la libertad o la vida misma, resulta inadmisible que se sigan cometiendo por parte de cualquier Gobierno.

Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su calidad de máximo organismo internacional, proclamó mediante resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, el 24 de marzo de cada año como “Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”.

Además de las razones materiales para esta proclamación, la Organización de Naciones Unidas recordó en su resolución la labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, originario de El Salvador, de la consagración activa de la promoción y protección de los derechos humanos en su país; labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.1

No obstante más allá del tributo que se deba rendir a luchadores de los derechos humanos o a la memoria de las víctimas, debemos orientar nuestra labor a establecer mecanismos encaminados, en primer lugar, a evitar cualquier violación a los derechos humanos y en segundo lugar, a sancionar y, en su caso, restaurar los daños causados con estas conductas.

En congruencia con los principios que rigen la política exterior, México ha asumido plenamente su papel pacifista, conciliador y de plena cooperación en el concierto internacional, perfeccionando sus instrumentos legales e institucionales para evitar cualquier violación de los derechos humanos.

Además de la ya consolidada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada a principios de la década de 1990, el sistema jurídico mexicano ha registrado un sinnúmero de reformas encaminadas a la búsqueda de la verdad y la justicia.

Tal es el caso de la Reforma Constitucional en materia penal de 2008, que además de transformar radicalmente la justicia, transitando de un sistema escrito e inquisitivo hacia uno oral y acusatorio, estableció el esclarecimiento de los hechos como una de las finalidades y principios fundamentales de todo proceso penal.

Asimismo, desde 2013 nuestro país cuenta con una Ley General de Víctimas, encaminada a reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.

De la misma forma, México cuenta con leyes especializadas en materia de tortura, desaparición forzada y para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, con sus respectivos diseños institucionales, encaminados, en última instancia, a lograr la verdad.

Tratándose de conductas delictivas, la verdad constituye un presupuesto indispensable de la justicia, como objetivo que reclaman no sólo las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino todos los mexicanos como integrantes de una sociedad que busca orden y bienestar.

A la luz de lo anterior, y a propósito del “Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”, los Senadores del Partido Verde ratificamos nuestro compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad ante cualquier violación de los derechos humanos, a fin de hacer de México un país más libre y pleno.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Martha Vianey Luque Inzunza.


1 UN (s.f.) Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas. Recuperado en marzo de 2018, de: http://www.un.org/es/events/righttotruthday/





Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el XXIV Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

EFEMÉRIDE

XXIV Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta

“México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces.
México quiere democracia,
pero rechaza su perversión que es la demagogia.”
Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Hay efemérides en el calendario que dan gusto, aunque también existen otras que lamentablemente nos traen recuerdos trágicos sobre eventos que no quisiéramos que hubiesen sucedido.

Uno de ellos fue el lamentable asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, hace 24 años, baleado durante un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Desde entonces recordamos a un gran hombre, honramos la memoria de quien se caracterizara por sus causas legítimas y generosas, un personaje que sólo pensaba en un México mejor para todos.
Fue en la Plaza de la Unidad y la Esperanza en la colonia Lomas Taurinas, donde diera su último discurso antes de ser asesinado; reflejando su profundo compromiso con los ideales ligados a la Justicia Social y la democracia.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, decía que “veía un pueblo con hambre de justicia y oportunidades de desarrollo”; por ello, la mejor manera de honrar su memoria es hacer efectivos sus principios de modernización, los valores de la justicia y sobre todo, para quienes ejercen un cargo público, hacer de la eficiencia de la acción de gobierno, el ideal a perseguir de manera incansable con el mejor de los esfuerzos por conseguirle día a día.

Nació en Magdalena de Kino, Sonora; un 10 de febrero de 1950. Fue un político mexicano que se desempeñó como Diputado, Senador, Presidente de su Partido, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y candidato a la Presidencia de la República, hasta ser arteramente asesinado.

Fue un hombre de gran compromiso con las causas más nobles y justas de la sociedad, un gran político, un extraordinario mexicano, honrado, inteligente y valiente.

Desde esta tribuna, un humilde homenaje de mi parte a un ejemplo a seguir, un recuerdo a su memoria, mi más amplio reconocimiento a uno de los mexicanos más preclaros de la vida moderna de México, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.

Descanse en paz.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

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Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Agua”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Agua”
22 de marzo

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. De igual forma, este día es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación.1

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 Documento PDF por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993.2

Cada año el día mundial cuenta con una temática especial. En 2018, la ONU ha escogido como lema para la celebración del Día Mundial del Agua: “La respuesta está en la naturaleza”. La premisa de la ONU se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI.3

Los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos, imprescindibles para sobrevivir y prosperar.4

Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. Queda mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales allí donde sea posible. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverá el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida.5

La importancia de los ecosistemas y su relación con el abasto de agua suficiente y de calidad ha sido resaltada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En específico, destacan por su estrecha interrelación los Objetivos:

• Número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, incluye una meta de reducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y aumentar su reciclaje.

• Número 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.6

Las aportaciones de los ecosistemas terrestres al ciclo del agua y por consiguiente a la disponibilidad de agua resultan esenciales para el desarrollo sostenible. Los servicios ecosistémicos que se traducen en más y mejores recursos hídricos juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.7

Así, la conservación de los ecosistemas y el acceso al agua de calidad son esenciales para los derechos humanos, la dignidad y la supervivencia de mujeres y hombres de todo el mundo, en especial los más desfavorecidos. También es decisivo para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su conjunto, puesto que el agua es un hilo conductor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas interrelacionadas.8

Al hablar de garantizar el acceso al agua, al tratarse de un derecho humano y por extensión un asunto de justicia social, es necesario que no se pierda de vista el objetivo la conservación de los ecosistemas. Por esto deben de desarrollarse capacidades técnicas y marcos regulatorios que velen por el derecho al agua en el contexto mexicano de alta diversidad de ecosistemas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.


1 ONU. 2018. Antecedentes del Día Mundial del Agua 22 de marzo. Consultado en línea: http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml

2 Ibídem.

3 ONU. 2018. La repuesta está en la naturaleza. Día Mundial del Agua 22 de marzo. Consultado en línea: http://www.un.org/es/events/waterday/index.shtml

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 ONU: 2018. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

7 ONU. 2017. Antecedentes del Día Mundial del Agua 22 de marzo. Consultado en línea: http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml

8 UNESCO. 207. Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con el motivo del Día Mundial del Agua. Consultado en línea: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628S.pdf






De la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial de la Tuberculosis”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial de la Tuberculosis”

La tuberculosis es una infección causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se disemina por vía aérea, cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla.1

Los síntomas de la tuberculosis pulmonar pueden incluir tos severa, pérdida de peso, sangre al toser, debilidad, fatiga, fiebre, escalofríos, así como sudores nocturnos.

Si no es tratada adecuadamente esta enfermedad puede ser mortal, sin embargo, si es detectada oportunamente puede ser curable: Así mismo las personas con tuberculosis latente tienen la posibilidad de acceder a medicamentos para evitar que la bacteria se active.

La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Tan solo en 2016, 10.4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.7 millones murieron por esta enfermedad.2

Se estima que en 2016 un millón de niños y niñas contrajeron dicha enfermedad y que 250 mil murieron debido a esta causa. Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos.

La incidencia mundial de la tuberculosis está disminuyendo en aproximadamente un 2% al año; no obstante, aún es necesario disminuir su incidencia para alcanzar las metas fijadas para 2020 por la Organización de las Naciones Unidas.3

El Día Mundial de la Tuberculosis es celebrado el 24 de marzo de cada año, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la tuberculosis; así como para intensificar los esfuerzos para poner fin a esta epidemia mundial.4

En 2018, el tema del Día Mundial de la Tuberculosis es “Se buscan: Líderes para un mundo libre de TB” (Wanted: Leaders for a TB-free world), con lo cual se busca un enfoque en la construcción de compromisos para terminar con la tuberculosis involucrando a todos los niveles de gobierno, líderes comunitarios, personas afectadas con tuberculosis, defensores de la sociedad civil, trabajadores de la salud, médicos o enfermeras, ONGs y otros socios.

En México, la mortalidad por tuberculosis ha tenido una reducción de 7.1 a 2.0 casos por cada 100 mil habitantes en el periodo de 1990 al 2013. No obstante, la tasa de incidencia asociada a la tuberculosis aumentó de 16.6 a 16.8 por cada 100 mil habitantes en el periodo de 1990 a 2014.5

Actualmente el tratamiento para combatir la tuberculosis ha registrado un éxito del 90%, sin embargo, cada año se continúan reportando 20 mil nuevos casos de esta enfermedad.6

Cabe destacar que el gobierno mexicano tiene largos antecedentes de lucha contra la tuberculosis. En 1918 se fundó el primer dispensario antituberculoso y en 1928 el Dr. Manuel Gea González presentó al Departamento de Salubridad un programa de trabajo para organizar la denominada “Lucha Antituberculosa”.

En la presente administración, se cuenta con el Programa Nacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis (PNT), que a través de acciones integradas y permanentes, da seguimiento a la enfermedad, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la población en riesgo.

El Estado de México, entidad que represento, es la entidad federativa con las menores tasas de morbilidad y mortalidad por tuberculosis en el país, no obstante, el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE), realiza labores de vigilancia epidemiológica, atención médica, supervisión y gestión para evitar un resurgimiento de esta enfermedad.7

En este contexto, el Día Mundial de la Tuberculosis representa una oportunidad valiosa para evaluar la efectividad de los programas de gobierno y las campañas educativas sobre la tuberculosis.

Solamente con la participación de los gobiernos, comunidades afectadas, sociedad civil, personal de salud y organismos internacionales se podrá lograr la erradicación efectiva de este padecimiento.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Martha Vianey Luque Inzunza.


1 MedLine Plus. (s.f.) Tuberculosis. Recuperado en marzo de 2018, de:
https://medlineplus.gov/spanish/tuberculosis.html

2 OMS (2018) Tuberculosis. Nota descriptiva. Recuperado en marzo de 2018, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/

3 Ídem.

4 World Health Organization (2018) World Tuberculosis Day. Recuperado en marzo de 2018, de:
http://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/en/#

5 Presidencia de la República (2015). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avances. Recuperado en marzo de 2017, de: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/Doctos/InfMex2015.pdf

6 Secretaría de Salud (2017). Boletín 133.90 por ciento de éxito en el tratamiento para la tuberculosis. Recuperado en marzo de 2018, de: https://www.gob.mx/salud/prensa/133-90-por-ciento-de-exito-en-el-tratamiento-para-la-tuberculosis

7 Gobierno del Estado de México (s.f.). Tuberculosis, una enfermedad de rezago emergente. Recuperada en marzo de 2018, de:
http://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/documentostec/documentos/Tuberculosis.pdf






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el XXIV Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

EFEMÉRIDE

En conmemoración del XXIV Aniversario Luctuoso del
Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta

El 23 de marzo recordamos con profundo pesar uno de los días más trágicos de la historia contemporánea de México: El Aniversario del fallecimiento de un líder y servidor de la Patria, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 10 de febrero de 1950, sus padres fueron Don Luis Colosio y Doña Ofelia Murrieta, quienes sembraron en él el orgullo por el origen y el carácter frente a la adversidad.

Hoy a 24 años de su partida, lo recordamos por sus frases, sus discursos, su palabra, sus acciones, pero sobre todo, por su congruencia y su visión por tener un México justo y próspero.

Como destacado economista del sector público, Luis Donaldo comprendió que el papel del gobierno en la economía debía tener dos vertientes, por un lado, debe ser detonador del crecimiento y desarrollo económico y por otro lado, promotor del desarrollo social y regional.

También tuvo un diagnóstico acertado al señalar que las políticas de precios y tarifas de las empresas paraestatales no alcanzaban a cubrir sus gastos corrientes y significaban una fuerte presión para las finanzas públicas y que el gasto público debería orientarse a gasto productivo y de inversión en capital.1

Sin duda, nos duele la ausencia de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero su ejemplo y su visión nos ha inspirado a transformar el país y a ejercer el poder, no para polarizar, sino para tender puentes entre las crecientes y legítimas demandas sociales y la acción de gobierno.2

Debemos sentirnos orgullosos de que Luis Donaldo Colosio haya sido priista, pues gran parte de su legado y sus ideales han sido honrados a través de la puesta en marcha de las reformas estructurales que están transformando día con día el rostro del país acercándonos a la Patria que merecemos tener para nosotros y para nuestros hijos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.


1 Colosio, Luis Donaldo (1986). “Sector paraestatal: Los cambios estructurales”, Artículo editorial en el Periódico el Financiero.

2 http://pri.org.mx/somospri/Content/Colosio/Libros/Colosio1.pdf






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Tuberculosis”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial de la Tuberculosis”
24 de marzo

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa. La infección por M. tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria.

Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante seis meses.

Cada año, conmemoramos el Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo.
Este evento anual recuerda la fecha en 1882 cuando el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que causa la tuberculosis.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible establece el principio de no dejar a nadie atrás, en un esfuerzo por transformar el mundo y mejorar la vida de las personas. La atención de las necesidades sanitarias de los desfavorecidos, los marginados y aquellos que quedan fuera del alcance de los sistemas de salud conllevará la mejora del acceso de todas las personas a los servicios de salud. Esto es esencial si se quiere lograr la meta de poner fin a la TB para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS.

El Día Mundial de la Tuberculosis representa una plataforma para que las personas y comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de atención de la salud, los encargados de la formulación de políticas, los asociados en materia de desarrollo y otras personas fomenten, debatan y planifiquen el aumento de la colaboración para cumplir la promesa de posibilitar el acceso de todas las personas a unos servicios de prevención y atención de la TB de calidad, así como la prevención de la TB mediante medidas de desarrollo multisectoriales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De los Senadores del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Agua”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial del Agua”

Hablar de agua es hablar de vida; pues sin la ayuda de este recurso la vida de cualquier especie no hubiera sido posible.

Este elemento va mucho más allá del uso diario que le damos, ya que alberga a millones de especies marinas, satisface las necesidades hidratantes de cualquier especie que lo necesite y permite la vida vegetal, razón que hace el cuidado del agua indispensable para la humanidad.

El festejo de este día nace por recomendación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Rio de Janeiro. En respuesta a esta recomendación, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.1

Esta conmemoración, tiene como objeto abordar las problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable, la importancia de la conservación y cooperación del cuidado del agua, esto dirigido a los ciudadanos como a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

El reto para la humanidad consiste en un manejo adecuado de los recursos hidráulicos, ya que aun cuando el 70.8 por ciento de la superficie terrestre está ocupada por agua, solo el 2.5 por ciento de toda el agua existente en el planeta es agua dulce, es decir, apta para el consumo humano; de esta, la mayoría se encuentra inaccesible en glaciares, en los polos, etc, así que solo disponemos del 0.5 por ciento para consumo.2

La escasez de la poca agua que posee nuestro planeta es una problemática global. El mal empleo del agua deriva en las actividades que hacen de ella su uso diario, ejemplo de ello son las actividades agrícolas, las industrias productoras de alimentos, las grandes urbes y los países en desarrollo, es por esto por lo que la creación de una conciencia en general debe ser necesaria para la subsistencia de este recurso natural. 

Cada día la población mundial aumenta, ya que a partir del 2017 la población mundial fue de 7.5 mil millones de personas.3 Es por ello por lo que el uso adecuado del agua potable debe de ser mundial ya que todo ser humano consume una cierta cantidad de agua para sobrevivir.

Tratándose en el caso de México el agua es distribuida en distintas actividades. Estas actividades consisten en:4

• Uso agrícola, 76.6 por ciento (principalmente riego de cultivos).

• Abastecimiento público, 14.5 por ciento (entrega a usuarios domésticos).

• Generación de energía eléctrica 4.9 por ciento (mediante plantas termoeléctricas). •

• Industria autoabastecida, cuatro por ciento (productos y servicios).

Beber agua o emplearla para higiene personal representa sólo el cuatro por ciento del consumo de agua de las personas. Los productos y servicios que comúnmente adquirimos representan el 96 por ciento adicional.5

Por la importancia que tiene el cuidado del agua, y en conmemoración de este día, el Partido Verde hace un atento llamado a la población en general a sumar esfuerzos para cuidar este líquido vital, así también a no desperdiciarlo en cantidades irracionales. 

Para los Senadores del Partido, es importante impulsar iniciativas dirigidas al cuidado del agua como la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto de implementar incentivos fiscales por la captación de agua pluvial y su reúso.

Asimismo, destacamos el trabajo de los diputados y senadores de la LXI Legislatura, quienes aprobaron elevar a rango constitucional el derecho al agua para uso doméstico y personal. Dando inicio al reconocimiento del acceso  al agua en condiciones que permitan su uso y aprovechamiento sustentable para todos los mexicanos.

El cuidado del agua y el buen uso que se le da, es una tarea de todos, es un compromiso de conservación que permita que este líquido vital perdure para las generaciones futuras, a través de buenos hábitos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 22 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 ONU, 2018 http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml , Página consultada el 15 de marzo de 2018

2 CONAGUA 2016, Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184667/DSAPAS_2016_web_Parte1.pdf, Página consultada el 15 de marzo de 2016

3 https://www.populationpyramid.net/es/mundo/2017/

4 Conagua 2015 Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México,
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/carrera_agua_2015.pdf, pagina consultada el 15 de marzo de 2018

5 Conagua 2015 Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México,
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/carrera_agua_2015.pdf, pagina consultada el 15 de marzo de 2018






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Agua”.








De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRD, sobre el "Día Mundial del Agua".








Del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sobre el "Día Mundial del Agua".








CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día martes 3 de abril a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 17:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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