Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 22 de abril de 2018
    
    

Última actualización: abril 2018
Última revisión: abril 2018

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 15



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Marzo de 2018

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

APERTURA

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:51 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez  : Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del miércoles 21 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

PRESIDE EL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

 

En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes veinte de marzo de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del quince de marzo de dos mil dieciocho.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, su opinión respecto al proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado el 25 de febrero de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió del Senador Jorge Toledo Luis, el Informe de su participación como delegado a la XXIV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada en Cuernavaca, Morelos, del 12 al 15 de febrero de 2018.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN", que se llevó a cabo que se llevó a cabo en el período del 5 de febrero al 21 de noviembre de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, un Acuerdo aprobado por el que se establece el procedimiento para la discusión de las iniciativas con proyecto de Decreto relativo a la expedición de la Ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevista en el artículo Tercero Transitorio del Decreto de la reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.-  Se remitió a las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, comunicación de la Diputada Cecilia Soto González, Presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, con la que solicita se considere la conveniencia de trabajar en conferencia con el Senado de la República, respecto del proceso de consulta y dictamen de la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de la Ciudad de México.

(Iniciativas)

El Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 324 y se adiciona el artículo 324 Bis al Título Cuarto de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Andrea García García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo al artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 14 de junio de cada año "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre".- Quedó de primera lectura.

 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.-La Presidencia de la Mesa Directiva informó que a este asunto se le da nueva primera lectura en virtud de que las comisiones aplicaron diversas adecuaciones de técnica legislativa para mayor claridad de su contenido y que no alteran lo aprobado por las comisiones. Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Miguel Romo Medina, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. La Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de Decreto.En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, a favor; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Luz María Beristáin Navarrete del PT, a favor; Juan Carlos Romero Hicks del PAN, a favor; y Zoé Robledo Aburto del PT, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Jorge Toledo Luis y Benjamín Robles Montoya, se integrarían al Diario de los Debates.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la solicitud del Senador Ricardo Urzúa Rivera, solicitó guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del ciudadano Gustavo Martín Gómez Álvarez, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Francisco Z. Mena, en Puebla.

(Dictámenes a discusión)

El Presidente de la Mesa Directiva, sometió a consideración de la Asamblea, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- El Presidente informó que la discusión del asunto se llevó a cabo el pasado jueves 15 de marzo, quedando pendiente la conclusión del trámite en virtud de la falta de quórum registrada en la votación, en consecuencia se procedió a la votación nominal del dictamen, el cual resultó rechazado por 40 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención.Se dio por concluido el trámite del proyecto de Decreto y la Mesa Directiva informó que debido a que el dictamen comprende una iniciativa ciudadana, se notificará la resolución al representante de los ciudadanos que la suscribieron.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el “Día Nacional del Tequila”.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. Sin discusión, el proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 87 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. En la discusión intervino el Senador Jorge Aréchiga Ávila del PVEM. El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 86 votos a favor. La Mesa Directiva informó que en virtud de que hay artículos que no han logrado la aprobación de ambas cámaras, el proyecto se ubica en el supuesto de la parte final de la fracción e) del artículo 72 constitucional, por lo que se sometió a consideración del Pleno un Acuerdo en relación con el proceso legislativo del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, el cual fue aprobado en votación económica. En consecuencia, la Cámara de Senadores acordó que el proyecto de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, se remita al Ejecutivo Federal, únicamente con los artículos que reciban la aprobación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión. El proyecto de Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de la última parte de la fracción e) del artículo 72 constitucional.Asimismo, se remitió el Acuerdo aprobado por el Pleno para manifestar su determinación de que el proyecto se remita al Ejecutivo Federal, únicamente con los artículos que reciban la aprobación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

 

PRESIDE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ

(Acuerdos de la Junta Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y amplía el plazo de la convocatoria para la selección de consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y amplía el plazo para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo por el que se remiten a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Quedó de enterado. La Junta de Coordinación Política remitió los expedientes correspondientes a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Fernando Herrera Ávila del PAN; y Angélica de la Peña Gómez del PRD. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

La Mesa Directiva informó a la Asamblea que a partir de las licencias aprobadas a las Senadoras Arely Gómez González, propietaria, el 26 de febrero de 2015 e Hilaria Domínguez Arvizu, suplente, el 13 de marzo de 2018, se generó una vacante en la integración de esta Cámara. Debido a que se trata de senadoras electas por el principio de representación proporcional, la vacante se podría cubrir a través de la previsión dispuesta por el artículo 63 constitucional y 23, párrafo cuatro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para realizar el trámite correspondiente, se giró comunicación al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para solicitarle la información sobre los nombres de los Senadores que sigan en el orden de la Lista Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Al respecto, este día se recibió comunicación suscrita por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por la que informa, que con fundamento en el artículo 23, párrafo cuatro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fórmula del Partido Revolucionario Institucional que sigue en el orden de la lista se encuentra integrada por las ciudadanas Anastasia Guadalupe Flores Valdez y Ana María Herrera Guevara, propietaria y suplente, respectivamente. En consecuencia, a partir de la información recibida, se convocará a la ciudadana Anastasia Guadalupe Flores Valdez para que acuda a rendir su protesta y se incorpore al Senado de la República.

 

La Presidencia informó de la rectificación de turno que autorizó la Mesa Directiva en su reunión de este día, al proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, presentado el 15 de marzo de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

Se dio turno a diversos asuntos publicados en la Gaceta del 15 de marzo de 2018:

(Iniciativas)

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 104 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De los Senadoras Patricio Martínez García y Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforman y adicionan los artículos 25 y 27 de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se hace un llamado a los titulares de las Secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes para que observen, revisen y analicen si el fallo que se va dar en la licitación número LO-009KDH999-E88_2017 para la construcción de las plantas centrales de servicios (cup “A” y cup “B”) del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cumple con los lineamentos de certeza, legalidad, imparcialidad y mejor interés económico y de calidad para el país, fallo que está programado para el día miércoles 14 de marzo.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a reforzar las acciones, políticas públicas y objetivos encaminados a reducir el rezago social en los municipios de la entidad que tengan menos de 5 mil habitantes.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a esclarecer a la brevedad posible los hechos relacionados con la explosión ocurrida el 21 de febrero en una embarcación en el muelle de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a dar celeridad e impulsar la discusión y votación de la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y se reforma el párrafo tercero del Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con la designación del titular de la Fiscalía General de la República.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza, Hilda Flores Escalera y Lisbeth Hernández Lecona y de los Senadores Teófilo Torres Corzo y José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a partidos políticos y a candidatos a fortalecer la participación de la población con alguna discapacidad en las campañas electorales.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores y del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar diversas acciones relacionadas a la escasez de las vacunas contra el Hepatitis B.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y aluminio provenientes de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a emitir un informe sobre los temas y conclusiones de la reunión llevada a cabo el 7 de marzo de 2018 entre Jared Kushner y su comitiva y el Presidente Enrique Peña Nieto y los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población en general sobre la promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las personas en situación de discapacidad en los destinos turísticos del país.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto   de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a deslindar responsabilidades en el mal manejo de recursos públicos que ha presentado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte durante la gestión de Alfredo Castillo Cervantes y, en caso de ameritarlo, promover responsabilidad administrativa sancionatoria por presuntas acciones u omisiones en dicho proceso.- Se turnó a la Comisión de         Anticorrupción y Participación  Ciudadana.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la   Ciudad de México y al Gobierno Federal cancelar el mega proyecto inmobiliario en Constituyentes que implica la venta del Campo Militar No. 1-F y el cambio de uso de suelo del predio.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a las procuradurías de las entidades federativas a realizar acciones en contra de los fraudes en la compra-venta de automóviles usados.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas posible.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México ejercer sus facultades de control del gasto público para evitar el uso electoral de los programas sociales delegacionales y exhorta a los gobiernos delegacionales a conducirse con apego a la legalidad y garantizar la imparcialidad electoral en la aplicación de recursos públicos.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que relación con las extorsiones a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de Banamex contra Oceanografía, S.A.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a diseñar e instrumentar estrategias en materia de prevención y combate del delito de robo a negocio, a fin de dar atención al incremento sostenido que ha registrado dicho ilícito en la entidad durante el último año.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las y los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica realicen una investigación sobre si el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, al otorgar declaratoria o reconocimiento de idoneidad únicamente a un consejo nacional por especialidad, dicho acto y su procedimiento constituye, genera o propicia prácticas monopólicas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones de política pública para garantizar un clima de seguridad para las mujeres y prevenir con oportunidad agresiones sexuales, hostigamiento, discriminación y feminicidios, ante el incremento de estos ilícitos en la demarcación.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer las estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad física y promocionar sus derechos humanos.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado a remitir un informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto que realizó PENSIONISSSTE en la adquisición de acciones a la empresa ICA.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones correspondientes en relación a la presunta relación fiscal entre la empresa "DG Diseños y Construcciones, S. de RL de CV" y Ricardo Anaya Cortés, ante las denuncias públicas por la comisión de los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal en la adquisición y construcción de una nave industrial ubicada en el Parque Tecnológico Innovación Querétaro, así como en la edificación del inmueble donde operó la Fundación "Por Más Humanismo" en el estado de Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Se dio turno a diversos asuntos publicados en la Gaceta del 20 de marzo de 2018:

(Iniciativas)

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Proposiciones)

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer los actos de violencia pre-electoral.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a encauzar las propuestas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e informar a la ciudadanía sobre la distribución de los donativos económicos recaudados para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, con motivo del sismo del 19 de septiembre pasado.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas electorales a través del Ramo 23.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Jesús Priego Calva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con las instancias de protección civil nacional y estatales, fortalezcan los programas de supervisión de los establecimientos que presten servicios de asistencia social a personas adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con los programas y protocolos de protección civil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a comparecer ante esta soberanía para explicar el estado que guarda la relación bilateral México-Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refuerce las acciones encaminadas a apoyar la conectividad a internet en sitios públicos de los 58 municipios de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de pensiones de los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador José María Tapia Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación al presunto mal uso de datos personales por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y, en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias y correspondientes para incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a fortalecer la imagen de México en el exterior, con la finalidad de contrarrestar las alertas de otros países que instan a sus ciudadanos no visitar diversos destinos turísticos en el país.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que se solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República que profundice ante la Comisión de Justicia del Senado de la República las razones que sustentan la decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a fortalecer la regulación, homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio, atendiendo las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, a modificar la NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, publicada el 7 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a los municipios de Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, a esclarecer los cierres de acceso público a las playas “Punta Esmeralda” y “Akumal”; así mismo, a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inicie un programa que garantice suficientes accesos públicos a las playas de nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas a vigilar que los establecimientos dedicados al sacrificio de animales garanticen que los productos cárnicos vacunos estén exentos de clembuterol.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador José María Tapia Franco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a agilizar las investigaciones en contra del jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez por una presunta relación con el llamado Cártel de Tláhuac. Asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Tláhuac a fortalecer las acciones para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en dicha delegación.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las campañas informativas para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como consecuencia de las altas temperaturas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades competentes a nivel federal y estatal a salvaguardar las vías férreas a fin de evitar bloqueos y actuar de manera pronta una vez que éstas han sido incomunicadas de forma ilícita.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, implementen campañas informativas sobre los principales riesgos del cáncer de esófago, con el objeto de prevenir este tipo de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a diseñar y establecer mecanismos de regulación de los servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas informáticas, a fin de fortalecer los protocolos de seguridad para proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores y usuarios, debido al aumento de hechos delictivos en este tipo de servicio.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del estado de Puebla y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fortalecer sus acciones en materia de monitoreo, vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, identificar y, en su caso, sancionar irregularidades en la entrega de uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, ante las denuncias públicas de desvío de recursos públicos, uso faccioso de los programas y su utilización con fines electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a realizar una investigación y hacer un seguimiento puntual ante posibles faltas administrativas y penales del partido MORENA, por la solicitud de evidencias sobre el sentido del voto de los ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitieron efeméride sobre el Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Artesano.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y citó a la siguiente el miércoles veintiuno de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión.






ASISTENCIA DE LA SESIÓN ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida.

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Secretario. Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, el informe de su visita de trabajo a la ciudad de Hanói, Vietnam, con motivo de la celebración de la 26ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada del 18 al 21 de enero de 2018.



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió una comunicación suscrita por la ciudadana Ximena Puente de la Mora, por la que informa su renuncia como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Permítame, señor Secretario.

Solicita la palabra la Senadora Marcela Torres, ¿con qué objeto?

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Esa comunicación que se está dando el día de hoy, la renuncia de Ximena Puente. Quiero hablar para hechos.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Estamos en este momento en el apartado de comunicaciones.

Encontraremos el momento procesal oportuno para poder concederle el uso de la voz.

Termine señor Secretario.

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo, ¿con qué objeto?

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Senado de la República, le pido una moción de procedimiento con el propósito de retirar la comunicación que se acaba de señalar del Orden del Día de la sesión de hoy.

Si tengo el apoyo de 5 Senadores, que se pueda votar y abrir una discusión sobre la validez o no de retirar la comunicación.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Regreso a la intervención de la Senadora Marcela Torres.

Senadora Marcela Torres, ¿pudiera usted ampliar el sentido de su intervención?

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Sí, por supuesto.

Claro que sí.

Voy a pasar al frente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Adelante.

La Senadora Marcela Torres Piembert: Bueno, primero, anunciar que me sumo a la moción del Senador Zoé Robledo, pues, compartir con ustedes, compañeras y compañeros, lo que está pasando en este momento en el Senado con esta comunicación.

¿Quién va a creer en la democracia?

Ahora el Latinobarómetro 2017 marca su punto más bajo entre mexicanas y mexicanos que creen que la democracia es un método para llevar justicia y bienestar a ellos y a sus familias, nunca ha habido una calificación más baja. Sin embargo, desgraciadamente seguimos abonando a la falta de credibilidad de las instituciones en México, es increíble lo que está pasando.

El anuncio de que Ximena Puente iba como Diputada Plurinominal por un partido político aquí representado, el PRI, se da antes de que hubiera renunciado o comunicado la renuncia a nosotros, Diputados y Senadores, esto es una burla.

Hicimos en este Senado una reforma de gran calado, que fue la Ley de Transparencia, una ley premiada internacionalmente, de la cual todas y todos hemos presumido, y una vez más vuelve a quedar una ley como letra muerta.

A raíz de esa ley se crea el Inai como un organismo autónomo, independiente, que debe regular ese derecho que tienen nuestras niñas, nuestras mujeres y nuestros hombres a la información, a saber la verdad, a saber qué es lo que está pasando.

Esta institución garante de ese derecho está quedando prostituida. Hay que recordar, compañeras y compañeros, cómo fue Ximena quien declara al PRI como el partido, hace dos meses o un mes, el partido más transparente de México. ¡Aquí está su premio!

¿Y dónde queda México?, ¿y dónde quedan las instituciones?, ¿y dónde queda la democracia?, ¿y dónde queda lo que venimos a hacer todos los días, el día de hoy? En un ridículo.

Yo les pido, compañeros, por el bien del PRI, por el bien de los partidos políticos en México, oigan, ¿no vemos qué están leyendo las ciudadanas y los ciudadanos en el país?

Hay un tufo a engaño, hay un tufo a desconfianza que lleva a ciudadanas y ciudadanos a no creer en nosotros, esto no tiene color partidista, compañeros y compañeras, esto es un engaño a las y los mexicanos y a nosotros mismos.

Me sumo, desde luego, a la moción hecha por el Senador Robledo, pero además exijo lo mismo, exijo que no se haga esta infamia que está sucediendo el día de hoy, que no se nombre como plurinominal a una Comisionada que fue Presidenta tres años en funciones.

Vienen dos nombramientos más del Inai que vamos a procesar en este periodo legislativo, que hay que sustituir a estas dos personas que están saliendo.

¡Ojalá y no sea con criterios partidistas una vez más!

¡Ojalá y estas personas realmente garanticen la autonomía a la que estamos llamados!

¡Ojalá estas personas tengan la frente en alto y puedan decir que no se venden por un hueso!

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert.

Se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto.

Antes quisiera expresarle que a su solicitud, esta Presidencia de la Mesa Directiva concede el retiro de la comunicación de la señora Ximena Puente de la Mora.

Se retira del Orden del Día.

En uso de la voz el Senador Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Estamos, sin duda, frente a uno de los más grandes atropellos que puede manchar el legado de lo que hemos hecho aquí todos, absolutamente todos los grupos parlamentarios del Senado de la República.

Es un atropello al legado institucional, pero también es un atropello al valor de la palabra, esa es la única forma de poder seguir haciendo política de manera civilizada en la pluralidad. Hoy se está atropellando, eso es lo que se atropella, el valor de la palabra empeñada en un debate público.

Esta apresuradísima y sospechosísima renuncia de la ciudadana Ximena Puente, todavía Comisionada del Inai, para aceptar su nominación como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados por el PRI, es verdaderamente de un cinismo galopante.

El regulador estando en funciones acepta una posición política por parte del regulado, eso es el regulador aceptando una posición por parte del regulado. No existe esto en ninguna democracia moderna, hay que hablar del futuro transformador de la economía, esto no ocurre en las democracias, los reguladores no aceptan nada a cambio de los regulados, menos una posición política por la vía plurinominal.

Hay una investigación, que le recomiendo mucho, del doctor Cristopher Ballinas Valdés que ha estudiado la evolución de los órganos autónomos en nuestro país, de los cuales nosotros somos responsables, no hay que olvidarlo, nosotros creamos y dimos paso del Ifai al Inai, le dimos reglas, somos responsables o no de lo que va a ocurrir ahí;k yo creo que sí es una responsabilidad histórica, no política, no electoral.

¿Qué dice Cristopher Ballinas? La autonomía va más allá de la normatividad. Acciones como éstas hacen necesaria la constante revisión, supervisión de las decisiones de estos órganos para que no actúen en contrario al espíritu por la cual fueron creados”

Así de claro, el mandato constitucional de la Comisionada Ximena Puente, en el Inai, termina el 31 de marzo, no el 21 de marzo, ¿que es lo que se interpone en esas fechas? El 29 de marzo, el fin de los registros, y no hace muchos meses la propia Comisionada Puente, a quien le abrimos las puertas y no sólo las puertas del Senado, le abrimos las puertas de nuestra confianza, vino a decirnos una serie de cosas que hoy yo le quiero recordar.

Decía ella, aquí en esta misma tribuna, cuando vino como Presidenta en agosto de 2016 a presentar el informe del Inai. “El 92 por ciento de los mexicanos, considera que en México hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta. Todo ello aunado a un déficit de credibilidad de las y los ciudadanos a sus autoridades y a sus instituciones que dificulta en muchos casos la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad”.

Esto abona a la solidificación, a la construcción de credibilidad del Inai, pregúntenselo ustedes, abona que hoy demos entrada a esta comunicación, pero no sólo le demos entrada a la comunicación, nos hemos enterado y entonces facilitemos este trámite, ¡no!, si alguien puede demostrar que la presencia de Ximena Puente en la lista plurinominal de un partido político abona la credibilidad del PRI, que venga y lo diga. Yo creo que abonamos en el sentido contrario, no de la credibilidad o no de un partido político, de la credibilidad de la institución que nosotros diseñamos, votamos y creamos y que yo, por lo menos, sí me siento responsable de ser guardián de que las cosas se hagan bien allí.

Esta situación va a generar sospechas terribles sobre todas y cada una de las decisiones que Ximena Puente haya tomado en el Inai, vamos a sospechar que en todos los casos estaba pensando en la pluri. Que cuando negó que se hicieran públicas las bitácoras de los helicópteros oficiales, estaba pensando en la pluri. Que cuando pensó que había que negar información sobre Pemex, estaba pensando en la pluri, ¿eso abona?, ¿creen que eso se lo podemos explicar a los ciudadanos con la frente en alto y con orgullo? Desde luego que no.

Entonces, Senadores, Senadoras, la moción no es solamente el retiro de esta comunicación, no nos podemos dar por enterados y si no nos damos por enterados quienes la nombramos, no ha renunciado.

La moción que vengo a poner en consideración de ustedes, compañeras Senadoras, Senadores, es que así como fue este Senado quien la nombró a partir de una votación y que fue el Pleno del Senado quien la nombró por una votación, el proceso para extinguir el acto de derecho que la nombró debe de ser igual, por lo tanto, la posición nuestra es que el Pleno del Senado vote para aceptar o no la renuncia de Ximena Puente, ¡ojalá me acompañen en esta posición!

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Luis Sánchez, ¿ha solicitado el uso de la voz?

Perdón, Senador Ruffo, ofrezco una disculpa, efectivamente, usted había solicitado con antelación el uso de la voz, si no tiene usted inconveniente, después de la participación del Senador Luis Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La solicitud de licencia de Ximena Puente es una oportunidad para reflexionar qué pretendemos de los órganos autónomos, cómo queremos que los órganos autónomos se comporten.

Me parece, en efecto, muy lamentable esa decisión de la Comisionada Puente para aceptar ese ofrecimiento del PRI y la candidatura a Diputada Federal.

Por supuesto que surgen muchas dudas, su comportamiento al frente del Instituto y después como integrante tuvo en la mira siempre el congraciarse con un partido político.

¿Algunas de sus decisiones pusieron por delante el no quedar mal con un partido político? Porque sí hay en algunas de sus decisiones ciertas dudas e incluso críticas fuertes, pero el que hoy constatemos que está en la lista plurinominal del PRI, me parece que ya es el colmo, y es un grave daño al Instituto mismo, la autonomía del Instituto se ve, por supuesto, maltratada, se ve dañada.

Hay hoy en el seno de este Instituto, por supuesto, un rechazo al interior a este tipo de premios, quizás a un comportamiento.

No puede ser que un órgano autónomo se vea cooptado por los partidos políticos, justamente eso es lo que intentamos evitar cuando le dimos toda la conformación a éste y a otros órganos autónomos, el que sea garante de la defensa de los intereses de la sociedad y no de los partidos. Esa es la esencia, responde a las necesidades de la sociedad, y todo esto hoy se ve manchado, queda en entredicho.

Por supuesto estoy de acuerdo y respaldo la propuesta del Senador Zoé, en el sentido en el que se vote si es que se acepta o no la licencia que está pidiendo.

Me parece que debemos perfeccionar, entonces, las reglas, ayer se comentaba, ¿es necesario establecer una norma que nos diga que no pueden ir a ocupar cargos de representación popular, como es el caso, después de equis tiempo? Pues yo creo que sí, porque si no, ¡imagínense!, hoy va a ser un incentivo para los que están en funciones: “No le pego a este partido porque puedo ser su candidato, y si le pego, pues entonces me pueden castigar”.

Ese incentivo perverso tenemos que pensar en cómo eliminarlo, y creo que requerimos modificar la ley para establecer que no pueden ser parte de un poder como el que pretende Ximena Puente, siendo o habiendo sido integrante del Instituto Nacional de Información.

Me parece verdaderamente lamentable su decisión y creo que tenemos nosotros que tomar cartas en el asunto.

Por lo tanto, creo que sí se debe llevar a votación este asunto que tenemos hoy.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Hace uso de la tribuna el Senador Ernesto Ruffo Appel.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros Senadores:

El tema de la Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información que se pretende atender con este asunto de una aceptación de renuncia por este Senado, desde luego, debe de ser denegado.

Es claro que luchamos por la credibilidad de las instituciones nacionales y el Inai es un elemento, un componente importantísimo del Sistema Nacional de Anticorrupción.

Esta razón de este debate que inicia, precisamente, por esta propensión de la Comisionada Ximena Puente hacia el PRI, que le da el reconocimiento del partido más transparente, ya lo veremos en el resultado de las elecciones cómo les va, pero ese es otro tema.

El asunto es que pone en crisis, precisamente, el proceso de transparencia nacional, y, por lo mismo, entonces tenemos que tomarlo con tal seriedad, por lo que, primero, que no se le acepte la renuncia: segundo, exhortar a sus compañeros del Inai a que inicien una revisión de las actuaciones de la Comisionada Ximena Puente y tercero, que se le investigue por posible conflicto de interés en su actuar, porque nos parece que la institución a la que debió representar con dignidad, simplemente la usó para propósitos políticos y ventaja personal.

Este es un asunto de máxima razón de qué habrá de ser, de que habrá de tomar como actitud, aunque me parece que eso ya está contestado, por parte de este gobierno. Sabemos que no es la transparencia sino la corrupción.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Ernesto Ruffo Appel.

Tengo una lista de oradores registrados; Senador Patricio Martínez, permítame continuar con el orden como fueron solicitados los turnos.

Corresponde ahora el uso de la voz al Senador Luis Humberto Fernández.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenos días. Con su venia, su señoría.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”.

Lo que hoy vemos es la evidencia más clara y contundente de algo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, y es que las designaciones de autoridades, que debieran de ser ciudadanas, están subordinadas a este triste y lamentable tema de cuates y cuotas.

Esta designación y este acto de malabarismo y de disfraz no sólo es cínico, ofende y debilita al Estado, porque también ¿qué es lo que nos muestra un sistema de favores y pagos? Nos muestra hacer a un lado el interés público y privilegiar la servidumbre. Hoy nuevamente evidenciamos este triste sistema.

Y también hay que estar atentos, vienen las designaciones de los nuevos consejeros, éstas se van a realizar otra vez en un sistema de cuotas de partido o se van a realizar atendiendo a perfiles e idoneidad.

Quiero decirles que lo ofensivo de esto es a la sociedad también, que mostremos gente con disfraz de ciudadano cuando estamos hablando de militantes claros, es un fraude a la ley.

¿Qué se avanza en lo público?, ¿qué se adelanta en el interés nacional con este tipo de cosas?

Y habrá algún extraviado por ahí que diga que es perfectamente legal. Sí, puede serlo, pero no es de ninguna manera ni ético ni conveniente, entonces, finalmente para quien vive y habita en el fraude a la ley, vive y habita en las excepciones; vive en cómo darle la vuelta y no atender lo esencial, donde se hace al lado el interés público para atender las servidumbres y complicidades.

Hoy se le dará un gran daño a la nación y al Inai, ¿por qué? Porque perderá la confiabilidad, porque en los hechos estarán subordinados sobre qué servidumbre se están tomando las definiciones.

Por último, habrá también algún extraviado que diga que ese es un tema electoral. Sí, si es un tema electoral, sin duda, es un tema de cómo alguien se vistió de ciudadano y hoy se cambia la camiseta y se pone la de candidato.

Por eso, sus señorías, les solicito que se someta a votación.

Y solicito a aquellos que tengan la conciencia, a quienes les duela este tipo de cosas y a quien vele por el interés público, que no permitan que se consuma este hecho tan triste y tan lamentable.

Es cuanto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Humberto Fernández.

Corresponde el uso de la voz a la Senadora Martha Tagle Martínez.

Anuncio a esta Asamblea que después de la intervención de la Senadora Martha Tagle Martínez, está registrado el Senador Raúl Gracia Guzmán, el Senador Patricio Martínez García y, finalmente, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca. Posterior a ello haré del conocimiento de la Asamblea la resolución de la Mesa Directiva.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

El reconocimiento del derecho a la información y el acceso a la información pública ha sido un derecho que ha costado mucho trabajo.

El reconocer en instituciones públicas que puedan garantizar este derecho fundamental de todos los ciudadanos ha recorrido un largo trecho, y hoy aquí, gracias a que en un partido político han buscado inscribir a una persona como su candidata, estamos dándole un fuerte golpe, no solamente a la credibilidad de la institución, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el Inai, sino particularmente al derecho fundamental de acceder a la información, porque con qué credibilidad podemos ahora decir que el Inai es un organismo constitucional autónomo.

Porque si no lo recuerdan, en este Senado justamente se reformó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública para convertirla en eso, en un organismo constitucional autónomo, donde se supone que los comisionados y comisionadas que lo integran deben ser personas imparciales y, por supuesto, sin filiaciones partidistas.

¿Y por qué se requiere esto? No solamente porque la información que pasa por ahí es fundamental, sino por la labor que tiene esa institución para transparentar la información pública.

Llevar ahora a un integrante del Pleno del Inai como candidata, no suena más a un pago de favores, un pago de favores por lo que ha realizado; entre otras cosas, para calificar como uno de los partidos más transparentes a quien precisamente la lleva en la lista.

¿Qué otras cosas más definió y decidió a favor de unos o de otros en esa posición? Lo saben quiénes hoy la están llevando como candidata, por eso me parece fundamental que esta proposición del día de hoy se vote en el Pleno, y que quede claramente evidenciado quién está a favor de fortalecer una institución, como es el Inai, garantizando que realmente las personas que estén ahí no tengan ningún tipo de filiación partidista, o quienes buscan darle un golpe certero con la integración de esta candidatura, y sin duda me parece fundamental también darnos cuenta de que estamos enfrente, justamente, de un proceso ya de selección de comisionados para sustituir a los que van saliendo.

No podemos seguir más en un proceso de asignación de cuotas y cuates.

Desde que llegué al Senado me he cansado de insistir, he presentado diferentes iniciativas para hacer de las designaciones públicas que pasan por este Senado un proceso que cumpla con los mayores estándares y que permita garantizar que las personas seleccionadas son los perfiles idóneos para esos espacios y que no responden a las cuotas que se reparten entre partidos políticos y grupos parlamentarios al interior de un órgano de gobierno del Senado de la República, como ahora se muestra nuevamente.

Las cuotas y cuates no fortalecen ni al Senado de la República, ni al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ni a ningún otro donde estemos haciendo designaciones públicas.

Si nosotros hemos decidido, en las leyes que se han aprobado, hacer procesos de designación pública advirtiendo que los seleccionados cumplan con un perfil, no se trata de que nuevamente insistamos en llevar a perfiles que cumplan con posiciones partidistas como hoy queda demostrado con esta propuesta de designación en una candidatura.

Efectivamente la ley no le prohíbe ser candidata, pero me parece bastante de mal gusto que todavía, sin terminar su periodo, aunque esté a unos días de terminarlo, aparezca como candidata en una lista plurinominal como un evidente pago de favores.

Por eso es muy importante que el día de hoy lo votemos y que de cara a los procesos de selección que estamos llevando, no solamente para los comisionados del Inai, sino para muchos otros que están pendientes en el Senado, que les recuerdo que son cerca de 60 nombramientos, definitivamente cambiemos el método para no seguir otorgando cuotas y cuates a los partidos políticos.

Es cuanto.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle Martínez.

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Raúl Gracia Guzmán.

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

Este ejemplo nos permite explicar a la ciudadanía por qué es tan difícil hacer política buena, hacer política democrática en este país, porque todo lo que toca el PRI lo echa a perder.

Y lamentablemente no ha habido una Cámara en la historia de este país, en el siglo XX y XXI, donde ese partido, que todo lo que toca echa a perder, no haya tenido por lo menos una tercera parte o más de sus integrantes.

Y, en consecuencia, no hay negociación sobre las decisiones fundamentales de este país en la Constitución Política o en nombramientos de la relevancia de estos órganos autónomos que no tenga que pasar por este dedo de Rey Midas inverso.

Y hoy es el ejemplo claro, cómo este Inai, que tanto se trabajó para construir, lo toca y lo pudre. Ha sido tanta la podredumbre que hasta la transición democrática, que tantos años, tantas décadas le costó a este país, la echaron a perder. Y lo hicieron de una forma totalmente ética e ilegítima, tan es así que la ciudadana Puente, para   poder competir en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, no tuvo la decencia, no tuvo la ética de separarse, aunque fuera provisionalmente, de su encargo.

Y hoy, con una total desfachatez para intentar cumplir con un requisito de elegibilidad, que la obliga a separase del cargo 90 días para poder ser legisladora federal, nos intenta, con una bola baja, a través de una comunicación en donde no señala motivo alguno para esa separación, que se le tenga por retirada del cargo.

Eso no es posible, ¿por qué no es posible? Porque la señora no tiene una suplente, y lo que marca la ley de forma expresa es que se le comunicará a este Senado de la República para que se empiece con el procedimiento para suplirla, aquí hay un bien jurídico tutelado que es superior al deseo personal de ella, y que es la integración cabal y legítima de un órgano autónomo.

Es por eso que coincido con lo que señaló el Senador Robledo, y no podemos tener como un trámite unilateral administrativo el que se presente esta renuncia y con eso se finiquite, es un tema que se tiene que debatir y que, más importante, se tiene que votar aquí en el Senado, porque no podemos permitirnos dejar incompleto por el capricho personal e ilegítimo de esta señora.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán.

Corresponde el uso de la tribuna al Senador Patricio Martínez García.

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente.

Con todo respeto a mis compañeras y compañeros que han hecho uso de la palabra en esta tribuna, quiero hacer algunos comentarios sobre este tema.

Sí, efectivamente, hay una emisión de posición partidista de quien debiera estar químicamente puro o pura de política partidista.

Quiero preguntar, ¿de dónde este Senado puede sacar ciudadanos electrolíticamente puros, sin tener ninguna clase de contacto político partidista para integrar órganos autónomos?

Eso me parece un ideal, pero la realidad es otra. La realidad es que no podemos leernos la mano, aquí esas posiciones con frecuencia son arietes partidistas y la puja por las posiciones se da entre los partidos, y los partidos presentan sus ciudadanos de los que están apoderados, aunque no los tienen en el padrón de integrantes de seguidores del partido.

A mí me parece que esta discusión es ociosa, especialmente cuando se ponen adjetivos. Los adjetivos no se pueden estar poniendo hoy a esta persona, a esta diputada en listas, porque entonces por diapasón se lo están poniendo también no sólo al PRI, sino al PRD, al PT y al PAN.

Senador, revise lo que ha ocurrido en otros organismos, en otras circunstancias.

Le doy nombres para que revisen el currículum de quienes han integrado posiciones en organismos autónomos, si les suena algo, Lujambio: Ifai, 2005 SEP, 2009; 2012, Senador del PAN.

Santiago Nieto, Santiago Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, Jaime Cárdenas, Juan Molinar Horcasitas. Hay para todos, PAN, PRD, PT, con una circunstancia; sí, nunca en funciones, pero no van a encontrar químicamente puro a nadie para que se pueda definir que un ciudadano no tiene derecho a participar en política partidista cuando hay otra circunstancia.

Solucionémoslo, aquí tenemos la solución. Establezcamos con una iniciativa que se puede presentar mañana, para que quienes integran estos organismos queden cancelados de sus derechos políticos para ser elegidos durante los siguientes 2, 3, 5, 10 ó 20 años, acordémoslo. Pero si hoy no está prohibido, hoy está permitido. Así de sencillo.

Me parece que la discusión es ociosa y quiero además señalar un aspecto, esto, que me perdonen quienes descalificaron hoy a la democracia, en México sí tenemos una democracia con muchos problemas, es una nave que está haciendo agua y hay que estar achicando las bodegas, porque con frecuencia tiene problemas nuestra democracia, pero que lo digan quienes a partir de elecciones democráticas tienen en Querétaro o en Chihuahua acceso al poder, al gobierno y que digan que la democracia no sirve, ¿a cuál democracia se refieren, a la de un municipio, a la de un estado, a la del país?

Me parece que son afirmaciones un tanto ligeras, descalificadoras, con molestia, que la puedo aceptar, pero veámoslo con calma, bajemos los adjetivos, aportemos soluciones y si hoy tenemos esta situación, que nos sirva de experiencia, cambiemos las cosas, pero no tiene caso que nos estemos insultando y que estemos denostando por hechos que siendo similares, estuvieron en el pasado y que corresponden en culpabilidad, en marcha o en historia y currículum a diferentes partidos.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Patricio Martínez.

En uso de la voz, el Senador Manuel Cárdenas.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Senadores:

Desde hace muchos años he sostenido que en los mecanismos de designación, renuncia o remoción, lo he dicho desde hace muchos años, se acaba con la confianza de la sociedad y se atenta contra las autonomías constitucionales.

El aparato público en este sexenio ha crecido exponencialmente en órganos constitucionalmente autónomos.

Sin embargo, siempre he señalado que vivimos en un sistema de partidos y que estos, los partidos políticos, debieran sentirse orgullosos de sus militantes y tener una oferta proba para el desempeño a ejercer.

Inclusive he comentado que el principal fraude que cometemos, y no he podido transitar en una reforma a la ley, es que quienes hemos estado en el Legislativo en otros tiempos y actualmente, si algo han hecho la gran mayoría de ellos, es olvidarse de su plataforma electoral y entonces cometen fraude al que les depositó su confianza, porque vienen y legislan contrario a lo que legalmente es el único documento que se considera su plataforma electoral y que en ella se encuentran sus pensamientos, sus ideologías y la pretensión de sus actos y acciones futuras.

Recuerdo en la LVII Legislatura, que se había dado tránsito al IFE, que llegó Santiago Creel y todo mundo se rasgó las vestiduras, entre otros, ¿no? y criticó aquello de los mal llamados para mí “Consejeros Ciudadanos”.

Y sigo criticando ese concepto. Para ejercer el cargo hay que ser ciudadano.

Todos los que estamos aquí somos candidaturas ciudadanas primigeniamente, porque si no, no pudiéramos ostentar, ni dar tránsito a la posibilidad de ser postulados.

Por eso de lo que yo he hablado es de que no partidicemos.

Pero la pregunta sería: ¿Cuando se legisló y se sintió una afrenta a la democracia el que Consejeros del IFE pasaran al Legislativo, se les olvidó a quienes legislaron para hacer organismo constitucionalmente autónomo al Inai? ¿Eran bisoños?

Reconózcanlo entonces quienes aprobaron esas modificaciones a la ley.

¿Eran insensatos? No sé.

Pero también ha pasado con otros organismos que acotan la posibilidad de ejercer derechos para determinados encargos, como sucede en el sector financiero.

De hace sexenios para acá muchos funcionarios de Hacienda han salido y no han cumplido con la restricción que establece la ley para desempeñarse en determinados quehaceres, organismos o empresas, y a esos no he visto que les reclamemos ni que los combatamos.

Entonces, la pregunta sería: ¿Quiénes y de qué partidos dejaron la puerta abierta para que esto permaneciera como una situación legal?

Porque no podemos intentar ejercer un derecho que no se nos reconoce porque estaría conculcando el derecho de alguien que sí lo tiene por imprecisión, por omisión, por negligencia, por pasados de lanza de todos aquellos que votaron eso y dejaron la puerta abierta.

Lo que yo planteo es que dignifiquemos al Senado.

No hace mucho, no esta persona, muchísimos otros habían sido ratificados en sus encargos por este Senado para encargos en el sector hacendario financiero, y fueron aplaudidos, y no se les reconocía militancia, y les valió un comino la confianza que les dio este Senado y se fueron a sus pretensiones de poder, que no de militancia, porque no sé qué militen en el partido al que se fueron.

Nosotros lo que debemos de hacer es dignificar nuestro trabajo, y en la Permanente, además de que nos habían tirado la confianza algunos de apenas ocho meses, otros de seis, otros de un año, para cargos importantísimos en el sector bancario y financiero o hacendario, de la manera más urgente aprobaron todas las designaciones en la Permanente, pero siguen atorados, cuántos que estaban antes del Sistema Nacional Anticorrupción, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Agrario.

Así pues, tenemos que dignificar al Senado, hagamos la enmienda de ley, hagamos la enmienda de ley sí, siempre y cuando ésta no atropelle los derechos inherentes a las personas; acotémosle el derecho y dejemos en aquellos que crean que dando esas candidaturas dignifican el sistema de partidos, dignifican la militancia, dejemos que ellos asuman sus costes; ellos decidieron no reconocer en sus militantes la capacidad suficiente para representarlos, cambiemos la ley, que paguen los costes quienes toman esas decisiones porque lo están haciendo en vísperas de la elección, y por querer ganar el poder.

Será la ciudadanía la que los castigue, será esa persona la que en el legítimo derecho de renunciar lo hace, la que perderá cualquier capacidad de interlocución en el tema en la siguiente legislatura; si a eso le apostaban, diciendo que era legal y que no había impedimento porque habían dejado la puerta abierta para salir con este galimatías, lo hicieron.

Reconozcámonos y quienes lleguen a la siguiente legislatura, que le nieguen la posibilidad de ser interlocutora en lo que supuestamente se le reconoce como una experta.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Cárdenas Fonseca.

Me solicitó el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo, con el argumento de rectificación de hechos, le suplico, señor Senador, la mayor brevedad que sea posible, en virtud de que hemos escuchado a nueve oradores respecto de este tema que no ameritaba discusión en el apartado de comunicaciones.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Y de verdad reconozco y agradezco su disposición para este tema, simplemente para hechos, de lo dicho por mi compañero y amigo el Senador Patricio Martínez.

Porque, efectivamente, hay ejemplos de personajes de la vida pública que han tenido responsabilidades en órganos autónomos, y que después han participado en procesos electorales, sí, sin duda. Un ejemplo, un ejemplo muy cercano a nosotros, y en particular a mi muy entrañable el de Alonso Lujambio, fue Consejero del IFE, fue Consejero y Presidente del Ifai, pero después fue Secretario de Educación Pública, formó parte de un gobierno, tuvo un proceso, y después fue candidato.

Hay casos como el de Molinar Horcasitas; el caso de Emilio Zebadúa que han formado parte, pero siempre había habido una suerte de consideración ética, de tiempo, de trayectoria; cuando alguien decidía dejar esa trinchera, de defender la transparencia o los procesos electorales, que incluso pasaba a veces por formar parte de una administración.

Nunca, y esa es la aclaración, nunca había habido un solo funcionario, integrante de un órgano regulador, de un órgano autónomo que diera ese brinco, mucho menos en funciones; 31 de marzo, faltan diez días, claro no lo puede hacer porque se vence el registro, digamos las cosas como son, la renuncia es producto del traslape de fechas.

Entonces, no es un asunto de derechos políticos, para nada, es la distorsión y la confusión entre un órgano autónomo y las militancias partidistas, les doy tres hechos: hoy Eduardo Guerrero, antes Consejero del IFE, hoy es vocero de la campaña del PRI, está en su derecho, quizá, ¿es ético?, yo creo que no.

Claudia Pastor, integrante de la Sala Regional de Jalapa, del Tribunal Electoral, es hoy representante del PRI ante el INE, ¿es ético?, pues yo creo que no.

Qué sospecharán todos los que tuvieron una sentencia de ella, sobre su partidismo, y les doy un caso que seguramente recuerdan, miren, en octubre de 2010, el entonces Diputado Javier Corral, le preguntó a un aspirante a Consejero Electoral del IFE sobre su militancia, y le dijo si había tenido alguna vez una militancia partidista, y dijo que no, porque quería ser Consejero.

Se llamaba Enrique Ochoa, Enrique Ochoa Reza llegó a la Cámara de Diputados, mintió sobre su militancia, afortunadamente no logró ser Consejero del IFE, y después cuando necesitaba antigüedad en el PRI, a no ahí sí era muy priista.

Esa es la confusión, estimado Patricio, es esa distorsión.

Qué le dice a sus militantes, que tengan que echar mano estas personas, es asunto del PRI, y no nos metemos en eso, con su conformación de las listas es competencia de ustedes, nosotros no estamos defendiendo eso, estamos defendiendo lo que le hace al Instituto, hay claras evidencias de que tienen una confusión tremenda entre la lealtad partidista, lo que se le exige a alguien a quien quieren llevar a un órgano autónomo; imaginemos que Enrique Ochoa hubiera sido Consejero Electoral, ¿qué le hubiera dicho eso a la democracia?, y también hubiera sido después presidente del PRI, pues capaz que sí.

Entonces, yo solamente termino con tres puntos, de verdad muy concretos, porque me parece que esto es un debate de fondo.

Primero, dice la Comisionada del Inai, Patricia Kurczyn: “entiendo que esto se ha suscitado por una omisión legislativa, nos están echando ahora el caballo a nosotros; es una omisión legislativa, sin embargo la ética no exige norma estricta”, la ética no exige norma estricta.

Esto fue una respuesta a que el Comisionado Joel Salas, también del Inai, dijo: “La legitimidad de órganos constitucionales autónomos reside, en buena medida, en la autonomía de sus titulares”.

Más allá de la convicción ética de cada persona, es fundamental crear candado para que titulares no puedan brincar de manera directa a un cargo de elección popular. Bueno, tiene razón, desafortunadamente tiene razón.

Con todo respeto. No hay, no existe en el mundo diseño institucional, por perfecto que sea, que supla ese impulso que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Se llama “ética”.

Qué desafortunado, les vamos a tener que poner candados para que no brinquen ahora de los órganos autónomos. En ese sentido, tres anuncios:

Primero. Vamos a presentar mañana una iniciativa para ponerle candados. Qué lamentable.

Segundo. En este momento retiro mi moción para el retiro de la comunicación, que se dé.
Adelante. Retiro mi moción.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Para el mismo efecto, ha solicitado la voz y el uso de la tribuna el Senador Luis   Sánchez.

El Senador Luis Sánchez Jiménez: En efecto, señor Presidente, para rectificar algunos dichos.

No, no estamos hablando aquí de personas químicamente puras. No, ese no es el tema.

No es tampoco que esta discusión sea ociosa.

Lo dije hace un rato en mi intervención. Nos da pie para analizar, discutir y quizás para acordar qué es lo que queremos nosotros de los órganos autónomos.

¿Cómo queremos que funcionen?

¿Cómo queremos que se comporten?

No estamos hablando de que es ilegal la renuncia de la Comisionada Ximena Puente, por supuesto que es legal.

Y quizás sí habría que aceptar, Senador Zoé, que es una omisión legislativa, no tendría yo ningún problema con ello, porque en efecto nunca pensamos, nunca establecimos, nunca se vislumbró un panorama como el que estamos hoy viviendo.

¿Es legal la renuncia? Sí.

¿Es ética? No, de ninguna manera, no es ética.

Pero además existe el decoro también, y esto, por supuesto que no lo obtiene la Comisionada con esta decisión que ha tomado.

Pero esta Comisionada está obligada a cumplir la ley, y la ley establece procedimientos, pero esta discusión también nos debe servir, porque prontamente vamos a estar analizando la sustitución justamente de esta Comisionada y de otra más que concluyen su mandato el próximo 31 de marzo.

Y esa decisión de quiénes les van a sustituir, pues creo que debe ser tomada considerando este antecedente, justamente este antecedente.

Me parece, por ejemplo, que nosotros debiéramos estar pensando en formar una especie de carrera en este tema.

Hay organismos estatales, hay institutos estatales donde se está haciendo un trabajo también en cuanto al acceso a la información.

Y un incentivo para estar personas que están trabajando allá, puede ser justamente el que se les reconozca y lleguen al Instituto Nacional, por ejemplo. ¿No? y no echar mano de alguna amiga, amigo que pudiera por ahí hacernos algún favor.

Creo que por eso no es ociosa esta discusión y sirve mucho para lo que tenemos que hacer, dos cosas: Sí, tenemos que legislar.

Me parece que debe haber un espacio de tiempo entre que concluyen sus responsabilidades y pueden optar por algún cargo de representación popular.

¿Por qué? Insisto en ello, lo dije hace un rato, porque de lo contrario sería un incentivo perverso en su actuación, quedando bien con uno u otro partido, y aquí yo no señalo a uno, a un partido en específico, puede ser cualquiera, y eso es lo que no queremos.

Pero miren, entrando a la formalidad, señor Presidente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 49 establece justamente, prevé este caso, dice así el artículo 49 de esta ley: “En caso de que un Comisionado renuncie a su encargo, deberá presentar por escrito su renuncia dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores, con copia al pleno del Instituto, y dice así, estableciendo la fecha específica en la que se hace vigente la misma”.

Repito, para que me escuchen: “Estableciendo la fecha específica en la que se hace vigente la misma, la renuncia”.

Aquí está la renuncia de la Comisionada Puente. En ningún momento nos dice: “A partir de qué fecha quiere que se aplique su renuncia”. O sea, no lo hizo bien, no lo hizo bien.

Y entonces, señor Presidente, esta Cámara no puede considerar un documento que no cumple, no satisface lo que establece la ley.

Por lo tanto, yo le pido, señor Presidente, que lleve a votación de este Pleno el que se rechace este documento por no cumplir con los extremos de la ley y podamos desahogar de esa manera este tema.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez.

Me permito informar a la Asamblea, y seré reiterativo, que en el apartado de comunicaciones sólo se despacha la correspondencia recibida y no hay lugar para debate alguno.

Sin embargo, esta Presidencia y la Mesa Directiva han sido anuentes con las participaciones en tribuna que se han solicitado.

La moción de procedimiento planteada por el Senador Zoé Robledo, en su momento, no es procedente debido a que el asunto ya fue retirado del Orden del Día. Así lo hicimos del conocimiento de la Asamblea.

La comunicación de la ciudadana Ximena Puente se realiza con fundamento en el artículo 49, tal y como ha sido señalado hace unos momentos por el Senador Luis Sánchez.

En este sentido, que le obliga anunciar al Presidente del Senado su renuncia al cargo de Comisionada del Inai.

Lo puntualizado por el Senador Luis Sánchez en cuanto a la no especificación de la fecha, deberá, como un acto de la Mesa Directiva, solicitarse a subsanada la fecha en que a partir de la cual tiene vigencia su separación, su renuncia al Inai.

Es de su conocimiento que desde el 6 de marzo pasado esta Soberanía aprobó el procedimiento y la convocatoria para cubrir la vacante, que a partir del 31 de marzo se generará a la conclusión del cargo de las ciudadanas Ximena Puente y Arely Cano Guadiana como Comisionadas del Inai.

La comunicación de la ciudadana Ximena Puente no es asunto que pueda ser votado por esta Cámara y a la que le pueda recaer alguna resolución, con el retiro que ya fue reiteradamente anunciado, podemos dar por concluida la discusión y pasamos al siguiente asunto.

Sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández, ¿con qué objeto, señor Senador?

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Plantear una moción sobre lo que usted está comentando.

Resulta, ahora pareciera esquizofrénico, llevamos tiempo discutiendo sobre esto y pareciera que no tenía materia, sí hay materia y lo que está proponiendo el Senador Luis Sánchez, si no que me aclare, lo aludo directamente, es que no se puede tener por presentada esta renuncia por dos cosas: porque no cumple con los requisitos de la ley, y dos, por ser dañina para el interés público.

Entonces yo lo que le pediría, es que se vote si se acepta o no el que este Pleno tenga el conocimiento, este Pleno no se da por enterado de esto, y además si ya no está en el Orden del Día no se puede tener primero el debate, y segundo, no se puede tener por enterado, y por lo tanto no tendría efectos esta renuncia.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador…

Alguien había solicitado el uso de la voz, Senador Isidro Pedraza, ¿con qué objeto?

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Nada más para precisar el alcance de lo que usted acaba de decir, porque queda en una parte de incongruencia, por un lado retiramos una comunicación del Orden del Día, está retirada, por lo tanto no tiene ningún alcance el comentario que usted ha hecho de que lo va a regresar, que lo va a enderezar la solicitante, hasta en tanto no se ingrese de manera correcta, por lo tanto, ella sigue siendo Comisionada, no hay comunicación presentada y siguen las cosas como hasta antes de presentar el documento.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Trataré de ser más preciso, Senador Isidro Pedraza.

Esta Asamblea no se da por enterada, en virtud de que el asunto ha sido retirado del Orden del Día, como fue un comunicado que recibió la Mesa Directiva, que adolece, que tiene imperfecciones en su redacción, al no estar precisada la fecha a partir de la cual entra en vigencia su separación a través de su solicitud, no su solicitud, su anuncia de la renuncia, la Mesa Directiva estará obligada a solicitar la precisión de la fecha a partir de la cual se da su renuncia.

No hay materia para este Pleno, en virtud de que la comunicación fue retirada.

Continuamos con el Orden del Día.

Senador Luis Sánchez, ¿con qué objeto?

El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, fui aludido por usted y por mi compañero Luis Humberto.

Solamente decirle para mayor precisión, la Mesa Directiva no tiene facultades para suplencia de la queja, no podemos nosotros hacer algo para poderle dar sustento a la renuncia de la Comisionada Puente, por lo tanto así debe de ser tajante, se le regresa este documento y esperamos a ver si nos manda uno que cumpla con lo que establece la ley, no se manda ni a la Junta de Coordinación Política, no se hace nada, simplemente se anuncia que dado que no cumple los extremos de la ley se le regresará y ya sabrá ella si nos manda una bien, una apegada a la ley o no, creo que eso sería en todo caso.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Es correcto.






Continúe la Secretaría con los asuntos del Orden del Día.

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron 13 oficios de diversas dependencias, con respuestas a Acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado de la República.








El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

PROTESTA DE LEY

Compañeras y compañeros Senadores: Como se les informó el día de ayer y a partir de las licencias de las Senadoras Arely Gómez González, propietaria, y María Hilaria Domínguez Arvizu, suplente, y recibida la información del Instituto Nacional Electoral, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Anastacia Guadalupe Flores Valdez, para que rinda la protesta correspondiente.

La ciudadana Flores Valdez se encuentra en el salón contiguo, por esta razón, solicito a las Senadoras y a los Senadores Manuel Cavazos Lerma, Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Martha Palafox Gutiérrez, Jorge Aréchiga Ávila y Lucero Saldaña Pérez, a que la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito respetuosamente ponerse de pie, Senadoras y Senadores, por favor.

(Todos de pie)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadana Anastacia Guadalupe Flores Valdez, le informo que una vez que se autorizó licencia a las Senadoras Arely Gómez González, propietaria; y María Hilaria Domínguez Arvizu, suplente, se generó una vacante en la elección de Senadores de representación proporcional.

El Instituto Nacional Electoral informó al Senado que la fórmula que usted integra es la que continúa en el orden de la lista nacional de candidatos registrados por el Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, esta Soberanía la ha convocado a que rinda su protesta constitucional y legal como Senadora de la República.

En consecuencia, le pregunto: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Ciudadana Anastacia Guadalupe Flores Valdez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, compañera Senadora!

Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore a nuestros trabajos inmediatamente. ¡Felicidades!

Pasamos al apartado de presentación de iniciativas.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Patricio Martínez García, para presentar a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aeropuertos, en materia de contribuciones y servicios prestados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 27 DE LA LEY DE AEROPUERTOS

(Presentada por el Senador Patricio Martínez García, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Mesa Directiva, a Servicios Parlamentarios, al señor coordinador de mi grupo parlamentario, Senador Emilio Gamboa Patrón, por la posibilidad que se me dio de insertar en el Orden del Día de hoy esta iniciativa.

La iniciativa tiene un sentido que llamo a que pongan la máxima atención mis compañeras y compañeros ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, de las siguientes ciudades y estados:

Aguascalientes.

Baja California, por Mexicali y Tijuana.

Baja California Sur, por La Paz y Los Cabos.

Chiapas, por Tapachula.

Chihuahua, Ciudad Juárez y la capital.

Coahuila, Torreón.

Colima, por Manzanillo.

Durango, Durango.

Guanajuato, por la Ciudad de León.

Guerrero, por Acapulco, y también por Ixtapa Zihuatanejo.

Jalisco, por Guadalajara, Nuevo Vallarta.

Michoacán, por Morelia.

Nuevo León, municipio de Apodaca.

Oaxaca, municipios de Huatulco y Oaxaca.

Quintana Roo, Cancún y Cozumel.

San Luis Potosí, por la capital.

Sinaloa por tres ciudades: Culiacán, Mochis y Mazatlán.

Sonora, por Hermosillo.

Tabasco, Villahermosa.

Tamaulipas por Reynosa y Tampico.

Veracruz por Minatitlán, Veracruz Puerto.

Yucatán, por Mérida.

Así como Zacatecas, por su propia ciudad capital.

Esta iniciativa tiende a corregir graves desviaciones que se tienen en la operación de los aeropuertos del país.

Hace años los aeropuertos operaban como parte del sector oficial, su ineficiencia y las enormes pérdidas que tenía el erario por la operación de los aeropuertos llevó a que estos fueran privatizados.

A partir de eso, se ofreció que los aeropuertos, por las empresas concesionarias, tendrían mejor servicio, más inversión y, por tener competencia, mejores precios.

Ustedes, Senadoras y Senadores, son testigos presenciales con vivencias personales de lo que ocurre en los aeropuertos del país: servicios caros, malos, ineficiencia, falta de inversión, falta de adecuación a los volúmenes crecientes que estamos teniendo en el tráfico aéreo, pistas con bajos niveles de mantenimiento, exceso o abundancia de locales comerciales, muchos arrendamientos, caros los servicios de taxeo, plataforma y hangares para la aviación privada, estacionamientos saturados, malos, caros y, en muchas ocasiones, con graves problemas y siniestros en donde no hay atención con responsabilidad a los siniestros que presentan los usuarios de estos estacionamientos.

Pues bien, estas instalaciones aeroportuarias que afectan en su operación a todos estos municipios del país tienen además una circunstancia, amparados en lo que establece la Constitución respecto de lo que es el impuesto local, municipal, estatal de los bienes del dominio público en donde se establece que estos bienes no pagarán impuestos específicamente, y en este caso el impuesto predial, hemos desarrollado mi compañero Senador Enrique Burgos García y un servidor, esta iniciativa para corregir esta situación.

Hago presencia en esta tribuna a nombre propio y de mi compañero de bancada para presentarla, esperando que sea aprobada y que habrá de representar amplios beneficios presupuestales para los municipios que cuentan con alguna terminal aérea.

En la actualidad existen 61 municipios en el país que cuentan con al menos un aeropuerto, de los cuales 34 se encuentran concesionados a tres grandes grupos aeroportuarios, que son Aeropuertos del Sureste, del Pacífico y del Centro Norte, mismos que no pagan contribuciones municipales, afectando las finanzas municipales y, por lo mismo, a la población de esos municipios.

Si bien estos grupos aeroportuarios prestan un servicio reconocido jurídicamente como público, es necesario recalcar y hacer énfasis que la diversidad de servicios que se prestan al interior de estos inmuebles, entre los que podemos mencionar tiendas comerciales, bancos, restaurantes, hoteles, estacionamientos, servicios de taxis y el mismo servicio de transporte aéreo, son servicios netamente privados que generan cuantiosas ganancias a ese sector.

Es por esta razón por la cual los diversos grupos concesionarios de los aeropuertos de nuestro país deben quedar, estar obligados a contribuir a las finanzas de los municipios en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 constitucional.

La conformación de un municipio comprende territorio, población y gobierno, razón por la cual cuenta con plena autonomía gubernamental y administrativa, además de bienes y patrimonio propios, en donde una de sus funciones es la gestión de los intereses de su comunidad y dar solución a sus problemas.

El marco jurídico que rige al municipio se encuentra plasmado en el artículo 115 constitucional, en el cual se establece de manera explícita que para que se pueda obtener la exención de impuestos y derechos, como excepción a la obligación de pago, se requiere de los siguientes tres elementos:

Uno. Que el gobierno, en cualquier de sus tres niveles, federal, estatal o municipal, sea el propietario del inmueble.

Dos. Que el inmueble sea destinado o usado para un fin público; y

Tres. Que dichos inmuebles sean utilizados por el propio gobierno y no por entidades paraestatales, como empresas o fideicomisos públicos, ni por particulares, como concesionarios, comodatarios, o cualquier otro tipo de utilización.

Esta situación, que no se cumple en el caso de los aeropuertos concesionados, debemos analizarla y revisarla.

Sin embargo, debido a diversos procedimientos, y en algunos casos desconocimiento por parte de las autoridades municipales, las concesionarias han logrado evitar el pago de esta obligación tributaria.

La presente iniciativa busca definir de manera clara y expedita en la Ley de Aeropuertos y en la Ley de Vías Generales de Comunicación la obligación de cumplir con los compromisos tributarios establecidos por los gobiernos de los municipios, en específico del impuesto predial.

Esta iniciativa retoma mayor importancia frente a la escasa recaudación tributaria que se ejerce en general en los municipios de nuestro país.

Los ingresos totales de los municipios dependen en gran medida de las participaciones federales.

De cada 100 pesos recaudados a nivel nacional, el gobierno federal recauda 96.4 pesos; los gobiernos municipales recaudan tal sólo 1.2 pesos; y los gobiernos estatales 2.4 pesos.

En conclusión, el pago del impuesto predial está dirigido a la posesión del inmueble y no al servicio público de los concesionarios que operan los aeropuertos, por lo que no se les debe eximir del pago del predial, más aún cuando una gran parte del predio de los aeropuertos está destinado para otras actividades como el comercio y la prestación de servicios por particulares, y para ejercer actividades mercantiles con alta rentabilidad.

Para darnos una idea más clara sobre la injusticia que actualmente se presenta con estos tres grandes grupos y los municipios donde se ubican, permítanme comentarles que verificando los informes anuales presentados por el Grupo Aeropuertos del Sureste y por el Grupo Aeroportuario del Pacífico ante la Bolsa Mexicana de Valores, señalan que tan sólo en 2016 reportaron utilidades netas por 3 mil 600 millones de pesos.

Finalmente, el Grupo Aeroportuario Centro Norte reportó una utilidad neta de mil 877 millones de pesos.

Sí, se privatizaron los aeropuertos, se evitó la sangría al presupuesto por el déficit con el que operaba, se suponía que iba a mejorar la infraestructura y los servicios, y que tendrían legítimamente derecho a ganancias los inversionistas de estas concesionarias.

Pero, ¡caray!, Senadoras, Senadores, que durante más de veinte años hayan estado fincando litigios para eludir la responsabilidad que tienen de pagar impuestos al municipio en donde operan, es el colmo del egoísmo y el colmo en el abuso de algunos resquicios legales que con esta iniciativa pretendemos acabar.

Llamo a todas y a todos ustedes, y específicamente a quienes proceden de estas ciudades y de estos estados en donde hay esta anomalía fiscal, para que de inmediato intervengamos, para que quienes integran las comisiones a donde vaya a dar esta iniciativa la dictaminen de inmediato y que se modifique este estado de cosas, que es verdaderamente inconveniente, injusto, incorrecto y de una bajísima responsabilidad social por parte de estas empresas, que además no proceden de las ciudades en donde operan, van a esas ciudades, dan servicios, que no los voy a calificar o descalificar.

Lo dejo a los ciudadanos y a los usuarios que habrán de decir si los servicios aeroportuarios que estamos recibiendo valen lo que se paga por ellos, no solamente en el derecho de uso del aeropuerto que se paga en cada boleto, sino lo que pagan las líneas aéreas por aterrizaje o despegues, lo que pagan por plataforma y lo que pagan los particulares, a los que prácticamente se les ha desaparecido del cielo mexicano por lo caro de los servicios de los aeropuertos.

Yo creo que esta iniciativa que modifica artículos, que reforma artículos de las leyes en los cuales han estado amparándose para que no se cumpla la ley de la Constitución, que en el artículo 132 establece exactamente en forma precisa cuál es la excepción bajo la cual los bienes públicos no pagan impuestos locales, y en dónde deben pagar impuestos locales, y lo establece la misma Constitución, es cuando están entregados a usos particulares bajo cualquier tipo o contrato.

Les pido a ustedes que apoyen, todas, todos se sumen a esta iniciativa que estamos presentando mi compañero el Senador Enrique Burgos y un servidor.

Muchísimas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Patricio Martínez García.

Senador Patricio, ¿si acepta la adhesión del Senador Víctor Hermosillo?

El Senador Patricio Martínez García: Por supuesto.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Servicios Parlamentarios, tome nota de los Senadores que están manifestando su voluntad de sumarse a esta iniciativa.

El Senador Patricio Martínez García: Y además les pido que hagamos un equipo de trabajo especial.

No es posible que tengamos entregado el país a las oligarquías, no es posible que estemos permitiendo a nuestros ojos lo que está ocurriendo con excesivas ganancias y cero pago de impuestos.

A mí me parece que este tipo de asuntos son los que nos deben ocupar mucho del tiempo del Senado, y que el poco tiempo que nos queda lo aprovechemos, no en discusiones bizantinas o en todas las discusiones democráticas y operativas que se quiera, pero que no desatendamos estos asuntos, que se sumen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senador Humberto Domingo, ¿para el mismo propósito?

A ver, sonido en el escaño del Senador.

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Y en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por supuesto.

El Senador Patricio Martínez García: Considero que el Aeropuerto de la Ciudad de México tiene otra condición de operación, creo que no está concesionado, no está en estos tres grupos aeroportuarios.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senador Patricio, con la voluntad que manifiesta, le invito a los Senadores que tengan alguna aportación a su iniciativa, lo puedan comentar.

Servicios Parlamentarios, que incluyan también al Senador Mayans a esta iniciativa, al Senador Olvera, a todos los Senadores que han estado manifestando, Servicios Parlamentarios, tome nota, por favor.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se expide la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGROINDUSTRIA CITRÍCOLA

(Presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente, David Monreal Ávila, Senador por el estado libre y soberano de Zacatecas. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes una iniciativa legislativa que tiene como propósito impulsar un sector históricamente olvidado por el gobierno: el sector agrario, el sector campesino, los productores agrícolas de México.

Vengo a presentar a esta Asamblea una propuesta que tiene como finalidad específica contribuir al desarrollo de la actividad citrícola de nuestro país, un área de la agricultura de gran importancia por la producción a nivel nacional y por el beneficio para la salud como parte de la dieta nutrimental de los mexicanos.

Para ello, propongo la expedición de la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola y la adición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Se trata de una propuesta que atiende las demandas de los campesinos dedicados a la citricultura en todo el país y de las principales problemáticas y necesidades, una iniciativa que plantea un diseño para atender el rezago en el que se encuentra el sector.

Los cítricos constituyen un género integrado por tres especies de frutos que poseen un alto contenido de vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona un sabor ácido muy característico. Los principales frutos característicos son la naranja, lima, limones, tangerinas, mandarinas y toronjas, con diversas variedades que dependen de la región en la que se cultive cada una de ellas,

De acuerdo con la Sagarpa, las especies con mayor importancia dentro del mercado en México son la naranja, el limón ácido, la toronja y las mandarinas, tanto por su consumo, como por la cantidad producida y la superficie del territorio nacional dedicada a su cultivo.

La actividad citrícola se distribuye en 28 estados de la República Mexicana, entre los que se encuentran por orden de mayor producción: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Yucatán, Puebla, entre otros estados de la Republica.

De acuerdo con cifras estadísticas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, entre el 2000 y el 2013 se destinaron para el cultivo de naranja en México en promedio 341 mil hectáreas, teniendo un crecimiento medio anual de 0.2 por ciento. El mejor rendimiento productivo se dio en los años 2005 y 2013 ya que por cada hectárea cosechada se obtuvieron 13 toneladas del producto. Durante el periodo referido, los volúmenes de producción se mantuvieron constantes, sin embargo, el valor de producto presentó un crecimiento promedio anual de 3.4 por ciento.

Por otro lado, los cítricos por su contenido nutricional y los beneficios para la salud, forman parte de la lista de alimentos de consumo básico y se encuentran incluidos en las llamadas “guías o pirámides alimentarias a nivel mundial”.

Lamentablemente el desarrollo del sector se encuentra en un estado de rezago, los productores carecen de incentivos, de apoyos económicos y de apoyos en especie con infraestructura industrial, por parte del gobierno, para impulsar el desarrollo de la agroindustria citrícola en nuestro país.

Dentro de la cadena productiva, los agricultores citrícolas son quienes más invierten con su trabajo en el proceso y son quienes menos beneficios económicos tienen; actualmente, a pesar de la importancia del sector, no existe una legislación especial que la reconozca y que impulse su desarrollo, que establezca un modelo de organización nacional citrícola para su industrialización y comercialización justa para los productores, como es el caso de la caña de azúcar, que sí hay una ley específica.

Los cítricos ni siquiera forman parte de los productos básicos y estratégicos previstos en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por los beneficios para mantener una alimentación saludable, como es el caso de productos como el maíz, la caña de azúcar, el frijol, el trigo, el arroz, el huevo, entre otros.

Por todo esto, la propuesta que estoy presentando plantea:

Primero. Adicionar al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incorporar a los cítricos como producto básico y estratégico, por los beneficios para mantener una alimentación saludable.

Segundo. Expedir la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, proponiendo un diseño que permita impulsar su desarrollo a nivel nacional. Ambas iniciativas son complementarias y buscan los mismos objetivos, reconocer e impulsar el desarrollo de la agroindustria citrícola como una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro país, por su valor económico del mercado como por su valor nutricional en las familias mexicanas.

De manera particular, la propuesta plantea la implementación de una política incluyente para el sector del campo dedicado a la actividad citrícola, entiéndase productores fundamentalmente.

La organización de los agentes involucrados en la actividad citrícola a nivel nacional, la articulación de las cadenas de producción y consumo, atribuciones y obligaciones específicas para las autoridades federales, estatales y municipales para crear programas eficaces de apoyo económico, de infraestructura, de inversión, de capacitación e investigación para eficientar el sector, normar las relaciones contractuales que deriven de la cadena de producción, así como la creación del Centro de Investigación exclusivo para la investigación de productos agrícolas.

Entonces los principales beneficios y efectos positivos que traerá esta reforma, se mejorará el nivel tecnológico en la industrial, el cual se encuentra actualmente atrasado; se incrementarán los apoyos a la comercialización de los cítricos en fresco y sus derivados nivel nacional; crecerá el nivel de exportación tanto de la fruta en fresco, como de los aceites, mermeladas, esencias y otros derivados; aumentará el número de pequeñas empresas integradas horizontal y verticalmente; aumentarán los índices de productividad y de competitividad en toda la cadena productiva de la agroindustria citrícola; se apoyarán de manera más eficiente las tareas de investigación y desarrollo en el sector de la actividad agrícola; se consolidarán mecanismos de vinculación interinstitucional para apoyar toda la agroindustria citrícola.

En resumen, la propuesta beneficiará a quienes trabajan en cuerpo y alma en la producción citrícola: a los agricultores de nuestro país.

Compañeros Senadores, el campo mexicano ha sido, es y seguirá siendo un potencial para impulsar el desarrollo de nuestro país, tomemos conciencia y rescatémoslos.

Para concluir, señor Presidente, solamente quiero decirles que en el sector citrícola, a nivel mundial, México es el cuarto país a nivel mundial en producción de cítricos, por eso importante en mi estado, en Yucatán, hay 15 mil productores de cítricos, 15 mil familias que dependen de la citricultura y así en Veracruz que es el primer estado con mayor producción en el país, como otros de la República Mexicana.

Así es que yo les invito a que esta iniciativa la apoyemos todos juntos para que antes del 30 de abril, que termina el periodo ordinario de sesiones, se pueda estar dictaminando por este Pleno del Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senador Daniel Ávila, le pido de favor permanezca tantito en la tribuna.

Sonido en el escaño del Senador Ascención Orihuela.

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Para hechos, quiero hacer uso de la palabra.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Senador, estamos en la presentación de iniciativas, no procede su petición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Se concede el uso de la palabra al Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de revisión de trámites y procedimientos de la administración pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 31 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

(Presentada por el Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del PT)

El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.

Cuantas veces llegaron a oficinas de gobierno municipal, federal o estatal a hacer algún trámite y nos encontramos siempre con trabas en las que nos piden una y otra vez documentos que no son requisitados.

En un principio caemos con la mordida o caemos directamente con los coyotes que están muy cercanos a los funcionarios públicos que atienden de mano directamente al ciudadano y siempre generan actos de corrupción para poder recibir la atención que debiera ser de inmediato y eficaz, de esto trata esta lista.

Una de las interacciones más frecuentes de la ciudadanía con los entes públicos se presenta a través de la realización de algún trámite o procedimiento para obtener la prestación de servicio público o el otorgamiento de una autorización.

En no pocas ocasiones dichos trámites resultan engorrosos y tardados, toda vez que se exige a los solicitantes documentación a todas luces innecesaria, se exige la presencia de los usuarios sin justificación alguna en reiteradas ocasiones o se requieren mucho más requisitos de los previamente enlistados, situaciones con las que se presiona a los ciudadanos para posteriormente exigirles contraprestaciones o retribuciones personales indebidas a cambio de facilitar la expedición del trámite o servicio.

La sobreregularización administrativa o la abierta corrupción que los ciudadanos enfrentan son uno de los factores que contribuyen a la desconfianza y a la poca credibilidad que pesa sobre la autoridad. Por ejemplo, según Latinobarómetro 2017, 9 de cada 10 mexicanos opina que en nuestro país se gobierna para unos cuantos grupos en el poder, por encima del interés general.

No puede haber régimen democrático sin una administración pública eficaz y eficiente. La complicación innecesaria para la realización de algún trámite o procedimiento gubernamental reduce las posibilidades de aprovechar correctamente los recursos del Estado, incentiva que se presenten actos de corrupción y, finalmente, facilita la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. La presente iniciativa propone prevenir actos de corrupción dotando de facultades al comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para revisar los trámites y procedimientos ya existentes en los entes gubernamentales y en su caso diseñar mejoras que los faciliten y simplifiquen.

Ahora bien, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 71.3 millones de mexicanos, es decir, el 63 por ciento de la población de 6 años o más tiene acceso a Internet, hecho que obliga a los entes públicos a responder a las necesidades de los ciudadanos dando uso a las tecnologías de la información a fin de facilitar la realización de trámites y procedimientos.

No obstante la necesidad de modificar o replantear trámites y procedimientos vigentes, los entes públicos y su personal son quienes cuentan con toda la experiencia y conocimiento al respecto, por lo que en todo momento se escuchará la opinión de los entes públicos con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles, es decir se requiere el esfuerzo y acompañamiento de los entes públicos en todos los niveles de gobierno.

Por lo que hace a la experiencia y conocimiento de la fuerza laboral que prestan sus servicios públicos al interior de los entes públicos, serán aprovechados en labores de supervisión y medición de los nuevos procesos que se implementaren, para lo cual, se les brindará capacitación que les permita desarrollar dichas actividades, de este modo, no se presentarán recortes en personal que compliquen la situación económica de los trabajadores al servicio del Estado.

Esta es una de las premisas fundamentales de esta iniciativa: no afectar ninguno de sus derechos laborales de éstos, por el contrario, el capital humano que representan todos los trabajadores debe ser aprovechado e incluido en la constitución de un Estado más fuerte y competente.

Es por lo anterior, que en la presente iniciativa se propone reformar los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que el comité coordinador se le otorgue la facultad de realizar cada año un diagnóstico integral que evalúe la eficacia de trámites y procedimientos que realizan los particulares ante los diversos entes públicos, a fin de que se identifiquen las prácticas o normas que generen hechos de corrupción.

Al mismo tiempo tendrán la obligación de diseñar y recomendar la implementación de trámites y procedimientos que promueven el uso de tecnologías de la información con la finalidad de hacer más ágil y transparente el desempeño de la función pública y así elevar la calidad del servicio que proporcionan las instituciones.

También se propone que la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción diseñe los mecanismos para que los sistemas locales anticorrupción en el ámbito de sus competencias implemente los mismos diagnósticos integrales con características establecidas.

Es decir, se busca que la ubicación y la agilización administrativa llegue también a los gobernantes locales y municipales a partir de sus particulares capacidades y necesidades detectadas a partir de diagnósticos y objetivos.

Debo de insistir, el contenido de la presente iniciativa busca también que se respeten las fuentes de trabajo de todos los servidores del Estado, que se les respeten todos sus derechos laborales y que se les incluya integral y efectivamente en los procesos de modernización administrativa y combate a la corrupción.

Ningún Estado moderno ha logrado su transición a la democracia si la construcción de burocracias sólidas y eficientes que generen un elevado grado de confianza en la ciudadanía y en el que los derechos de los trabajadores gubernamentales son también el más elevado interés público.

El contenido de la presente iniciativa busca ser un instrumento para lograr esas finalidades.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Senador MARLON BERLANGA SÁNCHEZ en nombre propio y en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 31 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las interacciones más frecuentes de la ciudadanía con los entes públicos se presenta a través de la realización de algún trámite o procedimiento para obtener la prestación de servicio público o el otorgamiento de una autorización.

En no pocas ocasiones dichos trámites resultan engorrosos y tardados, toda vez que se exige a los solicitantes documentación a todas luces innecesaria, se exige la presencia de los usuarios sin justificación alguna en reiteradas ocasiones o se requieren muchos más requisitos de los previamente listados, situaciones con las que se presiona a los ciudadanos para posteriormente exigirles contraprestaciones o retribuciones personales indebidas a cambio de facilitar la expedición de su trámite o servicio.

La sobrerregulación administrativa o la abierta corrupción que los ciudadanos enfrentan son unos de los factores que contribuyen a la desconfianza y la poca credibilidad que pesa sobre la autoridad. Por ejemplo, según el Latinobarómetro 2017, 9 de cada 10 mexicanos opina que en nuestro país se gobierna para unos cuantos grupos de poderosos, por encima del interés general.1

No puede haber régimen democrático sin una administración pública eficaz y eficiente. La complicación innecesaria para la realización de algún trámite o procedimiento gubernamental reduce las posibilidades de aprovechar correctamente los recursos del Estado, incentiva que se presenten actos de corrupción y, finalmente, facilita la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. La presente iniciativa se propone prevenir actos de corrupción dotando de facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para revisar los trámites y procedimientos ya existentes en los entes gubernamentales y en su caso diseñar mejoras que los faciliten y simplifiquen.

Ahora bien, según la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 71.3 millones de mexicanos, es decir el 63% de la población de 6 años o más tiene acceso a internet, hecho que obliga a los entes públicos a responder a las necesidades de los ciudadanos dando uso a las tecnologías de la información a fin de facilitar la realización de trámites y procedimientos.

No obstante la necesidad de modificar o replantar trámites y procedimientos vigentes, los entes públicos y su personal son quienes cuentan con toda la experiencia y conocimientos al respecto, por lo que en todo momento se escuchará la opinión de los entes públicos con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles, es decir se requiere el esfuerzo y acompañamiento de los entes públicos en todos los niveles de gobierno.

Por lo que hace a la experiencia y conocimiento de la fuerza laboral que presta sus servicios al interior de los entes públicos, serán aprovechadas en labores de supervisión y medición de los nuevos procesos que se implementaren, para lo cual se les brindará la capacitación necesaria que les permita desarrollar dichas actividades, de este modo, no se presentarán recortes de personal que compliquen la situación económica de los trabajadores al servicio del Estado.

Esta es una de las premisas fundamentales de esta iniciativa: No afectar ninguno de sus derechos laborales de estos. Por el contrario, el capital humano que representan todos los trabajadores debe ser aprovechado e incluido en la construcción de un Estado más fuerte y competente.

Por expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 9 y 31 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para quedar como sigue:

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

I a XVII. …

XVIII. Realizar, cada año, un diagnóstico integral para:

A) Evaluar la eficacia y la necesidad de los trámites y procedimientos que los particulares realizan en los entes públicos federales;

B) Identificar prácticas o normas que incentiven la realización de hechos de corrupción; y

C) Diseñar y recomendar la reforma o implementación de trámites y procedimientos simplificados que promuevan la utilización de tecnologías de la información con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizarlos de la manera más ágil, se transparente el desempeño de la función pública, se eleve la calidad de los servicios públicos y, en general, se adopten institucionalmente las prácticas del gobierno digital.

El diagnóstico integral, para realizar sus recomendaciones, deberá considerar las condiciones de conectividad y de acceso a las tecnologías de la información de cada región geográfica. En caso de que las mismas sean insuficientes, también recomendará la implementación de las políticas públicas para superar dichas insuficiencias.

El diseño de medidas para adoptar las prácticas de gobierno digital incluirá también aquellas necesarias para garantizar plenamente el empleo, cargo o comisión de los servidores públicos que laboren en los entes públicos objeto de las recomendaciones respectivas. Su implementación, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, dará lugar a la afectación de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

La Comisión Ejecutiva diseñará los mecanismos necesarios para que los Sistemas Locales Anticorrupción diseñen e implementen en sus ámbitos de competencias respectivos diagnósticos integrales con las características establecidas en la presente fracción.

XIX. Las demás señalas por esta Ley.

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:

I a VIII. …

IX. Los informes de los trámites y procedimientos que se realizan en todos los entes públicos federales, así como las mejoras que se proponen a los mismos, con el objeto de elaborar el diagnóstico integral a que se refiere el artículo 9, fracción XVIII de esta Ley, para lo cual solicitará la información necesaria a los entes públicos y considerará su opinión respecto a las mejoras cuya implementación se propone.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Ejecutiva deberá presentar el proyecto del primer diagnóstico integral a que se refiere la fracción XVIII del artículo 9 de esta iniciativa en un plazo no mayor de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Dicho diagnóstico integral abarcará las etapas de recepción de información, análisis de la misma y propuestas de mejora considerando costos de aplicación en los que se incluya la capacitación del personal y proyección del impacto que la propuesta tendría. Deberá iniciar con los entes públicos federales, posteriormente los estatales y finalmente los municipales.

Para este efecto los entes públicos deberán proporcionar toda la información necesaria y en su caso asesoría a la Comisión Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva realizará las propuestas de mejora considerando la partición, contribución y supervisión de los trabajadores al servicio del Estado que laboran en los entes públicos; en caso de que el Comité Coordinador apruebe las mejoras propuestas, la Comisión Ejecutiva, en conjunto con los entes públicos respectivos, elaborarán los programas de capacitación que en su caso se requieran.

Une vez implementadas las mejoras a los trámites y procedimientos a cargo de los entes públicos, la Comisión Ejecutiva realizará una nueva evaluación de las mismas y rendirá un informe final al Comité Coordinador.

Dado en el Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Marlon Berlanga Sánchez.

1 Corporación Latinobarómetro, Informe 2017; pags. 17-18.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Berlanga Sánchez. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.






Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de adecuación al Plan Nacional de Desarrollo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRD)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

En primer lugar, quiero solicitarle a la Mesa Directiva, señor Presidente, si pudiera registrar mi iniciativa, ser inscrita completa en el Diario de los Debates, en obvio de tiempo.

Solamente leeré un resumen de la misma para no abusar del tiempo, que hoy hemos perdido un buen.

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Con todo gusto, Senadora Martha Palafox.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país se ha colocado históricamente al frente de importantes transformaciones globales y movimientos que buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan en el planeta.

Uno de los esfuerzos más importantes es la Agenda 2030 para lograr el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. Esta agenda es heredera de los 8 objetivos de desarrollo que se acordaron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000 y que tenían como meta atender a las necesidades más apremiantes en ese entonces.

De esta forma, a lo largo de 15 años, nuestro país logró el cumplimiento de 37 de los 51 indicadores establecidos.

Durante los primeros 15 años de este Milenio logramos importantes avances, pero cabe destacar que ha sido con la participación plural de todos los partidos que han integrado las diferentes legislaturas.

Aumentó la cobertura de servicio de salud materna y reproductiva, se amplió la cobertura universal de educación primaria y se redujo la pobreza extrema a menos de la mitad de su nivel en 1990 que no es de presumirse, por el contrario, en temas como garantizar el derecho humano al acceso al agua potable y su saneamiento, así como en el acceso pleno a servicios de salud, como el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas que adolece a los deciles más pobres de nuestro país.

No tuvimos los resultados esperados y son ahora parte de los retos que decidimos fijarnos como parte de la Agenda 2030. A pesar de que la agenda y los objetivos de desarrollo sostenible no generan obligaciones mutuamente vinculantes, nos hemos comprometido a cumplir con sus postulados de manera voluntaria implementando mejoras a nivel local y trabajando en conjunto a nivel internacional para alcanzar en el año 2030 la mayor cantidad de objetivos cumplidos.

En este sentido, el papel que juegan los parlamentos en este tema es fundamental, al grado de estar directamente relacionados con el cumplimiento del objetivo 10, “reducción de las desigualdades” y el 16 “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.

Debemos hacer que nuestras funciones se encaminen directamente al cumplimiento de las metas y objetivos, de tal forma, que adecuemos los ordenamientos legales a los postulados de la agenda, garantizando la correcta asignación de los presupuestos para cumplir los objetivos; generemos mecanismos de participación ciudadana en los proceso legislativos y vigilemos la correcta aplicación de recursos y cumplimiento de las metas.

De esta manera, la iniciativa que hoy les presento se enfoca en la función de presupuestación y control que tiene el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, se propone armonizar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la reforma que aprobamos en diciembre pasado, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de febrero, la cual incluyó los postulados de la agenda en la Ley de Planeación, con el fin de hacer acorde la Planeación Nacional con los mecanismos de presupuestación y control.

Se propone reformar los artículos 16, 24, 25, 27, 40, 41, 42 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para reforzar el vínculo de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo.

Establecer que la programación y presupuestación anual del gasto público deba realizarse con base en las normas, principios y políticas establecidas en el plan, como es generar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable con perspectiva de género, la igualdad de derechos entre las personas, entre otros.

Realizar un análisis exhaustivo de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan. Homologar los contenidos de la ley con los recientes cambios a la Ley de Planeación y establece que la Secretaría de Hacienda, deberá integrar en los informes trimestrales un apartado con el seguimiento a los avances de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo el cual deberá ser remitido también al Senado de la República.

Con estos cambios podremos dar mejor seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar objetivos que lleven a nuestro país a cumplir a cabalidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 con la cual mejoraría la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Establezcamos las bases para seguir al frente de los cambios que nuestro país y nuestro planeta necesita, para que todas y todos podamos vivir en mejores condiciones.

Muchas gracias.

Intervención



Iniciativa

La suscrita, Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción ii de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el mayor esfuerzo internacional de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de hacer frente a los problemas que enfrenta nuestro mundo en la actualidad.

Esta Agenda fue adoptada mediante el documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” el 25 de septiembre del año 2015 en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030.1

De esta forma, la Agenda y los 17 ODS constituyen un plan de acción mediante el cual los 193 países que integran la ONU se obligan moralmente a trabajar en favor de las personas, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la paz, el acceso a la justicia, luchar contra las desigualdades y luchar por salvar el planeta.

Es relevante señalar que a pesar de que la Agenda y los ODS no generan obligaciones mutuamente vinculantes para los países firmantes, éstos se han comprometido a cumplir con sus postulados de manera voluntaria, implementando mejoras a nivel local y trabajando en conjunto a nivel internacional con el fin de alcanzar, para 2030, la mayor cantidad de objetivos cumplidos. 

Cabe señalar que el pasado 16 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Planeación mediante la cual se incorporaron los postulados de la Agenda 2030 a dicha normatividad.2

En este sentido, la reforma tuvo como objetivo fortalecer los procedimientos de elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los siguientes aspectos.3

1) El Ejecutivo federal debe elaborar el Plan y remitirlo a la Cámara de Diputados para su aprobación a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión;

2) Dicha Cámara debe aprobar el PND dentro de un plazo de dos meses a partir de su recepción;

3) Cuando el Presidente envié las iniciativas de leyes de Ingresos y el proyecto de Egresos, debe de informar su vinculación con el PND y sus programas;

4) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá elaborar y someter a consideración del Ejecutivo federal el proyecto del PND, el cual tomará en cuenta las propuestas de las dependencias de la Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos estatales;

5) La Secretaría de la Función Pública debe realizar el control interno y la evaluación de la gestión gubernamental respecto de las acciones que llevan a cabo las entidades en el cumplimiento del PND y los programas;

6) Se enlistan los elementos mínimos que debe contener el Plan y los programas derivados de éste; y,

7) Los programas deberán ser revisados por el Ejecutivo, considerando la participación social, incluyendo la de los pueblos y comunidades indígenas.

Antecedentes de la Agenda 2030

La Agenda 2030 y los ODS tienen su antecedente inmediato en la Declaración del Milenio, la cual fue adoptada en el marco de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de septiembre del año 2000. Esta Declaración estuvo compuesta por ocho Objetivos del Milenio (ODM), a saber:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre;

2. Lograr la enseñanza primaria universal;

3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer;

4. Reducir la mortalidad infantil;

5. Mejorar la salud materna;

6. Combatir el VIH/Sida, malaria y otras enfermedades;

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y

8. Fomentar una Alianza Global para el Desarrollo.

Con estos objetivos, se buscó dar atención a las necesidades más apremiantes y velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos en los primeros quince años del tercer milenio, tiempo en el que se lograron avances muy significativos en diversos ámbitos.

Los ODM ayudaron a que más de mil millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el hambre, a facilitar al mayor número de niñas en la historia que asistieran a la escuela, y a proteger nuestro planeta. Generaron nuevas e innovadoras colaboraciones, impulsaron la opinión pública y mostraron el inmenso valor de establecer objetivos ambiciosos.

Al ubicar a las personas y sus necesidades inmediatas en un primer plano, los ODM reconfiguraron la toma de decisiones tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.4

En este mismo periodo, nuestro país logró avanzar de manera destacada en el cumplimiento de la Agenda del Milenio en diversos rubros. Dentro del Informe de Avances de los ODM 2015, nuestro país señaló que, de los 51 indicadores establecidos, se logró el cumplimiento de 37, lo que representó un avance del 72.5 por ciento, siendo que se estipuló el posible cumplimiento en seis indicadores más antes del fin del año 2015.5

Dentro de estos indicadores, destacan los relacionados con el acceso al agua potable y su saneamiento, aunque en este rubro queda mucho camino por recorrer para garantizar el pleno ejercicio de este derecho; el aumento en la cobertura de servicios de salud materna y reproductiva, así como la cobertura universal de educación primaria y la reducción de la pobreza extrema a menos de la mitad de su nivel en 1990.

A pesar de lo anterior, debe reconocerse que en los últimos años se ha visto una precarización en muchos indicadores que se habían señalado como alcanzados, por lo que se debe trabajar, desde el Congreso de la Unión, en legislar para homologar nuestros marcos normativos y hacerlos acordes a las nuevas realidades, principalmente con la Agenda y sus objetivos.

El papel del Congreso de la Unión en el marco de la Agenda 2030

Los Congresos nacionales tienen un papel fundamental en la implementación de la Agenda y los 17 ODS. Dentro de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se reconoce que “los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas.”6

De lo anterior, se desprende que los parlamentos tendrán las siguientes funciones principales con relación a la Agenda y los ODS.7

1. Legislación. Los parlamentos deben garantizar que sus ordenamientos legales y reglamentarios estén adecuados a los postulados de la Agenda y los ODS, siendo que, en caso de ser necesario, expidan nuevas leyes que faciliten el cumplimiento de los objetivos.

2. Aprobación del presupuesto. Los parlamentos deberán asegurar recursos suficientes a todos los programas y políticas que se establezcan a nivel local para alcanzar el cumplimiento de la Agenda.

3. Vigilancia. Como contrapeso a los demás poderes, los parlamentos deberán monitorear y supervisar la correcta aplicación de los recursos a los programas y políticas, así como la correcta implementación de los mismos, llamando a cuentas a los servidores públicos encargados de ello.

4. Participación. Se deberá incluir a la sociedad civil y a los sectores interesados en el establecimiento de las políticas enfocadas a la atención de la Agenda y los ODS y en los procesos legislativos que al respecto se lleven a cabo.

Para el cumplimiento de las funciones antes descritas, los parlamentos deberán adecuar sus marcos normativos y hacerlos acorde con estas responsabilidades, pues, de lo contrario, muy difícilmente se podrán alcanzar las metas que cada país ha establecido.

Cabe señalar que los parlamentos al ser importantes instituciones legislativas, representativas y de vigilancia, están relacionadas directamente con el cumplimiento del Objetivo 10 “Reducción de las Desigualdades” y el 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.

Con relación al Objetivo 10, los parlamentos están intrínsecamente relacionados con las siguientes metas:

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición;

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto;

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad, y

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

Asimismo, con relación al Objetivo 16, las metas relacionadas con los parlamentos son:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, y

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objeto de la reforma

Como bien se planteó anteriormente, la labor de los parlamentos constituirá una importante contribución al cumplimiento de la Agenda y los 17 ODS. Por lo anterior, la presente iniciativa se enfoca en la función de presupuestación y control que tiene el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, respectivamente.

De acuerdo con el artículo 74, fracción IV, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación. Mediante este, la Cámara establece las partidas que el gobierno podrá ejercer para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país.8

Con relación a la Ley de Ingresos, a pesar de no estar señalado en la Constitución expresamente, la misma se aprueba conjuntamente entre la Cámara de Diputados, cámara a la que el Presidente de la República entrega la Ley, y por el Senado de la República.

El ordenamiento que regula la forma en la cual se presenta, analiza, discute y aprueba le Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), objetivo de esta reforme. En ella se establecen las bases mediante las cuales se debe llevar a cabo la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

En este sentido, se propone homologar diversos artículos de la LFPRH y hacerlos acorde con la reciente reforma a la Ley de Planeación publicada en el Diario Oficial de la Federación 16 de febrero de 2018, con el fin de hacer acorde la planeación nacional con los mecanismos de presupuestación y control y, de esta manera, avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 que competen directamente al Congreso de la Unión.

Por esta razón, se propone reformar el artículo 16, a fin de señalar puntualmente que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deberán estar vinculados correctamente al Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, eliminando la referencia a que deben ser congruentes, puesto que la vinculación comprende la relación estrecha entre dichos ordenamientos con la planeación nacional, con lo que se genera una mayor certidumbre jurídica. 

Asimismo, se reforma el artículo 24 con el fin de señalar expresamente que las actividades que realicen las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño estén vinculadas con los Programas Sectoriales y demás programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo.

Con relación al artículo 25, se reforma la fracción I con el fin de establecer que la programación y presupuestación anual del gasto público deba realizarse con base en las normas, principios y políticas establecidas en el Plan, como es generar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, la preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal, la igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, así como el respeto a los derechos humanos, entre otros.

Asimismo, se reforma la fracción III del mismo artículo para incluir no sólo la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, sino que se deberá realizar un análisis exhaustivo de dichos avances dentro del Sistema de Evaluación del Desempeño, con el fin de señalar posibles deficiencias y corregirlas adecuadamente.

Dentro del artículo 27 se homologa su contenido a lo contenido en la Ley de Planeación respecto a los Programas Sectoriales y los demás que se deriven del Plan.

Con relación a los contenidos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se reforman los artículos 40, 41 y 42, con el fin de homologarlo con los contenidos de la Ley de Planeación en materia de la vinculación de dichos ordenamientos con el Plan, así como informar en los mismos el grado de cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan y sus programas.

De igual forma, se establece que cuando se realice el análisis del Presupuesto, se deberá contemplar un mecanismo de participación ciudadana durante el proceso de revisión y análisis del Presupuesto, donde se retomen las propuestas e inquietudes de cada sector.

Por último, dentro del artículo 111 se establece que la Secretaría deberá integrar en los informes trimestrales, un apartado con el seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, el cual deberá ser remitido también al Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

Artículo Único. Se reforma los artículos 16, 24, 25, 27 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 40; un inciso f) a la fracción I del artículo 41; un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 42 y un sexto párrafo del artículo 111 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 16.  La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán estar vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. VI. …

Artículo 24. …

I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas especiales y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación.

II. a III. …

Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:

I. Las normas, principios y políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;

II. …

III. El análisis y evaluación exhaustiva de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente;

IV. al VI. …

Artículo 27. …

I. …

II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y en su caso, los programas especiales, y

III. …

La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, en su caso, los programas especiales, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:

I.

a) h) …

j) La relación en que su contenido dará cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, los programas especiales.

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. …

a) a e) …

f) El grado de cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven de este.

Artículo 42.

I. a VII. …

VIII. …

a) a d). …

e) El avance en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, en su caso, los programas especiales que deriven del mismo, así como de los compromisos y obligaciones contenidos en los tratados y acuerdos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones, propuestas y modificaciones la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales, apegándose a las norma y principios establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las Comisiones deberán contemplar un mecanismo de participación ciudadana durante el proceso de revisión y análisis del Presupuesto, donde se retomen las propuestas e inquietudes de cada sector.

IX. Deberán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.

Artículo 111. …

La Secretaría deberá integrar en los informes trimestrales, un apartado con el seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, los programa que deriven de este, así como los programas especiales. Dicho informe deberá ser remitido, además, al Senado de la República.

TRANSITORIOS

Único. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez.

1 Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas México, disponible en:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

2 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación, 16 de febrero de 2018, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/2018

3 Texto detallado del contenido del Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, presentado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 12 de septiembre de 2017, Sistema de Información Legislativa, disponible en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=42837ab613
aedcda959a54947f3f61e2&Clave=3569982

4 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Organización de las Naciones Unidas México, disponible en:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/

5 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de avances 2015, Presidencia de la República, agosto de 2015, disponible en:
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/Doctos/InfMex2015.pdf

6 Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Organización de las Naciones Unidas, 21 de octubre de 2015, disponible en:
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf, p. 13

7 Parliament’s role in implementing the Sustainable Development Goals : A parliamentary handbook, Global Organizatios of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), United Nations Development Program (PNUD) e Islamic Development Bank (IDB)

8 II. Función presupuestaria o financiera, Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iifunci.htm

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Servicios Parlamentarios atienda la petición de la Senadora Martha Palafox, de integrar en el Diario de los Debates su versión íntegra de la iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de Estado Laico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez)

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

Hoy, 21 de marzo, a 212 años del nacimiento del Presidente Benito Juárez García, es fundamental recordar y tener presente la importancia de su pensamiento: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

En aras de fortalecer nuestra democracia y convencida de que el Legislativo tiene la obligación de ser un canal de comunicación con la ciudadanía, presento una iniciativa que deriva del esfuerzo colectivo en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiene por objetivo reformar el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para considerar las violaciones sistemáticas y graves al estado laico.

Recordemos que en un entorno democrático de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario para todas las personas.

Posterior a un largo recorrido, el 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 40 constitucional, donde México se constituye como una República Laica.

Incluir en la definición de la República el carácter laico no es un mero agregado o un apéndice, en el entendido de que la República es representativa, porque la ciudadanía elige a través de los instrumentos político-electorales establecidos a sus representantes populares.

Es democrática, porque expresa la soberanía popular reconociendo la pluralidad y las creencias personales sin negar los derechos de cada persona y es laica, porque define una relación del Estado con las iglesias, las creencias, y el espacio público que pertenece a todos, guarda distancia de las decisiones íntimas y personales que se toman libremente.

En el dictamen de la reforma al artículo 40 constitucional aprobado por este Senado en marzo de 2012 estableció que las atribuciones de un Estado Laico serían:

- Que el Estado reconozca las religiones y espiritualidad, que tiene una determinada función y una determinada actuación.

- No se compromete más con alguna convicción filosófica con alguna religión; es imparcial.

- Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses o creencias.

- No se define respecto si alguna religión es la mejor o si alguna lo es.

- No tolera tipo alguno de referencia o insinuación religiosa, o antirreligiosa, en sus ceremonias y proclamas oficiales.

- Un Estado Laico no discrimina a ningún grupo en la provisión de los servicios públicos.

Por lo anterior, es menester revisar de forma sistemática e integral nuestro orden jurídico para demostrar que la laicidad es un principio profundo y ampliamente, por lo que la tarea de detallar las responsabilidades hacia la laicidad en todas las actividades que atañen a la función pública no sólo es deseable, sino necesaria.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos representa un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos. Así, el artículo 1o. constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora los reconoce. Se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.

La Constitución se abre de forma clara y contundente con la evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos.

Se señala en el párrafo tercero del artículo 1o. “La obligación del Estado mexicano, (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. De esta forma queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la cual estén organizadas.

En virtud de lo que señala el nuevo párrafo tercero del artículo 1o. constitucional todos los poderes tanto federales como de las entidades federativas tienen esta obligación para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales.

El Poder Legislativo, como parte del Estado mexicano, adquiere las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos.

Es por ello, que posterior a una revisión del orden jurídico se considera necesario modificar disposiciones que no se ajusten a dicha reforma en materia de derechos humanos, particularmente de laicidad en el servicio público.

En el Título Cuarto de la Constitución. “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. Los sujetos obligados de acuerdo al artículo 108 constitucional de la Carta Magna son servidores públicos los representantes de elección popular o los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. En el mismo sentido en el ámbito local son servidores públicos los ejecutivos de las entidades federativas, los Diputados a las legisladores locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, así como a los demás servidores públicos locales, quienes serán responsables por violaciones de esta Constitución y de las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

De tal forma, es posible afirmar que las conductas de servidores públicos que afecten el régimen político, a las funciones de gobierno, a los derechos humanos o al orden jurídico de nuestro país, o bien a una combinación de los anteriores, se consideren en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.

Sin embargo, no hay ninguna disposición que alude explícitamente a las obligaciones que el servidor público adquiere respecto a la laicidad, y en qué casos específicos debe abstenerse de hacer uso de elementos, alusiones, símbolos religiosos, o bien evitar un destino o utilización con fines religiosos de los recursos que le son encomendados para el desempeño de sus funciones.

Recordemos que la laicidad no es un valor que rige las relaciones entre los individuos, sino que rige las relaciones del Estado y de los funcionarios públicos con una ciudadanía plural y diversa; es un valor democrático porque garantiza la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades que son componentes indispensables para cualquier sociedad democrática.

Esto implica, entonces, que la laicidad es un valor, que entra en esto que llamamos una moralidad del rol, la ética de la función pública, toda persona en la función pública debe velar a la estricta igualdad de todas las personas, los individuos ante la ley rechazando todo acto de discriminación basado en las convicciones o creencias religiosas, incorporar el principio de la laicidad a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es necesario con fines de armonización con el resto de nuestra legislación, y puede concretarse mediante modificaciones al artículo 7o. para redefinir acciones que redundan en prejuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, y por eso es que este día, en particular presento esta iniciativa haciendo honor al Presidente Benito Juárez García.

Muchas gracias.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.






Honorable Asamblea, en el Orden del Día está inscrita la iniciativa suscrita por los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y los integrantes de la Mesa Directiva del tercer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura, que contiene un proyecto de Decreto para reformar el artículo 73 del Reglamento del Senado de la República. Este documento se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Solicito a la Secretaría dé lectura para conocimiento de la Asamblea.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento del Senado, este proyecto se pondrá a consideración del Pleno de manera directa en lo general y en lo particular en un solo acto. En consecuencia, está a discusión.

Al no haber oradores registrados, la votación nominal del proyecto se realizará una vez que concluya la discusión de los dictámenes con proyecto de Decreto inscritos en el Orden del Día.






En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de primera lectura)








Uno, de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 212, 214 Y 217 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Dictamen de primera lectura)








Y uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






En otro apartado de nuestra agenda, pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en materia de empresas semilleras nacionales.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4 Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este  día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Presidente.

En los temas del campo, los elementos básicos de la producción son: la tierra, el agua, el fertilizante, la semilla y la mano del hombre.

Particularmente en el tema de uno de los insumos, como es la semilla, presento a esta Asamblea, como Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y en concurrencia a la de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de Decreto que reformaría los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en materia de promoción y consolidación de empresas semilleras nacionales, la inclusión de redes de conocimiento y su vinculación a través de los centros de investigación al tenor de los siguientes considerandos:

México tiene un gran potencial como centro y origen de numerosas especies de cultivos que han demostrado su gran utilidad para la vida humana, siendo cuna de la domesticación de especies tales como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao y el trigo entre muchas otras que ahora forman parte de la dieta básica de los mexicanos.

En los últimos años la situación alimentaria mundial es un asunto de gran relevancia hoy en día, la sustentabilidad, la rentabilidad y la competitividad de los principales productos agropecuarios representa uno de los principales retos tanto a nivel nacional como internacional.

La seguridad alimentaria representa un desafío que México está enfrentando con el apoyo del gobierno de la República quien se ha trazado, entre los principales objetivos, promover una política pública para fortalecer y transformar al sector agroalimentario, elevar su potencial y promover su competitividad.

De acuerdo con la FAO, la producción mundial de alimentos debe aumentar señalando que en el 2050 tendremos que producir 70 por ciento más alimentos que en la actualidad. Esto es un verdadero reto.

En consecuencia, la semilla es el insumo fundamental en la cadena productiva agroalimentaria.

De acuerdo son la Asociación Mexicana de Semilleros, el 85 por ciento de la semilla de maíz que se utiliza en nuestro país es producida en México, así como el 95 por ciento de la semilla de trigo y avena; mientras que el 95 por ciento de la semilla de hortaliza es importada.

La importancia estratégica de la semilla en la agricultura consecuentemente debe propiciar que la producción agrícola se apoye en el sector científico-tecnológico para generar, obtener y usar semillas nacionales de buena calidad. Reitero, la investigación científica en el uso de la tecnología en semillas nacionales de buena calidad.

La soberanía alimentaria se representa no sólo por la producción nacional, sino por la generación en el país de los insumos requeridos, para ello entre los cuales incluye la semilla como elemento básico. Ante esta situación se plantea la necesidad de fomentar y promover la consolidación de empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas e incentivar la transferencia de tecnologías a través del financiamiento público.

En ese sentido se considera importante especificar que los apoyos que brinda el Estado para la conformación y consolidación de empresas productoras y distribuidas de semillas deben dirigirse exclusivamente a organizaciones y empresas nacionales con el objetivo no sólo de fomentar la soberanía alimentaria, sino también de evitar su desventaja frente a empresas extranjeras que se dedican a la producción y distribución de semillas.

Es relevante señalar que la incorporación del término de redes de conocimiento que se propone adicionar implicaría que los programas para el desarrollo de las investigaciones, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas también deben contemplarse la promoción de redes de conocimiento para la constitución de empresas para la producción y comercialización de semillas.

En consecuencia, la oportunidad de vinculación con instituciones de educación superior y la investigación científica a las diversas variedades de semillas con las que contamos en nuestro país.

En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, coincidimos en que el sector agropecuario en nuestro país padece una problemática real. Esta problemática es la falta de recursos económico para patentar los descubrimientos realizados en el sector agrícola, eso dificulta grandemente la conformación de organizaciones y empresas productoras de semillas de buena calidad y alta rentabilidad en nuestro país, así con la investigación y desarrollo tecnológico.

Lo anterior ha tenido como consecuencia, entre otras, que el sector agropecuario no pueda satisfacer las necesidades alimentarias de nuestra nación, generando en gran medida dependencia alimentaria al exterior, ocasionando un segundo problema relativo a la necesidad de derogar cantidades monetarias más alta que las que se ocasionan en el apoyo a las empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas, así como en el financiamiento público para la investigación y el desarrollo tecnológico, lo que a su vez tiene impacto en los costos finales del producto para los consumidores en nuestro país, que son las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones dictaminadoras exponemos el siguiente resolutivo:

El proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas; el artículo 1 donde se reforman las fracciones XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para quedar como sigue:

El artículo 4, en su fracción I a la X, y la fracción XI, que es promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas.

Así también el artículo 18 en los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos y redes de conocimiento para la generación de empresas semilleras nacionales con el apoyo de instituciones de enseñanza superior y tecnológica y centros de investigación, que de ello hay no sólo historia, prestigio y orgullo de mexicanos.

La creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos.

El aprovechamiento de variedades de uso común sobresalientes, así como el desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y tecnología de semillas.

Por lo anteriormente expuesto les solicitamos a ustedes su confianza y su voto en relación a un aspecto fundamental, que son los insumos del campo mexicano.

Si ya se ha complementado uno de ellos como insumo, como lo es el crédito con la reforma financiera, si ya la certidumbre de la tierra con el reparto agrario en México, es indudable que el tema y la aparición de la Ley de Aguas Nacionales abre la certidumbre al campo, por ello un insumo más son las semillas, y que la certidumbre este precisamente en empresas mexicanas.

Por su confianza y su voto, gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Cota Jiménez.

Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores:

Senador Víctor Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.

Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor.

Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro.

Senador Aarón Irízar, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.

A ver, sonido en el escaño del Senador Aarón Irízar.

El Senador Aarón Irízar López: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Antes de que se vaya mi amigo, el Senador Manuel Cota, le quiero hacer una petición en relación al tema de la agricultura, en relación a mi estado.

No obstante los esfuerzos que viene haciendo el gobernador Quirino Ordaz, siguen pendientes muy serios de pagar a los productores agrícolas de Sinaloa, por eso en su inconformidad se llevan tomando carreteras, se llevan tomando oficinas de la Sagarpa, y creo que este es un camino transitado, pero con una enorme frustración de los productores agrícolas de Sinaloa porque no les pagan.

Invitar a mi amigo Manuel Cota, como Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, además de que este tema es fundamental, el que acaba de plantear, que mandemos un oficio, como presidente de la comisión para acompañar las gestiones que viene haciendo el gobernador Quirino Ordaz, a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Hacienda para que le pongan atención y le paguen estos pendientes de adeudo a los productores de Sinaloa.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Irízar.

Se abre a discusión el dictamen en comento. En virtud de que todos los oradores registrados lo harán en pro, suplico, respetuosamente, se ciñan al tiempo establecido para este efecto, que es hasta por cinco minutos.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Galicia Ávila, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

En el último lustro, el sector agroalimentario ha sido de los más dinámicos de nuestra economía, su crecimiento promedio oscila entre el 4 y 4.5 por ciento, más del doble de lo que creció la economía en su conjunto.

Todo esto es resultado de una política de Estado hacia este sector que se ha privilegiado a partir de diferentes reformas realizadas en el Congreso de la Unión, menciono solamente algunos:

La reforma financiera que incluyó la creación de la Financiera Nacional de Desarrollo, que ha impulsado una política crediticia, que ha ampliado la inclusión financiera de micro y pequeños productores con tasas preferenciales de un solo dígito sin poner en riesgo su patrimonio.

La política de gasto público con un presupuesto federal creciente en términos reales a través del Programa Especial Concurrente.

La reciente reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que crea las figuras asociativas para los pequeños productores, se pueden ahora organizar en ramas de producción y ser incluidos de los beneficios que se derivan del acceso a los recursos públicos, sólo por mencionar algunos.

Hoy con esta reforma a la Ley Federal de Producción y Certificación de Semillas se avanza en la dirección correcta al considerar en el fondo de apoyos e incentivos al Sistema Nacional de Semillas la formación de recursos humanos y redes de conocimiento para la creación de empresas semilleras domésticas haciendo vinculatorio el apoyo de instituciones de enseñanza superior, tecnológicos y centros de investigación.

Todo ello refleja que el campo mexicano es y seguirá siendo un asunto de Estado que hoy se refleja en resultados muy alentadores, cuyo valor en el 2017 supera los 90 mil millones de dólares, monto superior a un billón 600 mil millones de pesos, más de siete puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.

El sector exportador que en el rubro agroalimentario, en el 2017, superó los 32 mil 400 millones de dólares con un superávit sin precedente en su balanza comercial de más de 5 mil millones de dólares, un sector que cuenta con más de 7 millones de empleos y ha ampliado en más de 550 mil hectáreas las tierras de riego.

Estos son sólo algunos indicadores que dan cuenta de que el sector estratégico de nuestra economía se sigue consolidando.

Por ello festejo esta reforma que abonará a elevar la productividad y competitividad del sector agroalimentario mexicano que incentiva la creación de empresas mexicanas semilleras, un insumo fundamental imprescindible para la actividad agrícola e institucionalizada, el apoyo de los centros académicos y de investigación para este propósito como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y la Universidad Autónoma de México, a través del Departamento de Ciencias Agrícolas; el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestad), por mencionar sólo los más importantes.

Por ello, mi voto será en favor de este dictamen e invito a mis compañeras y compañeros Senadores, a manifestarse en pro del mismo.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros Senadores.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Galicia Ávila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de esta Mesa Directiva.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Vengo a presentar el posicionamiento, desde luego, a favor de este dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, respecto a la minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 4 y 18, cuarto párrafo de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, desde luego, en mi calidad de Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería y, desde luego, también de parte de mi grupo parlamentario de Acción Nacional.

Es importante, desde luego, destacar, como ya se había dicho, el gran potencial que tiene nuestra nación como centro y origen de numerosas especies que han mostrado su utilidad y hasta indispensabilidad para la vida humana, desde luego, porque somos origen de muchas especies de semillas como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el cacao, entre otras muchas especies y, desde luego, también una gran grama de hortalizas que forman parte de nuestra flora nacional y que constituyen también la dieta básica de nuestro pueblo y que han adquirido un gran gusto universal y que son ahorita en estos momentos base de exportaciones importante e introducción de divisas para nuestro país.

Es importante también atender las necesidades derivadas de problemáticas tales como la explosión demográfica, el comercio internacional y el relativo a la calidad alimentaria nacional que han propiciado el incremento en nuestra producción agrícola, haciendo en mayor medida necesario que las semillas para su uso, es decir, el uso agrícola, sean de buena calidad para aumentar así y mejorar las condiciones de rentabilidad propicias para nuestros productores.

Dentro del escenario actual en relación con la producción de semillas, vemos que el sector privado concentra más del 90 por ciento de la producción, mientras que el otro seis a 10 por ciento es generado únicamente por el sector público; siendo instituciones importantes como el INIFAP, COLPOS, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Antonio Narro y el CIMMyT, que son escenarios en esencia de investigaciones importantes para los productores originales de nuestras semillas, mientras otros actores de los sectores público, social y privado, pero medularmente los de este último son los que se encargan de su generación a mayor escala posterior venta.

Es importante señalar que el cambio climático como un fenómeno natural propiciado por el hombre, tiene como principal víctima al sector agrícola, siendo por ello imperativo incentivarlo, apoyarlo, fortalecerlo, ya que se estima inminente una reducción significativa en su rendimiento de los principales cultivos en las diversas regiones productivas de nuestro país.

Siendo pues que ante esta problemática anterior, debemos de plantear la necesidad de apoyar empresas nacionales, productoras y distribuidoras de semillas y otros insumos para incentivar la transferencia de tecnologías a través del financiamiento público.

Esta iniciativa, hoy dictamen que específica que los apoyos que brinda el Estado para la conformación y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas, deben dirigirse de manera estos apoyos, deben dirigirse de manera exclusiva a empresas nacionales, que con el mismo objeto no sólo de fomentar lo que es nuestra soberanía y seguridad alimentaria, con Tratado de Libre Comercio o sin Tratado de Libre Comercio, para evitar las desventajas frente a empresas extranjeras que se dedican a la producción y distribución de semillas.

Es importante lo que dice el proponente, de incorporar el término de “redes de conocimiento” que implica que en los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas también debe contemplarse la promoción de redes de conocimiento para la constitución de empresas para la producción y comercialización de semillas.

Esta iniciativa que hace referencia en su contexto a que la semilla es el elemento determinante, de aspectos agronómicos tales como el rendimiento, la adaptabilidad, la resistencia, plagas y enfermedades y calidad, entre otros, es importante considerarla y que uno de los problemas sobre el uso de las patentes como parte de la modificación o característica específica para adoptar a los cultivos de resistencia a ciertos insectos y/o tolerancia a fertilizantes y herbicidas es otro renglón importante.

Concluyo, es importante pues plantear la necesidad de que la semilla de buena calidad siga representando el insumo estratégico por excelencia que permita sustentar las actividades primarias y que contribuya a mejorar la producción nacional en términos de calidad y rentabilidad.

Desde luego, nos sumamos a ese dictamen y, desde luego, también me sumo a las manifestaciones y exigencias de los agricultores de granos, como maíz, frijol y trigo de mi estado, Sinaloa, para que haya un pago justo a sus cosechas, además de los pagos retrasados pendientes.

Por su atención, muchas gracias.

Intervención



El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Salvador López Brito.

Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

El Senador David Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

Sin duda, este dictamen que habremos de aprobar el día de hoy, esta iniciativa que habrá de contar con la supervisión, la vigilancia, en aras de fortalecer el propósito.

Tal como lo apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las semillas son el insumo básico y más importante para todos los cultivos, puesto que más allá de su facilidad económica representa el inicio de la vida en el campo.

Nuestro país derivado de la enorme diversidad con la que cuenta, que la ha colocado como una verdadera potencia agroalimentaria, no es un caso de excepción en cuanto a la producción de semillas, principalmente destaca la producción de semillas de maíz, sorgo, arroz, chile, tomate y tomatillo entre otras, las que constituyen como cultivos básicos.

Se habla de que nuestro país ofrece más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos, lo que refleja la riqueza que se tiene en este rubro y la capacidad de satisfacer las demandas del mercado nacional, sin embargo, el sector semillero en México se encuentra susceptible de estancar su desarrollo derivado de la creciente dependencia del país a las importaciones y por el débil desarrollo de acciones que impulsen el acceso y demanda a semillas de calidad.

Las variedades originales de cultivos propios del país se ven amenazadas también por el creciente desarrollo de las semillas genéticamente modificadas las que crean características artificiales para dar paso a productos transgénicos.

De esta manera, se ha vuelvo necesario el desarrollo gradual de la producción agrícola, y para ello la producción de semillas de calidad es un elemento fundamental para logarlo.

Indudablemente el sector semillero y la producción agrícola, así como la seguridad y sustentabilidad alimentaria están íntimamente relacionados hoy más que nunca. Es primordial generar las condiciones óptimas con el fin de asegurar un abasto suficiente de alimentos de calidad para la población.

Sabemos que para hacer realidad la soberanía alimentaria es necesario forjar una nación autosuficiente en la que cada vez sea menor la demanda de alimentos provenientes del exterior, pues la producción nacional debe de satisfacer las necesidades de todos los mexicanos.

Soy consciente de que no es una tarea fácil, sin embargo los esfuerzos deben provenir de todos los sectores en la materia para que además de mejorar la calidad de los alimentos que consumen las familias mexicanas, también se impulse y apoyen los pequeños y medianos productores.

En este sentido, entrando al fondo de la presente minuta, resultan plausibles las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, puesto que plasman una preocupación legítima, y en este caso, se trata de fortalecer la generación de empresas semilleras nacionales, las que a través del financiamiento público, innegablemente cooperarán en las tareas de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria que tanto necesita nuestro país.

A estas alturas no podemos ser omisos del fenómeno demográfico que implica el crecimiento exponencial de la población tanto en México como en el mundo, situación que demanda y demandará aún más de una producción y distribución alimentaria que satisfaga las necesidades de todas las familias.

No podemos permitir que nuestra industria semillera se vea en desventaja frente a las empresas , que comúnmente producen y distribuyen semillas con métodos distintos a los nativos y no aseguran la calidad básica de los alimentos.

La participación de las instituciones de enseñanza superior y tecnológica, y los centros de investigación será fundamental para que las empresas semilleras nacionales se desarrollen con éxito, supervisión y vigilancia; y los incentivos provenientes del Estado realmente coadyuvarán a la generación de mayores y mejores semillas.

Sin titubeo alguno expreso mi voto a favor del presente dictamen, el cual es sólo una parte de lo mucho que falta por hacer para defender nuestra soberanía alimentaria y lograr la autosuficiencia que tanto anhelamos las familias mexicanas, sobre todo aquellas que nos dedicamos a las tareas del campo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Monreal Ávila.

Toca el turno de hacer uso de la tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros.

Voy a hacer referencia al dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos de vital importancia fomentar la competitividad de las empresas nacionales, productoras y distribuidoras de semillas, a fin de incrementar su participación en el mercado, y lograr acciones que beneficien la producción, uso y acceso a semillas de calidad; asimismo, fomentar el intercambio de tecnologías que les permitan el aprovechamiento idóneo de los recursos, buscando a la par proteger y preservar la diversidad genética.

De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica, en los últimos años a nivel global se ha reducido el mejoramiento de semillas realizado por el sector público y se ha fomentado la privatización de la producción de semillas en muchos países.

Al respecto en México la producción de semillas la concentran las empresas privadas en un 94 por ciento, en tanto el sector público únicamente concentra el 6 por ciento.

Asimismo, resulta oportuno recordar que la agricultura es el sector más afectado por el cambio climático, los resultados del análisis multimodelo indican que las combinaciones del incremento en la temperatura con el estrés nutricional por la falta de nitrógeno reducirán de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos en las regiones productoras en nuestro país.

Además, según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, que indica que el 18 por ciento de las empresas operan desde hace más de 20 años en la producción y comercialización de semillas; y como menciono, 18 por ciento hace menos de 20 años, y 64 por ciento empezó a partir de 1992.

Esto demuestra que es una industria joven la producción nacional de semillas.

En el ámbito internacional, México es uno de los países que más importa semillas certificadas, con lo que se coloca en una posición de desventaja con el resto de los países en América Latina y el mercado de producción de semillas.

Hoy tenemos una discusión con el Tratado de Libre Comercio, una de las cuestiones que tenemos que estar pensando también, al margen de eso, es incrementarle aranceles a las semillas americanas que estamos importando en muchos productos del campo, porque esta es una de las cosas que debería de empezar a ponernos en condiciones de competir con ellos.

También es la oportunidad de empujar un vasto programa emergente para impulsar la producción local y poder dejar de depender de los Estados Unidos en materia de semillas y alimentos que estamos importando.

Es por eso que es un momento decisivo para generar políticas públicas que nos permitan reconvertir áreas productivas, producir nuestros propios alimentos que mitigue nuestra propia dependencia alimentaria con otros países, como aquí lo hemos señalado, y contribuir a mejorar las prácticas agronómicas mediante investigación, transferencia de tecnología y el trabajo de equipo de agricultores, extensionistas e investigadores en busca de facilitar el acceso de los productores a las tecnologías modernas y a mercados funcionales.

Por eso, es muy importante que hoy se discuta, esta iniciativa tenía tiempo aprobada en la Comisión de Agricultura, estaba ahí rezagándose, y creo que es un momento oportuno ventilar y aprobar estas reformas, porque nos va a permitir generar las empresas nacionales, las organizaciones de productores de semillas que lleguen a resolver y a mitigar parte del problema que tenemos en la dependencia tecnológica con los Estados Unidos.

Así como el financiamiento público, es uno de los renglones en donde el gobierno tampoco ha podido fomentar la inversión pública, y creo que ahora es importante que los programas que traen los diversos candidatos puedan ventilar el financiamiento al campo de una perspectiva distinta para generar sus condiciones de desarrollo.

Por eso, la transferencia de tecnologías que genere opiniones para el sector productivo del campo mexicano, en ese sentido no sólo se fomenta la soberanía alimentaria, sino también se evita generar la desventaja frente a empresas extranjeras que se dedican a la producción y distribución de semillas.

Estas son las razones por las que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoyaremos este dictamen y votaremos a favor.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Pedraza Chávez.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco el turno, señor Presidente.

A nombre mío, ahora sí, voy a votar a favor de este dictamen, porque es muy importante que recuperemos el trabajo de las universidades.

Hemos estado desvinculados de los investigadores y en México hay muchísimos, investigadores que se ocupan de mejorar nuestro campo, nuestra agricultura y especialmente, necesitamos que defiendan nuestras semillas, que defiendan la capacidad y la riqueza de México en cuanto a su origen. Muchísimas semillas que alimentan y que nutren mucho son de origen mexicano y tenemos que defenderlas.

También espero que defiendan mucho más el nombre de las semillas, más que los productores. Mejorar las semillas no necesariamente implica que se transforme su código genético.

Necesitamos también que las semillas muy mexicanos sean fortalecidas y sigan alimentando la posibilidad de sembrar en nuestros campos.

Pero también quisiera llamar la atención e invitar, a que hoy que es “Día Internacional de los Bosques”, quienes investigan y mejoran las semillas, volteen a ver nuestros bosques, ellos son, finalmente, quienes nos permiten la vida; son los que producen oxígeno; son los que capturan agua y la vuelven al subsuelo; son los que transforman el bióxido de carbono en oxígeno de nuevo, y estamos acabando con ellos.

Cada año en nuestro planeta se pierden 3.3 millones de hectáreas de bosques, y las cambiamos por la rápida productividad o la rápida rentabilidad que puede haber por tirar los bosques y utilizarlos para sembrar alimentos.

Yo querría recordar que los bosques también nos dan alimento, que en los bosques, los árboles también producen alimento; que los ecosistemas en los bosques tienen que ver con fauna, con flora, con semillas, y ojalá que cuando hablemos de certificación y mejora de las semillas, también lo hagamos de los bosques.

Que no tenga que estar peleado el bosque con el cultivo.

Que no tengamos que ir tumbando árboles para ir sembrando semillas de alimentos que pueden sernos rentables. Pensemos integralmente.

Y también, me parece que se vale que Sinaloa pelee por recursos para sus alimentos, que lo ha hecho durante muchos años, que ha sido un semillero para nuestro país, que tiene un ingreso mucho mayor de parte del gobierno para la siembra de esos alimentos, pero también hay muchísimos agricultores pequeños.

La agricultura familiar, los pequeños productores, los tenedores de la tierra social también merecen esa atención, también merecen ese apoyo, y ojalá que no en muy largo tiempo la producción de alimentos entre en los pequeños productores, se convierta, con un apoyo subsidiario y rápido, en articulado, o los pequeños productores puedan articularse a la economía que crece, que genera ingresos y que acaba con la pobreza.

Estaré, por supuesto, a favor de este dictamen y de esta vinculación de la investigación mexicana con la mejora de nuestras semillas, pero no dejaré de insistir en que los pequeños productores también tiene derecho a vivir dignamente de ingresos suficientes por su producción, que la mejora de semillas también vaya con ellos, que los ecosistemas se recuperen y que también se haga investigación seria sobre el sustento del suelo o el alimento del suelo, que deje de ser más químico y que vuelva a ser biológico para que recuperemos también la salud de los suelos sobre los alimentos de los que nosotros sobrevivimos.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto a las Senadoras y Senadores, si falta alguien por emitir su voto. Senadora Tagle; Senadora Laura, a favor; Senador Cesáreo, a favor. ¿Alguien más que falte por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular, el Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 4; y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos ahora a la votación del proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 del Reglamento del Senado de la República.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



Voto por oficio.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto. Senador Herrera, gracias, Senador Mayans, ya votó. ¿Alguien más, Senadores o Senadoras, que falten por emitir su voto?

Señor Presidente, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 73 del Reglamento del Senado de la República. Remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación.






Compañeras y compañeros Senadores, los grupos parlamentarios solicitaron a la Mesa Directiva emitir un pronunciamiento en torno al XX Aniversario del Canal del Congreso y me permito dar lectura al pronunciamiento.

PRONUNCIAMIENTOS








Honorable Asamblea, esta Mesa Directiva, también a petición de los grupos parlamentarios, emitirá un pronunciamiento en relación con el “Día Mundial del Síndrome de Down”. Me permito dar lectura al pronunciamiento.



Comuníquense ambos pronunciamientos.






EXCITATIVA

Compañeros y compañeras Senadoras, a partir de la solicitud del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, esta Presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales que proponen la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político.








Las demás iniciativas y proposiciones se turnan a comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN)

Los que suscriben, ERNESTO RUFFO APPEL, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1°, fracción I, artículo 8°, artículos 164°, numeral 1°; 169°, numerales 1° y 4°; y 172°, numerales 1° y 2°, todos del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos del Desarrollo Sostenible conocidos como ODS, los cuales establecen una serie de metas que los países firmantes deberán cumplir al 2030. Diecisiete objetivos integran los ODS, constituyéndose en las principales aspiraciones para el desarrollo de la sociedad global. Los Estados Unidos Mexicanos, se sumaron a este esfuerzo multilateral y se comprometieron a implementar las medidas necesarias para el logro de los mismos.

El Poder Legislativo mexicano, a través del Senado, asume parte de la tarea que le corresponde y presenta la siguiente iniciativa elaborada con la asistencia técnica del Proyecto “Fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernanza ambiental para la sustentabilidad” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, la cual abona a generar las condiciones para el cumplimiento de estos objetivos, sentando también las bases de la gobernanza democrática en México.

Si bien, el cumplimiento de los ODS implica un esfuerzo aún sin precedentes para los gobiernos que los firmaron, no obstante, se busca y requiere en primera instancia la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, a fin de alcanzar los objetivos. Esto último da cuenta que la participación ciudadana está adquiriendo un lugar preponderante no sólo en el debate público o en la necesidad de lograr las metas planteadas de la democracia para el 2030, sino que funge como un hito para conseguirlo. En este sentido, el Ejecutivo Federal reconociendo la importancia de la participación ciudadana, asumió al inicio de su administración, el Compromiso de Gobierno CG-090 “Promover el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil organizada”, a partir del cual se promulgaron los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que buscan sentar un piso mínimo para fortalecer la participación ciudadana a través de mecanismos institucionalizados en el ámbito federal.

Esta articulación Estado-sociedad civil, precisa mecanismos o dispositivos institucionales que permitan la deliberación pública, estimulen los procesos de gobernanza democrática, y garanticen el control público democrático. En este sentido, la presente iniciativa materializa las bases para implementar la articulación entre el Estado y la sociedad civil, bajo la premisa de la participación ciudadana, entendida como aquellas acciones realizadas por los individuos o sus colectividades para incidir sobre los asuntos de interés público que en origen ocupan al gobierno, en sus distintos órdenes y poderes, así como en cualquier fase del proceso de las políticas públicas, pero que por su carácter de asuntos de interés público requieren de la colaboración de los individuos o sus colectividades para lograr su efectiva atención. Así, la participación ciudadana se reconoce, más allá del ámbito electoral, como un elemento sustantivo que permite profundizar, consolidar y mejorar la calidad de la democracia.

Los promoventes, reconocemos también que la participación ciudadana es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la cual señala en el primer numeral de su artículo 21 que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) establece en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, el derecho humano a participar, se refiere a la participación en su relación con el Estado y sus funciones. Lo anterior significa que sólo cuando la participación “incide” en la manera de gobernar, es cuando se habilita el derecho humano a la participación ciudadana. Esta participación, puede ser instrumentada de manera directa o indirecta, haciendo referencia a la democracia directa, participativa y representativa. Cada uno de estos modelos democráticos contiene una diversidad de mecanismos o dispositivos que permiten implementar la participación ciudadana en los procesos de gobierno.

Tradicionalmente el modelo representativo de la democracia considera a las elecciones como su principal mecanismo de participación, existen otros mecanismos que permiten la participación de la ciudadanía directamente en la toma de decisiones, tales como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato. Además, en las últimas décadas han surgido innovaciones democráticas en distintos países que buscan ampliar y diversificar los canales para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos, tales como consejos consultivos y deliberativos, consultas públicas, presupuestos participativos, asambleas, comités de vigilancia, jurados ciudadanos, mesas de diálogo, foros, audiencias y juntas de gobierno. El reconocimiento por parte del Estado de estas nuevas formas de involucramiento ciudadano en los asuntos públicos contribuye a garantizar de manera progresiva el derecho humano a la participación ciudadana.

Con las reformas constitucionales en materia electoral de la década de los noventa que propiciaron la transición a la democracia electoral-representativa en México, se logró un avance significativo en el cumplimiento del derecho humano a participar en los asuntos públicos por medio de representantes “libremente elegidos”; no obstante, no se comprendió en su momento que esta acción representaba sólo un paso necesario pero no suficiente para modificar las prácticas, creencias, valores y actitudes entorno a los asuntos públicos, tanto de los actores del Estado como de la propia sociedad, hacia una democracia efectivamente participativa. Ello se verifica con la poca atención que se puso en los procesos políticos que ocurren entre elecciones, momento donde se toman decisiones trascendentales en términos de creación y modificación de leyes, así como respecto a la formulación e implementación de políticas públicas, entendidas como el principal instrumento de actuación del Estado a través del poder ejecutivo.

Desde tales reformas constitucionales en materia electoral de la década de los noventa y algunas implementadas en la primera década del siglo XXI, pocos han sido los avances a nivel constitucional federal para transitar de un modelo de democracia electoral-representativo a un modelo de democracia participativa que reconozca y amplíe la gama de derechos políticos de los ciudadanos y que tenga como eje central la participación ciudadana en los asuntos públicos más allá del voto.

Al respecto, el 13 de abril del 2007, se aprobó la Ley Federal para la Reforma del Estado por parte del Congreso de la Unión, la cual tuvo como uno de sus temas centrales “Democracia y sistema electoral”.1 Esta Ley puede ser considerada el parteaguas que derivó en una serie de iniciativas y dictámenes que se presentaron a posteriori al objeto de iniciar el nuevo proceso de reforma en materia de participación ciudadana en México.

En este sentido, el dictamen aprobado por el Senado de la República el 27 de abril del 2011, da cuenta de las iniciativas de reforma constitucional que se presentaron en el órgano legislativo referente a la participación ciudadana,2 dentro de las cuales se han impulsado diversas figuras de participación ciudadana como el plebiscito, revocación de mandato, referéndum, consulta popular, entre otras.

En el marco de la LXI Legislatura, se presentaron 15 iniciativas en materia de participación ciudadana. Las dos primeras fueron presentadas el 23 de septiembre del 2009 por el Partido de Acción Nacional (PAN) y el 10 de diciembre del mismo año por Nueva Alianza (NA); mientras que el 2 de febrero del 2010 fueron tratadas tres iniciativas por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y el 11 de febrero del mismo por Movimiento Ciudadano.

Asimismo, el día 23 de marzo del 2010 el PT entregó una nueva iniciativa y por parte del PAN existieron dos iniciativas más que fueron expuestas el 13 y el 15 de diciembre. Para principios del 2011, el PAN presentaba tres iniciativas más.

Finalmente, hubo tres iniciativas más desplegadas por diversos grupos parlamentarios, la primera por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 23 de marzo del 2011, otra por NA el 29 de abril 2011 y la última por el PAN el 09 de noviembre del 2011.3

De lo aprobado, sólo algunas demandas y figuras de participación ciudadana fueron incorporadas a las reformas políticas para su total aprobación. Un antecedente reciente que tenemos en México sobre una reforma constitucional para la transición de una democracia representativa a una de tipo participativa es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2012 en la que se logró insertar en nuestra Constitución figuras consideradas de democracia directa, tales como la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

En la Legislatura XLII se presentaron también algunas iniciativas con la misma pretensión de reformar la constitución en materia de participación ciudadana, entre la que destaca la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual no ha recibido su dictamen correspondiente desde 27 de noviembre de 2012. La iniciativa propone establecer figuras de democracia directa como el referéndum, plebiscito y revocación de mandato. Asimismo, propone incluir la participación ciudadana en la planeación del desarrollo social, el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos participativos, y en acciones de contraloría social.

Por su parte, conviene subrayar también como antecedente inmediato, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014 que refiere que la planeación será democrática y deliberativa, lo cual abre la posibilidad de que la participación ciudadana en la planeación (federal) vaya más allá de la consulta, y resulte en un proceso más interactivo y colaborativo entre actores estatales y sociales.

En la actual legislatura se han presentado diversas iniciativas para transitar de una democracia representativa a una participativa. Vale la pena destacar que los Congresos Locales de los Estados de Morelos, Jalisco y Chihuahua enviaron al Senado de la República iniciativas en materia de revocación de mandato. De igual manera, el Grupo Parlamentario del PVEM propuso incluir en nuestra Carta Magna, como derecho de los ciudadanos, el presupuesto participativo.

Sin embargo, ninguna de las iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República han logrado concretarse, lo que evidencia una clara falta de voluntad política por avanzar en materia de participación ciudadana.

Por otra parte, cabe señalar que a pesar de no contar con un marco constitucional federal amplio y progresista en materia de participación ciudadana, en el ámbito estatal existen diversas constituciones que incorporan, adicionalmente a la dimensión representativa, la participativa como forma de gobierno, tal es el caso de la Ciudad de México, Durango y Guerrero. Asimismo, diversas constituciones estatales reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos más allá del ámbito electoral y amplían la gama de mecanismos de participación ciudadana; al respecto, podemos enunciar los casos de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, entre otros.

Es menester señalar que en las últimas dos décadas el Estado Mexicano ha reconocido formas no electorales de participación ciudadana a través de diversos mecanismos en el ámbito federal, estatal y municipal. Estos mecanismos se han establecido formalmente en instrumentos como leyes, reglamentos, lineamientos, programas, etc., y con objetivos, alcances y procedimientos definidos para su activación. Estos mecanismos van desde asambleas, comités, consejos, foros de consulta, grupos de trabajo y juntas, hasta mesas de diálogo y observatorios. En un reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (2017) se identificaron 471 Mecanismos de Participación Ciudadana Institucionalizados (MPCI), que fueron operados en 2016 en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Desde una perspectiva internacional, países como Colombia, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Uruguay han incorporado en sus constituciones políticas, la dimensión participativa como forma de gobierno, y han reconocido de manera amplia los derechos políticos de los ciudadanos por medio de mecanismos de democracia directa, representativa y participativa.

Considerando lo anterior, se observa la necesidad de actualizar el marco constitucional federal en materia de participación ciudadana para continuar con la reforma del Estado hacia la consolidación de la democracia en nuestro país, reconociendo con ello la dimensión participativa como un atributo fundamental de la forma de gobierno, reconociendo de manera amplia, integral y progresista el derecho político de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de forma directa y por medio de representantes libremente elegidos, así como estableciendo los principios y bases para la creación y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en los distintos ámbitos y poderes del Estado.

Por tal motivo, los Senadores ponemos a consideración del Pleno de este Senado, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que proponemos la adecuación de los siguientes artículos:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 26.

A. El Estado organizara? un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será? democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá? un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultara? al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Artículo 26.

A. El Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución deben determinar los objetivos de la planeación. La planeación debe ser democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Habrá? un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley debe establecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan nacional de desarrollo y los programas de la Administración Pública Federal.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así? como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Eje?rcito o Guardia Nacional, para la defensa de la Repu?blica y de sus instituciones, en los te?rminos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticio?n;

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisio?n del servicio pu?blico, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los te?rminos y con los requisitos que sen?alen esta Constitucio?n y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendra? las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

 

1º. a 7º.

Artículo 35. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o indirectamente, y de manera individual o colectiva. La participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que debe ejercerse a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y participativa.
El derecho a la participación ciudadana comprende:

I. a VII. ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y proyectos de ley, las que se sujetarán a lo siguiente:

1º. a 7º.

8o. Las legislaturas locales, los Gobernadores, los Presidentes Municipales, el Jefe de Gobierno y los alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo Estado o Municipio. 
IX. Solicitar la revocación del mandato de representantes de elección popular. La solicitud de revocación del mandato sólo procederá una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del cargo de representación popular de que se trate.

X. Demandar la rendición de cuentas de los actos del poder público así como de los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

XI. Solicitar ante los órganos responsables, la investigación y sanción de los servidores públicos que incurran en responsabilidades frente al Estado por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

XII. Participar en la formulación, ejecución, evaluación y control de las poli?ticas pu?blicas en todos los órganos del Estado y órdenes de gobierno.

La participacio?n ciudadana debe orientarse por los principios de igualdad y no discriminación, autonomi?a, deliberacio?n pu?blica, respeto a la diferencia, control público, solidaridad e interculturalidad.

La ley debe establecer las bases, principios y procedimientos para instrumentar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Arti?culo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce directa e indirectamente, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Arti?culo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repu?blica representativa, democra?tica, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de Me?xico, unidos en una federacio?n establecida segu?n los principios de esta ley fundamental.

Arti?culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repu?blica democra?tica, representativa y participativa, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su re?gimen interior, y por la Ciudad de Me?xico, unidos en una federacio?n establecida segu?n los principios de esta ley fundamental.

Arti?culo 41.- El pueblo ejerce su soberani?a por medio de los Poderes de la Unio?n, en los casos de la competencia de e?stos, y por los de los Estados y la Ciudad de Me?xico, en lo que toca a sus regi?menes interiores, en los te?rminos respectivamente establecidos por la presente Constitucio?n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de Me?xico, las que en ningu?n caso podra?n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Arti?culo 41. El pueblo ejerce su soberani?a directa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unio?n, en los casos de la competencia de e?stos, y por los de los Estados y la Ciudad de Me?xico, en lo que toca a sus regi?menes interiores, en los te?rminos respectivamente establecidos por la presente Constitucio?n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de Me?xico, las que en ningu?n caso podra?n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

I a VI. …

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-C.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

 

XXIX-E a XXIX-P.

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-C.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación democrática nacional del desarrollo sustentable, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-E a XXIX-P.

XXIX-Q. Para expedir las leyes generales reglamentarias del Artículo 35 que desarrollen los principios y bases en materia de participación ciudadana.

XXIX-R. a XXXI. …

Artículo 108.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

 

Artículo 108. …

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, y a rendir cuentas a los ciudadanos que lo soliciten, en los términos que determine la ley.

Arti?culo 115.- Los estados adoptara?n, para su re?gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democra?tico, laico y popular, teniendo como base de su divisio?n territorial y de su organizacio?n poli?tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Arti?culo 115. Los estados deben adoptar, para su re?gimen interior, la forma de gobierno republicano, democra?tico, representativo y participativo, laico y popular, teniendo como base de su divisio?n territorial y de su organizacio?n poli?tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del inciso A del artículo 26; primer párrafo y la fracción VIII del artículo 35; los artículos 39, 40, 41; las fracciones XXIX-D y XXIX-Q del artículo 73, los artículos 108 y 115. Se adiciona un numeral 8 a la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI y XII, un párrafo cuarto y quinto del artículo 35, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. El Estado debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución deben determinar los objetivos de la planeación. La planeación debe ser democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Habrá? un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley debe establecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan nacional de desarrollo y los programas de la Administración Pública Federal.

Artículo 35.- Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o indirectamente, y de manera individual o colectiva. La participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que debe ejercerse a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y participativa.

El derecho a la participación comprende:

I. a VII.

….

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y proyectos de ley, las que se sujetarán a lo siguiente:

....

8o. Las legislaturas locales, los gobernadores, los presidentes municipales, el jefe de gobierno y los alcaldes, en el caso de la Ciudad de México, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo Estado o Municipio. 

IX. Solicitar la revocación del mandato de representantes de elección popular. La solicitud de revocación del mandato sólo procederá una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del cargo de representacio?n popular de que se trate.

X. Demandar la rendición de cuentas de los actos del poder público así como de los particulares que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad;

XI. Solicitar ante los órganos responsables, la investigación y sanción de los servidores públicos que incurran en responsabilidades frente al Estado por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;

XII.- Participar en la formulación, ejecución, evaluación y control de las poli?ticas pu?blicas, en todos los órganos del Estado y órdenes de gobierno.

La participacio?n ciudadana debe orientarse por los principios de igualdad y no discriminación, autonomi?a, deliberacio?n pu?blica, respeto a la diferencia, control público, solidaridad e interculturalidad.

La ley debe establecer las bases, principios y procedimientos para instrumentar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce directa e indirectamente, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Arti?culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Repu?blica democra?tica, representativa y participativa, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su re?gimen interior, y por la Ciudad de Me?xico, unidos en una federacio?n establecida segu?n los principios de esta ley fundamental.

Arti?culo 41. El pueblo ejerce su soberani?a directa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unio?n, en los casos de la competencia de e?stos, y por los de los Estados y la Ciudad de Me?xico, en lo que toca a sus regi?menes interiores, en los te?rminos respectivamente establecidos por la presente Constitucio?n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de Me?xico, las que en ningu?n caso podra?n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Artículo 73.

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación democrática nacional del desarrollo sustentable, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;

XXIX-Q. Para expedir las leyes generales reglamentarias del Artículo 35 que desarrollen los principios y bases en materia de participación ciudadana.

Artículo 108.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, y a rendir cuentas a los ciudadanos que lo soliciten, en los términos que determine la ley.

Arti?culo 115. Los estados deben adoptar, para su re?gimen interior, la forma de gobierno republicano, democra?tico, representativo y participativo, laico y popular, teniendo como base de su divisio?n territorial y de su organizacio?n poli?tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes a las que se refiere el último párrafo del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo no mayor a 180 días.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Marcela Torres Peimbert.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.

1 Véase, Rodríguez Marcial, Reforma constitucional y participación ciudadana en México. UNAM

2 Op.cit

3 Para la verificación de las fechas antes referidas véase Agenda de la Comisión de Participación Ciudadana en la LXI Legislatura en “Las propuestas de participación ciudadana en el marco de la reforma política en la LXI Legislatura. Martínez Cornelio. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 2012. Pág. 25






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT)

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que la equidad e igualdad entre los géneros han sido uno de los temas de fondo de estas últimas dos legislaturas; por cierto, temas en lo que las coincidencias son mayoritarias. Nadie podría estar en contra de ellos, forman parte de una codificación de las tensiones y dinámicas sociales que tiene la intención, absolutamente legítima, de modificar procesos culturales sólidos, de amplio espectro, en donde está instalada la inequidad, la discriminación y la desigualdad entre géneros como, incluso forma de entender la socialización, la verbalización, la cultura del vestido, de la diversión, de la constitución de la identidad, de codificaciones complejas cognitivas. La cultura patriarcal tiene raíces culturales tan profundas que no son discernibles por los análisis sociológicos, aunque son manifiestos en la vida cotidiana. Por eso la racionalización de las relaciones humanas es tan desmesuradamente difícil. Incluso los recursos de los estados como son los instrumentos legislativos o de comunicación social, no han logrado revertir la tendencia de inequidad entre géneros. La persistencia, incluso los nuevos picos de comportamientos sociales negativos, es visible y alcanza niveles de patología social y está presente en todas sus variables: materiales, virtuales, simbólicas, imaginarias y las contundentemente reales. Muchos de los fenómenos sociales están caracterizados por la discriminación, la inseguridad de las mujeres, la cultura de incitación al odio y permean en todos los aspectos y matices de la cotidianeidad.

Que en todas las estructuras que se sirven del lenguaje, de la simbolización, de detalle, de código, de cultura, los detalles son pertinentes y cobran una dimensión netamente estructural, de fondo, porque los detalles son la materia articulatoria. Su tamaño como detalle, es decir, que aparece como un objeto mínimo lo torna poco visible, no pertinente al análisis y funge como articulación, anclaje y figura de sostén en la codificación. Hay muchos ejemplos que son parte de la cotidianeidad, de los usos, de las costumbres, incluso de las estructuras psicológicas que guardan en su fondo una definición, un clima de discriminación ante el cual, la pugna por la visibilización de la desigualdad, tiene que afrontar si pretende transformar paradigmas.

Que en esta representación senatorial hemos abordado las cargas simbólicas que contienen los códigos de comportamiento y de regulación de nuestra sociedad. Han sido muchas las acciones legislativas que describen el arco de este problema; porque es un problema. La inercia cultural tiene cargas densas de discriminación que no lo parecen. Quiero abordar sólo una que permanece intacta y que forma parte de la descripción del poder en México y sus consideraciones culturales que incluso, si son mencionadas el sistema se irrita porque precisamente son puntales de una forma de entender ese poder. La figura del cónyuge presidencial.

Que en nuestro país como en muchos otros países del mundo, el estatus de primera dama no se encuentra legislado; ejemplo de ello lo encontramos en Francia en el que el Presidente, Emmanuel Macron, se había comprometido durante su campaña electoral a aclarar el rol desempeñado por la pareja del jefe de Estado, pero la oposición popular a que obtuviera un estatus oficial ha hecho que finalmente la Presidencia se haya decantado solo por enmarcar sus labores. Pero cuando Macron llegó a ser ministro de Economía, su esposa se situó en el foco de atención. Según la prensa francesa, a mediados de 2015 Trogneux cerró un acuerdo de colaboración con Vuitton para lucir la marca en los actos públicos. Sin embargo, Julio Panizo, profesor del Máster en Gestión de Eventos y Protocolo de la UPF Barcelona School of Management, explica que “dentro del Elíseo ya existe la tradición de que un equipo trabaje con la esposa del presidente”, a la vez que recuerda que Macron ha avisado de que no habrá “asignación presupuestaria” extra para ella.

Panizo aclara que la diferencia entre lo que hay y lo que plantea Macron está en “oficializar la función de primera dama a nivel político”, ya que como ha reconocido en varias ocasiones el nuevo presidente francés, ella ha sido, además de su profesora, consejera y asesora durante toda su trayectoria política. En este sentido, esa regulación sería una novedad a nivel global. “Jurídicamente, la figura de la primera dama no tiene espacio legal en la estructura del Estado en ningún país”, afirma Panizo, que en muchos lugares, y especialmente en repúblicas, imita las funciones tradicionales de las reinas europeas.

El experto argumenta que el término “primera dama” no aparece hasta finales del siglo XIX, y lo hace en primer lugar en artículos de prensa que hablan sobre las esposas de los presidentes americanos, como en el caso de Abraham Lincoln. “También es cierto que en los EE.UU. es una figura mitificada como parte del ejemplo o modelo de lo que debería ser la familia americana”, apostilla el profesor.

En cuanto a las funciones de la primera dama, pues, Panizo sostiene que no hay ninguna que esté ya estipulada por ley, pero estas dependerán tanto del jefe de Estado como de ella misma, quien decidirá “cuáles son sus líneas de acción a nivel externo, sus causas a reivindicar y aquellas a las que quiera ofrecer su presencia y repercusión”.

Por último, el profesor argumenta que en los últimos años ha empezado a aparecer la figura del primer caballero, cuando la jefa de Estado es una mujer, como ha sucedido por ejemplo en Argentina con Cristina Kirchner; con Laura Chinchilla en Costa Rica; e incluso con Sarah Palin como gobernadora en Alaska.

Abordemos ahora una acción legislativa de hace años y sigo subrayando los tópicos conceptuales pertinentes: La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados propuso una reforma para evitar que la esposa del Presidente sea la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y tenga acceso al manejo de recursos públicos millonarios. La diputada perredista Olga Catalán Padilla pidió modificar la Ley de Asistencia Social para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos hasta en cuarto grado, por afinidad o civil del Ejecutivo puedan fungir como directores generales o integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. "Tradicionalmente, el Consejo es presidido por el cónyuge del gobernante en turno, lo que permite el acceso a millones de pesos del erario público a personas que carecen de preparación, perfil y motivación adecuada", manifestó. "Se requiere profesionalizar la alta dirección del Sistema con el objeto de mejorar los arreglos institucionales, respetar los principios, normas, procedimientos estrategias y prácticas administrativas para lograr una función pública profesional y eficaz". La propuesta establece que la prohibición para cónyuges y parientes consanguíneos también aplicará a secretarios o subsecretarios de Estado. La perredista propuso que el director general del DIF sea un ciudadano mexicano, mayor de 30 años de edad, con título profesional expedido por la SEP en materia administrativa y experiencia probada en asistencia social.

Que el marco normativo vigente para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con la siguiente estructura orgánica:

a) Junta de Gobierno;

b) Titular del Organismo;

c) Unidad de Atención a Población Vulnerable;

d) Unidad de Asistencia e Integración Social;

e) Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

f) Oficialía Mayor, y

g) 15 Direcciones Generales, especializadas en diversas materias.

Que su Junta de Gobierno se integra por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por los representantes que designen los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de la República y de los Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de Pronósticos para la Asistencia Pública, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Que además, al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia habrá un Titular del Organismo, quien es designado y removido libremente por el Presidente de la República, y ser ciudadano mexicano, mayor de treinta años de edad, con experiencia en materia administrativa. Al cual le corresponde la representación, trámite y resolución de los asuntos del Organismo y podrá, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, emitiendo los acuerdos relativos. Al hacer mención del Titular del Organismo, se entenderá hecha al Director General a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Asistencia Social, así como el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Que en el caso particular de la esposa del presidente de la República Mexicana, ella únicamente ocupa el cargo de Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mismo que como lo señala el Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es un Órgano colegiado que tiene por objeto emitir opiniones y recomendaciones sobre las políticas y programas de asistencia social, apoyar en sus actividades y contribuir en la obtención de recursos que permitan el incremento de su patrimonio, aclarando que dichos recursos deberán depositarse en el instrumento financiero o cuenta que corresponda según lo determine el Organismo.

Que de conformidad con el artículo 6 del Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los cargos de dicho Órgano Colegiado serán honorarios (persona que recibe sólo los honores de un cargo) y no generarán derecho a retribución alguna.

Que sus miembros del Consejo serán nombrados de la siguiente forma:

I. El Presidente será nombrado por el titular de la Secretaría de Salud; y durará en su encargo un periodo máximo de seis años, sin poder rebasar el periodo constitucional y en ningún caso podrá ser reelecto para volver a desempeñar el mismo puesto.

II. El Vicepresidente será designado por el Presidente del Consejo, de entre sus miembros, la duración de su nombramiento será de tres años y podrá ser ratificado por una sola ocasión para un periodo consecutivo y

III. Un representante y un suplente del sector público, de las siguientes Instituciones:

a. Secretaría de Desarrollo Social;

b. Secretaría de Salud;

c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

d. Secretaría de Educación Pública, y

e. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los representantes del sector público citados en los incisos a), b), c) y d), serán nombrados por el Secretario del ramo correspondiente. El representante del sector público referido en el inciso e) será designado por el Titular del Organismo. Y la duración de su nombramiento será de tres años y podrá ser ratificado por el Presidente del Consejo por una sola ocasión para un periodo consecutivo.

Es importante aclarar que los gastos administrativos del Consejo que se originen en su funcionamiento, serán con cargo al Organismo conforme a sus disponibilidades presupuestarias. Los gastos deberán de aplicarse de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

El tema de la “primera dama” ha sido objeto de debate en los medios de comunicación social. La denominación de “primera dama” es de origen estadounidense, no europeo, dado que, en Europa en el siglo XIX gobernaban dinastías reales. El uso del término “primera dama” se consagró cuando la periodista Mary Clemmer Ames lo usó en1877 al referirse a la esposa del presidente Rutherford B. Hayes como “la primera dama de la Tierra”. En la actualidad, en Estados Unidos, al igual que en otros países americanos donde el presidente es jefe de Estado y jefe de Gobierno, se usa la denominación “primera dama” para aludir al cónyuge del presidente. En Europa no es usual dicha denominación por cuanto no suele concurrir en una misma persona la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. Por ejemplo, en el reino de España el jefe de Estado es el rey Juan Carlos I, y a su esposa se la conoce por su título, reina Sofía; y siendo el Jefe de Gobierno en España el Presidente de Gobierno, es decir, otra persona, no se denomina a la esposa del Presidente de Gobierno “primera dama”, dado que, en todo caso, la “primera dama” sería la reina. Igualmente, en Reino Unido, en el que el Jefe de Estado es la reina Isabel II, y el Jefe de Gobierno era hombre, su esposa no era “primera dama”. En Alemania, el Jefe de Estado con funciones representativas es el presidente de la República Federal y quien dirige la política general del gobierno como Jefe de Gobierno es el canciller federal. En ningún texto constitucional existe el cargo público o función pública de “primera dama” como no existe el de “primer caballero” (“first gentleman”).

Otro ejemplo: De una atenta lectura de los textos constitucionales peruanos, se puede establecer que desde el inicio de la República hasta la fecha ningún documento constitucional menciona a la “primera dama”. Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993, en el Capítulo IV del Título I, denominado “De la función pública”, no menciona el cargo de “primera dama” y en su artículo 39, que establece la jerarquía de los funcionarios públicos se lee: “El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley”. Únicamente el Decreto Supremo007-2002-PCM creó el despacho de la primera dama como órgano de apoyo del despacho presidencial, que se encuentra a cargo de un gerente, pero nuestro ordenamiento jurídico no regula forma de nombramiento o designación del cargo de “primera dama” o “primer caballero”.

En efecto, la Ley 27594, que regula la forma de nombramiento y designación de altos funcionarios públicos, menciona expresamente al presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, embajadores y ministros plenipotenciarios, directores del Banco Central de Reserva del Perú, superintendente de Banca y Seguros, contralor general, viceministros de Estado, entre otros funcionarios, pero no menciona a la “primera dama” ni al “primer caballero”. En consecuencia, es claro y categórico que en el ordenamiento jurídico peruano no existe el cargo público de “primera dama” o “primer caballero”.

La denominación de “primera dama” es una denominación que se da por uso y costumbre al cónyuge del presidente de la República del Perú, que no tiene como consecuencia jurídica la adquisición de la condición de funcionario público, por lo que sus actos no son actos administrativos ni tienen responsabilidad política. Por último, hay que señalar que los seres humanos en algunas ocasiones, consciente o inconscientemente, asumimos indebidamente como propias las funciones del cargo que nuestro cónyuge ostenta, lo cual por evidentes razones se debe evitar.1

En Colombia una nota del Diario el Tiempo, señala que según la Corte Constitucional, la Primera Dama ostenta la calidad de ciudadano particular frente a la administración pública, pero le da una connotación especial, como es que de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución, la Primera Dama encarna simbólicamente, junto con el Presidente de la República, la unidad nacional.

La Primera Dama puede, entonces, tener iniciativa en materia de asistencia social y en labores de beneficencia o en actividades análogas. Dentro de los mecanismos para lograr esos objetivos se halla la posibilidad de formar parte de hasta dos juntas directivas, tal como lo establece el decreto- ley 128 de 1976, según el cual los particulares no podrán ser miembros de más de dos juntas o consejos de entidades descentralizadas.

En el caso presente, la Primera Dama hace parte ya de una junta (ICBF), por lo tanto se debe buscar una entidad descentralizada de gran importancia desde el punto de vista social, para que la Primera Dama haga parte de ella como particular, no como delegado del Presidente, concluye.

En Honduras en el año 2016 la no existencia de la figura de la mujer en la Constitución de esa República, genera que un diputado del Partido Anti Corrupción, Luis Redondo, presentara ante la Cámara legislativa una iniciativa de ley encaminada a institucionalizar con rango constitucional el Despacho de la Primera Dama. De acuerdo a la iniciativa, el despacho de la Primera Dama sería un órgano desconcentrado, dependiente del Poder Ejecutivo para apoyar la labor social del gobierno y  ejercida por la esposa del presidente de la República o por el familiar cercano que éste designe para lo cual se reformaría el artículo 235 de la Constitución.

El documento establece que la mayoría de las sociedades occidentales han entendido que este bienestar requiere de una fuerte democracia y del accionar de las instituciones públicas, que además brinde programas que procuren atender necesidades elementales, con especial enfoque en aquellos grupos sociales que tienen vulnerabilidad, tales como la niñez, juventud, adultos mayores, mujeres e indigentes.

En Honduras inicialmente se creó la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS), luego el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (IHNFA), el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Programa de Asignación Familiar (PRAF), entre otros de gran relevancia, ahora fusionados a dos entidades, la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social y la Oficina de la Primera Dama, que manejan programas tales como el Bono 10 mil y el Programa Presidencial Vida Mejor. La única oficina que se ha mantenido en el tiempo es la de Despacho de la Primera Dama, con gran prestigio y apoyo de propios y extraños, a pesar de carecer de un estamento legal que le de permanencia y estructura.

El diputado hondureño Luis Redondo dijo “Mi criterio es que es tan grande e importante su esfuerzo social, que por eso debe ser coordinado por la Oficina de la Primera Dama, institucionalizándola como una entidad desconcentrada directamente de la Presidencia de la República”.

Otro aspecto que cita Redondo es lo relacionado a las ayudas que desde tan importante oficina se ha dado a las diferentes fundaciones, “con las cuales es necesario coordinar esfuerzos, razón por lo cual, en ejercicio de la prerrogativa que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante la Cámara legislativa con el fin de institucionalizar, con rango constitucional, el Despacho de la Primera Dama.

Ecuador: “La figura de la primera dama no existe”

“Vuelven a aparecer noticias que se refieren a la esposa del presidente como “primera dama”. Ese título nunca fue usado en el anterior gobierno, no solo por no existir en la Constitución ni en las leyes, sino que además daría a entender que habría una “segunda, tercera, etc. dama” estableciéndose una antipática designación. El tratar de primera dama a la esposa del presidente es una denominación cuyo uso ya quedó superado y eliminado hace 10 años, así como se eliminaron los “títulos” que se anteponían al de presidente de la República, como el de “Excelentísimo señor don”. El presidente es eso, ese es su cargo y encargo; y su esposa también es eso, con su honrosa dignidad de esposa, así de sencillo.

Historia de México:

María Flores, esposa del presidente Pedro Lascuráin, es y ha sido la más efímera Primera Dama de México y del mundo, ya que su marido fue presidente durante menos de una hora. Sin embargo, dado que el título no es oficial en México, este hecho no se reconoce.

Como este papel es ejercido, tradicionalmente, por la cónyuge del Presidente de México; generalmente el concepto a veces es empleado para referirse exclusivamente a la esposa o esposo del mandatario en funciones. Sin embargo, históricamente varias mujeres que no eran esposas del Presidente desempeñaron el rol de Primera Dama, [¿cuál?] como cuando el Jefe del Ejecutivo era viudo o soltero, o cuando la cónyuge del Presidente no podía cumplir por alguna circunstancia, con sus deberes de Primera Dama. En estas ocasiones, la posición fue ocupada por una familiar femenina del Presidente; como lo harían Hortensia Elías Calles, hija del general Plutarco Elías Calles, y Guadalupe Díaz Ordaz Borja, hija del licenciado Gustavo Díaz Ordaz.

Otra nota que refiere a los recursos públicos y su rendición de cuentas:

Ciudad de México, 8 de abril (Sin Embargo).– Las decisiones, los gastos y el estilo de vida de Angélica Rivera Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, han generado un cúmulo de preguntas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) que la Presidencia de la República se ha negado a responder con el argumento de que la información es “inexistente”.

En su séptima sesión ordinaria, efectuada el 11 de diciembre de 2014, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia de la República determinó negar la información relacionada con los gastos de la Primera Dama por conceptos de viajes, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, y maquillistas, según consta en el acta CI/PR/7SO/2014 alojada en la categoría “Información Relevante” del Portal de Obligaciones y Transparencia.

En esa sesión, el comité analizó 15 solicitudes de información de las cuales, siete pedían datos sobre gastos y decisiones de Angélica Rivera Hurtado relacionados con el erario. Las preguntas se desgranaron en cuánto cuesta la vigilancia de la casa de Sierra Gorda que según sus palabras, es de su propiedad; qué lineamiento legal permitió que el maquillista Alfonso Waithshman la acompañara a China donde Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo; qué contratos o recibos han firmado los maquillistas Waitshman y Jorge Beltrán bajo su servicio, así como cuánto ha gastado en ropa y accesorios.

Uno de los asuntos relacionados con Angélica Rivera Hurtado sobre los que hay más cuestionamientos en el IFAI es el plan de vuelo, itinerario y reporte de gasto del viaje que hizo al Vaticano en 2012.

Para no brindar datos, las unidades de la Función Pública se apegan a tres criterios: la información está reservada, es confidencial o es inexistente. En los asuntos que se refieren a Angélica Rivera Hurtado, la Presidencia de la República ha utilizado el tercero de manera mayoritaria.

Una nota periodística:

Por Nacho Lozano @NachoLozano de Diciembre 01, 201223 Comentarios.

QUIÉN. Nacho Lozano es editor de Política de la revista Quién, que al igual que ADNPolítico.com es parte de Grupo Expansión.

“Las esposas de los presidentes, llamadas “primeras damas” son el foco de atención de un sector de la prensa mexicana, ¿pero qué posición ocupan oficialmente en el organigrama del Gobierno? Ninguna. La figura no existe en la Constitución ni en el organigrama de la oficina de la Presidencia, aunque así se les presente en actos oficiales, en eventos diplomáticos o se hable de ellas con ese mote en la prensa.

Oficialmente, ni un centavo está presupuestado para la oficina de la esposa del presidente, aunque sí tienen personal adscrito para atenderlas junto con toda su familia, lo cual consideramos debe ser declarado de manera puntual en la Declaración de Situación Patrimonial que anualmente presenta el Titular del Ejecutivo Federal.

Que el objeto de la presente iniciativa es que normar que la información que proporcionen los declarantes este debidamente sustentada con relación a su haber patrimonial, en donde se incluya puntualmente el incremento que este pueda tener durante desempeño de su encargo en la declaración de situación patrimonial, en los términos siguientes:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

 

 

 

 

...

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. La información que proporcionen deberá ser específica, pertinente y debidamente sustentada con relación a su haber patrimonial de cualquier naturaleza, incluido su incremento durante su desempeño del cargo público que motive a la presentación de la declaración de situación patrimonial.

...

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo primero del artículo 38 de la LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para quedar como sigue:

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. La información que proporcionen deberá ser específica, pertinente y debidamente sustentada con relación a su haber patrimonial de cualquier naturaleza, incluido su incremento durante su desempeño del cargo público que motive a la presentación de la declaración de situación patrimonial.

...

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.

1 https://es.scribd.com/document/107170468/Constitucion-y-primera-dama
Licenciado Jorge Power Manchego-Muñoz. Constitución y Primera Dama.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

(Presentada por el Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción ii del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones establece las bases de la organización institucionalizada de los empresarios mexicanos. Define a estos organismos como instituciones de interés público y autónomas, además de que les confiere personalidad jurídica y les reconoce patrimonio propio, siempre que se constituyan de conformidad con lo dispuesto en la ley. Las cámaras y sus confederaciones respectivas cumplen diferentes funciones, entre ellas, ser órganos de consulta y colaboración e interlocución con los tres órdenes de gobierno en la defensa, promoción y representación de los intereses del comercio, los servicios, el turismo o la industria, según corresponda.

Adicionalmente, cuando así lo estime la autoridad de la Secretaría de Comercio, las cámaras podrán colaborar en las negociaciones comerciales internacionales, operar el registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), actuar como mediadores, árbitros y peritos respecto de actividades derivadas del comercio nacional e internacional y colaborar en la evaluación y emisión de certificados de origen para la exportación de productos, entre otras funciones, con base en las leyes y disposiciones aplicables.

Las cámaras y sus confederaciones constituyen la base jurídicamente organizada del empresariado organizado de México, con independencia de otras instancias de organización empresarial que, a lo largo del tiempo, han constituido quienes contribuyen de manera significativa a generar la riqueza y el empleo en nuestro país. Estas organizaciones, además de su base legal, gozan de una amplia legitimidad entre los distintos sectores y giros empresariales, de manera que existe una permanente comunicación representativa con la autoridad gubernamental.

La primera cámara empresarial formalmente establecida en México fue constituida en el año de 1874. Se trata de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco DF), organismo que aún representa los intereses del comercio, los servicios y el turismo de la capital del país. A partir de este momento, el movimiento camaral en el país rápidamente se extendió hacia otras localidades, surgiendo así cámaras de comercio en ciudades y puertos con un alto tráfico mercantil, como Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), Puebla, Tampico y Veracruz, entre otras.

Más tarde, con motivo de la publicación de la primera Ley de Cámaras Nacionales de Comercio, promulgada en junio de 1908, se establecen las bases para que, años después, en 1917, se fundara la Confederación de Cámaras Nacionales (Concanaco). Bajo el mismo impulso, en el año de 1918, nació la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Así, durante las primeras décadas del Siglo XX, a la par del nacimiento de otras Cámaras de Comercio, se crearon Cámaras representativas de actividades industriales específicas, como la Cámara Minera y ciertas Cámaras Mixtas que representaban, simultáneamente, a las actividades productivas del comercio, la industria y, aún, a las actividades agrícolas. Finalmente, en diciembre de 1941 se crea la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), organismo que representa, desde entonces, a los pequeños, medianos y grandes industriales de trece sectores de la transformación industrial en México.

La forma en que están estructuradas actualmente las Cámaras Empresariales es la siguiente:

• Alrededor de 195 Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocidas con las siglas de "CANACO". Representan las actividades comerciales y operan el SIEM, dentro de la circunscripción territorial que les haya sido autorizada por la Secretaría de Economía.

• Alrededor de 13 Federaciones de Cámaras (FECANACO) integradas por los empresarios, personas físicas o personas morales, que voluntariamente se afilien a las mismas y que realicen actividades mercantiles o presten servicios, incluidos los turísticos.

• 39 Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño, conocidas con las siglas de "CANACOPE", constituidas con anterioridad a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones de 1997, norma que ya no contempla esta figura en el contexto de la organización empresarial institucionalizada.

En estas organizaciones se afilian voluntariamente los comerciantes que de acuerdo con las disposiciones fiscales no estén obligados a llevar libros de contabilidad. En el año de 1941, era requisito de la ley que las Cámaras de Comercio en Pequeño podían constituirse solo en aquellas localidades en donde existiera previamente una Cámara Nacional de Comercio.

• Las "CANACOS", las "CANACOPES" y las “FECANACOS” se integran en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, conocida por sus siglas como "CONCANACO", institución de representación máxima de los intereses generales de este sector a nivel nacional.

• Existen cerca de 65 Cámaras Nacionales de Industria, que representan los intereses generales del sector y de algunos servicios considerados como industriales. Cada cámara opera el SIEM en su ramo o especialidad en el territorio nacional.

• Todas las Cámaras industriales forman parte de la Confederación de Cámaras Industriales, conocida por sus siglas como "CONCAMIN", que es la institución representativa de los intereses de los industriales a nivel nacional.

Todos los organismos se financian en lo individual mediante las cuotas que pagan sus afiliados. El sostenimiento económico de las dos confederaciones, una de comerciantes y otra de industriales, proviene de las aportaciones que deben hacer las Cámaras confederadas. Estas aportaciones equivalen al 5% de los ingresos que obtengan por el registro y actualización de las empresas en el SIEM a su cargo y; por el porcentaje que señale su asamblea, respecto de los demás ingresos que obtengan, generalmente de alrededor de 10%.

No obstante, el entramado de organizaciones del empresariado mexicano no sólo se circunscribe a lo dispuesto por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. En el año de 1929 surge la Confederación Patronal de la República Mexicana, organismo establecido para representar a los “patrones” del país, respecto de las obligaciones derivadas del artículo 123 constitucional en materia de trabajo. A diferencia de las otras cámaras y confederaciones, la Coparmex surgió con plena autonomía respecto de aquellas, por la voluntad de los empresarios que libremente se asociaron a la misma, en particular para atender las relaciones obrero-patronales.

Años después se estableció el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en 1962, con la finalidad de establecer un cuerpo empresarial de élite con capacidad de gestión ante las autoridades gubernamentales. Más tarde, en el contexto del Consejo de Hombres de Negocios, surgió el Consejo Coordinador Empresarial, en 1976, como resultado de las inquietudes de ese sector respecto de la creciente participación del Estado en la economía. Este último se ha constituido en el órgano cúpula de la representación empresarial, el cual delinea de manera general los intereses generales de los empresarios mexicanos.

Los temas de mayor debate legislativo en relación con la organización empresarial, lo constituyen, por una parte, la naturaleza de organismos de interés público, originalmente de carácter público, con la finalidad de atribuirles una función social en su desempeño y no sólo visualizarlos como entidades de carácter privado y, al mismo tiempo, que no fueran identificados como organismos gubernamentales o al servicio del Estado. El propósito fue establecer un mecanismo institucionalizado de colaboración entre las instituciones del Estado y el sector empresarial. Este tema fue desahogado con motivo de la promulgación de la Ley de Cámaras de Comercio e Industria en agosto de 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.

Por otra parte, el tema de mayor controversia durante años, fue la afiliación obligatoria de los empresarios a los organismos de representación empresarial creados por la ley, precepto que mantuvo su vigencia desde 1936. La ley establecía la asociación obligatoria de todo comerciante o industrial a una cámara, criterio que fue precisado en 1941, sustituyendo el criterio de asociación por el de inscripción al registro de las cámaras y el correspondiente pago de cuotas para el sostenimiento de los organismos empresariales.

No fue sino hasta el año de 1997, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 28/95,1 en la cual se establece que la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio e industria viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a la resolución de la máxima instancia del Poder judicial, el artículo 5° de la Ley de Cámaras, vigente en ese momento, resultaba inconstitucional al conculcar el derecho de libre asociación en tres sentidos: el de asociarse libremente, renunciar a una asociación y la libertad de no asociarse.

El resultado evidente de la resolución fue la discusión, aprobación y publicación de una nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en vigor desde el primero de enero de 1997. Dicha ley eliminó el requisito de obligatoriedad en la afiliación y el pago de la cuota correspondiente, lo cual modificó el escenario de membresía de las cámaras empresariales y las reorientó a trabajar más en la legitimidad de su representación y el ofrecimiento de servicios de mejor calidad y diversidad a sus agremiados.

En ese contexto es que, desde hace algunos años, las cámaras empresariales y sus confederaciones participan de los programas de política pública de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a proyectos de incubadoras empresariales y desarrollos de innovación y emprendimiento.

Es a través de la Secretaría de Economía o, bien, de las dependencias afines de las entidades federativas, que los organismos empresariales participan en la asignación y distribución de recursos públicos destinados al desarrollo económico, mediante la realización de cursos de capacitación, asesorías jurídicas, financiamiento de proyectos empresariales, realización de ferias y convenciones y otras modalidades en correspondencia con la política pública. Cabe señalar que algunas de estas acciones y programas, se desarrollan atendiendo el marco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular, bajo los esquemas de los programas sujetos a reglas de operación.

En este sentido, cobra especial relevancia el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, recursos que, incluso, pueden ser conferidos a fondo perdido, pero, en cualquier caso, requieren de un conjunto de criterios que garanticen una asignación responsable y acorde con principios que excluyan la discrecionalidad y conflictos de interés.

Es de señalarse que las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio 2017, considera a las cámaras y sus confederaciones como organismos intermedios, esto es, entidades susceptibles de recibir recursos para su uso directo o canalización a empresarios del comercio, los servicios, el turismo o la industria, para recibir apoyos gubernamentales como incentivo al emprendimiento en programas de sectores estratégicos del desarrollo nacional y de Pymes.

Es evidente que todos los programas de apoyo a Pymes y emprendimiento están sujetos a los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación o las leyes de las entidades federativas correspondientes, así como, en lo que corresponde, a los principios de transparencia establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De la misma forma, las reglas de operación del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) establecen en su artículo 46, la posibilidad de que las cámaras y sus confederaciones, sean facilitadoras del proceso de registro y cobro de las cuotas correspondientes de las cadenas empresariales, conforme a su vocación y naturaleza. Esto les posibilita la administración de recursos de naturaleza pública siempre que cumplan con los requisitos para llevar a cabo su operación. Es importante considerar que las reglas de operación del SIEM faculta a los operadores a tener cierta movilidad en la fijación de los parámetros máximos de las tarifas aplicables del registro por concepto de alta o actualización o, incluso, el establecimiento de cuotas preferenciales. Las confederaciones a las que pertenezca el operador serán beneficiadas con el 5 por ciento de los recursos captados con motivo de su participación en el registro.

Desde esta perspectiva, los organismos empresariales administran, transfieren o ejercen recursos públicos, a veces como medida de colaboración con las instituciones gubernamentales, pero, en otras, como beneficiarios directos o entidades intermedias en la ejecución de políticas públicas. Desde esa perspectiva, se considera que deben cumplir con los requisitos de fiscalización a los cuales está sujeta cualquier entidad pública o privada cuando participa en el ejercicio de recursos públicos.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son concepciones inherentes a la definición de las democracias representativas contemporáneas. Ambas nociones se erigen como ejes fundamentales del buen gobierno y son condición esencial para vigorizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pues les confiere instrumentos incontrovertibles para establecer límites al ejercicio del poder público y para garantizar que la acción del Estado y sus organismos asociados sea desempeñada con honestidad y eficiencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas resoluciones que hoy día involucran a entidades privadas en la transparencia, como son, fideicomisos que manejan recursos públicos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, cuya responsabilidad en materia de rendición de cuentas y transparencia, es dejar claro el destino de los recursos públicos que, por decisión gubernamental, administran o ejercen.

Mediante la rendición de cuentas, el gobierno y las entidades privadas comunican a la sociedad de sus acciones y, en consecuencia, aceptan la responsabilidad de sus actos cuando estos son delegados; a través de la transparencia de todos los recursos de naturaleza pública, se abre la información que genera el cumplimiento de sus funciones al escrutinio de los ciudadanos, estrecha la comunicación con la sociedad y permite que ésta participe o, cuando menos, se informe, de los asuntos de gobierno, así como en la revisión y evaluación del funcionamiento del sector público, en beneficio de la calidad de la democracia.

Las sociedades que optan por consolidar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas tienden inequívocamente a disminuir los índices de corrupción que aquejan a gobiernos y sectores privados y, a su vez, fortalecen la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Su instauración favorece, además, la sana interlocución entre los ciudadanos y sus autoridades, pues privilegia su posición frente al gobernante. En sentido contrario, las prácticas autoritarias de gobierno se caracterizan por oponerse a cualquier disposición que limite el ejercicio discrecional de las facultades que les son conferidas a las autoridades gubernamentales.

Hoy, la rendición de cuentas constituye el mecanismo de mayor legitimidad para garantizar que, quien ejerce recursos públicos, se supedite a los intereses de los ciudadanos, esto es, al interés superior de la colectividad, misma que le mandata y responsabiliza de una función que está sujeta al escrutinio, evaluación y análisis. Sólo de esta manera es posible edificar servicios al margen de la discrecionalidad y el abuso.

Por las consideraciones anteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 21 bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 21 bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 21 bis.- Las cámaras y sus confederaciones deberán informar a sus afiliados sobre el ejercicio de recursos públicos que operen bajo la modalidad de organismos intermedios, asignación directa o convenio. Dicha información deberá estar actualizada, será pública y estará disponible en el portal de internet de las mismas.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Ismael Hernández Deras.

1 SCJN; [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; II, Agosto de 1995; Pág. 140





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo humano se encuentra íntimamente vinculado con el acceso a la cultura, la información y el conocimiento, por ello, una mejor calidad de vida incide en el bienestar social. El uso pleno de la lectura y la escritura, posibilitan el ejercicio de la ciudadanía.

En este sentido es que la lectura brinda muchos beneficios como mejorar la forma de hablar y escribir, enriqueciendo con ello el vocabulario. Además, la lectura brinda beneficios como entretenimiento y la imaginación.

Para Paulo Freire la lectura es la base del proceso educativo la cual define “como un acto de conocimiento y como un acto político que tiende a  la trasformación del hombre en cuanto a clase social y de su mundo”. 1

Asimismo, Jesse Shera “afirma que los efectos de la lectura dependen de lo que hay para leer, y lo que está disponible para ser leído está determinado por factores socioeconómicos, y culturales y los de cada individuo y de grupo al que pertenece”. 2

El ejercicio de la lectura ayuda a mejorar y desarrollar las habilidades comunicativas, necesarias para que los ciudadanos entablen intercambios prolíficos de ideas y opiniones sobre sus percepciones de la realidad. Actualmente, la masiva producción y difusión de la información obliga a tener una sociedad crítica, que sea capaz de seleccionar y distinguir cada discurso, y tener así un criterio propio. 3

La lectura en las sociedades actuales es fundamental para el desarrollo de la democracia. La participación de los ciudadanos y ciudadanas facilita la construcción de sistemas sociedades y gobiernos democráticos, ello a través de la palabra hablada y escrita.

A pesar de la señalada importancia del ejercicio de la lectura y el libro, en el mundo existen ciertos grupos poblacionales cuyo acceso a esos recursos son limitados por diferentes razones. Las mujeres y poblaciones indígenas, particularmente en zonas rurales y marginadas, no tienen acceso básico al sistema educativo nacional, lo que dificulta aún más su acceso a la lectura.

En muchos países, las mujeres y niñas aún son sujetos de múltiples formas de discriminación en todas las esferas de su vida. Las niñas son más susceptibles  a no asistir a la escuela, lo que las hace aún más vulnerables a ser discriminadas. A menudo, ellas enfrentan diferentes barreras de aprendizaje que los hombres, particularmente después de la educación primaria. A esa edad se ven obligadas a dejar la escuela por diversas razones como el matrimonio infantil, embarazo adolescente, violencia, pobreza, costumbres y tradiciones, y sobre todo la falta de perspectiva de género en los contenidos educativos.

Bajo esta tesitura la falta de progreso en la reducción de los índices de mujeres que no saben leer constituye una gran preocupación, y deja ver la necesidad de un cambio en la manera en la que se aborda el analfabetismo. Las mujeres son frecuentemente las más pobres y marginalizadas en los ámbitos político, social y económico.

Se estima que, en 2015, 757 millones de adultos y 115 millones de jóvenes en el mundo no sabían leer ni escribir, en las pasadas dos décadas las mujeres han representado dos tercios del total. La brecha de género es prácticamente la misma en la población joven. En suma, hay 477 millones de mujeres con analfabetismo, siendo las regiones del sur y este de Asia y África Subsahariana las más representativas, donde la mitad de las mujeres carecen de estos conocimientos básicos. 4

En Latinoamérica, el promedio de libros leídos por la población de 18 años y más en el 2016, arrojó que en Chile se leen 5.4 libros al año; en Argentina el promedio es de 4.6; en Colombia de 4.1, y en Brasil de 4 libros por año, de acuerdo a “El Libro en Cifras, boletín estadístico del libro en Iberoamérica” del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) publicado en diciembre de 2013.5

Se señaló que la razón principal para leer libros y revistas es por “entretenimiento” entre el 40.2% y 60.5%, respectivamente, mientras que el 63 % de quienes leen periódicos lo asocian a su interés a la “cultura general o por estar al día”. 6

Esta problemática se encuentra de manera explícita en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el objetivo 4,7 que hace referencia a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas, a través de las siguientes metas:

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.8

En México, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. En los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha disminuido, en el caso de las mujeres este indicador bajó de 15 a 6% y en el caso de los varones de 10 a 4%. Estos datos nos permiten observar que, aunque la brecha de desigualdad en educación en hombre y mujeres ha disminuido, las primeras siguen ocupando los mayores índices de analfabetismo. 

De acuerdo al boletín de prensa núm. 156/16 de fecha 15 de abril de 2016, de la población de 18 años y más que es alfabeta,  el 80.8% leyó los materiales principalmente libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de Internet, foros o blogs.9 Asimismo, dentro del mismo comunicado se observó que en febrero de 2016, los varones declararon en un 61% haber leído al menos un periódico la semana pasada y las mujeres un 33.6%.

En cuanto a la lectura de libros, las mujeres declararon que el 48.2% leyeron algún libro, mientras que los varones declararon que el 45.2% habían leído libros. De igual manera en cuanto a la lectura de revistas las mujeres sacaron un 43.2%, mientras que los hombres 39.7%, durante el año del 2016.  La lectura actual de páginas de Internet, foros o blogs, así como de historietas es mayor por parte de los varones que de las mujeres.

De acuerdo a los datos estadísticos antes señalados es importante garantizar como lo hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  en el Artículo 1 párrafo tercero y quinto, así como el Artículo  3 que habla sobre el derecho a la educación y el Artículo 4, párrafo doceavo, sobre el acceso a la cultura.

Lo antes expuesto permite observar que no sólo son necesarias medidas para erradicar el analfabetismo en nuestro país, sino también que las medidas y acciones que se tomen deben integrar un enfoque de género que permita reducir la brecha de educación que existe entre hombres y mujeres, incluyendo la perspectiva de género dentro de las políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura.

De acuerdo a lo anterior se definirá a la perspectiva de género según la Profesora Juana Camargo: "Es una teoría social que trata de explicar las características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin desigualdades". 10

Aunado a ello la perspectiva de género se define como una herramienta que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y la inequidad entre mujeres y hombres. Consiste en el enfoque de las cosas, situaciones o problemas, tomando en consideración la diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de género en la sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género, tanto de hombres como mujeres.11

Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 4° de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4°.- 

I. a la VIII. …

IX. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

Artículo 4.- La presente Ley tiene por objeto:

I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura;

II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas;

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro;

IV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y privado, para impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro;

V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector;

VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del país;

VII. Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones periódicas en el terreno internacional, y

VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la lectura.

Artículo 4.-

 

I. a la VIII. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura.

1 Elsa M. Ramírez Leyva. La Lectura en la Sociedad Contemporánea. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Pág. 123.

2 Jesse Shera. Los fundamentos de le educación bibliotecológica. México, UNAM CUIB, 1990, pág. 34.

3 YBBY México, Diagnóstico de prácticas de lectura en niños y jóvenes en México y propuesta, recuperado de:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/biblioteca/docs/diagnostico_practicas_lectura.pdf

4 UNESCO, Girls’ and women’s literacy with a lifelong learning perspective: issues, trends and implications for the Sustainable Development Goals, Recuperado de
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002449/244959e.pdf.

5 Módulo sobre Lectura. Boletín de Prensa.  Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Febrero de 2016.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_04_02.pdf. 28/02/2018.

6 Ibídem.

7 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Recuperado de:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/. 28/02/2018.

8 Metas del Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Consúltese en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

9 Consúltese en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_04_02.pdf. Página 4.

10 Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá/ UNICEF. Editora Sibauste, Primera edición, 1999, pág. 29.

11 Véase en: http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_21c.htm. 10/02/2018.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, Senador de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La obesidad como una enfermedad crónica, es decir, que avanza poco a poco. Es producida por el consumo excesivo de grasas, azucares y carbohidratos, lo que provoca la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Otra causa es que la persona que tiene sobrepeso u obesidad no realiza o realiza muy poca actividad física en su vida diaria”.1

La obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial que trae consigo diversas enfermedades no transmisibles como el desarrollo de diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares, entre otras.

En este sentido, la mortalidad a causa de las enfermedades causadas por la obesidad ha incrementado en los últimos años de forma alarmante, como en el caso de la diabetes donde las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en el año 2013 hubo en el país un total de 89, 469 decesos por tal padecimiento, mientras que en el año 2016 la cifra se elevó a 105, 572 muertes.

Lo anterior va acompañado del costo que representa la enfermedad para las personas que lo padecen, pues según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) los costos sociales ascienden a 85,000 millones de pesos al año, lo que refiere un enorme gasto por parte de la población, eso sin contar con los gastos realizados por las instituciones públicas de salud en México.

Por ello, se vuelve imperante que se tomen acciones en el tema de la obesidad y sobrepeso en la población y la prevención en materia de salud debe de ser uno de los pilares fundamentales en la implementación de políticas públicas, ya que la implementación de acciones desde temprana edad ayudará a disminuir el número de personas con estos padecimientos. 

Con el fin de lograrlo se tiene que poner mayor énfasis en la población infantil, ya que la obesidad en dicho sector de la población no es una excluyente. La obesidad infantil se ha convertido en un problema serio en México, pues la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2016 arrojó que la población de niños de entre 5 a 11 años de edad tuvo una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 33.2 %, lo que representa que 3 de cada 10 niños padezcan dicha enfermedad.

A pesar de que en los últimos años se han tomado diversas medidas para disminuir el número de personas con obesidad por parte del gobierno federal como la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el aumento de niños con obesidad sigue en aumento.

El artículo 37 de la Ley General de los Niñas, Niños y Adolescentes señala lo siguiente:

“Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:

I…

II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;”.

Ante esto es importante que se garantice el acceso a la atención médica a los infantes, de forma que dentro de las escuelas públicas de educación básica se dé un seguimiento de peso, esto a través de medidas de orientación alimentaria, de tratamiento y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal.

Para lograrlo se requiere que en los centros de educación básica exista la cobertura de un profesional de la salud el cual realizará las acciones mencionadas en el párrafo anterior, entre otras para llevar acabo un control de información médica básica de los estudiantes y así dependiendo de los resultados de cada estudiante, implementar las medidas correspondientes a fin de reducir los niveles de obesidad infantil y lograr concientizar a una edad temprana a los niños, niñas y adolescentes de los serios problemas que puede traer consigo la obesidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 115. - La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. … a VIII. …

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la presencia en todo centro de educación básica del país de un profesional de la salud, que recabe información nutricional de los estudiantes como peso, talla e índice de masa corporal, a fin de detectar problemas de obesidad, sobrepeso y otros trastornos de la conducta alimentaria e implementar planes nutricionales y otras medidas para su tratamiento, seguimiento y orientación adecuada en el tema de educación alimentaria en las niñas, niños y adolescentes;

X. … a XI. …

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República,
el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro.

1 https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-se-puede-prevenir





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

(Presentada por el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, del grupo parlamentario del PRD)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33 BIS, 34, 105, 124 DÉCIMO PRIMER PÁRRAFO, 125 TERCER PÁRRAFO, 126 PRIMER PÁRRAFO Y 130 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

(Presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

(Presentada por los Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las familias mexicanas. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la normatividad vigente de la mayoría de los países en todo el mundo, está reconocida la trascendencia de proteger los derechos de los consumidores, que contribuya a mantener un mercado sano entre los oferentes y demandantes, puesto que la cantidad de operaciones que se realizan cada año por la adquisición de bienes y servicios es incalculable.

Lo anterior es de la mayor importancia si consideramos el crecimiento exponencial de tendencias en el comercio, como las compras por vía electrónica, es decir, la oferta de bienes y servicios por Internet, a los cuales se puede acceder mediante una computadora, Smartphone, tableta o todos aquellos aparatos electrónicos que tengan acceso, que pueden ir desde la adquisición de una paleta de caramelo hasta el alquiler de un helicóptero.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 1983 el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Kennedy, el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.1

Con motivo de dicha celebración, se elige un lema en particular, por lo que para este 2018 se estableció “Haciendo mercados digitales más justos”, ya que la tecnología digital ha creado nuevas oportunidades para que los consumidores se comuniquen, tengan acceso a la información y elijan entre una gama de productos y servicios, haciendo de las actividades cotidianas algo tan simple como apretar un botón para tener casi cualquier cosa a la puesta de su casa o trabajo.

La Organización Consumers International establece que el porcentaje de la población mundial con acceso a Internet ha crecido del 1% en 1995 a casi el 50% en 2017, así mismo, durante el mismo período de tiempo, el comercio electrónico ha crecido a un ritmo acelerado.2

Se estima que en 2016, alrededor de 1.61 billones de personas en todo el mundo compraron productos en línea, y las ventas de comercio electrónico ascendieron a 1.9 billones de dólares, con proyecciones que muestran un posible crecimiento de hasta 4.06 billones para el año 2020.

Por ello, el comercio electrónico es un tema de gran relevancia para las organizaciones de protección al consumidor, ya que a pesar de los beneficios que representa para los consumidores, todavía hay una serie de cuestiones que es urgente atender, como pueden ser las estafas y la protección de datos personales.

En México, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor, en 1976 se promulga la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y con ello el surgimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Actualmente, la PROFECO cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, sumando 51 oficinas en todo el país, las cuales tienen los siguientes objetivos: Proteger y defender los derechos de las y los consumidores; generar una cultura de consumo responsable; proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo; así como implementar métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de tecnologías de la información.

El último informe de actividades de dicho organismo destaca la admisión de 110,013 quejas a nivel nacional, y de las quejas concluidas, en 8 de cada 10 casos fue positivo el resultado del procedimiento, logrando una recuperación de 844.6 millones de pesos a favor de los consumidores. Asimismo, la plataforma Concilianet recibió 449,936 visitas y atrajo 5,382 reclamaciones, con un porcentaje de conciliación de 90% y recuperando más de 16.9 millones de pesos.3

En 2016 se implementó el programa Conciliaexprés, el cual tiene por objeto resolver reclamaciones en materia de consumo de manera inmediata a través del Teléfono del Consumidor, con proveedores previamente registrados y sin necesidad de acudir a alguna oficina de la Profeco.

Con más de 82 mil visitas de verificación realizadas, más de 13 millones de productos verificados, 11,114 procedimientos en contra de proveedores por infracciones a la ley y la colocación de sellos de suspensión de la comercialización de bienes y/o servicios en 5,030 establecimientos, se emitieron 12,879 resoluciones administrativas e impusieron sanciones económicas por un monto total de 193.3 millones de pesos.

A través de la herramienta Quién es quién en los Precios (QQP), se captaron y difundieron 15.7 millones de precios de productos de consumo generalizado, resultado de visitas semanales a supermercados, pescaderías, farmacias, papelerías, tiendas especializadas en electrodomésticos y departamentales, así como tortillerías en por lo menos una ciudad de cada entidad federativa del país.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre enero y septiembre de 2017 se realizaron 118.1 millones de compras en línea, cifra mayor a las 82.4 millones de transacciones realizadas en todo 2016.4

No obstante, como resultado de que las compras en eCommerce están en constante creciendo, de enero a septiembre de 2017 se registraron 2.4 millones de quejas por posible fraude en operaciones de comercio electrónico con tarjetas de crédito y débito, 109% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2016. Por este tipo de fraude se tuvo una afectación económica por 2 mil 615 millones de pesos, involucrando de forma directa a 704 mil personas.

El artículo 1° de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece por objeto el promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Ante este panorama, es fundamental que la Profeco redoble sus esfuerzos para proteger los derechos de los consumidores, especialmente en aquel mercado donde todos los días se realizan operaciones a través de medios electrónicos, puesto que aunque la gama de servicios y productos que ofrecen es inmenso, también es cierto que el número de quejas por fraudes va en aumento, particularmente  aquellos que derivan en delitos financieros.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones orientadas a promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 https://www.gob.mx/se/articulos/15-de-marzo-dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor-99566?idiom=es

2 http://www.consumersinternational.org/media/154791/campaignoutline-spa.pdf

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271233/Informe_Anual_Profeco_2016.pdf

4 https://marketing4ecommerce.mx/crece-112-transacciones-por-ecommerce-en-mexico-segun-condusef/






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobernadores y los presidentes municipales de toda la República a actuar de manera coordinada y realicen las acciones que impulsen la mejora de la infraestructura de los mercados públicos que comercializan animales, en aras de su bienestar, así como su trato digno y respetuoso. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LOS GOBERNADORES Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE TODA LA REPÚBLICA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ACTÚEN DE MANERA COORDINADA Y REALICEN LAS ACCIONES QUE IMPULSEN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS QUE COMERCIALIZAN ANIMALES EN ARAS DE SU BIENESTAR, ASÍ COMO SU TRATO DIGNO Y RESPETUOSO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los mercados públicos constituyen las principales fuentes de abastecimiento de las colonias y barrios de México. Creados en la década de los 50´s, son negocios con perspectiva de crecimiento social y económico que es fundamental fortalecer como eje articulador de las ciudades.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen 4,168 mercados públicos de los cuales 3,291 se encuentran en la Ciudad de México (CDMX).

Los mercados fueron creados para sustituir a los puestos informales en barrios y calles, brindando orden y seguridad a las actividades de comercio que ahí se desarrollaban. Hoy, estos espacios activan la economía formal popular, evitan el comercio informal, dan entrada a productos de diferentes clases o categorías que otros canales de comercialización no manejan y fortalecen la economía de su área de influencia. Además, generan mayor plusvalía en los bienes inmuebles en sus alrededores, por lo que favorecen el efecto multiplicador de la economía a nivel nacional y por lo tanto aumentan el Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las actividades comerciales que los mercados fomentan es la venta de animales. Un ejemplo relevante de este rubro comercial es la venta de organismos acuáticos de ornato. En nuestro país el mercado de los organismos vivos acuáticos de ornato ha crecido 250% en los últimos 10 años. Actualmente se comercializan 60 millones de organismos vivos acuáticos que dan empleo a 700 unidades productivas en 23 estados de la República. La venta de peces genera una importante derrama económica regional e ingresos que contribuyen a mejorar la economía de quienes se dedican a ella, evitando así la migración de la población hacia los grandes centros urbanos en búsqueda de empleo.

En la actualidad, cerca de 40 de los 60 millones de organismos acuáticos que se venden en el país son comercializados a través de dos mercados públicos mayoristas, el Mercado Emilio Carranza con 450 locales más 50 periféricos y el Mercado Nuevo San Lázaro con 234 locales y 25 periféricos. Según datos del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) entre ambos mercados se generan alrededor de 41 mil empleos directos, favorecen el desarrollo de 5 mil establecimientos comerciales registrados y 15 mil puntos de venta informal que movilizan las especies hacia el último consumidor.

Otros tipos de fauna, aunque en menor proporción, provienen de las 13,027 Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y de Predios o Instalaciones que Manejen Vida Silvestre (PIMVS). En estos sitios, donde se aprovecha de forma sustentable la fauna silvestre en México, se dan salida a sus ejemplares principalmente a través de los mercados públicos y comercializadoras independientes que aprovechan la ubicación de éstos para favorecer su actividad productiva. Si consideramos que cada UMA da empleo a 5 mexicanos, las UMAS dan empleo a más de 65,000 personas de forma directa.

Es indispensable fomentar que los mercados públicos mejoren su infraestructura en aras de proporcionar un trato digno y respetuoso a los animales que comercialicen, así lo ha reconocido la reforma del 24 de enero del 2017 del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que insta al Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, a que en el ámbito de sus respectivas competencias regulen el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales; el “Capítulo VI. Trato Digno y Respetuoso a la Fauna Silvestre” (artículos 29 a 37) de la Ley General de Vida Silvestre; y el “Título Tercero. Capítulo I. Del Bienestar de los Animales” (artículos 19 a 23) de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Esta exigencia fue retomada por locatarios de los principales mercados públicos que comercializan animales en la CDMX: el mercado Emilio Carranza, el Mercado Nuevo San lázaro y el Mercado de Sonora. Los representantes de estos mercados solicitaron al Jefe de Gobierno de la CDMX y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un proyecto de modernización que constaba de 3 partes:

1. Capacitación en Bienestar Animal, la cual fue proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) a través de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre el 23 de febrero y 8 de marzo de 2018, así como por la Agencia de Atención Animal el 9, 21 y 28 de marzo de 2018.

2. Instalar, de ser pertinente, espacios permanentes de vigilancia por parte de la Agencia de Atención de la CDMX y de la SEMARNAT.

3. La mejora de los mercados públicos en aras de poder cumplir con bienestar animal.

En tal virtud, es evidente que los vendedores de los mercados públicos están interesados en mejorar las condiciones en beneficio del bienestar humano y animal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con:

Punto de acuerdo

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los Gobernadores y los Presidentes Municipales de toda la República, a que en el ámbito de sus competencias, actúen de manera coordinada y realicen las acciones que impulsen la mejora de la infraestructura de los mercados públicos que comercializan animales en aras de su bienestar, así como su trato digno y respetuoso.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar o reforzar sus estrategias institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los asuntos que le competen a su despacho de manera pronta, completa e imparcial. Se turna a la Comisión de Justicia.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Poder Ejecutivo Federal en turno estableció entre sus metas sexenales un eje llamado México en paz, situación que se llevaría a cabo, entre otras cosas, con un Sistema de Justicia Penal eficiente. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, remarca que el Sistema de Justicia Penal vigente en el país hasta 2008 mostraba “deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial”.1

Asimismo, atribuye esta deficiencia a un problema estructural del Sistema, el cual se “caracteriza por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público”,2 lo que se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la ineficiencia de la función persecutoria de los delitos y en la inobservancia al principio de presunción de inocencia.
Describiendo lo anterior, se llega a la conclusión de que este problema estructural vulnera el Estado de Derecho y presupone que, los actos ilícitos queden en completa impunidad por no resolverse de manera pronta y expedita.

La realidad que actualmente vive la Procuraduría General de la República (PGR), es de una saturación significativa de asuntos sin resolver, y que constituye un rezago en el trabajo de procuración de justicia, sin omitir que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a ésta, por conducto del Ministerio Público de la Federación, investigar y perseguir los delitos del orden federal.

Sumado a lo anterior, la PGR se enfrenta a un panorama complejo en términos de procuración de justicia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2016; 34.2% de los hogares del país tuvo, al menos, una victima de delito; asimismo, a nivel nacional, se estimó una tasa de 37 mil 017 delitos por cada cien mil habitantes, constituyendo un incremento del 2.02% con respecto al año anterior.3

“En 2016 se denuncio? el 9.7% de los delitos. De ellos, el Ministerio Público inicio? Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en 65.2% de los casos. Durante 2016 se inicio? averiguación previa en el 6.4% del total de delitos. Lo anterior representa 93.6% de delitos en donde no hubo denuncia o no se inicio? Averiguación Previa o Carpeta de Investigación”.4

Asimismo, los delitos con mayor porcentaje sin denuncia, llamada la Cifra Negra son: Extorsión (98.3%), secuestro (98%), fraude (95.8%), robo o asalto en la calle (95.1%), robo parcial de vehículos (94.8%), robo en casa habitación (90.7%), amenazas verbales (88.2%), lesiones (84.2%) y robo total de vehículos (31%).5

Lo anterior, sumado a la tenue eficiencia que se tiene en materia de procuración de justicia, ha derivado en que la percepción de confianza de la sociedad esté en crisis. La PGR cuenta con un nivel de confianza del 58.6%, y una percepción sobre corrupción del 61.4%;6 se infiere que los porcentajes tan altos de personas que no denuncian son debido a la poca credibilidad que tiene la autoridad; asimismo, el alto grado de percepción sobre corrupción es debido a la pobre eficiencia que tiene para atender las denuncias, provocando un alto rezago de asuntos por resolver, tal y como se describirá a continuación.

Como un primer acercamiento, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y la Organización de la Sociedad Civil, México Evalúa, presentaron en 2017 un documento titulado “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal”, planteando que “los datos derivados de la operación de las Procuradurías y Fiscalías en el ámbito local y federal evidencian una serie de focos rojos que representan serios riesgos para la operación eficiente del sistema y, en última instancia, para la consolidación del nuevo modelo de procuración e impartición de justica”.7

Lo anterior sucede pese a la existencia de un marco normativo que contempla mecanismos que parecen favorecer la eficiencia en la operación del sistema de justicia. Al respecto, el CIDAC enuncia una serie de datos del rezago en la materia:8

• Rezago de 47.5% de los asuntos ingresados en 2016, lo que significa que una de cada dos carpetas de investigación está pendiente de determinación.

• Del total de capetas determinadas en 2016, apenas el 0.36% tuvo como salida el no ejercicio de la acción penal, a través de mecanismo alternos.

• Del universo de capetas iniciadas en 2016, solo el 0.18% llegó a juicio oral, mientras que el resto se resolvió por otras vías o se encuentra pendiente de determinación en la PGR o en trámite en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

• De los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que en el 99% de las causas penales iniciadas en 2016 existió flagrancia, lo que evidencia las deficiencias en las capacidades de investigación de las distintas áreas de la Procuraduría.

• En cuanto a la determinación de las carpetas de investigación en 2016, resalta el hecho de que de las 10 categorías que utiliza la PGR para clasificar las determinaciones, el 80% se concentran en solo tres: archivo temporal (30%), no ejercicio de la acción penal (26%) y judicialización (24%).

Lo anterior fue confirmado por la propia PGR, en un documento enviado al Senado de la República, titulado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnostico y Plan de trabajo”, en dicho informe, la Procuraduría identifica dos desafíos principales que son necesarios alcanzar y que al día de hoy aún no se han logrado con plenitud, “toda vez que la arquitectura institucional de la PGR sigue obedeciendo a la lógica del sistema penal inquisitivo; siento éstos los siguientes”:9

• El fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación.

• El mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas que ofrece la norma nacional procesal de orden penal para alcanzar su fin último, que no es otra que el lograr la paz social.

Lo anterior es imprescindible ya que existe una saturación en las áreas sustantivas, derivado de dos situaciones bien identificadas por la propia PGR:10

• Incremento de carpetas de investigación. Tan solo en diciembre de 2016 ingresaron 6,549 nuevas carpetas, lo que representa un aumento del 10.39% del total de asuntos que hasta noviembre de ese año conocía la institución.

• Insuficiente uso de las herramientas provistas por el Sistema Penal Acusatorio para alcanzar sus fines.

Asimismo, del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016, se iniciaron 63 mil 059 carpetas de investigación, de las cuales 21 mil 728 (34.46%) se han determinado en los siguiente sentidos:11

• En 9,857 casos se determinó el archivo temporal;

• En 114 casos se ejerció la facultad de abstenerse de investigar;

• En 8,380 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal;

• En 151 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal por derivación a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias;

• En 1,677 casos se determinó la suspensión condicional del procedimiento;

• En 1,449 casos se llegó a un procedimiento abreviado;

• 60 casos fueron llevadas a juicio oral; y

• En 40 ocasiones se aplicaron criterios de oportunidad.

Por otro lado, las 41,331 carpetas de investigación restantes se encuentran pendientes de determinación. Esto indica que el 65.54% de los asuntos que ha conocido la PGR se encuentran sin decisión alguna.12

Es importante mencionar que de las 63,059 carpetas de investigación, 12,205 (19.35%) fueron iniciadas con detenido y 50,854 (80.65%) sin detenido. Con detenido se han determinado 3,186 quedando pendientes 9,019; por su parte, las carpetas sin detenido tiene un rezago de 33,333 pendientes de determinación.13

El CIDAC concluye que este problema tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de definición de políticas criminales y planes de persecución del delito, porque “a pesar de que la operación de un sistema de corte acusatorio y adversarial, como el implementado en nuestro país, ofrece una serie de mecanismos para la descongestión de asuntos y la resolución de conflictos a través de formas alternativas, las institucionales de procuración de justicia no cuenta con estrategias para la priorización de los delitos, que les permitan focalizar sus recursos de forma más efectiva”.14

Es decir, la PGR no ha tenido los suficientes esfuerzos para establecer criterios institucionales que permitan desahogar el rezago con el que cuenta en sus funciones; por tal motivo, es pertinente una proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades, fortalezca las capacidades institucionales de investigación y litigación que permitan inhibir la saturación del Sistema de Justicia Penal.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, implemente o refuerce sus estrategias institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de desahogar los asuntos que le competen a su despacho de manera pronta, completa e imparcial.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Sen. David Monreal Ávila.

1 Poder Ejecutivo Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2017, disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465

2 Ídem.

3 Intituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2018, disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017
/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2018, disponible en:
http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2017/11/lineamientos.pdf

8 Ídem

9 Procuraduría General de la República, “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnostico y Plan de trabajo”, [en línea], consultado el 16 de marzo de 2018, disponible en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/INFORME_PGR.pdf

10 Idem.

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Centro de Investigación para el Desarrollo, Op. Cit., p. 7






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a publicar el reglamento y normatividad en el uso medicinal de la cannabis. Se turna a la Comisión de Salud.








Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo en relación al Movimiento “La Hora del Planeta”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, RELATIVO A “LA HORA DEL PLANETA”, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente vivimos el periodo más cálido de la historia, con prolongadas olas de calor y sequía, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos debido al cambio climático.1

Atender esta situación no depende solamente de los líderes mundiales, sino que requiere del compromiso de todos los que habitamos el planeta Tierra, por lo que resultan primordiales las campañas informativas y acciones dirigidas a promover la concientización de toda la ciudadanía.

En este tenor, las campañas ambientales interactivas como las reforestaciones, las rodadas ciclistas y la limpieza de playas tienen un efecto positivo en la ciudadanía, formando generaciones actuales y futuras de ciudadanos comprometidos con el respeto a la naturaleza y el cuidado ambiental.

Dentro de este mismo tipo de campañas, hace 11 años surgió la Hora del Planeta como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después articularía un creciente movimiento mundial por el planeta. Actualmente la Hora del Planeta es el mayor movimiento global contra el cambio climático.2

La primera Hora del Planeta se celebró en Sídney, Australia, el 31 de marzo de 2007 y fue todo un éxito. Para 2011, la campaña se extendió a 5,250 ciudades de 135 países en 51 idiomas. En 2014, en el marco de la Hora del Planeta durante la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, Leonardo DiCaprio, como embajador de WWF, exigió a los líderes mundiales acciones urgentes a gran escala para combatir el calentamiento global. En 2016, la campaña de la Hora del Planeta se sumó al reclamo ciudadano para lograr la firma del Acuerdo de París, un compromiso histórico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático. En 2017 participaron en la Hora del Planeta miles de ciudades de 187 países; más de 12 mil monumentos apagaron sus luces y ocurrieron 3 mil 500 interacciones digitales.3

Once años después de su inicio, en 2018 la Hora del Planeta resaltará el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, ya que los efectos del cambio climático sobre la naturaleza son muy visibles en todo el mundo, por ejemplo, las temperaturas cada vez más altas, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos. Sin duda el cambio climático es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.4

La mayoría de los recursos que utilizamos provienen del medio ambiente, por lo que debemos hacer nuestra parte para proteger el mundo que nos rodea. Las personas son solo una parte de la gran diversidad de vida que existe en la Tierra, por lo que debemos proteger la naturaleza, conservar la vida silvestre y sus hábitats. La variedad de especies y ecosistemas es nuestra a mejor defensa contra el cambio climático.5

Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales y la biodiversidad que albergan, debido al cambio de uso de suelo de ecosistemas naturales como bosques, selvas y pastizales, para destinarse a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, petroleras, mineras, entre otras.6

Además, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en 2016 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental sumaron 921,814 millones de pesos. Dentro de esta cifra, el agotamiento de recursos forestales representó 1.3%, es decir 11,983.6 millones de pesos anuales.7

Ante la aceleración del cambio climático y la asombrosa pérdida de biodiversidad que amenazan nuestro planeta, la Hora del Planeta 2018-2020 se esforzará por provocar conversaciones sobre la pérdida de la naturaleza y la necesidad urgente de protegerla.

En 2018, la Hora del Planeta conectará a cientos de millones de personas en el mundo para que actúen contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pidiendo una vez más la unión de todos, individuos, gobiernos, empresas y organizaciones, para que apaguen la luz el próximo domingo 24 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas, tiempo local de cada ciudad, así como a participar en los eventos relativos a la Hora del Planeta y utilizar el hashtag #YoApagoPor en las interacciones digitales.8

Cabe destacar que las instituciones públicas cumplen un papel especial durante la Hora del Planeta, ya que están a cargo de apagar las luces durante una hora en los edificios icónicos y monumentos representativos de cada ciudad. Estos actos son las demostraciones más llamativas durante la Hora del Planeta. Las acciones simples inspiran grandes cambios.

En este sentido, el Senado debe ser solidario y unirse a esta importante campaña, para dar pie a acciones más contundentes en materia de cambio climático. Asimismo, consideramos importante exhortar a la colegisladora y al Ejecutivo Federal a unirse a este esfuerzo, en congruencia con los diversos compromisos ambientales adoptados por México. Debido a la proximidad de la Hora del Planeta, presentamos esta proposición, con carácter de urgente resolución.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se une a la conmemoración de la Hora del Planeta, por lo que se apagarán todas las luces y aparatos eléctricos no esenciales del edificio sede durante las 20:30 y 21:30 horas del sábado 24 de marzo de 2018.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a participar en las acciones de conmemoración de la Hora del Planeta 2018.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal a participar en las acciones de conmemoración de la Hora del Planeta 2018.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Jorge Aréchiga Ávila.

1 WWF. Una acción global en defensa del planeta (Consultado en marzo de 2018)
https://www.horadelplaneta.es/una-accion-global/

2 Idem.

3 WWF. 11 años de logros a lo largo del planeta (Consultado en marzo de 2018)
https://www.horadelplaneta.es/11-anos-de-logros/

4 WWWF. El cambio climático y sus impactos sobre la biodiversidad (Consultado en marzo de 2018)
https://www.horadelplaneta.es/la-biodiversidad-te-importa/

5 WWF. What is Earth Hour? (Consultado en marzo de 2018)
https://www.earthhour.org/what-is-earth-hour

6 CONABIO. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? (Consultado en marzo de 2018)
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html

7 INEGI. PIB y Cuentas Nacionales Económicas y Ecológicas de México. Consultado en marzo de 2018
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/

8 WWF. Ciudadanos conectados con el planeta (Consultado en marzo de 2018)
https://www.horadelplaneta.es/ciudadanos/






Del Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reforzar y retomar la misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración de un referéndum libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara Occidental. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, África.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar, implementar, evaluar y reforzar las acciones, programas o políticas públicas encaminadas a combatir de manera eficaz y eficiente la incidencia delictiva en la capital del país. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.








De los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, sobre la Cumbre Mundial del Océano. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la inclusión económica y educativa de las personas con Síndrome de Down. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El síndrome de Down tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud de las personas que la padecen. Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Haydon Down que fue el primero en describir esta alteración genética.

Se trata de una combinación cromosómica que se produce por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, es decir, el embrión tiene un tercer cromosoma 21 adicional o “trisomía 21”, lo cual se traduce en una discapacidad intelectual. Aún se desconoce el motivo por el cual esto se produce, sin embargo, se ha observado que el riesgo aumenta si el embarazo es después de los 35 años de edad de la madre.

A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados por este síndrome vivieran menos de 10 años, no obstante, hoy cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan los 50 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente la incidencia estimada de síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos.1

Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad superior a la de la población en general de padecer algunas patologías. Por ejemplo, suelen presentar más problemas oculares que quienes no tienen esta alteración genética, entre el 60% y el 80% tienen un déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna enfermedad cardíaca congénita. Cabe destacar además problemas nutricionales con anomalías intestinales y problemas de obesidad, detectada a menudo durante la adolescencia y la edad adulta temprana.

Se estima que en México, uno de cada 700 recién nacidos presenta Síndrome de Down, no obstante, no existe un registro público preciso de cuántos lo padecen o fallecen a causa de ello. El último registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en el 2010 había 5 millones 739 mil 270 niños con trastorno cromosómico, de los cuales entre 150 y 250 mil padecían Síndrome de Down.

Los registros que se han realizado en México se han basado en muestras hospitalarias aisladas y en ninguno existe una cobertura nacional. Un elemento indispensable en el que debemos trabajar para la generación de políticas públicas eficientes que respondan a las necesidades y el disfrute de una mejor calidad de vida de este sector de la población.

A ello se suma el elemento de inclusión social, ya que de las 150 mil personas con esta condición, sólo el 3% tienen accede a la educación especial que necesitan.2 Ello evidencia que aún se deben realizar diversos avances en el tema de inclusión de personas con discapacidad, en la integración con la sociedad y también en el ambiente laboral, con el reforzamiento de programas incluyentes que amplíen las oportunidades de trabajo a este sector de la población.

En México se ha fortalecido la inclusión de los menores con Síndrome de Down y se ha logrado incrementar la esperanza de vida de este sector de la población, en algunos casos hasta los 70 años. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social, así como el Programa de inclusión social Prospera apoyan el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down, por medio del trabajo en políticas de inclusión social y laboral.

El país también participa en la conmemoración internacional anual de esta alteración genética, celebrada el día 21 de marzo, con el objetivo de concientizar, promover y brindar información y herramientas a la población mexicana sobre el desarrollo de las personas con esta condición.

A pesar de los avances realizados, aún es indispensable fortalecer las acciones a favor de las personas que padecen esta alteración cromosómica. Se deben impulsar campañas de sensibilización para aumentar la consciencia pública sobre las capacidades, el valor y las contribuciones de las personas con síndrome de Down, para brindarles un trato digno y fomentar su plena incorporación social. Eliminando las barreras culturales, de actitud, de información y de comunicación que limitan su desarrollo con plenitud y el ejercicio de sus derechos humanos.

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades federativas, a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la inclusión económica y educativa de las personas con Síndrome de Down.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de contar con estudios y estadísticas que  permitan conocer cifras precisas sobre las personas con Síndrome de Down en el país, a fin de diseñar políticas públicas eficaces que respondan a las necesidades de este sector de la población. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Filiberto Cruz, Usuarios de taxis o Uber; cada quincena, 9 robos a bordo, Disponible en [en línea:] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/19/1164430

2 Secretaría de Salud, Día Mundial del Síndrome de Down, Disponible en [en línea:]
https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-del-sindrome-de-down-100477






Del Senador Marlon Berlanga Sánchez, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le sean asignados recursos al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El suscrito, Senador MARLON BERLANGA SÁNCHEZ, integrante del grupo parlamentario del PT-MORENA en el Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º apartado B, 7º, 27º, 28º, 73º, 78º, 94º y 105º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

2. Con esta reforma se reconoce la gran importancia que tienen los rubros de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la garantía de darle a la población acceso a los mismos.

3. Mediante las modificaciones ya señaladas, se establece la creación de un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, cuyo objeto es el de proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, con la finalidad de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de la información imparcial, objetiva, oportuna y verás del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

4. Para el desarrollo adecuado de estas funciones, se estableció en el artículo trigésimo cuarto transitorio que la Cámara de Diputados debería de asignar los recursos económicos acordes a sus funciones, tomando en consideración su crecimiento, sus gastos de operación y su equilibrio financiero.

5. No obstante lo anterior, desde el año 2015 el Sistema elaboró un proyecto para solicitar el soporte económico correspondiente para las licencias adicionales operación otorgadas en 2015 al canal.

6. En 2016 se solicitó a la Secretaría de Hacienda el recurso bajo el folio 1647AYL001 sólo para la instalación de nuevas estaciones, sin que se haya concluido con éxito dicha petición.

7. El monto aproximado asciende a la cantidad de $1,166,000,000.00, para no pone en riesgo la operación y continuidad de los trabajos del Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano, pues es necesario sustituir equipo de transmisión, realizar diversas construcciones, así como adquirir terrenos para estos mismos fines. Beneficiándose a los canales públicos actuales que son:  Canal Catorce (14.1) Canal Once (11.1) Canal 22 (22.1)  Ingenio Tv (14.2) Tv Unam (20.1) y Canal del Congreso* (45.1)

8. El SPR en la actualidad tiene 26 estaciones en 22 estados de la República permitiendo una cobertura del 49.72 % de la población. El monto requerido es para la actualización de 16 estaciones (Celaya, Ciudad de México, Coatzacoalcos, Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tampico, Toluca y Xalapa) y la instalación de 14 nuevas  (Acapulco, Cancún, Chetumal, La Paz, San Luis Potosí, Tepic, Torreón, Culiacán, Oaxaca, Durango, Sonora, Puebla, Pachuca y Jalisco),  para garantizar el acceso a la tv pública logrando llegar al 83% de la población mexicana, si no se sustituye el equipo en las 16 estaciones pronto se caerá en obsolescencia y no se podrá transmitir, con lo que podrían quedar fuera del aire 16 de 26 sitios actuales.

9. El Canal del Congreso en estas 16 estaciones en la actualidad no cuenta con señal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que le sean asignados recursos al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, al mayor numero de personas en cada una de las entidades federativas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Marlon Berlanga Sánchez.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para prevenir y reducir los incendios forestales en los próximos meses. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos  Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que los incendios forestales son más frecuentes, como resultado del cambio climático y afectan cada vez áreas más extensas en diversas regiones del mundo. El 95 por ciento de los siniestros fueron causados por el ser humano.1

El aumento en los incendios forestales es preocupante en muchos de los casos, ya que uno de los sectores más vulnerables son las personas, ya que afecta gravemente a la salud humana y causa daños generalizado a la propiedad y la infraestructura.

La quema de los bosques libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera teniendo un gran impacto la pérdida de la biodiversidad mundial. Las principales problemáticas de éste fenómeno han sido resultado de la negligencia o de acciones dolosas, que destruyen directamente a la flora y fauna de nuestro planeta y, al mismo tiempo, afecta a la población, principalmente.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, según la Universidad de Maryland de los Estados Unidos, en su  informe Global Forest Watch (GFW), la pérdida de áreas forestales en todo el orbe aumentó un 51 por ciento en 2016 alcanzando el récord de 29.7 millones de hectáreas.2

Tan sólo la región amazónica de Brasil perdió 3.7 millones de hectáreas de cobertura arbórea en ese año, casi tres veces más que en 2015.

La FAO, indica que entre el periodo de 1990 a 2015, la superficie forestal se redujo 129 millones de hectáreas, es decir, 3.1 por ciento del total.3

La superficie forestal mundial ha disminuido en alrededor de un mil 800 millones de hectáreas en los últimos cinco años, un descenso equivalente a aproximadamente el 50 por ciento de la superficie forestal total actual.

México no escapa a esta grave problemática. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en nuestro país, se registra un promedio de 8 mil incendios forestales, los cuales afectan a los diversos ecosistemas terrestres de todo el territorio nacional.4

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), señala que durante 2017 se registró un total de 8 mil 896 incendios, y en 2016 fue casi la misma cifra (8,878), afectando una superficie de 272 mil 870.15 hectáreas. De esta superficie, el 95.8 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 4.14 por ciento a arbóreo.5

Cabe destacar que nuestro país cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques, de clima templado y selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional, 56 Millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de vegetación.

El Estudio “Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020”, apunta que alrededor 80 por ciento de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social, constituidos en alrededor de 8 mil 500 núcleos agrarios. Las poblaciones que constituyen estos núcleos agrarios están vinculadas directamente con los recursos forestales para la obtención de sus principales satisfactores.

Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Morelos, que representan el 76.96 por ciento del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado México, Puebla, Michoacán, Durango, Quintana Roo y Zacatecas, con el 76.68 por ciento del total.

En este sentido, la mayoría de los incendios son provocados por los seres humanos, las causas incluyen el cambio del uso de la tierra, el desmonte de tierras y otras actividades agrícolas, el mantenimiento de los pastizales para la ganadería, la extracción de productos forestales no madereros, el desarrollo industrial, el reasentamiento, la caza, la negligencia y los incendios intencionales.

El riesgo de incendios forestales tiende a aumentar por el cambio climático en asociación con los cambios de uso de suelo y con las limitaciones institucionales para un manejo adecuado de la tierra.

Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, son las vidas humanas y el hábitat de fauna silvestre, las cuales contribuyen al cambio climático, propiciando la erosión del suelo y alterando el régimen hidrológico de los ecosistemas, principalmente.6

Sin duda, los bosques desempeñan una función esencial en el ciclo del agua, la conservación de los suelos, la fijación de carbono y la protección de los hábitats en el planeta.

Por ello, el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones y programas en la materia,  como la Campaña Nacional de Protección contra Incendios Forestales; sin embargo, los retos por atender son mayúsculos.

Ante este panorama, resulta urgente que la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, refuercen las acciones para prevenir y reducir los incendios forestales en todo el territorio nacional.

La protección y el cuidado del medio ambiente constituyen una prioridad para el Estado mexicano pero sólo de manera coordinada lograremos avanzar hacia un ambiente más adecuado, saludable pero, sobre todo, sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para prevenir y reducir los incendios forestales en los próximos meses.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf

2 http://blog.globalforestwatch.org/data/global-tree-cover-loss-rose-51-percent-in-2016.html

3 http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf

4•http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/4339Campa%C3%B1a%20
de%20contra%20incendios%202013.pdf

5 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/las-demas/reportes-de-incendios-forestales

6 http://www.cdi.gob.mx/difusion/incendios/incendios.html






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que exponga las razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población de nuestro país, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La discriminación racial concebida como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública,1 constituye una problemática incompatible con la vocación garantista que ha distinguido y distingue al Estado mexicano, y con todo régimen que se asuma como democrático.

La discriminación racial implica la violación de los derechos humanos, inhibición moral, afectaciones a la personalidad y deshumanización, por mencionar algunos de sus efectos. Además, en escenarios extremos puede derivar en ilícitos como la esclavitud, trata de personas, limitación de derechos, colonizaciones y genocidios.

Ante ello, en 1966 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, fecha que surgió para conmemorar la “Masacre de Sharpeville”, ocurrida en 1960 en Sudáfrica, donde 69 personas que se manifestaban pacifícamente fueron asesinadas. El día tiene como objetivo central hacer énfasis en las consecuencias negativas de la discriminación racial y por supuesto, en la necesidad de combatirla.2

En 2018, la fecha adquiere especial relevancia debido a que en diciembre del año en curso se cumple el setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que la ONU hace el llamado a concentrar esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y el combate al racismo.3 En este orden de ideas, observamos que si bien es cierto que gradualmente hemos logrado avances en la erradicación de la discriminación racial, también lo es que todavía hay grandes retos para garantizar el respeto de los derechos humanos en México.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), casi una cuarta parte de las y los mexicanos no está dispuesta a que en su casa viva alguien de “otra raza” y 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por el color de su piel.4

Además, con base a expedientes de queja presentados ante el CONAPRED, los derechos que más se han vulnerado a las personas afrodescendientes son el trato digno (87%) y la igualdad de oportunidades (57%); por lo que respecta a los ámbitos donde se han suscitado las acciones que han motivado más quejas, están el laboral (37%) y la prestación de servicios al público (30%). Resulta pertinente precisar que en el 83% de los casos, el color de piel fue la causa que detonó el acto discriminatorio.

Por otro lado, alrededor de una de cada seis personas afrodescendientes (15.7%) es analfabeta, lo que representa casi el triple de la tasa a nivel nacional (5.5%); y la proporción de personas afrodescendientes que gana más de tres salarios mínimos es la mitad del porcentaje a nivel nacional (15.2 respecto al 30.4%).

De acuerdo con el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2017 del INEGI, en México las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscura, se observa un mayor rezago educativo (28.8% cuentan con primaria incompleta y 23% con primaria completa). Por otro lado, indica que las personas con tonalidades de piel más clara tienen porcentajes más altos en media superior y superior, al presentar porcentajes que van de 29.3% a 44.4%.5

Ante este panorama, y en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos de vital importancia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, fortalezcan sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población de nuestro país.

Para ponderar la pertinencia del presente asunto, lo primero que debemos señalar es que el artículo 1º, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente todo tipo de discriminación. Sin embargo, dicho precepto normativo se mantiene como uno de los grandes pendientes que tenemos en materia de respeto, promoción, protección y acceso de los derechos humanos en nuestro país.

La idoneidad del exhorto formulado emana de lo señalado en el artículo 6, fracción XIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que a la CNDH le: Corresponde formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos.

Por lo que respecta a la actuación de los gobiernos de las 32 entidades federativas, el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación dispone que: Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, fortalezcan sus campañas en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la población de nuestro país, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

2 https://unngls.org/index.php/espanol/2011/1004-21-marzo-dia-internacional-eliminacion-discriminacion-racial

3 http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/

4 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematicaAfrodescendientes%20%281%29.pdf

5 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana y estancia digna en los Centros de Reinserción Social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a los derechos humanos y transgresión física de los internos, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de baja capacidad en la República Mexicana, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los Centros de Reinserción Social de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec se cometen diariamente una serie de arbitrariedades. 

En estos espacios se han documentado condiciones de inseguridad, ingobernabilidad, violación al respeto de la dignidad humana y trasgresiones a la estancia digna, situación que debe ser atendida por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz.

Para tener un panorama general de la situación que impera en los Centros penitenciarios del estado de Veracruz, basta señalar lo siguiente:

Presentan altos índices de hacinamiento, en algunos casos superior al 70%. Muestra de ello, es que el penal de “Pánuco” está diseñado para albergar a 69 presos, pero actualmente tiene una población de 102, el de Chicontepec tiene una capacidad máxima de 45 personas, a pesar de ello en él están más de 80 personas recluidas.

La sobrepoblación, también está presente en el centro de reinserción social de Misantla que tiene una capacidad para 234 reos, no obstante, hasta el año pasado alojaba a más de 285 personas; por su parte el de Jalancingo muestra un hacinamiento de 33% y el de Tantoyuca del 26% ya que sus instalaciones están diseñadas para tener una población de 110 presos pero tiene más de 139.1

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, durante una serie de visitas constató la falta de un trato digno, el incumplimiento de los estándares para una estancia digna y la falta de infraestructura adecuada, por esta situación ha emitido diversas recomendaciones para que se investiguen, sancionen y prevengan actos de tortura, hacinamiento y malos tratos.

Los servicios de salud son inadecuados, particularmente por la falta de medicamentos, personal médico e insumos básicos como gasas, desinfectantes y jeringas.

En los penales Misantla, Poza Rica, Acayucan y Tuxpan han denunciado que sus padecimientos no son tratados, por el contrario, se agravan a la falta de atención médica oportuna, adecuada y calidad.

A decir de abogados defensores y familiares de los internos, el Penal de Misantla no cuenta con las condiciones básicas de higiene, salubridad y medidas necesarias para fomentar la reinserción social de las personas ahí recluidas, por lo que en diversas ocasiones han manifestado su molestia sin que las autoridades hayan actuado en consecuencia.

Debido a los nulos mecanismos de seguridad al interior de estos espacios, se han dado homicidios y riñas entre grupos antagónicos por el control de la venta de estupefacientes a los internos, cobro de piso y tráfico de dogas. Peor aún, las llaves de las celdas, el control de los ingresos y los horarios de visita los controlan los propios internos, es decir, existe autogobierno.

En particular con el penal de Chicontepec, a decir de familiares las autoridades y custodios cometen arbitrariedades y abusos, ya que golpean a las personas recluidas, los dejan sin comer y los incomunican. Para que sean nuevamente visitados, los custodios piden hasta mil pesos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de que el gobierno del estado de Veracruz a través de la Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación Social, garantice que se cumplan los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social, a fin de mantener el orden y generar una estancia segura para los internos, de no ser así, se continuarán presentando motines, riñas y peleas entre los internos y el personal de seguridad.

Bajo estas irregularidades, resulta fundamental que el Gobierno del estado de Veracruz fortalezca sus estrategias y políticas públicas para garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana y estancia digna en los Centros de Reinserción Social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República, exhorta al Gobernador del estado de Veracruz para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación Social, fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad humana y estancia digna en los Centros de Reinserción Social de la entidad, principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a los derechos humanos y trasgresión física de los internos, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 José Topete. (2018). Alerta Derechos Humanos por sobrepoblación en penales de Veracruz. 19/03/2018.Sitio web:
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alerta-derechos-humanos-por-sobrepoblacion-en-
penales-de-veracruz-257314.html#.Wq_lF8NuaM8





De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus acciones y programas gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado de homicidios, secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar la seguridad de población y su patrimonio. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El estado de Puebla presenta una severa crisis en materia de seguridad pública, situación que no sólo vulnera el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, sino que merma el crecimiento y desarrollo de la entidad.

Este contexto, exige de las autoridades estatales un mayor compromiso y eficiencia de sus acciones en la contención de ilícitos, en las tareas de prevención y sobre todo en su sanción, con el objetivo de garantizar un clima de seguridad para la población y pleno respeto a sus libertades y patrimonio.

Existen diversas estadísticas que ejemplifica la situación de inseguridad que presenta el estado de Puebla y sus municipios, entre ellos destacan los siguientes:

De acuerdo con los análisis del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, sólo en la capital del estado los homicidios se ha incrementado hasta en 129%, los secuestros 16% y el robo con violencia ha presentado un incremento de por lo menos 70%.1

Entre los municipios más inseguros se encuentran Huachinango con una incidencia de homicidios de al menos 38.34 casos por cada 100 mil habitantes, Tezuitlán presenta una tasa de 3.01 en secuestros y 10.5 en extorción por cada 100 mil habitantes, y la capital del estado sólo en el año 2017 presentó una tasa de 413.66 en robo con violencia y una tasa de 74.99 en robo a transeúnte.2

Por su parte, la organización “Alto al Secuestro” dio a conocer que durante el mes de febrero, es estado de Puebla estuvo catalogado como una de las entidades con el mayor número de secuestros junto con Veracruz y Tamaulipas.

El 2017 fue uno de los años más violentos para Puebla y parece que dicha situación no mejorará, así lo prueban las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública debido a que durante este lapso de tiempo los homicidios han presentado un incremento de 55.8% y el robo de vehículos un aumento de más de 122%.

Transportistas, automovilistas y personal del servicio público de transporte, han hecho pública su preocupación por el robo en carreteras por organizaciones del crimen organizado quienes a través de retenes, obligan a los usuarios a descender de sus unidades para después ser extorsionados, asaltados y despojados de sus vehículos y pertenencias.

Las carreteras con el mayor número de incidentes son: “Puebla- Huajuapan de León” considerada una de las más peligrosas del estado, le sigue Tehuacán-Chazumba, San Martín Texmelucan-Palmar de Bravo, Tehuacán –Oaxaca, Huauchinango- La Ceiba y Puebla-Perote; esta vía es una de las más transitadas debido a que conecta a los estados de Puebla y Veracruz.

El delito de robo de transporte de carga durante las dos últimas administraciones se ha incrementado, ejemplo de ello es que en el 2015 se reportaron 83 camiones de carga sustraídos pero en el 2017 esta cifra ascendió a más de 233, generando pérdidas millonarias a comerciantes y desincentivando la competitividad de las empresas y del estado en perjuicio de la población.

Uno de los sectores poblacionales más afectados, es el de las mujeres, ya que además de ser víctimas de los delitos antes mencionados tambien son objeto crímenes por razón de género. Sólo en lo que va del año se han denunciado al menos 26 feminicidios, el último dado a conocer se consumó en San Andrés Cholula cuando una mujer de aproximadamente 30 años fue apuñada por su pareja sentimental.

Este incremento en los delitos denota que la estrategia de seguridad no está dando los resultados esperados, esto deriva principalmente de la falta de coordinación y colaboración entre los cuerpos policiacos y las autoridades, así como la falta de capacitación y nula construcción de infraestructura adecuada para la identificación y prevención del delito.

Bajo este panorama poco alentador, consideramos fundamental que el gobierno del estado de Puebla en coordinación con las autoridades municipales, amplíen sus políticas públicas de prevención y combate al delito, a fin de asegurar la seguridad de la población y sus bienes, ante el incremento de los índices delictivos en la demarcación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, a través de sus instituciones de seguridad pública y en coordinación con los gobierno municipales, fortalezca sus acciones y programas gubernamentales en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado de homicidios, secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar la seguridad de población y su patrimonio.

Segundo. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de Puebla para que, presente un informe pormenorizado de las acciones desarrolladas y sus principales resultados a fin de prevenir y atender a las víctimas objeto de secuestros, robos carreteros, hurtos a negocios y de automóviles, a fin de salvaguardar su integridad, recobrar su tranquilidad y recuperar su patrimonio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Yadira Llaven Anzures. (2018). Igavim reporta aumento de homicidios en 129% en la ciudad de Puebla. 16/03/2018, de La Jornada Sitio web:
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/16/igavim-reporta-aumento-homicidios-129-la-ciudad-puebla/

2 Jesús Viñas. (2018). Durante el 2017, en Puebla hubo un asesinato cada 9 horas y un asalto con violencia cada treinta minutos. 16/03/2018, de Periódico Central Sitio web:
http://periodicocentral.mx/2018/pagina-negra/delincuencia/item/5819-en-puebla-hubo-un-asesinato
-cada-9-horas-y-un-asalto-con-violencia-cada-media-hora-en-2017






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre los resultados del Programa “Escudo”, instrumentado durante la actual administración con el objetivo de inhibir la ejecución de delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La transparencia y rendición de cuentas representan dos temas medulares que contribuyen a una gestión gubernamental eficaz y eficiente, en beneficio de los ciudadanos.

El artículo 134 señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Ahora bien, la seguridad pública es un derecho fundamental que permite garantizar el orden y la paz de la sociedad en su conjunto, así como salvaguardar la tranquilidad, integridad y patrimonio de los ciudadanos, por lo que los recursos destinados a esta política toral deben ser sometidos a escrutinio público de manera permanente.

Al respecto, cabe destacar que el gobierno del Estado de Guanajuato, ha presentado prácticas sistemáticas de opacidad en el uso de los recursos públicos a lo largo de más cinco años de su administración, que se han traducido en la ineficacia e ineficiencia de políticas públicas primordiales como la de seguridad pública. 

La inconformidad de diferentes sectores de la población respecto a los resultados de la estrategia implementada por el actual gobierno en materia de seguridad, es evidente. Diversos medios de comunicación señalan que de acuerdo con empresarios, el más ambicioso programa de seguridad del gobierno estatal “Escudo”, no ha generado los resultados esperados por la falta de inteligencia.1

Cabe recordar que hace prácticamente cuatro años se puso en marcha, el Programa Integral de Seguridad Escudo, como el programa más innovador en materia de seguridad y prevención, con un amplio despliegue de recursos financieros, humanos y tecnológicos.

No obstante, a la empresa Seguritech se le pagaron más de 2 mil millones de pesos por la instrumentación de dicho programa, pero hasta  nuestros días no se conoce información de éste, en virtud de que –como se mencionó anteriormente- está reservada.

Fueron instalados 124 arcos carreteros a lo largo y ancho del territorio estatal con la meta de prácticamente blindar las fronteras y lectores para la identificación de frecuencia vehicular, se colocaron más de 320 kilómetros de fibra óptica.

Asimismo, se reforzó con 2 mil 700 dispositivos como cámaras de video, lectores de placas, radiofrecuencia y vehicular, la vigilancia para disuadir la acción de la delincuencia e identificar de forma inmediata incidentes delictivos.2

Fueron amplias las expectativas que generó el programa para combatir la incidencia delictiva en la entidad; sin embargo, es evidente que los resultados no son acordes con las expectativas generadas, lo que revela la ineficacia de la estrategia estatal en materia de seguridad pública. Aundado a ello, la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo reservó por cinco años la información de Escudo y la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato una prórroga de otros tres años.3

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva ha aumentado de manera sistemática durante la presente administración estatal afectando el orden de la sociedad, así como la integridad y patrimonio de las familias guanajuatenses.

Para poner en su justa dimensión la gravedad de esta problemática, basta señalar que durante el año pasado el número de delitos cometidos sumó 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9 % con respecto a 2016 y de 46.2 % con relación a 2013.4

Los delitos registrados al cierre de 2017 colocan a la entidad como la tercera más alta a nivel nacional, lo que significa que se cometieron 323 delitos cada día durante todo el año pasado.

Si comparamos el total de delitos registrados en 2017 con respecto al 2014, año de implementación del Programa Escudo, se observa un incremento de 25.2 (23,753 delitos más), es decir, casi 6 mil delitos cometidos cada año, en promedio.

De manera específica, los homicidios dolosos cometidos en 2017 sumaron un total de 1,096, cifra que representa 135 más que el año inmediato anterior y 455 más con respecto al 2013. Con relación al 2014, aumentaron en 387 en este tipo de delitos.

En lo que va del año, se ha agudizado la inseguridad en los municipios más importantes de la entidad, afectando la vida, integridad, libertad personal, libertad y la seguridad sexual y patrimonio de los ciudadanos.

Tan sólo en enero pasado, se registraron 10,193 delitos en total, nivel superior en 714 a los cometidos en el mismo mes de 2017, mientras que los homicidios dolosos sumaron 172, prácticamente el doble en dicho periodo.5

En general, desde el inicio de la presente gestión estatal, se observa un aumento sostenido de la inseguridad, por lo que con los asesinatos y otros delitos cometidos recientemente en diversos municipios, es previsible continúe aumentando los índices delictivos al cierre del año. 

Estas cifras son preocupantes a la luz de lo planteado por el Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato, que establece como una de sus seis estrategias transversales el Impulso al Estado de Derecho, cuyo objetivo es garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los derechos humanos y de certeza jurídica. 6

De aquí surge otro asunto nodal, el vinculado con la transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, cabe recordar que el mismo Programa planteó la estrategia transversal de Buen Gobierno, por medio de la cual se expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.

Se planteó el proyecto Gobierno honesto y transparente, a fin de asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad.

Es evidente que gobierno estatal se ha mostrado omiso en garantizar estos derechos fundamentales de los guanajuatenses, pese a los diversos exhortos realizados por el Senado de la República para fortalecer la estrategia de combate a la inseguridad en el territorio estatal.

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y en general los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura.7

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en su Plan Estratégico 2014-2020, establece en su Eje 3, “Fortalecimiento a la Transparencia y Rendición de Cuentas”, su Objetivo General 3.1., donde se contiene: transparentar a la ciudadanía, con estricto apego a la norma, la función de fiscalización y sus resultados tangibles.8

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los resultados e impacto del Programa Escudo, instrumentado durante la actual administración con el objetivo de inhibir la ejecución de delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, continúen efectuando un seguimiento permanente sobre el uso de los recursos destinados al Programa Escudo e informar con oportunidad sobre los resultados.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/escudo-sin-resultados-en-guanajuato-por-falta-de-inteligencia-ip.html

2 http://noticias.guanajuato.gob.mx/2014/04/pone-en-marcha-el-gobernador-miguel-marquez-marquez-el-
programa-de-seguridad-escudo/

3 https://www.am.com.mx/2018/02/16/local/exigen-destapar-programa-escudo--435248

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102017.pdf

5 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf

6 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

7 http://www.aseg.gob.mx/

8 http://www.ofsgto.gob.mx/ins/contenido/001/010.pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la unidad habitacional “Los Girasoles”, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El año 2017 será recordado como uno de marcados contrastes entre la tragedia que implicaron los sismos del 7 y 19 de septiembre; y la solidaridad de la sociedad mexicana y el compromiso de las autoridades de los tres niveles gobierno ante la compleja situación que enfrentaron las personas afectadas.

El sismo del 7 de septiembre con más de 100 decesos y el del 19 con casi 400 víctimas, son considerados respectivamente como el cuarto y el primer desastre más mortífero del siglo en México.1 Además de los decesos, el saldo fueron miles de escuelas con daños totales o parciales; y miles de familias que quedaron sin hogar, rubros que han sido atendidos por el gobierno federal y el de las entidades.

En el caso de la Ciudad de México, en coordinación con el Gobierno Federal, el gobierno de la entidad estableció la creación de un programa destinado a brindar apoyo a las personas cuyas viviendas fueron afectadas durante los sismos del mes de septiembre de 2017, el cual está dirigido a personas cuyas casas quedaron en condiciones de inhabitabilidad o bien, sufrieron daños estructurales. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el gobierno de la Ciudad de México, diseñó y aprobó un programa para la emisión de un bono cero emitido por BANOBRAS para las viviendas afectadas en colonias como la Del Valle, la Roma, al no encontrarse dentro de la regla del FONDEN; por el tamaño, por la inversión, por los valores. Al mes de enero de 2018, conjuntamente con Sociedad Hipotecaria Federal, se ha determinado una serie de potencial de 4 mil 864 departamentos.2

Las acciones en comento, son sólo algunos ejemplos de los esfuerzos que se han impulsado por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. Los mismos, además de mostrar lo complejo y gradual que será la total reconstrucción, vislumbran la obligación de garantizar las condiciones propicias para que las familias afectadas regresen a la cotidianidad lo antes posible.

En contravención a ello, en días recientes se dio a conocer que presuntos sindicatos han extorsionado a damnificados de la Unidad Los Girasoles, en Coyoacán. Señalan que vecinos de la Unidad en comento denuncian que un grupo de hombres que formaban parte del supuesto sindicato, les habían exigido el pago de 90 mil pesos para permitirles seguir con la reconstrucción de sus edificios.3   

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que con base a información vertida en diversos medios de comunicación y testimonio de los propios afectado, desde enero del año en curso, las 256 familias que viven en el conjunto habitacional, iniciaron su proyecto para reforzar las columnas y los muros de carga de sus departamentos y la planta baja.

Después de haber consultado a ingenieros y luego de semanas de planeación en diversas reuniones, llegaron a la determinación de que seis de los siete edificios que forman parte de la Unidad Habitacional Girasoles comenzarían sus obras. Derivado de ello, alrededor de 200 obreros iniciaron a trabajar en amplios horarios para avanzar más rápido y prevenir que otros sismos pudieran debilitar la estructura de los edificios.

Aunado a lo anterior, vecinos de la Unidad refieren que ellos mismos se han organizado para vigilar los avances de las obras, sin embargo, denuncian que el pasado 5 de marzo, el grupo de hombres que integran el presunto Sindica Nacional de Trabajadores de la Construcción arribaron al lugar con gritos de: “¡Paren la obra!”, para después decir a los vecinos que tenían que darle 15 mil pesos por cada edificio dañado (90 mil pesos en total) para que les permitieran seguir trabajando  

Por si esto no fuera suficiente, los presuntos extorsionadores también les solicitaron que colocaran pancartas en las rejas de cada torre habitacional para indicar que las obras tienen relación con el supuesto sindicato e insistieron en que regresarían para continuar con las negociaciones y recibir el pago que ellos consideran corresponde, situación que claramente se encuentra al margen de la Ley y que sólo busca obtener lucros a partir de la compleja situación en la que se encuentran las familias damnificadas.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que se conocen extorsiones de este tipo en la entidad. Basta mencionar que en octubre de 2017, comerciantes son de las colonias Doctores y Buenos Aires de la Ciudad de México, protestaron por extorsiones del grupo denominado “La Unión de Tepito”, manifestación en la que acusaron que a los propietarios de decenas de establecimientos les pedían de a 20 mil a 50 mil pesos, además de que cada semana tenían que dar 500 o mil pesos.4

Ante el panorama expresado, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos de la máxima importancia que las instancias de seguridad pública de la capital del país, lleven a cabo las acciones conducentes y suficientes para que los vecinos de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, y en general todas las familias afectadas por los sismos de septiembre de 2017, tengan certeza jurídica y no continúen siendo víctimas de conductas delictivas.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos sindicatos a damnificados de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes.  

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales, por medio de las instancias de seguridad pública de la entidad, instrumente estrategias en materia de prevención y combate de ilícitos en contra de las familias damnificadas de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 https://www.animalpolitico.com/2017/11/sismos-septiembre-desastres-letales-siglo/

2 https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensajes-de-la-titular-de-la-sedatu-rosario-robles-en-
la-conferencia-de-prensa-sobre-las-acciones-tras-los-sismos-de-septiembre-de-2017?idiom=es

3 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/presunto-sindicato-extorsiona-damnificados-por-construccion

4 http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/protestan-comerciantes-por-extorsiones-de-la-union-de-tepito-73






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de la entidad a establecer las medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales para garantizar un proceso electoral con observancia con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 1º de julio se celebrará la jornada electoral más grande y compleja de la historia del país. De manera particular, el Instituto Electoral de Quintana Rooo, menciona que a través del proceso electoral que se encuentra en curso, se renovaran 11 ayuntamientos.1

Ante este contexto, el propósito fundamental del presente punto de acuerdo es que el Congreso del Estado de Quintana Roo y el Instituto Electoral de la entidad, de forma coordinada fortalezcan las acciones encaminadas a prevenir la utilización de programas sociales estatales con fines electorales, a fin de garantizar la equidad, transparencia y legalidad en los procesos a efectuarse en la entidad. 

Resulta fundamental que las elecciones a celebrarse proximamente cumplan con los principios de transparencia, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

En este sentido, diversos medios periodísticos, mencionan que el pasado 21 de febrero, el gobernador del estado de Quintana Roo, puso en marcha el “Programa de Apoyo al Empleo 2018”, con el objeto de apoyar a dos mil personas con 100 cursos y 7.8 millones de pesos en becas para fortalecer su capacitación en las empresas y obtener un empleo.2

Asimismo, el gobierno de la entidad ha otorgado recursos al programa “Concurrencia 2017” por 31 millones 500 mil pesos, de los cuales 26 millones 250 mil pesos son aportación federal, para atender a 477 solicitudes de productores de todo el estado, en materia agrícola,  ganadera y de pesca.3

En enero del año en curso, el gobernador de la entidad estableció un esquema de apoyo a los contribuyentes que permitirá enfrentar el inicio de año, consistente en descuentos a los contribuyentes, mismos que serán absorbidos por la administración pública y alcanzarán un monto de 440 millones de pesos.

Se trata de subsidios que van del 50 por ciento en los pagos que deberán efectuar este año los contribuyentes por concepto de emplacamiento vehicular, tarjeta de circulación, licencias de conducir, adeudos en tenencia, Registro Civil y Registro Público de la Propiedad.

Reconociendo la importancia de dichas acciones, es inprescindible evitar que éstas sean destinadas a usos distintos, como es la eventual compra o coacción de votos para las próxima jornada electoral, porque lo que resulta urgente implementar estrategias oportunas e integrales con el objeto de prevenir posibles irregularidades que deriven en el mal uso de programas sociales del estado.

Reiteramos, es necesario prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales del país.

Nuestra Ley Fundamental, en su artículo 134, establece a la letra que: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.4

Por su parte, el párrafo séptimo del mismo artículo menciona que: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Por otro lado, la Ley Electoral de Quintana Roo establece en su artículo 19 a la letra que: “Se consideran actos de presión, ejercer apremio, coacción, amagos, amenazas e intimidación que limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos político electorales.

La actuación de los poderes públicos en todo momento será imparcial, por lo que sus servidores no intervendrán directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier partido político, coalición, candidato o precandidato”.5

La obligación de realizar un buen uso de los recursos públicos y programas sociales contribuye a la apertura de canales de comunicación entre Estado y sociedad, permitiendo a la ciudadanía participar de manera eficiente en los asuntos públicos para realizar una revisión del ejercicio gubernamental.

En tal virtud, resulta apremiante que el Congreso del estado de Quintana Roo y el Instituto Electoral de la entidad, instrumenten acciones oportunas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales, a fin de garantizar un proceso electoral, con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan las medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines electorales para garantizar un proceso electoral con observancia con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017

2 https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Quintana-Roo-pone-en-marcha-Programa-
de-Apoyo-al-Empleo-2018-20180221-0003.html

3 http://quintanaroohoy.com/2017/11/29/programa-concurrencia-y-estatales/

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

5 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/electoral/ley092/L1420151209-F.E..pdf






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de recursos federales que presumiblemente representaron un daño a la hacienda pública por más de 62 millones de pesos. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Delegación Cuauhtémoc, es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que presenta mayores problemáticas de movilidad, delincuencia, comercio informal, basureros clandestinos, invasión de predios, solo por mencionar algunos de los asuntos más apremiantes para la sociedad.

La complejidad y magnitud de estos asuntos exigen un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos por parte del gobierno delegacional para dar respuesta oportuna a las millones de personas que habitan y transitan diariamente por esta delegación.

No obstante, el gobierno delegacional no fue capaz de aprovechar los recursos federales que le fueron asignados, prueba de ello, es que de acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09015-02-0742 742-DS-GF, incurrió en un subejercicio de más de 62 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

Los recursos de este Fondo tienen como finalidad la generación de infraestructura, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Esto quiere decir que el gobierno delegacional de Cuauhtémoc no tuvo la capacidad para ejercer en tiempo y forma los recursos que habrían contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y ciudadanos que diariamente transitan por dicha demarcación. Además, de no reintegrarse los recursos a la Tesorería podría constituir un daño al erario público por más de 62 millones de pesos.

Estas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, no son un hecho aislado ya que la administración que hasta hace unos meses encabezó Ricardo Monreal lejos de distinguirse por una administración eficaz y transparente destacó por estar envuelta en diversos escándalos de corrupción.

En septiembre de 2016, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, fue detenido en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia lícita, por lo que se inició la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/01716/09-2016 en la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.1

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó en diciembre de 2016, diversas omisiones, que han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de Inmuebles Declarados Monumentos con valor Artístico. Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de los inmuebles demolidos se inició la construcción de edificios departamentales.2

A través de una investigación se documentaron diversas irregularidades relacionadas con la asignación de obra pública y la realización de trabajos de mala calidad, que podrían constituir un daño al erario público, por un monto de 266 millones de pesos por la asignación de contratos otorgados entre el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.3

Entre las principales irregularidades identificadas por la investigación, destacan los siguientes aspectos:

Se presumen distintas acciones para favorecer a 4 contratistas zacatecanos, algunos de ellos con presuntos vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional, quienes antes de que Ricardo Monreal asumiera el cargo como Jefe Delegacional, no habían obtenido la asignación de obras en la Ciudad de México.

Los presuntos amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis contratos por 20 millones de pesos entre el 22 y 24 de diciembre de 2015.

Los 4 contratos que dichas empresas obtuvieron mediante licitación pública nacional, les fueron asignados a pesar de no ser la propuesta más económica. Monto 4 veces mayor a los contratos obtenidos en los trabajos realizados en Zacatecas.

La empresa Ekbejo recibió dos contratos por un monto de 83 millones, para construir nuevas banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. No obstante, en dichas obras no se utilizaron los materiales adecuados, además, la obras no cumplen con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México.

Por otra parte, previo al proceso electoral de 2016, diversos medios de comunicación señalaron el presunto uso de recursos económicos y materiales de la delegación Cuauhtémoc para apoyar la candidatura de su hermano David Moreral a la gubernatura de Zacatecas.4 Asimismo durante la elección para renovar la gubernatura del Estado de México se presentaron diversas denuncias por un presunto desvío de recurso de la delegación Cuauhtémoc para financiar la campaña de Delfina Gómez, candidata deMORENA.5

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que el ejercicio de los recurso públicos debe realizarse bajo los principios de transparencia y eficiencia. Asimismo, consideramos que durante el presente proceso electoral, se debe prevenir el desvío de recursos de la delegación Cuauhtémoc a financiar las actividades partidistas de MORENA.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que informe a esta soberanía sobre los avances en la solventación de las Observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de recursos federales que presumiblemente representaron un daño a la Hacienda Pública por más de 62 millones de pesos y, en su caso, las acciones administrativas y penales que estén en proceso.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que instrumente las medidas precautorias para evitar que los recursos de la delegación Cuauhtémoc sean utilizados para financiar las actividades partidistas de MORENA.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente.

1 Los 600 mil son donaciones a fundación: colaborador de Monreal detenido. Proceso,
<http://www.proceso.com.mx/455340/los-600-mil-pesos-son-donaciones-a-fundacion-
colaborador-de-monreal-detenido> Consultado el 16 de marzo de 2018.

2 El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
< https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> Consultado el 16 de marzo de 2018.

3 Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
< https://contralacorrupcion.mx/noticias/empresasmonreal/> Consultado el 16 de marzo de 2018

4 Funciones Dirección General Jurídica y de Gobierno
<http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=juridico> Consultado el 19 de ju7nio de 2016.
Acusan a Monreal de desvío de recursos,  El Norte, 23 de mayo de 2016,
<http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=851187&
urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=851187> Consultado el 16 de marzo de 2018.

5 “PRD denuncia a Monreal por presunto desvío de recursos” Milenio,
< http://www.milenio.com/df/prd-cdmx-denuncia-ricardo_monreal-desvio-recursos-eleccion-
edomex-milenio_0_976102624.html> Consultado el 16 de marzo de 2018.






De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se solicita a las instituciones federales competentes la aplicación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres durante el presente proceso electoral de 2018 en todo el país. Se turna a la Comisión Para la Igualdad de Género.

La que suscribe, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS INSTITUCIONES FEDERALES COMPETENTES LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES DURANTE EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL DE 2018 EN TODO EL PAÍS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Los fenómenos sociales contemporáneos han sido objeto de estudio de muchas instituciones públicas, privadas y académicas para buscar entender los factores y dinámicas que los provocan y construir cursos de acción que intenten remediar aquellos, que se han constituido en problemas públicos y afectan el bienestar de grupos de población.

Dentro de ellos, un fenómeno social que ha cobrado mucha visibilidad y también mucha acción pública para atenderlo es el relativo a la desigualdad entre los géneros y dentro de ella, al fenómeno de la violencia cuya motivación es la única razón de pertenecer a un género, especialmente, la violencia contra las mujeres.

Las Naciones Unidas definen el fenómeno de la violencia contra la mujer diciendo que es «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».

Se trata de un concepto integrador e integral que dimensiona las afectaciones a las distintas esferas, personales y sociales que implican el bienestar integral de las mujeres.

Las causas de la violencia contra las mujeres según las investigaciones sociales realizadas sobre el tema, se encuentran precisamente en la discriminación derivada del género, en la permanencia de ciertas normas sociales y la replicación de estereotipos de género que perpetúan dicha violencia.

En el mundo, la violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas:

• Violencia de pareja, incluido maltrato físico, sexual y emocional

• Violencia sexual, incluida la asociada a conflictos

• Tráfico

• Asesinatos por honor

• Mutilación genital femenina

• Matrimonios  forzados y precoces

De acuerdo con datos también de la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer es un fenómeno presente en todo el mundo, en todos los países, pero la prevalencia varía de un país a otro.

Estudios realizados en diferentes países demuestran que el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y 71%, variación que indica que la violencia contra la mujer es un problema prevenible, atacando los factores estructurales que la motivan y acentúan en el tiempo. Una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual infligida por la pareja en algún momento de su vida.

La violencia de género tiene efectos devastadores en las personas y las familias, por ello, los esfuerzos se han concentrado principalmente en la atención a las víctimas de ella. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestarla es prevenirla tratando sus orígenes, iniciando en las primeras etapas de la vida, educando en niños y niñas la promoción de relaciones de respeto e igualdad de género.

Complementariamente el trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, según instancias internacionales, ya que en esta etapa de la vida se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género.

Para el caso de México, se trata de un fenómeno arraigado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, el 66.1% de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, física, laboral y emocional. Del total de mujeres que experimentan violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, sólo el 9.4% presenta una queja o denuncia ante alguna autoridad.

El 2.2% sólo solicitó apoyo a alguna institución; mientras que el 88.4% no solicitó apoyo ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Es decir, la “cifra negra” es muy alta, por lo que las agresiones de género quedan impunes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la cual mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional:

• 49% de las mujeres sufrió violencia emocional

• 41.3% ha sido víctima de agresiones sexuales

• 29% violencia económica, patrimonial o discriminación

• 34%, manifestó haber experimentado agresiones físicas a lo largo de su vida, en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.

• La extensión de la violencia en el país va desde 52.4% en Chiapas hasta 79.8% en la Ciudad de México.

Las entidades que presentan los niveles más altos de violencia son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Por el contrario, las que tienen la prevalencia más baja son San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

En el contexto, los ámbitos de la violencia van desde el escolar el familiar, el laboral y el comunitario.

Entre ellos, resulta importante el dato sobre el ámbito laboral en el que 27 de cada 100 mujeres ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. El tipo de violencia más frecuente es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación.

“El 10.3% de las mujeres señala que, en los últimos 12 meses, tuvieron menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo y un 9.2% menor salario que un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto que ellas. En el trabajo los principales agresores al género femenino son los compañeros de trabajo y el patrón. La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6% y las entidades con las cifras más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo”.

Ahora bien, el tema central del presente punto de acuerdo tiene que ver con un tipo de violencia que cada vez cobra mayor visibilidad, en tanto mayor ha sido la participación de las mujeres en los aspectos de la vida pública, nos referimos a la violencia de política de género.

Si bien es cierto, las modificaciones a las diversas normas para propiciar mejores condiciones de equidad entre géneros desde distintos contextos de la vida cotidiana, han generado un avance, también lo es que siguen persistiendo conductas que limitan la participación exitosa de las mujeres en al ámbito político.

Así desde el reconocimiento al derecho femenino al voto, hasta las mar recientes reformas para las cuotas de género en las candidaturas de los partidos, hay resultados favorables en rubros, por ejemplo, del incremento de diputadas federales, que pasó de 142 curules o sea el 28% en el año 2009 a 184 espacios o el 37% en 2014. Lo  mismo ocurrió en el caso de los escaños en el Senado de la República, pasando de 30 o el 24% a 42 o el 33% en el mismo periodo.

Tal como lo establece Daniela Cerva, en su texto “Participación política y violencia de género en México”, “la masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo”.

Pero según nos comparte esta autora, si bien este enfoque de las reforma promueve la igualdad política entre géneros, en el fondo tiene una motivación que enfatiza la necesidad de potenciar las capacidades y el liderazgo de las mujeres, atribuyendo esa  caracterización como un problema intrínseco a las mujeres que les impone la obligación de desarrollar estrategias y acciones para conseguir cambios que las lleve a incrementar su participación en cargos de representación popular.

De ahí que exista una paradoja en relación a que los cambios legislativos para que las mujeres ocupen un mayor número de puestos de elección popular, ya que en ciertos casos, han resultado en una mayor discriminación y violencia hacia las mujeres que buscan incursionar en la política, derivado de la acción dentro de los partidos políticos y sus miembros contra acciones afirmativas de género.

Es en este contexto en el que surge con cada vez mayor fuerza el fenómeno de la violencia política de género, como algo más reciente, con la incursión de las mujeres en la vida pública.

Nos vuelve a decir Daniela Cerva, “los orígenes de la violencia política de género se encuentran en la desigual relación de poder que existe entre hombres y mujeres, en el entendido que históricamente el espacio público-político ha sido escenario privilegiado del género masculino. Las instituciones y organizaciones creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la presencia exclusiva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas, también son un reflejo de la primacía de un solo género. Al querer ingresar a la política, las mujeres no sólo se encuentran en desventaja: su sola presencia transgrede un orden que naturaliza su exclusión”.

Es decir, la violencia que se ejerce contra las mujeres de forma continuada en los diversos matices de sus vidas, se reproduce ahora en el espacio de búsqueda por participar en la búsqueda de un cargo de elección popular y al interior de los propios partidos políticos, incluso como formas de menosprecio entre pares.

Dice Cerva, “… la violencia política en razón de género ejercida contra las mujeres que tienen un interés político en participar en una organización partidaria con miras a ocupar un cargo de elección popular, afecta directamente las posibilidades que tienen de desarrollar un liderazgo político y es un obstáculo que difícilmente se identifica y se nombra como tal”.

En tanto es un fenómeno reciente, las modificaciones legales para prevenirla, erradicarla o castigarla no están presentes en todos los países, ni siquiera existe en muchos sistemas legales electorales una definición legal de ella.

En México, el Protocolo para la Atender la Violencia Política contra las Mujeres señala que “… la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla”.

El mismo documento señala que en Latinoamérica, hasta el momento, únicamente Bolivia cuenta con una ley específica en la materia, mientras que en Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se han presentado iniciativas. Por lo que se refiere a los estados de la República Mexicana, las leyes contra la violencia contra las mujeres de Campeche y Jalisco cuentan con una definición de la violencia política. Por su parte, el estado de Oaxaca, además de incluirla en su ley de violencia, aprobó tipificarla.

Dicho protocolo, se realizó a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a  Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), y busca orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia.

Los objetivos de este instrumento son según señala el mismo:

1. Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres;

2. Evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas;

3. Generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres, y

4. Servir de guía, a partir de un enfoque general, para atender la violencia política con elementos de género en todas sus vertientes, a nivel federal, estatal y municipal.

No obstante, se trata de un fenómeno altamente reincidente en el escenario político nacional, ya que de acuerdo con Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de 2012 a 2017, se abrieron 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos de violencia política contra la mujer.

Se refiere a la indagación de conductas ilícitas en el ámbito electoral, según la FEPADE, la violencia política contra las mujeres puede ser efectuada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y sus integrantes o por cualquier persona o grupo de personas. Entre estas conductas pueden estar: obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, impedir la instalación o clausura una casilla o realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado, ejercer presión en ejercicio de funciones sobre el electorado, obstaculizar el desarrollo normal de la votación o ejercer violencia sobre funcionarios electorales.

Ahora bien, en un esfuerzo por avanzar en las reformas legales para erradicar la violencia política de género, el 15 de diciembre del año pasado, después de que el Senado enviara la minuta correspondiente el 9 de marzo de 2017,  el Pleno de la Cámara de Diputados regresó al Senado de la República una minuta que contiene la propuesta de ajustes a leyes para combatir la violencia política de género, entre ellas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir y estipular las conductas consideradas como violencia política por razón de género; se incluye al Instituto Nacional Electoral como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos para imponer a todos los partidos políticos la obligación de garantizar a las mujeres militantes sus derechos político-electorales; del mismo modo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales para especificar que cualquier acto de violencia política contra las mujeres debe ser considerado como un agravante de delito electoral.

En este sentido, toda vez que el artículo 105 de la Constitución de la República, en su fracción II, señala que las leyes en materia electoral deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral y durante el mismo, no podrán hacerse modificaciones legales fundamentales, dichas reformas, en caso de ser aprobadas por el Senado, no podrían ser aplicadas en el presente proceso electoral.

De ahí que este punto de acuerdo busca hacer un llamado a las diversas instituciones que intervienen en la atención de los casos de violencia política de género durante los procesos electorales con el marco legal actual, ya que ante la falta de leyes que ataquen cabalmente este problema en todo el país, el instrumento más acabado hasta ahora resultaría ser el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres de 2016  y que marca a ocho instituciones como las que tienen obligación legal de atender y actuar para castigar la violencia política de género, a saber:

1. Fiscalía Especializada para la Atención  de Delitos Electorales

2. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia  Contra las Mujeres y Trata de Personas

3. Instituto Nacional Electoral

4. Subsecretaría de Derechos Humanos  de la Secretaría de Gobernación

5. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

6. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar  la Violencia Contra las Mujeres

7. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

8. Instituto Nacional de las Mujeres

A razón de lo anterior, todos debemos seguir alzando la voz para el proceso electoral en curso, se lleve a cabo con total respeto a los derechos político-electorales de quienes participan, sin distingo de género o condición, pero sobre todo, para que las mujeres que han decidido contender como candidatas puedan hacer proselitismo una vez que arranquen las campañas políticas con total libertad, respeto y equidad en la contienda respecto de los varones.

No es posible que existan mujeres que sufran de acoso, daño a su dignidad o integridad por participar como candidatas en algún lugar del país, por ello, esta labor es responsabilidad de todos, instituciones gubernamentales, partidos políticos, candidatos y ciudadanos en general.

Acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Senadores, a efecto de que apoyemos el presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta a las instituciones federales competentes: Fiscalía Especializada para la Atención  de Delitos Electorales; Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia  Contra las Mujeres y Trata de Personas; Instituto Nacional Electoral; Subsecretaría de Derechos Humanos  de la Secretaría de Gobernación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar  la Violencia Contra las Mujeres; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; e Instituto Nacional de las Mujeres; la aplicación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres durante el presente proceso electoral de 2018 en todo el país, a fin de castigar cualquier manifestación de violencia política contra las mujeres.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Carmen Dorantes Martínez.

Fuentes:
Cerva Cerna, Daniela. Participación política y violencia de género en México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Volume 59, Issue 222, September–December 2014, Pages 117-139, disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191814702120
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. INEGI. www.inegi.gob.mx
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carlota Armero núm. 5000, colonia CTM Culhuacán, CP 04480, delegación Coyoacán, Ciudad de México. Primera edición 2016.
Violencia contra la mujer. OMS. Disponible en http://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
Violencia contra la mujer. Respuesta del sector de la salud. OMS. Disponible en:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/NMH_VIP_PVL_13_1/es/






Hago ahora del conocimiento de la Asamblea que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Agua”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Agua”
22 de marzo

 “Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua”
Leonardo da Vinci.

Pareciera increíble que en un mundo cubierto en dos terceras partes por agua, el acceso a ella pudiera concebirse como una dificultad con consecuencias en la salud y la pobreza de más de mil quinientos millones de personas.

Sin embargo, es una realidad, pues el agua apta para el consumo humano es una parte muy pequeña y su escasez no sólo se debe a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino al despilfarro y a la contaminación, aunado al incremento de la población.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible, esto porque los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

En ese tenor, destaca que el agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.

Esa situación es preocupante y los expertos consideran el acceso a este vital líquido, además del cambio climático, como uno de los desafíos más importantes que la humanidad debe afrontar en este siglo.

Por ello, a fin de destacar la función esencial del agua y su imprescindible necesidad para propiciar mejores condiciones para la población mundial, sobre todo de aquella que sufre las consecuencias relacionadas con su falta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de 1992, en Río de Janeiro, recomendó la creación de un día internacional dedicado al agua. La Asamblea General de Naciones Unidas respondió a dicha recomendación, designando el día 22 de marzo de 1993, como el primer “Día Mundial del Agua”, el cual, desde entonces se conmemora.

Es un día para reflexionar y debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro, de cómo debemos cuidarlos y conservarlos, evitar su despilfarro, contaminación y desperdicio, como acciones bajo las cuales se habrá de basar la supervivencia humana.

Por ello, en el marco de la conmemoración, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad de su uso racional, de su saneamiento, evitar su desperdicio y contaminación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Síndrome de Down”
21 de marzo

El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es una anomalía donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un niño, tanto mental como físicamente.

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares.

Uno de estos pares determina el sexo del individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente.

Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente; por ello, de ahí el nombre de trisomía 21.

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down.

Con esta conmemoración, se pretende aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Al nacer, los niños con síndrome de Down suelen tener una estatura promedio, pero tienden a crecer a un ritmo más lento y acaban siendo más bajos que los demás niños de su edad.

En los lactantes, su escaso tono muscular puede contribuir a que tengan problemas de succión y alimentación, así como estreñimiento y otros trastornos digestivos.

Los niños pueden presentar retrasos en la adquisición del habla y de las habilidades básicas para cuidar de sí mismos, como comer, vestirse y aprender a usar el baño.

A pesar de que no se sabe con seguridad por qué ocurre el síndrome de Down y no hay ninguna forma de prevenir el error cromosómico que lo provoca, los científicos saben que las mujeres mayores de 35 años tienen un riesgo significativamente superior de tener un niño que presente esta anomalía.

Es importante que fomentemos la inclusión para que las personas que viven con Síndrome de Down, o con cualquier tipo de discapacidad tengan acceso a buenas y mejores oportunidades tanto laborales como educativas, y que puedan convivir en sociedad sin que se expongan a ser discriminados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






De la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”

El síndrome de Down es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales; y constituye una de las causas más comunes de anomalías congénitas a nivel mundial.

En la mayoría de los casos, ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21, por ello se denomina trisomía 21. Dependiendo de la gravedad del trastorno, este cromosoma extra, puede causar que las personas con esta condición presenten desarrollo físico lento, retraso del desarrollo mental y social, anomalías del corazón, leucemia y otras afecciones.

A nivel mundial, la incidencia del síndrome de Down se sitúa entre 1 de cada 1,000 y 1 de cada 1,100 recién nacidos. Estas personas suelen presentar más problemas oculares que quienes no tienen esta alteración genética. Además, del 60% al 80% tienen un déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna enfermedad cardíaca congénita.1

En México no se tienen cifras precisas con respecto a la población con síndrome de Down. Sin embargo, se calcula que la prevalencia de la discapacidad para 2014 es de 6% de la población, es decir aproximadamente 7.1 millones de personas (3.8 millones de mujeres y 3.3 millones de hombres).

Dentro de las causas de la discapacidad, los trastornos del nacimiento, que incluyen el síndrome de Down, representan el 10.7%, cifra que representa aproximadamente 760 mil recién nacidos.2

Una investigación realizada por doctores del Hospital General Dr. Manuel Gea González detectó 3,076 casos con síndrome de Down de los 8,250,375 nacimientos ocurridos durante el periodo 2008-2011, es decir aproximadamente el 0.04%.3

Aunque no existe cura, ni tratamiento específico para el síndrome de Down, es necesaria la intervención médica y psicológica para detectar y tratar oportunamente los problemas asociados a este trastorno.

En diciembre de 2011, con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo de cada año como Día Mundial del Síndrome de Down.4

En 2018, para difundir el Día Mundial del Síndrome de Down, se utilizará el hashtag #LoQueBrindoAMiComunidad (#WhatIBringToMyCommunity), para enfocarse en cómo las personas con síndrome de Down hacen contribuciones significativas en la vida diaria, ya sea en escuelas, lugares de trabajo, en la comunidad, en la vida pública y política, en la cultura, los medios sociales, la recreación, el tiempo libre y los deportes.5

El gobierno mexicano también ha sido sensible a este tema, por lo que durante la administración actual, se han implementado diversos programas y acciones en favor de las personas con discapacidad, entre los que destacan el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 y el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018.

En este tenor, en Senado de la República se ha logrado exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar mecanismos que permitan facilitar la participación de las personas con síndrome de Down en la toma de decisiones relativas a las políticas nacionales y estatales de salud que les afectan directamente.6

Los legisladores del Partido Verde estamos conscientes de que las personas con síndrome de Down tienen limitaciones físicas y mentales; sin embargo también estamos seguros de que pueden llevar vidas independientes y productivas, por lo que resulta necesario promover un ambiente de inclusión y respeto, para lograr su pleno desarrollo.

Aún falta mucho por hacer, por lo que en esta conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, nos comprometemos a seguir trabajando para fomentar un mundo más justo, donde todas las personas sean valoradas y tengan igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Matha Vianey Luque Inzunza.

1 Naciones Unidas (s.f.). Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo. Antecedentes. Recuperado en marzo de 2017, de: http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/background.shtml

2 INEGI. (2016). La discapacidad en México, datos al 2014. Recuperado en marzo de 2017, de:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/702825090203.pdf

3 MC Sierra Romero, E Navarrete Hernández, S Canún Serrano, AE Reyes Pablo y J Valdés Hernández. (2014) Prevalencia del síndrome de Down en México utilizando los certificados de nacimiento vivo y de muerte fetal durante el periodo 2008-2011. Bol Med Hosp Infant Mex. 2014;71(5):292-297. Recuperado en marzo de 2017, de:
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v71n5/v71n5a6.pdf

4 Naciones Unidas (s.f.). Día Mundial del Síndrome de Down, 21 de marzo. Recuperado en marzo de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/

5 United Nations. (s.f.) World Down Syndrome Day. 21 March. Recuperado en marzo de 2017, de:
http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/index.shtml

6 Proposición con punto de acuerdo eelativo al Día Mundial del Síndrome de Down. Presentado el 23 de marzo de 2017. Suscrita por las senadoras María Elena Barrera Tapia (PVEM), Lilia Merodio Reza (PRI), Hilda Flores Escalera (PRI), Diva Gastélum Bajo (PRI), Cristina Díaz Salazar (PRI), Itzel Ríos de la Mora (PRI) y Anabel Acosta Islas (PRI). Aprobado el 25 de abril de 2017.






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de los Bosques”.

EFEMÉRIDE

Conmemoración del “Día Internacional de los Bosques”

El Día 21 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de los Bosques para concientizar sobre la importancia que tienen los árboles para hacer de nuestras ciudades lugares más verdes, saludables y felices para vivir.1

Los bosques y los árboles proveen bienes y servicios ambientales a las personas que viven y trabajan en las ciudades, tales como:2

• Fungen como almacenes de carbono, lo que ayudan a mitigar las repercusiones del cambio climático en las zonas urbanas y sus alrededores;

• Los árboles mejoran el clima local y ayudan a ahorrar entre un 20% y un 50% de la energía utilizada para calefacción;

• La colocación estratégica de árboles en las zonas urbanas puede permitir enfriar el aire hasta 8º C, reduciendo así en un 30% las necesidades de aire acondicionado;

• Las zonas verdes urbanas, incluidos los bosques, posibilitan estilos de vida activos y saludables, contribuyen a mejorar la salud mental y prevenir las enfermedades y brindan a las personas un lugar para socializar;

• Los árboles reducen la contaminación acústica, ya que proporcionan una barrera que protege a los hogares de las carreteras y zonas industriales cercanas;

• Gracias a las frutas, los frutos de cáscara, las hojas y los insectos que se encuentran en los árboles urbanos, las poblaciones locales pueden producir alimentos y medicinas para su uso doméstico o para la venta.

• Los bosques en las zonas urbanas ayudan a filtrar y regular el agua y contribuyen así el suministro de agua dulce de calidad a cientos de millones de personas.

En el Día Internacional de los Bosques hacemos conciencia de que el cambio climático y las presiones por el cambio de uso de suelo para la urbanización constituyen focos rojos para la conservación de los ecosistemas forestales hoy en día.

Asimismo, refrendo mi convicción de impulsar y apoyar iniciativas legislativas que buscan proteger los bosques en zonas urbanas como un recurso esencial para la vida.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 http://www.fao.org/international-day-of-forests/

2 http://www.fao.org/international-day-of-forests/key-messageses/es/






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”

Señoras y Señores Senadores, excelente tarde.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, mismo que se comienza a conmemorar  desde 2012.

En dicho documento, se afirma que es importante garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con este tipo de discapacidad.

Dichos objetivos son importantes para alcanzar los convenidos asentados internacionalmente. Adicional a ello, se concibe al Síndrome de Down como una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana y que existe en todas las regiones del mundo, teniendo efectos variables en los estilos de aprendizaje, características físicas y de salud.1

Asimismo, se define a esta discapacidad como aquella “…que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación…las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).

Se calcula que más de mil millones de personas -es decir, un 15% de la población mundial- están aquejadas por la discapacidad en alguna forma.2

Cabe mencionar, que hay un posicionamiento en el que el síndrome de Down no se considera una enfermedad, aunque haya un reconocimiento de que dicha discapacidad es intelectual.3

Según la ONU, el número de personas con síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. Suelen presentar más problemas oculares que quienes no tienen esta alteración genética.

Además, del 60% al 80% tienen un déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna enfermedad cardíaca congénita; por otra parte, los niños con síndrome de Down presentan generalmente anomalías intestinales y padecen enfermedades cardíacas graves y retraso en su desarrollo.4

En nuestro país, aproximadamente uno de cada 650 nacimientos nace con esta discapacidad, y su expectativa de vida es de 50 años, cuando a principios de 1900 la expectativa era de 10 años,5 sin embargo, se ha buscado reconocerles su dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones que pueden hacer a nuestra sociedad, así como su autonomía e independencia individual y su libertad para  tomar sus propias decisiones.

Para estos esfuerzos, se ha invitado a las entidades federativas, a las organizaciones civiles y, en general, a todos los ciudadanos, para que  en conjunto se trabaje a favor de las personas que sufren esta discapacidad genética.

Por su atención muchas gracias. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 Información disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/149, consultada el 20 de marzo de 2018.

2 Información disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/, consultado el 20 de marzo de 2018, donde en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define a la discapacidad de esa forma.

3 Información que se puede encontrar en la página electrónica
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-del-sindrome-de-down-100498?idiom=es, consultada el 20 de marzo de 2018.

4 Información disponible en
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/background.shtml, consultada el 20 de marzo de 2018.

5 Información disponible en
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-del-sindrome-de-down-100498?idiom=es, consultada el 20 de marzo de 2018.






De la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza, del grupo parlamentario del PVEM, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”

La discriminación puede presentarse cuando existe una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción; así mismo es entendida como el trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.1

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas proclamó desde 1966 que el 21 de marzo la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial; e instó a los Estados Parte a robustecer las acciones para erradicar todas las formas de discriminación racial, al igual que promover la tolerancia, la inclusión, la unidad y el respeto a la diversidad.2

Desde esa fecha a la actualidad, se ha cimentado un marco mundial para luchar contra el racismo, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, mismo que está en proceso de su ratificación universal. A la par se han logrado grandes victorias, pero aún en todas las regiones, muchos individuos, comunidades y sociedades sufren de la injusticia que el racismo y el estigma traen consigo.

México a pesar de tener una composición pluricultural no es la excepción, ya que la discriminación racial en nuestro país es un problema social, que se ejerce de manera rutinaria, con el cual aún se sigue luchando en pleno siglo XXI.

No es ajeno presenciar la discriminación racial que padecen permanentemente incontables connacionales por ser o proceder de cierto origen étnico, por tener un determinado color de piel, rasgos físicos, tono de cabello, entre otras.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º la prohibición de “todo tipo de discriminación, a fin de evitar, anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” sin embargo, la discriminación racial existe en nuestro país y está íntimamente relacionada con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a los mismos.

Dicha discriminación tiene efectos negativos a nivel personal, social, educativo, económico y laboral; los cuales pueden fungir como detonador para orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

A nivel nacional, existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que tiene como objetivo generar acciones que permitan eliminar la discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, así como promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias.3

En el Estado de México, como parte del fortalecimiento del marco jurídico de la entidad, se tipificó como delito la discriminación en su Código Penal; las penas establecidas van de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario y multa de cincuenta a doscientos días de salario.

En el Partido Verde trabajamos para que existan los instrumentos legales que desincentiven prácticas discriminatorias, para que se privilegien las garantías individuales de todos los mexicanos por encima de su origen étnico y se sancione al que violente sus derechos humanos reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Matha Vianey Luque Inzunza.

1 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (s.f.) Un acercamiento a la discriminación. De la teoría a la realidad en el Estado de México. Recuperado en marzo de 2018, de:
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/libros/libro%20discriminacion.pdf

2 Naciones Unidas (s.f.) Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo. Recuperado en marzo de 2018, de:
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/background.shtml

3 Secretaría de Gobernación (s.f.) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Recuperado en marzo de 2018, de:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15






De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial del Síndrome de Down”.

EFEMÉRIDE

“Día Mundial del Síndrome de Down”
21 de marzo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define al síndrome de Down como un padecimiento genético cuyo origen es la existencia de un cromosoma adicional en el par 21, lo que ocasiona una discapacidad intelectual.1

Actualmente, las personas con este síndrome tienen vidas saludables y activas, van a la escuela, hacen deporte y disfrutan de socializar con otras personas; sin embargo, como sociedad aún nos queda mucho por aprender y emprender, por ejemplo:

• No debe existir sobreprotección ni de los profesores ni de los padres.

• Se les debe tratar en forma normal en todas las actividades que realicen en su entorno.

• No se les debe discriminar por su condición.

• Es necesario modificar los planes y programas de estudio para que estos sean inclusivos.

Para ello y con la finalidad de aumentar la conciencia pública acerca de las características y necesidades de las personas con este síndrome, en diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down.2 Conmemoración que este año tendrá como tema: “#MiVozMiComunidad -Habilitar a las personas con síndrome de Down para que puedan expresarse, ser escuchados e influir en la política y la acción del gobierno, con el fin de que se integren plenamente en las comunidades.3

Gracias a estas acciones se ha aumentado el número de trabajos de investigación y de publicaciones sobre las características de personas con síndrome de Down y sus posibilidades en todos los ámbitos de la vida: escolar, social, laboral. Porque ellos, como todos nosotros, buscan su felicidad, es su derecho.

Así lo reconoce las Naciones Unidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,4 guía principal para las personas con síndrome de Down y sus familias.

Debemos mejorar la calidad de vida, salud y educación de quienes sufren este trastorno, así como promover su participación en la sociedad y el desarrollo de su potencial personal. No olvidemos que la sociedad a la que aspiramos está hecha del aporte de todas las personas que, al margen de sus diferencias y particularidades, conviven en armonía.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez.

1 Día Mundial del Síndrome de Down. ONU. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/background.shtml

2 Día Mundial del Síndrome de Down. ONU. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/index.shtml

3 Ídem, Día Mundial del Síndrome de Down. ONU. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/index.shtml

4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Disponible en:
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

EFEMÉRIDE

Aniversario del Natalicio de Benito Juárez
21 de marzo

El 21 de marzo es una fecha que está grabada para los mexicanos, pues en esta fecha que también inicia la primavera, es el aniversario del natalicio de uno de los héroes de nuestra nación, Benito Pablo Juárez García.

Nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en el año de 1806, Benito Juárez fue un abogado que ejerció como presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante 14 años entre 1858 y 1872.

Su rol en la historia marcó la consolidación de México como una República. Su constante defensa por la libertad del pueblo mantendría al estado mexicano unido. Hecho por el que se le recuerda y celebra durante el aniversario de su natalicio.

A Benito Juárez se le conoce como el Benemérito de las Américas. Dicha distinción le fue otorgada por el Gobierno de Colombia en el año de 1865 como un tributo a su incansable lucha por las libertades del pueblo y la patria mexicana.

Benito Juárez lideró varias etapas históricas de México. Hizo frente y presencia en la Guerra de la Reforma (1858-1860), en la Intervención Francesa (1863-1867), y durante el segundo Imperio y la restauración de la República de México. Se caracterizó por siempre defender los ideales y derechos del pueblo mexicanos bajo las directrices de un estado más liberal.

Las disposiciones legislativas que Benito Juárez implementó y que inspiraron a la Constitución de 1857 llevaron a la Guerra de la Reforma, iniciada por miembros del partido conservador de México.

Esto se debió principalmente a que estas legislaciones eran de carácter liberal e incluían iniciativas como: la reforma agraria, la libertad de prensa, la sumisión del ejército a la autoridad civil y la separación del poder entre la Iglesia y el Estado.

Durante esta época Benito Juárez estuvo encarcelado y exiliado. Sin embargo, después de que Estados Unidos reconociera su gobierno en 1859, los conservadores fueron derrotados permitiendo su retorno a la actividad política.

Otro hito histórico asociado a Benito Juárez fue la invasión francesa al territorio mexicano en 1863. Esto se originó debido a la suspensión del pago de la deuda externa que México tenía con Francia, España y el Reino Unido. Estos dos últimos lograron retirarse por la vía diplomática. Sin embargo, México fue invadido en 1863 y 1864 por las fuerzas francesas. Benito se retiró temporalmente de la contienda para organizar la resistencia, la cual  saldría victoriosa del conflicto después del sitio de Querétaro en 1867.

El legado de Benito Juárez perdura y alienta nuestro compromiso de construir una sociedad en el que todos los derechos que consagra la Constitución alcancen a todos los mexicanos.

Recordemos sus palabras, “Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Mundial de la Poesía”.

EFEMÉRIDE

Conmemoración del “Día Mundial de la Poesía”

La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en Paris en 1999. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.1

Este día es una día representa una magnífica oportunidad para recordar a cuatro grandes exponentes de la poesía mexicana:2

1) Octavio Paz: Nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y además de poeta fue ensayista y diplomático. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990.
2) Rosario Castellanos: Nació en la Ciudad de México un 25 de mayo de 1925 y fue una escritora y diplomática mexicana. Las temáticas de sus poemas son el amor, la muerte, el hombre y los derechos humanos de las mujeres.

3) Jaime Sabines: Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 25 de marzo de 1926 y fue un poeta y también político. Sus primeros pasos en la poesía fueron “Introspección”, “A mi madre”, “Siento que te pierdo” y “Primaveral”.

4) José Emilio Pacheco: Nació en la Ciudad de México un 30 de junio de 1939 y si bien se destaca principalmente por su poesía, también cultivó con éxito otros géneros como el ensayo, la novela, cuento, crónica y traducción.

En el Día Mundial de la Poesía reafirmo mi compromiso de impulsar acciones afirmativas que promuevan la diversidad lingüística de nuestro país, a través de las manifestaciones culturales y artísticas que permitan el desarrollo armónico de todas las facultades de las y los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 http://www.un.org/es/events/poetryday/

2 http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2017/03/21/1150715/dia-mundial-poesia-conoce-poetas-
mexicanos.html






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Natalicio de Benito Juárez.

EFEMÉRIDE

Sobre el Natalicio de Benito Juárez

Señoras y Señores Senadores, excelente tarde.

El miércoles 21 de marzo de 2018 conmemoramos 212 años del nacimiento de Benito Juárez García, quien fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos entre 1858 y 1872. Se trata de uno de los personajes más notables en la historia de México del siglo XIX, a quien se le conoce también como el “Benemérito de las Américas” (digno de galardón). Juárez es reconocido como el padre del liberalismo mexicano y el impulsor de las Leyes de Reforma, con las cuales se separó a la Iglesia del Estado.

Benito Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García, indígenas zapotecas, empero Juárez García quedó huérfano cuando tenía tres años. Lo anterior no fue impedimento para que tuviera una destacada trayectoria política y se convirtiera en una de las figuras más emblemáticas de México:

A la edad de veinte años ingresó a la carrera de Jurisprudencia en el Instituto de   Ciencias de Oaxaca, donde se licenció en derecho y para 1831 ocupó el cargo de rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, al año siguiente fue nombrado regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, y posteriormente ministro suplente de la Corte de Justicia de Oaxaca. Para 1833 ocupó el cargo de diputado en el H. Congreso de Oaxaca y para 1834 fue nombrado ministro interino de la Corte de Justicia de su estado. En 1847 fue nombrado gobernador interino del estado de Oaxaca, para después ser Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1855), Ministro de Gobernación (1857) y, finalmente, en 1857 se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que desempeñó hasta diciembre de ese año, cuando ocupó la Presidencia de la República.

Luego de la heroica defensa de México ante los tropas francesas, el 2 de mayo de 1865, Benito Juárez García fue nombrado Benemérito de las Américas por el Congreso Nacional de Colombia por “su constancia en defender la libertad e independencia de México” (Artículo 1).1 Para el 11 de mayo de ese mismo año el Congreso Nacional Dominicano lo proclamó “Benemérito de la América”, luego de que el diputado Antonio Delfín Madrigal manifestara que Juárez acababa “de conseguir un espléndido triunfo (…) destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio (...) la República Dominicana estaba en aptitud para ello y podía tomar la iniciativa, dando así el ejemplo a las demás Repúblicas, sus hermanas, que quisiesen mostrar su simpatía por la causa de libertad de México, a la que no dudaba debía seguirse la de América de uno a otro extremo”.2

Por último y en el marco de esas consideraciones, este 21 de marzo, a 212 años del nacimiento del presidente Benito Juárez García es fundamental recordar y tener presente la importancia de su pensamiento: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, derivado de cuatro años de lucha contra la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano (1867).

Por su atención muchas gracias. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

1 Véase Benito Juárez: documentos, discursos y correspondencias, México, Secretaría del Patrimonio Nacional, 1971, vol 1, pp. 415-416. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/benemerito/05_capitulo4.pdf 

2 Benito Juárez: documentos, discursos y correspondencias, México, Secretaría del Patrimonio Nacional, 1971, vol 1, p. 417 Disponible en:  http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/benemerito/05_capitulo4.pdf 






Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”
21 de marzo

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son dos de sus piedras angulares. El artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Por su parte el artículo 2° afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier índole.

Aún así, el racismo es un problema común en todas la sociedades, tan sólo en nuestro país, conforme a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010), el 20% de las personas no se sienten a gusto con su tono de piel.

De igual forma, 2 de cada diez mexicanas y mexicanos, no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas de otras razas y un 5.5% considero negativo que la sociedad esté formada por gente de fenotipos distintos.

En esa misma línea, el 55% de los encuestados reconocieron que en el país se insulta a los demás por su color de piel y 30% cree que no se respetan los derechos de las personas de otra raza.

En 1966, la Asamblea General de la ONU estableció el 21 de marzo como el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” en el mundo, donde instó a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.

Por ello es importante, reforzar en este día el compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación en todas sus formas. Eliminar el racismo no es una tarea rápida e inmediata. Es un problema enraizado en patrones culturales y estigmas sociales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

EFEMÉRIDE

Conmemoración del
“Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”

Señoras y Señores Senadores, excelente tarde.

El miércoles 21 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica; por lo que desde 1966, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llamó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.

Más de medio siglo después, en 2018, la ONU advierte que el racismo, la xenofobia y la intolerancia todavía son problemas comunes en todas las sociedades. De igual manera, señala su preocupación por la frecuencia de las prácticas discriminatorias, dirigidas especialmente contra migrantes, refugiados y afrodescendientes.

Recordemos que el racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades, así como impedir el progreso de millones de personas en todo el mundo. Los mexicanos no somos ajenos a esta situación.

Por ello, es oportuno mencionar que las leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países, y hemos construido un marco internacional para luchar contra el racismo, liderados por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Asimismo, los artículos primero y segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclaman que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole.

Frente al lamentable aumento de los actos que fomentan el racismo y el odio hacia los demás, así como la banalización de los discursos que los sustentan, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) hace un llamado oportuno a los ciudadanos del mundo para que actuemos y tramitamos los valores de solidaridad, empatía y altruismo.

En este contexto, la UNESCO señala que uno de los mejores baluartes contra la discriminación racial son la educación, el reconocimiento del despropósito de las pseudoteorías raciales, así como y el conocimiento de los crímenes que, a lo largo de la historia se han perpetrado en nombre de dichos prejuicios.

Po su parte, la Organización de las Naciones Unidas desarrolla campañas para promover el respeto, la seguridad y la dignidad de las personas marginadas, migrantes y desplazadas a nivel mundial.

Pero no basta con conocer los efectos perversos del racismo, se debe contar también con las herramientas y la voluntad para luchar contra él y denunciarlo dondequiera que se manifieste y en cualquier forma, desde las pequeñas humillaciones ordinarias hasta los actos graves de violencia.

Precisamente, este año 2018 se cumple el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, los invito a sumarnos a la lucha contra el racismo. Los invito a pelear por el respeto a los derechos humanos y alzarnos contra los prejuicios raciales y las actitudes de intolerancia en todas sus manifestaciones.

Por su atención, muchas gracias.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz.






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el CCXII Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García.

EFEMÉRIDES

Conmemoración del CCXII Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García

Don Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Juárez recibió instrucción académica en un seminario en la Ciudad de Oaxaca para que en 1834 recibiera el título de Licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias y Artes de ese estado.

Tuvo una ascendente carrera política: Fue regidor del Ayuntamiento, Diputado Local, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juez Civil y finalmente, Secretario de Gobierno y Gobernador del estado de Oaxaca y Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Benito Juárez, de origen zapoteco, fue Presidente de la República entre 1858 y 1872 defendiendo los valores republicanos y las ideas liberales: Primero ante los conservadores y luego frente al II Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo.1

Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, se esforzó en sus mandatos en llevar a la práctica el ideario liberal, dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del Ejército a la autoridad civil.2

El legado de Don Benito Juárez nos compromete a legislar por el interés superior de la Nación y velar por el cumplimiento de los derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución, recordando en todo momento, que para vivir en un régimen democrático es imprescindible el respeto a las instituciones y al estado de derecho.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 http://www.uaq.mx/historia/juarez/

2 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juarez.htm






De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

EFEMÉRIDE

Sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI, y 87, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento para la programación de las Efemérides, una con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Un 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, Sudáfrica, la policía asesinó a 69 personas quienes se manifestaban pacíficamente contra las leyes del apartheid. En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en el mundo.

Así, leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países, y se ha construido un marco internacional para luchar contra el racismo, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de la que México forma parte.

“Recordar que el racismo es una tragedia, pero el mundo puede encontrar una cura contra el. El racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad, y es un problema para todos nosotros. El racismo es una enfermedad de la mente y el alma. Mata a muchos más que cualquier infección”, solía decir Nelson Mandela.1

En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (A/RES/31/24). En esa ocasión, la Asamblea General decidió que deberá organizarse todos los años en todos los Estados, a partir del 21 de marzo, una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.

No olvidemos que el racismo contamina cualquier democracia, cualquier sociedad. Se origina en el miedo al otro, a lo distinto. Se basa en patrones culturales, prejuicios y temores alentados por la incultura, la falta de educación. El racismo se expresa en todos los lugares del mundo.

La sociedad en nuestro país es hospitalaria y generosa. Sin embargo, el racismo tiene terreno ganado basado en expresiones de dominio económico hacia personas de escasos recursos, a quienes se les señala por su estatuto social. Qué decir del racismo hacia la población indígena, ya que ser o parecer indígena es motivo de racismo y discriminación.

La desigualdad de trato se presenta tanto en las relaciones políticas de dominio, desiguales, inequitativas, que se establecen entre personas y grupos; como en el campo cultural cuando no se reconocen los mismos derechos debido a prejuicio, estereotipos y estigmas sobre ciertos grupos o personas.

Es nuestro deber reflexionar sobre las condiciones estructurales que se presentan con el fenómeno de la discriminación como lo son la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la impunidad. También se afecta a grupos o personas en situación de vulnerabilidad como: mujeres, jóvenes, niñas y niños, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y afrodescendientes. 2

Que esta fecha nos sirva para instar a las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad misma a contrarrestar y eliminar todo tipo de prácticas racistas y discriminatorias en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Atentamente

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.

1 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Dossier_DiscriminacionRacial_INACCSS.pdf

2 http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/21_Marzo_DiaIntElimDiscRacial_INACCSS.pdf






Del Senador Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, sobre el CCXII Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García.

EEFEMÉRIDE

CCXII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA

Benito Pablo Juárez García es el símbolo del mexicano que se levanta de las incertidumbres para elevarse a la gloria de la medianía republicana y la satisfacción del deber cumplido.

Desde la lejanía de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, entre densos bosques de pinos, cumbres cubiertas de niebla, el pequeño huérfano cuidador de ovejas y chivos supo encontrar el camino para ser el primero en el Instituto de Ciencias y Artes, y entre sus pares liberales de la política del siglo XIX.

Zapoteco de pura cepa, niño monolingüe tocado por la adversidad, estaba destinado a labrar el campo y perderse en la cotidianeidad los labriegos y pastores de esas inmensas montañas de la sierra que hoy lleva orgullosamente su nombre: Sierra Juárez.

Benito, el niño que supo que su padre, Marcelino Juárez, había muerto en los bajos del Palacio de Gobierno, en Oaxaca, y luego vio partir a su madre Brígida García, intuyó que su destino no era ser pastor de ovejas, sino pastor de hombres y mujeres libres.

Por eso, niño aún salió de San Pablo Guelatao para dirigirse a la señorial villa de Antequera, la sede colonial española, donde se hablaba el castellano y la gente como él estaba destinada a las labores domésticas, como lo hacía precisamente su hermana, Josefa, en la casa de la familia Maza.

Quiso la fortuna que a esa casa donde llegó vivía un emigrado genovés, Antonio Maza Padilla, con su familia, y ahí fue recomendado para vivir en casa de don Antonio Salanueva, un terciario de la orden San Francisco, que lo tomó a su cargo como ayuda de la casa, el taller de encuadernación y para enviarlo a aprender la lengua castellana y las primeras letras.

Así pasó su infancia y adolescencia hasta el primer brote de rebeldía cuando antepuso su deseo de saber a la comodidad de los estudios del seminario y la vicaría de una parroquia donde terminar su vida en la tranquilidad de los fieles y la vejez.

En lugar de eso, Juárez optó por la liberal carrera de abogado en el recientemente abierto Instituto de Ciencias y Artes del estado, y donde fue el primer abogado en titularse.

Ahí abrevó los conocimientos de las humanidades y se empapó de las nuevas ideas del liberalismo que hablaban de la separación del Estado y la Iglesia, la libertad de cultos, el libre comercio y el respeto a la propiedad privada; toda una concepción de la vida tan diferente a los resabios de la Colonia española donde se oficiaba la misa católica como religión de Estado, privaban los fueros y los privilegios, y el sistema de castas determinaba el lugar en la vida y en la muerte.

Dijo alguna vez Antonio López de Santa Anna que, en uno de sus viajes a Oaxaca, un indio vestido de manta y descalzo le sirvió en una cena de gala y que ese  hombre era Benito Juárez; lo escribió de manera despectiva, pero en la historia quien quedó peor parado fue él, un camaleón de las ideologías del momento y quien vendió más de la mitad del territorio nacional a los yanquis que creaban su gran nación.

Si fuera cierta la anécdota, Benito Juárez sería el claro ejemplo del hombre que construye su propio futuro, que no hereda nada, pero deja a la posteridad su legado, porque de ser un hombre analfabeta, se tituló con honores como abogado, fue profesor de la escuela de Derecho aún antes de concluir sus estudios, rector del Instituto, luego regidor del Ayuntamiento de la Villa de Oaxaca, diputado local, diputado federal, gobernador del estado de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la república mexicana y Benemérito de las Américas.

Supo de sufrimientos y pesares, pero también de las pequeñas satisfacciones familiares, porque de llegar materialmente de refugiado a casa del inmigrante genovés, terminó casándose con una de las hijas, doña Margarita Maza, una mujer de temple que vio morir a sus hijos mientras se encontraba en la pobreza del exilio y Juárez, su marido, batallaba en los caminos polvorientos del norte de la república, perseguido por los invasores franceses y la caterva de los traidores conservadores que les seguían.

En el sobrio y negro carruaje donde trasladó la dignidad de la república mexicana durante la intervención francesa y el Imperio, Juárez fue el símbolo y la esperanza de México para crear una nueva nación: independiente, libre, liberal e incluyente.

Hombre de su tiempo, fue católico toda la vida, al igual que Margarita y sus hijos; si se enfrentó a la Iglesia no fue porque lo deseara sino por la voracidad de los prelados y sus aliados que luchaban por mantener sus privilegios y sus riquezas.

Juárez y sus liberales fueron a las guerras, no por gusto sino por necesidad, pero seguros de triunfar porque enarbolaban unas causas justas contra los conservadores, Los Cangrejos, como los llamaba Guillermo Prieto, que querían  volver atrás las ruedas de la historia del país.

Ganaron la guerra de Reforma que nos dio la libertad de cultos, la desamortización de los bienes de manos muertas y el Estado laico; pero más importante aún fue el triunfo contra la invasión del imperio francés de Luis Bonaparte, porque a partir de entonces tuvimos un país soberano, libre e independiente.

Tres palabras que se dicen fácil, pero que a México le costó más de medio siglo construir y miles de vidas cegadas por la barbarie imperial de la conquista de hombres y pueblos.

Contra todo ello luchó y venció Benito Juárez, para dejarnos ese apotegma universal de convivencia humana: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Hoy, 21 de marzo, que celebramos el CCXII aniversario de su natalicio, nada mejor que recordar su voluntad de triunfo y su fe inquebrantable en México y los mexicanos para construir la gran nación que nos merecemos todos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Jorge Toledo Luis.






Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.

EFEMÉRIDE

Conmemoración del
“Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.1

La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: Desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades.2

En México, el 11 de junio de 2003 se una Ley Federal con el objetivo de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona y a fin de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

En la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión fueron presentadas 25 Iniciativas que tenían el propósito de modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Los temas más recurrentes de las propuestas de reforma fueron las siguientes: 1) Mejorar las oportunidades de acceso a la justicia por parte de la población indígena; 2) Incorporación del formato de lectura fácil en las sentencias; 3) Para que un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se integre a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 4) A fin de fomentar el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres; 5) Para que se incluya el concepto “talla pequeña” en la legislación federal; 6) Para incluir como objetos de asistencia por parte del Estado a los padres solos y a sus hijos; 7) Sobre los derechos de las personas con estatura baja; 8) A fin de eliminar la discriminación para acceder al empleo por ser egresado de algunas universidades; 9) Para que se incluya el acoso como forma de discriminación y, 10) Para eliminar la discriminación de las personas por motivo de su peso, entre otros.

Por su parte, el Gobierno de la República encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha promovido la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación:

De acuerdo al 5º Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, la Constitución Federal y las de 27 entidades federativas ya incluían en su legislación una cláusula antidiscriminatoria y 29 códigos penales, federal y estatales, ya incluían alguna o algunas de las causales de la discriminación racial previstas en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (raza, color de piel, origen nacional o étnico, linaje).3 Lo anterior, ya sea como elemento de los delitos de discriminación y contra la dignidad e igualdad de las personas, de violencia de género, de discriminación cultural, así como agravante en otros delitos (homicidio, lesiones y odio).

En el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial refrendo mi firme convicción de promover iniciativas que equiparen las condiciones de desigualdad que ciertos grupos o personas enfrentan en el disfrute de sus derechos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 21 de marzo de 2018.

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

1 http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/background.shtml

2 Ibid.

3 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno, pag. 145.








CITA

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 22 de marzo a las 11:00 horas.

Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 15:05 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

Ciudad de México

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_debates@senado.gob.mx

Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal, carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2980&lg=63&anio=3